Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Con su venia, presidente. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 434 diputadas y diputados; por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:40 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primr año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 8 de octubre de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

Por el que informa la designación de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, como Consejero Propietario y Consejeros Suplentes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite veinticinco proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Con el que remite proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Cámara de Diputados a nombrar a la brevedad a los contralores internos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica; y para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública revise los recursos que se otorgarán al Instituto Federal de Telecomunicaciones en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

De la Secretaría de Gobernación

Tres oficios con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Iniciativa del Congreso del estado de Querétaro

Con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 123 de la Ley General de Víctimas.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VIII y reforma los párrafos tercero y quinto del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Sen. Ferrnando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o., 38 y 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Ximena Tamariz García y Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por los diputados Cesar Augusto Rendón García y Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la diabetes, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 34 y 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o.de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes.

Que reforma el artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Damián González y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del Partidos Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Carlos Alberto De la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 31 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto, por el que se declara el 19 de noviembre de cada año “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”, a cargo de la diputada Mariana Arambula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un artículo 1-Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona un artículo 1-Bis a La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

66. Que reforma los artículos 6o. de la Ley Agraria y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley Federal para la Erradicación de la De-sigualdad y el Fomento de la Igualdad Económica entre Hombres y Mujeres, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a las secretarías encargas del área agropecuaria de los gobiernos de los estados, para que destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detención, prevención y erradicación del pulgón amarillo del sorgo, a cargo de las diputadas Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que impulse la promoción de acciones de los sectores público, social y privado en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y tratamiento, en materia de enfermedades cardiovasculares para mujeres, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejectivo Federal, de la SCT y del gobierno del Estado de México, a respetar los derechos de propiedad, de las comunidades y legítimos dueños de los predios que serán afectados por las obras de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en el municipio de Chimalhuacán, a cargo del diputado Tomas Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del INM para que se impulse la difusión y expedición de la tarjeta de visitante regional, y se instalen de forma permanente módulos de expedición en los países de Guatemala y Belice, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a fin de investigar y tomar las medidas necesarias para que se declare la alerta de violencia de género en los 125 municipios del Estado de México, suscrito por las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, atender las recomendaciones emitidas el pasado 2 de octubre por la CIDH, de la OEA, suscrito por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que a través del Conapo y del Inmujeres se difundan los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit, para que analice e implemente las acciones necesarias para resolver la problemática que agravia a los trabajadores que adquirieron viviendas entre los años 1991 y 1992, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaria de Salud, para que implemente una campaña nacional contra la desnutrición infantil, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Veracruz a conducirse de manera institucional al otorgar los recursos acordados en convenios y transferencias presupuestadas estatales y federales a la Universidad Veracruzana, suscrito por los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres, en el proceso de designación de ministros de la SCJN, suscrito por las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Cecilia Guadalupe Soto González, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente.

Con punto de acuerdo a fin de instrumentar acciones específicas tendientes a fortalecer el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a la investigación y persecución de los delitos de mayor impacto, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a modificar la denominación jurídica del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un hospital regional de alta especialidad, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas, a implementar las acciones conducentes para la regularización y respeto irrestricto a la legítima propiedad y derecho al que los habitantes del municipio de Tzimol, Chiapas, tienen sobre el predio Santo Domingo Tzimol, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Salud implemente las políticas públicas necesarias en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país, suscrito por los diputados Antonio Amaro Cancino, Mariana Benítez Tiburcio y Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que en las Reglas de Operación de los programas a su cargo, incluya como parte de los documentos que acreditan la legal propiedad de las tierras, las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales, a cargo del diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y al Conanp, para que inscriban al humedal de Tláhuac, en la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Tlaxcala y a otras autoridades de la entidad, para que se den las condiciones a fin de resolver el conflicto entre la empresa de calzado Sandak, SA de CV y sus trabajadores, suscrito por los diputados Araceli Damián González, Ernestina Godoy Ramos y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Economía para que difunda la información del denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico, y se suspenda la firma definitiva del mismo, a fin de determinar los riesgos y eventuales beneficios, suscrito por los diputados Juan Romero Tenorio y Norma Roció Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Senado de la Republica a fin de promover acciones afirmativas de género en la integración de la SCJN, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Senado de la República, para que en los próximos nombramientos de Ministros de la SCJN, se hagan con base en consideraciones de carácter profesional y en la integración de género de dicho órgano, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con motivo del 8 de octubre de 1940, fundación del Colegio de México, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo de los 41 años de la fundación del Estado de Quintana Roo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 8 de octubre, Cuadragésimo Primer aniversario de la conversión de Baja California Sur de Territorio a Estado Libre y Soberano, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 191 aniversario de la toma de posesión de Guadalupe Victoria como primer presidente de México, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas. Estamos en la discusión del acta, le recuerdo a la asamblea.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Gracias. Quisiera intervenir para manifestar mi desacuerdo con el turno que se le dio a un punto de acuerdo que presenté con la idea de exhortar al presidente de la República y al Senado de que no se nomine al senador Cervantes como ministro de la Corte, lo cual es un despropósito para el país.

Fue turnado al Senado y quisiera que se rectifique el turno a la Comisión de Justicia de esta Cámara, para que en esta Cámara se pueda discutir el despropósito que existe en que se pretenda que un senador de la República sea al mismo tiempo ministro de la Corte. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se registra para que en el momento correspondiente le demos el turno que esta Mesa también compartiría. Estamos en la discusión del acta, les recuerdo, acta de la sesión anterior. Sonido en la curul del diputado Ángel Hernández.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra(desde la curul): Gracias. Buenos días, diputado presidente. He pedido la palabra para dejar testimonio y hacerles mi más extensivo y enérgico extrañamiento y desacuerdo con los comentarios tan desafortunados del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien afirma que nadie puede entrevistar a sus soldados, en el tema de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos, y ha reiterado que no pueden colaborar los miembros del Ejército porque se violarían los principios del debido proceso, y por ende, los derechos fundamentales de los militares, colocándolos en la incertidumbre y vulnerabilidad jurídica.

Hacemos un llamado a que los altos mandos de las Fuerzas Armadas abonen y aporten, que reconsideren su postura y no abonen en detener y entorpecer las investigaciones y recomendaciones que el panel de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a este grave acontecimiento que ha dañado la legitimidad de las instituciones en nuestro país. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sólo les recuerdo que estamos en el punto de discusión del acta, y el tema no está a discusión, el planteado, pero se registran –desde luego– sus expresiones. La diputada Claudia Anaya.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Gracias, presidente. Respecto al orden del día, en el turno 57 el día de hoy está registrada una iniciativa de modificación al artículo 31 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Le quisiera pedir –presidente– que se mandara de sólo turno a la comisión por la emergencia que apremia. Ya van varios descarrilamientos de trenes. Particularmente en Zacatecas la semana pasada se descarriló el tren en zona urbana; hay ya dos personas fallecidas, varios daños materiales a sus pertenencias, a las pertenencias de la zona.

No es el primer accidente ferroviario que se registra en una zona urbana, y esta iniciativa tiene por objeto obligar a las empresas concesionarias a retirar de las zonas urbanas los trenes.

Entonces en ese sentido pedirle que esta iniciativa sea de sólo turno a comisión. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tomamos nota del asunto aquí en la Presidencia, y les reitero que lo que estamos discutiendo es el acta de la sesión anterior; es lo que está a discusión. Sonido en la curul del diputado Sarabia.

El diputado Carlos Sarabia Camacho(desde la curul): Sí, señor presidente, nada más para abonar ahí, para decirle al compañero que en el tema, cuando se refiere al secretario de la Defensa Nacional, esto es falso porque los comandantes de las unidades siempre han tenido la libertad de expresión en la Secretaría de la Defensa Nacional, igual que cualquier Secretaría. Entonces la acusación que hacen al general Cienfuegos, es totalmente falsa.

Yo creo que aquí, en esta soberanía, se nos la oportunidad para ser muy puntuales en lo que hacemos. Así que yo hago un exhorto al compañero a que se conduzca con la seriedad que conlleva a un alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se les reitera el recordatorio de que lo que estamos discutiendo es el asunto del acta de la sesión anterior, y con todo respeto, ninguna de las intervenciones se ha referido a ello.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el debido respeto y para abonar tanto a quienes son miembros de otras fracciones como a los que son miembros de nuestra fracción, el presidente tiene que preguntarnos con qué objeto le estamos pidiendo la palabra, y si no es el objeto que corresponde al tema del orden del día que estamos tratando, pues simplemente no puede hacer uso de la palabra.

Yo creo que eso nos ayudará, antes de que convirtamos la aprobación del acta en materia de debate cuando cada quien defienda su propia postura. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez Marín. Continúe la Secretaría.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura..

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes seis de octubre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos treinta y un diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cinco minutos del martes seis de octubre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Germán Ernesto Ralis Cumplido; Refugio Trinidad Garzón Canchola, ambos de Movimiento Ciudadano; y Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace comentarios.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, por la que informa la designación de legisladores integrantes del Partido de la Revolución Democrática, como Consejeros Propietario y Suplente del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De enterado. Comuníquese.

b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de dos mil quince, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de dos mil catorce, la evolución de la recaudación para el mes de agosto de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que envía las Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios en el periodo comprendido entre primero de abril de dos mil quince y treinta de junio de dos ml quince. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo Séptimo Transitorio de la Reforma Constitucional, en materia de Disciplina Financiera, publicado el veintiséis de mayo pasado, se solicita a la Comisión defina el método para la consulta de esta información. Por lo tanto el anexo correspondiente no se publica.

c) De la Auditoría Superior de la Federación:

• Con la que remite la Cuenta Comprobada correspondiente al mes de Agosto de dos mil quince, que contiene la Aplicación del Presupuesto Ejercido por esta Entidad de Fiscalización. Se remite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.

• Con la que remite el Informe del Cumplimiento de los Objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado dos mil quince (PROFIS). Se remite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para diseñar esquemas de atención profesional inmediata a todos los niños a quienes se les diagnostique algún tipo de cáncer. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la presencia del clembuterol y otros agentes anabólicos en la alimentación del ganado para consumo humano en México. Se remite a las Comisiones de Salud, y de Ganadería, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores:

• Con las que remite veintiséis proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil dieciséis, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Por la que comunica la aprobación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que designa al senador Ismael Hernández Deras, del Partido Revolucionario Institucional, como Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. De enterado. Comuníquese.

• Por la que comunica la modificación en la integración de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Recinto las ciudadanas Carmen Victoria Campa Almaral y María Concepción Valdés Ramírez, diputadas federales electas en la Primera y Quinta Circunscripciones, respectivamente. El Presidente designa una comisión que las acompañe a su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

g) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Que adiciona un sexto párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo treinta y dos-D del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los senadores Dolores Padierna Luna, Rabindranath Salazar Solorio y Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

En su oportunidad y desde su curul la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Partido Movimiento Ciudadano, se suma a la lucha contra el cáncer de mama y solicita apoyo para la prevención y atención de las mujeres con dicho padecimiento. El Presidente hace comentarios.

• Marko Antonio Cortés Mendoza, y suscrita por legisladores del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos treinta y cinco, cuarenta y uno, setenta y tres, y ciento dieciséis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Erika Irazema Briones Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo sexto de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Enrique Zamora Morlet, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cincuenta y dos de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de MORENA, que reforma los artículos cuarenta y seis y Décimo Octavo Transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noveno de la Ley de Expropiación. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

A las doce horas con treinta y nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro cuatrocientos setenta y ocho diputadas y diputados.

• José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cientos sesenta y dos del Código Penal Federal y treinta y uno de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional, para dictamen.

• María Luisa Sánchez Meza, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

• José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del artículo ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Rogerio Castro Vázquez, de MORENA, que reforma el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Manuel Alexander Zetina Aguiluz, de Nueva Alianza, que expide la Ley General de Gestión Escolar para la Educación Pública Básica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Agraria, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la de Desarrollo Rural, para opinión.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Consulta Previa a los Pueblos y Comunidades Indígenas. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Indígenas, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Norma Xóchitl Hernández Colín, de MORENA, que reforma el artículo ciento ocho del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Luis Gilberto Marrón Agustín, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que, a través de sus respectivas Secretarías de Salud, incrementen y fortalezcan los programas de Tamizaje para la detención oportuna del Cáncer de Mama. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo a las diputadas: Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional; Mariana Trejo Flores, de MORENA; Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza; Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México; y Flor Estela Rentería Medina, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo que se solicita procesar con el trámite de urgente u obvia resolución, a las diputadas:

• Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional por el que se exhorta a las treinta y dos Entidades Federativas, a transversalizar la perspectiva de género en sus programas operativos anuales para el dos mil dieciséis. En votación económica se considera de urgente resolución e intervienen las diputadas: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaDaniela de los Santos Torres

Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Concepción Villa González, de MORENA; Sasil Dora Luz de León Villard, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática; Genoveva Huerta Villegas, del Partido Acción Nacional; y Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueban. Comuníquese.

• Natalia Karina Barón Ortiz, a nombre propio y del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de hacer la declaratoria de emergencia en zonas cafetaleras y se establezca un programa de apoyo a los cafetaleros afectados por la plaga de la roya del café. En votación económica se considera de urgente resolución e intervienen los diputados: Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano; Miguel Alva y Alva, de MORENA; Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, del Partido Acción Nacional; y Carlos Barragán Amador, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al acuerdo a los diputados: Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional; Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de MORENA; Marco Antonio Aguilar Yunes, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; y Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que abra otra línea de investigación por el delito de desaparición forzada de personas en perjuicio del ciudadano Manuel Serrano Vallejo. En votación económica se aprueba. Comuníquese. Desde su curul realiza comentarios con relación al acuerdo la diputada Maricela Serrano Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo cuarenta y uno, y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se dé cumplimiento con lo establecido en los contratos de compraventa de productos agrícolas registrados en Agricultura por Contrato para los productores del Estado de Sinaloa. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las evaluaciones que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jorge Álvarez López, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las evaluaciones de los programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, de MORENA, por el que se exhorta al presidente de la República para que acepte en sus términos las peticiones planteadas por los padres de los normalistas, en su reunión del día veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Se turna a la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, para su atención.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que lleven a cabo las acciones necesarias para disminuir y erradicar los focos de contaminación en los ríos San Pedro y San Felipe, del estado de Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, por el que se solicita la creación de la comisión especial de empoderamiento de la familia. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Adriana Terrazas Porras, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, para que en las franjas fronterizas del país, se implementen centros de atención y puntos de apoyo humanitarios que otorguen ayuda a los inmigrantes ilegales. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional, relativo a la instalación de bebederos en las escuelas públicas y privadas de las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Carlos Hernández Mirón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las empresas productivas del estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al Día Mundial del Hábitat. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, Cuitláhuac García Jiménez y Jesús Serrano Lora, de MORENA, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Veracruz a garantizar la fuente de trabajo y el respeto a los derechos laborales adquiridos de los trabajadores del sistema de agua y saneamiento. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García y Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobernador del estado de México, a implementar un programa de vigilancia y verificación en el transporte público de la entidad. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación inicie un proceso de consulta pública entre las organizaciones de la sociedad civil, a fin de conformar una terna de candidatos para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de las entidades federativas y del Distrito Federal, implementen programas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Elva Lidia Valles Olvera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a promover la creación de comisiones ordinarias de cambio climático y la expedición de legislación en esta materia. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática, para redoblar esfuerzos en materia de políticas públicas y programas sociales encaminados a atender a los adultos mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Araceli Damián González, de MORENA, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de investigar y difundir las causas del retraso que presentan los pagos del programa Pensión para adultos mayores, y a realizar las acciones para resolver la problemática. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que emita lineamientos con el objeto de regularizar los automóviles introducidos al país hasta el dos mil quince. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a mantener el fondo fronterizo en apoyo a las fronteras norte y sur-sureste del país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Wenceslao Martínez Santos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a reforzar las actividades de inspección y vigilancia en el Golfo de Ulloa, Municipio de Comondú, estado de Baja California Sur, a fin de evitar la mortandad de la tortuga caguama. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Victoriano Wences Real y Lluvia Flores Sonduck, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobernador del estado de Guerrero a fin de investigar la muerte de niños en el Hospital del Niño y la Madre Indígena, en la ciudad de Tlapa, de esa entidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de MORENA, por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a formalizar la creación de la procuraduría federal de protección de niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas, a fin de incluir en su legislación civil y familiar, altos estándares en materia de derechos humanos, señalados en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Jacqueline Nava Mouett, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar sus marcos normativos a fin de armonizarlos con la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduck y Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Guerrero, a fin de investigar la aplicación de los recursos destinados a la reparación de los daños ocasionados por las tormentas Ingrid y Manuel en dicha entidad, asimismo, se solicita la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento a la aplicación de los recursos destinados a dicho acontecimiento. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Blandina Ramos Ramírez, de MORENA, por la que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que difunda un estudio sobre mercado agroalimentario, así como sus recomendaciones. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la atención médica del licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, en el Hospital Regional Adolfo López Mateos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la realización de estudios de factibilidad que permitan la definición del plan hidráulico del Noroeste. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a reconsiderar la decisión de reservar los recursos de dos mil quince, de los programas Procafe y Pimaf. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional, relativo al pago de adeudos pendientes con productores del país, por parte de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de rehabilitar el camino Tuxtepec-Usila, dañado por las recientes lluvias en la cuenca del Papaloapan. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Ricardo Taja Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de la comisión especial para fortalecer el desarrollo industrial, aprovechamiento integral e intercambio comercial de la palma de coco. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Yahleel Abdala Carmons, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de reconstruir y modernizar la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en su tramo ciento cuarenta y seis, y ciento noventa y tres, en sus cuerpos oriente y poniente. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la protección de la zona de la mariposa monarca en México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su Atención, para su atención.

• Juan Manuel Cavazos Balderas, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de realizar una campaña en materia de uso del celular al manejar. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Pablo Gamboa Miner, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Deporte, para que en coordinación con el gobierno del estado de Yucatán, y los municipios, refuerce las acciones de promoción del deporte a través del mejoramiento de la infraestructura y estímulos deportivos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de llevar a cabo la publicación de la declaratoria de emergencia para los municipios de Loreto, Comundú, La Paz y Los Cabos y liberen los recursos para atender los desastres ocasionados por las lluvias registradas en los meses de septiembre y octubre en el estado de Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

La Presidencia señala, dentro del contexto de la presentación en tribuna de iniciativas de ley o decretos, que los legisladores que deseen adherirse a los mismos, contarán con un plazo determinado para ello, siempre y cuando tengan la autorización de su autor.

El Presidente de la Mesa Directiva, invita a los proponentes de efemérides a entregar a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.

Agotados los asuntos del orden del día, se cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves ocho de octubre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y tres minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día.

COMUNICACIONES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle de la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

Alta Cargo

Diputado Luis Alfredo

Valles Mendoza Consejero propietario

Diputado Francisco Javier

Pinto Torres Consejero suplente

Diputada Carmen Victoria

Campa Almaral Consejera suplente

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Luis Molina Robles (rúbrica), Secretario Ejecutivo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de San Miguel el Alto, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los seis días del mes de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de San Juan de los Lagos, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los seis días del mes de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de Encarnación de Díaz, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a los seis días del mes de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de El Arenal, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de El Arenal, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción Y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de El Arenal, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de El Arenal, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Degollado, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta eje recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Degollado, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la pavimentación de concreto hidráulico del acceso principal del municipio de Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la pavimentación de concreto hidráulico del acceso principal del municipio de Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Degollado, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la pavimentación de concreto hidráulico del acceso principal del municipio de Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador José María Martínez Martínez, del. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de Huejuquilla el Alto, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos B, numeral 1, fracción II, y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Jalostitlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Jalostitlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente a incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Jalostitlán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de Jalostitlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Chimaltitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Chimaltitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Chimaltitan, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de Chimaltitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Ayutla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Ayutla, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de Ayutla, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Amatitan, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de Amatitan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Acatic, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Colotlán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita el respaldo y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreros de Colotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos para la rehabilitación de tramos carreteros del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva su competitividad al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas. La provisión de infraestructura y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en la economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo. La red carretera nacional presenta varias deficiencias, por tal motivo, es importante que se invierta en la ampliación y modernización para elevar su productividad y competitividad de la región.

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo. Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por lo tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorguen al país para crear infraestructura sustentable, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma. Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y servicios conexos asociados representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva así como de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se Por lo anterior se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos para el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la rehabilitación de tramos carreteros de Tenamaxtlán, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a seis de octubre de 2015.— Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de la Federación 2016 autorice recursos relacionados con la educación.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, senador de la República por la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República someto a consideración del pleno:

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de la Federación de 2016:

1. Se autorice un aumento al recurso que se destina a las universidades públicas de los estados integrados en la zona sur-sureste del país, con el objeto de llevar a cabo programas de expansión de la oferta educativa en ingeniería y relacionados, así como el fortalecimiento y modernización del modelo educativo.

2. Se autorice la creación de un centro de altos estudios tecnológicos dependiente de la propia Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con el objeto de llevar a cabo la promoción de patentes que se generarían con implementación de la zona económica especial del istmo de Tehuantepec.

Al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho inalienable de todo individuo: el recibir educación. Asimismo, el Estado mexicano tiene la obligación de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, niveles educativos que hoy en día conforman la educación básica obligatoria.

En este mismo sentido, el artículo 2 de la. Ley General de Educación refrenda el compromiso del Estado para garantizar el derecho que tiene todo individuo de recibir educación y acceso al sistema educativo nacional, por ser ésta una herramienta de progreso y el medio fundamental para acrecentar la cultura y obtener una mejor calidad de vida.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nuestro compromiso con la educación es buscar desde el Congreso de la Unión, elevar a rango constitucional la obligación del Estado mexicano a ofrecer educación gratuita en nivel medio superior y facilitar el acceso de las y los egresados del nivel medio superior al nivel superior.

Considerando que la educación es la herramienta necesaria para el desarrollo personal y profesional de las personas y por ende, el desarrollo de nuestro país; convencidos de que una de las principales tareas y objetivos que todo gobierno debe ser impulsar la educación, a través de programas que fortalezcan el índice de absorción de un ciclo escolar a otro y de un nivel escolar a otro, con los que se abatan el índice de deserción escolar y eliminen el rezago de los estudiantes.

Datos de Education at a Glance 2010 señalan que países como Polonia, Bélgica, Eslovenia, República Checa, Irlanda y Holanda alcanzan una taza de cobertura de educación media superior cercana al 90 por ciento, mientras que México solo alcanza el 66.7 por ciento. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el abandono de las aulas es superior al 40 por ciento de la matrícula y la eficiencia terminal no alcanza el 50 por ciento.

Dentro de los factores que influyen para que los alumnos abandonen sus estudios, ya sea que no se inscriban al siguiente nivelo dejen inconcluso el ciclo escolar, se encuentran los relacionados con los problemas económicos de sus padres, conflictos familiares severos y/o las adicciones.

Otro de los factores que influyen en la deserción escolar, son los problemas escolares de los adolescentes en el transcurso de, su formación académica, en esta categoría encontramos, los referentes a los problemas de conducta y actitud, el fracaso escolar y las bajas calificaciones que se obtienen, así como el reprobar varias asignaturas en el mismo semestre, acompañados de la falta de motivación de la familia y los maestros.

El factor económico es el más recurrente cuando de deserción escolar hablamos, por lo que la falta de apoyos concretos y dirigidos específica mente a este sector de la población da como consecuencia altos índices de deserción y en consecuencia un porcentaje cada vez menor respecto a los índices de absorción de un año escolar a otro o incluso a los subsecuentes niveles académicos.

De esta forma, considerando que los estados de la república que conforman la región sur-sureste del país, es decir, Puebla; Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, se encuentran las localidades con el mayor índice de indicadores de pobreza alimentaria y extrema pobreza es imprescindible que se amplíe la partida presupuestal contemplado para las universidades públicas y evitar con ello la mayor cobertura educativa.

Estas cifras quizá van en contracorriente con el propósito de la cruzada que, de acuerdo con el decreto del Ejecutivo, indican que “está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación”. En promedio, de la población total de los municipios oaxaqueños considerados en la cruzada, apenas el .27 por ciento cumplirían los rangos estipulados para ser considerados como potenciales beneficiarios. De tal suerte que, si su aplicación se generaliza solo en los 133 municipios enlistados podría beneficiar a muchos que no lo necesitarían en primera instancia, desatendiendo a los pobres de otras regiones que no están considerados.

Oaxaca

Ahora bien, en el Plan Nacional de Desarrollo y otros documentos estratégicos propuestos por la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, se establece que la productividad es la variable más relevante para alcanzar el crecimiento económico sostenido:

En ellos se precisa como eje fundamental de las políticas públicas el:

“...alcanzar un México Próspero. En este contexto, la política ejercida por el gobierno de la república se orientó a establecer las condiciones necesarias que permitan aumentar la productividad del país, el crecimiento potencial de la economía y eliminar de manera permanente la pobreza para logra una sociedad más equitativa.”

(Página 341, tercer Informe Presidencial. EPN)

Y además:

“...elevar la productividad del país como medio para incrementar el potencial de la economía y el bienestar de las familias.”

(Página 334, tercer Informe Presidencial. EPN)

El aumento de la productividad, se debe a la mejora de la participación del capital o del trabajo en la producción tanto de bienes como de servicios. En la medición intervienen una serie de factores como capacidad tecnológica, infraestructura, capacitación laboral, nivel educativo de la fuerza laboral, administración eficiente de los recursos entre otros tantos.

2. Irónicamente, en los recientes años, la mejora de la productividad se ha debido a la existencia de una mano de obra con salarios mínimos muy bajos, y a poco avance tecnológico.

En particular en las zona del sur sureste donde la pobreza es mayor y más generalizada que en el norte y centro del país. Entre los rezagos importantes que en este sentido existen, es la baja preparación y capacitación laboral.

Ha quedado claro que la mejora educativa juega una trascendental participación en el aumento de la productividad.

Para el caso de los estados de Oaxaca y del sur sureste, la administración federal actual está presentando un proyecto de ley para ofrecer la construcción de infraestructura por medio de la creación de tres Zonas Económicas Estratégicas (ZEE) de forma tal que se pueda incorporar a la mundialización a los estados de la región.

Pero esto implica la puesta en marcha de una bien dirigida política educativa con el objeto de tener la mano de obra calificada que este reto significa.

En Oaxaca, concretamente en el Istmo de Tehuantepec se pretende desarrollar una ZEE con características industriales, lo que implica tener ingenieros en diversas especialidades de competitividad global. ¿Cómo se van a ofertar?

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) es la institución de nivel medio superior y superior más importante en el Estado de Oaxaca. La misma cuenta con 28 Unidades Académicas, en cuatro regiones del estado.

En la UABJO se imparten actualmente 29 licenciaturas, 6 especialidades, 11 maestrías y 5 doctorados en Escuelas, Facultades e Institutos, las cuales, en su mayoría, se encuentran desarrollando procesos de evaluación con fines de acreditación así como el programa educativo correspondiente al bachillerato.

Los programas educativos de licenciatura y posgrado de la UABJO atienden al 73 por ciento del total de la población escolar de estos niveles, los cuales reflejan la trascendencia de la Universidad en la entidad.

A la fecha, 14 programas educativos tienen reconocimiento de calidad. En estos 14 programas educativos de buena calidad se atiende al 67 por ciento de la matrícula del nivel superior de la Universidad.

A pesar que el subsidio para la UABJO sigue la tendencia de ser la universidad estatal con el menor por alumno del país, cuenta con 22 cuerpos académicos y de acuerdo con los indicadores estatales se demuestra que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca se encuentra posicionada como una institución de calidad, con una alta responsabilidad social y valores definidos.

Sin embargo requiere de nuevas especialidades relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la investigación.

Esto en razón, que la universidad debe de ser concebida como una comunidad científica comprometida con el desarrollo del conocimiento y su transmisión; igualmente debe de ser propedéutica y social, pública, gratuita, plural y democrática; así como promotora de los altos valores sociales.

La ruta más clara para lograr este objetivo es la integración y operación de ella en el proceso de ampliar la docencia universitaria y en la garantía de participación para el fortalecimiento y la vinculación con los diversos sectores de la sociedad.

Un proyecto de esta naturaleza tiene que estar cimentado en la legalidad, la transparencia y la honestidad; de esa manera, se contribuirá a construir una Universidad con valor y con valores, y en un mayor presupuesto.

Por lo tanto, se requiere la autorización de la asignación de un recurso suficiente para llevar a cabo el proyecto en donde se enmarquen los ejes centrales para la construcción de la Universidad que demandan los universitarios y la sociedad en su conjunto.

Es necesario señalar de manera enfática lo injusto e incorrecto de cuestionamientos y críticas que se reflejen al desempeño de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y que consisten en señalar que está postrada en varios de los indicadores de capacidad académica y competitividad académica en el último lugar nacional.

Al respecto en el reciente ejercicio del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013, la Subsecretaría de Educación Superior presentó información sobre los indicadores para un padrón de 47 instituciones de educación superior, de esta información se tiene que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ocupa los siguientes lugares:

Profesores de tiempo completo con posgrado, lugar 36. Profesores de tiempo completo con doctorado, lugar 34. Profesores de tiempo completo con perfil deseable, lugar 43. Profesores de tiempo completo en el SNI, lugar 32.

Cuerpos académicos en consolidación, lugar 35. Cuerpos académicos consolidados, lugar 32. Matrícula atendida en programas educativos de calidad, lugar 38.

Con lo cual se muestra que la Universidad en ninguno de estos indicadores se encuentra en las últimas posiciones de1 panorama nacional.

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tiene como principal desafío en cuanto a su oferta educativa, el incorporar programas educativos de posgrado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

A continuación se presenta de manera breve el posicionamiento de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el contexto de las universidades públicas que en los últimos cuatro periodos gubernamentales se han impulsado, las cuales son la Universidad de la Cañada, de la Sierra Juárez, de la Sierra Sur, del Istmo, del Papaloapan, del Mar y la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

En el análisis se consideran ocho indicadores:

a. Alumnos por profesor de tiempo completo

El número de alumnos por profesor de tiempo completo para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio 19 alumnos por cada profesor de tiempo completo, siendo el valor más alto el correspondiente a la Universidad con 58 estudiantes por cada profesor de tiempo completo.

Las universidades públicas del estado de Oaxaca todas están por abajo del indicador de diez alumnos por profesor de tiempo completo, lo que muestra en una perspectiva positiva que tienen condiciones para desarrollar no sólo docencia, sino involucrarse en la generación y aplicación del conocimiento mientras que la UABJO no tiene esta posibilidad ya que el indicador refleja la carga excesiva a nivel de impartir cursos que tienen sus profesores de tiempo completo.

b. Profesores de tiempo completo con posgrado.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 84 por ciento, en donde la UABJO está mejor posicionada que las universidades del Mar y Tecnológica de la Mixteca.

c. Profesores de tiempo completo con perfil deseable.

El porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, da en promedio un 23 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor ubicada que las universidades del Mar y la Sierra Sur.

d. Profesores de tiempo completo, SNI.

El porcentaje de profesores de tiempo completo en el SNI para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca está mejor posicionada que las universidades de la Sierra Sur y del Istmo.

e. Cuerpos académicos.

El porcentaje de cuerpos académicos en consolidación para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, da en promedio un 12 por ciento, en donde la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ocupa el segundo lugar.

En lo que corresponde al porcentaje de cuerpos académicos consolidados para las ocho universidades públicas, incluida la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, da en promedio un 1 punto porcentual, en donde la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ocupa el primer lugar.

f. Programas educativos de técnico superior universitario y de licenciatura de buena calidad.

El porcentaje programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da un promedio de 32 puntos porcentuales, lo que ubica a la UABJO en el primer lugar.

g. Matrícula en programas educativos de técnico superior universitario y de licenciatura de buena calidad.

El porcentaje de matrícula atendida en programas educativos de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad para las ocho universidades públicas, incluida la UABJO, da en promedio un 57 por ciento, lo que ubica a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el primer lugar.

En la actualidad, Oaxaca cuenta con 11 Institutos Tecnológicos, pero es necesario crear un ente educativo que oriente las especialidades, que ordene las estrategias y carreras de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico del estado y a la orientación industrial de la ZEE, por ello es urgente la creación de un centro de altos estudios tecnológicos que facilite la promoción de patentes industriales, lo que logra con la investigación y con la mejora de la mano de obra que participa en la producción, aspecto que debe ser considerado como parte de los objetivos de la propia UABJO.

Por lo anteriormente expuesto, es de urgente aplicación la ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta educativa, el fortalecimiento y consolidación de la planta académica, el apoyo a la formación integral del estudiante, la consolidación del modelo educativo, la reestructuración integral de la investigación y el posgrado , el impulso a la planeación integral, la preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural, la solución a los problemas estructurales, y un programa efectivo de gestión de la calidad.

Y dado que la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 establece:

Artículo 39. Los programas de la Secretaría de Educación Pública destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa de los niveles media superior y superior, establecerán mecanismos que permitan disminuir el rezago en el índice de cobertura en aquellas entidades federativas que estén por debajo del promedio nacional.

En consecuencia con todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de la Federación de 2016:

1. Se autorice un aumento al recurso que se destina a las universidades públicas de los estados integrados en la zona sur-sureste del país, con el objeto de llevar a cabo programas de expansión de la oferta educativa en ingeniería y relacionados, así como el fortalecimiento y modernización del modelo educativo

2. Se autorice la creación de un centro de altos estudios tecnológicos dependiente de la propia Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con el objeto de llevar a cabo la promoción de patentes que se generarían con implementación de la zona especial del Istmo de Tehuantepec.

Notas:

1 Factores que influyen en la deserción escolar en los estudiantes de educación media superior tecnológica, CECYTEJ # 7 Puerto Vallarta, Jalisco, maestro Carlos Antonio Navarrete Cueto, 2010.

2 Para el cálculo de los indicadores de atención y cobertura se utilizaron las proyecciones de población Conapo, febrero de 2007. Para los indicadores de eficiencia terminal, deserción y reprobación, las cifras son estimadas para el ciclo 2010-2011.

3 http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/ principales_cifras_2010_2011.pdf

4 Conapo 2010.

5 Coneval 2008-2010.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de la Federación 2016, considere un incremento al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en especial para la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ante la incidencia delictiva que sufre dicho municipio.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, senador de la República por la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del pleno:

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de la Federación de 2016 considere un incremento al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en especial para la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ante la incidencia delictiva que sufre dicho municipio, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza representa la tercera ciudad más importante económica y territorialmente en el estado de Oaxaca. Lamentablemente ha sufrido el incremento de la inseguridad en delitos del fuero común como federales.

Lo anterior no obstante que el presidente municipal ha solicitado a las instancias correspondientes la atención inmediata que permita enfrentar con responsabilidad un deber irrestricto como la seguridad de la población.

Si a lo esto se le suma que los policías enfrentan largas jornadas de trabajo, suspensión de días libres y vacaciones –lo que implica una serie de sacrificios y ajustes a su vida privada y familiar–, están expuestos continuamente al escrutinio público, a la crítica social y a las presiones de los medios de comunicación, e incluso hasta la muerte en el cumplimiento del deber, y con percepciones laborales realmente miserables que en nada contribuyen a mejorar las condiciones de vida de estos servidores públicos, lo que en automático debilita la función de la seguridad pública que el estado debe brindar.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México un policía estatal percibe un sueldo promedio de 9 mil 250 pesos mensuales, pero la brecha entre algunas entidades es evidente, mientras un policía de Aguascalientes gana 18 mil 173 pesos, en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país recibe 3 mil 618 pesos (cinco veces menos). En 2010, el estado de Tamaulipas registró una tasa de homicidios dolosos de 32.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que Aguascalientes tiene una tasa de 6.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Entre las entidades cuya policía estatal tiene mayores sueldos está Baja California, con 17 mil 636 pesos; Campeche, 13 mil 234; Zacatecas, 12 mil; San Luis Potosí, 11 mil 277; Sonora, 11 mil; Jalisco, 10 mil 91; Querétaro, 9 mil 994, y Nuevo León, 9 mil 460.

Existen 15 estados que pagan salarios a sus policías por debajo del promedio nacional, 6 de estos se ubican en la región sur sureste de México (Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), son precisamente los estados ubicados en esta región los que menos posibilidades tienen de realizar una mejora salarial de sus cuerpos policiales, debido al poco margen de maniobra que tienen con sus presupuestos.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y como primer punto de las cinco metas nacionales destaca México en Paz, el cual incluye el fortalecimiento de la seguridad pública a fin de enfrentar el grave problema de inseguridad que tiene el país.

Señalo lo anterior porque cualquier estrategia o acción que los distintos niveles de gobierno quieran aplicar para mejorar la seguridad pública del país, pasa forzosamente por el hecho de mejorar las condiciones salariales de los cuerpos policiacos. Y aquí nos encontramos con la necesidad de hacer ajustes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), ya que este fondo es el principal mecanismo mediante el cual se paga el salario de los cuerpos policiacos en los estados, en específico al municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

La materia que nos ocupa es la seguridad pública, estamos conscientes de las situación tan preocupante que vive dicho municipio por los altos índices de inseguridad que se presentan en diversos puntos de su territorio.

La seguridad pública es una responsabilidad del estado y son las instancias que lo conforman las que deben trabajar de manera permanente en la construcción de las acciones que den cabal cumplimiento al fin de la seguridad pública.

El Estado mexicano ha demostrado tener severas debilidades institucionales en muchos estados y municipios del país, con claras políticas públicas fallidas en su sistema de seguridad pública.

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, que sus fines son salvaguardar la integridad y derechos de los habitantes del país, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y también la prevención especial y general de los delitos, la investigación que se haga efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.

Considerando, el estado desarrollará políticas públicas en materia de prevención social del delito, y sobre las causas que generan los delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar que la legalidad y a la protección de las víctimas.

Además la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que a partir de enero de 2013, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) será el encargado de articular y coordinar a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, a través de establecer directrices, alinear las políticas públicas, establecer sistemas de planeación estratégica, así como de evaluación y transparencia, tendrá seis meses para el avance en la certificación policial.

Es por ello que en ese sentido, someto a la consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto de la Federación de 2016 considere un incremento al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en especial para la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ante la incidencia delictiva que sufre dicho municipio.

Dado en el salón de sesiones a los seis días de octubre de 2015.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para la construcción de techumbres de diversas escuelas en el municipio de Ayala, Morelos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Lisbeth Hernández Lecona, senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1 fracción II, 76 fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, destinar recursos suficientes para la construcción de techumbres de diversas escuelas en el municipio de Ayala, Morelos, en el marco de la presentación del proyecto y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establecieron cinco metas nacionales, para lograr que nuestro país alcance su máximo potencial; entre las que se encuentran un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Así mismo, se establecieron y se han aplicado estrategias transversales que coadyuvan a impulsar un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios a través de la democratización de la productividad, consolidando un Gobierno Cercano y Moderno e incorporando la Perspectiva de Género.

Bajo estas consideraciones, la meta correspondiente a un México Próspero, promueve el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica, mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas.

El plan de acción incluye el abastecimiento de energía al país, el desarrollo de sectores estratégicos, contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica y el aprovechamiento del potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país, lo que se contempla en los diversos objetivos, estrategias y líneas de acción.2

Así mismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria de los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales; tanto la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos deben elaborarse tomando en consideración los objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, si nos referimos a la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo por cuanto a sus líneas generales de política económica; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, se remiten por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, a más tardar el8 de septiembre de cada año, por cuanto hace a la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el31 de octubre y el Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados, como una de sus facultades exclusivas, a más tardar el15 de noviembre.

En la formulación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, es menester que destine recursos financieros a la infraestructura de los municipios para su desarrollo, modernización y democratización. En la próxima presentación del proyecto es debido garantizar las condiciones que contribuyan al desarrollo nacional a partir de la base de división territorial, organización política y administrativa de las entidades federativas, que recae en el municipio libre. Así mismo, es propio que tanto la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el Pleno de la Cámara de Diputados reflexionen y analicen sobre la pertinencia de dotar a los municipios y entidades federativas del financiamiento que requieren para el cumplimiento de sus objetivos y proyectos.

Por otro lado, el Estado de Morelos, el cual se encuentra integrado por 33 municipios, en los que existen regiones que carecen de servicios básicos, así como de la infraestructura adecuada para el buen aprovechamiento de las riquezas y de promoción de empleo; lo que ha ocasionado que Morelos sea una tierra escasa de oportunidades y no se aproveche su riqueza y atractivo turístico, aunado a que la calidad de vida de los habitantes sea baja. El rezago que existe en el Estado de Morelos es latente, no solo en aquellos rubros, sino también en el rubro educativo, ya que existen muchas escuelas con carencias por cuanto a sus instalaciones y al material de trabajo.

Es por ello que, en aras de favorecer a las escuelas de los municipios del Estado de Morelos, se presentan los siguientes proyectos para que sean tomados en cuenta en la aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, dotándoles de recursos suficientes para su realización:

En virtud de que es prioridad para este Gobierno, fortalecer el sistema educativo, como base del desarrollo humano, lo que se logra en coordinación con las familias y su reconstrucción como pieza fundamental del tejido social, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a destinar recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, para la construcción de techumbres de la escuela secundaria técnica, número 43, la escuela primaria Miguel Hidalgo, la escuela secundaria técnica, número 15 y la escuela primaria Club de Leones; todas ellas del municipio de Ayala, Morelos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2015.— Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple una asignación de recursos específicamente para proyectasen materia de “movilidad urbana sustentable”.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se contemple una asignación de recursos específicamente para proyectos en Materia de Movilidad Urbana Sustentable; lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Más de alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo serán nuestras ciudades si sostenemos el modelo de crecimiento urbano de las últimas décadas. El resultado de las reflexiones al respecto no resultan nada reconfortantes, si tomamos en cuenta que bajo la actual inercia, para el año 2030 habrá 130 millones de habitantes; 70 por ciento de los cuales vivirá en las ciudades de las zonas metropolitanas del país y que en ellas circularán 70 millones de vehículos automotores (más del doble que en la actualidad).

Mucho se ha dicho sobre la movilidad de las personas, en la que la conclusión común es que constituye una necesidad y un derecho indefectible para la satisfacción de sus necesidades básicas y por lo tanto, un deber del Estado el garantizarla. No obstante, bajo el escenario planteado en el párrafo que antecede, parece un objetivo imposible de lograr, considerando que con la situación actual, los retos de la movilidad constituyen de los más grandes, dado las graves complicaciones existentes y sus implicaciones sociales, económicas, medioambientales, energéticas, de salud, de seguridad y del espacio público.

Es indispensable actuar de forma inmediata, y cambiar el paradigma de la movilidad desde ahora. Para ello, el gobierno federal, como muchos gobiernos locales, están trabajando para planear y construir mejores ciudades donde vivir, ciudades sustentables en las que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades actuales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Por lo que respecta al gobierno federal, tiene bien conceptualizado el alcance de estos trabajos, los que implican la construcción y consolidación de calles para todos, que aseguren la recuperación del espacio público y la infraestructura urbana y la implementación de Sistemas Integrados de Transporte confiables, eficaces y eficientes que incentiven viajes en medios seguros y sostenibles; así como el impulso del Desarrollo Orientado al Transporte como modelo para reducir las necesidades de viajes en automóvil; y con ello los costos sociales que genera y frenan el desarrollo bajo en carbono y sólido de México (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu).

El actual gobierno de la República, desde el inicio de su gestión se apuntó para trabajar muy seriamente en esta asignatura, en las que por primera vez la movilidad urbana fue incluida en la Planeación Nacional, esto es, en el Plan Nacional de Desarrollo, sus programas sectoriales y en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018, con loables perseguibles como los siguientes:

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo 2.5

Para impulsar con éxito una política nacional que propicie un entorno adecuado para una vida digna, es indispensable la construcción de ciudades que garanticen el derecho a un medio ambiente sano y viajes urbanos bajo condiciones de seguridad y equidad.

Estrategia 2.5.1.

Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

Líneas de acción

Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado.

Programa Sectorial

Objetivo 3

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018

Objetivo General

Impulsar una política de movilidad sustentable que incremente la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos.

Objetivo Particular

Incentivar la gestión y diseño de políticas públicas locales que impulsen el cambio modal a medios sustentables, eficientes y seguros, como el transporte no motorizado y el transporte público.

Meta

Brindar asistencia técnica a 90 gobiernos locales en la implementación de proyectos para la movilidad urbana sustentable.

Para ello, evidentemente se hace necesario de la inversión. Esto es, canalizar recursos económicos que permitan lograr los objetivos y hacer de lo subjetivamente deseable, una objetiva posibilidad.

Esto se tiene contemplado por la administración pública federal, en el que, en lo que respecta al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, se tiene contemplado lo siguiente:

Objetivo

Generar un cambio de tendencia en el financiamiento federal en materia de movilidad urbana sustentable para garantizar inversiones eficientes y efectivas.

Meta

Incrementar en 50 por ciento los recursos federales asignados a proyectos de Movilidad Urbana Sustentable

En conclusión, es indispensable y de grado prioritario el incremento de recursos a destinarse en proyectos de movilidad urbana sustentable, para hacer realidad los objetivos ya transcritos, así como los estratégicos que han venido desarrollando, entre otras dependencias federales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, entre los que destacan...

• La implementación de una estrategia nacional de movilidad urbana sustentable, basada en la articulación de políticas de suelo y transporte;

• Promover en los distintos instrumentos de planeación, la inclusión de criterios y lineamientos de movilidad;

• Impulsar la adopción del modelo del Desarrollo Orientado al Transporte como modelo urbano para la planeación de las ciudades mexicanas;

• Desarrollar guías metodológicas y lineamientos de movilidad sustentable que faciliten la implementación de proyectos locales y de buenas prácticas;

• Promover con autoridades locales estudios que permitan entender los procesos de crecimiento, expansión y patrones de movilidad de las ciudades;

• Incentivar alianzas público-privadas para la ejecución y mantenimiento de proyectos de movilidad sustentable;

•. Promover el mantenimiento y modernización de la infraestructura vial y de transporte bajo criterios de “calle completa” seguridad y eficiencia;

• Incentivar proyectos de recuperación, ampliación y mantenimiento de infraestructura peatonal y ciclista para incrementar viajes sustentables;

• Promover entre actores públicos y privados el desarrollo de sistemas orientados a racionalizar el uso del automóvil a nivel institucional;

• Impulsar sistemas públicos de bicicletas;

• Implementar el uso de tecnologías de la información en sistemas de movilidad urbana para mejorar la eficiencia de traslados;

• Incentivar en conjunto con Secretaría de Energía el enfoque Evitar-Cambiar-Mejorar para reducir el consumo de combustibles fósiles y promover eficiencia energética; y

• Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.

No sólo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), está preocupada y ocupada en esta asignatura, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil organizada urgen mecanismos de financia miento que permitan inversiones de movilidad urbana sustentable y consolidar proyectos de gran utilidad social.

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), precisamente en el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, realizaron una serie de recomendaciones al Gobierno Federal, que parten del diagnóstico de inversiones en movilidad en las zonas metropolitanas de México que el ITDP México lleva anualmente llamado “Invertir para movernos”.

Recomendaciones entre las que destacan algunas como las siguientes:

• Asignar al menos 500 millones de pesos en el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana de Sedatu para llevar a cabo la planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.

• Incluir una vertiente de movilidad, conectividad y seguridad vial dentro del Programa de Infraestructura de la Sedatu que abonen en el mejoramiento de intersecciones seguras, estaciones de transporte público, infraestructura ciclista y peatonal.

• Alinear los proyectos del Fondo para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad (U75) a la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable de la Sedatu.

• Asignar recursos al Fondo de Cambio Climático y establecer un Plan Anual de Actividades con una cartera de proyectos a nivel nacional de movilidad sustentable con potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Recomendaciones con un común denominador: la necesidad de recursos para invertir en estas urgentes necesidades.

Y qué decir de la sociedad civil organizada, como los colectivos ciclistas que en diversos puntos del país iniciaron un movimiento denominado “Semana Rueda y lucha”, la cual forma parte de las actividades de la campaña “Lucha x la Ciudad Humana”, en donde participan más de 60 colectivos ciclistas de todo México para pedir al gobierno federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que en el debate del Presupuesto de Egresos para 2016, se incluyan mayores recursos para espacios incluyentes y equitativos de todos los medios de transporte, especialmente para las unidades no motorizadas.

Sólo como muestra de la gran conciencia que se tiene socialmente para apostarle e invertir en la movilidad sustentable. Se trata de una necesidad impostergable, así como los recursos en materia de salud, de educación, vivienda y otros rubros de primera necesidad.

De esta manera y como conclusión, se ha prospectado la necesidad de asignar recursos para ser destinados a proyectos relacionados con la movilidad urbana sustentable, incluso, en aquellos que por sus aportaciones en materia de emisiones de gases de efecto invernadero son susceptibles del Fondo de Cambio Climático.

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el que se contemplen recursos en los términos descritos, esto es, para proyectos de Movilidad Urbana Sustentable y relacionados con sus implicaciones en materia de cambio climático; tomando como base, la sugerencia del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), por lo que respecta a planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos.

Cabe decir, que en el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se cuenta con una cartera de aproximadamente 70 proyectos de movilidad sustentable que están listos para ser ejecutados, pero para ello se requiere de recursos.

Se informa que para el ejercicio fiscal de 2016, se prevé una inversión en movilidad de más de 50 mil millones de pesos, que se ejercerán a través de diferentes ramos; de los cuales, sólo el 7% estaría destinado a infraestructura peatonal, transporte público y ciclista (poco más de 3.500 MDP), no obstante que estos medios de transporte, principalmente el transporte público, realizan más del 65 por ciento de los traslados diarios.

Definitivamente proporciones que van en sentidos opuestos, entre las que representan los porcentajes de traslados que aporta cada medio de transporte, contra los porcentajes de su inversión; por lo que es necesario empezar a frenar esa inercia de manera tal, que cuando menos sé duplique el presupuesto proyectado para movilidad sustentable, principalmente en los rubros señalados en el párrafo que antecede, esto es, un 15% que implicaría un presupuesto de al menos 8 mil millones de pesos.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de...

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2016...

a) Se reconozca como una necesidad imperante, el incremento en la asignación de recursos públicos en materia de Movilidad Urbana Sustentable;

b) Se contemple en dicho presupuesto federal, una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la inversión en esta materia, principalmente en infraestructura peatonal, transporte público y ciclista, en cuando menos 15 por ciento de los destinados a movilidad en general u 8 mil millones de pesos, cantidad que resulte mayor;

c) Se contemple en dicho presupuesto federal, una asignación por 500 millones de pesos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), específica mente para llevar a cabo la planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada; y

d) Se asignen recursos suficientes al Fondo de Cambio Climático, que permita establecer en su plan de actividades una cartera de proyectos de movilidad sustentable con potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Dado en el salón de sesiones, a 6 de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere la asignación de recursos para que las autoridades de salud continúen la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senadoras de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer en cualquiera de sus tipos, consiste en uno o varios tumores que se caracterizan por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis.

Consideramos de suma importancia hacer hincapié sobre la concientización en la prevención del Cáncer de Mama. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, establece las bases y lineamientos específicos a llevar a cabo dentro de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, el cual, a partir de 2006, se convirtió en la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 ocurrieron 5 mil 426 decesos atribuibles a este padecimiento, lo que representa la muerte por cáncer de mama de casi 15 mujeres cada día durante ese año. En 2010 se detectó que de cada 100 mujeres mayores de 20 años con tumor maligno, 24 padecían cáncer de mama. En el 2011 el cáncer de mama se encontró en el primer lugar de mortalidad de los tumores malignos en mujeres con 13.8 por ciento y es la tasa de morbilidad hospitalaria más alta de los tumores malignos también en mujeres.

El cáncer de mama es una enfermedad que se presenta generalmente en las mujeres, aunque puede presentarse también en hombres hasta en 1 por ciento. Existen dos tipos principales de carcinoma mamario: in situ o invasivo. 95 por ciento son adenocarcinomas. Los factores de riesgo para el cáncer de mama son: historia familiar de cáncer de mama, menstruación antes de los 12 años, menopausia después de los 55 años de edad, localización geográfica, mutaciones genéticas, nuliparidad, primer embarazo después de los 30 años, exposición a radioterapia previa, historia personal de cáncer de mama, falta de lactancia materna, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de terapia de reemplazo hormonal, disminución de la actividad física.

La autoexploración mamaria aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad. Las mujeres de 40 años o más, sin factores de riesgo y asintomáticas deben realizarse la mamografía anual. Otros estudios que apoyan al diagnóstico son la ecografía, la resonancia magnética, sin embargo, la biopsia mamaria es el único medio para determinar un diagnóstico definitivo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar estudios de tamizaje para el cáncer cuando se ha demostrado un cambio en el estado de salud de la población.

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno federal, así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar:

En la prevención primaria:

1. Ofrecer información, orientación y educación a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud.

2. Promover el ejercicio físico moderado ya que se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de mama en la población general.

3. Informar a las mujeres posmenopáusicas, la relación entre obesidad y cáncer de mama, ya que se incrementa dos veces el riesgo cuando se asocia a una ingesta de dieta rica en grasas. En mujeres posmenopáusicas con un índice de masa corporal >= 30, aumenta 2 veces más el riesgo de cáncer de mama.

4. Canalizar a las pacientes con sobrepeso al departamento de nutrición para su atención a fin de tener un control de peso adecuado.

5. Asesorar a las mujeres acerca de que la lactancia reduce el riesgo de cáncer de mama y es benéfica.

6. Informar que el riesgo de cáncer de mama aumenta con el consumo de alcohol.

7. Indicar que el tabaquismo se puede asociar con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto la recomendación es no fumar.

8. Notificar a las mujeres con historia familiar de cáncer de mama, que están usando o van a iniciar terapia de reemplazo hormonal, sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama relacionado con el tipo y duración de la terapia.

9. Comunicar que el uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama.

10. Orientar que la lactancia confiere un efecto protector sobre el riesgo de cáncer de mama.

11. Advertir que la edad avanzada en el primer nacimiento vivo o en el primer nacimiento, está asociado con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama.

12. Notificar que el incremento en la paridad se ha encontrado que se ha asociado con una disminución con el riesgo de cáncer de mama.

13. Informar que la menstruación temprana se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de mama.

14. Ofrecer consejo genético en mujeres de alto riesgo secundario a historia familiar o al inicio temprano de cáncer de mama.

En la prevención secundaria se encuentran:

1. Identificar la presencia de factores hereditarios.

2. Dar seguimiento a las pacientes con historia personal de cáncer de mama.

La cobertura nacional sobre la orientación oportuna de las acciones que podemos llevar a cabo las mujeres para prevenir esta enfermedad, representa una de las necesidades más apremiantes del sector salud. Por lo que debe contar con la infraestructura necesaria y con los recursos humanos altamente capacitados para cumplir con esta misión.

Entre las mujeres mexicanas, tanto el cáncer de seno como el cérvico-uterino representan las primeras causas de mortalidad. Por ello, consideramos pertinente incluir dentro de la presente proposición con punto de acuerdo, la atención respecto de esta patología.

El cáncer cérvico-uterino (CaCu) es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones intraepiteliales precursoras de bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer invasor.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte al año a nivel mundial de los tumores malignos en mujeres, cada año se diagnostican 500 mil nuevos casos, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en el mundo. En el 2008 murieron 275 mil mujeres por esta enfermedad. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo.

En México durante 2010, se observó que los principales tumores malignos que afectan a la población femenina adulta (de 20 años y más) que fue hospitalizada por este diagnóstico son el cáncer de mama (24.3 por ciento), el cérvico-uterino (9.7 por ciento) y el de colon (3.2 por ciento).

En 2013 los tres casos más frecuentes de cáncer por el cual fallecieron las mujeres fueron, cáncer de mama (13.8 por ciento), por cérvico-uterino (10.4 por ciento) y de hígado (7 por ciento). En nuestro país es la primera causa de muerte por tumores malignos en edad productiva y reproductiva, cada 2 horas muere una mujer.

La prevalencia del Virus del Papiloma Humano (VPH), se observa como el factor más importante que contribuye al desarrollo del cáncer cérvico-uterino. Otros factores de riesgo son: relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, tabaquismo, pareja sexual masculina infectada por VPH, tener una pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, deficiencia de ácido fólico, mujeres inmunocomprometidas y mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados a largo plazo.

La prevención primaria del cáncer cérvico-uterino puede realizarse optando por las acciones siguientes:

1. Promoción a la salud.

2. Vacunación contra la infección por Virus del Papiloma Humano.

3. Detección oportuna del cáncer cérvico-uterino.

4. Dejar de fumar.

5. Uso del condón masculino y femenino, de hecho el uso del condón al mismo tiempo tanto masculino como femenino disminuye aún más el riesgo de transmisión sexual que el uso de un solo condón.

Se deben crear campañas de educación para la salud que empoderen a las mujeres en relación con el cáncer cérvico-uterino, incrementar la cobertura de la detección, facilitar el acceso de las mujeres con mayores barreras geográficas, culturales o económicas, aplicar nuevas tecnologías y campañas preventivas, garantizar el tratamiento completo de similar calidad para todas las mujeres.

La prueba de tamizaje de elección para esta enfermedad es la citología cervical, pero existen diferentes protocolos para su diagnóstico como son:

1. Citología cervical.

2. Citología cervical + detección del VPH-ADN.

3. Detección de VPH-ADN.

4. Inspección visual directa.

5. Inspección visual directa + Citología cervical

6. Inspección visual directa + Citología cervical + detección del VPH-ADN.

La inspección visual directa también llamada colposcopia tiene la posibilidad de ser realizada por personal de salud no médico, el resultado es de inmediato en personal capacitado que identifica las lesiones, esto facilita el acceso en regiones con difícil adherencia de las mujeres a un programa regular de tamizaje, se puede realizar en mujeres con riesgo alto y con difícil acceso a los servicios de salud.

Dentro de las acciones informativas, preventivas y de orientación que lleva a cabo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal así como las instancias análogas en las entidades federativas, coordinadas con las autoridades municipales, se debe considerar favorecer y promover estilos sanos de vida, una alimentación adecuada, evitar el consumo de drogas y sustancias que ponen en riesgo la salud y favorecen la presencia de diversos tipos de cáncer, conocer y practicar la autoexploración de las mamas y demás acciones que permitan prevenir y, en su caso, detectar tempranamente estas patologías y con ello, disminuir la tasa de mortalidad derivada de estas causas.

Reconocemos las necesidades económicas, sociales y educativas a las que debe hacer frente nuestra nación. No obstante lo anterior, es indispensable garantizar y considerar la importancia del cumplimiento de las acciones en el rubro de la salud pública. Por ello, al momento de analizar la distribución de recursos por parte de la Cámara de Diputados, solicitamos la consideración y atención de ese honorable cuerpo de legisladores, respecto de estos grandes males que aquejan la salud de la mujer.

