PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 8 de octubre de 2015, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.(*)

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 8 de octubre de 2015 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a las secretarías encargas del área agropecuaria de los gobiernos de los estados, para que destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detención, prevención y erradicación del pulgón amarillo del sorgo, a cargo de las diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que impulse la promoción de acciones de los sectores público, social y privado en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y tratamiento, en materia de enfermedades cardiovasculares para mujeres, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la SCT y del gobierno del Estado de México, a respetar los derechos de propiedad, de las comunidades y legítimos dueños de los predios que serán afectados por las obras de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en el municipio de Chimalhuacán, a cargo del diputado Tomas Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del INM para que se impulse la difusión y expedición de la tarjeta de visitante regional, y se instalen de forma permanente módulos de expedición en los países de Guatemala y Belice, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo,, por el que se exhorta a la Segob a fin de investigar y tomar las medidas necesarias para que se declare la alerta de violencia de género en los 125 municipios del Estado de México, suscrito por las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, atender las recomendaciones emitidas el pasado 2 de octubre por la CIDH, de la OEA, suscrito por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que a través del Conapo y del Inmujeres se difundan los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit, para que analice e implemente las acciones necesarias para resolver la problemática que agravia a los trabajadores que adquirieron viviendas entre los años 1991 y 1992, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Vivienda, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que implemente una campaña nacional contra la desnutrición infantil, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a conducirse de manera institucional al otorgar los recursos acordados en convenios y transferencias presupuestadas estatales y federales a la Universidad Veracruzana, suscrito por los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres, en el proceso de designación de ministros de la SCJN, suscrito por las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Cecilia Guadalupe Soto González, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, a fin de instrumentar acciones específicas tendientes a fortalecer el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a la investigación y persecución de los delitos de mayor impacto, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a modificar la denominación jurídica del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un hospital regional de alta especialidad, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas, a implementar las acciones conducentes para la regularización y respeto irrestricto a la legítima propiedad y derecho al que los habitantes del municipio de Tzimol, Chiapas, tienen sobre el predio Santo Domingo Tzimol, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud implemente las políticas públicas necesarias en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país, suscrito por los diputados Antonio Amaro Cancino, Mariana Benítez Tiburcio y Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa para que en las reglas de operación de los programas a su cargo, incluya como parte de los documentos que acreditan la legal propiedad de las tierras, las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales, a cargo del diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y al Conanp, para que inscriban al humedal de Tláhuac, en la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala y a otras autoridades de la entidad, para que se den las condiciones a fin de resolver el conflicto entre la empresa de calzado Sandak, SA de CV y sus trabajadores, suscrito por los diputados Araceli Damián González, Ernestina Godoy Ramos y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

19. Con punto de acuerdo,, por el que se exhorta al secretario de Economía para que difunda la información del denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico, y se suspenda la firma definitiva del mismo, a fin de determinar los riesgos y eventuales beneficios, suscrito por los diputados Juan Romero Tenorio y Norma Roció Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la Republica a fin de promover acciones afirmativas de género en la integración de la SCJN, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Senado de la República, para que en los próximos nombramientos de Ministros de la SCJN, se hagan con base en consideraciones de carácter profesional y en la integración de género de dicho órgano, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.»

PROPOSICIONES                                                                                                                                       DESTINEN MAYORES RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA DETENCIÓN, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y sus homólogas locales a destinar mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para detectar, prevenir y erradicar el pulgón amarillo del sorgo, a cargo de las diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1 fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, las que suscriben, diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El sorgo es uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo; se cultiva en África, Europa, Asia y América, se usa como cereal destinado al consumo humano, para la producción de forrajes y de escobas, así como alimento animal, siendo este su uso más preponderante en el caso del campo mexicano.

Dadas las características específicas de este grano, presenta una elevada resistencia a la sequía y a las temperaturas elevadas, convirtiéndolo en uno de los cultivos predilectos y más relevantes de nuestro país, sobre todo en los estados con climas más calurosos como Tamaulipas, Coahuila y Durango, entre otros.

La superficie destinada a este cultivo ha superado los dos millones de hectáreas en promedio durante la última década, y se estima que este año llegarán a las 2, 254, 558.96 (Dos millones, doscientos cincuenta y cuatro mil quinientas cincuenta y ocho) hectáreas sembradas, generando un volumen de cosecha en 11, 114, 301 (Once millones, ciento catorce mil, trescientas una toneladas); con un rendimiento de casi 5 toneladas por hectárea.

El sorgo, es uno de los 52 productos agrícolas más importantes de nuestro país debido a su gran producción y rentabilidad; existen múltiples variedades. En México tenemos una alta producción de los llamados sorgo grano, sorgo forrajero y sorgo escobero; el sorgo grano es el más sembrado en nuestro país, y se usa principalmente para abastecer a la industria de alimentos para el ganado; el sorgo forrajero, se utiliza como forraje verde o seco, y, por último, el sorgo escobero, en el cual se utiliza la espiga para la fabricación de escobas.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha referido que este cultivo tiene una alta producción, y que la manera correcta de sembrarlo nos puede dar un total de entre 85 y 150 mil plantas por hectárea, lo cual refrenda su alto valor no sólo comercial como insumo, sino económico y social, puesto que genera miles de empleos en el territorio nacional.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), coloca a México como uno de los 5 principales productores de sorgo en el mundo, y como el productor preponderante en América Central y del Caribe, concentrando más de 90 por ciento de la producción total de este cultivo.

Para nosotras es importante hacer del conocimiento de esta honorable Cámara que, en los últimos años se ha presentado una plaga conocida como el “pulgón amarillo”, cuyo nombre científico es Melanaphis sacchari, (Zehntner) originaria de África, y cuyos principales hospedantes son el sorgo, la avena, la caña de azúcar, el trigo y la cebada, y como secundarios, arroz, maíz y algunos pastos.

El insecto segrega sustancias azucaradas sobre la superficie de la hoja del cultivo lo que afecta la succión de savia e infesta el envés de las hojas, presentándose manchas rojas, que posteriormente se tornan marrón rojizo lo que lleva a la aparición de moho, dado que invaden hasta los tallos y las panojas, afecta la calidad de las plantas de manera casi inmediata, y es capaz de secarlas en pocos días, el resultado final es la reducción de la calidad del producto y del rendimiento de la cosecha entre 30 y 70 por ciento.

Dicha plaga tuvo sus primeros registros en nuestro país en el municipio de Méndez, Tamaulipas, en octubre de 2013, causando pérdidas a algunos productores de hasta cien por ciento de sus cosechas; este año, desgraciadamente las afectaciones del pulgón fueron aún más cuantiosas, y tuvo un efecto devastador en estados como Morelos, donde infectó a la totalidad de la producción local y de la cual sólo se logró rescatar una parte de la cosecha con el esfuerzo de las autoridades fitosanitarias, otro caso grave fue el que suscitado en el estado Guanajuato, donde se confirmó que el pulgón amarillo afecto 90 por ciento de este cultivo.

En la Comarca Lagunera el pulgón amarillo tuvo un grave impacto sobre las áreas de cultivo; los productores “afortunados” en municipios como Matamoros, pudieron rescatar sólo 50 por ciento de su producción, y esta cosecha rescatada también se vio afectada, resultando en una pérdida considerable de la calidad y naturalmente, una caída considerable en su precio.

Desde 2014 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria (Senasica), con una inversión de 13.6 millones de pesos, ha llevado a cabo acciones de control para proteger alrededor de 1.2 millones de hectáreas, en la que se producen 16 millones de toneladas con un valor estimado en 37 mil 715 millones de pesos.

La estrategia consiste en una campaña fitosanitaria, en la cual se realiza un muestreo para la detección de las primeras poblaciones de la plaga, a fin de llevar a cabo de manera oportuna acciones de control biológico, químico y cultural.

Si las poblaciones son bajas, y con el fin de evitar que se incrementen, se han adoptado la técnicas del control biológico, que consiste en la reproducción y liberación controlada de depredadores naturales, para lo cual se produce un insecto altamente efectivo contra la plaga denominado crisopa (Chrysoperla carnea).

En el caso de poblaciones altas de pulgón amarillo, se utiliza el control químico con diversos productos que se rotan para evitar resistencias, además de las acciones de control cultural que implican la eliminación de socas (residuos de cosechas anteriores) y hospederos secundarios preferenciales con el fin de que reduzcan el impacto de este insecto procurando, por supuesto, la menor afectación posible a los cultivos.

Cabe destacar que con el objetivo de reducir los niveles de infestación en nueve entidades del país, para 2015, la campaña realizada por el Senasica contempló un ciclo de cinco actividades de combate: el muestreo de los cultivos para la detección, el control de los focos de infestación, el trampeo para prevenir el esparcimiento de la plaga, la divulgación de los resultados obtenidos y la capacitación a los productores y autoridades sanitarias; para dicho programa, se contempló un presupuesto de 17.6 millones de pesos, de los cuales 15.1 millones fueron aportados por el gobierno federal y 2.5 millones por los gobiernos estatales,

Adicionalmente, la Sagarpa destinó 20.5 millones de pesos para la atención de la plaga en Guanajuato, la Región Lagunera (Coahuila y Durango), Veracruz, Puebla y Morelos, sin embargo, aún no es suficiente para prevenir algunos escenarios devastadores como los que se han mencionado.

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Sagarpa, a la fecha se han destinado más de 50 millones de pesos para llevar a cabo acciones de control de esta plaga en 17 entidades del país.

Cabe mencionar que si bien dentro de la estrategia de control de la Sagarpa se han llevado a cabo reuniones con productores y autoridades, es claro que existe una alerta en nuestro país por esta plaga, dado su veloz crecimiento y su capacidad de reproducción; lo que hace necesario que las autoridades federales y estatales en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria cuenten con una mayor capacidad de respuesta que les permita atender de manera rápida, eficiente y eficaz este problema, y evitar así que nuevamente se pierdan cosechas enteras por los efectos de esta plaga.

Es por lo anterior, y considerando la protección de los ciclos de cultivo del próximo año, que creemos que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno federal así como sus homólogas en los gobiernos de los estados, deben asignar mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos en sus políticas de sanidad vegetal y estrategias de combate al pulgón amarillo así como incrementar la capacitación a productores y técnicos, la divulgación de las acciones requeridas para el manejo fitosanitario de la plaga, ya que su participación es indispensable para que la campaña opere con éxito a fin de prevenir los escenarios que se han presentado y evitar que miles de familias campesinas pierdan su fuente de ingresos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno de la República, así como a sus homólogas encargadas del área de agricultura de los gobiernos estatales, para que destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detección, prevención y erradicación del pulgón amarillo del sorgo y evitar que se afecte a la producción de este cultivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.— Diputadas: Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy, María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO, EN MATERIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PARA MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar la promoción de acciones de los sectores público, social y privado en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y tratamiento de enfermedades cardiovasculares para mujeres, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que se suscribe, diputada federal Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, impulse la promoción de acciones en los sectores público, social y privado del país para que se realicen campañas de prevención en materia de enfermedades cardiovasculares para mujeres y que dentro de las consultas regulares se giren instrucciones para que se realicen evaluaciones cardiovasculares a las pacientes mujeres que se encuentren en edad o grupo de riesgo. De la misma forma proponer y coadyuvar en la evaluación de los programas relativos en la materia y la difusión e implantación de modelos innovadores de atención, evalúe los programas hasta ahora implantados a efecto de programar acciones que permitan dar una respuesta inmediata a las enfermedades cardiovasculares en la mujer, en el marco del Día Mundial del Corazón, por celebrarse este 29 de septiembre.

De la misma forma, el pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, realice a la brevedad la evaluación de los programas y acciones que en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres se encuentren a su cargo, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades en base en las siguientes:

Consideraciones

El Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre, es una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que se puede hacer desde las políticas públicas ya que los problemas del corazón a menudo ocurren en forma súbita y antes de que se tenga atención médica disponible por lo que las intervenciones son inaplicables o paliativas.

Las enfermedades cardiovasculares afectan el corazón al estrechar las arterias y reducir la cantidad de sangre que recibe lo que hace que dicho órgano trabaje con mayor esfuerzo.

Cada año mueren cientos de miles de personas por esta enfermedad, y se estima que en 2030, aproximadamente, 23 millones de personas perderán la vida por esta causa.

Entre las causas que ocasionan las Enfermedades Cardio Vasculares (EVC) se encuentran el tabaquismo, dieta no cardiosaludable, sedentarismo, obesidad abdominal, diabetes, trastornos del metabolismo y dislipidemia.

Para prevenir los problemas de corazón, las personas deben mantener el peso que les corresponde, realizar ejercicio físico de forma regular, consumir fibra vegetal, evitar alimentos con muchas calorías, reducir las grasas saturadas, moderar la sal en los guisos, no consumir tabaco, combatir el estrés moderar o evitar el consumo de alcohol y reducir los azúcares rápidos.

Es de resaltar de forma muy especial la problemática que afecta a las mujeres en este rubro, pues las enfermedades cardiovasculares son consideradas como la primera causa de mortalidad entre las mujeres, al respecto comparto a esta soberanía la cifra que refleja este preocupante dato, pues cada año mueren más de 100 mil mujeres por enfermedades cardiovasculares, es decir, 274 cada día, u 11 mujeres fallecen cada hora por esta causa.

Estos males representan 37 por ciento de los decesos en la población femenina, pero desgraciadamente no se les presta atención como sucede con el cáncer de mama, que si bien es otro grave problema de salud pública, los fallecimientos por esta causa representan 2 por ciento del total.

Esta información fue dada a conocer en un congreso de expertos en la materia, y se encuentra publicada en la página web de la Asociación Nacional de Cardiología; en esta información se demuestra como las mujeres mexicanas presentan condiciones de salud que favorecen el desarrollo de las afecciones cardiovasculares como son el sobrepeso y la obesidad que tienen más de 70 por ciento de prevalencia en las mujeres adultas en nuestro país; 10 por ciento de la población femenina vive con diabetes, en las mujeres mayores de 60 años la frecuencia de esta alteración es del 20 por ciento; además, 60 por ciento de las mujeres mayores de 50 años de edad tienen niveles elevados de colesterol.

También están los factores de riesgo que sólo se presentan en mujeres, entre otros, anemia, el síndrome de ovario poliquístico, el uso de anticonceptivos orales, la preeclampsia en el embarazo, diabetes gestacional, depresión y ansiedad. Cada uno de ellos aumenta las probabilidades de que en el futuro se presente un evento cardiovascular.

Hay otros datos alarmantes que no se pueden seguir pasando por alto, por ejemplo, la obesidad aumenta de cuatro a 10 veces la posibilidad de sufrir una grave enfermedad cardiovascular, la preeclampsia triplica el riesgo y es seis veces más probable que la mujer se vuelva hipertensa. La diabetes gestacional aumenta siete veces la expectativa de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.

Existen otros factores de riesgo como son el tener más de 55 años de edad e incluso antecedentes familiares como la muerte de la madre antes de tos 65 años y del padre antes de los 55, así como las adicciones como el tabaquismo las cuales también aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, más de la mitad de los casos de infartos agudos al miocardio que ocurren en mujeres en edad media son consecuencia del tabaquismo.

Sin embargo, todas estas cifras e información que estamos presentando en este trabajo parlamentario, debemos señalar que muchas veces, en los servicios de salud no son consideradas y no se toman en cuenta estos factores al momento de evaluar a las mujeres.

Ellas van a sus citas con el ginecólogo, se realizan estudios regulares como son la prueba de Papanicolau para la detección del cáncer cérvico-uterino y cada vez más se practican la mastografía que identifica el cáncer de mama, esto gracias a que se ha tomado consciencia del grave riesgo de estas afecciones, pero casi nunca se les revisa su condición cardiovascular y como resultado se presenta la elevada cifra de muertes por esta causa y a esto se suma, que los males cardiacos y vasculares se presentan en el sector femenino con características distintas a las de los hombres. En primer lugar la mujer, no sufre el típico dolor en el pecho cuando hay un infarto al miocardio. Se queja de opresión, respiración limitada o cortada, sudoración fría, fatiga, mareos, náuseas, así como dolor en el cuello, espalda y mandíbula. El problema es que varios de estos síntomas coinciden con los de la etapa de menopausia y de ahí que en los servicios médicos no se les preste la atención que requieren.

Estas condiciones dificultan el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares. Otros elementos son la falta de información del personal médico respecto de que las alteraciones en las mujeres son a nivel microvascular (vasos sanguíneos pequeños) y en los hombres las afectaciones se presentan en arterias, donde se localiza más fácilmente la obstrucción de la circulación sanguínea.

En virtud de lo expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, intensifique en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, las acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres; con especial atención en aquellas que epidemiológicamente se encuentren en mayor riesgo de padecer alguna de ellas. Lo anterior, en el marco del Día Mundial del Corazón, que deberá celebrarse el 29 de septiembre.

