Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 315 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:36 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 26 de noviembre de 2015

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación a modificación de turno de iniciativas.

De la Junta de Coordinación Política

En relación a cambio de integrantes en Comité.

De los diputados María Eloísa Talavera Hernández y de Alfredo Bejos Nicolás

En relación a retiro de proposiciones con punto de acuerdo.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con el que remite acuerdo por el que solicita se desahogue en el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de decreto, en materia de reforma política de la Ciudad de México.

De la Secretaría de Gobernación

Con los que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato

Con los que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Posicionamiento de los grupos parlamentarios a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del día de la armada de méxico.

Iniciativas

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrito por los diputados Alejandra Gutiérrez Campos y Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 33, 47 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 29 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en Materia de Imagen Institucional, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Remberto Estrada Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 2o. y 3o. de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 4-Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y el 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Fidel Kuri Grajales y Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 135-A y adiciona un artículo 143-Bis a la Ley Aduanera, suscrita por los diputados José Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 79 de la Ley General de Salud y 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Rafael Valenzuela Armas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 158, 159 y 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Wendolin Toledo Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Recompensas de la Armada de México, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 18 y 19 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de la Policía Federal, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 213-Bis y un segundo párrafo al artículo 215 de la Ley Federal del Derechos de Autor, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal de la Zona de Desarrollo Económico de la Frontera Norte, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yolanda De la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Fomento Económico y de la Innovación, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 200 y 201 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76, 89 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 74 del Código Fiscal de la Federación y 264 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o. y 66 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población y de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 220 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Amnistía en favor de todas personas que hayan sido procesadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por portación de dosis de marihuana en cantidades iguales o menores a 30 gramos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua a establecer una política de operación en todas las presas del país, basada en una curva índice de elevación o de almacenamiento, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SRE, al Indautor y a la CDI, su intervención para la defensa de los textiles producidos por los artesanos mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE y a la SRE, a fin de generar una reglamentación sobre la metodología del voto de los mexicanos en el exterior, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para supervisar la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, a cargo de la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrito por el diputado Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y diversos diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del IMSS, a fin de construir el inmueble de la Clínica número 58 del Seguro Social, en la ciudad de Huatusco, Veracruz, a cargo del diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que retire su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaria de Cultura, presentada el 8 de septiembre de 2015, a cargo de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP para que realice las gestiones necesarias a efecto de incluir en los programas y planes de estudio, en todos los niveles educativos los temas de anticorrupción, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob a reconsiderar la definición de las franjas horarias establecidas en los Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal para que por su conducto, las Secretarías de Estado revisen la similitud de programas y acciones federales de desarrollo social, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se propone la creación de la Comisión Especial para conmemorar el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y a la ALDF a establecer, en sus respectivos códigos civiles, como edad mínima para contraer matrimonio, los 18 años de edad para mujeres y hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sagarpa y de la Semarnat, se tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada del salmón transgénico a nuestro país, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a entidades federativas para que implementen campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual en adolescentes, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades responsables, se elabore un diagnóstico de las causas, por las que México no ha alcanzado las metas establecidas en el plan Supre de la OMS, y se tomen las medidas necesarias para alcanzar los objetivos para reducir el número de víctimas de suicidio en nuestro país, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo para que se incorpore al municipio de Loma Bonita, Oaxaca, dentro de las demarcaciones que participarán del Subsemun 2016, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a los derechos laborales de los trabajadores migrantes mexicanos que prestan sus servicios en Canadá, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que suscriba el Convenio 183 de la OIT y lo remita al Senado de la República para su ratificación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a la SHCP y a la SCT, a fin de vigilar y eficientar los programas de ayuda en defensa de los connacionales y extranjeros que hacen uso de aduanas, terminales y puertos con motivo de las conmemoraciones de fin de año, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, a la ALDF, así como a las entidades y dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, a realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y reglamentos en materia de desindexación de salario mínimo, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Consar, a la SHCP y a Pemex, para que difundan el probable impacto que podrían tener las pérdidas y el retraso en los pagos por parte de Pemex, en los rendimientos del ahorro de los trabajadores, de las inversiones realizadas por las Siefores, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Cofepris y de la Secretaria de Salud, para que difundan el estatus que guarda el fideicomiso y el estado actual que tienen los estudios de riesgos a la salud humana, producto del derrame en el Río Sonora, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas y del DF, para que consideren la asignación de recursos para el establecimiento de planes, programas y políticas que garanticen los derechos de los indígenas, en materia de acceso a la justicia, suscrito por los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo de la proclamación del Plan de Ayala, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con motivo del 23 de noviembre, Día de la Armada de México, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría...

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Estamos en el punto de la lectura del acta de la sesión anterior. Sonido a la curul del diputado Madero por favor. ¿Con qué objeto? Adelante.

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz(desde la curul): Presidente, para proponer respetuosamente en el orden del día una modificación. El día de ayer la Junta de Coordinación Política acordó este orden del día antes de que ocurrieran sucesos supervinientes de interés nacional.

El tema de la renuncia del subsecretario Arturo Escobar, y la liberación de una orden de aprehensión por parte de la Fepade, creo que amerita que se considere por parte de esta asamblea un tema de la máxima relevancia para todos los mexicanos, que es el combate a la corrupción y se agende en asuntos de al final del día en la agenda política.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se les recuerda que de acuerdo con el Reglamento mismo, del artículo 65, el orden del día solo se podrá modificar a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Tenemos conocimiento de que este órgano de gobierno se reunirá en unos minutos más y yo respetuosamente le sugeriría al diputado Madero que pudiera canalizar su propuesta en el seno de la Junta de Coordinación Política a través de las coordinaciones, por favor.

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. A ver, sonido en la curul ahí.

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz (desde la curul): El pleno es superior a la Junta de Coordinación Política, puede ser considerado también el otro procedimiento, señor presidente, de que se considere a que el pleno evalúe si no es pertinente esta propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, no ignoro lo que usted dice, sólo que también tenemos un orden que está reglamentado; el orden del día que hemos conocido fue también igualmente considerado de acuerdo con las prioridades de cada grupo parlamentario. Se entiende que hay, como usted lo dice, desde su punto de vista elementos supervenientes de las últimas horas y que eso podría pensar que se llevara a una modificación del orden del día pero el procedimiento, lo reitero, es a través de la Junta de Coordinación Política. Y le sugiero respetuosamente lo canalicen en esa dirección, a través de la instancia de gobierno Muchas gracias.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura al acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinticuatrio de noviembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos siete diputadas y diputados, a las once horas con veintisiete minutos del martes veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.

• Con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remiten a la Junta de Coordinación Política, y al promovente, respectivamente, para su conocimiento.

b) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para opinión.

• Por el que se adiciona una fracción décima segunda al artículo sexto y un tercer párrafo al artículo sesenta y seis de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos cuatrocientos dieciséis, y cuatrocientos diecisiete del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

c) Del Congreso del estado de Jalisco, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo sesenta y seis bis a la Ley General de Salud y se reforman y adicionan los artículos séptimo, y sesenta y seis de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Desde su curul realiza comentarios la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Comunicaciones, para dictamen.

– Que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

• Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo doce de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Cuitláhuac García Jiménez, y suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, que reforma el artículo treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, y suscrita por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, que expide la Ley General de Desarrollo Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para opinión.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diez-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jorge Enrique Dávila Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Leticia Amparano Gamez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento veinticuatro, y Vigésimo Noveno Transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sofía González Torres, y suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

A las doce horas con cuarenta minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y seis diputadas y diputados.

• Jorge Tello López, de Morena, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y dos Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió de la Comisión de Deporte dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima primera del artículo segundo de la Ley General de Cultura Física y Deporte. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se concede el uso de la palabra al diputado José Bernardo Quezada Salas, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano; Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena; Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Tania Victoria Arguijo Herrera, del Partido de la Revolución Democrática; José Máximo García López, del Partido Acción Nacional; y Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general el proyecto de decreto e intervienen en pro los diputados: Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática; Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Bernardino Antelo Esper, María Esther Guadalupe Camargo Félix, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Alexander Zetina Aguiluz, de Nueva Alianza. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta votos, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En virtud que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima primera del artículo segundo de la Ley General de Cultura Física y Deporte. En votación económica se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima primera del artículo segundo de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se concede el uso de la palabra al diputado Pablo Gamboa Miner, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza; Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Renato Josafat Molina Arias, de Morena;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Andrés Fernández Del Valle Laisequilla, del Partido Verde Ecologista de México; Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana Elizarraraz Sandoval, del Partido Acción Nacional; y Flor Ángel Jiménez Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto e interviene en contra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; y en pro las diputadas y los diputados: Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Partido Verde Ecologista de México; José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática; Montserrat Arcos Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional; Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; y Benjamín Medrano Quezada, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por cuatrocientos nueve, votos a favor; seis en contra y cinco abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima primera del artículo segundo de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, relativo al impulso de conexión de Internet para sitios públicos y lugares comunitarios. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía, a acelerar los trabajos de dictaminación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su atención.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal a atender el caso del multi homicidio en la colonia Narvarte, ejecutado el treinta y uno de julio de dos mil quince, y a los gobiernos del estado de Veracruz y del Distrito Federal, a garantizar la seguridad e integridad de los periodistas y defensores de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades del Estado de México, para que se busquen los medios necesarios para reivindicar la propiedad en garantía a favor de los trabajadores de grupo industrial CASA, SA de CV. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, a destinar mayores recursos para la detección oportuna de la artritis reumatoide, así como para su óptimo tratamiento. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la prevención del delito de abigeato en estado de Querétaro. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y del Distrito Federal, para que refuercen las campañas de prevención del embarazo adolescente. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se solicita a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que conserven bajo su custodia los noventa y cinco campos petroleros que Petróleos Mexicanos pretende devolver al Estado. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que difunda la información referente al Programa de Captación de Agua. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, relativo al abasto oportuno de medicamentos en zonas apartadas y de muy alta marginación del país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se respeten los derechos de las personas que aducen un interés jurídico de posesión o de propiedad en los inmuebles donde se implementará dicho proyecto. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen

• Romero Tenorio, de Morena, relativo al esclarecimiento del ataque de que ha sido objeto la revista electrónica Desinformémonos. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• J. Jesús Zúñiga Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, evalúe la situación que guarda el ingenio azucarero Tamaluza, ubicado en el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que garanticen y respeten la labor de personas defensoras de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno, a fin de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que implemente un programa en materia de combate a la venta de productos de tabaco ilegal en el país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Jorge Carlos Ramírez Marín, Yolanda de la Torre Valdez y César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la adhesión del Estado mexicano a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas dependencias encargadas de la seguridad pública, a fin de evitar el posible linchamiento de personas que sean detenidas por ciudadanos o pobladores de algún municipio o delegación, acusados de haber cometido algún delito. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal para transversalizar la política de estado en materia de protección civil y adecuar diversas leyes, con el fin de incorporar la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarlas con los estándares internacionales. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que difunda el ejercicio de sus facultades para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las treinta y un entidades federativas y al Distrito Federal, para que implementen campañas de salud sexual y reproductiva y de prevención del embarazo en adolescentes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves veintiséis de noviembre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y dos minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Seguimos con el capítulo de Comunicaciones oficiales. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica la modificación de turno de iniciativas.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a la:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, el 11 de noviembre de 2015.

“Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo para opinión.”

• Iniciativa por el que se adiciona el artículo 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 49 de la Ley de Aviación Civil, presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, el 24 de junio de 2015.

“Se turna a la Comisión de Transporte para dictamen, y a la Comisión de Economía para opinión.”

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos a las iniciativas mencionadas. Actualícense los registros.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración del comité que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez cause baja como sustituto del Comité de Administración.

• Que el diputado Jesús Sesma Suárez cause alta como sustituto en el Comité de Administración.

Reciba un cordial saludo.

México, Distrito Federal, a 24 de noviembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), vicepresidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada, comuníquese.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva , Presidente de la Mesa Directica de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito solicitar a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones, a efecto de retirar la proposición con punto de punto relativo a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo de manera permanente durante la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, suscrito por el diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual fue registrado en el orden del día de la sesión del 27 de octubre de 2015 y turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), vicecoordinadora.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio envío a usted un cordial saludo y a su vez, solicitar el retiro, de la Comisión de Salud, el punto de acuerdo por el que se solicita al director general del ISSSTE vuelva a suministrarles a los derechohabientes que padecen esclerosis múltiple, el medicamento que contiene el principio activo Fingolimod en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en virtud de que se emplea cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad. Lo anterior, debido a que ya fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el día de la fecha, como asunto de urgente resolución.

Sin otro particular, considero oportuno este conducto para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.— Diputado Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Primero. Para que se desahogue en el actual periodo de sesiones, el proceso legislativo de análisis y dictamen de la minuta enviada por el Senado de la República en abril del presente año, con relación a la reforma política de la Ciudad de México y, en su caso, aprobación de la misma, con las modificaciones que resulten pertinentes en consideración a las propuestas que formule la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; con la respetuosa sugerencia para que se desarrolle trabajo en conferencia de la honorable Cámara de Diputados con la honorable Cámara de Senadores.

Segundo. Para establecer mecanismos de coordinación que permitan la participación en acciones de información y opinión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en las deliberaciones de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal, en el proceso de análisis y dictamen de la minuta enviada por el Senado con relación a la Reforma Política de la Ciudad de México

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 24 de noviembre de 2015.— Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VII Legislatura.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Presidente de la Mesa Directiva de la ALDF, VII Legislatura.— Presente.

Los que suscribimos, diputados de las distintas fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la VII Legislatura, integrantes de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 10 y 17 de la Ley Orgánica, 132 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de esta soberanía, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que analice y dictamine en el actual período de sesiones, la minuta con proyecto de decreto para la reforma al artículo 122 y correlativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la reforma política del Distrito Federal, enviada por el Senado de la República el 28 de abril de 2015; así como para que establezca los mecanismos de coordinación con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para recibir su opinión y comentarios; al tenor de los siguientes

Antecedentes

En 1824 la Ciudad de México, entonces capital del Estado de México, se convierte en la capital de la República Federal constituida como Estados Unidos Mexicanos. Por disposición de la Constitución Federal recién promulgada, con el propósito de mantener el equilibrio político entre los Estados de la Unión, se crea la figura jurídica del Distrito Federal como sede de los poderes de la federación, señalando como su territorio el comprendido por la Ciudad de México en un radio de 8,380 metros a partir de su plaza mayor (hoy plaza de la Constitución). A partir de entonces el Distrito Federal ha sido objeto de diversas modificaciones legales en relación a su administración y organización política como capital del País, pero hasta ahora mantiene su estatus de entidad federativa sujeta a los poderes de la federación, sin autonomía constitucional, sin poderes soberanos y por lo tanto sin ser parte de la Unión como un estado más de la República.

El crecimiento demográfico y su consolidación como la capital política, económica y cultural de la República, como la Ciudad de todos los mexicanos, fueron generando una nueva ciudadanía que refleja la riqueza de nuestra policromía regional y la extraordinaria diversidad social y cultural de nuestro País. Una nueva ciudadanía que ha vivido la paradoja de ser habitante de una de las ciudades más grandes del mundo, pero con sus derechos ciudadanos limitados por vivir en un Distrito Federal, sede de los poderes federales.

Por supuesto que se han logrado avances que han respondido de manera parcial a la exigencia de convertir a la capital del País en una Entidad Federativa con las mismas atribuciones y prohibiciones que el Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere para los estados de la República.

En 1996, una reforma constitucional les otorga, por primera vez, a los ciudadanos del Distrito Federal el derecho de elegir al jefe de Gobierno por voto universal libre, directo y secreto. Desde entonces se ha desarrollado un insistente movimiento plural para concretar la Reforma Política que le otorgue a la Ciudad de México su condición de Entidad Federativa con autonomía plena para determinar su régimen interior, su organización territorial y su Constitución Política como Entidad soberana; manteniendo su condición como capital del país y sede de los Poderes de la Unión.

En este largo proceso de lucha por lograr la reforma política que le otorgue plena autonomía a la Ciudad de México, destacan las siguientes iniciativas:

1. El 12 de noviembre de 1997 el diputado José Espina Von Roehrich, del Partido Acción Nacional presentó iniciativa en la LVII legislatura de la Cámara de Diputados, publicada en gaceta parlamentaria, que contiene entre otras propuestas, la supresión del Senado para nombrar y remover al Jefe de Gobierno por causas graves para convertirla en facultad de la Asamblea Legislativa; elimina las facultades del Congreso de la Unión y el Presidente de la República sobre el régimen interior del Distrito Federal; propone que la Asamblea Legislativa expida el Estatuto de Gobierno del DF y legisle en todo lo relativo al DF; propone que todo el órgano político-administrativo de cada una de las demarcaciones territoriales sea elegido en forma universal, libre, secreta y directa; y suprime la facultad del Presidente de la República para asumir el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y de designar al Procurador de Justicia.

2. El 30 de noviembre de 1998 el diputado Alejandro Ordorica Saavedra del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa en la LVII legislatura de la Cámara de Diputados, publicada en gaceta parlamentaria, que contiene entre otras propuestas, la de eliminar la figura del Distrito Federal para convertirlo en Estado Capital; prevé la creación de un Congreso Constituyente, integrado por los diputados electos a la Asamblea Legislativa, el cual recibirá una propuesta del Jefe de Gobierno electo; aprobado el proyecto de Constitución local, debe someterse a referéndum de la ciudadanía. Constituye la figura del Municipio Libre como base de la división territorial y forma de organización político-administrativa, conforme al artículo 115 Constitucional; y, elimina las facultades del Senado para destituir al Ejecutivo local y la del Congreso de la Unión para aprobar la deuda pública local.

3. Iniciativa presentada por la ALDF de la I legislatura, a la Cámara de Diputados, LVII legislatura, publicada en la gaceta parlamentaria el 29 de abril de 1999. Esta iniciativa prevé algunas figuras constitucionales que ya están en vigor; entre otras la de reconocer a la legislatura del Distrito Federal la facultad de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión; mantiene al Estatuto de Gobierno como la ley fundamental del Distrito Federal; y, faculta a la ALDF para formular la ley de ingresos local y para aprobar el monto de endeudamiento del Distrito Federal, sin rebasar el tope establecido por el Congreso General. De igual forma la II legislatura de la ALDF presentó iniciativa que fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados -LVIII legislatura-y turnada a la Cámara de Senadores. También este dictamen prevé figuras constitucionales que ya fueron modificadas.

4. Iniciativa presentada por el diputado Christian Martín Trujano Nicolás del Partido Acción Nacional, publicada en la gaceta parlamentaria el 20 de septiembre de 2007. Cámara de Diputados, LX legislatura. Establece demarcaciones territoriales gobernadas por cuerpos colegiados.

5. Iniciativa presentada por la diputada Silvia Oliva fragoso, el 14 de febrero de 2008, de la LX legislatura. Que propone, entre otras reformas, la de que el titular del ejecutivo se denomina Alcalde Mayor de la Ciudad de México; en el artículo 115 se incorporan las municipalidades de la Ciudad de México, en las cuales participarán cabildos de elección popular; crea un cabildo en el gobierno de la ciudad, integrado por los presidentes municipales de cada una de las demarcaciones territoriales; y, modifica la denominación de “Distrito Federal” por la de “Ciudad de México Capital Federal de los Estados Unidos Mexicanos”.

6. Iniciativa presentada por el diputado Juventino Castro el 10 de diciembre de 2009. Cámara de Diputados, LXI legislatura, que propone: 1) derogar el artículo 122. 2) Reconoce que la Ciudad de México será capital del Distrito Federal y de los Estados Unidos Mexicanos. 3) El Distrito Federal expedirá su Constitución en forma soberana e independiente y tendrá las mismas atribuciones, prohibiciones y limitaciones que cualquier otra entidad federativa. 4) Si los Poderes Federales se trasladan a otro lugar, el Distrito Federal se erigirá en el Estado del Valle de México.

7. Iniciativa presentada por la senadora María de los Ángeles Moreno el 23 de marzo de 2010. Cámara de Senadores, LXI legislatura. Propone, entre otras reformas, la de dividir el artículo 122 en Apartado “A”, que correspondería a la jurisdicción federal en la Ciudad y el Apartado “B”, referente a la jurisdicción local; suprime la facultad del Congreso de la Unión para aprobar la deuda pública del Distrito Federal y la intromisión del Ejecutivo Federal en la materia; faculta al Senado para remover al Alcalde del Distrito Federal por actos u omisiones que afecten “gravemente” las relaciones con los Poderes Federales o el orden público; hace algunas adecuaciones en el Título Cuarto sobre responsabilidades de los servidores públicos, únicamente en lo que hace a la denominación de sus autoridades; y, establece dos niveles de representación vecinal: uno a nivel de colonia o área equivalente en que se divida cada uno de los Departamentos Territoriales, y otro, surgido del primero, a nivel del órgano departamental.

8. Propuesta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal. Obdulio Ávila, en su carácter de Presidente del PAN-DF, dio a conocer esta iniciativa el 12 de abril de 2010 y sería impulsada por la Diputada Gabriela Cuevas, quien presidió la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, LXI legislatura. Que propone, entre otras reformas, la de reconocer a la ALDF como Congreso Local para que legisle en ejercicio de facultades residuales; cambio de delegaciones a municipios; cabildos con regidores electos en cada municipio, que incluyan candidaturas independientes; propone nuevos límites territoriales para los municipios; y, creación de un Parlamento Metropolitano.

9. Iniciativa suscrita por legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática, Convergencia y Partido Acción Nacional, realizada en colaboración con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, presentada el 14 de septiembre de 2010 y turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos. Cámara de Senadores, LXI legislatura. Propone: 1) Autonomía para el régimen interior del Distrito Federal, reconocido plenamente como entidad federativa y con Constitución propia. 2) Mantiene su carácter de sede de los Poderes Federales y de Capital de la República. 3) Derechos fundamentales para los habitantes del Distrito Federal. 4) Régimen local de responsabilidad de los servidores públicos. 5) Integra al órgano legislativo local a la discusión y votación de reformas constitucionales. 6) Legitimación del órgano legislativo local para presentar iniciativas de ley y reformas constitucionales ante el Congreso, así como para aprobar la deuda pública del Distrito Federal y emitir su propia ley en la materia. 7) El titular del Poder Ejecutivo no podrá ser reelecto. Se hacen adecuaciones para el caso de desaparición de los poderes constitucionales en la Ciudad de México a fin de equipararla con el procesamiento que se sigue en las demás entidades. 8) Desde el 122 se establece que para reformar la Constitución local se requiere del voto de las dos terceras partes de los miembros del órgano legislativo. 9) Facultades residuales para los poderes locales de la Ciudad. 10) En caso de falta absoluta del titular del ejecutivo, sólo el legislativo local podrá designar al sustituto o interino. 11) Al menos dos quintas partes de los miembros del legislativo serán de representación proporcional. 12) El legislativo local ratificará el nombramiento que haga el Ejecutivo local al Procurador local. 13) Tribunal Electoral local autónomo.14) Todos los magistrados serán ratificados por el Legislativo local. 15) La división territorial se establecerá en la Constitución local, sin embargo se establecen los órganos que los gobernarán: Concejo de Gobierno: 1 titular y los concejales que determine la Constitución de acuerdo al número de población, todos los miembros del Concejo serán electos por voto libre y durarán 3 años en su encargo. No hay reelección. El presupuesto de las demarcaciones lo aprobará el legislativo local tomando en cuenta: criterios poblacionales, capacidad económica, marginalidad social, necesidades específicas, distribución equitativa que incentive el desarrollo económico y sustentable de las demarcaciones. 16) No hay autoridades intermedias entre los Concejos y los poderes locales. 17) Organismos autónomos: órgano electoral, tribunal electoral, derechos humanos y acceso a la información pública. 18) El Presidente de la República dirigirá la fuerza pública en la entidad y podrá designar y remover al que éste nombre. 19) Los recintos sede de los poderes de la Unión, serán de jurisdicción federal. 20) Las autoridades locales deberán coadyuvar para que la Ciudad funja como capital, en lo que se refiere a: residencia y funcionamiento de sedes diplomáticas, poderes y organismos federales, e infraestructura y monumentos nacionales.

10. El 27 de diciembre de 2012, el jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera Espinosa, expide decreto por el que se crea la Unidad para la Reforma Política del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, Fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;8º Fracción II, 12 Fracciones II, IV y VI y 67 Fracciones V y XXXI, 87 y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5º y 6ºde la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 6º y 14 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyo Consejo es presidido por el Dr. Porfirio Muñoz Ledo.

Esta unidad se encargó de realizar encuentros, foros e intercambios de puntos de vista, con sus respectivos debates, donde participaron distintos actores políticos, sociales e institucionales como los presidentes de las distintas fuerzas políticas en el Distrito Federal, Diputados integrantes de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y Senadores integrantes de la Comisión del Distrito Federal del Senado.

11. Iniciativa de Reforma Política de la Ciudad de México presentada por el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal el 13 de agosto 2013. Propone la modificación a los artículos constitucionales que forman el núcleo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, a partir de la cual se lograría su autonomía y se establecería el “Estatuto de Capitalidad” de la entidad. Esencialmente se reforman los siguientes artículos: 1) Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por treinta y dos entidades federativas. Los treinta y un Estados y la Ciudad de México son libres y soberanos en todo lo concerniente a sus regímenes interiores, pero unidas en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” “Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y los de la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal, las particulares de los Estados y la de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 2) Artículo 43. En las partes integrantes de la Federación incluyen al Distrito Federal, para ser un total de 32. 3) Artículo 44. La Ciudad de México es la Capital de los Estados Unidos Mexicanos y la sede de los poderes de la Unión y se compondrá del territorio que actualmente tiene. En caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, el territorio que actualmente ocupa la Ciudad de México se erigirá en un estado de la Unión con la denominación que le asigne el Congreso Federal, previa consulta a los habitantes de la entidad sobre este último hecho; y, 4) Artículo 122. La Ciudad de México es la Capital de los Estados Unidos Mexicanos y la sede de los poderes de la Unión; goza de autonomía en lo todo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, en los términos y con las particularidades expresamente establecidas en esta Ley Fundamental y conforme a lo que disponga la Constitución Política de la Ciudad de México.

Consideraciones

Como se puede apreciar en los antecedentes, en distintas legislaturas y momentos, se han presentado un número considerable de iniciativas para modificar el estatus actual del Distrito Federal, entre otros, también, por parte de los senadores Manlio Fabio Beltrones, Carlos Aceves del Olmo, Mariana Gómez del Campo, Mario Delgado Carrillo, entre muchos más; a quienes agradecemos sus propuestas y que, seguramente, fueron consideradas en el debate del Senado de la República del 28 de abril de 2015. También se han instalado, a lo largo de los últimos lustros, sendas mesas de negociación política entre las distintas fuerzas políticas del país para alcanzar este histórico propósito.

El 28 de abril de 2015, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, a fin de establecer que la Ciudad de México sea una entidad federativa, con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización político-administrativa. A propuesta de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal; de Estudios Legislativos, primera, y de Estudios Legislativos, segunda, con opinión de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. Que propone, además de establecer que la Ciudad de México sea una entidad federativa, con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización político-administrativa, que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; plantea que dicho tribunal tenga a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y los particulares; impone en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. Además, deberá fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afectan a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos. Con el cambio avalado, la ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus magistrados. Por otra parte, la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura Federal local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

El 29 de abril de 2015 el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, hizo la declaratoria de publicidad de la minuta del Senado sobre la Reforma Política del Distrito Federal y la turna a comisiones. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad. Dicha minuta se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión del Distrito Federal.

En este contexto es importante destacar que la Ciudad de México lleva décadas en espera de tan anhelada reforma, para alcanzar un estatus jurídico acorde a los tiempos de un nuevo federalismo; que implique derechos, facultades y responsabilidades de conformidad al resto de las entidades federativas de la República.

En este sentido, tenemos la certeza que no existe ningún impedimento legal y político, para que la cámara revisora apruebe, con sus respectivas observaciones y precisiones, la reforma política del 28 de abril del presente año resuelta por el Senado de la República. Le apostamos a la altura de miras de la LXIII legislatura. Pensamos que en ellos priva una gran responsabilidad cívica y republicana, sabedores que su gestión y su representación tendrá, seguramente, alcances inéditos e históricos.

Es importante señalar que la Cámara de Diputados, como cámara revisora tiene la responsabilidad de que esas observaciones, precisiones o modificaciones sean producto de nuevas consideraciones y propuestas, tanto de los integrantes de la actual LXIII legislatura de la Cámara de Diputados como de la VII legislatura de la ALDF, en virtud que de acuerdo a las facultades que nos confiere el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 42, fracción VIII (de iniciar leyes o decretos relativos al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión), tenemos el legítimo derecho de opinar y proponer en relación a la minuta aprobada por el Senado de la República.

En la Asamblea Legislativa del Distrito, así como en el Congreso de la Unión, existe un marcado pluripartidismo, derivado del voto ciudadano del pasado 7 de junio. En La Ciudad de México, ese pluralismo se expresa con la presencia en este órgano legislativo de 10 fuerzas políticas, las cuales también tienen el legítimo derecho de opinar y proponer consideraciones y propuestas en relación a dicha minuta. Entre mayor respaldo institucional y político tenga la reforma política, mayores posibilidades de éxito tendrá. Se trata de hacer compatible el nuevo entramado jurídico e institucional, con la existencia de un claro y consolidado pluralismo político, social y cultural de la Ciudad de México.

Es un deber de las diputadas y los diputados a la Asamblea Legislativa en ésta VII Legislatura, apoyar las tareas de la Cámara de Diputados en la materia, que a su vez consideramos deben ser trabajadas en conferencia con el Senado, para que la reforma al artículo 122 y correlativos de la Constitución de la República sea una realidad aprobada este mismo año.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Donde se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Primero: Para que se desahogue en el actual período de sesiones, el proceso legislativo de análisis y dictamen de la minuta enviada por el Senado de la República en abril del presente año, con relación a la reforma política de la Ciudad de México y en su caso, aprobación de la misma, con las modificaciones que resulten pertinentes en consideración a las propuestas que formule la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; con la respetuosa sugerencia para que se desarrolle trabajo en conferencia de la honorable Cámara de Diputados con la honorable Cámara de Senadores.

Segundo: Para establecer mecanismos de coordinación que permitan la participación en acciones de información y opinión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en las deliberaciones de las Comisiones de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, en el proceso de análisis y dictamen de la minuta enviada por el Senado con relación a la reforma política de la Ciudad de México.

Presentado ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de noviembre de 2015.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 23 de noviembre de 2015.— Integrantes de la Comisión Especial para la Reforma Política en el Distrito Federal, diputados: José Encarnación Alfaro Cázares (PRI), presidente; Nora Arias Contreras (PRD), vicepresidenta; Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN), secretario; Leonel Luna Estrada (PRD), Jorge Romero Herrera (PAN), Raúl Antonio Flores García (PRD), Israel Betanzos Cortés (PRI), Antonio Xavier López Adame (PVEM), integrantes (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2789 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar 113.2015.DGVP.455 suscrito por el licenciado Edgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás programas sectoriales, las acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo, logren resolver la problemática de productividad, competitividad e ingresos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de noviembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/300/1047/15 de fecha 06 de mayo de 2015, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que en su resolutivo dice

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía (SE), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que además de su , contribución al cumplimiento de los compromisos planteados en el marco del Pacto por México relativos al campo mexicano, se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y demás programas sectoriales, las acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo, logren resolver la problemática de productividad, competitividad e ingresos. “

Le comento que el PND 2013-2018, cuya aprobación por decreto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha lunes 20 de mayo de 2013, prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, orientando la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Con base en esto, el lunes 16 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el decreto por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Innovador (Prodeinn) 2013-2018, el cual agrupa a las industrias en sectores maduros, dinámicos y emergentes.

La industria agroalimentaria puede claramente ubicarse en la definición de sectores maduros: sectores que agrupan actividades y productos con presencia en el mercado por un largo periodo; es por ello que generalmente enfrentan una demanda relativamente estable o en función del crecimiento poblacional, por lo que la participación en el mercado de las empresas de estos sectores es constante y el aumento en dicha participación se da principalmente a partir de fusiones y adquisiciones y eventualmente por la innovación.

Le informo que este tipo de sectores dan un énfasis importante a la reducción de costos y a la diferenciación del producto o servicio, siendo entonces materia del Prodeinn en su Objetivo Sectorial I. “Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas”, principalmente a través de dos estrategias:

Estrategia 1.1. Impulsar la productividad de los sectores maduros.

1.1.1. Fortalecer la información de mercados para facilitar la toma de decisiones.

1.1.2. Realizar diagnósticos y estudios de proyectos productivos con información sectorial.

1.1.3. Impulsar la transformación de las empresas, buscando su integración en cadenas de valor.

1.1.4. Contribuir al abasto de productos para mejorar la economía familiar.

1.1.5. Desarrollar agendas de trabajo sectoriales para incrementar la productividad.

1.1.6. Implementar acciones para el desarrollo de actividades productivas de estos sectores.

Estrategia 1.4. Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar cadenas de valor que coadyuven a la creación de clústeres.

1.4.1. Lograr el fortalecimiento de la cadena de suministro y facilidad de acceso a insumos.

1.4.2. Desarrollar la proveeduría nacional permitiendo el eslabonamiento dentro de la industria para elevar la competitividad de sus procesos productivos.

1.4.3. Impulsar proyectos de inversión para el desarrollo de proveedores que permitan fortalecer las cadenas nacionales y globales de valor.

1.4.4. Atraer proveedores y actores internacionales que coadyuven a la consolidación de cadenas nacionales y globales de valor.

1.4.5. Instrumentar esquemas de desarrollo de proveedores de gobierno que incluyan mecanismos de seguimiento y medición de resultados.

1.4.6. Impulsar y promover el desarrollo de clústeres, mediante la identificación de vocaciones productivas existentes a nivel regional e industrial.

Aunado a esto, le comunico que esta SE cuenta con diversos instrumentos que contribuyen al fomento de la actividad económica en zonas rurales, mediante el otorgamiento de apoyos crediticios enfocados al fomento de actividades productivas. Asimismo, contribuye a que el sector agropecuario y agro industrial cuente con las mejores condiciones de acceso a mercados internacionales y protección ante condiciones de mercado desfavorables, mediante acuerdos comerciales de los que México forma parte.

A través del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur), programa que busca contribuir a que mujeres ubicadas en zonas rurales y excluidas de servicios financieros formales tengan acceso a financiamientos que les permitan desarrollar actividades productivas.

Por ello, el Fommur, aportando al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, en 2014 otorgó 359,666 microcréditos, en beneficio de 293,033 mujeres rurales. Al primer trimestre de 2015, se otorgaron 119,167 microcréditos, lo que permitió beneficiar a 118,727 mujeres en zonas rurales. Dichos apoyos fueron distribuidos en 673 municipios de 31 entidades federativas del país, siendo Veracruz donde más microcréditos se otorgaron (19.1%). Además, durante 2014 y el primer trimestre de 2015 se ofreció capacitación en educación financiera a 17,566 mujeres ubicadas en zonas rurales.

Además, esta SE a través del Instituto Nacional de la Economía Social ha implementado el Programa de Fomento a la Economía Social, con el cual busca fomentar el sector social de la economía mediante el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas, financieras y de gestión a través del otorgamiento de apoyos para la constitución, desarrollo y expansión de los organismos del sector social de la economía, así como su participación en esquemas de financiamiento social.

Con ello, en 2014 se financió la ejecución de 5,402 proyectos productivos con recursos que ascendieron a 2,083.6 millones de pesos y el 43% de los recursos orientados a proyectos productivos fue canalizado a 10 estados que reportan los mayores niveles de pobreza. En el periodo enero-marzo de 2015 se autorizaron 1,548 apoyos, lo que significa recursos por 738.5 millones de pesos, beneficiando a 10,237 empresarios sociales. En el periodo que corresponde al año de 2014 y el primer trimestre de 2015, se apoyaron 391 proyectos integrados exclusivamente por mujeres que se ubican en municipios con alto o muy alto grado de marginación.

Por otro lado, le informo que esta SE conduce el diseño y ejecución de la política comercial internacional, así como en la conducción de las relaciones y negociaciones comerciales internacionales en las que México participa. Para ello, mantiene una coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en particular con la Sagarpa.

Asimismo, se cuenta con mecanismos de consulta con el sector productivo nacional, como la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior, el cual agrupa a los diversos sectores productivos del ramo industrial, agropecuario y agroalimentario, con quienes se tiene un mecanismo de consulta en negociaciones comerciales internacionales.

Con esto en mente le señalo que durante 2014 se concluyeron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Panamá, suscrito el3 de abril de dicho año y aprobado por el Senado de la República el 12 de marzo de 2015. Como resultado de este acuerdo, se tendrá acceso inmediato al mercado panameño para productos como aguacate, frambuesas, sémola de trigo; jugo de naranja, tequila y mezcal.

Además, en febrero de 2014 se firmó el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, integrado por México, Perú, Colombia y Chile, que incluye los acuerdos en materia comercial. El protocolo establece la desgravación inmediata del 92% del universo arancelario común, a la entrada en vigor del Acuerdo, y el 8% restante en el corto y mediano plazos.

Finalmente, le comento que durante 2015 se mantiene abierto el proceso de consulta con el sector productivo nacional en torno a las negociaciones para la suscripción de Tratados de Libre Comercio con Turquía y Jordania.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento H. Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 24 de noviembre de 2015.— Licenciado Edgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-8-0204, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.- 984/2015, suscrito por el licenciado Luis Alfonso Velázquez Mezta, director de Enlace con Cámara de Diputados de la Dirección General Adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar una estrategia integral que permita recuperar la producción total del sector agrícola.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de noviembre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SELAP/UEL/31182170/ 15, de fecha 21 octubre de12015, mediante el cual el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión remite punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 21 de octubre del 2015, mismo que a continuación transcribo: “Primero. La Cámara de diputados exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a fin de implementar una estrategia integral que permita recuperar la producción total del sector agrícola, ya que éste es un elemento preponderante para romper el ciclo de la pobreza rural y la carencia alimentaria”, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Sobre el particular adjunto a la presente información con las observaciones y comentario que nos hicieron llegar la Subsecretaría de agricultura, oficio número 300.03.055/2015 del 6 de noviembre de 2015, la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, Oficio Núm. 200.01.-145/2015 del 29 de octubre de 2015, y la subsecretaría de Desarrollo, Rural, oficio número 411.01.603/2015 de fecha 5 de noviembre de 2015, con los cuales se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 10 de noviembre de 2015.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica), director general, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento Interior vigente de la Sagarpa, en ausencia del director general, firma el director de Enlace con la Cámara de Diputados, licenciado Luis Alfonso Velázquez Mesta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general Adjunto de Estudios Interinstitucionales.— Presente.

Hago referencia a su oficio 12.2.911/2015, en el que solicita comentarios al punto de acuerdo signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado en sesión celebrada el 21 de octubre del 2015, en el que “exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a fin de implementar una estrategia integral que permita recuperar la producción total del sector agrícola, ya que éste es un elemento preponderante para romper el ciclo de la pobreza rural y la carencia alimentaria”.

Sobre el particular le informo que la mayoría de los componentes de esta subsecretaría están orientados a elevar la productividad del productor, mejorando así su competitividad.

En la última década la producción de los principales granos (maíz; frijol y trigo) se ha incrementado en un 11%; sin embargo, la superficie ha disminuido en un 8%, lo que significa que la productividad por hectárea se ha incrementado, haciendo más eficiente la producción agrícola sin necesidad de ampliar la frontera agrícola.

En ese sentido, la tierra cultivable como factor estratégico de producción asciende a alrededor de 26 millones de hectáreas, anualmente se cultivan en promedio 22 millones, de las cuales 26% cuenta con riego y el 74% se cultiva en temporal.

No omito comentar que desde hace varios años esta Subsecretaría impulsa el aprovechamiento y uso sustentable del suelo yagua a través de los componentes de bioenergía y sustentabilidad, tecnificación del riego y modernización sustentable de la agricultura tradicional en los que se contemplan conceptos de apoyo de producción y uso de abonos orgánicos, bioinsumos, sistemas de riego tecnificados, drenaje en terrenos agrícolas y agricultura de conservación, por mencionar algunos, lo anterior para elevar la producción de manera sustentable.

Finalmente, en el Programa Sectorial 2013-2018 se elaboró un diagnóstico completo del sector agropecuario, definiendo las necesidades y estrategias para su atención. Desde la perspectiva del programa el concepto de seguridad alimentaria incluye también el criterio de un coeficiente aceptable de la producción nacional de granos básicos y oleaginosas, dadas las características de volatilidad de precios y abasto del mercado mundial que aumentan la vulnerabilidad y dependencia del exterior. Por ello se plantea como meta, para el 2018, producir el 75% de la oferta total de los granos básicos y oleaginosas (maíz; frijol, trigo, sorgo, arroz y soya).

Considero que con la información aquí plasmada, la Sagarpa se encuentra atendiendo las preocupaciones de los diputados en el tema de pobreza rural y carencia alimentaría.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2015.— María Gabriela Campollo Lagunes (rúbrica), directora.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Institucionales de la Coordinación General de Enlace Sectorial de la Sagarpa.— Presente.

Me refiero a su similar número 112.02.912/2015, de fecha 23 de los corrientes, mediante el cual solicita al licenciado Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Alimentación y Competitividad, le haga llegar comentarios respecto del punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal “...a fin de implementar una estrategia integral que permita recuperar la producción total del sector agrícola, ya que este es un elemento preponderante para romper el ciclo de la pobreza rural y la carencia alimentaria”; aprobado por la honorable Cámara de Diputados en sesión celebrada el 21 de octubre del presente año mismo que hizo llegar al coordinador general de Enlace Sectorial de esta dependencia el maestro Valentín González Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto y por indicaciones del ciudadano subsecretario de Alimentación y Competitividad, le comento que el punto de acuerdo señalado en su exposición de motivos es claro en el objetivo de combate a la pobreza y erradicación del hambre, particularmente en el medio rural, enfoque plenamente coincidente con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración y con el Programa Sectorial de esta Dependencia en el que también se establece la necesidad de aplicar estrategias integrales para lograr sus objetivos.

Con este mismo enfoque y en cumplimiento de ambos ordenamientos, estimamos que el diseño de los programas y componentes a cargo de las diferentes unidades responsables de esta dependencia, en adición y complemento a las políticas públicas específicas del gobierno federal en la materia, como es el programa Sin Hambre, aportan los elementos correspondientes para apoyar a los productores a que mejoren sus niveles de producción, productividad y por tanto, calidad de vida.

En cuanto a la frase que señala “recuperar la producción total del sector agrícola”, consideramos que corresponde a una redacción poco informada, ya que la producción total del sector agrícola se ha venido incrementando en los últimos años, baste señalar que la producción total agrícola fue de 376.9 millones de toneladas durante el año 2000, de 632.1 millones en 2012 y de 649.2 millones de toneladas durante 2013 entre productos alimenticios, forrajes, industriales y otros, según datos del SIAP.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2015.— Ingeniero Luciano Vidal García (rúbrica), coordinador.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales Enlace con el Congreso.— Presente.

Con relación al oficio número 112.913/2015, por el que solicita la opinión técnica sobre el punto de acuerdo signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado en sesión celebrada e1 21 del mes en curso.

Al respecto, le informo que actualmente esta dirección general desarrolla una estrategia integral orientada al impulso y apoyo a los micro y pequeños productores, con particular énfasis en aquellos que se encuentran en situación de pobreza y carencia alimentaria.

Dicha estrategia, que se diseña a partir de diagnósticos internos y trabajo de colaboración con instancias como la Food and Agriculture Organization (FAO) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, tiene por objeto elevar las condiciones de vida de la población rural, incrementar su capacidad productiva de cultivo de subsistencia, así como de excedentes para la comercialización, incorporando esquemas de capacitación y acompañamiento para el desarrollo de empresas.

Esta visión articula la estrategia en tres fases claves: bienestar y calidad de la vivienda, granjas y huertos de traspatio y emprendimiento agrícola.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2015.— Ingeniero José Merced Tulais López (rúbrica), director.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo.— Guanajuato.— Orgullo y compromiso para todos.— Secretaría de Gobierno.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional de Guanajuato y en respuesta del oficio número DGPL 63-II-8-0132, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de lo Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las 32 entidades federativas que en sus programas operativos anuales para 2016 garanticen la incorporación de la perspectiva de género, a través de 1. Su progresividad presupuestal en los programas y políticos para la igualdad de género. 2. Instrumentar la metodología del enfoque de la igualdad de género en la matriz de indicadores por resultados (MIR), así como el diseño de sus indicadores de proceso y de resultados. 3.Difundir y divulgar en sus áreas de gobierno el catálogo de las líneas de acción para la igualdad de género que favorece a la asignación de gasto público.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los 32 entidades federativas informen trimestralmente a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, al Instituto Nacional de las Mujeres y a sus respectivos sistemas estatales para la igualdad entre mujeres y hombres sobre el avance del ejercicio del gasto público.