Por lo anterior, amigas y amigos legisladores, en el primer año de ejercicio dentro de esta honorable asamblea, presenté una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Salud federal, así como a los titulares de las dependencias análogas en las entidades federativas, la realización de las gestiones necesarias para acceder a recursos bastos y suficientes, a fin de continuar en la realización de acciones de información y promoción de la prevención del cáncer de seno, así como las relativas a la atención médica debida de las personas que les sea detectada esta enfermedad.

En este sentido, continúa mi esfuerzo y mi intención por mejorar la salud de las mujeres, por lo que ahora sumamos a la presente proposición el exhorto a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, se considere la asignación de recursos bastos y suficientes para que, las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno puedan continuar en su tarea informativa, orientadora, educativa, respecto a las acciones de prevención tanto del cáncer de seno como del cérvico-uterino, para que el personal que cumple con dichas funciones cuente con la capacitación y actualización y para el personal médico que lleva a cabo los estudios, análisis y diagnósticos de detección de estas patologías, cuente con la capacitación e infraestructura necesaria, encaminada a la atención oportuna y prevención de muertes por estos males.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno del Senado de la República exhorta atentamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2016, se considere la asignación de recursos vastos y suficientes para que las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno continúen con su tarea informativa, orientadora y educativa; así como en la implementación de acciones en materia de prevención y atención tanto del cáncer de mama como del cérvico-uterino.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 5 de octubre de 2015.— Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera, (rúbrica) Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), Anabel Acosta Islas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), María Elena Barrera Tapia (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones necesarias a fin de garantizar la equidad presupuestal en las unidades de igualdad de género de la administración pública federal.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita, senadora Martha Angélica Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a las comisión es de Presupuesto y Cuenta Pública e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen las adecuaciones necesarias a fin de garantizar la equidad presupuestal en las Unidades de Igualdad de Género de la administración pública federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera.Las Unidades de Igualdad de Género en la Administración Pública Federal (APF) se crean bajo el mandato de promover e implantar una cultura organizacional con enfoque de género y sin discriminación que incida en la regulación administrativa y, construya políticas públicas, proyectos y programas con una perspectiva integral de género.

Las Unidades de Igualdad de Género nacen como la instancia designada para conducir los trabajos para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad sustantiva en el diseño, planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas que impactan en todas las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Administración Pública, así como para llevar a cabo la coordinación interinstitucional en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Segunda.EI Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 tiene como propósito alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la estrategia 6.5 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, se establece como línea de acción 6.5.4 crear y fortalecer a las Unidades de Género en el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad, por lo que resulta de suma importancia que las unidades de género de la Administración Federal cuenten con un presupuesto suficiente y equitativo con el objetivo de garantizar su funcionamiento y eficiencia.

Tercera.Atendiendo lo anterior, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 contempla diversas acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. Particularmente, las acciones número 217 y 324 atienden la creación y operación de la Unidad de Igualdad de Género y da seguimiento al programa de cultura institucional de Proigualdad. Si bien para el año fiscal 2016 se contempla un incremento nominal de recursos en las Unidades de Igualdad de Género del 10% al pasar de 102, 520,508 millones de pesos a 112, 526,964 de pesos respecto a lo aprobado en 2015, es necesario resaltar que el Proyecto de Egresos 2016 presenta un alta inequidad e insuficiencia presupuestal de las Unidades de Igualdad de Género de toda la Administración Pública.

De acuerdo con el cuadro 1 de este apartado se observa que las erogaciones planteadas por el Ejecutivo presentan una alta concentración del total de los recursos asignados a las Unidades de Igualdad de Género. El 70 por ciento de los recursos están asignados a dos ramos: Gobernación y Procuraduría General de la República. En el caso de la Unidad de Igualdad de Género perteneciente a la Secretaria de Gobernación se designa una partida presupuestal de 51, 092,573 millones de pesos, lo que representa un incremento del 1177 por ciento respecto a lo aprobado para el año 2015. Para el caso de la Unidad de Igualdad de Género de la Procuraduría General de la República se designan 28,390, 690 millones de pesos lo que representa un incremento de 24 millones pesos respecto a lo aprobado para el ejercicio fiscal 2015.

Por otra parte, el Presupuesto de Egresos 2016 contempla una severa reducción de recursos para las Unidades de igualdad de género del Poder Legislativo, Sagarpa y Sedatu que van del 50 por ciento,12 por ciento y 41 por ciento respectivamente. Adicionalmente, en otros ramos como Hacienda, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transporte, Educación Pública, Trabajo de Previsión Social, Salud, Medio Ambiente, así como el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ~o se contemplan, para el ejercicio fiscal 2016, recursos presupuestales para que operen sus respectivas Unidades de Igualdad de Género, lo que representa una reducción de 48 millones respecto a lo aprobado en 2015 distribuidos proporcionalmente en 12 Unidades de Igualdad de Género. Sí bien, en algunos ramos de la administración pública federal no solicitaron propiamente recursos para la operación de sus respectivas Unidades de Igualdad de Género, es necesario que en el marco de análisis y discusión del presupuesto los legisladores dotados de estas facultades destinen recursos suficientes para la operación de las Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública, pues la insuficiencia presupuestal limita las capacidades de operación y garantía de la eficacia de las políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Cuarta.De lo expuesto en el considerando anterior referente al proyecto de Egresos 2016 se puede concluir que la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda, en la Cámara de Diputados se contrapone con lo establecido en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. Asimismo, vulnera el funcionamiento y eficiencia de las Unidades de Igualdad de Género.

La proporcionalidad y equidad presupuestal debe ser un principio fundamental en el desarrollo del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, no considerar partidas presupuestales equitativas y suficientes en las unidades de igualdad de género trastoca los objetivos que el estado mexicano contrajo para alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres y hombres dentro de los tres niveles de gobierno.

Por lo antes anteriormente expuesto y en el marco del análisis, discusión. y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 que se llevará a cabo en la H. Cámara de Diputados establecida en el artículo 74 Constitucional y conforme a lo establecido en el Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Senado de la República, someto a esta Asamblea la siguiente proposición con:.

Punto de acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen las adecuaciones necesarias a fin de garantizar la equidad presupuestal en las unidades de igualdad de género de la Administración Pública Federal.

Nota:

1 * http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/ 2015/docs/tomo_1/tomo_1_agev.pdf

** http://www.diputados.gob.mx/PEF2016/models/PPEF/2016/docs/ tomo_1/tomo_1_agev.pdf

Dado en el salón de sesiones, el 6 de octubre de 2015.— Senadora Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar una partida específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 para “Cronistas de México”, en el Ramo 11, Educación Pública, en el programa “Desarrollo Cultural”, como parte de la actividad institucional “Fomento y Promoción de la Cultura”.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 76, fracción I, 164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a incorporar una partida específica presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 para “Cronistas de México”, en el Ramo 11, Educación Pública, en el programa “Desarrollo Cultural” como parte de la actividad institucional “Fomento y Promoción de la Cultura”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cultura en México conforma con la integración de elementos de diversos periodos, desde aspectos prehispánicos, del periodo colonial, hasta modernos. La riqueza natural del país, su pluralidad y valores proporcionan características muy propias de la “cultura mexicana”.

Parte de las fuentes formales para el estudio de nuestro pasado suelen ser los relatos, escritos y códices postcuauhtémicos que han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, relatos de gran valor histórico que narran en español o náhuatl la fundación de Tenochtitlan, la migración azteca, algunos usos y costumbres, ritos religiosos, etc. Documentos como la Crónica Mexicayotl, la Crónica Mexicana, el códice Chimalpahin, la Relación de Tovar, Historia de Durán y la Historia de Acosta, suelen ser documentos considerados muy fieles al pasado y los que mejor relatan la realidad mexica.

La crónica lleva cierto distanciamiento temporal a lo que se le llama escritos históricos. Por medio de las crónicas se pueden redactar escritos, tomando las opiniones de varias personas para saber si esto es cierto o no. Es la historia detallada de un país o región, de una localidad, de una época, de un hombre o de un acontecimiento en general, escrita por un testigo ocular o por un contemporáneo que ha registrado, sin comentarios, todos los pormenores que ha visto, y aún todos los que le han sido transmitidos.

Una crónica es una obra literaria consistente en la recopilación de hechos históricos o importantes narrados en orden cronológico. La palabra viene del latín chronica, que a su vez se deriva del griego kronika biblias, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. En una crónica los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona.

La crónica es necesaria; a través de ella se registran hechos actuales, situaciones. Es una voz de alerta y reflexión, no sólo se refiere a la narración o descripción de lo antiguo, de las tradiciones y costumbres. Quizá se convierta en micro-historia que recoge lo cotidiano, aquello que el cronista visualiza necesario por propias características de los hechos, las costumbres actuales, situaciones relacionadas con el patrimonio cultural, con la dinámica de la sociedad.

Para que exista la crónica debe existir el cronista, que es el escritor que recopila y redacta los hechos históricos o de actualidad; quien hasta la época de la Ilustración era un equivalente de historiador, y ocupaba un cargo oficial ex profeso.

Antes de la aparición del periodismo moderno y la sistematización de la crónica como un género periodístico, se tenía por cronista al escritor que narraba acontecimientos de interés histórico; el término era casi equivalente a historiador. A diferencia de los escritores anónimos o conocidos de cantos épicos, los historiadores y cronistas se distinguieron por la voluntad de veracidad en sus relatos desde la Antigüedad. En la Edad Moderna, se entendía que el cronista documentaba hechos y costumbres, por lo que en la práctica se le diferenciaba de los autores de historias generales (por ejemplo, en España el Padre Juan de Mariana, autor de la famosa Historia de España (1591­1601), aunque a veces se les identificaba con ellos. Los reinos cristianos medievales de Asturias, León y Castilla mantuvieron una tradición de crónicas desde las que justificaban la Reconquista y reforzaban el poder del rey.

Las tareas de los cronistas en sus respectivas poblaciones son muy diversas y salvo en aquellas poblaciones que tienen su reglamentación, se puede decir que cada cronista elige las tareas más adecuadas con las que considera que sirve mejor a su población.

Sin embargo, es necesario aducir, que el cargo de cronista oficial en puridad no comporta ninguna obligación dado su carácter en muchas ocasiones no remunerado.

El cronista por definición es una persona que gusta de contar, generalmente por escrito, las cosas que han pasado ante sus ojos. Es por ello que no se trata estrictamente de un historiador. Tampoco se trata de un periodista, pues esta última es una profesión de corte moderno y que por lo general sostiene una relación laboral con una empresa periodística impresa o con un medio de comunicación electrónico. La modernidad ha comenzado a compartir con los cronistas algunos de sus métodos que vienen del pasado remoto. El cronista en sentido estricto es un comunicador de corte antiguo, se trata al mismo tiempo de una práctica, la suya, que se ha encontrado íntimamente vinculada a tradiciones narrativas orales. Por regla general el ser humano, es un ente conversador y ese ha sido precisamente el medio para transmitir experiencias vividas, comunitarias o individuales.

La escritura, sin embargo, distingue al cronista de nuestros días, si bien hay que aceptar que a la gente de ciudades y pueblos le gusta que sus cronistas les hablen, que lean sí, pero de ser posible que hagan públicos sus conocimientos ante auditorios, salones o pequeñas tertulias de cafés.

La memoria es la virtud de registrar mentalmente el tiempo y los acontecimientos que lo recordamos. Por esta razón, el “cronista oficial” de una localidad da fe de los sucesos más llamativos, importantes, y esclarecedores de cada periodo que se vive.

Hoy en día la historiografía dota al cronista oficial del compromiso para sus ciudadanos, evitando apoderarse de ideas que no son suyas, respetando a sus creadores, memorizando a los transmisores, y perseverando en mantener a todos aquellos que han dado los frutos necesarios para la evolución de la historia.

Las comunidades humanas suelen tener una imagen de sí mismas, aunque no siempre se logra que se corresponda plenamente con la realidad. Es aquí donde el cronista toma un papel de memorioso. De registrador de su acontecer, evocador por excelencia de los hechos pretéritos de la comunidad a la que pertenece; gestor de la memoria histórica de la localidad [Montoro].

En México, algunas entidades tienen al menos un cronista, por ejemplo, en el Distrito Federal hay cronistas de zonas: delegaciones, colonias, pueblos y barrios; y también de temas: tópicos tan disímbolos como la charrería, el transporte eléctrico, el arte funerario o los cuerpos policíacos; curiosidades capitalinas, los sitios turísticos, el urbanismo y otras áreas que se entretejen en armonía para confeccionar un colorido paisaje de la ciudad. Algunos forman parte de asociaciones civiles como la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas; entre las prioridades de estos cronistas de la Ciudad de México están: el intercambiar experiencias y conocimientos en relación con diversos tópicos capitalinos; promover Y difundir la investigación histórica; defender y dar a conocer los valores históricos, costumbres y tradiciones que conforman nuestra identidad nacional; luchar por la conservación de la memoria oral, fuentes documentales, fondos bibliográficos, tradiciones, costumbres, es decir, elementos del patrimonio tangible e intangible de nuestras ciudades.

El cronista asume como un reto permanente el que su trabajo siempre esté al alcance de todos: desde el escolar de primaria hasta el ama de casa curiosa; del funcionario al universitario, del trabajador al investigador especializado, sin olvidar al ciudadano común que ama a la ciudad por sí misma. Con pocos recursos y mucho gusto por su labor, los cronistas entrevistan, consultan, observan, registran, interpretan los acontecimientos, las costumbres y tradiciones, las transformaciones Y la historia de los más alejados confines de la gran ciudad.

En este contexto, los cronistas de la Ciudad de México han dejado huella desde la época prehispánica en preciosos libros pintados llamados códices. A lo largo de nuestra historia los cronistas han estado presentes, algunos con título oficial y la gran mayoría anónimos. Su trabajo cotidiano, que obedece fundamentalmente al amor por su lugar, sea pueblo, barrio, colonia o ciudad, han ido conformando la memoria histórica de multitud de sitios del país.

El primer “cronista” de la Ciudad de México, don Francisco Cervantes de Salazar, no fue un cronista espontáneo sino designado por el Ayuntamiento con aprobación real en 1558. Desde entonces el cargo de cronista de la ciudad de México continúa a través de los siglos siendo ejercido, según el propio Novo, “con amor y brillo, espontáneamente o por nombramiento”. Creado por el rey Carlos I de España y V de Alemania, el Cronista de la Ciudad de México es un título que se otorga a un historiador nombrado “para salvaguardar la memoria histórica de esta villa, ciudad y poblado”. Varios ilustres cronistas se sucedieron a lo largo de los siglos; y en el XX, para mencionar sólo a algunos, están Luis González Obregón (1925), Artemio del Valle Arizpe (1942), Salvador Novo (1965), Miguel León-Portilla (1974), José Luis Martínez (1975).

En 1985, el Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado nombró a Guillermo Tovar y de Teresa cronista de la ciudad de México, quien le propuso la creación de un Consejo que reuniera a una veintena de destacados intelectuales “cuyo amor por la Ciudad de México los hiciera partícipes de una crónica colectiva en virtud de la imposibilidad de que una ciudad de las dimensiones actuales tuviese un solo cronista”. Fue así que por decreto presidencial, el18 de febrero de 1987 se creó el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México.

Por mencionar recordemos algunos cronistas mexicanos de siglos XIX y XX que han dejado huella en la historia: Guillermo Prieto, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Novo, Martín Luis Guzmán, Marquesa Calderón de la Barca, Vicente Riva Palacio, Manuel Payno, Ignacio Manuel Altamirano, José Tomás de Cuéllar, Luis González Obregón, Ángel de Campo Micrós, José Alvarado, Ricardo Garibay, Jorge Ibargüengoitia, Elena Poniatowska, Emiliano Pérez Cruz, Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón, José Joaquín Fernández de Lizardi, Carlos María de Bustamante, el Gallo Pitagórico, Heriberto Frías, Artemio de Valle Arizpe.

La mayoría de los cronistas en México viven de ingresos de otro trabajo, considerando honorífica su crónica. Sin un recurso expreso, la actividad del cronista se comparte con otras tareas y es escasa la posibilidad de publicar obras de cuentos o leyendas de importancia local.

En este sentido la presente propuesta es para considerar a este grupo tan valioso de nuestra sociedad y de nuestra cultura. El cronista debe ser reconocido y apoyado oficialmente por la federación, ya que a través de ellos se manifiesta nuestra cultura, nuestra historia. Los cronistas no han sido atendidos a nivel federal algunos reciben recursos a nivel municipal y a nivel estatal, pero no en todos los Estados.

Cabe mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., párrafo 12, señala que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

De este modo los cronistas podrán con mayor estímulo dar cuenta de las costumbres, tradiciones, leyendas, crónicas del Estado y actualizar las monografías de sus municipios. Es necesario reconocer que los cronistas son los responsables de difundir la memoria colectiva y narrar las historias de aquellos que engrandecen los poblados. Que son una voz de alerta y reflexión, para dejar testimonio del presente, que será patrimonio cultural. La importancia del cronista radica en que cuando en su momento captura lo que observa, esos acontecimientos, hechos y sucesos, los transmite y los comportamientos humanos, a la postre se convierten en referente de la esencia popular.

Por lo anterior, la presente propone que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se está analizando y que está próximo a aprobarse para el próximo año 2016, se contemple una partida específica que contemple un apoyo al cronista mexicano, como parte de la Actividad Institucional “Fomento y Promoción de la Cultura” en el Programa “Desarrollo Cultural” que forma parte de la Secretaría de Educación Pública.

Por lo expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a incorporar una partida específica presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 para “Cronistas de México”, en el Ramo 11 Educación Pública, en el Programa “Desarrollo Cultural” como parte de la Actividad Institucional “Fomento y Promoción de la Cultura”.

Fuentes

Que es un Cronista Oficial. En línea: http://www.cronistamontoro. com/que-es-un-cronista/

Demandan cronistas del país reconocimiento oficial... y sueldo. En línea: http://www.zocalo.com.mx/ seccion/articulo/ demandan-cronistas-del-pais- reconocimiento- oficial-y-sueldo

Notas:

i https://es-la.facebook.com/VerdaderaHistoriaDel MexicoPrehispanico/posts/832786720119682:0

ii Wikipedia, Crónica. En línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica

iii UCM-mexxicamelot, La importancia de las Crónica y los cronistas. En línea: http://mexxicamelot.blogspot.mx/2011/02/la-importancia-de-las-cronicas-y-los.ht ml

iv Wikipedia, Cronista. En línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Cronista

v Asociación de Cronistas del Distrito Federal. En línea: http://cronistasdf.blogspot.mx/

vi La Jornada, Elena Urrutia, La crónica del siglo XXI, 3 de marzo de 2007. En línea: http://www.jornada.unam.mx/2007 /03/03/index.php? section=opinion&article=a06alcul

vii Blog de José Joaquín Blanco, Cronistas mexicanos (siglos XIX y XX). En línea: http://iguanadelojete.blogspot.mx!2009/01/mis-top-25-cronista-mexicanos-siglos. html

viii Zócalo-Saltillo, Demandan cronistas del país reconocimiento oficial...y sueldo, 15 julio de 2009. En línea:

http://www.zocalo.com.mx/seccion/ articulo/demandan-cronistas-del-pais- reconocimiento-oficial-y­sueldo

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el seis de octubre de dos mil quince.— Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen recursos para la construcción y el equipamiento del hospital de segundo nivel de Tekax, Yucatán.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes:

Considerandos

La finalidad de las obras públicas es el beneficio de la población en el sentido de la propia obra, por ejemplo, la construcción de un hospital público conlleva beneficios en la salud de los pobladores, lo que cumple en este sentido con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, establece como una de las garantías individuales, que “Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, tienen derecho a la protección de la salud,...”. Y es por esta razón que el presupuesto federal otorgado a obras como hospitales o centros de salud, funge como clave para que la vida de los mexicanos sea de calidad, y acorde a la carta magna mexicana, pero aún más importante salvaguardar la calidad de la salud de los pobladores.

Aunado a lo anterior y pese a que Yucatán ha tenido un considerable avance en salud, los logros aun no son suficientes, ya que existen regiones del estado que necesitan mejoras en los servicios de salud. Tan sólo en el 2011, la cobertura en materia de salud del estado se encontraba en 90.2 camas por cada 100 mil habitantes; cifra menor a la de estados como Campeche, Coahuila, Sonora, o el Distrito Federal, donde alcanzan las 100 camas.

En este contexto, para incrementar la cobertura de atención hospitalaria y de salud en el estado de Yucatán, en 2006, al sur del estado en el municipio de Tekax, se iniciaron las obras para la construcción del Hospital General de Segundo Nivel, las cuales debían finalizar en 2007, sin embargo, por razones presupuestarias y de diversa índole, la obra no se concluyó.

Hoy para fortuna de los pobladores la obra que se encontraba en calidad de inconclusa reanudó operaciones; inició el pasado mes de mayo con meta de su finalización para el próximo 2016.

La capacidad de atención ciudadana proyectada originalmente es: 30 camas, 7 consultorios, 2 quirófanos, sala de expulsión, consultorios generales, laboratorios, y rayos X. Todo lo anterior con el fin de atender al mayor número de población.

Las especialidades pretendidas abarcan cuatro especialidades básicas de cirugía; cirugía general, ginecología u obstetricia, medicina interna y pediatría. A demás de contar con unidades complementarias, en servicios de urgencias, consulta externa y apoyo, para beneficiar a cerca de 150 mil habitantes de la región sur del estado. Asimismo, para su correcto y eficiente funcionamiento se construirán los respectivos almacenes, baños públicos, oficinas administrativas, residencia médica, cocina y comedor.

De acuerdo a la ubicación de la construcción del hospital, que se encuentra a 112 kilómetros de la capital de Mérida, los pobladores beneficiados no solo serán del propio municipio, si no de las regiones aledañas tanto del estado como de los estados vecinos.

Para fines de la construcción del hospital, de 2007 a 2010 se destinaron recursos por 112.4 millones de pesos, mientras que para el 2011, se aprobó en el rubro de equipamiento y construcción, un presupuesto por 46.52 millones de pesos. Desafortunadamente desde el 2012 se dejó de asignar presupuesto alguno para la conclusión del hospital, convirtiéndose en una obra negra estéril. *

Recientemente se anunció la reanudación de la construcción y equipamiento del hospital, lo que demanda el apoyo invaluable de la federación, ya que entre los principales gastos a cubrir están, por ejemplo: construcción y equipamiento del hospital, así como los gastos para la contratación del personal médico, administrativo, y el demás relativo para su pronto funcionamiento.

Sin duda alguna el presupuesto que se otorgue al hospital de segundo nivel de Tekax será un factor clave para que en el 2016 el hospital se encuentre brindando sus servicios a la población, y de esta manera se garantice una mayor cobertura, calidad y acceso al servicio médico.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos para la construcción y equipamiento del Hospital de Segundo Nivel de Tekax, Yucatán.

Nota:

* Diario de Yucatan. (2015). Reinician obras en hospital de Tekax. Diario de Yucatan, 1.

Senado de la República, a 30 de septiembre de 2015.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen mayores recursos al desarrollo de la juventud y se amplíe el anexo “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte de este Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2010, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población mexicana asciende a 112 millones 336 mil 538 personas, de las cuales alrededor del 40% son jóvenes.

Históricamente México, se ha caracterizado por tener una población con un alto porcentaje de niños y jóvenes. Por ejemplo para el 2010, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, y la encuesta realizada por el Inegi, el 40% de la población eran jóvenes. Posteriormente para el 2013 se reportaban 25.5 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad los que representaban el 18.2% de la población nacional, asimismo se reportaba una proyección para el año 2020, de un aumento en la población mayor a los 65 años y con esto la inversión de la actual pirámide poblacional, es decir mayor número de personas mayores a los 65 años, y menor número de jóvenes. Para 2014, de acuerdo al Inegi, en México residían 31.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años, monto que represento 26.3% de la población total, lo que significó un aumento considerable con respecto al 2013.

Hoy en día este fenómeno demográfico da a México el privilegio de contar con una verdadera ventaja que de aprovecharla adecuadamente, permitirá que nuestro país alcance un desarrollo económico y social histórico durante los próximos años.

Lamentablemente, estos dividendos demográficos han sido poco aprovechados, lo que se refleja en el lento desarrollo económico nacional, por el contrario nuestro país se ha visto afectado durante las últimas décadas por una crisis social severa con implicaciones económicas, culturales, de salud, de seguridad pública, y de rezago educativo, principalmente.

Por ejemplo gracias a las cifras estadísticas se puede observar la situación por la que atraviesan los jóvenes mexicanos:

De acuerdo con el Inegi, durante el primer trimestre de 2015, en nuestro país la tasa de desocupación en los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24, fue de 9.8% y 9.2% respectivamente; casi el doble de la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 años y más (4.8%). Siendo el sector de la población de entre 15 y 24 años uno de los que más dificultades enfrentan al momento de buscar empleo.

La proporción de jóvenes trabajadores respecto con el total de empleados, de 2008 a 2013, ha disminuido cuatro puntos porcentuales, de 34.6% a 30.7%, lo que refleja una insuficiente generación de empleos para dicho sector.

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la población joven es la falta de experiencia laboral: 18.7% de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia, convirtiéndose en un reto para el sector.

De las y los jóvenes con empleo, la Encuesta Nacional de Juventud 2005 arrojó que 61.43% ganan entre 1 y 3 salarios mínimos.

Por el lado de la educación, la problemática referente al acceso a la educación superior es un desafío más en la lista de los jóvenes. Baste recordar que para el actual ciclo escolar 2015-2016, del 100% de los jóvenes aspirantes a una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, sólo se pudo ofertar lugar para el 8.9% de los aspirantes. Situación similar ocurrió con los jóvenes que intentaron ingresar a una licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional, quien rechazo a 64 mil 440 jóvenes de los 87 mil 789 aspirantes, debido a la capacidad de la institución.

Referente a la salud, durante 2012, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a algún servicio médico, y 33.7% tiene estos servicios por un programa social, lo cual para algunos especialistas convierte a las adicciones en el principal problema que podría enfrentar la juventud.

En el tema de la seguridad, la situación es alarmante ya que en México, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública, 31.2% de los jóvenes fueron víctimas de un delito en 2012; 54.5% de éstos eran hombres y 45.5% mujeres. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe, con tristeza, en diferentes ciudades del país, en donde el sector juvenil es el principal afectado.

En este contexto, si bien es cierto que los tres órdenes de gobierno, particularmente el poder legislativo y el poder ejecutivo, federales, han realizado importantes esfuerzos para destinar recursos y llevar a cabo programas y acciones de atención a la juventud, también es verdad que dichos esfuerzos no han sido suficientes para atender sus necesidades. Se requiere de más trabajo, más recursos y más eficacia para garantizar el desarrollo integral de la juventud.

Desafortunadamente, por ejemplo, el presupuesto destinado al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) tuvo un decremento considerable de 2013 a 2014, asimismo, los recursos asignados para el 2015, respecto del 2014, reflejan un incremento mínimo, con consecuencias negativas en las acciones de gobierno a favor de la juventud, que se reflejan en la falta de condiciones de bienestar presente y oportunidades futuras para nuestros jóvenes; no basta con mantener el presupuesto para este sector de nuestra población, necesitamos más recursos, mejor distribuidos y con eficacia en sus resultados. Sólo así podremos avanzar en la justicia para la tercera parte de nuestra población.

Por otro lado, debemos insistir en la urgencia de mejorar la información sobre la totalidad de los recursos que se destinan a los jóvenes y sobre sus resultados. Sabemos que el gobierno federal, a través de distintas secretarías y entidades de la administración pública, implementa diversos programas orientados a la juventud; sin embargo, no se conoce con certeza la totalidad ni la distribución del presupuesto que se destina para dicho fin. Además, todavía es incierto el número de los programas y acciones que se implementan en la materia.

Por ello, es trascendental avanzar en el trabajo que la Cámara de Diputados realiza desde la LXI Legislatura, para sistematizar estos datos mediante el anexo denominado “Programas para el desarrollo integral de los jóvenes”, del Presupuesto de Egresos de la Federación. El objetivo de ese apartado del presupuesto es conocer la totalidad de los recursos dirigidos a este sector, así como identificar, dar seguimiento, evaluar y corregir los programas y acciones implementadas y operadas a favor de la juventud.

Hay que recordar que el mencionado anexo se creó para el ejercicio presupuestal del 2010, y que ello permitió identificar recursos por 9 mil 719 millones de pesos, así como 8 programas implementados por 2 secretarías de Estado. En el mismo tenor, en 2011 se hicieron visibles 125 mil 041 mdp y se identificaron 29 programas a cargo de 2 secretarías; para 2012, se hicieron visibles 135 mil 731 mdp y se conocieron 31 programas implementados por 5 secretarías. Para el 2013 se etiquetaron recursos por 142 mil 309 mdp, sumando 34 programas a cargo de 7 secretarías; mientras que para el 2014 el recurso asignado fue por 2023 mil 283 mdp, haciéndose presentes en 51 programas implementados por 7 secretarías. Finalmente, para el 2015, los recursos identificados para el desarrollo de la juventud sumaron 213 mil 325 mdp, los cuales se distribuyeron en 51 programas a cargo de 7 secretarías.

Este anexo constituye un instrumento fundamental de transparencia, seguimiento y evaluación no sólo para el gobierno federal, sino para la población mexicana y para el trabajo que los legisladores tenemos, por lo que su permanencia y ampliación en el presupuesto es fundamental.

Por todo lo anteriormente expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que incremente los recursos destinados al Instituto Mexicano de la Juventud durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Segundo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que amplíe y apruebe el Anexo “Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes” durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.

Notas:

1 Encuesta Nacional de Juventud 2005.

2 Animal Político (2015). UNAM rechaza a191% de los aspirantes a una licenciatura. Animal Político, 1.

3 La Razón (2015). Rechaza IPN a 64 mil 440 aspirantes. La razón, 1.

Senado de la República, a 30 de septiembre de 2015.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo sobre la crisis económica que afronta el municipio de Poza Rica, Veracruz, derivado de la inactividad del proyecto Chicontepec.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Energía los resolutivos, primero, segundo y cuarto; y a la Cámara de Diputados el tercero de éstos.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe, Fernando Yunes Márquez, senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la crisis económica que afronta el municipio de Poza Rica, Veracruz, derivado de la inactividad del proyecto Chicontepec, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Históricamente el municipio de Poza Rica, Veracruz es conocido como la capital petrolera de México, dada su gran producción de petróleo crudo.

Poza Rica surgió como ,campo petrolero, convirtiéndose rápidamente en la sede administrativa del distrito productor de hidrocarburos; siendo la industria, el factor que explica el surgimiento de la ciudad, cuya importancia fue creciendo con él paso de los años hasta convertirse en un “centro regional” prestador de servicios, capaz de atraer cientos de inversionistas, y crear empleos con mejoras económicas.

La participación de diversas agrupaciones sindicales así como de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue crucial en la constitución del municipio de Poza Rica, dado que las inversiones tanto del gobierno mexicano como de Pemex, y el arduo trabajo desempeñado por los grupos sindicales, intensificaron las labores de exploración y explotación petrolera en dicho municipio, logrando para la década de los cincuenta, la producción de casi tres cuartas partes del crudo en el país.

Los trabajos de exploración y explotación de pozos petroleros continuaron, sin embargo en 2008, se presentó una gran oportunidad para el futuro de la industria petrolera tanto para el país como para Poza Rica: el Proyecto Chicontepec. Proyecto que de acuerdo con estudios previos de Pemex:

• Fortalecería la industria mexicana de la construcción;

• Generaría miles de empleos; y

• Coadyuvaría a impulsar las metas de producción de hidrocarburos, con la construcción de las macroperas (sitios especiales donde se asentarían los equipos para la perforación exploratoria y producción de hidrocarburos), lo cual permitiría la producción de 29 campos, representando el 39% de la reserva total de estos, es decir, 17mil 700 millones de barriles de petróleo crudo.

• Produciría para el año 2015, 600 mil barriles de crudo en una explotación compleja que se realizaría de forma gradual.

En este sentido, el proyecto de Chicontepec, se puso en marcha a partir del año 2008, con el objeto de generar una cuenca capaz de perforar en 2008, 1000 pozos petroleros, con la intención de llegar a los 20,000 durante las siguientes dos décadas, logrando un incremento a largo plazo de producción de 850 mil barriles diarios.

Las expectativas eran altas, pues tan solo en el 2009, el proyecto Chicontepec, generó alrededor de 16,000 empleos, considerándose un desencadenador económico para todo el Estado de Veracruz. Durante el 2011, el auge petrolero dejó una amplia derrama económica en Poza Rica, los resultados de la explotación de petróleo, motivaron a los veracruzanos a invertir apostando por el incremento de su patrimonio.

Sin embargo y a pesar de la aparente época de bonanza de la que Poza Rica gozaba, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el Proyecto Chicontepec, no cumplía con las metas fijadas en los estudios de factibilidad que sirvieron como base para autorizar dicho Proyecto, ni con las establecidas en su programa operativo anual 2010, destacando los siguientes aspectos:

• Que el monto de las inversiones en el Proyecto fue de 93 mil 810 millones 345 mil pesos; de los cuales se obtuvieron ingresos por la comercialización de petróleo y gas de 63 mil 483 millones 709.9 mil pesos, con una producción acumulada de petróleo crudo de 104 mil 620.8 millones’ de barriles de petróleo, lo cual provocó una pérdida por cada peso invertido de 30.4 centavos.

• Que de los reportes de 507 pozos que tuvieron actividades en 2008, se constató que generaron 28.8 mil barriles de petróleo por día, por lo que Pemex cumplió con apenas 38.8% de la meta programada: 74.3 mil barriles diarios.

• Que en relación con la meta de producción de gas en Chicontepec, se revisaron los reportes de 504 pozos y se constató que produjeron 51.3 mil millones de pies cúbicos por día, por lo que Pemex cumplió 59.3% del objetivo fijado: 86.5 mi1 millones de pies cúbicos por día.

• Que respecto a la meta de perforación de 728 pozos de desarrollo determinada en el 2008, se comprobó que Pemex alcanzó 39.7% de la meta, con apenas 289 pozos de desarrollo.

Adicionalmente la Comisión Nacional de Hidrocarburos, elaboró un informe en el cual determinó que las expectativas de Pemex no se cumplieron, dado que la paraestatal decidió implementar un programa de perforación de pozos en distintas partes del paleocanal de Chicontepec, a pesar de saber que contaba con un conocimiento limitado de las características y de .la dinámica de los yacimientos en el proyecto.

Ha sido la misma Subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar Palacios, quien en diversos encuentros con la prensa internacional manifestó que el trabajo en los yacimientos de Chicontepec no ha sido exitoso.

Ante el inminente fracaso del proyecto Chicontepec, los recursos destinados a esta obra, redujeron significativamente, de la siguiente manera:

2012.- 29 mil 674 millones de pesos;

2013.- 17 mil 635 millones de pesos;

2014.- 13 mil 578 millones de pesos.

Situación que por supuesto, desencadenó la crisis económica del municipio registrando el cierre de operaciones de compañías petroleras y empresas, así como la pérdida de 130 mil empleos en la zona norte’ de Veracruz. Impactando también en los balances financieros de las empresas contratistas extranjeras (Tecpetrol, Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger y Weatherford) que exploraban esa área por cuenta de Pemex.

La crisis por la que atraviesa Poza Rica, ha provocado que las autoridades, empresarios y diversos sectores del municipio exijan mayor inversión para Pemex, destacando que en años anteriores se destinaban más de 28 mil millones de pesos y actualmente apenas 11 mil millones, de los cuales dos terceras partes se destinan para pagar las deudas, por lo que menos de 4 mil millones de pesos se destinan para mantenimiento de pozos y de equipos.

Sin duda la situación actual por la que atraviesa el municipio de Poza Rica, es alarmante, no podemos permitir que se desaproveche una actividad estratégica y tan importante para este municipio, que sin duda con un adecuado manejo de los programas destinados a esta actividad petrolera se podrían ver reflejados en un notable beneficio económico para el municipio y para el país, devolviendo además la oportunidad laboral que miles de veracruzanos requieren.

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Director General de Pemex para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el estado que guarda el Proyecto Chicontepec, específicamente en el municipio de Poza Rica.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Director General de Pemex para que en el marco de sus atribuciones realice las acciones necesarias para reactivar la inversión del Programa Chicontepec, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

Tercero. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que en la próxima aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016, destine recursos adicionales a la Secretaría de Energía para la reactivación productiva del Proyecto Chicontepec, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que en el marco de sus atribuciones implemente un proyecto estratégico para activar la economía en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

Nota:

1 El proyecto de Chicontepec, se localiza en la plataforma costera del golfo de México en la provincia geológica denominada “Tampico-Misantla”, entre la Sierra Madre Oriental y la Plataforma de Tuxpan en lado norte del Estado de Veracruz. y abarca una superficie de 3815 km2, subdividida administrativamente en 8 sectores integrados por 29 campos productores, dentro de los cuales se encuentra el campo denominado Poza Rica, que de acuerdo con información oficial de Pemex, cuenta con un volumen original de crudo equivalente a 4.810 millones de barriles (mmb) y 4.879 miles de millones de pies cúbicos (mmmpc).

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de octubre de 2015.— Senador Fernando Yunes Márquez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Búrquez Valenzuela y Armando Ríos Piter, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a nombrar a la brevedad a los contralores internos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica; asimismo, se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública de la Cámara de Diputados revisar los recursos que se otorgarán al Instituto Federal de Telecomunicaciones; y se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría integral que permita dar cuenta del uso de los recursos públicos ejercidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; ya la Comisión de Comunicaciones y Transportes el tercero de ellos.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, Francisco Búrquez Valenzuela y Armando Ríos Piter, senadores de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral I, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que en estricto apego a sus atribuciones legales nombre a la brevedad a los contralores internos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica; se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados revise de manera detallada y con un ajuste a la baja los recursos que se otorgarán al Instituto Federal de Telecomunicaciones; y se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que inicie una auditoría integral que permita dar cuenta del uso de los recursos públicos ejercidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El nombramiento de cargos, es una de las actividades consideradas dentro de la función de control de un Parlamento.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga expresamente esta facultad en lo individual a la Cámara de Diputados, al Senado, al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente en los periodos de receso.

Es así que se ejerce función de control en esta actividad, en el momento en que se lleva a cabo la designación, ratificación, aprobación o elección de quién ejercerá el cargo, a través de la propuesta que en la mayoría de los casos es hecha por el Ejecutivo a la Cámara de Senadores, por las propias Cámaras ante su Pleno o por las Cámaras reunidas en Congreso General.

Dicho lo anterior, y con el objeto de precisar lo ya señalado, conviene aclarar que en México se utilizan indistintamente los términos ratificación, aprobación, elección, designación, para el nombramiento de cargos.

Para el asunto al que me refiero en el presente punto de acuerdo sobre el nombramiento de los Titulares de la Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es importante señalar lo siguiente:

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

Artículo 28. ...

...

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. ...

...

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. ...

...

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:

I. a XI. ...

XII.Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley”.

De esta forma, tanto el artículo 37 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como el artículo 40 de la Ley Federal de Competencia Económica reiteran el mismo procedimiento para nombrar a sus contralores.

Sin embargo, a más de dos años de su integración, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica siguen sin contar con un contralor, mismo que de acuerdo a lo establecido en la Ley, debe ser designado por la Cámara de Diputados.

Dicha falta impide cumplir con el mandato de fiscalizar los ingresos y egresos de las instituciones, así como el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

En este sentido, y de acuerdo a datos publicados por el portal de transparencia se han observado diversas erogaciones, mismas que resultan cuestionables, de lo anterior, cito los siguientes a manera de ejemplo:

- El 9 de marzo de 2015, el IFT adjudicó de manera directa 60 mil 839 pesos a Martha Lamas Encabo por la impartición de una sola conferencia.

- El 25 de noviembre de 2014, el IFT otorgó 3 millones 300 mil pesos al Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, (CIDE), donde laboraba la comisionada Labardini Inzunza, por la mera elaboración de un “análisis de disposiciones legales en materia de competencia económica y su vinculación con otras disposiciones previstas en los marcos legales aplicables a las telecomunicaciones y la radiodifusión.”

- El 7 de noviembre de 2014, 3 millones 825 mil pesos de nuevo al CIDE para la elaboración de un estudio de urbanismo.

- El 20 de noviembre de 2014, el IFT adjudicó de manera directa 2 millones 768 mil 920 al C. José Luis Peralta Higuera, ex comisionado de la institución, para que hiciera un “diagnóstico y estudio integral para la eliminación de tarifas de larga distancia.”

- El 29 de agosto de 2014, otra adjudicación directa de 2 millones 586 mil 800 pesos de nuevo al C. Peralta Higuera por el “servicio de elaboración de especificaciones técnicas y operativas que permitan hacer más eficiente el proceso de la portabilidad numérica en el país.”

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos que uno se puede encontrar. Parece que en muchos casos se confunde la autonomía constitucional con una patente de corso para transferir millones de recursos públicos a manos privadas.

El exceso de recursos en los organismos públicos y la falta de vigilancia, acaba con las mejores intenciones e incluso con las mejores personas. Es fundamental que los recursos públicos estén bien auditados y sean limitados y racionalizados. Esto es especialmente urgente dada la situación actual de nuestras finanzas públicas: cuando se exige a los ciudadanos cada vez un mayor pago de impuestos y cuando la deuda pública está creciendo a niveles muy peligrosos.

Es así, que la referida violación al mandato constitucional y legal de nombrar contralores resulta en una falta de vigilancia a dos organismos autónomos que disponen de amplios recursos como es el caso particular del IFT quien ha triplicado su presupuesto de 2013 a la fecha al pasar en ese año de 659 millones de pesos a 2 mil millones para 2016, lo cual resulta peligroso sin una fiscalización en términos de ley.

Derivado de lo anteriormente fundado, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que en estricto apego a sus atribuciones legales nombre a la brevedad a los contralores internos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica establecidos en el artículo 28 párrafo veinte, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el procesos de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de Egresos para el año 2016 se revisen de manera detallada y con un ajuste a la baja los recursos que se otorgarán al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Tercero. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Auditoría Superior de la Federación a que inicie una auditoría integral que comprenda del año 2013 a 2014 sobre todas y cada una de las adjudicaciones realizadas que permita dar cuenta del uso de los recursos públicos ejercidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Salón de sesiones de Honorable Cámara de Senadores, a 6 de octubre de 2015.— Senadores: Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese el primer resolutivo a la Junta de Coordinación Política y el segundo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-8-0065, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0972/2015, suscrito por el maestro Íñigo Fernández Baptista, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado licenciado Solís Acero:

Por este conducto, y en atención al oficio SELAP/ 300/ 2142/15, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 17 de septiembre del año en curso y que en el resolutivo conducente señala, en lo que atañe a esta institución:

“Segundo.- Se exhorta a las entidades y dependencias de la administración pública federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal, a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil; exhortándoles a emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales, que no estén destinados a labores operativas y las tareas de carácter indispensable, no circulen el día 22 de septiembre, y del mismo modo soliciten a sus trabajadores no utilizar automóviles particulares durante ese día y optar por medios de transporte público o no motorizado.”

Al respecto, me permito informar a usted que el mencionado exhorto fue turnado a la Oficialía Mayor de esta institución, para su conocimiento y los efectos que resulten procedentes.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2015.— Maestro Íñigo Fernández Baptista (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 62-II-5-2812, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/1261/15, suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer los estudios y la importancia de los manglares; promover el conocimiento entre los niños y los jóvenes, y entre las demás generaciones sobre su importancia para el ambiente y el ser humano.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 5 de octubre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/UEL/311/837/15 del 6 de mayo de 2015, a través del cual hizo del conocimiento de esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 30 de abril pasado, en relación con la conservación de los manglares.

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio número 401-3-9315-15 del 15 de septiembre del presente año, suscrito por la licenciada María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, D.F., a 1o. de octubre de 2015.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Conaculta.

Licenciado Adrián Guerra Yánez, coordinador de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública.— Presente.

Me permito hacer referencia a su oficio número UR120UCE/CECU/0611/15 Ref. 0062-P, mediante el cual informa del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que señala:

“Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Turismo, y de Desarrollo Social del gobierno de la república; y a los titulares de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a generar acciones para fortalecer los estudios y proyectos relativos a la importancia de los manglares; incrementar las Áreas Naturales Protegidas, así como su vigilancia; promover el conocimiento entre los niños y los jóvenes, y entre las demás generaciones sobre la importancia de los manglares para el ambiente y el ser humano, y de los puertos prehispánicos situados en esas zonas; mantener actualizado el inventario de manglares a nivel nacional y proseguir los trabajos que actualmente se llevan a cabo al efecto; establecer programas permanentes de conservación y restauración de manglares; implantar acciones para restaurar los vestigios arqueológicos que se encuentran en esas zonas; establecer programas permanentes de empleo temporal para tal fin; así como promover con el debido respeto a las Leyes aplicables en la materia, las visitas a dichas áreas, pues constituyen un atractivo más del país y son fundamentales para la conservación de estas zonas prioritarias.

Al respecto, me permito informar que en cumplimiento de lo que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, su Reglamento y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología, este órgano desconcentrado en coordinación con las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno realiza las acciones necesarias, para asegurar la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación, promoción y difusión del patrimonio arqueológico e histórico de su competencia.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi consideración y respeto.

México, DF, a 15 de septiembre de 2015.— Licenciada María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega (rúbrica), coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 62-II-2-1728, signado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/1306/15, suscrito por la doctora Lorena G. Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a diseñar e implementar una política pública oportuna y eficaz, focalizada en el nivel educativo básico, medio superior y superior, que permita a las jóvenes embarazadas o madres adolescentes, contar con un apoyo económico para continuar sus estudios y en consecuencia, poder aspirar a un proyecto de vida funcional; acompañando la implementación y reforzamiento de campañas de prevención y concientización sobre embarazos entre adolescentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/1943/14 del 1 de diciembre de 2014, a través del cual hizo del conocimiento a la Unidad de Coordinación Ejecutiva de esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que exhorta a diseñar e implementar una política pública oportuna y eficaz, focalizada en el nivel educativo básico, medio superior y superior que permita a las jóvenes embarazadas o madres adolescentes contar con un apoyo económico para continuar con sus estudios.

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio No. 500/103.4/2015/0040, de la coordinadora general de la Subsecretaría de Educación Superior, así como el similar número 135, de la Subsecretaría de Educación Media Superior, finalmente, la copia del oficio número SEB/URJOO/CAS/0018/2015, de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Educación Básica, con los comentarios correspondientes al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2015.— Doctora Lorena G. Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de Enlace.»

«Maestro César Becker Cuéllar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número D.G.P.L. 62-II-2-1728 la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso, de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 27 de noviembre último, mismo que a continuación transcribo:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Salud para que diseñe y fortalezca los programas enfocados a reducir la incidencia de embarazos de adolescentes en México, reforzando las campañas implementadas para la prevención y concientización sobre embarazos entre adolescentes. Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a diseñar e implementar una política pública oportuna y eficaz, focalizada en el nivel educativo básico, medio superior y superior, que permita a las jóvenes embarazadas o madres adolescentes, contar con un apoyo económico para continuar sus estudios y en consecuencia, poder aspirar a un proyecto de vida funcional; acompañando la implementación y reforzamiento de campañas de prevención y concientización sobre embarazos entre adolescentes.”

Asimismo, le acompaño, para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 1o. de diciembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión.

En relación con su oficio UR 120 UCE/CECU/1194/14, mediante el cual solicita los elementos respecto del punto pe acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014, que a la letra señala:

“Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar una política pública oportuna y eficaz, focalizada en el nivel educativo básico, medio superior y superior que permita a las jóvenes embarazadas o madres adolescentes, contar con un apoyo económico para continuar con sus estudios y en consecuencia, poder aspirar a un proyecto de vida funcional; acompañando la implementación y reforzamiento de campañas de prevención y concientización sobre embarazos entre adolescentes.

Sobre el particular, se comenta que, de acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, para el ejercicio fiscal 2014 el acuerdo 708 estableció como criterio de priorización para el otorgamiento de becas a las alumnas que se encuentren embarazadas o sean madres con la finalidad de promover la corresponsabilidad y una paternidad responsable. Asimismo, en, el acuerdo 30/12/14, para el ejercicio fiscal 2015, se dio continuidad a dicho criterio.

Por otro lado, se cuenta con la propuesta de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) para que desde la emisión del Presupuesto de Egresos de la Federación se etiqueten recursos destinados a la construcción de guarderías o centros de atención a mujeres embarazadas en las distintas Universidades del país.

Finalmente, de los programas que opera la DGESU se encuentra el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas en el que se apoya la creación de guarderías al interior de las universidades.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2015.— Carlos Carrillo Quintana (rúbrica), coordinador general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo.— Querétaro.— Poder Legislativo.

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, fracciones V y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión del pleno de la LVII Legislatura del estado de Querétaro, celebrada el 17 de julio de 2015, se aprobó el acuerdo por el que la Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Querétaro aprueba presentar ante el Congreso de la Unión la “iniciativa de ley que reforma la fracción X del artículo 123 de la Ley General de Víctimas”, remitiéndole la iniciativa de mérito, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 23 de septiembre de 2015.— LVII Legislatura del Estado de Querétaro.— Mesa Directiva: diputado Luis Bernardo Nava Guerrero (rúbrica), Presidente;diputado Diego Foyo López (rúbrica), secundo secretario.»

«Escudo.— Querétaro.— Poder Legislativo.

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Presente.

La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Honorable Congreso de la Unión, la “iniciativa de ley que reforma la fracción X del artículo 123 de la Ley General de Víctimas”, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

1. Que en términos de la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las legislaturas de los estados tiene facultad de presentar iniciativas de reforma a leyes de competencia federal; en consecuencia, esta Legislatura, en el ejercicio de sus facultades, puede formular, de manera respetuosa, iniciativas para su trámite legislativo ante el Congreso de la Unión, como en la especie acontece.

2. Que la Ley General de Víctimas es un ordenamiento de carácter federal, por lo que compete al Poder Legislativo Federal discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas que busquen reformar la ley en cita.

3. Que la citada Ley General de Víctimas tiene por objeto, proteger de forma integral los derechos de las víctimas, proporcionar ayuda, asistencia y la reparación integral de los daños, evitando con ello la revictimización de las personas por parte de las dependencias de gobierno encargadas de la administración y aplicación de justicia.

En su artículo 4, señala que son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas a cargo de la víctima directa (persona que haya sufrido un daño o menoscabo a su integridad física o a sus bienes a consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos).

En su artículo 5, establece que los mecanismos y procedimientos deberán de regirse por los principios siguientes:

No Criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

Victimización Secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

En consecuencia, todos los procedimientos deberán de estar encaminados a no exponer o establecer cargas a las víctimas que no fueran posibles exceptuar con la implementación de métodos o procedimientos que permitan salvaguardar de forma eficiente el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, así como el derecho a la implementación de métodos científicos en las investigaciones que esclarezcan los hechos de forma plena.

4. Que, asimismo, el artículo 7 prevé los derechos de las víctimas, entre los que se encuentran: el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral y el derecho a la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno .con respecto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentre dentro de un proceso penal o de cualquier otra índole.

En ese sentido, el derecho a conocer la verdad y a acceder a la justicia, no pueden ser opuestos al derecho al bienestar físico, psicológico y respecto a la dignidad y privacidad de la víctima, razón por la cual la autoridad, en el ámbito de su competencia, deberá instrumentar procedimientos y políticas que tiendan a salvaguardar las evidencias de forma óptima, evitando con ello la revictimización o la imposición de cargas innecesarias.

5. Que en la fracción X, del artículo 123 del propio ordenamiento legal, se impone la carga de no someter a los restos de la víctima directa a la cremación, en aras de hacer efectivo el derecho a la verdad y a la justicia, en consecuencia, los restos de las víctimas directas deben de ser sometidos a la inhumación, exponiendo con ello las evidencias disponibles a la descomposición natural, no siendo este el mejor procedimiento a fin de salvaguardar el derecho a la verdad y la justicia, aunado a la posible revictimización de las víctimas a las que se impone una carga adicional que pudiera ser exceptuada de realizarse el procedimiento adecuado, agotando en tiempo y forma los estudios y peritajes necesarios a fin de encontrar la verdad jurídica del hecho delictivo.

6. Que a fin de garantizar la correcta, eficaz y rápida investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito, las procuradurías de justicia habrán efectuar todas las medidas legales y científicas posibles, con el objeto de agotar cualquier línea de investigación que conduzca a la verdad legal y que deslinde las responsabilidades, razón por la cual se deberán practicar todo tipo de diligencias científicas, que permitan no trasladar cargas adicionales o innecesarias a las víctimas de delito, evitando con ello la posible revictimización.

7. Que los Ministerios Públicos tienen la responsabilidad de ordenar realizar todas y cada una de las pruebas periciales que conduzcan a la verdad jurídica de los posibles hechos delictivos, sin necesidad de solicitud expresa de las víctimas indirectas; por lo tanto, de suyo, el Ministerio Público deberá ordenar, con la oportunidad debida, a las áreas especializadas que corresponda, recabar y salvaguardar en buen estado físico las pruebas que se desprendan de los restos corpóreos u óseos, según sea el caso, como sería el dictamen forense que determine la causa de la muerte, mapa fotográfico de los restos, muestras de sangre, muestras de material óseo y análisis de sustancias procesadas por el hígado, las cuales deberán de ser resguardadas bajo condiciones que permitan su conservación, sin que se altere su composición, teniendo esa responsabilidad la procuraduría competente.

Una vez concluido el proceso penal y una vez que haya causado estado la sentencia definitiva dictada, cesará tal responsabilidad.

8. Que la inhumación de los restos de la víctima en un cementerio no es la mejor forma de preservar las posibles evidencias o pruebas que puedan contener los restos de la víctima, pues se exponen al proceso de descomposición y con ello la descomposición de evidencias, lo que podría representar la imposibilidad de conocer la verdad jurídica, negando el derecho de conocer la verdad de las víctimas directas e indirectas, así como una carga adicional para éstas al no poder disponer libremente y de acuerdo a su creencias, tradiciones o voluntad de la víctima, de los restos de su familiar.

9. Que el Estado tiene la obligación constitucional de administrar y aplicar la justicia, por lo que deberá de destinar los recursos necesarios a fin de crear las dependencias y mecanismos técnicos que permitan a las procuradurías garantizar a las personas el derecho a la justicia y a la verdad, privilegiando en todo momento la dignidad de las personas y el debido respeto a las creencias de todos, sin imponer cargas innecesarias que pueden y deben de ser superadas con un eficiente y correcto proceso de investigación basado en procesos científicos que permitan conocer la verdad irrefutable de los hechos.

10. Que frente al reto que tiene el Estado mexicano en relación con a la impartición de justicia, debemos instar la optimización de los procesos de investigación empleados por los Ministerio Públicos, la utilización de herramientas electrónicas que potencialicen la capacidad de investigar y resolver los delitos, combatiendo la corrupción, por lo que nadie puede ser ajeno a proponer nuevas reglas en la materia.

11. Que, como se ha dicho, actualmente la disposición en cita no representa el mejor método a fin de conocer la verdad jurídica y sí, en cambio, una carga para las víctimas, por lo que en aras de no violar sus derechos, se propone la reforma planteada, con el fin de impulsar procesos de investigación sustentados en métodos médicos y científicos que sean aplicables en el momento oportuno y que propicien el esclarecimiento de los hechos de forma confiable, salvaguardando el derecho de las víctimas a conocer la verdad y el principio fundamental de acceso a la justicia, en términos más claros y precisos, evitando la revictimización y la imposición de cargas innecesarias a las víctimas.

12. Que expuesto lo anterior, la Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Querétaro tiene a bien presentar la siguiente

Iniciativa de ley que reforma la fracción X del artículo 123, de la Ley General de Víctimas.

Artículo Único. Se reforma la fracción X, del artículo 123 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 123. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente:

I. a la IX. ...

X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, el Ministerio Público no deberá imponer carga adicional a las víctimas, por lo que podrán disponer libremente de los restos a fin de decidir libremente su cremación o inhumación de conformidad con los deseos y costumbres de las víctimas.

La entrega del cuerpo o restos corpóreos, sólo se efectuará una vez que se cuente con los dictámenes médicos que determinen la causa de la muerte, el mapa fotográfico del cuerpo o restos óseos de la víctima y, de ser posible, muestras de sangre, tejido óseo y análisis de las últimas sustancias procesadas por el hígado, muestras que deberán ser conservadas de tal forma que no puedan ser alteradas. El Ministerio Público contará con un plazo no mayor a siete días naturales para dar cumplimiento a lo anterior. El resguardo y la cadena de custodia de todo lo señalado estará bajo responsabilidad de la Procuraduría competente, según la jurisdicción del suceso y de lo establecido en la legislación aplicable, debiendo conservarse hasta en tanto se tenga sentencia firme que ponga fin al proceso judicial.

Se exceptuarán de lo anterior, los casos en que sea notorio que la defunción es originada por un accidente en el que no haya más involucrados que la víctima que perdió la vida; y

XI.

Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igualo menor jerarquía que se opongan a la presente Ley.

Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro.— Mesa Directiva, diputados: Luis Bernardo Nava Guerrero (rúbrica), presidente; Diego Foyo López (rúbrica), segundo secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

INICIATIVAS DE SENADORES LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VIII y reforma los párrafos tercero y quinto del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Fernando Torres Graciano, senador de la república en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VIII, recorriéndose la actual fracción VIII, pasando a ser la IX y; reforma los párrafos tercero y quinto del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a la siguiente

Exposición de motivos

Los orígenes de la educación privada en México datan desde tiempos de la colonia. En esa época existían los llamados preceptores, que eran los que se ocupaban de la educación individual de niños, niñas y jóvenes.

A partir de las Cortes de Cádiz, la vigilancia sobre la educación quedó en manos del ayuntamiento. Esta responsabilidad educativa se mantuvo en el México independiente, en donde los dueños y clientela se encargaban de cubrir los gastos de las escuelas particulares.

El desarrollo de las escuelas particulares ha estado ligado con lo estipulado en la Constitución de la República y en particular, con el actual artículo 3o. Dicho artículo tuvo varios cambios muy importantes a través del tiempo, que reflejaron la ideología y conflictos de la época hasta llegar a su redacción actual.

Su actual redacción consagra el derecho que tiene todo individuo a recibir educación en México. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, las cuales serán obligatorias.

La educación tendrá como finalidad el desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además será democrático, nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana y será de calidad.

El Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república. Para estos efectos, considerará la opinión de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia.

En su fracción VII, el artículo 3o. constitucional establece las bases para la educación impartida por los particulares:

a) Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.

b) El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que realicen en planteles particulares.

c) En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los fines de la educación y a los criterios educativos. Además, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establece la ley.

El Sistema Educativo Nacional se estructura en los subsistemas escolarizado y no escolarizado. En el primero de ellos, se transita por tres tipos educativos: básico, medio superior y superior. Estos tipos, salvo el medio superior, se descomponen en varios niveles de enseñanza articulados en una secuencia obligada de grados escolares.

En cada grado escolar, que dura un año, se prepara al alumno para cursar el siguiente grado, al cual sólo accede una vez que aprobó el que le precede.