Segundo. El Pleno de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, realice a la brevedad la evaluación de los programas y acciones que en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en mujeres se encuentren a su cargo, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

RESPETAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, DE LAS COMUNIDADES Y LEGÍTIMOS DUEÑOS DE LOS PREDIOS QUE SERÁN AFECTADOS POR LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, la SCT y el gobierno del estado de México a respetar los derechos de propiedad de las comunidades y los legítimos dueños de los predios que serán afectados por las obras de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Chimalhuacán, a cargo del diputado Tómas Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Tómas Octaviano Félix, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I; 65 párrafo 4; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En septiembre de 2014, con motivo del segundo informe de gobierno, el presidente de la República anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), programado para iniciar en 2015, principalmente en terrenos del ex lago de Texcoco debido a la saturación de vuelos que presenta el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez que prácticamente lo tiene al borde del colapso en sus operaciones cotidianas.

De acuerdo a declaraciones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el proyecto contempla obras hidráulicas, infraestructura aeroportuaria y la licitación del proyecto y la construcción de otras 3 pistas con operaciones triples simultáneas, y de acuerdo con declaraciones del presidente se contempla que en los terrenos del actual aeropuerto se construirá una zona habitacional con servicios de salud, áreas comerciales, culturales y deportivas y un centro de convenciones para los trabajadores del aeropuerto.

En razón de la enorme magnitud de este proyecto, se advierte el potencial de los impactos ambientales que tendrá para el medio ambiente tanto urbano como rural, los riesgos hídricos, contando desde luego la carencia de agua potable en la zona, la expansión y el crecimiento desordenado de áreas aledañas al nuevo aeropuerto que se proyecta, incluyendo la fragmentación y desarticulación de localidades de esa región, problemas de movilidad, vialidades y transporte.

Por ello, en nuestro grupo parlamentario existe la preocupación sobre la forma en que se articulará dentro del proyecto del nuevo aeropuerto con las comunidades que serán afectadas por sus obras, en particular, que se respeten de entrada los derechos reales de las comunidades y de los dueños de los predios que serán adquiridos para realizar las construcciones necesarias del proyecto en comento.

De ahí que estamos planteando a las autoridades involucradas en el proyecto que tomen en cuenta la opinión de las comunidades y de los afectados en su conjunto, como es el caso, del municipio de Chimalhuacán, para que en el futuro se evite propiciar mayores conflictos por el reconocimiento de los derechos adquiridos sobre las tierras que serán afectadas.

Ahora bien, aunado a los problemas urbanos y rurales arriba descritos, existen fenómenos sociales de urgente coordinación regional; de manera específica la debida planeación con una visión democrática, plural e incluyente así como una regulación conjunta entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, como el camino para que en este asunto de gran trascendencia para la nación en lo inmediato se consoliden y planteen las estrategias de solución para este gran desafío nacional.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la República y, por su conducto, al secretario de Comunicaciones y Transportes de su gabinete, y al gobernador del estado de México a que se respeten los derechos de propiedad, y la opinión tanto de las comunidades como de los legítimos dueños de los predios que serán afectados por las obras de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en particular, en el municipio de Chimalhuacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Tomas Octaviano Félix (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

IMPULSE LA DIFUSIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE VISITANTE REGIONAL, Y SE INSTALEN DE FORMA PERMANENTE MÓDULOS DE EXPEDICIÓN EN LOS PAÍSES DE GUATEMALA Y BELICE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del INM a impulsar la difusión y expedición de la tarjeta de visitante regional e instalar en Guatemala y Belice módulos permanentes de emisión, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La tarjeta de visitante regional, o TVR, es el instrumento migratorio de visitante local, normado en la Ley de Migración y su Reglamento. Este documento migratorio fue diseñado para facilitar la internación de ciudadanos guatemaltecos, beliceños y personas extranjeras que residan de manera permanente en dichos países a México y transitar legalmente y de forma gratuita por Campeche, Chipas, Tabasco y Quintana Roo, cuantas veces lo deseen con permanencia de hasta 3 días naturales (72 horas) por ocasión.

Esta tarjeta se tramita en Chiapas en los puntos de internación, que son Carmen Xhan, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Hidalgo, Talismán y Unión Juárez. Además, se iniciará la expedición de tarjetas en Frontera Corozal, Comitán y Palenque. Tiene vigencia de cinco años a partir de su expedición y de un año para los menores de tres años de edad y es gratuita.

En el periodo agosto-octubre de 2014 fueron instalados cinco módulos itinerantes, en la capital de Guatemala y las poblaciones de Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y Chimaltenango.

Al respecto, es necesario señalar que no se han instalado los módulos itinerantes en Retalhuleu, Suchitepéquez y Chimaltenango.

Derivado de la instalación de los módulos itinerantes para expedición de tarjetas de visitantes regionales en la Embajada de México en Guatemala, se expidieron 10 mil 493 y en el Consulado en Quetzaltenango se expidieron 6 mil 475, para un total de 16 mil 968, en el periodo agosto-octubre de 2014.

Ahora bien, tomando en cuenta las expedidas en los puntos de internación, durante el ejercicio de 2014 se expidieron 112 mil 38 tarjetas de visitante regional y de enero a julio de 2015 se han expedido 71 mil 198.

Por otra parte, considero importante destacar algunos beneficios que tiene nuestro país al expedir de forma gratuita la tarjeta de visitante regional para los ciudadanos guatemaltecos y beliceños, ya que se contribuye a crear una frontera sur más segura. Al efecto, el Instituto Nacional de Migración creó una base de datos que permite un mejor control de las entradas de las personas en territorio mexicano y las salidas.

Asimismo, estos visitantes regionales incentivan la economía de los habitantes de los estados beneficiados con este instrumento, en el ramo del sector turístico, toda vez que se incrementa el comercio de establecimientos mercantiles, el consumo restaurantero, hotelero, los centros recreativos, ferias.

Con esta medida México se suma a garantizar y salvaguardan los derechos humanos de los ciudadanos guatemaltecos y beliceños, toda vez que ingresan de manera legal en nuestro país.

Por otra parte, considero necesario que el Instituto Nacional de Migración active la expedición de la tarjeta de visitante regional en los departamentos guatemaltecos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Chimaltenango, toda vez que con esta medida dará cumplimiento a los acuerdos establecidos con el gobierno de aquel país y se sumará al desarrollo económico de nuestra zona fronteriza sur-sureste, y solidariamente, al bienestar económico y social de las hermanas naciones de Centroamérica.

Para ello resulta necesario realizar una intensa campaña de difusión y expedición de la tarjeta de visitante regional en Guatemala y Belice, a fin de dar a conocer sus beneficios, ya que los ciudadanos de los citados países al ingresar en la franja fronteriza sur de México contribuyen a incentivar el crecimiento de la economía de la región.

Finalmente, estas medidas deben ser aplicadas en Belice, tomando en consideración que en este país no se ha implantado ninguna medida para facilitar la expedición y tramitación de la tarjera de visitante regional.

Con estas medidas, el gobierno de la república favorece la convivencia entre los habitantes de nuestros países hermanos desde una perspectiva regional, corresponsable y, sobre todo, humana.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración para que se impulsen la difusión y expedición de la tarjeta de visitante regional y se instalen de forma permanente módulos de expedición en Guatemala y Belice, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

INVESTIGAR Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SE DECLARE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a investigar y tomar medidas para que se declare la alerta de violencia de género en los 125 municipios del estado de México, suscrita por las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, diputadasintegrantes de la LXIII Legislatura, miembros del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A lo largo de la historia, los estereotipos de comportamiento de mujeres y hombres y la sociedad con arraigados patrones culturales han fomentado un poder desigual ante la creencia de que el varón es superior a la mujer, hecho que suponen les da el derecho a ejercer dominio sobre ellas. Estas conductas han contribuido a que se originen y perpetúen modelos de coacción y violencia contra las mujeres ejercidos en mayor o menor medida.

La violencia contra las mujeres, debido a su condición de género, se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos; constituye un fenómeno extendido con características y matices diferentes. La violencia de género es apenas reconocida como la realidad del maltrato que sufren las mujeres. Es un estigma social tan grave y de múltiples aristas que en muchas ocasiones no se hace público.

En las últimas décadas el problema ha trascendido, para convertirse en un tema de derechos humanos prioritario en las agendas políticas, en los discursos públicos y, por lo tanto, se buscan soluciones. Hoy en día se revaloran las expresiones de maltrato hacia las mujeres como un gesto de resistencia ante la desigualdad y el abuso del poder, elecciones individuales o facetas inevitables de la vida, pero también como simiente para la construcción de nuevas y equitativas formas de relación entre las parejas.

Como antecedente del tema tenemos que en 1979, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue el primer organismo internacional que detectó y reprobó la gravedad de la violencia contra las mujeres y reconoció explícitamente que esta situación en el entorno familiar es el crimen encubierto más frecuente en el mundo, y aprobó en 1980 la Convención para Erradicar la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Los esfuerzos emprendidos por las organizaciones de mujeres, los expertos y algunos gobiernos comprometidos con esta cuestión lograron una profunda transformación de la sensibilización pública respecto al problema de la violencia contra las mujeres y de la necesidad de contar con un instrumento que integrara  a los países a dictar una legislación acorde. Es así como en la Convención de Belén Do Pará, Brasil de 1994, la Asamblea General de la OEA adopta la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En la cuarta Conferencia  Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, se declaró que la violencia que enfrentan constituye un gran obstáculo para el logro de objetivos globales de equidad, desarrollo y paz. Subraya que esta situación menoscaba o anula el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la mujer, dando un realce a anteriores enfoques como el de la justicia penal y la salud pública, para abordar y frenar todas las formas de agresión contra ellas. También las Naciones Unidas en 1999 declararon el 25 de noviembre como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.

Para atender la problemática la Cámara de Diputados ha aprobado iniciativas en materia de legislación como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el estado de México cuenta con la Ley para prevenir, combatir y eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres del Estado de México, y con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado México,  no obstante lo anterior hoy en día, la violencia en contra de la mujer mexiquense generalmente no se denuncia porque, todavía las estructuras sociales desalientan o impiden la denuncia de hechos violentos que ocurren dentro de una relación de pareja.

El Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  define la Violencia Feminicida de la siguiente manera:

Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Hay que tomar en cuenta que el feminicidio se refiere a todo un proceso que inicia con  actos violentos que van desde el maltrato emocional y psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado.

Una investigación realizada en 2014 por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Legislatura pasada de la Cámara de Diputados no dice que:

• En el país en el año 2012 la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes por cada 100 mil

• Hay entidades que superan por mucho a la media del país, como lo son Chihuahua, estado de México o Guerrero.

• El mayor número de homicidios lo tiene el estado de México (388), Chihuahua (269) y Guerrero (237).

• Los grupos de edad en donde se registran más muertes de mujeres por homicidio a nivel nacional son en las de las mujeres jóvenes, en el grupo de 20 a 29 años.

• 35 por ciento de los homicidios de mujeres correspondieron a mujeres que se encontraban activas económicamente dentro del mercado laboral.

• En 68.2 por ciento de los homicidios de las mujeres que sí registraron información sobre la existencia de parentesco del homicida con la víctima; por el cónyuge o esposo, el padre o la madre o por sus descendientes.

Debido al alto número de feminicidios cometidos en el estado de México, el más alto en el país, varias organizaciones civiles presentaron una solicitud de alerta de género en el territorio mexiquense por esta causa, pero fue rechazada en 2011 en la reunión del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el argumento de que se trataba de una estrategia para afectar la imagen de Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador de la entidad, en miras a las elecciones federales mexicanas de 2012.

Desde el 2012 la violación y el feminicidio en el estado de México está tipificado con la pena máxima de prisión vitalicia, o sea es castigado con 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de multa.

Después de la negativa del 2011,  varias organizaciones civiles insistieron en su aprobación hasta que el 26 de julio de 2015, por unanimidad fue decretada la declaratoria de alerta de violencia de género para el estado de México. Es la primera que se emite desde su creación en 2007 y su importancia deriva en el reconocimiento de parte del estado mexicano de que en esta entidad existe violencia sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos de orden común. Es el principio para combatir una problemática que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres mexiquenses.

Una condición indispensable para esta declaratoria fue la investigación realizada por el Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional, conformado por PGR, Sedesol, Secretaría de Salud, Conapred, Inmujeres y Conavim, que tuvo como resultado la emisión de un informe que recupera información proporcionada por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH) y el gobierno del estado de México, misma que fue complementada por el análisis de estadísticas oficiales, entrevistas a autoridades y a familiares de víctimas de violencia feminicida.

Sin embargo, la alerta se decretó solo para 11 municipios del estado de México tras los altos índices de violencia que se registran en la entidad: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del estado de México.

En septiembre de 2015 se realizaron diversas marchas en los municipios de estado de México con contingentes de mujeres que arribaron de municipios como Chalco, Villa de Allende, Donato Guerra, La Paz, Naucalpan, Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli, donde también se registra un alto índice de violencia contra las mujeres, para solicitar que la alerta de género se decrete en los 125 municipios del estado de México, pues declaran que la alerta dada en los 11 municipios es insuficiente.

El Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSASEVM) está conformado por la federación, las 32 entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, que deben de coordinarse para la integración y funcionamiento del mismo y lo encabeza la Secretaría de Gobernación. Así se puede comprender que en muchas entidades las autoridades locales y federales se resisten a aplicar la alerta de género, porque no quieren reconocer el problema existente.

No se tienen cifras claras del número de feminicidios cometidos en el estado, ya que según declaran organizaciones civiles  “cuando tenemos cifras tan dispares entre lo que la sociedad civil plantea apoyado en recursos hemerográficos y lo que tiene las propias autoridades del estado de México, eso ya es una cuestión de alarma, porque no solamente tiene que ver con la forma en la que se están clasificando los delitos y cómo se están investigando, también tiene que ver con una disminución en el mérito de cómo está realmente la situación en el Estado de México. Es decir, se menosprecia porque hay menos información, porque se bajan las cifras y desconocemos la verdadera situación de violencia que viven las mujeres en el estado de México”, dijo vocera del observatorio¸ sin embargo, ya de por sí las  cifras oficiales del Inegi son alarmantes: 954 feminicidios  del 2005 al 2011 y 563 más entre 2011 y 2012.

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a iniciar las investigaciones y tomar las medidas necesarias para que se declare la Alerta de Violencia de Género en los 125 municipios del estado de México.

Notas:

1 Panorama de Violencia contra las mujeres Inegi 2011.

2 Publicada en Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero 2007.

3 Publicada en Gaceta del Gobierno del Estado de México el 17 de enero 2007.

4 Publicada en Gaceta del Gobierno del Estado de México el 6 septiembre 2010.

5 Publicada en Gaceta del Gobierno del Estado de México el 20 noviembre 2008.

6 La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007, en el Capítulo V contempla la creación de la Alerta de Violencia de Género en municipios o estados.

7 Declaración de la directora ejecutiva de la CMDPDH, integrante del Observatorio Ciudadano de feminicidios en México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputadas: Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EL PASADO 2 DE OCTUBRE POR LA CIDH, DE LA OEA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal que atienda las recomendaciones emitidas este 2 de octubre por la CIDH, de la OEA, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Maynez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH), realizó una visita de trabajo a México de 5 días que concluyó el pasado 2 de octubre, con el objetivo de realizar observaciones en terreno sobre la situación de derechos humanos en el país. Los resultados no fueron satisfactorios, la Comisión Interamericana confirmó la grave situación de derechos humanos en México y exigió al gobierno federal lo que la mayoría de los mexicanos estamos pidiendo: Justicia.

Después de diversos encuentros con víctimas, familiares, defensores de derechos humanos, funcionarios de gobierno y recorrer 6 estados de la República Mexicana, la comisión declaró que el país se encuentra sumergido en una “situación extrema de inseguridad y violencia”, en donde la gran deuda del estado ha sido otorgar justicia a las víctimas y familiares afectados principalmente por casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, desplazamiento interno forzado y violencia contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos.

Como respuesta al informe preliminar, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en una rueda de prensa afirmó que las observaciones preliminares se sustentan en entrevistas sobre temas específicos que no reflejan la situación real del país .

Sin embargo, datos aportados por Amnistía Internacional en su Informe 2014/15 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en México ha habido un aumento significativo en la criminalidad: la cifra de homicidios en los primeros nueve meses de 2014 fue de 24 mil 746 frente a los 26 mil uno del mismo periodo de 2013; el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el número de secuestros ocurridos en 2014 fue de 1,394, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó 131 mil 946 (el primero no considera la “cifra negra” asociada al delito, es decir, el número de delitos no denunciados); en los últimos dos sexenios, se han registrados 25 mil desapariciones forzadas.

La resistencia y la negativa del gobierno federal de asumir su responsabilidad con respecto a esta crisis, provoca que la distancia entre la justicia y los ciudadanos sea más grande. Lejos de asumir una postura abierta a la crítica, que lleve a la búsqueda de soluciones, cierra el paso a cualquier tipo de cooperación que resuelva el tema central de esta crisis, la falta de acceso e impartición de justicia.

Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México”. Es por esto que en Movimiento Ciudadano creemos que el Congreso de la Unión debe alzar la voz por aquellos ciudadanos afectados por la violencia y la impunidad, víctimas de violaciones a derechos humanos. Alzar la voz por aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad; los que se encuentran en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros.

Se trata de una importante cantidad de retos y pendientes en materia de protección de los derechos humanos, que obligan a los tres Poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, a reducir la profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país; esclarecer y deslindar responsabilidades relacionadas con los crímenes y graves violaciones cometidas en el pasado, y combatir la impunidad y la corrupción. Todo esto, con el fin de romper con la impunidad histórica que arrastra México desde hace décadas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia.