Actualmente, uno de los retos de todo país es apostar por la reducción de las brechas de desigualdad, las iniciativas de presupuestos sensibles al género pueden aportar a la eliminación de estas brechas, asegurando que los fondos públicos sean recaudados y gastados de manera más efectiva. Pueden contribuir a asegurar el logro de los objetivos de igualdad de género y a mejorar la observancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También pueden ayudar a promover una mayor obligación de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos ante los habitantes de un país, en particular hacia las mujeres, quienes por lo general son más marginadas que los varones en los procesos de toma de decisión sobre los fondos públicos.

Por ello, consientes del compromiso, en Guanajuato se aprobó e incluyó en su Presupuesto de Egresos el capítulo cuarto, “Gasto destinado a la igualdad entre hombres y mujeres”, de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2015, por lo cual me permito manifestarle lo que establece:

Artículo 27. Las asignaciones previstas para proyectos y procesos en materia de mujeres e igualdad de oportunidades importan la cantidad de 87 millones 148 mil 876.80 pesos.

Artículo 28. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas o proyectos en materia de mujeres e igualdad de oportunidades deberán aplicar los recursos asignados a los mismos bajo una perspectiva de género, así como sujetarse a lo siguiente:

I. Publicarán y difundirán sus programas para mujeres y la igualdad de oportunidades, a efecto informar a la población sobre los beneficios y requisitos para acceder a ellos, en los términos de la normativa aplicable;

II. Remitirán de manera trimestral a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y a la secretaría un informe sobre los aspectos presupuestarios de los programas y los resultados alcanzados en materia de mujeres e igualdad de oportunidades, medidos a través de los indicadores y sus metas contenidos en la matriz respectiva; y

III. Los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres se sujetarán al seguimiento, monitoreo y evaluaciones de desempeño por parte de las instancias competentes, a efecto de que se verifique el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados de la aplicación de los mismos. Con independencia de lo previsto en las fracciones anteriores, los ejecutores del gasto público promoverán programas y acciones para cumplir con el Programa Estatal para la Atención Integral de las Mujeres, en los términos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia para el Estado de Guanajuato.

Las estrategias están direccionadas preponderantemente al impulso del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia: Centros de Atención Itinerante, Programa de capacitación y profesionalización, Programa de atención y reeducación a hombres generadores de violencia, Incidencia sobre tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, Expresión de mujeres y niñas por la igualdad y una vida libre de violencia, Campañas permanentes con perspectiva de género para cuando tratan diversos temas, están concatenados al tema de hacer frente a la violencia de género, como el caso del proyecto de empoderamiento de las mujeres, que busca fortalecer la agencia económica de las mujeres y su autonomía, lo cual es esencial para que muchas mujeres estén en condiciones de romper el círculo de la violencia. El sistema de gestión MEG, que evoluciona a la cultura institucional es un mecanismo que incide en el cambio de patrones de comportamiento de servidoras y servidores públicos al interior de las dependencias y entidades, pero también hacia la población a la que brindan servicios.

El compromiso de Guanajuato en la defensa de los derechos humanos de las mujeres queda patente fortaleciendo las políticas y recursos presupuestales para su implantación

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de octubre de 2015.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo.— Guanajuato.— Orgullo y compromiso para todos.— Secretaría de Gobierno.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional de Guanajuato y en respuesta a los oficios números DGPL 62-II-5-2210, DGPL 1 P3A.-6333.10 y DGPL-1 P3A.-6331.10 a través del cual comunica la aprobación de los puntos de acuerdo que señalan:

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades, elaboren de manera inmediata un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores que han sido asesinados, así como instituir a las secretarías competentes a establecer políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil en cada una de sus entidades, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.

Único. El Senado de la República, con respeto al federalismo y en el marco de la conmemoración del Día Universal del Niño exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las legislaturas correspondientes, a implementar acciones tendientes a garantizar la máxima protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: 1. Que el Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir de su publicación. 2. Que la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establezcan en los respectivos presupuestos de egresos los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la Ley General. 3. Que las autoridades federales, estatales y municipales, lleven a cabo la integración e instalación del Sistema Nacional de Protección Integral, de los Sistemas de Protección locales y municipales, a partir de la entrada en vigor de las modificaciones legislativas referidas.

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la federación y a las entidades federativas en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar y diseñar las medidas necesarias para darle puntual seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y cabal cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con base en lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, tiene implantados ya diversos programas y acciones específicas que impactan, directa o indirectamente, en promover la convivencia y cultura de la paz, la atención de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal y a prevenir, atender y reducir la delincuencia infantil.

En efecto, por una parte, este organismo cuenta con el Programa Niñas y Niños Promotores de Pan que tiene como objetivo general “brindar a niñas y niños de educación primaria de Guanajuato, herramientas para la resolución pacífica de conflictos a través de la implantación de acciones que fomenten la participación activa en la difusión de la paz, que abone a una convivencia libre de violencia” (artículo 6 de sus reglas de operación). Asimismo, son objetivos específicos del programa “proporcionar información para la sensibilización sobre la importancia de la participación en las acciones de promoción de la cultura de paz y la no violencia así como de la resolución pacífica de conflictos al personal directivo y estudiantes de quinto grado en las escuelas primarias participantes”, “abonar en el aprendizaje de estrategias para la resolución pacífica de conflictos en las niñas y niños seleccionados como promotores de pan”) y “promover estrategias encaminadas al fomento de la cultura de paz y resolución pacífica de conflictos dentro de la escuela primaria participante” (artículo 7 de sus reglas de operación).

También se tiene instaurado el Programa de Rehabilitación y Asistencia Social a Niñas y Niños en conflicto con la Ley Penal, que tiene por objeto general el brindar rehabilitación y asistencia social a niñas y niños a quienes se les atribuya la autoría o participación en una conducta tipificada como delito por las leyes del estado, con el propósito de modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden su desarrollo integral. Es de mencionar, igualmente, que entre los objetivos específicos de este programa se encuentra el crear en los padres, tutores o representantes legales de las niñas y niños [a .quienes se les atribuya la autoría o participación en la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes del estado, el compromiso y vínculo de participación activa en beneficios de sus hijos, pupilos o representados.

Otro de los programas de este organismo que contribuye al logro de los fines a los que se exhorta son los programas relativos a Escuela para Padres, Valores en Familia y Desarrollo Integral para Menores Trabajadores y en Situación de Calle.

El Programa Escuela para Padres tiene, entre otros objetivos, es proporcionar información a las niñas y niños sobre su etapa del desarrollo, su rol en la familia y en la sociedad, promoviendo en ella o él una conducta de participación, responsabilidad y respeto tanto en su persona como en sus relaciones interpersonales y el buen trato en familia dentro del marco de la Convención de los Derechos del Niño. El Programa Valores en Familia, por su parte, tiene como objetivo general “apoyar la formación ciudadana a través de la vivencia de los valores humanos, como plataforma para un mejor desarrollo de las relaciones humanas, armónicas y prósperas que impacten favorablemente en el impulso social y familiar en Guanajuato”. El Programa de Desarrollo Integral para Menores Trabajadores y en Situación de Calle, en cambio, tiene como objetivo general contribuir con el desarrollo humano de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle, que por circunstancias económicas realizan una actividad de subempleo en sitios cerrados, en la calle o en el campo, por medio de una atención integral que favorezca la adquisición de competencias para la vida en un marco de corresponsabilidad y derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por último, es de destacar que este sistema estatal coordina los trabajos del actual Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (en proceso de transformarse en el Sistema Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes conforme a la ley general en la materia), organismo multidisciplinario articulador de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia que ha venido trabajando en la elaboración de un diagnóstico general en relación a la situación de la niñez guanajuatense y que servirá como fundamento para el desarrollo de políticas, programas y acciones que atiendan de forma aún más puntual las necesidades de niñas, niños y adolescentes, incluyendo los aspectos materia del exhorto aludido.

Las acciones anteriores, en conjunto con aquellas que correspondan a otras dependencias y entidades de la administración pública en razón de sus competencias, sin duda que representan acciones tendientes a cumplir aquellos aspectos a los que se exhorta.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de octubre de 2015.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo.— Guanajuato.— Orgullo y compromiso para todos.— Secretaría de Gobierno.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional de Guanajuato y en respuesta al oficio número DGPL 62-II-6-1789, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo, que en su artículo único señala:

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno para que implementen la creación de mecanismos eficientes que garanticen el acceso de la sociedad a los programas alternativos de movilidad a fin de disminuir las afectaciones de contaminación ambiental y afectaciones a la salud humana; así como, que se implementen campañas de información y concientización respecto de las afectaciones a la salud.

Con base en lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

El Código Territorial para el estado y los municipios de Guanajuato, tiene por objeto normar bajo una misma directriz jurídica temas como desarrollo urbano y medio ambiente.

Para llevar a cabo esta tarea se partió del concepto de ciudades hermanas o amigables, ciudades pensadas en una calidad de vida de las personas, de ahí se construyó el Plan Estatal de Desarrollo con visión al 2035 en donde el diagnóstico arrojó que Guanajuato requería de espacios pensados en sus ciudadanos.

Así, en Guanajuato hemos venido trabajando en materias como centros de población, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, movilidad, aprovechamiento sustentable de los recursos y la administración del territorio, siembre bajo una visión conjunta de territorio-medio ambiente.

El Código marca el imperativo de construir una serie de políticas públicas que descansaran en el instrumento de planeación el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial ya se expidió en el estado, en el Periódico Oficial de Guanajuato N°190 4ta parte el 28 de noviembre de 2014.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de octubre de 2015.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo.— Guanajuato.— Orgullo y compromiso para todos.— Secretaría de Gobierno.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en respuesta al oficio número DGPL.62-II-6-1783, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo, que en su artículo único, señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de la federación, las entidades federativas y los municipios, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen y ejecuten los programas de acciones permanentes tendentes a fomentar la gestión integral de las pilas o baterías cuya vida útil ha concluido, con el fin de disminuir los daños a la salud y el deterioro al medio ambiente provocados por estos residuos de manejo especial y residuos peligrosos.

Con base en lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

Felicitamos el esfuerzo de concientización emprendido por la Cámara de Diputados a favor del medio ambiente. En Guanajuato nos encontramos preocupados y ocupados en impulsar acciones para el mejoramiento del medio ambiente a través del fomento de la educación ambiental y el manejo integral de residuos y residuos peligrosos.

Les compartimos con agrado, que para la recolección de los residuos electrónicos, se organiza de manera conjunta en los municipios campañas continuas con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de reciclar los residuos de pilas o batearías y aparatos electrónicos domésticos, así mismo se cuenta con centros de acopio permanentes para que la ciudadanía haga la entrega y sean manejados ambientalmente de una forma adecuada.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de octubre de 2015.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo.— Guanajuato.— Orgullo y compromiso para todos.— Secretaría de Gobierno.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador constitucional de Guanajuato y en respuesta del oficio número DGPL 62-II-1-2118, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que en su artículo único señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada con las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

Con base en lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:

Es indudable que existe la necesidad de acercar a los jóvenes de forma efectiva a la información sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazos al momento que deciden tener una vida sexual activa.

Así pues, en Guanajuato se ha trabajado al respecto, informando e incluyendo a hombres y a mujeres en el tema de uso de preservativos y de la planificación familiar, contribuyendo a la igualdad de género en la salud reproductiva de la población.

También se entregaron 6 millones 188 mil 402 condones para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Nuestro programa de prevención VIH/sida ha ocupado los primeros lugares en el orden nacional respecto a la atención médica, psicológica, orientación nutricional, control y tratamiento gratuito de pacientes diagnosticados por la Secretaría de Salud.

Por ello manifestamos nuestro compromiso a favor de la salud pública de la población al iniciar su vida sexual activa y nos congratulamos de acciones que se encauzan para la prevención de embarazos en adolescentes, los riesgos de salud que conllevan y la prevención de enfermedades de transmisión sexual que afecten a los guanajuatenses, y establecemos estas acciones como un imperante de protección en el estado.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de octubre de 2015.— Licenciado Antonio Salvador García López (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN

LEY DEL SERVICIO MILITAR

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2º, párrafo primero, de la Ley del Servicio Militar.

En uso de las facultades que le confiere los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 82, 85, 157, numeral 1, fracción I, 176, 177, 180, numeral 1 y 182, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Defensa Nacional se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada 13 de octubre de 2015, el Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2º, párrafo primero, de la Ley del Servicio Militar.

2. Con Oficio No. D.G.P.L. 63-II-5-122, del 13 de octubre de 2015 y con número de expediente 505, la Mesa Directiva turnó para dictamen la iniciativa en comento a la Comisión de Defensa Nacional; el Oficio fue recibido el 15 de octubre de 2015.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido se basa en la premisa de que las mujeres viven distintas formas de discriminación, lo que limita el ejercicio de sus derechos y sus libertades. Considera que en la base de estas formas de discriminación está un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional.

Adicionalmente señala que la valoración de que la mujer tiene capacidades diferentes respecto al varón, es el fundamento para que se les destine y eduque de forma que sólo realicen labores o funciones propias de su sexo, lo que es discriminatorio.

Asimismo considera que en México se debe combatir la discriminación hacia las mujeres, lo cual debe inculcarse desde el inicio de la formación académica. Señala que tanto la escuela como la familia constituyen ejes indispensables para la incorporación de la perspectiva de género y que en los planteles escolares con formación militar se producen prácticas sexistas de invisibilidad hacia las mujeres que las sitúan en una posición de subordinación con respecto a los hombres.

En consecuencia con su iniciativa dice buscar el impulso a la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito militar para prevenir y eliminar la discriminación. Además alude que se debe logar la igualdad de género para estar en concordancia con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Para ello propone modificar el párrafo primero del artículo segundo de la Ley del Servicio Militar, suprimiendo la oración final.

III. CONSIDERACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Para efecto de valorar detenidamente la iniciativa presentada por el Diputado se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

El diputado propone eliminar la oración final del artículo 2º el cual prevé que “ la instrucción militar que se imparta en establecimientos educativos de la Federación, los del Distrito Federal y Territorios Federales, los particulares incorporados y los de los Estados, para niñas tenderá a capacitarlas para labores propias de su sexo”.

Con respecto a esta propuesta, esta Comisión de Defensa Nacional propone como metodología un estudio histórico y sistemático del artículo 2º de la Ley del Servicio Militar, que tiene como eje las siguientes consideraciones:

Primera. La iniciativa de Ley de Servicio Militar fue presentada el 29 de julio de 1940 por el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lázaro Cárdenas, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y ante la posibilidad de una intervención de México en el conflicto bélico. La exposición de motivos señala con claridad el espíritu que animaba los planteamientos educativos de lo que en ese entonces era un nuevo ordenamiento jurídico:

“ La instrucción militar ha de tener como objetivo el de preparar parcialmente a los jóvenes para que, cuando sean reclutas, su capacitación resulte más rápida y eficaz. Por lo demás, la instrucción militar en las escuelas ofrece la ventaja de ir conformando paulatinamente, y arraigando en el espíritu de los niños y de los jóvenes las ideas de disciplina, de patriotismo y de sacrificio en bien de la nación, que tan indispensables son para que los hombres sepan defender las instituciones y la soberanía de la patria en los momentos de prueba”.

“Con esta preparación, los conscriptos estarán mejor capacitados para obtener el provecho que puede derivarse de la convivencia de miembros de todos los sectores sociales en los establecimientos y servicios militares, y de sus viajes por el territorio nacional, inherentes al mismo servicio y que vendrán a desarraigar perjudiciales hábitos sedentarios de nuestra población, haciendo de ellos mejores ciudadanos y más útiles soldados”.

Cabe señalar que la iniciativa del Ejecutivo preveía el actual artículo 2º en sus términos:

“Artículo 2o. Los establecimientos educativos de la Federación, los del Distrito Federal y Territorios Federales, los particulares incorporados y los de los Estados cuando estén sujetos al régimen de la coordinación federal, impartirán instrucción militar conforme a los reglamentos y disposiciones que, coordinados con la Secretaría de Educación Pública, expida la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tendrá a su cargo este servicio y designará a los instructores. En todo caso se cuidará de que la instrucción de este tipo que se imparta a las niñas, tienda a capacitarlas para las labores propias de su sexo y conexas con el servicio militar”.

Del análisis de esta redacción se desprende que el artículo 2º se refería a un régimen de coordinación de la educación que se transformó a raíz del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y la Ley General de Educación. El régimen de coordinación federal implicaba que la función educativa era competencia del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Educación Pública. La expresión legal de este régimen se refleja en la Ley Federal de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973.

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, estableció las bases para la reorganización de la educación básica, previendo la transición a un nuevo sistema educativo descentralizado:

“ El Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo gobierno estatal recibe, los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la Secretaría de Educación Pública venía prestando, en el estado respectivo, hasta esta fecha, los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros utilizados en su operación”.

La Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 fue congruente con dicha descentralización y abrogó la Ley Federal de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973. Cabe señalar que con la nueva Ley desapareció el régimen de coordinación federal, introduciéndose en su lugar un nuevo régimen de distribución de competencias.

La redacción del artículo 2º de la Ley del Servicio Militar entra así en contradicción con lo preceptuado en la Ley General de Educación, en la cual se establecen claramente las competencias de la federación, las entidades federativas y los municipios, así por ejemplo, en el artículo 1º, que a la letra dice:

“Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social”.

Esta nueva distribución de competencias se expresa jurídicamente en el Capítulo II del Federalismo Educativo Sección 1, en la que se establecen las competencias de la federación, las entidades federativas y los municipios bajo un nuevo régimen descentralizado.

Un elemento adicional en favor de la obsolescencia del ordenamiento en cuestión es que ya no existen los Territorios Federales a los que se refiere el artículo 2º.

Segunda. Como consecuencia de lo anterior el artículo 2º de la Ley del Servicio Militar es obsoleto, ya que prevé un régimen de control federal de la educación que ya no existe. En razón de esta transición es suficiente para organizar la instrucción militar en el país lo preceptuado en el artículo 3º de la Ley del Servicio Militar, lo cual permite dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado artículo prevé que:

La Secretaría de la Defensa Nacional prestará toda clase de ayuda a las autoridades educativas de los estados en los que no haya coordinación con la Federación en esta materia, para el cumplimiento de las funciones de instrucción militar a que se refiere la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de intensificar la eficacia de la instrucción, de unificar los sistemas para impartirla y de controlar los resultados.

Tercera. Cabe señalar que el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, no distingue entre los sexos para efecto de proporcionar instrucción de tipo militar, ya que sólo habla de alumnos en general. De ahí que existe una antinomia evidente entre la Ley del Servicio Militar y el citado Reglamento lo que por analogía viola el principio general del derecho: Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, o sea, donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. En este caso el la Ley establece una distinción que el Reglamento no prevé, lo que la deja sin consecuencias de derecho.

Cuarta.En la práctica lo preceptuado en el artículo 2º de la Ley del Servicio Militar Nacional, no se llevó a cabo dado que la participación de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial se limitó a la participación de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana.

Quinta. En congruencia con las anteriores consideraciones los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional consideran que no tiene objeto reformar una parte de la legislación, que al entrar en vigor un nuevo ordenamiento jurídico y al no tener aplicación práctica, ha quedado obsoleta y sin efecto.

Sexta. En razón de la anterior consideración, los integrantes de la Comisión concluyen que lo procedente es derogar el artículo 2º de la Ley del Servicio Militar.

En consideración de las anteriores valoraciones los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR

Artículo Único.-Se deroga el artículo 2º de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue:

ARTICULO 2º.- Se deroga

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, Distrito Federal, a 24 de noviembre de 2015.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica), Alfredo Basurto Román (rúbrica), Manuel de Jesús Espino (rúbrica), secretarios; Fidel Almanza Monroy, César Alejandro Domínguez Domínguez, Otniel García Navarro, Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Jesús Enrique Jackson Ramírez (rúbrica), Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo, Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Saludamos la presencia de estudiantes de derecho de la Universidad de León, Plantel Silao, Guanajuato, invitados por la diputada Karina Padilla Ávila. Bienvenidas y bienvenidos, amigos, a este recinto parlamentario.

PRONUNCIAMIENTOS

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se han registrado para referirse al tema distintas compañeras y compañeros diputados, de los grupos parlamentarios. Y, por lo tanto, en consecuencia tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, muy buenos días. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas con el objeto de sensibilizar a la opinión pública internacional respecto al grave problema que representa la violencia en contra de las mujeres y el cual ha servido para ser evidente una vez más que a nivel mundial una de cada tres mujeres fue víctima de violencia física o sexual durante este año.

De los factores más significativos que generan violencia en contra del género femenino ha sido reiteradamente la discriminación, el abuso y la inequidad entre hombres y mujeres a lo largo de diversas sociedades, tanto en escenarios públicos como en privados.

A nivel global, el acceso a la justicia para las mujeres que han sufrido violencia en muchos de los casos se ha visto paralizada por los prejuicios de género, estigmas sociales o mayormente por limitaciones financieras que nos les permiten una defensa adecuada.

Que si bien es de reconocer los avances normativos que han tenido varios países para promover leyes a favor de erradicar la violencia de género, en muchas ocasiones éstas no van acompañadas de la adecuada asignación de recursos para proveer infraestructura o personal para su eficaz atención o simplemente no prevén estrategias específicas para los casos en concreto.

Eliminar la violencia contra la mujer es una prioridad mundial, y en México ha significado un compromiso por la equidad y empoderamiento de nosotras las mujeres a través del fortalecimiento de capacidades de una educación objetiva y del decisivo respeto a nuestra dignidad y derechos mediante el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Gobierno de la República.

Pero no solo es la violencia física la que nos ocupa, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, precisa casos de violencia emocional, sexual, económica, patrimonial y laboral entre las más recurrentes, donde aproximadamente 80 de cada 100 mujeres en México, mayores de 15 años, han padecido distintos tipos de violencia. Como legisladores requerimos endurecer las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar y reparar los agravios a las mujeres que son objeto de violencia. Es necesario el conferir una seguridad jurídica solida e imparcial.

Es un hecho que en muchas sociedades las mujeres nos desarrollamos en casi todos los sectores de la vida, y es conveniente que podamos desarrollar plenamente las funciones según la propia índole, sin discriminaciones y sin exclusiones de los empleos, pero al mismo tiempo, sin perjudicar las aspiraciones familiares y el papel específico para contribuir al ambiente de la sociedad junto con el hombre.

Por lo anterior, para el Partido Encuentro Social, la dignidad de la mujer exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales porque cada mujer indígena, la mujer migrante, la indigente, la que está en reclusión, aquella que padece discapacidad, mis adultas mayores, mis niñas, quienes padecen situaciones de conflicto armado y en general cualquiera que se encuentre en un estado vulnerable, ocupará nuestra atención y esfuerzo por constituir un orden social más justo.

Diputadas y diputados, hagamos conciencia. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Perea. Tiene ahora la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Gracias. Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, compañeras y compañeros. Tenemos un tema en la mesa muy importante y yo exhortaría y haría un llamado en especial a mis compañeras mujeres, pero también a mis compañeros hombres en este tema de gran trascendencia y que hoy tenemos la oportunidad de hacer algo por nuestras mujeres, por nuestras niñas y por nuestras jóvenes.

Nos violentamos a nosotras mismas permitiendo que otros lo hagan. Ejercemos violencia contra las mujeres. El poder terminar con este círculo de violencia está en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros.

Desde el año 2000 se conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El artículo 1o. de nuestra Carta Magna establece la prohibición de todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Dicho precepto incluye, por supuesto, la discriminación por motivo de género, entre otras muchas más.

México es signario y parte de muchos tratados, convenciones y acuerdos internacionales que buscan erradicar la discriminación, entre ellos se pueden mencionar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, conocida como la Conferencia de Beijín.

También existe legislación nacional al respecto, hasta mencionar la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, entre otras muchas más.

A pesar de que existe legislación nacional e internacional se han realizado enormes esfuerzos en esta materia, la violencia contra las mujeres sigue siendo un común denominador a nivel nacional. Por eso es importante conmemorar esta fecha, la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y, en particular, en nuestro país, en México, se presenta en todos los ámbitos y proviene de diferentes personas, va desde la pareja y familiares hasta desconocidos superiores o compañeros de trabajo. Muchas veces no nos percatamos en qué consiste.

En qué consiste la violencia hacia las mujeres, debido a que estamos inmersos en un sistema de agresión constante, en una agresión continúa y cotidiana. Es un sistema perverso, que por medio del sutil o evidente sometimiento busca ejercer poder y control sobre otra persona, en especial si esta persona es mujer o niña.

Según la Organización de las Naciones Unidas, el 35 por ciento de las mujeres y las niñas del mundo sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. En algunos países esta cifra asciende hasta el 70 por ciento.

Se afirma también que más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas, de las cuales 250 millones eran menores de 15 años. En nuestro país, según la ONU Mujeres, México, una de cada 5 mujeres se casó siendo niña.

Las niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años tienen menos posibilidades de terminar su educación y ser productivas, y son más proclives a la agresión y a la discriminación.

La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, realizada por el INEGI, señala que el total de mujeres casadas o unidas, un 44.5 por ciento sufren de algún tipo de violencia. Lo más lamentable es, que en muchos casos esas mujeres creen ser merecedoras del maltrato, de la agresión y de la discriminación.

“Malditas feminazis. Por qué no hay un día del hombre. Tenías que ser vieja. Pareces una niña. Chillas como nena”. Son exclamaciones continúas que en nuestro ámbito se hacen y las asumimos como tal. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas y otras frases similares? ¿Cuántas veces las hemos usado también nosotras haciendo esos comentarios? Eso, compañeras y compañeros, también es violencia.

Para Nueva Alianza, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas son un pilar fundamental. Es momento de alzar la voz y terminar con estos patrones de agresión y violencia, porque no deben ser cotidianos y menos aceptables.

Sumándose a la campaña Dieciséis días de activismo contra la violencia de género, que la ONU ha propuesto para llamar la atención respecto a este tema, es apenas un inicio. Para Nueva Alianza la acción debe ser continúa, terminar con el sistema de violencia al interior de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestras familias y por qué no decirlo, de la eraria política.

Uno de nosotros, el reto es, eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestros varones en equidad, en el marco de respeto, en el marco de la igualdad y en el marco que señala el artículo 4o. constitucional.

Compañeras y compañeros, la sociedad espera mucho de esta LXIII Legislatura, y sobre todo, las mujeres exigen el derecho a la igualdad, al respeto y a la no discriminación. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Tiene ahora la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Muy buenos días. El 25 de noviembre fue establecido desde 1981 como Día latinoamericano para eliminar la violencia contra las mujeres.

Fue en nombre de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas por el general Trujillo en República Dominicana por atreverse a manifestar sus ideas políticas por una patria libre y decir no a los requerimientos de acoso sexual del dictador contra ellas.

Es hasta 1999 que la ONU lo declara como Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Además, la ONU ha impulsado a desarrollar 16 días de activismo contra la violencia de género. Y recientemente hace un llamado a que todos los 25 de cada mes vistamos una prenda color naranja para difundir este activismo.

Las feministas también usamos el color morado como un símbolo de luto por las hermanas Mirabal. No dejamos de usarlo porque creemos que este reconocimiento que ha hecho la ONU también es por las acciones que se han realizado en la lucha contra la violencia. Siempre pienso que no deberíamos tener un día de nada, ni para recordar a las mujeres ni a los niños ni a las personas de la tercera edad. Sin embargo, lo hacemos porque todavía no vivimos en un mundo equitativo y justo.

El activismo contra la violencia, todavía hoy es un eco que nos debe llegar. Desafortunadamente, cada vez se incrementa más la violencia hacia las mujeres, a pesar de que constituimos el 52 por ciento de la población y no es justo que las mujeres pierdan la vida en manos de la otra población, que es el 48 por ciento, que son sus padres, sus hijos, sus esposos, sus vecinos.

Este hecho tan lamentable se expresa en la vida cotidiana y social, por ello, las acciones a que estamos obligados y obligadas a desarrollar deberán tener carácter urgente.

De acuerdo con el INEGI, 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido un acto de violencia y 7 feminicidios suceden al día. La violencia contra las mujeres, que tiene como origen la discriminación por el hecho de ser mujeres y ejercer sus derechos. Entendemos que el feminismo no solo va dirigido a atender las políticas contra el feminicidio, sino que también el feminicidio va dirigido a destruir. Además, es un delito contra bienes jurídicos esenciales de la persona, la dignidad, la libertad sexual, la decisión, la autoestima.

De ahí la importancia de reconocer y sancionar como un delito grave que atenta contra la sociedad. Es un logro la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo, los hechos nos han demostrado que debemos ir más allá; que debemos avanzar en el reconocimiento y goce de nuestros derechos en pie de igualdad con los hombres.

Requerimos un programa urgente para detener la violencia contra las mujeres, que abarque las áreas educativa y cultural para revertir la desvalorización y además un verdadero acceso a la justicia para erradicar la impunidad. Ello requiere que en la vida cotidiana todos los días trabajemos en la calle, en los hogares, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en este espacio legislativo. Todos son un caldo de cultivo para la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida es el extremo de ella.

Este día recordamos el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero también recordemos la obligación del Estado en prevenir, erradicar y sancionarla. Y celebramos a las que nos han precedido en la lucha contra esta discriminación.

Reconocemos su legado con honor, con mucho agradecimiento, aceptando el compromiso de continuar la lucha para exigir un mundo más justo para las mujeres y para los hombres. Nos necesitamos mutuamente. Muchas gracias.

«Efeméride con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 25 de noviembre fue establecido desde 1981 como Día Latinoamericano para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es hasta 1999 que la ONU lo declaró como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en nombre de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas por el dictador Trujillo en República Dominicana, por atreverse a manifestar sus ideas políticas y decir no a los requerimientos de acoso sexual del mismo dictador a una de ellas.

Además la ONU ha impulsado a desarrollar 16 días de activismo contra la violencia de género y recientemente hace un llamado a que todos los días 25 de cada mes vistamos una prenda color naranja para difundir este activismo.

Las activistas no dejamos de usar el color morado como símbolo del feminismo y creemos que este reconocimiento por la ONU es un reconocimiento de las acciones que se han realizado en la lucha contra la violencia.

Siempre pienso que no deberíamos tener días para recordar el activismo contra la violencia, pero desafortunadamente, cada vez se incrementa; las mujeres constituimos el 52 por ciento de la población, no es justo que estén perdiendo la vida en manos del 48 por ciento de la población que son sus padres, parejas, esposos, hijos o vecinos.

Este hecho tan lamentable se expresa en la vida cotidiana y social, por ello, las acciones que estamos obligadas a desarrollar tienen carácter urgente. De acuerdo con el Inegi, 63 de cada 100 de las mujeres de 15 años o más han sufrido un acto de violencia; y suceden 7 feminicidios por día. La violencia contra los que tiene como origen la discriminación por el hecho de ser mujeres y ejercer sus derechos. Entendamos que el feminicidio atenta y va dirigido a destruir, además es un delito contra bienes jurídicos esenciales de la persona: dignidad, libertad sexual, de decisión, es decir, la autonomía.

De ahí la importancia de reconocerla y sancionarla como un delito grave que afecta a la sociedad.

Es un logro la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo, los hechos han demostrado que necesitamos como mujeres avanzar en el reconocimiento y goce de nuestros derechos en pie de igualdad con el hombre.

Requerimos un programa urgente para detener la violencia contra las mujeres, que abarque las áreas educativa y cultural, para revertir la desvalorización de las mujeres, pero además se requiere un verdadero acceso a la justicia para erradicar la impunidad de la violencia cotidiana que las mujeres viven en las calles, hogares, lugares de trabajo y escuelas, que es caldo de cultivo para la violencia feminicida, que es el extremo de la violencia.

Este día recordamos el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y la obligación del Estado de prevenir, erradicar y sancionar la violencia, y celebramos a las que nos han precedido en la lucha contra la discriminación, reconocemos su legado con honor y agradecimiento, aceptando el compromiso de continuar la lucha para exigir un mundo más justo para las mujeres y para los hombres.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Tiene ahora la palabra la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Concepción Villa González:Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras. Otro año más en el que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, declarado como tal en 1999 por la Asamblea General de la ONU.

Este día es necesario reflexionar y recapacitar sobre la responsabilidad que como legisladoras y legisladores debemos asumir, ya que la violencia de género, siendo un delito impune, consecuencia de la discriminación tanto en leyes como en la práctica, así como por la persistencia de desigualdades por la razón de género.

Según Naciones Unidas, 70 por ciento de las mujeres alrededor del mundo sufren violencia en su vida. La encuesta nacional de INEGI nos dice que 46 de cada 100 mujeres sufren algún tipo de violencia. Revela que 11 por ciento de mexicanos, hombres y mujeres, justifica los golpes que se propinan a una mujer.

Destaca que 13 de cada 100 mujeres de México han sido golpeadas, amarradas, pateadas o han sido objeto de ahorcamiento u asfixia o agredidas con armas por sus parejas. Además a siete de cada 100 les ha exigido y forzado a tener relaciones sexuales.

Estas cifras son alarmantes pues reflejan profundos problemas que venimos arrastrando como sociedad, y lo más triste es que son muchos los que perciben esta realidad como aceptable.

Sentimientos de impotencia, coraje y dolor son los que producen esta problemática y a pesar de los esfuerzos de muchas mujeres organizadas, sigue presentándose sin ninguna señal de justica y entonces nos preguntamos ¿Por qué no hemos podido erradicar la violencia contra las mujeres y niñas?

Tenemos hoy la obligación de exigir a las autoridades que cumplan con sus funciones y que garanticen de forma efectiva la seguridad y protección de ellas. Mientras las autoridades federales, locales y municipales no terminen con la impunidad que impera en este aspecto, seguirá siendo una quimera para la mayoría de las mujeres y especialmente para las que se encuentran en estado de pobreza, en que se respeten sus derechos para garantizar una vida precisamente en la que no exista violencia de ninguna clase.

Ser mujer no puede continuar siendo una experiencia asociada a la desigualdad, la discriminación ni la violencia. La responsabilidad de que nazca y crezcan niñas en un ambiente seguro, de que tengan acceso a una vida y educación en la posibilidad de ser algún día mujeres independientes emocionalmente y económicamente, es una tarea fundamentalmente de todos y de todas.

Los diputados y diputadas de Morena demandamos se dé un alto a esta violencia. No más feminicidios, no más golpes, no más abusos ni homicidios. Las mujeres merecemos ser respetadas. Todas queremos ser libres y tener una vida digna. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada, deseándole que se mejore pronto.

Saludamos la presencia de vecinos de la zona de San Marcos, provenientes del municipio de Chalco, estado de México, invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a San Lázaro.

Tiene ahora la palabra la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz:Con su venia, presidente. Compañeras y Compañeros diputados, “la violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación, no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura”. Charlotte Von.

Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra la mujer es el acto más antinatural que puede existir, pues atentar contra una mujer, es atentar contra la humanidad.

La violencia de género se manifiesta de diferentes modos: física, sexual, psicológica y la más común, económica, presentando varias facetas como el acoso sexual o la trata de personas.

La parte más crítica del problema, es que en su mayoría proviene del núcleo familiar, y es producto de los roles de género, de concepciones culturales fuertemente arraigadas como el machismo que es necesario erradicar.

INEGI señala que en México, 63 de cada 100 mujeres, de más de 15 años, han padecido violencias o abuso por parte de su pareja o cualquier otra persona cercana. La propia ONU calcula que en promedio 7 mujeres al día mueren producto de la violencia de género, y en algunas partes del mundo se práctica todavía la ablación o mutilación de clítoris, práctica terrible.

La violencia de género no siempre es visible, pues no sólo golpes, insultos, agresiones sexuales, sino que también está en las ofensas y las tareas de acuerdo al rol socialmente aprobada, que muchas veces no son identificadas como tales y han migrado a otros espacios como la ciberviolencia, practicada en las redes sociales.

En el Partido Verde Ecologista reconocemos los avances, pero es necesario continuar trabajando para erradicar y prevenir la violencia de género, creando acciones de combate a esta pandemia social.

Quiero mencionar a las precursoras que abrieron brecha en contra de este mal que afecta la humanidad como son, Concepción Arenal, Margarita Nelken y la ilustre mexicana Laurena Wright. Hoy estamos aquí para ponerle fin a la barbarie primigenia, la violencia de género. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Galico. Tiene ahora la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, diputada Contreras.

La diputada Maricela Contreras Julián:Muchas gracias, diputada. Con el permiso de la Presidencia, hoy coloco este moño naranja en la máxima tribuna de la nación porque estamos posicionando los grupos parlamentarios con respecto a las maneras que tenemos que buscar para erradicar la violencia hacia las mujeres en todas las etapas de su vida, en todas las etapas de nuestra vida.

La violencia que se ejerce contra nosotras las mujeres no es una problemática que sólo se constriñe a las agresiones físicas, psicológicas, sexuales o la manifestación más extrema que lleva a privarnos de la vida.

La violencia de género es una cuestión de arraigo en la sociedad, donde la cultura y las instituciones observan como normal esta forma de vulneración de nuestros derechos, de nuestras personas y que raya muchas veces en la indiferencia del Estado para su erradicación.

Esa invisibilidad es notoria en todos y cada uno de los discursos y pronunciamientos, que sin fin de acciones, que son buenos propósitos de nuestros gobiernos para poner fin a la violencia hacia las mujeres.

No podemos soslayar que han existido avances muy importantes en leyes y políticas instrumentadas gracias a suma de esfuerzos de muchas mujeres desde el movimiento feminista, las organizaciones sociales, la academia o desde los espacios de toma de decisiones, como son el ámbito Judicial, el Ejecutivo y, por supuesto, el reconocimiento de este Poder Legislativo, de sus Comisiones de Equidad de Género, primero, y ahora de Igualdad, así como de las Comisiones Especiales de Feminicidios, que han trabajado de manera muy ardua en este Congreso para tener leyes que nos permitan una operatividad del Ejecutivo mejor.

Debemos decirlo, mujeres, hemos logrado lo que hemos logrado muy a pesar de los intentos para detener esa agenda de derechos, peor también a la suma de hombres que se han concientizado sobre el principio de igualdad de género que los involucra y beneficia también.

Sin embargo, aun con los avances existe una resistencia al cambio ideológico institucional y cultural que se empecina en negar nuestros derechos, en construir un mundo igualitario, ese mundo del 50-50 y que es indiferente ante la violencia que cobra la vida de muchas mujeres en el mundo y en nuestro país, en nuestras comunidades, y que se manifiesta en diversos actos que laceran nuestra dignidad.

Prevenir y atender y poner fin a la violencia de género no es un asunto exclusivo de un gobierno, tienen que estar todas la instancias de gobierno, pero también todas las representaciones políticas, no es una cuestión de color.

La muerte y el asesinato y la violencia de las mujeres se ejercen en todos los municipios de la república mexicana. Las muertes de mujeres, las violaciones sexuales, las agresiones físicas, los atentados contra nuestra integridad no distinguen colores de partidos de un gobierno en el poder, ya sea municipal, estatal o federal.

Y siempre me pregunto ¿En dónde fallamos cuando hemos logrado tener estas leyes? Donde fallamos cuando en todos lados existe esta violencia hacia las mujeres, y digo que es responsabilidad de todos los ámbitos de gobierno, es obligación de cualquier gobernante y de cualquier persona en la actividad política, respetar la vida de la mujer, no alentar las agresiones físicas ni verbales, no menospreciar nuestros derechos y, sobre todo, reconocer que tenemos una realidad que nos violenta.

El reconocimiento de esta realidad nos permite tener acciones que encaminen a su abolición. Desde la violencia política, y esa hay que reconocerlo en los partidos políticos. También la violencia obstétrica, la violencia feminicida, la violencia del estado, las desapariciones forzadas, la negación de la justicia, la represión política, la tortura, los desplazamientos forzados, las violaciones sexuales y todas las manifestaciones que se acumulen en las cifras que escuchamos a propósito del 25 de noviembre.

Todas estas son responsabilidad de todos y de todas, de los gobiernos y de la sociedad. Tenemos que buscar el cambio, tenemos que transformar nuestra mentalidad y nuestra cultura. Nuestro grupo parlamentario ha propuesto que podamos crear un órgano legislativo que se encargue precisamente de visibilizar y atender todas esas manifestaciones de violencia hacia las mujeres y que constituyen conductas delictivas.

Hacemos un respetuoso llamado para que el Poder Legislativo ponga el ejemplo y avance en la creación de la Comisión Especial de delitos cometidos en razones de género, la cual tendrá la encomienda fundamental de articular los esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres como un asunto de Estado.

Hoy, el llamado del Partido de la Revolución Democrática, en esta soberanía, para todas las fuerzas políticas aquí representadas, es el impulsar un cambio institucional cultural e ideológico que ponga fin a la violencia hacia las mujeres.

Es momento de las causas, de defender los principios, de recuperar los valores de una sociedad donde el tejido social se ha desbaratado por las espirales de violencia, de pobreza y por la falta de respeto de nuestros derechos humanos.

Poner fin a la violencia contra las mujeres es nuestra responsabilidad, es un tema de dignidad y debiera ser un asunto del Estado mexicano. No más violencia contra las mujeres. Ni una más. Nos queremos vivas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Contreras. Tiene ahora la palabra la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Janette Ovando Reazola:Con su permiso, señor presidente. Buen día, compañeros y compañeras. Teníamos dos opciones, estar calladas y morir, o hablar y morir, y decidimos hablar. Malala, Premio Nobel de la Paz.

El 8 de mayo de 2011, después de salir de una convivencia en la ciudad de donde soy originaria, tuvimos que detener el automóvil porque había un vallado de la Policía Municipal. En ese momento era regidora del municipio de San Cristóbal y tuve que bajar de mi vehículo y preguntar qué situación era la que detenía el tráfico.

En la plaza de ese municipio, en alguna iglesia de ese municipio, se encontraba en el piso una mujer de la cual salía sangre, y recuerdo perfectamente que vi sus zapatos tirados y vi su bolsa, con unos papeles dentro.

Días después supimos que Reina María, como ella se llamaba, madre de dos niños. Ese día llevaba en la mano los papeles de la orden de restricción del Ministerio Público que le impedía a su agresor, quien la venía acosando durante mucho tiempo atrás. El Ministerio Público había ordenado la orden de restricción para que él ya no se acercara. Ese día en la tarde Reina María había sido asesinada por el mejor amigo de su pareja y de quien ahora tenía la orden de restricción. Esos hechos, compañeros y compañeras, marcaron en lo particular la historia de su servidora.

Considero que hemos hablado de las fechas, que hemos dicho mucho de números y ahora el INEGI nos ha presentado que la mayoría de las mujeres de este país sufren violencia. La mayoría de las mujeres de este país hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por una situación de violencia.

La vergüenza ha sido, muchas de las veces, la que ha impedido que las mujeres, no importando de qué nivel político o de qué nivel cultural seamos, hablemos de la situación que nos ocupa.

Somos violentadas las mujeres del campo, somos violentadas las mujeres indígenas, somos violentadas aún las mismas diputadas federales, cuando nosotras hemos vivido violencia política, una violencia que ahora también tiene que ser hablada.

Las mujeres por mucho tiempo olvidamos que también éramos seres humanos y olvidamos nuestro valor, nuestra dignidad y lo importante que somos en la construcción de la nación mexicana.

Se ha dicho de las mujeres que no valemos nada. Hoy decimos que somos el corazón y el alma de este país. Cuando se nos calla, se está callando al corazón que palpita, al corazón que siente las necesidades de nuestro pueblo. El corazón de México está en sus mujeres.

Se ha dicho de las mujeres mexicanas, se ha dicho mucho de ellas, pero hoy yo quiero decir que somos valientes, que no importamos de dónde vengamos tenemos algo que decir. Que las mujeres del norte del país, que las mujeres del sur del país, que las mujeres del centro del país no nos dividimos en partidos políticos. Sentimos y pensamos y estamos hoy aquí, haciendo uso de la tribuna para llamar la atención de la sociedad.

No toleramos una más que sufra, no toleraremos que la violencia, que incrementa de punto a punto, llegue hasta su máxima expresión, como ha sido el feminicidio, porque la violencia empieza con una broma hiriente, la violencia empieza con algo que no percibimos y ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo violentadas.

El que se nos ignore, el que se nos mienta, el que se nos cele, el que se nos culpabilice, el que se nos descalifique, el que se nos ridiculice, el que se nos humille, el que se nos intimide, el que se nos quiera controlar, el que se nos quiera usar, eso significa violencia y llega en su máxima expresión, hasta la muerte de nuestras compañeras.

El día de hoy vengo a decirles, que desde donde estemos nosotras, desde donde nos toque legislar, las mujeres pusieron esperanza en nosotros, las mujeres votaron por nosotros esperando que en esta legislatura hubiera un resultado diferente.

Compañeras y compañeros, esperamos que en las próximas conmemoraciones de esta fecha tengamos hombres en esta tribuna pudiendo hablar a favor de las mujeres y mostrándonos, con resultados legislativos, que se encuentran con nosotros y que somos una sociedad justa. Dijimos en la comisión, más amor, menos violencia. Creo que este asunto es más justicia para menos violencia.

Declaremos que en México, en este país habrá justicia para todas las mujeres. No importando su raza, no importando su credo solo por el hecho de ser mujeres. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ovando. Tiene ahora la palabra la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:Con su permiso, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el pasado 25 de noviembre celebramos el Día internacional para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, pero es importante recalcar y reconocer el esfuerzo y la lucha de miles de mujeres que desde hace más de 20 años han sido parte fundamental del movimiento para reconocer los derechos de las mujeres en Latinoamérica.