La educación de tipo básico está compuesta por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El tipo medio-superior comprende el nivel bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.

El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Además, comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

La Ley General de Educación, con base en la Constitución, permite que los particulares puedan impartir educación en todos sus tipos y niveles. Para primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos a los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine y; planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes.

Una vez que el particular cumpla con los requisitos necesarios, la autoridad educativa expedirá un acuerdo de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios, en el que se manifiesten las motivaciones del hecho y fundamentos de derecho por los que se resolvió otorgar el acuerdo correspondiente. Dicho acuerdo, deberá especificar además, entre otros datos, el tipo, nivel y modalidad de los estudios incorporados.

Actualmente, de acuerdo con documento Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013, elaborado por la Secretaría de Educación Pública, SEP, en dicho ciclo escolar hubo 35 millones 251 mil 68 alumnos en la modalidad escolarizada. De ellos, 30.6 millones (86.9 por ciento) fueron atendidos por el sector público y 4.6 millones (13.1 por ciento) por el privado:

Cifras similares aparecen en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, el cual muestra que el 13.6 por ciento de las 207,682 escuelas censadas fueron privadas; uno de cada diez estudiantes, de los 25 millones 777 mil 384 del total de alumnos en el país, acudían a escuelas privadas; y 18 de cada 100 maestros laboraban en escuelas privadas, lo que muestra una mayor atención en los colegios particulares a los alumnos.

Como podemos ver, la participación de las escuelas privadas en el Sistema Educativo Nacional es realmente importante.

También sabemos que existe un gran número de padres de familia mexicanos que consideran a la escuela privada como una auténtica opción. Pues proyecta los intereses que tienen sobre la formación de sus hijos, los cuales son muy distintos a la educación obligatoria brindada por el Estado.

Consideran que una buena educación puede mejorar las oportunidades y perspectivas de sus hijos en un mundo que cada vez se encuentra más globalizado y competitivo. Para la mayoría de ellos, es tan importante la educación de sus hijos que pagan su costo ellos mismos.

Como referencia, una encuesta realizada entre el 2013 y 2014 mostró que el 72 por ciento de los mexicanos creen que el pago de la educación de los hijos es la mejor inversión que pueden hacer. El 23 por ciento quisieran pagar la educación primaria en escuelas privadas; 35 por ciento pagar la secundaria; y 50 por ciento la preparatoria.

Año con año, los padres de familia que tienen a sus hijos en instituciones particulares deben realizar numerosos gastos como: inscripción, colegiaturas, lista de útiles escolares, el paquete de libros, seguro de gastos médicos, cuota para la sociedad de padres de familia y artículos extra como plumones para el pizarrón, rollos de papel, pañuelos higiénicos, jabón y paquetes de hojas blancas, entre otros.

A lo anterior se suma que, derivado de la reforma hacendaria que entró en vigor en el 2014, el 30 por ciento de las ganancias de los colegios ahora están gravadas, lo que repercutió en el costo de las inscripciones, reinscripciones y colegiaturas, las cuales han registrado en este año incrementos de hasta un 29 por ciento.

Se entiende a la reinscripción como el pago que cada año deben realizar los padres de familia, por el reingreso y registro de sus hijos como alumnos por cursar los grados subsecuentes al inicial en la misma institución educativa privada. Los particulares prestadores del servicio educativo pueden cobrar la reinscripción de manera general y obligatoria.

En este contexto, el 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, expedido por el Ejecutivo federal.

En este decreto, el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades y con la intención de procurar el acceso a la educación de las familias mexicanas, estimó oportuno mantener un estímulo por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior realizados a instituciones educativas privadas, incluso sin tomarlo en cuenta para el límite global de las deducciones personales establecido en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, se estableció en dicho decreto que éste estímulo no era aplicable a .los pagos correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.

Por lo anteriormente expuesto y con la misma intención de procurar el acceso a la educación de las familias mexicanas, propongo que sean deducibles al 100 por ciento los pagos por cuotas de reinscripción, correspondiente a los tipos de educación básica y media superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley General de Educación, bajo ciertos términos.

Es importante aclarar que al ser una deducción personal, todas las personas físicas, entre ellas, los padres de familia, la podrán hacer valer al presentar su declaración anual. Además, es una muy buena razón para optar por presentar declaración anual para quienes no están obligados a hacerlo, pues podrían obtener devoluciones de saldos a favor, dependiendo del monto de sus deducciones.

Con base en lo anterior presento a consideración de esta asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción VIII, recorriéndose la actual fracción VIII, pasando a ser la IX y; se reforman los párrafos tercero y quinto del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo Único.Se adiciona una nueva fracción VIII, recorriéndose la actual fracción VIII, pasando a ser la IX y; se reforman los párrafos tercero y quinto del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. ...

I. a VII. ...

VIII. Los pagos por cuotas de reinscripción correspondientes a los tipos de educación básica y media superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igualo superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.

No será aplicable esta deducción cuando las personas mencionadas en .el párrafo anterior reciban cualquier apoyo económico público o privado para pagar la cuota de reinscripción.

Los pagos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Para los efectos de esta fracción, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste.

IX. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5 por ciento.

Para determinar el área geográfica...

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I, II y VIII que anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada.

Los requisitos...

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo y del artículo 185 no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10 por ciento del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III y de los pagos por cuotas de reinscripción a que se refiere la fracción VIII de este artículo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Ley General de Educación. Artículo 54.

2 En su caso, también deberán satisfacer los demás requisitos a que se refiere el artículo 21 de la Ley General de Educación.

3 SEP. Artículo 22. Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

4 «Educación privada: ¿pagar o no pagar?», [en línea], México, HSBC, 10 de septiembre de 2014, dirección

https://www.hsbc.com.mx/1/PA_esf-ca-app-content/content/inicio/ grupo hsbc/sala prensa/archivos/cp valor educacion.pdf, [consulta 23 de marzo de 2015].

5 Con fundamento en el “acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013.

México, Distrito Federal, a 29 de septiembre de 2015.— Senador Fernando Torres Graciano (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Doctor Fernando Enrique Mayans Canabal, senador de la República a la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del pleno de esta asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El cacao domesticado en las tierras bajas y presente en contextos arqueológicos desde hace 4000 años, se remonta hasta los tiempos de la civilización olmeca, siendo también una semilla disfrutada por los mayas y los aztecas, estos últimos considerándola como un obsequio del dios Quetzalcóatl, motivo por el cual su consumo era exclusivo de gobernantes y guerreros de élite.

En el México prehispánico al cacao se le atribuyeron una serie de funciones: bálsamo, ofrenda, tributo, moneda, poderoso artículo de intercambio, objeto ritual y símbolo de fertilidad.

Por la manera versátil de sus características, el cacao fue parte crucial de la cultura y la alimentación, manteniendo su importancia simbólica, social, religiosa, política y económica desde las culturas prehispánicas en México hasta el día de hoy.

México, aparte de ser la cuna del cacao, es uno de los pocos países que cuenta con las condiciones geográficas propicias para cultivar este importante fruto. Sobre este punto, es importante destacar que el cacao sólo puede sembrarse en un estrecho rango geográfico, que va de los 20 grados al norte a los 20 grados al sur del ecuador, siendo necesario que el ecosistema en donde se siembre el árbol ofrezca una temperatura cálida y zonas muy húmedas, cercanas a corrientes de agua en la selva, bajo la sombra de árboles con mayor altura para permitir períodos de sombra.

En México, la producción nacional se concentra principalmente en Tabasco (67%) y Chiapas (31%), que aportan el 98% de la producción total, mientras que el resto se produce en Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Por tanto el cacao, en adición a las demás virtudes antes señaladas, es un elemento importante para el desarrollo regional, particularmente de la zona sureste del país, motivo por el cual es necesario visualizarlo como una herramienta para incentivar un crecimiento sostenible en dicha zona.

A pesar de su valor cultural, económico y de desarrollo regional, México únicamente aporta el 0.5% de la producción mundial total con un registro aproximado de 22 mil toneladas anuales, lo que representa una disminución del 47% al ser comparada con 2001. Esta situación, ha derivado en un alza en la importación de este producto y por ende, se está afectando directamente a la economía de los productores locales.

Más allá del factor histórico y económico, el cacao y sus derivados (pasta de cacao, manteca de cacao y cocoa) representan un elemento esencial para la gastronomía nacional, dado que son los principales insumos no sólo para el chocolate, sino para platillos como el chilate en Guerrero; el popo, punzuque, tasca late, chemole, polivi en Chiapas; el pozol en Tabasco; chocolate de apompo en Veracruz, así como el Champurrado, el tejate o los distintos tipos de Mole.

Sobre este punto, es importante destacar que la Gastronomía Mexicana es una de las cuatro únicas en su tipo que son consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), siendo modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias, costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Esto da fruto a una integración y participación colectiva de todos los sectores de la cadena alimenticia, empezando claramente por la .sociedad agraria en la siembra y cosecha de los productos y la inclusión de ingredientes autóctonos como lo son el cacao y sus derivados.

Tanta es la importancia del cacao y sus derivados en el contexto nacional que en tiempos recientes el Ejecutivo Federal presentó el “Acuerdo para instrumentar la política de fomento a la gastronomía nacional”, el cual tiene como meta el desarrollo del crecimiento local, regional, y nacional a través del impulso a la gastronomía nacional, en el cual se contemplan acciones en favor del desarrollo del chocolate y el cacao mexicano.

Bajo el contexto anteriormente expuesto, es clara la necesidad nacional de impulsar al mercado agrícola, a través de una mayor producción del cacao y sus derivados como producto verdaderamente mexicano que forma parte intrínseca de la gastronomía, la historia, la cultura y la sociedad mexicana.

Dicha necesidad se contrapone con la actual política fiscal gubernamental, la cual establece un gravamen a los productos derivados del cacao como lo son la pasta de cacao, manteca de cacao y la cocoa, esto a través de un impuesto del 8% sobre su producción, establecido injustamente en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el cual ha afectado a los pequeños productores del cacao, quienes sufren directamente con la pérdida de su rendimiento y mercado de venta en un momento en el cual la producción del cacao, se encuentra en un contexto crítico para su futuro.

Al establecer una carga fiscal sobre los productos derivados del cacao, las familias y comunidades que dependen de su comercialización para su manutención sufren al no poder ser competitivos en el sector. Esta barrera se impone de forma injusta y desagua en todos los sectores de la sociedad y cultura mexicana. Adicionalmente, dicho impuesto va en contra de las estrategias de impulso y desarrollo de México al dificultar el crecimiento del área agrícola y de todos los círculos de producción gastronómica que forman parte de la cultura intrínseca de este país.

Con base en la presente Exposición de Motivos y partiendo de la innegable responsabilidad del H. Congreso de la Unión de impulsar políticas públicas que incentiven un mayor desarrollo económico de los agricultores mexicanos, es que se considera urgentemente necesario modificar la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, específica mente la fracción I, párrafo J, numeral 3 del artículo 2o; y, la fracción XXIX del artículo 3o de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Es por ello, que la presente Iniciativa propongo

• Excluir a los productos derivados del cacao del gravamen del 8%, para efecto de incentivar el desarrollo de dicho cultivo al establecer un costo de materia prima más bajo, suprimiendo con ello una de las barreras que impiden el crecimiento de nuestras comunidades más desarraigadas y coadyuvar a alcanzar todo el potencial agroalimentario de nuestra nación.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Único. Se reforman los artículos 2, en su fracción I, inciso J, numeral 3; y 3, en su fracción XXIX, ambos preceptos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

“Artículo 2.- ...

I. ...

A) a I). ...

J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos ....8%

1. a 2. ...

3. Chocolate

4. a 9. ...”

“Artículo 3.- ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. Se deroga

XXX. a XXXVI. ...”

Transitorio

Único. EI presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “Cacao México”. Cacao México. Fundación Cacao, n.d. web. 8 de septiembre de 2015.

2 Quarterly Bulletin of Cacao Statistics, Vol. XLI - No. 1-Cocoa year 2014/2015. ICCO 2014.

3 “Cacao México”. Cacao México. Fundación Cacao, n.d. web. 8 de septiembre de 2015.

4 México. DOF. Acuerdo para instrumentar la política de fomento a la gastronomía nacional. N.p., 2 Sept. 2015. Web. 08 Sept. 2015. <http://www.dof.gob.mx/ nota_detalle.php?codigo=5405996&fecha=02/09/2015>.

Fuentes:

1. Revista UNAM 12(4), 2011.

2. SIAP, 2012.

3. Muestra sobre la alimentación en el arte, Antropóloga Social Mexicana y Docente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Cristina Padilla, Silvia Ibarra Investigadora y Ana Cecilia Pujals, periodista mexicana.

4. Fundación Cacao México.

5. http://venacomer.com.mx/oolitica/obietivo-1.html

6. Soleri, Daniela y Cleveland, David A. «Tejate: Theobroma Cacao and T. bicolor in a Traditional Beverage from Oaxaca, Mexico».

7. Acuerdo para instrumentar la política de fomento a la gastronomía nacional.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los veintinueve días del mes de septiembre de 2015.— Senador Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

COMISIONES ORDINARIAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con las propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno. Estamos aquí en espera de que nos llegue una propuesta de la Junta de Coordinación Política, mientras continuamos informando a la honorable asamblea, que de conformidad con lo que dispone el artículo 146, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el día de ayer quedaron legalmente instaladas las siguientes comisiones: Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público, Infraestructura, Transportes, Asuntos Migratorios y Juventud.

El día de hoy por la mañana, igualmente se instalaron debidamente las siguientes comisiones: Gobernación, Vivienda, Desarrollo Social, Ciencia y Tecnología, Energía y Justicia. Comuníquese.

Hacemos desde luego un atento llamado para que las comisiones, especialmente las que tienen una significativa cantidad de dictámenes pendientes de atender, lo puedan hacer a la mayor brevedad, sabiendo que la sociedad espera mucho trabajo productivo de nosotros, de todas y de todos ustedes.

Continuamos ahora con el punto del orden del día de iniciativas de diputadas y diputados.

INICIATIVAS CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127; y se adiciona un Título Décimo, denominado “De los Órganos Autónomos Constitucionales”, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo

Siguiente

a) Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127; y se adiciona un Título Décimo denominado “De los Órganos Autónomos Constitucionales” a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados es competente para hacer las reformas y derogaciones que se proponen en la presente Iniciativa de conformidad con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Ordenamientos a modificar

Se reforma y adiciona el artículo 127; y se adiciona un Título Décimo denominado “De los Órganos Autónomos Constitucionales” a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

Establecer a nivel constitucional bases generales para la regulación de los órganos autónomos constitucionales, sean federales o locales, que permitan una adecuada regulación sobre: a) la naturaleza jurídica; b) la definición de su función pública; c) las limitaciones salariales y presupuestales; d) la intervención de los poderes legislativos –federal o local- en la designación, ratificación, elección o reelección de sus integrantes; e) la relación con los poderes públicos; f) la transparencia y rendición de cuentas y g) los principios con que los rigen.

e) Argumentos que la sustentan

Primero. Una lectura completa y correcta del texto constitucional nos lleva a la conclusión de que en la actualidad el principio tradicional de división de poderes ha variado, pues en la Constitución no sólo se reconoce al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino también a los llamados órganos constitucionales autónomos. A pesar de que se afirma que no son poderes en el sentido tradicional del término, lo cierto es que tienen aseguradas, por mandato directo del texto constitucional, una serie de atribuciones y funciones muy relevantes.

Segundo. La noción de órgano constitucional autónomo que prevalece en la mayor parte de la doctrina es la que los considera como aquellos entes a los cuales está confiada una actividad directa e inmediata del Estado, quien, dentro de los límites del derecho objetivo, los coordina entre sí, pero no los subordina unos a otros, ni tampoco a un determinado órgano estatal; gozan de una completa independencia, se encuentran en el vértice de la organización estatal, no tienen superiores y son sustancialmente iguales entre sí.

Hay que destacar que, en este caso la autonomía es la ausencia de subordinación administrativa reflejada en la falta de poderes jerárquicos administrativos que presenta un determinado ente frente a cualquier otro ente, poder u órgano y que lo llevan a auto determinarse en cumplimiento de los fines que tiene encomendados.

Tercero. Hay que recordar que los órganos constitucionales autónomos surgen sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque fueron ya teorizados por Georg Jellinek y por Santi Romano desde finales del siglo XIX. Por supuesto, la existencia de dichos órganos supone un enriquecimiento de las teorías clásicas de la división de poderes, las cuales postulaban que dentro de un Estado solamente había tres funciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

Cuarto. A la suma de los poderes “tradicionales”, los sistemas constitucionales contemporáneos prevén un sinnúmero de órganos que no pueden encasillarse dentro de la teoría clásica de la división de poderes.

Las razones por las que surgen estos órganos son varias: especialización técnico-administrativa, necesidad de enfrentar los efectos perniciosos de la partidocracia, necesidad de realizar determinadas tareas que no deben estar sujetas a la coyuntura política pero que son parte de las atribuciones naturales del Estado y, en el caso de los electorales, necesidad de contar con las máximas garantías de imparcialidad, profesionalismo y eficiencia en su desempeño.

Quinto. Existe consenso en que las características primordiales de los órganos constitucionales autónomos son las siguientes:

a) Son creados directamente por la Constitución

La sola mención de un ente en la Constitución, no resulta suficiente para considerarlo como un órgano autónomo, pues hay órganos del Estado a los que sólo se hace referencia en el Código Político u órganos cuyas funciones son detalladas por éste, sin gozar de plena autonomía. La Constitución debe determinar que goza de autonomía.

La autonomía o independencia no exclusivamente funcional, sino también financiera, ya que todo órgano constitucional autónomo exige de un presupuesto que no esté determinado por una ley secundaria o sea el producto de las convenciones políticas del momento, sino de una decisión constitucional que establezca claramente las bases o el porcentaje que debe corresponderle.

b) Son fundamentales en la vida del Estado

No se debe perder de vista que el factor primordial de la existencia de un órgano autónomo es su carácter fundamental para el funcionamiento del Estado. Esto es, ser un órgano excepcional y esencial, si no lo es, carece del carácter de órgano autónomo.

c) Intervienen o participan en las decisiones políticas del Estado

Esa participación puede ser a través de actos materialmente ejecutivos, legislativos o judiciales.

d) No forman parte de la estructura orgánica de ninguno de los poderes tradicionales

No dependen del legislativo, ejecutivo y judicial, ni están adscritos a la esfera de su competencia.

f) Tampoco se encuentran subordinados a dichos poderes, sino que, por el contrario, tienen una paridad de rango con ellos y con los demás órganos del Estado

Se puede afirmar que su autonomía se determina por el tipo de relación que tienen con las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno, así como con los demás órganos autónomos. No quiere esto decir que los órganos autónomos estén libres de control alguno, pues dependiendo de su naturaleza y facultades, están sujetos a un sistema de rendición de cuentas y revisión de sus actos Los órganos constitucionales autónomos, con dicha característica de esencialidad, por lo general cuentan con la capacidad de emitir actos definitivos en el ámbito de sus competencias, que no pueden ser modificados por ninguna otra autoridad del Estado, a excepción, por supuesto, de la revisión judicial.

g) La designación de sus miembros de carácter político

Los titulares de estos órganos deben ser propuestos preferentemente por el Poder Legislativo con mayorías calificadas superiores a las dos terceras partes del Congreso y tendrán que contar con las garantías o el estatuto personal de jueces y magistrados del Poder Judicial (selección justa e imparcial, inamovilidad, remuneración suficiente y prohibición de su reducción, designaciones escalonadas y servicio civil de carrera).

h) Se constituyen con perfiles neutros o apartidas para garantizar la imparcialidad

A sus miembros les estará prohibido, bajo severas sanciones, ser militantes de partidos o miembros de cualquier grupo de interés, o actuar bajo consignas.

i) Los miembros gozan de inmunidad como altos servidores públicos

Los titulares de estos órganos pueden ser removidos por incurrir en responsabilidad; sin embargo, es importante que cuenten con inmunidades para algunos actos que realicen y sean propios de su función, así como algunos privilegios procesales semejantes a los que gozan los miembros del Poder Judicial.

j) Se apegan a los principios de transparencia y rendición de cuentas

Los órganos constitucionales autónomos informan periódicamente de sus actividades al Congreso y a los ciudadanos. Sus actos y decisiones deben ser públicas y la información que generen debe ser accesibles a los ciudadanos.

k) Son órganos permanentes

Son órganos permanentes, o por lo menos para cuya derogación se podría exigir un procedimiento de reforma constitucional mucho más exigente que el proceso de reforma constitucional ordinario.

l) Mantienen relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado

Si bien no hay relación de subordinación con los otros poderes públicos, los órganos autónomos se encuentran en obligación de coordinación con ellos para cumplir sus fines.

Sexto. Ahora bien, con relación a los organismos autónomos constitucionales en las entidades federativas, En la jurisprudencia P./J. 13/200820, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la incorporación de dichos órganos autónomos no es exclusiva del órgano reformador de la Constitución Federal, pues conforme al régimen republicano, democrático y federal que establece la Constitución, los Estados de la República no están obligados a establecer, como órganos de poder, únicamente a los señalados en la Ley Suprema, puesto que en uso de la libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones de la Constitución Federal.

Séptimo. Con base en lo anterior, podemos afirmar lo siguiente:

a) Debido al empuje de las corrientes doctrinarias actualmente imperantes en el Derecho constitucional y administrativo, emergen los órganos constitucionales autónomos cuya aparición pone a discusión la antigua división tripartita de los poderes públicos.

b) Se aprecia que la estructura orgánica del Estado mexicano ha sido modificada significativamente desde 1917 a la fecha, principalmente durante la última década del siglo XX, se introdujeron diversos entes jurídicos de carácter atípico, que no dependen orgánicamente de ninguna de los tres órganos tradicionales que ejercen el poder en México.

c) Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé distintos órganos dotados de autonomía, no todos los entes que la Constitución califica como “autónomo” o “dotados de autonomía” cumplen con las características o los fines de los órganos constitucionales autónomos.

d) Los órganos constitucionales autónomos son aquellos a los que les está confiada la actividad directa e inmediata del Estado, y que, en los límites del derecho objetivo, que los coordina entre sí, pero no los subordina unos a otros, gozan de una completa independencia y paridad recíproca, se encuentran en el vértice de la organización estatal, no tienen superiores y son sustancialmente iguales entre sí, no están incluidos en ni uno solo de los poderes u órganos tradicionales del Estado, saliéndose del sistema tripartita plasmado tanto en nuestros artículos 49 como 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

f) Las características de los órganos constitucionalmente autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

g) Siguiendo la concepción flexible de la teoría de la división de poderes, es posible colegir que hasta la fecha sido voluntad del Poder Constituyente y del poder revisor de la Constitución constituir y organizar siete diversos órganos del poder que son autónomos e independientes entre sí, a los cuales le ha sido atribuidas de manera preferente las funciones del Estado mexicano, a saber: Congreso de la Unión; Ejecutivo Federal; Poder Judicial de la Federación; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Banco de México; Instituto Nacional Electoral; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación e Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

h) Los órganos constitucionales autónomos, se constituyen como verdaderos poderes, entendido dicho término como funciones del Estado, porque tienen funciones independientes, reconocidas y garantizadas por la Constitución y son capaces de emitir actos definitivos; esto es, ulteriormente inmodificables por otros órganos, salvo en algunos casos por el Poder Judicial de la federación.

i) Los órganos constitucionales autónomos contribuyen, no sólo a ampliar el margen de actuación de la entidad estatal por cauces diferentes a los tradicionales, sino también al redimensionamiento y al equilibrio de los poderes mismos, se constituyen efectivamente como un contrapeso eficiente de control constitucional.

j) Se considera que las reformas al texto constitucional propuestas no han tomado en consideración ubicar a los órganos constitucionales autónomos en un sólo rasgo y proponer rasgos comunes que los identifique en lo esencial y que permitan hacer las distinciones propias de su competencia técnica, cualidad que a fin de cuentas parece constituir su rasgo definitorio, por ello se estima necesario incorporar, entre otros elementos, la definición exacta de la naturaleza jurídica y adoptar un término común para referirse a los órganos constitucionales autónomos a fin de dar una mayor congruencia al texto constitucional vigente.

f) Texto normativo propuesto y artículos transitorios.

Proyecto de Decreto

Único. Por el que se reforma y adiciona el artículo 127; y se adiciona un Título Décimo denominado “De los Órganos Autónomos Constitucionales” a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. a 126...

Artículo 127. Los servidores públicos de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos de la federación o de las entidades federativas, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración...

I...

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República o de Gobernador o de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el presupuesto correspondiente y según corresponda.

En el caso de los servidores públicos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, éstos no podrán recibir remuneración mayor a la que perciba el gobernador o el jefe del gobierno, según corresponda.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República o de Gobernador o de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el presupuesto correspondiente y según sea el caso.

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. El incremento de las remuneraciones deberán ser aprobadas por la Cámara de Diputados, las Legislaturas locales o la Asamblea Legislativa según sea el caso.Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

V. ...

VI. ...

Artículo 128 al 136...

Título DécimoDe los Organismos Autónomos Constitucionales

Artículo 137. Las bases constitucionales previstas en el presente Título no serán aplicable a las entidades previstas en la fracción XIX del artículo 27; la fracción XXIX-H del artículo 73; artículo 79 y el artículo 115 de esta Constitución.

Apartado A.

Artículo 138. Los organismos autónomos constitucionales de la Federación:

I. Realizan funciones fundamentales, esenciales, primarias u originarias del Estado y que requieran que se atiendan de manera eficaz, especializada y técnicamente para beneficio de la sociedad y el desarrollo propio del Estado;

II. No dependen de orgánicamente, ni se encuentran subordinados, a ningún poder previsto en el artículo 49 de ésta Constitución. Estos órganos gozan de paridad respecto de los poderes públicos federales;

III. Cuentan con autonomía técnica, de gestión, presupuestal, financiera y funcional;

VI. Se rigen por los principios de imparcialidad, objetividad, economía procesal, celeridad, sencillez, eficacia, legalidad, publicidad, buena fe, especialidad, profesionalismo, accesibilidad, confiabilidad, máxima publicidad, certidumbre jurídica, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y transparencia y rendición de cuentas.

III. Se coordinan con los poderes públicos federales y otros órganos autónomos constitucionales en cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados;

IV. La elección, aprobación, ratificación o designación de los titulares, si fueran unipersonales, o de integrantes, si fueran órganos colegiados de dirección, se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámaras que sea competente y de conformidad con lo que establezca la ley.

Para cubrir una vacante en la titularidad del órgano, o en la integración del órgano de dirección, por una de las Cámaras del Congreso, o en su caso, por la Comisión Permanente, se hará con base en las propuestas que surjan de una amplia consulta a la sociedad. Por cada vacante se integrará una terna de candidatos.

En la elección, aprobación, ratificación o designación de titulares o integrantes de organismos autónomos constitucionales, se hará por la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que sea competente, o de la Comisión Permanente en su caso, y según determine ésta Constitución.

Cuando el presidente de la República sea el que someta a candidatos a ocupar vacantes en los órganos autónomos constitucionales a una de las Cámaras del Congreso, éste integrará una terna por cada vacante con base en las propuestas que surja de una amplia consulta a la sociedad.

Los candidatos a ocupar vacantes en los órganos autónomos constitucionales, además de los requisitos de elegibilidad que ésta propia Constitución establezca para cada caso, deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de ésta Constitución.

El titular, si es unipersonal, o los integrantes, si fueran órganos colegiados de decisión, de los órganos autónomos constitucionales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Según el caso, solo operará la reelección por una sola vez para los titulares o integrantes de organismos autónomos constitucionales, en los términos y las excepciones que propia Constitución establezca.

IV. Se sujetan a un régimen de rendición de cuentas y revisión de sus actos, para lo cual:

a) Sus titulares, si son unipersonales, o sus integrantes, si fueran órganos colegiados de dirección, son sujetos de responsabilidad y podrán ser removidos de conformidad con lo que establece el Título Cuarto de ésta Constitución;

b) Presentarán anualmente un programa de trabajo, y trimestralmente un informe de actividades y de gasto a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, y cuya difusión deberá hacerse con la máxima publicidad a favor de la sociedad.

c) Las remuneraciones que reciban el titular, en caso de ser unipersonal, o de sus integrantes, en órganos colegidos de decisión, se apegarán a lo que establece el artículo 127 de ésta Constitución. En ningún caso, la remuneración de éstos no podrá incrementarse sin la aprobación de la Cámara de Diputados. Los haberes de retiro, liquidaciones o similares no podrán superiores al equivalente de tres meses de su remuneración, sin perjuicio de lo acumulado en sus fondos de ahorro o retiro.

d) Comparecerán cuando menos una vez al año en el Congreso de la Unión en los términos que prevea la ley.

e) Sus titulares, si es unipersonal, o sus integrantes, si fueran órganos colegiados de dirección, deberán excusarse cuando haya conflicto de interés. La ley establecerá las sanciones y los casos en que haya conflicto de intereses

IX. Sus actos y decisiones podrán ser conocidas por los ciudadanos y se tendrá acceso a la información que generen, incluyendo a cualquier poder público, de conformidad con lo que establezca la ley en la materia.

Apartado B.

Artículo 139. Los organismos autónomos constitucionales que se encuentren previstos en las Constituciones Locales y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal:

I. Realizan funciones fundamentales y esenciales para la entidad y que requieran que se atiendan de manera eficaz, especializada y técnicamente para beneficio de la sociedad y el desarrollo propio de la entidad;

II. No dependen de orgánicamente, ni se subordinan de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial locales. Estos órganos gozan de paridad respecto de los poderes públicos federales;

III. Cuentan con autonomía técnica, de gestión, presupuestal, financiera y funcional;

VI. Se rigen por los principios de imparcialidad, objetividad, economía procesal, celeridad, sencillez, eficacia, legalidad, publicidad, buena fe, especialidad, profesionalismo, accesibilidad, confiabilidad, máxima publicidad, certidumbre jurídica, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y transparencia y rendición de cuentas.

III. Se coordinan con los poderes públicos federales y otros órganos autónomos constitucionales en cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados;

IV. La elección, aprobación, ratificación o designación de los titulares, si fueran unipersonales, o de integrantes, si fueran órganos colegiados de dirección, se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura local o de la Asamblea Legislativa, y de conformidad con lo que establezca la ley.

Para cubrir una vacante en la titularidad del órgano, o en la integración del órgano de dirección, la Legislatura local o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo harán con base en las propuestas que surjan de una amplia consulta a la sociedad. Por cada vacante se integrará una terna de candidatos.

En la elección, aprobación, ratificación o designación de titulares o integrantes de organismos autónomos constitucionales, se hará por la votación de las dos terceras partes de la Legislatura local o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Cuando el gobernador o el jefe de gobierno del Distrito Federal sea el que someta a candidatos a ocupar vacantes en los órganos autónomos constitucionales locales a la Legislatura local o la Asamblea Legislativa, según el caso, se hará con base en las propuesta que surjan de una amplia consulta a la sociedad. Por cada vacante se integrará una terna de candidatos.

El titular, si es unipersonal, o los integrantes, si fueran órganos colegiados de decisión, de los órganos autónomos constitucionales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Según el caso, solo operará la reelección por una sola vez para los titulares o integrantes de organismos autónomos constitucionales, en los términos que la Constitución local y el Estatuto de gobierno del Distrito Federal establezca.

IV. Se sujetan a un régimen de rendición de cuentas y revisión de sus actos, para lo cual:

a) Sus titulares, si son unipersonales, o sus integrantes, si fueran órganos colegiados de dirección, son sujetos de responsabilidad y podrán ser removidos de conformidad con lo que establece el Título Cuarto de ésta Constitución;

b) Presentarán anualmente un programa de trabajo, y trimestralmente un informe de actividades y de gasto a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad federativas, y cuya difusión deberá hacerse con la máxima publicidad a favor de la sociedad;

c) Las remuneraciones que reciban el titular, en caso de ser unipersonal, o de sus integrantes, en órganos colegidos de decisión, se apegarán a lo que establece el artículo 127 de ésta Constitución. En ningún caso, la remuneración de éstos, no podrá incrementarse sin la aprobación de la Legislatura local o de la Asamblea Legislativa. Los haberes de retiro, liquidaciones o similares no podrán superiores al equivalente de tres meses de su remuneración, sin perjuicio de lo acumulado en sus fondos de ahorro o retiro;

d) Comparecerán cuando menos una vez al año en la Legislatura local o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y

e) Sus titulares, si es unipersonal, o sus integrantes, si fueran órganos colegiados de dirección, deberán excusarse cuando haya conflicto de interés. Las leyes de las entidades federativas establecerán las sanciones y los casos en que haya conflicto de intereses.

IX. Sus actos y decisiones podrán ser conocidas por los ciudadanos y se tendrá acceso a la información que generen, incluyendo a cualquier poder público, de conformidad con lo que establezca la ley en la materia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días hábiles de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán hacer las adecuaciones legislativas dentro de los 18 meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. En tanto no se modifique la legislación a que refiere el Segundo Transitorio, los Organismos Autónomos Constitucionales se seguirán rigiendo por las disposiciones vigentes al momento de su aplicación.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Alberto Martínez Urincho(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a lo

Siguiente:

a) Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Fundamento legal.

Artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados es competente para hacer las reformas y derogaciones que se proponen en la presente Iniciativa de conformidad con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Ordenamientos a modificar.

Se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

d) Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.

Derivado de la carga de trabajo, se propone ampliar la duración de cada uno de los dos periodos ordinarios de sesiones, del Congreso de la Unión, con el objeto ocuparse del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de las resoluciones de los demás asuntos que le competan.

e) Argumentos que la sustenten

Primero.Durante la LXII Legislatura, de septiembre de 2012 a abril de 2014, se presentaron mil, 196 iniciativas en la Cámara de Senadores, mientras que en la Cámara de Diputados se presentaron dos, 146 iniciativas. Es decir, se presentaron y tramitaron tres mil, 342 iniciativas de ley en el Congreso Federal.

Esta cifra nos muestra la dimensión del volumen del trabajo que se procesa en el Poder Legislativo Federal. Cabe resaltar que la cifra podría acrecentarse en virtud de que no se contabilizan los dictámenes, las proposiciones, los instrumentos internacionales –en el caso del Senado–, los nombramientos, los acuerdos, las actas, los informes, las efemérides, o los planes, que en muchos de los casos, también se dan cuenta en los Plenos de cada Cámara.

En este sentido, resulta procedente que en función del cuantioso volumen de los asuntos que se presentan, analizan, discuten en el Congreso de la Unión se amplíen los días de trabajo.

Segundo.No olvidemos, que de conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución Federal, el Poder Legislativo cuenta con dos periodos ordinarios de sesiones: uno, del 1 de septiembre al 15 de diciembre, mismo que puede prolongarse hasta el 31 de diciembre cuando el Ejecutivo Federal inicie su encargo; el segundo, que inicia el 1° de febrero y concluye el 30 de abril. Esto en suman, representan 198 días de trabajo.

Es conveniente señalar que, la arquitectura constitucional previene que durante los recesos se instala y funciona una Comisión Permanente, integrada por 19 diputados y 18 senadores.

Tercero. Ahora bien, haciendo un análisis comparativo de los periodos legislativos en otros países pueden hacerse las siguientes observaciones primarias: por supuesto, la duración no es homogénea, y México se cuenta con uno de los parlamentos con menos días de trabajo, en un rango donde el congreso chileno cuenta con 121 días de trabajo anual y el congreso de Venezuela tiene 315 días de trabajo al año.

Veamos:

La Asamblea Nacional de Venezuela tiene dos periodos de sesiones al año. El primer periodo de sesiones inicia el 5 de enero y concluye el 15 de agosto. El segundo, comienza el 15 de septiembre y termina el 15 de diciembre. Es decir, se contabilizan 315 días de trabajo por los dos periodos ordinarios.

En el caso de Uruguay, se tiene una Asamblea General integrada por la Cámara de Representantes y un Senado. La Asamblea tiene un periodo que se inaugura el 1 de marzo y concluye el 15 de diciembre.

Sin embargo, si el periodo de sesiones se empata con el calendario electoral entonces se cierra el trabajo legislativo el 15 de septiembre. Así, este parlamento tiene unos 290 días de trabajo siempre que no se empate con elecciones.

El Congreso de Argentina tiene un periodo ordinario de sesiones y el cual comienza del 1 de marzo y termina el 30 de noviembre del mismo año. Se contabilizan 275 días de trabajo anual.

En cambio, el Congreso de Brasil –integrado por diputados y senadores–, tiene dos periodos de sesiones: el primero, que comienza el 15 de febrero al 30 de junio, y el segundo, que va del 1 de agosto al 15 de diciembre. Se computan 273 días de trabajo al año.

El Congreso de Francia tiene un periodo de sesiones al año: del primer día hábil de octubre al último día hábil de junio. Son alrededor de 273 días de trabajo al año.

En el caso de España, los diputados y senadores tienen dos periodos de sesiones al año: uno, que va de septiembre a diciembre, y el otro, desde de febrero hasta junio. Los periodos ordinarios que pueden durar hasta 256 días al año.

Los representantes y los senadores de Colombia tienen dos periodos al año: uno que empieza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre; otro, que arranca el 16 de marzo y concluye el 20 de junio. En total son 247 días de trabajo por los dos periodos.

La asamblea Legislativa de Costa Rica tiene dos periodos ordinarios: uno, que inicia el 1 de mayo y concluye el 31 de julio; el otro, comienza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre. Esta Asamblea trabaja alrededor de 183 días en los dos periodos.

Los diputados y los senadores chilenos cuentan con un solo periodo ordinario, y el cual inicia el 21 de mayo y termina el 18 de septiembre. Esto es, son alrededor de 121 días de trabajo por año.

Cuarto. Ahora bien, en el caso de las Legislaturas locales, “los plenos de los Congresos locales sesionan en promedio seis días al mes. El Congreso que realiza el mayor número de sesiones mensuales es el de Nuevo León con 12. En el polo opuesto se encuentran los congresos de Baja California, Michoacán, Morelos y Querétaro con dos sesiones plenarias mensuales”.

Tomando en cuenta los periodos ordinarios en los que sesionan los Congresos locales en nuestro país, el número de días de duración de las legislaturas varía en cada una. Por ejemplo, los congresos de Querétaro y Baja California sesionan durante 365 y 362 días, respectivamente: prácticamente todo el año. En el polo opuesto se encuentra el Congreso de Jalisco y la ALDF que suman 150 días entre sus dos periodos ordinarios cada uno.25 El promedio nacional es de 226 días.

Entidad Días anuales de

sesión de periodos

ordinarios

Querétaro 365

Baja California 362

Colima 302

Morelos 300

Oaxaca 285

Michoacán 270

Tlaxcala 270

Guanajuato 265

Yucatán 255

Tabasco 241

Guerrero 240

Tamaulipas 240

Promedio

226

Zacatecas 217

Aguascalientes 212

Baja California 212

Chihuahua 212

Coahuila 212

San Luis Potosí 212

Nayarit 210

Quintana Roo 206

Hidalgo 205

Nuevo León 200

Senado de la República 198

Cámara de Diputados 198

Durango 197

México 183

Sinaloa 182

Chiapas 181

Puebla 180

Sonora 180

Veracruz 174

Campeche 170

Distrito Federal 150

Jalisco 150

Quinto. Como se observa, el Congreso de la Unión tiene un número bajo de días de trabajo en comparación con otros parlamentos latinoamericanos, incluso con relación con muchos de los congresos locales. Así, esta iniciativa propone que el Congreso de la Unión sesionaría 257 días por año. Cabe señalar que el número de días se incrementarían a 273 por año cuando un nuevo Ejecutivo Federal entre en funciones, esto según lo dispuesto en el artículo 66 de la norma fundamental. La propuesta legislativa se expresa en el siguiente cuadro:

f) Texto normativo propuesto y artículos transitorios.

Proyecto de decreto

Por el que se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

..

...

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Integralia Consultores, Reporte Legislativo, Número cinco, Segundo Año de la LXII Legislatura (septiembre 2013 – abril 2014), pág. 3, ver: http://www.reportelegislativo.com.mx/reporte5.pdf, 17 de septiembre de 2015.

2 Ibídem, pág. 81.

3 Ibídem, pág. 82.

4 Ibídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Alberto Martínez Urincho(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Iniciativa que reforma el artículo 31 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

a) Planteamiento del problema

Una de las manifestaciones del crecimiento de las ciudades, es la invasión de las vías por las que cruza el servicio ferroviario de carga y de pasaje. Las consecuencias se ven reflejadas en accidentes que dañan considerablemente las vidas las personas que concurren en esos sitios.

Es necesario un proceso de reordenamiento de estas rutas para que salgan de las ciudades y se lleven a las periferias de las mismas, y con ello salvaguardar a las personas y sus bienes.

b) Argumento que lo sustenta

1. Realizando una revisión de los últimos acontecimientos de incidencias en zonas urbanas, podemos documentar los siguientes:

a) 1 de octubre de 2015, en Zacatecas un tren carguero descarriló en plena zona urbana dejando un saldo de cinco personas lesionadas y cuatro vehículos dañados.

b) 25 de septiembre de 2015 en la zona urbana de San Ramón en Nogales, Sonora. Una falla en las líneas ferroviarias provocó que al menos 15 vagones que transportaban vehículos descarrilaran.

c) 25 de septiembre de 2015. En un centro urbano de Saltillo una locomotora arrastró un autobús del transporte público; el saldo preliminar es de nueve lesionados.

d) 29 de agosto de 2015. Descarrilan cuatro vagones de un tren de carga en la zona urbana de Aguascalientes.

e) 28 de agosto de 2015. Descarrila tren e impacta varias casas en Nuevo León.

Esta lista más extensa de lo que aquí se ha señalado, sin embargo lo que resulta prioritario es visibiliza la problemática del paso del tren en zonas urbanas y centro poblacionales y que el Estado Mexicano tendrá que evitar que esta lista se acrecenté.

2. En su momento el ferrocarril fue una de las vías que detonaron la formación de nuevas ciudades, la red de transporte principal en muchos lugares y sus vías fueron los centros alrededor de los cuales se alimentaron varias ciudades.

De acuerdo con la asociación Ciudades Emergentes y Sostenibles, lo que a principios del siglo pasado fue un símbolo de prosperidad económica parecería se ha convertido en un riesgo dentro de una ciudad en crecimiento. Muchos de estos ferrocarriles son conductos para el movimiento de carga ocasional o han sido abandonados.

Tres son ejemplo de lo anterior, revela la Asociación:

i) En Campeche, los rieles del ferrocarril pasan a lo largo de una calle principal e incluso a través de los patios delanteros de las casas contiguas a la calle. No hay una barrera que separe los trenes de los edificios aledaños a la vía, conductores y peatones.

ii) En Xalapa, el ferrocarril corta justo a través del centro de la ciudad, lo que causa que los viajes interurbanos sean más largos, ya que las personas tienen que cruzar o viajar alrededor de la vía férrea para transitar entre las comunidades que los rieles separan. En este caso el ferrocarril tiene una zona de amortiguamiento alrededor de ella, en algunos lugares las intersecciones carecen de señalización para controlar el tráfico de coches y peatones, para así evitar accidentes entre estos y los trenes que vienen de frente. En la práctica, estos rieles son más utilizados por peatones que por los trenes de carga para los que fueron diseñados.

iii) En Zacatecas, el ferrocarril atraviesa la prácticamente toda la ciudad, pasando frente a escuelas, hospitales, parques, centro laborales, representando un alto riesgo para los habitantes.

Ciudades Emergentes, concluye que estos ferrocarriles dividen la ciudad afectando la movilidad de sus ciudadanos al hacer que los desplazamientos sean más largos y que esto afecta al medio ambiente con un aumento en la contaminación del aire y mayormente pone en peligro la seguridad pública. Sugiere reubicar el tráfico de trenes a vías nuevas en las afueras de la ciudad.

Muchos de estos proyectos se podrían llevar a cabo a través de asociaciones público-privadas entre los organismos estatales o municipales y socios de empresas ferroviarias, con el consenso de los habitantes de las localidades.

3. Por los que se refiere al aspecto jurídico, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, señala en el artículo 29:

Artículo 29. Si el concesionario no opera, mantiene o conserva las vías férreas en buen estado, en términos de la presente ley, la Secretaría podrá nombrar un verificador especial por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se trate. Los gastos que se originen por tal verificación serán por cuenta del concesionario.

Asimismo, esta norma prevé la existencia de un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios:

Artículo 31 Quáter. Una vez identificados los cruzamientos donde se aplicarán los recursos del Fondo, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, a fin de dar seguimiento a la operación de dichos cruzamientos. Dicho Comité estará integrado por un representante de la Agencia, quien lo presidirá; un representante de la entidad federativa correspondiente; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de la empresa concesionaria de la vía férrea susceptible a aplicar los recursos.

Además, la ley crea un Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios:

Artículo 31 Ter. Los recursos del Fondo serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público sin estructura orgánica, que no será considerado entidad paraestatal, cuya denominación será Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, el cual será coordinado por la agencia.

El fondo que tiene entre otras atribuciones:

Contratar, con cargo a los recursos del Fondo y conforme a las disposiciones federales aplicables, las obras y servicios necesarios para la instalación, mejora, mantenimiento, operación y o sustitución de infraestructura de señalización en los cruzamientos, y

Además, de que se prevé infracciones a quienes infrinjan estándares de seguridad:

Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la agencia de acuerdo con lo siguiente:

VI. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables de doscientos a mil salarios mínimos; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.

3. De conformidad con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, en el modo ferroviario, el transporte de carga opera con una velocidad promedio baja en términos relativos menor a 30 kilómetros por hora, lo que le resta competitividad al sistema. Esta situación, señala el Programa, es generada por factores como: el estado físico de las vías y puentes, laderos inseguros, falta de vías dobles, material rodante obsoleto, falta de equipo ferroviario, conflictos en los derecho de paso, una orografía accidentada, el crecimiento de la mancha urbana a lo largo de las vías de ferrocarril, falta de libramientos en zonas urbanas, así como de los cruces irregulares a nivel.

De acuerdo con información recabada en medios electrónicos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja de manera coordinada para operar u proyecto de reubicación de las vías del tren fuera de la ciudad. Sabemos, también que la Dirección General de Ferrocarriles es quienes sostienen una serie de reuniones para ver la factibilidad del plan que no sería a corto plazo.

Para ilustrar la reforma, se adjunta cuadro comparativo:

Ley vigente

Artículo 31 Bis. El gobierno federal constituirá el fondo, que tendrá como objetivo, apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable.

La secretaría priorizará y determinará los cruceros que requieran dicha señalización.

Proyecto de decreto

Artículo 31 Bis. El gobierno federal constituirá el fondo, que tendrá como objetivo, apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable; así como para supervisar el reordenamiento de las rutas ferroviarias concesionadas fuera de las zonas urbanas o centros de población.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con el fin de dar cumplimiento al artículo 31 Bis del presente decreto, los concesionarios contarán con un plazo de cinco años para modificar sus rutas, de acuerdo con la viabilidad de ruta que expida la secretaría, con la previsión de que ninguna de ellas cruce zonas urbanas o centros de población.

Los concesionarios deberán de asumir el costo de tales disposiciones.

c) Fundamento legal

Es por lo anteriormente motivado y fundado y con base en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

d) Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 31 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

e) Texto normativo propuesto.

Artículo Único. Se reforma el artículo 31 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 31 Bis. El gobierno federal constituirá el fondo, que tendrá como objetivo, apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, de tal manera que se garantice la seguridad conforme a la normatividad aplicable; así como para supervisar el reordenamiento de las rutas ferroviarias concesionadas para que queden fuera de las zonas urbanas o centros de población, para tal fin, la secretaría revisará y autorizará a los concesionarios las modificaciones de las rutas concesionadas.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Con el fin de dar cumplimiento al artículo 31 Bis del presente decreto, los concesionarios contarán con un plazo de cinco años para modificar sus rutas, de acuerdo con la viabilidad de ruta que expida la secretaría, con la previsión de que ninguna de ellas cruce zonas urbanas o centros de población.

Los concesionarios deberán de asumir el costo de tales disposiciones.

Notas:

1 http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1510/descarrila-tren-carguero-zac atecas/

2 http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/01/02/habra-que-mover-el-tren-fu era-de-la-ciudad/

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 8 de octubre de 2015.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Ahora tiene la palabra...

A ver, me están informando que ya tenemos aquí el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al mismo.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República con motivo del Análisis del III Informe de Gobierno.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 4; 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 129 y 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que el 1o. de septiembre del año en curso, en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República presentó su III Informe de Gobierno, en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país.

2. Que con fundamento en el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados inició el 8 de septiembre de 2015 el Análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República.

3. Que con la finalidad de profundizar en el Análisis del III Informe de Gobierno, específicamente en lo relativo a la política económica, la Cámara de Diputados citó a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el 1° de octubre de 2015.

4. Que de conformidad con el artículo 69, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las cámaras podrá, con motivo del análisis del Informe de Gobierno, solicitar al Presidente de la República que amplíe la información, mediante pregunta por escrito.

5. Que de acuerdo con el artículo 129, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Pleno está facultado para solicitar información a los servidores públicos enunciados en el artículo 93 constitucional, a través de la pregunta parlamentaria.

6. Que el artículo 130, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que las preguntas parlamentarias deberán clasificarse por áreas temáticas: a) política interior, b) política exterior, c) política social, y d) política económica.

7. Que los artículos 129 y 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados regulan el procedimiento por el que se integran las preguntas parlamentarias que se dirigen a funcionarios del Ejecutivo federal, mismo procedimiento al que la Junta de Coordinación Política se ha sujetado para integrar aquéllas que se formulan al Presidente de la República.

8. Que conforme a lo establecido por el artículo 130, numeral 5, del multicitado Reglamento, corresponde a la Junta de Coordinación Política calificar la procedencia de las preguntas parlamentarias propuestas, y someter a consideración del Pleno el acuerdo mediante el que se determine: a) el número total de preguntas, b) el número de preguntas que corresponde a cada grupo parlamentario, atendiendo al criterio de proporcionalidad, y c) el texto de las preguntas admitidas.

9. Que la Junta de Coordinación Política, con base en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados, en donde se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar los acuerdos que permitan al Pleno adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados formulará 83 preguntas por escrito al titular del Ejecutivo federal, con el propósito de ampliar la información del III Informe de Gobierno, mismo que fue entregado al Congreso de la Unión el 1o. de septiembre del año en curso.

Segundo.El número total de preguntas parlamentarias será el determinado por el resolutivo anterior, y se distribuirá en la siguiente proporción:

a) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 21 preguntas;

b) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: 14 preguntas;

c) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 10 preguntas;

d) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 9 preguntas;

e) Grupo Parlamentario de Morena: 8 preguntas;

f) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano: 7 preguntas;

g) Grupo Parlamentario de Nueva Alianza: 6 preguntas;

h) Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social: 6 preguntas; e

i) Diputado independiente: 2 preguntas.

Tercero.Para ser calificadas como procedentes, las preguntas que formulen los grupos parlamentarios deberán:

a) Solicitar expresamente que se amplíe la información contenida en el III Informe de Gobierno;

b) Señalar el área temática a la que corresponden, atendiendo a la clasificación del artículo 130, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados;

c) Ser redactadas de manera institucional, además de ser claras y concisas para que sean contestadas de manera precisa;

d) Referirse a un único tema para permitir una respuesta directa; y

e) Cada pregunta podrá ser precedida por una breve introducción que sirva como marco de referencia.

Cuarto. Los grupos parlamentarios remitirán a la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Coordinación Política, en medio impreso y electrónico, las preguntas parlamentarias que conforme al segundo resolutivo les correspondan, antes de las 12:00 horas del martes 20 de octubre de 2015.

Quinto.Concluido el plazo a que se refiere el resolutivo anterior, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 130, numeral 5, del Reglamento de la Cámara, calificará e integrará las preguntas propuestas por los grupos parlamentarios, remitiéndolas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que proceda conforme al Reglamento.

Sexto.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS

LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Ahora sí, continuamos con la presentación de iniciativas y en consecuencia tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes.

El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes: Con la venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan. A todos los mexicanos que nos ven a través del Canal del Congreso.

Salomón Fernando Rosales Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como VI, fracción I, IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes.

En ejercicio de las atribuciones que a mi favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados presento ante el pleno de esta soberanía nacional la iniciativa general para la prevención, tratamiento y control de la diabetes.

La principal causa de muerte en nuestro país, este padecimiento se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del siglo XXI, así como en un reto de salud global.

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel mundial, de 1995 a la actualidad se ha triplicado el número de personas con este padecimiento, con cifra actual estimada en más de 380 millones de personas con diabetes, según cifra de la Federación Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México, son en ese orden los países con mayor número de diabetes, por tratarse de un padecimiento crónico degenerativo no se cura, solo se controla. Es por ello la necesidad de esta ley, que nos ayude a regular el padecimiento y poder prevenirla.

Se busca impulsar la formación y consolidación de una cultura integral de conocimientos de diabetes, cuya comunicación está dirigida a la población en general, con el único fin de generar las condiciones ideales y prepararla en prevención a través de automonitoreo y de consultas periódicas con sus médicos la modificación de ciertos hábitos alimenticios. El fomento a la actividad física y el deporte ante otras acciones, que además permitan una oportuna detección y correcto tratamiento y adecuado control.

Dentro del Capítulo IV de esta ley se contempla la participación de los sectores público, privado y social, en la generación de actividades de educación para la salud y comunicación educativa, con prioridad para los familiares de los que la padecen.

Con la prevención evitaremos tener menores mexicanos que pierdan gradualmente su vista, como las retinopatías diabéticas, que los mutilen de sus miembros inferiores las nefropatías, que los dialicen y que los hemodialicen en donde van perdiendo el trabajo de sus riñones.

La diabetes es una enfermedad que va dañando aparatos, órganos y sistemas, es por ello que en el país ocupamos más Unemes. ¿Y qué es esto? Son unidades especializadas médicas para enfermedades crónicas de manejo interdisciplinario del paciente con diabetes.

Con este ordenamiento generaremos un andamiaje jurídico que se enfocará a garantizar el manejo íntegro de nuestros enfermos, rompiendo paradigmas no solo en salud sino sociales, considerando un México más próspero e incluyente, un México de todos y para todos, con ello podemos generar mejor calidad de vida para los mexicanos.

Es por ello que me he permitido presentar esta iniciativa porque nos ayudaría a darle mejor calidad de vida a los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que expide la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salomón Fernando Rosales Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La diabetes mellitus, o simplemente la diabetes, es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no puede producir insulina o cuando el cuerpo no puede hacer un buen uso de la insulina que produce. La insulina es una hormona producida por el páncreas que actúa como una llave que permite que la glucosa de los alimentos que ingerimos pase de la sangre a las células del cuerpo para producir energía. Todos los alimentos ricos en hidratos de carbono se descomponen en glucosa en la sangre. La insulina ayuda a la glucosa a entrar en las células.

La incapacidad de producir insulina o de utilizarla de manera eficaz conduce a niveles elevados de glucosa en sangre (conocida como hiperglucemia). Los altos niveles de glucosa durante un período de tiempo prolongado se asocian con daños corporales y fallos en varios órganos y tejidos.

La diabetes es una enfermedad crónica de causas múltiples. En su etapa inicial no produce síntomas y cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente ocasiona complicaciones de salud graves como infarto del corazón, ceguera, falla renal, amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura. Se ha estimado que la esperanza de vida de individuos con diabetes se reduce entre 5 y 10 años. En México, la edad promedio de las personas que murieron por diabetes en 2010 fue de 66.7 años, lo que sugiere una reducción de 10 años.

Hay tres tipos principales de diabetes:

Diabetes tipo 1, conocida anteriormente como diabetes juvenil. Generalmente es causada por una reacción autoinmune en la que el sistema de defensa del cuerpo ataca las células que producen insulina. Aún se desconoce el motivo de que esto ocurra. Las personas con diabetes tipo 1 producen muy poca o ninguna insulina. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero generalmente se desarrolla en niños o adultos jóvenes. Las personas con este tipo de diabetes necesitan inyectarse insulina todos los días para controlar los niveles de glucosa en sangre. Las personas con diabetes tipo 1 que no tengan acceso a la insulina morirán.

Diabetes tipo 2,conocida anteriormente como diabetes no-insulino dependiente o diabetes del adulto, representa como mínimo el 90% de todos los casos de diabetes. Se caracteriza por una resistencia a la insulina, por una relativa deficiencia de insulina o por ambas cosas a la vez. El diagnóstico de la diabetes tipo 2 puede ocurrir a cualquier edad. La diabetes tipo 2 puede permanecer sin ser detectada durante muchos años. El diagnóstico se hace cuando aparece una complicación o cuando se realiza un análisis de sangre rutinario o una prueba de glucosa en la orina. A menudo, pero no siempre, está asociada con el sobrepeso o la obesidad, que pueden provocar resistencia a la insulina y conducir a altos niveles de glucosa en sangre. Las personas con diabetes tipo 2 a menudo pueden tratar inicialmente su afección mediante ejercicio y dieta. Sin embargo, con el tiempo la mayoría de las personas requieren medicación oral o insulina.

Tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 son graves. No existe una diabetes leve.

La diabetes gestacional es una forma de diabetes que consiste en altos niveles de glucosa en sangre durante el embarazo. Se desarrolla en uno de cada 25 embarazos en todo el mundo y está asociada con complicaciones para la madre y el bebé. La diabetes gestacional generalmente desaparece después del embarazo, pero las mujeres con diabetes gestacional y sus hijos corren un riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida.

Aproximadamente la mitad de las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional llegan a desarrollar diabetes tipo 2 antes de los cinco a diez años después del parto.

Este padecimiento se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del siglo XXI así como en un reto de salud global. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel mundial, de 1995 a la actualidad casi se ha triplicado el número de personas que viven con diabetes, con cifra actual estimada en más de 383 millones de personas con diabetes.

De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México, son –en ese orden– los países con mayor número de diabéticos.

Por tratarse de un padecimiento incurable, los diabéticos deben de recibir tratamiento durante toda su vida. Esto determina que una gran parte de ellos, con el transcurso del tiempo, manifiesten una baja adherencia al tratamiento, lo que conduce a un deficiente control metabólico de la enfermedad. Sólo una pequeña fracción de los afectados acude regularmente a los servicios de salud y de estos entre el 25 y el 40% tienen un control metabólico de la enfermedad.

Los costos económicos asociados al tratamiento y sus complicaciones representan una grave carga para los servicios de salud y para los pacientes.

Su costo de atención y la saturación de los servicios, como resultado del aumento en la incidencia de las mismas, resultan sumamente elevados tanto en el tratamiento de la enfermedad de base como de sus complicaciones, cuyos factores de riesgo comunes son: la obesidad, la alimentación y el sedentarismo.