El gobierno federal debe aceptar que no se está moviendo en la dirección correcta y escuchar las recomendaciones contenidas en el informe preliminar presentado por la CIDH. Estamos frente a una oportunidad histórica para atender la condición de crisis por la que atraviesa el país en materia de derechos humanos, de establecer mecanismos de cooperación y garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos. Acabar con la impunidad, y reconciliar a la ciudadanía con una correcta impartición de justicia.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de esta Cámara acuerda exhortar al titular del Ejecutivo federal, para que:

a. Se comprometa de manera íntegra a luchar contra la impunidad y la “guerra sucia” a la que se refiere el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha llevado a México a la situación crítica actual de violación de derechos humanos.

b. Tome las medidas necesarias para aplicar las 21 recomendaciones dadas por la CIDH en su informe preliminar, así como las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso particular de Ayotzinapa.

c. Realice las investigaciones “diligentes e imparciales que establezcan los hechos y sanciones penales” para aplicar la justicia en los graves casos que se han dado sobre ejecuciones extrajudiciales en donde se ven involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, como fueron los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato.

d. Ejecute la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

e. Adoptar medidas específicas de protección a familiares de víctimas que estén en peligro.

f. Que aplique las medidas necesarias para dictar las debidas sentencias condenatorias en el caso de las denuncias por tortura y malos tratos y atienda puntualmente las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), incluidas las 52 recomendaciones por casos de vulneración al derecho a la vida emitidas por la misma comisión, dirigidas en gran parte a las Fuerzas Armadas.

g. Diseñe un plan sobre el retiro gradual de las Fuerzas Armadas relacionadas con la seguridad pública, que por su naturaleza corresponden a la policía civil.

Segundo.Se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) para que:

a. Atienda con la debida seriedad y urgencia todos los casos no resueltos sobre Desaparición Forzada, dando la correcta atención a los familiares de las víctimas que después de décadas de búsqueda, no han recibido el apoyo ni las respuestas necesarias.

b. Atienda las recomendaciones emitidas por la CIDH para tratar las violaciones a derechos humanos por tortura y privación arbitraria de la libertad.

c. Tome de manera urgente las medidas recomendadas por el informe preliminar de la CIDH para el caso Ayotzinapa, las cuales consisten en: pasar la responsabilidad de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC); renovar por completo a todos los miembros del equipo que investiga el caso, quienes deberán ser seleccionados respetando los principios de imparcialidad, autonomía e independencia a través de procesos transparentes; y reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales se distancian de la hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento.

Tercero.Exhortamos al secretario de Gobernación, para que fortalezca y garantice el correcto funcionamiento del Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y que atienda específicamente las sugerencias presentadas en el informe que consisten en corregir las deficiencias señaladas por víctimas y miembros de la sociedad civil, que son tanto de índole administrativa como operativa.

Cuarto. Exhortamos al Poder Judicial de la Federación, a las y los jueces de todos los niveles y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que aseguren la conclusión de los procesos penales y consignen sentencias firmes, independientes de los intereses políticos del estado.

Notas:

1. La CIDH afirma que México vive una grave crisis de Derechos Humanos. El país. Recuperado de:

http://internacional.elpais.com/internacional/ 2015/10/03/actualidad/1443837848_875254.html

2. El gobierno ha intentado encubrir la crisis de derechos humanos e impunidad: AI. El Semanario. Recuperado de:

http://elsemanario.com/94865/ el-gobierno-ha-intentado-encubrir-la-crisis-de-derechos-humanos-e-impunidad-ai/

3. Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México. CIDH. Recuperado de. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

DIFUNDAN LOS AVANCES CONSEGUIDOS POR EL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a difundir por el Conapo e Inmujeres los avances del grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Angélica Reyes Ávila, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población; así como al Instituto Nacional de las Mujeres, a informar públicamente de los avances conseguidos por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos.

Asimismo, refiere que cada año, unos 3 millones de adolescentes de los 15 a los 19 años se someten a abortos peligrosos.

El problema del embarazo en adolescentes es también una preocupación a nivel nacional.

Las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 indican que la tasa media de natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000.

Según las cifras más recientes que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre las adolescentes de 15 a 19 años, el número de nacimientos por cada mil mujeres es de 77. Es evidente que México se encuentra muy por encima de la media internacional.

Datos de la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid 2014), señalan que la edad media para el inicio de la vida sexual de las mujeres es a los 18 años, lo que representa un año menos en comparación con la Enadid 2009.

En el grupo poblacional de los adolescentes los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2012, señalan que el porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de edad que han iniciado vida sexual alcanza 23 por ciento, con una proporción mayor en hombres con 25.5 por ciento, en relación con las mujeres, con 20.5 por ciento.

Dichas tendencias se reflejan en el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes, mismo que se ha incrementado de 15.6 por ciento en 2003 a 18.7 por ciento en 2012.

De acuerdo con la Enadid de 2014, de las adolescentes de 15 a 19 años que declararon haber tenido relaciones sexuales, 44.9 por ciento dijo no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual.

Las consecuencias que el embarazo tiene en las adolescentes y niñas son de diversa índole y afectan no sólo su salud, su desarrollo, sus proyectos de futuro y su educación.

Más grave aún resulta que el inicio de las relaciones sexuales sin la protección e información adecuadas, expone a las y los adolescentes a enfermedades de transmisión sexual o a embarazos no deseados o de alto riesgo que pueden poner en peligro la vida de la madre y su hijo o hija.

La Ley General de Salud establece que la atención materno-infantil, la planificación familiar y el Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual son materia de salubridad general, en su artículo tercero fracciones IV, V y XV Bis.

Del mismo modo, el artículo 27, fracciones IV y V, de la ley, señala que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a la atención materno-infantil y la planificación familiar.

En el artículo 68, fracción I, la ley estipula que “los servicios de planificación familiar comprenden la promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo Nacional de Población.”

También, la ley establece en su artículo 71 la obligación para que la Secretaría de Salud preste, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional.

Derivado de lo anterior y dada la magnitud de las cifras referidas con antelación, en el mes de enero del presente año el gobierno federal puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea); misma que fue coordinada por la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo) y por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La referida estrategia, menciona como su principal objetivo la reducción del número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.

Lo anterior se pretende conseguir mediante las acciones que diseñe e implemente el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea).

La Enapea dice estar alineada a los objetivos, estrategias y líneas de acción de los principales instrumentos de planeación a nivel federal y estatal que orientan la acción de las dependencias que participan en el grupo interinstitucional, integrando los programas sectoriales, nacionales, especiales y de acción específicos para articular y orientar las decisiones de los diferentes niveles de gobierno.

Según el texto de la Enapea el grupo intersecretarial estará integrado, por una coordinadora, que será la secretaria general del Conapo, una secretaria técnica, que será la presidenta del Inmujeres, así como por vocales, los cuales serán servidores públicos de alto nivel de las diversas secretarías y dependencias de la administración pública federal.

Entre las dependencias que integran este grupo, además de las ya referidas, se encuentran las siguientes: la Secretaría de Desarrollo Social, la de Salud, la de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Salud Pública; así como invitados de la sociedad civil, organismos internacionales e integrantes de la academia.

La estrategia menciona en su punto 7.2 que las entidades federativas constituirán el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gepea), basándose en el modelo de nacional.

En el punto 7.3 refiere que la coordinación estatal impulsará en el ámbito municipal y en las comunidades locales los mecanismos para operar la estrategia.

Del mismo modo, el documento referido establece en su numeral 9, la obligación del grupo interdisciplinario de formular un plan de monitoreo y evaluación a partir de los datos de los sistemas de información institucionales y de programación de estudios e investigaciones.

Han pasado más de 9 meses desde la puesta en marcha de la estrategia y aún no se perciben las acciones de la misma, ni la pretendida coordinación a nivel estatal y municipal.

Sabemos que el Plan de Monitoreo tiene un perspectiva a corto plazo, determinado en 2018 y contempla la presentación de informes anuales; sin embargo para Nueva Alianza es prioritario conocer los avances que se han tenido hasta el momento.

Lo anterior cobra particular relevancia en un entorno económico adverso en el cual se requiere que los programas muestren resultados plausibles a fin de que puedan contar con los recursos necesarios para su funcionamiento.

En Nueva Alianza creemos que para que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, sea un verdadero factor de cambio, es indispensable la transparencia y el acceso a la información por parte de los grupos interdisciplinarios, a nivel federal y estatal; razón por la cual sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población; así como al Instituto Nacional de las Mujeres, a informar públicamente de los avances conseguidos por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a informar públicamente el grado de avance de los grupos estatales para la prevención del embarazo en adolescentes, creados a raíz de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

ANALICE E IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE AGRAVIA A LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON VIVIENDAS ENTRE LOS AÑOS 1991 Y 1992

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a analizar e implantar acciones para resolver la problemática de los trabajadores que adquirieron viviendas entre 1991 y 1992, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Fabiola Guerrero Aguilar, Delia Guerrero Coronado y diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2 fracción III, y numeral 2, fracción III, artículos 113 y 139 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país el derecho a la vivienda, es un derecho humano de todos los mexicanos, cuyo fundamento legal se encuentra plasmado en los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen el derecho de todas las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así como los mecanismos y la obligación de las empresas para realizar aportaciones a un fondo nacional de la vivienda para que los trabajadores puedan acceder al financiamiento de créditos baratos y suficientes que garanticen el ejercicio pleno de este derecho.

El propio artículo 123, párrafo segundo, fracción XII, establece la creación de un organismo encaminado a administrar los recursos de dicho fondo, recayendo tal función por decreto de ley de 1972 en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit).

En este orden de ideas el Infonavit es la instancia cuya misión y visión  es contribuir al acompañamiento de los trabajadores mexicanos a lo largo de su vida laboral y durante su retiro, ofreciendo en todo momento soluciones tendientes a incrementar su patrimonio y calidad de vida  de una forma sustentable, con base en el tripartismo y la autonomía.

Es por ello que el presente punto de acuerdo busca una solución definitiva a la problemática que hoy padecen los trabajadores en materia de créditos otorgados por el Infonavit y los cobros excesivos que están afectando su economía y la de sus familias.

Luego entonces, la urgencia de exponer a esta soberanía los sucesos registrados en el Municipio de Salinas, San Luis Potosí, donde un gran número de derechohabientes solicitaron ante el Infonavit créditos para ejercer sus derechos a una vivienda específicamente entre los años de 1991 y 1992.

Créditos que resultaron favorables a los trabajadores, quienes en ese mismo año obtuvieron sus viviendas en la unidad habitacional Santa Cruz del citado Municipio, a través de un contrato privado celebrado con el Infonavit, “certificado de entrega de vivienda y otorgamiento de crédito”, en el que claramente se estipuló que sería pagado en un plazo de 20 años, como textualmente establecía el decreto publicado el 13 de enero de 1986 que modificó el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores:

Artículo 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 42, devengarán un interés de 4 por ciento anual sobre saldos insolutos y se otorgarán a un plazo no menor de 10 años ni mayor a 20 años.

Quedando establecido como término perentorio de los créditos otorgados a los trabajadores del municipio de Salinas, San Luis Potosí, un plazo de 20 años, como los propios trabajadores han documentado con expedientes que obran en su poder.

No obstante a lo anterior, la inconformidad de los trabajadores surgió aproximadamente en el año de 1997, cuando recibieron sus escrituras, que debido al cambio de Administración Estatal (1991-1992), tuvo una demora de entre cinco y seis años, siendo que dichos instrumentos notariales entregados por el Infonavit  eran contrarios a los contratos originales que habían firmado, ya que establecieron un plazo de 30 años para cubrir sus créditos, excluyendo el plazo de 20 años.

Esto bajo el supuesto de una nueva modificación al artículo 44 del mismo ordenamiento que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de febrero de 1992 y que a la letra dice:

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general  que rija en el Distrito Federal.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldo insoluto.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor a 30 años.

Sin embargo, dicha reforma fue posterior a la firma del contrato original celebrado entre los trabajadores y el Infonavit, y de acuerdo con el primer párrafo del artículo 14 constitucional así como lo dispuesto en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, ninguna ley debe tener efectos retroactivos que perjudiquen a persona alguna, como hoy ha sucedido con los trabajadores al ser obligados a pagar 10 años más por sus créditos.

Esta compleja situación llevó a los trabajadores afectados del municipio de Salinas desde el 1997 a tocar las puertas del Infonavit buscando una solución a su problemática sin lograr respuesta favorable, por tal motivo, en el 2014 buscaron el apoyo del congreso local y de la diputada Ruth Noemí Tiscareño, quien a través de un  exhorto estableció un vínculo con el Infonavit, institución que se comprometió a respetar el contrato original  y dar por concluidos sus respectivos créditos, compromiso que a la fecha no se ha cumplido.

Lamentablemente nos encontramos ante una problemática generalizada que está causando graves perjuicios económicos a los trabajadores en toda la entidad potosina, casos similares han sucedido en la región de la Huasteca, así como en el municipio de Ciudad Valles con los trabajadores de la sección 7, 34 y 86 del Sindicato de la Industria Azucarera que el diputado federal de la LXII Legislatura Jorge Terán Juárez exigió en su momento resolver.

Estas afectaciones, también ha sucedido en municipios de otras entidades del país como en Culiacán, Sinaloa, donde cientos de trabajadores han organizado plantones y manifestaciones demandando al Infonavit respete los contratos firmados entre 1991 y 1992, en los que al igual, se contempla un plazo de 20 años para realizar el pago de sus créditos de vivienda y que dicha institución a pesar de reconocerlo no lo han respetado, como también está pasando en municipios de Jalisco.

En el mismo sentido en abril de 2015, derechohabientes del Infonavit de Reynosa, Tamaulipas realizaron una manifestación pacífica ante las oficinas del Infonavit exigiendo una solución a dicha problemática.

Compañeras y compañeros Diputados, lo anterior expuesto son claros ejemplos que actualmente enfrentan miles de trabajadores mexicanos en todo México,  lo que motiva nuestra intervención urgente para salvaguardar el ejercicio pleno de sus derechos humanos con equidad, justica e igualdad.

En razón de lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que analice e implemente las acciones necesarias que resuelvan de manera definitiva la problemática legal que actualmente agravia los derechos de los trabajadores potosinos y de todo el país que adquirieron viviendas entre los años 1991 y 1992.

Segundo.Se solicita respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores para que en la solución de la problemática a que se refiere el punto primero, respete en todo momento el plazo de 20 años como quedó establecido en los contratos originales celebrados entre los trabajadores y el Infonavit.

Notas:

1 http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/el+instituto/el_infona vit/historia.

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf

3 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43074

4 http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=906720

5 http://www.mexicolegal.com.mx/foro-verconsulta.php?id=161614&forod=1

6 http://www.elmanana.com/demandanainfonavitrenegociaciondepagos-2852940.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputados: Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Fabiola Guerrero Aguilar, Delia Guerrero Coronado, Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar una campaña nacional contra la desnutrición infantil, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal por el Distrito Federal en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se permite someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaria de Salud la implementación de un programa para erradicar la anemia infantil.

Consideraciones

1.El derecho humano a la salud está rigurosamente tutelado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo como un deber del Estado, el procurar la máxima satisfacción en ese ámbito, de acuerdo a los principios contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y dada la reforma Constitucional en la materia se obliga a su cumplimiento, en el artículo 2 numeral I se establece como obligación de los Estados integrantes de manera individualizada así como mediante la cooperación internacional, logren de manera progresiva y en particular mediante la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho instrumento.

2.Una adecuada nutrición es determinante, para alcanzar un óptimo desempeño físico e intelectual, una de las causas de la desnutrición, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es la falta de acceso a los alimentos, la imposibilidad de obtener ciertos productos básicos y complementarios, principalmente en las localidades marginadas y de difícil acceso.

Cuadro 1Comparación de prevalencias de desnutrición de las encuestas nacionales de alimentación en el medio rural (ENAL) de 1979 y 1989 e n las poblaciones estudiadas de niños de 1 a 5 años de edad:

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública.

3.Que de acuerdo lo señalado por la Asociación Civil Un Kilo de Ayuda, nuestro país se sitúa por encima del continente Africano en prevalencia de anemia infantil, ya que mientras dicho continente el porcentaje es de 20 por ciento, en nuestro país, el porcentaje es alrededor del 23 por ciento, inclusive esta situación se intensifica en las zonas rurales, ya que puede llegar a situarse en un alarmante 27.5 por ciento y según sus cálculos, para estar en posibilidad de erradicarla, se requieren 1,200 millones de pesos.

4.Este problema, presenta una mayor incidencia en la región sur, mientras que en el norte, la Obesidad Infantil, es la enfermedad más recurrente, inclusive la UNICEF, indica que A pesar de los avances en materia de desnutrición infantil que se han experimentado en los últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población. En el grupo de edad de cinco a catorce años la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas, y la cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena.