En 1981 se reúne por primera vez el Encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. Miles de mujeres de toda Latinoamérica tomaron acuerdos referentes a cómo darle solución a los problemas que enfrentaban todas las mujeres de Latinoamérica. Se tomó el acuerdo de emprender acciones y promulgar el día 25 de noviembre como el día de la no violencia hacia las mujeres en reconocimiento de las tres hermanas Mirabal que mis compañeras ya reconocieron hace unos momentos.

Después de este día, en 1999 la Organización de las Naciones Unidas da como declarado a nivel internacional el 25 de noviembre como el Día internacional para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Esto obliga a todos los Estados que forman parte de las Naciones Unidas a emprender esfuerzos conjuntos para erradicar la violencia que más lastima a un pueblo, la violencia que más lastima a una nación, que es la violencia que se ejerce en contra de sus mujeres.

Para el Grupo Parlamentario del PRI es importante recalcar que reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres mexicanas, que sabemos que más de la mitad de este país son importantes para la construcción de un mejor México, y un México en paz, un México con desarrollo sostenido.

De acuerdo con INEGI, en nuestro país más de 60 por ciento de las mujeres sufren de algún tipo de violencia, las mujeres más jóvenes, en edades de 15 a 39 años somos las que más sufrimos ataques de violencia en cualquiera de sus modalidades en todos los diferentes estados de nuestro país.

Por eso es importante comentar también que nuestro Grupo Parlamentario del PRI celebra los esfuerzos realizados por el gobierno de la República, porque son esfuerzos que van dirigidos a erradicar la violencia en contra de las mujeres a nivel nacional. Cuando se dice que no se ha hecho nada, cuando se dice que no se ha avanzado, en realidad es que no conocemos la información.

Reconocemos que la violencia es el peor de los males en nuestra sociedad y que el gobierno de la República ha puesto como política nacional el erradicar la violencia en contra de las mujeres con diferentes esfuerzos. Para iniciar, por parte de la Secretaría de Gobernación, con el Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres.

Al día de hoy contamos con 26 centros de justicia para las mujeres en diferentes estados del país. Contamos con una línea telefónica 01800, que da auxilio y atención integral a las mujeres. Hoy es importante para los diputados del PRI que quede esto muy claro.

Reconocemos cada uno de los diferentes esfuerzos y estamos conscientes de que hace falta más. Estamos conscientes de que desde este recinto legislativo las diputadas y los diputados del PRI habremos de caminar en un rumbo fijo que permita a las mujeres de nuestro país que tengan realmente opciones para el desarrollo.

Vamos caminando como diputados en conjunto hacia la igualdad sustantiva, esa igualdad que reconoce la igualdad de trato, de oportunidades y de derecho para todas las mujeres y para todos los hombres de nuestro país.

Cabe señalar que la violencia en contra de las mujeres es una violencia que se da como un efecto coyuntural o como un efecto cultural en nuestro país.

Por eso las diputadas y los diputados del PRI el día de hoy desde esta máxima tribuna del país, hacemos un llamado a todos los mexicanos. Hacemos un llamado a que en nuestras manos está el parar la violencia en contra de las mujeres.

Hacemos un llamado para que digamos ni una más, para que digamos no más violencia en contra de las mujeres, porque realmente erradicar la violencia que nos afecta a más de la mitad de la población requiere de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, de la ciudadanía y de todos los actores políticos.

Gracias, señor presidente. En mis últimos segundos quiero aprovechar para agradecer a las diputadas y a los diputados que unieron esfuerzos en la campaña Más amor, cero violencia, que encabeza la Comisión de Igualdad de Género de este recinto legislativo. Gracias por su solidaridad y gracias por unirse a la campaña. Es cuanto, señor presidente.

«Efeméride con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

Mujeres de distintos países damos vida a la cultura democrática al denunciar la opresión de género y crear una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres.

Enfrentamos la falsa creencia sobre lo inevitable de la violencia, la sacamos del encierro y del silencio, del tabú y de la complicidad.

Marcela Lagarde

La violencia en contra de las mujeres es un problema de grandes dimensiones y graves consecuencias para toda la sociedad, pero, antes que nada, para las mismas mujeres que la sufren. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, las mujeres pierden 9 años y medio de vida saludable, en promedio mundial, por causa de la violación y la violencia doméstica. Esto significa que a nivel mundial, estas formas de violencia en contra de las mujeres, que no son las únicas, tienen efectos más negativos sobre la salud de las mujeres que todas las formas de cáncer (9 años), los accidentes de tránsito (4.2 años), las guerras (2.7 años) y la malaria (2.3 años).

Según la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se entiende por violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex esposo o ex pareja, o novio) durante su última relación; 4 de cada 10 mujeres (43.1 por ciento ) han sufrido violencia emocional, ya que han sido humilladas, menospreciadas, encerradas, les han destruido sus cosas o del hogar, vigiladas, amenazadas con irse la pareja, correrlas de la casa o quitarle a sus hijos, amenazadas con algún arma o con matarlas o matarse la pareja; 2 de cada 10 (24.5 por ciento) han sufrido violencia económica, ya que han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, etcétera); 14 de cada 100 (14.0 por ciento) ha sido víctima de violencia física, ya que su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma; asimismo 7 de cada 100 (7.3 por ciento) ha padecido violencia sexual, ya que les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer cosas que no les gustan.

Por otro lado, y según la encuesta de referencia, de todas las mujeres de 15 años y más que alguna vez han trabajado, 14.9 por ciento han recibido violencia laboral, ya que les han solicitado el certificado de ingravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o por embarazarse las han despedido, no les renovaron contrato o les bajaron el salario, no obstante que la legislación laboral lo prohíbe que alguna vez, de la misma forma 20.6 por ciento declaró haber sufrido algún incidente de discriminación laboral en los últimos 12 meses, ya sea por recibir un menor sueldo que el de sus pares hombres bajo las mismas condiciones de trabajo, tener una menor oportunidad de ascenso o menos prestaciones que un hombre con el mismo nivel; o bien, que debido a su edad o estado civil le han bajado el salario, despedido o no la contrataron.

Por lo que respecta al ámbito comunitario la violencia en contra de las mujeres se manifiesta con agresiones psicológicas, físicas y sexuales perpetradas tanto por conocidos (amigos, vecinos, etcétera) como por desconocidos (extraños, policías o militares, etcétera). Para el caso de esta violencia 26.1 por ciento de las mujeres solteras sufrieron algún evento durante el año previo a la entrevista; 13.2 por ciento de las separadas, y 11.7 por ciento de las casadas. En conjunto, 15.5 por ciento de todas las mujeres de 15 años y más de edad sufrieron al menos un evento de violencia comunitaria durante el último año. Considerando todos los eventos a lo largo de la vida, esta cifra se eleva a 31.7 por ciento.

Finalmente y en referencia a la violencia patrimonial, que se entiende como la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer, la han vivido 3.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más, siendo las alguna vez unidas con el porcentaje mayor (7.9 por ciento).

Este fenómeno es un problema que no tiene fácil solución, y que debe ser abordado desde múltiples perspectivas que en ella convergen, como lo son las sociales, culturales, económicas, jurídicas y psicológicas, entre otras, para incidir en el logro de la erradicación de este flagelo que lastima a nuestra sociedad. Dicha violencia constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, como se reconoce en las Estrategias de Nairobi, orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en las que se recomendó un conjunto de medidas integrales encaminadas a prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, y también para la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Es un deber señalar que la violencia dirigida en contra de la mujer se agrava cuando ésta pertenece a minorías, es decir; cuando son mujeres indígenas, refugiadas, migrantes, indigentes, con discapacidad, las niñas, las recluidas en diversas instituciones como penitenciarias, psiquiátricas y médicas, las mujeres que viven en comunidades rurales o remotas, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado.

Debido a esta situación de vulnerabilidad respecto de la violencia, las mujeres y las niñas no pueden acceder plenamente al ejercicio de sus derechos humanos ni sus libertades fundamentales por lo que su desarrollo se ve comprometido.

En este contexto histórico la Organización de las Naciones Unidas ha hecho progresos importantes en la lucha por la erradicación de la violencia en contra de la mujer, misma que se ha plasmado en diversos documentos vinculantes para los países miembros como: la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Es así que el 17 de noviembre de 1999 la Organización de las Naciones Unidas en su resolución número 54/134 7 acordó designar el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como una forma de conmemorar y denunciar la violencia que sufre la mujer en todos los ámbitos, esta fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato (ordenado en 1960 por el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo) de las tres hermanas Mirabal: Patria Mirabal Reyes, Minerva Mirabal Reyes, y María Teresa Mirabal Reyes, activistas del movimiento insurgente que surgió en la Republica Dominicana.

El fenómeno de la violencia en contra de la mujer es una violación a los derechos humanos, que está anclada en la construcción vertical y jerarquizada de la sociedad, donde la diferencia siempre ha implicado desigualdad en detrimento de las mujeres.

Por ello conmemorar este día es rendir homenaje a las hermanas Mirabal Reyes, es rendir homenaje a todas las personas que han contribuido y que contribuyen a la eliminación de la violencia en contra de las mujeres; pero además de ello, es necesario tomar plena conciencia de este flagelo y emprender actividades, para que cada actor social, desde su ámbito, emprenda las acciones necesarias para lograr erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Notas:

1. Datos tomados del Banco Mundial, 2003, disponible en http://datos.bancomundial.org

2. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx

3. Fuente de la información 2011: Inmujeres con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Bases de datos publicadas el 29 de julio de 2013, ajustadas a las Proyecciones de la Población en México que el Consejo Nacional de Población actualizó el 16 de abril de 2013.

4. Ibídem .

5. Ibídem .

6. Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de julio de 1985 (publicación de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134

7. Disponible en

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Plascencia. Sonido en la curul del diputado Jesús Valencia, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán(desde la curul): Señor presidente, solo para sumarme e invitar a mis compañeros diputados a que nos sumemos a esta lucha contra la violencia de las mujeres, especialmente la violencia contra las niñas. Compañeras diputadas, la lucha de ustedes también es nuestra lucha. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia.

Saludamos la presencia de estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad de León, plantel San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por el diputado Timoteo Villa Ramírez. También la presencia de estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Partenón de Cozumel, Quintana Roo, invitados por la diputada Arlet Mólgora Glover. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes.

DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con motivo del Día de la Armada de México. Se han registrado diversos compañeros diputados para referirse al tema en representación de sus grupos parlamentarios. Tiene la palabra el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por cinco minutos.

El diputado Ángel García Yáñez:Día de la Armada de México. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la responsabilidad del Estado es brindar seguridad a los mexicanos en todo el territorio nacional, el cual también incluye el territorio náutico. Sabemos que gran parte de nuestra riqueza como país, la tenemos en el mar, por ello debemos cuidarlo y resguardarlo desde todos los ámbitos.

La Armada de México es la institución encargada de la vigilancia, protección y salvaguarda de las costas, mar territorial, Zona Económica Exclusiva y el espacio aéreo marítimo de México.

Desde 1991 se instituyó el 23 de noviembre como el Día de la Armada de México, conmemorando que en esta fecha la entonces reciente creada Marina de Guerra Mexicana, logró hacer efectiva la rendición de tropas españolas que resistían en el fuerte de San Juan de Ulúa, consolidando la independencia nacional.

Se fortaleció a partir del primero de julio de 1897 con la creación de la Escuela Naval Militar, en la ciudad de Veracruz. A diferencia de los primeros años del México independiente, ahora la institución es más fuerte, sólida y ha demostrado siempre el compromiso histórico de salvaguardar la seguridad del país.

No solo se ha velado por la integridad en nuestros mares, sino también ha desempeñado una importante labor de auxilio a las víctimas en casos de desastres naturales y ha tenido un papel crucial en la lucha por la seguridad interior de México.

La situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa gran parte del país, ha llevado a los elementos de la Armada de México a realizar funcione de seguridad pública. Sabemos del papel que ha llevado a cabo en terreno de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que día a día genera violencia, inseguridad y zozobra entre los ciudadanos.

Si bien México ha tenido gran transformación en los valores de solidaridad y profesionalismo de la Armada de México, se han mantenido intactos. En Nueva Alianza hacemos un reconocimiento a la labor y a la entrega de la Armada de México por su esfuerzo para que el país mantenga la paz social que requiere. Estamos convencidos que contamos con una institución que en todo momento ha demostrado su lealtad irrestricta, servicio a la patria y solidaridad por el pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García.

Saludamos la presencia de un grupo de alumnos de la Preparatoria Anexa a la Normal de Jilotepec, estado de México, invitados por el diputado Edgar Castillo Martínez. Bienvenidos, bienvenidas amigos.

Tiene ahora la palabra el diputado Jonadab Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por cinco minutos.

El diputado Jonadab Martínez García:Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. Efectivamente, el día de hoy, un día conmemorativo para México y no un día normal y cotidiano, sino el día tan importante como hoy, este día de noviembre, fecha memorable que la recién integrada marina de guerra mexicana logró hacer efectiva la rendición de las tropas españolas que se resistían a reconocer la independencia de México, misma que estuvieron atrincheradas por espacio de varios años en la fortaleza de San Juan de Ulúa.

El puerto de Veracruz fue testigo y fue escenario principal de estos acontecimientos, especialmente de las fuerzas ya mencionadas de Ulúa.

El 28 de septiembre de 1821 –solamente para llamar a la reflexión– fue un día después de que Agustín de Iturbide entrara triunfalmente a la Ciudad de México, se proclamó oficialmente la Independencia en ese entonces.

En Veracruz, se encontraban aún presentes tropas españolas al mando del brigadier José María Dávila, gobernador del puerto en ese entonces, quien se negó a reconocer la Independencia de México.

En espera de instrucciones procedentes de La Habana, Cuba, el 26 de octubre de 1821, Dávila decidió trasladarse a la fortaleza de San Juan de Ulúa, y desde ahí efectuar esa resistencia. Al mando de 200 soldados de la guarnición, tomó la artillería que necesitaba e inutilizó la que no podía llevar, tomando además 90 mil pesos de la Tesorería del aquél entonces municipio, ayuntamiento, ya que en la fortaleza y en ésa izo la bandera de México. Al enterarse de las intenciones de Dávila, Agustín Iturbide ya investido del título de almirante designó al general Manuel Rincón como comandante de la plaza veracruzana el 27 de octubre de ese mismo año de 1821.

En la fortaleza Dávila recibía apoyo procedente de La Habana y de España, logrando así reunir más de 2 mil hombres además de algunas piezas de artería y armamento. Cabe mencionar que, recién consumada la Independencia, Iturbide aprobó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, designando a Antonio de Medina Miranda como el primer ministro del Estado del Despacho de Guerra y Marina.

Además, el almirante también llamado generalísimo ordenó la formación de un batallón de infantería de Marina y la adquisición de los barcos necesarios para la construcción de la hoy honorable Armada de México.

Después de más de tres años de la toma de Ulúa por parte de esas tropas españolas, al quedar desamparada la escuadra que venía auxiliando el brigadier José Coppinger, no tuvo otra salida más que la capitulación del fuerte, cuya acta fue firmada el 17 de noviembre de 1825, y para el día 23 fue arriada en el Castillo la bandera española. Esa gesta heroica fue realizada por el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y de los hombres que comandaba.

México hoy y este honorable Congreso de la Unión reconoce el valor y, por encima de todo, el trabajo del general Miguel Barragán, quien hizo el Pabellón Nacional y ordenó una triple salva de 21 cañonazos, quedando registrada en esta fecha como la capitulación de Texcoco, Orizaba, Campechana, Zumpango, Tampico, Papaloapan y Tlaxcalteca.

Así fue como se formó la primera escuadrilla que actuó en el bloqueo de San Juan de Ulúa. Fue entonces que hasta el 21 de noviembre de 1991 por decreto presidencial y que hasta el día de hoy conmemoramos como el Día Nacional de la Armada de México.

A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano desde esta tribuna le mando la felicitación, el reconocimiento y respeto a la honorable Armada de México por su trabajo no solamente en luchas, como ésta que acabo de describir, sino en la lucha que hace día a día ayudando cuando hay tragedias, cuando hay problemas con la naturaleza en cualquier rincón de este país. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, por cinco minutos.

El diputado Alfredo Basurto Román:Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Con su permiso, señor presidente de la Mesa Directiva. Hoy es del conocimiento para todos ustedes que el 23 de noviembre se conmemora el Día de la Armada de México. Los que me han antecedido en el uso de la voz han enmarcado algunos antecedentes históricos, algunos datos importantes.

Como una vez que fue consumada la Independencia, Iturbide aprobó la creación del Ministerio de Guerra y Marina. Este cuerpo de marinos sabemos la función tan importante que desempeñaron con la defensa del territorio nacional con la invasión de fuerzas extranjeras.

El 1 de julio de 1897, fue cuando se creó por primera vez la Escuela Naval Militar y, desde luego, por los antecedentes históricos que estos representan se fundó y se creó en Veracruz. Mas sin embargo en el constituyente de 1824, me llama la atención los argumentos, el posicionamiento de dos congresistas en voz del diputado Portugal y de Crescencio Rejón. Esos parlamentarios hacían una crítica constitucional, parlamentaria y jurídica hacia el Ejecutivo de la época de 1824, que no se podía permitir y dar facultades al Ejecutivo Federal que utilizará por sí mismo la disposición de las fuerzas armadas. Tema si ustedes lo ven muy acorde a la realidad política que estamos viviendo.

Ellos decían que era un peligro para la nación que el Ejecutivo por sí mismo, y facultades propias, dispusiera de este cuerpo tan importante para México. ¿Ellos qué decían y qué solución le daban a sus posicionamientos? Mismos que los retomo y los hago íntegros ante esta soberanía popular. Ellos dentro de sus argumentos decían que se debería tener la aprobación del Congreso constituido por sus dos Cámaras; es decir, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados compañeros.

Creo que el discurso político y el posicionamiento es muy acorde, yo también haría el mismo llamamiento al presidente de la República, que para que disponga de las Fuerzas Armadas en México se tenga el aval, o incluso la autorización de esta soberanía popular, compañeros. Sin embargo, el orden normativo constitucional no lo permite así. Es cuestión de hacer modificaciones a nuestro marco jurídico soberano y constitucional.

Y, ¿por qué lo vemos peligroso? Miren, los últimos años, los últimos días vemos precisamente con el tema que se antecedió en la violencia contra la mujer, pues creo que la violencia la estamos padeciendo todos los mexicanos.

El haber sacado tanto a los militares como a los marinos de sus cuarteles, de sus zonas navales, no ha sido la solución en México, compañeros, para que la delincuencia y los índices de criminalidad disminuyan, al contrario, hay especialistas penalistas y constitucionalistas que establecen que las tasas de índice de criminalidad han ido en aumento. Ahí vemos lo peligroso y lo riesgoso que metamos a nuestro cuerpo de marinos a realizar funciones de policías, pues los tenemos en las comunidades, en las calles, haciendo funciones de policía municipal.

Debemos darle una facultad a este Congreso de la Unión para que revisemos y realmente determinemos y le pongamos candados al presidente de la República para que no disponga de una manera deliberante de los cuerpos armados de México, compañeros. Creo que es tiempo que estudiemos y analicemos lo riesgoso que está siendo este tema.

Es por ello que hago más que nada esa crítica, creo que son dos instituciones, tanto la Defensa como la Marina, que han engrandecido mucho al país de México, pero desafortunadamente con el último actuar se está demeritando mucho su función, compañeros. Pongamos atención, reformemos y actuemos lo que tengamos que hacer, por el bien de México. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto.

Saludamos la presencia de alumnos de la licenciatura en derecho del Centro Universitario de la UAEM, plantel Atlacomulco, invitados por el diputado Fidel Almanza Monroy. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes.

Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Alberto Torres Rivas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, por cinco minutos.

El diputado Francisco Alberto Torres Rivas:Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Nuestro país, en términos marítimos, cuenta con una posición geográfica privilegiada, ya que está rodeado por dos de los océanos más importantes de nuestro planeta: el Pacífico y el Atlántico. Además de contar con una superficie marítima de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados en su zona económica exclusiva.

México, al ser un país ribereño, necesita tener una presencia real en el mar, con el objeto de mantener abiertas sus líneas de comunicación marítimas, garantizar la libre circulación en mercaderías y personas, proteger y explotar las riquezas del mar de su lecho y subsuelo, así como emplear el mar en el orden político internacional.

Ese sentido, la Armada de México es la institución mexicana que tiene la difícil y compleja tarea de la vigilancia, protección y salvaguarda de las costas, mar territorial, zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo mexicano.

Año con año se celebra cada 23 de noviembre el Día de la Armada de México, ya que en dicha fecha la recién creada Marina de Guerra Mexicana logró la expulsión del último reducto español que resistía en el fuerte de San Juan de Ulúa, con esta gesta se culmina la independencia de nuestro país.

Pero esta no es la única ocasión que la Armada de México participó en defensa de nuestro territorio, en abril de 1914 el Puerto de Veracruz sufrió una nueva invasión norteamericana y en esta ocasión cadetes y voluntarios lucharon heroicamente en contra de los invasores.

En la actualidad, la Armada de México tiene la misma misión, pero se enfrenta a nuevas amenazas, entre esas amenazas está el narcotráfico, el terrorismo, el sabotaje, la piratería y los desastres naturales.

Los narcotraficantes, quienes las últimas décadas se han dedicado a trasladar por nuestras aguas territoriales grandes cantidades de droga hacia su destino en la Unión Americana, para evitar lo anterior y con la finalidad de hacerle frente de la mejor manera, la Armada de México cuenta con experimentado personal naval, el cual está equipado con aparatos de última tecnología como son patrullas oceánicas interceptoras y de vigilancia costera.

Asimismo, los piratas modernos constituyen otra amenaza importante. Estas bandas delictivas utilizan embarcaciones rápidas y armas de fuego de calibre, las cuales imitan las prácticas de los legendarios piratas, buscan obtener ganancias atracando las embarcaciones, secuestrando tripulación e incluso cometiendo homicidios.

De igual manera la Armada de México con el fin de brindar apoyo a la población civil ante alguna contingencia a consecuencia del impacto de fenómenos meteorológicos o desastres naturales, establece el plan Marina, siempre en coordinación con otras autoridades.

Dada la complejidad e importancia de las tareas encomendadas a la Armada de México, esta institución debe desarrollar en forma armónica y equilibrada el poder naval de la federación, actualizando y fortaleciendo su capacidad de respuesta.

Para atender adecuadamente las crecientes necesidades de defensa y seguridad nacional es necesario vigorizar el programa de modernización de la Armada, además de construir la infraestructura necesaria para su conservación y mantenimiento.

Por todo lo anterior, en el Partido Verde ofrecemos nuestro respeto y reconocimiento a una de las instituciones de mayor prestigio y mejor ponderadas por los ciudadanos y hacemos votos para que la Armada de México siga defendiendo nuestra patria en la tierra, en el aire y en el mar. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torres. Tiene ahora la palabra el diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos encontramos plenamente convencidos de que los hombres y las mujeres que integran la Marina Armada de México están plenamente comprometidos con nuestro país y por ello merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Sin embargo, también es menester que expresemos nuestras dudas respecto al desempeño de nuestras fuerzas armadas en general, en específico de la Marina Armada de México.

Desde el sexenio pasado los elementos de la Armada han sido desplegados de manera masiva a lo largo y ancho del territorio nacional, expandiendo sus obligaciones de manera alarmante, porque si bien actúan en combinación con el Ejército y la Policía Federal, coadyuvando con las autoridades estatales y municipales en el mantenimiento presuntamente de la seguridad pública, debemos dilucidar un problema conceptual respecto a sus funciones.

Lo hemos dicho en diversas ocasiones que la delincuencia organizada no constituye más que un problema de seguridad pública. Éste es un problema de seguridad nacional que requiere no solo medidas que contengan la expansión territorial de la delincuencia, sino también medidas preventivas como la detección de las operaciones financieras que esos grupos llevan a cabo para su financiamiento; así como los lazos de protección política con los que cuentan.

De la misma manera y con mucha más urgencia necesitamos que los operativos de la Marina Armada cuenten con medidas previas que prevengan los daños en la población civil, dado que los últimos años hemos visto cómo los operativos que han sido implementados para la captura de ciertos personajes pertenecientes a estos grupos han provocado no solo la muerte de personas inocentes, sino también el desplazamiento interno forzado de muchas poblaciones.

Es indispensable también, compañeros y compañeras, que nuestra Armada tenga, al igual que el Ejército y la Policía Federal, una mayor capacitación en materia de igualdad entre hombres y mujeres, así como en materia de los derechos humanos que deriven en el diseño propuesta de protocolos efectivos para el correcto desarrollo de sus operativos.

El papel de la Marina Armada de México en la construcción del Estado mexicano ha sido histórico. Debemos fortalecer estos aspectos de su actuación diaria para que en aras de la construcción efectiva de un estado de derecho moderno, sus elementos puedan colaborar en la igualdad de circunstancias con todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Hacemos votos por ello y, empeñaremos, nosotros en el PRD, el mejor de los esfuerzos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Tiene ahora la palabra el diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Wenceslao Martínez Santos:Con su permiso, presidente. Emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, así como coadyuvar en el logro de las condiciones de paz y desarrollo de la nación son los pilares que sostienen la razón de ser de la Armada de México y que la sitúan cono una institución baluarte del Estado mexicano.

En esta conmemoración que se desprende de la Batalla por la Toma de San Juan de Ulúa en 1825, el Grupo Parlamentario del PAN le da el reconocimiento y se hace a la labor de la Armada de México. No queda nunca como simple expresión política o en la retórica de los discursos.

Pero el reconocimiento que debe hacerse a una de las instituciones de gran prestigio en nuestro país debe estar acompañado de acciones concretas proclives a honrar y distinguir a quienes tienen el más alto encargo de proteger a la nación.

Reconocimiento por supuesto a los hombres que enarbolan la mayor dignidad de las Fuerzas Armadas, pero queremos también hacer un reconocimiento particular a todas aquellas mujeres de la Marina y de la Armada de México que defienden a México con gran gallardía y coraje y que se han convertido en un ejemplo para todo el pueblo de México.

La Armada de México es una institución que ha servido a nuestro país en las tareas más nobles, pero también más difíciles, como ha sido el apoyo decidido a la población en los casos de mayor dolor como son los desastres naturales.

Hoy día esta insigne institución se encuentra cumpliendo otra labor fundamental del Estado, que es la de brindar seguridad a la población en la primer línea de batalla, y es así porque México está viviendo momentos en los que las decisiones deben ser tomadas con firmeza y las acciones contundentes para devolver la seguridad y la tranquilidad a toda la población.

Nuestro país enfrenta a bandas criminales organizadas y narcotráfico que disponen de un alto poder de acción e influencia para defender sus espacios y actos de impunidad a lo largo de la República; pero es una batalla que se debe de encarar con gran determinación para que las generaciones futuras puedan vivir en un México en paz, lejos de la amenazas a la salud y a la seguridad de las familias.

La Armada de México sabe de estas responsabilidades derivadas del compromiso con la patria, y sus integrantes han dispuesto de su valentía, generosidad, para el logro de estos nobles fines.

El 23 de noviembre de 1991 por decreto presidencial se instauró como el Día de la Armada de México para conmemorar la gesta heroica realizada por el capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda, y de los hombres que comandaba y que con ello contribuyó a la consumación total de la independencia de México.

Desde esta Cámara nuestro más amplio reconocimiento a quienes en el mar y en la tierra se dedican a proteger a la nación en su más amplia concepción. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Carlos Federico Quinto Guillén:Con su venia, diputada presidenta. Con la gesta del 23 de noviembre de 1825, concluye un girón de nuestra historia que nos invita a reflexionar sobre las dimensiones del poder, los valores y la situación política-económica de una nación en los albores de su gestación.

Como ya sabemos, al consumarse nuestra independencia nacional, en septiembre de 1821, las fuerzas del Ejército Realista, con apoyo de su Armada, se acantonaron en el Fuerte de San Juan de Ulúa, para desde ahí acechar a nuestro país asediando al puerto de Veracruz, con lo cual la nación no podía ejercer su soberanía plena.

La lucha que se dio durante años en tierra, ahora debería de continuar en el mar. En ese contexto nació la Armada de México como aquí ya lo hemos escuchado, con limitadas capacidades para arrojar del continente a los últimos restos de la dominación española, así lo informó el ministro de guerra y marina al Congreso Constituyente mexicano en noviembre de 1823, quien además agregó: habiendo cambiado el aspecto de la guerra a la marina, sólo toca consumar esta grande obra y consolidar por siempre la independencia nacional.

A partir de aquí se estableció un bloqueo naval sobre Ulúa, exiguo, hasta que el capitán de fragata, don Pedro Sáinz de Baranda y Borreyro, organizó una escuadra que tripuló con valerosos hombres de la costa de Veracruz y de Campeche.

Esta escuadra se enfrentó a los buques de la Armada Española que traían el apoyo, y la acción que desempeñaron fue percatada por los buques españoles y con ello desistieron del combate y retornaron a La Habana.

Ya sin el apoyo logístico de sus buques, las fuerzas españolas capitularon, precisamente, el 23 de noviembre de 1825. Por fin en San Juan de Ulúa se izó nuestra bandera nacional.

Por primera ocasión el poder naval logró salvaguardar la soberanía en el mar territorial y consolidar por siempre la independencia nacional. En conmemoración a citada fecha se simbolizó como el Día de la Marina. Hoy hombres y mujeres de la Secretaría de Marina, Armada de México, ejercen sus facultades con medios operacionales de tierra, mar y aire a fin de lograr las metas para un México en paz, objetivo toral de nuestra seguridad nacional, así como para proteger los intereses económicos, sociales y estratégicos que se manifiestan a través de todas las actividades desarrolladas en el mar, como la pesca, el transporte marítimo, la construcción naval, etcétera, que en su conjunto constituyen los elementos que forman el poder marítimo de México.

Enarbolando un elevado compromiso de respeto a los derechos humanos con disciplina y sentido de lealtad al servicio de la nación la Armada de México asume su responsabilidad para mantener el Estado de derecho en la mar, dentro de un marco legal nacional y de todos aquellos ordenamientos internacionales de los cuales México es firmante y también para el apoyo del bienestar de nuestros conciudadanos en todo nuestro querido México. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Quinto.

Damos la bienvenida a alumnos docentes y padres de familia de las escuelas primaria María Montessori y Leona Vicario, del municipio de Chicoloapan de Juárez, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidas, bienvenidos, todos ustedes.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al capítulo de la presentación de iniciativas, de reformas. Y tiene la palabra el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica; así como también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33, 47 y 75 de la Ley General de Educación, en una sola intervención. Adelante diputado Moctezuma.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Presento las siguientes iniciativas.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica. En razón del tiempo, me permito someter a su consideración el objeto de la presente iniciativa. Es que las empresas que pretendan otorgar el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica, presenten un esquema de garantías a fin de hacer eficiente el citado servicio. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único. Se adicionan una fracción octava al artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar redactado de la siguiente manera.

Artículo 27. Las condiciones generales para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica que expide la Comisión Reguladora de Energía, tendrán por objeto determinar los derechos y obligaciones del prestador del servicio y del usuario, para lo cual, deberán contener como mínimo, en la fracción octava, garantías en el suministro del servicio.

Con su permiso, señor presidente. La siguiente iniciativa es con proyecto de decreto que reforma los artículos 33, 47 y 75 de la Ley General de Educación. Por lo anterior expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33, 47 y 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos anteriores, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

Fracción 13. Desarrollaran programas tendientes a promover y difundir la erradicación de la violencia y de perspectiva de género, a fin de que los padres de familia apoyen en igualdad de circunstancias los estudios de sus hijos y de sus hijas, y otorgar estímulos e incentivos que permitan que las niñas gocen de igual manera que los niños las oportunidades educativas.

Fracción 14: Realizar las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio deberán establecer –párrafo segundo– En los programas de estudio deberán establecer los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos. Las autoridades educativas pondrán especial cuidado en que los contenidos de los planes y programas den a los educandos una nítida visión del concepto de erradicación de la violencia, igualdad de la personas, de equidad y respeto entre ambos géneros y del significado importancia de los derechos humanos.

Artículo 75. Son infracciones de quienes presenten servicios educativos:

I-XI...

XII. Actuar en contra de lo estipulado en el artículo 42 de esta ley;

XIII. Incumplir cualquiera de los demás preceptos de esta ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

Esto sería cuando a las iniciativas, por lo que solicito a la Presidencia que las iniciativas que he presentado sean inscritas íntegramente en el Diario de los Debates. De esta manera apoyamos precisamente la igualdad de género y la protección de las mujeres. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa en materia de energía al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy en día el consumo de energía eléctrica es una necesidad indispensable. La importancia de la electricidad está en que es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. Las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos, y la mayor parte de los servicios de los hogares, oficinas y fábricas dependen de un suministro confiable de energía eléctrica. A medida que los países se industrializan se consumen cantidades de energía cada vez más grandes, el consumo mundial de energía ha aumentado muy rápidamente en los últimos años, según los estudios realizados el promedio del consumo de electricidad por habitante es alrededor de diez veces mayor en los países industrializados que en el mundo en desarrollo por lo que podemos decir que el consumo de energía eléctrica está ligado directamente al desempeño de la economía de un país.

El consumo mundial aproximado de energía eléctrica a finales de 2009 Según la prospectiva de la Secretaria de Energía, durante el periodo 1998- 2008, el consumo mundial de energía eléctrica tuvo un crecimiento promedio anual de 3.6 por ciento, ubicándose al final de ese periodo en 17 mil 56 TWh de crecimiento anual de consumo de anergia eléctrica de las distintas regiones del planeta.

El crecimiento de la tasa media de crecimiento anual en el consumo de energía eléctrica ha sido impulsado por los países en evolución, especialmente los de Asia en donde el crecimiento económico de los últimos años ha propiciado un efecto de urbanización con cambios organizados y responsables en el consumo.

Desde el punto de vista energético, el consumo en estos países continuará creciendo, como resultado del proceso de maduración en su economía.

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato. Casi inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública.

El 14 de agosto de 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La CFE comenzó a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y la molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades.

Entre 1970 y 1980, centrales generadoras dieron una capacidad instalada de 17 mil 360 MW. Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban varios sistemas aislados, con características técnicas diferentes, llegando a coexistir casi 30 voltajes de distribución, siete de alta tensión para líneas de transmisión y dos frecuencias eléctricas de 50 y 60 Hz. Esta situación dificultaba el suministro de electricidad, por lo que CFE definió y unificó los criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, normalizando los voltajes de operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, reducir sus costos y los tiempos de fabricación, almacenaje e inventariado. Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 Hz y CFE integró los sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional.

La capacidad adicional requerida para atender la demanda de energía eléctrica calculada para los próximos años, se realiza con base en la evaluación técnica y económica de los diferentes proyectos, seleccionando los proyectos de generación y transmisión que logran el menor costo total de largo plazo. Dicho expansión considera el tiempo de maduración de cada proyecto, que inicia con la planeación de una nueva central generadora, el proceso de contratación, construcción y termina hasta su entrada en operación comercial, para lo cual en promedio transcurren de cuatro a seis años, dependiendo del tipo de central y del combustible a utilizar, entre otros factores. En el caso de los proyectos de transmisión se requiere de un proceso que va de tres a cinco años previo al inicio de operaciones de la nueva infraestructura. A pesar de la reducción progresiva que se ha experimentado en el consumo de combustóleo durante los últimos diez años, y de la reducción aún más acentuada que se espera para la próxima década, es claro que representa y seguirá representando por algunos años una fuente significativa de energía primaria; por ello, es conveniente no perder de vista las emisiones contaminantes que se le asocian, especialmente por sus impactos potenciales en la salud humana.

Las empresas que se dediquen a proporcionar el suministro de energía eléctrica, deberán presentar un esquema de garantías, para que se vuelva eficiente la prestación del servicio.

El fin de la presente iniciativa establecer garantías a los prestadores del servicio.

La reforma energética de 2013, promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional basado en principios técnicos y económicos, bajo la conducción y regulación del Estado. Los objetivos de esta reforma energética son los siguientes: Mejorar la economía de las familias: Bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos. Aumentar la inversión y los empleos: Se crearán nuevos trabajos en los próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas habrá cerca de medio millón de empleos más en este sexenio y 2 y medio millones más para 2025, en todo el país.

Se abre un mercado de generación de energía eléctrica sin que el Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable. Lo que se busca es que el sistema eléctrico nacional esté impulsado conjuntamente por la CFE y particulares bajo la conducción del Estado, con el objetivo de reducir costos y elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico, disminuyendo así las tarifas eléctricas. La propiedad de las centrales y las redes de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad, que son públicas, se mantienen en manos de la nación.

Se corrigen las limitaciones del modelo energético para agregar energías renovables a gran escala mediante un mercado administrado por el Estado a través de un operador independiente, y el establecimiento de certificados de energías limpias. Con esto, se promueve la diversificación en la producción de la energía con el uso de energía eólica, geotérmica, hidráulica y mini hidráulica, biomasa y solar.

Adicionalmente, se fortalece la CFE dotándole de mayor libertad en aspectos operativos y de organización, y se refuerzan las facultades de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía.

El objeto de la presente iniciativa es que las empresas que pretendan otorgar el servicio transmisión y distribución de energía eléctrica presenten un esquema de garantías a fin de hacer eficiente el citado servicio.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII del artículo 27, de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 27. Las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica que expida la CRE tendrán por objeto determinar los derechos y obligaciones del prestador del servicio y del usuario, para lo cual deberán contener, como mínimo:

I. a VII. ...

VIII. Garantías en el suministro del servicio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda,Alfredo Bejos Nicolás, Alma Carolina Viggiano Austria, Ana Guadalupe Perea Santos, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Delia Guerrero Coronado, Edgar Spinoso Carrera, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Fabiola Guerrero Aguilar, Fernando Navarrete Pérez, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Jesús Antonio López Rodríguez, María Bárbara Botello Santibáñez, María Gloria Hernández Madrid, Nora Liliana Oropeza Olguin, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Moctezuma. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado el diputado.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda:«Iniciativa que reforma los artículos 33, 47 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa en materia de Perspectiva de Género en los Programas de Estudio de la Secretaría de Educación Pública, SEP, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cuando se habla de educación en México, es necesario plantear que existen diferencias por género que se dan al interior del mundo escolar y que al parecer las políticas gubernamentales ignoran.

Las crisis económicas por las que atraviesa nuestro país están determinando que se difunda el término de equidad en todo proyecto de planificación. Sin embargo este término, alude a una interpretación que tiene que ver con la distribución de valores no éticos, sino económicos y materiales.

Es necesario enfatizar que hablar de distribución de bienes entre las entidades federativas y hacia los grupos de población constituye un factor importante, pero no suficiente para el objetivo de elevar la calidad educativa, en tanto no se logre la equidad genérica que otorga el mismo valor a las personas independientemente de su sexo.

La evaluación, los planes, programas, agendas estadísticas, discursos oficiales y materiales educativos mantienen oculto el sexo y el género de los educandos. Y nos preguntamos si se conoce a quien afecta más, a hombres o a mujeres la problemática de la desigualdad en la oferta educativa, el analfabetismo, la deserción o la reprobación.

Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan. Dados los efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos se han concentrado principalmente en las respuestas y servicios para las sobrevivientes. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales.

La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género. El trabajo con niños y jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Aunque las políticas públicas y las intervenciones suelen pasar por alto esta etapa de la vida, se trata de una época crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de género.

La prevención implica respaldar la implementación de las conclusiones convenidas en el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que hicieron un fuerte hincapié en la prevención a través de la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los derechos humanos. Asimismo, significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres, y aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión, en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política. El trabajo con hombres y niños ayuda a acelerar el progreso en materia de prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Ellos pueden comenzar a cuestionar las desigualdades y las normas sociales profundamente arraigadas que perpetúan el control y el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres y refuerzan la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y niñas.

La concienciación y la movilización comunitaria, inclusive a través de los medios de comunicación y los medios sociales, es otro componente importante de una estrategia de prevención efectiva.

La doctora Gabriela Delgado Ballesteros, secretaria general del Instituto de Psicología de la UNAM afirma que “los hombres y las mujeres no somos iguales, todo lo contrario, no sólo por características biológicas, genes, hormonas, gónadas, órganos reproductivos internos o externos, sino también principalmente porque hemos sido educados bajo patrones culturales y papeles sociales diferentes”.

Si se quiere cumplir con el mandato de una alta calidad educativa, es necesario ir más allá de las cifras cuantitativas e investigar las razones o los determinantes de estas diferencias genéricas, introduciéndonos en las diversas culturas, modos de actuación, valores y tradiciones que permean en todo el territorio nacional para rectificar los parámetros preestablecidos y rectificar los marcos teóricos.

En lo referente a los contenidos de los programas escolares, hay que excluir de ellos la marcada diferenciación de papeles masculinos y femeninos que impiden a las mujeres escoger libremente actividades y formas de vida que las orillan a destinar su tiempo exclusivamente y desde pequeñas a los trabajos domésticos del grupo familiar alejándolas de un desarrollo personal autónomo y profesional.

El desarrollo de un país supone a la educación como el medio que permite al individuo ejercer sus derechos fundamentales y satisfacer sus necesidades a! participar íntegramente en la evolución de la sociedad.

La educación y la formación profesional son esenciales porque condicionan el acceso de los individuos a las posibilidades de empleo, salud, vivienda, trabajo y porque ofrecen una opción a los matrimonios o uniones de hecho precoces, y en especial a las mujeres adolescentes y jóvenes.

Según las leyes nacionales, una persona está en posibilidad de contraer matrimonio si ha cumplido 16 años en el caso de los hombres y 14 en el de las mujeres. El matrimonio de los menores de esta edad requiere consentimiento de los padres o tutor.

Cabe mencionar, que los asuntos demográficos deben integrarse plenamente a las estrategias, la planificación, la toma de decisiones y la asignación de los recursos que conciernen al desarrollo, en todos los estratos y en todas las regiones, con el fin de satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Incluir la aplicación del análisis de género en la Ley General de Educación vigente, cumple con los convenios internacionales ratificados por México e integra y a su vez contribuye para que no sólo se interpreten las desigualdades, revise el acceso a los recursos y repartan las tareas en los ámbitos de desarrollo personal o social, sino también se proporcionen nuevos modelos que aporten a la solidaridad entre hombres y mujeres, de modo que sea posible llevarlos a acordar y asentar sus relaciones sobre nuevos equilibrios en su interés común.

Estas razones han sido previamente analizadas y sustentadas por las organizaciones de la sociedad civil, como lo son, el Instituto de Cultura para la Prevención de la Violencia en la Familia, Previo, AC, Mujeres por la Salud, Mujeres por la Justicia y Mujeres por la Tranquilidad en el Hogar y que han proporcionado el sustento para someter a su consideración el presente

Decreto de que reformas y adiciones a los artículos 33, 47 y 75 de La Ley General de Educación

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

...

XIII. Desarrollarán programas tendentes a promover y difundir la erradicación de la violencia y de perspectiva de género a fin que los padres de familia apoyen en igualdad de circunstancias los estudios de sus hijos y los de sus hijas, y a otorgar estímulos e incentivos que permitan que las niñas gocen de igual manera que los niños las oportunidades educativas .

XIV. Realizar las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

En los planes de estudio deberán establecerse:

...

En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos.

Las autoridades educativas pondrán especial cuidado en que los contenidos de los planes y programas den a los educandos una nítida visión del concepto de erradicación de las violencia e igualdad de las personas, de equidad y respeto entre ambos géneros y del significado e importancia de los derechos humanos.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

...

XII. Actuar en contra de lo estipulado en el artículo 42 de esta Ley.

XIII. Incumplir con cualquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.— Diputados: Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda,Alfredo Bejos Nicolás, Alma Carolina Viggiano Austria, Ana Guadalupe Perea Santos, Arlet Mólgora Glover, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Delia Guerrero Coronado, Edgar Spinoso Carrera, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Fabiola Guerrero Aguilar, Fernando Navarrete Pérez, Gianni Raul Ramírez Ocampo, María Bárbara Botello Santibáñez, María Del Rocío Rebollo Mendoza, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, también para dictamen.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (desde la curul): Gracias, diputado. Pedirle al diputado, a nombre de la Coordinación Hidalguense que nos podamos sumar a esta iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le solicitan al diputado autorización para suscribirla. Lo ha manifestado en sentido positivo y, por lo tanto, está a disposición las iniciativas presentadas en la Secretaría de la Mesa Directiva. También la diputada Bárbara Botello solicita suscribirla, y reitera su asentimiento.

Saludamos la presencia de alumnos y profesores de la escuela preparatoria UNAM, plantel 4, Vidal Castañeda y Nájera, del turno matutino, invitados por el diputado José Santiago López. Igualmente, invitados de Nuevo León, del Distrito Federal y Jalisco, invitados del diputado Waldo Fernández González. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos, el diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

El diputado Jorge Ramos Hernández:Con su venia, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, en el marco de esta conmemoración que hemos escuchado sobre nuestras Fuerzas Armadas, es muy oportuno compartir con ustedes que la mejor manera de honrar a nuestras Fuerzas Armadas, es dotándolos de los instrumentos, de las herramientas que les permitan ejercer su atribución constitucional, de velar por la seguridad nacional y por la seguridad interior de nuestro país.