El desafío para la sociedad y los sistemas de salud es enorme, debido al costo económico y la pérdida de calidad de vida para quienes padecen diabetes y sus familias, así como por los importantes recursos que requieren en el sistema público de salud para su atención. Algunas estimaciones indican que, por ejemplo, Estados Unidos desde 1997 destina más de 15% del gasto en salud de este país para la atención de los diabéticos. En México, las estimaciones existentes son muy variables con cálculos de costos de atención por paciente que van desde 700 hasta 3 200 dólares anuales, lo que se traduce en 5 a 14% del gasto en salud destinado a la atención de esta enfermedad y sus complicaciones, inversión que de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes se relaciona directamente con la tasa de mortalidad por esta causa.

Los estilos de vida poco saludables son altamente prevalentes entre niños, adolescentes y adultos mexicanos, propiciando un aumento importante de la obesidad y sobrepeso, principal factor de riesgo modificable de la diabetes. Así, la prevalencia de la diabetes en esta población ha incrementado sustancialmente en las últimas décadas: en 1993 la prevalencia de los diabéticos con diagnóstico conocido en población mayor de 20 años fue de 4.0%, mientras que en 2000 y 2007 se describió una prevalencia del 5.8 y 7%, respectivamente. Por otro lado, de acuerdo con las encuestas nacionales de esos mismos años, se ha demostrado la alta prevalencia de condiciones comórbidas en la población diabética y problemas en la calidad de la atención, lo cual contribuye de manera importante a la mayor incidencia de complicaciones macro y microvasculares. Las estrategias de prevención implementadas a escala poblacional en países con elevado riesgo que logren modificar estilos de vida -en particular en la dieta, actividad física y tabaquismo- pueden ser altamente costo efectivas al reducir la aparición de la diabetes y retrasar la progresión de la misma. México tiene condiciones de alto riesgo, por lo que recientemente se han impulsado políticas intersectoriales relacionadas con la salud alimentaria y con ello combatir uno de los más importantes factores de riesgo, la obesidad. Al mismo tiempo se han diseñado, ya desde hace más de una década, estrategias –Prevenimss, Prevenissste, grupos de autoayuda, Unidades de Especialidades Médicas para Enfermedades Crónicas, entre otras– al interior de las principales instituciones de salud con el propósito de mejorar la atención que se otorga a los pacientes que ya padecen la enfermedad. Sin embargo, el estado actual de los diabéticos mexicanos se conoce sólo parcialmente, información que es necesaria para cimentar y fortalecer los esfuerzos que se requieren en prevención a todos los niveles a fin de contender una de las más grandes y emergentes amenazas de la viabilidad de los sistemas de salud, la diabetes.

Aún con los esfuerzos federales y sectoriales para el control de la diabetes, los resultados de la ENSANUT 2012 sugieren la necesidad de ajustar estos programas bajo un liderazgo más efectivo y posiblemente con una asignación presupuestal más amplia que facilite las acciones y la capacitación de los proveedores de servicio y de los pacientes. Asimismo, considerando la magnitud del reto que incluso comienza a reflejarse ya entre las y los adolescentes, es de primera importancia generar interés público sobre el problema de la diabetes, a nivel nacional, sociedad y del individuo para consolidar una respuesta social a este problema y de esta manera activar las políticas nacionales necesarias para reducir el impacto de la diabetes en México. Para ello, es importante impulsar la generación de políticas públicas saludables que incidan en los estilos de vida asociados con el desarrollo de diabetes, como pueden ser aquéllas encaminadas a disminuir el consumo de bebidas azucaradas y las que favorezcan una alimentación adecuada.

La iniciativa de ley está integrada por cincuenta y cinco artículos, los cuales tienen por objeto prevenir, tratar y controlar la enfermedad de la diabetes a nivel nacional.

De lo antes expuesto, y en uso de las atribuciones que me confiere la Ley, someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de iniciativa de

LEY PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA DIABETES.

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.-Las disposiciones de la presente ley son de orden público, interés social, y de observancia general en todo el territorio Nacional y tienen por objeto prevenir, tratar y controlar la diabetes, a través de la función que ejercen las instituciones y dependencias de los sectores público, privado y social, que prestan servicios de atención a la referida enfermedad, en el ámbito de competencia local, para:

I.- Prevenir la diabetes;

II.-Detectar, diagnosticar y tratar la diabetes, en forma temprana;

III.- Controlar la diabetes;

IV.- Contribuir a la prevención médica de sus complicaciones; y,

V.- Orientar en la formación de una cultura del conocimiento, prevención, tratamiento y control de la enfermedad, que permita mejorar la calidad de vida de la población.

Artículo 2.- La atención a la diabetes es importante para el Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, destinan presupuesto, servicios, medidas y políticas públicas, que contribuyen a hacer efectivos su prevención, tratamiento y control.

Artículo 3.-Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I.- Actividad física: A cualquier movimiento voluntario producido por la contracción del músculo esquelético, que tiene como resultado un gasto energético que se añade al metabolismo basal.

II.- Alimentación: Al conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida humana plena.

III.- Análisis de glucosa capilar: Al análisis de glucosa que las personas con diabetes o sus cuidadores realizan con ayuda de un medidor portátil y tiras reactivas en su casa, lugar de trabajo, escuela o cualquier otro lugar diferente a un centro de salud u hospital, de acuerdo a las indicaciones de su médico;

IV.- Control: Al proceso de monitorear los resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y efectuando los ajustes necesarios y el tratamiento farmacológico y no farmacológico de manera que logren los objetivos de control glucémico acordados en un periodo de tiempo establecido;

V.- Curva de tolerancia a la glucosa: Prueba mediante la cual se observa el comportamiento de glucosa en sangre en tres tiempos: en ayuno, una hora después de ingerir 50 gramos de glucosa y a las dos horas de esta;

VI.- Detección: A la búsqueda activa de personas con diabetes no diagnosticada o bien con alteración de la glucosa;

VII.- Diabetes Mellitus: Comprende a un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas, crónicas, de causa desconocida, con grados variables de predisposición hereditaria y la participación de diversos factores ambientales que afectan al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas que se asocian fisiopatológicamente con una deficiencia en la cantidad, cronología de secreción y/o en la acción de la insulina.

VIII.- Diabetes gestacional: A la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el embarazo, esta traduce una insuficiente adaptación a la insulina resistencia que se produce en la gestante;

IX.- Dislipidemias:Al aumento anormal de lípidos sanguíneos, a causa del consumo de grasas, especialmente de origen animal, consumo de licor y cigarrillo, sedentarismo y obesidad.

X.- Factor de riesgo: Al atributo o exposición de una persona, una población o el medio, que están asociados a la probabilidad de la ocurrencia de un evento;

XI.- Glucemia:A la glucosa que circula por la sangre;

XII.- Glucemia anormal de ayuno: El resultado de un análisis clínico que arroja como resultado 100 a 125.9 miligramos por decilitro;

XIII.- Insulina:A la hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la glucosa que circula en la sangre penetre en las células y sea aprovechada como energía;

XIV.- Instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud: A las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

XV.- Ley: Ley General de Salud;

XVI.- Macrosómico: Bebé con peso mayor a 4 kilogramos al momento de su nacimiento;

XVII.- Nutrimento: A cualquier sustancia incluyendo a las proteínas, aminoácidos, grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, agua, vitaminas y nutrimentos inorgánicos (minerales), consumida normalmente como componente de un alimento o bebida no alcohólica que proporciona energía o es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida o cuya carencia haga que produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos;

XVIII.- Obesidad: A la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m2 y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m2. En menores de 19 años la obesidad se determina cuando el IMC se encuentra desde la percentila 95 en adelante, de las tablas de IMC para edad y sexo de la Organización Mundial de la Salud.

XIX.- Prevalencia: La proporción de personas que en un área geográfica y periodo de tiempo establecidos sufren una determinada enfermedad. Se calcula dividiendo el número de individuos que padecen el trastorno por el del número total de habitantes del área considerada, incluyendo a los que lo padecen;

XX.- Prevención: A la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales a causa de la diabetes o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas;

XXI.- Productos light: A todos aquellos alimentos que según las Normas Oficiales Mexicanas tengan una reducción de calorías, en comparación a otros productos de la misma denominación.

XXII.- Programa: Plan de Prevención y Control de la Diabetes Mellitus.

XXIII.- Secretaría: Será la Secretaría de Salud

XXIV.- Secretaría de Educación: A la Secretaría de Educación Pública (SEP).

XXVIII.- Sistema Nacional de Salud: El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

XXX.- Sobrepeso: A la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, siempre y cuando el índice de masa corporal (IMC) sea igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado en adultos. En los niños, el tope superior está en función de edad, peso y talla.

XXXI.- Tratamiento Farmacológico:Al tratamiento basado en pastillas e insulina.

XXXII.- Tratamiento No Farmacológico:Al tratamiento básico de la diabetes mellitusque se asienta básicamente en 3 aspectos: Plan de Alimentación, ejercicio físico y hábitos saludables.

XXXIII.- UNEMES: A las unidades Médicas de Atención Especializada, que se ubican en localidades urbanas para atender a pacientes programados provenientes de los centros de salud, hospitales o enviados por médicos particulares.

Artículo 4.-La aplicación y vigilancia del cumplimiento del presente ordenamiento, corresponde a las Instituciones Integrantes del Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de competencia que les atribuye esta Ley y la Ley General de Salud.

Artículo 5.-La Secretaría coordinará la elaboración del programa específico en la materia, para tal efecto, contará con la participación de las Instituciones Integrantes del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 6.-La Secretaría elaborará los lineamientos y criterios que permitan a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud dar información en salud a toda la población de las Entidades Federativas, obtener y evaluar la información que generen y manejen las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que garanticen su homologación, sistematización y difusión periódica a las Instituciones Integrantes del Sistema de Salud.

La Secretaría coordinará la elaboración periódica de una estadística que se difunda a la población en general, que permita conocer el grado de avance del programa específico, reflejado en resultados.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS TIPOS DE DIABETES CAPÍTULO I
DIABETES TIPO 1

Artículo 7:Dentro de la población del Territorio Nacional en riesgo de padecer diabetes tipo 1, las Instituciones Integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán proveer información sobre las acciones para prevenirla, las previsiones a tomar para la atención adecuada cuando eventualmente se presenten los primeros síntomas, así como para un diagnóstico oportuno, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 8.-La insulina humana biocinética o, en su defecto, los análogos biosintéticos de insulina, debe considerarse como el medicamento de primera línea en diabetes tipo 1 en un reemplazo fisiológico basal-bolo durante el embarazo y en la diabetes gestacional, lo anterior no significa que la insulina humana no pueda ser reemplazada, previa autorización de la Secretaria, por otra sustancia que otorgue mejores beneficios para el tratamiento de la diabetes tipo 1, conforme al avance de la ciencia. La autorización a que se refiere este párrafo, debidamente fundada y motivada, se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación.

CAPÍTULO II
RESISTENCIA A LA INSULINA Y DIABETES TIPO 2

Artículo 9.-La Secretaría deberá reforzar entre la población, campañas para la detección de la pre diabetes y de la diabetes tipo 2, de conformidad con la fracción IX, del artículo 53 de la presente Ley.

Artículo 10.-En caso de diagnosticarse la diabetes, el médico deberá observar, para la atención de la enfermedad, los lineamientos mínimos siguientes:

I.- Evaluación del estilo de vida del paciente (hábitos de alimentación y ejercicio), antecedentes de peso corporal personales y familiares, y una evaluación dietética, para ello, se empleará el cuestionario de historia clínica nutricional y recordatorio de 24 horas.

a) Establecer hábitos saludables de alimentación y de actividad física.

b) Las variables antropométricas que desde el punto de vista nutricio deben evaluarse son: estatura, peso corporal, circunferencia de cintura y obtención del índice de masa corporal (IMC).

c) Si el paciente presenta sobrepeso u obesidad, reducir de 5-10% del peso corporal inicial durante el tratamiento en seis meses con una pérdida semanal de 0.5kg a 1kg.

d) Después de que la máxima pérdida de peso corporal ha sido alcanzada, se implementa un plan de alimentación y ejercicio para el mantenimiento del peso corporal logrado (aproximadamente un año de duración).

e) Las variables energéticas a determinar son GEB y el GET que puede calcularse por la fórmula de Harris- Benedict utilizando el peso actual del paciente:

• Hombres: GEB = 66 + 13.7 (peso, kg) + 5 (estatura, cm) - 6.8 (edad, años)

• Mujeres: GEB = 655 + 9.6 (peso, kg) + 1.7 (estatura, cm) - 4.7 (edad, años).

f) El GET se estima a partir de la suma del GEB, y de los factores de corrección (10% del efecto térmico de los alimentos y el nivel actividad física del paciente).

g) Si el paciente presenta sobrepeso u obesidad se hará una restricción de 300-500 kcal de acuerdo al requerimiento actual del paciente.

h) La distribución general de nutrimentos, de acuerdo al valor energético total (VET), se realizará conforme a lo siguiente: proteínas no deberá exceder 1g/kg de peso corporal al día (entre 15-20%); hidratos de carbono 50- 60%(<10% azúcares simples); lípidos no más del 30%( no exceder el 10% de grasa saturada y en grupos con alto riesgo dislipidemias, disminuirse hasta < 7%); fibra 14 g/1000 kcal; sodio no más de 2000 mg/día (<5 g de sal); colesterol <200 mg/día.

Artículo 11.-La educación terapéutica debe incluir a la persona con diabetes y a su familia, para propiciar un estilo de vida saludable en su entorno inmediato, que aminore la percepción de aislamiento del enfermo, aumente la eficacia en su propio tratamiento y contribuya a prevenir o retrasar la aparición de nuevos casos de diabetes.

Entre otros, se deberán reforzar los materiales educativos existentes y de no existir se crearán sobre la materia para ser comunicados a la población en general a través de medios escritos, telefónicos y electrónicos, sin demerito de cualquier otro que se considere adecuado para el cumplimiento de los fines que establece este artículo.

Artículo 12.-El Programa seguirá fomentando y apoyara la práctica regular del autoanálisis de la glucosa capilar por el paciente con diabetes. Implementará campañas de información sobre el manejo y conveniencia del uso del glucómetro portátil y desarrollará mecanismos para facilitar la adquisición de medidores portátiles de glucosa y sus consumibles, a un costo accesible, por parte del usuario.

Artículo 13.-Las Instituciones Integrantes del Programa deberán llevar a cabo campañas permanentes de difusión masiva sobre la importancia del uso de la insulina en casos de falla de hipoglucemiantes orales. Pondrán énfasis en los beneficios comprobados clínicamente y los prejuicios existentes acerca de supuestos daños, como resultado de la administración de esta hormona; explicando con puntualidad a quien debe consumir la insulina diariamente.

CAPÍTULO III
DIABETES GESTACIONAL

Artículo 14.-Respecto a la diabetes gestacional, las Instituciones Integrantes del Sistema Nacional de Salud implementaran programas públicos permanentes para proporcionar información suficiente entre la población femenina del Territorio Nacional, acerca de factores de riesgo de esta enfermedad, que se determinen conforme a los avances de la ciencia.

Artículo 15.-La Secretaría, conforme a los procedimientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, practicarán a todas las pacientes embarazadas que acudan a sus instalaciones para recibir atención médica, una primera prueba de curva de tolerancia a la glucosa, una vez cumplidas las 14 semanas de gestación; en todo caso deberá practicarse entre las semanas 24 y 26 de gestación una de tamiz de glucosa.

Artículo 16.-A efecto de prevenir o retrasar el desarrollo de la diabetes tipo 2, las Instituciones Integrantes del Programa deberán establecer el seguimiento periódico a través de las cartillas de salud en el primer nivel a todas las mujeres del País con antecedente de diabetes gestacional o que sus productos hayan sido macrosómicos.

Dicho seguimiento se realizara a través de una base de datos que deberá regir su actuar en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CAPÍTULO IV
OTRO TIPO DE DIABETES

Artículo 17.-Los tipos de diabetes diferentes a los regulados en los capítulos anteriores que existan o que surjan, serán tratados conforme lo dispongan las Normas Oficiales Mexicanas, en su defecto, conforme a los procedimientos y protocolos médicos que se implementen con base en los avances científicos.

TÍTULO TERCERO
FORMACIÓN DE LA CULTURA SOBRE LA DIABETES

Artículo 18.-A fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar y tratar los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la diabetes, se fomentarán hábitos y medidas que permitan tener un estilo de vida saludable, de igual forma se reforzarán los métodos que existan en el Programa, para ello participarán cada Entidad Federativa a través de la Secretaría de Salud Estatal, así como cada una de sus jurisdicciones, a través de sus centros de salud de cada municipio, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, medios de comunicación, sectores privado.

Artículo 19.-La Secretaría impulsará la formación de una cultura integral de conocimiento de la diabetes, dirigida a la población en general, con la finalidad de prepararla en la prevención con énfasis en el auto cuidado y autoanálisis de la glucosa capilar y, en su caso, la oportuna detección, debido tratamiento y adecuado control.

Artículo 20.-Las Instituciones Integrantes del Sistema Nacional de Salud difundirán permanentemente información sobre el conocimiento de la diabetes, su prevención sus síntomas y complicaciones crónicas y agudas, acompañada con recomendaciones específicas.

CAPÍTULO I
DE LA PREVENCIÓN

Artículo 21.-A efecto de evitar la aparición de la diabetes y del desarrollo de complicaciones crónicas o agudas, las Instituciones correspondientes del Programa en su ámbito de competencia deben impulsar acciones que involucren a la persona afectada, quien deberá recibir un programa educativo por un equipo interdisciplinario.

Artículo 22.-La prevención deberá estar enfocada a la población en general y en especial a aquellos que presenten alguno de los factores de riesgo, entre los que se encuentran:

I.- Sobrepeso y obesidad;

II.- Hipertensión arterial;

III.- Enfermedades cardiovasculares;

IV.- Dislipidemias;

V.- Sedentarismo;

VI.- Familiares de primer grado con diabetes;

VII.- Mujeres con antecedentes de productos macrosomicos y,

VIII.- Mujeres con antecedes de diabetes gestacional;

La prevención, en su caso, la detección deben estar acompañadas de la implementación de un programa que permita la adopción de un estilo de vida saludable, la reducción ponderal, la prescripción de un programa de ejercicio, la detección de las comorbilidades de la diabetes y su tratamiento, conforme a lo establecido en esta ley.

Artículo 23.-La Secretaría, a través de los profesionales de la salud, realizará a toda persona usuaria de los servicios, la medición de glucosa, perfil de lípidos, presión arterial, circunferencia abdominal y peso.

Artículo 24.-A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, promoverá que, al usuario se le realicen dichas pruebas por lo menos una vez al año.

Artículo 25.-Cuando el médico confirme un caso de diabetes o con glucemia anormal de ayuno, será su responsabilidad canalizarlo al primer nivel de atención. La Secretaría implementará protocolos que establezcan las primeras acciones terapéuticas a realizar una vez que el médico confirme un caso de diabetes.

Artículo 26.-La prevención deberá realizarse en los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria.

Artículo 27.-La prevención primaria tendrá como objetivo evitar se contraiga la enfermedad. Al efecto, las Instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud deberán reforzar las campañas dirigidas tanto a la población en general, como a la población con factores de riesgo asociados a la diabetes.

A través de los diferentes medios de comunicación masivos se promoverán medidas para modificar el estilo de vida, que pueden abarcar la reducción de peso, una adecuada nutrición y la realización de actividad física rutinaria y programada, así como revisiones periódicas de la salud. Estas medidas serán emitidas y aprobadas por el equipo multidisciplinario de especialistas, a fin de adecuarlas a los hábitos de la población y evitar trastornos de la conducta alimentaria.

Artículo 28.-La Secretaría, en colaboración con las dependencias que considere pertinente, promoverá las medidas de publicidad a través de folletos, revistas y boletines, que deberán ser entregados en las diferentes Instituciones Integrantes del Sistema de Salud, así como en escuelas, oficinas y diversos lugares de trabajo, promoverá a través de los medios de comunicación, la realización de actividad física frecuente y el evitar una vida sedentaria; informará a las personas con diabetes las variables clínicas que son consideradas como objetivos de tratamiento y las acciones preventivas de las complicaciones crónicas que deben ser realizadas al menos una vez al año y recomendara a la población controlar su peso y adquirir hábitos alimenticios adecuados para controlar niveles de glucosa, colesterol, perfil de lípidos y presión arterial dentro del rango normal.

Artículo 29.-A través de la Secretaría, se promoverán la creación de grupos de ayuda mutua, en los Estados en los cuales no existan estos tipos de grupos, con base en los programas de educación terapéutica individual o de grupo capacitarán y orientaran en la adopción de estilos de vida saludables, por medio de la realización de actividad física, una alimentación correcta, evitando se desarrollen trastornos de la conducta alimentaria, así como la promoción del autoanálisis de la glucosa capilar.

Los grupos de ayuda mutua, se compondrán por personas con diabetes, sus familiares, amigos, médicos y cualquier otra persona interesada, no tendrán fines de lucro alguno.

Artículo 30.-Las UNEMES deberán optimizar la participación de los grupos de ayuda mutua, a efecto de que contribuyan a que el paciente aprenda y practique medidas de prevención, cuidados y se realice un autoanálisis de la glucosa capilar.

Artículo 31.-La prevención secundaria tendrá como objetivo el evitar la aparición de complicaciones en personas confirmadas con diabetes.

Artículo 32.-La prevención terciaria estará orientada a personas que presenten complicaciones crónicas, a fin de evitar discapacidad por insuficiencia renal, ceguera, pie diabético y mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular.

Artículo 33.-La prevención secundaria y la prevención terciaria, requieren de atención especializada, de expertos en el tema, por lo que la Secretaría proporcionará orientación, así como tratamiento farmacológico y no farmacológico.

Artículo 34.-Para casos de mujeres embarazadas la Secretaría realizará una primera prueba de curva de tolerancia a la glucosa tal como lo señala el artículo 15 de esta Ley.

Si se confirma un caso de diabetes gestacional, el médico deberá canalizar a la paciente al primer nivel de atención.

Artículo 35.-Las recomendaciones y medidas dirigidas a la población deberán ser indicadas por el equipo multidisciplinario de especialistas.

Artículo 36.-Los Gobiernos Estatales deberán incluir anualmente en el proyecto de presupuesto de egresos, fondos suficientes para el mantenimiento y creación de las UNEMES y los grupos de apoyo mutuo que sean necesarios, así como para la adquisición de insumos que garanticen el tratamiento farmacológico y auto monitoreo de los habitantes.

Igualmente se proveerán recursos para la creación de grupos multidisciplinarios compuestos al menos por un médico, un licenciado en nutrición, un educador y una enfermera en cada unidad donde se concentre la atención de la diabetes. Todos los hospitales de primer y segundo nivel deben tener al menos un grupo multidisciplinario.

CAPÍTULO II
HÁBITOS ALIMENTICIOS - NUTRICIONALES

Artículo 37.-La Secretaría deberá incluir y difundir un tipo de recomendaciones de un buen comer, como beneficios a la salud y que no causan efectos adversos:

a) Incluir al menos un alimento de cada grupo:

I Verduras y frutas

II Cereales

III Leguminosas y Alimentos de origen animal en cada una de las 3 comidas.

b) Procurar comer alimentos distintos cada día.

c) Comer verduras y frutas, en lo posible crudas y con cáscara. Preferir las de temporada que son más baratas y de mejor calidad.

d) Suficientes cereales (tortilla, pan integral, pastas, galletas, arroz o avena) combinados con leguminosas (frijoles, lentejas, habas o garbanzos).

e) Pocos alimentos de origen animal, preferir el pescado o el pollo sin piel a las carnes de cerdo, borrego, cabrito, res.

f) Consumir lo menos posible grasas, aceites, azúcar y sal.

g) Preferir los aceites y las fuentes de grasa vegetal (como aguacate, nueces, almendras, etc.) a la manteca, mantequilla y margarina.

h) Cocinar con poca sal, endulzar con poca azúcar, no poner sal en la mesa y moderar el consumo de productos que contengan sal en exceso.

i) Beber agua natural de acuerdo a las necesidades de cada persona, en general se recomienda el consumo de 6 a 8 vasos de agua al día.

j) Comer con tranquilidad, sabroso en compañía de preferencia en familia y sobretodo disfrutar las comidas.

k) Establecer horarios fijos para cada comida, con el fin de fomentar buenos hábitos de alimentación.

CAPÍTULO III
DE LA ATENCIÓN Y EL CONTROL

Artículo 38.-A efecto de aliviar síntomas, mantener un control metabólico, evitar complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida del paciente, así como reducir la mortalidad, la Secretaría y los médicos, públicos o privados, en conjunto con el equipo multidisciplinario, serán los responsables de la elaboración, aplicación y promoción del plan de manejo integral del paciente, basándose en las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 39.-Es responsabilidad del médico y del paciente el control de peso a través de una adecuada alimentación y actividad física. En caso de que no se obtengan resultados se deberá modificar el plan de control.

Artículo 40.-La atención se comprenderá por lo menos, por los siguientes niveles:

I. Primer nivel:

a) Se proporcionará en todas las unidades médicas de la Secretaría y en las escuelas;

b) Estará dirigido al cuidado de la persona, la familia, comunidad y su entorno;

c) Deberá enfocarse a la promoción de medidas preventivas y de cuidado, para ello invitará a medios de comunicación masivos y al sector privado.

d) Para tal efecto se crea la cartilla metabólica y será aplicable en todas las etapas de su vida; que contendrá cuando menos los datos relacionados con la edad, peso, talla, antecedentes hereditarios relacionados con familiares con diabetes y enfermedades asociadas a ella;

e) El médico decidirá en qué casos requiera recetarse insulina o algún medicamento equivalente en términos del artículo 8° de esta ley; y

f) Con apoyo de los grupos de ayuda mutua, orientar al paciente y familiares para que aprendan a vivir con la enfermedad, mejorar su calidad de vida evitar complicaciones y en caso de emergencia saber cómo actuar;

II. Segundo nivel:

a) Dirigido a pacientes que presenten cuadros clínicos más complejos, deberán ser enviados a unidades de atención especializada; y

b) El médico diagnosticará la complejidad del cuadro clínico.

Artículo 41.- Una vez confirmado un caso de diabetes se deberá tener contacto quincenal entre el paciente y el médico hasta que se estabilicen los niveles de glucosa, presión arterial, perfil de lípidos y cualquier otro que se establezca en el plan de manejo integral y se tenga un control metabólico. Posterior a esto, el médico determinará la periodicidad del contacto, en el Centro de Salud más cercano a su localidad.

CAPÍTULO IV
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL

Artículo 42.- Con la finalidad de fomentar estilos de vida saludables que prevengan o retarden la aparición de la diabetes, la Secretaría fomentará acciones de promoción de la salud entre la población general mediante actividades de educación para la salud, participación social y comunicación educativa con prioridad en la familia, la escuela, la comunidad y grupos de alto riesgo.

Artículo 43.-Es responsabilidad de la Secretaría la adecuada y oportuna información a la población general, sobre los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la diabetes. Se invitará a los medios de comunicación a participar en la difusión de mensajes al público que enfaticen la causa-efecto entre el control de tales factores y la prevención y control de otras enfermedades crónicas importantes.

Artículo 44.- Los servicios públicos de salud, con apoyo de los servicios de salud privados, realizarán campañas de educación a la población, sobre alimentación, actividad física, obesidad y otros factores de riesgo cardiovascular.

Artículo 45.- La Secretaría promoverá la coordinación entre los organismos públicos y privados y asociaciones de profesionales de la comunicación, para desarrollar acciones en el campo de la comunicación educativa, a fin de estimular el cambio hacia la práctica de estilos de vida saludables.

Artículo 46.- La Secretaría estimulará la participación comunitaria, la colaboración de grupos y organizaciones sociales para orientar en la adopción de estilos de vida saludables, particularmente entre los grupos de mayor riesgo.

Al efecto, se coordinará con instituciones y dependencias públicas y privadas, así como con asociaciones de profesionales del campo de la actividad física, deporte y acondicionamiento físico, para fomentar la práctica del ejercicio y el deporte en la población en general.

Artículo 47.- La Secretaría promoverá la incorporación y creación de redes de apoyo social y la incorporación activa de personas con diabetes, en la capacitación para el auto cuidado de su padecimiento y en su capacitación.

Al efecto, se crearán grupos de ayuda mutua en las unidades correspondientes, así como en centros de trabajo, escuelas y otras organizaciones de la sociedad civil. Dichas redes estarán supervisadas o dirigidas por un médico capacitado.

Artículo 48.-Los grupos de ayuda mutua servirán para educar, estimular la adopción de estilos de vida saludables como la actividad física, alimentación correcta, autoanálisis de glucosa capilar y cumplimiento de metas de tratamiento y control.

TÍTULO CUARTO
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 49.- Para contribuir en la realización de los objetivos, programas, proyectos y finalidades a que se refiere el párrafo anterior, se crea el instituto de la diabetes, dependiente de la Secretaría de Salud y tiene como principal función coordinar todas las acciones relacionadas con la educación, prevención, detección temprana, diagnóstico integral, tratamiento efectivo, prevención de complicaciones y técnicas modernas de tratamiento de todas las diabetes.

El reglamento regulará su organización y funcionamiento, atendiendo a las necesidades de la población y a la suficiencia presupuestal.

Artículo 50.- En caso de que el paciente necesite tratamiento farmacológico será canalizado, si no cuenta con seguro social, al Seguro Popular para que se le proporcione.

Artículo 51.- Para el uso de tratamiento farmacológico, únicamente se podrá hacer uso de aquellos medicamentos que hayan sido previamente aprobados por la Secretaría de Salud.

Artículo 52.- En caso de requerir el uso de insulina, esta deberá ser proporcionada por la Secretaria y únicamente la que el médico le recete.

Artículo 53.- La coordinación de acciones a que se refiere esta Ley estará a cargo del titular del Sistema Nacional de Salud, quien a través de la Secretaria ejercerá las siguientes atribuciones:

I. Establecer vínculos con instancias, hospitales, instituciones de seguridad social, así como personas físicas y morales de los sectores público, social y privado, con el objeto de proporcionar atención médica especializada en diabetes a la población;

II. Impulsar la celebración de convenios, si fuese el caso, con el propósito de obtener recursos financieros tendentes al cumplimiento de diversos programas orientados a la prevención, atención y control de la diabetes, así como la promoción de una nueva cultura de salud relacionada con esta enfermedad;

III.- Establecer bases de coordinación con todos los prestadores de atención médica para la diabetes, para la operación y seguimiento del programa específico, así como para su capacitación y actualización constante;

IV. Fomentar la participación individual y colectiva para prevenir, tratar y controlar la diabetes de manera oportuna;

V. Fijar los lineamientos de coordinación, para que las jurisdicciones, en el ámbito de su competencia, intervengan en la promoción a la población tendiente a generar una cultura del auto cuidado en el tema de diabetes a través de estilos de vida saludable;

VI. Celebrar convenios Estados y Municipios, a efecto de mejorar la atención de la diabetes a los habitantes de dicha región.

VII. Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción a la prevención y atención de la diabetes invitándolos a que se ajusten al programa.

VIII. Establecer las bases para diseñar y proporcionar cursos de capacitación a la población en general, a efecto de crear condiciones óptimas para la detección oportuna de la diabetes; en los distintos Municipios más alejados de un Centro de Salud.

IX. La Secretaría implementara entre los habitantes campañas para la detección de la pre diabetes y de la diabetes tipo 2, en el ámbito comunitario y de trabajo donde los hombres o las mujeres suelen reunirse o desarrollar actividades y en los servicios del Sistema de Educación Pública, de acuerdo a la normatividad aplicable, a partir de los 20 años, en la población general; o al inicio de la pubertad si presenta factores de riesgo y obesidad, con periodicidad de 3 años. Igualmente establecerá protocolos para el tratamiento estandarizado de la prediabetes y de la diabetes tipo 2; y

X. Los demás que se establezcan en esta Ley y en otras disposiciones legales aplicables, que no contravengan el presente ordenamiento.

Artículo 54.- La Secretaría en coordinación el Subsecretario del Sistema Penitenciario, deberá implementar acciones para la prevención, atención y control de la diabetes al interior de los Centros de Reinserción Social (CERESOS), Centros Preventivos y en el Centro de Integración para Adolescentes.

Artículo 55.- La Secretaría en coordinación con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, establecerá acciones para que en los lugares de trabajo se proporcione información a los trabajadores, tendientes a fomentar hábitos alimenticios saludables durante la jornada laboral, propicios para la prevención y control de la diabetes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se autoriza al Secretario de Salud para que realice las adecuaciones presupuestarias que sean suficientes para la implementación de esta Ley, hasta en tanto no se autoricen las partidas correspondientes en el presupuesto de egresos.

TERCERO.Se faculta al Secretario de Gobierno junto con la Secretaría de Salud, crear los órganos de la administración pública centralizada o desconcentrada necesarios para la operación de las obligaciones y el respeto a los derechos humanos establecidos en la presente ley.

En el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, se aprobaran los recursos necesarios para la implementación de las disposiciones y acciones producto de esta Ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de Septiembre del año 2015.— Diputados: Salomón Fernando Rosales Reyes,Abel Murrieta Gutiérrez, Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandro Armenta Mier, Alfredo Bejos Nicolás, Alfredo Miguel Herrera Deras, Alma Lilia Luna Munguía, Ana Leticia Carrera Hernández, Ana María Boone Godoy, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Araceli Madrigal Sánchez, Arlet Mólgora Glover, Armando Luna Canales, Brenda Velázquez Valdez, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Bello Otero, Carlos Federico Quinto Guillén, Carlos Iriarte Mercado, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cirilo Vázquez Parissi, Claudia Villanueva Huerta, Cristina Sánchez Coronel, David Mercado Ruiz, David Sánchez Isidoro, Delia Guerrero Coronado, Dora Elena Real Salinas, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Eloisa Chavarrias Barajas, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Emilio Enrique Salazar Farías, Enrique Rojas Orozco, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Irazema Briones Pérez, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelyng Soraya Flores Carranza, Exaltación González Ceceña, Fabiola Guerrero Aguilar, Fidel Almanza Monroy, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Alberto Torres Rivas, Francisco Lauro Rojas San Román, Francisco Saracho Navarro, Gabriel Casillas Zanatta, Genoveva Huerta Villegas, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Heidi Salazar Espinosa, Iveth Bernal Casique, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, J. Guadalupe Hernández Alcalá, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jacqueline Nava Mouett, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Jisela Paes Martínez, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Jorge Álvarez López, José Alfredo Ferreiro Velazco, José Antonio Estefan Garfias, José Erandi Bermúdez Méndez, José Everardo López Córdova, José Hernán Cortés Berumen, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Julieta Fernández Márquez, Kathia María Bolio Pinelo, Laura Mitzi Barrientos Cano, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Leydi Fabiola Leyva García, Lilia Arminda García Escobar, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Marco Polo Aguirre Chávez, María Angélica Mondragón Orozco, María Ávila Serna, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Alcántara Rojas, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Guadalupe Oyervides Valdez, María Isabel Maya Pineda, María Luisa Beltrán Reyes, María Monserrath Sobreyra Santos, María Soledad Sandoval Martínez, María Verónica Agundis Estrada, María Verónica Muñoz Parra, Mariela Emilse Etcheverry Aranda, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ángel Yunes Linares, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Nora Liliana Oropeza Olguín, Olga María Esquivel Hernández, Omar Noé Bernardino Vargas, Pablo Basáñez García, Pablo Bedolla López, Pedro Garza Treviño, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ramón Bañales Arambula, Rene Mandujano Tinajero, Ricardo Ramírez Nieto, Rocío Díaz Montoya, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Sara Paola Galico Félix Díaz, Sasil Dora Luz de León Villard, Susana Corella Platt, Susana Osorno Belmont, Timoteo Villa Ramírez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Virgilio Mendoza Amezcua, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Wenceslao Martínez Santos, Xitlalic Ceja García, Yahleel Abdala Carmona, Yerico Abramo Masso, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rosales. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Sonido en la curul del diputado Bernardino Vargas.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio(desde la curul): Gracias, presidente. El tema que aborda como iniciativa el diputado es de la mayor importancia, toda vez de que efectivamente en el mundo y particularmente en México, estamos sufriendo las enfermedades crónicas no transmisibles.

Una de ellas, la diabetes mellitus, que si no le damos la debida atención en todos los ámbitos no habrá presupuesto alguno que alcance para atender este mal del siglo XXI. De tal forma que le pido se consulte al ponente si me permite adherirme a esa iniciativa. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pedro Noble. Hubo una confusión acá por parte nuestra al otorgarle la palabra y corregimos. Preguntamos al proponente si no tiene objeción en que se suscriba. Está confirmando que está de acuerdo y, por lo tanto, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, está a disposición la iniciativa presentada para que quienes la quieran suscribir lo hagan en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul de la diputada Álvarez Piñones.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones (desde la curul): Con su permiso, diputado presidente. Esta enfermedad es muy importante que la atendamos, porque precisamente es una enfermedad que está ocasionando mucho problema en las instituciones de salud. Inclusive la diabetes juvenil está causando mucho dolor, mucha muerte y tenemos que tener una presencia, atenderla en la medición preventiva.

Quiero preguntarle al diputado Salomón para poderme adherir a esta iniciativa de ley.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Ahora sí, sonido en la curul del diputado Bernardino Vargas.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Gracias, señor presidente. Yo creo que este problema es un problema de salud pública, debe de ser prevenido a todas luces, pero también atendido. Creo que esta iniciativa de ley puede ayudar mucho al sector salud y al Estado mexicano y también a todos los involucrados de diabetes mellitus que es, y me atrevo a decir, la enfermedad más grave que existe en nuestro país.

Y también debemos de seguir reformando en cuestiones integrales, porque de nada sirve tener una prevención de diabetes mellitus si fomentamos la participación de las empresas refresqueras vendiendo bebidas azucaradas.

Pero bueno, en ese sentido quiero solicitar –señor presidente– que si me permiten adherirme a esta noble iniciativa que presenta el diputado Fernando Salomón Rosales Reyes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya ha quedado asentado el asentimiento del diputado proponente. Sonido en la curul del diputado Ramírez Nieto.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Gracias. Para el solo efecto también de adherirnos a la propuesta de nuestro compañero por parte de la bancada de Guanajuato.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Igualmente ahí mismo en la curul del diputado Ramírez Timoteo.

El diputado Timoteo Villa Ramírez (desde la curul): Sí, solicitándole al diputado Salomón esa adhesión. Aunado a esto creo que la cuestión económica es la más calosa en esas enfermedades, y sobre todo que ocasiona mucho colapso en avance de la enfermedad, por tal motivo sugiero adherirme, si así me lo acepta el diputado Salomón.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya ha expresado su asentimiento para todos quienes quieran adherirse a la iniciativa; está a disposición ya aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sí, allá sonido en la curul del diputado Víctor Silva, por favor.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Solamente para manifestarle nuestra adhesión a esta propuesta, por parte de los diputados del PRI, de Michoacán. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Silva. Sonido en la curul de la diputada.

La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Presidente, de igual forma adherirme. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Paola. Bien, entonces ahí está a disposición. Continuamos.

“DÍA NACIONAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Mariana Arambula Meléndez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

La diputada Mariana Arambula Meléndez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, porque los niños son el presente, es importante recordar que el 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso del Niño, declarado en 1990 por la ONU, a partir de una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer, de la que forman parte 149 organizaciones de 59 países, que tienen como objeto fomentar una cultura de prevención al abuso infantil en todo el mundo.

Este día mundial se instituyó con el objetivo primordial de crear conciencia y poner en evidencia el problema del abuso sexual infantil, impulsar la creación de políticas públicas bajo la necesidad de intervenir urgentemente.

Los abusos y la explotación de niñas y niños constituyen un problema universal y alarmante, por lo que son necesarias medidas eficientes y sostenidas de prevención y de protección, ya sea a nivel familiar, local, nacional o internacional. Desafortunadamente este tipo de abusos que son víctimas los menores de edad sigue en aumento y ocupan un sitio eminente en la escena pública y política.

Según datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. Alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país, de los cuales únicamente el 2 por ciento de los casos se conocen en el momento en el que se presenta. Se estima que 77 por ciento de los casos presentados son de niñas y el 23 por ciento son niños.

Hay que tener en cuenta que el abuso sexual no es sinónimo de violación. Algunas formas de abuso sin contacto físico son: exhibir genitales, espiar la intimidad del niño y de la niña, inducirlos a que se masturben o desnuden, mostrarle material pornográfico o hacerle comentarios obscenos.

Otro aspecto que no hay que omitir es que las niñas y los niños son violentados y agredidos en los lugares donde deberían de estar mejor protegidos. Gran parte de las agresiones sexuales son perpetradas por personas que la niña y el niño conocen. Se estima que 80 por ciento de los casos de abuso sexual infantil se cometen en casa, por un familiar. Cifras de la OCDE establecen que en México el 27 por ciento de los casos en el agresor es la figura del padre o la figura paterna del menor, el 18 por ciento el abuelo, el 16 por ciento el tío y el 12 por ciento es el hermano.

La Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional firmado por México en 1990, establece en los artículos 19 y 34 que los estados parte deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ante la gravedad del problema y la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar los derechos de las niñas y de los niños, debemos poner atención a diversos aspectos relacionados con el cuidado y protección de nuestra niñez. Es nuestro deber como legisladores pugnar por acciones que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de un sector vulnerable de esta población, y que les permita un desarrollo sano e integral.

En este sentido, como diputada local del estado de Jalisco, presenté una iniciativa de acuerdo legislativo para declarar el día 19 de noviembre como Día Estatal de la Prevención y Atención del Abuso Sexual Infantil, misma que ya se aprobó el 22 de noviembre de 2012 en el estado.

Por todo ello, ahora vengo a poner a su consideración la presente iniciativa en el ánimo de que sea impulsado un día nacional en el mismo tema. Nuestras niñas y niños lo merecen y necesitan, debemos estar conscientes de que la violencia física y el abuso sexual siempre tienen consecuencias negativas para el desarrollo sano, incluso cuando no incluye contacto físico directo.

Por lo expuesto y fundamentado someto a consideración de la soberanía lo siguiente:

Proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

Artículo Único. Se declara el 19 de noviembre de cada año Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

Vivimos en un mundo en donde los derechos de los niños son ultrajados y México no es la excepción. Hagamos algo. Líderes internacionales, gobernantes de otros países, pastores religiosos en este mundo han reconocido esta lamentable realidad y hoy es el momento que desde esta tribuna México levante la voz y digamos ni un niño más. Muchas gracias.

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 19 de noviembre Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, a cargo de la diputada Mariana Arambula Meléndez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Arambula Meléndez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Es importante recordar que el 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso del Niño, declarado en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas, a partir de una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer, de la que forman parte 149 organizaciones de 59 países, que tienen como objetivo fomentar una cultura de prevención del abuso infantil en todo el mundo.

Este día mundial se instituyó con el objetivo primordial de crear conciencia y poner en evidencia el problema del abuso sexual infantil, e impulsar la creación de políticas públicas bajo la necesidad de intervenir urgentemente, en un principio, en la difusión de programas de prevención, atención y erradicación.

Los abusos y la explotación de niñas y niños constituyen un problema universal y alarmante, por lo que son necesarias medidas eficientes y sostenidas de prevención y de protección, ya sea a nivel familiar, local, nacional o internacional. Desafortunadamente este tipo de abusos de los que son víctimas los menores de edad sigue en aumento y ocupan un sitio eminente en la escena pública y política.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. Alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país, de los cuales únicamente 2 por ciento de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso.

Debemos tener presente que los niños también son víctimas de abuso sexual. Se estima que 77 por ciento de los casos presentados son niñas y 23 por ciento son niños. Además, las personas con discapacidad física o mental, independientemente de su sexo, tienen mayor riesgo de sufrir abuso sexual que cualquier otra persona.

Hay que tener en cuenta que el abuso sexual no es sinónimo de violación. Algunas formas de abuso sin contacto físico son: exhibir genitales, espiar la intimidad de la niña o el niño, inducirlos a que se masturben o desnuden, mostrarle material pornográfico o hacerle comentarios obscenos.

Otro aspecto que no hay que omitir es que las niñas y los niños son violentados y agredidos en los lugares donde deberían estar mejor protegidos. Gran parte de las agresiones sexuales son perpetradas por personas que la niña o el niño conocen. Se estima que 80 por ciento de los casos de abuso sexual infantil se cometen en casa, por un familiar. Cifras de la OCDE establecen que en México en 27 por ciento de los casos el agresor es el padre o figura paterna del menor, en 18 por ciento el abuelo, en 16 por ciento un tío o conocido y 12 por ciento un hermano mayor.

La Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional firmado por México en 1990, establece en los artículos 19 y 34, que los estados parte deberán adoptar: todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, además de comprometerse a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. La realidad nos dice que esto no ocurre eficientemente en nuestro país.

Ante la gravedad del problema y la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar los derechos de todas las niñas y los niños, debemos poner atención a diversos aspectos relacionados con el cuidado y protección de nuestra niñez. Es nuestro deber como legisladores pugnar por acciones que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de este sector vulnerable de la población, y que les permitan un desarrollo sano e integral.

En este sentido, como diputada local, en la LX Legislatura del estado de Jalisco, presenté iniciativa de acuerdo legislativo para declarar el día 19 de noviembre como Día Estatal de la Prevención y Atención del Abuso Sexual Infantil, la cual se aprobó el 22 de noviembre de 2012 en el Congreso local.

Por todo ello, ahora vengo a poner a su consideración la presente iniciativa; en el ánimo de que sea impulsado un día nacional en el mismo tema. Nuestras niñas y niños lo merecen y necesitan, debemos estar conscientes de que la violencia física y el abuso sexual siempre tienen consecuencias negativas para el desarrollo sano, incluso cuando no incluye contacto físico directo.

La mayoría de los agresores pasan desapercibidos y aparentan ser personas agradables, atentas y respetables. Aunque los agresores suelen ser hombres, no hay que restarle importancia al hecho de que también hay mujeres que cometen abuso sexual.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil

Artículo Único. Se declara el 19 de noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

¡¡¡Vivimos en un mundo en donde los derechos de los niños son ultrajados, y México no es la excepción!!!

¡¡¡Hagamos algo!!!

¡Líderes internacionales, gobernantes de otros países, pastores religiosos en el mundo han reconocido esta lamentable realidad y hoy es el momento de que desde esta tribuna México levante la voz!

¡¡¡Ni un niño más!!!

Muchas gracias

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputados: Mariana Arambula Meléndez,Abel Murrieta Gutiérrez, Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alejandro Armenta Mier, Alfredo Miguel Herrera Deras, Alma Lilia Luna Munguía, Ana Leticia Carrera Hernández, Angélica Moya Marín, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Soto Espino, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Bello Otero, César Flores Sosa, Cirilo Vázquez Parissi, Claudia Sánchez Juárez, Claudia Villanueva Huerta, Daniela de los Santos Torres, David Sánchez Isidoro, Delia Guerrero Coronado, Dora Elena Real Salinas, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Eloisa Chavarrias Barajas, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Irazema Briones Pérez, Eva Florinda Cruz Molina, Exaltación González Ceceña, Fabiola Guerrero Aguilar, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco Lauro Rojas San Román, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Gabriel Casillas Zanatta, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Héctor Barrera Marmolejo, Indrig Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, J. Guadalupe Hernández Alcalá, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jacqueline Nava Mouett, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Jisela Paes Martínez, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Jorge Álvarez López, José Alfredo Ferreiro Velazco, José Erandi Bermúdez Méndez, José Everardo López Córdova, José Hernán Cortés Berumen, José Luis Orozco Sánchez Aldana, José Máximo García López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Juan Pablo Piña Kurczyn, Karina Padilla Ávila, Kathia María Bolio Pinelo, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Leticia Amparano Gamez, Leydi Fabiola Leyva García, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Ávila Serna, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María García Pérez, María Guadalupe Alcántara Rojas, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Isabel Maya Pineda, María Luisa Beltrán Reyes, María Soledad Sandoval Martínez, María Verónica Agundis Estrada, Martha Cristina Jiménez Márquez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Yunez Linares, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Nadia Haydee Vega Olivas, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Pedro Garza Treviño, Rafael Valenzuela Armas, René Mandujano Tinajero, Ricardo Taja Ramírez, Rocío Díaz Montoya, Rocío Matesanz Santamaría, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Santiago Torreblanca Engell, Sasil Dora Luz de León Villard, Sergio Emilio Gómez Olivier, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García, Yahleel Abdala Carmona, Yarith Tannos Cruz, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arámbula. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Sonido en la curul del diputado Döring, por favor.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Señor presidente, la iniciativa que acaba de presentar la diputada es una iniciativa que tiene el respaldo de los 108 legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Le pediría que también la pudiera poner a disposición para que todos pudiéramos pasar a firmarla y respaldarla.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Döring, si usted acepta que suscriba su iniciativa. Dice que no. No, que con mucho gusto. Entonces está a disposición de la asamblea para quienes quieran suscribirla, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul de Alfredo Ferreiro.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco(desde la curul): Presidente, de igual manera del Partido Encuentro Social, suscribirnos a esa iniciativa si nos lo permite la diputada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya ha dado su asentimiento y está a disposición. Continuamos.

VOLUMEN II

EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE MÉXICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México.

El diputado Victoriano Wences Real: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el que suscribe Victoriano Wences Real, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II; 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, bajo la siguiente exposición de motivos.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales fue adoptado el 27 de junio de 1989, por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su LXXVI reunión realizada en Ginebra, Suiza, ratificado por el Senado de la República el 11 de junio de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de este último año.

El presidente de la República emitió el decreto promulgatorio del instrumento de ratificación de dicho convenio el 25 de septiembre de 1990, mismo que fue publicado el 24 de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho convenio establece en sus artículos 6 y 7, respectivamente.

Artículo 6:

1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de estos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo, lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7o.

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Asimismo, el 14 de agosto de 2001, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto de reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, en materia de derechos y cultura indígena.

El artículo 2o., en el Apartado B, del citado decreto, consigna que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Asimismo, señala que se deberá consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, planes estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Que no obstante que han transcurrido más de diez años de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha no se ha aprobado una ley de consulta indígena.

Debemos señalar que esta Cámara de Diputados ya ha conocido de iniciativas de consulta indígena, sin embargo, no ha existido el acuerdo para poder legislar, lo que resulta en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Debemos reconocer que la reforma constitucional en materia indígena a la fecha sigue incompleta. Debemos de generar los marcos normativos que garanticen la autodeterminación de las comunidades indígenas. No hacerlo sería incumplir nuestra obligación como legisladores.

Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito fundamental garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta.

La iniciativa que hoy propongo, compañeros y compañeras diputados, consta de siete capítulos, mismos que contienen 31 artículos donde se establece quiénes son los sujetos a quienes debe ir dirigida la consulta, las instituciones de gobierno que deberán ser las responsables de realizar las consultas.

Asimismo, se establecen los temas específicos por los que debe llevarse a cabo una consulta.

En el contenido de la presente iniciativa se establecen sanciones para los servidores públicos encargados de la realización de la consulta que manipulen los resultados de la misma, o bien, que tiendan a desorientar a la población consultante.

Es preciso señalar que la presente iniciativa contiene un esquema de aplicación en donde no es necesaria la erogación de partidas presupuestales para la creación de nuevas instituciones que después resultan obsoletas, inoperantes.

La presente iniciativa faculta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para realizar las consultas a los pueblos y comunidades indígenas.

Por ello, junto con la presente iniciativa se presenta una iniciativa a la ley que rige dicha institución gubernamental.

Compañeras y compañeros diputados, existen argumentos jurídicos para contar en nuestro sistema jurídico mexicano con una ley general de consulta a los pueblos y comunidades indígenas de México. Solo hace falta la responsabilidad y la voluntad de los integrantes de este Poder Legislativo para aprobarla.

Compañeros y compañeras diputadas, en verdad hoy es la oportunidad que tiene esta LXIII Legislatura para poder tener una ley de consulta en nuestros pueblos indígenas de México.

Es por justicia para nuestros hermanos indígenas del país el que podamos en su momento, compañeros, que tengamos el dictamen, poderlo votar por consciencia y no por consigna. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Victoriano Wences Real, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I, numeral I, del artículo 6, el numeral I del artículo 77 y el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, fue adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su septuagésima sexta reunión realizada en Ginebra; ratificado por el Senado de la República el 11 de julio de 1990, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de ese último año. El presidente de la República emitió el decreto promulgatorio del instrumento de ratificación de dicho convenio, el 25 de septiembre de 1990, que fue publicado el 24 de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho convenio establece en los artículos 6 y 7, respectivamente:

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7.

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Asimismo, el 14 de agosto de 2001, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto de reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, en materia de derechos y cultura indígenas.

El artículo 2o., Apartado B, del citado decreto consigna que “la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.

Asimismo, señala que se deberá consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Que no obstante que han transcurrido más de 10 años de la reforma del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin que a la fecha se haya aprobado una ley de consulta indígena.

Debemos señalar que la Cámara de Diputados ya ha conocido de iniciativas de consulta indígena, sin embargo no ha existido el acuerdo para poder legislar, lo que resulta en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Debemos reconocer que la reforma constitucional en materia a la fecha sigue incompleta, debemos de generar marcos normativos que garanticen la autodeterminación de las comunidades indígenas, no hacerlo sería incumplir nuestra obligación como legisladores, por ello, la presente iniciativa tiene como propósito fundamental garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la consulta.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México

Único. Se expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, para quedar como sigue:

Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1o.La presente ley es de orden público e interés general, reglamentaria del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de consulta a pueblos y comunidades indígenas, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tiene por objeto establecer los casos en que debe consultarse a las comunidades indígenas, y la forma en que deben llevarse a cabo las consultas, en sus fases de diseño, planeación, operación, seguimiento, y evaluación.

Artículo 2o.La consulta a pueblos y comunidades tiene por objeto

I. Establecer las bases y mecanismos para la consulta directa a las comunidades indígenas en los asuntos que establece la presente ley;

II. Conocer la opinión, la posición, o las aportaciones de las comunidades indígenas sobre temas o asuntos trascendentes, relacionadas a sus condiciones de vida, o cuando pretendan instrumentarse medidas legislativas, administrativas o políticas públicas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas;

III. Permitir el diálogo intercultural y la construcción de consensos, para fortalecer la relación entre el Estado, los pueblos y comunidades indígenas y la sociedad;

IV. Alcanzar acuerdos, o lograr el consentimiento fundamentado previo de pueblos y comunidades indígenas, con respecto a medidas legislativas, programas sociales, o propuestas de políticas públicas que les sean aplicables;

V. Impulsar la participación efectiva de pueblos y comunidades indígenas en el diseño, la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas orientados a fomentar su desarrollo integral; y

VI. Identificar las propuestas que los consultantes tomarán en consideración, como resultados de las consultas, según proceda, para incorporarlos en iniciativas de ley, planes y programas de desarrollo, reformas institucionales, o acciones que puedan impactar en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 3o.Para efectos de la presente ley se entiende por

I. Asamblea: máxima autoridad de las comunidades indígenas;

II. Autoridades Indígenas: las autoridades tradicionales, sean agrarias, administrativas, civiles y ceremoniales, electas mediante los procedimientos establecidos en los sistemas normativos de las comunidades;

III. CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

IV. Comunidad indígena. A las colectividades humanas que descienden de un pueblo indígena que habitan en el territorio del Estado desde antes de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas;

V. Pueblos indígenas. Aquellos que forman una unidad social, económica y cultural y política, asentados en un territorio determinado y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres;

VI. Consulta: procedimiento por el cual le presentan a los pueblos y comunidades indígenas, iniciativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales, que les afectan directamente, con el propósito de conocer sus opiniones y recoger e identificar sus propuestas;

VII. Consultante: La federación, las instituciones, dependencias, entidades u organismos de éstos, que se encuentren obligados a llevar a cabo las consultas con las comunidades indígenas;

VIII. Coordinación interinstitucional: estrategia de política pública que consiste en articular y coordinar los esfuerzos de los poderes del estado y de los municipios, orientados a racionalizar y eficientar los recursos públicos, con el propósito de atender los rezagos sociales y construir amplios consensos entre pueblos y comunidades;

IX. Padrón de comunidades indígenas: es la nómina o listado que se hace de las comunidades indígenas, para saber sus nombres, número de población, autoridades y organización, así como sus usos y costumbres; y

X. Registro de comunidades indígenas: es la inscripción asentada en el libro de gobierno, realizada por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, cuyo objeto es recabar información relacionada con su estructura, organización y cultura.

Artículo 4o.Las consultas que se lleven a cabo con las comunidades indígenas deben adecuarse a las circunstancias de éstos, con la finalidad de alcanzar acuerdos o el consentimiento informado, relacionado con las propuestas que las instituciones públicas les presenten y, en su caso, incorporar las recomendaciones y conclusiones que realicen.

Artículo 5o.En los procesos de consulta queda prohibido:

I. Inducir las respuestas de los consultados, con preguntas, acciones coactivas, o mensajes propagandísticos;

II. Introducir elementos técnicos o académicos que conduzcan a favorecer determinada tendencia o posición, relacionada al tema objeto de la consulta; y

III. Manipular cifras o distorsionar los resultados de la consulta.

Los servidores públicos que actualicen alguno de los supuestos que establece este artículo, incurrirán en responsabilidad y serán sancionados de conformidad con lo previsto en la ley de la materia.

Capítulo II De los Sujetos de Consulta

Artículo 6o.La federación, garantizarán el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, respecto a los asuntos públicos fundamentales que les atañen directamente. Es obligación de los órdenes de gobierno, adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho.

Artículo 7o.Serán sujetos de consulta todos los pueblos y comunidades indígenas del país, que habitan en el territorio nacional, sin distinción de credo religioso, lengua, cultura, género, filiación partidista o ideológica.

Artículo 8o.Las autoridades, representantes y personas indígenas que participen en los procesos de consulta, deberán acreditar su identidad y la representación de su pueblo o comunidad ante la autoridad, institución u organismo consultante, y ratificarán su voluntad de participar por mandato en el ejercicio de consulta.

Capítulo III De las Materias de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas

Artículo 9o.Serán objeto obligado de consulta

I. El Plan Nacional de Desarrollo;

II. Los planes de desarrollo urbano, y de centro estratégico de población, cuando afecten el territorio correspondiente a las comunidades indígenas;

III. El otorgamiento de concesiones, contratos, y demás instrumentos jurídicos que afecten el uso y disfrute de sus tierras o recursos naturales; y

IV. Forma de régimen de gobierno y elección de autoridades.

Artículo 10.No podrán ser materia de consulta los siguientes asuntos:

I. El nombramiento de mandos medios y superiores de los organismos especializados en la atención a pueblos indígenas, exceptuando al Secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero;

II. El presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a ser incluido en el Presupuesto de Egresos del estado;

III. Las reformas del marco jurídico nacional que sean de carácter tributario o fiscal, así como las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

IV. Ninguno que no esté contemplado en la presente ley.

Capítulo IV De los Procedimientos de Consulta

Artículo 11.Toda consulta podrá realizarse cuando se considere necesario u obligado conforme a lo dispuesto en la presente ley, debiendo acordarse con las autoridades indígenas la fecha conveniente, con por lo menos treinta días de anticipación.