5.Diversas intervenciones, como los programas vacunación universal, la administración masiva de vitamina A, los programas de desparasitación y la mayor disponibilidad de alimentos gracias a los programas de desarrollo social, has sido eficientes para disminuir el ratio de niños y niñas que presentaban malnutrición. Pero sus prevalencias altas persisten en zonas rurales y remotas, y también entre la población indígena, por eso es necesario un esfuerzo mayor para reducir las disparidades regionales y de origen étnico

Con base en las consideraciones expresadas, y en aras de contribuir al fomento al pleno desarrollo de las y los niños, la diputada firmante, propone a la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al Titular de la Secretaria de Salud, para que, en el ámbito de sus competencias, inicie y promueva una Campaña Nacional contra la Desnutrición Infantil de los pacientes con Bajo Peso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre del año 2015.— Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

OTORGAR LOS RECURSOS ACORDADOS EN CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS ESTATALES Y FEDERALES A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a conducirse institucionalmente al otorgar los recursos acordados en convenios y transferencias presupuestadas estatales y federales a la Universidad Veracruzana, suscrita por los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Alicia Barrientos Pantoja, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

1. El heroico estado de Veracruz es de origen cuna de hombres íntegros que entendieron la trascendencia de la honestidad como principio rector y de la educación como eje del crecimiento nacional.

2. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar condiciones suficientes para asegurar, sin discriminación alguna, el derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad, entre ellas la Educación Superior.

Sin embargo, recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades en la Cuenta Pública de 2013 del estado de Veracruz. En todos los rubros del gasto federalizado – educación, salud, infraestructura y seguridad pública– en ese sentido el órgano técnico de esta Cámara de Diputados hizo recomendaciones por hallar “recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería de la Federación”. A la fecha no se sabe cuánto es el monto por aclarar en la entidad, puesto que el proceso sigue en marcha, es parte de una investigación.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación interpuso en noviembre de 2014 un total de 15 demandas legales ante la Procuraduría General de la República en contra de funcionarios o ex funcionarios de la actual administración, luego que las observaciones no fueran aclaradas durante el lapso correspondiente.

Ahora bien, resulta que todo este desorden financiero del gobierno estatal que golpea a esta entidad llega también a afectar directamente a la Universidad Veracruzana (UV). Pues según reporta una investigación de Eirinet Gómez en el periódico La Jornada del pasado 30 de septiembre “Entre agosto de 2013 y septiembre de 2015 los fondos retenidos por el gobierno de Javier Duarte Ochoa a la institución aumentaron de 867.9 a 2 mil 58.6 millones de pesos, correspondientes a recursos federales y estatales derivados de diversos convenios para el periodo 2008-2015”. Siendo así que los adeudos han ido creciendo de la siguiente manera: 867.9 millones de pesos en agosto de 2013; 894.3 millones de pesos a diciembre de 2013, mil 8 millones a diciembre de 2014 y 2 mil 58.6 millones desde agosto pasado, apunta dicho medio.

Con datos muy puntuales del Observatorio de las Finanzas Publicas de la Universidad Veracruzana publicados en su página web (http://www.uv.mx/ofp), se puede constatar cómo desde el año 2010 y sucesivamente hasta el presente 2015, hay un déficit de las entregas presupuestales que sumados llegan a los 3 mil 938 millones de pesos, resaltando que del total, 2 mil 502 millones son recursos estatales que el gobierno de Veracruz presupuestó y registró como Gasto Ejercido, subraya además el Observatorio, que “Evidentemente estos recursos le corresponden a la Universidad Veracruzana y debe recibirlos porque están presupuestados y registrados en las Cuentas Públicas como “gasto ejercido” es decir como dinero que efectivamente se utilizó, pero si no fue entregado a la UV no debería estar registrado como tal. Pero como no fue entregado y si está registrado, entonces, adicionalmente a la obligación del gobierno del estado de entregar esos recursos, es necesario se explique además en que se gastó ese dinero y por qué no se entregó a la Universidad”.

El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, ha minimizado este problema y con una visión asistencialista estipula que “las aportaciones a la universidad se harán de acuerdo con las posibilidades del gobierno estatal”, cuando para nosotros el dinero que la administración de Veracruz debe entregar a la institución no es ninguna concesión; se trata de un recurso presupuestado y por tanto, si no se paga, se debe. El reclamo de subsidios no es mendigar un favor a las autoridades de Veracruz, el subsidio es un compromiso histórico, estipulado constitucionalmente y avalado por la UV, el gobierno del estado y la federación.

La complicada situación financiera en que se ha puesto a la Universidad Veracruzana ha causado que los planes de crecimiento se vean forzosamente limitados y que las relaciones entre la institución y sus proveedores de bienes y prestadores de servicios hayan sufrido un fuerte impacto.

En la medida en que el estado limita los recursos para el funcionamiento de la institución educativa atenta contra el corazón de la estrategia de desarrollo, porque sin educación no hay desarrollo. Es claro que la retención de recursos es un atentado a la producción del conocimiento y a la base del desarrollo del estado.

Las consecuencias de esto impactan en el pago de nómina, la suspensión del mantenimiento a los edificios, la cancelación de proyectos de expansión de los espacios educativos y la reducción de publicaciones.

Son estas razones las que nos llevan a pedirles compañeros diputados se respalde los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a conducirse de manera institucional y como servidor público que es, de tal manera que asuma las obligaciones que a su cargo competen, al entregar los recursos acordados en convenios y transferencias presupuestadas estatales y federales a la Universidad Veracruzana en lo inmediato.

Segundo. Asimismo, esta Cámara de Diputados solicita sean difundidos de manera detallada los importes comprometidos en convenios y transferencias a la Universidad Veracruzana, que se inicie una investigación del uso y paradero de los recursos presupuestados y registrados como ejercidos, y se dé continuidad a las investigaciones que apuntan a esclarecer el profundo desorden de las finanzas públicas del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputada Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

PRESENTAR DOS TERNAS INTEGRADAS EN SU TOTALIDAD POR MUJERES, EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE MINISTROS DE LA SCJN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar dos ternas de mujeres en el proceso de designación de ministros de la SCJN, suscrita por las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Cecilia Guadalupe Soto González, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y PRD, respectivamente

Las que suscriben Claudia Sofía Corichi García y Cecilia Soto González, Diputadas Federales, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente Punto de Acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal a presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres, en el proceso de designación de nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

Costas Douzinas jurista griego y columnista de The Guardian señala que bajo la lógica judeo-griega, una ciudad justa es la precondición de perfección individual y felicidad y que a su vez, los ciudadanos virtuosos hacen a la ciudad justa.

La participación de las mujeres en los tres Poderes que integran la República, para el caso del Estado mexicano, ha sido históricamente débil, no en la calidad de sus participaciones, sino en la cantidad de espacios públicos de decisión a los que pueden acceder y en los que pueden incidir.

El Poder Judicial no ha sido la excepción, sobre todo en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha sido limitado el número de mujeres que han tenido el honor de llegar a ser ministras.

El próximo 30 de noviembre de 2015 deberá tener lugar e cambio de dos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministro Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y el ministro Juan Nepomuceno Silva Meza.

“El proceso de nombramiento de los ministros de la Corte, tal y como ha quedado definido en la reforma constitucional de 1994, se compone de tres etapas:

La etapa de elección es la etapa inicial del procedimiento, que se desarrolla en el ámbito del Poder Ejecutivo y que tiene por objeto identificar a las personas que conformarán la terna presentada por el Presidente de la República para ocupar el cargo de ministro. La etapa de designación es la fase cronológicamente sucesiva que se lleva a cabo en el interior del Senado de la República, en la que se realiza la adhesión a una de las candidaturas de la terna presentada. La etapa de nombramiento representa el episodio con el que concluye formalmente el proceso, en donde se produce el acto de juramento del encargo ante el mismo Senado”.

“El poder de nominar los candidatos a ministros compete al Presidente de la República. El precepto, en su configuración original de 1917, confería dicho poder a las legislaturas de los estados. No obstante, el alto número de candidatos que el sistema permitía en los hechos, motivó el establecimiento de un filtro que estipulaba una votación previa entre los Diputados y Senadores con el objeto de que sólo los dos aspirantes que hubieren obtenido el mayor número de votos pudieran ser considerados para la elección y designación definitivas. El sistema se modificó en 1928, confiriendo al Presidente el poder de nominar a un único candidato para ocupar la vacante existente”.

“La reforma constitucional de 1994 estableció los perfiles actuales del sistema. Mantuvo la nominación presidencial, pero modificó su forma. La nominación individual se transformó en una nominación compuesta que propicia que cada vez que se produzca una vacante, el presidente deberá enviar al Senado una lista con el nombre de tres personas para que éste elija y nombre a quien deberá ocupar la toga respectiva”.

El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ejecutivo a:

Artículo 89.

I.

...

XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;

“El sistema de ternas vigente comenzó a utilizarse en noviembre de 2003. Con este método se han nombrado a seis ministros. La modalidad de la terna goza, en principio, de implicaciones positivas. Permite atemperar, por ejemplo, el papel del Presidente, impidiéndole mostrar, al menos formalmente, su preferencia personal por uno de los candidatos; en consecuencia, representa un elemento para fortalecer el papel del Senado, a quien corresponde designar al ministro”.

“El Presidente puede pedir asesoría o consejo a su círculo de asesores, a los funcionarios que laboran con él, o a intelectuales y académicos de distintos centros de educación del país, pero al final, su libertad para confeccionar la terna es inmensa. En la actualidad no existe ningún dato que nos permita advertir el o los criterios seguidos por los presidentes en la selección de los integrantes de las ternas. No sabemos si el elemento que define se asienta en los méritos de las personas, la carrera judicial, la relación personal existente con los candidatos, los servicios prestados directa o indirectamente a su partido, los criterios transversales o adicionales que pueden tomarse en cuenta, o en la cercanía del candidato con la ideología, filosofía o política del gobierno en turno”.

La participación de la mujer en el Poder Judicial Federal, se remonta a 1961 cuando es nombrada la primera mujer Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Doña María Cristina Salmorán de Tamayo, y la primera en integrar una Suprema Corte de Justicia o Supremo Tribual a nivel mundial. Hasta 1975 es nombrada la segunda mujer Ministra, la Lic. Livier Ayala Manzo, quien ocupa el cargo tan solo uno año.

En 1976, doña Gloria Léon Orantes es designada Ministra del Alto Tribual del país, quien lo ocupa hasta 1984. Pero entre 1983 y 1988, son nombradas las Ministras Fausta Moreno Flores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Clementina Gil de Lester e Irma Cué Sarquís, quienes de manera conjunta, por única vez en la historia de nuestro máximo Tribunal, llegaron a ocupar el 20 por ciento del total de Ministros. Para 1995, en atención a la reforma constitucional del Poder Judicial Federal, el Senado de la República designa a la novena mujer Ministra de la Suprema Corte, Ministro Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.

Aunque el avance es claro, hasta ahora no es suficiente, y con la inminente salida de una de las dos Ministras de la SCJN resulta necesario considerar la oportunidad no sólo para reemplazar por el mismo género el puesto, sino ampliar la presencia de las mujeres en el tribunal supremo del país, por lo que lo ideal sería que los dos lugares fueran ocupados por mujeres. La impartición de justicia debe dejar de ser otro espacio de discriminación dejen fuera de la implementación de la justicia en este caso las mujeres.

Datos de la Cepal revelan que en al menos la mitad de los países de América Latina la presencia de mujeres en los máximos tribunales de justicia supera el promedio regional de 22.6 por ciento. Éste es el caso de Venezuela (44 por ciento), Puerto Rico (43 por ciento), Costa Rica (35 por ciento), El Salvador (33 por ciento), Colombia (30 por ciento), Nicaragua (29 por ciento), República Dominicana (27 por ciento), Cuba (27 por ciento) y Chile (25 por ciento). En los países del Caribe, en muchos casos se ha alcanzado e incluso superado la paridad, con porcentajes que van desde 30 por ciento a 60 por ciento de mujeres en el máximo tribunal de justicia como sucede en Panamá, donde el informe titulado: “Magistrados y jueces del órgano judicial de Panamá por nivel jurisdiccional” señala que la mayoría de los jueces en las diferentes instancias son mujeres.

En México, sólo 5 por ciento de las mujeres que laboran en el Poder Judicial han logrado a acceder a puestos como juezas, magistradas o ministras, esto deja al 95 por ciento de ellas sólo la posibilidad de desempeñarse como secretarias en juzgados, o en puestos administrativos sin opciones de desarrollo. El caso más emblemático ha sido sin duda el del Consejo de la Judicatura, pues apenas en noviembre del año pasado fueron dos mujeres designadas como Consejeras, ya que antes de eso todos sus integrantes eran sólo hombres.

Con el impulso de mujeres de los más diversos signos políticos, y muchas voces de la sociedad civil se aprobó la reforma político-electoral de 2014, en la que se estableció el principio de paridad de género para promover la participación de mujeres en igualdad de condiciones en los comicios a legisladores federales. El acto fue visto como una respuesta lógica a la intención de transversalizar la perspectiva de género en los espacios públicos, toda vez que ésta se presenta como un eje estratégico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Cabe precisar que a diferencia de las cuotas, la paridad es una medida permanente que tiene como finalidad lograr la representación descriptiva y simbólica de las mujeres en los órganos de decisión de los rumbos que debe tomar el país. Parte de un entendimiento inclusivo de la democracia y de un enfoque integral de la igualdad. El objetivo de la paridad –reflejar en los órganos democráticos y de toma de decisiones la composición de la población– debe cumplirse dentro de todas aquellas instituciones públicas en las que se toman decisiones.

Atendiendo a los instrumentos específicos de reconocimiento y protección de sus derechos, para proscribir la discriminación y la violencia contra la mujer, destacadamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados parte a adoptar medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado debe actuar para mitigar los efectos diferenciados, que en la práctica excluyen a las mujeres de la impartición de justicia.

Es parte de los compromisos internacionales signados y ratificados por México, el que nuestro país haga lo conducente para que el Poder Judicial implemente medidas para mejorar las oportunidades de sus servidoras públicas en el ascenso y ocupación de los cargos de juzgadoras, así lo señala la Recomendación General número 22 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que estipula que la administración de justicia no sólo es un servicio público que el Estado debe proporcionar a hombres y mujeres según sus necesidades, sino que debe también ser un servicio público integrado por hombres y mujeres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe estar integrada por mujeres en la medida de que estas contribuyan a ampliar la visión de la implementación de la justicia en el país.

Estas mujeres, por supuesto, deberán ser nombradas no sólo por cumplir una cuota de género, sino por méritos propios, por la calidad de su perfil profesional y por el avance que las mujeres en este país tienen día a día, donde se demuestra claramente que la SCJN está lista para albergarlas.

Este ha sido permanentemente un debate, no sólo en el caso que nos ocupa, hace muy poco pudimos observar la controvertida designación del ahora ministro Eduardo Medina Mora.

De este modo, el presidente podría tener sobre su escritorio un conjunto de nombres provenientes de la judicatura local y federal, de la academia y del foro para que, en el marco de un universo acotado por un filtro previo, proceda al análisis de los distintos perfiles y realice la nominación respectiva. La lista, por su propia naturaleza, favorecería una nominación basada en el criterio de los méritos objetivos, eliminando de esta forma la selección llanamente discrecional”.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a consideración del pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres, en el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Notas:

1 Astudillo, César “El nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2010, página 354.

2 Ibídem, página 358.

3 Ibídem, página 359.

4 Ibídem, página 359.

5 Ibídem, página 384.

6 Según cifras de la ONU y publicadas en la revista Americas Quarterly, la mayor parte del avance femenino en los sistemas judiciales se ha producido en la última década.

7 Astudillo, César “El nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2010, página 386.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputados: Claudia Sofía Corichi García, Cecilia Guadalupe Soto González, María Candelaria Ochoa Ávalos, Rosa Alba Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Margarita Alemán Olvera, Janette Ovando Reazola, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Guadalupe González Suástegui, Ximena Tamariz García, Gretel Culin Jaime, Jaqueline Nava Mouette, Eloisa Talavera Hernández, Nelly Márquez Zapata, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Adriana Elizarraraz Sandoval, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Rocío Matesanz Santamaría, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Cecilia Fornero, Brenda Velázquez Valdez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, María Elena Orantes López, Michelle Toledo Orozco, Mirza Flores Gómez (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE MAYOR IMPACTO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de instaurar acciones específicas para fortalecer el diseño y la implantación de las políticas públicas orientadas a la investigación y persecución de los delitos de mayor impacto, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, numeral 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 30 de septiembre del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2015). Los resultados de dicha encuesta, más allá de resaltar su relevancia, deben ser utilizados para movilizar a la acción, toda vez que la información que nos ofrece es el resultado del fenómeno de victimización que ha afectado de manera directa a más de 22.8 millones de ciudadanas y ciudadanos.

Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que es menester revisar y mejorar las políticas públicas diseñadas, las estrategias instrumentadas y cada una de las acciones realizadas en materia de seguridad pública, así como aprovechar esta información como una oportuna e inmejorable área de mejora en el desempeño de las autoridades responsables.

El costo nacional a consecuencia de la inseguridad y el delito en el año 2014 fue de alrededor de 226 mil 700 millones de pesos, 1.27 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional en ese año. Cifra superior a la aportación estatal de entidades como Aguascalientes, Durango, Morelos o Zacatecas y más del doble de lo que aportan Colima o Tlaxcala, sólo haciendo referencia a lo denunciado, pues la cifra negra por la inseguridad y el delito alcanza 92.8 por ciento a nivel nacional.