Para el Partido Acción Nacional, el tema de Seguridad Pública es el tema prioritario de la agenda nacional, por la sencilla razón de que así lo es para el 73 por ciento de las mexicanas y de los mexicanos.

Ya hemos propuesto en esta legislatura una reforma integral al sistema de seguridad pública, que rompa de raíz con estructuras que han sido rebasadas por la realidad y que tienen a nuestro país con índices de inseguridad, que podemos constatar a lo largo y ancho de nuestro país.

En este caso hicimos una reforma para modificar de raíz la dependencia que tienen los cuerpos policiacos de seguridad pública del poder político, para crear una institución autónoma de carácter constitucional, para que ejerza autónomamente y de manera profesional la tarea de la seguridad pública, porque tenemos muy claro que mientras esta tarea de profesionalización y de revitalización de las instituciones municipales, estatales y federales, no podremos mantener la intervención de las Fuerzas Armadas con carácter de permanente.

Por eso, ahora el Grupo Parlamentario del PAN, amigas y amigos, propone una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Una reforma que les dé certidumbre a todos los actores de este país. Certidumbre al Ejército mexicano, a la Marina de que solo podrán ser utilizados por causes expresamente especificadas en una declaratoria de causa de seguridad nacional, en la que se especifique temporalidad de la intervención, los recursos materiales y financieras a aplicar, el espacio de aplicación y la territorialidad en la que habrán de intervenir y una justificación de hechos y consideraciones que legitimen la intervención de las Fuerzas Armadas.

Nuestro Ejército y nuestra Marina merecen de nuestros legisladores que les dotemos de la protección para que no se desgaste la credibilidad ganada a pulso por más de 100 años en nuestro país.

Ésta es una petición, a través de esta iniciativa, para que el ejercicio de la atribución constitucional que tiene el presidente de México, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas tenga un marco normativo que delimite perfectamente la actuación del Ejército y de la Marina, ¿Para qué? Para que además de darle certidumbre a la propia institución de las Fuerzas Armadas, también los ciudadanos sepamos cuál es el principio y el final de la intervención que tendrá el Ejército o la Marina en tareas de orden público y de contacto civil.

No es casualidad que escuchemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos observaciones que se le hacen a nuestras Fuerzas Armadas, al gobierno federal por casos de aparentes o eventuales excesos del poder público.

Por eso es importante, para seguir avanzando en esta lucha contra el crimen organizado, que cuidemos a nuestras instituciones de las Fuerzas Armadas en este país. Y que dotemos de una declaratoria que le permita al presidente de la República instruir al Ejército para participar temporalmente.

Por ello, estamos proponiendo que a partir de la aprobación de esta ley en un artículo transitorio transcurran 90 días para que en los estados en los que estén interviniendo las Fuerzas Armadas justifiquen de principio a fin las causas de seguridad nacional o de seguridad interior que van a proteger y que están tutelando.

Y por otra parte, proteger a los ciudadanos de que no intervenga el Ejército mexicano y las Fuerzas Armadas en asuntos de manifestación de orden social, manifestaciones de carácter político, manifestaciones de carácter electoral, para no recurrir a prácticas que en el pasado nos hicieron mucho daño.

Finalmente, comentarles que para Acción Nacional es imperativo que este Congreso cierre filas para poder hacer esta reforma y tener ya un cuerpo normativo que nos permita hacerle frente, un solo frente de Estado al crimen, y que no nos estemos distrayendo en discusiones y en acusaciones entre los poderes públicos y la comunidad, mientras el crimen organizado sigue avanzando y sigue tomando nuestros municipios y nuestras entidades.

Por tanto, señor presidente, solicito de la manera más atenta que para el trámite de procedimiento a dictamen se incluya a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a efecto de que emita opinión respecto de esta iniciativa.

Termino diciendo lo siguiente: la prioridad número uno es la seguridad pública y sin seguridad no hay desarrollo económico, no hay desarrollo social, no hay desarrollo político. Por eso vamos a mantener en Acción Nacional firme el paso y enfocados a que debemos llevar a nuestro país a una transformación institucional que vele por los intereses y la paz social. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Exposición de Motivos

La seguridad nacional es una de las prioridades más relevantes del poder público, al constituir el estado de convivencia en el que las personas pueden desarrollarse en libertad y ejercer sus derechos en plenitud gracias a la protección que despliegan en su favor el orden jurídico y las instituciones, tanto en términos preventivos como reactivos.

A diferencia de la seguridad pública, entendida como las políticas orientadas a proteger a las personas y su patrimonio, la seguridad nacional está orientada a garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones, particularmente a la existencia, estabilidad y permanencia del Estado, a su integridad territorial y a la soberanía e independencia nacionales.

Hace apenas unos años se expidió la primera ley de seguridad nacional, con base en las nuevas facultades otorgadas al Congreso de la Unión para legislar en la materia. La Ley de Seguridad Nacional expedida en 2005 cubrió una parte importante de ésta: la inteligencia para la seguridad, las vulnerabilidades a la misma, la instancia colegiada encargada de coordinar y articular la política en la materia y las atribuciones del órgano de inteligencia civil, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La ley no contempló los distintos ámbitos de la seguridad nacional ni reguló el tipo de vulnerabilidades que podrían significar peligros potenciales o inminentes, ni determinó cómo el Estado en su conjunto podría hacer frente a los mismos; sin duda alguna, este marco jurídico ha sido rebasado por la complejidad de las afectaciones que enfrenta el Estado mexicano y por la fragilidad de las acciones que el poder público ha puesto en marcha para enfrentarlos, siempre en el dilema de la actuación discrecional en una nación que sigue luchando por hacer valer sus valores democráticos.

El debate sobre la conveniencia de regular las atribuciones constitucionales del Presidente de la República para disponer de la Fuerza Armada para labores de seguridad interior sigue vigente sobre todo cuando la falta de capacidad de las autoridades locales para enfrentar al crimen organizado hace que sea la Policía Federal, el Ejército y la Marina quienes realicen funciones propias de la autoridad civil, pero sin un marco de actuación claro en términos de temporalidad, territorialidad y alcance material.

La seguridad nacional no es sólo una situación en la que se actualiza la necesidad de que el Presidente de la República, en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 89 constitucional, disponga que el Ejército o la Marina deban realizar ciertas funciones que son propias de la autoridad civil. La seguridad nacional abarca otros supuestos, denominados en esta iniciativa afectaciones, por virtud de los cuales se hace necesaria la intervención de instancias federales en asuntos de competencia normalmente local, en la medida, durante el tiempo, en el territorio y con la temporalidad que resulten necesarias a fin de que la instancia civil recupere sus capacidades institucionales.

Hoy las Fuerzas Armadas sirven a los mexicanos realizando una serie de tareas que pudieran ser satisfechas por las autoridades civiles si éstas tuvieran las capacidades institucionales para ello; sin embargo, dado que las cosas no siempre son así, el Presidente ha ejercicio sus atribuciones constitucionales para que instancias federales, en particular las Fuerzas Armadas, sustituyan a esas instancias civiles disminuidas.

Todos nos preguntamos hasta cuándo. Esta es una de las preguntas recurrentes entre los mexicanos, los legisladores, las organizaciones civiles, los medios de comunicación e incluso los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y el propio Presidente de la República. Hasta cuando, es la pregunta.

¿Hasta cuándo podemos estimar que las condiciones constitucionales ordinarias se han recuperado lo suficiente como para que las autoridades civiles retomen sus responsabilidades y nuestros soldados y marinos puedan regresar a sus cuarteles? ¿Cuáles son los indicadores que permitan tomar tales decisiones? ¿Cómo se toman esas decisiones?

No cabe duda que las autoridades federales, en particular las fuerzas armadas, requieren de un marco jurídico suficientemente sólido y claro para regular su actuación en situaciones propias de la seguridad nacional, que dé a la nación certidumbre respecto de cómo se toman decisiones para activar este recurso del Estado mexicano, y para garantizar que la arbitrariedad no tendrá lugar en este terreno tan delicado en términos de garantía de los derechos humanos.

Es pues, esta iniciativa, una propuesta que recoge las discusiones que sobre este particular se realizaron en torno al Congreso de la Unión en las últimas legislaturas sin haber concretado una opción respecto de la cual pudiera haberse construido algún consenso.

Quizá la intención de abarcar otras materias al mismo tiempo, o pretender regular la toma de decisiones del Presidente de la República en materia de seguridad nacional al mismo tiempo que se discutía el acotamiento del fuero castrense, impidieron alcanzar acuerdos sobre este asunto concreto: la importancia de darle al país, a nuestras Fuerzas Armadas y al titular del Ejecutivo federal, mecanismos de certidumbre jurídica para solicitar, evaluar, resolver, publicitar e informar sobre la disposición de la Fuerza Armada para la seguridad interior, entre otras instancias que pueden ser requeridas en estos asuntos.

Para eso, la iniciativa propone:

1. Distinguir con claridad los supuestos bajo los cuales se estime que la seguridad nacional se ve comprometida, en una propuesta gradual que contempla los supuestos específicos en los cuales se justifica, desde el punto de vista de los valores en riesgo, la intervención de distintas autoridades federales, incluyendo la Fuerza Armada.

2. Establecer el procedimiento mediante el cual una autoridad local o una autoridad federal puedan solicitar el inicio del procedimiento para la emisión de una declaratoria de afectación a la seguridad nacional.

3. Disponer la intervención que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, la Comisión. Nacional de Derechos Humanos, los organismos estatales de derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben tener en el marco de la emisión de una declaratoria cuya responsabilidad es única y exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal.

4. Establecer los contenidos mínimos que debe cumplir una declaratoria de afectación a la seguridad nacional, incluyendo la definición de acciones, las autoridades que deban intervenir y el alcance espacial, temporal y material en que tendrá aplicación la declaratoria; esto es, precisar el territorio afectado, el tiempo durante el cual se autoriza la intervención federal y las materias específicas sobre las cuales habrá de recaer ésta.

5. Prever los supuestos en los cuales el Presidente de la República puede ordenar la participación de la Fuerza Armada permanente por afectaciones a la seguridad interior, y que sus funciones específicas deben ser resueltas en cada caso a través de la declaratoria y de los protocolos de actuación que se emitan al respecto.

6. La declaratoria de afectación no implica en absoluto ni restricción ni suspensión de derechos humanos y sus garantías, ni formal ni materialmente, asunto que debe resolverse a través de otro cuerpo normativo respecto del cual el Presidente de la República ya ha presentado iniciativa legislativa al respecto.

La iniciativa no confiere atribuciones a las Fuerzas Armadas distintas a las previstas en la legislación castrense, sino que establece los supuestos y procedimientos conforme a los cuales puede autorizarse su actuación para atender asuntos de seguridad interior cuando así lo determine el Consejo de Seguridad Nacional y lo apruebe el Presidente de la República, en el marco de declaratorias de afectación específicas y concretas.

El Congreso de la Unión tiene el deber de coadyuvar en esta materia no sólo a través del funcionamiento de su Comisión Bicamaral, sino mediante el fortalecimiento del marco jurídico de la seguridad nacional brindando certidumbre al país en esta materia.

En este orden de ideas, ni las autoridades federales deben sustituir a las locales cuando se debiliten sus instituciones, ni las Fuerzas Armadas han de salir de sus cuarteles, sino a través de un procedimiento racional para la toma de decisiones en esta materia.

Esta propuesta que constituye el fondo de la iniciativa, la toma racional de decisiones en materia de seguridad nacional, está incluida también entre los transitorios de la iniciativa, proponiendo que una vez que las reformas entren en vigor, se conceda a los actores legitimados para ello un plazo de noventa días para solicitar el inicio del procedimiento y de esta manera documentar adecuadamente los operativos que hoy tenemos en las calles, y en caso de que no sea así, que se ordene por mandato legal el cese inmediato de dichas operaciones.

Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a la consideración de esta asamblea la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3o., 5o., 6o., 8o., 13, 24, 33, 57, 64 y 67 de la Ley de Seguridad Nacional para quedar como sigue:

Artículo 3o.Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

1. Seguridad Nacional, la condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano para los fines previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya preservación corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal mediante la aplicación de políticas, acciones, recursos y medios para prevenir o hacer frente a las afectaciones que le afecten.

La seguridad nacional comprende:

a) El mantenimiento del orden constitucional y la defensa de las instituciones previstas por el mismo;

b) La protección de las entidades federativas en caso de sublevación o trastorno interior;

c) La preservación de los principios a que se refiere el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

d) La salvaguarda del territorio nacional y de su población, de las posibles afectaciones por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o por acciones que los expongan a emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico;

e) La preservación de la soberanía, independencia y defensa del territorio nacionales; y

f) La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados, sujetos de derecho internacional y de agentes no estatales.

II. Afectaciones, los actos o hechos tendentes a afectar total o parcialmente la seguridad nacional; en función de su gravedad, las afectaciones se clasifican en:

a) Contingencias, que son afectaciones provenientes de fenómenos naturales o fuentes antropogénicas;

b) Riesgos, que son afectaciones que pueden afectar parcial o totalmente la integridad, estabilidad o permanencia del Estado mexicano;

c) Desafíos, que son afectaciones que afectan parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano; y,

d) Amenazas, que son afectaciones que atentan contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano.

Artículo 5o.Para los efectos de la presente Ley, se consideran afectaciones los siguientes:

I. ...;

II. Actos que busquen obstaculizar o impedir la prevención y el combate de delitos contra la seguridad de la nación, previstos en el Código Penal Federal;

III. Actos tendientes a consumar ilícitos que por sus consecuencias impliquen riesgos, desafíos o amenazas;

IV. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano;

V. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

VI. Actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación;

VII. Actos en contra de la seguridad de la aviación o de la navegación marítima;

VIII. Actos que atenten en contra del personal o las sedes diplomáticas o representaciones oficiales de organismos internacionales en el territorio nacional;

IX. Actos que tiendan a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

X. Actos de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégica o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos;

XIII. Actos que desarrolle un Estado o un grupo de Estados empleando sus fuerzas armadas para agredir o invadir al Estado mexicano;

XIV. Actos tendentes a obstaculizar o impedir a las autoridades llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos indispensables para la población;

XV. Actos tendentes a obstaculizar o impedir a las autoridades prevenir, auxiliar, recuperar y apoyar a la población en caso de contingencias;

XVI. Actos tendentes a obstaculizar o impedir el ejercicio de las atribuciones de las autoridades para atender una afectación a la seguridad interior;

XVII. Actos tendentes a obstaculizar o impedir acciones de prevención o defensa que lleva a cabo el Estado mexicano frente a otros estados, sujetos de derecho internacional o agentes no estatales;

XVIII. Actos tendentes a afectar la estabilidad y la seguridad de las partes integrantes de la Federación; y

XIX. Los demás que señalen otras leyes.

Artículo 6o.Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. ...

II. Instancias: las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, y de Marina, la Fuerza Armada permanente, y aquellas que sean reconocidas con tal carácter con motivo de la emisión de las declaratorias a que se refiere el Título Séptimo de esta Ley,

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Fuerza Armada permanente: Ejército, Armada y Fuerza Aérea mexicanos;

VII. Programa: Programa para la Seguridad Nacional; y

VIII. Secretario Ejecutivo: el Secretario de Gobernación.

Artículo 8o. ...

I. Se deroga.

II. ...

III. En materia de cooperación y auxilio técnico para la intervención de comunicaciones privadas, será aplicable la legislación federal vigente en materia de procedimiento penal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

IV. ...

V. Se deroga.

VI. ...

...

Artículo 13. ...

I. ...

II. ...

III. La tramitación de los procedimientos de emisión de declaratoria de afectación a la seguridad interior;

IV. El Programa y la definición anual de la Agenda Nacional de Riesgos;

V. La evaluación periódica de los resultados del Programa y el seguimiento de la Agenda Nacional de Riesgos;

VI. Los programas de cooperación internacional;

VII. Los informes, propuestas y requerimientos que presenten las Instancias sobre manifestaciones de afectaciones;

VIII. Las medidas necesarias para la seguridad nacional, dentro del marco de atribuciones previsto en la presente Ley y en otros ordenamientos aplicables;

IX. Los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas;

X. Los lineamientos para que el Centro preste auxilio y colaboración en materia de seguridad pública, procuración de justicia y en cualquier otro ramo de la administración pública que acuerde el Consejo;

XI. Los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de seguridad nacional;

XII. La celebración de convenios y bases de colaboración en materia de seguridad nacional, y

XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones o el Presidente de la República.

Artículo 24.Cuando un hecho concreto atente contra la Seguridad Nacional y constituya a su vez presuntamente un delito, las instancias del Consejo que conozcan del asunto decidirán sobre la oportunidad de la presentación de la denuncia, sin perjuicio de seguir ejerciendo las facultades que tengan en la esfera de su competencia, para prevenir y evitar las afectaciones a que se refiere el artículo 5o. de esta Ley, con independencia de las que le correspondan al Ministerio Público.

Artículo 33. En los casos de afectaciones a que se refiere el artículo 5o. de esta Ley, el Gobierno Mexicano podrá hacer uso de los recursos que legalmente se encuentren a su alcance, incluyendo la información anónima y operaciones de inteligencia y contrainteligencia autorizadas por los titulares a que se refiere el artículo 34 de esta Ley.

La información recabada en los términos del párrafo anterior carecerá de valor probatorio en procedimientos judiciales y administrativos.

Cuando las instancias cooperen en actividades de procuración de justicia, la información que se recabe para tener valor probatorio en procedimientos judiciales o administrativos se ajustará a los requisitos y formalidades que establezca la legislación vigente en materia de procedimiento penal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y las demás disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 57. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. Conocer sobre la emisión de la declaratoria y la prórroga a que se refiere el Título Séptimo de esta Ley;

X. Recibir y evaluar el informe que al término de la vigencia de la declaratoria formule el titular del Ejecutivo Federal; y

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Artículo 64. En ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con afectaciones o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales.

Artículo 67. ...

En los casos de trastorno interior, las autoridades locales se ajustarán a lo previsto en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al procedimiento previsto en el Título Séptimo de esta Ley.

Artículo Segundo.Se adiciona el Título Séptimo que comprende los artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Título SéptimoSeguridad Interior Capítulo IProcedimiento para declarar la existencia de una afectación a la Seguridad Interior

Artículo 72.En caso de afectaciones que requieran la adopción de medidas urgentes para enfrentar la situación, el Titular del Ejecutivo Federal podrá ordenar las acciones necesarias, utilizando todos los recursos de que disponga, en tanto se reúne el Consejo para la revisión y análisis de la situación y, en su caso, se proceda conforme lo señala el artículo 74.

Artículo 73. Existe una afectación a la seguridad interior cuando ésta es vulnerada por un desafío o por una amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 3o. de esta Ley, y así se declare conforme a este Capítulo.

Artículo 74.Para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, se observará el procedimiento siguiente:

I. El procedimiento podrá iniciar a solicitud de:

a) El Secretario Ejecutivo;

b) Cualquiera de los integrantes del Consejo, o

c) La Legislatura de un Estado o, en caso de que ésta no estuviera reunida, del Ejecutivo local, en el supuesto a que se refiere el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El procedimiento podrá iniciarse directamente por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El Secretario Ejecutivo integrará el expediente respectivo con la información recibida. Cuando requiera información adicional podrá realizar consultas o solicitarla a las autoridades correspondientes;

III. Integrado el expediente el Secretario Ejecutivo convocará de inmediato al Consejo para analizar y evaluar:

a) La magnitud de la afectación a la seguridad interior;

b) Los recursos de las instancias o autoridades para hacer frente a la afectación a la seguridad interior;

c) Las acciones o medidas a implementarse y su temporalidad;

d) Las instancias o autoridades que deban brindar el apoyo solicitado, y

e) La instancia o autoridad que deba ser designada como responsable y las que le apoyarán.

IV. El Secretario Ejecutivo elaborará acta circunstanciada de las deliberaciones y acuerdos del Consejo y, en su caso, el proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior.

El proyecto de declaratoria deberá contener:

a) Las medidas a adoptar, las cuales no podrán afectar de ninguna manera los derechos humanos y sus garantías, las directrices, las instancias y autoridades que apoyarán y la instancia o autoridad designada como responsable de la coordinación.

El carácter de instancia o autoridad responsable tendrá por efecto coordinar los esfuerzos de las instancias o autoridades que apoyarán, dentro del ámbito de competencia que les establecen las disposiciones jurídicas que las rigen;

b) La determinación de la temporalidad de las acciones;

c) El ámbito de actuación geográfica y su alcance material, y

d) La convocatoria a los sectores social y privado ya otros órdenes de gobierno para colaborar con las acciones derivadas de la ejecución de la misma.

IV. El Secretario Ejecutivo remitirá el proyecto de declaratoria al Presidente de la República y a la Comisión Bicamaral para los efectos de lo dispuesto en el artículo 57 fracción IX de esta Ley;

V. Si lo considera procedente, el Presidente de la República emitirá la declaratoria de afectación a la seguridad interior y podrá disponer de la Fuerza Armada permanente y de las instancias y autoridades competentes para la atención de dicha afectación, en los términos de la declaratoria;

VI. La declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los Periódicos o Gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas y en por lo menos tres periódicos de circulación local en la demarcación geográfica respectiva, será de orden público y de interés social, en ningún caso podrá ser por tiempo indefinido ni suspenderá o restringirá el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

VII. El Secretario Ejecutivo informará de la declaratoria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas que correspondan para que ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

Artículo 75.No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social.

Artículo 76.Las solicitudes de emisión de una declaratoria de afectación a la seguridad interior por parte de las Legislaturas de los Estados o los Ejecutivos locales cuando aquellas no estuviesen reunidas, deberán contener los siguientes requisitos:

I. Dirigirse al Secretario Ejecutivo;

II. Señalar el desafío o amenaza y los motivos por los cuales se solicita la emisión de una declaratoria de afectación a la seguridad interior;

III. Anexar la información que se estime pertinente para que el Consejo pueda analizar y valorar la situación;

IV. Hacer mención de sus capacidades logísticas en apoyo a las instancias y autoridades competentes; y

V. Estar suscrita por el Presidente de la Legislatura Local o, en su caso, por el Ejecutivo Local.

Artículo 77.La vigencia de la declaratoria podrá prorrogarse o modificarse, mientras subsistan las causas que le dieron origen y se substancie el procedimiento previsto en el artículo 74.

Atendida la afectación, el Presidente de la República emitirá el acuerdo de conclusión correspondiente y dentro de los treinta días siguientes enviará a la Comisión Bicamaral un informe sobre el resultado de las acciones efectuadas. En el mismo término, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informará sobre las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas.

El acuerdo de conclusión deberá publicarse y difundirse en la misma forma y medios que la declaratoria a la que se refiera.

Capítulo IIDe la intervención de las autoridades en una afectación a la seguridad interior

Artículo 78. En toda operación para atender una afectación a la seguridad interior, las instancias y autoridades participantes actuarán de conformidad con las atribuciones que legalmente les correspondan y atendiendo a las directrices contenidas en la declaratoria.

Artículo 79. Las instancias y autoridades competentes se coordinarán con, las autoridades locales y municipales y todas estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 80. Las instancias que participen en la atención de una afectación a la seguridad interior, tendrán acceso a la información con la que cuente la Red y, en su caso, el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 81. En caso de que la instancia o autoridad responsable de la coordinación, estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación, hará el requerimiento respectivo por escrito al Ministerio Público que corresponda.

El Poder Judicial de la Federación resolverá sobre las solicitudes del Ministerio Público señaladas en el párrafo anterior en un plazo que no exceda de doce horas a partir de su presentación.

Artículo 82.Los servidores públicos que participen en la atención de una afectación a la seguridad interior, por lo que hace a su desempeño, rendirán testimonios por escrito ante las autoridades ministeriales o judiciales correspondientes, salvo que éstas determinen lo contrario.

Artículo 83. Los servidores públicos de las instancias y autoridades participantes en la atención a una afectación a la seguridad interior dentro de la temporalidad y ubicación geográfica señaladas en la declaratoria, deberán respetar los derechos humanos y sus garantías conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados Internacionales suscritos por el país y las leyes que los regulen.

En cada declaratoria de afectación se emitirá un protocolo de actuación, que deberá contener, como mínimo:

a) Los mecanismos por los cuales la población podrá identificar a las instancias y autoridades que participen en las acciones de la declaratoria, y

b) Los criterios de actuación conforme a los principios de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza.

La circulación de efectos, bienes o mercancías no podrá ser objeto de restricciones o prohibiciones, salvo cuando exista una declaratoria de afectación a la seguridad interior y sean necesarias para enfrentar desafíos o amenazas, en los términos previstos en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 84. La Fuerza Armada permanente en la atención a una afectación a la seguridad interior, tendrá las siguientes atribuciones:

I. En los casos de desafío o amenaza a que se refiere el artículo 5o. de esta Ley y para los efectos de coadyuvar en la debida integración del proceso penal acusatorio, dictar y ejecutar las medidas y providencias necesarias, así como también las acciones relacionadas con el debido cumplimiento de lo que en materia de preservación de indicios dispone el Código de Procedimientos Penales vigente y demás disposiciones aplicables, y bajo su más estricta responsabilidad, informar de inmediato al Ministerio Público, y poner a su disposición las personas, bienes u objetos relacionados con los hechos.

En las operaciones en que participen de manera conjunta la Fuerza Armada permanente y servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, éstos últimos serán los responsables de hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos probablemente constitutivos de delitos, transmitiéndole todos los datos que tuvieren y poniendo a su disposición inmediatamente a los inculpados, si hubieren sido detenidos;

II. Recibir de las personas que en forma voluntaria decidan aportarla o proporcionarla, la información, los datos o elementos susceptibles de explotación inmediata para la generación de inteligencia, en la atención a una afectación a la seguridad interior;

III. Poner a disposición del Agente del Ministerio Público a las personas detenidas en flagrancia, sin demora y bajo condiciones que permitan garantizar la integridad física del indiciado y de la autoridad que realizó la detención, en términos del acuerdo que para tal efecto expida el Procurador General de la República;

IV. Recabar información en lugares públicos, para atender la afectación a la seguridad interior, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta lícitos y en el marco de respeto a los derechos humanos y sus garantías que resulten necesarias para la generación de inteligencia. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada de las personas. Los datos obtenidos con afectación a la vida privada carecen de todo valor probatorio.

V. Realizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia para atender afectaciones a la seguridad interior;

VI. Colaborar con el Ministerio Público de la Federación, previa solicitud por escrito y autorización de la autoridad competente para llevar a cabo operaciones de inteligencia y contrainteligencia, detenciones, cateos, y realizar operaciones de vigilancia y seguimiento.

El ejercicio de las atribuciones previstas en este artículo está sujeto a los términos y alcances que en su caso se señalen en la declaratoria.

En el ejercicio de estas atribuciones cuando se advierta la existencia de un delito, se hará del conocimiento dicha situación inmediatamente al Ministerio Público correspondiente.

La información resultante del ejercicio de las atribuciones a que se refiere este artículo deberá ser compartida en términos de las disposiciones aplicables y de los lineamientos que se definan en el seno del Consejo.

Artículo 85. La información contenida en las averiguaciones previas que se inicien con motivo de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, podrá ser utilizada en las tareas de inteligencia y contra inteligencia previstas en esta Ley. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de entregar esta información guardando el sigilo o la reserva establecidos en las leyes.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Artículo Tercero. Las menciones a la seguridad nacional y a la seguridad interior, a los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, en otros ordenamientos, se entenderán en los términos previstos en la presente Ley.

Artículo Cuarto. Las operaciones que a la entrada en vigor del presente decreto desarrolle la Fuerza Armada permanente por alguna de las causas a que se refiere esta Ley, continuarán llevándose a cabo durante noventa días naturales, plazo dentro del cual deberán emitirse las declaratorias correspondientes. En caso contrario las operaciones deberán cesar de inmediato.

México, DF, a 26 de noviembre de 2015.— Diputados: Jorge Ramos Hernández,Agustín Luis Rodríguez Torres, Alejandra Gutiérrez Campos, Alfredo Miguel Herrera Deras, Brenda Velázquez Valdez, Eloisa Chavarrias Barajas, Exaltación González Ceceña, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, José Everardo López Córdova, Juan Corral Mier, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eloísa Talavera Hernández, María Verónica Agundis Estrada, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, Rene Mandujano Tinajero, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramos. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

Y tomamos nota con toda responsabilidad de la propuesta que hace en lo que se refiere a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para que podamos emitir una opinión que pueda atender en todo lo que se registre de positivo su propuesta. Gracias.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por tres minutos la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y 7o. de la Ley General de Salud.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, según estimaciones de la Secretaría de Salud, actualmente 70 por ciento de la población padece sobrepeso y obesidad, y 33 por ciento son niños y adolescentes. Por ello, su atención requiere recursos económicos del orden de los 80 mil millones de pesos, además de que se estima que para el año 2017 este costo ascenderá a 151 mil millones de pesos.

El propósito fundamental de la presente iniciativa es implementar programas de prevención oportuna y continua que permitan reducir al máximo los grandes costos del sector salud, y al mismo tiempo mejorar la calidad de la atención médica y de la vida de más de 85 millones de mexicanos que sufren esta condición.

La consecución de este objetivo se dará a través de una mejor inversión del impuesto especial sobre producción y servicios en los rubros de bebidas saborizadas y la famosa comida chatarra, cuya recaudación este año alcanzó los 33 mil millones de pesos. La totalidad de este impuesto debe destinarse a programas específicos para la atención, prevención y detección oportuna de enfermedades.

En ese sentido, la utilización del fondo para la prevención a través de la activación física y la atención en materia de salud del sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades crónico degenerativo, permitirá detectar a tiempo y atender los padecimientos relacionados con este problema de salud pública.

Por tanto, se requiere iniciar una cruzada entre la prevención y la atención de esta problemática ya que hasta ahora el gobierno federal no ha logrado disminuir los índices del sobrepeso y la obesidad relacionados en gran parte con la inactividad física de más del 56 por ciento de la población.

Las cifras son verdaderamente preocupantes. En 1989 solo el 10 por ciento de la población era obesa y hoy nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial. En ese orden de ideas, el Estado debe obligarse a garantizar el derecho a la salud de conformidad con el artículo 4o. constitucional, y destinar año con año la totalidad de los ingresos provenientes de la recaudación del concepto del impuesto especial sobre productos y servicios aplicables a las bebidas saborizadas y a los alimentos con alta densidad calórica para la prevención, la atención del sobre peso y la obesidad.

Finalmente este fondo, que es lo que proponemos en la iniciativa, lo que busca es que funcione como un fideicomiso público que desarrollará los lineamientos y las reglas de operaciones específicas para el uso exclusivo de estos recursos y la evaluación de los mismos.

Por tanto hago un llamado a la conciencia y a la responsabilidad que tenemos como legisladores para que estos recursos del IEPS se destinen para el origen para lo que fueron creados. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

Los costos directos de la obesidad, por el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas tales como la diabetes e hipertensión, e indirectos, como la pérdida de productividad y la muerte prematura, requieren políticas públicas en materia de salud, así como la implementación de programas específicos y mucho más eficientes, para su prevención y atención.

Según estimaciones de la propia Secretaría de Salud, el costo de la obesidad actualmente se acerca a los 80 mil millones de pesos, estimando que ascenderá a más de 151 mil millones para 2017.

Por esta razón y para abatir al máximo sus consecuencias, es oportuno realizar una mayor inversión en programas tanto para la atención, como para la prevención y detección oportuna de enfermedades.

La realización de acciones permanentes y continuas permitirá abatir los grandes costos de la atención médica de las distintas enfermedades que se relacionan con este grave problema de salud pública.

Por ello la creación del fondo que se propone con la presente iniciativa, está dirigido por un lado a dicha atención, y por otro a la prevención que permita reducir al máximo los grandes costos del sector salud por el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas.

Se trata de un mejor diseño de las políticas públicas, en las que se debe contar con la participación de especialistas en la salud y la activación física, en virtud de que la inactividad de más del 56 por ciento de la población es una de las causas principales relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas, y esto podría explicar en parte, que se debe a la falta de recursos públicos suficientes y específicos destinados a programas de prevención, que progresivamente disminuyan el incremento exponencial de la atención de enfermedades.

Argumentación

La inactividad física en México es un problema difícil de combatir; pese a los programas que ha tratado de implementar el Estado. De acuerdo con el Módulo de práctica deportiva y ejercicio físico del Inegi publicado en marzo pasado, poco más de 56 por ciento de la población es inactiva físicamente.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), más del 70 por ciento de los adultos mexicanos padecen sobrepeso y obesidad, y más del 33 por ciento son niños y adolescentes. En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso.

La inactividad física explica en parte, por qué nuestro país es el primer lugar en obesidad adulta e infantil a nivel mundial, por delante de países como Estados Unidos y Canadá que, según sus propios reportes de salud, tienen una población más activa físicamente.

Del 56.4 por ciento de personas inactivas físicamente, los hombres representan 38.7 por ciento, mientras que las mujeres ascienden al 61.3 por ciento y al menos 41.9 por ciento no ha practicado nunca ninguna actividad físico-deportiva, señalando como principal causa de ello, su falta de tiempo para realizarla.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, México tiene un porcentaje estimado de 32.8 por ciento de adultos obesos, superando a Estados Unidos, que reportó que 31.8 por ciento de su población tiene el problema de obesidad.

La Comisión Nacional del Deporte implemento el programa Ponte al 100, que implicaba medir y pesar a 3 millones de mexicanos para luego ponerlos a hacer ejercicio, invirtiendo 180 millones de pesos; sin embargo el objetivo del programa que es erradicar el sobrepeso y la obesidad en la población del país, no ha tenido éxito, y sólo se llevó acabo en algunas entidades federativas, por lo que falta mucho más, y mejores estrategias para tener resultados de alto impacto.

Las cifras son preocupantes ya que 1989 sólo 10 por ciento de la población era obesa y hoy, después de 26 años, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en este rubro. En Estados Unidos y Canadá, más de la mitad de su población se ejercita, de acuerdo con sus últimos reportes de salud pública, en el primer caso el 51.4 por ciento de su población practica alguna actividad física constante, en el segundo el 54 por ciento del total de sus pobladores.

El gobierno estadounidense ha implementado, junto con organismos públicos, privados y organizaciones sin ánimo de lucro, programas de activación física, principalmente en escuelas.

En México, los principales ejes de acción en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2012-2018 son la activación física de la población para combatir el sobrepeso y la obesidad.

Por ello y para el cumplimiento de sus objetivos, resulta imprescindible la creación del Fondo para la prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y el establecimiento continuo de programas para la activación física cuyo objeto sea la implementación de estrategias que sirvan para reducir los efectos negativos en la salud y la economía del país, relacionados con enfermedades crónico-degenerativas.

Consecuentemente el problema que enfrentamos, tiene dos vertientes fundamentales; la prevención (que puede resolverse mediante la activación física de la población), y la atención (a través del sector salud, respecto de las enfermedades y padecimientos que se desencadenan).

En ese sentido, la utilización de un Fondo específico para detectar a tiempo y posteriormente atender el sobrepeso y la obesidad en nuestro país, requiere de una cruzada que permita entender la dimensión real de esta problemática para hacernos responsables de nuestra salud.

Si bien es cierto el sobrepeso y la obesidad son ya una enfermedad que debemos atender, también debemos generar una política pública permanente de información, educación sobre mejores hábitos, manteniendo como pilares básicos la abstención de ingesta de comida chatarra y bebidas azucaradas, la dieta y la activación física.

La importancia de la presente iniciativa radica en el establecimiento de programas permanentes y continuos mediante profesionales que promuevan la activación física, la realización de controles periódicos para cuantificar la evolución de la población en la pérdida de peso, y la realización de pruebas de resistencia que permitan detectar a tiempo el funcionamiento del sistema cardiovascular, con el propósito de atender la salud y el padecimiento de enfermedades.

La vida sedentaria no ayuda en nada a atacar el problema, según los investigadores, menos de un tercio de los adultos practica deporte y la falta de ejercicio provoca, además, tantas muertes como fumar, lo que cuantificado representa alrededor de 5.3 millones de muertes al año.

No podemos perder de vista que la obesidad provoca enfermedades como la diabetes, las que están relacionadas con el corazón y algunos tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud ya ha tomado cartas en el asunto y recomienda que los adultos realicen al menos 30 minutos al día de ejercicio físico moderado y los niños necesitan 60 minutos como mínimo.

Existe unanimidad en el sector médico sobre impulsar la práctica deportiva, lo que además conlleva a un ahorro muy importante en gastos de salud, por lo que se requiere promover y fomentar la cultura de la salud donde la sociedad es corresponsable en la prevención de enfermedades.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, el sobrepeso y la obesidad representan para México un costo de entre los 82 y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73 por ciento y 87 por ciento del gasto programable en salud, sólo considerando los costos atribuibles a la diabetes.

La evidencia muestra que es mucho mejor invertir en la prevención de enfermedades, por ello la implementación de acciones integrales, entre la activación física y la atención del sobrepeso y obesidad, permitirán evitar los impactos antes descritos.

En la recaudación y el presupuesto lo que menos se atiende son los problemas de salud pública, y esto deviene en un claro fracaso de las políticas públicas, puesto que al final se requieren 80 mil millones de pesos para tratar las enfermedades asociadas a esta problemática.

Sin embargo a pesar de que la recaudación del impuesto a la comida chatarra para este año ha sido de un poco más de 18 mil millones de pesos, sólo se le destinó, la cantidad ridícula de 336 millones; es decir menos del 0.4 por ciento.

Paradójicamente, México es el principal consumidor de refrescos en el mundo y a consecuencia de ello, existe el desencadenamiento de padecimientos que causan 24 mil muertes directas cada año.

En la última Reforma Hacendaria se aprobó un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las bebidas saborizadas con el objetivo de poder disminuir el consumo creciente de estas bebidas en México, dada su incidencia en el aumento de peso, la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. La creación de este impuesto especial se justificó, en la exposición de motivos bajo los siguientes argumentos:

“En el propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala que dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población, de tal forma que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el costo de la obesidad fue de 67 mil millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, el costo que implicará en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática.

En ese orden de ideas considero que se deben fortalecer las políticas recaudatorias para que se destinen los recursos económicos necesarios con el objetivo de combatir la obesidad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública en México, el consumo de estas bebidas ha disminuido debido a este impuesto en un 6 por ciento durante 2014, y actualmente se ha aumentado el consumo de agua en un 4 por ciento.

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria de 2010 señala que el costo total de la obesidad se duplicó entre el año 2000 y el 2008, aumentando de 35 mil 500 millones de pesos a 67 mil millones de pesos. Según estimaciones de la propia Secretaría de Salud, el costo de la obesidad asciende actualmente a cerca de 80 mil millones de pesos, que se estima ascenderá a más de 151 mil millones de pesos para 2017.

Los costos directos de la obesidad, por el tratamiento de enfermedades relacionadas como diabetes e hipertensión, e indirectos, como los ocasionados por la pérdida de productividad y la muerte prematura, han generado una barrera presupuestaria de grandes dimensiones para el Estado y para el Sistema de Salud Pública en México, por lo que es necesario no sólo una mayor inversión para los programas encaminados a la prevención y detección oportuna del sobrepeso y la obesidad, sino también un mejor diseño de las políticas públicas.

El Estado debe obligarse a garantizar el derecho a la salud y generar políticas públicas que tengan como objetivo prevenir el sobrepeso y la obesidad, además de destinar los recursos suficientes para atender las enfermedades que desencadena.

Hoy los recursos obtenidos con el IEPS a bebidas saborizadas y alimentos con alto contenido calórico no se destinan en su totalidad y de manera específica a programas para la prevención y la atención de las enfermedades ocasionadas por el consumo de ese tipo de bebidas y alimentos, ni se cumple, tal y como se observa, con el propósito por el que fueron creados.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 sólo incluía dos partidas presupuestales por 336 millones de pesos para la “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, y una adicional para destinar, según el artículo 35 de la propuesta de Ley de Egresos, el 15 por ciento del presupuesto asignado para la Secretaría de Educación Pública para el Programa de la Reforma Educativa para proveer bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los inmuebles escolares de física educativa (por mil 360 millones de pesos).

Estos tres ramos presupuestales suman aproximadamente mil 697 millones de pesos, y corresponden tan sólo al 9.3 por ciento de la estimación de la recaudación para 2015 por 18 mil 271 millones de pesos.

Para establecer el uso y destino de los recursos recaudados por el IEPS a bebidas saborizadas y a los alimentos con alta densidad calórica, es necesario establecer específicamente los que serán utilizados en la activación física y la prevención de la obesidad, así como los que se destinarán a la atención de enfermedades crónico- degenerativas.

• En este sentido, se propone la adición de la fracción V al artículo 9 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como una fracción XIII ter al artículo 7 la Ley General de Salud, con el propósito de establecer el “Fondo para la Prevención a través de la Activación Física, y la Atención en materia de Salud del Sobrepeso y la Obesidad, así como las Enfermedades crónico-degenerativas que se relacionen con este padecimiento”.

Dicho fondo funcionará como un fideicomiso público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su Comité Técnico desarrollará los lineamientos y reglas de operación específicas para el uso de los recursos y la evaluación de los mismos.

El comité se integrará, por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Los recursos de este fondo serán destinados a promover acciones de prevención del sobrepeso y la obesidad, a través de la activación física, de conformidad con el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 que emana del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), así como del Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Aquí se encuentran integrados los objetivos, estrategias y líneas de acción que permitirán alcanzar los supuestos planteados como fundamentales para lograr incorporar, en la población en general, la práctica de la actividad física y deportiva como un medio para mejorar su calidad de vida y fomentar la cultura de la salud.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia expresa a la cultura física y al deporte en los artículos 4o., último párrafo, así como el artículo 73, fracción XXIX J, se otorga la Facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de cultura física y deporte.

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se hace referencia al deporte como un componente de la educación integral, implicando una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción sobre el particular.

Al establecer de manera simultánea la coordinación entre la prevención y la atención del sobrepeso y la obesidad, sin duda se logrará disminuir significativamente los costos que se generan con el desencadenamiento de las enfermedades crónico-degenerativas que se relacionen con este padecimiento.

Cabe señalar que el propósito fundamental es garantizar la eficacia en la asignación de la totalidad de los recursos recaudados por el IEPS a bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica. La asignación de recursos del fondo no afectará la soberanía financiera de las entidades federativas, ya que su destino se hará una vez descontadas, en su caso, las participaciones de éstas, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo expuesto, la suscrita, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 9 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como una fracción XIII Ter del artículo 7 de la Ley General de Salud

Artículo Primero. Se adiciona una fracción V al artículo 9 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

...

...

I. a IV. ...

V. Para el cumplimiento del Plan Nacional de Cultura Física y Deporte se crea el Fondo para la Prevención a través de la Activación Física y la Atención en materia de Salud del Sobrepeso y la Obesidad, así como las Enfermedades crónico-degenerativas que se relacionen con este padecimiento.

Los recursos de este fondo corresponderán a la totalidad de la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a las bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica.

El Fondo se constituye como Fideicomiso Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y contará con un Comité Técnico integrado por un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Salud y Educación, y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien aprobará las políticas públicas que habrán de ejecutarse así como las reglas de operación para su funcionamiento.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XIII ter al artículo 7 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XIII Bis. ...

XIII Ter. Para la realización de programas y campañas a que se refiere el artículo anterior, se crea el Fondo para la Prevención a través de la Activación Física y la Atención en materia de Salud del Sobrepeso y la Obesidad, así como las Enfermedades crónico-degenerativas que se relacionen con este padecimiento.

Los recursos de este fondo corresponderán a la totalidad de la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a las bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica.

El fondo se constituye como Fideicomiso Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y contará con un Comité Técnico integrado por un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Salud y Educación, y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien aprobará las políticas públicas que habrán de ejecutarse así como las reglas de operación para su funcionamiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá el Fideicomiso dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de este decreto y el Comité Técnico deberá emitir las Reglas de Operación dentro de los 60 días posteriores a constitución del Fideicomiso.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos de la Federación la partida presupuestal correspondiente al Fideicomiso.

Notas:

1 Informe titulado The state of food and agriculture 2013.

2 Implementación del programa del President’s Council on Fitness, Sports & Nutrition.

3 Revista científica The Lancet

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.— Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Pool. Túrnese a las Comisiones Unidas de Deporte y de Salud para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El diputado Wenceslao Martínez Santos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Wenceslao Martínez, por favor.

El diputado Wenceslao Martínez Santos (desde la curul): Sí, diputado presidente, para pedirle autorización al diputado Jorge Ramos, de permitirnos suscribir su iniciativa, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Jorge Ramos, le piden que si les permite suscribir su iniciativa que presentó hace unos minutos.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Con gusto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acepta el diputado, por lo tanto está a disposición, al manifestar su asentimiento, en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 170 de la Ley Federal del trabajo; y 149 Ter del Código Penal Federal.

La diputada Lia Limón García:Con su venia, diputado presidente. Hoy venimos un grupo de diputadas del Partido Verde Ecologista de México a presentar a ustedes un problema que a veces se sufre en nuestros hogares, en nuestros trabajos y que lo vivimos cotidianamente en las calles, incluso en el ámbito político, que también se da cuenta de ello, la violencia contra las mujeres.