Las entidades normativas de la consulta del país serán

I. En el Poder Ejecutivo a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación con las dependencias de la materia relacionada; y

II. En las entidades del país y Distrito Federal las representaciones locales de la comisión.

Artículo 12.Cualquiera de las entidades públicas según corresponda, podrá establecer al o los grupos técnicos operativos que se integrarán con la institución o instituciones que deban realizar la consulta.

Los procesos de consulta que se pretendan impulsar deberán tomar en cuenta las distintas fases de ésta, tales como

I. Diagnóstico de la situación por consultar;

II. Elaboración del marco lógico de consulta, calendario y presupuesto;

III. Concertación de la concurrencia institucional para la realización de la consulta;

IV. Establecimiento del grupo técnico operativo;

V. Diseño metodológico de la consulta;

VI. Trabajo pre-operativo con comunidades muestra;

VII. Emisión de convocatoria de la consulta;

VIII. Consulta directa en comunidades representativas de la situación a consultar;

IX. Sistematización de los resultados;

X. Análisis y documento ejecutivo de los resultados;

XI. Entrega a comunidades consultadas de los resultados;

XII. Difusión de los resultados de la consulta; y

XIII. Institucionalización de los resultados.

Artículo 13.Las convocatorias y demás aspectos relacionados con la consulta deberán darse a conocer a la asamblea de la comunidad, de forma escrita y a través de los medios que la misma generalmente utilice para la difusión de sus comunicados y, adicionalmente, publicarse en algún medio de comunicación oral u escrito del lugar, tanto en la lengua que se hable predominantemente en la comunidad, como en español.

Las autoridades, instituciones, u organismos consultantes entregarán, con cuando menos quince días naturales de anticipación a la Asamblea General y a las autoridades indígenas, los elementos de análisis para dejar claro el objeto y alcance de la consulta, a fin de que estos elementos surgidos de la experiencia o de las necesidades institucionales, se analicen con antelación y posibiliten la construcción de ideas, valores, argumentos, formas de resolver y de participar en los procesos institucionales, con base en la demanda y las capacidades de las comunidades indígenas.

Artículo 14.Las convocatorias de consulta deberán contener como mínimo los siguientes elementos:

I. Institución convocante;

II. Exposición de motivos;

III. Objetivos de la misma;

IV. Objeto, asunto, tema o materia o motivo de consulta;

V. Forma y modalidad de participación;

VI. Sedes y fechas de celebración; y

VII. La demás que se considere necesaria conforme a la materia de la consulta.

Artículo 15.Para llevar a cabo las consultas podrán celebrarse convenios de colaboración interinstitucionales, entre las dependencias e instituciones públicas de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal involucrados, en los que se establecerán los objetivos de aquéllas, y los compromisos que asumen los participantes para sumar y coordinar esfuerzos con el fin de hacer posible su eficiente realización.

Artículo 16.La autoridad, institución u organismo consultante, a fin de llevar a cabo las consultas, deberá

I. Considerar a la entidad normativa y su opinión en sus actos y designar a los miembros del grupo técnico operativo que llevará a cabo la consulta, y a su secretario técnico;

II. Aprobar el programa de trabajo y el calendario de actividades de la consulta que le presente el secretario técnico;

III. Definir los instrumentos técnicos y metodológicos que se aplicarán, así como dar seguimiento a las acciones que se realicen durante la consulta;

IV. Aprobar las sedes de la consulta, así como tramitar y proporcionar los recursos financieros, humanos y logísticos necesarios para llevarla a cabo;

V. Coordinar, supervisar y orientar los trabajos del grupo operativo; y

VI. Revisar los resultados de la consulta, enviarlos a las autoridades indígenas a la brevedad posible, y publicarlos, en su caso, en los medios de comunicación.

Artículo 17.La instrumentación operativa de las consultas estará a cargo de un Grupo Técnico Operativo, designado por la autoridad, institución u organismo consultante, el cual se integrará preferentemente con profesionales de diferentes disciplinas que estarán bajo su mando.

El Grupo Técnico Operativo será constituido únicamente durante el periodo que duren los procesos de consulta, y podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en la materia, para asesorarse sobre la metodología e instrumental de consulta que considere pertinentes, preferentemente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o de la entidad normativa.

Artículo 18.El Grupo Técnico Operativo contará con un secretario técnico que será el coordinador general del mismo, y fungirá como responsable de la ejecución de las acciones de consulta ante la autoridad, institución u organismo consultante. Para ser designado como tal se requiere

I. Tener amplio conocimiento de la materia indígena, y contar con experiencia en el ámbito de las políticas de desarrollo de pueblos y comunidades; y

II. No ser servidor público al momento de su designación, ni haber ocupado cargos de dirección en partido político alguno, por lo menos dos años anteriores al día de su nombramiento.

Artículo 19.Para ser parte del Grupo Técnico Operativo se requiere

I. Contar con amplio conocimiento de la diversidad económica, social y cultural de los pueblos indígenas;

II. Experiencia acreditada en la organización y operación de procesos de consulta en campo; y

III. Preferentemente, hablar la lengua indígena del pueblo o comunidad en la que vaya a realizarse la consulta.

Artículo 20.Corresponde al Grupo Técnico Operativo

I. Planear y desarrollar las acciones relacionadas con los procesos de consulta;

II. Formular el calendario de actividades de la consulta;

III. Presentar los instrumentos técnicos y metodológicos, así como la mecánica de los trabajos relacionados con la consulta;

IV. Acordar con las autoridades indígenas lo relativo a las convocatorias, y coordinar junto con éstas y las instituciones estatales encargadas de atención a comunidades indígenas;

V. Hacer llegar los documentos de consulta a las autoridades indígenas, al menos con quince días naturales de anticipación a la fecha de la consulta, y corroborar su entrega;

VI. Entregar las relatorías y el informe de actividades a más tardar quince días naturales después de realizada la consulta; y

VII. Sistematizar la información surgida de las consultas, y presentar sus resultados dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del proceso de consulta.

Capítulo V De las Modalidades de las Consultas

Artículo 21.Las consultas que se hagan a los pueblos y comunidades indígenas deberán privilegiar la consulta directa a las comunidades indígenas, a través de las asambleas comunitarias que para tal efecto sean convocadas, con respeto a sus sistemas normativos en la organización y celebración de las mismas.

Dichas consultas podrán complementarse con algunas de las siguientes modalidades, eligiendo en cada caso la aplicable en consideración a la materia y amplitud de la consulta, así como la opinión de las autoridades indígenas:

I. Foros abiertos en los que se registren puntualmente las intervenciones orales y escritas de los participantes;

II. Talleres temáticos; y

III. Encuentros de servidores públicos de las instituciones públicas convocantes, con autoridades indígenas.

Artículo 22.Las sedes de los eventos de la consulta directa serán en las localidades que las comunidades consideren, a través de sus autoridades, y los eventos complementarios de la consulta se definirán atendiendo a los criterios de volumen y densidad de población consultada, en sus regiones tradicionales de asentamiento.

Artículo 23.Para asegurar la eficiente realización del proceso de consulta, el Grupo Técnico Operativo recibirá asesoría de las entidades normativas consultante. En su oportunidad este grupo brindará y multiplicará la asesoría técnica y cursos de capacitación al personal de apoyo que trabajará en las sedes, previamente a la celebración de los eventos.

Artículo 24.En cada uno de los eventos de las consultas organizados en las sedes deberá estar presente al menos un representante de los organismos e instituciones públicas convocantes, y uno más de las entidades normativas.

Artículo 25.A fin de generar transparencia en los procesos de consulta, se solicitará la presencia de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, que tengan reconocimiento en trabajo de derechos humanos y derechos indígenas, instituciones académicas, observadores ciudadanos, y medios de comunicación, que constante la certeza de la consulta. Además de informar del proceso de consulta y sus resultados en los medios electrónicos, difundiendo las páginas de las entidades convocantes.

Artículo 26.Para la organización de la consulta se tomará como base el Padrón de Comunidades Indígenas, debiendo incluir según la región, a todas aquéllas que resulten afectadas por la ley, decreto, plan, programa o acciones materia de la consulta, considerando la representación de todas las localidades, barrios, ejidos o parajes que las integren, a través de las autoridades indígenas respectivas.

Capítulo VI Del Resultado de las Consultas

Artículo 27.Los resultados de las consultas deberán difundirse con amplitud, en los medios electrónicos en forma bilingüe; y entregarse por escrito a las autoridades indígenas, en un plazo no mayor a sesenta días naturales posteriores a la consulta.

Artículo 28.Las instituciones públicas consultantes deberán tomar en consideración las propuestas y recomendaciones que resulten de la consulta, en la elaboración planes de desarrollo nacional, de políticas públicas, programas o reformas institucionales en materia indígena, que hayan sido objeto de la misma.

Artículo 29.El seguimiento de la aplicación o incorporación efectiva de las propuestas y recomendaciones que hubieran surgido de los procesos de consulta, estarán a cargo de las comunidades indígenas consultadas, a través de sus autoridades.

Capítulo VII De las Sanciones Aplicables

Artículo 30. Se considerará violación de esta ley que los servidores públicos de la federación, así como sus dependencias y entidades, pretendan aplicar programas, proyectos o políticas públicas, o legislar en asuntos que afectan directamente a dichos pueblos, sin haberlos consultado en los términos previstos por la presente ley.

Artículo 31.Los pueblos y comunidades indígenas podrán interponer denuncias y quejas por violaciones al derecho de consulta, contra los servidores públicos que infrinjan esta Ley, solicitando ante las autoridades competentes sean sancionados conforme a la legislación vigente.

Transitorios

Primero.Esta ley entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá difundir la presente ley en el sistema de radiodifusoras indígenas; traducirla en las lenguas del país, y distribuirla entre los pueblos y comunidades, dentro de los siguientes ciento veinte días naturales contados a partir de la publicación del respectivo decreto de ley.

Tercero. Remítase al titular del Poder Ejecutivo para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputados: Victoriano Wences Real,Alberto Martínez Urincho, Armando Soto Espino, Arturo Santana Alfaro, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Erik Juárez Blanquet, Felipe Reyes Álvarez, Francisco Martínez Neri, María Concepción Valdés Ramírez, María Luisa Beltrán Reyes (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Wences. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Felipe Reyes.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para solicitar al diputado Victoriano Wences, si aprueba que el Grupo Parlamentario del PRD, en su conjunto, firme esta iniciativa que acaba de presentar.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Reyes.

El diputado Victoriano Wences Real(desde la curul): Claro que sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado proponente ha manifestado su asentimiento para que así pueda hacerse, y con el mismo procedimiento de ocasiones anteriores estaría a disposición la iniciativa presentada para suscribirse por quienes quieran hacerlo.

Les damos la más cordial bienvenida a alumnos, maestros y padres de familia de la Escuela Preparatoria Oficial, número 15, Lobos, del municipio de Chicoloapan de Juárez, estado de México. Invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Con su venia, diputado presidente. Quisiera empezar mi intervención planteando una pregunta a toda la asamblea. ¿Cuántos de los aquí presentes en alguna ocasión han adquirido un producto o contratado a un servicio del cual se han sentido totalmente decepcionados, porque al recibirlo las características por las que ustedes pagaron o las que les fueron ofertadas, no son en nada parecidas a aquellas que en la realidad tiene el producto o el servicio, llamémosle un medicamento de aquéllos que ofrecían bajar de peso en 10 días de manera milagrosa o algún producto cuya resistencia no se parece en nada a lo que vimos en lo que se ofrecía en el anunció que tenía.

Esta situación se está dando de manera cada vez más grave en nuestro país con un tema muy delicado. Los gringos le llaman Green washing que se podría traducir de alguna manera como una pintadita de verde o como un baño de verde; como cuando al oro le decimos oro a cualquier metal que tiene un pequeño baño de oro. Sería la equivalencia.

El problema se está haciendo cada vía más grave, más preocupante porque los consumidores –que de acuerdo a diversos estudios–, tres de cada cuatro consumidores potenciales de 18 a 35 años en este momento, se inclinan al momento de decidir adquirir un producto por aquellos productos que ofrecen ser ambientalmente sustentables, que ofrecen se respetuosos con el medio ambiente o que ofrecen ser ya sea orgánicos o biodegradables.

Se está convirtiendo en una decisión del consumidor el inclinarse por productos que sean cada día más respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo la realidad es muy distinta. La realidad nos muestra que los empresarios, industriales, productores, han detectado esta situación y han comenzado a pintar de verde sus productos sin que en realidad cumplan con los estándares de respeto y cuidado al medio ambiente, que debería ser la norma que regule este tipo de etiquetas, este tipo de ofertas.

El consumidor está prácticamente desamparado, se encuentra en muchos de los casos ignorantes de esa situación y solamente pueden, en muchas de las ocasiones, darse cuenta por los efectos nocivos en algunos casos para la salud del producto que han adquirido.

El Partido Verde quiere proponer, y lo hace a través de esta iniciativa, que la falta que actualmente existe para quienes ofrecen un producto que no cumple con las características, particularmente hablando de productos verdes, sustentables, ecológicos, orgánicos, se convierta en una falta grave cuya sanción se eleve a niveles que verdaderamente nos permitan inhibir este tipo de prácticas y se sancione de una manera mucho más rigurosa a quienes de manera dolosa, de manera por demás egoísta hacen uso de esta nueva imagen, de un nuevo empaque o de una nueva etiqueta para tratar de engañar al consumidor ofreciéndole un producto que no tiene las características y que en todo su proceso de producción no cumple con estándares de respeto y cuidado al medio ambiente.

Pareciera un asunto sencillo, pareciera un asunto que el mercado mismo debería de regular y que hay instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor que ya regulan, sin embargo no cuentan actualmente con las facultades suficientes como para poder impedir y detectar este tipo de prácticas y estamos dejando en la indefensión a los consumidores.

Además de que este tipo de prácticas echa por tierra enormes esfuerzos sociales y presupuestales que este país y que el mundo entero ha invertido para generar conciencia en las nuevas generaciones de que debemos de cada día ser más respetuosos, más cuidadosos con nuestro entorno, con el medio ambiente y con este mundo que nos rodea. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Arturo Álvarez Angli, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años la preocupación por el deterioro de nuestro entorno ha dejado de ser una cuestión que solamente parecía interesar a colectivos tradicionalmente comprometidos con la protección y conservación del medio ambiente, para convertirse en un tema omnipresente en todo tipo de foros y contextos. Las referencias a conceptos tales como cambio climático o calentamiento global han trascendido los discursos políticos y la agenda de los medios masivos de comunicación para tener presencia de modo cada vez más frecuente en la vida cotidiana de los ciudadanos comunes y corrientes.

El aumento progresivo de la conciencia social sobre el imperativo de construir un modelo que permita satisfacer las necesidades humanas de modo más racional y sustentable, es un factor determinante que induce a los publicistas a basar sus campañas de marketing en publicidad verde, que en ocasiones puede ser engañosa, lo cual se conoce como Greenwashing.

El Greenwashing, o impostura verde, es el acto de inducir al error a los consumidores en relación con las prácticas ambientales de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio.

La sociedad, especialmente los jóvenes, se encuentran cada vez más dirigidos hacia prácticas sustentables; esto significa que un porcentaje creciente de consumidores otorga una gran importancia al grado de respeto por el medio ambiente que tienen las empresas en sus procesos de producción y ello se ha vuelto un factor determinante a la hora de comprar un producto.

Los anunciantes saben que ser percibidos como entidades involucradas en la lucha contra fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, o el calentamiento global les reporta un valor añadido que tiene un impacto positivo en su imagen y es rentable para su negocio. Esta situación es confirmada por diversos documentos, por ejemplo, el realizado en 2008 por Havas Media, agencia líder en comunicación y mercadotecnia a nivel global, titulado: Cambio climático, percepción del consumidor y sus implicaciones en marketing y comunicación. Dicho estudio recoge las opiniones de 11 mil personas de nueve países (España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, India, China, Brasil y México) y pone de manifiesto que 3 de cada 4 entrevistados prefieren comprar productos de empresas que estén intentando activamente reducir su impacto sobre el calentamiento global.

Las empresas han identificado este cambio en la conciencia de los consumidores y en virtud de ello diseñan estrategias enfocadas a satisfacer esta nueva demanda, es decir, que las empresas pretenden capitalizar la sensibilidad social hacia la cuestión ecológica. Sin embargo, en algunos casos la sustentabilidad o los procesos de producción amigables con el medio ambiente se quedan únicamente en las campañas publicitarias.

Este tipo de prácticas que algunas empresas llevan a cabo para ganar o conservar un nicho de mercado, generan una serie de inconvenientes entre los que se destacan:

• El entorpecimiento de la posibilidad de que los consumidores diferencien entre compañías realmente comprometidas con el medio ambiente y aquéllas que utilizan el concepto de sustentabilidad sólo para servir a sus intereses.

• La saturación del consumidor ante la publicidad verde. Las empresas que realmente apuestan por productos ecológicos basan parte de su éxito en este elemento diferenciador que, sin embargo, pierde valor si son muchas las empresas que alardean de su compromiso con la sustentabilidad y realmente no lo tienen.

• La falta de credibilidad por parte del consumidor ante la percepción de la existencia de publicidad verde engañosa. Si un consumidor se siente engañado puede llegar a la conclusión de que la protección del medio ambiente no es más que una estrategia comercial y que realmente no se está haciendo nada por favorecer la preservación de nuestro entorno. En este sentido, los esfuerzos reales se ven perjudicados por una oleada de anuncios publicitarios que llegan a afectar negativamente en la recepción que el consumidor pueda tener sobre la adopción de conductas respetuosas del medio ambiente.

• Todo lo anterior, a la larga, afecta directamente la protección y conservación ambiental, pues las personas desecharán de antemano todo producto que realmente haya sido producido de modo sustentable y, por ende, los patrones de consumo dañinos para el entorno no sufrirán una disminución.

Lo anterior resulta realmente preocupante pues se estima que un alto porcentaje de las campañas de marketing verde encuadra con el concepto de Greenwashing, motivo por el cual este fenómeno merece la atención de las instituciones públicas, las cuales están obligadas a llevar a cabo controles cada vez más estrictos y exhaustivos sobre la veracidad de la publicidad de muchos productos, por un lado, mientras que, por otro, se requiere legislar para llenar los vacíos legales existentes en la materia.

Según publicaba a principios de 2009 la consultora norteamericana TerraChoice Environmental Marketing, tras revisar 18 mil anuncios aparecidos en revistas de gran tiraje, se comprobó que en Estados Unidos el número de anuncios verdes se había multiplicado por diez desde 1988. Asimismo, se estableció que durante el periodo 2006 a 2008 este número se triplicó.

En nuestro país, la Dirección de Publicidad y Normas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó en marzo de 2012 un monitoreo de anuncios publicitarios en internet de 90 productos con características ecológicas, derivado de este análisis se advirtió que: más de la mitad de los productos aseguraba ser biodegradable o degradable; por otra parte, se detectó que las frases o elementos que podrían ser sujetos de comprobación hacían referencia a la cualidad de ser reciclado o reciclable. Entre otras cosas, el monitoreo detectó que la publicidad de los productos “verdes” afirmaba, adicionalmente, que éstos era “naturales”, o que “no contaminaban el agua”, lo cual en muchos casos resultaba impreciso o irrelevante. Por ejemplo, el mercurio o el uranio son elementos “naturales” pero también son altamente tóxicos y sumamente dañinos para la salud.

De acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace, existen cuatro modalidades que pueden ser consideradas como Greenwashing:

• Negocio sucio. Promover un producto o programa como ambientalmente amigable, pero el centro de la actividad empresarial es mayormente insostenible y contaminante.

• Publicidad engañosa. Publicidad y campañas focalizadas para exagerar un logro ambiental con el fin de distraer la atención de problemas ambientales o que los costos de dichas campañas publicitarias excedan sustancialmente los costos de realizar conductas realmente sustentables (si es que las hay).

• Contradicción política. Compromisos y declaración de intenciones “verdes” por parte de la empresa, aunque paralelamente ésta realice cabildeos para influir en contra de la aprobación de regulaciones medioambientales.

• Obedecer la ley y resaltarlo como un compromiso asumido por iniciativa propia. Es decir, señalar como un logro voluntario conductas que en realidad son exigidas por mandato legal.

Frases publicitaras como “totalmente natural”, “no contamina” o “amigable con el medio ambiente” resultan muy atractivas para aquellos consumidores que han tomado conciencia de la necesidad de consumir de forma responsable y sustentable. Sin embargo, los engaños de productos que se publicitan como ecológicos son más comunes de lo que se puede imaginar.

Una muestra de la frecuencia con la cual se presentan este tipo de situaciones son los resultados del Informe 2007 sobre Greenwashing, de la ya citada agencia estadounidense TerraChoice Environmental Marketing, el cual revela que la mayoría de los mensajes publicitarios que incluyen afirmaciones sobre el respeto del producto hacia el medioambiente son inexactos, inapropiados o, simplemente, no comprobados. Resalta el hecho de que, según el estudio, de los mil mensajes supuestamente “verdes” analizados, sólo siete cumplían todas las condiciones para ser considerados verdaderos.

Marco Normativo en referencia al Greenwashing

Unión Europea

A nivel europeo, la regulación de la publicidad y prácticas comerciales engañosas se encuentra contenido en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (2005/29/CE), complementada por la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa (Directiva 2006/114/CE). La primera constituye un gran avance para poder homogeneizar la legislación de los países y beneficiar tanto a los consumidores como a las empresas que traten de hacer campañas a nivel europeo.

Una de las novedades de dicho ordenamiento es que se enfoca en proteger no sólo la competencia sino, sobre todo, a los consumidores, quienes muchas veces son los que tienen un rol más activo en la defensa del medioambiente y en la defensa contra el Greenwashing. Si bien dicha norma no permite crear un sistema uniforme de control similar en todos los países, al menos posibilita una mejor supervisión de prácticas desleales y engañosas por parte de las autoridades.

Lo más importante es que abre las puertas para contar con más herramientas, pues incluye normas para evitar el Greenwashing, en las cuales se señala expresamente que las prácticas engañosas pueden consistir también en dar información errónea sobre el alcance de los compromisos del comerciante y los motivos de la práctica comercial, es decir, exagerar la importancia de programas sociales o medioambientales de una empresa. Por otra parte, también incluye como tal el incumplimiento de los compromisos de códigos de conducta, siempre que la práctica comercial se ligue al mismo.

Asimismo, cabe agregar que, en febrero del 2013, el Parlamento de la Unión Europea aprobó dos informes que instan a la Comisión Europea a adoptar medidas específicas para luchar contra la información falsa y engañosa en los compromisos de las empresas, los informes sobre responsabilidad social corporativa y los impactos sociales y medioambientales de productos y servicios.

Estados Unidos y Australia

En Estados Unidos hay una guía para el uso de declaraciones medioambientales preparada por la Comisión Federal de Comercio. No se centra sólo en la publicidad, sino que también regula el etiquetado, los materiales de promoción y cualquier otra forma de marketing. Además, ofrece ejemplos y analiza también la información por categoría (reciclable, biodegradable, etcétera).

Por otra parte, en el caso de Australia, se publicó en 2011 la Ley Australiana del Consumo, un apéndice de la Ley de Competencia expedida un año antes, en la cual se prohíben expresamente tanto las conductas como las representaciones engañosas relacionadas con el medioambiente.

España

En España existe la Ley General de Publicidad, de 1988; la Ley 29/2009 (que integra la Directiva europea 2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales), así como el Código de Autorregulación sobre argumentos ambientales en comunicaciones comerciales, el cual contiene dos principios que tratan de evitar el Greenwashing. Uno es el principio de veracidad, que implica no inducir a error las comunicaciones, tanto respecto a los productos como a las acciones que el anunciante lleve a cabo en beneficio del medioambiente. El segundo es el principio de objetividad, que sugiere evitar exageraciones como la ampliación selectiva de la información positiva de un producto por encima de la negativa.

Además, señala que las aseveraciones genéricas como “verde”, “ecológico” o “sostenible” deben evitarse o justificarse expresamente.

No obstante estas precisiones, se debe anotar que dicho Código no es jurídicamente vinculante y abarca sólo las comunicaciones comerciales, lo cual no quita que éste constituya una buena referencia para regular el Greenwashing.

El caso de nuestro país

En México, los alimentos que se ostentan como “eco” o “bio” deben cumplir con lo dispuesto en la Ley de Productos Orgánicos y su Reglamento. De esta forma, se establece un riguroso proceso de certificación que considera las materias primas y el proceso de producción, que no obstante en muchas ocasiones no es seguido a cabalidad.

Cabe señalar que solamente los productos que cumplan con lo estipulado en dichas disposiciones pueden ser identificados con el término “orgánico” o denominaciones equivalentes en su material publicitario y los documentos comerciales y puntos de venta.

Por otra parte, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la publicidad relativa a bienes, productos o servicios deberá ser, entre otras cosas, veraz y comprobable. Por ello, si un producto se anuncia como “ecológico” y en realidad no lo es, podría tratarse de publicidad engañosa e incurriría en una infracción a la ley en comento, susceptible de investigación y sanción por parte de la Profeco.

Asimismo, se establece que la publicidad no debe inducir al error o confusión a los consumidores, por lo que no debe presentarse de manera inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa. No obstante lo anterior, muchas corporaciones en nuestro país de sectores como el energético, el químico, o el automotriz siguen incurriendo en prácticas consideradas como Greenwashing.

En este contexto resalta la necesidad de reformar la legislación en la materia con objeto de introducir una prohibición expresa de utilizar publicidad engañosa en relación con las prácticas ambientales de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio. Asimismo, se pretende establecer sanciones pecuniarias ejemplares encaminadas a inhibir este tipo de conductas; el monto de lo recaudado por este concepto debería ser usado para reparar los daños ambientales que llegara a causar la publicidad engañosa.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único.Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 Bis; se adiciona el tercer párrafo del artículo 32; se adiciona un artículo 40 Bis; se adiciona un tercer párrafo al artículo 128 Bis; y se reforma el primer párrafo del artículo 8 Bis, así como la fracción segunda del artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como a continuación se presentan:

Artículo 8 Bis.La Procuraduría deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquél que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, amigable con el medio ambiente, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

La Procuraduría deberá fomentar entre los productores y proveedores de bienes y servicios la práctica de procesos de producción que minimicen los efectos negativos sobre el medio ambiente.

...

...

Artículo 32. ...

...

La utilización de publicidad engañosa en relación con las prácticas ambientales de una empresa referentes a procesos de producción amigables con el medio ambiente o los beneficios ambientales de un producto o servicio se considerará una falta grave y se sancionará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 128 Bis de esta ley, sin perjuicio de lo que establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

...

Artículo 40 Bis. Las aseveraciones genéricas como “verde”, “ecológico”, “orgánico”, o “sustentable” deben justificarse expresamente.

Artículo 128 Bis. ...

...

En el caso del monto recaudado por concepto de las violaciones a lo establecido por el párrafo tercero del artículo 32, éste será destinado al Fondo para el Cambio Climático.

Artículo 128 Ter.Se considerarán casos particularmente graves:

I. ...

II.Cuando la infracción de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la salud, la seguridad de un grupo de consumidores o la conservación del medio ambiente.

III. a VIII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Citado por Pacheco Rueda, Marta, El discurso disidente de la contrapublicidad verde, en Pensar la Publicidad, Universidad de Valladolid, Año 2009, Vol. III, No. 1. Pp. 55-82.

2. Ibídem.

3. Véase, Verdes por fuera... falsos por dentro, en Portal del Consumidor, 19 de junio de 2012.

http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/?p=7048

4. Véase, Alejos Góngora, Claudia Lucía, “Greenwashing: ser verde o parecerlo”, Cuadernos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputados: Arturo Álvarez Angli, Adriana Sarur Torre, Alex Le Barón González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Cándido Ochoa Rojas, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cirilo Vázquez Parissi, Claudia Villanueva Huerta, Daniela de los Santos Torres, Diego Valente Valera Fuentes, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Emilio Enrique Salazar Farías, Evelyng Soraya Flores Carranza, Francisco Alberto Torres Rivas, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jesús Sesma Suárez, Jorge Álvarez López, Jorgina Gaxiola Lezama, José Alberto Couttolenc Buentello, José Antonio Arévalo González, José Refugio Sandoval Rodríguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Manuel Celis Aguirre, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Remberto Estrada Barba, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Sara Paola Galico Félix Díaz, Sasil Dora Luz de León Villard, Sharon María Cuenca Ayala, Sofía González Torres, Virgilio Mendoza Amezcua (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

Damos la bienvenida a estudiantes de la licenciatura en derecho, de la Universidad Latina de América, de Morelia, Michoacán. Bienvenidas y bienvenidos. Son invitados por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González:Señoras y señores diputados, como recientemente señaló el distinguido abogado Diego Valadés: “una de las características de los Estados democráticos consiste en la facultad de los congresos para investigar las actividades gubernamentales”. No obstante en México la capacidad indagatoria del Congreso es muy limitada.

El artículo 93 constitucional dispone que las funciones de control de actividades gubernamentales le corresponden al Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, órgano de carácter representativo, el Código Político de 1917 le atribuye diversas facultades para verificar la regularidad de la gestión administrativa del Estado, encontrándose dentro de éstas la denominada de investigación, a través de los cuales los representantes de la nación conocen del Estado que guarda la administración pública respecto a un determinado asunto, generando un juicio propio que permite valorar la eficiencia y legalidad de la actuación del gobierno.

En 1977 se reformó el artículo 93, párrafo tercero, de la Norma Suprema, estableciendo que el pleno de la Cámara de Diputados, a petición de una cuarta parte de sus integrantes, está facultado para integrar comisiones para investigar, pero solamente el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, lo cual resulta a todas luces insuficiente para un control adecuado de los otros Poderes de la Unión.

La escasa atribución del Congreso mexicano para realizar indagatorias sobre los sucesos que atañen a la nación, contrasta con la que tienen los congresos en otros países, incluyendo los latinoamericanos en donde se ha avanzado exitosamente en la consolidación de las atribuciones de investigación del Congreso.

En México, la administración pública federal centralizada y paraestatal se ha transformado, amén de la reciente creación de las empresas productivas del Estado, y un número creciente de órganos autónomos.

Por tanto, ampliar las atribuciones del Congreso en materia de investigación se vuelve fundamental, ya que los representantes de la nación somos simples testigos de los acontecimientos que suceden al país y el máximo alcance que tenemos es expresar nuestras opiniones o puntos de vista, pero no podemos indagar hechos que afectan a nuestros representados.

En México, el Ejecutivo se investiga a sí mismo, siendo juez y parte, lo cual no permite que tengamos la posibilidad de un control adecuado de sus funciones. Los ciudadanos tenemos que recurrir a instituciones externas para que realicen las averiguaciones que los representantes de la nación tenemos vedado llevar a cabo.

La debilidad del Poder Legislativo mexicano ha impedido un efectivo control sobre el Ejecutivo, la administración pública en su conjunto y, desde luego, al Poder Judicial de la Federación y los órganos autónomos.

Por lo antes expuesto esta soberanía debe contar con amplias facultades para indagar lo que aflige a sus ciudadanos y poder recuperar así la confianza en nuestras instituciones. Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cito:

Artículo Único. Se reforma el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

La Cámara ha pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para indagar el funcionamiento de la administración pública federal centralizada y paraestatal de las empresas productivas del estado, así como del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal y de las autoridades competentes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Damián González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, del numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto del Constituyente de 1916-1917, ya no es la misma, con sus 99 años es la tercera más antigua del continente y la segunda en América Latina.

El artículo 93, párrafo tercero de la Norma Suprema, establece que el Pleno de la Cámara de Diputados, a petición de una cuarta parte de sus integrantes, está facultado para integrar comisiones para investigar sólo el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, lo que ha sido rebasado, pues el contexto histórico de 1977 en que esto se estableció, es diverso a la actual realidad que vivimos.

En la exposición de motivos que dio origen a la adición del párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política, en su parte conducente enunciaba:

“El desarrollo económico experimentado por el país en los últimos años ha provocado el crecimiento de la Administración Pública, fundamentalmente del sector paraestatal multiplicándose el número de organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Acorde con el propósito de la reforma administrativa y con los ordenamientos que de ella han surgido, se hace necesario buscar fórmulas que permitan poner una mayor atención y vigilar mejor las actividades de dichas entidades.”

“Con el fin de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las corporaciones descentralizadas y empresas de participación estatal, se agrega al artículo 93 de la Constitución un nuevo párrafo, que, en caso de ser aprobado, abre la posibilidad de que cualquiera de las dos Cámaras pueda integrar comisiones que investiguen su funcionamiento, siempre y cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros tratándose de los Diputados, y de la mitad si se trata de los Senadores. Esta facultad se traducirá en nuevos puntos de equilibrio entre la Administración Pública y el Poder Legislativo.”

“Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal; éste será el que determine las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades que resulten. De esta manera se conservan intactas las facultades del propio Ejecutivo, relativas a la dirección del sector paraestatal de la Administración Pública, sin que resulte quebrantado el principio de separación de Poderes.”

El Ejecutivo planteó en aquella época, nuevos puntos de equilibrio entre la Administración Pública y el Poder Legislativo, encomendándose al primero el deslinde de las responsabilidades en que hubiesen incurrido los servidores públicos de la administración pública paraestatal, dejando incólumes a sus secretarios de despacho.

En el dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del 18 de octubre de 1977, sus integrantes señalaban que la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, era una “medida altamente saludable”, además de “una expresión más de la colaboración de los Poderes y de su corresponsabilidad para resolver con eficacia aspectos trascendentales de la administración pública”, por lo que no tuvieron inconvenientes en su aprobación.

Por su parte, las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección de la Cámara de Senadores, ratificaron el porcentaje de la colegisladora, y en lugar de una tercera parte, aprobaron como mínimo la cuarta parte para los diputados.

Además, citando al Ejecutivo Federal, sostenían que:

“El imperativo de la participación del Estado está dado por nuestra democracia social; de ahí todo el juego de posibilidades y alternativas tan amplias, riquísimas que tenemos y podemos tener; la participación directa, reguladora del Estado mediante sus leyes que pueden obligar y pueden prohibir; se puede concertar y convenir; es dable fomentar, propiciar, promover, estimular y desestimular es posible actuar en forma descentralizada o actuar participando”.

“Dentro de estos principios se requiere que los organismos o empresas públicas sean eficientes para el mejor cumplimiento de sus objetivos y que sean administrados con eficacia y probidad. Por tal razón, es muy importante que las Cámaras puedan vigilar su funcionamiento”.

El Constituyente Permanente, consideró trascendental que las cámaras del Congreso de la Unión vigilaran el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, con lo cual instauró un nuevo equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin quebrantar la división de poderes.

Así, en su momento, el desarrollo económico experimentado por el país y el crecimiento de la Administración Pública, principalmente los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, motivaron en 1977 la creación de comisiones de investigación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores a efecto de que coadyuvaran, en las tareas de supervisión y control de tales organismos.

A casi cuatro décadas, la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, se ha transformado, amén de la reciente creación de las Empresas Productivas del Estado y un número creciente de órganos autónomos.

El artículo 93 constitucional,dispone que las funciones de control de la actividad gubernamental le corresponden al Congreso de la Unión. En particular, a la Cámara de Diputados, órgano de carácter representativo, el Código Político de 1917 le atribuye diversas facultades para verificar la regularidad de la gestión administrativa del Estado, encontrándose, dentro de éstas, las denominadas “de investigación”, a través de las cuales los representantes de la nación conocen el estado que guarda la Administración Pública respecto a un determinado asunto, generando un juicio propio que permite valorar la eficiencia y legalidad de la actuación del gobierno.

La Representación nacional, ejerce funciones propias de control sobre organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que integran la Administración Pública Federal, derivado de la atribución establecida en el tercer párrafo del artículo 93 constitucional.

La Cámara de Diputados, sólo puede ejercer su facultad de investigación, tratándose de los organismos antes señalados, por lo que su atribución se encuentra limitada.

Una de las características de los Estados democráticos, consiste en la facultad de los congresos para investigar las actividades gubernamentales. En las democracias avanzadas, se considera incluso que ese acto de control político forma parte de los derechos de minoría parlamentarias.

Los representantes de la nación se han convertido en simples testigos de los acontecimientos que sacuden al país, y a lo más que pueden aspirar en la actualidad es a expresar opiniones o puntos de vista, pero no a tomar decisiones, y menos indagar acerca de hechos que afecten a sus representados.

Por lo antes expuesto, esta Soberanía debe contar con amplias facultades para indagar lo que aflige a sus ciudadanos, y poder recuperar así la confianza en nuestras instituciones. La debilidad del Poder Legislativo mexicano ha impedido una efectiva facultad de control sobre el Ejecutivo y la administración pública en su conjunto, y desde luego, al Poder Judicial de la Federación.

Este último poder, a pesar de la responsabilidad en que han incurrido sus jueces, magistrados o ministros, así como los integrantes del Consejo de la Judicatura, poco o nada ha hecho al respecto; la administración de justicia, no poca veces está al servicio de los menos, dejando en el desamparo a los más.

El Código Político de 1917, no previó el estado de cosas que aquejan hoy a la República, y que en nombre del bien común, han despojado a la nación de su patrimonio y recursos naturales, además de que sus servidores públicos se han convertido en mercaderes de las rentas públicas.

El pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede y debe impedir los actos de corrupción e impunidad en que se encuentra la Republica.

Morena, como grupo parlamentario, tiene el compromiso de combatir y denunciar la corrupción, las injusticias, y los abusos del poder donde quiera y contra quien sea, es por ello que se plantea ampliar la competencia de las comisiones de investigación e incluir, a la administración pública centralizada y paraestatal, al Poder Judicial de la Federación y a los órganos autónomos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

...

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, de las Empresas Productivas del Estado, así como del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal y de las autoridades competentes.

..

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Cfr. Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 1977.

2 Cfr. Iniciativa decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada en la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 1977 por el Poder Ejecutivo; Dictamen de Primera Lectura del 18 de octubre de 1977; Dispensa de Segunda Lectura y Debate en lo general del 19 de octubre de1977; Debate en lo particular del 20, 24 y 25 de octubre de 1977 en la Cámara de Diputados; Dictamen de Primera Lectura del 3 de noviembre de 1977; Dispensa de Segunda Lectura y Debate en lo general del 4 de noviembre de 1977; Debate en lo particular del 11 de noviembre de 1977 en la Cámara de Senadores; Proyecto de Declaratoria del 1 de diciembre de 1977 en la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de diciembre de 1977.

3 Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Primera Lectura del 18 de octubre de 1977.

4 Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección de la Cámara de Senadores 3 de noviembre 1977.

5 Cfr. Artículo 93, párrafo tercero, que a la letra dice: Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

6 Doctor Diego Valadez , Reforma del 15 de septiembre de 2015, p. 10

7 Ídem. Op. Cit.

8 Donato-Mora, Cecilia, Instrumentos Constitucionales para el Control Parlamentario. http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/CuestionesConstitucionales/numero/4/art /art4.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de dos mil quince.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Verónica Delgadillo García:Con su venia, diputado presidente. Señoras y señores, “democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero también existencia de igualdad de oportunidades. Tenemos libertad, pero nos falta la igualdad “. Raúl Alfonsín.

México, como otras tantas democracias contemporáneas, ha fallado en la aplicación de muchos principios normativos que cualquier teoría de la comunicación en la democracia indica.

Principios como la libertad e igualdad se han quedado en formulaciones teóricas abstractas y muchas veces vacías. Por ejemplo, la igualdad de oportunidad para encontrar un empleo formal. La ruta que ha seguido el desarrollo económico de nuestro país es, desde hace ya muchos años, insuficiente y desalentadora. El poco crecimiento combinado con los bajos salarios afecta a millones de mexicanas y mexicanos que cada día luchan por sacar a su familia adelante.

El escenario se vuelve aún más desolador cuando a esta fórmula se le incrementa el factor de discriminación laboral por edad. Cada día resulta más complicado para una persona mayor de 40 años encontrar un empleo digno que le permita generar los ingresos suficientes para sacar adelante a su familia, a sus dependientes y tener una plenitud en el desarrollo de su vida.

Hombres y mujeres que han llegado a la edad de 40 años llevan consigo el conocimiento de toda una vida, de una profesión, de un oficio al que sólo se puede llegar a través de la propia experiencia. A pesar de contar con la capacidad física y mental para desempeñar una gran diversidad de trabajos y de tareas, su edad se convierte en una frontera que vuelve inaccesible la posibilidad de seguir trabajando de manera formal.

Una gran parte de las personas mayores de 40 años que buscan empleo son discriminadas al ser condicionadas o al negarse el derecho de trabajo por cuestiones de edad.

Como lo ha establecido ya el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, y que ha dicho también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecer un rango de edad para cubrir un trabajo, en un trabajo, esto es violar el derecho a la no discriminación laboral.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y el Consejo Nacional de Población, Conapo, nuestro país cuenta con al menos 6 millones de personas en un rango de edad que comprende de los 40 a los 64 años de edad, es decir el 22.3 por ciento de la población total de nuestro país.

Por tal motivo, resulta de vital importancia que esta LXIII Legislatura se ocupe y no sólo se preocupe, de atender a lo que un gran sector de la población económicamente activa enfrenta cada día; la discriminación laboral por edad.

Excluir a personas por el solo hecho de su edad es una forma de promover un mercado que sin duda vulnera la dignidad del ser humano. Además hay que reconocer que la discriminación es una constante forma de violencia, que lejos de contribuir a la cohesión social de nuestro país, lo separa, lo daña y lo lastima.

Esta iniciativa tiene por objeto dar el primer paso para erradicar la discriminación por edad, específicamente en el ámbito laboral. Además, busca generar condiciones para que las personas entre 40 y 64 años de edad puedan continuar laboralmente activas, así como incentivar en mayor medida la contratación de personas mayores de 65 años.

Todo esto al reformar el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, otorgando estímulos fiscales equivalentes al 25 y al 50 por ciento del salario pagado respectivamente a las empresas que decidan en su plantilla laboral incluir a estos dos grandes sectores de la población.

Esta legislatura debe caracterizarse a través de una agenda de trabajo seria y profunda, en el combate permanente a todas y cada una de las formas de desigualdad. La de Movimiento Ciudadano es y será la bancada de las causas justas. Los diputados ciudadanos junto a millones de mexicanas y mexicanos seguiremos dando nuestra lucha para construir una sociedad incluyente y libre de cualquier tipo de discriminación que nos permite vivir a todos en el México que alguna vez hemos soñado. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una serie de programas sociales y políticas públicas se han venido enfocando en la atención de las personas adultas mayores, quienes indudablemente se encuentran dentro de un grupo bastante vulnerable, vulnerabilidad que se ve afectada de una manera exponencial cuando se combina con factores de pobreza.

Al ser una persona adulta mayor, lo ideal sería esperar ver reflejado el desempeño laboral en una jubilación plena y sin preocupaciones económicas, pero la situación socio-económica de nuestro país no ha podido alcanzar tan anhelado objetivo.

A consecuencia de lo anterior aún existe una fuerza laborar conformada por personas adultas mayores y que, por cuestiones de edad, cada vez les es más difícil poder acceder a un trabajo formal, razón por la cual actualmente en la Ley del Impuesto Sobre la Renta existen un tipo de estímulo fiscal para aquellas empresas que contraten a personas de 65 años y más.

Desafortunadamente las empresas formales continúan prefiriendo la contratación de personas jóvenes y con experiencia, lo cual no solo llega a afectar a aquellas personas de 65 años o más, sino que también a las personas que pasaron de los 40 años, ya que es muy difícil encontrar alguna oferta de trabajo que no pida como requisito estar dentro de un rango de edad en particular.

“Al igual que los jóvenes, los adultos mayores se han vistos fuertemente afectados por la falta de oportunidades de empleo estable y bien remunerado que actualmente caracterizan al mercado laboral mexicano. No obstante, 30.8% de adultos mayores continúa trabajando o en busca de trabajo. Lo anterior no responde, en gran parte, a una decisión voluntaria, sino principalmente a una necesidad económica.”

Dentro del foro de organizaciones no gubernamentales y la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre Envejecimiento, fueron presentadas las propuestas e iniciativas para la seguridad económica de los adultos mayores en América Latina y el Caribe.

Proponiéndose diferentes acciones en concreto, como incluir garantizar una protección social adecuada y un ingreso mínimo, así como facilitar el acceso al crédito y empleo, con el simple objetivo de promover una reinserción laboral.

De dicho documento sería trascendente citar algunas de las visiones que se tienen sobre el papel que desempeñan los adultos mayores, y que representan una mayor relevancia si se analiza el rumbo demográfico en el cual se dirige nuestro país.

“Todavía en algunos países de la región se sigue concibiendo a los adultos mayores en situación de mayor vulnerabilidad como simples objetos sociales los cuales deben ser atendidos mediante programas asistencialistas.”

“Esta concepción ha llevado en el pasado a la formulación errónea de políticas gubernamentales de carácter paternalista que invisibilizan al adulto mayor como un verdadero sujeto social capaz de seguir contribuyendo a la familia, la comunidad y la sociedad en general.”

“Para ingresar al debate de las políticas públicas y seguridad económica a favor de los adultos mayores, debemos reconocer y aceptar que las personas mayores seguimos siendo sujetos sociales con derecho a participar en la actividad económica de nuestras comunidades y de decidir en forma independiente sobre los asuntos que nos conciernen.”

Es de señalar que el fondo de la presente iniciativa no es catalogar a las personas que se encuentran entre los 40 y 64 años de edad como adultos mayores, pero si destacar que para cuestiones laborales existe una discriminación similar en el momento de contratación, ya que en la inmensa mayoría de las ofertas laborales imponen como requisito rangos de edad menores.

El presente proyecto de decreto se fundamenta en lo establecido principalmente por el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que queda [...] “prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”[...]

Aunado a que en el mismo artículo en su primer párrafo se señala que en México [...] “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse” [...]

Por lo que este Poder Legislativo, [...] “en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” [...]

Así como por la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: [...] El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. [...]

El fundamento legal del combate a la discriminación, claramente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se replica en sus leyes federales, como es el caso de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde se define como [...] “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo” [...]

En el mismo sentido de lo anterior, a nivel internacional podemos encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que [...] “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” [...] y particularmente en su artículo 23 el cual señala que [...] “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” [...] incluyendo: [...]“una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana” [...]

El simple hecho de que exista una protección tácita respecto a la igualdad de derechos y oportunidades de las personas, prohibiendo en todo momento cualquier tipo de discriminación incluida la ocasionada en cuestiones laborales por la edad, se corrobora el gran sentir de muchos mexicanos que se encuentran en una edad donde es casi imposible obtener algún trabajo.

Ya que cada vez es más común encontrarse con una oferta laboral con requisitos específicos de edad, donde muchas veces no son demandados los servicios de personas que se encuentran por arriba de los cuarenta años de edad, dejando fuera a una fuerza laboral que demanda mejores condiciones laborales.

México se caracteriza por tener una población inmensamente joven donde el cincuenta por ciento son personas menores de veintisiete años, según datos arrojados por la “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014” por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en conjunto con el Consejo Nacional de Población.

En dicha encuesta podemos encontrar que a pesar de que México tiene un gran bono demográfico, por la gran número de niños y jóvenes, el país también se encuentra dentro de una tendencia ligera de envejecimiento, del 2010 al 2014 el porcentaje de personas de 30 a 59 años de edad ha aumentado, de un 34.4 a 36.6 por ciento, de igual forma está sucediendo con las personas que tienen 60 años y más, pasando de un 9.1 a 10.9 por ciento.

También podemos encontrar que en el país hay un poco más de 37 millones de personas que tienen más de 40 años de edad quienes representan un 30.96% de los mexicanos; y que para términos específicos de la presente iniciativa es de señalar que hay 29 millones 76 mil personas en el rango de 40 y 64 años de edad y quienes representan al 24.28 por ciento de la población.

En el entendido de que las personas de 40 a 64 años se encuentran todavía catalogadas como en una edad económicamente activa; que representa gran porcentaje de la misma población con un casi 25 por ciento; y que indudablemente aquellos mexicanos forman parte de una gran demanda laboral donde su principal objetivo es obtener un bienestar e incremento en su calidad de vida se propone lo siguiente.

Actualmente podemos encontrar el siguiente texto vigenteen la Ley del Impuesto Sobre la Renta:

“Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.”

“Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al 25 % del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley.”

La propuesta se centra en el segundo párrafo del artículo anteriormente citado, respecto al porcentaje que se puede acceder como estímulo fiscal para aquellos patrones que contraten a personas adultas mayores considerando dos rangos de edad, de 40 a 64 años y de 65 y más.

Para el primer rango de edad se propone que los patrones que contraten a personas entre las edades de 40 a 64, puedan acceder a un estímulo fiscal equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado y al 50 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo Único:Se reforma el párrafo segundo del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 40 a 64 años y 50 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los estímulos fiscales aplicados al salario efectivamente pagado establecidos en el presente decreto, serán aplicables a los nuevos empleos generados a partir de la entrada en vigor de éste decreto.

Tercero.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

i Vejez: ¿un reto o una oportunidad para la ciudad de México?, Ana Paula Flores, septiembre 2013.

ii Propuestas e Iniciativas para la Seguridad Económica de los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe, Centro de Orientación Socio-Legal del Adulto Mayor, La Paz, Bolivia www.cepal.org

iii Ibídem.

iv Ibídem.

v Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultado en www.diputados.gob.mx el día 17 de agosto de 2015.

vi Ibídem.

vii Artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos www.un.org

viii Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos www.un.org

ix Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014www.inegi.org.mx

x Indicadores Sociodemográficos www.conapo.gob.mx

Poder Legislativo de San Lázaro, a 1o. de septiembre de 2015.— Diputados: Verónica Delgadillo García, María Luisa Beltrán Reyes, Jonadab Martínez García, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina...

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Jonadab Martínez.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Señor presidente, con su venia. Creo que el tema de discriminación por edad es un problema que a todos nos debe tomar en cuenta. Si hiciéramos una encuesta de quienes conformamos esta Cámara, la mayoría tiene más de 35 años de edad, y si saliera a buscar trabajo después de esta Cámara seguramente no lo encontraría por un tema de discriminación y lamentablemente no por habilidades y capacidad.

Por eso es que la bancada de Movimiento Ciudadano le pide permiso a la diputada Verónica Delgadillo, para suscribir esta iniciativa en contra de la discriminación que sufren muchísimos mexicanos como factor simplemente de la edad. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. La diputada manifiesta su asentimiento. Entonces, está a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa presentada aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY AGRARIA Y LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. de la Ley Agraria y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. El motivo de esta intervención es para presentar mi iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley Agraria y el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Comenzaré mi intervención presentando un dato que nos muestra las condiciones del campo en México. De los 55.3 millones de personas que viven en pobreza, el 61.1 por ciento pertenece a la población rural. Es una situación que nos preocupa.

El rezago del campo, sin dejar de señalar la falta de modernización, la baja productividad, el desgaste y la continua caída del rendimiento de la tierra, acompañado del bajo nivel educativo de los campesinos, son factores que han generado problemas en los grupos que trabajan en el campo.

La edad promedio de la población económicamente activa en el país es de 38 años. Sin embargo, en el sector rural es de 55, nuestro campo nos indica que está envejeciendo. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI, el 36 por ciento de los más de 3 millones de productores tienen entre 46 y 60 años, y un 28 por ciento entre 61 y 75 años. Esto es, 0.8 por ciento de los productores tienen menos de 26 años, y 23.4 por ciento tiene entre 26 y 45 años.

Los jóvenes, señoras y señores, han abandonado el campo porque no lo encuentran atractivo ni tampoco productivo ni lo ven como una oportunidad para su desarrollo. No es una exageración decir el día de hoy que el campo envejece y que ha habido un abandono a todas y todos los productores del campo. En cuanto al género, también las diferencias son enormes. Según la misma encuesta solo el 15.1 por ciento de los productores son mujeres.

No podemos pensar que las mujeres no pueden, en el ámbito rural, encontrar un espacio de trabajo. Al contrario, muchas de las mujeres son las que realizan el trabajo en el campo en las comunidades indígenas.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos conscientes que el campo es un sector olvidado, con fuertes rezagos tecnológicos, económicos y también sociales. Eso es lo que nos ha llamado la atención para presentar esta iniciativa que lo que busca es hacer que los programas de este sector tengan una política más incluyente, buscando la eliminación de desigualdades en el desarrollo y modernización.

Por ello, una de las prioridades de las políticas públicas con las cuales se pretende incentivar en esta iniciativa es que el sector agrícola nacional debe ser o debe contar con una construcción de mayor igualdad de oportunidades para el conjunto de la población.

Impulsar la inclusión social en el sector que brinde oportunidades de participación y que al mismo tiempo llegue a incentivar para que los grupos vulnerables, tales como lo son los jóvenes, las mujeres y las personas con alguna discapacidad puedan ser parte de este sector con mejores oportunidades.

La importancia de esta iniciativa tiene como finalidad que los programas de apoyo directo al campo cuenten con incentivos para que aquellos productores hagan partícipes de sus proyectos a los jóvenes, a las mujeres y a las personas con discapacidad. A los productores hay que darles las herramientas, los elementos básicos para que sean incluyentes y se beneficie a los grupos vulnerables. Eso es un deber de nosotros como legisladores.

Es por ello que Nueva Alianza considera imprescindible que se dé un verdadero impulso a la producción agrícola del país. Por las consideraciones expuestas someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Agraria y el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de presentar y de dar alternativas de mejores oportunidades para los grupos vulnerables y sobre todo a nuestro campo mexicano, el cual cada día ha sido más abandonado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o. de la Ley Agraria y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Karina Sánchez Ruiz, diputada federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Agraria y el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al tenor del siguiente

Exposición de Motivos

México cuenta con un territorio nacional de 196 millones de hectáreas, de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria, colocando a la agricultura en un nivel de importancia que debería ser considerada en nuestro país, debido a las múltiples repercusiones que tiene en las áreas económicas, sociales y ambientales determinando su desarrollo que es mucho mayor de lo que indica el PIB nacional, que señala de apenas 2.1 por ciento de acuerdo a datos del Inegi.

En México son cuatro las formas existentes de explotación de la tierra: la propiedad privada, conocida constitucionalmente como pequeña propiedad; la propiedad ejidal, la comunal y finalmente, los terrenos nacionales y baldíos.

¿Pero cuáles son algunos de los problemas que impactan a los grupos vulnerables vinculados al campo?

Primero es menester señalar que la apertura económica ha sido un elemento determinante en el rezago del campo, sin dejar de señalar la falta de modernización, la baja productividad, el desgaste y la caída continúa del rendimiento de la tierra, acompañado del bajo nivel educativo de los campesinos. Circunstancias en la mayoría de las veces provocadas por los gobiernos en turno. Estos elementos entre otros, desde hace muchos años han venido debilitando las unidades económicas solidarias y sus activos productivos. Consecuencia de privilegiar el ordenamiento macroeconómico como un patrón de desarrollo el que solo crea círculos perversos de pobreza.

El cambio climático, al que nuestro país no es ajeno, ha provocado el aumento de las sequias causando interrupciones en la producción de alimentos. Sumado a que México con más del 60 por ciento de su superficie es árida o semiárida. El 74 por ciento de la superficie agrícola se cultiva en temporal y sólo el 26 por ciento de la superficie cultivada cuenta con riego. Por lo que no es casualidad que en las áreas rurales haya crecido el abandono del campo por parte del campesino por hacer producir sus tierras, migrando a otros países para convertirse en mano de obra del sector manufacturero.

Aunado a que la población rural busca alternativas a través de actividades diferentes a la agricultura, como el comercio local, la artesanía, la extracción de materiales, el ecoturismo, los servicios ambientales o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones, entre otras.

Entre otro de los problemas en torno al campo, como los mencionados, enfrenta el envejecimiento de su población: cerca de 60 por ciento de los productores agropecuarios tiene más de 60 años, lo que los mantiene debajo de la línea de bienestar.

Que de acuerdo a la encuesta nacional agropecuaria que elabora el Inegi, 36 por ciento (1 millón 357 mil productores) de los 3 millones 798 mil tiene de 46 a 60 años. En tanto, 28 por ciento (1 millón 110 mil) tiene entre 61 y 75 años, El 9.4 por ciento (36 mil) de los productores agrícolas y ganaderos tiene entre 76 a 85 años y 1.5 por ciento (55 mil 942) es mayor de 85 años. En contraste, apenas 0.8 por ciento (31 mil 533) de los productores tiene menos de 26 años, y 23.4 por ciento (888 mil) tiene entre 26 y 45 años.

A su vez de acuerdo a otro dato, únicamente el 1.5 por ciento del financiamiento total de la economía se canaliza al sector rural y sólo el 6 por ciento de las unidades de producción agropecuaria, tienen acceso al crédito institucional.

Por otro lado se estima que cuando menos el 10 por ciento de los mexicanos vive con alguna discapacidad física, mental o sensorial. Por esta razón se debe promover la incorporación de las personas en situación de vulnerabilidad en los diferentes programas sociales vinculados al campo que se llevan a cabo en los tres órdenes de gobierno. Todo esto repercutiendo directamente en la baja productividad e incluso el abandono de la tierra.

Sin embargo, la agricultura sigue siendo predominante en el campo mexicano según la FAO, sobre todo entre la población más pobre, donde representa 42 por ciento del ingreso familiar.

Entonces es necesario fortalecer la coordinación de la Administración Pública Federal con los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de brindar un apoyo lo más integral posible.

De la misma forma, estructurar un proceso de armonización legislativa y programática a fin de que las Personas en condiciones de vulnerabilidad tengan una mejor oportunidad de inclusión en el país, para beneficio de este colectivo y de la sociedad mexicana.

En consecuencia, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, conscientes que el campo es un sector olvidado, con fuertes rezagos tecnológicos, económicos y sociales.

Presentamos esta iniciativa que busca hacer de los programas del sector, una política más incluyente y la búsqueda de la eliminación de desigualdades, su desarrollo y modernización.

Fundamento

La Ley General de Desarrollo Social en su artículo 5, fracción VI, que a la letra dice:

Artículo 5. ...

VI.Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.

En virtud de este ordenamiento, es de vital importancia que las políticas públicas del sector rural, sean encaminadas a erradicar la desigualdad y fomentar el trabajo digno y bien remunerado en todas las áreas de la producción de cultivos a nivel nacional.

Incentivando la integración de los grupos vulnerables al sistema de producción agrícola y permitiendo una mayor capacidad de inversión de las familias rurales que a su vez generen un mayor dinamismo del sector primario.

Por lo que una de las prioridades de las políticas públicas enfocadas al sector agrícola nacional debe ser la construcción de una mayor igualdad de oportunidades para el conjunto de la población. Entendiendo lo crucial impulsar la inclusión social en el sector, que brinde oportunidades de participación y que al mismo tiempo la incentive, para que grupos vulnerables tales como jóvenes, mujeres y personas con discapacidades puedan ser parte del sector con mejores oportunidades.

En Nueva Alianza comprendemos la importancia del tema lo que nos lleva a pugnar por una mejor distribución de los recursos en el sector agrícola y las prontas acciones del gobierno para erradicar las desigualdades en el campo mexicano, fomentando la participación de los grupos vulnerables.

Es por ello, que presentamos esta iniciativa con la finalidad de que los programas de apoyo directo al campo cuenten con incentivos para aquellos productores que hagan partícipe de sus proyectos a los jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. De esta forma, combatiendo directamente problemas como la desigualdad, la migración y la falta de oportunidades en el sector agrícola nacional, impulsaremos el desarrollo integral del país no solo para lograr que el sector se vuelva inclusivo, sino que se dé cuenta de una renovación generacional y tecnológica del campo mexicano.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Agraria, y el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo Primero.Se reforma el artículo 6 de la Ley Agraria,

Artículo 6o.Las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización del campo; fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades productivas; propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y cualquiera de éstos entre sí; promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre todos los productores rurales; apoyar la capacitación, organización y asociación de los productores para incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la comercialización; asesorar a los trabajadores rurales; y llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural; y fomentar e incentivar la inclusión de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad en toda la cadena de producción agrícola.

Segundo.

Artículo 32.Las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores; a generar condiciones favorables para ampliar los mercados agropecuarios; a aumentar el capital natural para la producción, y a la construcción y consolidación de empresas rurales, y al fomento a la participación inclusiva de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad en el sector productivo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputados: Karina Sánchez Ruiz,Alejandro Armenta Mier, Ana Leticia Carrera Hernández, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Araceli Saucedo Reyes, Armando Luna Canales, Armando Soto Espino, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Carlos Barragán Amador, Carlos Sarabia Camacho, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Claudia Villanueva Huerta, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Cristina Sánchez Coronel, David Aguilar Robles, David Mercado Ruiz, Delia Guerrero Coronado, Erika Irazema Briones Pérez, Eva Florinda Cruz Molina, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Francisco Alberto Torres Rivas, Guadalupe González Suástegui, Guadalupe Hernández Correa, Heidi Salazar Espinosa, Irma Rebeca López López, Isaura Ivanova Pool Pech, Iveth Bernal Casique, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Javier Octavio Herrera Borunda, José Antonio Estefan Garfias, Leonardo Amador Rodríguez, Luis de León Martínez Sánchez, María del Carmen Pinete Vargas, María García Pérez, María Gloria Hernández Madrid, María Luisa Beltrán Reyes, María Monserrath Sobreyra Santos, María Soledad Sandoval Martínez, Natalia Karina Barón Ortiz, Omar Noé Bernardino Vargas, Ramón Bañales Arámbula, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sasil Dora Luz de León Villard, Timoteo Villa Ramírez, Tomás Octaviano Félix, Virgilio Mendoza Amezcua, Yarith Tannos Cruz, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Túrnese a las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, para dictamen.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Karina.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Muchas gracias, diputado. Pedirle permiso a la diputada Karina, que acaba de presentar esta importante iniciativa, que mucho va a contribuir para evitar el tema de migración en las zonas rurales del país y fortalecer precisamente a los productores para que tengan mejores ingresos y que los agronegocios lleguen y el campo pueda ser negocio.

Si me lo permite, quisiera adherirme a su iniciativa, diputada Karina.

La diputada Karina Sánchez Ruiz (desde la curul): Por supuesto, diputada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada proponente manifiesta su asentimiento, diputada Barón, y entonces está a disposición aquí para quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva. Gracias.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Igualmente, sonido en la curul de la diputada Eva Cruz.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Gracias, señor presidente. También para lo mismo, para sumarnos con la diputada Karina. Y Oaxaca necesita tanto y así como los demás diputados que estamos aquí, que pertenecemos al sur sureste, vamos juntos para el campo de todos los estados donde más cosechan y tengan buen presupuesto los campesinos, para darles buena cosecha, porque es de donde nosotros los mexicanos nos alimentamos, de las cosechas del campo. La del Huipil, estamos contigo, Karina.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cruz.

El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Leonardo Guirao.

El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar (desde la curul): Me adhiero a la propuesta, mencionando que la plataforma de vida de los mexicanos es el campo, que el gran granero en donde nosotros no somos mazorcas es lo mismo. Y no es que el campo esté envejeciendo, sino que los que labran los surcos no tienen otra alternativa. Gracias.

La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul de la diputada Guadalupe Chávez.

La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta (desde la curul): Primero que nada felicitar a la diputada Karina por este importante tema, y a nombre de los migrantes hidalguenses me sumo y le pido me permita adherirme a su propuesta. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chávez. Estando manifiesto el asentimiento de la diputada proponente, reiteramos que en la Mesa Directiva, en la Secretaría, está a disposición de quienes quieran suscribirla.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. — Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban diversas actividades durante el mes de octubre, con motivo de la sensibilización sobre el cáncer de mama.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.Con el propósito de sumarse a la conmemoración del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, esta soberanía instruye a la Secretaría General para que, durante el mes de octubre, instale en el recinto legislativo unidades médicas móviles para la realización gratuita de mastografías, e implemente programas de carácter permanente para la prevención, atención y detección oportuna del cáncer de mama, en beneficio de todas las mujeres que laboran en esta Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

Sonido en la curul de la diputada Karina Padilla por favor.

La diputada Karina Padilla Ávila (desde la curul): Gracias, presidente. Hacer un reconocimiento y agradecer la sensibilidad a la Junta de Coordinación por el apoyo a este acuerdo, que fue una solicitud que realicé a nombre de la fracción del Partido Acción Nacional. Así también como hacer el reconocimiento a la solidaridad y el apoyo de todas las mujeres de esta Cámara. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Padilla.

Damos la bienvenida a amigos provenientes de los municipios de Ciudad de Hidalgo e Irimbo, Michoacán, invitados por el diputado Antonio Martínez Soto; igualmente a alumnos y profesores del Instituto para la Educación Integral del Bachiller, del municipio de Toluca, invitados por la diputada Martha Hilda González Calderón; y también saludamos la presencia del presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, Salvador Saldaña Barrera, invitado por el diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Érika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos.

La diputada Érika Lorena Arroyo Bello:Muchas gracias, señor presidente. Con las potestades que me otorga la ley y con su venia. Acudo a esta máxima tribuna a presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos, misma que permitirá extender las bondades de Septiembre Mes del Testamento, a los mexicanos que se encuentran en el extranjero.

El testamento es un instrumento que deja constancia de la voluntad de una persona al momento de fallecer. En él los propietarios de los bienes disponen y los distribuyen conforme a sus deseos. Como lo define el Código Civil, es un acto personalísimo, revocable y libre.

Muchas son las bondades que tiene suscribir un testamento: el otorgar certeza jurídica sobre los bienes, el evitar conflictos familiares, así como el de respetar la voluntad del testador.

En los últimos años a través de la iniciativa del gobierno federal y los colegios de notarios, a quien debo reconocer su esfuerzo, se ha implementado en septiembre el Mes del Testamento, en el cual los fedatarios públicos reducen los costos para quienes suscriben su última voluntad.

Derivado de lo anterior, en el año 2012, más de 230 mil personas dieron avisos por testamentos, de los cuales, la mitad se realizaron en los meses de septiembre y octubre. Esto nos demuestra que los mexicanos hemos respondido al estímulo que atinadamente se diseñó.

Es importante reforzar esfuerzos para que todos los mexicanos y las mexicanas donde quiera que se encuentren, tengan las facilidades para realizar su testamento, que las fronteras materiales no sean obstáculo para brindar seguridad jurídica y certeza sobre los bienes de las personas, y ello nos hace pensar en los más de 12 de millones de paisanos que radican en otro país, y esto con base a los que han acudido a realizar algún trámite oficial, seguramente son mucho más.

Ellos y ellas también merecen tener las facilidades y los estímulos para plantar su última voluntad. Si bien, nuestras oficinas consulares están facultadas para prestar servicios notariales, poco ha permeado esta práctica.

Los procesos testamentarios en el extranjero son servicios que prestar los cónsules a los connacionales en nombre del Estado mexicano, en estos procesos los representantes consulares fungen como fedatarios públicos, dando validez a los testamentos, caso en el cual el cobro de derechos viene estipulado en la ley federal.

Por tanto, para poder hacer extensivos los beneficios de los que gozan en territorio nacional y para invitar a ser parte de esta responsable práctica, es que se hace necesario reformar la Ley Federal de Derechos, en su artículo 23.

Segura estoy que con esta modificación y con un atinada estrategia de difusión, se podrá lograr que más paisanos y paisanas suscriban un testamento. Cabe mencionar que la Ley del Servicio Exterior determina que los recursos recabados por estos conceptos, se instrumentan en un fondo para programas de repatriación a personas en condiciones vulnerables, atención y asesoría jurídica, así como de protección consulares.

De igual manera, en campañas de seguridad para migrantes, así que de incrementarse los suscriptores, se aumentarían también los montos obtenidos, y de igual manera los que pueden aplicar a los programas mencionados, sin perder de vista el punto principal, el de brindar certeza y jurídica, no solamente a los migrantes, sino también a sus familias. Hagamos lo posible. Es cuanto, señor presidente. Pido se incluya el texto íntegro de la iniciativa.

«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Érika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Erika Arroyo Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El testamento es un instrumento que deja constancia de la voluntad de una persona al momento de fallecer. En él, los propietarios de los bienes disponen y los distribuyen conforme sus deseos. Como lo define el Código Civil, es un acto personalísimo, revocable y libre.

El que la población cuente con un testamento, permite a sus beneficiarios eliminar la incertidumbre de lo qué sucederá con sus bienes, y reduce las posibilidades de juicios por la definición del destino de sus pertenencias.

En los últimos años, a través de la iniciativa del Gobierno Federal y los Colegios de Notarios, se ha implementado el Mes del Testamento, celebrado en septiembre, en donde los fedatarios públicos reducen sus costos para la inscripción de los testamentos.

A través de una campaña masiva de difusión, los mexicanos hemos adoptado esta práctica para realizar o modificar nuestro testamento. Durante el año 2012, se dieron Avisos de Testamentos por más de 230,000, de los cuales, entre septiembre y octubre se realizaron la mitad de ellos.

Ello demuestra la importancia de reforzar los esfuerzos para que todos los mexicanos, donde quiera que se encuentren, tengan facilidades para realizar su testamento.

Nuestras oficinas consulares en el mundo permiten realizar la prestación de servicios notariales, para todos aquellos conciudadanos que se encuentren fuera del país y requieran de los mismos. En el rubro de los testamentos, poco he permeado en la población mexicana en el extranjero el realizar su testamento en las oficinas consulares.

Los procesos testamentarios en el extranjero, son servicios que prestan los cónsules a los connacionales en nombre del Estado Mexicano. En estos procesos, los representantes consulares fungen como fedatarios públicos, dando validez a los testamentos.

Como funcionarios del Ejecutivo Federal, los Cónsules deben de acatar las disposiciones legales aplicables. En el caso de servicios notariales en oficinas consulares, el cobro de derechos viene estipulado en la Ley Federal.

Una de las barreras que impiden difundir esta campaña se relaciona con los costos por los cuales los mexicanos deben de pagar por servicios notariales. La Ley Federal de Derechos establece los montos que deben cobrar. Por lo tanto, para ser congruentes e impulsar esta estrategia fuera del país, es necesaria la modificación de la citada ley, a fin de facultar a los Consulados a reducir los costos por la prestación de servicios notariales en las oficinas consulares.

El motivo de nuestra propuesta radica en establecer, dentro de la Ley, el que las oficinas consulares cobrarán la mitad de los derechos por servicios consulares relacionados con los procesos testamentarios durante el mes de septiembre.

Con esta modificación, estamos seguros que el gobierno federal podrá realizar un esfuerzo hacia nuestros connacionales, para difundir los beneficios de realizar un testamento.

Como se ha estipulado anteriormente, la promoción y difusión de esta campaña en el territorio nacional, ha permitido el incremento en las solicitudes de testamento. El mes de septiembre de 2014, las oficinas consulares tramitaron solo 43 servicios testamentarios. Con esta modificación, permitiríamos incrementar los servicios, y junto con ellos, el cobro de derechos.

Cabe recordar que la Ley del Servicio Exterior, determina que los recursos recabados por estos conceptos, se instrumentan en un fondo para programas e repatriación a personas vulnerables, atención y asesoría jurídica y de protección consulares, campañas de seguridad para el migrante.

Con esta modificación, aumentaríamos los montos para estos programas, así como dar certeza jurídica a las familias de nuestros connacionales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de

DECRETO

Único. Se agrega un párrafo segundo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 23 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 23.- ...

I al VIII.- ...

Para efectos de este artículo, durante el mes de septiembre, el pago de derechos tendrá una reducción del 50% de las cuotas establecidas en las fracciones III, V y VI.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 22 de septiembre de 2015.— Diputados: Erika Arroyo Bello,Alejandro Armenta Mier, Alejandro Juraidini Villaseñor, Carlos Barragán Amador, Carlos Federico Quinto Guillén, David Mercado Ruiz, Edith Anabel Alvarado Varela, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Erick Alejandro Lagos Hernández, Heidi Salazar Espinosa, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Julieta Fernández Márquez, María del Carmen Pinete Vargas, María Verónica Muñoz Parra, Mariela Emilse Etcheverry Aranda, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Olga María Esquivel Hernández, Ricardo Ramírez Nieto, Ricardo Taja Ramírez, Timoteo Villa Ramírez, Xitlalic Ceja García, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: ¿Con qué objeto, diputado Bernardino?

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Con el objeto de que si me permiten adherirme a esta iniciativa, preguntarle a la diputada Arroyo.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Arroyo.

La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Sí, diputado.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Asiste. Bueno, queda a su disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva para las adhesiones correspondientes.

La diputada Edith Anabel Alvarado Varela(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: ¿Con qué objeto, diputada Alvarado?

La diputada Edith Anabel Alvarado Varela (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para preguntarle a mi compañera, la diputada Arroyo, si nos permite a un grupo de diputadas de Nayarit, de Puebla, de Aguascalientes y de Tlaxcala suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Le comento, ya está a su disposición, la diputada ha asistido, está a disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva para las adhesiones correspondientes.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado José Máximo García López:Muchas gracias, diputado presidente. A nombre de los diputados Cristina Trujillo, Verónica Agundis, el diputado Wenceslao Martínez y, su servidor, el diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto en materia de estímulos fiscales al tenor de la siguiente exposición de motivos.

En México el derecho a tener un trabajo digno y bien remunerado está respaldado por diferentes ordenamientos, entre ellos nuestra Carta Magna. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 123 que toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil, por lo que es obligación del Estado promover la creación de empleos y la organización social del trabajo en el marco de la ley. Además, el artículo 1o prohíbe cualquier tipo de discriminación incluyendo la relacionada con la edad de las personas.

Por otro lado, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece como obligación del Estado mexicano que éste garantice el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores mediante la regulación, entre otros temas, de políticas públicas de orden nacional.

No obstante lo anterior, la historia nos muestra que el Estado no ha cumplido a cabalidad con la responsabilidad que establecen las diferentes leyes, de tal manera que hoy son escasas las oportunidades de empleo en sectores bien identificados de la población, además de que existe una seria discriminación en el mercado laboral por temas como la edad.

En la actualidad el mercado laboral en nuestro país ha cambiado tanto que se ha convertido en un sector altamente restringido no sólo para los adultos mayores, también para aquellas personas que han llegado a la edad de los 40 años y que ven limitadas sus aspiraciones a tener un empleo aun y cuando se encuentran en plena etapa productiva, de tal forma que las oportunidades de acceder a un trabajo se complican conforme se tiene más edad.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2015, elaborada por el INEGI, al segundo trimestre del año existe una población de 15 años o más en edad de trabajar, de 8.2 millones de personas, de las cuales la población económicamente activa es poco más de 52.6 millones de personas. El 96 por ciento de ellas se encuentra ocupada, 50.3 millones, en tanto que el restante 4 por ciento, 2.3 millones, está desocupada.

Si analizamos a la población desocupada por grupos de edad es posible observar que los estímulos para la contratación de personas de 65 años o más establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, atienden sólo al 1 por ciento de la población.

Si analizamos a la población desocupada por grupos de edad, sobre todo los mayores de 65 años que se encuentran ya estimulados en la Ley del ISR vigente, que establece en su artículo 186 que los patrones pueden ser sujetos de estímulos fiscales siempre y cuando contraten a personas mayores de 65 años.

No obstante que reconocemos los beneficios que tiene el estímulo, éste deja prácticamente fuera al grueso de la población que se encuentra en estado de desocupación. Es decir, el resto de la población desocupada de entre 40 y 64 años se encuentra en estado de indefensión, por lo que no existen políticas públicas efectivas que combatan el desempleo y, por si fuera poco, en las leyes fiscales no existen estímulos que abonen a su contratación.

Por ejemplo, de acuerdo a la ENOE el mayor número de personas desempleadas se concentra en la edad entre 40 a 54 años, sobre todo generando un desempleo. Esto representa en estas personas de 40 a 54 un 18 por ciento del total de la población desocupada. Y por otro lado, las personas cuya edad oscila entre 55 y 64, suman alrededor de 131 mil, que representan apenas el 6 por ciento. Es decir, la estadística indica que personas cuya edad es de 40 años, tienen altas probabilidades de sumarse a la cifra de desempleo que hay en nuestro país.

Por esta razón, la presente iniciativa tiene como objeto atacar el problema del desempleo en las personas que aún se encuentran en edad productiva desde la perspectiva fiscal, en el entendido de que el Estado sigue fallando al implementar políticas públicas eficientes en el combate al desempleo.

Es decir, debido a que entendemos que una política fiscal dirigida a grupos vulnerables debe tener su base en los principios de equidad tributaria, estímulos sobre todo para aquellas personas que se encuentran desempleadas.

Para el Partido Acción Nacional es importante establecer que en coincidencia con la diputada Verónica Delgadillo y que es importante que se sumen todas las fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso, nos sumemos al esfuerzo de incentivar y por ello, en esa coincidencia que existe en incentivar a las empresas que contraten personas mayores de 40 años y personas mayores de 65, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186, que establece que se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate personas a partir de los 40 años y más consistente en los equivalente al salario efectivamente pagado a las mismas, conforme a la siguiente tabla: de 40 a 54 años, el 20 por ciento del impuesto sobre la renta; de 55 a 64, el 15 por ciento, y sostener el porcentaje del 25 por ciento a personas mayores de 65 años y más.

Para estos efectos se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular en el ejercicio que corresponda las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto en materia de estímulos fiscales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el derecho a tener un trabajo digno y bien remunerado está respaldado por diferentes ordenamientos, entre ellos nuestra Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil por lo que es obligación del Estado promover la creación de empleos y la organización social de trabajo en el marco de la ley.

Además, el artículo 1o. prohíbe cualquier tipo de discriminación incluyendo la relacionada con la edad de las personas.

Por otro lado, la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores establece como obligación del Estado mexicano que éste garantice el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores mediante la regulación, entre otros temas, de políticas públicas de orden nacional.

No obstante lo anterior, la historia nos muestra que el Estado no ha cumplido a cabalidad con la responsabilidad que establecen las diferentes leyes, de tal manera que hoy día son escasas las oportunidades de empleo en sectores bien identificados de la población además de que existe una sería discriminación en el mercado laboral por temas como la edad.

En la actualidad el mercado laboral en nuestro país ha cambiado tanto, que se ha convertido un sector altamente restringido no sólo para los adultos mayores, también para aquellas personas que han llegado a la edad de los 40 años y que ven limitados sus aspiraciones a tener un empleo aun cuando se encuentran en plena etapa productiva. De tal forma que las oportunidades de acceder a un trabajo se complican conforme se tiene más edad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015 elaborada por el Inegi, al segundo trimestre del año existe una población en de 15 años o más en edad de trabajar de 8.2 millones de personas, de las cuales, la Población Económicamente Activa (PEA) es poco más de 52.6 millones personas. El 96 por ciento de ellas se encuentra ocupada (50.3 millones) en tanto que el restante 4 por ciento (2.3 millones) está desocupada.

Si analizamos a la población desocupada por grupos de edad, es posible observar que los estímulos para la contratación de personas de 65 años y más establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta atienden solo al 1 por ciento de la población desocupada.

La ley del ISR vigente, establece en su artículo 186 que los patrones pueden ser sujetos de un estímulo fiscal siempre y cuando contraten a personas de 65 años y más. El estímulo consiste en que a quien contrate adultos mayores, podrá hacer efectivo dicho estímulo consistente en el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a esas personas.

No obstante que reconocemos los beneficios que tiene el estímulo, éste deja prácticamente fuera al grueso de la población que se encuentra en estado de desocupación. Es decir, el resto de la población desocupada (personas entre 40 y 64 años) se encuentra en un estado de indefensión porque el Gobierno Federal no tiene políticas públicas efectivas que combatan el desempleo, y por si fuera poco, en las leyes fiscales no existen estímulos que abonen a su contratación

Por ejemplo, de acuerdo a la ENOE el mayor número de personas desempleadas se concentra entre la edad de 40 a 54 años al sumar un total de 421 mil que representan el 18 por ciento del total de la población desocupada. Por otro lado, las personas cuya edad oscila entre 55 y 64 años suman 131 mil que representa apenas el 6 por ciento.

Es decir, la estadística indica que una persona cuya edad es de 40 años tiene altas probabilidades de sumarse a la cifra de desempleo que hay en el país.

Por esta razón, la presente iniciativa tiene como objetivo atacar el problema del desempleo en las personas (que aún se encuentran edad productiva) desde la perspectiva fiscal en el entendido de que el Estado sigue fallando en implementar políticas públicas eficientes que combatan el desempleo.

Es decir, debido a que entendemos que una política fiscal dirigida a grupos vulnerables debe tener su base en los principios de equidad tributaria, el primer planteamiento que hacemos es mantener el estímulo fiscal original para adultos mayores de 65 años establecida en el impuesto sobre la renta del 25 por ciento sobre el equivalente al ISR.

Por otro lado, el objetivo es reformar la ley del ISR para que también se aplique un estímulo fiscal al patrón que contrate a personas de 40 a 64 años mediante la incorporación de nuevas equivalencias porcentuales de acuerdo a la edad en la citada ley.

Estas equivalencias porcentuales se aplicarán de acuerdo a tamaño de la población que se encuentra desocupada con la idea central de atacar primeramente el problema en los grupos de personas desocupadas con mayor vulnerabilidad.

Además de que el proyecto que presento a partir de sustentarse en la equidad tributaria, busca hacer cumplir el mandato Constitucional de generar empleos. Además, debemos entender que el problema social que representa el desempleo y que con nuestra iniciativa buscamos atacar, comulga con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentado por el gobierno de la Republica.

En concordancia con la preocupación que mi partido ha mostrado sobre el desempeño de la economía, ya que no hay crecimiento, no hay desarrollo y las perspectivas económicas para los próximos años no son nada alentadoras, esta iniciativa busca saldar una deuda con un sector de la población. Un mecanismo para blindar al grupo de personas desempleadas con mayor vulnerabilidad, puede ser el fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el Título del Capítulo II y adiciona un tercer párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único.Se reforma el título del Capítulo II y se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Capítulo II

De los patrones que contraten personas que padezcan discapacidad, personas entre 40 y 64 añosy adultos mayores

Artículo 186....

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate personas a partir de los 40 años y más, consistente en los equivalentesdel salario efectivamente pagado a las mismas conforme a la siguiente:

Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015. — Diputados: José Máximo García López, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Miguel Herrera Deras, Brenda Velázquez Valdez, Eloisa Chavarrias Barajas, José Everardo López Córdova, Francisco Ricardo Shelfield Padilla, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Guadalupe González Suástegui, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jacqueline Nava Mouett, Jorge Ramos Hernández, José Erandi Bermúdez Méndez, José Teodoro Barraza López, Juan Corral Mier, Leticia Amparano Gamez, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Luisa Beltrán Reyes, María Luisa Sánchez Meza, María Verónica Agundis Estrada, Martha Cristina Jiménez Márquez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Patricia García García, Pedro Garza Treviño, Rocío Matesanz Santamaría, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

Damos la bienvenida a los alumnos de sexto año de la escuela primaria Josué Mirlo, del municipio de Nezahualcóyotl, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Bienvenidos.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Carlos Hernández Mirón: Muchas gracias, diputado presidente, con su venia. Amigas y amigos diputados, la presente iniciativa está motivada fundamentalmente en términos de la asignación de recursos, debido a que el Distrito Federal es el espacio de convivencia de los tres Poderes de la Unión y con mayor tradición histórica dentro de la vida pública de México.

De igual manera, concentra las 164 embajadas y residente de todo el cuerpo diplomático, más de 100 mil inmuebles pertenecientes a la administración pública, 80 edificios de entidades paraestatales y organismos desconcentrados de la administración pública federal, así como los comités ejecutivos, nacionales de todos los partidos políticos.

Así también, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, día con día la capital recibe un flujo importante de ciudadanos de México, así como también el arribo de cada semana de diputadas y diputados de distintos estados de la república.

Las finanzas públicas de la capital del país tienen importantes presiones y para afrontarlas es necesario llegar a un punto de equilibrio entre el número de beneficiarios de los servicios públicos, las políticas públicas y los costos económicos que realmente se erogan para hacerlos llegar a su población objetivo.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación, enviado por el Ejecutivo federal, es aprobado cada año por la Cámara de Diputados, dicho presupuesto se encuentra normado, entre otros ordenamientos, por la Ley de Coordinación Fiscal que determina la conformación de ciertos fondos de aportaciones, que son los vehículos mediante los cuales la federación orienta los recursos económicos a las entidades.

El esquema de compensación de los costos de capitalidad, que es el espíritu de esta iniciativa que el de la voz presenta, va directamente dirigido a algunos ejemplos que hemos tenido en otros lugares.

Me refiero específicamente como los casos más conocidos quizá, España, pero ciudades también como Berlín, París, Brasilia, incluso Washington en los Estados Unidos aplican algún tipo de compensación para retribuir a sus ciudades capital los gastos operativos en los que incurren, generando corresponsabilidad entre los gobiernos locales y el gobierno federal.

Es importante mencionar que el Ejercicio Fiscal 2014 se reconoció el concepto de capitalidad al Distrito Federal y se le otorgaron 3 mil millones de pesos para compensar gastos que se generan por ser la capital del país. Mismos que fueron insuficientes. Importante acción de la LXII Legislatura pero se necesita un poco más.

Además de que al no estar establecido este fondo en la Ley de Coordinación Fiscal lo sujeta a una negociación anual que no genera certidumbre jurídica y presupuestal al Distrito Federal.

Aunado a lo anterior, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 considera un monto total de 2 mil millones de pesos por concepto de Fondo de Capitalidad. Es decir, mil millones menos que el considerando del Ejercicio del 2014, lo que después de las negociaciones respectivas se acordó que se asignara un fondo de referencia de 3 mil 500 millones, y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal.

Compañeras y compañeros diputados, estamos hablando del espacio en donde todos convivimos, no solamente las y los capitalinos sino también ciudadanas y ciudadanos de todas las entidades de la República Mexicana es donde realizan una gran actividad, es donde las capitalinas y capitalinos también recienten la situación de inconformidad que sucede en otros estados.

Es por ello que solicitamos en el sentido de que no está establecido el concepto de capitalidad en la Ley de Coordinación Fiscal, se sujete a una negociación anual que no genera certidumbre jurídica.

Motivo por el cual se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 25, así como los artículos 47 Bis, 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal.

Ya se ha planteado en este tema y en la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todas las fracciones parlamentarias en la Asamblea Legislativa han estado de acuerdo en elevar a rango de ley el Fondo de Capitalidad.

Esperamos, diputadas y diputados, contar con su apoyo para que esta iniciativa pueda crecer, se pueda consolidar y téngalo por seguro que las y los capitalinos reconoceremos el trabajo que se hace en esta Cámara de Diputados. Es cuanto, y muchas gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el fondo de capitalidad.

Planteamiento del Problema

Desde que en 1980 se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Distrito Federal ha sido subsidiario de los Estados más pobres del país, pues aporta más de lo que recibe y, en cambio, eroga recursos muy por encima de otras entidades.

El Distrito Federal es la Entidad que más contribuye al PIB Nacional: históricamente más del 20% del total, equivalente a lo que generan juntos los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Durango, Aguascalientes, Morelos, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, Nayarit y Tlaxcala. Es la Entidad con la mayor proporción de ingresos propios en el país, prácticamente la mitad de sus recursos se deben a recaudación propia, por lo que es la Entidad menos dependiente de la federación.

La presente iniciativa está motivada en que, en términos de asignación de recursos, el Distrito Federal sufre año con año de una pérdida presupuestaria.

El Distrito Federal es el espacio público de convivencia de los tres Poderes de la Unión y con mayor tradición histórica dentro de la vida pública de México, concentra más de 164 embajadas y residencias diplomáticas; más de 100 inmuebles pertenecientes a la Administración Pública, 80 edificios de entidades paraestatales y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, así como los Comités Ejecutivos Nacionales de todos los Partidos Políticos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otros. Lo anterior significa para el DF una erogación de alrededor de 12 mil millones de pesos anuales, de este costo, casi una cuarta parte, es decir entre dos y tres mil millones de pesos, corresponde al predial que no pagan estas instancias, pues son beneficiadas con una exención constitucional.

Adicionalmente hay que mencionar los costos operativos que genera a la Ciudad la administración de servicios a la “población flotante”que diariamente confluye en la misma, ya que millones de mexicanos de todas partes tienen empleo, comercio, estudios, esparcimiento, atención médica, etc., precisamente en este espacio geográfico.

Sí bien los montos asignados por concepto de transferencias federales son significativos, hay que tener en cuenta que para la población objeto de los servicios que se prestan en el D.F., aun son marginales para atender con calidad y suficiencia las necesidades de los capitalinos, los cuales muchas veces padecen un fenómeno de exclusión de servicios precisamente por esta población flotante.

Las finanzas públicas de la capital del país tienen importantes presiones y para afrontarlas es necesario llegar a un punto de equilibrio entre el número de beneficiarios de los servicios públicos, las políticas públicas y los costos económicos que realmente se erogan para hacerlos llegar a su población objetivo.

Aunado a lo anterior, el círculo presupuestal del DF tiene importantes distorsiones provocadas, por su particular estatus jurídico, el cual no es el de una entidad federativa. Sin embargo, la ciudad es el referente nacional en cuanto a calidad de vida por acceso, promoción y protección de derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional como son: salud, educación, cultura, entretenimiento y libertad.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo federal es aprobado cada año por la Cámara de Diputados, dicho presupuesto se encuentra normado entre otros ordenamientos, por la Ley de Coordinación Fiscal, que determina la conformación de ciertos Fondos de Aportaciones, que son los vehículos mediante los cuales la Federación orienta recursos económicos a las entidades.

Pese a todo el esfuerzo que realiza la administración del Distrito Federal para ser la entidad número uno en recaudación no recibe un estímulo, sino al contrario, es castigada ya que de las participaciones que le corresponden del total recaudado por impuestos federales como ISR e IVA, recibe únicamente doce centavos aproximadamente por cada peso recaudado, en contraste con otras entidades que reciben más recursos aun cuando no cuentan con los programas sociales que el gobierno del Distrito Federal aplica en beneficio de sus habitantes. A pesar de destacar en la instrumentación de medidas de eficiencia recaudatoria, de ser pionero en el diseño y puesta en práctica de mecanismos y sistemas modernos de recaudación y control de su padrón de contribuyentes, ha sido excluido en la asignación de diversos fondos de recursos federales.

El esquema de compensación de los costos de capitalidad planteado es utilizado de forma efectiva en varios países. Los casos más conocidos son quizás los de España, pero ciudades como Berlín, París, Brasilia e incluso Washington en los Estados Unidos aplican algún tipo de compensación para retribuir a sus ciudades capitales los gastos operativos en los que incurren, generando corresponsabilidad entre gobierno federal y gobierno local.

El costo de capitalidad, incrementa la inequidad presupuestal que ha venido sufriendo el Distrito Federal, ya que no sólo no tiene un ingreso que lo compense, sino que ha sufrido disminuciones en su presupuesto por el cambio de fórmula para la distribución de las participaciones federales desde 2008, fórmula que no considera a la población flotante y le ha generado pérdidas al Distrito Federal de 2008 a 2012 del orden de 11 mil 500 millones de pesos y que para el 2013 se estimó en 3 mil 500 millones de pesos la pérdida.

Con dichos recursos se garantizarían más servicios y mejor calidad de vida, además de derechos plenos a los ciudadanos del Distrito Federal, los cuales muchas veces padecen un fenómeno de exclusión de servicios precisamente por esta importante población flotante. A su vez, a la población flotante se le estaría dando la seguridad de disfrutar de estos mismos servicios con mayor efectividad, calidad y suficiencia.

Es importante mencionar que en el ejercicio fiscal 2014 se reconoció el concepto de “Capitalidad” al Distrito Federal y se le otorgaron 3 mil millones de pesos para compensar gastos que se generan por ser la capital del país, mismos que fueron insuficientes, además de que al no estar establecido este fondo en la Ley de Coordinación Fiscal, lo sujeta a una negociación anual que no genera certidumbre jurídica y presupuestal al Distrito Federal.

Aunado a lo anterior, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 (PPEF 2015), consideraba un monto total de 2 mil millones de pesos por concepto de “Fondo de Capitalidad”, es decir, mil millones menos que el considerado para el ejercicio 2014, lo que después de las negociaciones respectivas se acordó que se asignaran al fondo de referencia 3,500 millones, y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 (PPEF 2016), considera 2 mil 500 millones de pesos, es decir mil millones menos que lo asignado en el ejercicio fiscal 2015, lo que sin duda impactará en la calidad de los servicios que gozan los que habitan o transitan por el Distrito Federal y que se desarrollaron con cargo a los recursos de dicho fondo .

El objetivo es resolver la creciente necesidad que tiene el Distrito Federal en materia de suficiencia presupuestaría, a través de la creación de un Fondo para la Capitalidad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo General 33, con el objetivo de continuar, potenciar y mantener políticas públicas, subsidios y programas dentro de la ciudad en que residen los poderes de la unión con los beneficios que ya reciben en materia de contribuciones e infraestructura de servicios, sin discriminar a una población flotante en la Ciudad de México cercana a los cinco millones de personas y que generan importantes presiones financieras. Así también que apoye a resarcir los costos que generan a la ciudad, las marchas y plantones que por ser sede de los poderes federales asentados en esta capital, se realizan en el Distrito Federal desde los diferentes estados y municipios de la República.

La ciudad requiere de un apoyo extraordinario y permanente que le permita seguir atendiendo la creciente demanda social que como capital del país recibe. Esta iniciativa propone que se cree a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 el “Fondo para la Capitalidad” como un Fondo adicional integrante del Ramo General 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, a efecto de resarcir, en un acto de justicia, al Distrito Federal los importantes costos de capitalidad expuestos con anterioridad, generados por la oferta de bienes y servicios de los que no sólo se benefician sus residentes, sino los ciudadanos de otros municipios y entidades federativas que los consumen y disfrutan sin que contribuyan a su financiamiento.

Argumentación

El artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el carácter jurídico de la Ciudad de México, como sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta característica conlleva costos adicionales que no tienen otras entidades federativas y que son aquellos que se generan cuando una ciudad centro ofrece bienes y servicios públicos de los que no sólo se benefician sus residentes, sino que como consecuencia de múltiples factores, también los ciudadanos de otros estados y municipios, (población flotante) que los consumen sin contribuir a su financiamiento, como son salud, trasporte, seguridad, tráfico, infraestructura física, electricidad, medio ambiente, etcétera y que se estima en más de cinco millones de personas.

Aunado a lo antes enunciado, preexisten las razones jurídicas que frecuentemente se invocan en materia de federalismo y que encuentran su mejor camino de concreción en esta propuesta de un nuevo Fondo para la Capitalidad y que son las siguientes: un arreglo de orden federal donde tanto estados como federación tienen competencias diferenciadas, pero armónicas, con base en el texto constitucional, situación que se observa actualmente; la sede de los poderes federales no necesariamente sitúa a la Federación en un espacio determinado consistente en edificios, monumentos o funcionarios, esto es relevante porque permite separar el espacio público de la sede federal lo que evidencia que no se pueden soslayar las necesidades presupuestales de ese territorio con independencia de los ingresos federales. El arreglo federal requiere corresponsabilidad y sensibilidad a las presiones presupuestales del espacio en donde se asientan estas instituciones del estado mexicano, una vez más este Fondo parece ser una solución armónica y no gravosa en términos de modificación normativa.

Por tanto, es necesario regular situaciones, circunstancias o hechos que de facto ya suceden o que puede preverse que acontecerán en un futuro inmediato como consecuencia de un riesgo sistémico por colapso financiero, lo cual implicaría un menoscabo para el patrimonio público federal radicado en el Distrito Federal. Como ejemplo de lo anterior, se encuentra la tarifa del Metro, organismo que para garantizar que siga manteniendo la atención a los millones de usuarios que diariamente se benefician de él, ha tenido que estar generando para el gobierno del Distrito Federal un déficit de operación de más de 6,000 mil millones de pesos al año, costo absorbido por el presupuesto del Distrito Federal, ya que el precio del boleto del metro se encuentra subsidiado para todos los usuarios, sean población local o flotante. Lo que hace necesario conciliar en el fuero local políticas públicas coordinadas pero diferenciadas como el caso de las autonomías del modelo español que efectivamente estimulen el desarrollo regional y que apuntalen el crecimiento total nacional, mantener pues un subsidio al Metro es una cuestión de verdadera inversión pública con un valor de retorno inmediato en la cadena económica y que como único esquema alternativo de inversión estaría comprometiendo parte de este Fondo para la Capitalidad.

Es de mencionar que el presupuesto del DF tiene importantes distorsiones provocadas por su particular estatus jurídico, el cual no es el de una entidad federativa, lo cual implica que no pueda acceder a algunas transferencias federales que se encuentran reservadas a los Estados integrantes dela República, tal es el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en cuanto a recursos para la infraestructura de educación básica.

Ahora bien, es importante precisar que el esquema de compensación de los Costos de Capitalidad planteado es utilizado de forma efectiva en otros países, por ejemplo, Berlín, París, Brasilia e incluso Washington en los Estados Unidos.

Es conveniente recordar que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó incluir por vez primera, como parte del proceso de discusión del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, al denominado Fondo de Capitalidad en reconocimiento al costo que para la Ciudad de México implica ser sede de los poderes de la unión y capital de la república. Tal y como se afirma en la página XXIV del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública al proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 en el que establece:

“Se propone adicionar una fracción III al artículo 11, con un nuevo fondo denominado Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal, el cual tendrá por objeto apoyar al Distrito Federal, en consideración a su condición de sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De modo que a partir de dicho año, el 2014, se han asignado al Distrito Federal por concepto de Fondo de Capitalidad las siguientes cantidades: 3 mil millones de pesos en 2014, 3 mil 500 millones de pesos en 2015 y para 2016 se contemplan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2 mil 500 millones de pesos, lo que como se ha referido con anterioridad significan mil millones menos de lo asignado en el ejercicio fiscal 2015. En este sentido existe una amplia coincidencia en que esta merma de recursos impactará en la calidad de los servicios que gozan los ciudadanos que habitan y/o transitan por el territorio del Distrito Federal.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el promovente posee razón en cuanto al argumento vertido en el sentido de al no estar establecido el concepto de “Capitalidad” en la Ley de Coordinación Fiscal, lo sujeta a una negociación anual que no genera certidumbre jurídica y presupuestal al Distrito Federal; motivo por el cual se presenta la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal

Fundamento Legal

Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal a Efecto de crear el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal.

Ordenamientos a modificar

Único. Se Adiciona una fracción IX al artículo 25, así como los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VIII. ...

...

IX. Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal

...

...

Artículo 47 Bis. El Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia al .65 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2 de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio correspondiente. Este Fondo se enterará mensualmente, en los primeros 10 meses del año por partes iguales al Distrito Federal, por conducto de la federación de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el Artículo 47 Ter de esta Ley.

Artículo 47 Ter. Las aportaciones federales que por concepto de Fondo de Capitalidad reciba el Distrito Federal, se destinarán principalmente a la recuperación de los costos que por concepto de capital del país eroga el Distrito Federal y sus Demarcaciones Territoriales, por los servicios que presta a la población flotante proveniente del resto de las entidades federativas que diariamente transita en el Distrito Federal, como son:

a) Servicios de Transporte público;

b) Seguridad pública;

c) Mantenimiento de carpeta asfáltica;

d) Agua potable;

e) Drenaje; y

f) El resto de servicios relativos que se prestan a la población flotante.

Transitorios

Primero. El Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal será incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la Cámara de Diputados cada año y se incluirá dentro del Ramo General 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Notas:

1 Contingente demográfico compuesto por aquellas personas que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de la comunidad, residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico comunitario, en este caso, la Ciudad de México.

2 Capitalidad es la cualidad de ser una población cabeza o capital de provincia, región o estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.— Diputados: Carlos Hernández Mirón,Armando Soto Espino, Erik Juárez Blanquet, Francisco Martínez Neri, María Concepción Valdés Ramírez, María Luisa Beltrán Reyes (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Mirón. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, el día de hoy presento una iniciativa porque desde la aprobación el primero de febrero de 2007 con la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como un instrumento jurídico para diseñar y coordinar políticas públicas entre las instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se consideró necesario crear un mecanismo denominado Alerta de Género, cuyo objetivo, una vez declarada y de acuerdo a la exposición de motivos de la ley es situar las zonas del territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres.

No obstante que el 25 de noviembre de 2013 se modificó el Reglamento con el propósito de eliminar algunas disposiciones como el requisito de integrar un grupo interinstitucional y multidisciplinario para el estudio y análisis de la posible emisión de alerta de violencia de género.

Esta iniciativa que proponemos el día de hoy, se plantea una reestructuración de este mecanismo con la intención de dotarle de una mayor eficacia, de tal manera que las modificaciones y adiciones que proponemos en esta iniciativa contemplan cambios en la regulación de este mecanismo en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo y las bases de coordinación entre éste, las entidades federativas, así como los municipios, para su ejecución.

Proponemos una reforma que tiene los siguientes objetivos: que se amplié el grupo de funcionarias y funcionarios públicos que seleccionaran al grupo de expertas; que la selección del comité de expertas sea mediante convocatoria pública; que se clarifiquen las causas por las que pueden presentar las solicitudes de alerta de género por dos motivos. Por violencia estructural en contra de las mujeres y las niñas; y por agravio comparado ostensible en un ordenamiento jurídico vigente y/o política pública.

También creemos que es muy importante crear la facultad de iniciar de oficio el procedimiento de investigación de la alerta de género cuando ocurran hechos públicos y notorios de violencia contra las mujeres para la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, así como para el Inmujeres.

Por ello estamos proponiendo un ordenamiento y modificar y adicional del Título Primero el Capítulo Uno que dice: Disposiciones generales.

Se adicionan en el artículo 4o. las fracciones I y II.

En el Capítulo Quinto se reforma el artículo 22; se adicionan las fracciones I, II, IV y VII.

Se deroga el artículo 24.

Se adiciona también una sección primera denominada Del comité de selección y del comité de expertas que inicia con el artículo 25 A al 25 H.

Creemos que la alerta de género no solamente debe generar mecanismos de atención, promoción, erradicación y sanción del feminicidio. Ayer presentamos un punto de acuerdo en donde espero que todas y todos ustedes lo aprueben para hacer un exhorto al Ejecutivo federal y que se cree un banco de datos sobre feminicidio.

Es increíble que a casi ocho años de la Ley de Acceso no tenemos un banco sobre este tema y cada estado, a pesar de que está el Banavim, cada estado decide su sube o no sus datos a este banco. Por eso es muy importante que aprobemos ese punto de acuerdo.

Por otro lado, también exhortar al Ejecutivo federal y a las entidades federativas para que desarrollen un programa de prevención y otorgamiento de medidas de protección al Poder Judicial para eliminar el feminicidio y sancionar el mismo. Tenemos una gran cantidad de casos que no se sancionan porque no se han procesado desde el Poder Ejecutivo y las procuradurías.

Por otro lado, consideramos que es muy importante, y eso lo digo yo permanentemente, que está en peligro la vida de las mujeres, la vida de quienes estamos aquí, la vida de las que están afuera, que además son hijas, esposas o compañeras de hombres; por favor les pido y les conmino a que aprobemos estas iniciativas que son muy importantes. Las mujeres representamos la mitad de la humanidad. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano que conforma la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6, apartado 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

El 1 de febrero de 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante: LGAMVLV), como el instrumento jurídico para diseñar y coordinar políticas públicas entre las instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; dentro de la ley se consideró necesario crear un mecanismo denominado “Alerta de Violencia de Género”, cuyo objetivo, una vez declarada y de acuerdo a la exposición de motivos de la ley, es situar las zonas del territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres, detectar en qué órdenes de gobierno no se cumple la ley, además de la zona en la que más se violentan los derechos de la mujer y con ello, tener mecanismos para sancionar a quienes la transgredan, es decir es un mecanismo ideado para implementar acciones que desalienten la violencia, y cuya función, de acuerdo a la ley, es reactiva.

Desde la creación del mecanismo hasta al año 2012, en el marco del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante: Sistema Nacional), se presentaron cuatro solicitudes de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género en los estado de Chiapas (2009), Guanajuato (2009), estado de México (2010) y Nuevo León (2012).

A pesar de la gravedad del panorama de la desaparición de mujeres y la violencia feminicida en varias zonas del país, en todos los casos el Sistema resolvió, en su momento, rechazar por mayoría de votos las solicitudes hasta entonces presentadas; sin embargo, ante esta reiterada negativa algunas de las organizaciones civiles solicitantes se vieron obligadas a acudir a juzgados federales para combatir la resolución que sin fundamento ni motivación se había decretado para rechazar dichas solicitudes, a la postre, el Sistema Nacional finalmente aceptó declarar alertas de género en 11 de los 125 municipios del estado de México y para 8 de los 33 municipios de Morelos.

Tradicionalmente el Sistema Nacional había tenido una posición negativa para todas las solicitudes partiendo de una evidente posición política fincada en una equivocada pretensión de “proteger” al gobierno en turno, de la localidad señalada en las solicitudes. A pesar de que la declaratoria de alerta de violencia de género, es sólo un mecanismo para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, no para sancionar a los gobiernos.

No obstante que el 25 de noviembre de 2013 se modificó el Reglamento de la LGAMVLV con el propósito de eliminar algunas disposiciones como el requisito de integrar un grupo interinstitucional y multidisciplinario para el estudio y análisis de la posible emisión de alerta de violencia de género contra las mujeres, con la reforma se determinó que sería el Instituto Nacional de las Mujeres el ente del gobierno federal encargado de seleccionar personas expertas en el tema para conformar un grupo de trabajo que se encargaría del análisis de la situación y emisión del informe, para ello se implementó un procedimiento que incluye otorgarle un tiempo al titular del Ejecutivo estatal a fin de que cumpla con propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y/o, el agravio comparado; en el caso de que no cumpla o no acepte cumplir, se emitirá la alerta de género, esta pauta que se otorga a las autoridades estatales minimiza la gravedad y el impacto de la declaración de alerta porque, si la autoridad estatal no cumplió inicialmente ¿en qué condiciones se le va a constreñir a cumplir después de emitir la alerta de género?

Aún con la última reforma al Reglamento de la LGAMVLV, se advierte que siguen existiendo requisitos de difícil aplicación o acreditación para que procedan las solicitudes de declaración de la alerta de género de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, la verificación de la existencia del agravio comparado y que estas circunstancias sean suficientes para que sea la sociedad, en su conjunto, en abstracto, quien reclame la existencia de delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, y que, además, perturben la paz social en un territorio determinado, como lo señala la fracción IV del artículo 33 del actual Reglamento.

En la historia desde la implementación de este mecanismo, ha sido una queja constante de las organizaciones civiles interesadas en la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, que el procedimiento queda al arbitrio de servidoras o servidores públicos, cuyo trabajo empírico y voluntad política en el tema puede ser cuestionado; queda en manos de representantes del gobierno federal, en este caso, la selección de las personas que integrarían el grupo de trabajo cuya responsabilidad es analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres; para darle nitidez e imparcialidad a la selección de las personas que finalmente habrán de investigar la solicitud de alerta, se propone en esta iniciativa que exista un Comité de Selección más amplio que tendría como objetivo elegir a las integrantes del Comité de Expertas, quienes, como grupo de trabajo, quienes deberán ser electas posterior a convocatoria pública.

Además, en esta iniciativa se plantea una reestructuración del mecanismo con la intención de dotarle de mayor eficacia de tal manera que las modificaciones y adiciones que se proponen en esta iniciativa contemplan cambios en la regulación de este mecanismo en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo federal y las bases de coordinación entre éste, las entidades federativas y los municipios, para su ejecución.

La propuesta de esta iniciativa que se presenta, se apuntala con las observaciones que realizó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/MEX/CO/7-8 del 7 agosto de 2012, a través de su informe denominado: Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mediante el cualemitió ciertas recomendaciones al Estado mexicano, expresando su preocupación por las ineficacias en el procedimiento que impiden la activación del mecanismo de la Alerta de Género, en el sentido de:

a) Revisar los mecanismos nacionales existentes para abordar la violencia contra las mujeres, con miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad, en los ámbitos federal, estatal y municipal, proporcionando recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general para prevenir, tratar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

b) Con urgencia abordar los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de alerta de género.

Es importante resaltar que diputadas de la LXII Legislatura presentaron una iniciativa, sin que se haya dictaminado, cuyo contenido se refrenda en esta propuesta, misma que se fortalece con adiciones con el propósito de apuntalar el procedimiento para que las y los solicitantes de una declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres, tengan expedita la respuesta de las autoridades en beneficio de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia que viven gran parte de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 4o. y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, apartado 1., fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito poner a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo Único.

a) Ordenamientos a modificar y adicionar:

Del Título I, Capítulo I, Disposiciones Generales, se adicionan en el artículo 4 las fracciones I y II, se elimina la actual III y se recorren las siguientes, y en el artículo 5 las fracciones VI, XII y XIII; del Título II, Capítulo V, se reforma en su totalidad el artículo 22, se adicionan los artículos 22 A, 22 B y 22 C; se reforma el 23, se adicionan las fracciones I y II, IV y VII; se deroga el artículo 24, se adiciona una Sección Primera, denominada: “Del Comité de Selección y del Comité de Expertas” , que inicia con el artículo 25 A al 25 H ; se adiciona una Sección Segunda, denominada: “Disposiciones Generales para la Solicitud de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres”, que inicia con el artículo 25 I al 25 L ; se adiciona una Sección Tercera, denominada: “Del procedimiento para la declaratoria de alerta por violencia estructural contra las mujeres”, que inicia con el artículo 25 M al 25 O; se adiciona una Sección Cuarta, denominada: “De la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres por Agravio Comparado”, con un sólo artículo 25 P; se adiciona una Sección Quinta, denominada: “De las obligaciones de la Secretaría de Gobernación ante la Declaratoria por Violencia contra las Mujeres”, que inicia con el artículo 25 Q al 25 V; se adiciona una Sección Sexta, denominada: “Seguimiento a la Alerta por Violencia contras las Mujeres”, que inicia con el artículo 25 V AL 25 Z.

b) Para quedar como sigue:

Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son

I. La Igualdad Sustantiva.

II. La perspectiva de género.

III. El respeto a la dignidad de las mujeres.

IV. [...]

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a la V. [...]

VI. Agravio Comparado: Es el daño, menoscabo, no reconocimiento, impedimento de goce o ejercicio de los derechos de las mujeres, a causa de la sola vigencia o aplicación de una norma o política pública que transgrede sus derechos humanos, que puede actualizarse cuando un ordenamiento jurídico vigente y/o política pública contenga alguno de los siguientes supuestos:

a) Distinciones, restricciones o disposiciones específicas que discriminen a las mujeres y las niñas, siempre y cuando no cumplan con los principios de igualdad, legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

b) Que propicie o incremente la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres al brindar un trato desigual frente al acceso y ejercicio de los derechos humanos universales, ya sea en una entidad federativa frente a otra o el Distrito Federal, en el Distrito Federal frente a otra entidad federativa, en un municipio frente a otro o una delegación política, en delegación política frente a otra u otro municipio, o incluso en el territorio nacional a través de normas legales discriminatorias.

c) Que contravenga o no cumpla con los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

d) Que el resultado discrimine o profundice la desigualdad entre mujeres y hombres.

VII a la XI [...]

XII. Igualdad Sustantiva:Condiciones estructurales y objetivas en las que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. Deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado; incluye, en ciertas circunstancias, un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer .

XIII. Violencia estructural contra las mujeres: Es toda acción u omisión que mediante la realización de uno o varios tipos de violencia cause daño o sufrimiento a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado en un contexto de permisividad social o institucional.

Se refiere a conductas ejercidas por las personas, el Estado y la sociedad, así como la ejercida en comunidades, relaciones humanas, prácticas e instituciones sociales, que el Estado reproduce y tolera al no garantizar la igualdad sustantiva, al perpetuar formas jurídicas, judiciales, políticas, económicas y sociales androcéntricas y de jerarquía de género; así como al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todas las etapas de su vida.

Se manifiesta en conductas asociadas con la exclusión, la subordinación, la discriminación, la marginación y la explotación, consustanciales a la dominación estructural de género masculina, afectando los derechos de las mujeres.

Artículos del 6 al 21 [...]

Artículo 22. La alerta por violencia contra las mujeres, es el mecanismo de protección colectivo, emergente y temporal, que concentra las acciones coordinadas de los gobiernos federal, estatal y municipal, para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, en un territorio determinado.

La alerta por violencia contra las mujeres procede bajo dos supuestos:

I. Por violencia estructural en contra de las mujeres y niñas; y,

II. Por agravio comparado, ostensible en un ordenamiento jurídico aprobado o vigente y/o política pública.

Artículo 22 A. En el mecanismo de alerta por violencia contra las mujeres intervienen:

1) La persona o personas que interponen la solicitud, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos públicos de derechos humanos nacional o de las entidades federativas y organismos internacionales.

2) El Inmujeres en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

3) El Comité de Selección; y,

4) El Comité de Expertas.

Artículo 22 B. La solicitud de declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres podrá ser presentada ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por:

I. Organizaciones o colectivos de la sociedad civil.

II. Comisiones de derechos humanos y/o organismos de protección de los derechos humanos.

III. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

IV. Organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos; y,

V. Mecanismos para el adelanto de las mujeres federales, estatales y municipales.

Las solicitudes de declaratoria de alerta por violencia no serán excluyentes entre sí pudiendo ser presentadas simultáneamente, por los mismos u otros hechos diferentes, así como por una o más instancias de las mencionadas en este artículo.

Artículo 22 C. Cuando ocurran hechos públicos y notorios de violencia contra las mujeres, aunque no se hubiese presentado la solicitud de Alerta por Violencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, así como el Inmujeres, deberán actuar de oficio para iniciar un procedimiento de Declaratoria de Alerta de Violencia.

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad y acceso a la justicia de las mismas en condiciones de igualdad sustantiva, la revisión de indicadores de impacto, desempeño y resultado del sistema de justicia para verificar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres víctimas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Conformar un Comité de Selección;

II. Establecer un Comité de Expertas;

III. Implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

IV. Impulsar acciones de formación de estudiantes de licenciatura de derecho y servidores públicos del sistema de justicia, en el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género;

V. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

VI. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres,

VII. Impulsar una política pública de rendición de cuentas, deslinde de responsabilidades y su correspondiente sanción a quienes por omisión, abuso o negligencia promovieron la impunidad, y

VIII. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, las acciones propuestas al ejecutivo estatal y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Se deroga el artículo 24:

Artículo 25. [...]

Sección Primera Del Comité de Selección y del Comité de Expertas

Artículo 25 A. Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva del Sistema conformar el Comité de Selección, el cual se integrará por:

I. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres.

II. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

III. Una persona invitada de la representación en México de ONU Mujeres.

IV. Una persona invitada representante del Poder Judicial de la Federación, preferentemente de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

V. Una representante de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República.

VI. Una persona representante de alguna institución académica universitaria de alto prestigio en estudios de género o derechos humanos de las mujeres; y,

VII. La persona titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las personas integrantes contarán voz y voto en condiciones de igualdad.

El Comité de Selección tiene como objetivo evaluar y seleccionar a las integrantes del Comité de Expertas, para lo cual contará con 30 días naturales improrrogables para el proceso de selección.

Artículo 25 B. El Comité de Expertas es un cuerpo técnico, colegiado con independencia de decisión, responsable de la recepción, análisis, evaluación, investigación, información y la emisión de un informe en el que se determinen las violaciones a derechos humanos de las mujeres de acuerdo con los conceptos de la alerta de género, y se emitan las respectivas recomendaciones relativas al mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y niñas.

Las expertas que conformen el Comité serán elegidas mediante convocatoria pública, con cobertura nacional, que emitirá la Secretaría de Gobernación debiendo reunir los siguientes requisitos:

I. No contar con inhabilitación en el servicio público o con recomendaciones de los organismos públicos de protección de los derechos humanos.

II. No ocupar un cargo público.

III. Que no se encuentre enfrentando proceso penal por delito grave.

IV. Contar con reconocida experiencia y conocimientos en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres; y,

V. Demostrar trayectoria profesional de por lo menos 5 años en alguna o varias de las siguientes áreas: atención, defensa, promoción, acceso y procuración de justicia con perspectiva de género, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como en la elaboración de políticas públicas, estudios e investigaciones relacionadas con estos temas.

Artículo 25 C. La duración del encargo de experta del comité, será por un período de dos años, pudiendo reelegirse por una ocasión por otro periodo igual, garantizando la rotación de las integrantes de forma escalonada conforme al reglamento de la presente ley.

Artículo 25 D. Una vez concluido el proceso de selección e integración, el Comité de Expertas quedará conformado por cinco mujeres que reúnan preferentemente los siguientes perfiles:

I. Una experta en derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos de las mujeres y las niñas;

II. Una defensora, con amplia y reconocida trayectoria, de los derechos humanos de las mujeres y las niñas;

III. Una experta en evaluación, diseño y reorientación de políticas públicas; así como en evaluación de la eficiencia institucional.

IV. Una experta en procuración y administración de justicia, con reconocida trayectoria por su trabajo en el acceso a la justicia para las mujeres; y,

V. Una experta en seguridad ciudadana con enfoque de seguridad humana.

Artículo 25 E. La Secretaría de Gobernación otorgará las facilidades, remuneración y recursos para su funcionamiento, conforme lo establecen los ordenamientos correspondientes.

Lo anterior no implicará una relación laboral ni de subordinación entre la Secretaría de Gobernación y las integrantes del Comité de Expertas.

El comité podrá solicitar a la autoridad correspondiente las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad en el ejercicio de sus funciones, así como para solicitar las medidas necesarias para proteger a las presuntas víctimas durante la revisión de los casos.

Artículo 25 F. El Comité de Expertas deberá sesionar formalmente para conocer de manera inmediata, en un término no mayor a 5 días naturales, las solicitudes de alerta por violencia contra las mujeres presentadas, ante la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 25 G. El Comité de Expertas, determinará la metodología que emplearán para dar respuesta a cada una de las solicitudes, cumpliendo con el procedimiento establecido en esta Ley. Recibirá, analizará y emitirá un informe y la o las recomendaciones correspondientes de todas las solicitudes de Alerta por Violencia contra las mujeres que reciba.

Artículo 25 H. El Comité de expertas elegirá de entre sus integrantes y preferentemente por consenso, a su Coordinadora y su suplente, quien colaborará con la Coordinadora para el mejor desempeño de sus funciones; durarán en su cargo un año, con opción a ser reelectas por un año más. En caso de ausencia temporal o impedimento de la Coordinadora, la sustituirá la suplente y el Comité elegirá a una nueva suplente.

El Comité tiene facultades para apoyarse en la opinión de otras personas especialistas o instituciones académicas y o educativas nacionales, estatales y o municipales, cuando así lo consideren necesario, así como para designar y coordinar los equipos técnicos que se requieran para dar cumplimiento a las labores para las que fueron electas.

Sección Segunda Disposiciones generales para la solicitud de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres

Artículo 25 I. La solicitud de declaratoria de Alerta por Violencia contra las mujeres, se presentará por escrito o bien, a través de correo electrónico, en la oficina de la titular de la Secretaría Ejecutiva; una vez admitida dará conocimiento al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la turnará inmediatamente al Comité de Expertas.

Artículo 25 J. La solicitud de alerta por violencia contra las mujeres, deberá contener los siguientes requisitos:

I. Nombre o razón social de quien promueva.

II. Los documentos que sean necesarios para acreditar su personalidad jurídica.

III. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.

IV. Narración de los hechos violatorios de los derechos humanos de las mujeres y o por agravio comparado, en un territorio determinado; y

V. Los elementos con los que se cuente para fundamentar su petición.

Las solicitudes contendrán información constitutiva de indicios. Será labor del Comité de Expertas, la integración de la documentación y de la información relativa a la solicitud de alerta por violencia contra las mujeres, realizar las investigaciones necesarias para determinar o no la existencia de cualquier tipo y o modalidad de violencia en contra de las mujeres y niñas que constituya violencia estructural, así como la existencia o no de agravio comparado.

Cuando la solicitud no contenga los requisitos del presente artículo, la Secretaría Ejecutiva del sistema deberá prevenir a quien solicita por escrito, por una sola vez, para que subsane la omisión dentro del plazo de cinco días hábiles. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite. Una vez desahogada la prevención, se continuará con el análisis de la solicitud.

Artículo 25 K. Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y o municipales, deberán proporcionar todo tipo de información y documentación que tenga relación con los hechos que se afirman en la solicitud, o en su caso, brindar el apoyo necesario para la realización de la investigación correspondiente.

La falta de cooperación o la negativa de proporcionar información por parte de las autoridades, presumirá la veracidad de los hechos alegados en la solicitud.

Artículo 25 L. La documentación y demás información que genere el Comité de Expertas observará lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares y demás normatividad aplicable en esta materia.

Sección Tercera Del procedimiento para la declaratoria de alerta por violencia estructural contra las mujeres

Artículo 25 M. En el proceso de investigación para la declaratoria de la alerta por violencia contra las mujeres, solicitado bajo el supuesto de la fracción I del artículo 22, el Comité de Expertas deberá incluir los siguientes elementos:

I. Descripción de los hechos que incluya:

a) La situación de violencia contra las mujeres y las niñas, haciendo énfasis en el estado que guarda el derecho de acceso a la justicia.

b) El lugar o territorio donde acontecieron los hechos.

II. La metodología de revisión del caso:

a) Análisis e interpretación de la información.

b) Fuentes de información, personas y o instituciones consultadas para ampliar la investigación.

III. Conclusiones. Consideraciones de hecho y de derecho que resulten del análisis de los casos, los elementos que lleven a determinar si procede o no una declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres.

IV. Recomendaciones:

a) La propuesta de reparación del daño con perspectiva de género y con base a jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humano a víctimas directas o indirectas, si fuera procedente;

b) La procedencia en los casos donde sea pertinente de solicitar el inicio e investigación de las responsabilidades administrativas y/o penales de las y los servidores públicos involucrados.

c) Las acciones integrales de emergencia, preventivas, de atención, procuración de justicia y sanción de servidoras o servidores públicos, dirigidas a las instituciones y dependencias responsables del orden federal, estatal, del Distrito Federal y/o municipal respectivamente, estableciendo los plazos para su cumplimiento; y,

d) La propuesta de plazos para el cumplimiento de las recomendaciones.

Artículo 25 N. Las solicitudes de información que se requieran a las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y o municipales por parte del Comité de Expertas, se realizará por conducto de la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría de Gobernación deberá brindar todas las facilidades para contar la información de manera pronta y expedita.

Artículo 25 O. El Comité de Expertas, dispondrá de 45 días naturales prorrogable por el mismo periodo y por una sola ocasión, para integrar una investigación sobre los hechos y emitir un informe y sus recomendaciones.

Sección Cuarta De la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado

Artículo 25 P. Para el proceso de investigación para la declaratoria de la alerta por violencia contra las mujeres, solicitado bajo el supuesto de la fracción II del artículo 22, deberá incluir los siguientes elementos:

I. Descripción de los hechos que incluya:

a) La situación de violencia contra las mujeres y las niñas.

b) El lugar o territorio donde acontecieron los hechos.

c) Descripción de los elementos que constituyan el agravio comparado, y,

d) Las afectaciones que la norma o política pública, con base en los más altos estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, el principio pro persona y la perspectiva de género, ha generado en agravio de las niñas o mujeres de la colectividad.

II. La metodología de revisión de esta modalidad de violencia, la cual implica:

a) El análisis e interpretación de los informes aportados por el solicitante, si lo hiciere, la autoridad responsable y cualquier otro alternativo que sirva para formar criterio; y,

b) Fuentes de información, personas y o instituciones consultadas para ampliar la investigación, salvaguardando los datos personales.

III. Conclusiones

a) Las medidas recomendadas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas por agravio comparado.

b) La sanción a servidoras o servidores públicos si fuera procedente

c) Las propuestas de adición, modificación o derogación de la ley o política pública de que se trate.

d) Las acciones integrales de emergencia, preventivas, de atención y sanción dirigidas a las instituciones y dependencias encargadas de su ejecución.

e) La propuesta de reparación del daño, con perspectiva de género y en base a jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humano; y,

f) La propuesta de plazos para su cumplimiento.

Sección Quinta De las obligaciones de la Secretaría de Gobernación ante la declaratoria por violencia contra las mujeres

Artículo 25 Q. Corresponderá a la Secretaría de Gobernación en su calidad de dependencia que preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declarar o negar la Alerta por Violencia contra las Mujeres, debiendo fundar y motivar su resolución, considerando de manera integral el informe y las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertas.

El procedimiento que corresponde a la declaración de la alerta de violencia contra las mujeres, deberá regirse bajo los principios de:

I. Pro persona

II. Debida diligencia

III. Igualdad sustantiva

II. Perspectiva de género

III. Mayor protección.

IV. Interés superior de la niñez.

Artículo 25 R. La Secretaría de Gobernación habiendo recibido el informe y las recomendaciones del Comité de Expertas determinará en un plazo de 15 días hábiles improrrogables la procedencia o improcedencia de la emisión de la alerta por violencia estructural contra las mujeres o por agravio comparado.

En ambos casos deberá notificar a las autoridades responsables, en su caso, a quien presentó la solicitud y al Sistema Nacional en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Artículo 25 S. La declaratoria de alerta por violencia estructural contra las mujeres que emita la Secretaría de Gobernación deberá contener:

I. Las políticas, acciones y demás formas de coordinación.

II. Monto de los recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia; y,

III. Explicitar los plazos en que se realizarán las acciones, identificando acciones inmediatas, a mediano, largo plazo y permanentes, atendiendo al diseño y aplicación de indicadores de resultados, desempeño de las y los funcionarios públicos involucrados e impacto, considerando los plazos sugeridos por el Comité de Expertas.

Artículo 25 T. La declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres por agravio comparado que emita la Secretaría de Gobernación, deberá contener:

I. La propuesta de modificación, reforma, adición, derogación y/o abrogación de ordenamientos jurídicos.

II. Todas aquellas propuestas de modificación y eliminación de políticas públicas discriminatorias; y,

III. Explicitar los plazos en que se realizarán las acciones, identificando acciones inmediatas, a mediano, largo plazo y permanentes, considerando los plazos sugeridos por el Comité de Expertas.

Artículo 25 U. En ambos supuestos, la declaratoria de alerta por violencia deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos o gacetas oficiales estatales, en los medios impresos y electrónicos de mayor audiencia nacional, de las entidades federativas o del Distrito Federal de que se trate; así como en los sitios electrónicos oficiales de las dependencias involucradas.

Artículo 25 V. Una vez notificada, las autoridades señaladas en el informe contarán con un plazo de treinta días hábiles para iniciar el desahogo de las medidas recomendadas, rindiendo informes trimestrales sobre el avance en el cumplimiento a la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría de Gobernación deberá hacer público estos informes y enviarlos a las instituciones que integran el Sistema Nacional.

Sección Sexta Seguimiento a la alerta por violencia contras las mujeres

Artículo 25 W. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, dará seguimiento al cumplimiento de las medidas que se hayan emitido para hacer frente a la contingencia motivo de la alerta por violencia.

Artículo 25 X.Una vez recibidos los informes finales la Secretaría de Gobernación determinará la procedencia del levantamiento de la alerta.

Esta determinación se hará del conocimiento público por los mismos medios de difusión que se dio a conocer la declaratoria de alerta.

Artículo 25 Y. En caso de que la Secretaría de Gobernación determine la improcedencia de levantar la declaratoria de alerta, las autoridades responsables deberán continuar con la aplicación de las medidas recomendadas hasta que cesen los efectos que motivaron la alerta.

Artículo 25 Z. Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales que correspondan, estarán obligadas en términos de esta Ley a dar cumplimiento a los requerimientos de información, apoyo y determinaciones que se emitan para hacer frente a la contingencia de Alerta por Violencia, en el entendido de que sus omisiones, obstaculizaciones o negativas serán causa de responsabilidad jurídica a la que haya lugar

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Artículo Tercero. El Ejecutivo federal, en un plazo que no exceda de 90 noventa días naturales después de publicado el presente decreto, deberá reformar el reglamento de la Ley en aquellas partes que resulten necesarias para la implantación de este ordenamiento.

Artículo Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, deberá mantener y garantizar la progresividad de la asignación presupuestaria para la ejecución de la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Carmen Victoria Campa, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, quiero empezar mi presentación pidiéndoles que recuerden si en su familia ha ocurrido un accidente automovilístico, que estoy segura que la mayoría de nosotros conocemos algún caso o peor aún, hemos sufrido un percance de esta índole. Por ese motivo estoy convencida de que acompañarán la propuesta que hoy vengo a presentarles.

Algunos datos estadísticos: según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Conapra, entre el 2012 y e l 2013 se presentaron a nivel nacional, 406 mil 508 accidentes viales. La mayoría de estos eventos se dieron en zonas urbanas y suburbanas.

La totalidad de accidentes viales en el 2013 dejó 15 mil 386 personas fallecidas. El número de heridos graves fue de 31 mil 772. La mayoría, 12 mil 362, eran ocupantes del vehículo.

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de la discapacidad motriz. Tan sólo el 23.8 por ciento de los conductores accidentados, según datos del propio Conapra, portaban el cinturón de seguridad.

La tasa de mortalidad por accidentes viales en los grupos de población de cero a nueve años de edad, fue del 3.3 por ciento.

La primera causa de muerte de niños y niñas entre cuatro y doce años, es por accidentes de tránsito, constituyendo también la segunda causa de orfandad en el país. Estas cifras nos dan una panorámica general de la dimensión del problema de seguridad vial en todo el país. Sin duda, se han presentado mejoras y avances en esta materia, pero estamos aún muy lejos del ideal en cuanto al desarrollo de políticas públicas eficaces para la prevención de accidentes viales.

La prevención, como sucede en la mayoría de los problemas de salud pública, es la clave para disminuir el número de accidentes y, sobre todo para proteger a los pequeños que viajan en los vehículos.

Lamentablemente en la actualidad, la obligación de contar con asientos especiales para menores, no está estipulada en forma clara en la ley, razón por la cual los sistemas de retención infantil, es decir, los asientos especiales para niños no son obligatorios en algunas entidades del país.

En otros estados, como es el caso de Nuevo León, la facultad de regular la materia, es solamente municipal. Otros como Durango y Guanajuato no hacen obligatorio el uso de estos asientos.

Del mismo modo, la disparidad en la edad de los menores para utilizar los asientos especiales es sumamente variable, de una entidad a otra. Basta citar el ejemplo del Distrito Federal en que la edad máxima del uso es de 12 años, mientras que en el estado de Coahuila, es solamente de dos años.

Sólo en tres entidades federativas en todo el país cumplen con los cuatro parámetros de seguridad vial para niñas y niños, Distrito Federal, Jalisco y Sinaloa, mi estado. ¿Cuáles son estos parámetros? Según el Conapra son: establecer como máximo de edad los 12 años para el uso del sistema de retención infantil, establecer el peso como criterio de uso del asiento, hacer obligatorio para los conductores el uso de estos asientos e imponer una sanción por el incumplimiento de la norma.

Es por ello que en Nueva Alianza, estamos decididos a modificar esta disparidad, y proponemos una solución para la indiferencia que en temas como éste, le merecen a muchas entidades federativas.

Para remediar esta situación, propongo esta iniciativa, a fin de sancionar la falta de uso de sillas o asientos infantiles en vehículos automotores que transporten a niños menores, de cero a 12 años de edad.

En Nueva Alianza queremos cambiar al país con acciones, y una de esas acciones es fortalecer las políticas públicas en materia de accidentes. La seguridad de todos los niños y todas las niñas de México tiene la misma importancia que la seguridad de nuestras hijas y de nuestros hijos, no debe haber diferencias en la protección de los menores. Es nuestra responsabilidad fortalecer el marco normativo para que esto suceda.

¿No se merece la misma protección una niña o un niño de Guadalajara a uno que vive en Pachuca? Este cambio que parece minúsculo en la ley puede significar la vida del hijo o de la hija de cada uno de nosotros.

Vale la pena el esfuerzo, compañeros. Soy una convencida de que salvar vidas para prevenir lo que es efectivamente prevenible es un privilegio que debemos honrar, y espero que con esta idea en mente acompañen mi propuesta. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud; y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Carmen Victoria Campa Almaral, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de asientos infantiles, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En todo el mundo las niñas y los niños son los pasajeros más vulnerables dentro de los automóviles, en consecuencia tenemos la obligación de garantizarles plena aplicación de sus derechos humanos, cimentados en garantías de protección y seguridad.

Una de las principales causas de mortalidad infantil son los accidentes de tránsito, causados principalmente por las siguientes razones: I) Porque los papás piensan que con sostener en brazos al pequeño estará seguro, y II) Por la falta de medios de retención infantil.

A pesar de que los automóviles cuentan con medidas de seguridad estandarizadas, como son los cinturones de seguridad, dichos instrumentos, por sí solos no son adecuados y seguros para un niño, ya que están diseñados específicamente para la seguridad de los adultos.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha recomendado hacer uso de asientos o sillas infantiles, toda vez que resultan ser los más idóneos para que viajen seguros los menores dentro de los automóviles, ya que deben cumplir con los principios de asegurar la contención del infante, su protección y una mejor retención en caso de accidente, así como las normas técnicas internacionales.

La OCDE ha insistido en brindar protección a todos los niños, por ello recomendó que todos los ocupantes, sin excepción, deben viajar protegidos con cinturones de seguridad o sillas infantiles adecuadas a su edad y tamaño.

Alrededor del mundo, diversos países han adaptado sus legislaciones a estos lineamientos, como por ejemplo la Unión Europea, España y diversos países de Latinoamérica y el Caribe.

La Unión Europea a través de la Directiva 2003/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, modificó la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3.5 toneladas”. En dicho documento se señalan como normas obligatorias: I)...prohibir que los niños menores de tres años viajen en cualquier vehículo sin un asiento o sillita infantil adecuada para su edad y peso; II)...los niños de más de tres años de edad y cuya estatura sea inferior a 150 cm deberán estar sujetos por un dispositivo de retención para niños, y III)...los niños de más de tres años de edad y cuya estatura sea inferior a 150 cm sólo podrán viajar en los asientos delanteros de los vehículos si utilizan asientos infantiles.

Por su parte, España, creó la Ley 17/2005 la cual establece en su artículo 11, numeral 4, que: “...queda prohibido circular con menores de 12 años situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto. Asimismo, queda prohibido circular con niños menores de tres años situados en los asientos traseros del vehículo, salvo que utilicen para ello un sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y a su peso con las excepciones que se establezcan reglamentariamente”. Un dato que resalta es que el 46 por ciento de los menores de entre 0 y 14 años fallecieron en accidentes de tránsito entre 2008 y 2010, sin hacer uso de ningún sistema de retención infantil, según datos de la Dirección General de Tráfico.

En Latinoamérica y el Caribe, los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela coinciden al integrar en sus legislaciones nacionales que los menores de edad deben viajar en los asientos traseros de los automóviles, además de hacer obligatorio el uso de sillas infantiles o dispositivos de retención infantil. Caso contrario sucede en las naciones de Ecuador, el Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay y México donde no existe norma a nivel nacional que garantice la protección de los menores de edad al viajar en automóviles.

Es de destacar, el caso particular de Puerto Rico, en el que el Departamento de Estado suministra de un asiento protector a toda persona que así lo solicite, siempre y cuando demuestre no contar con los recursos necesarios para poder comprarlo.

Por último, en nuestro país no existe regulación o legislación nacional que tenga en cuenta este problema, solo tenemos municipios o estados que han implementado en sus leyes o reglamentos el uso de asientos infantiles, cabe destacar que a pesar de estos esfuerzos aún se encuentran alejados de los criterios estandarizados a nivel internacional, primero porque difieren al considerar la estatura o edad obligatoria para su uso, y segundo por el tipo de denominación técnica del dispositivo de retención infantil. Empero diversas propuestas legislativas han tratado de integrar el uso de estos instrumentos de seguridad, pero han concluido sin éxito.

Argumentación

El Informe “Situación Mundial de la Seguridad Vial 2013”, señala que la cifra total de víctimas mortales por accidentes de tránsito asciende a más de 1.24 millones por año en 182 países, entre ellos México, quien tiende a colocarse en séptimo lugar. Es de resaltar que solo 28 países de la población mundial, tienen leyes en materia de seguridad vial, mismas que contemplan temas de prevención como: prohibición del uso de bebidas alcohólicas, exceso de velocidad, uso de cascos para conductores de motocicleta, sistemas de sujeción infantil y uso de cinturón de seguridad.

Un dato que no debe pasarse por alto, es la situación de que México y Brasil acumulan alrededor del 50 por ciento de todos los niños fallecidos en los países de Latinoamérica y el Caribe.

Al respecto, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), ha expuesto que la primera causa de muerte en niños de entre cuatro y 12 años es por accidentes de tránsito, provocando ser la segunda causa de orfandad en México.

Guanajuato –durante 2004– presentó 25 decesos por accidentes de tránsito en niños de edad preescolar, y 53 en menores de entre 5 y 14 años de edad, lo que arrojo un total de 78 niños muertos en ese año.

De igual forma, la organización Safe Kids México, ha señalado que menos del 30 por ciento de los menores de cinco años utiliza un asiento infantil y menos de 20 por ciento de los mayores de cinco años es protegido con estos equipos y que alrededor de 900 menores de edad en México mueren cada año por accidentes vehiculares.

Ante esas consideraciones, creemos que en México existe una gran falta de cultura de prevención y protección de las garantías de los menores, por eso reflexionamos en que es necesario y obligatorio, el uso de los asientos o sillas infantiles.

En un recorrido por la legislación nacional, respecto al tema central, encontramos que diversos estados de la república se han esforzado por implementar en su normatividad, la obligatoriedad del uso de estos instrumentos de seguridad.

A continuación indicaremos los municipios que han incluido en su legislación el tema y la forma en que establecieron dicha regulación.

El Reglamento de Tránsito del estado de México establece en su artículo. 34. ...los conductores se harán acreedores a una infracción por no contar con el equipo, sistema, dispositivos y accesorios de seguridad...”

Por su parte, el Reglamento de Vialidad y Tránsito del municipio de Monterrey señala en el “artículo. 9. ...que se considerará como infracción al presente reglamento y se sancionará con multa al conductor que incurra en... no utilizar porta bebé o asiento de seguridad para los infantes de hasta 5 años de edad”

Por último, la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán expone en su articulo 18. ... Los vehículos que transiten en las vías públicas del Estado, deberán encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento y estar provistos, al menos, de los siguientes dispositivos: j) Silla porta-infante, en caso de transportar a niños menores de 5 años...”.

A pesar de los esfuerzos hechos por estos estados y municipios, se demuestra un abismo entre el uso y su obligatoriedad a nivel nacional. Esta situación denota omisión de las autoridades correspondientes para hacer cumplir las garantías constitucionales de prevención y protección de las niñas, niños y adolescentes.

Bajo esa situación, Nueva Alianza propone introducir en la Ley General de Salud y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes disposiciones que vuelvan obligatorio el uso de los asientos o sillas infantiles.

En Nueva Alianza, nos parece primordial garantizar y proteger de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por esa razón trabajamos con el ímpetu de implementar medidas de prevención de accidentes de menores, con el fin de reducir entre un 50 y un 90 por ciento todas las lesiones infantiles graves y mortales causadas por accidentes de tránsito.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de asientos infantiles

Artículo Primero. Se reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 164. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en general, con las dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de accidentes.

La Secretaría de Salud deberá realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para determinar los exámenes psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo para la emisión o revalidación de licencias de conducir, así como para establecer otras medidas de prevención de accidentes, tales como el uso obligatorio de sillas o asientos infantiles en todo vehículo automotor que transporte a menores de 0 a 12 años, entre otras.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XIII Bis del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a XIII. ...

XIII Bis. Prohibir y sancionar la falta de uso de sillas o asientos infantiles en vehículos automotores que transporten a menores de 0 a 12 años de edad;

XIV. a XVIII. ...

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32003 L0020

2 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-2005.html

3 http://who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/ report/summary_es.pdf?ua=1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputados: Carmen Victoria Campa Almaral, Daniela de los Santos Torres, Heidi Salazar Espinosa, Jonadab Martínez García, Jorge Ramos Hernández, María del Carmen Pinete Vargas, Pedro Garza Treviño, Ramón Bañales Arámbula (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Campa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Derechos de la Niñez, para su dictamen.

El diputado Jonadab Martínez García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Martínez García.

El diputado Jonadab Martínez García(desde la curul): Con su venia, señor presidente. Quiero felicitar a la diputada Carmen Victoria Campa con esta iniciativa y quiero hacer un re apunte nada más.

Hoy los jóvenes en nuestro país no mueren por el narcotráfico solamente o por la delincuencia organizada, sino los jóvenes de nuestro país están muriendo por factores y por falta de prevención de accidentes viales por diferentes factores: por el alcohol y el no uso del cinturón de seguridad, los niños por sistemas de retención infantil, y cosas por el estilo.

Por eso, quiero felicitar a la diputada por esta iniciativa y pedirle permiso para poder suscribir esta propuesta porque me parece muy importante para prevenir accidentes viales, muertes de jóvenes y una inmensa población que adquiere una discapacidad y que lamentablemente tiene que vivir con ella. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada, ¿Está de acuerdo en la adhesión?

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral(desde la curul): Sí, por supuesto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Con todo gusto. Está a su disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva para su adhesión correspondiente.

Esta Presidencia saluda a presidentes municipales y diputados locales del estado de Zacatecas, invitados por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza y el diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Partido Acción Nacional. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, el día de hoy presentamos un proyecto para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es importante el tema más aún cuando contamos solamente con ocho días para dictaminar la Ley de Ingresos y aprobar las propuestas de reforma a las leyes vinculadas con los ingresos de la Federación.

De nueva cuenta la inercia y las prisas consumen la oportunidad de hacer una buena Ley de Ingresos y de presentar una buena propuesta que atienda a los diversos sectores económicos de nuestro país.

El 8 de septiembre se entregó el paquete económico, el 8 de octubre se integraron, el día de hoy se instala y sesiona por primera vez la Comisión de Hacienda. Ésta fue instalada el día de ayer. Tenemos de plazo al 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y las leyes vinculadas con la misma, son ocho días y descontamos los días inhábiles sábado y domingo para hacer este trabajo que es de vital importancia para la nación.

En su comparecencia, Videgaray señalaba que el régimen de incorporación fiscal iba en buena marcha, que tenemos incorporados a este régimen 4.4 millones de contribuyentes, un millón más por encima de la cifra registrada antes de la reforma fiscal de 2013.

Quiero decirle al señor secretario que las cuentas no son tan alegres. Si en 2013 teníamos 14.47 millones en la informalidad, pequeños comerciantes y medianos comerciantes en la informalidad, quiere decir que solamente se ha avanzado en el 6.8 por ciento de ese universo.

Existe un problema en el registro de contribuyentes, y es un problema que no deriva por la evasión o la elusión que quiera hacer el ciudadano, es un problema de la fórmula para registrarlos y hacerlos parte de la contribución en este país.

En 2013 se logró rescatar el régimen simplificado para el campo y el régimen cooperativista, pero no se tuvo la intención política ni la fuerza para impedir la desaparición de Repecos con la sustitución del régimen de incorporación fiscal.

La propuesta del Ejecutivo, aprobada por el Congreso, impone diversas obligaciones normativas que resultan de complejo cumplimento para el grueso de la mayoría de los comerciantes en un sector social marcado por la pobreza. Difícilmente están en capacidad de emitir facturas electrónicas o solicitar facturas electrónicas y cumplir con las formalidades de aportar datos y registro en el sistema que tiene el SAT en Internet.

Aunado a ello tenemos que tomar en cuenta la falta de accesibilidad de Internet de un grueso de la población de nuestro país.

La dificultad que atraviesan estos sectores de la economía informal que pertenecen al sector más vulnerable de nuestra economía, propicia que estos encuentren siempre un obstáculo para cumplir con sus obligaciones fiscales, considerando que 53.2 millones de mexicanos se encuentran en pobreza.

Existe una desvinculación entre la propuesta que hace el Ejecutivo, a través de la ley fiscal para administrar la hacienda y para ingresar nuevos contribuyentes con la política económica y con las consecuencias que estas tienen en diversos sectores sociales.

El problema de recaudación no es responsabilidad fiscal de los pequeños y medianos comerciantes. Tenemos que hacer un cambio en la administración para facilitar el registro y el pago de impuestos para inducir a la formalidad y romper la informalidad de los millones de ciudadanos que tienen una economía de subsistencia y, consecuentemente, se encuentran imposibilitados para cumplir con las formalidades que exige el régimen de incorporación fiscal.

Proponemos una reforma a los artículos 111 y 112 de la Ley del Impuesto, para facilitar el registro de pequeños contribuyentes ante la autoridad fiscal mediante el uso de documentos oficiales, como el CURP.

También proponemos un acceso más fácil para los ciudadanos e incentivos fiscales que fomenten este sector de la economía social, el sector de la economía de la clase catalogada como pobre, que tiene actividades económicas de subsistencia.

Es importante dar un paso en este proceso de integración de la Ley de Ingresos y de las reformas a las leyes vinculadas para generar un mayor número de contribuyentes, facilitando el ingreso y el reporte de sus utilidades para efectos de pago de impuestos.

La propuesta está presentada, esperemos que en estos ocho días que tenemos para dictaminar las iniciativas que se han presentado, sean suficientes y exista voluntad para atender a este sector de la población que demanda su ingreso con reglas fáciles. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Juan Romero Tenorio, en carácter de diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decretoque reforma los artículos 105, 111, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. De los pequeños contribuyentes

La presente iniciativa se propone establecer el marco normativo que permita a las personas físicas que realizan actividades empresariales recuperar su carácter de contribuyentes con baja capacidad administrativa y económica, el cual estaba integrado en el régimen de pequeños contribuyentes (Repecos), en los artículos 137 y 138, de la Ley que fue abrogada en 2013.

Dicho régimen tuvo en sus orígenes en la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal de 1998, la cual tenía el propósito de incorporar al fisco a los vendedores de mercancías de uso generalizado, quienes operaban en baja escala y de los cuales muchos estaban en el sector informal de la economía.

Hasta diciembre de 2013, este régimen fiscal aplicaba a las personas físicas dedicadas al comercio, la industria, el transporte y a las actividades agropecuarias y ganaderas, con la condición de que únicamente enajenaran bienes o prestaran servicios al público en general.

Las personas físicas registrada en este régimen podían optar por pagar el ISR como pequeños contribuyentes, siempre y cuando los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año anterior al que declaraban fueran una suma inferior a 2 millones de pesos. Se consideraba un régimen opcional, porque el contribuyente podía optar por tributar en el régimen intermedio o en el de actividades empresariales.

Estas personas físicas debían pagar el impuesto sobre la renta, ISR, así como el impuesto al valor agregado, IVA, y el impuesto empresarial a tasa única, IETU. No obstante, mientras las entidades federativas evaluaban la cuota del IETU, éste ya formaba parte de la determinación estimativa para los efectos del ISR. Básicamente, el marco legal aplicable al régimen de pequeños contribuyentes se encontraba establecido en los artículos 137 al 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, LISR, en el numeral 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, LIVA, y el artículo 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, LIETU, que ya fue abrogado.

Todos estos impuestos se enteraban mediante el pago de una cuota fija en las oficinas recaudadoras (tesorería o secretaría de finanzas) de la entidad federativa donde los contribuyentes de este régimen obtenían sus ingresos, para que les determinaran de manera sencilla y rápida una cuota fija, integrada con los impuestos referidos.

De acuerdo con la exposición de motivos con la que el Ejecutivo presentó su iniciativa de nueva Ley del Impuesto sobre la Renta y el régimen de incorporación fiscal, el régimen de pequeños contribuyente se diseñó como un esquema simplificado que facilitaba el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre las facilidades otorgadas a estos contribuyentes, se les dejaba exentos de conservar comprobantes de sus proveedores y de emitir facturas de sus ventas.

No obstante, desde la visión de la autoridad, esa facilidad propició el rompimiento de la cadena de comprobación fiscal, dando lugar a espacios para la evasión y la elusión fiscales. Por ejemplo, señaló el ejecutivo, esas facilidades habían sido aprovechadas por algunos contribuyentes que indebidamente tributaban como Repecos, cuando en realidad la escala de sus operaciones era mayor. También, apuntó, se dan casos de contribuyentes del régimen general que interactuaban con Repecos, que aprovechaban las menores obligaciones de comprobación fiscal de éstos, para reducir el pago de sus propios impuestos.

Por su parte, un estudio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, argumentó que también se habían descubierto Repecos que “dividían” la percepción de sus ingresos entre otros sujetos y así lo declaraban ante las autoridades fiscales, disminuyendo la suma de los impuestos en comparación con sus impuestos correspondientes al ingreso global. Además, agregaba, hay quienes francamente evadían el pago de sus impuestos y no hacía declaraciones. A lo anterior se suman, como es de suponer, los millones de trabajadores independientes quienes ni siquiera están en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Régimen de incorporación fiscal

Para hacer frente a esa situación, el gobierno federal, con el argumento de que uno de sus objetivos prioritarios es alcanzar un incremento generalizado de la productividad y, para ello, señala, la productividad se encuentra estrechamente vinculada con el fenómeno de la informalidad.

Es más, el Ejecutivo argumenta que la facilidad en el cumplimiento del pago de impuestos representa un factor esencial para que los negocios que se van creando en una economía, particularmente los de menor escala, se incorporen de inmediato a la formalidad en la esfera tributaria y por ello, propuso una serie de cambios que implicaban la desaparición del régimen simplificado en el campo, del régimen cooperativista y del Régimen de Pequeños Contribuyentes, en este último caso, para sustituir los diversos regímenes fiscales aplicables a las personas físicas con actividades empresariales por un solo régimen, el Régimen de Incorporación para quienes obtuvieran ingresos por un millón de pesos.

En la discusión sobre la reforma hacendaria promovida por el Ejecutivo en 2013, se logró rescatar al régimen simplificado para el campo y el régimen cooperativista, pero no se contó con la con la fuerza para frenar la propuesta del Ejecutivo de imponer el régimen de incorporación fiscal, RIF.

Según la propuesta presidencial, a través del régimen de incorporación se pretende que las personas físicas con actividades empresariales y que prestan servicios, inicien el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en un esquema que les permita cumplir fácilmente, decían, con sus obligaciones tributarias. El problema es que en los propósitos de la Secretaría de Hacienda, al reducir el tope de ingresos, automáticamente los trasladaba al régimen general, lo que se aseguraba al establecer el límite de su permanencia en el régimen simplificado por sólo seis años. Para convencerlos de las bondades de tributar en el nuevo régimen, les ofreció incorporarlos a servicios de seguridad social. Finalmente, la propuesta del Ejecutivo imponía una serie de obligaciones normativas que resultaban muy complejas para ser administradas por los pequeños contribuyentes.

Por todo ello, la simplificación ofrecida no era sostenible.

Cabe recordar que en las negociaciones a finales de 2013 se logró elevar el tope para los pequeños contribuyentes, al nivel que estaba en la legislación anterior, en 2 millones de pesos, a lo que se agregaba el hecho de que la propuesta original del Ejecutivo contemplaba el descuentos en el ISR del 100 por ciento del pago, durante el primer año.

3. Dificultad para evaluar

No hay duda acerca de la necesidad de establecer esquemas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales y más en aquellos contribuyentes –pequeños comercios, microempresas, profesionistas independientes, pequeños productores– que por su tamaño, por lo reducido de sus inversiones y de sus operaciones, requieren que se apliquen medidas para facilitarles su operación.

Al respecto, en la propuesta original del Ejecutivo se advertía que “una comparación de los esquemas aplicados a pequeños contribuyentes en distintos países refleja que el límite de 2 millones de pesos es muy amplio, lo que fomenta el enanismo fiscal al ser aprovechado por unidades económicas con mayor capacidad contributiva”.

Conviene mencionar el “Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes”, disponible en la página del Servicio de Administración Tributaria, hace una revisión de los esquemas simplificados en diferentes países. Aunque no establece una relación entre los niveles de ingreso medio en cada una de esas economías, con los límites de ingresos máximos para recibir los beneficios de un esquema de ese tipo, se observa que, efectivamente, con los ejemplos que analiza, el tope de 2 millones de pesos anuales vigentes en México supera a la mayoría de los esquemas revisados, incluso en países como Estados Unidos y Canadá. No obstante, en el caso de España se advierte que el esquema aplica para rangos de 8 a 10 millones de pesos (aplicando un tipo de cambio de 13 pesos por dólar), muy superior al que se propone en México.

Más que tomarlo como una referencia concluyente para afirmar que el tope en el caso de México es muy amplio, en la revisión realizada por ese estudio confirma la intención de la mayoría de las autoridades hacendarias de establecer sistemas fiscales que otorguen un trato diferente para quienes por sus condiciones de operación y por las restricciones que les impone el contexto, no están en posibilidades de cubrir los costos de una contabilidad muy compleja, a lo que se suma que su dispersión y número complicaría y encarecería de manera sensible la administración de la recaudación de esos recursos, distrayendo la posibilidad de mejorar la recaudación en el caso de los medianos y grandes contribuyentes.

De hecho, no se puede dejar de lado el reconocimiento implícito del Ejecutivo, en el sentido de que el propósito del RIF es identificar a los proveedores que utilizan a los pequeños contribuyentes para evadir impuestos. Esto es, pretenden aprovechar la información de millones de pequeños contribuyentes, para fiscalizar a las decenas de miles de empresas, para no auditarlas directamente.

Cabe señalar que de acuerdo con los Indicadores de Recaudación contenido en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2003 y 2013 la recaudación del ISR en personas morales y físicas creció a una tasa media anual de 6.4 por ciento en términos reales, pasando de 322,421.6 millones de pesos corrientes en 2003 a 906,839.2 millones de pesos en 2013.

Por su parte, la aportación de las personas físicas o morales que obtienen ingresos inferiores a 5 millones de pesos anuales, Repecos o no Repecos, en 2013 sumó 58 mil 704.6 millones de pesos corrientes, que representaron 6.5 por ciento de la recaudación en ese año. Tomando en cuenta la información de Hacienda, la aportación de ese grupo de contribuyentes tuvo una tasa de crecimiento promedio anual, en términos reales, de 0.2 por ciento, la menor en el conjunto y su participación en la recaudación del ISR cayó de 11.8 por ciento en 2003, a 6.5 por ciento en 2014.

Sin embargo, eso no se puede atribuir a un esfuerzo de evasión por parte de los Pequeños Contribuyentes y en general de quienes tienen ingresos inferiores a cinco millones de pesos, sino a las dificultades que han debido atravesar los sectores más vulnerables de la economía nacional, en el contexto de una política pública que propicia la concentración del ingreso, al tiempo que erosiona las condiciones de operación y de sobrevivencia en la formalidad, de los trabajadores independientes y los micronegocios.

Cabe recordar que entre 2003 y 2013 el producto interno bruto (PIB) del país tuvo un crecimiento promedio anual, en términos reales, de apenas 2.6 por ciento, en tanto que el PIB per cápita lo hizo a una tasa media anual de sólo 1.3 por ciento. El problema está en que esas cifras se refieren a los promedios, por lo que a ese mínimo crecimiento se debe añadir un intenso proceso de concentración del ingreso, de modo que, las cifras más recientes del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) nos informan que entre 2008 y 2012 la población en condiciones de pobreza en el país creció de 49.5 millones de personas a 53.2 millones de mexicanos.

Por eso no se puede esperar que la aportación de los sectores con ingresos inferiores a cinco millones de pesos crezca al mismo ritmo que los estratos de ingresos más altos. Por ejemplo, según la información de Hacienda, la contribución de los que obtuvieron entre 5.1 y 20 millones de pesos creció a una tasa media anual en términos reales de 5.2 por ciento. El estrato de 20.1 a 100 millones de pesos lo hizo a un ritmo de 7.4 por ciento y así los demás.

Además, la información de la Secretaría de Hacienda demuestra la dificultad por la que atraviesan los diferentes sectores de contribuyentes y la misma autoridad para lograr un mayor porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Por ejemplo, según los informes trimestrales, en 2003 estaban dados de alta 530 mil 602 personas morales, pero sólo presentaron declaración de ISR 171 mil 851, es decir, apenas 32.4 por ciento de los contribuyentes obligados.

En los años siguientes el total de contribuyentes personas morales creció progresivamente, hasta llegar a 1.59 millones. Y el porcentaje de personas morales que presentó declaración aumentó hasta alcanzar un máximo de 62.8 por ciento en 2005; a partir de ese año, aunque aumentó un poco el número de personas morales que presentaron declaración, se estancó debajo de los 500,000, por lo que el porcentaje de las que presentaron declaración respecto al total de las personas morales disminuyó continuamente, hasta quedar en sólo 30.3 por ciento.

Sin duda, para las autoridades y para los legisladores ese comportamiento debería ser motivo de preocupación, ya que del universo de millón 599 mil 267 personas morales, contribuyentes activos registrados, reportadas por la Secretaría de Hacienda en 2013, sólo presentaron declaración 484 mil 318 empresas.

Probablemente muchas de esas personas morales son empresas fracasadas, que no lograron mantenerse en operación. Sin embargo, lo burocratizado que están los trámites para darse de alta o para darse de baja, propician que la misma autoridad no tenga claridad acerca de cómo mejorar la recaudación.

Algo semejante ocurre con las personas físicas con actividad empresarial, en las que el informe trimestral afirma que pasaron de 5.2 millones en 2003, a 7.3 millones en 2013; sin embargo, las persona físicas que presentaron declaración, después de alcanzar un máximo de 2.4 millones en 2005, comenzó a descender, hasta llegar a 1.4 millones en 2013. Así, la participación de las personas físicas con actividad empresarial que presentaron declaración, pasaron de representar un máximo de 22.8 por ciento en 2003, a 16.5 por ciento en 2013.

Como se observa, hay una gran desvinculación entre el universo de contribuyentes que administra Hacienda y la realidad de quienes pueden presentar declaración en el contexto de la actual política económica.

Y eso es más grave cuando se analizan otras cifras del sector hacendario, como el dato de que la declaración del IVA del sector manufacturero en 2013, donde hay 130 mil 563 personas morales registradas, fue negativa en 84 mil 769 millones de pesos, que es una cifra muy llamativa porque no significa que hayan dejado de pagar, sino que el fisco les pagó a ellos.

Nuevamente, eso es consecuencia de una política que ha destruido la planta productiva nacional que abastecía al mercado interno, en tanto que la que opera es la manufactura trasnacional dedicada a exportar, por lo cual reciben devolución de impuestos. Esto debe preocupar mucho más que el hecho de que los 8.5 millones de potenciales Repecos, que identificó el estudio mencionado anteriormente, que si cumplieran con el 100 por ciento de su contribución aportarían 71 mil 537 millones de pesos.

Esto demuestra, como ya señalamos, que en realidad el problema de la recaudación y de responsabilidad fiscal no se localiza en los Repecos, y sí, más bien, urge un cambio en la administración fiscal, para facilitar el pago de impuestos, para inducir a la formalidad, pero con estrategias claras, no como la reforma laboral que erosiona el mundo laboral formal, o con la política comercial, que legitima la competencia desleal del exterior y destruye la capacidad productiva del país.

Asimismo, es necesario mejorar la calidad de la información fiscal, porque esta que analizamos en esta iniciativa, demuestra que aún es necesario mejorar el conocimiento del universo de contribuyentes, eliminar duplicidades y diseñar políticas que permitan fortalecer la actividad económica y con ello la recaudación.

Es por eso que presentamos esta iniciativa que en esencia busca recuperar en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, los beneficios de los que disponían los Pequeños Contribuyentes en la Ley anterior.

4. Descripción de la reforma

La iniciativa que se pone a consideración reforma los artículos 111 y 112 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se encuentra vigente. En esta reforma se propone facilitar el registro del pequeño contribuyente ante la autoridad fiscal, mediante el uso de documentos oficiales como la CURP.

Se propone también, a partir de las propuestas de los propios pequeños contribuyentes, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de llevar el registro de entradas y salidas, utilizando el medio o la tecnología que les resulte más sencillo para cumplir sus obligaciones. Para ellos llevar la contabilidad en un libro de ingresos y egresos y un detalle de las inversiones que se realizan es un elemento de información que es una garantía para la autoridad.

Asimismo contempla la posibilidad de emitir facturas impresas o electrónicas, también en función de su accesibilidad a los diferentes esquema tecnológicos, con el propósito de que el cliente tenga la posibilidad de hacerlo deducible. Cabe recordar lo que establece actualmente el Artículo 29 –A del Código Fiscal de la Federación:

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos:

I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

III. El lugar y fecha de expedición.

Posibilidad de pagar con efectivo las compras que realicen los pequeños negocios, por un monto de hasta 10 mil pesos, conservando la factura correspondiente, pero sin caer en la obligación de bancarizar sus pagos con tarjeta o cheque, a menos que así convenga al contribuyente.

La iniciativa considera la posibilidad de deducir hasta 40 salarios mínimos al bimestre, en semejanza a lo aplicado en el régimen simplificado, así como seis salarios mínimos, para la creación de nuevos empleos. En cuanto al tope de referencia, los 6 millones de pesos corresponden a la cifra redondeada de los 2 millones establecidos en 1997, a cifras actualizadas desde enero de ese año a agosto de 2015.

Se elimina la definitividad de las declaraciones para estos contribuyentes, para mantener abierta la posibilidad de hacer declaraciones correctivas, a la autocorrección, y evitar multas que eliminen sus posibilidades de mantenerse en operación. También se elimina la condición de que los pequeños contribuyentes no cuenten con título profesional.

Se incluye la posibilidad de que el domicilio fiscal sea el lugar en el que el contribuyente realice su actividad generadora de ingresos, y no su domicilio particular, lo que genera incertidumbre y rechazo a la obligación que pretende imponer la autoridad hacendaria.

Finalmente, se propone la aplicación directa de la tabla de ingresos para hacer el pago del impuesto.

Comparativo de la propuesta de reforma en comparación con el régimen de incorporación fiscal y la Sección III derogada.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 105, 111, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Primero. Se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona un artículo 113 bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas o morales, que realicen actividades empresariales de producción, enajenación y adquisición de bienes y servicios o bien, que enajenen a título oneroso bienes muebles o inmuebles o presten servicios de cualquier índole, pagarán el impuesto sobre la renta en los términos y condiciones establecidos en esta Sección, excepto aquéllos cuyos ingresos propios por la actividad empresarial o profesional obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos.

...

...

...

I. Los socios o trabajadores de personas morales con fines lucrativos o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley. También estarán limitadas a tributar en los términos del régimen fiscal regulado en esta Sección, aquellas personas que de conformidad con el artículo antes citado se encuentren vinculadas con personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección.

II. ...

III....

IV. ...

V. ...

VI. Los contribuyentes que obtengan más del veinte por ciento de sus ingresos por la enajenación onerosa de mercancías de procedencia extranjera. En este supuesto, los contribuyentes deberán conservar la documentación comprobatoria de la adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, misma que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes que deban realizar el pago del impuesto con apego a lo dispuesto en esta Sección, deberán calcular y enterar el impuesto bimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero posteriores al bimestre correspondiente, aplicando la siguiente tabla:

Tabla Bimestral

Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate, se determinará por la diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el bimestre que corresponda, en efectivo, en bienes o en servicios, los gastos y compras necesarios e indispensables para la realización de su actividad o el equivalente de cuarenta salarios mínimos elevados al bimestre, además de las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso que se generen nuevos empleos se otorgará una deducción adicional de seis (6) salarios mínimos vigentes, por cada uno de los empleos generados.

...

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el artículo 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 120 y 127 de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar el importe que el contribuyente deberá pagar por concepto del impuesto sobre la renta por el factor 7.35.

...

...

En el supuesto en que los contribuyentes efectúen los pagos del impuesto sobre la renta en una temporalidad diversa a la expresada en el párrafo anterior, previo cumplimiento de las formalidades que establece esta Ley, los ingresos y la disminución que les corresponda en los términos del párrafo anterior deberán multiplicarse por el número de meses al que corresponda el pago.

Los ingresos que deriven de la realización de cualquier tipo de operaciones en crédito se considerarán para efectos del pago del impuesto sobre la renta cuando sean debidamente cobrados en efectivo, en bienes o en servicios.

La cantidad límite a la que los contribuyentes deberán sujetarse para poder realizar el pago del impuesto sobre la renta en los términos y condiciones descritos en esta sección, se actualizará anualmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

(Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 112. ...

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la identificación oficial, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio donde haya radicado en los últimos seis meses.

II. ...

III. Registrar en un libro de ingresos y egresos o en su caso en los medios o sistemas electrónicos, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.

Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes en forma impresa o por vía electrónica, con la posibilidad de utilizar para ello la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus inversiones, cuyo importe sea superior a $10,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios.

...

VI. Presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago del impuesto sobre la renta, mediante declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el importe de la citada contribución en los términos y condiciones establecidos en el artículo 111 de esta Ley. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos o en su caso pago provisional, si se llegara a requerir una declaración complementaria.

Los pagos a que se refiere esta fracción se enterarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre y cuando dicha entidad federativa tenga celebrado un convenio de coordinación para administrar el impuesto materia de esta Ley, y en los términos y condiciones establecidos en esta sección. En el supuesto en que la entidad federativa en donde perciba sus ingresos el contribuyente no celebre el citado convenio de coordinación, o bien, haya llegado el término del mismo, los pagos correspondientes del impuesto materia de esta ley se realizarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales federales.

Si los contribuyentes a que se refiere el párrafo primero de este artículo tienen establecimientos, sucursales o agencias en dos o más entidades federativas, enterarán el impuesto sobre la renta bimestralmente, en la o las entidades federativas que corresponda, considerando la cantidad que resulte por concepto del impuesto referido en relación con los ingresos obtenidos en cada una de ellas.

El Servicio de Administración Tributaria, y en su caso, las entidades federativas con las que medie convenio de coordinación para la administración de la contribución materia de esta Ley, podrán ampliar los periodos de pago a períodos trimestrales, cuatrimestrales o semestralmente, teniendo en cuenta la rama de la actividad económica, así como la circunscripción territorial de los contribuyentes.

Las entidades federativas con las que la Federación celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto en los términos establecidos en esta Sección, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar las cuotas fijas para el cobro del impuesto respectivo.

VII. ...

VIII. No podrán declarar en los términos de esta sección, los contribuyentes cuyos ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses, obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo de esta Ley

Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta Sección, los contribuyentes que hubieran tributado en los términos de las Sección I de este Capítulo, salvo que hubieran tributado en las mencionada Sección hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente, y que sus ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido de la cantidad señalada en el párrafo primero del artículo 111 de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán |llevando la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, durante el primer ejercicio en que se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los ingresos en el primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción sean superiores a la cantidad límite señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta Sección y pagarán el impuesto conforme a las Sección I del presente Capítulo, debiendo efectuar el entero de los pagos provisionales que le hubieran correspondido conforme a esta última Sección, con la actualización y recargos correspondientes al impuesto determinado en cada uno de los pagos.

Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que en el primer semestre no rebasen el límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior y obtengan en el ejercicio ingresos superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley, pagarán el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en las Sección I de este Capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de esta Sección. Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos correspondientes a la diferencia entre los pagos provisionales que les hubieran correspondido en términos de las Sección I de este Capítulo y los pagos que se hayan efectuado conforme a esta Sección III; en este caso no podrán volver a tributar en esta Sección.

IX. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a $2,000.00.

X. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el importe total de la operación en número o letra.

En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes, Fiscales la copia de la parte de los registros de auditoría de dichas máquinas en la que aparezca el importe de la operación de que se trate.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores a $100.00.

XI. No realizar actividades a través de fideicomisos.

Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen a título oneroso la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no podrá ser sujeto del Régimen de regulado en esta Sección, y en consecuencia, deberá enterar el impuesto con apego al régimen que le corresponda en atención a la naturaleza y la finalidad de la actividad empresarial o profesional que desarrolle.

Artículo 113 Bis. Los contribuyentes personas físicas que perciban ingresos por concepto de cualesquiera de los ramos de seguro que componen el esquema integral de seguridad social, así como los beneficiarios de los programas de salud, asistencia y desarrollo social que implemente la Federación en coordinación con las administraciones de las entidades federativas, municipales, del Distrito Federal y de aquellas zonas en que el Estado mexicano ejerza su jurisdicción federal, podrán ser sujetos del Régimen que regula esta Sección, siempre y cuando el monto de los ingresos que perciban por cualesquiera de las actividades empresariales o profesionales que realicen no rebase de la cantidad señalada en el párrafo primero del artículo 111 de esta Ley. Asimismo, podrán optar por tributar de conformidad con este párrafo los contribuyentes que perciban ingresos de los comprendidos en el Título IV, Capítulo I, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, de esta Ley, siempre y cuando estos ingresos no rebasen el monto de cuatrocientos mil pesos anuales.

Segundo. Se reforman las fracciones IX y XXVI del Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta señalado en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de diciembre de 2013, para quedar como sigue:

Artículos Primero a Octavo. ...

Artículo Noveno. ...

I. a VIII. ...

IX. Los contribuyentes obligados a presentar declaraciones informativas en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán presentar las declaraciones correspondientes al ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2013, a más tardar el 15 de febrero de 2014. Quienes tributaban bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes y en el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, quedan exentos de esta disposición.

X. a XXV. ...

XXVI. Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente.

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en esta sección, o cuando se presente cualquiera de los supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta Sección y deberá realizarlo en los términos de la presente ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia en esta sección de esta ley, según sea el caso.

Los contribuyentes que tributen en los términos de esta sección, y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general. Deberán cumplir con lo señalado en el artículo 112, fracción III, de este régimen.

XXVII. a XLIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Romero. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Recibimos al alcalde de Ixtlán del Río, Nayarit, José Antonio Alvarado Valera, invitado por la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, sea usted bienvenido.

EFEMERIDE DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 5 de octubre Día Mundial de los Docentes. Tiene la palabra para referirse al tema, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, seguramente muchos de nosotros recordamos el día de ayer a los maestros que nos auxiliaron con su saber o con sus consejos, y cuya actitud y ejemplo han dejado una profunda huella en nuestra vida.

Es maestro el que educa, el que forma. Sin duda nuestra vida ha estado plena de esos nobles ejemplos.

La reforma educativa puso un fuerte énfasis en los maestros y es justo que se les aliente y apoye en aspectos tan sustanciales como el que cuenten con adecuados estímulos o que reciban cursos de actualización acordes a la realidad del país.

Las maestras y los maestros de México son el recurso más valioso que tiene el sistema educativo para realizar su tarea transformadora y modernizadora.

Han demostrado ser un profesorado calificado, dedicado y comprometido. De ello dan cuenta más de 33 millones de niñas y niños, adolescentes y jóvenes todos los días.

El México moderno y sus instituciones que hoy disfrutamos son el resultado también y el fruto de la vocación de miles de maestras y de maestros que al ejercer su profesión con tal entrega y compromiso y ejemplo de autoridad, les han dado la posibilidad de trascender en nosotros y con los demás.

Ellos han contribuido a forjar mujeres y hombres libres, autónomos y comprometidos con su entorno.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Docentes, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza me enorgullece reconocer la noble labor que realizan día a día más de 2 millones de maestros y de maestras en nuestro país. Muchas gracias.

«Efeméride con motivo del 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI y 62, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente efeméride, relativa al Día Internacional del Docente; al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Cualquier ciudadana o ciudadano del país, e inclusive del orbe, recuerda en más de una ocasión a aquella mujer, a aquel hombre, que traspasando las fronteras de su ámbito familiar, le enseñó y auxilió en más de una tarea que fue definitoria para su vida, y sin lugar a dudas, ese personaje fue un docente. Aquel que mediante el diálogo no solo transmite conocimientos, sino que enseña a los demás a construirlos.

La o el docente, cuya vocación en la vida es enseñar, cree en la palabra como piedra angular de su tarea y ocupa este instrumento con tal pasión y compromiso, que su práctica se puede equiparar a un apostolado; pero el ejercicio de su vocación no se trata de un hecho religioso, comparable a ermitaños o ascetas. Muy al contrario, es un ejercicio de entrega, que en su continua realización le da la posibilidad de trascender en los demás.

La labor de las y los docentes se manifiesta en una colaboración y transmisión de conocimientos y saberes de manera permanente para que otras personas puedan ver, entender, descomponer, enriquecer, mejorar y preservar claramente la realidad, la vida, en suma, el contexto en que se ubican y que han de transformar.

Por lo tanto, ser docente exige vocación de servicio para formar futuras ciudadanas y ciudadanos en lo intelectual, personal, social y emocional; reconociendo, perfeccionando y ampliando sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y, principalmente, enseñando los métodos y procedimientos para que cada uno pueda hacerlo por su propia cuenta, siendo ésta la mayor recompensa: forjar mujeres y hombres libres, autónomos y comprometidos con su entorno.

Es digno de reconocer esta entrega; pero hoy a las y los docentes hay que ayudarles, apoyarlos y demostrarles nuestro compromiso, pues su espacio de trabajo como son las escuelas, se han vuelto receptoras de todo lo que pasa en la sociedad: no están al margen de la conflictividad social, de la crisis de proyecto a futuro que atraviesan los jóvenes y del deterioro de los lazos sociales.

En el pasado, el ejercicio de la profesión docente detentaba una gran dignidad que surgía del saber y del lugar destacado que ocupaba el educador en la sociedad; sin embargo, ante los cambios sociales y las transformaciones que han impulsado las Tecnologías de la Comunicación y la Información, ya no es la escuela el templo del saber y el docente, el “mago” que todo lo sabe.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en el marco del Día Mundial de los Docentes, celebrado anualmente cada 5 de octubre, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconocemos su trascendente papel dentro de la sociedad del conocimiento del siglo XXI, como agente y recurso más valioso que tiene el sistema educativo para realizar su tarea transformadora y modernizadora de la sociedad.

El Día Mundial de los Docentes brinda al Gobierno mexicano la oportunidad de refrendar sus compromisos con los más de dos millones de maestras y maestros de México. La Reforma Educativa puso un fuerte énfasis en ellos; este es un momento propicio para apoyar y alentar a los principales actores de la educación.

Ellas y ellos, a pesar de los conflictos y múltiples descalificaciones, han demostrado ser un profesorado calificado, dedicado y comprometido con la calidad educativa y cada día, demostrando su vocación y entrega. Refrendan su compromiso con el futuro de esta Nación: más de 33 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, gracias a este noble apostolado, aprenden a aprender, aprenden a ser, aprenden a hacer y aprenden a convivir con los demás.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de octubre de 2015.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Bañuelos.

Se da la bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria Narciso Mendoza, del Estado de México. Así como del Instituto Cultural Geos, invitados por la diputada Rocío Díaz Montaño. Asimismo se da la bienvenida a los presidentes municipales del estado de Puebla, invitados por el diputado Miguel Ángel Huepa Pérez. Sean ustedes bienvenidos.

Se ha inscrito para su posicionamiento, los siguientes diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por tres minutos: diputada Mirza Flores Gómez, del Partido Movimiento Ciudadano; diputada Delfina Gómez Álvarez, de Morena; diputado Francisco Alberto Torres Rivas, del Partido Verde Ecologista; diputada Hortensia Aragón Castillo, del PRD; diputada Rocío Matesanz Santamaría, del PAN; diputado Matías Nazario Morales, del PRI.

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Mirza Flores Gómez, del Partido Movimiento Ciudadano.

La diputada Mirza Flores Gómez:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados, esta efeméride del Día Internacional del Docente tiene una gran relevancia, nosotros los maestros docentes tenemos un compromiso con la academia, con nuestro mayor compromiso es con la educación.

Hoy que celebramos el Día Internacional del Docente frente a ustedes y frente a la nación, me gustaría presentarles tres reflexiones:

La primera, el docente tiene reconocimiento social y técnico, porque aporta ideas, porque aporta innovación, porque aporta incentivos para los jóvenes en nuestro país y su esfuerzo en este país no ha sido reconocido, ha sido el Estado omiso en observar detenidamente sus aportaciones.

La segunda reflexión que quiero presentarles va en sentido estricto del presupuesto que se destina y asigna al pago de los docentes. Mientras hay trabajadores profesionales en países a los que volteamos a ver y los llamamos países del primer mundo, como Islandia, Alemania, nuestros países del norte, Estados Unidos, Canadá. En nuestro país el tabulador del docente tiene 482 variaciones, no gana lo mismo un docente que da una cátedra en un horario y en una clase, incluso la misma escuela que otro, y varia por razones que a veces desconocemos.

Por eso pensamos que la reforma educativa no ha terminado de cumplir con este objetivo. La tercera reflexión va en el sentido estricto de la solidaridad que Movimiento Ciudadano y la bancada de diputados ciudadanos hacemos con los docentes, pero particularmente debo de decir, un reconocimiento a todos los docentes de Jalisco, a los docentes de mi distrito 6 federal en Zapopan, porque conozco sus carencias, conozco sus necesidades. Por eso esta participación en esta alta tribuna se las dedico.

Hago un exhorto respetuoso para que la Secretaría de Educación Pública atienda los reclamos de los docentes de mi distrito, de mi estado y de nuestro país. Por supuesto, hago una especial felicitación a los docentes que nos acompañan el día de hoy y a los que el día de hoy también son diputados. Una sincera felicitación. Muchas gracias, presidente, es cuanto.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Tiene ahora la palabra hasta por tres minutos la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Guadalupe Hernández Correa:Con su permiso, señor presidente. Desde hace 21 años la Unesco proclamó el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes. El tema escogido para esta conmemoración en 2015 es el de ponderar al profesorado para construir sociedades sostenbibles.

Sobre este tema, en el Foro Mundial de Educación celebrado en mayo de 2015, se emitió una declaración en la que los participantes se comprometieron a impulsar el empoderamiento de los maestros docentes y enseñantes, así como impulsar a que los maestros sean debidamente contratados y a que reciban una buena formación.

En la declaración de este Foro Mundial de Educación también se acordó impulsar que los maestros tengan la motivación y el apoyo necesario por el sistema educativo de su país; promover que los sistemas educativos dispongan de recursos necesarios para alcanzar su propósito, y a impulsar que los sistemas sean dirigidos de manera eficaz y eficiente.

En México es claro que la reciente reforma educativa surgida del Pacto por México, va en contra de cualquier empoderamiento de los maestros. El empoderamiento de los maestros es un asunto que no tiene cabida en las categorías y estándares adoptados con la reforma educativa para el Sistema Educativo Mexicano.

La reforma educativa se ha traducido en el conflicto social más largo y complejo de este sexenio. Permanentemente se conoce de ataques de fuerzas policiacas a maestros en distintas partes del país.

Desde el Ejecutivo federal se ha instrumentado una cruzada moral en contra de los maestros. Todos los días se gastan recursos millonarios para anunciarnos que la reforma educativa eleva la calidad de la educación y respeta los derechos de los maestros; pero a la par se estigmatiza y se señala negativamente.

La reforma educativa fue aprobada sin el consenso de los actores principales, a los que está dirigida. Fue aprobada entre retenes policiacos fuera de este recinto legislativo, en el Centro Banamex, con un dictamen que fue elaborado en las mesas secretas del Pacto por México, en las que algunos de los aquí presentes participaban y acordaban.

A pesar de lo que digan sus impulsores sobre la reforma educativa, ha significado una reforma laboral y administrativa disfrazada que legalizó la posibilidad de despedir a maestros.

Una verdadera reforma a la educación debe partir del reconocimiento sin condiciones del derecho a todos a la educación; debe considerar también el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, incluyendo del derecho a la democratización y a sus sindicatos, así como a la construcción profunda de las instituciones educativas públicas.

No debe existir en México personas que no puedan acceder a la educación. El Estado mexicano tiene una deuda con los maestros y con el derecho a la educación, de todos los mexicanos.

Por ello en el marco del Día Mundial de los Docentes, Morena reivindica que está del lado de los maestros de México. En Morena tenemos un profundo respeto por los docentes.

Los maestros son los agentes de cambio social más importante que tiene el país. Ese ha sido su papel en la historia de la humanidad y este es el papel que le debemos reconocer a los maestros en este país.

El Grupo Parlamentario de Morena reitera en este día que pugnará por todos los medios a su alcance para revertir este tipo de reformas como lo es la reforma educativa y todas las reformas surgidas del Pacto por México, que han significado un retroceso político y social que tienen al país enfrentado y en conflicto permanente. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Alberto Torres Rivas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Alberto Torres Rivas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, como se refirió en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, queda demostrado que los países con mayor preparación académica aceleran el crecimiento económico en forma sostenida e incrementan la calidad de vida de su población.

Para lograrlo, es indispensable proveer una educación de calidad que potencia el desarrollo de las capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano, por lo cual se logrará a través de la conducción de esfuerzos que permitan transitar hacia una sociedad competitiva.

Sin duda, la educación es un claro indicador de la brecha de desigualdad que lamentablemente hoy en día sigue prevaleciendo en nuestro país. No obstante, las acciones que la actual administración ha implementado, da muestras claras de las grandes posibilidades con la que cuenta nuestro país para desarrollar e impulsar el potencial humano de los mexicanos.

Como resultado de los trabajos impulsados por el gobierno federal, tenemos los avances que se han reflejado en materia educativa, que hoy garantizan el acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población, siendo esto uno de las cinco metas nacional para lograr un México con educación de calidad.

Parte importante del trabajo conjunto en materia de educación, son los docentes, ya que representan el primer y más importante punto de contacto entre el sistema educativo nacional con los niños y los jóvenes.

Estos son los responsables de entablar la relación pedagógica mediante la cual el Estado mexicano contribuye a la formación intelectual, moral y afectiva de los alumnos, garantizando con ello el cumplimiento a lo dictado por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de la importancia y su participación en uno de los temas de gran sensibilidad de la sociedad durante décadas dicha labor fue mal utilizada por personas no calificadas para la impartición de educación, involucrando el tema educativo en un conflicto de intereses económicos e incluso políticos en perjuicio de las niñas y de los niños mexicanos.

Para ello, la actual administración dirigió importantes esfuerzos para definir estrategias que permitan erradicar conductas que perjudiquen el libre desarrollo de las personas, que por diferencia de intereses se les violenta una de las garantías fundamentales, como es la educación.

Parte de dichas acciones es la creación del servicio profesional docente, que promueve la formación, selección, actualización y evaluación del personal dicente. A través de ello se garantiza que la educación que reciben nuestros niños y jóvenes mexicanos sea de mejor calidad, lo que abona de manera positiva a la competencia educativa entre alumnos y la posibilidad de los docentes que por décadas habían estado impedidos para participar por una oportunidad laboral.

Es por ello que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Docentes hacemos un llamado, a todos aquellos que participan de manera activa en la impartición de la educación, para redoblar y conjuntar esfuerzos en favor de una nación más competitiva.

Como cada año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lanza un llamado a la concientización respecto de la importante labor de los docentes.

Este 2015 afirma que se debe empoderar al profesorado para construir sociedades sostenibles, ya que es un hecho reconocido que los docentes no sólo son un medio para alcanzar los objetivos de la educación, sino también la llave de la sostenibilidad y la capacidad nacional para lograr el aprendizaje y crear sociedades basadas en el conocimiento, los valores y la ética.

Estamos conscientes de la gran problemática que envuelve la docencia, la falta de personal, la escasa capacitación y la baja consideración social, son algunas de las causas. Para su combate la UNESCO propone que los docentes reciban una buena formación, estén calificados profesionalmente, motivados, apoyados y dirigidos de manera eficaz.

En nuestro país el trabajo en materia educativa es aún incipiente, sin embargo, estamos convencidos de que vamos en la vía correcta. Coincidimos que para lograr convertirnos en una nación competitiva se deben impulsar las políticas públicas como las que hoy en día se transita.

Utilicemos el Día Mundial de los Docentes como un recordatorio de la labor diaria que todos los actores debemos desempeñar siendo parte esencial los docentes, a los cuales debemos empoderar como paso decisivo en la consecuencia de la educación de calidad y las sociedades sostenibles.

Por todo lo manifestado, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos a la conmemoración del Día Mundial del Docente, reafirmando nuestro compromiso con la sociedad para dirigir los trabajos legislativos que garanticen la protección de los derechos y consecuentemente una mejor calidad de vida para los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torres. Tiene ahora la palabra hasta por tres minutos la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:Muchas gracias, presidente. Compañeros y compañeras diputadas, diputados, saludamos la celebración del Día Mundial del Docente desde una perspectiva ambivalente, por un lado el desaliento que produce la existencia en pleno siglo XXI de miles de escuelas sin la infraestructura necesaria para que los maestros puedan impartir sus clases de manera adecuada y en condiciones dignas para sus alumnos.

Por el otro lado, convencidos y convencidas de que debemos empeñar todos los esfuerzos en alcanzar la educación de calidad que beneficie a todas y todos los niños, niñas y jóvenes de México.

Y aunque celebramos sin regateo algunos aspectos de la reforma educativa en vías de implementación, en el PRD no estamos de acuerdo con que exista un régimen laboral de excepción para los docentes, creado con el pretexto de eliminar un cacicazgo sindical, porque esta ha sido la política del régimen peñista en todas las áreas de la administración pública.

Estamos de acuerdo, sin embargo, en los procesos de evaluación continua para la superación de las deficiencias formativas e informativas de los profesores, a través de programas de capacitación permanente. Estamos de acuerdo en que esta evaluación tome en consideración el contexto y las condiciones en donde se imparten las clases, así como las necesidades específicas de la población estudiantil, para que la integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje pueda llevar al adelanto de las desventajas socioeconómicas.

Estamos de acuerdo, pues, en una reforma educativa que establezca un perfecto balance entre el interés superior de la niñez y los derechos laborales de magisterio.

Lo anunciamos desde este momento desde la bancada perredista, en esta Cámara seremos coadyuvantes proactivos en la implementación de esta reforma educativa, para evitar los tintes punitivos y autoritarios que pudieran pretenderse. Estamos convencidos y convencidas de que la reforma educativa que México requiere debe ser constructiva y no persecutoria.

Revisaremos cuidadosamente el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2016, priorizando la asignación de recursos para los programas de capacitación y evaluación para una educación de calidad, así como los de infraestructura educativa. Fortaleceremos el programa de Igualdad de Género e incrementaremos los fondos destinados a las escuelas normales, como formadoras de docentes.

Debemos decirlo claramente, la transformación de la educación en México para el PRD tiene un solo objetivo, que la enseñanza vuelva a ser para los jóvenes un instrumento de movilidad social que elimine la inequidad y las profundas desigualdades que México vive.

Con la reforma educativa México no apuesta por el futuro, se juega el presente, porque el crecimiento de un país debe ir de la mano del desarrollo integral de su población y del engrandecimiento de su magisterio.

Estoy convencida de que hay muchos, son muchos más los buenos maestros y maestras de este país. Soy maestra, me siento orgullosa de serlo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Aragón. Tiene ahora la palabra la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

La diputada Rocío Matesanz Santamaría:Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Desde 1994, la UNESCO celebra el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes, y este año el lema que lleva es “Empoderar al profesorado para construir sociedades sostenibles”.

De acuerdo con el informe de este mismo organismo, señala que se requerirán para el año 2030 más de 27 millones de docentes en el nivel primaria, pero además menciona que a nivel mundial se encuentran 58 millones de niños que no asisten a la escuela y además se menciona que el 40 por ciento de ellos nunca pondrá un pie en ella. México no es ajeno a esta problemática.

Sin duda, una de las grandes deudas del Estado mexicano, durante décadas, ha sido impulsar la educación de calidad para los estudiantes y procurar el bienestar de sus docentes.

A pesar de las políticas educativas impulsadas en nuestro país, las zonas rurales y comunidades indígenas siguen presentando deficiencias en la presencia de profesores, deficiencias en infraestructura escolar, en mantenimiento, en equipo y sobre todo en materiales.

Por eso, desde esta soberanía debemos impulsar que estas carencias que se presentan en estas zonas vayan disminuyendo día a día.

Quiero hacer una mención especial a los maestros rurales y felicitarlos por este día. Hombres, mujeres y jóvenes quienes día a día fomentan e impulsan la educación y la enseñanza no solo para quienes están en las aulas sino también para quienes no cuentan o no tuvieron las mismas oportunidades por sus condiciones económicas, sociales o condiciones culturales.

También, no podemos dejar de lado a los docentes de las grandes ciudades, quienes a pesar de contar con mayores herramientas y medios para enfrentar esta gran tarea sufren actualmente un fuerte fenómeno de descomposición del tejido social, que hace de su actividad como docente una difícil tarea no solo para enseñar o educar sino también para orientar, para ser un referente y un apoyo dentro y fuera del aula.

Hay que recordar que los docentes son el primer y más importante punto de contacto del sistema educativo con nuestros niños y nuestros jóvenes.

En el Grupo Parlamentario del PAN consideramos imperante reivindicar el papel del docente, devolverle la dignidad y el rol tan importante que juega dentro de nuestra sociedad.

Compañeras y compañeros diputados, México ha dado un importante paso tras la reforma educativa de los últimos años, reforma que va caminando y que debemos seguir fortaleciendo desde esta soberanía.

Es por eso que hoy el Grupo Parlamentario del PAN responde y felicita a la labor que realizan todos estos docentes, sin importar, sobre todo, las condiciones donde se desempeñan, de aquellos a quienes no les importa la geografía del lugar, el clima o las condiciones en las que se encuentran sus escuelas. Que están del lado del aprendizaje, que están del lado de la formación y de la orientación de los niños y jóvenes de todo nuestro país.

El servicio del docente debe reconocerse más allá de la enseñanza de una lección y verlo como un orientador que forma parte elemental en el desarrollo y la prosperidad de nuestras generaciones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Matesanz. Tiene ahora la palabra el diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El diputado Matias Nazario Morales:Con su venia, señor presidente. El Grupo Parlamentario del PRI, nos sumamos al Día Mundial del Docente.

La función desempeñada por las y los maestros mexicanos, construye con esfuerzo y calidad la educación de la sociedad mexicana que llevará a mejores condiciones de vida. Este año la Unesco tiene el siguiente lema: Empoderar a los maestros, clave de la construcción de sociedades sostenibles. Este y otros temas relevantes son los encomendados a los docentes. Muchos son los retos que enfrentan los maestros, falta de insumos, instalaciones en mal estado, inseguridad, entre otros.

Por ello, el magisterio, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están promoviendo los cambios urgentes que requiere el sistema educativo nacional. La fortaleza de la reforma educativa impulsada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, permite apoyar y actualizar a los maestros para lograr la competitividad y abatir el rezago educativo y una mayor capacitación de los docentes.

La mejora de la infraestructura de las escuelas está en marcha: techumbres, canchas, bardas, entre otros avances. Para reforzar los cambios positivos, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para que sean instalados bebederos de agua potable en cada escuela del país, dichos cambios es para beneficiar a maestros y a niños; para vencer la obesidad, que contribuya a una infancia sana, los bebederos de agua potable mejorarán la salud de los alumnos en todos los rincones de la República.

La matrícula sigue en aumento, el gobierno federal siempre estará atento a la necesidad de las y los mexicanos, tal como lo citó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, los maestros no deben de tener miedo, sino al contrario, nadie puede ser obligado ni a marchar, ni a hacer cosas que no están en su ámbito.

La evaluación se creó para mejorar las condiciones de los docentes, que no quede duda, los derechos laborales no están en riesgo, y sí el reconocimiento a los maestros que día a día entregan su esfuerzo y cumplen con esa gran labor de la enseñanza. Cierto es que no podemos continuar con aulas vacías mientras algunos maestros están en marchas. La ley debe imperar.

Reconocemos que los maestros que salgan bien evaluados podrán incrementar sus ingresos hasta en un 220 por ciento, dependiendo de la distancia donde desarrollen sus actividades, porque hay que reconocerles que están en las montañas, en las selvas, en zonas depauperadas, así como en las grandes ciudades.

El aula traspasa el edificio y se convierte en una labor cotidiana en la cual el Estado ofrece libros de texto gratuitos a todos y no condiciona en ningún modo la enseñanza. La educación que ofrece el Estado es pública, laica y gratuita.

Somos una gran familia mexicana que está trabajando para mejores condiciones educativas y transmitir el conocimiento actual que requieren nuestras nuevas generaciones. Los docentes están apoyados por el Poder Legislativo. Siempre actualizaremos y construiremos leyes en beneficio de los maestros.

En el entorno global, México está reconocido en materia educativa en los rankings mundiales. Los miles y miles de docentes tienen el apoyo del gobierno federal. Refrendamos el compromiso con ellos y les pedimos vencer todas las resistencias que operan sin razón.

La reforma educativa es para el beneficio del país, y juntos lograremos sacar adelante a millones de mexicanas y mexicanos que requieren de este gran esfuerzo. La escuela seguirá siendo el pilar fuerte y orgullo de todos, donde llegar al aula siempre puede ser un área de socialización, de aprendizaje y de sana competencia.

El conocimiento y el entendimiento están en marcha. Los docentes en la ruta de actualización y evaluación. Para los maestros y las maestras el gran reconocimiento. Muchas gracias por habernos preparado. Muchas gracias por preparar a esas nuevas generaciones. Es cuanto, señor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Nazario.

Damos la bienvenida a líderes estudiantiles del estado de Durango, invitados por la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez. Igualmente a alumnos y maestros de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, invitados por el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz; bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes.

FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE MÉXICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 8 de octubre de 1940, día de la Fundación del Colegio de México, y debo reconocer la presencia, agradecer el que nos acompañen el día de hoy aquí en esta Cámara de Diputados, a los académicos Mario Alberto Palma Cabrera, secretario académico, y José Luis Árciga, investigador, ambos del Colegio de México. Bienvenidos, amigos, y tiene la palabra para referirse al tema la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. El Colegio de México, una de las máximas instituciones públicas de investigación y docencia en ciencias sociales y humanidades de la nación, celebra este 8 de octubre de 2015 el septuagésimo quinto aniversario de su fundación.

El origen de esta institución se remonta a la reunión celebrada a instancias del presidente Lázaro Cárdenas, del Patronato de la Casa de España, la cual albergaba a los intelectuales republicanos exiliados a causa de la guerra civil en aquel país.

En esta participaron el poeta, ensayista, diplomático e intelectual Alfonso Reyes; como su presidente, Eduardo Villaseñor, subsecretario de Hacienda; en representación del gobierno Gustavo Baz, rector de la Universidad Nacional; Enrique Arreguín, en nombre de la Secretaría de Educación Pública; y Daniel Cosío Villegas.

Dirigido a lo largo de su historia por los más prestigiosos intelectuales mexicanos como Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, el historiador Silvio Zavala, el economista Víctor Urquidi, don Mario Ojeda, Andrés Lira, Javier García Diego, y en la actualidad por la socióloga y demógrafa Silvia Giorguli.

El Colegio de México fue la primera institución mexicana en obtener el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales y Humanidades, en 2001.

Cuenta con la biblioteca más importante de su área en América Latina, además de impartir en siete centros de estudio: tres licenciaturas, siete maestrías y ocho doctorados, todos del más alto nivel y competencia internacional.

Cabe resaltar que es una institución pública de alto prestigio. La importancia de esta institución para la vida nacional está dictada en parte por sus académicos y egresados de los que han surgido intelectuales, poetas, gobernadores, cancilleres, embajadores, ministros, rectores, alcaldes, secretarios de Estado y diputados, y senadores sin distingo de partido político alguno.

Sin embargo, la principal contribución del Colegio de México a la nación, es discutir en forma permanente los grandes problemas nacionales y proponer soluciones a éstos, desde una rigurosa perspectiva científica y académica, viéndose reflejado lo anterior en una vasta cantidad de investigaciones y publicaciones, de las cuales destacan ante las circunstancias actuales del país, los 16 volúmenes de los grandes problemas de México.

Por lo anterior, resulta imperativo que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión festeje y conmemore a una de las instituciones académicas más importantes del continente y que es, a su vez, uno de los principales logros de la República y el Estado, la educación pública, el Colegio de México. Es cuanto, señor presidente.

«Efeméride con motivo del aniversario de la fundación de El Colegio de México, el 8 de octubre de 1940, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

El Colegio de México, una de las máximas instituciones públicas de investigación y docencia en ciencias sociales y humanidades de la nación, celebra este 8 de octubre de 2015, el septuagésimo quinto aniversario de su fundación. El origen de esta institución se remonta a la reunión celebrada, a instancias del Presidente Lázaro Cárdenas, del patronato de La Casa de España, la cual albergaba a los intelectuales españoles republicanos exiliados en México a causa de la Guerra Civil en aquel país. En ésta participaron el poeta, ensayista, diplomático e intelectual Alfonso Reyes, como su presidente; “Eduardo Villaseñor, subsecretario de Hacienda, en representación del Gobierno; Gustavo Baz, rector de la Universidad Nacional; Enrique Arreguín, en nombre de la Secretaría de Educación Pública, y Daniel Cosío Villegas”.

Dirigido a lo largo de su historia por los más prestigiosos intelectuales mexicanos, como Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, el historiador Silvio Zavala, el economista Víctor Urquidi, don Mario Ojeda, Andrés Lira, Javier Garciadiego, y en la actualidad por la socióloga y demógrafa Silvia Giorguli, El Colegio de México fue la primera institución mexicana en obtener el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales y Humanidades, en 2001. Cuenta con la biblioteca más importante de su área en América Latina, además de impartir, en siete centros de estudio, tres licenciaturas, siete maestrías, y ocho doctorados, todos del más alto nivel y de competencia internacional.

La importancia de esta institución para la vida nacional, está dictada en parte por sus ilustres académicos y egresados, entre los que destacan Silvio Zavala, Antonio Alatorre, Luis González y González, Margit Frenk, Mario Ojeda, Gustavo Cabrera, Rodolfo Stavenhagen, Lorenzo Meyer, Orlandina de Oliveira, Julio Boltvinik, Gustavo Garza, Brígida García, o Martha Schteingart; por haber formado a políticos de las más diversas ideologías, como Adolfo Aguilar Zínser, Rosario Green, Claude Heller, Arturo Sarukhán, Jaime Serra Puche, Enrique Alfaro, Juan Molinar Horcasitas, Alfredo Baranda, o Patricia Espinosa; y a destacados intelectuales, como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Lauro Zavala y Sergio Aguayo, entre muchos otros.

Sin embargo, la principal contribución de El Colegio de México a la nación ha sido el haber discutido los grandes problemas nacionales y haber propuesto soluciones a éstos, desde una rigurosa perspectiva científica y académica, viéndose reflejado lo anterior en una vasta cantidad de investigaciones y publicaciones.

En El Colegio se planteó, en el siglo pasado, el problema del acelerado crecimiento de la población, y desde este espacio se diseñó la exitosa política que se implementó al respecto. La investigación científica del proceso de urbanización de la nación, de la formación de zonas metropolitanas, y los problemas de las grandes ciudades, tuvo su origen en este espacio a partir de la investigación plasmada en El Desarrollo Urbano de México. Cuenta con centros especializados en Historia (el más antiguo de la institución), estudios en Asia y África, relaciones internacionales, literatura y lingüística, sociología, economía, demografía, y estudios urbanos y ambientales. En sus aulas se creó también el primer programa de posgrado en economía, además de que se han efectuado centenas de investigaciones en el tema que han sido decisivas en distintos momentos de la vida nacional. Resulta imprescindible mencionar, además, obras colectivas que siguen resultando indispensables para entender y conocer la realidad nacional, como la Historia Mínima de México, y de forma más reciente, los ampliamente difundidos 16 volúmenes de Los Grandes Problemas de México.

Por lo anterior, resulta imperativo que la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, festeje y conmemore a una de las instituciones académicas más importantes del continente, y que es a su vez uno de los principales logros de la república y el Estado: El Colegio de México.

Notas:

1 Historia de El Colegio de México, http://www.colmex.mx/index. php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=87

2 Fundación Princesa de Asturias, http://www.fpa.es/ es/premios-princesa-de-asturias/premiados/ 2001-el-colegio-de-mexico-ac-y-juan-iglesias-santos.html?especifica=0& idCategoria=0&anio=2001&especifica=0

3 Unikel, Luis, Crescencio Ruíz y Gustavo Garza (1976), El desarrollo urbano de México, El Colegio de México, México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de octubre de 2015.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias, diputada Damián, y felicidades a nuestros amigos trabajadores y maestros, investigadores del Colegio de México. Felicidades.

FUNDACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de los 41 años de la fundación del estado de Quintana Roo. Tiene la palabra para referirse al tema la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Arlet Mólgora Glover:Selva, mar, historia y juventud. Eso es Quintana Roo. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Con el permiso de la Mesa Directiva y en representación de la fracción parlamentaria del PRI en nuestro estado, en Quintana Roo, que la integramos mi compañero diputado José Luis Toledo Medina y una servidora.

El día de hoy permítanme reconocerlo: como legisladora me siento muy afortunada de dirigirme a todos ustedes. Hago uso de la voz desde ésta, la máxima tribuna de la nación, convencida de que la política es un instrumento de diálogo y de entendimiento.

Este mes es muy especial para todos los quintanarroenses, el día de hoy, 8 de octubre, nuestro estado cumple 41 años de vida libre y soberana; cuatro décadas de vida democrática, de retos, desafíos y logros que nos hacen trascender con identidad, pero siempre con una lealtad inquebrantable al proyecto de nación que día con día se construye en México.

Quintana Roo, sabemos todos, fue primero territorio federal, cuya existencia decretó el general Porfirio Díaz en 1898. Tres cuartos de siglo después, el 2 de septiembre de 1974, para ser exactos, llegó a este recinto parlamentario la iniciativa del presidente de la República Luis Echeverría Álvarez para que junto con Baja California, y habiéndose cumplido el proceso legislativo el 8 de octubre, nuestra entidad se convirtiera en el 31 estado del pacto federal mexicano.

Setenta y seis años pasaron entre el porfiriato y el echeverriismo para que Quintana Roo se incorporara como actor fundamental de su tiempo, tiempos de apertura democrática y desarrollo económico que hoy cimientan nuestro andamiaje institucional. Nuestro territorio fue una zona aislada durante casi décadas del porfiriato, tiempo en el que hombres y mujeres de principios del siglo XX, con manos propias de gente cabal, se dedicaron a sacar lo mejor de sí a nuestra selva, una selva que empezó a forjar a hombres y mujeres de bien, con la identidad propia que da el trabajo arduo de sol a sol.

Chicleros, madereros, comerciantes o militares en castigo enviados al infierno verde son quienes le apostaron todo a una tierra hasta ese entonces pocas veces vista y soñada. Hoy, Quintana Roo, como ayer, da paso a hombres y mujeres que en su frente y alma llevan escrito la palabra esfuerzo, trabajo, tenacidad y agradecimiento por esta tierra que nos ha dado todo a todos.

Porque el futuro no se hace solo ni por decreto, compañeros, sino con el esfuerzo de todos los quintanarroenses abrió poco a poco su imaginación y su desarrollo hacia el turismo en el último cuarto del siglo XX. En consecuencia los quintanarroenses somos hijos de las corrientes migratorias de todo el país.

Quintana Roo lleva en la sangre una historia maya orgullosa de compartir de sueños y realidades que incluye huracanes, guerras de castas, crisis económicas, pero también una historia real de trabajo, de esfuerzo y de talento que suscriben a diario más de un millón de hombres y mujeres nacidos ahí, en una tercera parte, mientras que las otras dos terceras partes provienen de todos los estados que ustedes representan dignamente en esta Honorable Cámara de Diputados.

Hoy, Quintana Roo ha dejado de ser ese inhóspito e incomunicado lugar de nuestra república para ser sin duda un paraíso para sus habitantes y promesas de desarrollo para nuestra nación.

México y una parte del mundo están representados en sangre y vida en formas de hablar, de pensar, de religiones, en tradiciones y costumbres y lo más importante, en un sentimiento de pertenencia. Por cada uno de esos ciudadanos a los que representamos aquí en esta LXIII Legislatura, tres diputadas y tres diputados federales, lo digo con toda franqueza, la democracia no es la cura de todos nuestros males sociales, pero sí el principio de la convivencia en paz y en armonía, guardando diferencia e identidades como algo propio y no como imposición.

Por eso cuando hemos tenido que enfrentar fenómenos, como la desigualdad, la inseguridad e incluso desastres naturales, la unidad de los quintanarroenses se ha puesto a prueba y la hemos superado con democracia, pues la democracia nos une cada vez más.

Hoy en nuestro estado hay una sólida política pública, direccionada en una generación de empleos. Ocupamos el segundo lugar a nivel nacional entre las entidades del país con mayor crecimiento en la generación de empleos formales.

Los más de 14 millones de turistas que nos visitan al año refleja un incremento del 10 por ciento que han generado una derrama económica de más de 119 millones de pesos y esto es el resultado de un trabajo coordinado con nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del estado, Roberto Borge Angulo.

Los quintanarroenses sabemos de lo que somos capaces, sabemos que nada nos inhibe al momento de trazar metas y, desde luego, conquistarlas.

Sirva esta fecha de orgullo y fraternidad republicana para subrayar que Quintana Roo será siempre, por vocación histórica y por origen federalista, la casa de la costa caribeña de todas y todos los mexicanos. Felicidades, Quintana Roo. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Efeméride con motivo de los 41 años de la fundación de Quintana Roo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI

Selva, mar, historia y juventud

Eso es Quintana Roo

Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios:

El día de hoy, permítanme reconocerlo, como legisladora me siento muy afortunada de dirigirme a ustedes.

Hago uso de la voz desde ésta, la máxima tribuna de la nación, convencida de que la política es un instrumento de diálogo y de entendimiento.

Este mes es muy especial para todos los quintanarroenses. El día de hoy, 8 de octubre, nuestro estado cumple 41 años de vida libre y soberana.

Cuatro décadas de vida democrática, de retos, desafíos y logros que nos hacen trascender con identidad. Pero siempre, con una lealtad inquebrantable al proyecto de nación que día con día se construye en México.

Quintana Roo, sabemos todos, fue primero un territorio federal cuya existencia decretó el general Porfirio Díaz, en 1898. Tres cuartos de siglo después, el 2 de septiembre de 1974, para ser exactos, llegó a este recinto parlamentario la iniciativa del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, para que junto con Baja California, y habiéndose cumplido el proceso legislativo en los congresos locales, el 8 de octubre, nuestra entidad se convirtiera en el estado 31 del Pacto Federal Mexicano.

76 años pasaron entre el porfiriato y el echeverrismo para que Quintana Roo se incorporara como actor fundamental de su tiempo. Tiempos de apertura democrática y desarrollo económico que hoy cimentan nuestro andamiaje institucional.

Nuestro territorio fue una zona aislada durante casi dos décadas de porfiriato, tiempo en el que hombres y mujeres, de principios del siglo XX, con manos propias de gente cabal, se dedicaron a sacar lo mejor de sí a nuestra selva. Una selva que empezó a forjar a hombres y mujeres de bien, con la identidad propia que da el trabajo arduo de sol a sol. Chicleros, madereros, comerciantes o militares en castigo, enviados al infierno verde, son quienes le apostaron todo a una tierra, hasta ese entonces, pocas veces vista y soñada.

Hoy Quintana Roo, como ayer, da paso a hombres y mujeres que en su frente y alma llevan escrito la palabra esfuerzo, trabajo, tenacidad y agradecimiento por esta tierra que les ha dado todo a todos.

Porque el futuro no se hace sólo, ni por decreto, sino con el esfuerzo de todos, Quintana Roo abrió, poco a poco, su imaginación y su desarrollo hacia el turismo en el último cuarto del siglo XX.

En consecuencia, los quintanarroenses somos hijos de las corrientes migratorias de todo el país.

Esta nueva tierra prometida nos vincula más a México y al resto del mundo.

Quintana Roo lleva en la sangre una historia maya, orgullosa de compartir, de sueños y realidades que incluye huracanes, guerras de castas, crisis económicas, pero también una historia real de trabajo, de esfuerzo y de talento que suscriben a diario más de un millón de hombres y mujeres nacidos ahí en una tercera parte, mientras que las otras dos terceras proviene de todos los estados que ustedes representan dignamente en esta honorable Cámara de Diputados. Otro tanto, nació en más de 50 países del mundo.

Por eso hoy, he querido llamar la atención de todas y todos ustedes, este ocho de octubre de 2015, pues es importante decirles que no todo es turismo en la tercera frontera mexicana.

Hoy Quintana Roo ha dejado de ser ese inhóspito e incomunicado lugar de nuestra república para ser, sin duda, un paraíso para sus habitantes y promesa de desarrollo para la nación.

México y una parte del mundo están representados en sangre y vida, en formas de hablar y de pensar, en religiones, en tradiciones y costumbres, y lo más importante, en un sentimiento de pertenencia, por cada uno de esos ciudadanos a los que representamos aquí, en ésta LXIII Legislatura, 3 diputadas y 3 diputados federales.

Lo digo con toda franqueza la democracia no es la cura de todos nuestros males sociales, pero sí es el principio de la convivencia en paz y en armonía, guardando diferencias e identidades como algo propio y no como imposición. Por eso, cuando hemos tenido que enfrentar fenómenos como la desigualdad, inseguridad e incluso desastres naturales; la unidad de los quintanarroenses se ha puesto a prueba y las hemos superado con democracia, pues la democracia nos une, cada vez más.

Siempre vemos un Quintana Roo nuestro, un Quintana Roo emprendedor, que brinda empleo y bienestar con oportunidades de desarrollo para todos.

Vemos un Quintana Roo que va por más, que va a redoblar sus logros y metas, y que para 2016, estará de nuevo rompiendo records de productividad y competitividad, económica, turística y de bienestar social, estamos mentalizados y en acción con la actitud productiva más intensa que la historia de Quintana Roo tenga registro.

Hoy en nuestro estado hay una sólida política pública direccionada en la generación de empleos. Ocupamos el segundo lugar a nivel nacional entre las entidades del país con mayor crecimiento en la generación de empleos formales con el 7.4 por ciento, mientras que la tasa nacional se ubicó en 4.4 por ciento, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por vocación y visión Quintana Roo es una de las entidades federativas emprendedoras por naturaleza. Tan sólo en 2014 rompimos records en el ingreso de turistas a nuestro territorio. Los 14 millones 769 mil 981 turistas que nos visitaron, refleja un incremento del 10.6 por ciento, y 21.1 por ciento superior respecto a los últimos 4 años mismos que han generado una derrama económica de 119 mil 222 millones de pesos, un 9 por ciento más que en 2013.

Los quintanarroenses sabemos de lo somos capaces.

Sabemos que nada nos inhibe al momento de trazar metas y conquistarlas.

Sabemos que Quintana Roo es hoy el mejor lugar para vivir.

Sirva esta fecha de orgullo cultural y fraternidad republicana para subrayar que Quintana Roo será siempre, por vocación histórica y por su origen federalista, la casa de la costa caribeña de todas y de todos los mexicanos.

¡Enhorabuena Quintana Roo!

Muchas Gracias.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2015.— Diputada Arlet Mólgora Glover (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mólgora.

Aprovechamos para saludar la presencia de un grupo de invitados de la diputada Mólgora, de compañeros del municipio de Felipe Carrillo Puerto, corazón de la zona maya de Quintana Roo. Bienvenidas, bienvenidos, amigos.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, saludo ahí. Perdón, también la saludo. Sonido en la curul de la diputada Pool Pech.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech (desde la curul): Gracias, presidente. Saludos a todos los compañeros diputados y diputadas. Me gustaría expresar que la historia de Quintana Roo, un territorio en resistencia, resistencia del pueblo maya en contra de la esclavitud y el exterminio y en defensa de su dignidad cultural, es la historia de hace 41 años del hermoso estado de Quintana Roo.

Quién no ha escuchado hablar de Cancún, de Playa del Carmen, de Tulum, de los municipios de la zona maya, pero a pesar de esa abundancia de la naturaleza con las que se ha bendecido nuestro estado y de la pujante industria hotelera, bajo la cual se ha cimentado la vocación económica de Quintana Roo, los gobernantes de nuestro estado le han quedado a deber a los ciudadanos.

Quintana Roo, hoy por hoy representa una deuda per cápita de más de 22 millones de pesos, siendo esto consecuencia de la pésima administración y de la falta de transparencia en la aplicación de los recursos públicos, donde el Congreso del Estado de Quintana Roo ha sido cómplice sistemático en la aprobación de las cuentas públicas maquilladas.

Cabe señalar, que fue precisamente en Quintana Roo donde se gestó el proyecto denominado Dragon Mart, que contó siempre con el apoyo del gobierno del estado. Que han privatizado el agua, que han ampliado la concesión a la empresa Aguakan para privatizar el agua 30 años más en nuestro municipio, ahí en Cancún, Quintana Roo.

También se ha contado con amenazas al medio ambiente, devastando zonas naturales para privilegiar los intereses económicos de unos cuantos.

Es por eso que hago un llamado desde esta tribuna, para que se ponga especial atención a la situación política y económica que impera en el estado de Quintana Roo, ya que no es posible que siendo un estado tan joven pero con mucha historia, vea mermado su potencial a futuro por las malas decisiones del presente. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Como es un tema que no está a discusión, yo le pediría que hiciera llegar sus comentarios por escrito para integrarlos al Diario de los Debates.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, sonido en la curul del diputado Cuitláhuac García, ¿con qué propósito?

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente, solamente para hacer la observación de la intervención anterior, que se excedió por cuatro minutos y que quede evidencia que la fracción parlamentaria de Morena guardó el respeto debido a la diputada.

No se le convino en ningún momento de su parte sobre el tiempo excedido. Entonces, yo quisiera pedir a todos los compañeros legisladores, que ojalá se comportaran de igual manera cuando algún diputado de Morena también se exceda en ese tiempo. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Debo informarle a la asamblea también, que en su momento se le expresó, mediante lo que ustedes han visto que les han subido a tribuna, mediante un cartoncito, una tarjeta, que se había ya concluido su tiempo. Gracias.

CONVERSIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR DE TERRITORIO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 8 de octubre, cuadragésimo primer aniversario de la conversión de Baja California Sur, de territorio a estado libre y soberano. Y para referirse al tema tiene la palabra la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Jisela Paes Martínez:Con la venia de la Presidencia. Saludo con afecto al público que nos sigue a través del Canal del Congreso. Amigas y amigos diputados, el 8 de octubre es una fecha memorable para la vida constitucional de México, pero en lo particular lo es para Baja California Sur, porque hoy conmemoramos el cuadragésimo primer aniversario de su conversión de territorio a estado libre y soberano.

Este día histórico, el 8 de octubre de 1974 logró cristalizarse la transformación de territorio a estado de Baja California Sur y a Quintana Roo incorporándolas como nuevas entidades de la nación mexicana.

Los sudcalifornianos, de manera especial esta fecha, porque significa el momento en que dimos un paso trascendental a la modernidad democrática que hizo posible el grado de progreso y bienestar que hoy gozamos.

Ésta es una oportunidad para reconocer a quienes lucharon para dotar a Baja California Sur de la categoría de estado, que en el marco del federalismo nos hermanó con los mismos derechos y obligaciones constitucionales al resto de la República. Y como ciudadanos nos permitió el autogobierno y la ciudadanía plenos.

Hoy es ocasión propicia para rendir homenaje a los sudcalifornianos que contribuyeron a esa aspiración cívica. Desde los valientes compatriotas que lucharon por nuestra soberanía en el siglo XVIII, contra filibusteros y la invasión norteamericana sin rendirse jamás a los que secundaron la reforma liberal de don Benito Juárez y a quienes se opusieron a los atropellos de la dictadura, enlistándose en la gesta revolucionaria de 1910.

También para recordar a los subcalifornianos, que a lo largo del siglo XX, bregaron por esa aspiración legítima expresada en la lucha cívica enarbolada por el Frente de Unificación Subcaliforniano y por el Movimiento Loreto 70, que diseñaron los pasos por los que habríamos de transitar para ser dueños de nuestro territorio.

Este proceso de transformación a estado hizo posible que el 15 de enero de 1975, el Congreso Constituyente de Baja California Sur nos entregara nuestra Constitución Política, una norma fundamental de avanzada para su tiempo, de un profundo contenido social y en la que se encuentran plasmadas las aspiraciones de los subcalifornianos.

Bajo la nueva vida democrática de la entidad correspondió al licenciado Ángel César Mendoza Arámburo, ser el primer gobernador constitucional elegido por su pueblo e impulsor de las instituciones públicas, que permitieron edificar el estado que hoy somos, como la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de donde se nutre con sabia nueva, la juventud subcaliforniana.

Hoy pueblo y estado siguen librando una intensa lucha por mejorar las condiciones de vida de todos los subcalifornianos, ahora bajo la guía de nuestro gobernador, el licenciado Carlos Mendoza Arámburo.

Por ello, este 8 de octubre nuestro mejor reconocimiento y homenaje a quienes lucharon por la transformación política de Baja California Sur, será secundar su ejemplo. Unidos, a fin de asegurarles un mejor futuro a las nuevas generaciones de subcalifornianos, para seguir engrandeciendo a nuestra bella tierra, Baja California Sur, el joven estado 30 de la República Mexicana, del cual nos sentimos muy orgullosos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Efeméride con motivo del 8 de octubre, cuadragésimo primer aniversario de la conversión de Baja California Sur de territorio a estado libre y soberano, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El 8 de octubre es una fecha memorable para la vida constitucional de México, pero es también en lo particular una fecha axial para la vida de Baja California Sur, porque este día conmemoramos el aniversario de su conversión de Territorio a Estado Libre y Soberano.

Hoy es una fecha trascendente para Baja California Sur porque se cumple un año más de nuestra pertenencia al Pacto Federal como Estado Libre y Soberano, con la potestad libre de contar con una Constitución, en la que se inscribieron y se encuentran plasmadas las aspiraciones de nuestro pueblo.

Los sudcalifornianos deseamos recordar una fecha tan importante y un acontecimiento que tuvo y tiene tan relevantes repercusiones jurídico-políticas, porque significa el momento en que dimos un nuevo paso a la modernidad y el progreso.

En esta oportunidad aspiramos o reconocer a todos los que de una u otra manera lucharon para dotar a Baja California Sur de la categoría de estado, que en el marco del federalismo mexicano nos hermanó con los mismos derechos y obligaciones constitucionales al resto de lo República, y como ciudadanos nos permitió el ejercicio para el autogobierno y la ciudadanía plenos.

Esta es también una fecha especial para rendir sentido homenaje a diversas generaciones de sudcalifornianos por sus aportaciones para alcanzar esa aspiración cívica: desde aquellos valientes compatriotas que lucharon desde el siglo XVIII contra los filibusteros y no se rindieron ante la invasión norteamericana de 1847; los que secundaron la reforma liberal de Don Benito Juárez, y quienes se opusieron desde aquí a los atropellos de la dictadura porfirista y se enlistaron en la gesta revolucionaria de 1910.

Pero también es un logro de los sudcalifornianos de los albores del siglo XX que una vez pacificado el país, vieron que en el estudio y el trabajo productivo estaba el desarrollo y el progreso de esta media península olvidada por el centralismo y emigraron a la Ciudad de México para estudiar y regresar a su patria chica para coadyuvar en nuestro progreso; los que a través de la lucha cívica enarbolada en el Frente de Unificación Sudcaliforniano y el Movimiento Loreto 70, diseñaron los pasos por los que habríamos de transitar para ser dueños de nuestro destino.

Ese día histórico, el 8 de octubre de 1974, con el impulso del entonces presidente de la República, logró cristalizarse este proceso político de transformación de territorio a estado, cuando se publicaron las modificaciones a nuestra Carta Magna, incorporando a Baja California Sur y a Quintana Roo, como las nuevas entidades de la nación mexicana.

Arribar al federalismo mexicano del siglo XX no fue una tarea fácil, como tampoco espontánea, ni fue el resultado de meras decisiones cupulares. Fue la conjunción de ideales, intereses y circunstancias; fue desde luego una tarea de construcción amplia y participativa.

Esta construcción hubo de pasar por la reinstalación de los municipios en 1972, suspendidos desde 1928; por la decisión del gobierno federal de apoyar la infraestructura carretera, hidráulica, portuaria y de comunicaciones, así como la colonización de zonas agrícolas del territorio; por separar el mando civil y militar en el territorio y enseguida nombrar a civiles en la gubernatura territorial como fue el caso del licenciado Hugo Cervantes del Río, en 1965, y del ingeniero Félix Agramont Cota, en 1970, a quien correspondió ser el último gobernador del territorio y primer gobernador del estado.

Una vez constituido el estado, correspondió al licenciado Ángel César Mendoza Arámburo, ser el primer gobernador constitucional elegido por su pueblo, en cuyo periodo se construyeron las principales instituciones públicas que permitieron edificar el estado que hoy somos. Baste citar como ejemplo de ello la creación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de donde se nutren con savia nueva las aspiraciones más profundas de la juventud sudcaliforniana.

Todo este proceso histórico se dio en el marco de una gran transformación social del pueblo de Baja California Sur, sin dejar de reconocer la encomiable labor del Congreso constituyente sudcaliforniano, quienes en unos pocos meses, el 15 de enero de 1975 nos entregó nuestra Constitución política estatal una norma fundamental de avanzada para su tiempo, por su profundo contenido social.

La conversión de territorio a estado no fue una mera abstracción o una idea en busca de adhesiones, fue el detonante que abrió las puertas para la participación libre de los ciudadanos sudcalifornianos en los asuntos públicos, lo cual tiene una trascendencia fundamental que requiere hoy toda la valoración que eso significa para el proceso actual de desarrollo social, político y económico.

Rememorar este hecho histórico en la tribuna de la Cámara de Diputados conlleva no sólo a recordar una vez más este acontecimiento para fijarlo en nuestra conciencia, sino para que nos sirva de reflexión e inspiración para nuestro presente y para las generaciones futuras de Baja California Sur.

Hoy podemos expresar que a cuarenta y un años de tener la calidad de Estado Libre y Soberano, los retos que enfrentamos son aún mayúsculos para conformar una sociedad más democrática, más vigorosa, más actuante y participativa, pero que ciframos en los valores de las familias, en la juventud estudiosa, responsable y amante de su terruño, la mejor esperanza para preservar lo nuestro y para garantizar la pervivencia y superación de Baja California Sur.

Llegar a ser Estado Libre y Soberano fue un gran logro, más no la solución de todos nuestros problemas. El estado sigue librando una intensa lucha por mejorar las condiciones de vida de todos los sudcalifornianos, ahora bajo la guía de nuestro gobernador, el licenciado Carlos Mendoza Davis.

Hoy, 8 de octubre, nuestro más elevado reconocimiento, y el más sentido homenaje a quienes lucharon por la transformación política de Baja California Sur será secundar su ejemplo y entregar a las siguientes generaciones una entidad más progresista y democrática, con mayor educación, más bienestar social y un desarrollo sustentable que permita una mayor calidad de vida para todos.

Una tierra de la cual se sigan sintiendo tan orgullosos como nosotros lo estamos de lo que somos como el joven estado 30 de la República mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputada Jisela Paes Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Paes.

BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia. Y para referirse al tema, tiene la palabra la diputada Refugio Garzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes. Efeméride con motivo del 102 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, presentada por la diputada María Elena Orantes López del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Ante las circunstancias de descrédito y la falta de legitimidad que actualmente agobian a las instituciones de la República, resulta un honor y una necesidad conmemorar la congruencia del ilustre legislador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia.

Belisario Domínguez nació el 25 de abril de 1863 en el seno de una familia comiteca de tradición liberal. Su formación académica inició en Comitán, Chiapas; continuó en el Instituto Literario y Científico de San Cristóbal de las Casas en el mismo estado. Culminó la universidad en Sorbona en Paris, Francia, donde se tituló como médico cirujano y partero.

El interés por mejorar la vida pública de su estado natal lo condujo a afiliarse al Partido Liberal y fundar el periódico El Vate, en el que sus convicciones democráticas y el sentido social de sus escritos se reflejaron en artículos críticos al presidente Porfirio Díaz, al gobernador chiapaneco Rafael Pimentel y a las circunstancias de desigualdad social que el régimen no había atendido.

Asimismo, a través de sus escritos llamó persistentemente a sus paisanos a vigilar las acciones del gobierno, a observar con cuidado los actos de las autoridades y a denunciar irregularidades en los asuntos públicos, preocupación vigente hasta nuestros días en la conciencia ciudadana.

Su dinamismo y determinación permitieron participar con éxito en el ámbito electoral hasta convertirse en 1909 en presidente municipal de Comitán. Posteriormente, como producto de su desempeño al frente del ayuntamiento comiteco, fue considerado para ser suplente de su amigo Leopoldo Gout en el Senado de la República.

A principios de 1913 se trasladó a la capital del país en la que presenció la Decena Trágica, hecho que acarreó la caída del gobierno maderista, la ejecución del presidente y la muerte del Senador Gout en marzo de ese mismo año. Este hecho convirtió a Belisario Domínguez en legislador federal.

Tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero y el desarrollo de la compleja táctica política y jurídica de Victoriano Huerta para secuestrar indefinidamente la titularidad del Poder Ejecutivo, el tribuno comiteco rechazó simbólica y verbalmente la sumisión de las instituciones ante el golpista. Así el 25 de abril de 1913 se opuso a apoyar la política exterior de la dictadura ante la invasión estadounidense en el Puerto de Veracruz, y el 16 de septiembre públicamente retiró el saludo al usurpador.

Consciente de su responsabilidad como legislador ante las generaciones futuras, los 23 y 29 de septiembre de ese año delineó sus últimas intervenciones en el salón de sesiones para defender el orden constitucional y denunciar la barbarie de los golpistas, hecho que intentó ser contenido con el veto de la Presidencia de la Cámara de Senadores, ante lo cual imprimió y difundió sus piezas retóricas.

Esa actitud frente al poder despótico de la dictadura, poder que no toleró la crítica y se volvió irascible ante su propia incapacidad argumentativa, fue el pretexto de los golpistas para disponer la ejecución del senador, perpetrando el homicidio del ilustre chiapaneco el 7 de octubre de 1903.

Connotado chiapaneco y senador de la República, Belisario Domínguez, pronunció un gran discurso en Tacubaya el 28 de abril de 1903, en el que hacía referencia a su estado natal.

Chiapas es uno de los estados más pobres y más desgraciados de la República. ¿Por qué? Porque en Chiapas no hay comicios, porque no hay escuelas, no hay periódicos; porque los gobernadores en vez de ocuparse del engrandecimiento y prosperidad del país, se dejan cegar por la ambición y sólo se afanan en hacerse ricos a expensas del estado. Esta ha sido la triste historia de Chiapas, esta es su historia actual, señores.

Hoy, en el año 2015 la historia de Chiapas sigue siendo la misma. ¿Hasta cuándo, a 102 años del sacrificio de Belisario Domínguez la historia consigna las ideas y principios que definió a lo largo de su trayectoria política, desde el ayuntamiento de Comitán hasta el Senado de la República?

A través de discursos escritos y artículos periodísticos podemos constatar el carácter, ética y congruencia que distinguió a este insigne chiapaneco, cuyo asesinato lo proyectó en la memoria de nuestro país como uno de los paradigmas de la democracia y la defensa de la República, del Poder Legislativo mexicano. Por la diputada María Elena Orantes López. Gracias.

«Efeméride con motivo del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ante las circunstancias de descrédito y falta de legitimidad que actualmente agobian a las instituciones de la República, resulta un honor y una necesidad conmemorar la congruencia del ilustre legislador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia.

Belisario Domínguez nació el 25 de abril de 1863, en el seno de una familia comiteca de tradición liberal. Su formación académica inició en Comitán, Chiapas; continuó en el Instituto Literario y Científico de San Cristóbal de las Casas, en el mismo estado, y culminó en la Universidad de la Sorbona, en París, Francia, donde se tituló como médico cirujano y partero.

El interés por mejorar la vida pública de su estado natal lo condujo a afiliarse al Partido Liberal y fundar el periódico El Vate, en el que sus convicciones democráticas y el sentido social de sus escritos se reflejaron en artículos críticos al presidente Porfirio Díaz, al gobernador chiapaneco, Rafael Pimentel y a las circunstancias de desigualdad social que el régimen no había atendido. Asimismo, a través de sus escritos, llamó persistentemente a sus paisanos a vigilar las acciones del gobierno, a observar con cuidado los actos de las autoridades y denunciar irregularidades en los asuntos públicos, preocupación vigente hasta nuestros días en la conciencia ciudadana.

Su dinamismo y determinación le permitieron participar con éxito en el ámbito electoral hasta convertirse, en 1909, en Presidente Municipal de Comitán. Posteriormente, como producto de su desempeño al frente del ayuntamiento comiteco, fue considerado para ser suplente de su amigo Leopoldo Gout, en el Senado de la República.

A principios de 1913, se trasladó a la capital del país en la que presenció la decena trágica, hecho que acarreó la caída del gobierno maderista, la ejecución del presidente y la muerte del senador Gout, en marzo de ese año. Este hecho convirtió a Belisario Domínguez en legislador federal.

Tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero y el desarrollo de la compleja táctica política y jurídica de Victoriano Huerta para secuestrar indefinidamente la titularidad del poder ejecutivo, el tribuno comiteco rechazó simbólica y verbalmente la sumisión de las instituciones ante el golpista. Así, el 25 de abril de 1913 se opuso a apoyar la política exterior de la dictadura ante la invasión estadounidense en el puerto de Veracruz y el 16 de septiembre públicamente retiró el saludo al usurpador.

Consiente de su responsabilidad como legislador ante las generaciones futuras, los días 23 y 29 de septiembre de ese año delineó sus últimas intervenciones en el salón de sesiones para defender el orden constitucional y denunciar la barbarie de los golpistas, hecho que intentó ser contenido con el veto de la presidencia de la Cámara de Senadores, ante lo cual imprimió y difundió sus piezas retóricas. Esta actitud frente al poder despótico de la dictadura, poder que no toleró la crítica y se volvió irascible ante su propia incapacidad argumentativa, fue el pretexto de los golpistas para disponer la ejecución del Senador, perpetrando el homicidio del patricio chiapaneco el 7 de octubre de 2013.

A 102 años del sacrificio de Belisario Domínguez, la historia consigna las ideas y principios que defendió a lo largo de su trayectoria política, desde el Ayuntamiento de Comitán hasta el Senado de la República. A través de discursos, escritos y artículos periodísticos, podemos constatar el carácter, ética y congruencia que distinguió a este insigne chiapaneco, cuyo asesinato, lo proyectó en la memoria de nuestro país como uno de los paradigmas de la democracia y la defensa de la República desde el Poder Legislativo mexicano.

Fuentes

Memoria Política de México, Belisario Domínguez Palencia, disponible en

www.memoriapolíticademexico.org/Biografias/DPB63.html

Robles de la Rosa, Leticia, “Hoy se conmemoran cien años de la muerte de Belisario Domínguez”, Excelsior, Nacional, 7 de octubre de 2013. Disponible en www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/07/ 922175

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Garzón.

191 ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE GUADALUPE VICTORIA COMO PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se recibió efeméride con motivo del 191 aniversario de la toma de posesión de Guadalupe Victoria como primer presidente de México.

«Efeméride con motivo del 191 aniversario de la toma de posesión de Guadalupe Victoria como primer presidente de México, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

En el último tercio del siglo XVIII, se produjeron una serie de cambios profundos en la estructura económica y política de la Nueva España. La formación de una visión nacionalista, en donde se empezaba a concebir a la Nueva España no como una provincia de España sino como una nación independiente.

Guadalupe Victoria perteneció a esa generación. Una generación que veía en la corona un modelo de abuso del poder, con leyes cada vez más rígidas que favorecían la explotación de la riqueza a cambio de una mayor pobreza entre la población. Morelos, Hidalgo, Allende, Aldama, Guerrero, y Guadalupe Victoria con muchos más hombres, forman justamente la generación de la ruptura, ellos serían los artífices para hacer transitar a la Nueva España por el camino de la Independencia, y con el espíritu de la ilustración esa nueva nación la llevarían por el camino de la República federal.

Guadalupe Victoria fue un hombre de convicciones, fue un hombre con un profundo ideal por la libertad, la justicia y la construcción de leyes justas e igualitarias. Hábil estratega militar condujo y mantuvo la lucha armada en el sur, aun cuando se consideraba completamente perdida la gesta de independencia.

Como hombre político, entendió su tiempo, destacó por su preparación y trabajo diplomático. Ocupó diversos cargos de elección, fue diputado y senador, gobernador aunque por breve tiempo de Puebla y Veracruz, al asumir el 10 de octubre de 1824 el cargo de presidente de la nación, con su trabajo político impulsó las bases jurídicas que hicieron de esta tierra, una república federal, democrática y representativa, convirtiéndose así en el forjador de la República.

Victoria no ambicionó el poder, supo ejercerlo, actuó con firmeza, con honestidad y entrega, supo el momento preciso en que debería actuar con la fuerza de la ideas, de la razón para enfrentar las situaciones más complejas.

Sentó las bases de la libre autodeterminación del pueblo de México como una de los principios que marcarían la política exterior mexicana, salvaguardando los intereses nacionales, por encima de cualquier interés particular contrario a los propósitos del pueblo de México.

Como hombre de una sólida instrucción comprendió que sería a través de las instituciones como se trascenderían las acciones del gobierno más allá de los hombres, por ello no dudó en formar las instituciones que fueran necesarias, y las circunstancias los permitieran, para impulsar la educación, para conservar el legado patrimonial de nuestra historia, para desarrollar las menguadas rutas comerciales con el exterior, para impulsar el desarrollo de México. Muchas de esas instituciones aún existen, ahora en el siglo XXI.

La vida de Guadalupe Victoria es una lección de civismo y lealtad absoluta con la patria, a la que dedicó todo su empeño en la formación de la República.

Para él, México representa la tierra, los valles, las cañadas, el desierto, las ciudades, los ranchos y pueblos, todos aquellos lugares que dan límite y marcan las fronteras de la nación; la República eran también las tradiciones, las costumbres que dan idiosincrasia al pueblo. Pero para ello es necesario garantizar la justicia, la solidaridad e irrestricta aplicación de la ley, todo ello era la patria para Victoria, todo ello significa la República y ella era la razón máxima para la lucha.

Victoria delineó el principio que regiría la política exterior mexicana, centrado en la defensa de la soberanía, el respeto a las naciones y la libre determinación de los pueblos. Nunca cedió a los intereses de extranjeros, que pretendían apoderarse de la riqueza nacional.

Construir la República no fue un proceso fácil, Guadalupe Victoria buscó hacer válidos los preceptos que se habían establecido en la Constitución: abolió la esclavitud, por lo que reconoció el derecho de la libertad de todos los hombres sin importar la casta o la condición socioeconómica de éstos.

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, Guadalupe Victoria, orgullosamente duranguense, logró afianzar las bases de la nación, convirtiéndose así, en el forjador de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica).»

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Garzón. En términos de los artículo 100 y 102 del Reglamento, la iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan(*), publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Desde hoy y hasta la siguiente sesión ordinaria, las adhesiones que se soliciten en los Servicios Parlamentarios de la Cámara serán aceptadas con autorización de los proponentes.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 14:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 13 de octubre a las 11:00 horas. Se les informa que el registro de asistencia se hará en los lectores biométricos que estarán disponibles desde las 9:30 horas en el vestíbulo del salón de sesiones.

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