A estos costos económicos habrá que sumarle los costos intangibles más difíciles de cuantificar, que incluyen la pérdida de la calidad de vida de la víctima, cambios en la conducta y los traumas personales, así como la disminución de la confianza interpersonal y del capital social, debido al deterioro del orden y la estabilidad tanto personal, como de las comunidades o centros sociales donde se han presentado continuos incrementos en la recurrencia de delitos del fuero común.

Como se observa, el costo de la inseguridad y el delito es muy alto y podrá incrementarse aún más si el Estado mexicano no instrumenta las medidas correctivas pertinentes y eficaces para revertir esta situación. Prueba de lo anterior es la Tasa de Delitos que ha ido en aumento en los últimos cinco años, al pasar en 2010 de 23 mil 999 a 28 mil 224 víctimas por cada cien mil habitantes en esta última medición.

Además, los resultados de esta última medición dan cuenta de que las instituciones encargadas de prevenir la recurrencia de delitos y de la impartición de justicia fueron menos confiables en 2014 que el año inmediato anterior.

En este sentido, las cifras dadas a conocer por el Inegi en septiembre pasado dejan ver que tres de cada 10 mexicanos piensan que denunciar los delitos o la delincuencia sufrida “es una pérdida de tiempo” por miedo a ser extorsionados o por los largos y difíciles trámites, o bien por desconfianza o la actitud hostil de las autoridades; además, la gente no denuncia por miedo al agresor, situaciones que contribuyen a mantener e incrementar la cifra negra antes referida.

Ante este primer paso, en el largo proceso de obtención de justicia por parte de las víctimas de algunos de los 10 principales delitos analizados anualmente, se debe sumar la desmotivación que resulta el saber que del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en 53.8 por ciento de los casos “no pasó nada” o “no se resolvió la denuncia”, porcentaje que implica un incremento de la estimación del 2013 que era de 49.9 por ciento; es decir, un incremento nada positivo de casi el 4 por ciento.

La creciente situación de inseguridad ha afectado muchos aspectos de la vida de las personas y las familias, desde las costumbres para salir de la casa, trasportarse y pasear, hasta la realización de actividades sociales y políticas en general.

Sin embargo, ante un panorama que puede ser desalentador dado el clima e incidencia de la violencia y la delincuencia, debemos oponerle la fuerza de las instituciones y del marco legal, a efecto de coadyuvar en el fortalecimiento del tejido social y mejorar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, un aspecto que en esta última medición de la Envipe 2015, como en las anteriores desde el 2011, no salen bien evaluadas.

En este sentido, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en la materia, que entre sus facultades, previstas en el artículo 14 de la citada ley, se encuentran las de:

• Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública (fracción I);

• Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema (fracción II);

• Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas (fracción VI);

• Formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito en los términos de la ley de la materia (fracción IX);

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de seguridad pública y otros relacionados (fracción X);

• Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de seguridad pública y otros relacionados (fracción XI); y

• Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas (fracción XVII); entre otras.

En razón de estas facultades, es claro que dicho Consejo Nacional de Seguridad Pública debe considerar la Envipe 2015 como un insumo sustantivo en su tarea de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, reducción de victimización y prevención del delito.

Lo anterior, considerando lo fundamental que resulta para la sociedad mexicana saberse protegida y conducirse bajo un ambiente de confianza y respeto, en donde las autoridades responsables, verdaderamente se encargan de cumplir con su tarea de prevención y procuración de justicia; además de incorporar en estos razonamientos los beneficios para el desarrollo económico nacional, ante una menor delincuencia e inseguridad que prive entre la población.

No debe olvidarse que las altas tasas de incidencia delictiva que registra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, desde el año 2011 a la fecha, reflejan la necesidad de atender los factores que tienen un mayor efecto sobre la comisión de los delitos, así como en la operación del sistema de justicia penal en el país.

De igual manera debe considerarse, coincidiendo con el Diagnóstico que presenta el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, que “la ineficiente labor de las instituciones de procuración de justicia ha generado desconfianza en el sistema de justicia por parte de la ciudadanía, de ahí que la tasa de denuncia también permanezca baja”.

Por tanto, para reducir la cifra negra de la inseguridad y el delito es imprescindible mejorar los mecanismos de denuncia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus ministerios públicos, una tarea que ha demandado y requerido de importantes esfuerzos y recursos presupuestales, humanos y materiales, pero que resulta inaplazable, a fin de restaurar la confianza ciudadana en las instancias responsables de la procuración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que a través del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el marco de las responsabilidades del Consejo Nacional de Seguridad Pública y ante los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, se instrumenten acciones específicas tendientes a fortalecer el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a la investigación y persecución de los delitos de mayor impacto ciudadano, atendiendo el perfil de incidencia delictiva que presenta cada entidad federativa; así como fortalecer los programas de formación y capacitación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, particularmente los agentes del Ministerio Público, agentes investigadores, peritos y elementos policiales, a fin de garantizar en sus diligencias el debido proceso y la más completa integración de expedientes delictivos, con el propósito de asegurar y mejorar la eficacia de la actuación ministerial ante la consecución de los delitos que afectan la seguridad y confianza de la ciudadanía.

Notas:

1. Por cuestiones metodológicas, algunos delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y la trata de personas, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

2. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

MODIFICAR LA DENOMINACIÓN JURÍDICA DEL HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO, A EFECTO DE CONVERTIRLO EN UN HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a modificar la denominación jurídica del hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto para volverlo regional de alta especialidad, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Delia Guerrero Coronado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79  del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Desde hace 65 años el Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto” brinda importantes servicios de salud que permiten garantizar este derecho fundamental a los habitantes de San Luis Potosí y de la región.

Durante este periodo, aunque de manera más acelerada en los últimos años, este hospital ha ampliado sus servicios para atender no sólo a la población del estado, sino incluso a la de estados circunvecinos y, cada vez más, a pacientes subrogados de alta complejidad de algún régimen de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE que son a él referenciados, ante la insuficiencia o la saturación de instalaciones hospitalarias de estos últimos organismos.

De esta manera,  en los hechos, el Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto” se ha venido convirtiendo en una institución de alta especialidad que no solo tiene bajo su responsabilidad la atención de la población de San Luis Potosí, de alrededor de 1.8 millones de habitantes -a la que se aboca un 90 por ciento de su capacidad- sino también la atención de pacientes de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, a quienes destina el 10 por ciento restante de sus recursos.

Ello le convierte, en la práctica, en un hospital de alta especialidad con alcance regional, sin que en la letra haya alcanzado ese estatus jurídico y, desde luego, sin los correspondientes recursos presupuestales, ni la personalidad jurídica como organismo descentralizado del Gobierno Federal, lo que le permitiría, a través de la autonomía de gestión en los aspectos técnicos y administrativos- atender la creciente demanda que tiene.

Si bien esa demanda se ha venido incrementando exponencialmente, no sería ésta la única razón para justificar el cambio de estatus de este centro hospitalario, para que pasara de ser una institución estatal, a una regional de alta especialidad del Sector Salud del Gobierno Federal. Ello es sin duda importante, pero también lo son en la misma medida otros factores que se han sumado a sus actuales coberturas. Algunos de ellos son los siguientes:

• Cuenta con certificación y recertificación expedidas en los años 2000 y 2005 respectivamente como hospital de especialidades; al tiempo que ha sido acreditado para atención del Seguro Popular; y como centro de referencia estatal y regional de gasto catastrófico;

• Se ha constituido en centro importante para la formación de recursos humanos para la salud a nivel regional, habiendo conformado alianzas estratégicas y convenios con diversas instituciones de educación superior con especialidades médicas, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus San Luis, Universidad del Valle de México Campus San Luis, Universidad Tangamanga, y universidades de Tamaulipas, Querétaro, Tabasco, Baja California y Autónoma de Guadalajara;

• Cuenta para el pregrado con un campo clínico para cinco carreras universitarias, con 76 médicos internos y 500 alumnos; siendo adicionalmente sede para posgrado de 19 especialidades y sub-especialidades médicas, con 192 médicos residentes; en tanto que coordina por otro lado para el efecto de residencias médicas, un amplio programa de especialidades médico-quirúrgicas: medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, anestesiología, radiología e imagen, anatomía patológica, dermatología, cirugía maxilofacial, ortopedia y traumatología, oftalmología y medicina integrada;

• En el Centro de Investigación Nacional e Internacional a él adscrito, existen en curso más de 100 proyectos de investigación clínica en las especialidades de cardiología, dermatología, nefrología, neonatología, neurología, infectología, reumatología, geriatría y endocrinología.

Consideramos que las anteriores son razones más que suficientes para justificar un cambio de estatus del Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto” San Luis Potosí, para que se convierta en Hospital Regional de Alta Especialidad, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Salud.

Ahora bien, esta no sería la primera ocasión en que se insta a cambiar la denominación jurídica del hospital. De hecho, como respuesta a la última petición formulada en la LXI Legislatura,  la Dirección General de Coordinación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, desestimó esta posibilidad aduciendo razones únicamente de índole presupuestal, sin tomar en cuenta otro tipo de consideraciones como el hecho de que ya en la práctica funja como centro hospitalario con esas características.

Las limitaciones que su personalidad jurídica implica, dificultan a este centro hospitalario recuperar, como debiera ser, de manera oportuna y puntual, las cuotas por los servicios subrogados que otorga a otras instituciones de salud y de seguridad social, lo que merma sensiblemente sus ya de por sí quebrantadas finanzas; y ello, sin que se vislumbren a la vista, alternativas reales de mejora de dicha situación, a menos que en lo inmediato y como aquí se propone, se le suministren cantidades adicionales de recursos, y se le revista de la figura de Hospital Regional de Alta Especialidad.

Más allá de que, en efecto nuestro país atraviesa por una situación de estrechez económica y de que es obligado e imprescindible una asignación razonada y justificada de los recursos presupuestales, en lo que todos concordamos, también es cierto que la atención de la salud constituye un derecho humano que debe garantizarse.

Esa es la razón por la que mediante este punto de acuerdo estamos exhortando a las instancias correspondientes a que, una vez hecha la valoración necesaria, realicen lo conducente ante el Titular del Ejecutivo Federal para que se posibilite mediante la emisión del decreto respectivo, el cambio de actual estatus del Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto” a Hospital Regional de Alta Especialidad “Doctor Ignacio Morones Prieto” de San Luis Potosí.

Es indudable que al igual que otros centros hospitalarios de este tipo como los enclavados en la Región del Bajío, en Oaxaca, Península de Yucatán, Chiapas y Ciudad Victoria, el Central de San Luis Potosí cumple de manera cabal con los requisitos para gozar de similar estatus, con sustento en lo cual habrá de elevar la calidad y calidez en los servicios que presta a la población que atiende, continuará formando recursos altamente especializados en el área de la salud y diversificando sus servicios, con lo que habrá también sin duda de coadyuvar a que se aligere el traslado de pacientes a hospitales diversos del Distrito Federal, en donde todavía se concentra una buena parte de la oferta de atención especializada.

Dentro de las previsiones presupuestales para el próximo año, la Secretaria de Hacienda debe asegurar el techo presupuestal necesario para que el Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto” cumpla a cabalidad con los servicios que presta, ante su eventual conversión en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Doctor Ignacio Morones Prieto” de San Luis Potosí.

Son las consideraciones anteriores, las que llevan a quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a proponer al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a modificar la denominación jurídica del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un Hospital  Regional de Alta Especialidad y, como consecuencia, en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, el 8 de octubre de 2015.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA LA REGULARIZACIÓN Y RESPETO IRRESTRICTO A LA LEGÍTIMA PROPIEDAD Y DERECHO AL QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS, TIENEN SOBRE EL PREDIO SANTO DOMINGO TZIMOL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a implantar acciones conducentes a la regularización y el respeto irrestricto de la legítima propiedad y el derecho de los habitantes de Tzimol sobre el predio Santo Domingo Tzimol, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tzimol, situado al poniente del estado de Chiapas, en la región fronteriza con Guatemala, es uno de los municipios que sufre mayor rezago económico en una entidad de por sí marcada por altísimos índices de pobreza y marginación. De acuerdo con información de CONEVAL, de los catorce mil habitantes que posee Tzimol, el ochenta y nueve por ciento se encuentra en condiciones de pobreza y de ese conjunto, el treinta y cuatro por ciento vive en pobreza extrema. Asimismo, el grado promedio de escolaridad en el municipio apenas alcanza los 4.9 años, mientras que el promedio en la entidad es de 6.7, y más de un cuarto de su población carece de acceso a servicios de salud. Además, la pavimentación e iluminación del municipio es deficiente y los pocos hospitales con que cuenta presentan incontables carestías.

Ante estas cifras no sería difícil cometer el error de asumir que Tzimol es un municipio cuya economía se encuentra en grave deterioro; sin embargo, nada podría distar más de la realidad. Si bien la producción agrícola, y especialmente el cultivo de caña de azúcar, representan importantes fuentes de ingresos municipales, lo cierto es que la minería de grava y arena constituye la actividad económica preponderante en el municipio, generadora de una derrama económica que supera los veintidós millones de pesos anuales. La riqueza que proviene de los bancos areneros sugiere la existencia de un municipio próspero que entra en contradicción con las grandes masas pauperizadas que habitan Tzimol. Es así como la inopia de Tzimol, en alarmante similitud con otros puntos del país, es resultado no de una economía paupérrima sino de los abusos de una clase política caciquil que ha decidido enriquecerse a costa del erario, mientras se aferra al poder mediante el uso sistemático de tácticas de engaño y represión.

En el marco de tal antítesis, la de una amplia mayoría tzimolense a la que apenas si le alcanza para comer frente a una minúscula minoría que goza sin restricciones de la bonanza que produce el municipio, se inscribe el caso del predio de Santo Domingo Tzimol, un terreno cuyos antecedentes datan del año 1844 y cuya propiedad, jurídicamente reconocida desde entonces, se haya en manos de los habitantes del pueblo de Tzimol bajo el esquema de copropiedad mancomunada. Cabe destacar que más allá de los títulos de propiedad, los pobladores de Tzimol han encargado históricamente de trabajar, proteger y aprovechar de distintas formas los bienes enmarcados dentro de las 3,745.2 hectáreas que constituyen la superficie de este predio, incluyendo los bancos de arenas que ahí se asientan.

En 1982, el predio fue objeto de un acta de deslinde que sirvió para delimitar legalmente el área a fin de evitar disputas entre sus habitantes. El registro del predio quedó sellado bajo escritura pública, sin embargo no fue posible incorporarlo al Registro Público de la Propiedad debido a que desde siempre el pueblo había funcionado considerando la buena voluntad de sus habitantes, sin necesidad de cumplir con rigurosos protocolos jurídicos. No obstante, la administración de los bancos de arena se conservó en manos del ayuntamiento que valiéndose de la manipulación de algunos copropietarios mantuvo su dominio sobre la explotación y aprovechamiento de los materiales pétreos, sin aval ni permiso de las instituciones que regulan la protección al medio ambiente.

En 1992 los pobladores de Tzimol comienzan a organizarse en torno a la lucha por la recuperación de los bancos de arena. Para ello realizan asambleas y constituyen comités para la administración y control de la salida de arena, de modo que fuera posible recabar los ingresos suficientes para cubrir con el pago predial, cuya gravosa deuda había sido heredada por los gobiernos municipales previos, así como la regularización y actualización de la documentación que amparara la copropiedad sobre los terrenos. Estas acciones no fueron bien vistas por el ayuntamiento en turno, que reprimió la organización con agresiones y desalojos violentos. El primer episodio de defensa del patrimonio del pueblo de Tzimol culminó con la firma de una minuta de acuerdos con la participación del Gobierno del Estado, la presidencia municipal y el pueblo de Tzimol reunido en asamblea, en donde quedó establecido que el presidente municipal y el ayuntamiento de Tzimol serían ajenos al manejo y administración de los bancos de arena y al predio “Santo Domingo Tzimol”, mientras que se hacía reconocer al Consejo de Administración como principal órgano rector de los bancos de arena, integrado por miembros de los distintos barrios que conforman la cabecera municipal.

Tras a estos eventos se constituye la Sociedad de Solidaridad Social “Arenas de Santo Domingo Tzimol” con el propósito de dar personalidad jurídica y legal y dar cauce a la lucha de los copropietarios del predio para el mejor aprovechamiento de los bancos de arena. Con la conformación de esta estructura se busca crear con la riqueza de las minas de arena una empresa social dedicada a la generación de empleos permanentes, contribuir al sustento de las familias y el bienestar de las y los copropietarios del pueblo de Tzimol. Sin embargo, el arribo a la presidencia municipal en 2005 de Jorge Martín Gordillo Arguello supuso un obstáculo insalvable y en cambio dio lugar a fuertes enfrentamientos entre los habitantes de Tzimol y el alcalde quien, al darse cuenta de la rica fuente de ingresos que representaba la minería, comenzó a llevar a cabo acciones para desconocer la personalidad jurídica de los areneros, arrebatar el control de los bancos de arena a sus legítimos propietarios y beneficiarse económicamente de esta actividad.