Cuando esta violencia se da en el ámbito laboral, por el patrón o por el superior jerárquico de la mujer, se rebasa toda lógica de trabajo subordinado o de prestación de servicios, cualquier amenaza e intimidación con la pérdida del empleo o con el detrimento de ciertos beneficios laborales por el solo hecho de estar embarazada, estar próxima al nacimiento o bien, estar en estado de lactancia, es un acto contra la dignidad humana.

Por tales motivos es que hoy a nombre de las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Lorena Corona, Sharon Cuenca, Sasil Dora Luz De León, Rosa Alicia Álvarez, Sofía González, Sara Paola Félix, Adriana Sarur, Alma Lucia Arzaluz, Paloma Canales y una servidora, someto a consideración de este pleno incluir expresamente en la legislación el concepto de estabilidad reforzada en el empleo para las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en situación de maternidad.

En razón de que es un concepto transversal, proponemos ajustar diversos ordenamientos legales que son la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley Federal del Trabajo por lo que atañe a la estabilidad laboral reforzada de la madre trabajadora.

Asimismo se actualiza el tipo penal previsto en el artículo 149 Ter, relativo a la discriminación como delito contra la dignidad de las personas cuando alguien niegue o restrinja la lactancia como un derecho de la madre trabajadora.

Quiero manifestar que esta iniciativa se presenta en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora, como todos sabemos aquí, el 25 de noviembre de cada año.

En el entendido de que cuando se discrimina o aparta de su trabajo a una mujer por estar embarazada o por estar en período de lactancia, es una modalidad de violencia que no sólo le causa perjuicio económico y de bienestar social, sino que además tiene efectos en otros ámbitos de la vida de las mujeres.

Cualquier forma de violencia contra las mujeres sea física, psicológica, en el hogar, en la calle o en su centro de trabajo, constituye una grave vulneración a los derechos humanos, por lo que debemos de desterrar aquellas prácticas discriminatorias consistentes en negarle una fuente de trabajo o despedirla por estar embarazada o en período de lactancia.

A efecto de proteger a las mujeres desde la ley, se ha generado un marco de acciones afirmativas para una adecuada protección y equilibrio, se trata de normas que refuerzan los derechos laborales y que crean condiciones de trato específico para garantizar que no haya una vulneración a los derechos de las mujeres.

Estas normas jurídicas también se desarrollan en la Ley Federal del Trabajo, donde existe, incluso, un apartado específico relativo a la tutela del trabajo de las mujeres. Es inadmisible que se despida a una mujer o que se le restrinja su derecho al empleo, o por el hecho de estar embarazada, o por estar en período de lactancia.

Por ello hacemos esta propuesta legislativa de establecer expresamente el concepto de estabilidad laboral reforzada de la mujer. Esta iniciativa, cabe señalar, se sustenta también en la interpretación del Poder Judicial de la Federación, donde podemos encontrar el concepto jurídico de la estabilidad laboral reforzada de la mujer que refiere que las trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad, gozan de especial protección generando una estabilidad laboral de mayor intensidad, también conocida en la jurisprudencia comparada, como fuero de maternidad que exige una mayor y particular protección del Estado en pro de la protección de sus derechos dada la proclividad a sufrir una discriminación por el hecho de ser madres.

Las precisiones legales que hoy ponemos a su consideración darán significado de refuerzo para mejorar las condiciones de la mujer en nuestro país. Para ilustrar, de acuerdo al INEGI 6 se cada 10 mujeres sufren o han sufrido violencia en el empleo y al menos 15 por ciento de las mujeres se les ha solicitado un certificado de ingravidez como requisito para su ingreso.

Cabe señalar que no sólo en el ámbito del derecho doméstico se establece un régimen tutelar para la mujer, en el ámbito internacional destaca –como ya conocemos– la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Convención de Belém do Pará, que enuncia y reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en los ámbitos públicos y privados.

Este instrumento internacional coloca especial énfasis en aquellas medidas encaminadas a superar las condiciones particulares que puedan colocar a la mujer en situación de violencia, como sería cualquier discriminación por motivos como el embarazo, entre otros.

Además quiero decirles, señores diputados y señoras diputadas, que el concepto de estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada no sólo ha sido establecido en nuestra jurisprudencia y en la de otros países, este concepto ya está legislado en Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela.

Finalmente creemos que las medidas propuestas en esta iniciativa son necesarias para reafirmar el derecho de las mujeres a vivir y trabajar en espacios libres de violencia que no sean perseguidas o acosadas por algo que es de lo más natural y humano, que es ser madre. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 170 de la Ley Federal del Trabajo y 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Las que suscriben, Lía Limón García, Sasil Dora Luz de León Villard, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Lorena Corona Valdés, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sofía González Torres, Alma Lucía Arzaluz Alonso y Sara Paola Gálico Félix Díaz, diputadas federales del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 170 de la Ley Federal del Trabajo y 149 Ter del Código Penal Federal, para evitar la violencia laboral contra la mujer e instaurar la estabilidad laboral reforzada de mujeres embarazadas y en lactancia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de esta iniciativa es incluir expresamente el concepto estabilidad reforzada en el empleo para las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en situación de maternidad.Dado que es un concepto transversal a diversos ordenamientos legales se reforma tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, se actualiza el tipo penal previsto en el artículo 149 Ter relativo a la discriminación como delito contra la dignidad de las personas, cuando alguien niegue o restrinja la lactancia como un derecho de la madre trabajadora.

Esta iniciativa se presenta en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre de cada año, por la consideración de que una de las formas de violencia contra la mujer, es cuando se le discrimina o aparta de su trabajo por estar embarazada o por la lactancia de sus hijos.

Cualquier forma de violencia contras las mujeres, sea física, psicológica, en el hogar, en la calle o en su centro de trabajo, constituye una violación a los derechos humanos, de ahí, que la discriminación por su condición de estar embarazada o en periodo de lactancia, también lo es.

Una de las prácticas más discriminatorias contra la mujer es la violencia laboral, consistente en negarle una fuente de trabajo o despedirla por estar embarazada o en periodo de lactancia. En este último caso no solo se violan los derechos de la mujer sino también se afecta el interés superior del menor, que tiene derecho a una sana alimentación.

A efecto de proteger a las mujeres y a los menores, desde la ley se ha generado un marco de acciones afirmativas para una adecuada protección y equilibrio. En nuestro marco jurídico, por lo que hace al ámbito de protección laboral de las mujeres, desde el texto original de la Constitución de 1917, se precisaba lo siguiente:

Título SextoDel Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo:

I. ...

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de diez y seis años. Queda también prohibido a unas y otros el trabajo nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de diez de la noche.

...

V. Las mujeres durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos.

...

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado por las horas normales. En ningún caso de trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres consecutivas. Los hombres menores de diez y seis años y las mujeres de cualquiera edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos.

...

Énfasis añadido

Como se aprecia, desde 1917 se previno la existencia de un marco jurídico de mayor protección a las mujeres trabajadoras, se trata de normas que refuerzan los derechos labores y que crean condiciones de trato específicas para garantizar que no haya una vulneración cuando una mujer se encuentra embarazada, recién acaban de nacer su hijo o hija, o bien, se encuentra amamantado a sus hijos.

Estas normas se desarrollaron en la Ley Federal del Trabajo, con independencia de que hay múltiples normas dispersas a lo largo del código laboral que tienen por objeto proteger a las mujeres, existe el Título Quinto relativo al Trabajo de las Mujeres, que va de los artículos 164 a 172 de la citada ley.

No obstante, el marco jurídico de protección a la mujer que había en diversas leyes, a partir de la década pasada, se incorpora al sistema jurídico los siguientes ordenamientos especializados:

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.

Este marco legal da significado a un refuerzo o reiteración por mejorar las condiciones de la mujer en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) de 2010, se “ofrece un panorama desalentador sobre la situación de los derechos de las mujeres en nuestro país, pues da cuenta de que en la sociedad mexicana aún se tiene una percepción excluyente y discriminatoria hacia las mujeres”. De acuerdo con datos de esta encuesta, dos de cada diez mujeres consideran que los principales problemas de las mujeres en el país están relacionados con la falta de empleo o la economía y más de la mitad de las mujeres en México de cualquier rango de edad afirma estar parcial o totalmente de acuerdo con la idea de que “en México no se respetan los derechos de las mujeres”.

Por otra parte, no sólo en el ámbito del derecho domestico se establece un régimen tutelar, en el ámbito internacional destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, que enuncia y reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado. Este instrumento internacional coloca especial énfasis en aquellas medidas encaminadas a superar las condiciones particulares que pueden colocar a la mujer en una situación de violencia, como su raza u origen étnico, calidad de migrante, refugiada o desplazada, o por motivos como el embarazo, discapacidad, edad, condición social o económica, etcétera.

En este proyecto legislativo creemos que es inadmisible que se despida a una mujer o que se le restrinja su derecho al empleo por el hecho de estar embarazada, o que se afecte la lactancia de un menor, porque así lo considere arbitrariamente alguien, por ello proponemos que exista una estabilidad reforzada en el empleo para las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en situación de maternidad.

Esta iniciativa se sustenta también en la interpretación del Poder Judicial de la Federación, donde podemos encontrar el concepto jurídico de la estabilidad laboral reforzada de la mujer en ciertas condiciones, a continuación se transcriben los criterios judiciales correspondientes:

Época: Décima época

Registro: 2006366

Instancia: Tribunales colegiados de circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 6, mayo de 2014, tomo III

Materia(s): Constitucional, laboral

Tesis: III.3o.T.24 L (10a.)

Página: 2087

Ofrecimiento de trabajo para empleadas embarazadas y en situación de maternidad. Si el despido es atribuido en los periodos protegidos constitucional e internacionalmente, su calificación debe hacerse bajo un escrutinio más estricto.

Cuando la actora refiere en la demanda, ampliación o aclaración que estaba embarazada, sus periodos de incapacidad por licencia de maternidad (pre y posnatal) y ulterior reincorporación, con el planteamiento de un despido ocurrido en dicha época; y en la contestación, la demandada no debate ese contexto de maternidad, sino que guarda silencio, entonces debe tenerse como cierto ese aspecto de maternidad, al ser aplicable la consecuencia jurídica contenida en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, ello para efectos de la calificación del ofrecimiento de trabajo. En ese contexto, acorde con el principio internacional y nacional sobre estabilidad laboral reforzada para conservar el empleo en pro de la madre y el producto de la concepción, contenido en los artículos 123, Apartado A, fracciones V y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4, numeral 2 y 11, numeral 2, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; en especial y, de forma orientadora, el Convenio 183, artículos 8 y 9, numeral 1, sobre la protección de la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo, que establece: “La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador”, es obligado dar mayor intensidad a la carga de la prueba del patrón de la que ordinariamente tiene para desvirtuar el despido. Desde esa perspectiva, la calificación del ofrecimiento de trabajo en ese tipo de casos no puede ser vista bajo un test ordinario, prescindiendo de dicho marco específico de tutela y medidas de protección contra la discriminación por despido en tales periodos, sino que las juntas de conciliación y arbitraje deben desplegar un escrutinio más estricto (analizando con mayor rigor el cumplimiento de los requisitos para calificarlo), atendiendo, igualmente, a los beneficios de ese colectivo, a través de fórmulas reforzadas, verificando detenidamente las condiciones de trabajo que no deben alterarse, el respeto a las prerrogativas básicas y fundamentales de estas empleadas, el análisis de conductas antagónicas, contradictorias o desleales y, demás aspectos indicados en la jurisprudencia para calificarlo, en aras de que no se utilice con el exclusivo fin de revertir la carga de la prueba a la madre trabajadora, ya que si el patrón intenta dicha reversión, en esa medida debe someterse a un estudio más riguroso, pues la justicia laboral debe otorgar tratos procesales acordes al despido aludido en periodos de mayor tutela, donde es fundamental el empleo, adoptando medidas procesales afines. De lo contrario, perderían sentido el marco de protección nacional e internacional, así como las medidas de protección especiales de ese grupo en desventaja, para lograr igualdad sustantiva o de hecho, en contextos como el trabajo y juicios laborales, cuando está a debate su derecho a conservar el empleo en épocas de tutela reforzada.

Tercer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito

Amparo directo 489/2013. María Azucena Lomelí Alemán. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: Karlos Alberto Soto García.

Época: Décima época

Registro: 2006384

Instancia: Tribunales colegiados de circuito

Tipo de tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 6, mayo de 2014, tomo III

Materia(s): Constitucional, laboral

Tesis: III.3o.T.23 L (10a.)

Página: 2271

Trabajadoras embarazadas y en situación de maternidad. Conforme al marco constitucional e internacional de protección a los derechos humanos, al gozar de una tutela especial, entre otros beneficios, cuentan con estabilidad reforzada en el empleo.

Conforme a los artículos 123, apartado A, fracciones V y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132, fracción XXVII, 164, 165, 166, 170 y 171 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, entre las medidas de protección a las madres trabajadoras está el derecho a conservar su trabajo. Incluso, el legislador federal dispuso un año después del parto como margen razonable para conservarlo (artículo 170, fracción VI), lo que armoniza con el artículo 10, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre conceder “especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto”, así como el principio de igualdad y no discriminación contra la mujer (artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y la proscripción del despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad, bajo pena de sanciones (artículos 4, numeral 2 y 11, numeral 2, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), que obligan a todas las autoridades de los Estados parte a tutelar la vida, salud, reposo y sustento adecuados de la madre y el producto. Aunado a que los artículos 4 y 9, fracción III, de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, también retoman dicha protección y adoptan medidas para todas las autoridades del país. Luego, las trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad gozan de especial protección generando una estabilidad laboral de mayor intensidad, también conocida en la jurisprudencia comparada (Corte Constitucional de Colombia) como “fuero de maternidad” o “estabilidad reforzada”, que exige una mayor y particular protección del Estado, en pro de su mínimo vital, pues durante esos periodos guardan condiciones físicas especiales y necesidades determinadas que las hacen merecedoras de conservar el empleo con mayor énfasis y, por ende, evitar ser despedidas por razón de tales factores o castigadas laboralmente en sus condiciones, ya que son proclives a sufrir doble discriminación (en el empleo que tenían al perderlo y para obtener otro), no obstante las erogaciones propias para dos seres, donde la necesidad es cuantitativa y cualitativamente mayor al común denominador. Incluso, ante las cuestiones de salud que frecuentemente ocurren con el recién nacido y que inciden en el seno familiar (monoparental o con ambos progenitores), ante lo que implica tal alumbramiento. Máxime si son cabeza de familia y de aquellos núcleos que carecen de poder adquisitivo para atender sus necesidades económicas, familiares, sociales y de salud. Así, se trata de lograr una garantía real y efectiva a su favor de modo que cualquier decisión que se tome desconociéndola indebidamente, será ineficaz por implicar un trato discriminatorio proscrito internacional y nacionalmente, acorde con el derecho a la igualdad sustantiva de la mujer embarazada ante su situación de vulnerabilidad y del producto, donde opera también el interés superior del menor, acorde con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; y, el derecho a la protección integral de la familia (artículo 4o. constitucional). Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra para la maternidad y la infancia, cuidados y asistencias especiales (artículo 25, numeral 2), congruente con los artículos 46 y 47 del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la norma mínima de la seguridad social, vigentes en el Estado mexicano y finalmente es orientadora la progresividad de los Convenios números 3 (artículo 4), 103 (artículos 4 y 6) y 183 (artículos 8 y 9, numeral 1) sobre la Protección de la Maternidad, con las correlativas recomendaciones 95 y 191. De ahí que solamente razones legítimas y excepcionales pueden dar cabida a su despido durante los periodos protegidos, como son las faltas graves o la cesación de las actividades de la empresa, entre otras.

Tercer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito

Amparo directo 489/2013. María Azucena Lomelí Alemán. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: Karlos Alberto Soto García.

Época: Séptima época

Registro: 244935

Instancia: Cuarta Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Volumen 6, quinta parte

Materia(s): Laboral.

Tesis:

Página: 29.

Petroleros. Descansos de las trabajadoras para alimentar a sus hijos durante el periodo de lactancia.

Los descansos para que las trabajadoras alimenten a sus hijos, previstos en el artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo y en la cláusula 104 del contrato colectivo de trabajo que rige en Petróleos Mexicanos, deben concederse durante el periodo de lactancia, ya sea que natural o artificialmente las trabajadoras alimenten a sus hijos, pues la expresión “para amamantar” empleada en dichas disposiciones no puede entenderse en el sentido de que los permisos sólo se otorgarán cuando la madre amamanta en forma personal y directa a su hijo, pues tan rigorista interpretación es contraria al espíritu que animó al legislador para establecer tales descansos, que no fue otro que el de proteger el derecho de las trabajadoras para atender a la alimentación de sus hijos dentro del periodo de lactancia, independientemente de la forma de proporcionar ese sustento, por lo que la referida expresión indica simplemente el acto mediante el cual la trabajadora da alimento a su hijo.

Amparo directo 9000/68. Petróleos Mexicanos. 4 de junio de 1969. Cinco votos. Ponente: Manuel Yáñez Ruiz.

Énfasis añadido

Dado el grado de vulnerabilidad de la mujer, es necesario que el Estado mexicano adopte medidas de protección hacía las madres trabajadoras para que conserven su trabajo, por lo que deben gozar de especial protección a través de una estabilidad laboral de mayor intensidad, también conocida como “estabilidad reforzada”, que exige, como ya dijimos, de una mayor y particular protección del Estado, dada la proclividad a sufrir una discriminación por el sólo hecho de ser madres.

En refuerzo, de acuerdo con el artículo 8o. del Convenio 183, se destaca la prohibición de despedir mujeres embarazadas, salvo por cuestiones no relacionadas con el estado de gestación, el parto y otros relacionados directamente con la maternidad, quedando, en caso de despido, a cargo del empleador la demostración de que efectivamente dicha situación obedece a causas diversas del estado de gravidez, veamos textualmente.

Protección del Empleo y no Discriminación

Artículo 8

1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un periodo que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador.

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad. Artículo 9 1. Todo miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del artículo 2.

Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado de dicho examen, excepto cuando esté previsto en la legislación nacional respecto de trabajos que

(a) estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres embarazadas o lactantes, o

(b) puedan presentar un riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y del hijo.

Un excelente documento de consulta, que aborda de manera integral este tema fue desarrollado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, intitulado Despido por embarazo.

Para mayor comprensión de la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, y dado que los tribunales mexicanos citan el caso de Colombia, referimos que la Corte Constitucional de dicho país, en la sentencia T-082/12 determinó lo siguiente:

Derecho a la estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada

Fuero de maternidad derivado de la especial protección constitucional a las mujeres durante el embarazo y la lactancia. Reiteración de jurisprudencia.

Medidas de protección por el fuero de maternidad y la indemnización del artículo 239 del código sustantivo del trabajo.

Fuero de maternidad y alcance de las medidas de protección. Cuando las causas para la terminación de la relación laboral fueron objetivas, generales y legítimas.

El juez constitucional deberá decidir, en cada caso que examina, cuál es el alcance de las medidas de protección –principales, como el reintegro o renovación del contrato, o sustitutas, como las prestaciones en materia de seguridad social en salud– cuando han operado causas objetivas, generales y legítimas que ponen fin a la relación laboral. Lo anterior obedece a dos razones primordialmente. La primera, que existe una imposibilidad de crear un estándar único de órdenes de reintegro o renovación, pues para esta sala es claro que cada caso, cada labor o función, y cada empresa presenta posibilidades distintas para brindar la garantía de estabilidad de la alternativa laboral de la mujer gestante. La segunda responde a que, si bien en un determinado caso la orden de reintegro puede ser fácticamente imposible, no se justifica dejar sin ningún tipo de protección a la mujer embarazada siendo procedente reconocerle, conforme a las particularidades del caso y como medida sustituta, las cotizaciones respectivas a seguridad social, después de la cesación de la relación laboral y hasta el momento en que la mujer acceda a la prestación económica de la licencia de maternidad.

Protección objetiva a la mujer embarazada. Caso en que la terminación del contrato se efectuó dentro del periodo del embarazo y sin autorización del inspector de trabajo/ Fuero de maternidad y alcance de las medidas de protección. Caso en que ya no es posible la medida de reintegro o renovación por cuanto terminó la ejecución del contrato

En atención de los anteriores supuestos fácticos, esta sala colige que en el presente caso debe operar la protección objetiva a la mujer embarazada dado que la terminación del contrato de la accionante se efectuó dentro del periodo del embarazo y sin autorización alguna del inspector del trabajo. Lo que conduce esta sala al reconocimiento de las medidas de protección derivadas del fuero de maternidad que se ajusten a las particularidades del caso y a las características específicas de la alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada. Lo anterior por cuanto, como quedó expresado en las consideraciones (fundamento jurídico 20), una vez se verifica que es procedente la protección constitucional derivada del fuero de maternidad –la cual procede con independencia de la modalidad contractual adoptada– la aplicación de medidas de protección tanto principales como sustitutas no dependerá, en ningún caso, de la notificación que haga la trabajadora a su empleador sobre su estado de gravidez antes de la terminación del contrato. Ahora bien, una vez comprobada la procedencia de la protección objetiva en este caso, esta sala se pregunta cuál sería entonces el alcance de las medidas de protección derivadas del fuero de maternidad en el presente caso. La jurisprudencia de este tribunal constitucional ha reiterado en varias oportunidades que la conservación de la relación laboral mediante ordenes de reintegro o renovación del contrato, es un desarrollo del principio constitucional a la estabilidad laboral del artículo 53, y por esta razón se trata de la medida de protección por excelencia en los casos de despido de mujeres gestantes. Sin embargo, como se precisó en los argumentos expuestos, también ha sostenido que en ciertas ocasiones cuando no es posible la medida de reintegro o renovación debido a las particularidades de la alternativa laboral y de los hechos que rodean el caso, la protección de la mujer gestante estará dada por medidas sustitutas como los aportes al sistema de seguridad social y el consecuente reconocimiento de la licencia de maternidad. Considera esta sala que las mujeres trabajadoras en estado de embarazo, en atención a la especial protección constitucional que merecen, no tienen la obligación de soportar la carga que se deriva de la terminación por causas objetivas de la relación laboral que les provee el sustento. Por tal razón, en este caso, si bien no es posible el reintegro, debido a la misma naturaleza de la causa que dio lugar a la desvinculación, deberá reconocerse a favor de la accionante y a cargo del verdadero empleador de la misma, tal como se ha hecho en otros casos (sentencias T-375/00; T-534/09; T-245/07; T633/07; T-069/07; T-1210/05), las prestaciones en materia de seguridad social en salud, hasta el momento que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad. Por otra parte, no procede en el presente caso el pago de la indemnización prevista en el artículo 239 del código sustantivo del trabajo a cargo del empleador y a favor de la mujer embarazada, no solo porque, como se informó anteriormente, el señor Terreros no tenía conocimiento del estado de gravidez de la actora al momento de la terminación del contrato, sino también porque como quedó debidamente probado, la causa que motivó la desvinculación en el presente caso es a todas luces objetiva, general y legítima.

Protección objetiva a la mujer embarazada. Caso en que la terminación del contrato se efectuó dentro del periodo del embarazo y sin autorización del inspector de trabajo/ Fuero de maternidad y alcance de las medidas de protección. Caso en que ya no es posible la medida de reintegro o renovación por cuanto se terminó la relación laboral por cuanto la empleadora fijó su domicilio en otra ciudad

Al igual que en el caso anterior, la protección objetiva a la mujer embarazada opera, dado que la terminación del contrato de la accionante se efectuó dentro del periodo del embarazo y sin autorización alguna del inspector del trabajo, lo que conduce a esta sala al reconocimiento de las medidas de protección derivadas del fuero de maternidad que se ajusten a las particularidades del caso y a las características específicas de la alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada. Lo anterior por cuanto, como quedó expresado en las consideraciones (fundamento jurídico 20), una vez se verifica que es viable la protección constitucional derivada del fuero de maternidad la cual procede con independencia de la modalidad contractual adoptada la aplicación de medidas de protección tanto principales como sustitutas no dependerá, en ningún caso, de la notificación que haga la trabajadora a su empleador sobre su estado de gravidez antes de la terminación del contrato. Llegados a este punto de haber logrado confirmar la procedencia de la protección, surge de nuevo la pregunta sobre ¿cuál sería entonces el alcance de las medidas de protección derivadas del fuero de maternidad en el presente caso? Esta sala considera que la facultad de la empleadora para trasladarse a otra ciudad –traslado que se efectúo, según la misma, porque (i) la demandada contaba con un terreno propio en el municipio de Caucasia en el cual había iniciado la construcción de una casa, y porque (ii) la mayor parte de su familia tenía su domicilio en dicha localidad– se sustenta en el derecho a la definición del propio domicilio. Esta causa de terminación de la relación laboral, que si bien no es objetiva, ni general en el sentido que no se presenta como la consecuencia jurídica derivada de la dinámica contractual propia de las empresas o entidades, sí es legítima, en la medida en que la empleadora como ciudadana, tiene derecho a escoger y cambiar su domicilio cuando así lo quiera. Asimismo, puede inferirse que la medida de reintegro como opción principal de protección es de imposible cumplimiento dado que, no puede obligar esta sala a la empleadora a que traslade a la actora y al recién nacido a su nuevo domicilio y a que la reintegre a las labores domésticas en su nuevo hogar. Lo anterior por cuanto no se pueden presumir las condiciones de vida de la demandada en su nueva residencia y por tanto no se puede inferir que la misma requiere, también allí, del servicio doméstico.

La estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada se aplica en países como Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela. Al respecto se puede consultar el trabajo de Constanza Boada Peñaranda denominado De la estabilidad laboral reforzada: un estudio jurisprudencial sobre esta institución jurídica y los mecanismos para garantizar este derecho.

Finalmente, creemos que las medidas propuestas en esta iniciativa son necesarias para reafirmar el derecho de las mujeres a vivir y trabajen en espacios libres de violencia, que no sean perseguidas o acosadas por algo de lo más natural y humano: ser madre.

De lo que antecede someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, 170 de la Ley Federal del Trabajo y 149 Ter del Código Penal Federal

Primero. Se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. Las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en situación de maternidad gozaran de una estabilidad reforzada en el empleo.

Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a V. ...

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto. Las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en situación de maternidad gozaran de una estabilidad reforzada en el empleo; y

VII. ...

Tercero. Se reforma la fracción II del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 149 Ter. ...

I. ...

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo, lactancia; o limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o

III. ...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres.

Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad.

Artículo 166. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias.

Artículo 167. Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación, o del producto.

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la definición anterior.

Artículo 168. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV, de esta ley.

Artículo 169. (Se deroga).

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. Durante el periodo del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso;

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban;

III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto;

IV. En el periodo de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado;

V. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un periodo no mayor de sesenta días;

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto; y

VII. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales.

Artículo 171. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias.

Artículo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras.

2 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-MUJERES-WEB_Accss.pdf

3 http://copred.df.gob.mx/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Discriminaci%C3%B3n- Laboral-hacia-la-Mujer-Despido-por-Embarazo.pdf

4 http://repository.ucatolica.edu.co/jspui/bitstream/10983/2217/1/De-la-estabilid ad-laboral-reforzada_final%20(1).pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2015.— Diputados: Lia Limón García,Alejandro Armenta Mier, Alfredo Bejos Nicolás, Alma Carolina Viggiano Austria, Alma Lucia Arzaluz Alonso, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana Guadalupe Perea Santos, Ana Leticia Carrera Hernández, Ángel García Yáñez, Antonio Amaro Cancino, Beatriz Vélez Núñez, Cándido Ochoa Rojas, Carmen Victoria Campa Almaral, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cirilo Vázquez Parissi, Claudia Sofía Corichi García, Daniela De Los Santos Torres, Edith Yolanda López Velasco, Eloisa Chavarrias Barajas, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, María Ávila Serna, María Bárbara Botello Santibáñez, María Del Rocío Rebollo Mendoza, María Eugenia Ocampo Bedolla, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Mariana Benítez Tiburcio, Mariano Lara Salazar, Maricela Emilse Etcheverry Aranda, Martha Sofía Tamayo Morales, Natalia Karina Barón Ortiz, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Nora Liliana Oropeza Olguin, Paloma Canales Suárez, Pedro Luis Noble Monterrubio, Rocío Díaz Montoya, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Sara Paola Galico Félix Díaz, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Soralla Bañuelos de la Torre, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.

Le pregunta, diputada Limón, la diputada vicepresidenta Daniela De Los Santos si usted permite que suscriba la iniciativa.

La diputada Lía Limón García (desde la curul): Por supuesto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su asentimiento.

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Claudia Corichi, por favor.

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Gracias, presidente. Quisiera preguntarle a la diputada Lia Limón, no solamente por razones evidentes de mi embarazo, sino porque estoy convencida de este tema, si nos permite, si me permite adherirme a esta iniciativa. Me parece fundamental este tema que trató hoy y, sobre todo, en un día como el que se celebró ayer.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Limón, la proponente de la iniciativa, reitera su asentimiento.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Erika Rodríguez, por favor.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Señor presidente. A nombre de las y los hidalguenses, le solicite a la diputada Lia Limón, nos podamos suscribir a su importante iniciativa que es una manera de seguir cerrando brechas de desigualdad y seguir respetando los derechos de las mujeres.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En el mismo sentido, igualmente la diputada vicepresidenta Bárbara Botello, solicita suscribir la iniciativa. Y reitera en el mismo sentido. Gracias.

Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad de Londres, Universidad de Guanajuato, Universidad Católica, Universidad La Salle campus Guanajuato, e Ibero campus Guanajuato. Todas las personas integrantes, alumnos de estas universidades, invitados por la diputada Bárbara Botello.

Igualmente la presencia de integrantes del grupo colectivo de derecho, alumnos de diferentes universidades públicas y privadas de Baja California, de Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Sonora, invitados por los diputados Enrique Jackson, Jasmine Bugarín, Nancy Sánchez y Bernardino Antelo. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y de la Ley Agraria.

El diputado Jesús Serrano Lora:Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, el día de hoy vengo a esta máxima tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o., fracción VII y adiciona el artículo 24 Bis de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y se reforman los artículos 164, 179 y 185, fracción VI, de la Ley Agraria.

La iniciativa que se presenta tiene por objeto crear la figura de los mediadores públicos profesionales dentro de la estructura orgánica de los tribunales agrarios, destacar su papel y limitaciones dentro de los conflictos agrarios, su relación laboral con los mismos, a razón de lo siguiente.

Desde 1978, con el determinado Proyecto Florentino de Acceso a la Justicia, iniciado por Mauro Cappelletti y Bryant Garth, se inició a nivel mundial una tendencia a la solución de los conflictos mediante los métodos alternativos, como el de la conciliación, negociación, mediación y arbitraje.

Nuestro país por fortuna no escapa a esta tendencia. En el derecho agrario se han permeado fundamentalmente dos métodos alternativos de solución de conflictos, como son el de la conciliación y el arbitraje; el primero, conferido a los tribunales agrarios por antonomasia, y el segundo, a la Procuraduría Agraria. Sin embargo, las disposiciones legales que regulan sobre todo la conciliación y a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de dichos preceptos, han obstaculizado el desarrollo de dicha figura y su aplicación.

Debemos desarrollar pues la figura de la conciliación en materia agraria y figura jurídica, que sin duda sea para el bien de los pequeños ejidatarios y los comuneros de México.

La conciliación dentro de la doctrina jurídica se define como un acuerdo al que llegan las partes en un proceso cuando existe controversia, la aplicación o interpretación de sus derechos, que permite y resulta innecesario dicho proceso. Es así mismo el acto por el cual las partes encuentran una solución a sus diferencia y la actividad que sirve para ayudar a los contenientes a encontrar el derecho que debe regular sus relaciones jurídicas.

El derecho agrario, como ninguna otra rama del derecho, requiere de este método alternativo de solución de controversias, en razón de las desventajas que presenta, ya que como lo expresara la doctora María del Pilar Hernández, la conciliación frente al proceso judicial tiende a las siguientes ventajas: la optimización de tiempo en la práctica, la solución de la controversia se reduce hasta en un 90 por ciento. Es decir, el conflicto concluye en un mes y no en uno o más años. Abatimiento de costos, aún y cuando se cuenta con la asesoría gratuita por parte de la Procuraduría Agraria.

Las partes no necesariamente derogan gastos de asesoría, la tramitación del proceso agrario les implica gastos de traslado, dejar de trabajar para atender las diversas diligencias del proceso, así como el pago de peritos, traslados y viáticos de testigos, entre otros.

Las partes intervienen a la solución misma del conflicto, es decir, tienen un papel activo en la conciliación y eso es determinante, porque si alguien conoce del problema son precisamente las partes. También saben su solución e inclusive pueden aportar una solución de fondo al problema, no sólo jurídico, como se da en el proceso, contribuyen al abatimiento de la carga de los asuntos de los tribunales agrarios, reduciendo considerablemente la carga procesal agraria, y por tanto, los costos de impartición de justicia.

Ambas partes ganan en una sentencia, siempre hay un ganador y un perdedor. Mientras que en la conciliación ambas partes son ganadoras, puesto que ceden algo, pero también ambas partes ganan en la controversia.

Representa una problemática muy compleja y en consecuencia de impacto social, que se escuche bien, de impacto social. Tan sólo recordemos que la última de las revoluciones, la Revolución Mexicana la realizaron los campesinos que reclamaban certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

Es por ello, que esta iniciativa es muy importante, pues de aprobarse se daría solución a mucha de la problemática social, que muchas veces suele ser incluso familiar. Espero, estimados compañeros y compañeras, que puedan sumarse a esta iniciativa. Es todo, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de los Tribunales Agrarios, y Agraria, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, en su carácter de diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6, párrafo 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8, fracción VII, y adiciona el artículo 24 Bis de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y se reforman los artículos 164, 179 y 185, fracción VI, de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El campo en general y la materia agraria en particular ha atravesado por una profunda transformación durante el último siglo, transitando desde el Plan de Ayala y la promulgación del texto original del artículo 27 en la Constitución de 1917 hasta la reforma constitucional de 1992, al mismo artículo 27 donde de manera oficial se dio fin al reparto de tierras y se instauraron los tribunales agrarios.

El derecho agrario lo podemos dividir en dos etapas, a partir del Plan de Ayala, de la ley de 6 de enero de 1915 y del texto original del artículo 27 constitucional; y a partir de la reforma constitucional de 1992.

La existencia de diferencias sustanciales pueden identificarse fácilmente: La primera etapa, que sostuvo como esencia misma de la reforma agraria el reparto equitativo de las tierras rurales y la preminencia de los sistemas ejidal y comunal sobre la propiedad particular.

El segundo período, en cambio tiene un signo contrario al primero: cesar el reparto de tierras y una amplia liberación a las relaciones jurídicas, con el consecuente retraimiento de las prohibiciones dirigidas a los ejidatarios y comuneros que consagraba la variabilidad de las formas de la tenencia de la tierra, lo que abrió la vía para otras formas de propiedad.

De todo ello, resultan las nuevas formas de las soluciones de conflictos entre particulares, tanto las sustantivas y las procesales; así como las reglas de interpretación que ahora el juzgador debe aplicar para desentrañar el sentido de las reformas agrarias, función particularmente importante para contar con interpretaciones suficientes y pacíficamente aceptadas como forma de solución de los conflictos.

De lo expuesto, puede llegarse a la conclusión que las disposiciones agrarias tienen ahora un carácter jurídico mixto: Se encuentran regidas tanto por el derecho público, en aquellos aspectos que se relacionan con la estructura y organización de los ejidos, autoridades y las comunidades agrarias, así como la designación de sus órganos internos de gobierno, las facultades de estos y otros más que se encentran prescritos en la Ley Agraria y los otros ordenamientos legales que regulan sus actividades; Por otra parte, la misma Ley Agraria prevé la aplicación de ordenamientos jurídicos característicos del derecho privado, al admitir la posibilidad que los integrantes de aquellos núcleos de población puedan decidir su exclusión del ejido y realizar compraventas de sus parcelas con particulares.

La reforma constitucional de 1992 en materia agraria determino la apertura de una época diferente, bajo nuevas instituciones sustantivas y adjetivas del derecho agrario. Entre otros aspectos modifico el párrafo tercero; la fracción IV para darle capacidad agraria a las sociedades mercantiles por acciones; a la fracción VI para darles capacidad para adquirir bienes raíces necesarios para los servicios públicos, a los estados, Distrito Federal y municipios; en la fracción VII faculta a ejidos y ejidatarios para convertir sus tierras al dominio pleno; deroga las fracciones: X, XI, XII, XIII y XIV, las cuales establecían las autoridades y los procedimientos agrarios; en su fracción XV amplió el concepto de las pequeñas propiedades y mejoramiento de tierras; derogó también la fracción XVI; la fracción XVII señala que el Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales expedirán leyes y establecerán procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de excedentes; y por último en la fracción XIX declara que son de jurisdicción federal los asuntos de límites ejidales y comunales, la administración de la justicia creando para ello los tribunales agrarios, elevando a rango constitucional la procuración de justicia agraria.

Esta reforma tuvo por objeto, entre otros, según se desprende de la exposición de motivos, “promover mayor justicia y libertad, proporcionando certidumbre jurídica y los instrumentos para brindar justicia expedita, creando las condiciones para promover una sostenida capitalización de los procesos productivos, propiciando el establecimiento de formas asociativas estables y equitativas, y fortaleciendo y protegiendo al ejido y a la comunidad”.

Asimismo, tuvo por objeto “la procuración de justicia en el campo (solicitud reiterada de los campesinos), instrumentar un aparato de justicia de gran alcance para resolver los conflictos agrarios y se promover la instauración de tribunales agrarios en todo el país, llevar la justicia al más lejano rincón de la República (lo que será la justicia itinerante), en donde prevalezca la sencillez y la claridad en los procedimientos en la impartición de la justicia”.

Con la publicación de las reformas a este ordenamiento, en materia agraria se da el cambio estructural con relación al Estado y los diferentes regímenes de propiedad rural. El nuevo marco legal agrario integro las diferendos en materia agraria a la justicia ordinaria a través de los Tribunales Agrarios, se creó la Procuración Agraria, se reorienta y amplía las atribuciones del Registro Agrario Nacional y da origen al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), para regularizar la propiedad social.

El tema de justicia agraria se conserva en la fracción XIX del artículo 27 constitucional en el primer párrafo que señala “con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos”. Esta misma fracción se ocupa en proveer la asesoría legal de los campesinos, señala una medida tutelar, que se relaciona con el último párrafo de la fracción XIX.

En el segundo párrafo de la fracción mencionada determina: “Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria y plena jurisdicción, integrado por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia”.

Con la reforma se pretendió que en materia agraria existieran formas para lograr una dinámica y expedita administración de justicia en beneficio de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, que pusieran fin al trámite burocrático, de los gastos onerosos y de los malos abogados. De esta manera, con la reforma se crean funciones materialmente jurisdiccionales al crear tribunales y un juicio en donde se desarrolle el proceso en materia agraria.

Que este cambio constitucional es la piedra de origen a la instauración de los Tribunales Agrarios ha dado resultados que saltan a la vista:

Ahora, a más de dos décadas después de haber sido creados estos los tribunales agrarios, requieren de un nuevo impulso que dotarlos de instrumentos jurídicos que hagan más efectiva su labor y permitan alcanzar la divisa constitucionales “para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos”. Pero sobre todo, para que el desahogo de los expedientes desemboque una real y duradera solución de los conflictos. Ese es el espíritu de esta reforma, ese es el ideal que mueve esta propuesta.

La presente iniciativa tiene como objetivo el buscar métodos de resolución alternativa de los conflictos, como medio de acceso a la justicia que evite la saturación y descongestione procesos administrativos y jurisdiccionales. En este caso la mediación en materia agraria en general y circunscrita al ámbito jurisdiccional agrario en particular.

La mediación como una forma basada en la democracia, la pacificación social, el diálogo, el respeto, y el consenso para la convivencia. Mediación regida por el principio de neutralidad, buscando un acuerdo consensuado y aceptado por las partes, donde en el entendimiento, la aceptación de las necesidades distintas o ajenas y la justicia permitan a los protagonistas del proceso aceptar y poner solución a las diversas problemáticas sobre la materia.

En este sentido la realización de un proceso de mediación antes y durante el procedimiento jurisdiccional, puede servir, entre otras cosas para desahogar las cargas de trabajo de los tribunales, pero sobre todo permitir un pronto acceso a la justicia. Asimismo, priorizar la mediación profesional enfocada a reducir los plazos extremadamente largos y prolongados que hasta ahora requiere la solución jurisdiccional de las controversias de carácter agrario, “justicia retardada es justicia denegada”, sostiene un sabido aforismo.

La doctrina define a la conciliación como “un acuerdo al que llegan las partes en un proceso, cuando existe controversia sobre la aplicación o interpretación de sus derechos, que permite resulte innecesario dicho proceso. Es así mismo, el acto por el cual las partes encuentran una solución a sus diferencias y la actividad que sirve para ayudar a los contendientes a encontrar el derecho que deba regular sus relaciones jurídicas”.

En este orden de ideas, la conciliación es el acto donde cada una de las partes hace una cierta renuncia a su derecho o su pretendido derecho, a efecto de conseguir entre ambos una solución convencional.

De la definición anterior, es de destacarse que la conciliación es un acuerdo en el que las partes coinciden en dar por terminada una controversia. La conciliación se puede presentar antes de plantear la controversia ante un tribunal o autoridad, así como durante la tramitación del procedimiento o inclusive, después de haber concluido el procedimiento.

En la Legislación Agraria se expresa el propósito conciliador, influida por la experiencia sobre graves y profundos problemas, muy frecuentes en el agro, que difícilmente serán resueltos de raíz al través de una sentencia.

Actualmente, la Ley Agraria en su Artículo 185 fracción VI, dispone:

Artículo 185...

VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno.”

En este sentido, es indudable que la conciliación es un instrumento o método alternativo de solución de las controversias de indudable valía, en razón de las ventajas que representa frente al proceso judicial, tales como:

A) Optimización de tiempo. En la práctica, la solución de la controversia se reduce hasta en un 90 por ciento el tiempo empleado, es decir, el conflicto concluye en un mes y no en uno o más años;

B) Abatimiento de costos, puesto que la tramitación de proceso agrario les implica gastos de traslado, se dejan de trabajar para atender las diversas diligencias del proceso, pagan peritos, traslado y viáticos de testigos, incluso cuando se cuente con asesoría gratuita de la Procuraduría Agraria. No todos los gastos son necesariamente en asesoría;

C) Las partes intervienen en la solución misma del conflicto, es decir, las partes tienen un papel activo en la conciliación y eso es determinante, porque si alguien conoce el problema son precisamente las partes y también saben su solución e inclusive se da una solución de fondo al problema y no sólo jurídico, como se da en el proceso jurisdiccional.

D) Contribuyen al abatimiento de la carga de los asuntos de los Tribunal Agrarios, puesto que se reduce considerablemente la carga procesal de los Tribunal Agrarios y, por tanto, los costos de la impartición de justicia.

E) Ambas partes ganan. Ya que en una sentencia siempre hay un ganador y un perdedor. En cambio, en la conciliación ambas partes son ganadoras, es necesario que cedan algo para ganar algo, pero ambas obtienen parte de la materia de controversia).

F) Contribuye a lograr la paz social. Este punto es fundamental; el mexicano presenta una problemática muy compleja, de alto impacto económico y social. Al respecto debemos recordar que la Revolución Mexicana la realizaron los campesinos, y parte del origen del problema se relacionó con la falta de seguridad en la tenencia de la tierra. Por ello, este medio de solución de controversias es muy importante, porque se soluciona esa problemática social, misma que muchas veces es inclusive familiar, es decir, se ataca al núcleo de la sociedad, como es la familia.

Sin embargo, aun cuando la mediación en materia agraria representa beneficios evidentes, ha sido ampliamente analizada y discuta en los mismos Tribunales Agrarios, nuestro sistema normativo impone trabas para su ejecución. Principalmente por falta de mediadores profesionales, el perfil que deben de cubrir quienes ostente este encargo y la falta de obligatoriedad para llevarlo a cabo. En esto radica el problema.

La interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo señalado por la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria limita el papel de los Tribunales Agrarios al momento de conciliar es sumamente restrictiva, al respecto señala:

Agrario. La exhortación del tribunal para que las partes lleguen a una composición amigable del conflicto, no implica que deba formular una proposición concreta de la conciliación (artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria). La fórmula legal empleada en el artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria, acerca de que “el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable”, sólo significa, atendiendo a una interpretación literal y sistemática, que el Tribunal Agrario correspondiente sólo tiene la obligación, durante la audiencia prevista en el referido artículo o antes de pronunciar el fallo, de exhortar a las partes en el juicio para que diriman voluntariamente sus diferencias entre sí, mediante la celebración de un convenio, como una forma de autocomposición del litigio. Tal exhortación no es factible extenderla a la circunstancia de que el Tribunal Agrario deba plantear a las partes una propuesta concreta de conciliación, pues en ese sentido nada dice la disposición citada, ya que lo más que llega a establecer es el deber del Tribunal Agrario de calificar y, en su caso, aprobar, el convenio respectivo, lo cual no tendría ningún sentido lógico si la propuesta de avenimiento no proviniera de las partes, motu proprio. Además, el artículo 191, fracción I, de la Ley Agraria, al establecer que si las partes están presentes al emitir el fallo, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto, refleja que el sistema normativo previsto en la Ley Agraria, radica, por una parte, en dejar a las partes la proposición concreta para la solución del conflicto (cuando aún no se dicta la sentencia), o para determinar la forma de ejecutar el fallo (lo que presupone su previo dictado); y por otra, en imponer al tribunal el deber de procurar que las partes, en ambos casos, lleguen a un avenimiento.