Uno de los puntos más álgidos de este segundo episodio en defensa del patrimonio de los tzimolenses tiene lugar el día 04 de octubre de 2005, cuando los areneros de Santo Domingo Tzimol efectúan un bloqueo de la carretera estatal en el tramo Comitán-Pujiltic para exigir el más amplio reconocimiento de la copropiedad que tienen del predio de Santo Domingo Tzimol, así como el respeto a su derecho de organización a través de una sociedad de solidaridad social autónoma, productiva e independiente. De estos eventos emana la firma de una nueva minuta de acuerdos en la que participan el expresidente municipal José Martín Morales López, el ayuntamiento municipal, encabezado por José Martín Gordillo Arguello, el representante del predio de Santo Domingo Tzimol y representantes de la organización arenera, en la que se estipula que el aprovechamiento del material de los bancos corresponderá al Consejo de Administración con previo acuerdo de los copropietarios del predio de Santo Domingo Tzimol, sin intromisión ni participación del ayuntamiento municipal.

El episodio más reciente de la lucha en favor de la legítima propiedad de los pobladores de Tzimol comienza en 2011. Ese año, varios copropietarios solicitaron información al Registro Público de la Propiedad para conocer el estado legal de las 3,745 hectáreas del predio Santo Domingo Tzimol a fin de avanzar con la regularización de la documentación necesaria para avalar su copropiedad. Sin embargo, les fue informado que el predio tenía nuevos dueños: los señores Silvestre López, José Filemón y Ricardo Morales. El predio había sido vendido recientemente por Inocencio Gordillo e Isela Gómez. El defensor legal del pueblo Alfredo de la Paz hizo saber en medios locales y nacionales que al intentar conversar con los supuestos vendedores se enteró que el primero no había tenido participación en la elaboración de dicho contrato y que incluso la firma asentada en el documento no coincidía con la suya. Sobre la segunda vendedora, nadie en el pueblo ha dicho conocerla.

El 17 de marzo de ese mismo año se difunde otro documento en donde se señala que los tres compradores donaron el predio a la Sociedad Cooperativa “Arenas de Tzimol”, de modo que prácticamente todo el poblado había dejado de ser municipio para convertirse en propiedad de una sociedad cooperativa que, para colmo, es presidida por Arnaldo López, que en aquel entonces fungía como regidor y ha sido identificado como compañero de partido y amigo cercano del edil Martín Gordillo, artífice de la operación.

A partir de ese momento inicia una serie de nuevas acciones por parte de los pobladores de Tzimol para reivindicar su legítima propiedad sobre el predio Santo Domingo Tzimol, entre las que destaca la toma de los bancos de arena. Durante esta incursión descubren una planta de asfalto “Vela Asphalt Plant” valuada entre 350 y 400 mil dólares, aproximadamente 6.5 millones de pesos. La compra de esta maquinaria, que nunca fue revelada a los habitantes de Tzimol, demuestra el grado de enriquecimiento ilícito del que fue objeto la minúscula cúpula de poder priísta que aún hoy gobierna en Tzimol. Paralelamente, la comunidad decide demandar jurídicamente una nulidad de escritura privada, para que la cooperativa “Arenas de Tzimol” perdiera la propiedad de los bancos de arena y estos volviesen a convertirse en una copropiedad que beneficie a todos los habitantes del pueblo.

El pasado 15 de septiembre, los pobladores de Tzimol organizaron una protesta pacífica durante la celebración del Grito de Independencia en la plaza principal de la cabecera municipal, para comunicar al pueblo sobre lo acontecido en torno a la lucha por el rescate del predio. A pesar de que la protesta fue pacífica, las autoridades policiacas amedrentaron y rociaron con gas pimienta a varios de los participantes, lo que aparentemente ocasionó la reacción violenta de los afectados que, cabe destacar, se encontraban desarmados. Posteriormente se suscitaron los hechos que gozaron de gran exposición mediática: la quema de la Presidencia Municipal y los supuestos actos vandálicos a la que fue sujeta. Sin embargo, no son pocos tzimolenses quienes aseguran que se trató de un acto confabulado por el alcalde Jorge Martín Arguello, quien dio la indicación de vandalizar las instalaciones de la presidencia para desprestigiar las denuncias de despojo en su contra. A partir de estos hechos, se expiden alrededor de cuarenta órdenes de aprehensión en contra de los defensores de los bancos de arena. Entre los acusados se encuentra el Lic. Alfredo de la Paz, representante legal de los areneros, y Jesús Martín Gordillo, uno de los líderes del movimiento.

La injusticia de la que hoy es objeto el pueblo de Tzimol es inadmisible. Cientos de familias observan con angustia cómo una cúpula caciquil les arrebata frente a sus narices el territorio que por siglos les ha pertenecido, cómo saquean las tierras que por generaciones han trabajado y defendido con el único fin de acrecentar sus de por sí ostentosas riquezas. Mientras tanto, las autoridades de Chiapas observan con complicidad e indolencia el atraco. Como representantes públicos es nuestro deber asumir una postura firme antes estos indignantes hechos, protegiendo el bienestar social del municipio de Tzimol. Así nos los demanda el artículo 27º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que versa:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”

Asimismo, hemos observado que con base en el artículo 962, capítulo VI, título cuarto, libro segundo, del Código Civil del estado de Chiapas se cometieron graves faltas al procedimiento de enajenación a extraños de bienes regidos por el régimen de copropiedad, al incumplir con la notificación correspondiente a la totalidad de los copropietarios del predio Santo Domingo Tzimol en el lapso determinado por la ley. Así lo manifiesta el mencionado artículo:

“Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva, si el partícipe quiere hacer uso del derecho de tanto. A este efecto, el copropietario notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente la venta que tuviera convenida, para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho del tanto. Transcurridos los ocho días, por el solo lapso de tiempo, se pierde el derecho. Mientras no se haya hecho la notificación, la venta no produciría efecto legal alguno.”

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición.”

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Lic. Manuel Velasco Coello, gobernador del Estado de Chiapas, así como al Lic. Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobernación de la entidad, a implementar con carácter de urgente las acciones conducentes hacia la inmediata regularización y respeto irrestricto a la legítima propiedad y derecho al usufructo que los habitantes del municipio de Tzimol, Chiapas, tienen sobre el predio Santo Domingo Tzimol, incluyendo los bancos areneros que ahí se asientan.

Segundo: Se hace un llamado a poner un alto a los engaños e ilegalidades de las autoridades municipales, y especialmente del alcalde electo Jorge Martín Gordillo Arguello, cometidas en contra del pleno ejercicio del derecho de administración y usufructo de las 3,745.2 hectáreas que integran el predio rústico de Santo Domingo Tzimol, incluyendo los bancos de arena que ahí se asientan, por parte de sus legítimos propietarios, los habitantes del municipio de Tzimol, Chiapas.

Tercero: Se instruye a la apertura de una investigación exhaustiva concerniente a las irregularidades en la administración que hiciera de los bancos de arena ubicados en el predio Santo Domingo Tzimol, municipio de Tzimol, Chiapas, la cooperativa “Arenas de Tzimol”, presidida por el C. Arnaldo López Hernández, así como de sus probables vínculos con gobiernos municipales previos, incluidos los encabezados por el C. Jorge Martín Gordillo Arguello.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

IMPLEMENTE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD REPRODUCTIVA DE LAS Y LOS ADOLESCENTES INDÍGENAS DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SS políticas públicas en materia de prevención y promoción de la salud reproductiva de los adolescentes indígenas, suscrita por los diputados Antonio Amaro Cancino, Mariana Benítez Tiburcio y Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Antonio Amaro Cancino, Álvaro Rafael Rubio, Edith Yolanda López Velasco, Cándido Vitalico Coheto Martínez, Yarith Tannos Cruz, óscar Valencia García, Carlos Sarabia Camacho, Mariana Benítez Tiburcio, David Aguilar Robles, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Salud implemente las políticas públicas necesarias en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país puedan acceder a esa información en su lengua materna, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible, esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y segura, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, en particular México lo establece en el Artículo 4°, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al derecho a la salud, expresas lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

El Consejo Nacional de Población estima que actualmente existen en el país 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. Las entidades con mayor porcentaje de adolescentes que son hablantes de lengua indígena son Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero tienen un porcentaje mayor a 15% mayor al promedio nacional (6.7 %).

En México existen alrededor de 62 pueblos indígenas que hablan entre sesenta y dos y más de una centena de lenguas diferentes. Como parte de las leyes reglamentarias del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las lenguas de estos pueblos son reconocidas como lenguas nacionales, en la misma categoría que el español, pero en la práctica su uso oficial está extremadamente limitado.

La población indígena mexicana está distribuida por toda la nación pero se concentra especialmente en la sierra Madre del Sur, la Península de Yucatán y en las zonas más remotas y de difícil acceso, tales como la sierra madre occidental y áreas vecinas a éstas.

En el norte, centro y el oeste de México habitan grupos como los tarahumaras, huicholes, mazahuas, otomís, purépechas, mexicas, nahuas y los yaquis. Mientras que en el sur y sureste del país los tlapanecos, mixtecos, mixes, triquis, zapotecos y los yucatecos, entre otros.

El Censo de Población y Vivienda 2010 reporta que 6 millones 913.362 mexicanos de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6.6 por ciento de la población total del país. Las lenguas más habladas son: náhuatl, maya y mixtecas.

Los estados que concentran el mayor número de hablantes de alguna lengua indígena son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero.

Tan sólo en los primeros cuatro estados mencionados se encuentra poco más del 50 por ciento de los hablantes de alguna lengua materna.

En México existen 11 familias lingüísticas dispersas en todo el territorio. De ellas se desprenden 68 lenguas y 364 dialectos, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales hecho por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)

Distribución de los pueblos indígenas por entidad federativa

Que las y los adolescentes indígenas en el País, tienen una tasa de fecundidad más alta que las no indígenas. La tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad hablantes de una lengua indígena es de 96.7 por 1,000 mujeres; la de las no indígenas, de 68 por 1,000. Los nacimientos en mujeres adolescentes, con respecto al total, se dan primordialmente en municipios con  grado de marginación muy alto (21.36%) o alto (19.47), resultando que 6 de cada 10 niñas entre 11 a 19 años indígenas, están embarazadas, conforme a datos estadísticos del nuestro País la media nacional de adolescentes entre 10 y 19 años es del conforme a los datos por entidad federativa como sigue:

Los servicios de planificación familiar que se imparten por personal médico y paramédicode las instituciones de salud pública, auxiliar comunitario y médicos privados, deben comprender y propiciar  actividades para prevenir los embarazos en adolescentes indígenas en el País, conforme a la metodología establecida por el: Programa Nacional de Salud reproductiva, con las estrategias que deben realizar los Gobiernos de los Estados en el marco de sus facultades dentro del primer nivel de atención medica pública y para atención de población con no derechohabiencia, toda vez que es el primer contacto ciudadano en materia de salud, a través de: Promoción y difusión, información educativa, consejería, selección, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos y en su caso identificar y referir los posibles casos de infertilidad.

La prestación de los servicios de planificación familiar deben ofrecerse sistemáticamente, a toda persona en edad reproductiva (entre 10 a 19 años) que acuda a los servicios de salud, independientemente de la causa que motive la consulta y demanda de servicios, en especial a las mujeres portadoras de mayor riesgo reproductivo, cuidando de no condicionar los otros servicios a la aceptación o negación al uso de métodos anticonceptivos.

Que debemos cuidar a las y los adolescentes indígenas del País,  para prevenir el tránsito, a eventos adversos, con un embarazo no planeado, habida cuenta que desencadenan una serie de consecuencias económicas, sociales y psicológicas, por tal motivo se consideran una situación de catástrofe. Aunado a que la mayoría de las mujeres afectadas son de un medio socioeconómico bajo. En el caso de México, los 100 municipios de menor índice de desarrollo humano se encuentran en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nayarit y Oaxaca.

Que destaca que la mejor herramienta que debemos proporcionar a nuestros adolescentes indígenas,  a efecto de evitarles, embarazos no planeados es la; planificación familiar, por todo ello los responsables de aplicar las políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo federal en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y hacerlo una realidad para las y los adolescentes oaxaqueños indígenas en el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud para que al implementar las políticas públicas en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país lo hagan  en su lengua materna de cada etnia.

Notas:

1 Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

2 Fuente: Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en adolescentes  2013-2018.

Dado en el salón de sesiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 8 de octubre de 2015.— Diputados: Antonio Amaro Cancino, Álvaro Rafael Rubio, Cándido Vitalico Coheto Martínez, Yarith Tannos Cruz, Óscar Valencia García, Carlos Sarabia Camacho, Mariana Benítez Tiburcio, David Aguilar Robles (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

ACREDITAN LA LEGAL PROPIEDAD DE LAS TIERRAS, LAS ACTAS DE POSESIÓN EMITIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES O EJIDALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a incluir en las reglas de operación de los programas a su cargo, como parte de los documentos que acreditan la legal propiedad de las tierras, las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales, a cargo del diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jorge Tello López, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En México a grandes rasgos tenemos dos grupos de participantes del agro, uno minoritario, conformado por grandes potentados agroindustriales y otro, por mucho más numeroso, constituido por pequeños productores.

De hecho en nuestro país siete de cada diez unidades productivas agrícolas cuentan con menos de cinco hectáreas, siete de cada diez productores de maíz y seis de cada diez de frijol tienen menos de cinco hectáreas, pero, estas pequeñas Unidades Económicas Rurales (UER) generan seis de cada diez empleos en el campo.

Como es sabido, desde hace ya más de una década, como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, año con año se destinan recursos al Programa Especial Concurrente (PEC), esto con la finalidad de brindar apoyos a los productores del campo, bajo la visión estratégica de lograr un desarrollo rural sustentable que garantice el bienestar en el medio rural.

Por lo tanto, las reglas de operación de los programas que integran el PEC deberían de preferencia el acceso a los apoyos de los productores en situación económica menos favorable, que tradicionalmente han estado marginados y en muchos casos se encuentran en áreas rurales aisladas de escasa infraestructura.

Pero la realidad es otra, el 73% de las UER, todas de pequeños agricultores, donde se concentra la pobreza, no reciben apoyos o subsidios, están excluidos de los programas y beneficios del PEC.

En contraparte, el 80% de los apoyos que se ofrecen por medio de los programas que se encuentran en el PEC se lo llevan los productores con mayores recursos económicos, empresarios que cuentan con el personal capacitado para gestionar los apoyos, que habitan en zonas urbanas donde es sencillo tramitar el registro de las tierras ante el Registro Público de la Propiedad.

Como parte de las dificultades que enfrentan los pequeños productores para acceder a los programas del PEC, lo tenemos en la exigencia que se le impone, como requisito indispensable, el de contar con un título de propiedad privada debidamente notariado, registrado en el Registro Público de la Propiedad.

Si revisamos las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 28 de diciembre de 2014, encontraremos que la fracción LXXXIX del artículo 1o. a la letra señala:

“Artículo 1. Para los efectos de las presentes Reglas de Operación y de su aplicación, se entenderá por:

...

LXXXIX. Documento que acredite la legal propiedad.- Para este efecto se considerará Contrato de Compra venta, donación, donación en pago, adjudicación emitida por autoridad judicial y permuta. El documento deberá estar pasado ante fe de fedatario público e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y, en su caso, ante el Registro Público Marítimo Nacional, o en su caso la Factura del bien a nombre del beneficiario;”.

El que dichas Reglas de Operación para acreditar la legítima posesión del terreno agrícola solo tome en cuenta un título de propiedad privada notariado, implica desconocer que en nuestro país y como fruto de las luchas sociales contamos con varios regímenes de propiedad para la tierra agrícola.

Como parte de los pequeños productores, que en varios casos como ya dijimos se encentran en zonas rurales de difícil acceso, tenemos a los que trabajan bajo el régimen comunal o ejidal, y tienen todo el derecho de acceder a los programas que el PEC contempla para el campesinado.

Lo anterior, además de privar a los comuneros y ejidatarios de los apoyos del PEC y que por virtud de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable deberían de estar a su disposición, es una política discriminatoria que atenta contra sus derechos humanos, por lo mismo, contraría al último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que a la letra dice:

“ Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otraque atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

En otro orden de ideas, entendemos que las reglas de operación de los programas emanados de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable deban de contener candados que impidan el que personas sin escrúpulos bajen recursos, argumentando ser parte de la población objetivo, sin que en realidad lo sean, pero, también la autoridad debe de tener en cuenta que si bien en las ciudades el tener un título de propiedad sobre el terreno del que se es legítimo dueño suena como algo elemental y fácil de obtener, en el medio rural puede implicar transados a grandes distancias y gastos onerosos que difícilmente pueden solventar los pequeños agricultores.

Por lo tanto, requerimos por una parte blindar contra los malandrines a los programas del PEC y por la otra, facilitarles a ejidatarios y comuneros el poder acceder a los apoyos y subsidios que por su calidad de productores agrícolas tienen derecho a recibir.

Por lo anterior, proponemos que en las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, para acreditar la legal propiedad de las tierras, los ejidatarios y comuneros puedan presentar las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales.

Lo anterior tiene su lógica y fundamento jurídicos en la fracción VII del décimo párrafo del artículo 27 de la CPEUM, misma que en el primero y sexto párrafo señalan que:

“VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

...