Contradicción de tesis 99/95. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 14 de junio de 1996. Cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.

Tesis de jurisprudencia 31/96. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión privada de catorce de junio de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia”.

Esta interpretación queda corta a las necesidades actuales y a las tendencias mundiales y nacionales en materia de solución de los conflictos a través de los métodos alternativos como el de la conciliación, negociación, mediación y arbitraje. Estos medios deben permear en el derecho agrario a partir de la capacitación de los funcionarios agrarios y de la concientización de su importancia, a fin de que se visualicen como métodos alternativos, por excelencia, en la solución de conflictos, antes que pensar en actos en una decisión judicial. Para ello se requiere de elementos que influyen en el éxito de la conciliación, entre los que se encuentra:

A) La capacitación de conciliadores en materia agraria. Reconociendo que la conciliación depende de muchos factores, inclusive psicológicos. Las reglas de oro de la conciliación son al menos las siguientes:

1. Experiencia, es decir, conocimiento del cómo habrá de desarrollarse la conciliación;

2. Presencia, es decir, atención personal y directa del conciliador con las partes;

3. Inteligencia, actitud de no ser vencido por las emociones,

4. Imparcialidad, es decir manifestarse como tercero ajeno al conflicto y, por tanto, no inclinarse ni a favor de una parte ni de la otra.

B) La existencia de mediadores profesionales en las distintas dependencias y ámbitos de aplicación del Derecho Agrario, que permitan una verdadera conciliación.

C) Se reconozca, en materia agraria, el arbitraje no institucionalizado, en razón de que en las comunidades indígenas existen árbitros, como el Consejo de Ancianos, el mayor de la comunidad, el abuelo, que por su ascendencia moral o religiosa se convierte materialmente en árbitro. Sin embargo, sus laudos arbitrales no están reconocidos por la ley con alguna validez, sino sólo los que realiza la Procuraduría Agraria.

D) Capacitación técnico jurídica y no sólo psicológica, para los conciliadores, árbitros, mediadores y negociadores que permitan que los convenios, se presentan conforme a derecho y eviten ser renegociados al momento de que se sancione de legal por los Tribunales Agrarios. Esta capacitación que se debe extender también al conocimiento de los principios de derecho de equidad, justicia, buena fe, entre otros, a fin de que en dichos convenios se observen dichos principios.

Todo lo anterior sirvan para ejemplificar y son razones contundentes para proponer la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 8 fracción VII y adiciona el artículo 24 Bis de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y se reforman los artículos 164, 179 y 185, fracción VI, de la Ley Agraria

Artículo Primero. Se reforma el artículo 8o., fracción VII, y se adiciona el artículo 24 Bis de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Para quedar como sigue:

Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios

Artículo 8o. Son atribuciones del Tribunal Superior Agrario:

I. a VI. ...

VII. Nombrar los secretarios, actuarios, mediadores públicos profesionales y peritos de los tribunales agrarios, cesarlos, suspenderlos en sus funciones, aceptar sus renuncias, cambiarlos de adscripción y resolver todas las cuestiones que se relacionen con dichos nombramientos; así como concederles licencias en los términos de las disposiciones legales aplicables, previa opinión, en su caso, del magistrado a que se encuentren adscritos;

VIII. y XI. ...

Artículo 24 Bis. Los mediadores públicos profesionales

Para ser mediador se deberá cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener cuando menos veinticinco años de edad al día de su designación;

II. Contar con título y cédula profesionales de Licenciatura en Derecho, así como dos años de experiencia profesional mínima demostrable, en cualquiera de las materias competencia del Centro;

III. Concursar y aprobar el proceso de selección correspondiente, sometiéndose a los exámenes y cursos de capacitación y entrenamiento. Los resultados de los exámenes son confidenciales.

El cargo de mediador es de confianza y será ratificado cada tres años por el pleno del Tribunal Superior Agrario, previa aprobación de un examen de competencias laborales.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 164, 179 y 185 fracción VI de La Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 164. En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito, además observarán lo siguiente:

I. a IV. ...

V. El Tribunal proporcionara en todo momento y de manera gratuita el servicio de mediación pública profesional como forma alternativa de solución de los conflictos.

...

Artículo 179....

En todos los juicios, el tribunal asignara gratuitamente a un mediador público profesional con independencia de que se trate de núcleos de población ejidales o comunales, ejidatarios, comuneros o particulares.

Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:

I. a V. ...

VI. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Para lo anterior el mediador público profesional designado previamente por los tribunales agrarios en términos del segundo párrafo del artículo 179 de esta ley, se reunirá a solas y en privado con las partes para buscar una solución al conflicto. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El pleno del Tribunal Superior Agrario contará con 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto para elaborar el reglamento de los mediadores profesionales que presten sus servicios en los Tribunales Agrarios.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación de 6 de enero de 1992.

2 Barajas Montes de Oca, Santiago, entre otros “ Conciliación”, Diccionario Jurídico mexicano, quinta edición, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM- Porrúa, 1992, página 568.

3 Doctora Imelda Carlos Basurto, “Algunas consideraciones sobre la conciliación en materia Agraria”. Revista de los Tribunales Agrarios, Segunda Época, Año I, número 33, mayo-agosto 2004, página 22, México.

4 García Ramírez, Sergio, Elementos de derecho procesal agrario., México, Porrúa, 1993.

5 Ruanova Zárate, Rafael, “Filosofía y método de la conciliación” Revista de los Tribunales Agrarios, Tribunal Superior Agrario, número 27, año X, enero-abril de 2002, página 174.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputados: Jesús Serrano Lora, Alfredo Basurto Román, Alma Carolina Viggiano Austria, Cándido Ochoa Rojas, Cirilo Vázquez Parissi, Concepción Villa González, Erick Alejandro Lagos Hernández, Eva Florinda Cruz Molina, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Jorge Tello López, María Chávez García, Mariana Trejo Flores, Miguel Ángel Sedas Castro, Natalia Karina Barón Ortiz, Norma Xochitl Hernández Colín, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Roberto Guzmán Jacobo (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Serrano. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Basurto, por favor.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Gracias, presidente. Escuchando con atención la iniciativa que presenta el compañero Jesús Serrano y como abogado postulante, el de la voz, pedirle si me deja adherirme a su iniciativa.

Es muy cierto lo que plantea y efectivamente muchos de los juicios en materia agraria terminan en conciliación. Entonces, si lo permites, Jesús, adherirnos. Es cuanto, presidente, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Diputado Serrano, escuchó usted con toda seguridad la propuesta del diputado Basurto, se manifiesta en sentido positivo y por lo tanto está a disposición de la asamblea aquí en la Mesa Directiva para quienes quieran suscribir la iniciativa presentada por el diputado Serrano.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a los hombres y mujeres que nos ven a través del Canal del Congreso.

Según datos de Unicef, cada año aproximadamente 300 mil niños y niñas abandonan sus comunidades de origen para migrar junto con sus familias a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos.

La Secretaría de Educación Pública estima que solo el 10 por ciento de estas niñas y niños adolescentes también asiste a la escuela.

En su informe de este año destacó que atendió a 47 mil estudiantes, los cuales cursan a nivel inicial y básico. Esto representa un 15 por ciento, solamente un 15 por ciento, y para estos niños evidentemente resulta muy difícil terminar todo un ciclo educativo porque tienen que trasladarse con sus padres a los campos agrícolas del noreste, situación que ha pretendido paliarse con programas educativos para los niños y niñas migrantes.

El ofrecer una educación inicial y básica con calidad y equidad a la población infantil jornalera migrante es un reto más del gobierno mexicano. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT cataloga el trabajo que realizan los niños y niñas jornaleros en los campos de agricultura comercial como la peor forma de trabajo infantil, bajo el rubro de trabajo peligroso y por tanto, la misma OIT recomienda su erradicación definitiva en base al Convenio 182.

En México, según datos del INEGI 3.3 millones de niños y niñas están laboralmente incorporados a los tres sectores productivos, pero la gran mayoría de estos, casi el 50 por ciento, se dedica al trabajo agrícola exclusivamente.

La migración de familias con hijos en edad escolar propicia que en las entidades expulsoras, los niños que iniciaron ahí su primaria la terminen en otra entidad o en otro país, y también generando que en las entidades de atracción migratoria se una mayor presión sobre los servicios educativos para atender a niños y niñas que llegan.

La Ley General de Educación en su artículo 3 prevé que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursas la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Y es a la Secretaría de Educación Pública a quien corresponde también diseñar estrategias que contribuyan a esto.

Hasta la llegada de la actual administración se contaba con el programa de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras, agrícolas, migrantes cuyos objetivos eran importantes para ampliar las oportunidades educativas. A partir de 2014 la Secretaría cambió al Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, que ahora abarca también la atención educativa, la diversidad social, lingüística y cultural. Es decir, ya no solo se enfoca a las niñas y los niños adolescentes jornaleros agrícolas migrantes.

Contar con un programa que atienda específicamente a esta población que representa 50 por ciento de las necesidades –estoy hablando de las niñas y los niños adolescentes jornaleros agrícolas y migrantes– es básico, indispensable para llegar a un mayor porcentaje de atención. No es solo una cuestión de modas ni de gobiernos, sino una cuestión de política pública esencial.

Por todo esto es que propongo adicionar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que diga: “Garantizar que niñas y niños adolescentes de familias migrantes jornaleras agrícolas tengan acceso a la educación inicial y básica de calidad, con propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas, diferenciadas y especializadas para atender la interculturalidad en el aula, la organización y metodología multigrado y la perspectiva de derechos humanos y de género”.

Es fundamental atender a esta población de niñas y niños jornaleros agrícolas, además, por supuesto, a sus familias; pero me parece que esto significaría un avance. Por supuesto estoy consciente de que aquí, en esta legislatura, hay una muy buena sensación de que podemos avanzar en este sentido. Es cuanto.

Le pediría, presidente, que se pudiera insertar el texto íntegro de mi intervención en el Diario de los Debates, dado que ahora se han acortado las participaciones. Muchas gracias.

«Intervención sobre iniciativa que adiciona un párrafo, a la fracción VII, del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con su venia señor Presidente; compañeras, y compañeros legisladores ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso:

Según datos de UNICEF, cada año aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar junto con sus familias, a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos.

La Secretaría de Educación Pública estima que sólo el 10 por ciento de estos niños, niñas y adolescentes asiste a la escuela, en su informe de este año, destacó que atendió a 47.176 estudiantes, los cuales cursan el nivel inicial y básico, esto representa un 15 por ciento, aún insuficiente.

El tema de la migración infantil y adolescente apenas ha sido abordado desde el punto de vista sociodemográfico, por lo que existe una carencia de cifras que informen de su nivel, distribución y características demográficas.

Para estos niños resulta muy difícil terminar todo un ciclo educativo, porque tienen que trasladarse con sus padres a los campos agrícolas del noroeste, situación que ha pretendido paliarse con programas educativos para los niños migrantes, pero estos logros han sido limitados dado que los programas de estudio que ofrecen a los niños en sus comunidades no son compatibles con los existentes en sus lugares de trabajo; falta una estrategia educativa conjunta que contemple la situación particular de los niños migrantes.

El ofrecer una educación inicial básica con calidad y equidad a la población infantil jornalera migrante es un reto más del Gobierno mexicano.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cataloga el trabajo que realizan los niños y niñas jornaleros en los campos de agricultura comercial, como la peor forma de trabajo infantil, bajo el rubro de trabajo peligroso y por lo tanto la OIT recomienda su erradicación definitiva, esto con base en el Convenio 182 sobre la erradicación de las peores formas del trabajo infantil.

En México según datos del INEGI 3.3 millones de niños están laboralmente incorporados a los tres sectores productivos pero la gran mayoría 48.3 por ciento, se dedica al trabajo agrícola exclusivamente.

El Gobierno mexicano ha diseñado diversos programas para la atención de estos niveles educativos, sin embargo estos esfuerzos no han sido suficientes ya que este sector aún no disfruta de una distribución de oportunidades que garanticen el acceso la permanencia y el logro de estos niños y niñas en la escuela primaria, ni de los adolescentes en la secundaria.

La migración de familias con hijos en edad escolar propicia que en las entidades expulsaras los niños que iniciaron ahí su primaria la terminen en otra entidad o en otro país, dejando infraestructura subutilizaday, por lo contrario, que en las entidades de atracción migratoria se dé una mayor presión sobre los servicios educativos para atender a los niños que llegan.

La Ley General de Educación en su artículo 3o. prevé que “el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria” y es a la Secretaría de Educación Pública a quien corresponde diseñar estrategias que contribuyan a “procurar la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de las nuevas generaciones, incidiendo en la terminación de la educación básica y reforzar la política educativa para resolver problemáticas de los sectores que acumulan el mayor porcentaje de rezago educativo”.

En 2002 se consolida el “Programa Educación Primaria para Niñas Niños Migrantes”, normándolo a través de reglas de operación para trabajar en catorce entidades federativas. La participación estatal, año con año se fue ampliando, hasta llegar a 25 entidades federativas bajo la denominación de “Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes”.

En diciembre de 2009, este programa se transfirió de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, a la Dirección General de Educación Indígena en 2010, que asume el programa en e1 ámbito técnico y a partir del 2011 el administrativo, integrándose como una línea de trabajo que suma acciones hacia la equidad dentro de la atención a la diversidad social, lingüística, cultural y étnica.

Hasta la llegada del actual Presidente Enrique Peña Nieto los objetivos eran “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales cerrar brechas e impulsar la equidad” y entre sus acciones “de-sarrollar un modelo pedagógico de educación básica intercultural para los hijos de jornaleros agrícolas inmigrantes y emigrantes”.

A partir de 2014, la secretaría cambio a: “Programa para la Inclusión y Equidad Educativa”,que abarca también la atención educativa a la diversidad social, lingüística y cultural, el fortalecimiento de servicios de la educación telesecundaria y el fortalecimiento a la educación especial y de la integración educativa, ya no sólo se enfoca a los niños niñas y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes, si no a ampliar la cobertura a más grupos vulnerables de la población.

Contar con un programa que atienda a estos niños, niñas y adolescentes agrícolas migrantes es básico e indispensable para llegar a un mayor porcentaje de atención, no es cuestión de modas y de gobiernos, es simplemente cumplir con nuestra constitución, para eso preciso necesario institucionalizarlo desde esta ley, ya que así no dejamos nada al azar, ni a los cambios sexenales, para garantizar que la educación llegue a todos, lo que importa es que garantice el derecho a la educación de este segmento de la población.

Es necesaria la coordinación de esfuerzos, ideas y experiencias además de asumir desde un solo programa federal la educación de los niños migrantes.

Por todo esto es que propongo adicionar un segundo párrafo, a la fracción VII del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que diga: Garantizar que niñas, niños y adolescentes de familias migrantes, jornaleras agrícolas tengan acceso a una educación inicial y básica de calidad, con propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas, diferenciadas y especializadas para atender la interculturalidad en el aula la organización y metodología multigrado y la perspectiva de derechos humanos y género.

Es cuanto señor Presidente.

México, DF, a 26 de noviembre de 2015.— Diputada Claudia Sofia Corichi García (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo, a la fracción VII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Un desafío más para la educación básica en México, es el de ofrecer una educación inicial y básica con calidad y equidad a la población infantil jornalera migrante. Desde finales de los años 70 el gobierno mexicano ha diseñado diversos programas –a través de la Secretaría de Educación Pública, SEP, y el Consejo Nacional para el Fomento Educativo, Conafe– para la atención de estos niveles educativos de las niñas y los niños jornaleros migrantes. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes, ya que este sector social aún no disfruta de una distribución de oportunidades que garanticen el acceso, la permanencia y el logro de los infantes en la escuela primaria.

II. Cada año, aproximadamente 300 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos. Muchos de ellos tienen que trabajar en los campos desde muy jóvenes.

La mayor parte de los niños y niñas hijas de jornaleros agrícolas proviene de comunidades indígenas, por lo que la migración a los estados del Norte del país representa para ellos cambios en sus costumbres, cultura e idioma. Alrededor de 42 por ciento de los niños y niñas hijas de jornaleros padece algún grado de desnutrición.

La Secretaría de Educación Pública estima que menos del 10 por ciento de estos niños y niñas asiste a la escuela. Muchos de ellos suspenden sus estudios debido a complicaciones administrativas por cambiar de lugar de residencia. Debemos tener en cuenta que la inasistencia escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales por estos niños y niñas. En este grupo se registra el más alto grado de rezago educativo del país1.

III. En México, los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo. Debido al desigual desarrollo del país, muchos trabajadores de las zonas rurales emigran a los lugares donde hay trabajo y, en muchos casos, lo hacen acompañados de sus familias. Los flujos migratorios por el trabajo agrícola son variables y afectan a todo el país.

IV.El estudio de la migración infantil y adolescente apenas ha sido abordado desde el punto de vista sociodemográfico, la mayor cantidad de las investigaciones en torno de la movilidad de estos grupos responden básicamente a estudios de caso en regiones específicas con objetivos particulares, por lo que existe una carencia de cifras que informen de su nivel, distribución y características demográficas. El análisis de las condiciones socioeconómicas de los niños y adolescentes migrantes lo han llevado a cabo principalmente organizaciones nacionales e internacionales a través de sus áreas de trabajo social, protección de derechos humanos y de la infancia, en el caso de la migración internacional.2

V. Las cifras del censo 2010 muestran que nueve de cada 100 niños menores de 18 años habían nacido en una entidad distinta a la de su residencia y entre los que tienen 5 a 17 años tres de cada cien residía cinco años antes en una entidad distinta a la de su residencia actual. Estos desplazamientos, por lo general, son asociados a un cambio de residencia de tipo familiar, es así que en 2010, 2.8 por ciento de los hogares tienen presencia de inmigrantes internos recientes que son menores de edad, de éstos, 62.6 por ciento corresponden a hogares nucleares. En contra parte, de los hogares con menores de edad que no tienen presencia de migración reciente, 68.2 por ciento son nucleares.3

VI. La migración de familias con hijos en edad escolar propicia que en las entidades expulsoras los niños que iniciaron ahí su primaria la terminen en otra entidad o en otro país, dejando infraestructura subutilizada y, por lo contrario, que en las entidades de atracción migratoria se dé una mayor presión sobre los servicios educativos para atender a los niños que llegan.

VII. Los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable. Un 44% de los hogares de jornaleros agrícolas contaban con al menos un niño o niña trabajador, y sus ingresos se acercaban al 41 por ciento de los del total familiar.

Además, los datos arrojan que un 44.9 por ciento de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas, de manera que la migración supone para ellos un cambio radical en sus costumbres, cultura e idioma.

Consideraciones

I. La Ley General de Educación en el artículo 3o. prevé que “el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la Ley General de Educación”.

II. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública diseñar estrategias que contribuyan: a) alcanzar la justicia y la equidad educativa; b) procurar la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de las nuevas generaciones, incidiendo en la terminación de la educación básica; c) garantizar una cobertura universal de los servicios de educación básica, d) atender la diversidad social, cultural y lingüística en el aula; y, e) reforzar la política educativa para resolver problemáticas de los sectores que acumulan el mayor porcentaje de rezago educativo.

III. Asimismo la Ley General de Educación dispone en su artículo 32 que las “autoridades educativas tomarán medidas tendentes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja”.

IV. Desde 1981, la Secretaría de Educación Pública ha ofrecido atención educativa a la población migrante, específicamente a la jornalera agrícola; es en 1997 cuando la entonces Subsecretaría de Educación Básica y Normal, con apoyo de la Organización de Estados Americanos, da lugar al proyecto “Diseño de un modelo de atención educativa de nivel primaria para niñas y niños jornaleros agrícolas migrantes”.

V. En 2002 este proyecto se consolida como el Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, normándolo a través de Reglas de Operación para trabajar en catorce entidades federativas. La participación estatal, año con año se fue ampliando, hasta llegar a 25 entidades federativas bajo la denominación del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, Pronim.

En diciembre de 2009, el Pronim se transfirió de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, a la Dirección General de Educación Indígena en 2010, que asume el programa en el ámbito técnico y a partir del 2011 el administrativo, integrándose como una línea de trabajo que suma acciones hacia la equidad dentro de la atención a la diversidad social, lingüística, cultural y étnica.

VI. Hasta la llegada del actual presidente, Enrique Peña Nieto, los objetivos eran “ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad”, “articular la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y establecer un nuevo marco de responsabilidades para asegurar mejores niveles de cobertura y logro educativo en estos grupos” y entre sus acciones: “desarrollar un modelo pedagógico de educación básica intercultural para los hijos de jornaleros agrícolas inmigrantes y emigrantes, pertinente al contexto de esta población, así como los mecanismos de seguimiento académico que les aseguren la continuidad de sus estudios, en sus comunidades de origen y de destino”.

VII. La actual administración, a partir de 2014 instaló el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, PIEE, que abarca no sólo la atención de niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes, también engloba la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural, el Fortalecimiento de Servicios de la Educación Telesecundaria y el Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa, y su objetivo principal ya no se enfoca a los niños, niñas y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes, si no a: “Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones públicas de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad y o discapacidad”.4

VIII. El contar con un Programa que atienda a las niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes es básico e indispensable, no es cuestión de modas y de gobiernos, es cuestión de atención y cumplimiento de nuestra constitución, es necesario institucionalizarlo desde esta Ley, ya que así no dejamos nada al azar, ni a los cambios sexenales para garantizar que la educación llegue a todos, no importa cómo se llame, lo que importa es que garantice el derecho a la educación de este segmento de la población, por todo lo anterior es que someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo, a la fracción VII, del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se adiciona un párrafo, a la fracción VII, del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, para quedar como sigue:

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

...

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales;

Garantizar que niñas, niños y adolescentes de familias migrantes, jornaleras agrícolas tengan acceso a una educación inicial y básica de calidad, con propuestas pedagógicas y curriculares diversificadas, diferenciadas y especializadas para atender la interculturalidad en el aula, la organización y metodología multigrado y la perspectiva de derechos humanos y género.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Con datos de UNICEF México.

2 Inegi. Niños y adolescentes migrantes en México 1990-2010, página 201.

3 Ibídem.

4 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Y tal como lo solicita la proponente, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 66 de la Ley General de Educación.

El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en los últimos años se ha estigmatizado y satanizado la loable labor de nuestras maestras y maestros de México, haciéndolos ver como los únicos responsables del proceso educativo, de la calidad en los aprendizajes de los niños, las niñas y los jóvenes sin tomar en cuenta el contexto social, si un niño, una niña o un joven llegó bien comido o bien alimentado a la escuela. Si este niño o joven cuenta con atención médica y sobre todo si cuenta con el respaldo responsable de sus padres o tutores.

Y si, por el contrario, a nuestras maestras y maestros se les ha hecho o se les ha endosado toda la responsabilidad en los malos aprendizajes, porque cuando un niño o joven va bien en la escuela y pasa con excelencia todas sus asignaturas es gracias al apoyo de la familia, de los padres de familia; y cuando le va mal y no alcanza los aprendizajes esperados es responsabilidad de nuestras maestras y maestros.

Por tal motivo esta iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar los artículos 4o. y 66 de la Ley General de Educación que hoy presento, pretende comprometer más a los padres de familia en su responsabilidad de vigilar y conducir en el proceso educativo a todos sus hijos.

El transitorio quinto del decreto de la reforma educativa faculta al Congreso de la Unión para hacer las adecuaciones en el marco jurídico a fin de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Uno de los objetivos de esta disposición es propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Es necesario que nos involucremos en la vida de nuestras hijas e hijos. La familia es su primer contacto con la sociedad. Cambiemos las cosas, mejoremos la educación del país. Está en nuestras manos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 66 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Manuel Alexánder Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 66 de la Ley General de Educación, al tenor del siguiente

Planteamiento del Problema

Mejorar la calidad de la educación es una tarea compleja, debido a la diversidad de factores que intervienen en el desarrollo de esta. Sin duda, es de especial relevancia el papel de la participación familiar para la mejora educativa, ya que a partir de este núcleo es que se transmiten valores, conocimientos prácticos y normas de socialización. No sólo es responsabilidad del padre enviar a sus hijos a las instituciones educativas, sino asumirse como un actor clave en la formación académica.

Desafortunadamente, como señala Ernesto Meneses, “en ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque piensan que esas actividades pertenecen exclusivamente a las instituciones;...” A pesar de tales transferencias, es necesario resaltar que la escuela requiere el acompañamiento del hogar para contribuir en la obtención del éxito educativo y la mejora escolar.

A pesar de conocer y reconocer la importancia de la participación de padres y tutores en el proceso educativo de sus hijos y fomentar la relación escuela – familia, el paso del tiempo, los cambios en los roles de género y en el contexto social que enmarca nuevos estilos de vida, han dado lugar a nuevas formas de interacción en el hogar.

Situaciones como el aumento de hogares monoparentales, la inserción de las mujeres en el mercado laboral fuera del hogar, la existencia de jornadas laborales más amplias y de trayectos más largos de la casa al trabajo, así como el aumento de las separaciones, divorcios, presiones económicas y sociales, dejan poco o casi ningún tiempo a los padres y tutores para involucrarse en las actividades escolares y extraescolares de sus hijos, ocasionando un rezago escolar, falta de hábitos de trabajo e incluso inseguridad al interactuar en un entorno sociocultural complejo.

La conjunción de los aspectos mencionados, entre otros, han dificultado la concordancia de la vida familiar y laboral de los padres, madres y tutores, por lo que se ha ido desatendiendo o descuidando su intervención en aspectos relativos al aprendizaje y contenido educativo que sus hijos reciben.

Con la reforma educativa de 1992 se buscó el establecimiento de nuevas reglas que aumentaran el margen de acción y participación entre los actores directos y corresponsables, compartiendo de manera más equitativa las responsabilidades relativas a la tarea educativa. Esto supuso un importante avance en la materia, conjuntando los esfuerzos de los involucrados; sin embargo, en la actualidad, las reformas educativas se encuentran enfocadas en elevar la calidad, sin atender al hecho de que este objetivo no podrá lograrse si no se cuenta con el debido acompañamiento desde el hogar. La educación como elemento indispensable para impulsar el desarrollo de un país requiere la participación activa de los sectores involucrados para lograr objetivos comunes.

A fin de hacer frente a la problemática descrita y coadyuvar en el proceso de elevar la calidad de la educación en nuestro país, la presente iniciativa tiene como finalidad fomentar la participación de madres, padres y tutores en el proceso educativo, fortaleciendo la labor realizada en las aulas y estableciendo la coparticipación que se necesita para mejorar problemáticas que se encuentran más allá del ámbito escolar.

Exposición de Motivos

Siendo la escuela y la familia dos instituciones con profundas relaciones que contribuyen a la formación integral de las niñas, niños y adolescentes, resulta indispensable que ellos reciban de ambas un mensaje unificado, metas comunes y valores compartidos que le permitan formar su propio criterio a partir de bases sólidas reforzadas en ambas instituciones. Si bien es cierto que son diversas las aristas que pueden afectar el proceso de aprendizaje de los educandos, también lo es que la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en el proceso de enseñanza – aprendizaje es uno de los elementos primordiales para alcanzar resultados académicos positivos en la vida de los alumnos.

Como bien apunta el filósofo pedagogo José Antonio Marina “Los padres solos no pueden educar a sus hijos, hagan lo que hagan, porque no pueden protegerlos de otras influencias muy poderosas. Los docentes solos no pueden educar a sus alumnos, por la misma razón. La sociedad tampoco puede educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los padres y del sistema educativo...” Tal afirmación deja en claro que la formación integral de las niñas, niños y adolescentes requiere la participación conjunta y responsable de los padres de familia, las autoridades federales, estatales, municipales y escolares, las y los maestros.

Esta participación en el proceso enseñanza – aprendizaje puede darse en distintas formas. Desde un ámbito esencialmente presencial que implica la asistencia a reuniones o llamados de las autoridades educativas, hasta una participación más activa que implica mayor compromiso con el seguimiento de la dinámica escolar interna, es evidente la necesidad de un acompañamiento cercano en el aprendizaje de las y los alumnos, supervisando la asistencia y puntualidad e incluso involucrándose con el cumplimiento y alcance eficaz de los objetivos de aprendizaje.

Ya en el estudio Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se señala la necesidad de una educación infantil concebida como colaboradora de la familia es una excelente posibilidad para todos los niños y niñas, sin importar su condición socioeconómica.En el mismo sentido, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación estableció que cuando las familias apoyan a las y los niños en su proceso educativo, crean una atmósfera cultural, valorativa y educativa que fomenta que los estudiantes sean capaces de responder eficaz y positivamente a los requerimientos escolares.

De esta manera, los padres de familia, los maestros y los directivos se convierten en agentes dinamizadores de la acción educativa. En buena medida, la forma, sentido y significado que adquiera la enseñanza y el aprendizaje están determinados por el tipo de relación que se establezca entre estos grupos de actores.

Sin embargo, en el momento en que los diversos involucrados incumplen con sus roles de participación, se generan insuficiencias que afectan los resultados en el aprendizaje de los educandos. Esto se debe a que en buena medida los tipos de participación de cada actor e incluso de cada padre o tutor se encuentran subordinados a las dinámicas internas de cada hogar e incluso a factores internos y externos de cada individuo.

Por ello, resulta indispensable que exista una regulación que defina las áreas mínimas en que ésta debe presentarse a fin de combatir problemas como la deserción, la violencia, el incumplimiento del calendario escolar, la ineficacia terminal y la inadecuada adquisición de conocimientos.

En Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de crear y fomentar comunidades educativas participativas, en donde la responsabilidad no recaiga solamente en uno los docentes sino en una comunidad educativa consolidada. Para ello, es necesario impulsar acciones de corresponsabilidad que fomenten y garanticen la intervención de los padres de familia en los procesos de aprendizaje y desarrollo.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1 fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 66 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma el primer párrafo y se elimina el segundo del artículo 4o.; se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 66 y se adicionan la VI, VII y VII; ambos artículos de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior y propiciar su eficacia terminal en cada uno de los niveles;

II. Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos y evitar su deserción escolar;

III. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos y participaren las actividades que dichas instituciones realicen;

IV. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, así como de sus necesidades especiales,para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios, y ambos emprendan las medidas tendientes a atenderlos y solucionarlos;

V....

VI. Fomentar la asistencia puntual de sus hijas, hijos o pupilos y el cumplimiento del calendario escolar,

VII. Brindar a sus hijas, hijos o pupilos, en la medida de sus posibilidades, asistencia pedagógica en el hogar, apoyo en la elaboración y revisión de las actividades extraescolares y dar seguimiento a los avances académicos de sus hijas, hijos o pupilos, y

VIII. Colaborar con las autoridades educativas para la educación de sus hijas, hijos o pupilos, en valores, la convicción del interés general de la sociedad, la dignidad de la persona, la erradicación de la violencia en los planteles y el acoso escolar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Meneses, M. Ernesto. Educar comprendiendo al niño.1995, México, Editorial Trillas.

2 De acuerdo al documento denominado Estadísticas a propósito del día nacional de la familia mexicana del Inegi, en nuestro país el 18.5% de hogares son monoparentales y el 84% de éstos son encabezados por una mujer.

3 En el año 2012 el Inegi informó que el 42% de las madres laboraban fuera del hogar, actividad que se suma al trabajo doméstico que realiza el 97% del sector.

4 Marina, José A. Talento, motivación e inteligencia. Las claves de una buena educación.2013. Ariel.

5 Ibídem.

6 López, N. y Tedesco, J. Las condiciones de educabilidad de los niños y adolescentes.2002, Buenos Aires, Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación.

7 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La participación de las familias en la educación escolar.2014, España, Consejo Escolar del Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zetina. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, para presentar iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, y de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Gracias, diputado presidente. Amigas y amigos diputados, como es del conocimiento de todos nosotros, el tema de migración es un tema que estrictamente debe de tocarse en un sentido humano, con un rostro sensible a las necesidades de este sector que es vulnerable pese a todas las legislaciones que hemos hecho en este país, que hay que reconocer que son leyes de avanzadas, en este caso la Ley de Migración.

Sin embargo en la ONU, donde México es parte fundamental, se han tocado temas importantes donde se han aprobado en organismos como la Sociedad de las Naciones y la Organización de las Naciones que han consagrado principios de observancia obligatoria en esa materia, por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la ONU. Entre los más recientes: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Este tema no es más que tratar una reforma en la ley secundaria para armonizar lo que establecen ya los acuerdos internacionales con la reforma constitucional, en este caso, el primero de la Constitución General de la República Mexicana.

Nosotros estamos proponiendo lo siguiente estrictamente en virtud del tiempo y en virtud de que está publicada en la Gaceta Parlamentaria nuestra iniciativa en su texto íntegro, proponemos a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Ley de Migración y Federal del Trabajo, para incorporar al orden jurídico nacional la categoría de “trabajador migratorio”, y las subcategorías que derivan de ella, así como los derechos que le son inherentes a estos trabajadores y sus familias.

En sentido estricto, compañeras y compañeros, esta iniciativa viene a armonizar y a profundizar precisamente los derechos que tienen los trabajadores migratorios: elevar su categoría en la ley secundaria de Migración, en la Ley Federal de Trabajo, creo que vendrá a abonar una lucha con mayor profundidad y con mayor justicia social. Tocaríamos en este concepto el fenómeno de migración en este país, que hay que reconocer –reitero– tenemos avances, pero que no es suficiente, no bastan, tenemos que seguir trabajando, actualizando y armonizando nuestro Marco Jurídico, de tal manera que México se distinga y se destaque siempre en la defensa de los derechos humanos, básicamente en el tema de trabajadores migratorios, con este categoría. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Migración, y Federal del Trabajo, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES

Gonzalo Guízar Valladares, diputado a la Cámara de los Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en la facultad que me otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 76, numeral 1, fracción II, 78, 97 y 102 del mismo ordenamiento, pone a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de las Leyes de Migración, y Federal del Trabajo, para incorporar al orden jurídico nacional la categoría “trabajador migratorio” y las subcategorías que derivan de ella, así como los derechos que les son inherentes a estos trabajadores y sus familiares.

Durante el siglo XX, como consecuencia de las dos grandes conflagraciones mundiales, surgieron organismos multilaterales que enfocaron su atención, entre otras materias, a la defensa de los derechos fundamentales de las personas.

La Sociedad de las Naciones y la Organización de las Naciones han consagrado principios de observancia obligatoria en esta materia en sus documentos fundamentales, particularmente la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos; Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño y, más recientemente, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Los principios contenidos en dichos documentos se complementan con los establecidos en instrumentos como la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y las convenciones sobre la esclavitud.

De todos ellos México es Estado parte.

Históricamente el fenómeno de la migración no había sido un problema agudo en el mundo. En general no había estado restringida, el empleo de migrantes no había estado prohibido y los migrantes podían regularizar con relativa facilidad su situación en los países de destino.

En las últimas décadas devino en fenómeno masivo, impulsado por los efectos adversos de la globalización económica, y hoy día abarca a millones de personas, afecta a todos los países y pone en situación de muy alta vulnerabilidad a los trabajadores migratorios y sus familiares, debido tanto a su ausencia del país de origen y las dificultades de su presencia en el país de empleo, como a las medidas cada vez más restrictivas de los países de destino y la tendencia a adjudicar a la inmigración efectos disolventes y de restricción laboral para los nacionales, y a los inmigrantes indocumentados —considerados tales cuando no se les permite permanecer o trabajar cumpliendo las leyes del país—, el concepto “ilegal” con una connotación criminal. En su lugar, ha sido preciso generar y legitimar política y legalmente el concepto “migración irregular” para definir la situación estas personas, concepto que, aunque correcto, es limitado en muchos sentidos.

Esta circunstancia puede explicarse, en cierta medida, porque la separación entre el mundo de la migración y el mundo de la vida social cotidiana genera un amplio espacio de confusión e incomprensión del fenómeno migratorio.

Esta separación en principio se refleja en la legislación internacional en la materia, que por un lado reconoce a la emigración como derecho humano fundamental y por otro a la inmigración como asunto de soberanía nacional que debe manejarse por los Estados desde perspectivas propias de seguridad nacional.

Esta confusión se ha utilizado para justificar la explotación de la población migrante, restringir sus derechos e incluso provocar tensiones internas e internacionales cuyas consecuencias recaen directamente sobre los inmigrantes y sus efectos más agudos en los irregulares, a quienes se les maltrata, se les niega cualquier derecho y se les emplea en condiciones inhumanas por empresas que buscan con ello obtener beneficios ilegítimos.

El primer reto en este marco, pues, es lograr que se trate la inmigración irregular dentro del marco de los derechos humanos teniendo en cuenta la diversidad de realidades

La problemática ha hecho poner acento en la situación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes por parte de diversos órganos de las Naciones Unidas, en las que nuestro país participa, como la Comisión de Derechos Humanos; la Comisión de Desarrollo Social; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Organización Mundial de la Salud, así como por parte de diversos países con los cuales México tiene acuerdos regionales o bilaterales en la materia, que buscan contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los principios fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migratorios.

Estos esfuerzos se han reflejado en principios y normas establecidos en instrumentos creados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo –uno de cuyos objetivos es la protección de los trabajadores en países distintos del propio–, contenidas en instrumentos como el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (Número 97); el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (No. 143); la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (Número 86); la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (Número 151); el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Número 29), y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Número 105). De todos ellos nuestro país es también Estado parte.

A pesar de todo, los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares en México y el mundo, como podemos atestiguar diariamente a través de los medios de comunicación, siguen sin ser plenamente reconocidos y respetados.

La necesidad de reforzar su protección, reafirmar normas existentes y establecer nuevas en un instrumento de aplicación general, dio paso a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, que entró en vigor en 2003.

Este instrumento, del que México es Estado parte, es el último de los que forman el sistema de tratados de derechos humanos de la ONU. Su objetivo es reconocer y definir la categoría de “trabajador migratorio” y sus “familiares”, establecer los derechos a que son acreedores en cuanto tales y los mecanismos para su garantía y protección.

El documento es un parteaguas en la lucha por la vigencia de los derechos humanos de los migrantes y, sobre todo de los migrantes irregulares. Codifica los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, establece estándares que regulan el trato, bienestar y derechos y establece obligaciones y responsabilidades para los países emisores, receptores, de tránsito y retorno para asegurar que tengan protección legal e igualdad de trato en las condiciones laborales con los trabajadores nacionales.

En el artículo 1o. establece que será aplicable a los trabajadores migratorios y sus familiares durante el proceso de migración; señala que “Se entenderá por trabajador migratorio, toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional” e incluye, como categorías de esta definición genérica, las de trabajador fronterizo, de temporada, itinerante, marino, en una estructura marina, vinculado a un proyecto, con empleo concreto y trabajador por cuenta propia.

En el artículo 4o. define como familiares de éstos a cónyuges, concubinos, hijos a su cargo y a otras personas a su cargo que reconozca como familiares la legislación o acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables.

En el artículo 84 establece que “Cada uno de los Estados parte se compromete a adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones de la presente Convención.”

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma en materia de derechos humanos de 2011, establece que el orden jurídico protege en cualquier ámbito material los derechos de las personas en territorio nacional, lo cual significa que con independencia de su situación migratoria o cualquier otra; que los tratados internacionales firmados y ratificados en materia de derechos humanos deben considera como parte de la misma, y el principio pro personaen la aplicación del derecho:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

Es así que el Estado mexicano en los términos de los párrafos primero y segundo del artículo 1o. constitucional y como parte de esta Convención se obliga, en los términos del artículo 84 de este instrumento, a tomar las medidas legislativas necesarias para armonizar la legislación nacional a los términos de la misma, que incluye principios y normas que afectan materias tan diversas como la migratoria; laboral; penal y procesal penal; de desarrollo, seguridad y participación social; electoral; educativa; económica; fiscal y aduanera, entre otras.

Muchos de los principios y medidas normativas establecidas en la Convención, se encuentran ya incorporadas al orden jurídico nacional, tanto de manera específica para los migrantes como en la protección general que garantiza el artículo 1o. constitucional, pero falta mucho para dar pleno cumplimiento al compromiso. Armonizarla supondrá un esfuerzo multidisciplinario para incorporar a los ordenamientos que corresponda las normas que no lo están, adecuar las que ya se encuentran y no se ajustan y depurar las que se oponen a las que aceptadas en la Convención.

El primer paso, consecuente con la firma y ratificación de la Convención y con la reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Migración vigente, que entró en vigor el 26 de mayo de 2011 y abrogó la Ley General de Población.

Este ordenamiento –que establece que ningún extranjero será considerado delincuente por la situación migratoria que guarde; reconocimiento y respeto de sus derechos y medidas de protección y asistencia ante la situación de indefensión en que se encuentran muchos migrantes en su estancia y tránsito por territorio nacional–, representa un importante avance, pero tiene deficiencias que es necesario solventar. Entre otras, que no incorpora la categoría jurídica “trabajador migratorio”, mientras restringe derechos generales para estos trabajadores, reconoce derechos específicos para algunas de sus clases, deja fuera a otras y deja abierta puertas a la discrecionalidad.

Estas críticas las comparten organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, especialistas y organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que ha urgido a que se armonice la legislación nacional con los compromisos en materia migratoria y laboral contenidos en la Convención.

La presente iniciativa busca avanzar esta armonización con la legislación internacional en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias. Propone adiciones y reformas a diversos artículos de la Ley de Migración y la Ley Federal del Trabajo, incorporándolos como categorías jurídicas, y para definir las diferentes especies que derivan de la primera, como sigue:

En virtud de lo anterior fundado y motivado, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adicionan dos fracciones, que serán VIII Y XIX, recorriéndose en su orden las subsecuentes, del artículo 3, y se reforman el primer párrafo y las fracciones II, IV, V, VII, VIII Y IX del artículo 52, todas de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a VII. ...

IX. Convención. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.

X. a XVIII. ...

XIX. Trabajador migratorio: toda persona extranjera que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Al efecto, se entenderá por:

A) Trabajador fronterizo, a todo trabajador migratorio que conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese cada día o al menos una vez por semana;

B) Trabajador temporal, a todo trabajador migratorio cuyo trabajo dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante parte del año;

C) Trabajador itinerante, a todo trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por períodos breves, debido a su ocupación;

D) Trabajador vinculado a un proyecto, a todo trabajador migratorio admitido por un plazo definido para trabajar en un proyecto concreto que realice su empleador;

E) Trabajador con empleo concreto, a todo trabajador migratorio que:

1) Haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido para realizar una tarea o función concreta;

2) Realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole; o

3) A solicitud de su empleador, realice por un plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve y deba salir del país al expirar el plazo autorizado de su estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia;

H) Trabajador por cuenta propia, a todo trabajador migratorio que realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus familiares, así como todo trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales.

I). Familiar: a las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate.

XXIX. a XXXII. ...

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, trabajador migratorio, residente temporal o residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente:

I. ...

II. Visitante trabajador migratorio. Autoriza al extranjero que cuente con una oferta de empleo, con una invitación por parte de alguna autoridad o institución académica, artística, deportiva o cultural por la cual perciba una remuneración en el país, o venga a desempeñar una actividad remunerada por temporada estacional en virtud de acuerdos interinstitucionales celebrados con entidades extranjeras, para permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada.

III. Visitante trabajador migratorioregional.Autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de tres días y sin permiso para recibir remuneración en el país.

...

IV. Visitante trabajador migratorio fronterizo. Autoriza al extranjero que sea nacional de los países con los cuales los Estados Unidos Mexicanos comparten límites territoriales, para permanecer hasta por un año en las entidades federativas que determine la Secretaría. El visitante trabajador fronterizo contará con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con la oferta de empleo con que cuente y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee.

V. Visitante trabajador migratoriopor razones humanitarias. Se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) ...

...

...

b) ...

c) ...

...

VI. ...

VII. Trabajador migratorioresidente temporal. Autoriza al extranjero para permanecer en el país por un tiempo no mayor a cuatro años, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, sujeto a una oferta de empleo con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee y con derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que podrá ingresar con o solicitar posteriormente la internación de las personas que se señalan a continuación, quienes podrán residir regularmente en territorio nacional por el tiempo que dure el permiso del residente temporal:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

...

...

...

VIII. Trabajador migratorio residente temporal estudiante. Autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que acredite que va a realizar en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, hasta la obtención del certificado, constancia, diploma, título o grado académico correspondiente, con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee, con permiso para realizar actividades remuneradas cuando se trate de estudios de nivel superior, posgrado e investigación.

...

IX. Trabajador migratorio residente permanente. Autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional de manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país.

Artículo Segundo. Se reforman el primer párrafo del artículo, el primer párrafo y los incisos b), c) y d) de la fracción I, y la fracción IV del artículo 28; el primer párrafo y las fracciones II y IV del artículo 28-A; el primer párrafo, el inciso a) de la fracción II y el primer y segundo párrafos de la fracción III del artículo 28-B; y el primer párrafo del artículo 30, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 28. En la prestación de los servicios de trabajadores migratorios mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta Ley, se observará lo siguiente:

I. ...

a) ...

b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador migratorio, mediante arrendamiento o cualquier otra forma;

c) La forma y condiciones en las que se le otorgará al trabajador migratorio y de su familia, en su caso, la atención médica correspondiente; y

d) Los mecanismos para informar al trabajador migratorio acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente;

II. ...

III. ...

...

IV. El trabajador migratorio y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde deban prestarse los servicios; y

V. ...

Artículo 28-A. En el caso de trabajadores migratorios mexicanos reclutados y seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, a través de mecanismos acordados por el gobierno de México con un gobierno extranjero, se atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento salvaguardará los derechos de los trabajadores, conforme a las bases siguientes:

I. ...

II. Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador migratorio y un patrón determinado;

III. ...

IV. ...

V. Contendrá mecanismos para informar al trabajador migratorio acerca de las autoridades consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando el trabajador migratorio considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de ejercer la acción legal conducente.

Artículo 28-B.En el caso de trabajadores migratorios mexicanos reclutados y seleccionados en México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, que sean colocados por entidades privadas, se observarán las normas siguientes:

I. Las agencias de colocación de trabajadores migratorios deberán estar debidamente autorizadas y registradas, según corresponda, conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables;

II. Las agencias de colocación de trabajadores migratorios deberán cerciorarse de:

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como de las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores migratorios. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo; y

b) ...

III. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores migratorios sobre la protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la Embajada o consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades competentes a las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país de destino.

En los casos en que los trabajadores migratorios hayan sido engañados respecto a las condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de colocación de trabajadores serán responsables de sufragar los gastos de repatriación respectivos.

...

Artículo 30. La prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar diverso de la residencia habitual del trabajador migratorio y a distancia mayor de cien kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción I, en lo que sean aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputados: Gonzalo Guízar Valladares,Ana Guadalupe Perea Santos, Ana Leticia Carrera Hernández, Cándido Ochoa Rojas, Eva Florinda Cruz Molina, Fernando Galván Martínez, Marbella Toledo Ibarra, Melissa Torres Sandoval, Natalia Karina Barón Ortiz, Victoriano Wences Real (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Presidente, si me permite el diputado adherirme.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sin un momentito. La diputada secretaria le solicita, diputado Guízar, suscribir, si no hay inconveniente para que así suceda.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Acepto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

El diputado Fernando Galván Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Sergio López.

El diputado Fernando Galván Martínez (desde la curul): Fernando Galván.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es que me estaban aquí dando otro nombre, pero yo no lo identifico. Es el diputado Fernando Galván, por favor.

El diputado Fernando Galván Martínez (desde la curul): Señor presidente, le solicito, consulte al diputado proponente si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Guízar, proponente de la iniciativa, ha manifestado su asentimiento también, de nueva cuenta. Y, por lo tanto, está a disposición de quienes deseen suscribir la iniciativa aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Felipe Álvarez, por favor.

El diputado Felipe Reyes Álvarez(desde la curul): Felipe Reyes, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Felipe Reyes, perdón aquí. Estamos cuatrapeados.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): En el mismo sentido, para suscribirnos, pero como Grupo Parlamentario del PRD, si desde luego el diputado Guízar lo permite.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ha escuchado el diputado Reyes, entonces ha reiterado también su asentimiento para que así suceda.

Bien, saludamos la presencia de estudiantes de la Universidad Alianza de Cuautla, Morelos, invitados por la diputada Lucia Meza Guzmán. Bienvenidas, bienvenidos al recinto parlamentario de San Lázaro.

Bien. Continuamos.

DICTAMENES A DISCUSIÓN DE LEYES O DECRETOS

LEY DEL SERVICIO MILITAR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar(*), consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Pos instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional antes mencionado se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se autoriza.

Y en consecuencia el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar.

Y tiene la palabra por diez minutos la diputada Edith Anabel Alvarado Varela para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Edith Anabel Alvarado Varela:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Las mujeres y los hombres que conforman nuestras Fuerzas Armadas son pilares de su fortaleza institucional, garantía de la disciplina castrense y cimiento de la unidad del Estado mexicano. Con la venia de la Presidencia.

La equidad de género es una de las asignaturas más importantes en materia de políticas públicas y de legislación. La pobreza que aqueja a muchas comunidades desafortunadamente tiene rostro de mujer, y esto es inaceptable. Nuestras Fuerzas Armadas han hecho suya la agenda de la perspectiva de género con acciones como la instrumentación del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas.

Este Observatorio detecta situaciones que vulneren la igualdad entre hombres y mujeres. Evalúa y propone acciones para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación. Impulsa medidas y políticas que aseguren la igualdad y avalué el cumplimiento y eficacia de las acciones y políticas implementadas.

El tercer informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, reporta que se realizó un proceso de revisión, actualización y ajuste de la bibliografía militar para que sea acorde con el lenguaje incluyente y la política de equidad e igualdad de género, implementadas por el gobierno federal.

El citado informe señala que del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015, 3 mil 463 mujeres participaron en forma conjunta con los jóvenes en edad militar en el programa de adiestramiento militar.

La participación voluntaria de las mujeres mexicana en el programa antes mencionado, es una señal clara que no cabe ya hacer distinciones por motivo de género al interior de las fuerzas armadas.

Por otro lado, la educación que se imparte en el Sistema Educativo Militar, impone las mismas actividades a las mujeres y a los hombres. Esta formación busca el fortalecimiento de los valores y virtudes humanos y militares. Desarrolla mujeres y hombres autodisciplinados, plenamente identificados con el instituto armado, con deseos de superación y con un firme proyecto de vida.

El Congreso de la Unión, ha sido parte de estos esfuerzos al aprobar una importante reforma para que las mujeres puedan acceder a todos los grados militares. La reforma a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, incluye una disposición expresa para que en los sistemas de selección no existan más diferencias por razón de sexo.

En lo que respecta a los esfuerzos en materia económica, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, previó un monto de 108 millones de pesos para el programa de iguala entre mujeres y hombres en las fuerzas armadas.

En la primera sesión ordinaria que tuvo lugar el 29 de octubre pasado, los integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional, aprobamos la opinión del presupuesto con la adición de una propuesta para que se realicen esfuerzos presupuestales adicionales de forma que se incrementen en un 50 por ciento los recursos destinados al programa presupuestario relativo a la igualdad entre mujeres y hombres.

Ningún esfuerzo está demás cuando se trata de lograr la activa e incluyente participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. No podemos estar satisfechos si una sola mujer es excluida de los beneficios del desarrollo y de las oportunidades laborales, argumentando razones de género.

En congruencia con las medidas a favor de la equidad de género, la Comisión de la Defensa Nacional pone a consideración de esta honorable asamblea la derogación del artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar.

La iniciativa, materia de las valoraciones y reflexiones de los integrantes de la comisión fue presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión del 13 de octubre.

En la iniciativa se proponía suprimir la oración final del párrafo primero del artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar. La valoración técnica del artículo antes mencionado ha llevado a las siguientes consideraciones de los integrantes de la comisión.

El sistema de coordinación federal, al que hace referencia el artículo 2o. de la Ley en cuestión desapareció con la nueva Ley General de Educación, en la cual se prevé la distribución de competencias de la función educativa entre la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo un nuevo régimen descentralizado. Los territorios federales a los que se refiere el artículo ya no existen, a raíz de las sucesivas reformas constitucionales.

Se debe señalar también que el artículo 2o. obedecía a un contexto diferente ante la posible participación de nuestra nación en la Segunda Guerra Mundial. Se incluyó en la ley la regulación de la educación militar en planteles educativos en consecuencia.

El contexto al que respondía este artículo se ha transformado dramáticamente, nuestro país participó en la guerra con la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el Escuadrón 201, del que formaron parte 297 militares que lucharon en nombre de la libertad y la paz mundial, a quienes la Comisión de Defensa Nacional reconoce por su lealtad y heroísmo.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el día de ayer, ratificamos ante esta asamblea el principio de que toda violencia contra la mujer representa una violación de los derechos humanos.

En consecuencia, la derogación del artículo 2o. elimina de forma tajante y concluyente la distinción entre la educación militar que se da a las mujeres y a los hombres, la cual no se contempla en el Reglamento para el funcionamiento de las academias particulares de tipo militar.

Con esta derogación se evita que instituciones, autoridades y particulares enarbolen argumentos jurídicos para discriminar a las mujeres en la impartición de la educación militar.

Honorable asamblea, honor, lealtad y patriotismo, son los sabios valores que forman el carácter militar y que acompañan a nuestras Fuerzas Armadas para resguardar la integridad de la nación y guiar a las nuevas generaciones.

Estos valores no admiten distinción por motivo de género, no discriminan, por ello la disposición que ahora se deroga era discriminatoria, contraria a los derechos humanos y a los instrumentos internacionales, suscritos por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República.

En consecuencia, con estas valoraciones es que a nombre de la Comisión de la Defensa Nacional pido su voto favorable para este dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alvarado.

Está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen. Damos la bienvenida a maestros y padres de familia integrantes del Movimiento Revolucionario Social Educativo, de los municipios de La Paz y Chicoloapan, del estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes al recinto parlamentario.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario distintas compañeras y compañeros diputados. En consecuencia, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Abdies Pineda Morín:Diputado presidente, honorable asamblea, hago uso de esta tribuna para posicionar al Grupo Parlamentario de Encuentro Social sobre el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el cual se deroga el artículo 2 de la Ley del Servicio Militar.

Mi grupo parlamentario coincide con los criterios y considerandos recurridos por la comisión dictaminadora, con respecto a derogar uno de los artículos vigentes desde el 11 de septiembre de 1940, de la Ley del Servicio Militar. Es decir, una disposición que atendía una realidad de hace 75 años.

De antemano, Encuentro Social refrenda su respeto a las Fuerzas Armadas de la patria por los servicios que todos los días nos presta con convicción y profesionalismo. Vaya desde ésta, la más alta tribuna de la nación, un cordial saludo a todas y todos los miembros de nuestro Ejército mexicano.

Continuando con la materia, la disposición que se pretende derogar establece que en los establecimientos educativos se impartiría instrucción militar conforme a los reglamentos y disposiciones que las Secretarías de Educación Pública y Defensa Nacional emitirían, y que esta instrucción estará a cargo de la Secretaría de la Defensa, la cual designará a los instructores.

Asimismo, señala la norma a derogarse, que las niñas se capacitarán para labores propias de su sexo. Esta norma, a todas luces viola tratados y convenciones internacionales de los derechos humanos en beneficio de las mujeres. Además, está en contra del artículo 1 de nuestra Carta Magna.

Este artículo pretendía preparar a la nación ante un posible avance de la Segunda Guerra Mundial a nuestro continente y país, promoviendo la instrucción escolar y la incorporación al personal de los planteles al control militar. Hoy hemos dejado atrás la causa que le dio origen a este artículo, por lo que resulta acertado derogarlo.

Asimismo, esta norma está en contra de los principios normativos constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica, controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales que regulan nuestra política interior.

Finalmente, desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, es fundamental que esta soberanía integre un grupo de trabajo especializado, tendiente a presentar un gran proyecto legislativo que derogue disposiciones. En su caso, que aborde normas que ya se encuentren en desuso, pero vigentes. Hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política para proponer este grupo especializado a la brevedad posible al pleno camaral.

Por lo anterior, Encuentro Social hace un llamado a todos los grupos parlamentarios a votar a favor del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, por el que se deroga el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pineda. Tiene ahora la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por cinco minutos.

El diputado Mariano Lara Salazar:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, los derechos humanos son un pilar fundamental del Estado de derecho democrático, por lo que su vigencia en el marco jurídico es una obligación que tenemos como Poder Legislativo.

Más aún, nuestra responsabilidad es mantener actualizadas nuestras leyes, acordes con la realidad y las exigencias de la sociedad. El combate a la discriminación y la desigualdad son temas prioritarios y de nuestra agenda legislativa, por lo que consideramos oportuno y pertinente el dictamen que se está discutiendo hoy.

Por mucho tiempo las fuerzas armadas habían sido instituciones tradicionalmente conformadas de manera exclusiva por hombres, un reflejo de tiempos pasados que hoy ya no tiene vigencia y que atenta contra la evolución social y los derechos de las mujeres.

Sin embargo, todos reconocemos que las mujeres mexicanas han tenido un papel importante en la resolución de nuestros históricos conflictos bélicos, tanto en labores de inteligencia, apoyo e inclusive empuñando las armas de manera decidida y con resultados determinantes.

No obstante, los numerosos ejemplos que esto ilustra, aún existen resquicios jurídicos normativos y reglamentarios que van en contra de nuestros máximos principios constitucionales como lo es el de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Peor aun. Vulneran los derechos humanos a las mujeres limitando su desarrollo al encasillarlas en roles que antaño eran considerados propios del género y que en la actualidad se han superado afortunadamente en nuestra cotidiana vida social.

La igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas. El ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos prohíbe la discriminación por motivos de sexo, y contempla las garantías para los hombres y las mujeres podamos disfrutar en condiciones de igualdad nuestros derechos civiles, económicos, políticos y sociales.

Más aún, el artículo 2o. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, compromete a los Estados que han ratificado tal convención –como el nuestro– a adoptar todas las medidas adecuadas e incluso de carácter legislativo para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación entre la mujer.

Y así estamos actuando, acorde a ese compromiso internacional. El presente dictamen da cuenta de la prevalecencia de los criterios que superar un noble postulado en contra de la discriminación hacia las mujeres en materia de instrucción militar y lo elevan hasta llegar a derogar el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar a todas luces ya obsoleto y alejado de la realidad que hoy impera en el ámbito educativo y en la academia militar de nuestro país.

En Nueva Alianza coincidimos con esta propuesta ya que nuestro compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y la igualdad sustantiva es inquebrantable. Solo de esta forma podemos aspirar a construir un país más democrático, incluyente e igualitario.

A lo largo de nuestro trayecto legislativo hemos demostrado el interés y preocupación por promover la plena vigencia de los derechos humanos en términos de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Al aprobar este dictamen, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza refrenda su convicción legislativa y los invita a todos a hacer lo mismo. Es tiempo de que dejemos el discurso y demos paso a los hechos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Tiene ahora la palabra el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por cinco minutos.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Muy buenas tardes; diputado presidente, con su venia. Honorable asamblea, hoy subo a esta tribuna con gran orgullo, subo a esta tribuna a ser portavoz de miles de mexicanos y mexicanas que por mi conducto hacen sentir no sólo su voz, sino sus necesidades. La voz de las mexicanas hoy queda claro que también es la voz de los mexicanos.

Hoy les pido su apoyo votando a favor del presente dictamen, por los derechos de las mexicanas. El motivo de la iniciativa fue pugnar por la equidad, igualdad y eliminación de la desvalorización femenina, así como de la discriminación.

La iniciativa proponía eliminar la oración final en el artículo 2o., de la Ley del Servicio Militar, el cual menciona que “la educación para las niñas tenderá a capacitarlas para labores propias de su sexo”, lo cual es discriminatorio. El dictamen menciona que esta ley se presentó en 1940 y que la redacción de este artículo es contradictorio con la Ley General de Educación, por lo que en la actualidad resulta obsoleto.

Las leyes mexicanas deben de ser reformadas y actualizadas a nuestros tiempos, para que sean funcionales, pero sobre todo, para eliminar cualquier tipo de desigualdad implícita contra las mujeres.

En Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción de que la discriminación contra la mujer se debe de prevenir, atender, erradicar y sobre todo, sancionar. Comprometernos con la equidad es un trabajo permanente que debe de ser visible en todos los niveles.

La reforma a la Ley del Servicio Militar, que hoy se discute, crea un parteaguas para atender y fortalecer los derechos humanos de las mujeres en las fuerzas castrenses. La paridad entre hombres y mujeres en el ámbito militar, es una obligación que debe de ser acatada para prevenir y eliminar la discriminación.

Es nuestro deber proyectar modelos que protejan los derechos humanos de las mujeres y eduquen desde la igualdad. Quiero agradecer a la Comisión de Defensa Nacional por el estudio, la dictaminación y la aprobación para crear ejes que fortalezcan esta ley.

Antes de finalizar mi participación, quiero hacer un profundo reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país que en esta fecha es muy importante no sólo recordarles, sino sobre todo, apoyarles. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Tiene ahora la palabra Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Buenas tardes a todas y a todos. Con su venia, diputado presidente. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Simone de Beavoir. La propuesta de dictamen que deroga el artículo 2o de la Ley del Servicio Militar y que votaremos a favor, debe llamarnos a la reflexión sobre la utilidad y la vigencia del servicio militar obligatorio.

La Ley de Servicio Militar ya resulta anacrónica y desactualizada, más allá de los desplantes efectistas debemos preguntarnos: ¿para qué sirve al país el Servicio Militar Nacional? ¿Necesita México de un Servicio Militar de carácter nacional? ¿La ley actual es adecuada? ¿Cómo utilizamos el Servicio Militar para construir una fuerza de paz que contribuya al desarrollo del país? ¿Qué necesita el país en materia de Servicio Militar Nacional? ¿El Servicio Militar Nacional es lo que necesitan los jóvenes de nuestro país?

Debemos plantearnos de manera seria la desaparición del Servicio Militar. Nuestro país necesita reorientar el impulso demográfico de su población joven y hacer un servicio nacional en materia de protección civil.

Con el transcurrir del tiempo, el servicio militar devino en un modelo selectivo que se aplica hoy en día casi con exclusividad del Ejército. De hecho, desde sus inicios la ley solamente estipuló que un número determinado de jóvenes varones ingresaran al a filas de las Fuerzas Armadas en calidad de soldados conscriptos.

La idea de servicio militar obligatorio universal al estilo europeo, con la incorporación de todos los jóvenes en edad de servir, nunca estuvo en la mente de los legisladores. Por el contrario, la ley permitió que vastos sectores de la población, especialmente aquellos que tenían acceso a la educación formal, pudieran eximirse de la obligación, echando las bases de un modelo esencialmente discriminatorio. Hoy en día, sólo uno de cada diez jóvenes de 18 y 19 años, es llamado a cumplir con el servicio militar.

En la práctica la obligatoriedad del servicio militar es sumamente limitada, en tal caso también se encuentra la cartilla militar liberada, que entre otras cosas es un documento al que se le ha restado importancia. Celebro que una de las tantas frases discriminatorias en este dictamen se deroguen, pues resultan ofensivas, contrarias a la lucha que las mujeres hemos emprendido para desarrollarnos libremente.

Es importante que las mujeres con vocación militar puedan desarrollarse plenamente en todas las armas y grado en el Ejército del aire, tierra y mar, lo que contribuye a fortalecer las acciones sociales en los desastres naturales y humanos. También en la labor social de alfabetización, alimentación y las políticas en contra de las adicciones y, sobre todo, cuando pueda darse una amenaza a nuestra soberanía.

Queremos generalas. Estamos en el siglo XXI, en la edad de la paridad, en el tiempo de los derechos y las libertades, en el siglo donde la igualdad debe ser plena, un momento histórico en el cual las mujeres habremos de participar con nuestras convicciones, fortalezas y capacidades, para que desde nuestras particularidades impulsemos el desarrollo nacional. Es hora de hacer en los hechos acciones para lograr el país que queremos.

Y, como decía Simone de Beauvoir: Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Por ello esta reforma contribuye a garantizar el acceso de las mujeres a una vida de oportunidades y libre de discriminación. Es cuanto.

Solicito a la Presidencia también ordene un minuto de silencio por el deceso de la gran bailarina y coreógrafa Gloria Contreras. La UNAM y México están de luto. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández.

Y accediendo a la petición en el sentido en que se escuchó, por parte de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, pido a los concurrentes presentes que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Gracias.

Tiene ahora la palabra la diputada Wendolin Toledo Aceves, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, por cinco minutos.

La diputada Wendolin Toledo Aceves:Con la venia de la Presidencia. Subo a esta tribuna refrendando mi orgullo, respeto y admiración por nuestras fuerzas armadas.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De igual manera, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de sexo.

Las premisas antes mencionadas y que se producen en la mayoría de los instrumentos internacionales de los derechos humanos y en nuestra Constitución, pretenden concientizar a la población sobre la importancia de generar una sociedad totalmente igualitaria, incluyente. Esto, sin duda alguna, permitirá que nuestro país alcance estándares importantes de desarrollo humano.

Sin embrago, no obstante los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional, las mujeres siguen estando mal representadas en los gobiernos, en los órganos legislativos y en los consejos de administración de empresas.

A pesar de lo anterior, debemos reconocer el gran avance que ha tenido la equidad de género en nuestro país. Un progreso que no ha sido sencillo de alcanzar, ya que ha significado romper con férreos obstáculos culturales, jurídicos y políticos.

Esta evaluación se observa claramente en el ámbito civil, pero también ha permeado las fuerzas armadas, por ejemplo, se han impulsado grandes reformas, las cuales ha fomentado la participación y el desarrollo de la mujer.

De igual manera, vemos con agrado que nuestras fuerzas armadas mexicanas, sigue asumiendo compromisos para fomentar la equidad de género, permitiendo la participación de la mujer en roles tradicionalmente monopolizados por hombres, así como alentar la participación de las mujeres a un desarrollo profesional.

El presente dictamen tiene como prioridad favorecer la equidad de género en el servicio militar nacional y, de esta manera, permitir a las mujeres desarrollar totalmente sus capacidades y aptitudes, y es que uno de los objetivos del servicio militar nacional es la formación de ciudadanos íntegros, responsables, disciplinados, sanos y respetuosos de los derechos humanos y la equidad de género.

Por lo tanto, el Partido Verde Ecologista de México refrenda su respeto y admiración a nuestras Fuerzas Armadas, apoyando al presente decreto por el que se deroga el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar, porque reconocemos que la equidad de género, además de ser un derecho humano, se convierte en un elemento indispensable para el progreso económico y social.

Y como dice la Cartilla de Equidad de Género de la Secretaría de la Defensa Nacional: todos los hombres y las mujeres debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Un ser inferior es aquel que se cree superior. Honor, lealtad u patriotismo son valore que se forjan en mujeres y hombres. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Toledo. Tiene ahora la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia, señor presidente. El dictamen que hoy se nos presenta tiene el objeto fundamental de eliminar las condiciones de discriminación por motivo de género que el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar establecía.

En el Grupo Parlamentario del PRD no solo estamos de acuerdo con la modernización del lenguaje de una ley expedida bajo el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, sino que estamos por una reconceptualización total de lo que constituye el servicio militar nacional como una contraprestación de las y los ciudadanos hacia el Estado.

Votamos a favor porque nos parece muy importante que las voluntarias que se unen al servicio militar nacional gocen plenamente de sus derechos humanos, sin ninguna restricción, con plenitud y absoluta libertad para desempeñar todas las actividades que se desarrollen en esta instancia.

Es por ello que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, saludamos la confluencia de las voluntades de todos los grupos parlamentarios a favor de ese dictamen. Esta fue la razón por la que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, el Grupo Parlamentario del PRD y posteriormente fue retomado por unanimidad en la Comisión de Defensa, propusimos la consolidación financiera de los programas que dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran dedicados a la capacitación de las y los militares, en materia de respeto a los derechos humanos y a la igualdad entre hombres y mujeres.

El Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor y expresamos nuestra mayor disposición, para que en la Comisión de Defensa Nacional iniciemos a la brevedad una revisión exhaustiva del marco jurídico que rige a nuestro ejército, para garantizar normas que establezcan, en concordancia con la nueva realidad de nuestro país y la realidad mundial, la inclusión, la equidad, la justicia y la imparcialidad, con el objetivo único de fortalecer su actuación institucional, el respeto a los derechos humanos y específicamente los de las mujeres militares, lo cual redundará sin duda alguna en el robustecimiento de nuestro Estado y la construcción de una ciudadanía participativa que coadyuve en la edificación de las instituciones democráticas que nuestro país anhela. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaytán. Saludamos la presencia de amigas y amigos del distrito 7, de Tepeaca, Puebla, invitados por el diputado Alejandro Armenta. Bienvenidas, bienvenidos a San Lázaro. Tiene ahora la palabra la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN, por cinco minutos.

La diputada Elva Lidia Valles Olvera:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, los mecanismos institucionales y disposiciones legislativas en materia de combate a la discriminación, representan algunos avances en términos de garantizar la protección de la dignidad inherente del ser humano y de la efectividad de nuestro Estado de derecho, al momento de velar por el establecimiento de los derechos humanos, como eje rector del principio de la legalidad.

Los estereotipos y prácticas sexistas actualmente representan dos de los mayores impedimentos, al momento de velar por la excelencia en el desarrollo de la vida pública de nuestro país.

La equidad de género se inscribe como mecanismo para garantizar un combate efectivo en contra de aquellas prácticas que violentan y minimizan la dignidad de la persona humana. La distinción por causa de sexo para tales efectos, específicamente aquellos con la finalidad de llevar a cabo la instrucción de tipo militar limitan la acción de nuestro Estado al momento de luchar por la defensa efectiva de nuestra patria frente a las crecientes problemáticas en materia de seguridad en todo el territorio nacional.

Cabe mencionar que actualmente el Ejército mexicano presenta avances significativos en esta materia de equidad de género. Prueba de ello consiste en que hoy cuenta alrededor de 13 mil mujeres en sus filas con especialidades altamente calificadas, con diferentes grados de rango superior como generales, coronelas, tenientes coronelas, mayoras, médicas, ingenieras, abogadas. Cargos relevantes en nuestras Fuerzas Armadas mexicanas.

En Acción Nacional consideramos que la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito militar deja clara la prevención y eliminación de la discriminación, lo que manifiesta el compromiso del Estado mexicano con la comunidad internacional, con la finalidad siempre y en todo momento de la promoción y defensa del principio pro persona.

Por otro lado, se requiere que nuestro marco jurídico supere aquellos elementos obsoletos que obstaculizan y limitan su efectividad en términos de evolucionar a la luz de las necesidades y nuevos retos que con mayor fuerza laceran nuestro tejido social.

Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional manifiesta su voto a favor del presente dictamen respecto a la derogación del artículo 2 de la Ley del Servicio Militar, ya que los valores sobre los que se sustenta la salvaguarda de la soberanía nacional requieren del esfuerzo conjunto, donde la diferencia de género no debe ser un obstáculo para llevar a cabo la defensa de nuestra patria. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Valles. Tiene ahora la palabra la diputada Dora Elena Real Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, por cinco minutos.

La diputada Dora Elena Real Salinas:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, el dictamen que se somete a la consideración de este pleno representa un paso de la mayor importancia para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos y oportunidades de desarrollo.

La igualdad de género es un ideal de naturaleza superior que debe guiar en todo momento la deliberación y decisión del Congreso de la Unión. Este ideal se ha venido realizando a partir de políticas públicas eficaces y cambios fundamentales en nuestro orden jurídico. En el PRI estamos convencidos de que la paridad en las candidaturas para cargos de elección popular, que se aprobó en el contexto de la pasada reforma, política era necesaria y urgente.

La LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados es la expresión visible de la reforma constitucional que obligó a que los partidos políticos hicieran todo lo necesario para lograr la paridad en las candidaturas.

Como resultado del establecimiento de la paridad política, el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones se ha incrementado. En esta Cámara la participación de las mujeres aumentó al pasar del 31.7 por ciento en la LXII Legislatura, a 41.1 por ciento en esta legislatura.

Esta soberanía tiene un porcentaje histórico de mujeres legisladoras, que nos sentimos orgullosas de dialogar y de debatir en condiciones de igualdad con los hombres. Los diversos grupos parlamentarios representados aquí expresan esta participación inédita al interior de la Cámara de Diputados.

En mi grupo parlamentario 88 mujeres –que es el que cuenta con el mayor número de legisladoras– trabajamos día a día en diversas comisiones y órganos de gobierno por el futuro de nuestra nación. Nacional

Hace solo un par de legislaturas era casi inconcebible pensar que en esta Cámara habría un total de 211 mujeres. Esta realidad es posible gracias a la reforma impulsada con el consenso de todas las fuerzas políticas.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha emprendido acciones decididas a favor de la equidad entre mujeres y hombres. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es el primero en nuestra historia que contempla la perspectiva de género como una estrategia transversal. En armonía con esta nueva visión, la administración pública federal está obligada a considerar la estrategia de género en todos sus programas y acciones.

Como un hecho inédito, en octubre de 2014 se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Este observatorio fue posible gracias a la coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con el Instituto Nacional Electoral. Su cometido superior es vigilar y proteger los derechos políticos de las mujeres y cerrar la brecha de género en esta materia.

Las brechas que todavía persisten entre hombres y mujeres son inaceptables, por ello seguiremos trabajando de forma determinante para que dejen de existir y para que cada mujer, en cada rincón de nuestra nación, sepa que no hay distinción entre hombres y mujeres. Que la única distinción entre hombres y mujeres está fundada en una condición física y no en el acceso a bienes y servicios o en el ejercicio de sus derechos.

Como parte de las acciones a favor de la equidad de género el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.

Asimismo, y a partir de un trabajo coordinado con el Poder Legislativo, el gobierno de la República ejerció en el 2015 un presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres de 24 mil 308 millones de pesos.

En el ámbito de las relaciones multilaterales el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha ratificado la determinación del Estado mexicano para que la equidad de género sea elevada al rango máximo de política internacional como una alta prioridad en la agenda multilateral.

En la pasada Cumbre de la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, se hizo un compromiso para la acción, que se realizó en Nueva York el pasado 27 de septiembre, el presidente de la República señaló con claridad y determinación que: “el desarrollo sostenido del mundo, sólo podrá alcanzarse si las mujeres tienen las mismas oportunidades que los varones”.

México enfrenta el reto de transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo en plena igualdad de oportunidades en el que tenga plena validez el principio ético superior de que ninguna mujer por más remota que sea su comunidad en la que vive, y por más humilde que sea su origen, quede excluida del desarrollo nacional.

En el Grupo Parlamentario del PRI ratificamos nuestro compromiso para que cada mujer, en cada rincón del país, pueda mirar el futuro con optimismo y con esperanza. Queremos que las mujeres, la madre soltera, la que sostiene a su familia, la que lleva a sus hijos a la escuela, la que se levanta todos los días para ganar el sustento de sus hijos, sepa que no está sola, sepa que aquí estamos; que esta Cámara de Diputados apoya.

Por eso, compañeros, hoy les pido, no podemos solas, tenemos que hacerlo juntos, hombres y mujeres tenemos que luchar, y hoy tenemos en nosotros esa voz.

Por eso el Grupo Parlamentario del PRI apoya de forma decidida y determinada el dictamen que hoy presenta la Comisión de Defensa Nacional. Con este dictamen no sólo se deroga una disposición obsoleta, también se cierra la puerta a cualquier forma de discriminación contra las mujeres en materia de educación militar.

Esta soberanía ya ha legislado para permitir que las mujeres ascienden en la escala jerárquica para ocupar el más alto grado que es el de general. ¿Por qué no eliminar toda forma de discriminación que aún podemos encontrar en nuestro orden jurídico?

Les pido, compañeros, que este dictamen lo aprobemos hoy. No podemos, se los he repetido, solas; somos la voz de muchas mujeres en México, pero con el apoyo de los hombres, segura estoy, que la discriminación va a terminar. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Real. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. Diez minutos. Hay algunos compañeros y compañeras sesionando en comisiones, la propia Junta de Coordinación Política que está por terminar, y nos han solicitado que ampliemos plazo, el tiempo del reloj electrónico abierto para que puedan llegar a emitir su voto.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia a alumnos de la Facultad de Derecho de la ENEP Acatlán, del municipio de Naucalpan, estado de México. Así como de alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151-Toluca, sede en Tejupilco. Bienvenidas, bienvenidos, todas y todos ustedes.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se pregunta a la asamblea si hay algún diputado que no haya emitido su voto, para que en este momento sea emitido. Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Se pregunta a la asamblea si han emitido su voto todos los presentes.

Se pregunta a la asamblea si han emitido su voto todos los presentes. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se le informa a la Presidencia que se emitieron 379 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular, por 379 votos, por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se deroga el artículo segundo de la Ley del Servicio Militar. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Germán Ralis, por favor.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Sí, presidente. Como diputado proponente de la iniciativa, agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios. En Movimiento Ciudadano, estamos decididos por la equidad y es por ellas. Muchas gracias.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

ESTABLECER UNA POLÍTICA DE OPERACIÓN EN TODAS LAS PRESAS DEL PAÍS, BASADA EN UNA CURVA ÍNDICE DE ELEVACIÓN O DE ALMACENAMIENTO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minuto la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer una política de operación en todas las presas del país, basada en una curva índice de elevación o de almacenamiento.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En México existen más de 4 mil 462 presas, 667 de ellas están consideradas como grandes por su capacidad de almacenamiento. La principal función es la generación de energía y en menor medida se utilizan para actividades agrícolas, sobre todo, en el norte de la república mexicana.

La presa de mayor capacidad en México es la Belisario Domínguez, ubicada en el estado de Chiapas, llamada comúnmente La Angostura. Le sigue la Infiernillo, localizada entre los estados de Guerrero y Michoacán.

Dentro del marco de atribuciones de la Conagua, en su programa nacional hídrico, tiene entre otros objetivos, el de incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones. Una de las instancias que permiten a ese organismo descentralizado de la Semarnat cumplir con ese objetivo son los comités técnicos de operación de las obras hidráulicas que operan ya en alguno de los 13 organismos de cuenca en diversas entidades del país.

Son solo tres comités técnicos regionales, el de la frontera sur, conformado por Chiapas y Tabasco, y el del noreste, integrado por Chihuahua y Sonora, y el del golfo centro, por Veracruz y Oaxaca.

La Comisión Nacional del Agua en estos últimos meses de 2015 advirtió sobre el incremento de volúmenes el desfogue de presas, como medida precautoria por los altos niveles de escurrimiento que se han registrado en los últimos días.

La Conagua dio a conocer que las presas están en constante monitoreo, por los altos porcentajes de almacenamiento debido al alto riesgo y las repercusiones que estas puedan generar.

Compañeras y compañeros diputados, es preciso señalar que esta necesidad de reducir el riesgo de inundaciones y de introducir medidas preventivas para proteger a la población y la infraestructura hidráulica, llevó a la Conagua y al gobierno de mi estado, Veracruz, a crear el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas como un organismo colegiado técnico especializado en el adecuado manejo y operación de infraestructura hidráulica, particularmente en materia de seguridad de obras de infraestructura hidráulica para reducir riesgos asociados a inundaciones y sequías.

Cabe hacer mención que desde su creación no ha habido inundación significativa en la parte baja del río Papaloapan, lo anterior se da bajo estos rasgos gracias a la revisión y ajuste colegiados de parámetros de elevación o almacenamiento del agua mediante la definición de una curva índice calculada para cada sistema en función de la conciliación de prioridades de abasto de líquido, seguridad física de la población y, en su caso, generación de energía eléctrica.

Entonces, lo que se pretende con este comité es administrar el agua, el almacenamiento y, sobre todo, privilegiar la salvaguarda de la vida de la población.

En este sentido, queremos decirles que el presente punto de acuerdo tiene el propósito de instituir una política de regulación de presas para todas las cuencas hidráulicas del país, que implicaría que la Conagua, en el ejercicio de sus funciones, implemente en cada una de las presas una política de operación, basada en una curva índice, tanto para elevación como para almacenamiento.

Dicha política de operación deberá fijarse en función de los escenarios de prospección climatológica, meteorológica, hidrológica, hidráulica, con la finalidad de mitigar o reducir al mínimo los riesgos, inundaciones o sequías, así como mantener una ordenada operación de la presa o del complejo hidroeléctrico correspondientes, particularmente es de primordial importancia ante la presencia de fenómenos, como el del Niño que este año impactará violentamente lo que queda de este 2015 y bajará su intensidad los primeros meses del 2016, como ya lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial y que provocará una variación extrema en lluvias invernales, intensas en regiones de México. Por lo anteriormente expuesto, expreso y propongo:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, para que en el ejercicio de sus funciones conforme los comités técnicos de operación hidráulica regionales en los organismos de cuenca faltantes, que permita coordinar la política de operación técnica de las presas, basada en la definición colegiada de una curva índice de elevación o almacenamiento y que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y, en su caso, generación de energía.

Muchas gracias por su atención y segura estoy por su apoyo a este importante, sobre todo, que viene a salvar vidas, proteger a la población y a su patrimonio. Gracias, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a establecer en todas las presas del país una política de operación basada en una curva índice de elevación o de almacenamiento, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal de la LXIII Legislatura, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que esta honorable Cámara de Diputados que exhorte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a establecer una política de operación en todas las presas del país basada en una curva índice, ya sea de elevación o de almacenamiento, como urgente u obvia resolución bajo los siguientes

Considerandos

Dentro del marco de atribuciones de la Conagua en su Programa Nacional Hídrico tiene, entre otros objetivos el de “incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones”.

Una de las instancias que permiten a ese organismo descentralizado de la Semarnat cumplir con ese objetivo son los Comités Técnicos de Operación de las Obras Hidráulicas, que operan ya en algunas de las cuencas de diversas entidades del país.

La Comisión Nacional del Agua, en estos últimos meses del 2015, advirtió sobre el incremento de volúmenes de desfogue de la presa Miguel Hidalgo, Sinaloa, como medida precautoria por los altos niveles de escurrimiento que se han registrado en los últimos días en la parte alta de la cuenca del sistema Fuerte-Mayo.

Cuenca Pacifico Norte de la Conagua, dio a conocer que las presas de ese sistema hídrico del norte de Sinaloa están en constante monitoreo por los altos porcentajes de almacenamiento.

En similar situación se encuentra la ciudad de Tamaulipas, En cuanto a los niveles de las presas, existe un protocolo que marca el comité de operación de obras hidráulicas de la comisión nacional del agua en la Ciudad de México, el cual señala que las presas deben están al nivel de aguas máximas ordinarias antes del primero de junio, para permitir la liberación de agua hacia el río San Juan y hasta el río Bravo, de acuerdo con el director de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas.

Asimismo el huracán patricia categoría V, provoco el pasado 24 de octubre, que la presa San Blas en el municipio de Pabellón de Hidalgo en Aguascalientes se desbordara.

Cabe decir que las comunidades de la parte baja de la cuenca del río Papaloapan en Veracruz, históricamente han sufrido inundaciones. De hecho, aún se recuerdan las ocurridas en 1944. En ese entonces no existía presa alguna para el control del caudal, y la superficie afectada fue de 470 mil hectáreas.

Inclusive, en 2010, con el Huracán Karl y la Tormenta Tropical Mathew, que ocasionaron los peores desastres de las últimas décadas, el área afectada en la Cuenca del Papaloapan ascendió a 160 mil hectáreas.

La Cuenca del Río Papaloapan comprende la región hidrológica número 28B y se encuentra ubicada en la vertiente del Golfo de México, aproximadamente en la parte media del arco que forma el litoral mexicano. El área de la cuenca se calcula de 46,517 kilómetros cuadrados y comprende territorialmente las entidades federativas de Puebla, Oaxaca y Veracruz, en la que se ubican 244 municipios y radica una población de 3.3 millones de habitantes.

El sistema fluvial del Papaloapan es el de mayor importancia en el país después del sistema Grijalva-Usumacinta, abarca aproximadamente 47 mil 448 kilómetros cuadrados de superficie correspondiendo 52 por ciento a Oaxaca, 38 por ciento a Veracruz y 12 por ciento a Puebla, cuenta con 15 sistemas hidrográficos que por, su caudal ocupa el segundo lugar el país con 47 mil millones de m3 de escurrimiento medio anual que son vertidos en la Laguna de Alvarado. Los principales afluentes de este río son: El Blanco, Tonto, Santo Domingo, Usila, Valle Nacional, Obispo, Tesechoacan y San Juan.

Precisamente, la necesidad de reducir el riesgo de inundaciones y de introducir medidas preventivas para proteger a la población y la infraestructura hidráulica de esa región, llevó a la Conagua y al Gobierno del Estado de Veracruz, a crear el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas para la cuenca del Papaloapan.

Creado en 2013 para el sistema de presas de la región Golfo centro, ese Comité Técnico ha operado “para revisar y, en su caso, ajustar colegiadamente las políticas de operación del (sistema de presas del) Río Papaloapan, en función de los elementos técnicos y escenarios de prospección climatológica, meteorológica, hidrológica e hidráulica, para mitigar en lo posible los efectos nocivos de las sequías o las inundaciones y mantener una ordenada operación del complejo hidroeléctrico”.

En él, participan la Conagua, la Comisión Federal de Electricidad, los gobiernos de Oaxaca y Veracruz, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y siempre que se considera necesario se invita a otros especialistas en la materia.

De la utilidad y eficacia del Comité, baste decir que desde su creación no ha habido inundaciones significativas en la región. Más aún, en 2013 año atípico por el elevado volumen de agua que significó la temporada de lluvias y ciclones tropicales, todos los ríos de Veracruz se desbordaron, excepto, precisamente, el Papaloapan.

Ello, gracias a la revisión y ajuste colegiado de parámetros de elevación o almacenamiento del agua, mediante la definición de una curva índice, calculada para cada sistema en función de la conciliación de prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y, en su caso, de generación de energía eléctrica.

Instituir una política de regulación de presas para todas las cuencas hidráulicas del país, implicaría que la Conaguaen el ejercicio de sus funciones, implemente en cada una política de operación basada en una curva índice, tanto para elevación como para almacenamiento, en función de los escenarios de prospección climatológica, meteorológica, hidrológica e hidráulica con la finalidad de mitigar o reducir al mínimo los riesgos de inundaciones o sequias, así como mantener una ordenada operación de la presa o del complejo hidroeléctrico correspondiente.

Por lo antes expuesto, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, como urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ejercicio de sus funciones conforme los Comités Técnicos de Operación Hidráulica Regionales en los organismos de cuenca faltantes que permita coordinar la política de operación técnica de las presas, basada en la definición colegiada de una curva índice, de elevación o almacenamiento y que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y, en su caso, de generación de energía eléctrica.

Nota:

1 Lineamientos que tienen por objeto el funcionamiento del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas regional Golfo Centro (CTOOHRGC), Xalapa. Equez., Veracruz de Ignacio de la Llave, 29 de mayo de 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guzmán. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución. A ver, perdón, antes.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Pichardo, por favor.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Solamente para solicitarle a la diputada Noemí que si nos permite adherirnos a su moción, a su iniciativa, a su exhorto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, manifiesta desde luego su aquiescencia, y desde luego la decisión y suscripción vendrá con la votación correspondiente en los próximos segundos, minutos. Adelante, secretaria, por favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, se considera de urgente resolución. Y de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Con el permiso de todos. Efectivamente, es una urgencia, es una prioridad, es un imperativo hablar de la seguridad social, hablar de salvar vidas, mejor dicho. De todo lo que tenga que ver en el momento preventivo y no correctivo, por supuesto que para el Partido Encuentro Social es un imperativo velar por los intereses de la sociedad del país.

Estamos hablando de cuencas hidráulicas del país. De comités técnicos que están instrumentados y algunos que aún no se han instrumentado. Que se agilicen para que de manera colegiada determinen e informen a la sociedad, a los gobiernos en sus tres niveles que corresponde los momentos de crisis tanto en la inundación como en la sequía.

Creo que esto es elemental, amigas y amigos diputados. Veracruz ha sido testigo, desde el 44, que no existían presas para regular con ese tipo de mecanismos técnicos 470 mil hectáreas afectadas por no tener mecanismos de control en este sentido, que permite a las sociedades darles seguridad, firmeza en los tiempos de crisis, de sequía, como también en los tiempos de abundancia de agua.

Veracruz también fue afectado en 2010 por el huracán Karl. Es un tema que nos afectó, nos dolió, que a la fecha todavía existen en Chiapas, en Puebla, en Oaxaca, problemas de inundaciones por falta de mecanismos que nos permitan de manera preventiva por supuesto dejar para siempre las pérdidas de vidas humanas, la pérdida de cultivo y, por supuesto, el manejo racional en su momento de la energía eléctrica.

Por eso y por otros motivos más en el Partido Encuentro Social privilegiamos la vida humana, privilegiamos el cultivo de los mexicanos, privilegiamos la seguridad integral de los mismos. Estamos a favor de este punto de acuerdo. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por tres minutos.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Con su venia, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se suma al punto de acuerdo y votaremos a favor porque consideramos que, dada la situación climatológica, aunado a los recientes fenómenos meteorológicos, hacen urgente revisar el estado que guardan nuestras presas en el país.

Adicionalmente y en el ámbito del encargo que esta Cámara me ha conferido como presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, es necesario hacer notar que en el Fondo Metropolitano del Valle de México se está aplicando, entre otros, en la construcción del túnel emisor oriente, cuyo objetivo es precisamente evitar inundaciones mediante la construcción de un sistema principal de drenaje para desalojar hasta 150 metros cúbicos por segundo adicionales y otras obras para aumentar la capacidad de regulación en temporadas de lluvia, lo que beneficiará a más de 20 millones de habitantes; obra que esperamos que una vez que se concluya que la Conagua no deba ser exhortada para establecer mecanismos de vigilancia que permitan que esta obra no se convierta en una obra inútil.

Al igual que la construcción del túnel emisor oriente, la Comisión Nacional del Agua en mi estado está construyendo la presa El Zapotillo. Viene a colación a tan atinada propuesta de la diputada Noemí Guzmán, ya que ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la suspensión que un juez federal había otorgado a los pobladores del poblado de Temacapulín en Jalisco, para que la Conagua se desista de construir una cortina mayor a 80 metros de altura.

Ya la Segunda Sala de la Suprema Corte se había pronunciado sobre la presa El Zapotillo en una ocasión, en agosto de 2013, fecha en que emitió una resolución que anuló el convenio firmado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con los exgobernadores de Jalisco y Guanajuato para aumentar la capacidad de almacenamiento de la presa, por lo que se debería construir una cortina más alta para su operación.

La Conagua persiste en esa postura de construir una cortina de 105 metros de altura lo que implicaría la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Hoy, ante este pleno estamos solicitando a la autoridad hídrica que coordine la política de operación técnica de las presas de todas las cuencas hidrológicas de nuestro país basada en una definición colegiada de una curva de índice de elevación o almacenamiento que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y en su caso de generación de energía eléctrica.

Yo les pregunto ¿acaso la postura de la Conagua –en el caso de El Zapotillo– implica una conciliación –ya no sugiero con pobladores afectados, me queda claro que no– con las prioridades de abasto de agua con la seguridad física de la población y con la generación de energía eléctrica? Sospecho que no.

Aprobemos, sí, este punto de acuerdo que propone nuestra compañera diputada y estemos atentos al cumplimiento de las autoridades federales para las resoluciones de nuestro máximo Poder Judicial. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente, es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Tiene ahora la palabra el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena, por tres minutos.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues:Muchas gracias, presidente. Por supuesto que este es un punto de acuerdo sensible y que votaremos también nosotros a favor. Pero también hay que tener en cuenta las razones por las cuales la diputada Noemí tuvo a bien presentar este punto de acuerdo.

Las curvas de nivel son conceptos elementales que se tienen que tomar en cuenta incluso para la construcción de una presa. Lo que habría que precisar es que lo que se tendría que implementar de mejor manera, es una política de desfogues oportunos o acaparación de agua oportuna.

El asunto de las inundaciones es muy sensible, pero también es cierto que existe una razón por la cual se inundaban lugares o estados como Tabasco o como Veracruz. Y es que el agua de las presas se acaparaba para que no se desfogara y no se generara energía eléctrica.

Y esto ¿A quién beneficiaba? Pues beneficia directamente a las empresas que se han dedicado a venderle energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces hay que entender que esta política que se estuvo implementando durante años, fue en claro beneficio para las trasnacionales que estaban vendiendo energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual quiere decir, y lo cual nos indica que el hecho de que no se abrían las compuertas oportunamente, era precisamente para no generar una sobreoferta de energía eléctrica y que estas empresas trasnacionales se encontraran en una mayor ventaja para vender lo que ellos producían.

Entonces habiendo dicho lo anterior, y habiendo también indicado que nosotros vamos a votar a favor, también era necesario precisar por qué es que tenemos que acudir a un punto de acuerdo de una diputada sensible como es la diputada Noemí, para que esto se esclarezca y se demuestre que las políticas que ha implementado o que han implementado los gobiernos actuales y los anteriores, han sido no precisamente las más benéficas para la nación. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abdala. Tiene ahora la palabra la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista...

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que la correcta administración de las aguas nacionales es indispensable para el debido cumplimiento al derecho humano a este líquido.

Reconocemos que México enfrenta una situación hídrica compleja y crítica, que requiere una visión de corto y largo plazo, que considere el posible incremento en la precipitación extrema causada por el cambio climático, y la exposición social y urbana a las inundaciones.

Es también importante recordar que el desalojo de las aguas hervidas y el control de las inundaciones deben resolverse desde una perspectiva integral en la toma de decisiones y alerta oportuna que permita actuar a tiempo.

Coincidimos plenamente que lo expuesto por la diputada Guzmán Lagunes, en las consideraciones expuestas para establecer una política de operación tal y como lo ha venido desarrollando el Comité Técnico de la Operación de Obras Hidráulicas para la Cuenca del Papaloapan, México es un país con grandes contrastes, en sus climas y en régimen de lluvias, lo cual afecta a los procesos productivos y a las actividades de sus habitantes.

La sequía en los estados del norte como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Durango y Zacatecas, han obligado al Estado mexicano a moverse hacia la sustentabilidad, la equidad y la seguridad hídrica, a través de su Programa Nacional Hídrico 2014-2018, pero se requiere adicionalmente de un inmenso esfuerzo gubernamental, social y privado para reducir el riesgo de inundaciones y de introducir medidas preventivas para proteger la infraestructura hidráulica.

Por este motivo, coincidimos en la necesidad de actualizar las políticas de operación de las principales fuentes de abastecimiento, bajo criterios de optimización orientados a la máxima productividad hídrica y con restricciones para minimizar el impacto de las inundaciones y las sequías.

En ese contexto, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, votaremos a favor del punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que en el ejercicio de sus funciones coordine la política de operación técnica de las presas para todas las cuencas hidráulicas del país, basada en la definición colegiada de una curva-índice de elevación o almacenamiento, y que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y, en su caso, de generación de energía eléctrica. Es cuanto, señor presiente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arzaluz. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD. Andaba cabildeando por otro lado.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios:Diputado presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, los temas relacionados con la prevención de inundaciones, los temas que guardan relación con las medidas y políticas de adaptación al cambio climático resultan de la más absoluta y mayor prioridad para el Grupo Parlamentario del PRD. Es el caso por ejemplo del estado de Tabasco, donde el buen o mal manejo de las presas se convierte en una razón de vida o muerte, la diferencia entre perderlo todo o garantizar la seguridad hídrica.

Desde que el PRD es gobierno en aquella entidad las inundaciones dejaron de tener su tradicional efecto devastador. Cierto es que son varios los factores que han influido en esta venturosa y afortunada situación, pero algo que no se puede dejar de reconocer es el esfuerzo del gobierno estatal por conciliar y concertar con la Comisión Federal de Electricidad para que las presas del Grijalva pudieran funcionar para el control de avenidas y no sólo para la generación de energía eléctrica.

Resulta muy difícil, más no imposible, conciliar el manejo de las presas cuya operación está a cargo de la CFE. Esta conciliación y control debiera estimarse como algo absolutamente indispensable, ya que han sido las presas bajo su manejo las causantes del mayor número de inundaciones relacionadas con una programación inadecuada de los desfogues.

Queremos darle un peso específico al voto que emitirá el PRD a favor de esta propuesta, por tal razón estamos solicitando a la diputada promovente que modifique el resolutivo de su punto de acuerdo a fin de incorporar a la Comisión Federal de Electricidad en el cuerpo del exhorto y de las instancias a coordinarse por parte del Ejecutivo federal. En esencia, no puede haber una determinación colegiada en una misma institución.

Esperemos que tenga a bien aceptar esta sugerencia de redacción para que sea ella misma, la diputada promovente, quien lo presente, ya que así lo exige la fracción IV del artículo 113 de nuestro Reglamento.

El acceso al agua y la seguridad hídrica deben ser un derecho de todos los mexicanos. Ésa es nuestra determinación y también nuestra firme convicción, y por ello estaremos de acuerdo con el exhorto presentado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Nava. Efectivamente recuperando la consideración que usted mismo hizo en su exposición, la modificación a la propuesta de punto de acuerdo podrá proceder sí la proponente del grupo parlamentario al que pertenece lo admite. Entonces, atenta sugerencia que se pueda por ahí buscar para ver sí hay un acuerdo en ese sentido y en esos términos lo someteríamos en su monumento a la consideración de la asamblea. Gracias.

Saludamos la presencia de amigas, amigos invitados de Vanguardia Juvenil Agrarista del Estado de México, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Bienvenidas, bienvenidos. Tiene la palabra ahora el diputado Pedro Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

El diputado Pedro Garza Treviño:Con su permiso, señor diputado presidente. Señoras y señores diputados. En mí Partido Acción Nacional estamos convencidos de que el Estado debe, tiene la obligación de salvaguardar la integridad de las familias mexicanas.

Para ello debe de garantizar las condiciones de seguridad para todos y cada uno de los ciudadanos, sin importar el área geográfica del que se trate. En nuestro país, hay comunidades que se encuentran en riesgo de verse afectadas por el desbordamiento de una presa de agua. Esto puede tener efectos de gran alcance sobre la vida de la población.

En lo últimos años, sobran ejemplos de desbordamiento de presas que han afectado a diversos estados de la república. Recientemente sufrimos el huracán Patricia, en el Pacifico, que provocó el desbordamiento de la presa de San Blas en el estado de Aguascalientes.

Sin duda, las presas de agua son elementos esenciales para el desarrollo del país, permiten que la gente tenga y disponga de agua, funcionan como generadoras de energía y además provén protección contra precipitaciones extremas extraordinarias. Sin embargo, hay pendientes en materia de prevención y medidas de seguridad para las presas de nuestro país.

Aunque la Comisión Nacional del Agua ha implementado medidas preventivas en algunos estados, estas no se han generalizado en todo el territorio nacional. Vale la pena mencionar la cuenca del Rio Papaloapan, en Veracruz, cuyas comunidades cercanas históricamente han sufrido inundaciones, de ahí que en conjunto con la Conagua, el gobierno estatal haya decidido crear un comité técnico de operación de obras hidráulicas.

Este comité realizó la revisión y ajuste colegiado de parámetros de elevación o almacenamiento de agua del sistema de presas del mismo río Papaloapan, mediante la definición de una curva índice acorde a las condiciones del área. Esta medida resultó eficaz y ha logrado mitigar los riesgos de una inundación.

Este caso, antes que la excepción, debe ser común denominador de las cuencas de nuestro país, para que todas las comunidades aledañas a una puedan gozar de seguridad física y puedan solo experimentar los beneficios, más no los riesgos que una presa de este tipo conlleva.

Con este objetivo en mente, en mi partido, Acción Nacional, nos sumamos a este punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua a que en el ejercicio de sus funciones coordine la política de operación técnica de las presas para todas las cuencas hidráulicas del país, basada en la definición colegiada de una cuenca índice que concilie las prioridades de abasto de agua para toda nuestra población.

También la seguridad física de la población y, en su caso, la generación de energía eléctrica, que no es el principal principio del almacenamiento.

También exhorto para que se considere la opinión de las autoridades estatales en cada uno de estos comités y no que se tomen decisiones desde la Ciudad de México, a cientos o a miles de kilómetros de donde está generándose el problema. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Garza. Tiene ahora la palabra el diputado Gianni Raul Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRI, por tres minutos.

El diputado Gianni Raul Ramírez Ocampo:Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. El punto de acuerdo que hoy presenta nuestra compañera Noemí Guzmán, por medio del cual se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que coordine las políticas de operación de la técnica en las presas para todas las cuencas hidráulicas del país, basadas en la definición colegiada, en una curva índice de elevación o almacenamiento que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y, en su caso, la generación de energía eléctrica.

Resulta este trascendente para todo el país, el total de las presas que existen en México tienen una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos, pero, pero 116 presas representan casi el 80 por ciento de su capacidad de almacenamiento total.

Las presas y sus embalses son utilizados eficazmente, para regular el nivel de los ríos y las crecidas de aguas abajo en cada una de ellas, almacenando temporalmente el volumen del agua de las avenidas de los embalses y liberar conforme el gasto hidráulico lo requiera en cada una de ellas.

Actualmente, existen con gran éxito en algunas de ellas, algunas de las presas, los comités técnicos de operación de obras hidráulicas como la instancia máxima en tomar las decisiones para supervisar el manejo adecuado de las presas, conformado este desde hace más de 16 años.

Los comités son un órgano colegiado compuesto por distinguidos técnicos de la Conagua, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y la Secretaría de la Agricultura, por lo cual aquí no se muestra que sí está contemplado, que también estén contemplados los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad.

Estos se reúnen generalmente para analizar y sacar indicadores, que realicen reportes cada cuatro horas dentro de este sistema. Por tal motivo, que estos comités se repliquen en todos los sistemas de las presas del país, para aprovechar la existencia que ha recolectado en el transcurso del tiempo una gran experiencia que lleva con años y establecer una política de operación en todas las presas del país, basada en una curva índice de indicación de elevación de almacenamiento.

Se debe, por tanto, poner especial atención en el presente tema e instar a la Conagua a que siga con los estándares de calidad y su sistema eficiente, pero ahora en todas las presas del país, porque requiere que el almacenamiento del agua garantice, sobre todo, la seguridad de las comunidades y el bien de los habitantes de todas las regiones del país. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucción de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido. Pregunto, nada más por atención a que se hizo alguna petición o sugerencia de modificación. No sé si se haya aceptado o no. Si no es así para votarla en términos... Sí, la diputada Guzmán, por favor, sonido en su curul, allá.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes(desde la curul): Señor presidente, si bien es cierto la Comisión Federal de Electricidad ya es invitada en este comité para trabajar el mayor reforzamiento de esta propuesta con punto de acuerdo, aceptaría yo que se especificara también el exhorto para la Comisión. Aunque quiero recalcar, también el compañero Gianni dijo que el Comité lo componen muchas dependencias, pero quiero aceptar la propuesta de mi compañero del PRD, Xavier Nava. Adelante, señor presidente y muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por tanto, esperaría que quede claro que el exhorto va dirigido a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad, y todo lo demás en los términos en los que la diputada proponente, la diputada Guzmán lo expresó aquí en su ponencia original.

Entonces, de acuerdo con el Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta al punto de acuerdo, expresada por el diputado Nava y aceptada por la proponente.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucción de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta la modificación propuesta por el diputado proponente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Por lo tanto, se acepta. Y consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la asamblea.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo presentado, con la modificación presentada y aceptada por el diputado proponente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

De conformidad... Antes saludamos la presencia de alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 250, del municipio de Nicolás Romero, estado de México, invitados por la diputada María Montserrath Sobreyra Santos. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes.

DEFENSA DE LOS TEXTILES PRODUCIDOS POR LOS ARTESANOS MIXES DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, OAXACA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Indautor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su intervención para la defensa de los textiles producidos por los artesanos mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

El diputado Francisco Martínez Neri:Muchas gracias, presidente. La identidad de nuestra nación es pluricultural y sustentada en nuestros pueblos originarios. Las poblaciones indígenas tienen usos y costumbres propias, poseen formas particulares de comprender el mundo y de interactuar con él; visten, comen, celebran sus festividades, conviven y eligen a sus propias autoridades de acuerdo a esa concepción que tienen de la vida. Esta diversidad se reconoce en el artículo 2o. de nuestra Constitución Política.

Estas estructuras nos dejaron huella de su sabiduría y conocimientos a través de diversas formas de enseñanza, según la época; leyendas, costumbres, códices, pinturas, formas de organización para el trabajo, la producción, etcétera.

La diversidad cultural en nuestro país representa un patrimonio de gran valor. El reconocimiento de nuestras raíces y de las culturas indígenas vivas debe constituir la base de nuestra convivencia para construir la sociedad y el país que queremos, intercultural y democrático.

En este sentido, la rica producción artística y artesanal de pueblos y comunidades constituye un patrimonio invaluable que debe protegerse. Las autoridades de todos los niveles, por mandato constitucional, deben promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria; establecer instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

El pasado mes de julio la diseñadora francesa Isabel Marant, presentó como diseño propio una blusa tradicional del poblado de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y a través de la empresa Antique Batik anunció que podría presentar un juicio para defender los derechos acerca de la prenda.

Según Erasmo Díaz González, presidente municipal de esta localidad, se trata de una violación a los derechos de la propiedad intelectual del pueblo mixe, por lo que investigarán el alcance de ese anuncio.

En los seis mil kilómetros cuadrados que abarca el municipio que agrupa a 100 comunidades, se usa de manera cotidiana esta prenda textil de manufactura artesanal y que simboliza la tierra y el territorio, además de constituir una actividad socioeconómica de sustento.

Cito a continuación el manifiesto de nuestro presidente municipal de Santa María Tlahuitoltepec. Dice: La blusa de Tlahuitoltepec es identidad y no justifica la probable afinidad de Isabel Marant con la blusa; más bien considera una apropiación de la identidad cultural con fines comerciales y atenta contra la idea de colectivo, porque ignora que las dimensiones sociales y culturales plasmadas prevalecen sobre las económicas ocasionando perjuicio a las comunidades indígenas –hasta aquí la cita.

Este caso representa algo más que un litigio legal. Detrás de cada diseño no solo está la visión de uno de nuestros pueblos originarios, sino además una actividad socioeconómica de sustento, pues casi la mitad de los 12 mil habitantes de esa comunidad mixe se dedica a la elaboración de esta prenda. Es además una apropiación del trabajo tradicional. Una prenda de este tipo cuesta en el mercado local cerca de 300 pesos y en tiendas internacionales equivale a cinco mil pesos.

En casos como el que nos ocupa, las comunidades enfrentan otro despojo. El de su creatividad en un mercado totalmente asimétrico en el que sus diseños tradicionales no tienen una cobertura de patente como los diseños de renombre, y una etiqueta desde luego no puede hacer la diferencia.

Además del presente punto de acuerdo, nuestro grupo parlamentario propondrá reformar la Ley Federal de Derechos de Autor para evitar que personas o corporaciones ajenas a la comunidad o etnias originarias, lucren con la producción artesanal y no puedan registrar como propias obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana.

Honorable asamblea, el Grupo Parlamentario del PRD reconoce que los pueblos y comunidades indígenas son iguales en sus derechos humanos, con diferencias que deben de ser respetadas como sus tradiciones, cultura, formas de expresión social y artísticas; tienen derecho a la libre determinación expresada en la autonomía, a su territorio y al uso, conservación y disfrute colectivo de sus recursos naturales y acceso al desarrollo económico.

Es obligación del Estado apoyar con políticas públicas y medios necesarios para garantizar el desarrollo integral de todos los pueblos y comunidades indígenas y al reconocimiento pleno de sus derechos políticos, culturales, económicos y sociales, además de los establecidos en normas y convenios internacionales a su favor.

Esta proposición de punto de acuerdo la hemos suscrito con las diputadas: Karina Barón y Mariana Benítez Tiburcio, a quien agradezco su contribución; y esperamos de ustedes, compañeras diputadas, compañeros diputados, su voto favorable a este punto de acuerdo que en defensa de la identidad de nuestros pueblos indios, del comercio justo, del derecho a su libre determinación, y como desde luego un compromiso del Congreso por las mejores causas. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SRE, el Indautor y la CDI que intervengan en defensa de los textiles producidos por los artesanos mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, su intervención para la defensa de los textiles producidos por los artesanos mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado julio, la diseñadora francesa Isabel Marant presentó como propia la blusa tradicional del poblado de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y a través de la empresa Antiquité Vatic inició un juicio para defender los derechos de la prenda. Esta empresa, también de origen francés, pretende obtener la patente del diseño tradicional y podría comenzar la explotación comercial del bordado.

Según Erasmo Díaz González, presidente municipal de esta localidad, se trata de una violación a los derechos de la propiedad intelectual del pueblo mixe, por lo que investigarán el alcance de la demanda francesa. En los seis mil kilómetros cuadrados que abarca el municipio, que agrupa a cien comunidades, se usa de manera cotidiana esta prenda textil de manufactura artesanal y que simboliza la tierra y el territorio, además de constituir una actividad socioeconómica de sustento.

Cito el manifiesto emitido por el edil:

La blusa de Tlahuitoltepec es identidad y no justifica la probable afinidad de Isabel Marant sobre la blusa, más bien la considera la apropiación de una identidad cultural con fines comerciales y atenta contra la idea del colectivo y no se trata de la creación de un recurso creativo, inspiración o influencia, porque ignora que las dimensiones sociales y culturales plasmadas prevalecen sobre las económicas ocasionando perjuicio contra las comunidades indígenas”.

Doña Honorina Gómez Martínez, que tiene 46 años dedicados al bordado, dice al respecto:

No lo bordamos dibujado, no lo copiamos, sale del corazón, si bien sale de mi cabeza mi corazón me dice qué voy a bordar, porque ya lo tengo en la memoria, nacemos con esa idea o sentimiento, vivencia, es la vida cotidiana como mixe. Es una representación de sangre, alimentación y naturaleza.

A pesar de que la Constitución, en el artículo 2º reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, en materia de derechos de autor, no existe una regulación que determine derechos específicos, ni a favor de los pueblos indígenas ni de las personas que los integran.

La Ley Federal de Derechos de Autor dice proteger “las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado mexicano, que no cuenten con autor identificable” (artículo 157).

En el mismo sentido, el artículo 158 expresa que “las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o margen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen”.

Sin embargo, el artículo 159 estipula que “es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo”. En otras palabras, las obras populares de cultura indígena están protegidas contra su deformación, pero sus autores no pueden reclamar ningún derecho o beneficio sobre ellas, pues por disposición legal pueden usarse de manera libre.

Dice el artículo 160 que “en toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República mexicana de la que es propia” (artículo 160), agregando que “corresponde al Instituto (Nacional de Derechos de Autor) vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo” (artículo 161).

Este caso representa algo más que un litigio legal. Detrás de cada diseño no sólo está la visión de uno de nuestros pueblos originarios, sino además una actividad socioeconómica de sustento, pues casi la mitad de los 12 mil habitantes de esa comunidad mixe se dedica a la elaboración de esta blusa. Es una apropiación del trabajo tradicional: una prenda de este tipo cuesta en el mercado local cerca de 300 pesos, y en la tienda en línea Net-a-porter, el equivalente a 5 mil pesos.

Cada vez se observa más en la industria de la moda que diseñadores internacionales copian piezas tradicionales sin dar ningún crédito o referencia de su procedencia y origen; con el plagio se daña a los productores tradicionales, como ha pasado con los pueblos tarahumaras o huicholes. Más grave aún resulta que en el caso referido, las comunidades enfrentan el despojo además de su creatividad, del reflejo de su cosmovisión, en un mercado totalmente asimétrico, en el que sus diseños tradicionales no tienen una cobertura “de patente” como los diseños “de renombre”, e incluso en el colmo de los males, los creadores originales son acusados de plagio. Una etiqueta no puede hacer la diferencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que, en el marco de sus atribuciones, ofrezca la asesoría jurídica y el apoyo necesario a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, para la defensa de los textiles producidos por su población de manera artesanal a fin de preservar su patrimonio, su cultura y su identidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»

«Modificación a la proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su intervención para la defensa de los textiles producidos por los artesanos Mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Con fundamento en el artículo 113, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la presente modificación a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la SRE, al Indautor y a la CDI, su intervención para la defensa de los textiles producidos por los artesanos Mixes de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, para quedar como sigue:

Primero.La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que, en el marco de sus atribuciones, ofrezcan la asesoría jurídica y el apoyo necesario a las comunidades indígenas de Oaxaca y del resto del país, para la defensa de los textiles producidos por su población de manera artesanal a fin de preservar su patrimonio, su cultura y su identidad.

Segundo.De igual forma, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca, a establecer un trabajo coordinado para ayudar al municipio de Santa María Tlahuitoltepec en la posible impugnación jurídica de los derechos que pudiesen haber sido otorgados respecto de la blusa típica de la comunidad oaxaqueña Mixe denominado “Huipil” de Santa María Tlahuitoltepec Mixe.

Suscriben

México, DF, a 26 de noviembre de 2015.— Diputados: Francisco Martínez Neri, Natalia Karina Barón Ortiz, Mariana Benítez Tiburcio (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución, y de conformidad con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por tres minutos.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Alzar la voz para proteger los derechos de propiedad de nuestras comunidades indígenas, es también nuestra responsabilidad.

Con la venia de la presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el tema que en este momento nos ocupa y por el que votaremos a favor, es de elemental justicia. Queremos sumar nuestro voto a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que se ofrezca la asesoría jurídica y el apoyo necesario a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, a fin de defender los textiles producidos por la población de manera artesanal.

El objetivo del exhorto es precisamente preservar el patrimonio cultural e identidad de nuestras comunidades indígenas, el cual siempre ha sido explotado y no se le ha protegido. La congruencia como indígena me obliga a defender los derechos de los pueblos originarios.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o no sólo reconoce la multiculturalidad de nuestro país, sino que garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para preservar y, sobre todo, enriquecer sus lenguas, conocimientos y los elementos que constituyan su cultura e identidad.

En Nueva Alianza consideramos que es prioritario garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales, particularmente en el caso de los pueblos y comunidades indígenas.

En este sentido cobra una relevancia sustancial proteger los derechos de autor y, sobre todo, la identidad cultural de nuestras comunidades, quienes ven afectadas no sólo sus ganancias económicas, sino su cosmovisión, su identidad y forma de vida por la codicia de personas y empresas sin escrúpulos que se aprovechan de la necesidad y la buena fe de los artesanos.

El artículo 160 de la Ley Federal de Derechos de Autor, señala que la utilización de cualquier obra de arte popular o artesanal, deberá mencionarse a la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, circunstancia que no aconteció al momento de comercializar los diseños de los bordados de la población de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, obteniendo de ello, beneficios económicos a costa de la cultura e identidad de los pueblos originarios.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 28, prevé el derecho de los pueblos indígenas a que se le repare e indemnice justa y equitativamente de lo que han poseído, ocupado y utilizado; y que hayan sido tomados o utilizados sin su consentimiento libre, previo e informado, como en este caso aconteció.

La defensa de nuestras comunidades es una obligación de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Por ello, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos a favor del exhorto y de que las acciones que se lleven a cabo sean de una firmeza ejemplar.

Dejemos el discurso y demos paso a los hechos. Tenemos que proteger lo que por derecho corresponde a nuestras y nuestros hermanos indígenas, no los dejaremos solos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez.

Saludamos la presencia de don Gerardo Torres Ochoa, presidente municipal de Zacapu, Michoacán; así como de la señora Maricela Huerta Ruiz, coordinadora de Asuntos Indígenas y Sociales de la Ciénega, Zacapu, Michoacán, invitados por el diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá. Bienvenida y bienvenido, amigos.

Tiene ahora la palabra la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por tres minutos.

La diputada Marbella Toledo Ibarra:Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Como es de conocimiento general, los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país han sufrido condiciones de desigualdad histórica, que a la fecha no han sido resarcidas, desde el despojo de sus tierras, territorios y recursos hasta las consecuencias que esto les ha ocasionado.

Ante ellos es inaplazable y éticamente justo promover acuerdos y reformas legislativas que permitan a nuestros pueblos originarios alcanzar el grado de desarrollo y autonomía que satisfaga sus intereses colectivos con respeto a sus costumbres y a sus derechos humanos, dentro del marco que establece nuestra Constitución, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A la luz de los acontecimientos ya expuestos es importante que retomemos el tema de la protección a las culturas ancestrales de nuestro país. La gravedad de la cuestión que hoy discutimos, radicada principalmente en el presunto registro de propiedad que la diseñadora francesa habría hecho de los diseños de la comunidad mixe oaxaqueña y en la supuesta demanda que la misma habría realizado en contra de sus habitantes.

Si bien la diseñadora ha declarado por redes sociales y a través de medios de comunicación, como Proceso, que dicho registro intelectual, así como las denuncias alegadas son inexistentes, este debate abre una pregunta importante sobre el carácter del Estado entorno a la protección de los derechos de las culturas ancestrales de nuestro país.

En la Séptima Cumbre de las Américas, el tema de la propiedad intelectual de las comunidades indígenas abordó la autonomía, desarrollo, espiritualidad y consentimiento libre de cada comunidad. Este último tiene especial importancia porque es el principio sobre el cual se fundamenta el Convenio de Nagoya, nacido en la Organización de las Naciones Unidas, para regular el acceso y distribución de beneficios sobre las prácticas y saberes ancestrales, el cual fue ratificado por nuestro país.

A nivel nacional, la Ley Federal del Derecho de Autor, señala la importancia de este patrimonio, y establece en sus artículos 158 y 160, que todas las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, estarán protegidas y si son empleadas por otra parte, deberán mencionarse la comunidad, etnia o en su caso la región de la república mexicana de la que es propia.

Si bien lo hoy discutido no generó consecuencias jurídicas, si pone en evidencia otro abandono a las comunidades originarias, así como la falta de interés por crear organismos, que sin muchos recursos, pero con eficiencia, defiendan los derechos intelectuales de quienes han ganado reconocimiento de patrimonio de la humanidad a nuestro país.

Cuantos casos como este han ocurrido sin que sepamos de ellos. Cuantos diseños ancestrales de la cultura mexicana han sido utilizados a nivel nacional o internacional sin recibir el debido reconocimiento.

Los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo, como personas, al disfrute pleno de todos sus derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de la Naciones Unidas. Por tanto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se manifiesta a favor del punto de acuerdo y votará en consecuencia.

Honorable asamblea, larga es nuestra deuda con quienes nos han dado origen. Largo nuestro silencio ante las humillaciones constantes que han sufrido. Por tanto, grande será la falta sí nuevamente somos omisos en contra de nuestro propio pueblo. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: racias, diputada Toledo. Tiene ahora la palabra la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena, por tres minutos.

La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés:Con su permiso, señor presidente. Los huipiles hablan, nos cuentan historias, nos transmiten conocimiento ancestral. Atrás de cada puntada, de cada bordado, de cada tejido, se releva nuestra identidad.

La forma en que vestimos en las diferentes regiones de nuestro país es un reflejo de lo que somos, de lo que pensamos, es historia viva, historia que se repite día a día en las manos de sus grandes tejedores. Estos artesanos desde que preparan la urdimbre y a trama del telar lo hacen con la plena conciencia de que de manera simbólica van a entrelazar el cielo con la tierra y mediante una iconografía rica en significados ponen ante nuestra vista flores, montañas, alacranes, figuras que representan al tiempo, al mono, al sapo sagrado, a Quetzalcóatl.

Tejer es una forma de mantener con vida nuestra memoria, nuestros sueños. En los diseños de la ropa tradicional mexicana está encriptado una visión del universo, ¿cómo descifrar su código? Cómo leer lo que nos dicen, si somos analfabetos, si nuestros ojos solo ven lo que le han enseñado a valorar, el dinero, cuando estamos viviendo en medio de una crisis global creada y fomentada por un modelo económico equivocado, que privilegia la producción en serie y deja en la más absoluta desprotección al hombre que produce a pequeña escala, al hombre que teje, que borda, que tiñe y que con sus manos sostiene la riqueza cultural de nuestro país.

Como legisladores nos corresponde hacer las reformas que los mexicanos requieren para proteger los derechos de la comunidad mixe sobre sus diseños. En este caso, tal como lo establece el artículo 5o. de la Ley Federal de Derecho de Autor, que claramente dice: El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este punto de acuerdo, que pretende brindar asesoría jurídica a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca, para que sus artesanos estén al tanto de sus derechos y los textiles producidos por su población de manera artesanal queden protegidos.

Que por las manos de nuestros tejedores se manifieste el espíritu del pueblo del Sol. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Esquivel. Tiene ahora la palabra el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, por tres minutos.

El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, los mixes llaman a su lengua ayuuk, la cual es parte del conjunto de rasgos culturales que integran sus costumbres, historia y tradiciones, que les permiten diferenciarse no sólo de otros pueblos indígenas, sino del estilo de vida de la sociedad dominante que podríamos llamar occidental.

Esta división entre grupos de personas que habitan en un mismo territorio nacional, no indica necesariamente una fragmentación, sino que señalan la existencia de una diversidad cultural que implica la convivencia de formas distintas del hacer y del sentir, del pensamiento diferente en cuanto a la concepción del mundo y la vida, lo que se traduce en expresiones de la existencia del otro u otros, diferentes a uno mismo.

Hoy en día en México habitan más de 60 comunidades indígenas, cada una de las cuales se caracteriza por practicar sus propios modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias, y que en conjunto apreciamos en un nivel más sublime que no se limita al ámbito económico, pues no podemos ponerle precio al conocimiento milenario de cada una de las diversas culturas, transmitido de generación en generación y a través de los años por medio de las artes y las letras.

Dicho lo anterior, hago referencia a cierta información que se retomó el pasado martes 17 de noviembre, sobre una posible demanda promovida por una compañía francesa en contra de la comunidad indígena mixe de Oaxaca, acerca de la propiedad de los derechos de autor del diseño del bordado típico de dicha comunidad.

Si bien la información manejada en los medios ha sido confusa en cuanto a que se han emitido varias versiones del caso, el tema causó revuelo en las redes sociales, llegando a producirse un intenso debate centrado en el derecho de las comunidades indígenas, para proteger su legado ante la iniciativa de particulares que deseen lucrar con las expresiones culturales antiquísimas de nuestro pueblo, obviando que el arte indígena es un patrimonio que no le pertenece a nadie en particular y que no debe ser motivo de propiedad de persona, empresa o marca alguna.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconoce que aún hace falta trabajo por hacer para lograr el pleno reconocimiento de la diversidad cultural en nuestro país, que derive en el respeto para todos los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes. Por lo cual apoyamos este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, a favor de la protección de la comunidad mixe y de todas nuestras comunidades indígenas del país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández del Valle. Tiene ahora la palabra la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD, por tres minutos.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz:Con su permiso, diputado presidente. Estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados, el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, también llamado por sus propios habitantes Xaamkëjxpët, se caracteriza por ser cuna en el estado de Oaxaca de artesanos, de artistas y de músicos.

Santa María Tlahuitoltepec está ubicado en el noreste del estado de Oaxaca y en lo alto de la Sierra Norte. Tiene alrededor de 9 mil 600 habitantes, de los cuales el 100 por ciento habla la lengua indígena.

Este municipio es uno de los 424 municipios oaxaqueños que rigen su forma de gobierno por el sistema denominado de usos y costumbres. La asamblea comunal es la reunión de todos los ciudadanos del municipio y en ella se toman las principales decisiones de la vida política, económica y social de su pueblo.

Para los habitantes de este lugar la cultura es entendida una forma de vida y de manifestación comunitaria que se halla íntimamente vinculada con la lengua mixe. La lengua es la teoría y la cultura la práctica. La danza, las tradiciones orales, la música y sus actividades económicas son dialogadas y entendidas según la conversación interpersonal y a través de su propia lengua.

Como podemos advertir, el municipio de Santa María Tlahuitoltepec posee una gran riqueza cultural que nos remite a los orígenes de nuestra nación. Una población indígena que ha subsistido a pesar de los embates de la modernidad, logrando ser una comunidad activa política y económicamente, pero que vive de manera sistemática con la falta de oportunidades de un país que ha olvidado a sus comunidades y a sus pueblos originarios.

En enero pasado la cantante oaxaqueña Susana Harp denunció el plagio del diseño de la blusa típica de Santa María Tlahuitoltepec, la cual porto con mucho orgullo. Y esto lo hizo cuando llegó y visitó una tienda departamental en los Estados Unidos conocida como Neiman Marcus. Asimismo, en varias redes sociales se evidenció que la modista francesa Isabel Marant presentó como propias prendas con diseños de la blusa típica de Santa María Tlahuitoltepec.

En ninguno de los dos casos se hizo mención acerca de que los diseños utilizados para la presentación de las prendas fueron tomados de la blusa típica de esta comunidad, generando irritación y malestar entre los artesanos y habitantes de este municipio de la sierra mixe, debido a que la ropa típica se ha preservado de generación en generación.

En el presente mes se dio a conocer por parte de las autoridades municipales de Santa María Tlahuitoltepec que, además del supuesto plagio del diseño de la blusa en enero de este año, la empresa francesa Anti cutí badag también comenzó un juicio para reclamar además los derechos de autor de este textil originario de nuestro estado de Oaxaca.

La empresa gala reclamó como propio el diseño de la blusa típica referida, por lo que inició un procedimiento legal en un tribunal francés para obtener la patente e iniciar la explotación comercial del bordado oaxaqueño.

El Instituto Oaxaqueño de las Artesanías ha señalado que el precio de estas prendas vendidas por la marca francesa y estadounidense oscila entre los 290 dólares, es decir, 4 mil y tantos, casi 5 mil pesos mexicanos, contrario a lo que aproximadamente la pueden ustedes adquirir en el estado de Oaxaca, que oscila en el precio de 300 pesos.

Por lo mismo, nuestro grupo parlamentario hace un llamado a todos los partidos políticos para que se sumen a esta causa, que sin duda es una responsabilidad que todos debemos asumir y en consecuencia luchar por ella.

Es necesaria una batalla constante para dignificar y reivindicar los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que mucho sufren ante el abandono e indiferencia de gran parte de la sociedad mexicana.

Debemos proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas en materia, así como tomar medidas y acuerdos pertinentes que nos ayuden a defender su patrimonio cultural, de este municipio y de todos los municipios de nuestro país.

No seamos cómplices de esta triste vulneración a los derechos fundamentales, por el contrario, unamos fuerzas para lograr el reconocimiento e inclusión que merecen nuestras comunidades originarias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias, diputada Barón. Tiene ahora la palabra el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, por tres minutos.

El diputado Luis de León Martínez Sánchez:Con su permiso, presidente. Señoras y señores diputados. Las y los legisladores de Acción Nacional nos sumamos a este punto de acuerdo que apunta a una situación que ha preocupado a todos durante los últimos días y que ha sido referido por diversos medios y también conocido en las redes sociales.

Nos preocupa particularmente por la afectación al producto del trabajo de las artesanas del municipio de Santa María Tlahuitoltepec en el estado de Oaxaca, al querer obtener la patente del diseño de la blusa de este poblado la diseñadora francesa Isabel Marant. No solo está buscando apropiarse de un bordado, también busca arrebatar la fuente de sustento de cientos de artesanas mexicanas, quienes ya enfrentan situaciones económicas y sociales de por sí muy adversas.

Se trata, además, de una violación a los derechos de propiedad intelectual del pueblo mixe que día a día trabaja arduamente para conservar sus tradiciones, para mejorar su cotidianeidad, para hacer de su trabajo una herencia de todos los mexicanos.

Finalmente, al querer patentar el diseño de esta blusa, la francesa busca arrebatar un símbolo de identidad. Lo decimos porque la blusa de Tlahuitoltepec no es solo trabajo ni solo arte. También es el reflejo de una vida y de una visión de mundo; de toda una cosmogonía que se representa en la obra indígena.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional lamentamos que México no cuente con una regulación sólida en materia de derechos de autor, que determine derechos específicos a favor de los pueblos indígenas y de las personas que los integran. Las lagunas legales son las que hoy están poniendo en peligro la vida de más de seis mil habitantes de la comunidad mixe que se dedican a la elaboración de esta blusa.

Por ello nos pronunciamos a favor de este punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ofrezcan asesoría jurídica y el apoyo necesario a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y al resto del país para la defensa de los textiles producidos por su población de manera artesanal.

Asimismo, exhortamos respetuosamente al gobierno del estado para establecer un trabajo coordinado para ayudar a este municipio y a los demás que se encuentren en estos supuestos. Estamos a favor porque estos productos artesanales rebasan su valor económico, pues tienen también una carga cultural, lingüística y de identidad.

En Acción Nacional consideramos que lo que hoy afecta a integrantes de la comunidad mije, también afecta al resto de los mexicanos. Por ese motivo alzamos la voz para defender el patrimonio cultural que los artesanos de Oaxaca construyen día a día en beneficio de sus comunidades y de todos los mexicanos.

Es tiempo de retribuir, aunque sea de forma mínima una parte de lo que ellos nos han dado, de lo que nos han heredado. Que esto no se quede sólo en palabras, que las dependencias en mención nos ayuden a proteger nuestra identidad, y que esto marque la pauta de que a ningún extranjero se le va a permitir robarse nuestra identidad, por lo que solicito al diputado Martínez Neri, me permita adherirme al presente punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado De León. Tiene ahora la palabra la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI, por tres minutos.

La diputada Yarith Tannos Cruz:Muy buenas tardes, diputadas y diputados, y todos aquellos que nos ven a través del Canal del Congreso, con el permiso de la Mesa Directiva.

El asunto planteado del plagio del trabajo creativo, inventivo y artesanal de nuestras comunidades indígenas, representa para el grupo Parlamentario del PRI; la oportunidad de reivindicar sus orígenes, sus causas, su cultura y su forma de generación de ingresos individuales y colectivos.

Es la artesanía la expresión de nuestras raíces, de nuestra historia y de nuestra cultura, combinado con el talento y las habilidades maestras de las comunidades indígenas, donde la mujer representa un papel preponderante en su elaboración. Es por ello que vemos con beneplácito el punto de acuerdo, el cual suscribimos a cabalidad para exhortar a las instancias federales correspondientes para que intervengan de manera pronta y expedita, en la defensa de los intereses del municipio de Santa María Tlahuitoltepec, en el estado de Oaxaca.

El Partido Revolucionario Institucional, está convencido que debemos sobrepasar las barreras nacionales. Por ello solicitamos la intervención de la Organización Internacional del Trabajo en el marco del Convenio 169 para que intervengan en el tema que especifica sobre los derechos de las comunidades indígenas y tribales, y donde explícitamente hace un reconocimiento a la cultura y a la forma de subsistencia de dichas comunidades.

Diputadas y diputados, alcemos la voz, sumemos voluntades, fuerzas, inteligencias y talentos para evitar que se consuma el plagio de esta artesanía y sean afectados nuestros hermanos indígenas de Santa María Tlahuitoltepec.

Hoy es por ellos. Hoy es por Oaxaca y hoy es por México. Apoyemos este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Tannos.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Cándido Coheto Martínez.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el asunto que hoy discutimos es de la mayor trascendencia para la vida, la integridad y el respeto al patrimonio de los pueblos indígenas de México.

Es un problema que tiene que ver con el estado de vulnerabilidad que guardan, situación que hace propicia la violación de derechos fundamentales como los de la propiedad intelectual, que como lo vemos en Oaxaca, causan daños inaceptables a su patrimonio y a su cultura.

Por ello me uno al punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Martínez Neri, para que se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Derechos de Autor y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a que atiendan inmediatamente este caso, ejerciendo cabalmente sus atribuciones para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec ante el evidente despojo de sus creaciones de alto valor artístico y comercial; así como dar estricto cumplimiento al artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y cultura, por ello votaremos a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cueto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo propuesto.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con comunicaciones, acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado David Aguilar Flores cause baja como integrante de la Comisión de Población.

• Que el diputado David Aguilar Flores cause alta como integrante en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Reciba un cordial saludo.

México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez cause alta como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

• Que el senador Carlos Alberto Puente Salas cause baja como consejero propietario

• Que el diputado Arturo Álvarez Angli cause alta como consejero propietario

• Que el diputado Arturo Álvarez Angli cause baja como consejero suplente

• Que el diputado Jesús Sesma Suárez cause alta como consejero suplente

• Que la diputada Lorena Corona Valdés cause baja como consejera suplente

• Que la diputada Lorena Corona Valdés cause alta como consejera suplente

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2015.— Luis Molina Robles (rúbrica), secretario ejecutivo.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados, comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que correspondan(*), publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Las adiciones a iniciativas que se soliciten a la Mesa Directiva desde hoy y hasta la siguiente sesión ordinaria serán aceptadas.

EFEMÉRIDES

PROCLAMACIÓN DEL PLAN DE AYALA

«Efemérides con motivo de la proclamación del Plan de Ayala, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la reflexión por la efeméride con motivo de la proclamación del Plan de Ayala, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace 104 años, el 25 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata, proclamó el Plan de Ayala, con el cual sentó las bases del movimiento social más grande de México: el agrarista y con ello, rompe con el iniciador del movimiento revolucionario, Francisco I. Madero, al desconocer su gobierno y hacer un llamado para derrocarlo.

Mediante este documento, Zapata acusa al entonces presidente de traicionar las causas campesinas, pues si bien la lucha por la tierra y los derechos sociales se encontraban en el núcleo de la revolución mexicana, la insurrección aún no daba paso a las reformas transformadoras de la realidad social.

Por ello, con el lema Reforma, libertad, justicia y ley”, se hace un nuevo llamado a las armas, para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos y concluir la revolución que Madero había postergado.

Para el Caudillo del Sur, la revolución había perdido su esencia al observar claramente en tal documento que las tierras, antes arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, aún no habían sido devueltas a sus dueños originarios, es decir a los campesinos.

Con ello se marcaba un alto grado de desigualdad, que al inicio de la gesta revolucionara 1 por ciento de la población controlaba 97 por ciento del territorio mexicano.

El ideario de Zapata, plasmado en el Plan de Ayala, se basaba en romper con el monopolio de los hacendados y unir al país mediante una política de Estado que incluyera la transferencia de los derechos de propiedad de las tierras a los pueblos y ciudadanos.

Ésas fueron las bases de la reforma agraria, que dio origen al reparto de la tierra y la formación de los ejidos, marcando una clara distinción con la política porfirista en esta materia y continuada hasta entonces por los incipientes gobiernos revolucionarios, los cuales habían reforzado la desigualdad de la estructura social de la población, así como en la propiedad legítima de la tierra.

A partir de la promulgación del Plan de Ayala, se da inicio a una etapa en que los campesinos son reconocidos como actores relevantes y partícipes en la solución de los grandes problemas nacionales.

Esa idea de redistribución de la riqueza de los bienes nacionales, es la idea que debemos continuar persiguiendo para lograr un México más justo e igualitario, a fin de alcanzar el bienestar social al que todos los integrantes de la sociedad mexicana aspiramos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.— Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 16:26 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes ya 1 de diciembre del 2015, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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