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.”

De tal manera que el comisariado es el mandatario de la asamblea general, órgano máximo del ejido, por consiguiente, está facultado para otorgar las constancias de posesión, a las cuales se les debe de reconocer valor probatorio, sobre todo por la autoridad encargada de apoyar a los productores agrícolas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que en las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio fiscal 2016, se incluya como parte de los documentos que acreditan la legal propiedad de las tierras las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales, según sea el caso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Jorge Tello López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

SITIOS PROTEGIDOS POR LA CONVENCIÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conanp a inscribir el humedal de Tláhuac en la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Xóchitl Hernández Colín, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del ambiente y la vida asociada a él. Ejemplos de humedales son los manglares, ciénagas, turberas, marismas, esteros, y si bien generalmente se encuentran en áreas silvestres, todavía en algunas partes podemos encontrar algunos que han sobrevivido a la urbanización, quedando insertos en pueblos e incluso ciudades. Como muestra de estos humedales que se han salvado de la vorágine inmobiliaria tenemos en la capital de nuestra nación a los humedales de Xochimilco y Tláhuac.

El humedal de Tláhuac se localizan en una zona compartida por la delegación Tláhuac, del Distrito Federal, y el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México y una de las pocas reservas de agua que quedan en el valle de México.

El humedal de Tláhuac forma parte del antiguo sistema de lagos de la cuenca de México, y más específicamente, es un remanente del lago de Chalco. Dependiendo de las condiciones climatológicas, la extensión del humedal alcanza entre 400 y 800 hectáreas y es el refugio de más de 25 especies de animales, entre aves, mamíferos, reptiles y peces.

Como ecosistema, la importancia de la vegetación lacustre en el humedal de Tláhuac es elemento de importancia que debemos tener en cuenta ya que es factor determinante en el control del ciclo hidrológico, la conservación de especies animales, de las áreas verdes periféricas a la ciudad y regulador de las avenidas pluviales.

En cuanto a la fauna, dentro del grupo de los reptiles y anfibios del lago de México, se tienen cinco especies de ranas y sapos, cuatro de axolotes, siete de serpientes de agua y tres de tortugas. En tanto, las aves acuáticas son mayoritariamente migratorias, y utilizan los grandes lagos del altiplano mexicano como sitio de refugio invernal, generalmente entre los meses de noviembre a marzo. Este diverso grupo de animales incluye 22 especies de patos, gansos y cisnes, 3 especies de pelícanos y cormoranes, 10 especies de garzas y cigüeñas, 4 especies de macáes, 19 especies de chorlos y chichicuilotes y 9 especies de grullas, gallaretas y gallinetas de agua.

De tal forma que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), cuando hace referencia al humedal de Tláhuac sostiene que “Al igual que Xochimilco y Texcoco, es uno de los últimos ambientes que pueden dar alimento y refugio a una gran variedad de aves acuáticas. ... Es un refugio para especies acuáticas que residen o pasan el invierno en el Valle de México. Hay poblaciones de Anas platyrhynchus diazi y de Calidris bairdi. Hasta el momento se han registrado 108 especies de aves donde 64 (59.3%) están directamente asociadas al ambiente acuático y 44 (40.7%) terrestres. Se ha podido comprobar que 31 especies se reproducen en la zona, 13 de ellas son acuáticas, ocho especies se encuentran en alguna categoría de riesgo (NOM-ECOL-059). Varias especies de playeros llegan a tener a tener números poblacionales similares a los reportados para el lago de Texcoco. En este humedal, se llegan a contar de 20, 000 aves acuáticas en un solo día Xochimilco, aunque en conjunto, estos dos humedales son los últimos para el D.F. como entidad federativa.”

Continuando con lo dicho por la Conabio, esta institución incluye al humedal de Tláhuac dentro de su programa de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), con el nombre de Ciénega de Tláhuac, siendo el AICA 37, he identificando 136 especies de aves, de las cuales una se encuentra amenazada (avetoro norteño), otra en peligro de extinción (mascarita transvolcánica), y cinco sujetas a protección especial, además de tres especies endémicas.

De consideración también es el hecho de que el sistema chinampero que hasta nuestros días ha subsistido en Tláhuac y Xochimilco es sumamente efectivo para regular los picos de precipitación pluvial, evitando inundaciones que afecten áreas urbanas y como ya mencionamos, Tláhuac es una de las pocas reservas de agua que quedan en el valle de México.

Este cuerpo de agua es sitio de agricultura sustentable con base a técnicas prehispánicas de alta productividad como el cultivo en chinampas o por medio de los numerosos canales que salen del lago y que riegan la zona dedicada a la agricultura, misma que cuenta con alrededor de 500 hectáreas.

Además, el humedal de Tláhuac no sólo tiene importancia ecológica y agrícola, ya que su vertiente social es digna de tenerse en cuanta y de hecho a nivel internacional es valorada.

El humedal de Tláhuac es parte de un sitio declarado Patrimonio Mundial Cultural y Natural, y estos lugares a decir de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNECO, por sus siglas en inglés) son un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una función de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras. La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una perdida invaluable para la humanidad entera.

El que un lugar natural o construido por los seres humanos entre a la lista de del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como es el caso del humedal de Tláhuac no queda en una simple declaración retorica sin importancia legal, ya que tiene la implicación de que dicho lugar jurídicamente está tutelado por la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (CPPMCN) de 1972, de la cual nuestro país es Estado signante, como consta en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) del día 2 de mayo de 1984.

El que México se orgulloso poseedor de 31 sitios considerados patrimonio de la humanidad, entre los que se encuentra el que da motivo a este escrito, crea un compromiso moral en el sentido de conservar en el mejor estado posible estos bienes, además y más importante, crea un compromiso jurídico, que obliga a todas nuestras autoridades, en los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes de la federación a conducir sus acciones conforme a lo mandatado en la Convención referida.

Así vemos que la CPPMCN mandata que se adopten las medidas para la conservación de los sitios patrimonio de la humanidad. El artículo 5 en su inciso d) a la letra señala:

“Artículo 5 Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible:

d) Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y”

Para el caso que nos ocupa, es importante destacar que desde el año de 1987, los humedales de Tláhuac al igual que los de Xochimilco son parte de un sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo mismo están protegidos por el CPPMCN y se tiene la obligación de efectuar todas las medidas posibles para su preservación.

En otro orden de ideas, en lo referente al marco jurídico interno, a pesar de la importancia que representan los humedales como ecosistemas y lugares que proveen un gran número de servicios ambientales, en México no contamos con una legislación que sea específica para los humedales, sin embargo, si contamos con leyes, reglamentos y normas que tienen en alguna medida incidencia en la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de estos sitios.

De entrada, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es aplicable a la mayoría de los humedales, que sería el caso del humedal de Tláhuac, además de ser aplicable la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, norma que en su artículo 88 a la letra señala:

“Artículo 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico;

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico;

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos, y

IV. La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten dichos recursos.”

De lo anterior se desprende que la ser un cuerpo de agua de la federación es competencia de la Semarnat el conservarlo y vigilar que continúe con sus importantes funciones ecológicas y sociales.

En otro orden de ideas, es en los tratados internacionales suscritos por México donde encontramos el instrumento jurídico específico para proteger los humedales, siendo este instrumento la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, mejor conocido como Convención Ramsar.

Esta convención sobre los humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la localidad iraní de Ramsar, situada a orillas del Mar Caspio, pero, por haber sido firmado en dicha ciudad, coloquialmente es conocido como Convención Ramsar.

Es interesante constatar que la fecha en que se aprueba la Convención es anterior a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, de junio de 1972, parteaguas en la historia mundial del movimiento ambientalista. Esto no es producto de la casualidad, sino que es el resultado de la importancia que tiene para los seres humanos los humedales, ya que no son tan sólo ecosistemas importantes para la flora y fauna, sino que, son también lugares que provén a la sociedad servicios ambientales indispensables, de hecho, la Convención Ramsar es de los primeros instrumentos internacionales que nos han permitido transitar hacia la búsqueda del desarrollo sustentable.

Si bien el nombre de la Convención nos remite a la conservación y el uso racional de los humedales, sobre todo como hábitat de tales aves, con los años la Convención ha ampliado su alcance de aplicación hasta abarcar la conservación y el uso racional de los humedales en todos sus aspectos, reconociendo que estos lugares como ecosistemas son extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, de tal forma que dicho instrumento internacional, también es conocido de manera informal como “Convención sobre los Humedales” y se ha propuesto el cambio en el nombre, propuesta que no ha prosperado por las dificultades prácticas que conlleva el enmendar el propio tratado tan sólo para cambiarle el nombre.

México se adhiere a la Convención Ramsar el 20 de diciembre de 1984 (D.O.F. del día 24 de enero de 1985), y entrando en vigor con plena vinculación para nuestro orden jurídico el 4 de julio de 1986. Por lo mismo, nuestro país se compromete a proteger los humedales que él mismo ha señalado para su inclusión en la lista de Sitios Ramsar.

Dentro de las obligaciones que adquieren los estados firmantes de la Convención está la designar “humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en la Lista” (Artículo 2.1), siendo los idóneos los de importancia en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos, esto con la finalidad de promover su conservación.

De conformidad con la convención las partes contratantes tienen el deber de incluir las cuestiones relativas a la conservación de los humedales en sus planes nacionales de uso del suelo, a la vez de elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca, en la medida de lo posible, “el uso racional de los humedales de su territorio” (Artículo 3.1 del tratado).

Entonces, por ser nuestro país parte de la Convención Ramsar, tenemos un instrumento internacional idóneo para proteger los humedales que necesitamos proteger, como es el caso del humedal de Xochimilco. Ahora bien, en el mismo caso que está Xochimilco y que llevó a México a pedir que se considerara un Sitio Ramsar está el humedal de Tláhuac, mismo que a la fecha no cuenta con este beneficio.

Para inscribir un humedal en la Convención, es necesario que el estado parte por medio del órgano que él mismo haya designado ante la propia Convención como “Autoridad Administrativa” lo solicite y efectué los trámites administrativos correspondiente, es decir, realice el trámite burocrático.

En el caso de nuestro país y por efectos de la fracción XIV; del artículo 70, del Reglamento Interior de la Semarnat, es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la instancia con la importante responsabilidad de fungir como “Autoridad Administrativa” ante la Convención Ramsar.

La Conanp, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y está a cargo de la administración de las Áreas Naturales Protegidas, también es responsable de instrumentar los Programas de Desarrollo Regional Sustentable, no sólo en Áreas Naturales Protegidas, sino en otras Regiones Prioritarias para la Conservación que no cuenten con un decreto de protección.

Entonces, tenemos un instrumento internacional idóneo para proteger los humedales que necesitamos proteger, como por ejemplo, el humedal de Xochimilco, ahora bien, en el mismo caso que está Xochimilco y que llevó a México a pedir que se considerara un Sitio Ramsar está el humedal de Tláhuac, mismo que a la fecha no cuenta con este beneficio.

Todo lo anteriormente escrito viene a colación porque actualmente el humedal de Tláhuac se ve amenazado por el deterioro ambiental y el crecimiento de la zona urbana de la ciudad de México. Hasta el momento, han mostrado preocupación ante la eminente desaparición del humedal en cuestión la comunidad académica cuyo objeto de estudio es el medio ambiente y los ejidatarios de Tláhuac, cuando debería de ser un asunto que preocupara a todos los mexicanos.

Así pues, a los ejidatarios de Tláhuac les preocupa el evidente deterioro de este humedal y consideran que es necesario su designación como Sitio Ramsar, a manera de que se pueda evitar su destrucción y revertir el daño que se ha causado al ecosistema, al tiempo que ofrezca proyectos alternativos de desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos del lugar para los pobladores originales de este lugar.

De tal manera que solicitan a la Conanp, instancia encargada de señalar los Sitios Ramsar de México, designe al humedal del Tláhuac o Ciénega de Tláhuac, como Sitio Ramsar. Por lo anterior, los ejidatarios de Tláhuac, conscientes de las responsabilidades y obligaciones que adquirirían al ser dicho humedal incluido como Sitio Ramsar, solicitan a sus representantes locales y federales su apoyo, para que de forma coordinada gestionen lo necesario para que los humedales de Tláhuac sean incluidos en la lista de Sitios Ramsar.

Esta petición de los ejidatarios es perfectamente congruente con lo que ya estamos obligados como país por efectos de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural con respecto al humedal de Tláhuac. De hecho ya estamos obligados a proteger el humedal de Tláhuac, o Ciénega de Tláhuac, pero, si de manera acertada lo incluimos en la lista de Sitios Ramsar, como afortunadamente ya lo hicimos con Xochimilco, tendremos más y mejores herramientas para dar certeza y garantía jurídica a la conservación de este invaluable patrimonio de la humanidad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que la Ciénega de Tláhuac sea incluida en la lista de sitios protegidos por la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

RESOLVER EL CONFLICTO ENTRE LA EMPRESA DE CALZADO SANDAK, SA DE CV Y SUS TRABAJADORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y otras autoridades de Tlaxcala a efecto de que se den las condiciones para resolver el conflicto entre la empresa de calzado Sandak, SA de CV, y los trabajadores, suscrita por los diputados Araceli Damián González, Ernestina Godoy Ramos y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, Ernestina Godoy Ramos y Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La empresa Calzado Sandak, SA de CV, de la trasnacional Bata, ubicada en Calpulalpan, Tlaxcala, inició operaciones en julio de 1958. En 1974, el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak (SUTCS) firmó un contrato colectivo de trabajo con ella, y desde entonces se estableció una relación de entendimiento y cooperación para el desarrollo de una empresa productiva.

El 6 de diciembre de 2010, los directivos de la empresa decidieron llevar a cabo un supuesto reajuste de personal y el desmantelamiento de las dos terceras partes de la maquinaria instalada sin dar aviso alguno al sindicato y a los trabajadores, esto significaba dejar en el desempleo a más de 450 personas. La empresa los invitaba a través de comunicados a liquidarse y condicionaba el pago de salarios a la firma de renuncia voluntaria. La planta siguió en operaciones hasta el 17 de diciembre cuando se cerró por vacaciones hasta el 31 de ese mes; sin embargo ya no pagaron los salarios de esa quincena ni el aguinaldo correspondiente.

Como no hubo diálogo con el sindicato, se emplazó a huelga ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (JLCA-T), al cual se le asignó el número de expediente E.D.H. 112/2010-6. Presionada la empresa reabrió las puertas en enero del 2011 con 263 trabajadores, a cambio del desistimiento de huelga. En acuerdo del 23 de junio, la empresa prometió mantener la fuente de empleo y los trabajadores se comprometieron a elevar su producción y calidad, lo cual fue cumplido y reconocido por la empresa.

A pesar de lo anterior, el 10 de julio de 2011 la empresa cerró la fuente de trabajo sin que en ningún momento acreditara legalmente los motivos que establece la Ley Federal del Trabajo para poder dar por terminadas las relaciones laborales y el propio contrato colectivo de trabajo. Llegó a la planta personal y equipo de transporte para desmantelar la maquinaria con la intención de cerrar las áreas de producción que quedaban, nuevamente actuando al margen de la ley, y los trabajadores defendieron su fuente de empleo y evitaron el saqueo. En consecuencia operó un despido injustificado de todos los trabajadores.

Ante el cierre de la planta, el SUTCS presentó un emplazamiento de huelga ante la JLCA-T, la cual lo archivó sin razón legal alguna; mientras, la empresa avisó al IMSS que había cerrado y le requirió negar el servicio médico a los trabajadores de la empresa. Después de tres negativas de la JLCA-T de admitir el emplazamiento a huelga del SUTCS, el 22 de agosto del 2011, lo admite y registra con el expediente E.D.H. 81/2011-6; por lo que, el 29 de agosto de 2011, a las 18:40 horas, se estalla la huelga, y la Junta ordena un inventario y sella las puertas de la planta.

El 21 septiembre 2011, la JLCA-T declara inexistente la huelga, por lo que, el SUTCS promueve un amparo en el cual se resuelve que la huelga es legal, ya que, el Sindicato había cumplido con los requisitos que la ley establece para ello. La empresa impugnó esta resolución.

En junio de 2012 se venció la toma de nota del Comité Ejecutivo del Sindicato, por lo que, solicitó su actualización para el período 2012-2014; la cual fue negada por la JLCA-T sin razón legal alguna y sin que hasta la fecha la haya emitido. Con esta resolución, en los hechos, la JLCA-T disolvió al sindicato, dejando a los trabajadores en la indefensión. Esto constituye una violación a los artículos 2o., 3o. y 4o. del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, pues al cancelar el registro sindical por vía administrativa se eliminó su derecho humano de asociación sindical y la posibilidad de defender sus derechos.

En agosto de 2012, el tribunal colegiado del 28 circuito (TCC) resuelve que la huelga es inexistente; el 9 de ese mes, la JLCA-T notificó al SUTCS la resolución de inexistencia de la huelga. Acorde con esa resolución, la planta debería abrir y reanudar operaciones dentro de las siguientes 24 horas, por lo que, los trabajadores se presentaron para tal efecto en ese término. El SUTCS informó a la JLCA-T que se incorporaban a sus labores y le solicitaron que dictara las medidas convenientes a fin de reanudar el trabajo suspendido; la JLCA-T no respondió ni atendió la petición sindical y la empresa a la fecha se niega a cumplir la ley y la resolución que ordena la reapertura de la planta.

El 20 de agosto de 2012, un representante de la empresa acudió a la planta con personal de seguridad, quienes pretendieron tomarla y sacar la maquinaria; entre golpes y empujones hirieron a varias trabajadoras, entre las que se encuentran, Yolanda Franco Espinoza, María Luisa Hernández Moreno y Margarita Maravilla Sánchez, quienes fueron trasladadas al área de urgencias del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Calpulalpan. El 19 de octubre de 2012, fallece María Luisa Hernández Moreno quien era diabética y no pudo reponerse de las agresiones por falta de atención médica y medicamentos, debido a que la empresa la había dado de baja ante el IMSS, al igual que a los demás trabajadores.

Toda vez que la empresa se negó a reabrir la planta, el 20 de agosto de 2012, se presentó emplazamiento a huelga por violaciones al Contrato Colectivo del Trabajo (CCT), al cual la JLCA-T le asignó el número de expediente E.D.H. 75/2012-6, el 14 de septiembre de 2012 la Junta archiva el expediente ante la imposibilidad del SUTCS de exhibir la toma de nota precisamente porque la Junta se la había negado.

El 18 de septiembre de 2012, la JLCA-T notificó al sindicato que la empresa dio por terminada la relación de trabajo con todos los trabajadores a su servicio, el SUTCS le responde que ello era improcedente e ilegal, pues la empresa se negó a la reapertura. Los trabajadores mantuvieron su plantón defendiendo su derecho a huelga, mientras esperan la resolución del TCC para que reconozca la legalidad del SUTCS.

El 8 de febrero de 2015, la empresa pretendió desalojar a los trabajadores que mantenían su plantón fuera de la planta con lujo de violencia. El 10 de marzo de 2015 ingresan en la planta transportes para sustraer maquinaria y nuevamente es detenida por los trabajadores en plantón. El 23 de marzo de 2015, se presentó un grupo de golpeadores de la empresa, respaldados por granaderos del gobierno estatal, por lo que ante el temor de que fuera usada la fuerza en su contra, los trabajadores optaron por no oponer resistencia, llevándose a cabo el saqueo de la maquinaria de la planta, que representa los créditos laborales de los trabajadores, que hasta la fecha no se han liquidado y exigen la reapertura de la planta.

El 13 de agosto se presenta nuevamente la empresa acompañada de un fuerte grupo de policías estatal y ministerial que llegaron amenazando y golpeando a quien se interpusiera o pretendiera evitar que retiraran equipo o grabara los hechos, por lo que los trabajadores no pudieron evitar el saqueo de la última maquinaria.

El 17 de agosto de 2015, la Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Tlaxcala, coordinaron acciones en contra de los trabajadores a pesar de que la conducta de ellos se ha limitado a esperar en las puertas de la empresa la apertura de la misma y la solución del conflicto. Esta presencia fue indebidamente considerada como un despojo y con base en esto se dictaron órdenes de aprehensión en contra de nueve miembros del comité sindical y se encarceló al secretario general, Gustavo Labastida Adriano. El juez primero de lo penal del distrito judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala, relativo a la causa penal 229/2014, que ordenó la detención, fijó una fianza de 44 millones de pesos. La empresa transnacional zapatera más grande del mundo ha sido clara con los trabajadores: “la cancelación del contrato colectivo y la renuncia al sindicato a cambio de su libertad”.

El caso de Sandak se circunscribe dentro de una política que desde hace más de treinta años ha caracterizado al estado mexicano, la cual consiste en el desmantelamiento de la planta productiva nacional, de agresión sistemática a la pequeña y mediana empresa, de ataque al sindicalismo libre y de protección de los oligopolios en detrimento de las economías locales.

Con base en lo expuesto, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobernador de Tlaxcala, ciudadano Mariano González Zarur, para que someta a la empresa al orden legal y se generen las condiciones de diálogo necesarias entre Calzado Sandak, SA de CV, y sus trabajadores, con la finalidad de que se reabra su fuente de empleo.

Segundo. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que su actuación se apegue a derecho y otorgue la toma de nota de la mesa directiva del Sindicato Único de Trabajadores de Sandak.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, a través de su titular, licenciada Alicia Fragoso Sánchez, para que se desista de la acción penal en contra de los trabajadores de Sandak quienes se han limitado únicamente a ejercer su derecho humano a un trabajo digno y a la libertad de asociación.

Cuarto. Se exhorta al Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala para que indique al Juzgado Penal del Distrito de Sánchez Piedras, Tlaxcala, para que promuevan acciones que lleven a la cancelación de las órdenes de aprehensión de los nueve miembros del Comité Sindical de Sandak y se libere al trabajador y secretario general del sindicato, Gustavo Labastida Adriano, todos ellos afectados con el cierre de la empresa Sandak.

Quinto.Se exhorta al pleno del Tribunal Superior de Justicia y a sus Magistrados para que se pronuncien sobre el amparo en revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito del vigésimo octavo circuito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre 2015.— Diputados: Araceli Damián González, Ernestina Godoy Ramos, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

SUSPENDA LA FIRMA DEFINITIVA DEL MISMO, A FIN DE DETERMINAR LOS RIESGOS Y EVENTUALES BENEFICIOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Economía a difundir la información del Acuerdo de Asociación Transpacífico y suspender su firma definitiva para determinar los riesgos y los eventuales beneficios, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 5 de octubre, por medio de un boletín de prensa, la Secretaría de Economía dio a conocer que su titular, Ildefonso Guajardo Villarreal, y sus homólogos de los países que integran el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés Trans-Pacific Partnership) anunciaron en Atlanta, Georgia, la conclusión de las negociaciones de este ambicioso acuerdo comercial.

Se estima que, en conjunto, las naciones firmantes Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam representan 40 por ciento del PIB mundial, aportan 72 por ciento del comercio exterior de México, y son el origen de más de la mitad 55 por ciento de la inversión recibida por el país desde 1999. Por eso, el presidente Peña Nieto celebró la terminación de las negociaciones que, dice, se traducirá en mayores inversiones y mejores empleos.

A juicio del secretario de Economía, el desenlace de la negociación fue posible gracias a la voluntad política, pragmatismo y flexibilidad de cada una de las partes interesadas en establecer amplitud y estándares comerciales nunca antes alcanzados, lo que pone a México a la vanguardia en la materia.

Según Guajardo, el acuerdo abre nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo mexicano en seis mercados de Asia-Pacífico (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam), la región que registrará el mayor crecimiento económico en los próximos veinticinco años. Además, considera que fortalece la integración de las cadenas productivas de México, Estados Unidos y Canadá, contribuyendo a la meta de convertir a América del Norte en la región más competitiva del mundo. Por otro lado, consolida el acceso preferencial a los mercados de Chile y Perú, socios comerciales prioritarios de México en América Latina; y profundiza las preferencias de acceso al mercado de Japón.

Agrega que como resultado de arduas negociaciones, México logró los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas como la cadena autopartes-automotriz, textil-vestido y productos agropecuarios como, arroz, productos cárnicos, y el sector lácteo.

Igualmente, hizo hincapié en que el cierre de la negociación fue posible gracias al acompañamiento por parte de las dependencias federales involucradas en la negociación y las consultas permanentes con representantes de los sectores productivos mexicanos, a través del llamado “cuarto de junto”.

En Morena, todas esas consideraciones del Ejecutivo y los del “cuarto de junto”, que hemos escuchado cada que anuncian un “avance” en sus estrategias, nos ponen en alerta, porque en el fondo conllevan nuevas disposiciones que ponen en riesgo a la soberanía del pueblo de México sobre sus bienes, sobre sus recursos naturales, sobre nuestra cultura, en fin, en contra de nuestras condiciones de vida y ponen en riesgo el futuro de las nuevas generaciones de mexicanos.

Es increíble la prisa del gobierno de Peña representado por el señor Guajardo para acordar términos que ponen en riesgo las condiciones de vida de los mexicanos. Conviene recalcar que en un país realmente democrático, sería inaceptable la secrecía con la que se condujo el equipo negociador.

Incluso, días antes, en un artículo que reprodujo el diario La Jornada, el premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, llamó la atención sobre aspectos incluidos en la negociación, que no debieron ser incluidos en este acuerdo: el relativo a las reglas de origen, la ampliación de los plazos de exclusividad a las patentes y en particular lo relativo a los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados, en los que se proporcionan todas las garantías a las trasnacionales, en contra de los países receptores.

Los argumentos del secretario de Economía reiteran la visión “inocente” –o perversa- de los funcionarios mexicanos en las relaciones con el exterior, argumentando que se va a tener relación con la región más dinámica de los próximos 25 años. Lo que no toma en cuenta es que esas regiones crecen porque tienen mercados, como seguramente esperan lograr en el caso de México.

Ya nos sucedió en la primera década del siglo, cuando México, junto con Estados Unidos, fueron el mercado que permitió la capitalización y el acelerado crecimiento de la economía china. La desindustrialización que afectó a la economía estadounidense, que en el caso de México se reflejó en el cierre de maquiladoras y un alto desempleo en la frontera, fueron el resultado de los acuerdos comerciales firmados a toda prisa, irresponsablemente y a espaldas de los mexicanos.

Como todos sabemos, en el caso de Estados Unidos, eso no impactó de manera grave en las condiciones de vida. Sí se redujo el empleo industrial, si se deterioró el nivel de vida de sus sectores medios, pero ese país impone sus condiciones, su moneda es referente universal y todavía encuentra dónde obtener materias primas baratas –como el petróleo mexicano- y mercados y tiene muchas ventajas en el manejo de su deuda.

No es el caso de México, desafortunadamente. Nosotros debemos analizar cuidadosamente cada uno de los detalles que acordó el señor Guajardo. Nos oponemos a una firma precipitada.

Por lo anteriormente expuesto, presento los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta soberanía exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través del secretario de Economía, a la brevedad haga pública la información pormenorizada de cada uno de los rubros económicos del acuerdo denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés Trans-Pacific Partnership).

Segundo. En tanto no se divulguen públicamente los riegos y eventuales beneficios de ese acuerdo y se lleve a cabo una consulta amplia de todos los ciudadanos, se suspenda la firma definitiva del mencionado acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se remite a Comisión de Economía, para dictamen.

PROMOVER ACCIONES AFIRMATIVAS DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE LA SCJN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el Senado de la Republica a promover acciones afirmativas de género en la integración de la SCJN, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Concepción Villa González, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 3o., fracción XIX, 6o., numeral 1, fracciones I, II y IV, 36 numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente propuesta con puntos de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. de la Carta Magna contiene los principios de igualdad y de no discriminación por razón de género, entre otros, lo cual significa que las mujeres tienen derecho a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.

Lo anterior no significa que al encontrarse plasmados esos principios en nuestro máximo ordenamiento, por ese hecho se han traducido en derechos sustantivos, plenos, vigentes; la paridad de género, imprescindible para avanzar en el combate a la desigualdad y violencia contra las mujeres, todavía deberá transitar un largo camino para ser una realidad cotidiana en una sociedad tan desigual como la nuestra.

Por poner un ejemplo, en el Poder Judicial federal, sólo diez mujeres han sido designadas Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de sus once integrantes actuales, sólo dos son mujeres (Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y Margarita Beatriz Luna Ramos); del total de jueces, sólo han sido designadas 84 juezas y 148 magistradas, lo cual se corresponde con porcentajes de apenas 21.4 y 19 por ciento, respectivamente.

Segunda. Por disposición de ley, específicamente en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra con once ministros, quienes durarán en su encargo quince años.

Además, en el artículo 95 de nuestra Constitución Federal, se dispone lo siguiente:

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

En el párrafo citado, se advierte la intención del legislador de promover que al momento en que designen nuevos integrantes del máximo tribunal de nuestro país, se reconozca a personas que se han formado en la actividad jurisdiccional, desvinculadas de influencias políticas que puedan afectar su imparcialidad, comprometidas con la justicia a la cual aspiran los pueblos democráticos.

Tercera. En consonancia con lo anterior, para la designación de nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 96 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, se considera que el presidente de la república “someterá una terna a consideración del Senado”, para que, previa comparecencia, ese órgano legislativo designe a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuarta. En este orden de exposición, resulta conveniente señalar que el próximo 30 de noviembre del año en curso, concluye el periodo para el cual fueron designados la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y el ministro Juan N. Silva Meza.

Quinta. Por lo anterior, en un contexto de alta crispación social y severas críticas ciudadanas al ejercicio gubernamental, resulta imprescindible que el presidente de la República, en un gesto de madurez y seriedad políticas, proponga al Senado de la República una terna de candidatas y candidatos que destaquen por su trayectoria jurídica y se hayan distinguido por la eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia.

Para que, los integrantes del Senado de la República, en su momento, consideren que quienes pueden sustituir en su encargo a los ministros apenas mencionados, sean mujeres con una trayectoria profesional y sólida en el poder judicial federal, preferentemente.

Lo anterior es necesario, sobre todo si se considera que el máximo tribunal de nuestro país ha sido históricamente integrado en su mayoría por hombres. Así, en tiempo de que se envíen mensajes claros a la sociedad, donde no quepa duda de que las acciones afirmativas de género permearan todos y cada uno de los espacios de responsabilidad.

Esta sería una manera inequívoca de materializar sustantivamente las acciones afirmativas de género al más alto nivel de responsabilidad en nuestro país, tan necesitado de promover la igualdad a que se refiere el artículo 1o. Constitucional Federal.

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al presidente de los Estados Unidos Mexicanos a que conforme con sus atribuciones y facultades, en consonancia sustantiva con las acciones afirmativas de género, presente al Senado de la República una terna integrada por mujeres que se hayan distinguido por su trayectoria en el Poder Judicial Federal, en relación con la conclusión del periodo para el cual fueron designados la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y el ministro Juan N. Silva Meza.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al honorable Senado de la República, para que conforme con sus atribuciones y facultades, en consonancia sustantiva con las acciones afirmativas de género, designe a dos mujeres que se hayan distinguido por su trayectoria en el Poder Judicial federal, en relación con la conclusión del periodo para el cual fueron designados la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y el ministro Juan N. Silva Meza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputada Concepción Villa González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LOS PRÓXIMOS NOMBRAMIENTOS DE MINISTROS DE LA SCJN, SE HAGAN CON BASE EN CONSIDERACIONES DE CARÁCTER PROFESIONAL Y EN LA INTEGRACIÓN DE GÉNERO DE DICHO ÓRGANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a basar los próximos nombramientos de ministros de la SCJN en consideraciones de carácter profesional y en la integración de género de dicho órgano, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Vidal Llerenas Morales, Diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes. Lo anterior bajo los siguientes

Consideraciones

Primera. En los próximos días, el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado de la República, las ternas de candidatos para sustituir a la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Meza, debido a que están por terminar su encargo.

De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República debe someter  una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Y, en caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el titular del Ejecutivo.

Segunda. La Suprema Corte de la Nación, SCJN, ha sido una institución fundamental en el desarrollo de nuestra democracia. En su calidad de máximo tribunal constitucional del país y funge como cabeza del Poder Judicial de la federación, tiene atribuciones claves para la convivencia entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno y es el órgano encargado de impartir justicia en última instancia. Esto último adquiere mayor relevancia a la luz de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

En este sentido, la SCJN, como garante de los derechos fundamentales de todas las personas, requiere de una integración que respalde la materialización de tal objetivo. Durante los últimos años, la SCJN se ha pronunciado en asuntos de amplia trascendencia social, dando con ello, muestras de su interés en garantizar a todos los habitantes del país, el más amplio goce de sus derechos humanos.

De ahí la importancia de que los nuevos integrantes de la SCJN sean elegidos conforme a los más estrictos estándares de formación y experiencia profesional, independencia e imparcialidad. El proceso de designación debe ser lo más abieto y transparente posible, evitando toda sospecha de la existencia de posibles conflictos de interés de los y las candidatas. Y sobre todo, debe evitarse que se incluya a los militantes de partidos políticos o amistades de personas involucradas en el proceso de designación. Ya un amplio grupo de ciudadanos, se han manifestado a través de la plataforma change.org por una SCJN “sin cuotas ni cuates”.

La realidad mexicana requiere de un poder judicial independiente, autónoma y neutral, en el que la SCJN sea cada vez más sólida y esté alejada de la partidización en su conformación para poder enfrentar los conflictos entre poderes y fungir como garante de los derechos de todas y todos.

Tercera. Debido a que uno de los relevos que tendrán lugar será el de una de las dos únicas mujeres Ministras, es indispensable que los Senadores tomen en cuenta que se debe garantizar la paridad en la integración de la SCJN.

Por todas estas razones, es necesario que se excluya a personas con evidentes conflictos de interés o militancia activa del proceso de designación, y se lleve a cabo un análisis profundo y una discusión abierta acerca del perfil de los integrantes de la terna.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, al Senado de la República, a que los próximos nombramientos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hagan con base en consideraciones de carácter profesional y se eviten perfiles con evidentes conflictos de interés. Además, que consideren el criterio de paridad de género en la integración de dicho órgano.

Palacio Legislativo, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen.