Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 318 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:23 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestalo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primr año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 13 de octubre de 2015

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Educación Pública

Por el que comunica que la información relativa a lo que dispone el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se encuentra disponible desde el 30 de septiembre en el portal electrónico de la Secretaría.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para llevar a cabo una campaña de prevención, orientación e información a las y los mexicanos contra la conducta atípica denominada grooming.

Del Instituto Nacional de Migración

Con el que remite el informe trimestral de avances financieros correspondientes a los programas de protección a migrantes, así como el acumulado al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite cinco proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación, que la medida de “deducción inmediata” sea extensiva a todas las empresas de otros sectores de la economía nacional y no sólo al energético y al de infraestructura del transporte, presentada por el Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Mesa Directiva

Por el que se asignan los espacios y las curules que deberán ocupar las y los diputados en el salón de sesiones, durante la LXIII Legislatura.

Iniciativas

Que reforma los artículos 7o., 38 y 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Ximena Tamariz García y Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por los diputados Cesar Augusto Rendón García y Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 34 y 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7º de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3º y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes.

Que reforma el artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del Partidos Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Carlos Alberto De la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley Federal para la Erradicación de la Desigualdad y el Fomento de la Igualdad Económica entre Hombres y Mujeres, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Salud y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma la denominación del Capítulo IV, y adiciona un artículo 15 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del Dip Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el Artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el DOF el 21 de diciembre de 1995, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, suscrita por los diputados Eduardo Francisco Zenteno Núñez y Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

De decreto, para declarar el 5 de junio de cada año, “Día del Cuidado y Atención Infantil”, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Daniela De Los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 64 y 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 381 Bis y adiciona un artículo 381 Ter al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, Francisco Javier Santillán Oceguera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo a fin de instaurar un Comité para la creación del Código de Ética y Conducta Parlamentaria, a cargo de la diputada Carolina Monroy Del Mazo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob para que emita la declaratoria de zona de desastre para diversos municipios del estado de Sonora, afectados por la tormenta tropical “Marty”, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial del Cacao, a cargo de la diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Fomento de Energías Renovables, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de lo dispuesto por el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a las obligaciones específicas en la materia que debe cumplir el Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Tecnologías de Información y Comunicación, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a mantener actualizado su Atlas de Riesgos, asimismo, para que aquellos estados que no cuenten con el mismo, inicien los trabajos para su elaboración, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de implementar el tamiz neonatal ampliado en toda la red de salud del país, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno del estado de Morelos, del municipio de Jiutepec y de la dirección general de la CONADE, a fin de instrumentar acciones orientadas a atender, desarrollar y fortalecer la práctica deportiva en esa entidad, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo relativo al contenido del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de la Asociación Económica, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de denominaciones de origen, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes del estado de Nuevo León, a dispersar el pago correspondiente a los ex trabajadores migratorios denominados “ex braceros”, proveniente de un Fondo estatal autorizado por el Congreso de esa entidad, suscrito por los diputados Tania Victoria Arguijo Herrera y Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaria de Salud, de la SEP, de la Sedesol y del Inmujeres, a fin de implementar una campaña informativa para prevenir el embarazo entre mujeres adolescentes, a cargo de la diputada Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Morelos a fin de realizar las acciones que conlleven a la solución del problema de la escuela “17 de abril de 1869” ubicada en el municipio de Xochitepec, en esa entidad, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de acciones para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la SHCP, a fin de incluir al estado de Campeche en el Programa de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la industria automotriz, a cargo del diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a los acontecimientos de violencia de los días 21 y 22 de septiembre de 2015, en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la inclusión de enfermedades al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo al funcionamiento y mantenimiento óptimo de las Escuelas Normales Rurales, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra y suscrito por diputados del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a fin de transferir a los municipios beneficiarios, los recursos aprobados en el PEF 2015, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo a fin de iniciar las investigaciones correspondientes por el presunto desvío de recursos en el estado de Veracruz, derivados del informe entregado por la ASF relativo a la cuenta pública de 2013, suscrito por los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Juan Romero Tenorio y Norma Roció Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se reconoce al Gobierno de Colombia y a las FARC por haber alcanzado la firma de un acuerdo mediante el que se crea una jurisdicción especial para la paz, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al TSJ del DF, para que el actual proceso de elección de su presidente, se realice con base en los principios democráticos de respeto a la ley, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu, al Gobierno del estado de Quintana Roo, y al Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, para que concluyan el proceso de regularización de lotes en las colonias de más alta marginalidad, en el citado municipio, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, el retiro de la nominación del Señor Claude Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del comité contra la tortura de la ONU, suscrito por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Injuve para que implemente las políticas de prevención necesarias a fin de coadyuvar a disminuir la migración juvenil hacia los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la SEMARNAT se cancele el proyecto minero “Don Diego”, ubicado la bahía de Ulloa en el estado Baja California Sur, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal para que, a través de la SEGOB, emita declaratoria de desastre para mitigar los efectos de la tormenta tropical Marty e iniciar el proceso de reconstrucción, en las comunidades y municipios afectados del estado de Guerrero, suscrito por los diputados Lluvia Flores Sonduk y Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la evaluación del uso de recursos públicos en procesos electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del estado de Guerrero, a garantizar el derecho a contar con traductores en el proceso de consulta de la viabilidad sobre la elección de usos y costumbres de las autoridades del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, suscrito por los diputados Lluvia Flores Sonduk y Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al principio de equidad de género en la integración de la SCJN, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 12 de octubre, “Encuentro de dos mundos”, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 12 de octubre, día de la Resistencia y Dignidad de los Pueblos Indígenas, en el marco del “Día de la Raza”, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América, 1492, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo de la fundación de la Universidad de Guadalajara, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 11 de octubre, “Día Internacional de la Niña”, suscrito por los diputados Jesús Salvador Valencia Guzmán y Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves ocho de octubre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos treinta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta minutos del jueves ocho de octubre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el Orden del Día y sobre diversos temas legislativos los diputados: Vidal Llerenas Morales, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, ambos de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, y Jorge Carlos Ramírez Marín, ambos del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace comentarios.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, por la que informa la designación de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, como Consejero Propietario y Consejeros Suplentes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De enterado. Comuníquese.

b) De la Cámara de Senadores:

• Con las que remite veinticinco proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil dieciséis considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Con la que remite proposición con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a la Cámara de Diputados a nombrar a la brevedad a los contralores internos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a revisar los recursos para otorgar a ese Instituto en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil dieciséis. Se turna el primer resolutivo a la Junta de Coordinación Política, y el segundo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

c) De la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo a la Conmemoración del “Día Mundial Sin Automóvil”. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

• Relativo fortalecer los estudios y la importancia de los manglares; promover el conocimiento entre los niños, los jóvenes, y las demás generaciones sobre su relevancia para el ambiente y el ser humano. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que exhorta a los titulares de las secretarías de Salud y de Educación Pública, para que diseñen y fortalezcan las políticas públicas destinadas a concientizar y reducir la incidencia de embarazos entre adolescentes en México. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

d) Del Congreso del estado de Querétaro con la que remite iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción décima del artículo ciento veintitrés de la Ley General de Víctimas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

e) De la Cámara de Senadores con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Que adiciona una nueva fracción octava y reforma los párrafos tercero y quinto del artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Torres Graciano, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos segundo y tercero de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que de conformidad con lo que dispone el artículo ciento cuarenta y seis, numeral uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, el día de ayer siete de octubre del presente año, quedaron legalmente instaladas las siguientes Comisiones: Presupuesto y Cuenta Pública; Hacienda y Crédito Público; Infraestructura; Transportes; Asuntos Migratorios; y Juventud; y el día de hoy por la mañana las Comisiones de: Gobernación; Vivienda; Desarrollo Social; Ciencia y Tecnología; Energía; y Justicia. Comuníquese.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos sesenta y cinco, y sesenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y uno Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Salomón Fernando Rosales Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la diabetes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Mariana Arambula Meléndez, del Partido Acción Nacional, por el que se declara el diecinueve de noviembre de cada año “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Indígenas, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

A las doce horas con treinta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro cuatrocientos setenta y siete diputadas y diputados.

• Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Araceli Damián González, y suscrita por diputados integrantes de Morena, que reforma el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento ochenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, que reforma los artículos: sexto de la Ley Agraria y treinta y dos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban diversas actividades durante el mes de octubre, con motivo de la sensibilización sobre el cáncer de mama. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se continúa con la presentación de iniciativas:

• Erika Lorena Arroyo Bello, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintitrés de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

• José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

• Carlos Hernández Mirón, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día son las Efemérides:

• Con motivo del cinco de octubre, Día Mundial de los Docentes, se concede el uso de la palabra a la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza. Intervienen para referirse al tema los diputados: Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Guadalupe Hernández Correa, de Morena; Francisco Alberto Torres Rivas, del Partido Verde Ecologista de México; Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Rocío Matesanz Santamaría, del Partido Acción Nacional; Matías Nazario Morales, del Partido Revolucionario Institucional.

• Con motivo del ocho de octubre de mil novecientos cuarenta, fundación del Colegio de México, se concede el uso de la palabra a la diputada Araceli Damián González, de Morena.

• Con motivo de los cuarenta y un años de la fundación del Estado de Quintana Roo, se concede el uso de la palabra a la diputada Arlet Mólgora Glover, del Partido Revolucionario Institucional. desde su curul interviene para referirse al tema la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática.

• Con motivo del ocho de octubre, Cuadragésimo Primer aniversario de la conversión de Baja California Sur de Territorio a Estado Libre y Soberano, se concede el uso de la palabra a la diputada Jisela Paes Martínez, del Partido Acción Nacional.

• Con motivo del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a las secretarías encargas del área agropecuaria de los gobiernos de los estados, para que destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detención, prevención y erradicación del pulgón amarillo del sorgo. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que impulse la promoción de acciones de los sectores público, social y privado en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y tratamiento, en materia de enfermedades cardiovasculares para mujeres. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Tomas Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del gobierno del Estado de México, a respetar los derechos de propiedad, de las comunidades y legítimos dueños de los predios que serán afectados por las obras de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en el municipio de Chimalhuacán. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Enrique Zamora Morlet, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración para que se impulse la difusión y expedición de la tarjeta de visitante regional, y se instalen de forma permanente módulos de expedición en los países de Guatemala y Belice. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Partido de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a fin de investigar y tomar las medidas necesarias para que se declare la alerta de violencia de género en los ciento veinticinco municipios del Estado de México. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• José Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita al Ejecutivo federal, atender las recomendaciones emitidas el pasado dos de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Consejo Nacional de Población, y del Instituto Nacional de las Mujeres se difundan los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que analice e implemente las acciones necesarias para resolver la problemática que agravia a los trabajadores que adquirieron viviendas entre los años mil novecientos noventa y uno y mil novecientos noventa y dos. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Evelyn Parra Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que implemente una campaña nacional contra la desnutrición infantil. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Alicia Barrientos Pantoja, Norma Rocío Nahle García, y Cuitláhuac García Jiménez, del Partido de Morena, por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a conducirse de manera institucional al otorgar los recursos acordados en convenios y transferencias presupuestadas estatales y federales a la Universidad Veracruzana. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García y Cecilia Guadalupe Soto González, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar dos ternas integradas en su totalidad por mujeres, en el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, a fin de instrumentar acciones específicas tendientes a fortalecer el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a la investigación y persecución de los delitos de mayor impacto. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno federal a modificar la denominación jurídica del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, a efecto de convertirlo en un hospital regional de alta especialidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Partido de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas, a implementar las acciones conducentes para la regularización y respeto irrestricto a la legítima propiedad y derecho al que los habitantes del municipio de Tzimol, Chiapas, tienen sobre el predio Santo Domingo Tzimol. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Antonio Amaro Cancino, Mariana Benítez Tiburcio y Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud implemente las políticas públicas necesarias en materia de prevención y promoción a la salud reproductiva de las y los adolescentes indígenas del país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jorge Tello López, del Partido de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en las reglas de operación de los programas a su cargo, incluya como parte de los documentos que acreditan la legal propiedad de las tierras, las actas de posesión emitidas por el comisariado de bienes comunales o ejidales. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, del Partido de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que inscriban al humedal de Tláhuac, en la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Araceli Damián González, Ernestina Godoy Ramos y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Partido de Morena, por el que se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala y a otras autoridades de la entidad, para que se den las condiciones a fin de resolver el conflicto entre la empresa de calzado Sandak, Sociedad Anónima de Capital Variable, y sus trabajadores. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

• Juan Romero Tenorio y Norma Roció Nahle García, del Partido de Morena, por el que se exhorta al secretario de Economía para que difunda la información del denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico, y se suspenda la firma definitiva del mismo, a fin de determinar los riesgos y eventuales beneficios. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Concepción Villa González, del Partido de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a fin de promover acciones afirmativas de género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, del Partido de Morena, por el cual se exhorta al Senado de la República, para que en los próximos nombramientos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hagan con base en consideraciones de carácter profesional y en la integración de género de dicho órgano. Turno: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La Presidencia señala, dentro del contexto de la presentación en tribuna de iniciativas de ley o decretos, que los legisladores que deseen adherirse a los mismos, contarán con un plazo determinado para ello, siempre y cuando tengan la autorización de su autor.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes trece de octubre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con el orden del día.

COMUNICACIONES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno (LGCG), que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de noviembre de 2012, hago referencia a las siguientes obligaciones de las entidades federativas y de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 73. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de adultos conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet, la siguiente información:

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino.

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende; y

c) La información señalada en la siguiente fracción; y

II. La Secretaría de Educación Pública del gobierno federal deberá

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año;

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando las que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, las que lo tienen en ambas;

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Educación Pública del gobierno federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que asó lo solicite;

d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de internet la información que sea remitida por las entidades federativas en términos del inciso anterior, particularmente respecto a

1. Número y tipo de plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales.

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centros de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de trabajo origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo a que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas; y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa.

e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Educación Pública del gobierno federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les comunicará los casos en que encuentre irregularidades, a efecto de corregirlas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre respectivo.

f)Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, o temporalmente, cuando el trabajador ocupe una cantidad de plazas que supere el número de horas hábiles en un plantel; y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas; y

g) Vigilar el monto de las remuneraciones con cargo al fondo respectivo, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más lata del tabulador salarial correspondiente a cada entidad.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Al respecto, con fundamento en los artículos 20 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y con el propósito de dar cumplimiento a lo solicitado del artículo 73 de la LGCG, hago de su conocimiento que la información se encuentra disponible, desde el 30 de septiembre, en la siguiente dirección:

http://sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_lgcg

Sobre el particular, solicito su amable apoyo para que lo anterior se haga del conocimiento de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Reitero a usted la seguridad de la mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 30 de septiembre de 2015.— Licenciado Jesús Orta Martínez (rúbrica), Director General de Presupuesto y Recursos Financieros.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 62-II-6-2186 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/1328/15 suscrito por la doctora Lorena G. Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a llevar a cabo campañas de información, orientación y prevención dirigida a las y los mexicanos para informar, prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pornografía infantil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de octubre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/792/15 de 29 de abril de 2015, a través del cual hizo del conocimiento de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de esta Secretaría, el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relacionado con el exhorto para realizar campañas de información, orientación y prevención para informar, prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pornografía infantil.

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio número SPEPE/ST/0034/2015, de la Secretaría Técnica de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y el oficio número SEB/UR300/ CAS/093/2015, de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Educación Básica, con los comentarios correspondientes al Punto de Acuerdo de referencia.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2015.— Doctora Lorena G. Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, Coordinador de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En alcance a similar número SPEP/ST/029/2015 de fecha 7 de mayo de 2015, por el que se da respuesta al oficio UR UCE/CECU/600/15, Ref. 0056-P, del 30 de abril de 201S, mediante el cual hace del conocimiento a esta Subsecretaría el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 28 de abril de 2015, en el que se señaló lo siguiente:

Único. La cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo campañas de información, orientación y prevención dirigida a las y los mexicanos para informar, prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pornografía infantil. “

Al respecto esta Subsecretaría, reitera que se encuentra en la mejor disposición de participar en las campañas que se proponen, en este contexto el Director General de Televisión Educativa mediante oficio 216.DGTE/162/2015, señala que para hacerla de manera responsable y efectiva, considera se deben de definir los contenidos de manera conjunta con la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral d~ la Familia u otras instancias responsables, con el fin de diseñar una estrategia que apoye a la concientización de la población en estos temas, lo que una vez realizado, permitirá a la Dirección General de Televisión Educativa, colaborar con las señales de televisión (abiertas y restringidas) para transmisión y en su caso producción de los materiales audiovisuales que se definan.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de mayo de 2015.— Rodrigo Antonio Zavala Aguilar (rúbrica), secretario técnico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Miguel Ángel Álvarez Castro, subdirector de Vinculación y Seguimiento de Acuerdos de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.— Presente.

En atención al oficio número SPEP/SVSA/0177/2015 Ref. V-9431, en el cual hace extensivo el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Procuraduría General de las República y del sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo campañas de información, orientación y prevención dirigidas a las y los mexicanos para informar, prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pornografía infantil.

Con relación a lo anterior, me permito comentarle que la Dirección General de Televisión Educativa está en la mejor disposición de participar en las campañas que ahí se propones, poniendo a su disposición las señales de televisión (abiertas y restringidas) para su transmisión y la producción de los materiales audiovisuales que se definan; sin embargo, consideramos que para hacerlo de manera responsable y efectiva se deben definir los contenidos de manera conjunta con la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia u otras instancias responsables, con el fin de diseñar una estrategia que apoye la concientización de la población en estos temas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de mayo de 2015.— Licenciado Gustavo Lomelin Cornejo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

Por instrucciones del ingeniero Alberto Curi Naime, subsecretario de Educación Básica, y en atención al oficio UCE/CECU/636/2015, relativo a la solicitud:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría General de la República y del sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que en el ámbito de sus respectivas facultades, lleven a cabo campañas de información, orientación y prevención dirigida a las y los mexicanos para informar, prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pornografía infantil.

Al respecto, me permito remitir los comentarios formulados por la subsecretaría de Educación Básica.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de junio de 2015.— Doctora Arlette López Trujillo (rúbrica).»

«Comentarios al acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores acerca de los problemas asociados con la pornografía infantil

En relación con el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores el 28 de abril del año en curso, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar, en el ámbito de sus facultades campañas de información, orientación y prevención dirigidas a las y los mexicanos para informar, prevenir, atender y erradicar los problemas asociados a la pornografía infantil; se emiten los comentarios siguientes:

La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular realiza un proceso permanente de revisión y ajuste del plan y los programas de estudio de educación básica, para responder a temas socialmente relevantes como la educación integral de la sexualidad y la cultura de la prevención, lo cual implica el desarrollo de un conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y valores en los estudiantes para su desarrollo personal y social, que les permiten prevenir situaciones de riesgo.

Asignaturas como ciencias naturales (primaria). Ciencias (secundaria) y formación cívica y ética tienen como propósito favorecer en los alumnos el autoconocimiento, la valoración positiva de sí mismos y la identificación de conductas y actitudes que contribuyen a su integridad, salud y bienestar personal y social en la vida cotidiana.

En la asignatura formación cívica y ética los alumnos asumen posturas y compromisos éticos vinculados con su desarrollo personal y social, teniendo como marco de referencia el respeto de la dignidad humana, de los derechos humanos y los valores democráticos. En los programas de estudio de esta asignatura se prevé el fortalecimiento de una cultura de la prevención. a través del desarrollo de habilidades para el autoconocimiento y la autorregulación que contribuyen a que el alumno valore sus características físicas, emocionales y cognitivas; la toma de decisiones individuales y colectivas de manera informada, consciente y responsable, para elegir entre opciones y alternativas que promuevan su desarrollo personal; asimismo se fortalece la asertividad, entendida como la habilidad social de hacer valer los derechos, decir lo que se piensa y quiere, sin ser agredido ni agredir a los demás. Lo anterior, contribuye identificar situaciones de riesgo que pueden estar presentes y a evitar comportamientos sexuales coercitivos o violentos.

En la educación básica, la cultura de la prevención se plantea a través del trabajo reflexivo, dialógico y vivencial, en el que se recuperan las experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y sus contextos para construir su perspectiva ética y ciudadana. Se proponen situaciones hipotéticas como recurso para el manejo de situaciones de riesgo de los alumnos que demandan anticipar consecuencias para su vida personal y social. Lo anterior contribuye a la reflexión sobre sus características, aspiraciones individuales y a la facultad para elegir un estilo de vida sano, pleno y responsable, basado en la confianza en sus potencialidades y el respeto de su dignidad.

Es preciso reconocer que la pornografía infantil es un problema multifactorial en el que están presentes aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos, por lo que se requiere de la acción coordinada de diferentes actores, sectores gubernamentales y sociales, organismos internacionales, y la adecuada legislación en la materia. Desde la dirección General de Desarrollo curricular, se contribuyen a atender la prevención de esta problemática a través de los contenidos que se trabajan en la Educación Básica.

A continuación se presentan los contenidos de formación Cívica y Étnica que se relacionan con la educación integral de la sexualidad y la cultura de la prevención, y por ende con la problemática de la pornografía infantil. Estos contenidos se abordan desde un enfoque de reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de la niñez.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Instituto Nacional de Migración.

Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio me permito remitir amablemente a usted informe trimestral de avances financieros, correspondientes a los programas de protección a migrantes referentes a:

a) Grupos Beta de Protección al Migrante.

b) Programa de Repatriación Humana.

c) Programa Paisano.

d) Oficiales de Protección a la Infancia.

Al respecto me permito enviarle los avances financieros del tercer trimestre, así como el acumulado al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2015.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2015.— Licenciado Rogelio Valles Rosas (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se incluya una asignación de recursos etiquetados para el organismo público descentralizado Hospitales Civiles de Guadalajara por la cantidad de 500 millones de pesos que resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 7 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se incluya una asignación de recursos etiquetados para el organismo público descentralizado Hospitales Civiles de Guadalajara por la cantidad de 500 millones de pesos que resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos, a fin de garantizarlos en favor de nuestra población más necesitada; lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los Hospitales Civiles de Guadalajara son un organismo público descentralizado de la administración pública estatal jalisciense, formado por dos unidades hospitalarias: el antiguo hospital civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y el nuevo hospital civil de Guadalajara Doctor Juan I. Menchaca. El primero, antiguo hospital civil de Guadalajara, que opera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde finales del siglo XVIII.

Ambos hospitales son considerados la unidad médica más grande de América Latina, que prestan servicios a más de la mitad de los jaliscienses que no cuentan con algún esquema de seguridad social. Mas no se limita a este estado: sus servicios son de índole regional, pues a estos hospitales acuden pacientes de escasos recursos de los estados cercanos a Jalisco, que los constituye como la primera alternativa dirigida a la población abierta en la región occidente del país.

Actualmente, el hospital civil de Guadalajara atiende anualmente un promedio de

• 75 mil egresos hospitalarios;

• 642 mil consultas a niños y adultos;

• 42 mil cirugías; y

• 13 mil 400 recién nacidos vivos.

Sin duda, toda una institución de asistencia social, con gran capacidad a través de sus más de mil 700 camas de hospitalización, que constituye una esperanza de vida y mejora en las condiciones de la misma a través de la salud para cientos de miles de personas que acuden a solicitar sus servicios, principalmente personas en estado de pobreza y que no cuentan con servicios de salud a través de la seguridad social.

Ello, sin contar que constituye además uno de los principales pilares académicos en la medicina, mediante el desempeño de sus funciones de enseñanza, que fortalece la labor comprometida de la comunidad que se encomienda a prepararse para la loable profesión de la medicina.

Definitivamente, la institución del hospital civil de Guadalajara es de tal relevancia y trascendencia que ha merecido que este año el Congreso de Jalisco, mediante el decreto 25344, lo haya declarado benemérito en sesión extraordinaria del 27 de abril, con la autorización para trasladar el recinto oficial del Congreso para sesionar solemnemente en el hospital Fray Antonio Alcalde y develar placa conmemorativa alusiva.

Sin embargo, en el discurso las cosas se advierten bien, pero en la realidad Hospitales Civiles de Guadalajara no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a la demanda de sus servicios, que como ya se dijo, la gran mayoría es requerida por la población más vulnerable.

La situación ha llegado al grado de una posible parálisis, que se ha agravado ante adeudos que el Seguro Popular guarda con tan noble institución médica en Jalisco. Las deudas de Hospitales Civiles superan 500 millones de pesos a proveedores, mientras que el Seguro Popular le adeuda más de 700 millones de pesos.

Esta situación ha generado que los proveedores del hospital se encuentren propensos a suspender el suministro de insumos, con lo catastrófico que ello sería para con los más necesitados de nuestra población. Luego, si esta benemérita institución encuentra problemas para operar; acerca de invertir para ampliar su capacidad y mejorar sus servicios, ya ni hablar.

Así las cosas, Hospitales Civiles de Guadalajara pasan por una fuerte crisis económica que resulta imprescindible mitigar, el grado que ya se piensa en hacer una evaluación de los servicios más apremiantes para tratar de mantenerlos en operación, contra la eventual suspensión de otros.

Se necesitan recursos, y la urgencia en estos momentos es cuando menos por la cantidad de 500 millones de pesos para mantener la operatividad y la prestación de los servicios médicos.

Para ello es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el hacer un esfuerzo y apoyar a esta institución en favor los más necesitados.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta asamblea consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se incluya una asignación de recursos etiquetados para el organismo público descentralizado Hospitales Civiles de Guadalajara por la cantidad de 500 millones de pesos que resultan urgentes para evitar cualquier posibilidad de suspensión de sus servicios médicos, a fin de garantizarlos en favor de nuestra población más necesitada.

Dado en el salón de sesiones, a 7 de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se destinen mayores recursos a la Secretaría de Turismo.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

El turismo en nuestro país representa una gran oportunidad de crecimiento económico, de innovación y de generación de empleos, que aún debemos explotar a cabalidad.

La riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa, nuestro cúmulo de recursos naturales le permite al viajero apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes nevados y otros paisajes con una increíble variedad de luz y color.

Además, nuestra oferta cultural e histórica que posee nuestro país es reconocido por diversos organismos nacionales e internacionales, y ubica al sector turístico como una actividad prometedora y fructífera. México hoyes reconocido como uno de los países que recibe más turistas al año, y ocupa el décimo lugar como destino turístico a nivel internacional.

El potencial económico y de impulso al bienestar social del sector turístico en nuestro país queda claro si se analizan los datos sobre su desempeño. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el producto interno bruto aumentó 0.5 por ciento durante el segundo trimestre de 2015 respecto al trimestre anterior. Asimismo, registró un alza de 2.2 en el trimestre abril-junio del presente año respecto al mismo periodo de 2014. De esa manera se crearon 3.7 millones empleos en el sector turismo en México.

Sin duda, durante los últimos años los avances obtenidos en el desarrollo de las actividades turísticas han sido significativos; muestra de ello es que en los primeros, cinco meses de 2015, el ingreso de divisas al país por visitantes internacionales registró un crecimiento de 9.9 por ciento: pasó de 7 mil 13 millones de dólares a 7 mil 706 millones respecto a enero-mayo de 2014.

Además, se ha presentado un incremento relevante de turistas e infraestructura. De acuerdo con el informe del Banco de México, el flujo de turistas internacionales en lo que va del presente año sumó 13 millones de personas, cifra superior en 7.2 por ciento respecto a los 12.1 millones registrados durante el mismo periodo de 2014.

En relación con la ocupación hotelera, los cuartos de hotel pasaron de 200 mil 92 en 2014 a 213 mil 987 en 2015, como resultado del aumento de ocupación en los 70 principales destinos promedio; es decir, hubo un incremento del turismo, que pasó de 57.1 por ciento en 2014 a 60.38 en los primeros cinco meses de 2015.

Los datos más recientes hacen predecir que, a pesar de las crisis económicas que se han presentado en diversas partes del mundo, el turismo en México tiene una tendencia de crecimiento, con expectativas de convertirse en uno de los motores económicos más relevantes de nuestro desarrollo. Cabe recordar que hoy en día esta actividad ya se ubica como la tercera fuente de divisas para México (después del petróleo y las remesas).

En este contexto, uno de los retos del gobierno federal será trabajar en la promoción de nuevas alternativas turísticas, tales como el turismo ecológico y cultural en zonas prioritaria mente indígenas, y preservar, al mismo tiempo, los recursos naturales y la integridad de las formas de vida comunitarias.

Finalmente, para fortalecer el sector es necesaria una mayor inversión y el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento. Si bien en 2015 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 6 mil 844 millones de pesos para el ramo de turismo –cifra superior en 791 millones de pesos respecto del Presupuesto aprobado para 2014–, se requiere incrementarlo para afrontar las necesidades que aún perduran en este sector y los retos señalados.

Por todo lo expuesto, a unos días de iniciarse el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se destinen mayores recursos para la Secretaría de Turismo.

Senado de la República, a 7 de octubre de 2015.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a entregar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública destinados a los municipios de Nuevo León, contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015; asimismo, exhorta a la Cámara de Diputados a no reducir los recursos económicos destinados a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública de los municipios de Nuevo León.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Seguridad Pública el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de éstos.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que entregue los fondos de ayuda federal para la seguridad pública destinados a los municipios del Estado de Nuevo León, contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015. Del mismo modo se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en función de sus facultades para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación no reduzca los recursos económicos destinados a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública de los municipios de Nuevo León.

Exposición de Motivos

1. El Ejecutivo federal por conducto de la secretario de Hacienda y Crédito Público y en cumplimiento de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 5 de septiembre de 2014, envió a la Cámara de Diputados el Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal para 2015, el cual se encuentra integrado por diversos subsidios como; Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) y el Subsidio para la Policía Acreditable, SPA, entre otros.

2. El Subsidio para la Seguridad de los Municipios es un partida que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para fortalecer las instituciones de seguridad municipales.

Con este subsidio se cubren aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformidad de base de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.

Los municipios beneficiarios con el Subsemun son elegidos tomando en cuenta la población municipal, la incidencia delictiva y las características del municipio en cuanto a que sean destinos turísticos, zona fronteriza, municipios conurbados o próximos a zonas de alta incidencia delictiva. Los municipios beneficiarios deben aportar un 25% del recurso federal como coparticipación.

Al igual que en el SPA, el recurso del Subsemun debe ser ejercido antes de finalizar el año y en caso de que el municipio que lo recibe no cumpla con las metas establecidas deberá reintegrar a la Federación los recursos no aplicados

3. El Subsidio para la Policía Acreditable es un recurso destinado a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. Tiene como objetivo incentivar a las instituciones policiales del país a reorganizarse bajo el esquema de Mando Único Policial y la conformación de Módulos de Policías Estatales, Ministeriales o Custodios Acreditables. Para ser un elemento acreditable éste debe tener educación media superior como mínimo, haber aprobado los exámenes de control de confianza, cursar y aprobar el proceso de formación inicial y contar con cursos de especialización.

El SPA otorga el financiamiento para que los estados cubran todo el proceso de convocatoria, reclutamiento, certificación y capacitación, y además otorga recursos para cubrir el equipamiento de este personal. El SPA es un subsidio y por tanto debe ejercerse en su totalidad antes de finalizar el año. En caso de que el estado no ejerza antes del 31 de diciembre todo el recurso otorgado o no cumpla las metas comprometidas, deberá reintegrarlo a la Federación.

Este subsidio se otorga en tres ministraciones las cuales están condicionadas a que el estado cumpla con las metas que se fijó, en cuanto al reclutamiento, evaluación, capacitación y equipamiento del personal que estableció como meta lograr. Si para la fecha de cada ministración de recursos el estado presenta algún incumplimiento, los recursos se ajustan en función del avance obtenido.

4. La forma de operar y los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública se establecieron en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015 en donde se instituye específicamente los montos destinados para los Estados y los Municipios, los cuales servirán para la prevención y combate directo a la delincuencia y se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. En dicho presupuesto los montos asignados fueron los siguientes:

Montos

5. El monto asignado en un principio para el Subsidio de la Seguridad de los Municipios es el siguiente:

Artículo 8. El presente Presupuesto incluye la cantidad de 4 mil 893 millones 949 mil 427 pesos, para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su .cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Los subsidios a que se refiere este artículo serán destinados para los conceptos y conforme a las reglas que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal mejorar la infraestructura de las corporaciones en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito. (SHCP, 2015)

6. Estos montos destinados para la seguridad pública debieron ser entregados de la siguiente manera:

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un término que no deberá exceder el 28 de febrero, deberá suscribir convenios específicos con las respectivas entidades federativas y sus municipios, así como con el gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales elegibles, que deseen adherirse a este programa, con base en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los cuales deberá preverse lo siguiente:

I. Las acciones programáticas a las que se destinará el subsidio en el marco de las políticas generales acordadas en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública;

II. Los mecanismos a través de los cuales podrá realizarse la adquisición de equipamiento, así como las condiciones y procedimientos a los que deberá sujetarse la profesionalización;

III. El compromiso de las entidades federativas de hacer entrega a los municipios del monto total de los subsidios del programa, incluyendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a que éstas reciban los recursos de la federación;

IV. El establecimiento por parte de las entidades federativas y los municipios de cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos federales que les sean transferidos, para efectos de su fiscalización;

V. La obligación de las entidades federativas y los municipios de registrar los recursos que por este programa reciban en sus respectivos presupuestos e informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local;

VI. La obligación de los municipios, a través del estado respectivo, y del gobierno del Distrito Federal de informar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y al Consejo Estatal, sobre las acciones realizadas con base en los convenios específicos a que se refiere este artículo, y

VII. La obligación de las entidades federativas y los municipios de reportar trimestralmente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo siguiente:

a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo;

b) Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y

c) El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.

Para acceder a los recursos, los municipios y el Gobierno del Distrito Federal deberán comprometerse, a través de los convenios suscritos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cumplimiento de las políticas, lineamientos y acciones contenidos en los mismos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportará trimestralmente a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Gobernación, la cual deberá, a su vez, enviar a la Secretaría, la información señalada en los incisos b) y c) de la fracción VII del presente artículo, así como las fechas en que se hayan transferido los recursos a las entidades federativas para su entrega a los municipios. Los municipios, a su vez, incorporarán en dicho sistema la fecha en que recibieron los recursos, la fecha en la que éstos fueron finalmente ejercidos, así como los destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados los recursos.

La distribución de los recursos se realizará conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate al fenómeno delictivo.

VIII. Los recursos a que se refiere este artículo se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios federales, incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 7 de este Decreto.

IX Artículo 9. En el presente Presupuesto de Egresos se incluyen las siguientes cantidades:

A. 2 mil 759 millones 125 mil 600 pesos para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, y

B. 2 mil 683 millones 230 mil pesos para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

Dichos recursos se otorgarán a aquéllas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.

7. Los montos antes referidos no han sido entregados en su totalidad a los municipios beneficiados, por lo menos en el Estado de Nuevo León donde los fondos destinados para el fortalecimiento de la seguridad de los municipios no han llegado en su totalidad. En diferentes medios de comunicación se ha hecho público que al final de la administración de los presidentes municipales quienes están terminando su administración no pudieron acceder a dichos fondos y por ende los programas que dependen de estos recursos económicos destinados a estos fondos se están postergando.

En Nuevo León los presidentes municipales se ven impedidos para aplicar las tareas de seguridad y evaluación de cuerpos de seguridad por la falta de estos recursos económicos.

8. En Nuevo León, la falta de implementación de los programas de seguridad que depende de estos fondos federales ya ha impactado en el aumento de delitos como extorciones, lesiones y violaciones, lo anterior se ve reflejado en el impacto negativo y el incremento de estos delitos que sin duda laceran a la sociedad Neoleonesa.

Antecedentes

1. En los últimos cinco años los delitos que más han incrementado en Nuevo León y que con frecuencia se repiten son los siguientes:

• Extorción

• Lesiones

• Violaciones

2. Estos datos son contundentes y reflejan de manera clara el incremento de estos delitos, lo anterior coincide plenamente con la falta de recursos destinados a los fondos de seguridad para los municipios.

3. De no otorgar los fondos de seguridad a los municipios que’ ya fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, estos delitos que ya van en aumento seguirán incrementando y se corre el riesgo de que se acrecienten aún más; ya que no se tienen los recurso económicos suficientes para combatir estos delitos.

Considerandos

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible, a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. La escasez de recursos económicos en los municipios de Nuevo León parece una constante, sin embargo en la seguridad de los neoleoneses no se debe escatimar recursos económicos para aplicar los programas de seguridad que ya se venían implementando en los Municipios, es de suma importancia que se otorguen los fondos federales para la seguridad en su totalidad.

III. De no entregarse los recursos destinados a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a los municipios de Nuevo León. Se pone en riesgo la aplicación de los programas de seguridad en todos los municipios del estado.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que entregue los fondos de ayuda federal para la seguridad pública destinados a los municipios del estado de Nuevo León, contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Segundo. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en función de sus facultades para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación no reduzca los recursos económicos destinados a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública de los municipios del estado de Nuevo León.

Fuentes consultadas

Delictivo, Semáforo (7 de octubre de 2015). Semáforo Delictivo cifras del Estado de Nuevo León. Obtenido de Semáforo Delictivo cifras del estado de Nuevo León: http://nl.semaforo.com.mx/

SHCP. (1 de enero de 2015). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 texto vigente a partir del 01-01-2015. Obtenido de Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015 texto vigente a partir del 01-01-2015.

Notas:

1. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 texto vigente a partir del 1 de enero de 2015 nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014.

2 Semáforo delictivo, cifras de Nuevo León en: http://nl.semaforo. com.mx, revisón +ultima 7 de octubre de 2015.

Cámara de Senadores, a 8 de octubre de 2015.— Senador Raúl García Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, René Juárez Cisneros, senador de la República a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma de Guerrero, es una institución pública y autónoma de educación media superior y superior cuyo Campus principal se encuentra en Chilpancingo y en otras siete regiones del estado.

Con presencia en el 90 por ciento del estado, la universidad cuenta con diferentes programas educativos en las 7 regiones en los niveles de Medio Superior, Superior y Posgrado.

A la fecha, cuenta con una de las matrículas más altas de las universidades públicas del país. La institución, atiende a 82 mil 770 estudiantes legalmente inscritos en el ciclo escolar 2014-2015, 964 en posgrado, 29 mil 883 en nivel licenciatura, 29 técnico superior universitario y 51 mil 894 del nivel medio superior, con respecto a 2014 que se contaba con 75 mil 819, creció en 6 mil 951. Lo anterior, refleja la necesidad de la construcción de infraestructura moderna y funcional que permita mantener la calidad y pertinencia de la oferta educativa.

La regionalización en la Universidad Autónoma de Guerrero tiene como objetivo, brindar mayores oportunidades a los jóvenes para su superación personal, movilidad social y arraigo regional; sobre todo en los campus de la Montaña, Costa Chica, Zumpango, Llano Largo y Taxco el Viejo.

El apoyo presupuestal, es necesario para la terminación de estos campus regionales, pues a la fecha se tienen avances considerables en la construcción de los mismos, lo que ha permitido dar acceso a más de 500 estudiantes de nuevo ingreso, a las distintas carreras que ahí se imparten.

Asimismo, una de las metas por cumplir es la UAGro Virtual; para ello, se requiere establecer nodos en las distintas regiones y comunidades del estado, para extender sus servicios educativos a las zonas marginadas y ampliar la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior de la entidad.

También, debemos de mencionar el impulso y la necesidad de implementar las tecnologías, de la Información y Comunicación (TIC), para ello, es importante ampliar su uso intensivo, que coadyuven para mejorar la ampliación y la diversificación de la oferta educativa, y fortalecer los espacios físicos acorde al modelo educativo.

Diversos organismos académicos han reconocido avances significativos en competitividad académica; un gran logro para la institución es ser parte del Consorcio de Universidades Mexicanas, donde se encuentran asociadas las 29 mejores universidades públicas de provincia del país.

Referente a profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, se ha tenido un buen incremento en los últimos años, pasando de 64 que se tenían en 2013, a la fecha se cuenta con 90 académicos pertenecientes a este sistema.

Como se puede observar, la Institución está presentando un crecimiento notable tanto en la calidad de sus Programas Educativos como en su inversión física; ha procurado finanzas sanas; mediante mecanismos de austeridad en el gasto no prioritario, el gasto administrativo y de operación, procurando un mejor impacto en áreas sustantivas.

Debemos reconocer a la Universidad, como una institución que ha venido incrementando el subsidio federal; esto como resultado de los avances que se han obtenido en los indicadores de desempeño.

No obstante, se requiere continuar mejorando la calidad y volverla más competitiva, así como para ampliar la cobertura y hacerla más equitativa, ofreciendo posibilidades de acceso por igual, a jóvenes de todos los estratos sociales; por ello, se requiere incrementar el presupuesto a nuestra Universidad. La UAGro, al igual que muchas de las Universidades Públicas del país, ha tenido problemas presupuestales.

Actualmente, y de acuerdo al proyecto Presupuesto de Ingresos y Egresos 2016, presentado por la Universidad Autónoma de Guerrero, para dar cumplimiento a sus metas, requiere un monto total de 5,087´986,018 millones de pesos.

De ahí el presente punto de acuerdo cuya finalidad es apoyar y cubrir las necesidades de la universidad, y así poder cumplir su compromiso con los guerrerenses, y en particular con los sectores menos favorecidos en lo económico, cultural y social; y procurar disminuir los grandes rezagos que en materia de educación se tienen en la entidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, un incremento de los recursos presupuestales a la Universidad Autónoma de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de octubre de 2015.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, recursos etiquetados para continuar con la pavimentación del tramo carretero Quechultenango-Nacaxtlan, en Guerrero.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, René Juárez Cisneros, senador de la República a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Guerrero cuenta con una red de infraestructura carretera que, de cuerdo acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), tiene 17 mil 742 kilómetros de carreteras; de estos, mil 910 son carreteras troncales federales; mil 647 kilómetros son de carreteras alimentadoras estatales; 9 mil 219 kilómetros son caminos rurales y 4 mil 966 kilómetros son brechas.

Esta red carretera, ha permitido la comunicación de sus habitantes y la introducción de los servicios de educación, salud, energía, comercio y otros que son indispensables para el desarrollo de sus comunidades; sin embargo, es cierto también que estas vías de comunicación no presentan la calidad que se requiere para proporcionar a los usuarios un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

El principal problema que se observa en infraestructura carretera es la falta de una política efectiva de mantenimiento y conservación de las obras y servicios ya existentes; y en otros, la conclusión de los tramos carreteros, lo que provoca que disminuya en gran medida el índice de servicios de los mismos y aumente el riesgo para los usuarios.

Sin embargo, el hecho de contar con una infraestructura de caminos, nos obliga a reconocer que en algunos rubros no se han destinado los suficientes recursos para terminar su operación; tal es el caso de la carretera Quechultenango-Nacaxtlan.

Para el caso que nos ocupa, debemos mencionar que se han destinado tres aportaciones económicas, lo que ha permitido avanzar hasta diez kilómetros, es decir, se han pavimentado el 20% del total del camino, faltando todavía cuarenta kilómetros para concluir.

Dicha carretera constituye una ruta de gran importancia para la región. Destaca que con los diez kilómetros pavimentados, no se permite la intercomunicación entre las comunidades asentadas en su trayecto.

Los habitantes de las comunidades han reconocido que la culminación de la carretera, será de gran utilidad e importancia para sus pueblos, ya que con ello, se acortará el tiempo de traslado a la cabecera municipal y se permitirá el tránsito en cualquier época del año.

Este importante tramo carretero, no debe ser olvidado por las autoridades y los legisladores. La colegisladora, como responsable de la aprobación del presupuesto, debe seguir etiquetando los recursos necesarios para su terminación.

Asimismo, esta carretera es de gran relevancia para el desarrollo econ6mico de la región. Su población demanda la culminación, considerando que la actividad agropecuaria, la industria y el comercio cobran mayor auge.

Su construcción favorecerá también a varias localidades; entre ellas: Pueblo Viejo, Santa Cruz, Jalapa, Tolixtlahuaca, Aztatepec, Nacaxtlán, El Cocoyul, y Las Palmitas.

De ahí nuestra solicitud para que en el próximo presupuesto para 2016, se autoricen los recursos necesarios para continuar su construcción, y así, comunicar en forma rápida y segura los diferentes destinos que ofrece Guerrero.

Asimismo, es prioritario integrar, mediante el desarrollo de la infraestructura carretera a las distintas regiones del estado, y así, acercar los servicios básicos de manera eficiente acortando distancias y costos de traslado.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, recursos etiquetados para continuar con la pavimentación del tramo carretero Qechultenango-Nacaxtlan, en el estado de Guerrero.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de octubre de 2015.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2016, que la medida de “deducción inmediata” sea extensiva a todas las empresas de otros sectores de la economía nacional y no sólo al energético y al de infraestructura del transporte.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de senadores la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Cámara de Diputados a que considere en el proceso de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio de 2016 que la medida de deducción inmediata sea extensiva a todas las empresas de otros sectores de la economía nacional y no solo al energético y al de Infraestructura del transporte, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el proceso de aprobación de la reforma fiscal, Acción Nacional mantuvo una postura claramente en contra de estas medidas en tanto que anticipamos que los cambios propuestos por el gobierno federal no traerían consigo lo que el país requería, y que ahora demanda con mayor urgencia que es crecimiento económico y finanzas públicas sanas. Advertimos desde hace dos años que las promesas y prospectivas de desarrollo económico que se prometían en dicha iniciativa, no serían alcanzadas mediante las reformas que se propusieron y que finalmente se aprobaron sin la participación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

De este modo, nos encontramos dos años después retomando los mismos argumentos, solo que ahora buscamos revertir una reforma que ya ha causado daños significativos y además, enfrentamos variables negativas que no se tenían en el escenario en 2013: la caída de los precios del petróleo, un tipo de cambio cuesta arriba, ajustes permanentes en los pronósticos de crecimiento y un malestar social generalizado por las dificultades que aquejan día con día a la población, causadas entre otras cosas, por mal desempeño económico nacional.

Acorde con lo anterior, y en el marco de la discusión del paquete económico 2016 es sumamente relevante considerar ciertos puntos que deben de ser reformados, mismos que incluso el titular del Ejecutivo estima conveniente modificar y en consecuencia, junto con las iniciativas de ley de Egresos e Ingresos de la Federación ha enviado a la colegisladora proyectos de decreto para realizar cambios a la reforma en comento.

Una de ellas fue la eliminación de la deducción inmediata, la cual en términos generales consiste en que una empresa no tiene que esperar a que sus inversiones se vayan depreciando para poder realizar las deducciones correspondientes, sino que puede deducir el valor de los mismos desde el momento en que se adquieren. En otras palabras, se adelanta en el tiempo el beneficio fiscal de la deducción.

La deducción inmediata significa otorgar un financiamiento a las empresas para que realicen inversiones, en tanto que su pago de impuestos se reduce, si y solo si tal ahorro lo invierten, mismo que consiste en adelantar la depreciación del bien.

Según la parte considerativa del proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo, en la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se dice que con la finalidad de promover medidas de inversión, se propone autorizar la deducibilidad inmediata de inversiones. La deducibilidad inmediata es una forma de financiamiento que otorga el fisco, y son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que en realidad lo requieren.

Esta propuesta por parte del Ejecutivo es temporal y será aplicable solo a los ejercicios 2016, 2017 Y el último trimestre de 2015. Siendo aplicable únicamente al sector energético y de infraestructura del transporte, en tanto que, a decir de dicho Proyecto de Decreto, estos se distinguen por ser insumos esenciales para los demás sectores de la economía y con ello se tendría una incidencia positiva sobre la competitividad del resto de las empresas.

No obstante lo anterior, es menester considerar que hasta 2013, las empresas consideraban la deducción inmediata como un estímulo o financiamiento con el fisco, ya que les permitía diferir el pago del impuesto.

Con el estímulo de la deducción inmediata, las empresas financiaban su inversión, considerando que no tenían que pagar el ISR inmediatamente y desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, han tenido que recurrir a fuentes de financiamiento más caras que además de ello, no promueven la inversión en nuestro país.

Como bien lo señala la iniciativa del presidente, en el rubro de la inversión se encuentran inmiscuidos diversos factores que son de suma relevancia para el desarrollo económico del país, como son el crecimiento económico y la creación de empleos, mismos ámbitos que no han mostrado el desempeño deseado o pronosticado desde la implementación de la reforma fiscal.

La deducción inmediata desde los años ochenta ha sido siempre un estímulo para la inversión, tanto nacional como extranjera, porque fomenta el establecimiento de nuevas inversiones; y sin duda, la circunstancia económica que se vive en nuestro país no permite que se deje de lado ninguna de las herramientas económicas que a lo largo de nuestra historia han otorgado importantes beneficios.

Es importante señalar que artículo 31 de la Carta Magna establece el principio de proporcionalidad y equidad, los cuales establecen un trato igualitario a todos los contribuyentes y un cobro que se acorde con sus ingresos, por lo que limitar el beneficio de la deducción inmediata únicamente a cierto sector de la economía se afectaría este principio al no ser generalizado a todos los contribuyentes que cuentan con este derecho fundamental.

De tal suerte que es relevante que la Cámara de Diputados considere en el proceso de análisis, discusión y dicta mi nación que la restitución de la deducción inmediata, no se haga de manera parcial, sino que se extienda a todos los sectores de la economía nacional y que no se limite únicamente a las pequeñas y medianas empresas, toda vez que una mayor amplitud de este beneficio coadyuvará a mejorar el desarrollo económico nacional.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados a que en el ejercicio de su atribución como Cámara de origen del Paquete Económico para 2016, considere durante el proceso de análisis, discusión y aprobación de este, que la medida de deducción inmediata que ha propuesto el titular del Ejecutivo federal para promover la inversión económica, sea extensiva a todas las empresas de otros sectores de la economía nacional y no solo al energético y al de infraestructura del transporte con la finalidad de promover en el país la inversión y la generación de empleos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 8 de octubre de 2015.— Senador Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

INICIATIVA

DE SENADORLEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36, fracción II, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senadop, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Martín Orozco Sandoval, senador de la República para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 36, fracción II, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta al tenor de la siguiente al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La industria automotriz se ha convertido en un sector estratégico para la economía mexicana: es hoy la segunda más importante, sólo detrás del petróleo, constituyéndose como una relevante fuente de empleos en el país.

Según FORBES, México, actualmente es el octavo mayor productor de autos del mundo, está en camino de superar a Brasil. En 2020 debe ser el número seis por detrás de China, EU, Japón, India y Alemania, con una producción anual de 4.7 millones de vehículos.

Para los fabricantes japoneses como Mazda, Nissan y Honda, la subida del yen frente al dólar ha hecho a Japón mucho más caro que México para producir vehículos.

En los últimos cinco años, la industria automotriz nacional se consolidó como un destino de los recursos de las principales armadoras del mundo. Muestra de ello es que desde 2011 a la fecha, ocho de las mayores empresas automotrices inyectaron al país 11 mil 408 millones de dólares y hay expectativas de que canalicen otros 4 mil 500 millones en los siguientes años.

Para los fabricantes, México es atractivo por su posición geográfica, sus recursos naturales y la cercanía con Estados Unidos, lo que se complementa con los menores costos de la mano de obra. Para los especialistas, México puede alcanzar mayores niveles de producción y de consumo si se atienden pendientes como la infraestructura y la seguridad.

La industria automotriz en México ha sido y continuará siendo un impulsor clave para la economía mexicana, por lo que debemos de generar estímulos fiscales a este sector con el objetivo de seguir impulsando a esta industria, ya que hoy en día representa el cuarto generador de empleos en México y que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la industria automotriz nacional empleó en todas sus ramas un promedio de 706 mil 968 personas hasta noviembre del año pasado, además es de suma importancia incentivar a este sector ante la volatilidad del dólar y las turbulencias financieras mundiales, por lo que es necesario incrementar el monto para deducir las inversiones en automóviles, ya que con la reforma fiscal regresiva del 2014 se disminuyó el monto para deducir las inversiones en automóviles a tan sólo $ 130,00, lo que en una mayoría de casos se está limitando la compra por los contribuyentes para realizar sus actividades económicas, repercutiendo directamente en la industria respectiva.

Conforme al decreto publicado con fecha 6 de diciembre de 2006, se había establecido que el monto a deducir por inversión de automóviles era de 175 mil pesos, monto razonable en ese monto para deducir la inversión de vehículos, sin embargo a efecto de ser congruentes con los cambios económicos presentados desde 2006 a la fecha y tomando como base dicho monto y dicha fecha de publicación es conducente proponer a esta legislatura la actualización del monto máximo para deducir las inversiones en automóviles a un monto de 248 mil pesos, obviamente no considerando para referencia el monto para la deducción de $ 130,000 que la reforma fiscal de 2014 estableció.

Lo anterior no predispone a los contribuyentes a adquirir vehículos de gamas media o alta y con mayor consumo de combustible, o vehículos que no estén acordes con su actividad, sino simplemente es un reconocimiento natural del monto máximo para su deducción y un incentivo para la industria automotriz en el país.

De esa forma, con la modificación al artículo que se propone se generará un mayor dinamismo a una de las más importantes industrias en el país, reconociendo el efecto de la inflación en la deducción de automóviles para los contribuyentes, según lo comentado en los párrafos anteriores.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyectode

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 36, fracción II, primer párrafo para quedar como sigue:

Artículo 36

La deducción de inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

I. ...

II. las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de $ 248 ,000.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 30 de septiembre de 2015.— Senador Martín Orozco Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Mesa Directiva.

Acuerdo por el que se asignan los espacios y las curules que deberán ocupar las y los diputados en el salón de sesiones, durante la LXIII Legislatura.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados ha quedado formalmente instalada en los términos que marca la ley, y por lo tanto es necesario que las curules que ocuparán los diputados queden establecidas en forma definitiva.

II. Que toda vez que ha iniciado el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, es necesario definir el espacio que ocuparán los diputados en el salón de plenos, con objeto de procurar las mejores condiciones para que se realicen las actividades de la Asamblea.

III. Que el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ocupación de los espacios y de las curules en el salón de sesiones se hará de forma que los integrantes de cada grupo parlamentario queden ubicados en un área regular y continua.

Además, que la asignación definitiva de las áreas que correspondan a los grupos estará a cargo de la Mesa Directiva y que, para ello, los coordinadores de éstos, formularán sus propuestas de ubicación. Asimismo que, en todo caso, la Mesa Directiva resolverá lo anterior con base en la representatividad en orden decreciente de cada grupo, en el número de grupos formados y en las características del salón de sesiones.

IV. Que en ese tenor, este órgano de gobierno ha recibido de los coordinadores de los grupos parlamentarios, las propuestas de ubicación que permiten generar una ubicación definitiva de espacios y curules.

Con base en los considerandos expuestos y con fundamento en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva emite el siguiente

Acuerdo por el que se asignan los espacios y las curules que deberán ocupar las y los diputados en el salón de sesiones, durante la LXIII Legislatura.

Primero.Los espacios y las curules para cada grupo parlamentario se asignan de conformidad con el anexo del presente acuerdo.

Segundo. Se instruye a la Secretaría General para que se habiliten los sistemas electrónicos de asistencia y votación del salón de sesiones, a efecto de que sean utilizados de manera inmediata.

Tercero.Comuníquese a la Asamblea y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputados: José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente; Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica), María Bárbara Botello Santibañez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Daniela de los Santos Torres (rúbrica), vicepresidentes; Ramón Bañales Arambula (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Isaura Ivanova Pool Pech, Juan Manuel Celis Aguirre, Ernestina Godoy Ramos (rúbrica), Verónica Delgadillo García (rúbrica), María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica), Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.

INICIATIVAS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al punto del orden del día, que es el de iniciativas. En consecuencia tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.

El diputado Yerico Abramo Masso:Buenos días, buenas tardes, compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Con su permiso, diputado presidente. Como muchos de ustedes, que hemos tenido el privilegio de servir a nuestras entidades y espacios locales en diversos ámbitos del servicio público y en particular a través de las campañas que hoy nos tienen en esta máxima tribuna de la nación, he tenido oportunidad de identificar de viva voz de nuestros representados las demandas y propuestas de acciones en el ámbito legislativo.

Precisamente hoy me permito presentar una propuesta de solución a una reiterada demanda de nuestra sociedad, que tiene que ver con la educación de nuestra niñez, juventud y para disminuir la deserción escolar, que de acuerdo con la información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en estudiantes de entre 15 y 19 años llega a ser de hasta un 50 por ciento.

Cabe destacar que esta deserción se registra a pesar de los enormes esfuerzos y recursos presupuestales que el Ejecutivo federal realiza y destina al sistema educativo nacional.

Solo por mencionar algunos datos del Tercer Informe de labores del Ejecutivo federal en el periodo 2014-2015, la inscripción en su modalidad escolarizada alcanzó 36.1 millones de estudiantes atendidos conjuntamente por el sector público y privado de la educación.

En el mismo sentido, se informó que a fin de contribuir a la disminución del abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro, en 2014 se brindó el servicio de alimentación a 12 mil 248 escuelas de tiempo completo, lo que benefició a 1.5 millones de alumnos.

De igual forma, se señala que en los últimos tres años del gobierno de la República ha favorecido a los alumnos del todo el sistema educativo nacional con apoyos técnicos y financieros diversificados, los cuales han puesto especial atención en aquellos sectores de la población que presentan mayores rezagos y habitan en zonas de alta marginación.

Asimismo durante el periodo 2014-2015 se indica que tres de cada 10 estudiantes de escuelas públicas del país contaron con una beca para cursar sus estudios, que representa el 30.4 por ciento. El esfuerzo implicó otorgar en total 7.8 millones de becas a alumnos de educación básica, media superior y superior.

El Programa Nacional de Becas permitió ordenar el ejercicio de los recursos destinados a becas dentro del sector educativo, con la finalidad de garantizar el acceso, permanencia y egreso de la población estudiantil.

Para 2015, el presupuesto asignado a este programa fue de 13 mil 699.1 millones de pesos. Lamentablemente, amigas y amigos, y a pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado para cumplir con la obligación del Estado mexicano de suministrar educación de calidad en condiciones de equidad, las propias circunstancias de dispersión de la población y las diversas condiciones que privan en distintas regiones y entidades de la república, han imposibilitado la consecución del 100 por ciento de este objetivo, registrándose en algunos casos altos niveles de deserción escolar.

Uno de los principales factores que contribuyen a la deserción escolar lo constituye la falta de recursos económicos de un amplio sector de estudiantes que se ubican en las zonas rurales y en algunos casos también en zonas urbanas. En contraparte, diversos estudios han demostrado que por cada año de escolaridad promedio se incrementa un 9 por ciento la expectativa de ingresos de las personas.

Por eso vengo a esta tribuna, compañeras y compañeros, legisladoras y legisladores, para solicitar su respaldo, para acompañar a esta iniciativa que propone la adición de una fracción VIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, para que en la medida de las posibilidades presupuestarias, las autoridades educativas implementen un Programa Nacional de Becas para los estudiantes de escasos recursos económicos que cursen la educación básica y media superior en instituciones públicas, cuyo otorgamiento no se sujete solamente a la obtención de altos promedios escolares.

Es cuanto, compañero diputado presidente. Y espero el apoyo de todas mis compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Yericó Abramo Masso, diputado federal de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta en nombre de los diputados federales por el estado de Coahuila de Zaragoza, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El acceso a la educación es uno de los derechos fundamentales del hombre y se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, que a la letra establece:

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Dentro del marco jurídico nacional, el derecho a la educación se encuentra contemplado en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna en los siguientes términos:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

En el mismo tenor, la Ley general de Educación establece en su artículo 2o. que:

[...] “Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.”

Dentro del mismo cuerpo normativo se incluye en su artículo 32:

[...] “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.”

De la misma forma se establece que:

[...] “Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja [...].”

De acuerdo con el tercer informe de labores del ejecutivo federal, la Secretaría de Educación Pública señaló que en el periodo 2014-2015 la inscripción en su modalidad escolarizada alcanzó 36.1 millones de estudiantes atendidos conjuntamente por el sector público y privado de la educación, de éstos, 25.98 millones corresponden a la educación básica, 4.8 millones a educación media superior, 3.5 millones a educación superior y 1.7 millones a educación para el trabajo.

Por otra parte, en la estrategia “México con Educación de Calidad” se considera disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.

En esta estrategia se informa que:

[...] “Con el propósito de ampliar la operación de los sistemas de apoyo tutorial, reducir los niveles de abandono escolar de los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios, a través del fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), se impulsaron acciones para que el docente centre su atención sobre la situación que guarda su escuela en relación con los aprendizajes de los niños y adolescentes.”

Asimismo se informa que con la intensificación de acciones tendientes a lograr mayor retención escolar de los estudiantes que asisten a instituciones de manera presencial de este tipo educativo, para el ciclo escolar 2014-2015 se estima que el indicador de abandono escolar en educación media superior se situó en 12.4%, un punto porcentual menos en comparación al ciclo anterior. Esta cifra representa un avance en la meta tendiente a reducir el abandono escolar de 15% en el ciclo escolar 2011-2012, a 9% en el ciclo escolar 2017-2018.

En el mismo sentido se informa que a fin de contribuir a la disminución del abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro, en 2014 se brindó el servicio de alimentación a 12,248 (52.8%) Escuelas de Tiempo Completo, lo que benefició a 1.5 millones de alumnos; esto representó un incremento de 822.3% en las escuelas que cuentan con el servicio de alimentación respecto a las 1,328 que operaron durante el ciclo escolar 2012-2013.

De igual forma, se indica en el tercer informe de labores que con el fomento de una educación incluyente, en los últimos tres años, el Gobierno de la República ha favorecido a los alumnos de todo el Sistema Educativo Nacional, con apoyos técnicos y financieros diversificados, los cuales han puesto especial atención en aquellos sectores de la población que presentan mayores rezagos y habitan en zonas de alta marginación.

Se informa también que con el propósito de avanzar en la construcción de un marco regulatorio con las obligaciones y responsabilidades propias de la educación inclusiva, se realizaron acciones relevantes a través del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) y el Programa de Escuela Segura, el cual se orienta a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.

Por otra parte, en el informe sectorial correspondiente a la Secretaría de Educación Pública, se indica que:

Durante el ciclo escolar 2014-2015 tres de cada 10 estudiantes de escuelas públicas del país contaron con una beca para cursar sus estudios (30.4%). El esfuerzo implicó otorgar en total 7.8 millones de becas a alumnos de educación básica, media superior y superior.

En educación básica se benefició a uno de cada cuatro estudiantes (26.8%), lo que fue posible mediante el otorgamiento de 5.2 millones de becas. En educación media superior se asignaron 1.95 millones de becas en apoyo a la mitad de los alumnos inscritos en instituciones públicas (49.9%). Finalmente, en educación superior se proporcionaron 678.3 miles de becas, lo que representan haber apoyado a casi tres de cada 10 jóvenes matriculados en instituciones públicas (27.4%).

Prospera Programa de Inclusión Social, antes Desarrollo Humano Oportunidades, otorgó 79.2% de los apoyos del sector educativo en el ciclo 2014- 2015; a través del Programa de Becas de Educación Media Superior (Probems) se aportó 9.7% del total de apoyos; por su parte, el Programa Nacional de Becas en su modalidad de Manutención dirigido a alumnos del nivel superior (antes Programa Nacional de Becas y Financiamiento, PRONABES) contribuyó con 6.1% de las becas proporcionadas. Otros programas de becas de educación básica, media superior y superior, con una cobertura menor, participaron con el restante 5 %.

En 2014 la Secretaría de Educación Pública inició la construcción del Sistema Nacional de Becas (Portal de becas de la SEP) con el objetivo de proporcionar una herramienta tecnológica que permita a las personas interesadas conocer la oferta, realizar el registro y dar seguimiento a su solicitud de beca mediante un proceso automatizado, que brinde transparencia, oportunidad y equidad en el otorgamiento de las becas a fin de evitar discrecionalidad en su asignación.

Dicho portal ofrece un panorama de 217 tipos de becas de 22 áreas o instituciones diferentes, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para disposición de las personas interesadas en acceder, permanecer o concluir sus estudios...

El Programa Nacional de Becas permitió ordenar el ejercicio de los recursos destinados a becas dentro del sector educativo, con la finalidad de garantizar el acceso, permanencia y egreso de la población estudiantil. Para 2015 el presupuesto asignado a este programa fue de 13,699.1 millones de pesos.

Para 2015 el programa redujo la cantidad de requisitos, documentos probatorios necesarios para aspirar a una beca y se homologaron los criterios de priorización para favorecer a la población más vulnerable, entre la cual se encuentran: las personas de escasos recursos, mujeres embarazadas, madres o padres jefes de familia y los 1,012 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Lamentablemente, y a pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado para cumplir con la obligación del Estado mexicano de suministrar educación de calidad y en condiciones de equidad, las propias circunstancias de dispersión de la población y las diversas condiciones que privan en las distintas regiones y entidades de la República, han imposibilitado la consecución del 100% de este objetivo, registrándose en algunos casos altos niveles de deserción escolar.

De acuerdo con la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos

[...] “México tiene una de las proporciones más bajas de estudiantes de entre 15 y 19 años de edad matriculados entre los países de la OCDE y países socios, a pesar de poseer la población más grande de este grupo etario en la historia del país... México presenta un índice de deserción escolar de casi 50%, siendo uno de los más elevados en América Latina. El índice de deserción escolar es aún más alto en los estados con altos niveles de desigualdad en el ingreso.”

En el mismo documento, la OCDE señala lo siguiente:

[...] “La deserción escolar es un proceso complejo de abandono que puede explicarse por una variedad de factores tales como rendimiento académico, contexto personal y familiar, políticas educativas y condiciones del mercado laboral. Desertores escolares entrevistados en 2007 en México afirmaron que la principal razón para interrumpir sus estudios fue la falta de interés en la escuela, ya que les servía de poco o era inadecuada para sus intereses y necesidades, argumento seguido de la falta de recursos financieros.”

A propósito de los motivos de la deserción escolar, el Inegi indica que:

[...] “en la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2011 se preguntó a los jóvenes sobre el principal motivo por el que abandonaron sus estudios a nivel medio superior y se les dio la opción de mencionar dos motivos adicionales en caso de haberlos: “la falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción es la principal razón declarada por el 36% de los desertores, e indicada entre las tres principales razones (50 %). La segunda razón mencionada como la principal, fue le disgustaba estudiar” (7.8%) y la tercera consideraba más importante trabajar que estudiar” (7.2 %)”.

De los datos anteriores se puede concluir que la falta de ingresos en los hogares mexicanos es un factor crucial en la generación de este problema, ya que del mismo se pueden desprender, entre otras, las siguientes adversidades para los educandos y sus familias:

La escasez de recursos económicos de los alumnos los lleva a tener una deficiente alimentación, lo que redunda en un bajo rendimiento académico, que a su vez no les permite acceder a una beca académica. Por otra parte, los alumnos que se localizan en poblaciones lejanas a sus centros de estudio, invierten mucho tiempo y esfuerzo para llegar a sus escuelas, por lo que llegan cansados, lo que también es común que reduzca sus niveles de atención y aprovechamiento escolar, reduciendo con ello sus posibilidades de alcanzar altos promedios académicos, imposibilitándoles la opción de acceder a las becas de aprovechamiento. Adicionalmente a estas situaciones, los alumnos que proceden de familias de escasos recursos se ven en la necesidad de apoyar al ingreso familiar, por lo que destinan parte de su tiempo al trabajo, que bien podrían dedicarlo a las tareas escolares y a una mayor aplicación al estudio en general.

Los ejemplos anteriores, generan un círculo vicioso del cual es difícil salir; a menor disponibilidad de recursos económicos, se da una deficiente alimentación, se dedica mucho tiempo y esfuerzo al traslado a los centros educativos lo que da como resultado bajos resultados académicos y la imposibilidad de acceder a los recursos económicos que proporcionan las becas.

Consideramos que con un programa de becas dirigido a los estudiantes de escasos recursos económicos, cuyo otorgamiento no se sujete solamente a la obtención de altos promedios académicos, sino también al mantenimiento de un estatus regular en sus estudios, contribuirá a reducir de forma significativa los niveles de deserción escolar en nuestro país, mismos que se presentan con mayor incidencia en los sectores de bajos recursos, generando así, un círculo vicioso de falta de oportunidades para superarse y salir adelante.

Estamos conscientes de que el estado ha atendido en la medida de sus posibilidades presupuestarias el problema de la deserción escolar, y que existen diversos tipos de becas para lograr superar dicho problema, sin embargo, creemos que no resulta ocioso incluir de manera explícita, en la Ley general de educación la obligación de incluir un programa de becas que no esté sujeto al vaivén de las políticas gubernamentales y que no sea un programa más de tipo temporal sino que se mantenga de manera permanente para garantizar que año con año se atienda este grave problema.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con el propósito de coadyuvar a disminuir el problema de la deserción escolar en nuestro país, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

“Artículo 33. ...

I a VIII. ...

...

VIII Bis. En función de la disponibilidad presupuestaria y a efecto aumentar la matrícula escolar, así como de disminuir los altos niveles de deserción escolar, implementarán un programa nacional de becas a los estudiantes de escasos recursos económicos que cursen la educación básica y media superior, en instituciones públicas, cuyo otorgamiento no estará sujeto a la obtención de altos promedios escolares.

IX. a XVII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Véase: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas, ONU; consultado el 8 de septiembre de 2015 en el portal electrónico: http://www.un.org/es/documents/udhr/.

2 Ley General de Educación, consultado el 8 de septiembre de 2015 en el portal electrónico: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

3 Tercer informe de labores, 2014-2015, consultado el 9 de septiembre en el portal electrónico: http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/.

4 Tercer informe de labores, Secretaría de Educación Pública, septiembre de 2015.

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE) Serie “Mejores Políticas”; México Políticas Prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación mayo 2015. Consultado el 9 de septiembre en el portal electrónico: http://www.productividadlaboral.gob.mx/Presentacion/Archivo/PublicacionesEspeci alizadas/2015_OCDE_Politicas_fomentar.pdf.

6 “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud” datos nacionales, INEGI, 2013.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2015.— Diputados: Yericó Abramo Masso,Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Luna Canales, Beatriz Velez Núñez, Brenda Velázquez Valdez, Delia Guerrero Coronado, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Genoveva Huerta Villegas, Julieta Fernández Márquez, María del Rocío Rebollo Mendoza, María Guadalupe Oyervides Valdez, María Verónica Muñoz Parra, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Yarith Tannos Cruz (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abramo. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Jorge López Martín: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, sin duda, revisaremos trascedentes iniciativas que tienen el ánimo de generar un mejor entorno, con una gran importancia, sin duda, por atenderse.

Sin embargo, esta iniciativa que vengo a presentarles no solamente viene a mejorar el entorno, esta iniciativa pretende erradicar la angustia que viven los ciudadanos todos los días ante la necesidad de alimentarse para subsistir en la vida diaria.

Tirano es aquel que gobierna sin limitaciones legales y de manera arbitraria. Pero nosotros nacimos en un país democrático y estamos comprometidos para combatir un México de carencias y de dificultades.

Aquí veo, legisladoras y legisladores, que están puestos para construir las soluciones que nuestra población necesita. Y una de esas soluciones es garantizar el derecho humano de una alimentación nutritiva y suficiente, consagrada en el artículo 4 de nuestra Carta Magna.

Pero este derecho le ha sido arrebatado al pueblo mexicano ante el egoísmo por lucrar con el hambre, incurriendo en un auténtico despropósito del gobierno, que ahora pretende cobrar impuestos aun y antes de que la población inicie su primera actividad productiva que le permita siquiera generar el recurso para su sustento.

En este mismo recinto, el 18 de octubre de 2013, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reformaba la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde se propuso extender la tasa de cero por ciento a todos los alimentos.

Este cero por ciento se propuso con el objeto de que se tuviera la posibilidad de acreditar el impuesto que fuera trasladado por todos los insumos y servicios que intervinieran en su elaboración y comercialización.

Pero 20 meses más tarde, el 2 de julio pasado, el titular del servicio de administración tributaria decidió y determinó, a través de una arbitraria modificación a la miscelánea fiscal de 2015, y mediante la regla de carácter general número 4.3.6, que los alimentos preparados por tiendas de autoservicio, súper, mini súper o tiendas de conveniencia tendrían que tasar en un incremento súbito del 16 por ciento.

Esta regla viola el principio de legalidad tributaria. Se aparta de los límites establecidos en la ley, pues todo elemento del tributo debe estar plasmado por el legislador. La autoridad está impedida para decir qué sujetos o qué actos o actividades quedan gravados.

Es un hecho palpable que incrementar el gravamen del 16 por ciento a la lista de alimentos preparados dictada por una gente sin derecho afecta directamente a los contribuyentes y de modo especial se daña de manera irreparable el poder adquisitivo de las clases menos favorecidas que realizan por su necesidad laboral su ingesta diaria en este tipo de establecimientos.

Esta disposición, compañeras y compañeros, afecta a los trabajadores que se deben de trasladar durante horas a sus lugares de empleo, afecta al estudiante que sale con prisa a su escuela y su primera alternativa es consumir un refrigerio en el minisúper, afecta también al comerciante que para evitar cerrar su negocio por un par de horas, decide comprar alimentos en autoservicios para comer al medio día.

Es por ello que vengo a expresar ante esta soberanía, que la voracidad de lucrar con el hambre del pueblo mexicano debe quedar erradicada por esta Cámara de las diputadas y diputados que queremos un México justo, que le reconozca los derechos elementales a los ciudadanos.

Es momento de que dejemos atrás y de una vez por todas, esta crisis de ausencia de derechos humanos señalada incluso desde la propia Organización de las Naciones Unidas.

Ante ello, hoy vengo a proponer la reforma al artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a efecto de eliminar el impuesto del 16 por ciento que el Servicio de Administración Tributario ha decretado en daño directo a las clases estudiantil y trabajadora, que representan hoy el auténtico vigor del México productivo y dinámico que merece el respeto a su dignidad que este gobierno pretende ignorar.

Que esta iniciativa, señoras y señores diputados, represente el mensaje claro de la lealtad representativa que este Congreso le obliga a nuestros electores y a la sociedad entera de este México agraviado. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

El sistema alimentario mexicano constituye la materialización de la preocupación fundamental de la federación y de los estados por proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos, el programa de productos básicos representa la parte sustantiva de la política de mínimos de bienestar para la población, cuya vigencia es garantía de la política de redistribución del ingreso y de equilibrio de las relaciones costos precios.

Por este motivo, el 18 de octubre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde se propuso extender la tasa de 0 por ciento a todos los alimentos, con objeto de que se tenga la posibilidad de acreditar el impuesto que sea trasladado por todos los insumos y servicios que intervengan en su elaboración y comercialización.

Este tratamiento fiscal ayuda substancialmente a promover la elaboración de estos productos, para proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos.

El 2 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2015, mediante la cual se adicionaron diversas reglas generales, entre ellas, la regla número 4.3.6., relativa a los alimentos preparados para consumo en el lugar de su enajenación.

De acuerdo con la tercera miscelánea fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó sobre la entrada en vigor del cobro del IVA a alimentos preparados, con 16 por ciento.

La ley también establece que los alimentos sujetos a 0 por ciento de IVA pagarán 16 por ciento si se venden preparados para su consumo en lugar o establecimientos en que se enajenen, incluso cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o entregar a domicilio, equiparando el tratamiento que se da a la comida servida en restaurante, en el que el objeto del impuesto es el servicio de preparación de alimentos y no su venta.

El SAT expone que los 18 productos se consideran alimentos preparados para su consumo en el establecimiento en que se enajenen si resultan de la combinación de aquellos productos que, por sí solos y por su destino ordinario, pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional, cuando queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios necesarios para su cocción o calentamiento, o bien, no se tenga los instrumentos o utensilios porque el producto no requiera de calentamiento o cocción. Añade la regla que esto aplica a productos vendidos en minisúper, tiendas de autoservicio o cualquier establecimiento cuando se encuentren en los refrigeradores o en el área de comida rápida.

Todo esto propicia que la aplicación del impuesto afecte los productos vendidos en tiendas de cercanía, minisúper o tiendas de autoservicio, donde los alimentos se encuentran en áreas de comida rápida y fomenta el consumo de los productos que se mueven en la economía informal, que no se encuentran bajo una supervisión sanitaria. Éste es el problema que busca solucionar la presente iniciativa que deroga el artículo 2o.-A, fracción I, último párrafo.

Exposición de Motivos

El Estado está obligado a garantizar, por medio del artículo 4° constitucional, el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para todos los ciudadanos.

La palabra alimentos proviene del latín alimentum, que asocia a la figura de “comida”, “sustento”. Para la Real Academia Española, alimento es “el conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir”.

En México, dada la existencia de pobreza y la insuficiencia del salario para tener acceso a la alimentación, se requiere contar con precios asequibles, si los alimentos se encuentran menos disponibles y con precios elevados, baja la probabilidad de tener una buena alimentación.

La decisión de compra y consumo de alimentos en la calle, minisúper o supermercado, están supeditadas al precio así como al tiempo disponible para comer y a las opciones que satisfagan sus necesidades, sin embargo cuando las personas tienen la necesidad de salir de casa y comer fuera de ella consumen alimentos preparados.

De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por preparar “hacer las operaciones necesarias para obtener un producto”.

Alimento preparado para el consumo debe entenderse como toda la sustancia que previa transformación o procesamiento sea apta para el consumo humano, es decir, que se encuentra en condiciones para ser consumido o ingerido por el destinatario o consumidor.

En efecto, la regla general que se reclama es inconstitucional, ya que atenta flagrantemente contra el derecho a la alimentación de los gobernados que se contiene en el artículo 4o. y realiza una violación del artículo 14 constitucional que cita lo siguiente: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Ubicados en este contexto económico-social, resulta evidente la inconstitucionalidad de la regla general que se reclama, ya que al imponerse el cobro de 16 por ciento del IVA a los alimentos, se le causa agravio a uno de los sectores de la población más desfavorecidos económicamente hablando, pues carecen de los recursos económicos suficientes para cubrir el costo del Impuesto de mérito tomando en consideración el monto del salario mínimo general vigente, así como el período de descanso otorgado para la comida durante la jornada laboral y que, además, en muchas ocasiones el trabajador no puede siquiera ausentarse del lugar de trabajo para alimentarse.

El motivo de la tasa cero obedece a la intención del legislador, de apoyar al sistema alimentario mexicano para tutelar y mejorar el nivel de vida de los sectores menos favorecidos, proporcionando elementos básicos de bienestar a la población, reduciendo el impacto de los precios en el público consumidor.

Ante este panorama, y atendiendo a lo expuesto, es más que claro que violan los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, ya que los adquirientes de los alimentos a que hacen referencia los artículos invocados de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no cuentan con la capacidad económica para soportar el costo adicional que se pretende recaudar con la aplicación de la regla reclamada, y por ello procede que se declare inconstitucional la misma a fin de que no sea aplicada en perjuicio de un gran sector poblacional económicamente vulnerable o socialmente desfavorecido.

Por lo antes expuesto, someto ante esta soberanía el presente

Proyecto de iniciativa que reforma y adiciona la fracción I del artículo 2o.-A, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo Único.Se reforma y adiciona la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A.El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

a) a i) ...

Se aplicará la tasa del 16 por ciento a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo y que son preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

La tasa que refiere el párrafo anterior no será aplicable cuando se trate de alimentos preparados como sándwiches o emparedados, cualquiera que sea su denominación, tortas o lonches, chapatas, pepitos, baguettes, paninis o subs, gorditas, quesadillas, tacos o flautas, sincronizadas o gringas, burritos y envueltos, rollos y wraps, croissants, cuernitos, bakes, empanadas o volovanes, pizzas, focaccia, guisos, discadas, perritos calientes (hot dogs) y banderillas, hot cakes, alitas, molletes, hamburguesas, bocadillos (snacks), sushi, tamales, sopas instantáneas y nachos, y siempre que su enajenación se realice en tiendas denominadas “de conveniencia” o de “cercanía”, “mini supers”, tiendas de autoservicio y en general cualquier establecimiento en los que se enajenen al público en general dichos alimentos y que se encuentren en los refrigeradores o en el área de comida rápida o “fast food2, según se trate.

II. a VI. ...

. . .

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputados: Jorge López Martín,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Angélica Moya Marín, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Baltazar Martínez Montemayor, Brenda Velázquez Valdez, Cesar Flores Sosa, Eloisa Chavarrias Barajas, Enrique Cambranis Torres, Eukid Castañón Herrera, Exaltación González Ceceña, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtanza, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Héctor Barrera Marmolejo, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Jorge Ramos Hernández, José Everardo López Córdova, José Hernán Cortés Berumen, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Karina Padilla Ávila, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Gilberto Marrón Agustín, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Ángeles Rodríguez Aguirre, María García Pérez, María Luisa Sánchez Meza, María Verónica Agundis Estrada, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Salim Alle, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nadia Haydee Vega Olivas, Patricia García García, René Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Santiago López:Buenos días, con su permiso, presidente. El principio de interés superior del niño debe ser analizado desde una perspectiva histórica que inicia en Gran Bretaña, pasando por Francia y hasta llegar a los sistemas jurídicos de América Latina.

Al principio los niños eran un sector poblacional prácticamente ignorado por el derecho y solo se protegían las facultades generalmente muy disfuncionales de los padres, lo que propiciaba que el interés del niño fuera un asunto privado y en consecuencia quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos.

Conforme creció la preocupación por los niños y sus respectivos intereses, se empezó a reconocer que ellos podían tener intereses jurídicamente protegidos diversos a los de sus padres.

Es ampliamente conocido que el interés superior del niño se encuentra consagrado implícitamente en toda la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es expresión de un consenso garantista para ese sector poblacional a nivel mundial.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el noveno párrafo de su artículo 4o. señala que en todas las decisiones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos.

En el derecho internacional de derechos humanos, el Estado mexicano está obligado a velar en todo momento por el interés superior del niño. Así lo mandata la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los estatutos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, de los cuales nuestro país es parte.

Desafortunadamente siguen imperando visiones con estigmas positivistas de los tribunales en nuestro país que no solo impiden hacer efectivos los derechos humanos, sino asegurar la integridad física y sicológica del menor durante un proceso de guarda y custodia, aun y cuando exista un riesgo fundado de que el niño corre peligro o puede ser objeto de un delito.

Por lo mismo, el objeto de esta iniciativa es reformar el noveno párrafo del artículo 4o. del Texto Jurídico Fundamental de nuestro país para establecer que los jueces estarán obligados a salvaguardar la integridad física y sicológica del niño desde el momento en que se tenga conocimiento de una controversia de guarda y custodia, o de que haya riesgo fundado de que corre peligro.

Diputadas y diputados, es urgente hacer efectivo el mandato constitucional de que en las decisiones y actuaciones del Estado se vele por el principio del interés superior de la niñez, garantizándole de manera plena sus derechos.

Como se ha dicho, el reconocimiento y la tutela garantista del orden jurídico del niño ha sido un proceso gradual, pero hoy es necesario establecer con claridad las facultades del Estado para intervenir en los asuntos de ese sector poblacional; cuestión que se debe hacer con especial atención en el ámbito de la procuración e impartición de la justicia.

Termino diciendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno familiar, pero también debe desarrollarse en un ambiente de felicidad, amor, comprensión, paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, para lo cual el Estado tiene la obligación de garantizar plenamente los mecanismos institucionales que permitan que eso sea una realidad. Es cuanto, presidente; muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El principio del interés superior del niño debe ser analizado desde una perspectiva histórica, toda vez que no es nuevo y su aparición en el derecho es consecuencia del extenso uso que de éste se ha hecho en los sistemas jurídicos de tinte anglosajón o de corte codificado.

Al principio, este sector poblacional era prácticamente ignorado por el derecho y solamente se protegían las facultades, generalmente muy discrecionales, de los padres, lo que propiciaba que el interés del niño fuera un asunto privado y, en consecuencia, quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos.

Conforme creció la preocupación por los niños y sus respectivos intereses, se empezó a reconocer que ellos podían tener intereses jurídicamente protegidos diversos a los de sus padres.

En Gran Bretaña esta evolución propició la aplicación del derecho de equidad como alternativa al derecho consuetudinario, que sólo consideraba al niño como un instrumento para el uso de sus padres. En Francia, se estableció que el estado podía asumir en ciertos casos la tutela del niño o impartir órdenes para su educación, como ocurrió con disposiciones del Código Napoleónico que permitía que los tribunales, para un mayor bienestar de los niños, pudiera alterar las reglas de custodia de los hijos en caso de divorcio.

En América Latina, este desarrollo se ha hecho poco a poco presente en el derecho familiar, aunque ello no lo exentó de haber tenido un largo camino que recorrer para avanzar en este proceso de considerársele como un interés que debía ser públicamente protegido. Por lo que no es equivocado señalar que los intereses de los niños han pasado a ser parte de los asuntos públicos de manera paulatina.

Cuando se habla del interés superior del niño, se hace referencia a la necesidad de reconocer al menor su calidad de persona humana y, consecuentemente, sujeto de los derechos inherentes a esa condición. Así, en el plano normativo al reconocer al niño como un sujeto portador de derechos, este principio se torna en un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria.

Este principio jurídico de derechos humanos, se encuentra consagrado implícitamente en toda la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es expresión de un consenso garantista para este sector poblacional a nivel mundial.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el noveno párrafo de su artículo 4o. señala que: “en todas las decisiones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.

En el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado mexicano está obligado a velar en todo momento por el interés superior del niño, toda vez que así lo mandata la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, de los cuales nuestro país es parte.

Desafortunadamente siguen imperando visiones positivistas de los tribunales en nuestro país, que bajo el estigma parcial y sesgado de que si la ley no lo precisa, el juzgador no puede asegurar la integridad física y psicológica del menor, ya sea mediante medidas cautelares o de otra índole, durante un proceso de guardia y custodia, aún y cuando exista un riesgo eminente y fundado de que el niño corre peligro o puede ser objeto de un delito. Los argumentos que con frecuencia se aluden para evadir su responsabilidad y, con lo cual, también se deja de cumplir con el mandato constitucional de salvaguardar en todo momento el interés superior del niño, son que: la guarda y custodia es materia de sentencia definitiva o que no se le puede retirar del progenitor al menor porque ello traería consecuencias jurídicas para el propio juzgador.

Por lo mismo, el objeto de esta iniciativa es reformar el noveno párrafo del artículo 4o. del texto jurídico fundamental de nuestro país, para establecer que cuando exista controversia sobre el mejor derecho en materia de guardia y custodia de un niño, los jueces estarán obligados a salvaguardar la integridad física y psicológica de éste desde el momento en que se tenga conocimiento del asunto y haya riesgo fundado de que corre peligro, y no tener que esperar hasta la sentencia definitiva, todo en aras de hacer efectivo el mandato constitucional de que en las decisiones y actuaciones del estado se debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizándole de manera plena sus derechos.

Como se ha dicho con antelación, el reconocimiento y la tutela garantista del orden jurídico del niño ha sido un proceso gradual, pero paradójicamente en esta evolución del derecho de la infancia es que si bien, en un primer momento, se avanzó a través del reconocimiento del carácter público de la protección de los intereses de los niños, posteriormente ha surgido la necesidad de establecer con claridad las facultades del estado para intervenir en los asuntos de este sector poblacional, cuestión que se debe hacer con especial atención en el ámbito de la procuración e impartición de justicia.

Cierto que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno familiar, pero también lo es el hecho de que debe desarrollarse en un ambiente de felicidad, amor, comprensión, paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, para lo cual el estado tiene la obligación de garantizar plenamente los mecanismos institucionales que permitan que esto sea una realidad, garantizando en todo momento su protección más amplia.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o....

...

...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, cuando exista controversia sobre el mejor derecho en materia de guardia y custodia, los jueces estarán obligados a salvaguardar la integridad física y psicológica del niño por cualquier medio, en cuanto se tenga conocimiento del asunto y no esperar hasta sentencia definitiva.Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Transitorios

Primero. Para conocimiento general se publicará el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero.A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y los Congresos estatales tendrán 90 días hábiles para realizar las adecuaciones legales a la normatividad federal y a la de las entidades federativas, respectivamente, para que los juzgadores en materia familiar estén obligados a velar por la integridad física y psicológica del niño, aplicando las medidas que sean necesarias para salvaguardar el interés superior de la niñez cuando haya riesgo sobre el menor en los litigios de guarda y custodia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.— Diputado José Santiago López (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, suscrita, además, por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, ambos del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez:Con la venia de la Presidencia. La naturaleza concentra una gran cantidad de energía que puede convertirse en una potente fuerza destructiva, por lo cual es pertinente reflexionar sobre el hecho que estamos expuestos a los efectos negativos que se desprenden de los fenómenos físicos o meteorológicos.

Si bien es cierto que existen eventos como las sequías, terremotos, maremotos, tornados, ciclones, huracanes y erupciones volcánicas que no pueden ser evitados, sí es posible crear instrumentos preventivos para enfrentarlos e impedir que se conviertan en catástrofes.

La educación y la cultura en materia de protección civil, permite a la sociedad contar con una mejor preparación para responder frente a los desastres naturales. Para cumplir con la meta de aumentar la capacidad de las comunidades para afrontar las afectaciones y riesgos derivados de las catástrofes naturales, es recomendable invertir en la creación de sistemas de alerta temprana que combinan la transmisión rápida de datos con la capacitación de los grupos de pobladores vulnerables de siniestros, la preparación de planes previsores de ocupación de suelos que eviten el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgos, y la adopción de modelos de construcción apropiados. El gran reto es elevar la reducción de riesgos de desastres a una prioridad nacional.

Para ello resulta indispensable entender que a través de la prevención y los esfuerzos encaminados a avanzar en la creación de sociedades resilientes a los desastres, se puede contribuir a ahorrar dinero. Pero lo más importante es que éstos resultan fundamentales para salvar vidas humanas.

En este sentido quiero resaltar que Chiapas se ha destacado como pionero en este tema, pues el año pasado el gobernador Manuel Velasco recibió a nombre del Consejo Estatal de Protección Civil, el Premio Nacional de Protección en el Campo de la Prevención, por su labor ejemplar en la realización de acciones de autoprotección y autopreparación frente a los desastres naturales, destacando la creación de más de mil 400 comités de prevención y participación ciudadana en toda la entidad.

Lamentablemente en nuestro país los presupuestos públicos reflejan una diferencia abismal entre la cantidad de recursos que se invierten en la prevención de desastres, y aquellos que se destinan a la reparación de los daños causados por los mismos.

El Fondo de Desastres Naturales, Fonden, que es un instrumento financiero para apoyar a las entidades federativas en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, recibe cada año un presupuesto mucho mayor al que se le asigna al Fondo de la Prevención de Desastres Naturales, Fopreden, cuyo objeto es otorgar apoyos destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y los bienes de la población, servicios públicos y el medio ambiente.

Un análisis de los presupuestos de egresos de la Federación en el último lustro, muestra que en ese periodo nuestro país ha gastado más de 33 mil millones de pesos en la recuperación de los efectos producidos por la ocurrencia de desastres naturales; en contraste, el Fondo para financiar la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir los desastres que ha recibido un presupuesto apenas de mil 635 millones de pesos.

Lo anterior, indica que en cinco años el monto de los recursos del Fopreden en relación al presupuesto del Fonden, ha sido equivalente apenas al 4.94 por ciento del promedio anual.

Se hace necesario entonces adoptar un enfoque preventivo más que reactivo en lo que respecta a la manera del cual nuestro país enfrenta los desastres naturales y equilibrar en alguna medida los recursos que se invierten en la prevención y aquellos que se destinan a la reparación de daños.

Un ejemplo claro de la importancia que tiene la educación y la cultura en materia de prevención y protección civil de una sociedad son los casos de Haití y de Chile, donde en el 2010 ocurrieron dos terremotos de magnitud similar pero con diferencias considerables en cuanto a las consecuencias de los eventos catastróficos.

El terremoto de Haití tuvo como resultado 316 mil muertos, 350 mil heridos y 1 millón y medio de damnificados. En contraste, el sismo chileno, que fue 31 veces más fuerte y liberó casi 178 veces más energía que el terremoto ocurrido en Haití un mes antes, dejó 525 fallecimientos y 25 desaparecidos.

La abismal diferencia entre un evento y el otro radica sin duda alguna en la capacidad de reacción de la gente y las autoridades para responder ante las eventualidades de la naturaleza, lo cual requiere de años de preparación, así como de un compromiso firme y decidido por parte del sector público de destinar recursos suficientes para la prevención.

En este sentido, la iniciativa que hoy estamos presentando ante esta honorable asamblea en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres pretende que los recursos presupuestarios destinados a la prevención de desastres naturales sean equivalentes cuando menos 10 por ciento a los destinados a la reparación de los daños causados por estos, porque más vale prevenir que lamentar. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, suscrita por los diputados Eduardo Francisco Zenteno Núñez y Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Eduardo Francisco Zenteno Núñez y Javier Octavio Herrera Borunda, diputados federales integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El hombre ha descubierto, a lo largo de los años, gracias a la observación y a la experiencia, que la naturaleza concentra una gran cantidad de energía y que ésta puede convertirse en una potente fuerza destructiva, por lo cual es pertinente reflexionar sobre el hecho de que estamos expuestos a que los efectos negativos propiciados por fenómenos físicos o meteorológicos como son inundaciones, sequías, terremotos, maremotos, tornados, ciclones, huracanes, erupciones volcánicas, desprendimientos de tierra, entre otros desencadenen grandes catástrofes que terminan afectando a poblaciones de todo el mundo.

A este tipo de fenómenos se les considera desastre natural únicamente cuando impactan o generan daños en lugares donde hay vida humana, y se producen tanto muertos y heridos como daños económicos difíciles de reparar.

Si bien el hombre se encuentra impedido para luchar en contra de las fuerzas de la naturaleza, sí le es posible, gracias a los conocimientos técnicos y científicos con los que hoy cuenta, crear instrumentos preventivos para enfrentarlas.

En los últimos veinte años, alrededor del mundo, se ha observado un aumento de la frecuencia con que ocurren los desastres naturales, esta situación ha causado la muerte de cientos de miles de personas y ha provocado cuantiosas pérdidas materiales en todo el orbe.

Lo anterior ha terminado por afectar en una mayor proporción a los países menos desarrollados y más pobres, quienes por carecer de infraestructura y recursos financieros suficientes, son incapaces de evitar que los fenómenos naturales se conviertan en tragedia.

Por este motivo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha desempeñado desde la década de los años 60 del siglo pasado, un papel activo en materia de prevención de desastres, exhortando a la comunidad internacional a prevenir los riesgos, brindando apoyo a los programas de investigación científica en torno al tema y contribuyendo a la elaboración de proyectos de preparación contra los desastres.

Su propósito es aprovechar los adelantos científicos y tecnológicos, la educación y la formación multidisciplinaria para la sensibilización de la población en general y de los funcionarios y servidores públicos encargados de tomar decisiones para abatir los riesgos provocados por los fenómenos naturales.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), decidió en 2009 designar el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de los Desastres (mismo que desde 1990 se celebraba el segundo miércoles del mes de octubre), con el propósito de concientizar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos.

El tema del Día Internacional para la Reducción de Desastres para este año 2015, es “Conocimiento para la Vida”, y su finalidad es promover el uso del conocimiento y las prácticas tradicionales, indígenas y locales, para complementar el conocimiento científico en la gestión del riesgo de desastres, haciendo partícipes con ello a las comunidades y pueblos indígenas en el aumento de la resiliencia de las personas, en el plano individual, y de la sociedad en conjunto.

Cabe señalar que en nuestro país el estado de Chiapas, se ha destacado como pionero en este sentido, pues el año pasado el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, recibieron a nombre del Consejo Estatal de Protección Civil, el Premio Nacional de Protección en el campo de la Prevención, que entregó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por su labor ejemplar en la realización de acciones de autoprotección y autopreparación frente a los desastres naturales, destacando la creación de más de cuatro mil Comités de Prevención y Participación Ciudadana en la entidad.

Para cumplir con la meta de aumentar la capacidad de las sociedades para afrontar las afectaciones y riesgos derivadas de las catástrofes naturales, la ONU se ha fijado, entre otros, los siguientes objetivos:

• Crear sistemas de alerta temprana que combinan la transmisión rápida de datos con la capacitación de los grupos de población vulnerables a estos siniestros;

• Preparar planes previsores de ocupación de suelos que eviten el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo;

• Adoptar planes de construcción apropiados;

• Salvaguardar los edificios escolares y los monumentos culturales; y

• Promover trabajos de investigación después de los desastres; así como adoptar medidas de rehabilitación.

Después del tsunami que devastó las costas del Océano Índico en diciembre de 2004, se llevó a cabo en Hyogo, Japón, la Primera Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, celebrada en enero de 2005, que aprobó tres documentos relativos a la atenuación de los riesgos de desastres naturales, entre los que figura un plan de acción decenal para el periodo 2005-2015. Los cuatro mil participantes (entre éstos representantes de 168 Estados, así como de 78 organismos de la ONU y otras organizaciones) adoptaron la Declaración de Hyogo, que recomienda fomentar “una cultura de prevención de desastres [...] a todos los niveles” y señala los vínculos entre la reducción de los desastres, el desarrollo sustentable y la mitigación de la pobreza.

La coordinadora residente de los Sistemas de Naciones Unidas en México, Marcia De Castro, al participar en el Taller de Transversalización de la Política Pública de Prevención de Desastres y Reducción de Riesgos, organizado por la Secretaría de Gobernación en 2013, consideró que México debe elevar la reducción de riesgos de desastres a prioridad nacional y destinar los recursos que emplea para ese fin a otros rubros.

De Castro señaló que entre 2005 y 2007, pero sobre todo en 2010, la inversión en México de fondos públicos para recuperarse de los desastres fue de casi dos mil millones de dólares anuales, lo cual fue equivalente al presupuesto otorgado al combate a la pobreza en el marco del Programa Oportunidades. Ese monto también equivale al destinado para el combate a la delincuencia organizada en el país, a través del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

La funcionaria de la ONU planteó que en un país con inequidades y carencias como el nuestro, sería más positivo que los recursos destinados a la recuperación de desastres se utilicen para el combate a la pobreza y agregó que éste no es un tema menor y por ende requiere ubicarse entre las prioridades más altas del gobierno federal poniendo así el ejemplo a los gobiernos estatales y municipales, al sector privado y a la sociedad en general.

De Castro precisó que a más de ocho años de la firma del acuerdo, se han registrado importantes avances en el mundo, como es la identificación y análisis de riesgo, la cultura de resiliencia, así como el establecimiento de sistemas de alarma y preparación. “México ha tenido sin duda un excelente desempeño en estas áreas como se ha hecho patente en sus comunicaciones bianuales de avance”, anotó la funcionaria.

Sin embargo, el gran reto sigue siendo elevar la reducción de riesgos de desastres a una prioridad nacional contando con una sólida base institucional para su gestión integral.

Cabe destacar que el hecho de que la ONU realice recomendaciones a nuestro país en materia de prevención de desastres no es nuevo, pues ya en el 2009, por citar un ejemplo, el representante residente adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Arnaud Peral, recomendó al gobierno mexicano invertir en materia de prevención ante eventuales contingencias por desastres naturales, considerando que esta es una inteligente y hábil inversión financiera, que equivale como máximo a 15 por ciento de las pérdidas económicas evitadas.

Peral advirtió también que en naciones como México, altamente expuestas a riesgos climáticos, las pérdidas por concepto de desastres naturales podrían ser enormes en los próximos 10 años, mientras los recursos destinados para evitarlos siempre resultarán sumamente reducidos.

Para respaldar su dicho, Arnaud Peral afirmó que el número de desastres climáticos del planeta ha pasado de 17 a 72 por decenio, y se ha multiplicado por 4.5 en sólo 50 años. Anualmente, de acuerdo a lo señalado por Peral, los desastres ocasionan la pérdida de aproximadamente 55 mil millones de pesos y provocan un serio retroceso en los índices de desarrollo humano de los países que los sufren.

Lamentablemente, en nuestro país los presupuestos públicos reflejan una diferencia abismal entre la cantidad de recursos que se invierten en prevención de desastres y aquellos que se destinan a la reparación de los daños causados por los mismos.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que es un instrumento financiero para apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, recibe cada año un presupuesto mucho mayor que el que se le asigna al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), cuyo objeto es otorgar apoyos a las entidades federativas así como dependencias y entidades federales, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

La diferencia puntual entre el Fonden y el Fopreden, de acuerdo a datos obtenidos de los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir los últimos cinco años, se expresa en la siguiente tabla:

El análisis de los datos contenidos en la tabla arroja que durante el último lustro nuestro país ha gastado más de 33 mil millones de pesos en la recuperación de los efectos producidos por la ocurrencia de desastres naturales, (sin contar los recursos extraordinarios aprobados para financiar la reconstrucción en entidades donde los daños sufridos a consecuencia de fenómenos hidrometeorológicos fueron de gran escala, por ejemplo Guerrero en 2013 y Baja California Sur en 2014).

En contraste, el fondo para financiar la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir los desastres ha recibido un presupuesto que apenas rebasa los mil 635 millones de pesos. Lo anterior, indica que en cinco años el monto de los recursos del Fopreden en relación al presupuesto del Fonden ha sido equivalente al 4.94 por ciento en promedio anual.

En virtud de las observaciones hechas por diversos organismos de la ONU, se hace necesario adoptar un enfoque preventivo más que reactivo en lo que respecta a la manera en la cual nuestro país enfrenta los desastres naturales y equilibrar, en alguna medida, los recursos que se invierten en prevención y aquellos que se destinan a la reparación de daños.

Resulta indispensable que entendamos que a través de la prevención y los esfuerzos encaminados a avanzar en la creación de sociedades resilientes a los desastres se puede contribuir a ahorrar dinero, pero lo más importante es que éstos resultan fundamentales para salvar vidas humanas.

Un ejemplo claro de la importancia que tiene la educación y la cultura en materia de prevención y protección civil de una sociedad son los casos de Haití y Chile, donde en 2010 ocurrieron dos terremotos de magnitud similar pero con diferencias considerables en cuanto a las consecuencias de los eventos catastróficos. El terremoto de Haití, de magnitud 7,0 grados Richter, tuvo como resultado 316 mil muertos, 350 mil heridos y un millón y medio de damnificados, mientras que en el plano económico acabó con más de una década de avances en materia de crecimiento.

En contraste, el sismo chileno, que fue 31 veces más fuerte y liberó casi 178 veces más energía que el terremoto ocurrido en Haití un mes antes, dejó 525 fallecimientos y 25 desaparecidos. La abismal diferencia entre un evento y otro radica, sin duda alguna, en la capacidad de reacción de la gente y las autoridades para responder ante las eventualidades de la naturaleza, lo cual requiere de años de preparación, así como de un compromiso firme y decidido por parte del sector público de destinar recursos suficientes para la prevención.

Por este motivo el que suscribe propone a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 7 de la Ley General de Protección Civil

Artículo único.Se adiciona un párrafo a la fracción III del Artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 7.-Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil:

I. y II. ...

III. Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural.

El Ejecutivo Federal deberá procurar que el presupuesto asignado al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales sea equivalente por lo menos al diez por ciento del presupuesto asignado al Fondo de Desastres Naturales.

IV. a IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Véase “México debe invertir para prevenir desastres: ONU”, en el Informador.com.mx, 25 de marzo de 2013.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Véase “Invertir en prevención de desastres naturales, pide el PNUD a México”, en periódico La Jornada, 15 de octubre de 2009.

6 Ibídem.

7 En el caso de Guerrero, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 contempló una partida de 7 mil millones de pesos para atender y mitigar los daños causados por las fuertes lluvias en la entidad. Por su parte, para ejercicio fiscal 2015 se aprobaron recursos por 300 millones de pesos para la creación de un fondo con el fin de financiar la reconstrucción de la infraestructura estatal que resultó dañada en Baja California Sur.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de octubre del año 2015.— Diputados: Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Alejandra Gutiérrez Campos, Beatriz Vélez Núñez, Brenda Velázquez Valdez, Carmen Salinas Lozano, Delia Guerrero Coronado, Edgardo Melhem Salinas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Eukid Castañón Herrera, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Héctor Barrera Marmolejo, Javier Octavio Herrera Borunda, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jesús Antonio López Rodríguez, Joaquín Jesús Díaz Mena, Karla Karina Osuna Carranco, Luis de León Martínez Sánchez, María Soledad Sandoval Martínez, René Mandujano Tinajero, Silvia Rivera Carbajal, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zenteno. Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para su dictamen.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, antes. Perdón, diputada, perdón. Me está pidiendo la palabra el diputado Joaquín Díaz Mena. Sonido en su curul, por favor.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar al diputado Eduardo Zenteno. Y, porque soy de un estado donde hemos sufrido desastres naturales, estamos convencidos de que la prevención salva muchas vidas, quisiera adherirme a su iniciativa si él lo permite.

El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez (desde la curul): Sí, por supuesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, manifiesta que está de acuerdo con la adhesión y quedará entonces como lo hemos estilado en ocasiones anteriores, a disposición de quienes quieran adherirse aquí en la Mesa Directiva, en la Secretaría.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se informa a la asamblea que la traducciónde esta intervención que hará la diputada Fuentes en zapoteco, está ya disponible en los monitores instalados en sus curules y se está también en proceso de impresión para su distribución a cada uno de ustedes en sus respectivas curules.

La diputada Modesta Fuentes Alonso: «Didxa zaa do´

Pa diuxhi diputadu ne diputada ca´

Ya´na dxi zedanié

pur ca binni lánu ni que ruzedica lu´ guichi ni ribiica xha icque stica de uso y costumbre,

nganga runi´ canié pur la´icabe ya´nadxi para gapacabe´ xhi modo cuicabe ti xhaicqué guni´ pur la´ cabe jma hora gudxigueta lunu´ pur ca binni casi laadu´ pur ca binni stinu´ para sicaca´ gucana´nu la´cabe para ganda´ xha icque guidxi roo di´ gu´nibe gudxi ca´ xhopa nda´, para ca binni rinni didxa ni gule necabe ca´di gutuilu´cabe pur ti nganga didxa sicaru stinu ne´ lari´ ni rácunu, cadi gutuí lu´cabe ti´ ndinga lari ni jma sicarú ni na´panu

yana dxí´rinaaba´guira diputadune diputada ni nu rari guzecaabe lu´guichi gucacabe´duuda sticabe para gacanecabe´ca binni casi la´nuca para ganda gapacabe tu la´? Gui´ni pur la´cabe ndani yoo roo dí ne guicani lu´guichi roo ninu ndani yoo di

para sicaca´gue´da guca´dia´ga binni de guidubi´ na´ca guidxi roo ne guira guidxi ni nu´ ne na´pa binni ri´ni casi ládu ca´di guituilu´tu´ guditu´ lugar binni gula na´ latu´ purti lla´tu risacatu´ igual

diuxquixhepe guira ni´ cuca´ diaga la´du ndani yoo roo dí ne ni cucá diaga fuera

yana dxi ti dxi sicarú para guira binni la´nu ni´que ri´ni didxa guiropa ca´ gaapa cabe´ ni guini´ pur la´ cabe ndani yoo roo dí´

ante de ngalá? Chu zenda ti´ diuxhi ndani guidxi raa gu´le ranchu gubiña, ne chuzenda sti diuxhi para guira binni de ndani guidxi guieé de ra zenda guidxi roo sti lulaa´

Diuxquixhepe´ la´tu? Zaaca´ cuca diagatuná ne diuxquixhepe xha icque yoo roo dí´ ta chu zambranu.

Guidxi ndxo mexicu , chii ne chona dxi beu xhandu lu iza gande gayua chona late gayu.»

«Traducción: Señor presidente, señoras y señores diputados, hablo en favor de una propuesta indígena. Morena se comprometió a hablar en nombre de los que no tienen voz, de los que no aparecen en los actos políticos, de los que solo cuentan para las frías estadísticas, de los indígenas mexicanos que para la alta burocracia son solo una cifra, un porcentaje, una referencia lejana.

Hablo por ellos, por los indígenas, por la etnias originarias, por los pueblos que son dueños de estas tierras y que para el sistema neo-liberal que nos están imponiendo, aparecen tan solo como un estorbo, como un obstáculo, como una referencia quisieran borrar para siempre.

Pero no lo permitiremos, aquí estamos, somos muchos y ya tenemos voz en la boca de los diputados de Morena.

El artículo 3o. constitucional dice que la democracia es más que una estructura jurídica o un sistema político, un sistema de vida para el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Pues óigalo muy bien, diputados ese precepto y el 2 Constitucional que reconoce que somos una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas nos dan la razón en la propuesta que hacemos para establecer la sexta circunscripción electoral para asegurar una representación de los pueblos originarios.

Para que haya democracia como sistema de vida que asegure el mejoramiento de nuestros pueblos, para que se haga efectiva la solemne declaración constitucional de que somos una nación pluricultural, debemos aprobar la propuesta que presentamos.

Para que el mixe, el zapoteca, el chontal, el purépecha, el maya, el náhuatl, el otomí, el mixteco, el tzotzil, el totonaco, el mazateco, el chol, el huasteco, el mazahua, el huichol, el popoluca, el cora, el lacandón, el taramahura, el tepehua, el huave, el triqui, el seri, el teko, el chinanteco, el pápago, el tarasco, el tojolabal, el jakalteko, el cuicateco, el mexicano, por enunciar algunas, sean también voces que participen en los debates nacionales, que enriquezcan la representación de nuestro poder legislativo, votemos por el cambio, la equidad, por patriotismo, por justicia.

El 12 de octubre no debemos celebrar la raza, esa es una ficción somos un mosaico de pueblos, somos una gran cultura nacional compuesta por muchos, innumerables culturas locales. El 12 de octubre debería ser el día de la Nación plural, incluyente, justiciera, en la que todos los mexicanos conformemos la patria, en la que todos quepamos y tengamos voz. Eso es lo que exigimos. Muchas gracias.»

«Iniciativa que reforma los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

Modesta Fuentes Alonso, en su carácter de diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículo 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I) Antecedentes

Para entender el desarrollo y la construcción del México contemporáneo es indispensable conocer y comprender la realidad de los pueblos originarios o indígenas del país.

Según datos del Consejo Nacional de Población y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población indígena estimada en el 2009 era de 12 millones 707 mil personas, lo que en ese momento representaba el 13.03 por ciento de la población total del país.

De esta población, 6 millones 44 mil 547 personas, con cinco años o más eran hablantes de lenguas indígenas y no hablantes de lenguas indígenas eran 4 millones 209 mil 80.

De los 2 mil 443 municipios del país, existen: 871 municipios indígenas o con presencia muy alta y alta de población indígena, lo que representa el 35.7 por ciento del total de los municipios. Los municipios con 70 por ciento o más de población indígena son 481, que equivalen al 19.7 de los municipios del país y existen 149 municipios con una población indígena que oscila entre el 40 por ciento al 69 por ciento. Por otra parte tenemos 190 municipios con menos de 40 por ciento de población indígena y más de 5 mil indígenas, lo que representa el 7.8 por ciento del total nacional. municipios con población indígena dispersa son mil 542 y existen 30 municipios sin población indígena en el resto del país.

En México existen más de 60 grupos etnolingüísticos, asentados principalmente en once entidades federativas, donde constituyen la mayoría poblacional o representan un alto porcentaje de la misma: así los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán concentran el 80 por ciento de la población indígena y en los otros 21 estados de la república se encuentra dispersos el resto.

Sin embargo a pesar de ser un grupo prioritario para el país, la población indígena enfrenta carencias ancestrales: marginación, desigualdad económica, ausencia de servicios, injusticia y falta de representación política, por mencionar algunas.

Los indicadores económicos señalan que en el sur del país el 89 por ciento de la población indígena carece de sistemas de seguridad formales; el 73 por ciento de los hogares indígenas no tiene red de drenaje; 42.3 por ciento no tiene acceso al agua potable; 78.7 por ciento viven en casas de una sola habitación; de las viviendas 53.5 por ciento son de pisos de tierra y en el 62.4 de ellas se cocina con leña; presentan un perfil epidemiológico cuyo rasgo principal es una elevada mortalidad infantil, tienen un patrón de enfermedad y muerte donde predominan la desnutrición, las enfermedades infecciosas y parasitarias. Quizá el dato más revelador, por su dramatismo sea que, derivado de estas condiciones de marginación y pobreza, la media de vida de los indígenas en el país, y por tanto el riesgo de fallecer, era en el año 2000, 14.9 por ciento mayor que para los no indígenas.

Ante esta realidad inocultable, tanto las distintas etnias como diversos sectores políticos y sociales del país, comenzaron a tomar conciencia de esa condición y han ejercido distintas formas de presión política y económica, para que de manera paulatina el Estado Mexicano diera inicio a un lento proceso de recuperación de sus derechos económicos, políticos, territoriales, sociales, y culturales, a fin de reconocer el carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país.

Así, en los últimos veinte años nuestra legislación ha dado pasos para el reconocimiento e integración de los pueblos originarios o indígenas: Reformas constitucionales, tratados internacionales, leyes federales, locales y reglamentos son algunas de las formas jurídicas que se han adoptado en tal sentido, aun cuando, es necesario reconocer, que falta mucho por hacer.

Por su relevancia y dado los efectos jurídicos vinculantes que conllevan, son particularmente importantes de mencionar tres de ellas: El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; la reforma al artículo 4o. constitucional de 1991 y la reforma constitucional de 2001, ambos en materia de derechos indígenas.

En primer término debemos mencionar la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, mejor conocido como Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; Convenio que fue firmado por ratificado México, entrando en vigor en el mes de septiembre de 1991 y que de acuerdo con los artículos 1o. y 133 de la Carta Magna, pasó a formar parte de nuestro derecho positivo con el rango de Ley Suprema de toda la Unión.

Este convenio, sin duda, vino a dotar de un mayor contenido social y político a la legislación mexicana sobre los derechos de los pueblos originarios, que en ese momento eran prácticamente inexistentes. Estas adecuaciones a nuestro marco normativo dieron un impulso jurídico y político en materia de derechos indígenas. Así la legitimidad de las demandas históricas de los pueblos indios pasó de un reclamo, a ser una obligación jurídicamente exigible.

A nivel nacional e internacional, jurídicamente se reconocieron derechos para las minorías étnicas, pueblos originarios e indígenas, no solo los históricos y consustanciales, sino además, los actualmente existentes. Así, a pesar de su condición étnica minoritaria dentro del conjunto nacional, su estatuto jurídico comenzó a ser reconocido.

En segundo lugar tenemos la reforma del 28 de enero de 1992, que en su momento, adicionó un primer párrafo al artículo 4o. de la Constitución, para quedar como sigue:

Artículo 4o. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.”

En tercer término se encuentra la reforma constitucional de 2001 de los artículos 2o., 4o., 18 y 115 en materia indígena. La cual fue producto directo del levantamiento indígena encabezado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

II) Consideraciones

Con la finalidad de dotar de representación política a los pueblos originarios, la reforma constitucional en materia indígena de 2001, dio un primer paso materia electoral para propiciar la participación política de los pueblos indios, al establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, como criterio se consideró la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas. Esta orientación político electoral, por primera vez, abordó el problema de la representación política de los indígenas dentro del marco de una reforma constitucional. Así el artículo Tercero Transitorio de la multicitada reforma señala que:

Transitorios

...

...

Tercero. Para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.

En cumplimiento del mandato constitucional, el Instituto Federal Electoral realizó una redistritación de los 300 distritos electorales uninominales que conforman la geografía electoral del país, con el objetivo, entre otros, de agrupar de manera geográfica a los municipios con un alto porcentaje de población indígena. Resultado de lo anterior se obtuvieron 28 distritos electorales con una alta concentración de la población indígena, variando estos porcentajes de densidad entre el 89 y el 40 por ciento.

Estos 28 distritos electorales se encuentran en 11 estados de la República, ubicados fundamentalmente en el centro y suroeste del territorio nacional, siendo Oaxaca el que cuenta con un mayor número, con 8 distritos; seguido de Chiapas con 4 distritos; Puebla, Veracruz y Yucatán con 3 cada uno, Hidalgo tiene 2 distritos; Campeche, Guerrero, México, Quintana Roo y San Luis Potosí con un distrito cada uno.

Sin embargo, a pesar de que esta nueva distribución de los distritos uninominales ya se encontraba vigente, la composición legislativa resultante de estas elecciones no varió en lo fundamental, ni en estos distritos con un alta concentración de población indígena, ni en el resto del país.

Es decir, el problema de la falta de representación indígena al interior del honorable Congreso de la Unión no fue resuelto de fondo. Esta situación que se agrava si consideramos a los estados de la República y al Distrito Federal, ya que a pesar de que la reforma constitucional propicia la participación de los pueblos y comunidades indígenas, las legislaciones locales no han avanzado en esa dirección.

Así pues, el problema radica en que nuestra legislación en materia electoral, federal y local, no contempla disposición alguna para sustentar la obligatoriedad de postular un mínimo de candidatos a puestos de representación popular con ascendencia y conciencia de su identidad indígena, ni en los distritos considerados con un porcentaje de población mayoritariamente indígena, ni en el resto del país vía la representación proporcional, con lo que prácticamente queda sin efecto real alguno la finalidad de “propiciar la participación política” de los pueblos originarios, tanto en lo concerniente a esta nueva distribución electoral como en el espíritu de la reforma constitucional.

Ahora bien, la Constitución establece el reconocimiento y a la vez garantiza el derecho de los pueblos indígenas para contar con una representación efectiva ante los órganos del Estado, derechos constitucionales que se encuentran plasmados en los artículos 2o., 25, 26 y 41 de nuestra Carta Magna, mismos que señalan:

Artículo 2o.

...

...

B. La federación, los estados y municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”

En este orden de ideas tenemos que el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución General de la República reza:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Por su parte el artículo 26 de nuestro máximo ordenamiento estable que:

Artículo 26.

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo...”.

Finalmente tenemos que el artículo 41 fracción I párrafo segundo de la Constitución considera que “los partidos políticos son entidades de interés público...” y tiene, entre otras obligaciones la de “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir en la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público... mediante el sufragio universal, libre secreto y directo...”.

Luego entonces, por un lado tenemos que el derecho de los pueblos indígenas a participar con una representación efectiva en el desarrollo nacional con base a sus necesidades y aspiraciones, se encuentra plenamente establecido en nuestra Carta Magna, derechos que nadie cuestiona.

Por otro lado tenemos que los principios de igualdad ante la ley así como la prohibición de establecer cualquier tipo de discriminación, igualmente se encuentran garantizados por nuestro máximo ordenamiento en el artículo 1o., párrafo cuarto.

Así nos encontramos ante un problema de carácter jurídico dado que no sería factible dotar del derecho de ser votados a todos los ciudadanos mexicanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos políticos, y por el otro, solo permitir la inscripción de miembros de las comunidades indígenas en aquellos distritos uninominales que, en razón de su agrupación geográfica, contengan una población mayoritariamente indígena o en sentido opuesto, no faciliten , tal y como la reforma constitucional de 2001 lo establece, la “participación política” de los pueblos indígenas en razón de su condición minoritaria en ciertas entidades en general o en los distritos electorales en particular.

En otras palabras, tenemos que los derechos de igualdad ante la ley, no discriminación y de ser votados, si bien son inviolables e irrenunciables, se encuentran equiparados constitucionalmente con el derecho de los pueblos indígenas de contar con una representación real, efectiva y proporcional, ante los órganos de gobierno.

Lo que necesitamos es una propuesta jurídica específica para ampliar la representación política de los pueblos originarios, de tal manera que articule y dote de eficacia los distintos derechos establecidos en la Constitución y los haga compatibles con la realidad imperante. Hacer posible para los pueblos originarios “el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad” como “individuos, grupo social y clases sociales” cumpliendo con el objetivo de la “planeación democrática”, para que en condiciones igualitarias puedan “contribuir a la integración de la representación nacional” y como ciudadanos tener acceso “al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre secreto y directo” tal y como lo estable la Constitución General de la República.

Este es el reto que como legisladores tenemos de frente, ardua y difícil tarea sin duda, pero a todas luces posible, si ante todo anteponemos la altura de miras y la visión de Estado para dar pasos a una democracia más efectiva, con mayor representación, con una legitimidad acrecentada y en consecuencia, transitamos como nación, a un nuevo estadio de desarrollo.

Se trata de identificar y atender, en el ámbito de nuestra competencia, los profundos rezagos, privaciones y carencias que prevalecen en los pueblos indígenas, en un marco de respeto a sus culturas, organizaciones e identidades, necesidades y aspiraciones. Particularmente en lo referente a su nula o casi nula presencia en la integración de la representación nacional.

El Estado y los órganos que lo componen, particularmente el poder ejecutivo y el legislativo, tienen como parte de sus obligaciones públicas corregir y atenuar los rezagos históricos, dar atención prioritaria a las comunidades indígenas, y además dados los recursos legales, políticos, económicos, así como el acceso, cantidad y grado de información con la que cuentan, tienen el imperativo de anticipar las demandas y necesidades futuras de los pueblos indios de nuestro país, y con ello establecer los criterios de asignación de recursos necesarios para sustentar sus necesidades económicas y sociales ,al igual que las demandas de carácter estrictamente político que enarbolen:

III) Acción afirmativa

Nuestra labor es hacer leyes en favor del pueblo, como instrumento principal contamos con el Derecho, es la ciencia jurídica la que ha desarrollado, tanto en la doctrina como en el derecho positivo fórmulas para equilibrar derechos. En este caso en particular estamos hablando de la acción afirmativa, una herramienta que ha tenido, y tiene, en otras latitudes, un éxito incuestionable, al grado de establecerse internacionalmente como instrumento internacionalmente reconocido para la solución de desigualdades.

La acción afirmativa se ha diseñado como un mecanismo de compensación a las desigualdades materiales, legales, políticas y sociales. En ella la doctrina jurídica basada en el principio de equidad y justicia para todos, ha encontrado una fórmula, que sin disminuir derechos de terceros busca equilibrar las ancestrales distorsiones derivadas de la discriminación racial, étnica, sexual, económica, política y social.

La acción afirmativa o acción positiva, positive action según el Common Law inglés, se concibe como serie de acciones, medidas, o planes vinculados de un modo u otro al derecho positivo, fundamentalmente en lo relacionado a la facultad normativa del Poder Ejecutivo, y destinado a eliminar la desigualdad o discriminación intergrupal.

La finalidad de la acción afirmativa, es dar un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos, a quien o quienes han resultado discriminados por efecto de una injusticia histórica de la que no son responsables ni de la cual se benefician, ni en lo particular ni colectivamente.

Se trata en suma, de dar tratamiento desigual a realidades colectivas desiguales, mediante la acción afirmativa con el objetivo de integrar a las minorías en un marco de cooficialidad al reservar un porcentaje específico de los espacios públicos, ya sea de representación, puestos de trabajo, acceso educativo, etcétera, a los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Entendida de esta manera, la acción positiva es diferenciación y reconocimiento.

La concepción moderna de la democracia considera que el fin autentico de ésta consiste en otorgar al individuo la capacidad de disponer de sí mismo donde, como forma de gobierno, solo puede subsistir en un orden de libertades concretas y específicas.

La democracia necesita un contenido, el cual podemos definir como la garantía de los derechos humanos, donde el ciudadano, que ha delegado el poder, puede ser libre si se reconoce a sí mismo y reconoce, a la vez, su propio bien dentro del bien común.

Concebida de esta manera podemos decir que la tarea del Estado es de mantener la convivencia humana en orden, donde el equilibrio entre libertad y bien, permita a cada hombre llevar una vida humana digna.

La idea de que en la democracia lo único decisivo es la mayoría y que la fuente del derecho no puede ser otra cosa que las convicciones mayoritarias de los ciudadanos se están rebasadas. La democracia como gobierno de las mayorías, exige igualmente, que la dignidad y los derechos del hombre de las minorías sean respetados. Libertades públicas y derechos fundamentales son condiciones sine qua non de la democracia. En este contexto, nuestro sistema político se encuentra ante la necesidad de evolucionar hacia nuevos estadios y, en consecuencia, la representación política como un derecho fundamental internacionalmente reconocido, debe favorecer la inclusión de los pueblos originarios facilitando la participación política de los mismos.

La esencia del sistema democrático moderno supone, tanto la participación de los ciudadanos en el nombramiento de representantes, como una representación de mayorías y minorías, para el ejercicio justo, efectivo, legal y legítimo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

IV) La representación proporcional

La historia de México contemporáneo, particularmente el último tercio del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, se han visto profundamente marcada por un esfuerzo monumental para modificar su régimen político.

Así desde 1970 a la fecha se han sucedido una serie de reformas Constitucionales y legales, a fin de contar con un sistema electoral que dé cabida a la pluralidad política y garantice la libertad del sufragio.

Como parte de este largo proceso de reforma política, el Constituyente Permanente consideró que la mejor forma para integrar la representación nacional fuese el establecimiento de un sistema mixto de elección de representantes populares, dando cabida tanto a la representación mayoritaria, por la vía de la elección en distritos uninominales, como a la representación proporcional a través de listas regionales plurinominales.

En 1977 se reformaron los artículos 52 y 53 de la Carta Magna para establecer el sistema de representación proporcional dando lugar a la elección de “hasta 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones electorales plurinominales” y el establecimiento de “hasta cinco circunscripciones electorales plurinominales”.

De esta manera quedó establecido Constitucionalmente, por un parte, la elección directa por el principio de mayoría relativa, en distritos electorales uninominales, y por otra, la elección de representantes mediante el principio de representación proporcional, a través de listados regionales de candidatos plurinominales.

Para 1986 se hizo una nueva Reforma Constitucional en materia electoral donde el número de diputados electos por el principio de representación proporcional aumentó de 100 a 200.

Esta inclusión de la representación proporcional en nuestro sistema normativo, tuvo, inicialmente, la intención de legalizar y dar cabida en el Congreso de la Unión a corrientes políticas e ideológicas distintas a la oficialmente nacida de la Revolución Mexicana, particularmente a la denominada izquierda política.

Ahora bien, aun cuando sigue vigente el objetivo de garantizar la pluralidad política del país, en particular a las expresiones minoritarias, el desarrollo de la sociedad hace necesario ampliar la concepción y finalidad de la representación proporcional.

Así pues, considerando que el perfeccionamiento de nuestra democracia y su sistema electoral ha tenido entre otros objetivos la inclusión de la pluralidad del país, incorporando a las minorías políticas, nuestro sistema normativo debe evolucionar para reconocer y garantizar a los pueblos indígenas su derecho a “contribuir a la integración de la representación nacional” y como ciudadanos “hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público... mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”, en condiciones justas y equitativas que les “permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad”, tanto para el grupo social como para los individuos que la conforman, lo que permitirá mejorar la manera conocer y recoger “las aspiraciones y demandas” especificas a efecto de incorporarlas al “sistema de planeación democrática del desarrollo nacional” en el que se “imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía” de sus regiones y cultura y con ello de la Nación entera, al “propiciar su participación política”.

En este orden de ideas, a partir del reconocimiento Constitucional de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado Mexicano, aceptando con ello la composición pluricultural de la Nación, estamos obligados, como parte de un poder constituido, a modificar las instituciones que lo componen a fin de adaptarlas al mandato constitucional.

En este sentido, corresponde al poder legislativo, como depositario de la representación popular, la obligación de plantear reformas legales que garanticen a los pueblos originarios el acceso a la cosa pública, particularmente en la composición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión mediante una representación derivada de la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental.

La propuesta de reforma Constitucional que se presenta ante esta soberanía, busca dotar a los pueblos originarios de una representación política justa, real, efectiva, legal y legítima al interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tomando como base el principio de representación proporcional, haciendo extensivos sus alcances a los indígenas, con lo que se renueva y amplia el contenido de la representación plurinominal, puesto que se parte de considerar no solo las concepciones políticas o ideológicas, sino también de la identidad cultural y etnolingüística de los pueblos indios.

La atención a las cuestiones indígenas es de la más alta importancia para la Nación. Por tanto esta reforma Constitucional busca elevar las miras, sin intereses ideológicos o partidistas particulares, y dotar de un piso mínimo a la representación de los pueblos originarios a fin de que sean ellos mismos, en el marco de las instituciones, los que establezcan sus prioridades, de los instrumentos jurídicos federales como por ejemplo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, principal instrumento de política pública y que hasta ahora permanece ajeno casi por completo de las necesidades y prioridades de los mismos pueblos originarios.

En suma se trata de aceptar el derecho a la diferencia a través del reconocimiento de una relación minoritaria de los indígenas y su derecho a una legislación específica, mediante una acción positiva.

La participación política de los pueblos indígenas exige establecer condiciones de equidad y justicia, y con ello contribuir a la consolidación de la democracia, toda vez que dar cabida a los representantes de los pueblos indios permitirá un mejor diseño de las políticas públicas, de sus programas y acciones destinadas a este sector, e igualmente significa mejorar e incrementar el seguimiento, fiscalización y vigilancia de los recursos públicos que se les asignen.

Así, esta iniciativa contempla incorporar en la Constitución, que la integración de la lista para la elección de diputados de representación proporcional, señale un número mínimo de candidatos indígenas que la conformen, estableciendo para los partidos políticos, la obligación de incorporar, en sus listas de candidatos por el principio de representación proporcional, el número mínimo de 50 candidatos de origen indígena mediante una lista nacional.

El indigenismo es un asunto nacional, no susceptible de ser dividido o fragmentado mediante aspectos geográficos, electorales, administrativos o de cualquier otra índole. Es por ello sin aumentar el número de diputados electos por el principio de representación proporcional mediante el sistema de las listas regionales, se establece una lista nacional que se “integrará con 50 miembros de los pueblos originarios o indígenas, considerando en todo momento la conciencia de identidad indígena para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”. Para conservar el mismo número de diputados plurinominales, las listas regionales disminuirán su composición de 40 a 30 integrantes.

Con ello, se equipara, en los hechos, los principios constitucionales de igualdad ante la ley y no discriminación, con el derecho de los pueblos indios y la obligación del Estado para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, el pleno ejercicio de la libertad y dignidad como grupo social, la efectiva y eficaz participación en la planeación democrática del desarrollo y la integración de la representación nacional a través del voto universal, libre, secreto y directo.

Por las razones arriba expuestas, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante un Sistema de Listas, una Nacional y cinco Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53....

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas, Nacional y Regionales, se constituirán seis circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de cinco de estas circunscripciones Regionales.

La sexta circunscripción electoral plurinominal será nacional y se integrará con una lista de 50 miembros de los pueblos originarios o indígenas, considerando en todo momento la conciencia de identidad indígena para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Las cinco circunscripciones electorales plurinominales regionales contendrán a los otros 150 diputados según el principio de representación proporcional.

Transitorios

Artículo Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigencia de esta reforma, el Poder Legislativo Federal tendrá plazo máximo 180 días naturales para hacer las adecuaciones necesarias a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo Tercero. A partir de la entrada en vigencia de esta reforma, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo máximo de 180 días naturales para equiparar sus constituciones y marco normativo electoral a estas reformas.

Artículo Cuarto. El Ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro de la exposición de motivos y el cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas radicados en los estados y el Distrito Federal y ordenará su difusión en sus comunidades.

Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Véase metodología en: Serrano Carreto, Enrique, Coord., Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, INI:PNUD Conapo, México, 2002.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=& esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8 &ved=0CCYQFjABahUKEwiAu5_NtLHIAhUE0oAKHfmdB3w &url=http%3A%2F%2Fwww.cdi.gob.mx%2Findex.php%3F option%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26id%3D38%26Itemid%3D54 &usg=AFQjCNGf2SupnpQUB0gLuM6aeAjGIYJHkQ

2 Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, CNDI-CONAPO. Última versión consultada al 7 de octubre de 2015

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &source=web&cd=2&cad=rja&uact=8 &ved=0CCYQFjABahUKEwiAu5_NtLHIAhUE0oAKHfmdB3w &url=http%3A%2F%2Fwww.cdi.gob.mx%2F index.php%3Foption%3Dcom_content%26view %3Dcategory%26id%3D38%26Itemid%3D54 &usg=AFQjCNGf2SupnpQUB0gLuM6aeAjGIYJHkQ

3 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (entrada en vigor 5 septiembre de 1991).

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f? p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312314:NO

4 Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 1992. (este párrafo aun cuando dio origen al reconocimiento al carácter pluriétnico y muticultural del país sustentado en los pueblos indígenas fue derogado con la reforma constitucional en materia de derechos indígenas).

5 Diario Oficial de la Federación 14 de agosto de 2001.

6 Diario Oficial de la Federación 14 de agosto de 2001.

7 Diario Oficial de la Federación 6 de diciembre de 1977. Artículos 52, 53, 54 y otros en materia de política electoral.

8 Diario Oficial de la Federación 15 de diciembre de 1986.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de octubre de 2015.— Duputados: Diputados: Modesta Fuentes Alonso, Alfredo Basurto Román, Alicia Barrientos Pantoja, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Concepción Villa González, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Ernestina Godoy Ramos, Guadalupe Hernández Correa, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Irma Rebeca López López, Jesús Emiliano Álvarez López, Jorge Tello López, Laura Beatriz Esquivel Valdés, María Chávez García, Miguel Alva y Alva, Norma Rocío Nahle García, Norma Xóchitl Hernández Colín, Rogerio Castro Vázquez, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Roberto Guzmán Jacobo, Rodrigo Abdala Dartigues (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Fuentes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez:Con su venia, señor presidente. Buen día, señoras y señores legisladores, soy diputada del distrito 01 de Cuquío, Jalisco. La encomienda primordial del Estado mexicano, de conformidad con los artículos 1o. y 4o. constitucionales, es salvaguardar ante todo la salud y el bienestar de sus gobernados, defender su vida y dignidad humana, entendida esta como el valor inviolable e intangible de la persona que posee libertad y es capaz de crear cosas, pero sobre todo existir plenamente.

Por ello, que debemos proteger, dar seguridad y evitar que existan amenazas que atenten contra este Estado consagrado. La misión de la Secretaría de Salud es establecer las políticas de Estado, donde la población ejerza su derecho a la protección de la salud, y tiene como visión promover un sistema nacional de salud universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de población que viven en condiciones de vulnerabilidad, a través de promoción y prevención de enfermedades, así como prestación de servicios articulados basados en la atención primaria.

La generación y gestión de recursos adecuados, con evaluación e investigación científica, fomentando la participación social con corresponsabilidad. Asimismo, depende del Ejecutivo federal la salubridad nacional. Esta encomienda se encuentra en el artículo 73 de nuestra Constitución.

Es por ello, que en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos urgente la toma de decisiones para mitigar los efectos provocados por el calentamiento global, por lo que sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático.

Con esta iniciativa se propone dar el primer paso para brindar seguridad a los habitantes de nuestra nación, contra los efectos que produce el calentamiento climático y las enfermedades derivadas del mismo.

Es importante mencionar, que en una de las principales consecuencias del cambio climático es el aumento de la temperatura promedio en el planeta, lo cual se ha incrementado alrededor de 0.75 grados Celsius a lo largo del siglo XX, y las proyecciones de aumento para el siglo XXI oscilan entre los 2 y 4 grados centígrados.

La actividad humana ha acelerado este proceso, nuestro país ha sido responsable, tomando algunas acciones para mitigar los efectos de este fenómeno. Sin embargo, debemos entender que las consecuencias del cambio climático van más allá del daño a la tierra y al ecosistema, ya que impactan directamente a nuestra salud.

La Organización Mundial de la Salud considera que el cambio climático constituye una importante amenaza, por lo que se debe prever la protección de las poblaciones más vulnerables, ya que son estas las principales afectadas por la distribución de enfermedades potenciales mortales, transmitidas por vectores, tales como el paludismo, dengue, chikungunya y otros arbovirus.

En las dos últimas décadas, las enfermedades transmitidas por vectores han resurgido o se han extendido a nuevas partes del mundo.

Asimismo, los cambio en el medio ambiente, el marcado aumento de viajes, el comercio internacional, los cambios en las prácticas agrícolas y las ciudades desordenadas están provocando un crecimiento en la propagación de vectores, acentuando la vulnerabilidad de nuestro grupo de personas, especialmente turistas y viajeros de negocios.

El dengue, transmitido por mosquitos, está presente en la actualidad en más de 100 países, lo que pone en una situación de riesgo a más de 2 mil 500 millones de personas. Es decir, más del 40 por ciento de la población mundial.

En México representa un problema importante para la salud pública, a la vez que se presentan más de 43 casos por cada 100 mil habitantes.

En lo que va de este año, la mayor parte de los casos reportados se concentran en Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz entre otros. Sin importar que las zonas afectadas se encuentren por encima de los mil 500 metros sobre el nivel del mar.

Esta reforma de la Ley General de Cambio Climático tiene como prioridad otorgar mayor alcance a la estrategia nacional del tema de prevención de enfermedades relacionadas con este problema.

Por lo que se somete a consideración la instrumentación del Atlas del clima y la salud nacional, el cual permitirá prever los problemas de salud más apremiantes en corto, mediano y largo plazo.

El Atlas del clima y la salud nacional propuesto, ofrece modelos prácticos de los posibles usos de la información meteorológica y climatológica para proteger la salud pública y evitar posibles brotes de enfermedades que no tenían contempladas en nuestra nación.

Cabe mencionar que solo contamos con un Atlas de riesgo que contiene información sobre asentamientos humanos, el cual solo es benéfico en materia de protección civil, pero no cuenta con un instrumento de prevención de posibles enfermedades o riesgos epidemiológicos que se vinculen en el clima y la salud.

Señoras y señores legisladores, ése es un tema de vital importancia. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone reformar y adicionar la Ley General del Cambio Climático. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

La encomienda primordial del Estado mexicano, de conformidad con los artículos 1o. y 4o. constitucionales, es salvaguardar ante todo la salud y bienestar de sus gobernados, defender su vida y su dignidad humana.

Es facultad del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictar las leyes sobre la salubridad general de la República, plasmada en el artículo 73 de nuestra Constitución.

El doctor Hibbert Winslow Hill define “la salud pública como la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene personal; organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud” (1920).

Existen cambios en el clima a nivel mundial, que han propiciado el calentamiento global, fenómeno que ha culminado con el aumento paulatino de la temperatura durante el último siglo, mismo que se ha acentuado de manera importante, según el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ).La temperatura promedio del planeta se incrementó alrededor de 0.75°Celsius a lo largo del siglo XX, y las proyecciones de aumento para el siglo XXI rondan entre los 2°Celsius y 4°Celsius, la actividad humana ha acelerado este proceso, y con ello ha generado grandes problemas, se ha visto afectada una serie de procesos y fenómenos naturales, los patrones se modifican afectando los parámetros meteorológicos, lo cual influye en nuestras vidas, salud y bienestar, de igual manera a los animales y las plantas con los que cohabitamos el planeta.

La diputada que suscribe considera primordial realizar acciones que coadyuven a mitigar los efectos de este fenómeno, por lo que con esta iniciativa se propone dar el primer paso para brindar seguridad contra los efectos que produce el calentamiento global, las patologías y enfermedades derivadas de ello.

Debemos entender que las consecuencias del cambio climático van más allá del daño a la tierra, al ecosistema, incluyendo en este la flora y fauna, lo que impacta directamente nuestra salud. En el año 2010 el entonces secretario de Salud Pública (Ssa), José Ängel Córdova Villalobos, enunciaba que “los daños a la salud que provoca el cambio climático”, mismos que no se han considerado por los países, ni han sido incluidos como tema en las discusiones internacionales que buscan reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), a pesar de que el fenómeno aumentará la frecuencia de enfermedades graves como cáncer de piel y resurgirán otras ya erradicadas, El funcionario precisó que en estados como Chihuahua se han registrado casos del virus del oeste del Nilo, padecimiento que genera inflamación del cerebro (encefalitis viral) que puede ser muy grave, e indicó que desde hace dos años se registran pacientes con dengue en entidades que se encuentran a más de mil 500 metros de altura sobre el nivel del mar.

De igual manera, desde el 2008 la Organización Mundial de la Salud, a estudiado los efectos a que se enfrentara la humanidad por el calentamiento global, “el cambio climático constituye una nueva e importante amenaza para la salud, y modifica la manera en que debemos considerar la protección de las poblaciones vulnerables”, estos efectos hoy lo observamos en la distribución de enfermedades potencialmente mortales transmitidas por vectores, tales como el paludismo, dengue, chikungunya y otros arbovirus.

En México en la actualidad el dengue representa un problema importante de salud pública, en los años 60, México estuvo libre de dengue hasta 1978 cuando se comenzaron a presentar nuevos casos y lo que es preocupante es que desde entonces la enfermedad en vez de disminuir ha aumentado de manera constante, de 1.7 casos por 100 mil habitantes en al año 2000 a 43.03 casos por 100 mil habitantes en el 2012.

En el transcurso del año 2015, la mayor parte de los casos reportados se concentra en Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, ya hoy se ve claramente que no importa si nos encontramos por encima de los 1500 metros a nivel de mar. Debemos cuidarnos de las enfermedades más mortíferas, como las diarreas, la malnutrición, la malaria y el dengue, son muy sensibles al clima y es de prever que se agravarán con el cambio climático.

Otro vector que está afectando la salud de los mexicanos es la picadura por el mosquito transmisor del chikungunya, enfermedad que se encontraba en el continente africano, pero que a finales del año 2013 se detectó el primer caso autóctono en América, en la Isla de San Martín. Está constituido por una hebra positiva de ARN con 12 mil nucleótidos que codifican genes regulatorios y un gen estructural. Se conocen tres genotipos: África Oeste, Asiático y ECSA. En México se identificó en Jalisco y Chiapas el genotipo Asiático (Díaz-Quiñonez, 2015). En marzo del 2015, los CDC de la Secretaría de Salud, México, aportaron la siguiente información sobre las entidades de la República Mexicana: 1,060 casos: Chiapas (350), Coahuila (1), Colima (6), Guerrero (506), Oaxaca (195), Sinaloa (1) y Sonora (1).

El 7 de abril de 2014 en la conmemoración del Día Mundial de la Salud, se elige un tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública, en donde se brinda la oportunidad de participar en actividades que puedan mejorar su salud. El tema que se abordó en el año para 2014 fue “enfermedades transmitidas por vectores”.

Las enfermedades transmitidas por vectores afectan a las poblaciones más desfavorecidas, en particular cuando hay falta de acceso a viviendas adecuadas, agua de bebida salubre y saneamiento. Las personas con malnutrición y las que tienen un sistema inmunitario debilitado son especialmente vulnerables.

La esquistosomiasis, transmitida por los caracoles de agua dulce, es la más extendida de todas las enfermedades transmitidas por vectores, pues afecta a más de 240 millones de personas en todo el mundo. Los niños que viven y juegan cerca de aguas infestadas son especialmente vulnerables a esta enfermedad, que provoca anemia y problemas de aprendizaje. La esquistosomiasis puede controlarse mediante el tratamiento en masa de los grupos en riesgo con un medicamento seguro y eficaz, y también con la mejora del acceso a agua de bebida salubre y saneamiento.

En las dos últimas décadas, un buen número de importantes enfermedades transmitidas por vectores han resurgido o se han extendido a nuevas partes del mundo. Los cambios en el medio ambiente, el pronunciado aumento en los viajes y el comercio internacionales, los cambios en las prácticas agrícolas y una urbanización rápida y anárquica están provocando un aumento en el número y en la propagación de muchos vectores por todo el mundo y acentuando la vulnerabilidad de nuevos grupos de personas, especialmente los turistas y los viajeros por negocios.

Por ejemplo el dengue, transmitido por mosquitos, está presente en la actualidad en más de 100 países, lo que pone en situación de riesgo a más de 2500 millones de personas, más del 40 por ciento de la población mundial. Recientemente se han registrado casos de dengue en China, Portugal y el estado de Florida, en los Estados Unidos de América. Información de la Organización Mundial de la Salud.

El mundo se está preparando para enfrentar las crisis provocadas por el cambio climatológico y nuestro país, que se encuentra en vías de desarrollo, con población altamente vulnerable debe estar más ocupado y en alerta contra posibles consecuencias. La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

de las Naciones Unidas, presentó el “Atlas del Clima y la Salud”, en donde se recalca lo intrínseco de los dos temas, y ve la oportunidad de mejorar la respuesta a una serie de enfermedades y afecciones influenciables por el clima, ya que la tendencia sin lugar a duda será brotes y epidemias, debemos conjuntar la investigación climatológica, las estadísticas de precipitación, humedad o temperatura, cuadros geográficos y evolución de brotes, lo cual le permitiría al sector salud prepararse para reacción rápida en protección de la población, hasta el día de hoy los servicios meteorológicos han sido un recurso infrautilizado en el campo de la Salud Pública, es necesario que la ciencia y la tecnología nos sirvan para prevenir los posibles efectos adversos del calentamiento global.

México cuenta con un marco jurídico especializado en la materia, como lo es la Ley General de Cambio Climático, es una legislación que solo observa lo relacionado a medio ambiente, reducción de gases y compuestos de efecto invernadero y deja fuera los aspectos de Salud, con lo cual se desvinculan dos temas, por ello enfatizamos que son dos temas salud y clima que deben verse en conjunto, por lo cual esta reforma propuesta, da mayor amplitud al conocimiento y pone realce en la Estrategia Nacional el tema de prevención de enfermedades relacionadas con el Cambio Climático, y proponemos la instrumentación del Atlas del Clima y la Salud Nacional, con lo que nos ayudara a prevenir y contener los problemas más acuciantes por venir en el corto, mediano y largo plazo.

Lo hemos vivido las sequías, inundaciones y ciclones están afectando la salud de los mexicanos, la variabilidad climática y fenómenos extremos como las inundaciones pueden además desencadenar epidemias de enfermedades tales como lo es el cólera, dengue y meningitis, y ahora los vectore y plagas, los cuales podrán desencadenar en problemas económicos para el sector salud, en cuanto al costo de la atención.

El Atlas propuesto ofrece ejemplos prácticos de los posibles usos de la información meteorológica y climatológica para proteger la salud pública y prevenir brotes de enfermedades que no se observaban en zonas de nuestra nación.

Sólo contamos con un Atlas de Riesgo, sobre asentamientos humanos, el cual nos es benéfico en materia de protección civil, pero no se cuenta con un instrumento de prevención de posibles enfermedades o riesgos epidemiológicos que se vincule entre el clima y la salud. Tenemos que fortalecer la preparación de nuestro personal de salud, ya que son ellos quienes instrumentarán científicamente acciones en caso de una emergencia sanitaria.

Señoras y señores legisladores, éste es un tema de vital importancia, por ello propongo modificar la Ley General de Cambio Climático.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 7, 15, 22, 26, 27, 47, 49, 51, 64, 67, 77, 82, 84, 93, 101, y 102 de la Ley General de Cambio Climático

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 7, 15, 22, 26, 27, 47, 49, 51, 64, 67, 77, 82, 84, 93, 101, y 102 de la Ley General de Cambio Climático

Único.Se adiciona la fracción VIII al artículo 2o., se adiciona la fracción III al artículo 3o., se adiciona la fracción XXVIII al artículo 7o., se reforma la fracción I y se adiciona la fracción VII al artículo 15, se reforma la fracción I y se adiciona el inciso k), así como las fracciones V y XII al artículo 22, se reforma la fracción IV y se adiciona fracción XIII, se adiciona la fracción VII al artículo 27, se adiciona la fracción XVII al artículo 47, se adiciona la fracción VII al artículo 49, se reforma el artículo 64 y se adicional la fracción XII, se reforma el artículo 67 fracción I, se adiciona la fracción IX al artículo 77, se adicional la fracción VIII al artículo 82, se reforma el artículo 84, se adiciona la fracción VIII al artículo 101, y se reforma la fracción I al artículo 102 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como sigue:

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:

I a VII ...

VIII. Dar a conocer y dictar acciones de prevención sobre enfermedades que puedan presentarse o agravarse por los efectos del cambio climático.

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I a II. ...

II. Atlas de Clima y Salud Nacional. Documento de conocimiento y planificación, para prevenir enfermedades y acciones inmediatas que considere escenarios actuales y futuros desencadenados por contextos climáticos.

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I a XXVII. ...

XXVIII. Elaborar, actualizar y publicar Atlas del Clima y la Salud Nacional y dotar de presupuesto para investigación, en relación con la prevención y conocimiento de enfermedades detonadas y relacionadas con el cambio climático.

Artículo 15. El INECC tiene por objeto:

I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, prevención y conocimiento de enfermedades relacionadas al mismo, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico;

II a VI. ...

VII. Coadyuvar en la elaboración del Atlas del Clima y la Salud Nacional, publicar y presentar recomendaciones en la materia.

Artículo 22. El INECC tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar, promover y desarrollar con, la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la investigación científica y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de bioseguridad, prevención de enfermedades relacionadas al cambio climático,desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático, incluyendo los siguientes temas:

a) a j) ...

k) investigación de la relación clima y salud, en materia de prevención

II a IV ...

V. Proponer la definición de prioridades, asignación y optimación de recursos del gobierno federal para la investigación sobre medio ambiente, prevención de enfermedades relacionadas al calentamiento global y cambio climático;

VI. a XI. ....

XII. Proponer al Sistema Educativo Nacional el contenido educativo de libros, libros de texto y materiales didácticos sobre cambio climático, la prevención y conocimiento de enfermedades relacionadas al mismo, de conformidad con la Ley General de Educación.

Articulo 26.En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:

I a III. ...

IV. Prevención, considerando que ésta es el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente, preservar el equilibrio ecológico, y salvaguardar la salud, ante los efectos del cambio climático;

V a XII. ...

XIII. Salvaguardar la salud, previniendo y conociendo las amenazas de enfermedades por el cambio climático.

Artículo 27.La política nacional de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación, tendrá como objetivos:

I a VI. ...

VII. Prevenir y conocer los incrementos en los riesgos de enfermedades ocasionados por el cambio climático.

Artículo 47. La Comisión ejercerá las atribuciones siguientes:

I a XVVI. ...

XVII. Atender de manera primordial los asuntos relacionados entre clima y salud, y destinar todos los esfuerzos para prevenir y conocer enfermedades que se detonan por el cambio climático.

Artículo 49. La Comisión contará, por lo menos, con los grupos de trabajo siguientes:

I a VI. ...

VII. Grupo de trabajo sobre la prevención y conocimiento de enfermedades relacionadas al cambio climático.

Artículo 51. El consejo, es el órgano permanente de consulta de la comisión, se integrará por mínimo quince miembros provenientes de los sectores social, privado y académico, con reconocidos méritos y experiencia en cambio climático, y salud pública, que serán designados por el presidente de la comisión, a propuesta de sus integrantes y conforme a lo que al efecto se establezca en su Reglamento Interno, debiendo garantizarse el equilibrio entre los sectores e intereses respectivos.

Artículo 64. La Estrategia Nacional deberá reflejar los objetivos de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y deberá poner especial cuidado en los temas de salud pública,establecidas en la presente Ley y contendrá entre otros elementos, los siguientes:

I a XI. ...

XII. Prevención y conocimiento de las enfermedades que se relacionan al cambio climático.

Artículo 67. El Programa deberá contener, entre otros, los elementos siguientes:

I. La planeación sexenal con perspectiva de largo plazo, congruente con los objetivos de la Estrategia Nacional, con los compromisos internacionales y con la situación económica, ambiental de prevención y conocimiento de enfermedades que se relacionan al cambio climático y social del país.

Artículo 77.EI Sistema de Información sobre el Cambio Climático deberá generar, con el apoyo de las dependencias gubernamentales, un conjunto de indicadores clave que atenderán como mínimo los temas siguientes:

I a VIII. ...

IX. El conocimiento y acciones de prevención sobre enfermedades o epidemias relacionadas al cambio climático.

Artículo 82. Los recursos del Fondo se destinarán a:

I a VII. ...

VIII. Proyectos de investigación de prevención y comportamiento de enfermedades relacionadas con el cambio climático, así como la elaboración del Atlas del Clima y la Salud Nacional, en su ámbito de competencia.

Artículo 84. El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y con representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Gobernación; de Desarrollo Social ; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I a II. ...

III. La investigación, incorporación de utilización de agentes químicos o biológicos que ayuden a prevenir y combatir enfermedades relacionadas al cambio climático.

Artículo 101. En materia de adaptación la evaluación se realizará respecto de los objetivos siguientes:

I a VII. ...

VIII. Establecer mediciones que reflejen la prevención y resiliencia de enfermedades detonadas por efectos del cambio climático, y

Artículo 102. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará respecto de los objetivos siguientes:

I. Garantizar la salud y la seguridad de la población a través del control y reducción de la contaminación atmosférica , así como la prevención de enfermedades relacionadas al cambio climático;

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Antes de que finalice el año 2016, las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, en especial el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, finalizarán y publicarán el Atlás del Clima y la Salud Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de octubre del 2015.— Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mercado. Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 211-Bis 8 al Código Penal Federal.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Con el permiso de la Presidencia. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores. ¿Saben ustedes cuántas selfie publican sus hijos e hijas en las redes sociales? Una pregunta interesante para todos.

La iniciativa que pongo a consideración de esta asamblea para adicionar un artículo al 211-Bis 8 al Código Penal, con la finalidad de tipificar como delito la acción de publicar imágenes o videos, respecto de menores de edad inimputables cuando esto atente contra su dignidad.

Nuestra Constitución Política establece claramente en su artículo 4o., párrafo noveno, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

El objetivo primordial de mi propuesta congruente con dicho principio es velar por ese interés superior, mencionando que en la Constitución están protegidos las niñas y los niños, de quienes aprovechan personas en las redes sociales con fines delincuenciales.

El interés superior de la niñez se puede entender como el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.

Ese objetivo está incorporado en nuestra agenda legislativa, en la cual nos comprometimos a vigilar para que efectivamente se apliquen sanciones correspondientes a quienes atenten contra la dignidad de los derechos de la niñez mexicana.

En este sentido y dada la trascendencia que ha cobrado la tecnología en nuestras vidas, es importante que establezcamos reglas que contribuyan a fortalecer la protección de nuestras niñas y niños. Según la división científica de la policía federal, se estima que el número de incidentes de seguridad cibernética aumentó el 113 por ciento entre 2012 y 2013. En 2014 la cifra incrementó un 300 por ciento.

En este sentido, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es imprescindible que contemos con las disposiciones jurídicas que permitan a la autoridad actuar de forma inmediata contra estos ilícitos. En la agenda legislativa de Nueva Alianza, señalamos que es primordial ampliar los alcances de la reforma educativa, reforzando los aspectos pedagógicos e involucrando las nuevas tecnologías.

En el aspecto de incorporar las tecnologías de la comunicación se presentan avances en el país y en el uso de las redes sociales. Ha tenido un incremento sustancial que se verá magnificado por la reforma en materia de telecomunicaciones. Todo el tiempo permanecemos conectados, ya sea en nuestros teléfonos o tabletas o, bien, en nuestras computadoras de casa o en el trabajo.

Según el estudio sobre hábitos de los usuarios de internet en México en 2015, publicado por la Asociación Mexicana de Internet, se calcula que este año existen 54 millones de usuarios de internet con un promedio de seis horas de uso diario. Asimismo se muestra que el 85 por ciento de quienes utilizan internet no hacen por las redes sociales y que el 85 por ciento del uso lo realizan en el hogar.

La magnitud del uso de redes sociales en el país queda de manifiesto cuando vemos las cifras que al respecto ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De 2001 a 2014, el número de personas de seis años o más que usaban internet pasó del 7.1 a 47.4 millones de personas. De acuerdo con estas cifras la mayor parte de los usuarios son niñas, niños y jóvenes. El 80 por ciento de las y los adolescentes entre 12 y 17 años se declaran usuarios de internet en el 2014. Entre los niños de seis a 11 años del acceso, es también significativo con un porcentaje del 42 por ciento con la expectativa de un rápido incremento.

Lamentablemente existen personas que se aprovechan de los avances de la tecnología para servirse de sus propios intereses; intereses perversos y deleznables como la pornografía infantil, la trata de personas o secuestro.

Sin duda la tecnología es una herramienta poderosa, pero para estar seguros de que se use de forma responsable es imperativo que se incorporen nuevas reglas que impidan que nuestras niñas y niños se vean amenazados por personas sin escrúpulos. Aprovechan la información que se comparte en redes sociales.

Es nuestra obligación dotar a las instituciones de las facultades para perseguir este tipo de delitos. Nueva Alianza quiere contribuir con esta iniciativa para proteger a nuestras niñas, niños y jóvenes de México. Somos la bancada de la igualdad, por ello queremos preservar la igualdad que hemos conseguido mediante la tecnología para que esta no se utilice con fines perniciosos.

Hagamos lo necesario para salvaguardar la seguridad de nuestras hijas y nuestros hijos. Esperamos contar con su valioso apoyo, compañeras y compañeros, para este propósito. Es cuanto, presidente; gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El rápido desarrollo de Internet se ha convertido en un catalizador que ha cambiado los hábitos sociales. Una clave de ello son las redes sociales, dada su capacidad de generar canales de expresión y espacios de debate entre los usuarios de Internet.

La proliferación de las redes sociales es una realidad tangible y en éstas se dan cita millones de usuarios alrededor del mundo. El constante cambio y crecimiento de estas redes ha transformado la comunicación en una nueva forma de intercambio de información y datos, ya que existen videos, fotografías, audio y herramientas que masifican y potencializan su uso.

La especialista en socialización digital Danah M. Boyd señala que “una red social es un servicio en internet” que le permite al individuo:

a. Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema bien delimitado.

b. Articular una lista de otros usuarios con los que mantiene algún tipo de conexión.

c. Ver y cruzar las listas de contactos de otros usuarios con la propia para encontrar coincidencias.

Si bien hoy en día la mayoría de las redes sociales ofrecen parámetros de privacidad a sus usuarios, es un hecho que los menores de edad son especialmente descuidados y hasta omisos con estos aspectos cuando publican información sobre ellos mismo o sus familias en las redes sociales. Razón por la cual es importan analizar y regular este escenario de potencial fuga de información relevante, misma que, en diversos casos, ha sido utilizada por el crimen organizado.

Cuando los perfiles son públicos, cualquier persona, cuanto más un delincuente, puede tener acceso a datos que permiten establecer un perfil y obtener información privilegiada, susceptible de ser usada y convertirse en potencial víctima.

De dichos perfiles públicos es posible obtener la siguiente información, entre otras más:

• Conocer su imagen a través de fotografías.

• Descripciones de sus gustos, preferencias deportivas, musicales, sociales, literarias, etcétera.

• Descripciones de sus propias personas y sus familias, que podrían facilitar su ubicación en el mundo real, como es el nombre de su escuela y la colonia donde viven.

• Narraciones de viajes recientes.

• Número telefónicos.

• Direcciones de correo electrónico.

• Perfil y hábitos de consumo, así como el poder adquisitivo propio y de la familia.

• Lista de contactos y conocidos.

Estar inmerso en una red social dejó de ser solo un entretenimiento y se ha convertido cada vez más en una necesidad, principalmente entre la población adolescente y juvenil. Si pretendemos que el orden jurídico vigente esté actualizado y responda a los nuevos retos que imponen las tecnologías de la información y comunicación, es preciso aprender a llegar de manera eficaz a nuestros “públicos virtuales” a través de las estrategias más efectivas, y así posicionarnos en la red interna; de esta manera, la utilización de Internet ayuda a tener oportunidades que van más allá de lo que podemos imaginar.

En el caso de México, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) reportó que el comercio electrónico creció un 76 por ciento entre 2012 a 2015, reportando un volumen de ventas de 162.1 mil millones de pesos. Además, el 57 por ciento de los comercios ya gestiona perfiles dentro de las redes sociales y el 56 por ciento compra publicidad dentro de las mismas redes.

Lo anterior da muestra del potencial de personas que utilizan estas redes sociales como plataforma multimedia para hacer crecer su negocio o establecer vínculos que favorecen las cadenas de valor.

La misma asociación, recientemente señaló en otro estudio sobre el perfil de los usuarios de Internet en México que a finales de 2013, en nuestro país eran 51.2 millones de internautas, un incremento de 13% en un solo año. El tiempo promedio de conexión es de 5 horas 36 minutos, utilizando computadoras de escritorio (PC), laptops, smarthphones y tablets como principales medios para acceder a internet.

Las actividades que más se realizan en internet son: 80 por ciento consulta de correo electrónico, 77 por ciento acceso a redes sociales, 72 por ciento búsqueda de información. En el caso de las redes sociales, 9 de cada 10 internautas acceden a alguna red social.

Lamentablemente, las mafias delincuenciales también utilizan estas redes de comunicación para planear y ejecutar sus acciones. Aprovechan la información, datos y antecedentes de lo publicitado para cometer delitos como robo, extorsión y todos aquellos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores. Incluso, no se omite mencionar que también incide de manera importante en el delito de trata de personas o el secuestro.

La primera parte de las estrategias que aplican, es ubicar a su posible víctima familiarizándose con ella, y una vez que se ganan su confianza, obtienen la información que necesitan y proceden a la consecución del delito.

Ante esta problemática, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza propone la presente iniciativa con proyecto de decreto para sancionar a quien revele, divulgue, circule y/o publique cualquier información videograbada, fotografías, filmaciones, imágenes obtenidas de la red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, aparatos electrónicos o de telefonía y sus respectivos sucedáneos y avances tecnológicos de personas menores de 18 años de edad o declarados incapaces, que tengan como fin atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, imponiendo sanciones de 3 a 5 años de prisión y multas de entre 100 a 300 días de salario mínimo vigente en el DF.

Además, en el supuesto de que estas conductas se utilicen para cometer delitos como violación, extorsión, pornografía infantil y trata de personas, se considerará como agravante, adicionando a la pena dictada a esos delitos, de 4 a 6 años de prisión y multas de 200 a 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

El objeto de este proyecto, es evitar potenciales daños a menores, adolescentes, jóvenes y adultos que usan las redes sociales, así como evitar que usuarios de redes sociales aprovechen el vacío legal existente para difundir perversamente información, imágenes o videos de perfiles públicos, principalmente de menores y sus familias, con ánimo de provocar un daño a su persona, honor o integridad psicológica; o bien, para amenazar de manera directa su patrimonio e integridad física.

Compañeras y compañeros diputados, el uso de las redes sociales se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la criminalidad. Recordemos que los delitos de violación, extorsión, pornografía infantil y la trata de personas, son de alto impacto social, que se reproducen vertiginosamente por todo el territorio nacional, dejando millonarias ganancias a los ejecutores. A las víctimas les producen consecuencias con profundos y agudos problemas psicoemocionales, cuyo camino de recuperación es largo y complejo.

Argumentos

Derivado de lo anterior es indispensable recalcar la importancia de que nuestra legislación se actualice a la par de las nuevas y complejas problemáticas que van surgiendo en la sociedad.

Actualmente, México ya no está indefenso ante los delitos cibernéticos; por el contrario, se está trabajando de manera permanente para combatir las nuevas modalidades con las que el crimen está trabajando a través de la policía cibernética, tanto del fuero federal, como la de algunos Estados de la República. Sin embargo, también debemos reconocer que su capacidad operativa es muy limitada y no va acorde a lo vertiginoso que avanza la comisión de delitos en esta esfera.

Ante el escenario de nuevos delitos en este época de avances tecnológicos, algunos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define a los delitos cibernéticos como cualquier conducta, no ética o no autorizada, que involucra el procesamiento automático de datos y/o la transmisión de datos.

Hoy en día las redes sociales han dejado de ser exclusivas de los usuarios jóvenes, según las cifras de la Asociación Mexicana de Internet, cada día aumentan el número de usuarios adultos, pero dentro del universo de 51.2 millones de mexicanos usuarios de internet, existe el temor fundado de que se puede utilizar estas redes virtuales en su contra.

El internet sin duda es una maravillosa tecnología de información y comunicación cuyo potencial no se limita a servir únicamente a usuarios bien intencionados. La realidad nos obliga a reconocer que algunos navegantes también aprovechan este gran poder para recabar información privada, con la finalidad de utilizarla en actividades ilícitas, como la trata de menores, el lenocinio de menores, el turismo sexual y la pedofilia.

Según la Alianza por la Seguridad en Internet (ASI), en el caso de delitos originados o continuados a través de internet, el “tronco común” en todos los casos señalados consiste en que la mayoría de los acosadores que buscan acercarse a un menor de edad, lo hacen siguiendo un proceso sistemático llamado “el cortejo”.

Se conoce como “el cortejo”, o grooming(por su nombre en inglés), al acercamiento entre un acosador o depredador en línea hacia un menor de edad, el perseguido prepara el encuentro físico entre ambos y tiene por objeto eliminar la resistencia del menor hacia los extraños y hacia contenidos inapropiados para él.

El proceso de “el cortejo” consiste en siete etapas:

1. Encuentro: merodean sitios populares entre los menores de edad, a fin de que sean ubicados por el acosador.

2. Compartir intereses: desarrollan la nueva “amistad”, haciendo ver al menor cuántas cosas tienen en común.

3. Ganar confianza: se gana su confianza con un apoyo constante a sus ideas.

4. Obtención de secretos: desarrolla intimidad con el menor, lo convence de que son los mejores amigos, nada debe interponerse.

5. Romper barreras de resistencia: como esta relación es diferente a todas las demás, se establecen nuevos parámetros y fronteras.

6. Amenazas: Lo adentra en la posibilidad de exponer todo lo que han hablado como amigos, se supone que son cosas privadas, o peor aún, lastimar a su familia.

7. Encuentro físico: sin importar cómo llegó aquí, el menos siempre es la víctima.

Es necesario mencionar que este proceso puede llevarse en promedio hasta seis meses, lo que nos deja ver que si bien no existe un estereotipo del acosador en internet, algo que siempre los caracteriza es que son pacientes, aunque no siempre tolerantes.

La presente reforma tiene como objetivo central cuidar y velar por el interés superior de la niñez, este principio se entiende como un “conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible”.

La Organización de las Naciones Unidas, reconoce como delitos informáticos las siguientes conductas:

• Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras:

a) Manipulación de los datos de entrada.

b) Manipulación de programas.

c) Manipulación de datos de salida.

d) Fraude efectuado por manipulación informática.

2. Falsificaciones informáticas:

a) Utilizando sistemas informáticos como objetos.

b) Utilizando sistemas informáticos como instrumentos.

3. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados.

a) Sabotaje informático.

b) Virus.

c) Gusanos.

d) Bomba lógica o cronológica.

e) Acceso no autorizado a sistemas o servicios.

f) Piratas informáticos o hackers.

g) Reproducción no autorizada de programas informáticos con protección legal.

En Nueva Alianza nos preocupa que en la actualidad nuestra niñas, niños y adolescentes tienen cada vez más contacto con las llamadas redes sociales, situación que los puede convertir en potenciales víctimas de los delitos que atentan contra el libre desarrollo de su personalidad. Por ello, en el marco del interés superior de la niñez es que proponemos esta reforma.

El interés superior de la niñez indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades.

Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.

México ha participado activamente en tres de los grandes compromisos en materia de derechos de la infancia que se han celebrado a escala mundial: la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989, la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia de 1990, y la Sesión Especial de la ONU sobre Infancia en 2002, que sin bien se encuentran vinculados no significan lo mismo.

A finales de 1999 ocurrió la reforma y adición al artículo 4° Constitucional para incluir la noción de los derechos de la infancia; posteriormente, en abril de 2000, se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños; además algunas legislaturas locales también promovieron leyes estatales en esta materia, como por ejemplo la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes, emitida en el Distrito Federal en diciembre de 1999.

El delito cibernético implica actividades criminales que en un primer momento los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robos o hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, etcétera. Sin embargo, debe destacarse que el avance de la tecnología informática ha creado nuevas posibilidades de uso indebido de la misma, lo que ha propiciado la necesidad de ser regulado por el derecho.

Atendiendo lo ampliamente argumentado, se promueve la presente iniciativa.

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento:

Decreto por el que se adiciona el artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal

Para quedar en los términos siguientes:

Artículo Único. Se adiciona el artículo 211 bis 8 al Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 211 Bis 8. Al que revele, divulgue, utilice, publique, y o circule cualquier información videograbada, fotografías, filmaciones o imágenes obtenidas de la red pública o privada o de las redes sociales de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, aparatos electrónicos o de telefonía, sus sucedáneos avances tecnológicos, respecto de menores de 18 años de edad o aquellos declarados como inimputables, y que esto atente en contra de su dignidad, prestigio, honor público y libre desarrollo de la personalidad, se le impondrá de 3 a 5 años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente en el DF.

Si la información a que se refiere el párrafo anterior es utilizada para cometer los delitos siguientes: violación previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis; robo previsto en los artículos 381 y 381 Bis; extorsión consignado en el artículo 390; fraude previsto en los artículos 386 y 387 y los contemplados en el título octavo, todos del presente ordenamiento, se considerará como agravante, adicionando a la pena dictada a esos delitos, la de prisión de entre 4 a 6 años y multa de 200 a 500 días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Damos la bienvenida a amigas y amigos del Tec de Monterrey, de la licenciatura en relaciones internacionales, Tec de Monterrey Campus Estado de México, invitados por la diputada Lorena Corona Valdés; e igualmente a ciudadanos del estado de Morelos, invitados por la diputada Margarita Alemán Olvera. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a la Cámara de Diputados.

VOLUMEN II

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con su permiso, señor presidente. Buenos días, diputadas y diputados. El día viernes pasado, estando en una colonia de Mexicali, encontrándome con un grupo de adultos mayores hablando de la problemática social que enfrentan ellos, y recordando durante algunos años los planteamientos que ellos han tenido, las diferentes legislaturas tanto estatales como federales, me encontré con una señora que representa ese sentimiento del adulto mayor hacia nuestro país, ese sentimiento que en ocasiones suena a abandono, suena a estar un poco confusa de lo que está pasando en nuestro país.

Abdulia es una persona que trabajó toda su vida, que trabajó en el Seguro Social, cotizó; que teniendo 52 años de edad fue dada de baja de una empresa maquiladora, y que por ello no tenía derecho a pensión porque las reglas del Seguro Social dicen que esta persona tiene que tener 65 años, 500 semanas cotizadas, y aparte estar en sus derechos laborales.

Abdulia se presentó cuando cumplió los 65 años, a reclamar esa pensión, porque fue lo que le dijeron “cuando cumplas 65 años, preséntese en el Seguro Social, en el área de Pensiones para hacer su trámite”.

Ella llega a las oficinas y le dicen a Abdulia: tienes que estar vigente en tus derechos. Y la señora pregunta: ¿Cómo vigente en mis derechos? Tienes que estar laborando, tienes que estar trabajando. Y ella les contesta: yo ya trabajé, ya coticé mis 500 semanas, ya tengo 65 años. Y la trabajadora le dice: es que la ley dice que tiene que estar vigente en sus derechos, tiene que estar trabajando.

Entonces Abdulia, y como muchos mexicanos, van a buscar, a tocar puertas a las empresas privadas a pedir trabajo, y se encuentra con una realidad que estamos viviendo en México. Le preguntan: ¿Qué edad tiene señora? Pues 65 años. Pues no tiene derecho a trabajar, ya es una mayor de edad. Si ya de 40 años en adelante batallamos para conseguir empleo.

Nosotros al ponernos a revisar esta problemática de Abdulia y de muchas personas de adultos mayores del país, damos cuenta que la Ley de 1935 marca, aparte de los requisitos que tiene que cumplir un trabajador, de haber cumplido las 500 semanas, tener 65 años de edad y todo lo que se le pide al trabajador, tiene que estar vigente en sus derechos, y vigente en sus derechos significa que tiene estar laborando.

Esta reforma que se presenta en la Ley del Seguro Social, lo que pretende es darle el derecho que tiene el adulto mayor, que trabajó toda su vida, que trabajó las 500 semanas que le exige la ley, que tiene 65 años de edad y que aspira ella a tener una pensión, si no digna, pero sí una pensión cuando menos para poder comer.

Entonces, Abdulia me dijo: ayúdennos, por favor, a que todos los adultos mayores que trabajamos desde 1975, que son los que se están pensionando ahorita, tengamos derecho a eso. Ayúdennos a tocar esa puerta, a hablar con la gente más sensible de México para que modifique esa ley y que los adultos mayores que laboramos y cumplimos al pueblo de México trabajando, tengamos derecho a eso.

El Partido Encuentro Social viene a promover una reforma de decreto que es sencilla y fácil. Es una reforma que le va a dar derecho a esos adultos mayores –como les dije– que trabajaron, que aportaron al Fondo de Pensiones, que tienen los 65 años y aspiran a tener esa pensión que le corresponde.

Entonces la modificación que se propone sería, la siguiente iniciativa de proyecto de decreto

Artículo único. Se agrega un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 en los siguientes términos:

Los asegurados que opten por acogerse al régimen de ley que se deroga, tratándose de la pensión de vejez, tendrán derecho al otorgamiento de la pensión respectiva cuando hayan cumplido los requisitos de edad y del número de semanas cotizadas establecidos en dicha ley, aun cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el periodo de conservación de derechos señalados en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previos en el artículo 183 de la ley que se deroga. El pago a las pensiones otorgadas en los términos de este párrafo se regirá conforme al artículo duodécimo transitorio de esta ley.

Por eso hago un llamado a los diputados y a las diputadas, a los coordinadores de las bancadas, que este gran tema, este gran compromiso que tenemos con el adultos mayor de México, con todos aquellos por el cual tenemos el mandato de poder ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los adultos mayores, a los indígenas, que con una simple reforma podemos dar aliento y satisfacción a un gran número de estas personas. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el DOF el 21 de diciembre de 1995, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La grave situación económica y social que atraviesan nuestros adultos mayores es preocupante; un mal planeado sistema de seguridad social y la falta de políticas públicas que promovieran y favorecieran la ocupación laboral de las personas mayores, han provocado la pauperización de millones de mexicanos mayores de 50 años, que hoy no pueden conseguir un trabajo en la economía formal y por lo tanto no pueden gozar de ningún tipo de seguridad social. Para agravar el problema, hay que decir que los cálculos actuariales que en su momento se hicieron, no tomaron en cuenta que la tasa de nacimientos disminuiría sensiblemente y que el promedio de vida de los mexicanos aumento sustancialmente; lo cual, ha puesto en riesgo la viabilidad de nuestro sistema de seguridad social.

Esta situación, es la causa de que muchos mexicanos en edad madura estén siendo relegados –en los hechos- para acceder a una pensión de vejez, que les garantice su sustento al final de su vida productiva. Muestra de la anterior son los siguientes datos:

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); el número de adultos mayores (de 60 años y más) en México se duplicó en la última década, al pasar de cinco a 11.7 millones de adultos mayores, su tasa de participación económica es apenas del 33.7 por ciento y sólo 26.1 por ciento está pensionado.

Igualmente, detalla que de la población de 60 años y más estimada para 2014, el 31.5 por ciento está en una etapa de pre vejez (60 a 64 años); 41.1 por ciento se ubica en una vejez funcional (65 a 74 años); 12.3 por ciento se sitúa en una vejez plena (75 a 79 años) y 15.1 por ciento transita por una vejez avanzada (80 años y más).

De acuerdo a las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de Población (Conapo) para 2025 y 2050 el monto de adultos mayores aumentará a 17.2 y 32.4 millones de personas, respectivamente. De igual manera, se señala que, 18.7 por ciento, de los adultos mayores que fallecieron en 2014, no contaban con ningún tipo de seguridad social; por lo cual, los grandes desafíos en materia de seguridad social deberán ser, el ampliar su cobertura y promover la prevención y el cuidado de la salud.

En cuanto a la situación laboral, el Inegi precisó que el nivel de inserción al mercado laboral disminuye en la medida en la que avanza la edad; así, 49 por ciento de las personas de 60 a 64 años se inserta en el trabajo como personal ocupado o como buscador de empleo y disminuye a 10.6 por ciento en aquellos que se están en vejez avanzada (80 años y más).

Al respecto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), levantada en 2013, sólo una cuarta parte de los adultos mayores está pensionado, con una proporción de 26.1 por ciento; este porcentaje es casi dos veces mayor en los varones (35 por ciento) que en las mujeres (18.5 por ciento).

También se proporcionan los siguientes indicadores: 17.7 por ciento de los adultos mayores reside en viviendas con un hacinamiento mayor a 2.5 personas, 3.4 por ciento habita en hogares que presentan carencia por piso de tierra; 1.8 por ciento vive en un hogar con techos de lámina de cartón o desechos y 1.4 por ciento lo hace en viviendas con muros de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.

En cuanto a las carencias por servicios básicos, 20.7 por ciento de los adultos mayores habita en viviendas donde el combustible para cocinar es carbón o leña; 9.0 por ciento reside en viviendas que no cuenta con drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica y 8.5 por ciento habita viviendas sin agua entubada dentro de la vivienda o dentro del terreno.

Según datos de Consultores Internacionales, SC ®, en nuestro país hay 6.9 millones de personas mayores de 65 años; de las cuales solo 3.6 millones de personas cuentan con una pensión institucional (IMSS e ISSSTE), esto representa el 3.2 por ciento del total nacional y el 52 por ciento respecto a la población de 65 años. Dichas cifras contrastan de manera significativa con la cobertura que tiene Chile, donde el porcentaje de personas mayores de 65 años pensionadas, alcanzan el 72 por ciento de la población.

Como se podrá observar el desafío es enorme y requiere del trabajo coordinado – de legisladores y Gobierno Federal- para poner en práctica medidas urgentes que se ocupen de solventar las malas decisiones que se cometieron durante muchos años, en perjuicio de nuestros hoy adultos mayores. En este sentido, hay que decir que la pensión por vejez, es un derecho ganado por el trabajador y mediante el mismo se le garantiza un ingreso digno con el cual, solventar su retiro laboral.

Actualmente, quienes están solicitando el pago de pensión por vejez, son trabajadores que cotizaron de acuerdo a la Ley del Seguro Social de 1973; misma que exigía el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• Tener cumplidos al menos 65 años de edad al momento de presentar la solicitud para la pensión de vejez.

• Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

• Encontrarse privado de trabajo remunerado.

• Tener registradas ante el Instituto un mínimo de 500 semanas de cotización, y

• Que el asegurado se encontrara dentro del periodo de conservación de derechos, al cumplimiento de la edad requerida por la Ley.

Como se advierte en el artículo 183 de la citada Ley, el derecho para solicitar la pensión por vejez se encuentra condicionado a que, el asegurado este gozando aun del periodo de conservación de derechos cuando cumpla 65 años de edad; es decir, el asegurado que haya causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social, que tenga 65 años cumplidos y las 500 semanas cotizadas, no podrá solicitar su pensión por vejez, si se encuentra fuera del periodo de conservación de derechos; dicha situación, resulta injusta.

Por otra parte, la Ley señala que el periodo de conservación de derechos será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Para ilustrar lo anterior, habría que decir, que un trabajador que haya cotizado por cuatro años, su periodo de conservación de derechos será por un año -una cuarta parte del tiempo cotizado-; periodo durante el cual, tendría que solicitar su pensión por vejez.

Desafortunadamente, en la vida laboral de nuestros hoy adultos mayores, paso lo siguiente: muchos de ellos, comenzaron a ser despedidos de sus trabajos después de haber cumplido 50 años de edad; cuando quisieron recontratarse les resulto imposible conseguir un trabajo formal donde pudieran tener acceso a la seguridad social. En este sentido, nuestros gobiernos no supieron o no quisieron poner en práctica políticas públicas que favorecieran la ocupación laboral de estos adultos en edad madura.

La gran mayoría de ellos ya contaban con más de 500 semanas cotizadas al IMSS, y hoy que ya tienen 65 años no pueden acceder a su pensión por vejez por haber concluido el periodo de conservación de sus derechos.

En la realidad, estos miles de mexicanos nunca dejaron de trabajar solo que lo hicieron en la economía informal, y el gobierno nunca se ocupó de crear las condiciones para que el mercado laboral formal los contratara a cambio de algún tipo de estímulo fiscal.

Por tal razón, para solventar la pérdida de su periodo de conservación de derechos, hoy están obligados a re-afiliarse al IMSS; a través, de una nueva contratación laboral, con el inconveniente de que por su edad, les resultara casi imposible conseguirlo.

Ahora bien, la Ley exige para los trabajadores que han perdido su conservación de derechos, un mínimo de semanas cotizadas dependiendo el tiempo que se interrumpieron las cotizaciones, quedando como sigue:

• Un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones; Si la interrupción en sus cotizaciones excediera de tres años, pero no de seis.

• Un mínimo de cincuenta y dos semanas, Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción.

En resumen, resulta sumamente complicado re afiliarse y cumplir con las semanas de cotización requeridas por la Ley para poder solicitar la pensión por vejez, es injusto querer obligarlos a cumplir con dicho requisito, cuando el Gobierno no tuvo la precaución y sensibilidad de promover políticas sociales y estímulos fiscales que favorecieran el desarrollo y estabilidad laboral de los trabajadores mexicanos.

No hay que dejar de señalar, que la misma situación enfrentan los asegurados que han cumplido 60 años de edad, quienes tienen el derecho ganado de solicitar la pensión por cesantía en edad avanzada. Sin embargo, dado el alto costo económico que pudiera representar incluir ambos tipos de pensión, hemos decidido impulsar como medida urgente, el caso de las pensiones por vejez; aunque, el tema económico no debiera ser un impedimento para incluirlos, pues en su momento cubrieron sus aportaciones.

Es por lo anterior, que la presente iniciativa busca eliminar el requisito del periodo de conservación de derechos, para que los trabajadores que hayan cotizado 500 semanas o más y tengan cumplidos 65 años o más, puedan acceder a su pensión por vejez aun cuando su periodo de vigencia de derechos haya concluido.

Para lo cual, se propone agregar un segundo párrafo al artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 1995, en los siguientes términos:

Los asegurados que opten por acogerse al régimen de la Ley que se deroga, tratándose de la pensión de vejez, tendrán derecho al otorgamiento de la pensión respectiva, cuando hayan cumplido los requisitos de edad y de número de semanas cotizadas establecidos en dicha ley, aun cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el período de conservación de derechos señalado en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previstos en el artículo 183 de la Ley que se deroga. El pago de las pensiones otorgadas en los términos de este párrafo se regirá conforme al artículo Duodécimo Transitorio de esta Ley.

No quisiera dejar de señalar, que desde 1996 a la fecha, han sido varias las pretensiones legislativas que han abordado el tema en cuestión; cada una de ellas a tratado el tema con la sensibilidad que el tema amerita, sin embargo ninguna ha prosperado, por la cerrazón de quienes solo ven el costo financiero de la medida y son incapaces de voltear a ver a la persona que sufre y padece lo injusto de la medida y la inacción del gobierno en su momento.

Pretender, culpar al trabajador por no haberse contratado nuevamente y permanecer cinco, seis, ocho o más años sin un trabajo formal, no es culpa del trabajador; por el contrario es del Estado, que como ya lo mencionamos, no se ocupó de poner en práctica políticas públicas y estímulos fiscales, que contribuyeran a la estabilidad laboral de los mismos.

Los que conformamos esta legislatura tenemos la oportunidad histórica de apoyar a los adultos mayores, que teniendo 65 años de edad, se encuentran en esta situación injusta y cuyo acceso al mundo laboral formal, en estos tiempos, es casi imposible. Los beneficiarios de la presente iniciativa, serán en principio, los trabajadores que hayan cotizado en el marco de la Ley de 1973 y que opten pensionarse por vejez; también los trabajadores que habiendo cotizado conforme a la Ley de 1973, opten por pensionarse por vejez con base a la Ley de 1997.

Aprobar esta iniciativa, es un acto de justicia, que busca atender el anhelo de miles de mexicanos de la tercera edad, que no pierden la esperanza de poder disfrutar de una pensión por vejez que dignifique sus vidas y les dé mayor bienestar.

En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se agrega un segundo párrafo al artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social Publicada en el diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 1995, en los siguientes términos:

Los asegurados que opten por acogerse al régimen de la Ley que se deroga, tratándose de la pensión de vejez, tendrán derecho al otorgamiento de la pensión respectiva, cuando hayan cumplido los requisitos de edad y de número de semanas cotizadas establecidos en dicha ley, aun cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el período de conservación de derechos señalado en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previstos en el artículo 183 de la Ley que se deroga. El pago de las pensiones otorgadas en los términos de este párrafo se regirá conforme al artículo Duodécimo Transitorio de esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota:

1 Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el Tercer Trimestre de 2014. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Boletín de prensa número 490/14. 12 de noviembre de 2014. Aguascalientes, AGS.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre 2015.— Diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Anaya Orozco, Ángel García Yáñez, Beatriz Vélez Núñez, Cándido Ochoa Rojas, Carmen Salinas Lozano, Delia Guerrero Coronado, Evelyn Parra Álvarez, Felipe Reyes Álvarez, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Gonzalo Guízar Valladares, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jorge Ramos Hernández, José Hernán Cortés Berumen, Julieta Fernández Márquez, Julio Saldaña Morán, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Leonardo Amador Rodríguez, María Soledad Sandoval Martínez, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Norma Edith Martínez Guzmán, Rafael Yerena Zambrano, Tomas Octaviano Félix, María Verónica Muñoz Parra (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para su dictamen.

El diputado Rafael Yerena Zambrano (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, perdón, diputada, antes. Sonido en la curul del diputado Yerena Zambrano.

El diputado Rafael Yerena Zambrano (desde la curul): Solamente para pedirle al diputado que hizo uso de la voz si me permite adherirme a su ponencia.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco(desde la curul): Sí, por supuesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Da su aquiescencia para que así sea y está a disposición entonces de quienes quieran suscribirla.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado. Sonido en la curul del diputado Cándido Ochoa.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Sí. Gracias, señor presidente. Con el mismo fin, toda vez que existen muchas leyes que conservan trampas legales, que lejos de beneficiar a los ciudadanos los afecta, como el caso que acaban de exponer. Gracias.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Bernardino.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): De igual manera, creo que los candados que existen en las normas deben de abrirse con las llaves de los legisladores, entonces pedirle que si tiene a bien darnos la oportunidad de adherirnos a la iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya ha manifestado su aceptación para que así pueda ser y está entonces a disposición de quienes quieran suscribirla, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul de la diputada Delia Guerrero.

La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Únicamente para solicitarle al diputado adherirme a esta iniciativa, la cual es muy interesante y felicitarlo por ella. Muchas gracias.

LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES Y LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguín: Gracias, diputado. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la iniciativa que presento reforma y adiciona la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de establecer en dichas leyes el concepto de responsabilidad social como parte importante de la estrategia pública para lograr una mayor interacción entre Estado, sociedad y empresa a través de las obligaciones específicas de éstas últimas con la ley al adoptar esquemas de responsabilidad social para la protección y cuidado del medio ambiente de los ecosistemas.

Al incorporar la responsabilidad social empresarial en la ley se logrará configurar empresas de compromisos claros con la comunidad, contribuyendo al desarrollo económico sostenible con el objeto de mejorar la calidad de vida de las familias.

Se propone que por mandato de ley la autoridad en materia d protección al ambiente suscriba convenios o acuerdos de coordinación con las cámaras empresariales y sus confederaciones, con el objeto de que asuman compromisos de protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre terrestre y los recursos forestales y de control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al amiente de la zona federal marítimo-terrestre, así como la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales.

Las reformas que se plantean en esta iniciativa consideramos son oportunas, ya que en el ámbito de lo social no existe esta interrelación, la mayoría de las empresas en México no reportan variables de responsabilidad social, sólo variables financieras que reflejan su crecimiento u otra circunstancia.

Ante esta situación, consideramos que con esta propuesta de reforma se fortalecen los instrumentos jurídicos relativos a la protección del ambiente. En nuestro país la responsabilidad es que continúa la tala indiscriminada de árboles, los líquidos tóxicos se siguen vertiendo en los ríos y mares, los daños irreversibles a la capa de ozono por unos contaminantes.

Prácticas irresponsables de las grandes empresas aquí establecidas han ocasionado deterioro irreversible al medio ambiente y, en consecuencia, a la calidad de vida de las familias trasgrediendo el derecho tutelado de los mexicanos a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

Desde la ley debe darse una transformación cultural, una nueva relación social de la empresa para mejorar sus sistemas de procesos de producción, por lo que es imperativo impulsar este principio empresarial en México para generar condiciones amigables de recuperación de los entornos ecológicos, que evite continuar con la degradación e impulsar una cultura de calidad en la fabricación de los productos de consumo para el fomento de una actividad empresarial sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto con el que se adiciona a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones la fracción XIV del artículo 2o., para quedar como sigue: responsabilidad social empresarial, es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible con el objeto de mejorar la calidad de vida, el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto a los trabajadores, las comunidades y el ambiente.

Se adiciona la fracción XV del artículo 7o. de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue: promover la responsabilidad social en acciones concretas para sus empresas agremiadas, para contribuir al desarrollo económico sostenible.

Y la fracción XVI en este mismo artículo 7o., para quedar como sigue: Colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informando de actividades que realicen sus empresas agremiadas sobre acciones que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública, a los ecosistemas o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Se adiciona el artículo 15 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue.

Artículo 15. La federación, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con las cámaras empresariales y sus confederaciones, con el objeto de que asuman compromisos de protección y preservación del suelo, la flora, fauna silvestre y los recursos forestales y de control de acciones para la protección del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales.

Por último, se reforma el párrafo primero del artículo 38 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue.

Artículo 38. Los productores, empresas u organizaciones empresariales desarrollarán procesos de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometerán a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección al ambiente. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Nora Liliana Oropeza Olguín, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona la fracción XIV del artículo 2 y se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma el artículo 38 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Planteamiento del problema

Los impactos de los efectos del cambio climático son cada vez más catastróficos en el mundo. En México se observa cómo la tala indiscriminada de árboles, líquidos tóxicos vertidos a los ríos y mares, daños irreversibles a la capa de ozono por humos contaminantes, son prácticas irresponsables de las grandes empresas aquí establecidas, ocasionando deterioro irreversibles al medio ambiente, y en consecuencia a la calidad de vida de las familias. Un derecho vulnerado por irresponsabilidades en el cumplimiento de la ley en la materia que establece la garantía del derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

En las actuales circunstancias de la globalización las empresas nacionales o transnacionales para subsistir y ser competitivas tienen que adoptar una nueva filosofía de calidad total, una transformación cultural, una nueva relación social; mejorar continuamente los sistemas y procesos de producción.

En nuestro país, este ejercicio es aún incipiente; si bien las empresas han adquirido compromisos sociales relacionados con proyectos en conjunto con la sociedad civil, se requiere ubicar que éstos se den en el marco de la ley, para hacer de la empresa socialmente responsable. No basta con que éstas se manifiesten ecoamigable y sustentable, que desafortunadamente algunas lo hacen por cuestiones de marketing, cuando en los hechos es lo contrario, experiencias recientes y pasadas así lo demuestran, registradas en todo el territorio nacional.

Resulta imperativo impulsar este principio empresarial en México, matizarlo en la ley para generar condiciones amigables de recuperación de los entornos ecológicos, que evite continuar con su degradación e impulsar una cultura de calidad en la fabricación de los productos de consumo, para el fomento de una actividad empresarial sustentable.

Las empresas socialmente comprometidas obtendrían el beneficio de mejorar su imagen frente a la sociedad y generar vínculos que pueden desencadenar en proyectos sociales conjuntos. En México, existen empresas que financian propuestas y participan de la ejecución de programas sociales en conjunto con organizaciones civiles, con autoridades comunitarias en ciertos temas de interés social y común.

En suma, esta iniciativa hace hincapié en la responsabilidad social empresarial, debe ser la filosofía de la empresa en la era de la globalización; el vínculo entre las empresas y la sociedad, que consiste en acciones del sector empresarial destinadas a atenuar los problemas sociales y ambientales de las comunidades de las cuales forman parte.

Argumentación

Las reformas que se plantean en esta iniciativa son oportunas, ya que en el ámbito de lo social no existe esta interrelación; la mayoría de las empresas en México no reportan variables de responsabilidad social, sólo variables financieras que reflejan su crecimiento. Ante esta situación consideramos que con estos instrumentos jurídicos el Estado tendría facultad para hacer obligatorio la participación de la empresa en el cuidado del medio ambiente, de una actividad empresarial sustentable al signar convenios de colaboración para la protección de los ecosistemas.

Conforme avanza el siglo XXI, el país exige una activa y verdadera participación de todas las estructuras sociales, con miras a alcanzar un mejor estadio de desarrollo; el Estado no puede atender por sí solo todos los desafíos que plantea el progreso de una sociedad. Es necesaria la participación de las empresas y las organizaciones sociales en el marco de la ley. Basados en estas premisas planteamos estas reformas y adiciones a diversas leyes con el fin de redefinir las relaciones entre el sector privado, estado y la sociedad civil, sugiriendo que el sector privado se involucre en la actividad de las organizaciones del sector social.

De esta manera, como parte del programa para impulsar la responsabilidad social desde el ámbito público, se propone una acción legislativa concreta, la cual consiste en establecer en diversas leyes el concepto de responsabilidad social como parte importante de la estrategia pública para lograr una mayor interacción entre Estado y sociedad, a través de obligaciones específicas de las empresas con la ley, con la sociedad y con el propio medio ambiente al adoptar esquemas de responsabilidad social. No dudamos que existan empresas con prácticas de la responsabilidad social, pero lo hacen por iniciativa propia, sin que medie norma alguna.

Como reflexión final consideramos que al incorporar la responsabilidad social empresarial en la ley se logrará configurar empresas de compromisos claros con la sociedad, que deberán contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la calidad de vida de las familias. Los convenios de colaboración serán un instrumento jurídico que se habrá de sumar a los demás ordenamientos existentes, para que la empresa se comprometa a colaborar con la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que adiciona la fracción XIV del artículo 2 y se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma el artículo 38 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XIV del artículo 2 y se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo 2....

I. a XIII. ...

XIV. Responsabilidad social empresarial: es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible con el objeto de mejorar la calidad de vida. El conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto a los trabajadores, las comunidades y el ambiente.

Artículo 7. ...

I. a XIV. ...

XV. Promover la responsabilidad social en acciones concretas para sus empresas agremiadas, para contribuir al desarrollo económico sostenible, y

XVI. Colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informando de actividades que realicen sus empresas agremiadas sobre acciones que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Artículo Segundo.Se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 15.- La Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, con el objeto de que asuman compromisos de protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos forestales; y de control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales.

Artículo Tercero.Se reforma el párrafo primero del artículo 38 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 38.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales desarrollaránprocesos de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometerán a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2015.— Diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Daniela de los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Oropeza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila:Con el permiso de la Mesa Directiva. El día de hoy presentamos, la diputada Ximena Tamariz García, el diputado Miguel Ángel Yunes Linares, el diputado Francisco Gutiérrez de Velasco, y un servidor, iniciativa que dota a los municipios para que la federación les pueda entregar de manera directa las participaciones, las aportaciones y todos y cada uno de los recursos que esta Cámara le etiqueta a los municipios de todo el país.

Esta iniciativa fortalece las asignaciones de recursos que hacemos nosotros en esta Cámara. El día de hoy le hablo a todos los diputados, que ya repiten en esta legislatura o que ya fueron alcaldes, todos saben que es un problemón y es una monserga estar buscando los recursos que en la federación nos indican que ya fueron transmitidos a las entidades federativas, y las entidades federativas nos dicen que no es cierto, que no ha llegado ese recurso, y los municipios, que no tienen ninguna necesidad –en la gran mayoría de los casos–, se quedan esperando esos recursos sin ningún valor agregado de parte de los estados, más que de firmar un convenio de coordinación.

Esta legislatura data de 1980. La Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fueron elaboradas en 1980. En esa época se entendía claramente que los recursos era mucho más difícil la transmisión. No existía el Internet, no existía la facilidad electrónica que se tiene el día de hoy.

Lo que esta iniciativa busca, para lo cual les voy a pedir su voto a favor en las comisiones y en el pleno de este Congreso, es eliminar esa triangulación innecesaria. Hoy en día cuántos municipios de su estado no le dicen que ahora le llegaron menos participaciones y la federación sí es muy cumplida al publicar en la Gaceta o en el periódico oficial cuándo y cuánto fue el monto que distribuyó a las entidades federativas.

Pero los estados con los municipios no. Están jugando al gato y al ratón durante todo el año y resulta que como en mi estado, que es Nuevo León, ahora que cambió el gobierno a otro partido, a otra persona, resulta que reconocen que tenían arriba de 477 millones de pesos de atrasos, de recursos que le tenían que entregar el Estado a los municipios.

Entonces, que baje directo el recurso de la federación, es el mismo botón que van a aplicar. Se llenan los mismos formatos.

Hay algunos comentarios de algunos diputados que me dicen, hay municipios muy chiquitos que no tienen la capacidad de tener la certeza jurídica en esos convenios con la federación.

Esta iniciativa le da la oportunidad a esos municipios pequeños de que por decisión propia esos municipios terminen firmando un convenio de colaboración con el Estado para que siga funcionando como funciona hasta la fecha.

Es increíble que en los recursos que nosotros etiquetamos como Cámara de Diputados, a las asociaciones civiles les podamos asignar hasta 30 millones de pesos y no pasan por la entidad federativa, van directo a las asociaciones civiles. Es prácticamente lo mismo.

Hay muchas veces que malos gobernantes estatales. No todos, gracias a Dios, utilizan estos recursos que nosotros etiquetamos, que lo ponemos como mandato de ley para tratar de tener ciertas ventajas competitivas con los alcaldes, ya sea en temas electorales o de buscar una gobernabilidad mal habida. Porque ese recurso es de los municipios y los gobernadores les retrasan la entrega de esos o la firma de los convenios. O, lo peor de todo, en muchas ocasiones tratan ellos a través de tener un acuerdo con la federación, buscan quedarse con los recursos. ¿Y qué ocasiona eso? Que el mandato de ley que nosotros le dimos a las entidades federativas, a la federación y a los municipios no se cumpla.

Compañeros y amigos diputados, esta es una iniciativa muy clara, muy sencilla, aprovechemos la modernidad, quitemos tanta burocracia y hagamos algo que le debe servir a todos los diputados de este Congreso. Fortalezcamos el mandato de ley que nosotros le damos a la federación y evitemos que los gobernadores hagan uso político de los recursos que nosotros mandatamos y asignamos en este Congreso. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Ximena Tamariz García y Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales Ximena Tamariz García y Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, diversos artículos de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México atraviesa por una situación crítica en la economía que ha impactado tanto en el sector productivo como en los ingresos de la federación.

El gobierno federal ha sido incapaz de conducir las riendas económicas de nuestro país. Hoy tenemos un crecimiento que no rebasa 3 por ciento del PIB como se prometió, una moneda que frente al dólar ha perdido su valor en más de 30 por ciento, una caída en la producción del petróleo del 10 por ciento aunado también a la caída de su precio.

Estas condiciones económicas obligaron al gobierno federal a realizar un recorte presupuestal superior a los 124 mil millones de pesos que afectaron proyectos de inversión de gran calado en sectores como comunicaciones y transporte, educación, salud, campo, desarrollo social, turismo y energía, por citar algunas.

En este contexto, es importante reconocer que la inversión en infraestructura en cualquier país es un detonante de desarrollo y de atracción de inversión extranjera directa que permite apuntalar las bases para el bienestar de la sociedad y que la carencia de dicha inversión limita el traslado a nuevos estadios del citado bienestar.

Por las razones económicas anteriores, es fundamental mirar a los municipios como el primer orden de gobierno para impulsar el desarrollo de nuestra sociedad y que sean éstos los primeros que impulsen el crecimiento del país pues desde su ámbito es posible conocer las necesidades primarias de inversión en los diferentes sectores de la economía.

Atendiendo a su importancia, se han realizado diversas reformas orientadas a fortalecer la hacienda local, así como su autonomía política y en general, diferentes facultades que anteriormente eran atribuidas a los gobiernos estatales y la propia Federación.

La reforma más reciente fue la aprobada dentro del paquete de reformas en materia fiscal que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados y que fue aprobada en diciembre de 2013.

En el paquete de reformas se incluyó la relacionada con la Ley de Coordinación Fiscal y que modificó entre otros temas, las fórmulas de distribuciones de las participaciones federales a partir de introducir la variable de recaudación como una de las más importantes para asignar recursos públicos federales.

También se reformó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) con el objeto de eliminar el incentivo perverso que contenía su redacción. Las fórmulas de la ley anterior estaban planteadas de tal manera que en la medida en que los gobiernos municipales lograran reducir la pobreza, en esa medida dejaban de recibir recursos a través del comentado fondo. Hoy, la fórmula retribuye con más recursos a los municipios que logren disminuir la pobreza y pobreza extrema de sus habitantes.

En términos generales, hemos avanzado en el perfeccionamiento de nuestra ley de coordinación fiscal, no obstante, a pesar de que en la práctica se reconoce que el municipio juega un papel importante como detonador de desarrollo y que forma parte de las agendas de todas las discusiones de reforma en el país, las características actuales del federalismo mexicano han limitado su campo de acción.

Así, podríamos decir que nuestro sistema federalista se caracteriza por no ser federalista. Es decir, las atribuciones importantes las sigue concentrando la federación o el gobierno estatal, en tanto que las de menor importancia se han dejado a los municipios condicionando de esta manera, su capacidad presupuestaria y de inversión.

Reconociendo los avances que se han tenido, para que los municipios puedan funcionar y ejercer cabalmente sus atribuciones, además de funcionarios altamente capacitados y con un alto sentido de transparencia, es necesario que cuenten con un presupuesto que sea entregado a tiempo para poder planear y ejecutar proyectos durante un ejercicio fiscal.

No obstante que la Ley de Coordinación Fiscal establece que los municipios recibirán recursos para invertir en temas educativos, de salud, de seguridad pública así como en infraestructura social, dicha entrega desde la época de los 80 tiene una características básica: la triangulación en la ministración de los recursos que les corresponden. De la federación a los estados y de los propios estados a los municipios y no de forma directa de la federación a estos últimos.

Para mala fortuna de los municipios, en muchas ocasiones la asignación de recursos provenientes de la federación sigue presentando retrasos en su ministración, lo que limita la capacidad financiera y de inversión de los órdenes locales si tomamos en cuenta que prácticamente entre 80 y 90 por ciento de sus ingresos provienen de las aportaciones federales.

Esta condición además limita su gestión porque su planeación presupuestal y de inversión queda condicionada al tiempo de entrega de recursos que realizan los gobiernos estatales.

Independientemente de que existe un calendario de ministración de los recursos públicos federales publicado de manera anual en el Diario Oficial de la Federación toda vez que se aprueba el presupuesto, es un problema común que los ejecutivos estatales, aprovechándose de las lagunas que la Ley de Coordinación Fiscal contiene, “jineteen” los recursos.

La Ley de Coordinación Fiscal no establece ningún tipo de sanción a los funcionarios públicos y en general, a la dependencia encargada por el retraso en la ministración de los recursos que les corresponden a los ayuntamientos por concepto de Fondos como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf).

De forma adicional existen otros fondos de corte municipal considerados en el ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, cuya canalización también se realiza a través de los ejecutivos estatales y que presentan los mismos problemas que los fondos anteriormente citados.

El problema no es menor si tomamos en cuenta la importancia que revisten dichos fondos con relación a sus montos, pues del total de presupuesto que los gobiernos estatales reciben por concepto de aportaciones y participaciones federales, el 20 por ciento se destina a los ayuntamientos del país.

Así, durante 2015 de un total de 1.2 billones de pesos que suma el presupuesto del ramo 28 y ramo 33, 227 mil 173 millones de pesos fueron presupuestados para los municipios (se incluye únicamente la suma del Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el FAISM y el Fortamundf).

De 2011 a 2014, las asignaciones a municipios por concepto del FAISM han crecido 16 por ciento en términos reales, mientras que el Fortamundf muestra una tasa de crecimiento de casi 15 por ciento real.

En conjunto, durante el periodo señalado, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal han recibido casi 503 mil millones de pesos a través de estos dos fondos.

Sobra decir que los recursos que llegan a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a través de estos dos fondos resultan fundamentales para el desempeño de sus actividades cotidianas, pues como ya lo mencionamos, la inversión en proyectos de infraestructura social básica, así como el saneamiento de sus finanzas dependen en gran medida de su ministración en tiempo.

Es de conocimiento público que por ley los gobiernos estatales son los que primeramente reciben en sus arcas dichos recursos, los cuales casi la mayor parte de las veces no son entregados de forma inmediata y conforme al calendario de enteros, lo que afecta los beneficios que bien pudieran generarse para la población y la buena administración de los recursos.

Es decir, los gobiernos estatales tienen la función centralizadora para canalizar los recursos hacia la instancia municipal, lo que limita en gran medida la inversión en tiempo en los diferentes proyectos municipales y en consecuencia, en el posible desarrollo de las diferentes regiones.

Esta permisión para que sean los estados los encargados de distribuir los recursos enviados por la federación a los municipios, origina arbitrariedades en la ministración de recursos que deben ser entregados sin dilación a las autoridades municipales.

Un caso particular y que da origen a la iniciativa que hoy presentamos, es el de Nuevo León. Durante 2015 los municipios de la entidad se han visto en serios problemas presupuestales debido a que el Ejecutivo estatal no entrega los recursos que por ley les corresponden a sus ayuntamientos.

Entre las justificaciones que ha emitido el gobierno del estado es que la Federación no ha entregado los recursos de acuerdo al calendario de enteros, por lo que les es imposible hacer lo propio.

Sin embargo, la realidad es que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado tiene detenidos los recursos en cuentas bancarias y la justificación verdadera es que entrega el presupuesto municipal por el color que los gobierna, haciendo a un lado la equidad distributiva, la ley que norma su entrega y en general el bienestar de la población de cada región.

Esta situación no es privativa de mi entidad, ya que existen frecuentes de retraso en la entrega de los recursos municipales en estados como Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán, por citar algunos ejemplos.

Por la razón anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo apoyar a los gobiernos municipales para que cuenten con un presupuesto que sea entregado en los tiempos establecidos por la ley y los acuerdos de coordinación fiscal y en consecuencia puedan cumplir cabalmente con sus pagos a proveedores para la ejecución de los diversos proyectos así como la nómina de trabajadores y compromisos, obligaciones financieras, asimismo para proyectos específicos etiquetados en cada presupuesto de egresos.

De tal forma que la iniciativa busca establecer las disposiciones necesarias para que los recursos que corresponden a los municipios referentes al ramo 33, se entregue directamente por la federación a los municipios, sin tener que pasar por los estados y que a través de esos intermediarios puedan verse recortados y retrasados por algún factor político en detrimento del desarrollo de los municipios y de sus propias habitantes.

Además de las participaciones federales que reciben las entidades federativas y los municipios por medio de la coordinación fiscal, la federación entrega recursos adicionales por concepto de convenios a proyectos que son “etiquetados” por Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del ramo 23 y sus respectivos anexos sobre áreas como cultura, infraestructura deportiva, seguridad, entre otros.

Dichos proyectos son aprobados para algún rubro muy específico, los cuales desarrollará los municipios en cuestión.

Estamos seguros de que solucionando este problema, desde los órdenes municipales se puede fomentar la inversión, impulsar el desarrollo y contribuir a la estabilidad económica de nuestro país.

Por último, hay que destacar que los municipios necesitan tener certeza sobre la transferencia de los recursos que le han sido asignado, puesto que una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación en diciembre, sus proyectos muchas veces están programados a desarrollarse a mediados de año, pero por la mala práctica que ejecutan los gobernadores, los recursos terminan entrando a las haciendas municipales casi a finales de año, estando propensos a recaer en un subejercicio.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 32; se deroga el párrafo quinto y se reforman los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto del artículo 35; se reforman los incisos a) y b) del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 36; Se reforma el artículo 37; Se reforma el tercer párrafo del artículo 38; Se reforman los párrafos primero, segundo, tercero y sexto del artículo 48 y; Se reforma la fracción primera del párrafo cuarto del artículo 49 todos ellos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 6. ...

La federación entregara las participaciones a los municipios. Los municipios que así lo decidan, podrán recibir las participacionespor conducto de los Estados , previo convenio de colaboración; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

...

...

...

Artículo 10. Las entidades y los municipiosque deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de la entidad de que se trate, ordenarán la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la entidad, respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la entidad o el municipiose adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de los decretos de la legislatura de la entidad por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar.

...

...

Artículo 11.- Cuando alguna entidad o municipio que se hubiera adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal viole lo previsto por los artículos 73, fracción XXIX, 117, fracciones IV a VII y IX, o 118, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la entidad afectada y teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, podrá disminuir las participaciones de la entidad en una cantidad equivalente al monto estimado de la recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en contravención a dichas disposiciones.

...

...

Artículo 12. La entidad o municipioinconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se haya dictado conforme al artículo anterior de esta ley.

...

...

...

Artículo 32. ...

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal por conducto de la federación de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.

Artículo 35. El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizará la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Con objeto de que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda aplicar la fórmula de distribución a nivel municipal, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales para cada entidad.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculará las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a los municipios y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en su página oficial de internet, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá remitir a la Secretaría de Desarrollo Social, la información correspondiente a la distribución de recursos con el fin de que la Secretaría de Desarrollo Social publique de igual manera, las distribuciones convenidas en su página oficial de Internet a más tardar el 31 de enero de dicho ejercicio fiscal.

Quinto Párrafo. (Se deroga).

El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá entregar a los municipios y demarcaciones territoriales, los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que ésta lo haga a las entidades, en los términos del último párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y publicarlo a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su página oficial de internet.

Artículo 36. ...

a) Con el 2.35 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y

b) A lasdemarcaciones territoriales del Distrito Federal, los fondos correspondientes les serán entregados en la misma forma que al resto de los municipios, pero calculados como el 0.2123 por ciento de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

Al efecto, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá publicar en su página oficial de Internet, las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto de este fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Tercer párrafo. (Se deroga).

Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, Apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta ley.

Artículo 38. ...

...

A su vez, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá los recursos que correspondan a sus municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios y demarcaciones territoriales antes referidos.

Artículo 48. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal enviarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este capítulo.

Para los efectos del párrafo anterior, los estados, el Distrito Federal, los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal reportarán tanto la información a los Fondos que correspondan, así como los resultados obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por entidad federativa, municipios y demarcaciones del Distrito Federal, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en los términos del artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo federal entregue los citados informes.

...

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración correspondiente de cada uno de los fondos contemplados en el capítulo V del presente ordenamiento.

Artículo 49....

...

...

...

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II. a V. ...

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 82, sus fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XI, 83, 85, fracción II, tercer y cuarto párrafos, y 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Título Cuarto
Del Gasto Federal en las Entidades Federativas y Municipios Capítulo I
De los Recursos Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios

Artículo 82.Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas y municipios con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales.

En la suscripción de convenios se observará lo siguiente:

I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito de facilitar su ejecución por parte de los municipios o las entidades federativas y de promover una calendarización eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas o municipios, salvo en aquellos casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual;

II. ...

III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades federativas o municipios. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y respetar dichos calendarios;

IV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las entidades federativas o municipales;

V. Las prioridades de las entidades federativas o de los municipios con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos;

VI. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por parte de las entidades federativas o municipios que complementen los recursos transferidos o reasignados;

VII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del gobierno federal o sus entidades y en su caso, a las entidades federativas, por medio de modificaciones legales;

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. De los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas o municipios mediante convenios de reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se destinará un monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos de los acuerdos a que se refiere la siguiente fracción; y

XII. ...

Artículo 83. Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verificar que en los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas o en su caso los municipios de entregar los documentos comprobatorios del gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos federales.

...

Capítulo III
De la Transparencia e Información sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado

Artículo 85. Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, en su caso a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente:

I.

...

II.

III.Las entidades federativas y en su caso los municipios enviarán al Ejecutivo federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos.

...

Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, en su caso los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo federal la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

La secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa o municipio, en los informes trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo federal entregue los citados informes.

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior.

Artículo 86. Con el objeto de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto federalizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante firma de convenio con las entidades federativas o con los municipios y la Auditoría Superior de la Federación, así como con la participación que corresponda a las autoridades federales competentes, fortalecerá todas las acciones de coordinación para evaluar el correcto uso de los recursos públicos, para lo cual deberán:

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los municipios podrán optar por continuar con el esquema de ministración de participaciones y aportaciones federales a través de los gobiernos estatales que se establece en la Ley de Coordinación Fiscal vigente si consideran que no cuentan con el personal especializado y la capacidad tecnológica para poder recibir de forma directa de la federación, los recursos por aportaciones federales que les corresponden.

Dado en la Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2015.— Diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Ximena Tamariz García, Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Angélica Moya Marín, Ángel García Yáñez, Baltazar Martínez Montemayor, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Bello Otero, Martha Cristina Jiménez Márquez, Enrique Cambranis Torres, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Gabriela Ramírez Ramos, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Héctor Barrera Marmolejo, Jesús Antonio López Rodríguez, Jorge López Martín, José Hernán Cortés Berumen, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Karla Karina Osuna Carranco, Leticia Amparano Gámez, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Miguel Ángel Salim Alle, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nadia Haydee Vega Olivas, René Mandujano Tinajero (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Sonido en la curul del diputado Baltazar Martínez.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Buenos días, diputados. Nada más para sumarme a la propuesta que hace el diputado Alfredo Rodríguez Dávila. Y mencionar que hace unas horas instalamos la Comisión de Desarrollo Municipal y mi participación en ella fue precisamente en ese sentido, que cambiemos las reglas de operación para que los municipios puedan recibir lo que en esta soberanía se lucha, se discute, se analiza, para ver el mejor desarrollo de estos municipios de la República Mexicana.

En ese sentido, nos pronunciamos en esta comisión, en su instalación, y coincidimos totalmente, no podemos mandar a nuestros municipios a que vayan de rodillas ante el gobierno del estado por un mero trámite de que tiene que pasar por el estado antes de entregarle este mandato de esta soberanía legislativa a esos municipios, y por ende le pido de favor, pregunte al diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, si nos permite suscribirnos a esta iniciativa.

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Diputado Rodríguez, ¿Tiene algún inconveniente de la adhesión del diputado Baltazar Martínez?

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (desde la curul): No tengo inconveniente. Adelante.

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Adelante, así será.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Sonido en la curul de la diputada Brenda Velázquez.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Igualmente, solo para preguntarle al diputado Alfredo Rodríguez, si me permite suscribir su iniciativa, ya que lamentablemente Nuevo León fue uno de los estados donde no llegaron los recursos, más de 900 millones de pesos, no fueron llegados al destino de nuestros alcaldes metropolitanos y sí creo que es algo que ya debemos de solucionar nosotros como legisladores. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias. Diputado Rodríguez, ¿Tiene algún inconveniente de la adhesión de la diputada Velázquez?

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (desde la curul): Ninguno, presidenta.

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Adelante; muy bien.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La diputada Evelyn Parra Álvarez:Con el permiso de la Mesa. Buenos días, compañeros diputados y compañeras diputadas, y gente que nos ve a través del Canal del Congreso.

El día de hoy quiero presentar un proyecto que demuestra el interés de esta Legislatura para resolver los problemas más urgentes; aquéllos que de verdad preocupan a la población y de esta manera enviar el mensaje a los ciudadanos de que efectivamente se les está escuchando.

Los datos con los que contamos no son desde luego los más alentadores al respecto y la propia Secretaría de Desarrollo Social reconoce en su tercer informe un aumento de dos millones de personas en el número de pobres, puesto que en solo dos años, es decir de 2012 a 2014 pasó de 53.3 a 55.3 millones, lo que prácticamente significa que la mitad del país es pobre.

La salud es el bien más preciado para cualquier ser humano, por ello el Estado mexicano debe avanzar para contar con una legislación de vanguardia. Por ello el gobierno no puede permanecer indiferente y se deben tomar las medidas cautelares necesarias para poder garantizar a la población un estado de bienestar completo y real empezando precisamente por la salud, ya que sin ella no es posible lograr otros satisfactores.

Aun y cuando en nuestra actual legislación está reconocido este derecho humano pero el mismo es exiguo, y sin tomar en cuenta la obligación internacional adquirida como país al haber suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que nuestras leyes deben progresar para obtener el máximo grado de satisfacción posible en el disfrute de los derechos reconocidos en este instrumento.

La Organización Mundial de la Salud define a los medicamentos esenciales como aquellos que cubren las necesidades de atención prioritarias de la salud y se pretende que estén disponibles en todo momento en las cantidades suficientes, sin embargo no termina ahí la obligación del Estado. Éste por igual debe cuidar que los medicamentos reúnan las formas farmacéuticas necesarias con una calidad garantizada y que esté plenamente avalada.

En esta tendencia se expresan nuestros máximos tribunales como es el caso del Tribunal Primer Colegiado del Noveno Circuito, quien el día 14 de julio del año 2015 en el amparo en revisión número 136 2015, al realizar una interpretación de la tesis 19 2000 con el rubro Salud, el derecho a su protección que como garantía individual consagra el artículo 4o. constitucional, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos, y determinó que el IMSS debe otorgar a sus pacientes los medicamentos que les prescriban aun y cuando no formen parte del cuadro básico, sentando un precedente a seguir.

La presente iniciativa busca que el Estado mexicano progrese en su lucha para lograr el más alto nivel de satisfacción de los derechos fundamentales del ser humano. En el caso concreto fortalezca la garantía a la salud que constitucionalmente tienen las mexicanas y los mexicanos.

Lo que se pretende es que ningún paciente tenga algún deterioro o retroceso en su salud por no contar en la dependencia de la que es beneficiario o en la que se atienda, con el medicamento indicado por el doctor, para restablecerla, combatiendo de manera eficaz y puntual su enfermedad.

Es verdad que se buscan alternativas y se recetan otros medicamentos de similares características o de plano los que existan en un inventario. Si no hay obligación del Estado de vigilar que tengan el mismo funcionamiento, incluso se debe prohibir a las dependencias del Sector Salud, el uso de medicamentos que aunque puedan servir al enfermo, ocasionen o atraen aparejados síntomas, efectos, daños colaterales o cualquier situación que vaya en el detrimento de la salud del paciente, lo que vuelve contraproducente su uso.

Para lograrlo se plantea la reforma de los artículos 1 Bis; 10, párrafo segundo; 29; y se adiciona el número 51 Bis 3, todos de la Ley General de Salud, para dejar de manera patente y expresa la obligación del Estado de garantizar, pero a la par de vigilar la existencia y aplicación de medicamentos esenciales, sin afectar la salud del paciente por el uso de otros de similares características o fórmulas, pero que no tengan idéntico resultado al indicado.

Asimismo en la presente se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destine y etiquete los recursos necesarios a fin de que el Estado garantice no sólo la existencia sino también el uso de los medicamentos esenciales dentro del Presupuesto de la federación que turna el Ejecutivo al Congreso para su aprobación.

Esto es precisamente para garantizar el derecho a la salud con los medicamentos que deben existir en el sector. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Evelyn Parra Álvarez, diputada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral I, fracción I; 76, numeral 1, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica varios artículos de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El derecho a la salud está garantizado dentro de nuestra Constitución Política fortalecido mediante las reformas de derechos humanos del 6 y 10 de junio de 2011, donde se privilegia la aplicación del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por México, todo ello buscando mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de cada persona en lo individual.

II. La situación económica del país desde luego no es la más alentadora, ya que según datos de la propia Secretaría de Desarrollo Social, en su tercer informe de labores como indica de manera clara y expresa que entre el año 2012 y 2014, la población en pobreza aumento de 53.3 a 55.3 millones de personas y en términos porcentuales paso de 45.5 a 46.2 por ciento.

III. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido como medicamentos esenciales aquellos que cubran las necesidades de atención de salud prioritarias de la salud, su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costoeficacia comparativa. Se pretende, en el contexto de los sistemas de salud existentes, los medicamentos esenciales estén disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio accesible para las personas y para la comunidad.

IV. México ha signado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y dada la reforma constitucional en la materia se obliga a su cumplimiento, en el artículo 2, numeral I, se establece como obligación de los estados integrantes de manera individualizada así como mediante la cooperación internacional, logren de manera progresiva y en particular mediante la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho instrumento.

V. Por otro lado tenemos que en el mismo instrumento, dentro de su artículo 12, numeral 1, indica que es obligación de todos y cada uno de los estados parte en el ya señalado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y establece en el numeral 2, inciso d, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

VI. Por su parte la jurisprudencia dictada por nuestros más altos tribunales, se han pronunciado al respecto en el sentido de determinar las obligaciones de contenido y de resultado; aquellas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad en esa lógica se impone al Estado mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos un nivel esencial del derecho a la salud y por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga, es por ello que el Estado mexicano para el caso de no adoptar medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho indicado.

VII. Que además bajo la nueva óptica constitucional, donde se privilegia con control de convencionalidad exprofeso, de la misma manera del propio artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende si bien es cierto no en términos literales como un derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel adecuado o digno, en armonía con lo señalado por el artículo 11 numeral I, del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales. Una característica distintiva de este derecho radica en la íntima relación que mantiene con otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, alimentación, vestido, vivienda, educación y salud,así se advierte que la plena vigencia fundamental a un nivel de vida adecuado o digno depende a su vez de la completa satisfacción de esta esfera, de derechos propia de las necesidades básicas de los seres humanos, así lo ha interpretado el Poder Judicial federal así pues, debemos de contribuir a la progresividad de la ley.

VIII.La presente iniciativa, derivado de la obligación del Estado mexicano de ir progresando para alcanzar el máximo nivel de satisfacción de los derechos fundamentales del ser humano, por las razones ya expuestas, propone fortalecer de manera expresa la garantía a la salud, de manera real, puesto que en la actualidad la Ley General de Salud, presenta vacíos legales que pueden afectar el cumplimiento de esta garantía.

IX.Al no precisar con claridad la obligación del estado para garantizar la existencia y suficiencia de un cuadro básico de medicamentos, lo que contraviene lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, ya que en la práctica es común encontrar casos de pacientes a los cuales se les debe administrar algún medicamento en específico y al no contar con su existencia, los profesionales de la salud optan por sustituirlo por otros de similares características, que se tengan en inventario en ese momento, sin considerar ni valorar de manera profunda y exhaustiva, las consecuencias colaterales que ello implica, con lo cual se presenta un retroceso en su garantía a la salud. Ya que no se busca combatir la enfermedad, sino únicamente buscar un paliativo que la atenúe.

X. En este sentido y derivado de lo anteriormente señalado, después de haber efectuado una revisión a la Ley General de Salud, se puede observar que la misma es insuficiente, ya que en su redacción actual y con los criterios de progresividad, no se determina de manera expresa, dar pleno cumplimiento y sin lugar a dudas.

XI.La presente iniciativa busca que el estado, de conformidad con sus facultades y en atención a su responsabilidad, de garantizar la salud de los mexicanos, en términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscando privilegiar la máxima protección posible, ya que en ese sentido se han pronunciado nuestros máximos tribunales, tal cual se puede observar en la tesis con rubro: Derecho Humano a la Protección de la Salud. Para garantizarlo, el Instituto Mexicano del Seguro Social debe suministrar a sus beneficiarios los medicamentos que se les prescriban, aun cuando no estén incluidos en el cuadro básico y catálogo de insumos del Sector Salud,Época: Décima Época, Registro: 2010052, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h, Materia(s): (Constitucional) Tesis: IX.1o.1 CS (10a.), donde se establece que: el estado está obligado a garantizar; y que está tutelado por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. No obstante, no debe entenderse como un impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud, el hecho de que algún medicamento no esté incluido en ese cuadro básico. Por tanto, atento a la visión progresiva con la que deben apreciarse los derechos fundamentales del gobernado, dichas dependencias y entidades, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben suministrar a sus beneficiarios esos medicamentos, aun cuando no estén en ese cuadro básico, siempre que exista una prescripción médica que lo avale. Como se puede apreciar, se apoya en tratados internacionales de los cuales México forma parte y por ende, está obligado a su aplicación.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 1 Bis; 10, párrafo II; 29 y se adiciona un artículo 51 Bis 3, todos de la Ley General de Salud

Para quedar como sigue

Artículo 1o. Bis. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, en cualquiera de estas dos situaciones, el estado garantizará la existencia de los medicamentos necesarios para su tratamiento.

Artículo 10....

Asimismo, fomentará la coordinación con los proveedores de insumos para la salud, a fin de racionalizar y asegurar la disponibilidad de estos últimos.

Artículo 29. Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente, sin poder sustituirlos o cambiarlos por otros medicamentos de fórmulas similares pero que ocasionen efectos o daños colaterales, así como su disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 51 Bis 3.Los usuarios tienen derecho a recibir el medicamento que se les haya prescrito o que sea parte de su tratamiento, sin que le sea sustituido por otro de fórmula similar o de equivalencia, si el mismo produce o puede producir afectaciones, alteraciones o daños colaterales, o bien si se disminuyen sus efectos terapéuticos.

Transitorio

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgara los recursos necesarios para que el estado garantice la existencia de los medicamentos, y deberá estar contemplado dicho rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación que turne el Ejecutivo al Congreso para su aprobación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.— Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Parra. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

Le damos la más cordial bienvenida a 90 alumnos, maestros y padres de familia de la escuela secundaria oficial Francisco Villa número 881 del municipio de Chicoloapan de Juárez, estado de México. Invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres:Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Ávila Serna, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada María Ávila Serna:Con su permiso, diputada presidenta. En México, y en buena parte del mundo occidental, las enfermedades infecciosas han dejado de ser las responsables de la morbilidad, la incapacidad y la muerte de los habitantes que ahora padecen enfermedades crónicas frecuentemente degenerativas que producen con demasiada frecuencia la pérdida de las funciones de órganos vitales que producen a corto plazo la muerte a quienes así han enfermado a edades muy por debajo de la esperanza de vida.

Sin embargo, los impresionantes avances en las ciencias médicas permiten en la actualidad que los órganos insuficientes o dañados, puedan ser sustituidos exitosamente por órganos sanos obtenidos o bien de cadáver o de individuos vivos sanos.

Lo anterior se ha traducido en un aumento de la demanda de órganos, que siempre ha sido superior a la oferta; esto, a pesar del exponencial aumento de donación de órganos de personas fallecidas y del aumento de las donaciones de personas vivas en los años recientes.

Por consiguiente, esta iniciativa tiene dos objetivos centrales para incrementar la oferta de órganos. En primer lugar se propone la sustitución del término “consentimiento tácito” por el de “consentimiento presunto”. Esto, con la finalidad de homologar los conceptos utilizados en los tratados internacionales ya que en los principios rectores de la OMS sobre trasplantes de células, tejidos y órganos humanos se menciona que el consentimiento para la obtención de órganos y tejidos de personas fallecidas, puede ser “expreso” o “presunto”, y no tácito, como se encuentra actualmente en la Ley General de Salud.

Aunado a lo anterior, en la mayoría de las legislaciones sobre donación de órganos de países hispanoparlantes se utiliza el término de consentimiento presunto.

El segundo objetivo de la presente iniciativa pretende la transición de un sistema de consentimiento presunto débil a un sistema de consentimiento presunto fuerte, en el cual basta con que el paciente no se haya opuesto en vida a la donación para que esta pueda tener lugar con independencia de la opinión de los familiares.

Por lo tanto, buscamos reformar el artículo 324 de la Ley General de Salud, relativo al consentimiento presunto de la donación de órganos, proponiendo el siguiente texto:

Toda persona mayor de edad con capacidad jurídica a quien se le haya diagnosticado la muerte se presumirá donante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contrario.

Además, se agrega que la expresión afirmativo negativa para donar puede ser revocada en cualquier momento por el manifestante, pero no puede ser revocada por persona alguna después de la muerte.

Consideramos que la presente iniciativa es el primer paso para revertir la inercia negativa en materia de donación de órganos en nuestro país, ya que los trasplantes en México están muy por debajo de nuestras necesidades.

Lo anterior queda de manifiesto si observamos las cifras que nos brinda el Centro Nacional de Trasplantes, y es que según este organismo especializado existen 19 mil 977 personas las cuales requieren un trasplante de órgano, de las cuales 12 mil 76 esperan recibir un trasplante de riñón, 7 mil 431 un trasplante de córnea y 401 trasplante de hígado.

En el caso concreto de los trasplantes de riñón a la fecha se han realizado 2 mil 18 trasplantes, lo cual significa que existe un déficit de casi 10 mil donantes. Lo anterior es un dato preocupante, pues se debe considerar que de 2007 a 2015 la lista de receptores en espera de un riñón creció 2.6 veces, de 4 mil 584 a 12 mil 76.

La situación empeora si nos comparamos con otros países, por ejemplo, la tasa anual de donantes en nuestro país es de solo 3.6 por millón de habitantes, muy por debajo de Brasil con 12 por cada millón de habitantes, Colombia 6.8 por cada millón de habitantes y Venezuela con 3.7 por cada millón de habitantes, lo cual significa que la donación de órganos en nuestro país es casi nula. España sigue a la cabeza de los trasplantes de órganos con una tasa anual del 35 por cada millón de habitantes.

Aunado a las modificaciones pretendidas por esta iniciativa será necesaria una urgente inversión de recursos e infraestructura; es decir, si hoy se duplicaran los donadores de nada serviría la presente reforma a la ley, ya que no tenemos los suficientes cirujanos especializados ni las instalaciones adecuadas para efectuar tan delicadas intervenciones quirúrgicas.

Concluyo. En este sentido, y teniendo en cuenta que el 26 de septiembre se celebró el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, es que hacemos votos para que la presente iniciativa presentada por nuestro partido sea sólo el principio de un gran movimiento a favor de la donación de órganos, pues es tiempo de dejar atrás tabús y supersticiones sobre el tema y tomar conciencia sobre la importancia de un decisión que permite salvar y mejorar la calidad de vida de pacientes con insuficiencias de algún órgano.

No olvidemos, compañeras y compañeros, que la donación de órganos es un acto supremo de caridad, generosidad y amor que una persona puede hacer por otra en vida. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 321, 324, 325, 326, 327 y 334 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El trasplante de órganos comenzó como una serie de estudios experimentales a principios del siglo XX. Pero es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que se dan los primeros trasplantes quirúrgicos de órganos humanos de donantes fallecidos o vivos a personas enfermas. En los últimos 50 años el trasplante de células, tejidos y órganos humanos, se ha convertido en una práctica mundial que ha permitido a miles personas mejorar enormemente su calidad de vida.

En México y en buena parte del mundo occidental, las enfermedades infecciosas han dejado de ser las responsables de la morbilidad, la incapacidad y la muerte de los habitantes que ahora padecen enfermedades crónicas, frecuentemente degenerativas, que producen con demasiada frecuencia, la pérdida de las funciones de órganos vitales que producen a corto plazo, la muerte a quienes así han enfermado, a edades muy por debajo de la esperanza de vida.

Sin embargo, los impresionantes avances en las ciencias médicas permiten en la actualidad que los órganos insuficientes o dañados, puedan ser substituidos exitosamente por órganos sanos obtenidos o bien de cadáver o de individuos vivos sanos.

Lo anterior, se ha traducido en un aumento de la demanda de órganos, que siempre ha sido superior a la oferta, esto, a pesar del exponencial aumento de donación de órganos de personas fallecidas y del aumento de las donaciones de personas vivas en los años recientes.

En este sentido, la escasez de órganos disponibles ha llevado no solo a que muchos países se den a la tarea de elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta, sino que también ha propiciado un gran tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos no emparentados con los receptores.

Ante el aumento del comercio de órganos, la Asamblea Nacional de la Salud aprobó los Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante, los cuales han tenido una gran influencia a la hora de elaborar la legislación en la materia.

El consentimiento, el cual es el principio rector número uno, es la piedra angular ética de toda intervención médica. El consentimiento para la obtención de órganos y tejidos de personas fallecidas puede ser “expreso” o “presunto”, lo cual depende de las tradiciones médicas, sociales y culturales de cada país.

En un régimen de consentimiento expreso podrán extraerse células, tejidos u órganos de una persona fallecida si ésta hubiera dado su consentimiento en vida; dependiendo de la legislación nacional ese consentimiento podrá ser hecho verbalmente o por escrito. Si el fallecido no ha dado su consentimiento ni expresado su oposición a la extracción de órganos, deberá obtenerse el permiso de una tercera persona designada legalmente.

La otra alternativa y es la que estamos proponiendo en esta iniciativa, es el sistema basado en el consentimiento presunto, el cual permite extraer material del cuerpo de una persona fallecida para fines de trasplante, a menos que la persona haya manifestado su oposición antes de fallecer, depositando el documento de objeción en una oficina determinada.

El acto de donación de órganos en cuanto a su naturaleza jurídica, consiste en un derecho personalísimo. Expresar la voluntad respecto a la donación de órganos y tejidos, es ejercer el derecho que tiene todo ciudadano de manifestar su deseo respecto al destino de sus órganos y tejidos después de su muerte.

La Ley destaca que para la donación de órganos y tejidos provenientes de donantes muertos quien debe disponer del cuerpo luego del fallecimiento es el mismo donante, reafirmando el principio de autonomía

Y es que la tasa anual de donantes en nuestro país es de solo 3.6 por cada millón de habitantes, muy por debajo de Brasil, Colombia y Venezuela, lo cual significa que la donación de órganos es casi nula, a pesar que un solo individuo puede beneficiar a más de 8 personas.

En México, casi 20 mil personas enfermas viven en espera de un trasplante de órgano o tejido, según datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) de la Secretaria de Salud. De ellas, más de 11 mil requieren de un riñón, más de 7 mil de una cornea y las demás, un hígado, corazón, una combinación de riñón y páncreas o solo páncreas, entre otros.

La donación más frecuente en nuestro territorio es la de riñón; nuestro cuerpo tiene un par de riñones, así que quien otorga uno puede quedarse con el otro. El otro órgano más trasplantado es la córnea (que debe ser de cadáver), y tiene la ventaja de tener pocos vasos sanguíneos por lo que el rechazo es poco común.

Con el objetivo de incrementar el índice de donación, en España y Venezuela se crearon sendas leyes las cuales establecen que quien fallece debe donar sus órganos, a menos que haya dejado documentos que estipulen lo contrario; con ambas leyes se logró aumentar considerablemente el número de trasplantes.

En España según la Ley 30/1979 sobre extracción y trasplantes de órganos plasmada en el artículo 8, todos son considerados donantes si en vida no han expresado lo contrario. Lo anterior ayudo a que doce personas al día fueran sometidas a un trasplante en 2014 en España, que revalida así un año más el liderazgo mundial en donación y en trasplantes, y que vuelve a batir su propio récord, alcanzando los 4.360 trasplantados gracias a 1.682 donantes.

Según la Organización Nacional de Trasplantes la tasa de donación en España es de 36 donantes por cada millón de personas, la más alta del mundo. En Francia y en los Estados Unidos de América la tasa de donación es de 26 por cada por cada millón, mientras Alemania, el cual tiene un sistema de donación muy diferente al de España, la tasa de donantes es 11 por cada millón según datos de la última encuesta hecha en 2013.

En el caso de Venezuela, la Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos en su artículo 27 se instaura la figura de donante presunto.

El citado artículo expresa lo siguiente: “Toda persona mayor de edad, civilmente hábil, a quien se le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contrario. La constancia de voluntad contraria de la persona a la donación total o parcial de sus órganos, tejidos y células, se evidenciará en el Sistema Nacional de Información sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Que dispondrá de los mecanismos necesarios para ello”.

Por lo anteriormente mencionado y aunado a las modificaciones propuestas en esta iniciativa, será necesaria una ingente inversión de recursos e infraestructura. Es decir, si hoy se duplicaran los donadores de nada serviría porque no tenemos los suficientes cirujanos especializados ni las instalaciones adecuadas para efectuar tan delicadas intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, consideramos que la presente iniciativa es un primer paso para revertir la inercia negativa en materia de donación de órganos en nuestro país, ya que los trasplantes en México están muy por debajo de las necesidades de las personas que buscan una esperanza de vida mediante un trasplante.

Por lo tanto esta iniciativa pretende que la donación sea claramente presunta, ya que en nuestro país, la legislación actual establece que los ciudadanos mexicanos somos donadores tácitos, lo cual haría suponer que nuestra norma es de tipo presunto; sin embargo, en la misma Ley General de Salud se establece que se requiere obtener el consentimiento familiar para proceder a la donación de órganos.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman los articulos 321, 324, 325, 326, 327 y 334 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 321, 324, 325, 326, 327 y 334 de la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se presentan:

Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Artículo 324. Toda persona mayor de edad con capacidad jurídica, a quien se le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contrario.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

La expresión afirmativa o negativa puede ser revocada en cualquier momento por el manifestante, pero no puede ser revocada por persona alguna después su muerte.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.

Artículo 325. El consentimiento presunto sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente.

En el caso de la donación por consentimiento presunto, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.

Artículo 326. El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

I. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y

II. El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible si el receptor estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.

Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

Asimismo, los gastos en que se incurra con motivo de la extracción del órgano que se dona o que se entrega en donación, forman parte de los gastos propios del trasplante y serán imputables al sistema de salud receptor.

Artículo 334. Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:

I. ...

II. No constar la revocación del consentimiento presunto para la donación de sus órganos y tejidos, y

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputados: María Ávila Serna,Adriana Sarur Torre, Alex Le Barón González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Arturo Álvarez Angli, Cándido Ochoa Rojas, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cirilo Vázquez Parissi, Claudia Villanueva Huerta, Daniela de los Santos Torres, Edgar Spinoso Carrera, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Emilio Enrique Salazar Farías, Evelyng Soraya Flores Carranza, Francisco Alberto Torres Rivas, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jesús Sesma Suárez, Jorge Álvarez López, Jorgina Gaxiola Lezama, José Alberto Couttolenc Buentello, José Antonio Arévalo González, José Refugio Sandoval Rodríguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Manuel Celis Aguirre, Lía Limón García, Miguel Ángel Sedas Castro, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Quirino Ordaz Coppel, Remberto Estrada Barba, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Sara Paola Gálico Félix Díaz, Sasil Dora Luz de León Villard, Sharon María Cuenca Ayala, Sofía González Torres, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Virgilio Mendoza Amezcua, Wendolin Toledo Aceves (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Ávila. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

“DÍA DEL CUIDADO Y ATENCIÓN INFANTIL”

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 5 de junio de cada año Día del Cuidado y Atención Infantil.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana:Señoras y señores diputados, señor presidente, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, sucedió uno de los acontecimientos más lamentables en nuestro país; un total de 155 niños de entre 5 meses y 5 años de edad fueron víctimas del incendio de la Guardería ABC. 49 niños y niñas murieron y el resto resultaron heridos.

El estado de Sonora era gobernador por Eduardo Bours Castelo y en la Presidencia de la República estaba Felipe Calderón Hinojosa. Las consecuencias sociales de dicho suceso generaron que la sociedad civil organizada estuviera inconforme y creara Manos Unidas por Nuestros Niños y el Movimiento Ciudadano por la Justicia del 5 de Junio, AC. para exigir a las autoridades justicia ante los hechos.

Incluso a partir de la desgracia se ha buscado y en su caso realizado audiencias con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como plantones y marchas cuyo propósito ha sido no dejar impunes a los responsables federales y locales.

Sin embargo, a seis años de la tragedia los padres de familia han hecho saber que aún no se les hace justicia, por lo cual realizaron diversos actos conmemorativos en junio pasado, en Sonora y la Ciudad de México, y por primera ocasión algunos niños que resultaron lesionados en el incendio del 5 de junio de 2009, cuyas edades oscilan entre los 7 y 9 años, marcharon junto a sus padres.

Es oportuno recordar que la instancia infantil funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto de 2001 y según declaraciones de Mario Luis Fuentes, ex director del IMSS, las guarderías subrogadas se habían convertido en una actividad rentable para ambas partes, ya que el IMSS pagaba por cada niño atendido en una guardería subrogada alrededor de 2 mil 500 pesos, mientras que en una guardería ordinaria se erogaba de 6 mil a 7 mil pesos, debido a que el personal del IMSS recibía prestaciones.

En mayo de 2010 distintos diarios dieron a conocer el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que dio seguimiento al incendio de la Guardería ABC, la cual informó que el contrato que había sido suscrito por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y la representante legal de la sociedad Sandra Lucía Téllez Nieves.

Entre otras cuestiones se señaló que la capacidad máxima del establecimiento era de 196 lugares y según la comisión, al momento de la conflagración había más de 200. Es decir, si el IMSS pagaba a los dueños de la estancia 2 mil 110 pesos al mes en total, los dueños del lugar recibían más de 422 mil pesos mensuales.

Durante seis años los familiares de niñas y niños muertos, así como distintas organizaciones de la sociedad civil que encabezaron la causa, han dado a conocer distintas irregularidades encontradas antes y después del incendio, en el que estuvieron involucrados funcionarios de los gobiernos local y federal.

A la fecha no hay ninguna persona bajo proceso judicial, ya que de un total de 19 funcionarios involucrados inicialmente, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación todos han sido exonerados.

En materia legislativa, el 24 de octubre de 2011 se expidió la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como la Ley 5 de junio.

A pesar de estos esfuerzos institucionales, los familiares de los afectados continúan clamando justicia y castigo a los responsables. En este sentido y en un acto de solidaridad por parte del Grupo Parlamentario de Morena con los padres de niños y niñas muertos, así como por las secuelas que tienen y tendrán que afrontar por el resto de sus vidas los pequeños lesionados en el incendio, y convencidos de apoyar el derecho que tienen los inconformes de exigir justicia y evitar que se olviden estos hechos, suscribo la presente iniciativa.

Cito. Proyecto de decreto por el que se declara el 5 de junio de cada año Día del Cuidado y Atención Infantil.

Artículo único. Se declara el 5 de junio de cada año Día del Cuidado y Atención Infantil.

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, por su atención.

«Iniciativa de decreto, para declarar el 5 de junio como Día del Cuidado y Atención Infantil, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Patricia Elena Aceves Pastrana, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena de la Sexagésima Tercera Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, sucedió uno de los acontecimientos más lamentables en nuestro país. Un total de 155 niños de entre 5 meses y 5 años de edad fueron víctimas del incendio de la Guardería ABC, 49 niños y niñas murieron y el resto resultaron heridos. El estado de Sonora era gobernado por Eduardo Bours Castelo y en la Presidencia de la República estaba Felipe Calderón Hinojosa.

Las consecuencias sociales de dicho suceso generaron que la sociedad civil organizada estuviera inconforme y creara “Manos Unidas por Nuestros Niños” y “Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, AC”, para exigir a las autoridades justicia ante los hechos. Incluso a partir de la desgracia, se ha buscado y en su caso realizado audiencias con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como plantones y marchas, cuyo propósito ha sido no dejar impunes a los responsables, federales y locales.

Sin embargo, a seis años de la tragedia, los padres de familia han hecho saber que aún no se les hace justicia, por lo cual, realizaron diversos actos conmemorativos en junio pasado en Sonora y la Ciudad de México, y por primera ocasión, algunos niños que resultaron lesionados en el incendio del 5 de junio de 2009, cuyas edades oscilan entre los siete y nueve años, marcharon junto a sus padres.

Es oportuno recordar que la estancia infantil funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 6 de agosto de 2001. Según declaraciones de Mario Luis Fuentes, ex director del IMSS y entrevistado por el periódico El Universal el 9 de junio de 2009, las guarderías subrogadas se habían convertido en una “actividad rentable” para aquellos que concursaran para tener una licitación del Seguro Social.

Estimó que el IMSS pagaba por cada niño atendido en una guardería subrogada, alrededor de 2 mil 500 pesos, mientras que en una guardería ordinaria se erogaba de 6 mil a 7 mil pesos debido a que el personal de la misma eran trabajadores del Seguro Social que tenía un contrato con prestaciones.

El Informe del IMSS 2008 reveló que en el sexenio de Vicente Fox, el número de guarderías ordinarias del Instituto se mantuvo en 134, mientras que en 2008, las subrogadas se duplicaron, al pasar de 765 a mil 427.

En mayo de 2010, distintos diarios dieron a conocer el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que dio seguimiento al incendio de la Guardería ABC, la cual informó sobre el contrato de operación otorgado a la empresa, suscrito por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (para entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes) y la representante legal de la sociedad, Sandra Lucía Téllez Nieves.

Entre otras cuestiones, se señaló que la capacidad máxima del establecimiento era de 196 lugares, y según la Comisión, al momento de la conflagración, había más de 200, es decir, si el IMSS pagaba a los dueños de la estancia 2 mil 110.45 pesos al mes, en total, los dueños del lugar recibían más de 422 mil pesos mensuales.

Durante seis años, los familiares de los niños y niñas muertos, así como distintas organizaciones de la sociedad civil que encabezaron la causa, han dado a conocer distintas irregularidades encontradas antes y después del incendio en el que estuvieron involucrados funcionarios de los gobiernos local y federal. A la fecha, no hay ninguna persona bajo proceso judicial por el hecho, de un total de 19 funcionarios involucrados inicialmente según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que todos han sido exonerados.

En materia legislativa, el 24 de octubre de 2011, se expidió la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como “La Ley 5 de Junio”. El objetivo de dicha Ley es “establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo infantil”.

La llamada “Ley 5 de junio” está compuesta por 75 artículos contenidos en 15 capítulos que abordan temas como las medidas de seguridad y protección civil, las autorizaciones, la inspección y vigilancia de las instancias infantiles, así como la creación del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

A pesar de esos esfuerzos institucionales, los familiares de los afectados continúan clamando justicia y castigo a los responsables. En este sentido y en un acto de solidaridad por parte del Grupo Parlamentario de Morena con los padres de niños y niñas muertos, así como por las secuelas que tienen y tendrán que afrontar por el resto de sus vidas los pequeños lesionados en el incendio, y convencidos de apoyar el derecho que tienen los inconformes de exigir justicia y evitar que se olviden estos hechos, suscribo la presente iniciativa.

Por lo anterior expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos arriba señalados, reciba el trámite correspondiente, someto a consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 5 de junio de cada año, “Día del Cuidado y Atención Infantil”

Artículo Único. Se declara el 5 de junio de cada año, “Día del Cuidado y Atención Infantil”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Aceves. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con el permiso de la Mesa Directiva, de las compañeras y compañeros diputados presentes en esta sesión. Nosotros partimos, para la presentación de esta iniciativa, de un hecho que nos parece que no se puede controvertir.

El sistema de justicia en México vive la paradoja de la impunidad: el culpable sale libre, mientras el inocente paga. De acuerdo con el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, el nivel de impunidad en México es del 98.8 por ciento y cada día 95 mil presuntos inocentes viven en las cárceles como culpables.

Una encuesta coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez-Correa, en los Centros Federales de Readaptación Social, en 2012, arrojó que sólo el 59 por ciento de quienes se encuentran en la cárcel por un delito del fuero común han recibido una sentencia condenatoria; 4 de cada 10 personas que están en las prisiones de este país no tiene sentencia. En tanto que, en el ámbito federal, sólo un 53.3 por ciento guarda una calidad de procesado, lo cual implica que en 2012 más de la mitad se encontraban en la cárcel sin recibir una sentencia condenatoria; 40 y 50 por ciento en los diferentes sistemas penitenciarios de México, de las personas que están en la cárcel no tienen una sentencia.

El doctor José Buendía dice que si el crimen rebasa la autoridad en las calles de algunas ciudades del país, la prisión es el último reducto del monopolio del Estado, por lo que perder el control de las cárceles evidencia un Estado incapaz de mantener la seguridad y la paz para su gente. La autoridad no ha logrado controlar ni sobreponerse a la voluntad de los presos.

Según el diagnóstico Situación y desafíos del sistema penitenciario de México evalúa, en 65 de los 101 centros visitados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encontró autogobierno o cogobierno entre recluidos y autoridades.

Frecuentemente, en lugar de servir como centros de reinserción, estos funcionan como núcleos de formación para criminales donde se unen a bandas delictivas, incrementando la inseguridad.

La situación actual del sistema penitenciario mexicano es deplorable, los presos viven en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que violan sus derechos fundamentales.

El mismo informe antes citado de México evalúa señala que nuestro sistema carcelario está colapsado, se encuentra entre un 250 o hasta un 305 por ciento de su capacidad. En una celda para 6 personas en realidad viven entre 14 y 20 personas.

Una de las tantas causas que pueden explicar la sobrepoblación en nuestro sistema carcelario son las sanciones que ejecutan los jueces. El 97 por ciento de las penas en México se sanciona con la cárcel, dejando fuera los distintos mecanismos alternativos a la prisión.

Los diputados de Movimiento Ciudadano hemos asumido el deber de hacer escuchar la voz de aquellas personas que aun siendo privadas de su libertad piden ser tratados con justicia y dignidad.

La presente iniciativa busca incidir en uno de los problemas centrales del sistema penitenciario, el de la sobrepoblación en los penales y la criminalización de la pobreza.

México evalúa señala el uso y el abuso de la prisión preventiva es una de las principales causas de la sobrepoblación. El 46.7 por ciento de la población carcelaria guarda esta condición.

La prisión preventiva es la privación de la libertad antes de que exista una sentencia condenatoria. Esta institución del derecho procesal penal dice, Asencio Mellado, ha sido calificada, incluso, de inmoral, porque supone una privación de libertad que recae sobre la persona aun no declarada culpable, que la cumple en definitiva una persona jurídicamente inocente.

Sin embargo, su uso no puede ser, como lo es actualmente, regla general. El artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de que México forma parte señala]: la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales, y en su caso, para la ejecución del fallo.

Debemos entender que la encarcelación masiva no es la solución. Un sistema penitenciario sobrepoblado es incapaz de hacer programas eficientes para la reinserción de los ciudadanos a la sociedad como sujetos productivos.

Por ello, proponemos eliminar la prisión preventiva de oficio, así como los delitos inexcarcelables que contravienen el principio de presunción de inocencia, así como lo dispuesto en el derecho internacional, en el ámbito de los derechos humanos. Deben de ser los jueces quienes soliciten la sanción preventiva a partir de la evaluación de cada caso, tomando en cuenta el riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o el riesgo para la víctima o la sociedad y no en función del delito imputado.

Un país en el que la mitad de sus presos están en la cárcel sin saber si son inocentes o culpables es un país en el que reina la impunidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados José Clemente Castañeda Hoeflich, Jorge Álvarez Máynez, Víctor Manuel Sánchez Orozco y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, miembros del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Si se desea conocer la esencia de una sociedad, se deben de leer sus códigos penales y visitar sus cárceles.

Gustavo Radnruch, jurista alemán

México vive una realidad totalmente diferente a la que percibe la clase política de este país. Una realidad invadida por la desesperanza y la injusticia. La incapacidad institucional para ofrecer respuestas y dar resultados pone en serio cuestionamiento la legitimidad del Estado mexicano.

Los mexicanos vivimos las consecuencias de una economía que no crece y no genera oportunidades. Un mexicano trabaja 2 mil 250 horas al año, mientras que el promedio en otros países de la OCDE es de mil 776 horas. Somos el país de Latinoamérica con el salario mínimo más bajo: el ciudadano mexicano trabaja más porque la remuneración económica no le es suficiente para sobrevivir. En el país hay 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza, lo que equivale a 46.2 por ciento de la población del cual 11.4 millones vive en la pobreza extrema.

La pobreza y la desigualdad son dos condiciones endémicas de nuestro país. México es el segundo país más desigual de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ser superado sólo por Chile. Mientras 2 mil 540 multimillonarios manejan 43.4 por ciento de la riqueza de este país, a 53.3 por ciento de la población de este país no alcanzan sus ingresos para adquirir los bienes y servicios básicos.

Programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre han resultado un gran fracaso. La pobreza alimentaria pasó de tener en 2012 el 23.3 por ciento a 23.4 de la población en 2014; es decir, 28 millones de personas no tienen acceso a la canasta básica. Entre 2001 y 2010 murieron 35 mil personas más por hambre que a causa de la lucha contra el narcotráfico.

Estos datos nos muestran un contexto de graves presiones sociales y económicas. Ver la crisis de seguridad que atraviesa el país como un problema multicausal, producido en parte por estructuras económicas sumamente desiguales que restringen la movilidad social, nos permite entender por qué continúan fallando las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años.

Los gobiernos panistas creyeron que emprendiendo unilateralmente una mal llamada guerra frontal contra la delincuencia organizada la solucionarían. Los gobiernos priistas, por su parte, decidieron irresponsablemente que la solución no era cambiar de estrategia sino dejar de hablar del tema, y que de esta manera terminarían con unos de los más grandes problemas que aqueja a los ciudadanos.

Encuestas en los últimos años muestran que una de nuestras principales preocupaciones de los mexicanos, es la inseguridad. La realidad es que vivimos en un México violento, en donde la delincuencia ha incrementado en un 36 por ciento mientras que el número de denuncias ha disminuido. La cifra negra, es decir, los delitos no denunciados en México es de 92.1 por ciento, cuando el promedio en los países desarrollados es de cincuenta por ciento.

Las errores sistemáticos en materia de seguridad y justicia del gobierno federal, han contribuido a la ilegitimidad de las instituciones que son incapaces de dar respuestas a la demandas de justicia de los mexicanos. La fuga de El Chapo Guzmán, el caso Ayotzinapa, Tlatlaya, Ostula, el injusto encarcelamiento del doctor José Manuel Mireles y Semeí Verdía, entre tantos otros, son prueba de la ineficiencia del sistema de seguridad mexicano.

La profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, provocan que la sociedad no confíe en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, derivado de la falta de transparencia, rendición de cuentas y de resultados a la sociedad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la seguridad Pública de 2013 elaborada por el INEGI, arrojó que el 65 por ciento de quienes tienen 18 años o más creen que los Ministerios Públicos son corruptos; 64 por ciento de la población cree que los jueces están vinculados a prácticas de corrupción y sólo el 43 por ciento de los ciudadanos cree que los ministerios públicos son eficaces en su trabajo.

El sistema de justicia en México vive la paradoja de la impunidad: el culpable sale l libre, mientras el inocente paga. De acuerdo con el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, el nivel de impunidad en México es de 98.8 por ciento y cada día 95 mil presuntos inocentes viven en las cárceles culpables, esto contraviniendo el principio de presunción de inocencia que se establece en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una encuesta coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez-Correa en los Centros Federales de Readaptación Social en 2012, arrojó que sólo 59 por ciento de quienes se encuentran en la cárcel por un delito del fuero común han recibido una sentencia condenatoria; en tanto que, en el ámbito federal, han sido sólo 53.3 por ciento; es decir, más de la mitad guarda una calidad de procesado, lo cual implica que de los 48 mil 66 internos contabilizados en 2012, un total de 25 mil 619 se encontraban en la cárcel sin haber recibido todavía una sentencia condenatoria.

Es claro que México no se mueve en la dirección correcta, los diputados ciudadanos sabemos que es necesario dar un giro a la visión del gobierno para combatir la inseguridad. El enfoque de enfrentamiento directo, violencia y captura de las cabezas delictivas ha probado ser ineficaz y ha violado los derechos humanos de los mexicanos. La inseguridad no es un problema que se pueda ignorar o esconder, la vivimos cada día. Todos y todas pagamos por la irresponsabilidad del poder público.

El Estado ha recurrido a la creación de una política criminal como pilar, en donde la prisión es “la respuesta pertinente ante las conductas antisociales”. Pero como dice el doctor José Buendía Hegewish, “si el crimen rebasa a la autoridad en las calles de algunas ciudades del país, la prisión es el último reducto del monopolio del Estado”,por lo que perder el control de las cárceles evidencia un Estado incapaz de mantener la seguridad y la paz para su gente.

La autoridad no logra controlar ni sobreponerse a la voluntad de los presos. Según México Evalúa, en 65 de los 101 centros visitados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encontró autogobierno o cogobierno. Frecuentemente en lugar de servir como centros de readaptación, estos funcionan como núcleos de formación para criminales donde se unen a bandas delictivas, incrementando la inseguridad.

La situación actual del sistema penitenciario mexicano es deplorable, los presos viven en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que violan los derechos humanos. Según el diagnóstico “Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario” de México Evalúa, en la mayoría de los centros; las condiciones de higiene, la calidad de los alimentos, así como el acceso a servicios de educación, son deplorables, la atención y el equipamiento instrumental médico dentro de las cárceles son insuficientes, no existe una separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres y en la mayoría no existen mecanismos para prevenir eventos violentos. Esto viola los principios establecidos en el artículo 18 constitucional que establece que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

Los gobiernos de los partidos de siempre continúan haciendo reformas muy promocionadas pero que no tienen éxito al momento de implementarse eficientemente, la reforma constitucional para la justicia penal de 2008 ha fallado en implementarse. Y después de 7 años de haberse promulgado, quedan de sólo 9 meses para terminar su aplicación. Según un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo, ninguna de las 32 entidades federativas cumple con las condiciones necesarias para garantizar el arranque del nuevo sistema acusatorio en el país. A pesar de que se han invertido en total un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para apoyar la implementación del sistema acusatorio en las entidades, de acuerdo con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal sólo 6 estados operan de forma total, 24 de forma parcial, y Sonora y Baja California Sur faltan por empezar.

Las condiciones en que viven los sentenciados son un reflejo de la desigualdad de nuestro país, la incapacidad de ciertos grupos sociales para acceder a un trato adecuado y justo por parte del Estado. Por esto, los diputados de Movimiento Ciudadano hemos asumido el deber de hacer escuchar la voz de aquellas personas, que aun siendo privadas de su libertad, piden ser tratados con justicia y dignidad.

Nuestro sistema se encuentra entre 250 y 305 por ciento de su capacidad; en una celda para 6 personas, en realidad viven entre 14 y 20 personas. Un sistema sobrepoblado pone en condiciones de violación de derechos humanos a los reos debido que no hay condiciones suficientes. México necesita de una reforma política de seguridad en materia penal, enfocada en la reparación integral del daño cometido a través del delito y una verdadera reinserción de las personas privadas de su libertad a la vida comunitaria. Tenemos que voltear hacia un tema que pocos deciden atender pero cuyas consecuencias tienen grandes repercusiones en la inseguridad del país.

La presente iniciativa busca incidir en uno de los problemas del sistema penitenciario, el de la sobrepoblación en los penales y sus consecuencias. México Evalúa a través de su estudio “Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario” señala que “el uso y el abuso de la prisión preventiva es una de las principales causas de la sobrepoblación y el hacinamiento en el sistema”. A pesar de que el número de presos continúa aumentando, más de la mitad de los mexicanos no se sienten protegidos ni seguros. Debemos de entender que la encarcelación masiva no es la solución a los problemas estructurales que producen la violencia; como lo son la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades. Un sistema penitenciario sobrepoblado es incapaz de hacer programas eficientes para la reinserción de los ciudadanos a la sociedad como sujetos productivos.

Por lo expuesto proponemos eliminar la prisión preventiva oficiosa, así como los delitos inexcarcelables, sean eliminados. Elevar a rango constitucional esta medida contraviene el principio de inocencia, pues además no se justifica desde la óptica del derecho internacional de derechos humanos. Tendría que ser cada juez quien solicitase la sanción preventiva a partir de la evaluación de las circunstancias propias de cada caso y tomando en cuenta el riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o el riesgo para la víctima o la sociedad y no en función del delito imputado.

Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y deroga distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo Primero.Se reforman los párrafos primero del artículo 18 y segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 18. Sólo por causas de riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o exista riesgo para la víctima o la sociedad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Artículo 19. [...]

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Artículo Segundo.Se adiciona la fracción IV y se reforma el tercer párrafo del artículo 70, y la fracción II del artículo 84; se derogan los incisos g) a i) de la fracción I, así como la fracción III del artículo 85 del Código Federal Penal.

Artículo 70.La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:

I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cinco años;

II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de cinco años; o

III. Por multa, si la prisión no excede de tres años.

IV. Beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años.

[...]

Artículo 84. Se concederá libertad preparatoria al condenado, previo el informe a que se refiere el Código de Procedimientos Penales, que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

I. Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia;

II. Que del informe técnico que rinda la autoridad competente se presuma que existen condiciones de reinserción social del sentenciado y de no volver a delinquir, y

III. Que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirlo desde luego.

[...]

a) a d) [...]

Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este código que a continuación se señalan:

a) a f) [...]

g) (Se deroga)

h) (Se deroga)

i) (Se deroga)

j) a l) [...]

II. a IV. [...]

[...]

Artículo Tercero.Se reforman el párrafo primero del artículo 140, la fracción primera del 150, el párrafo primero del artículo 165 y el artículo 167; y se derogan la fracción tercera del artículo 21 y el tercer párrafo del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 21. En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I. y II. [...]

III. (Se deroga)

IV. a IX. [...]

[...]

Artículo 140.[...]

En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de casos donde no exista riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o no exista riesgo para la víctima o la sociedad y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponer una medida de protección en los términos de lo dispuesto en este código.

[...]

Artículo 150.Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión.

II. y III. [...]

[...]

[...]

[...]

Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva sólo por causas de riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o exista riesgo para la víctima o la sociedad.La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este código.

[...]

Artículo 167. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

I. a XI. [...]

[...]

Artículo 420. Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el juez competente.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En un plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se deberá expedir la normatividad reglamentaria relativa al beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia.

Tercero.La Cámara de Diputados, en un plazo no mayor de 20 días naturales a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto, realizará las modificaciones necesarias para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, a efecto de otorgar a todas las Instituciones encargadas de la operación del nuevo régimen de reinserción social, modificación y duración de penas, los recursos económicos para proveer de recursos humanos y materiales para su funcionamiento, y para la infraestructura que permita la creación y la adecuación del beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia.

Notas:

1 OCDE. (2013). ¿Cómo va la vida? Obtenido de OCDE. Sitio web: http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/05/28/mexicanos-que-mas-horas-trabaj an-ano-ocde

2 Coneval. (2015). La medición de pobreza 2014. 7/10/2015, de Coneval. Sitio web: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

3 Ibídem.

4 OCDE. (2015). “Todos juntos. ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?” 01/10/2015, de OCDE. Sitio web: http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/05/21/mexico-el-segundo-pais-mas-desi gual-en-la-ocde

5 Gerardo Esquivel Hernández. (2015). Concentración del poder económico y político. 05/10/2015, de Oxfam. Sitio web: http://www.oxfammexico.org/desigualdad-extrema-en-mexico-concentracion-del-pode r-economico-y-politico/#.Vhb94-yqqko

6 Coneval. (2015). La medición de pobreza 2014. 7/10/2015, de Coneval. Sitio web: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx

7 Inegi. (2012). La alimentación y nutrición en México. 7/10/2015, de CEIDAS. Sitio web: http://www.excelsior.com.mx/2012/02/19/nacional/811635

8 El Sabueso (2015) “¿Bajo la Incidencia delictiva? Sí, pero...”, 7/10/2015, de Animal Político. Sitio web: http://www.animalpolitico.com/elsabueso/bajo-la-incidencia-delictiva-si-pero/

9 Inegi. (2013). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2013. 6/10/2015, de Inegi. Sitio web: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/en vipe/envipe2013/doc/envipe2013_09.pdf

10 Fuentes, Mario Luis. “México social: un deficiente sistema de justicia”, en Excélsior. Recuperado de

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/01/921213

11 Zepeda, Guillermo. (2015). Situación y desafíos del sistema penitenciario. 01/10/2015, de México Evalúa. Sitio web: http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/ El-Sistema-Penitenciario-Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf

12 http://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-buendia-hegewisch/ 2015/07/16/1034935

13 Zepeda, Guillermo. Obra citada.

14 Martí, Alejandro. (2015). “La reforma de justicia penal ante un momento crucial: concluir bien y a tiempo”, 2/10/15, de Animal Político. Sitio web: http://www.animalpolitico.com/blogueros-mexico-sos/ 2015/05/20/la-reforma-de-justicia-penal-ante-un-momento-crucial-concluir-bien-y -a-tiempo/

15 Ibídem.

16 Zepeda, Guillermo .Obra citada.

http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/ El-Sistema-Penitenciario-Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf

17 Martí, Alejandro. Obra citada.

18 Inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2012. Recuperado de

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2012/doc/ resultadosenvipe2012_09.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputado Jorge Álvarez Maynez(rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión.

LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres:Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

El diputado José Bernardo Quezada Salas:Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Ser joven representa una de las etapas más importantes de la vida, significa libertad, sueños, esperanza, buscar el conocimiento y aprender. Los jóvenes representan el desarrollo presente y futuro del país, son agentes estratégicos del desarrollo nacional.

Actualmente el entorno económico global es sumamente complicado y la incorporación de millones de jóvenes a los mercados laborales es cada vez más desfavorable. Para Nueva Alianza impulsar la educación de calidad, así como el trabajo digno de los jóvenes que egresan de los centros de estudio es un compromiso que hemos asumido desde nuestra conformación.

Por ello y en congruencia con nuestros principios básicos, y el compromiso que tenemos con la juventud mexicana, presento ante esta soberanía una iniciativa que busca establecer dentro de los lineamientos de ley para impulsar un incremento de productividad y competitividad de la economía nacional, la necesidad de diseñar políticas que vinculen a los sectores productivos del país con la educación media y superior.

En Nueva Alianza tenemos la firme convicción de que la educación de calidad es la base fundamental para el crecimiento y desarrollo de una nación. En este sentido consideramos imperativo que se empiece a cerrar la brecha entre el sector productivo y el educativo, pues la educación es un compromiso y una responsabilidad compartida por la sociedad y el Estado.

Una de las principales problemáticas que enfrenta la población joven de nuestro país es su ingreso al campo laboral debido principalmente a la falta de experiencia, pero también a que no egresan con los conocimientos y la preparación adecuada para las necesidades que tiene el sector productivo. Son el grupo más afectado en materia de inclusión laboral. Su tasa de desempleo ha llegado a duplicar el promedio general conduciendo hacia la informalidad a los recién egresados.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 61.7 por ciento de los jóvenes se encuentran inmersos en un trabajo informal, de los cuales el 44.8 por ciento cuenta con estudios de nivel medio y superior. Punto importante a resaltar es que el 17.7 por ciento de los jóvenes que se emplean en el mercado informal reciben hasta un salario mínimo diario, mientras que el 32.3 por ciento obtienen ingresos que oscilan entre uno y dos salarios mínimos.

Sin duda este es un escenario desalentador para millones de jóvenes que buscan con los conocimientos y habilidades adquiridos durante sus años de estudio los medios necesarios para su desarrollo y bienestar personal y familiar.

Si bien estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revelan que el desempleo en nuestro país ha bajado y la participación laboral es del 60.7 por ciento, también apuntan que México aun no presenta señales de alcanzar el promedio que la OCDE ubica en el 65.9 por ciento.

Las cifras nos muestran una realidad preocupante y más cuando la misma OCDE apunta que de los países miembros como México, es el que menos gasta en políticas activas de empleo.

En Nueva Alianza estamos convencidos que pare revertir esta situación hace falta vincular al sector productivo con la educación y educar y adecuar los planes de estudio a fin de agregar valores a los conocimientos.

En la legislación no existen políticas de vinculación del sector productivo con la educación media y superior. Por ello debemos generar la sinergia que posibiliten por un lado, combatir el desempleo de millones de jóvenes, y por otro impulsar al sector productivo mediante la incorporación de profesionales capacitados en las diferentes áreas de producción y generación económica.

Lo que se pretende con esta iniciativa es que el sector productivo se relacione, participe e influya en los planes y programas de estudio para que las instituciones que forman profesionales con capacidades acordes a las actividades económicas de cada región, cada zona o cada estado, porque no es lo mismo formar profesionales especializados en hotelería en estados o en regiones con infraestructura y potencial turístico, donde pueden emplearse al egresar, que en medio de una zona agrícola o minera.

Hay que potencializar las capacidades de cada región y educar a los jóvenes en las ramas específicas de las actividades económicas de dicha zona para que su inserción al mercado laboral sea más fácil y productivo que en Puebla y Querétaro donde se ubican importantes empresas automotrices y de autopartes.

La oferta educativa se especializa en esa rama, se genera en la planta laboral altamente capacitada que el sector requiere y que con ello se detone la economía regional que a la postre movilice la economía nacional.

Los jóvenes tienen la facilidad de crear, renovar ideas, conceptos, abrir su mente a un mundo de posibilidades múltiples.

En la bancada de la igualdad reconocemos que nuestra responsabilidad es brindar las herramientas para que sus acciones vayan encaminadas hacia la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, que detone el desarrollo y el crecimiento sostenible de México.

Démosle esa oportunidad a nuestros jóvenes que esperan de esta Legislatura las modificaciones para poder incursionar a algo tan importante que es el mercado laboral. Es cuanto, señora presidenta; muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 8o. y 11 de la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, José Bernardo Quezada Salas, diputado miembro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 11 y se adiciona el inciso f a la fracción primera, el inciso g a la fracción segunda y el inciso f a la fracción tercera del artículo 8 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Una de las principales problemáticas que enfrenta la población joven de México en etapa productiva, es el ingreso al campo laboral, en donde cuestiones como la falta de experiencia o la ineficiencia en la capacitación repercuten de manera significativa en su inserción al sector productivo.

Lo anterior no es un problema focalizado, es más bien un problema nacional. La falta de oportunidades para los recién egresados que en muchas ocasiones no cuentan con experiencia origina como consecuencia el que sector productivo les niegue los empleos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado en múltiples ocasiones que los jóvenes son el sector más afectado en materia de inclusión laboral; en México la tasa de desempleo de la población general ronda el 5 por ciento y en el caso de jóvenes casi se duplica.

Ante esta problemática de falta de oportunidades y con la inminente necesidad de generar recursos tanto para la manutención propia como para el apoyo familiar, los jóvenes mexicanos recurren a la informalidad, en donde los sueldos obtenidos son bajos.

Según datos de la OIT, 61.7 por ciento de los jóvenes se encuentran inmersos en un trabajo informal, de los cuales 44.8 por ciento cuentan con estudios de nivel medio superior y superior.

De igual modo, en este rubro se señala que 17.7 por ciento de los jóvenes que se emplean en el mercado informal reciben hasta un salario mínimo diario, mientras que 32.3 por ciento obtienen ingresos que oscilan entre uno y dos salarios mínimos.

De acuerdo con académicos como Eduardo Loria Díaz de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a pesar de lo que se podría suponer, las tasas de desempleo se agravan más cuando los jóvenes poseen un nivel educativo medio superior y superior. En tal sentido, apuntó que según estadísticas de 2014, el desempleo entre la población con primaria cursada es de 5 por ciento, mientras que los que poseen un nivel medio y superior llega a 12 por ciento.

Según la edición 2015 del Employment Outlook de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mercado laboral está mejorando su situación en muchos países vinculados a la organización, pero la recuperación de la crisis económica sigue siendo dispar. Se proyecta que el desempleo para la zona OCDE siga bajando lentamente, llegando a 6.6 por ciento hacia finales del 2016.

El mismo organismo señaló que el desempleo en México es bajo (4.3 por ciento en 2015) en comparación con el promedio OCDE (7 por ciento), y ha tendido a la baja en los últimos años.

Sin embargo el citado estudio refiere que México sigue enfrentándose a una relativamente baja participación laboral que se refleja en una tasa de empleo de 60.7 por ciento y que no muestra señales de converger al promedio OCDE (65.9 por ciento).

También destaca que nuestro país sigue estando entre los países OCDE con las tasas más altas de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Este grupo representa 22.4 por ciento de la población de 15 a 29 años, muy por encima del promedio OCDE que es de 14 por ciento.

El mismo informe menciona que nuestro país es de la OCDE el que menos gasta en políticas activas de empleo. Medidas efectivas de activación ayudan a conectar a personas desempleadas e inactivas con puestos de trabajo y pueden jugar un rol fundamental en la reducción de la inactividad. Para lograr estos objetivos, las políticas de activación necesitan fortalecer la motivación a la búsqueda de trabajo, así como mejorar la empleabilidad de quienes lo buscan y las oportunidades disponibles.

En la legislación mexicana no existen políticas de vinculación del sector productivo con la educación media superior y superior, es importante que esto no se quede en programas de primer empleo y capacitación a los trabajadores.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza buscaremos crear un vínculo cercano entre el sector productivo y la educación media superior y superior; la presente iniciativa tiene como finalidad que se establezca dentro de los lineamientos de la Ley para Impulsar el Incremento de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la necesidad de diseñar políticas que vinculen a los sectores mencionados, tanto transversales y sectoriales como las de carácter regional.

Argumentación

La deserción educativa como ya lo ha señalado la OCDE es uno de los principales problemas que aqueja a nuestro país.

La falta de oportunidades ha dejado entrever el problema al que se enfrentan los jóvenes egresados de la educación media superior y superior en el día a día. Actualmente ya no es suficiente terminar tus estudios, ya no representa ninguna garantía el poseer un título profesional o técnico dentro del país.

La solicitud de experiencia, la falta de oportunidades y los planes de estudio mal encaminados, son reflejo de una no vinculación entre el sector productivo y el educativo, misma que debiera ser obligatoria, y no sólo eso, sino que debería manifestarse de forma práctica y recurrente, para que de esta manera los recién egresados puedan ejercer sus profesiones de manera inmediata, coadyuvando al sector productivo con sus conocimientos.

La Ley General de Educación en su artículo 45 contempla la formación que se debe brindar para el trabajo, que a la letra señala:

“ Artículo 45.La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados.

...”

Ello es un referente de lo que debiera suceder en el transcurso de la educación media superior y superior, para que los educandos se preparen para laborar desde que se encuentran en las aulas, sin embargo aún existe un vacío legislativo que no permite la referida vinculación.

Para lograr lo anterior se requiere necesariamente que el sector productivo se relacione, participe e influya directamente en los planes y programas educativos sectoriales, estatales y regionales, ya que de esta forma podría recomendar la inclusión de materias o capacitación para los jóvenes que se encuentran en etapa educativa para que, al egresar, puedan contar con los conocimientos y habilidades requeridas por el sector para poder emplearse de inmediato, sin la necesidad de buscar generar experiencia.

Lo señalado no sólo influiría en la disminución de los índices de deserción escolar, también disminuiría la migración de jóvenes a las grandes urbes o incluso al extranjero en busca de una mejor vida a través de oportunidades que en sus estados y regiones no encontrarán nunca.

Es imperativo y urgente que desde el Legislativo federal atendamos este vacío que existe entre estos dos sectores y busquemos impulsar la valiosa energía y proyección que los jóvenes pueden brindar a la mejora del sector productivo nacional.

El artículo 3 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional en su fracción I señala:

“Artículo 3.Son objetivos específicos de la presente ley:

I. Implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad; potenciar la inversión; promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas, así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal;

...”

En efecto, impulsar el desarrollo económico y el empleo formal resulta ser uno de los principales objetivos de dicha ley. Sin embargo, dentro del planteamiento del problema de la presente iniciativa hemos señalado cifras que reflejan la cantidad de jóvenes que se han empleado en el comercio informal ante falta de oportunidades. Situación que no cambiará si no se crean las oportunidades y los escenarios necesarios para que encuentren en el estudio y la profesionalización la mejor forma de desarrollarse de tal manera que estén en posibilidades de obtener un empleo formal.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos hemos manifestado continuamente por cualquier mejora que implique el impulso al sector educativo y a los jóvenes nacionales, ya que estamos convencidos de que será la única forma en que nuestro país pueda salir adelante y mejorar su sector productivo, sin la necesidad de importar talentos humanos, desaprovechando la gran cantidad de talento nacional con el que contamos.

Es imperativo que se empiece a cerrar la brecha entre el sector productivo y el educativo.

Según publicaciones de Forbes México, existen en nuestro país cinco sectores productivos que se podrían potencializar. A manera de ejemplo, el sector automotriz a nivel nacional se ha convertido en sector más dinámico en los últimos años en nuestro país. Diversas compañías han decidido construir plantas automotrices en territorio nacional, para lo cual resulta indispensable contar con a egresados de carreras técnicas y profesionales relacionadas con la ingeniería automotriz y mecánica.

El segundo sector es el del turismo, a nivel nacional, según la Secretaría de Turismo, nuestro país ha regresado a ser uno de los diez destinos turísticos con mayor afluencia de visitantes a nivel mundial; este sector sin lugar a dudas representa grandes oportunidades para infinidad de jóvenes estudiantes regionales, que se ubiquen cerca de los grandes centros turísticos nacionales.

El tercero es el sector de las inversiones, mismo que parece mejorar y el cual representa un mercado atractivo para que grandes corporaciones e industrias inviertan y contraten capital humano nacional.

Y por último los sectores que se potencializarán en breve derivados de las reformas estructurales aprobadas por la anterior legislatura; el sector energético y el de las telecomunicaciones.

Las y los diputados de Nueva Alianza reconocemos que tenemos aún mucho por hacer para que las y los jóvenes puedan contar con más y mejores empleos, sin embargo consideramos que la presente reforma fomentará la participación activa de este sector en la industria mexicana.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en nuestra calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 11 y se adiciona el inciso f a la fracción primera, el inciso g a la fracción segunda y el inciso f a la fracción tercera del artículo 8 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional

Para quedar como sigue:

Único. Se reforma la fracción XIV del artículo 11 y se adiciona el inciso f a la fracción primera, el inciso g a la fracción segunda y el inciso f a la fracción tercera del artículo 8 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

“Artículo 11. ...

I. a XIII. ...

XIV. Establecer mediante la celebración de convenios una relación estrecha y constante entre las autoridades educativas federales o locales, según sea el caso, las instituciones de educación media superior y superior y la planta productiva de cada estado, región o ciertos sectores específicos de la economía a nivel local o regional, con el fin de diseñar, evaluar y ejecutar políticas, programas, reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios necesarios para introducir en los planes educativos materias específicas que permitan a los educandos contar con los conocimientos y habilidades requeridas por el sector para poder emplearse de inmediato una vez egresados;

XV. a XVII. ...”

“Artículo 8. ...

I. ...

a) a e) ...

f) Promover el fortalecimiento de la relación entre la planta productiva nacional o de ciertos sectores específicos de la economía nacional con las instituciones de educación media superior y superior.

II....

a) a f) ...

g) Promover el fortalecimiento de la relación entre el la planta productiva nacional y de ciertos sectores específicos de la economía nacional con las instituciones de educación media superior y superior.

III. ...

a) a e) ...

f) Promover el fortalecimiento de la relación entre la planta productiva regional o de ciertos sectores específicos de la economía local con las instituciones de educación media superior y superior.”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputados: José Bernardo Quezada Salas,Angel García Yañez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Quezada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, para dictamen.

Saludamos y damos la bienvenida a invitados del estado de Veracruz, a cargo del diputado Francisco Rojas San Román; y a estudiantes de la licenciatura de mercadotecnia y contabilidad de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, del municipio de Nicolás Romero, invitados por el diputado Héctor Javier Álvarez Ortiz.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, los accidentes viales son ocasionados por diversos motivos: los conductores, ya sea por falta de pericia y cultura vial; por estado de intoxicación, por alcohol o diversas sustancias que producen efectos similares; por exceso de velocidad, o simplemente causada por inobservar o desconocer los reglamentos de vialidad y tránsito de las municipalidades.

Éste no es un tema menor, y es un tema que nos afecta a todos, ya que los accidentes viales representan –y esto lo quiero dejar muy claro– representan la primera causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años. Y es la segunda causa de discapacidad permanente. Asimismo, es el primer motivo causal de orfandad. Cada año fallecen en México más de 16 mil personas en percances viales, de los cuales, un alto porcentaje pudo haberse evitado.

La distracción en la conducción de un vehículo automotor, es un importante factor de riesgo de traumatismo por accidente de tránsito. Existen diferentes tipos de distracciones; siendo el más importante utilizar el teléfono celular.

Hablar por teléfono celular, y sobre todo escribir mensajes al conducir, el famoso “textear y manejar”, desplazó ya la ingesta de alcohol como la primera causa de accidentes viales, según datos de la Cruz Roja Mexicana.

Los conductores que utilizan el teléfono celular mientras conducen, corren un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente. Un conductor que en lo particular textea mientras conduce, tiene 23 veces más probabilidades de verse involucrado en un choque que alguien que no lo hace.

Es claro, que utilizar el teléfono celular durante la conducción de un vehículo, tiene una serie de efectos perjudiciales que afectan el comportamiento del conductor. Ello se debe a que el conductor no solamente se distrae físicamente al llamar y conducir simultáneamente, sino que además se produce una distracción cognitiva y a que ha de dividir su atención entre la conversación que mantiene y las tareas propias de conducir.

Bajo ese contexto, es que se considera conveniente revisar las penas para los delitos derivados de la conducción de vehículos, tales como las lesiones que pongan en peligro la vida del ser humano y los homicidios, que cometan aquellos ciudadanos por conducir y a la vez utilizar los teléfonos celulares, el ir texteando u otros aparatos de comunicación, ya sea para hablar o enviar mensajes de texto, con la salvedad de que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite distracciones.

Debemos tomar acciones legislativas para que los ciudadanos tomen conciencia de los efectos y consecuencias negativas que ocasiona realizar este tipo de conductas, en perjuicio de la sociedad misma, lo que va a ocasionar una mejor cultura vial en nuestra sociedad, disminuyendo considerablemente los motivos por los cuales se ocasiona un perjuicio a un ciudadano.

Por lo anterior, me permito proponer ante el pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, a fin de aumentar la pena para los delitos derivados de la conducción de vehículos de motor cometidos por conductores que utilicen radios, teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación, con la salvedad de que se utilice con tecnología que evite la distracción del conductor, y asimismo aumentar la pena de aquellos conductores que cometan un delito y conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes al momento de ocasionar un accidente vial.

Aquí, compañeros, en el estado de Nuevo León tenemos trabajando más de un año en una campaña denominada Si manejo no texteo. La pretensión de un servidor no es aumentar la pena por aumentar la pena, es hacer un llamado a nuestra sociedad para que pongamos atención y seamos claros, es la primera causa de muerte en nuestros niños y jóvenes. El textear y manejar ya desplazaron la ingesta del alcohol como principal motivo de accidentes viales.

Creo que tenemos mucho que hacer, la sociedad, los legisladores, los empresarios, los medios de comunicación, les pedimos de la manera más atenta que nos apoyen, que nos apoyen en las comisiones y que veamos como en otros lugares, en otros países, hay campañas nacionales fuertemente dedicadas a no textear y manejar. Aquí vamos tarde. Esperemos, compañeros, que lo hagamos realidad por la cultura vial que todos merecemos por una cultura vial a la altura de los mexicanos. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Juan Manuel Cavazos Balderas, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los accidentes viales son ocasionados por diversos motivos de los conductores, ya sea por falta de pericia y cultura vial, por estado voluntario de intoxicación por alcohol o diversas sustancias que producen efectos similares, exceso de velocidad, o simplemente por inobservar o desconocer los reglamentos de vialidad y tránsito vigentes en las municipalidades.

Los accidentes viales representan la primera causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años, y la segunda de discapacidad permanente. Asimismo, es el primer motivo de orfandad. Cada año fallecen en México más de 16 mil personas en percances viales, de los cuales, 90 por ciento pudieron evitarse.

La distracción en la conducción es un importante factor de riesgo de traumatismo por accidente de tránsito. Existen distintos tipos de distracciones; por lo general éstas se dividen en distracciones que tienen su origen dentro del vehículo, siendo el más importante el utilizar el teléfono celular

Hablar por teléfono celular, y sobre todo escribir mensajes al conducir, desplazó la ingesta de alcohol como la primera causa de accidentes viales, según datos de la Cruz Roja Mexicana.

Los conductores que utilizan el teléfono celular durante la conducción corren un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente. Un conductor que en lo particular textea mientras conduce tiene 23 veces más probabilidades de verse involucrado en un choque que alguien que no lo hace.

La conducción segura de un vehículo requiere que el conductor se encuentre totalmente enfocado en esta actividad. La utilización del teléfono produce cuatro diferentes tipos de distracciones:

1. La visual (desviar la vista del camino)

2. La manual (quitar las manos del volante)

3. La auditiva (identificar el timbre de llamada o mensaje entrante)

4. La cognitiva (desviar la atención de lo que se está haciendo).

Es claro que utilizar un teléfono celular durante la conducción tiene una serie de efectos perjudiciales que afectan al comportamiento del conductor. Ello se debe a que el conductor no solamente se distrae físicamente al telefonear y conducir simultáneamente, sino que además se produce una distracción cognitiva ya que ha de dividir su atención entre la conversación que mantiene y las tareas propias de conducir.

Bajo ese contexto, es que se considera conveniente aumentar las penas para los delitos derivados de la conducción de vehículos, tales como lesiones que pongan en peligro la vida del ser humano y homicidios, que cometan los ciudadanos por conducir y a la vez utilizar radios, teléfonos celulares o cualquier otro aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo de mensajes de texto, con la salvedad de que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite la distracción del conductor, lo antes mencionado con la intención de disminuir las consecuencias jurídicas materiales que originan los accidentes viales en beneficio de la sociedad y en salvaguarda del bien jurídico tutelado por los citados delitos, como lo es la vida de las personas. De igual forma, y en congruencia con lo señalado, se estima necesario aumentar las penas para quienes en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometan alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas.

Debemos tomar acciones legislativas, incluso de prisión, para los casos antes mencionados, además de la sanción correspondiente, de tal suerte que los ciudadanos tomen conciencia de los efectos y consecuencias negativas que ocasiona realizar este tipo de conductas, en perjuicio de la sociedad misma, lo que va a ocasionar una mejor cultura vial en la sociedad, disminuyendo considerablemente los motivos por los cuales se ocasiona un perjuicio a un ciudadano.

En tal virtud, con la presente propuesta, se estaría regulando el fenómeno social que está aconteciendo, sancionando en el Código Punitivo a toda persona que incurra en la hipótesis que se plantea en esta iniciativa, todo a fin de garantizar el bien jurídico tutelado señalado con antelación.

Por lo anterior, me permito proponer ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, a fin de aumentar la pena para los delitos derivados de la conducción de vehículos de motor cometidos por conductores que utilicen radios, teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación con la salvedad de que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite la distracción del conductor, y aumentar la pena de aquellos conductores que cometan un delito y conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes al momento de ocasionar un accidente vial.

Para mayor ilustración, se adjunta la tabla comparativa de la propuesta:

En consecuencia de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto que reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 171 y; se adiciona un segundo párrafo al artículo 172 del Código Penal Federal; para quedar como sigue:

Artículo 171. Se impondrán prisión de uno a tres años, hasta trescientos días multa y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador, al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas.

Artículo 172....

Además de lo señalado en el párrafo anterior, a quien conduzca un vehículo de motor utilizando radio, teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo de mensajes de texto, salvo que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite la distracción del conductor, y cause lesiones que pongan en peligro la vida de un ser humano u homicidio, se le impondrá además de la sanción correspondiente al delito cometido, una pena de uno a tres años de prisión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas.

1. Véase: Juárez, Blanca. Desplaza el celular a la ingesta de alcohol como primera causa de accidentes viales. Periódico La Jornada. Sábado 27 de diciembre de 2014, p. 12. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/12/27/politica/012n1pol

2. Fuente: Uso del celular al volante: un problema creciente de distracción del conductor. OMS, 2011.

3. Véase: Juárez, Blanca. Ob. Cit.

4. Ibíd.

5. Fuente: Virginia Tech Transportation Institute.

6. Véase: http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Serie12/10Distractores.pdf

7. Fuente: Uso del celular al volante: un problema creciente de distracción

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2015.— Diputados: Juan Manuel Cavazos Balderas,Adriana Elizarraraz Sandoval, Braulio Mario Guerra Urbiola, César Alejandro Domínguez Domínguez, Daniela de los Santos Torres, Fernando Navarrete Pérez, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cavazos. Perdón, diputado Cavazos. La vicepresidenta Daniela de los Santos solicita si usted no tiene inconveniente adherirse a su iniciativa.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas: Por supuesto que no tengo inconveniente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Adelante. Está a disposición la iniciativa. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

Esta Presidencia saluda al presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, Marco Antonio Leyva Mena, invitado por la diputada Beatriz Vélez Núñez. Sea usted bienvenido, señor presidente.

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la electricidad constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico y social del país, así como uno de los factores relevantes para garantizar la productividad y el fortalecimiento de nuestra nación. Por tanto el desarrollo humano en sus vertientes económica y social están estrechamente vinculados con la generación de energía eléctrica.

En este sentido, es necesario llevar a cabo una serie de acciones cuya finalidad sea precisamente resolver el tema de las tarifas eléctricas en beneficio de las personas más desprotegidas a lo largo y ancho de nuestro país.

Después de todo no hay que olvidar que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, prometió una reforma energética eléctrica para disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de la población y de la industria.

Han transcurrido ya tres años y lo cierto es que no se aprecian acciones tendientes a conseguir esta finalidad. De ahí que en mérito de lo expresado y prometido por el presidente de la República, la finalidad de la presente iniciativa consiste en que la Comisión Reguladora de Energía establezca una tarifa especial aplicable a aquellas localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.

Frente a una reforma eléctrica cuyos efectos no se hacen sentir en beneficio de la población, se estima prudente la adopción de esta medida al resultar injusto e inequitativo para los habitantes de las zonas del país con climas extremos, que deban pagar elevadas cantidades por concepto de consumo de energía eléctrica.

A manera de fundamentación y motivación de la presente iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, tenemos que sus artículos 12, 27 y 139 establecen que la Comisión Reguladora de Energía está facultada para establecer las condiciones generales para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y expedir y aplicar la regulación de las tarifas finales del suministro básico.

Dichas condiciones generales determinarán los derechos y obligaciones del prestador del servicio y del usuario, conteniendo como mínima las tarifas aplicables y la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico.

Ahora bien, las tarifas domésticas se relacionan con la temperatura media de cada región, por lo cual los precios son diferentes en las distintas entidades federativas debido a los subsidios aplicables en las regiones más cálidas del país, además de que existe una variación en los precios dependiendo de la época, ya sea verano o invierno.

Por lo anterior, se propone establecer en la Ley de la Industria Eléctrica que la Comisión Reguladora de Energía pueda establecer tarifas especiales para los servicios de energía eléctrica destinados para uso exclusivamente doméstico en aquellas localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.

Lo anterior, ante el uso necesario, indispensable y por demás justificable de ventiladores y diversos aparatos eléctricos, a fin de poder contrarrestar el clima caluroso que se presenta en verano en diversas entidades federativas de nuestro país.

Esta es una medida que atiende como quede dicho un primer lugar a un compromiso expreso del Ejecutivo de la Unión. Pero, sobre todo y más importante, que se inspira en la elemental noción de justicia y de equidad.

En términos de lo anterior mucho le ruego, señor presidente, sea tan amable de instruir que la presente iniciativa se inscriba en los términos en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal, Martha Cristina Jiménez Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan dos párrafos al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, recorriéndose el actual párrafo segundo para convertirse en párrafo cuarto, la cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La finalidad de la presente iniciativa consiste en que la Comisión Reguladora de Energía establezca una tarifa especial aplicable a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo y conectadas individualmente a cada residencia, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.

Lo anterior, al resultar injusto e inequitativo para los habitantes de las zonas del país con climas extremosos, que deban pagar elevadas cantidades de consumo de energía eléctrica.

Como es de explorado derecho, existe un viejo aforismo jurídico que reza: “El que puede lo más puede lo menos”. En este sentido, sin ningún empacho, el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, en su segundo párrafo prevé, textualmente, que: “El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE”.

Es decir, se faculta al Presidente de la República para establecer mecanismos distintos a los previstos en la propia Ley, tendentes a fijar tarifas finales “para determinados grupos de usuarios del suministro básico”.

Si es el Congreso de la Unión el que puede, mediante este dispositivo de excepción, prever en favor del titular del Ejecutivo una medida de esta índole, no se aprecian razones para que no pueda hacerlo el propio Congreso, a priori, a través de una medida de observancia general que sitúe un rango mínimo, a partir del cual, se considere como un caso especial, aquellas regiones de la geografía nacional cuyas condiciones climatológicas demandan un régimen de excepción; y es eso precisamente lo que se está proponiendo en la especie.

En este sentido, se propone la adición de dos párrafos a fin de establecer que la CRE determinará una tarifa especial para todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo y conectadas individualmente a cada residencia, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo, considerando además que una localidad alcanza dicha temperatura media mínima en verano cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente y, además, se regula que se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Toda vez que se adicionan dos nuevos párrafos, el actual párrafo segundo en consecuencia se recorre y pasa a ocupar el cuarto y último sitio del precepto aludido.

Por lo expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el cual se adicionan dos párrafos al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, recorriéndose el actual párrafo segundo para convertirse en párrafo cuarto

Artículo Único. Se adicionan dos párrafos al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, recorriéndose el actual párrafo segundo para convertirse en párrafo cuarto, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 139. ...

En todo caso, la CRE establecerá una tarifa especial, aplicable a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo y conectadas individualmente a cada residencia, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.

Artículo Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de septiembre de 2015.— Diputados: Martha Cristina Jiménez Márquez,Alejandra Gutiérrez Campos, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Cándido Ochoa Rojas, Delia Guerrero Coronado, Edith Villa Trujillo, Eloisa Chavarrias Barajas, Enrique Cambranis Torres, Evelyn Parra Álvarez, Evelyn Soraya Flores Carranza, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Joaquín Jesús Díaz Mena, José Hernán Cortés Berumen, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Manuel Celis Aguirre, Julieta Fernández Márquez, Julio Saldaña Moran, Leonardo Amador Rodríguez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Verónica Agundis Estrada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ángel Salim Alle, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Rene Mandujano Tinajero, Silvia Rivera Carbajal, Telésforo García Carreón (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Jiménez. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): A ver, una pregunta a la oradora, me llamó la atención su iniciativa en cuanto a las tarifas eléctricas y que menciona que a 33 grados centígrados ambiente podría ser una tarifa especial, ¿qué pasa en aquellos lugares donde puede estar a 28 grados o a 27 grados, pero la humedad es altamente y se tiene una percepción de 35, 36 o 37 grados, pero no marca 33 grados el termómetro? Esto porque es interesante esta iniciativa, pero considerar este tipo de factores que en varias partes de la república sucede.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En el momento procedimental oportuno, en el seno de la Comisión de Energía a la cual se le ha dado turno, diputada Nahle, ahí se podrá dar el debate y la diputada podrá, en su caso, responder a la pregunta que usted formula. No es el momento ahorita del debate de la iniciativa, por eso se le ha dado el turno correspondiente. Gracias.

El diputado Cándido Ochoa Rojas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Cándido Ochoa.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Sí, para adherirme a esta iniciativa, señor presidente, porque el tema del consumo de electricidad generado por las altas temperaturas es algo que se presenta en varias partes de la república y que debemos atender nosotros los legisladores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. La diputada proponente no tiene objeción, al contrario, saluda que haya esta adhesión. Entonces, está a disposición la iniciativa para que sea suscrita por quien así lo considere.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Julio Saldaña Morán:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión es la residencia de la representación nacional. Es la sede de la democracia mexicana.

La reforma del Estado es una labor inacabada en nuestro país. Adecuar el marco legal a la realidad política de nuestro estado es una necesidad y una demanda de los ciudadanos mexicanos.

En el tema del régimen de Estado y gobierno un aspecto fundamental es el fortalecimiento del Poder Legislativo.

El ejercicio sustantivo de la labor legislativa es una demanda social. Los periodos en los que sesiona el Poder Legislativo federal superan, de manera regular, apenas medio año calendario. Es necesario que los diputados federales y los senadores dediquemos mayor tiempo a la labor por la cual fuimos electos.

Los legisladores debemos dar muestra de sensibilidad y atender las demandas de la gente y proponer reformas para las normas en este sentido. Debemos también difundir buenas prácticas y reforzar el trabajo legislativo.

Las normas que nos rigen deben de reforzarse para expresar las necesidades de los ciudadanos y sus aspiraciones para darles respuesta eficaz.

Actualmente nuestros dos periodos de sesiones ordinarios suman, diputadas y diputados, suman 195 días hábiles cuando en otros países de América Latina, como Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia trabajan entre el promedio, 247y 315 días al año. Qué decir de Estados Unidos que trabajan de manera permanente.

Ya en la reforma política aprobada por la anterior legislatura se prevé que en el año que inicia el sexenio presidencial, el año legislativo empieza el 1 de agosto. Con esta iniciativa qué propongo. Qué les propongo, amigos diputados y diputadas. Que cada año legislativo inicie el 1 de agosto, de manera que el primer periodo ordinario de sesiones se desarrolle a partir de la fecha 1 de agosto y concluir 15 de diciembre.

El segundo periodo ordinario se mantiene sin cambio, del 1 de febrero al 30 de abril.

Con la propuesta se aumenta un mes de trabajo calendario legislativo, para pasar a 226 días hábiles de trabajo legislativo. El electorado mexicano ha mandato que nuestro sistema político adquiera mayores elementos de naturaleza parlamentaria, ahora el Congreso de la Unión es un Poder en el que la negociación y la construcción de acuerdos adquieren una gran relevancia para concretar reformas, sean estas a partir de propuestas surgidas desde el Ejecutivo federal o de los propios integrantes del propio legislativo.

Por ello, se requiere de la mayor posibilidad de tener mayor tiempo posible con la finalidad de poder concretarlos y en medida de lo posible cumplir con las expectativas de los ciudadanos mexicanos.

Para ello se reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Gracias por su atención y ojalá le prestemos un seguimiento a la iniciativa que hoy presento, para darle mayor y mejor resultado a los ciudadanos que esperan mucho más de este Congreso. Gracias, diputados y diputadas. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El ejercicio sustantivo de la labor legislativa es una demanda social. Los periodos en que sesiona el Poder Legislativo federal superan de manera regular apenas por encima de medio año calendario. Es necesario que los diputados federales y los senadores dediquen mayor tiempo a la labor para la que fueron electos.

Argumentos

La reforma del Estado es una labor inacabada en el país. Adecuar el marco legal a la realidad política del Estado es una necesidad inaplazable y una demanda de los ciudadanos. En el tema de régimen de Estado y gobierno, un aspecto fundamental es el fortalecimiento del Poder Legislativo.

Desde la elección intermedia de 1997, el Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados ha observado una composición plural que tiene como consecuencia una alteración en el predominio del Poder Ejecutivo Federal frente a los otros poderes de la Unión. Antaño el sistema presidencial mexicano se sustentaba en que el presidente mantenía en el Poder Legislativo una mayoría de su partido político.

Esta situación ha provocado que desde entonces la relación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo haya tenido momentos de tirantez y desencuentro, que en momentos ha requerido incluso de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir conflictos en torno a las atribuciones presupuestales de la Cámara de Diputados, y las de expedir reglamentos por parte del presidente de la República.

El electorado mexicano ha mandatado que nuestro sistema político adquiera mayores elementos de naturaleza parlamentaria, ahora el Congreso de la Unión es un poder en el que la negociación y la construcción de acuerdos adquieren una gran relevancia para concretar reformas, sean estas a partir de propuestas surgidas desde el Ejecutivo federal, o de los integrantes del Poder Legislativo. Por ello se requiere el mayor tiempo posible con la finalidad de poder concretarlos y en medida de lo posible cumplir las expectativas de los ciudadanos mexicanos.

Actualmente, según lo dispuesto en la Constitución, el Congreso de la Unión sesiona de manera regular seis meses y medio al año, y de manera excepcional hasta ocho meses en el año de inicio de mandato del Ejecutivo federal. De suerte que se sesiona ordinariamente apenas poco más de medio año, mientras que la Comisión Permanente lo hace a lo largo de cinco meses y medio.

Esta situación impide que el Congreso federal emita dictámenes y resuelva situaciones durante los cinco meses y medio en que sesiona la Comisión Permanente, ello a pesar de que la normatividad establece que las comisiones legislativas habrán de sesionar de manera ordinaria al menos una vez al mes, pero lo cierto es que durante los periodos de receso con frecuencia las reuniones de comisión no cuentan con el quórum suficiente para desahogar los asuntos de su competencia ante la ausencia de legisladores.

En una mirada retrospectiva encontramos que en la Constitución de Cádiz, vigente en el que hoy es territorio mexicano, las Cortes sesionaban en un solo periodo de tres meses a partir del 1 de marzo, prorrogable dos meses más, para un total potencial de cinco meses.

En la Constitución federal de 1824 se establecía un solo periodo de tres meses y medio, del 1 de enero al 15 de abril, prorrogable hasta el 15 de mayo, también para un total de cinco meses.

La Constitución de 1836 mandataba sesionar en dos periodos, el primero del 1 de enero al 31 de marzo, y el segundo del 1 de julio hasta agotar los asuntos relativos al Presupuesto de Egresos y a la Cuenta Pública, dando un total de alrededor de cuatro meses, sin embargo el primer periodo podía prorrogarse dentro de los meses de abril, mayo y junio, llegando de tal suerte a sesionar hasta alrededor de siete meses.

Las bases orgánicas de 1843 establecían también dos periodos, el primero del 1 de enero al 31 de marzo, y el segundo del 1 de julio al 1 de octubre. En total siete meses.

La Constitución de 1857 disponía también sesionar en dos periodos un total de cinco meses, del 16 de septiembre al 15 de diciembre el primero, y del 1 de abril al 31 de mayo el segundo.

La Constitución de 1917, en su texto original disponía que el Congreso sesionaría en un solo periodo de cuatro meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre; con la reforma de 1986 se retomó el esquema de dos periodos de sesiones y una duración conjunta de cinco meses, el primero del 1 de noviembre al 31 de diciembre, el segundo del 15 de abril al 15 de julio; otra reforma en 1993 dispuso que el primer periodo iniciaría el 1 de septiembre y no podría prolongarse más allá del 15 de diciembre, exceptuando el año de inicio de la administración federal en el que podría extenderse hasta el 31 de diciembre, y el segundo periodo cubriría del 15 de marzo y no más allá del 30 de abril, en total cinco meses, con la posibilidad de cinco meses y medio en año de inicio del Ejecutivo federal.

En 2004 se reformó la constitución para establecer un calendario en el que el segundo periodo inicia el 1 de febrero y no podrá prorrogarse más allá del 30 de abril, para el total de seis meses y medio.

Finalmente, la reforma político-electoral aprobada por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, establece una ampliación pero sólo en el año en que inicia mandato el presidente de la República, año en que el Congreso de la Unión iniciara su primer periodo el 1 de agosto.

En un marco internacional globalizado no está de más hacer referencia a diversos órganos legislativos en otros países, con diversos arreglos constitucionales desde semiparlamentarios o parlamentarios en los que la duración de los periodos varía de país en país, el Bundestag alemán tiene un sistema de asamblea permanente, que se reúne y sesiona cuando soberanamente así lo determina el cuerpo colegiado; en el Reino Unido el Parlamento sesiona casi el año entero, con un calendario flexible y con días no laborables predeterminados; en Italia sesionan entre ocho y nueve meses en dos periodos que inician a partir del primer día hábil de febrero y del primer día hábil de octubre, respectivamente; en España las Cortes Generales sesionan también en dos periodos un total de nueve meses, el primero de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio.

En Francia con una forma de gobierno semipresidencial, el Parlamento sesiona alrededor de nueve meses, del primer día hábil de octubre al último día hábil de junio.

En América Latina, con arreglos presidenciales, las Cámaras de Diputados y Senadores argentinas sesionan nueve meses, del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre; en Chile el Congreso Nacional sesiona del 21 de mayo al 18 de septiembre, casi cuatro meses; el Congreso Nacional de Brasil sesiona nueve meses en dos periodos, del 15 de febrero al 30 de junio y del 1 de agosto al 15 de diciembre; la Asamblea Legislativa de Costa Rica sesiona seis meses en dos periodos del 1 de mayo al 31 de julio, y del 1 de septiembre al 30 de noviembre.

En la presente iniciativa propongo que el Congreso de la Unión sesione ordinariamente en los mismos dos periodos que actualmente, pero haciendo que el caso de excepción del año de inicio de encargo del presidente de la República se generalice y el primer periodo de sesiones ordinarias inicie cada año el 1 de agosto, el calendario de sesiones; la frecuencia y regularidad de las mismas serán determinados por el pleno de cada cámara, así como por sus órganos de gobierno.

De esta manera, el tiempo para concretar acuerdos y plasmarlos en disposiciones legales se amplía un mes, al pasar de seis meses y medio en la actualidad a siete meses y medio con esta propuesta y hasta ocho meses en el año de inicio del periodo presidencial.

Conforme a las disposiciones constitucionales aprobadas por la LXII Legislatura, el receso del Congreso coincidiría con los calendarios electorales para la renovación de la Cámara de Diputados en la elección intermedia y con la elección presidencial en año de elecciones generales, misma situación aplicable en los casos de compactación de elecciones locales a una sola fecha en el año, dando tiempo también para completar los cómputos y los recursos e impugnaciones que los partidos políticos interpongan ante el órgano jurisdiccional electoral.

Es decir, el Congreso de la Unión estaría en receso en tiempos en que los acuerdos políticos serían difíciles de alcanzar por el contexto de la contienda electoral.

Se mantiene la institución de la Comisión Permanente, con antecedentes que se remontan al siglo XIII, en las Cortes Reales de Aragón, conservando íntegramente lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución, pero que sólo funcionará a lo largo de cuatro meses y medio, del 16 de diciembre al 31 de enero, y todo mayo, junio, julio, con la misma excepción del año de inicio de encargo del presidente de la república en que sesionaría un total de cuatro meses.

Se mantienen los tiempos establecidos para la presentación del informe del estado que guarda la administración pública, y del paquete económico, así como la aprobación de la Ley de Ingresos, y del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados.

Al sesionar ordinariamente más tiempo, se fortalece el trabajo de comisiones, toda vez que las posibilidades de que funcionen al cumplir el quórum requerido aumentan. Sin embargo el fortalecimiento del sistema de comisiones, de las atribuciones y facultades de las mismas requiere aún de reformas específicas relativas a esa materia en particular.

Fundamento legal

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 65.El Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al año legislativo siguiente posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.— Diputados: Julio Saldaña Morán, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saldaña. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada María Chávez García:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados. Como instrumento de política ambiental de mayor relevancia tenemos a las áreas naturales protegidas. Estas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.

Estas porciones del territorio nacional de gran importancia están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación y restauración, por lo cual las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas deben ser acordes al cuidado y preservación del medio ambiente.

De tal forma que hay actividades económicas que de hecho son incompatibles con los objetivos que llevan a decretar un área natural protegida. Entre estas actividades tenemos la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto económico, ecológico y social que consiste en la extracción de minerales cuando estos se encuentran dispersos dentro de la tierra. Es decir sin formar graves vetas.

Este método de minería requiere el uso intensivo de explosivos, maquinaria pesada y se forman cráteres de más de dos kilómetros de diámetro con profundidades que sobrepasan los 500 metros y no es inusual que lleguen a los 800 metros, y aun sobre un acuífero y sobrepasando la profundidad del mismo se llevan a cabo las operaciones extractivas.

Los procesos de beneficio incluyen técnicas de separación física-química tales como concentración por gravedad, separación magnética, separación electrostática, flotación, extracción por solventes, proceso de electro obtención lixiviado, precipitación y amalgamación frecuentemente con mercurio, y los desechos de estos procesos incluyen relaves y lixiviados.

El lavado de las pilas, del material extraído, se lleva a cabo por varios días por lo que a esto se le conoce como relave y de él resulta una agua en la cual se encuentra en suspensión el metal buscado; además de fuertes concentraciones del tóxico agregado al líquido, este coctel altamente venenoso es conducido hacia la planta de procesamiento donde se aceptará o separará el metal.

Parte del agua utilizada se pierde en el proceso por evaporación del agua que llega al final del mismo; aproximadamente el 20 por ciento se queda en el depósito de desecho, formando millones de metros cúbicos de desechos líquidos y barros altamente contaminados.

En la minería a cielo abierto se emplean explosivos, agua y sustancias tóxicas en cantidades que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción; cantidades de 40 a 80 toneladas de explosivos diarios son comúnmente usados, causando el efecto de un temblor de 4.1 a 5 en la escala de Richter en el sitio de las explosiones.

De igual manera y aun tomando en cuenta que parte del agua que se recicla en el proceso, cantidades del orden de los 32 a más de 100 millones de litros al día suelen ser necesarios. De igual manera los tóxicos empleados son utilizados con singular prolijidad, por ejemplo, la minera San Javier para sus operaciones extractivas en el cerro de San Pedro, emplea 32 millones de litros de agua diarios, mezclados con 16 toneladas de cianuro, y esa mina no es de las de gran tamaño. Entonces todo en la minería a cielo abierto es de grandes dimensiones, pero igual de grandes y peligrosos son los residuos que deja la actividad extractiva.

Para empezar el retiro de la flora y fauna de los sitios donde se ubica el tajo, las pilas de lixiviado, el depósito de los lodos resultantes del proceso forman áreas de cientos de hectáreas de ecosistemas totalmente destruidos.

El cráter para extraer el mineral y las montañas de escombros que quedan después del lixiviado, trasforma por completo el paisaje. Simplemente para obtener un gramo de oro, se necesita remover hasta tonelada y media de material, el cual queda como un residuo de alta peligrosidad por las cantidades de agua que requiere y las cantidades de tóxicos que le añaden a la misma los volúmenes de lodo altamente tóxicos, también son enormes.

En cuanto al polvo generado un estudio de impacto ambiental realizado en la mina Meridian Gold, de Argentina, reveló que un día se explotación supone el uso de 7 toneladas de explosivos para volar 42 mil toneladas de roca, lo que genera alrededor de 14 toneladas de partículas en suspensión al día. Este polvo, dependiendo de las condiciones de la zona y las meteorológicas, pueden llegar a viajar hasta 200 kilómetros con efectos nocivos sobre las plantas y animales, contaminando el agua, el aire, el suelo; incrementando el índice de cáncer y otras enfermedades crónicas o fatales.

Por todo lo expuesto, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que no existe una actividad extractiva que sea más nociva para el medio ambiente que la minería, a cielo abierto. Simplemente por definición esta actividad no puede ser sustentable, ya que encuentra su razón de ser en la extracción de un recurso natural hasta agotarlo.

Si revisamos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, encontraremos que el establecimiento de áreas naturales protegidas tiene por objeto preservar los ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas; proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas; proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales, aprovechamientos agrícolas, entre otros.

En cambio, la minería a cielo abierto provoca graves desequilibrios ecológicos; es más, destruye por completo el ecosistema y por definición no puede ser sustentable. Esto es claro que según lo señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no califica para desarrollarse en ninguna de la subzonas que esta ley crea para las actividades productivas.

Si no se cumplen los objetivos que señala la Ley General Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, qué alternativas tenemos al respecto para el caso que nos ocupa simplemente por ser totalmente incompatible la minería a cielo abierto con la creación de un área natural, es el prohibirlas en estas zonas tan importantes para el país. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Chávez García, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto económico, ecológico y social que consisten en la extracción de minerales cuando estos se encuentran dispersos dentro de la tierra, es decir, sin formar grandes vetas.

En términos generales los trabajos de minería comienzan con la fase de exploración, por medio de la cual se detecta la presencia de minerales cuya explotación sea económicamente rentable, una vez que se tiene la certeza de la existencia de estos minerales, se comienzan a construir los caminos de acceso al lugar seleccionado, dichos caminos deben de ser transitables todo el año, ya que por ellos se llevará el equipo, insumos y personal necesario para las operaciones, a la vez que saldrán los metales o minerales, por lo cual son en sentido estricto carreteras y por lo mismo causan un impacto ambiental que deben de ser previamente evaluados por medio de una manifestación de impacto ambiental.

Pero el impacto ambiental de la minería no termina con la afectación causada por la construcción de los caminos de acceso, estos impactos son los menores. Frecuentemente el lugar seleccionado se encuentra en zonas apartadas de los centros urbanos o tan siquiera de algún pequeño poblado, como sería el caso de una mina ubicada en un área natural protegida, por lo cual se requiere preparar el sitio de trabajo, lo que lleva a desbrozar el terreno para la construcción de áreas de trabajo que alojarán al personal y equipos.

Aún antes que el terreno sea minado, las actividades asociadas con la preparación y desbroce del lugar pueden tener impactos ambientales significativos, especialmente si estos se encuentran al interior o al lado de zonas ecológicamente sensibles.

Las operaciones propias de la extracción de los minerales son de gran impacto ambiental, y más aún si la mina es a cielo abierto o a tajo abierto. La minería a tajo abierto es un tipo de minería de profundidad, en terrenos donde el mineral metálico se encuentra disperso en la tierra en bajas concentraciones, por lo que se requiere la remoción de capas de excedente, es decir, la tierra y roca que está sobre y junto con el metal buscado. En la mayoría de los casos, antes de remover el excedente se requiere retirar del terreno la capa superficial de tierra orgánica que permite el crecimiento de vegetación en la superficie, a la vez de la tala de árboles y desbroce o quema de vegetación que se encuentra sobre el yacimiento. El uso de maquinaria pesada, usualmente excavadoras y camiones de carga, es la forma más frecuente de retirar el excedente.

Por este sistema de mina a cielo abierto que requiere el uso intensivo de explosivos y maquinaria pesada, se forman “cráteres” de más de dos km de diámetro con profundidades que sobrepasan los 500 metros y no es inusual que lleguen a los 800 metros. Aún sobre un acuífero y sobrepasando la profundidad del mismo se llevan a cabo las operaciones extractivas, es decir, debido a que la minería a tajo abierto se emplea para depósitos de mineral a gran profundidad bajo la superficie del suelo, usualmente comprende la creación de un tajo abierto que excede la profundidad del acuífero. Cuando este es el caso, el agua subterránea es bombeada para permitir el minado. Usualmente se forma un lago en el tajo al término de las operaciones de minado y después que cesa el bombeo del agua subterránea.

Conforme se van extrayendo las rocas que contienen los minerales buscados generalmente éstas son finamente molidas para pasar después al proceso de “beneficio”, que consiste en la separación del mineral de interés comercial del resto del material. Los procesos de beneficio incluyen técnicas de separación física/química tales como concentración por gravedad, separación magnética, separación electrostática, flotación, extracción por solventes, proceso de electro obtención o “ electrowinning” lixiviado, precipitación, y amalgamación (frecuentemente con mercurio). Los desechos de estos procesos incluyen relaves y desechos del lixiviado (en el caso de las operaciones de oro y plata).

Sobre el proceso de lixiviado, este merece particular mención, ya que consiste en agrupar el material molido en forma de pilas, que vienen a ser montículos del material extraído, por lo cual también se les llama “montones” o terreros, los cuales llegan a tener una base de 25 metros de diámetro y una altura de 16 metros. Una vez formada la pila comienza lo que propiamente es el proceso de lixiviado, el cual consiste en rociar de forma continua con agua a la que previamente se le ha agregado alguna(s) sustancia(s) altamente tóxicas la pila del material, por ejemplo, para la recuperación de oro, plata y cobre, al agua se le agrega cianuro, para otros minerales lo que se agrega puede ser ácido sulfúrico, plomo u otros metales pesados.

El “lavado” de la pila se lleva a cabo por varios días, para algunos metales llega a ser de 60 días, por lo que a esto se le conoce como “relave” y de él resulta una agua en la cual se encuentra en suspensión el metal buscado, además de fuertes concentraciones del tóxico agregado al líquido, este “cóctel” altamente venenoso es conducido hacia la planta de procesamiento, donde se separará el metal y dependiendo del mineral de que se trate al final pasará a un horno eléctrico u otro proceso final. El agua utilizada en parte se perderá por evaporación en el proceso y del agua que llega al final del mismo, aproximadamente el 20%, se queda en el depósito de desecho, formando millones de metros cúbicos de desechos líquidos y barros altamente contaminados, y el resto del agua se reciclará.

Todo en la minería a cielo abierto es de grandes dimensiones, como ya se mencionó las dimensiones de los tajos “fosas” son enormes, de kilómetros de diámetro y cientos de metros de profundidad, la maquinaria empleada y los camiones para acarrear el material son de dimensiones tales que en algunos casos retienen 50 metros cúbicos de roca y las excavadoras que los llenan son las más grandes que se pueden adquirir en el mercado.

También se emplean explosivos, agua y sustancias tóxicas, en cantidades que parecen sacadas de una novela de ciencia fisión, cantidades de 40 a 80 toneladas de explosivos diarios son comúnmente usados, causando el efecto de un temblor de 4.1 a 5 en la Escala de Richter en el sitio de las explosiones, de igual manera y aun tomando en cuenta que parte del agua se recicla en el proceso, cantidades del orden de los 32 a más de 100 millones de litros al día suelen ser necesarios, de igual manera los tóxicos empleados son utilizados con singular prolijidad, por ejemplo, la Minera San Xavier, para sus operaciones extractivas en el Cerro de San Pedro, emplea 32 millones de litros de agua diarios mezclados con 16 toneladas de cianuro, y esta mina no es de las de gran tamaño. En la mina La Alumbrera el consumo diario llega 100 millones de litros diarios y para el proceso de lixiviado se utilizan 6 toneladas de cianuro; 400 kg de ácido clorhídrico; 400 kg de soda cáustica; 46 kg de litargirio; 23.300 kg de cal y 2.500 kg de azufre.

Entonces , todo en la minería a cielo abierto es de grandes dimensiones, pero igual de grandes y peligrosos son los residuos que deja esta actividad extractiva, para empezar, el retiro de la flora y fauna de los sitio donde se ubica el tajo, las pilas de lixiviado, los depósitos de los lodos resultantes del proceso, etc., forma áreas de cientos de hectáreas de ecosistemas totalmente destruidos, el cráter para extraer el mineral y las montañas de escombros que quedan después del lixiviado transforma por completo el paisaje, simplemente, para obtener un gramo de oro se necesita remover hasta tonelada y media de material, el cual queda como un residuo de alta peligrosidad. Por las cantidades de agua que requiere y las cantidades de tóxicos que se le añaden a la misma, los volúmenes de lodos altamente tóxicos también son enormes.

Para mantener la operación de camiones, excavadoras, cintas transportadoras, bombas para el agua, hornos eléctricos, etc., las cantidades de combustibles, lubricantes y electricidad tienen que ser colosales, por lo que algunos especialistas en el tema aseguran que tan sólo el 10% de las minas en funcionamiento generan 70 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

En cuanto al polvo generado, un estudio de impacto ambiental realizado en la mina Meridian Gold de Argentina reveló que un día de explotación supone el uso de 7 toneladas de explosivos para volar 42 mil toneladas de roca (lo que genera alrededor de 14 toneladas de partículas en suspensión diaria), este polvo dependiendo de las condiciones de la zona y las meteorológicas pude llegar a viajar hasta 200 km, con efectos nocivos sobre las plantas y animales, contaminando el agua, el aire y el suelo, incrementando el índice de cáncer y otras enfermedades crónicas o fatales. El cianuro se descompone cuando es expuesto al aire. Sin embargo, una vez que la solución de cianuro contamine el agua freática puede quedarse allí por largos períodos de tiempo. En la mayoría de los casos, el agua subterránea resulta contaminada cuando la solución de cianuro se filtra por los forros protectores debajo de la plataforma de lixiviación o de los embalses de almacenamiento.

Por ello, la minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto económico, social y ambiental, pero este impacto es negativo y sólo beneficia a un pequeño número de accionistas de las grandes empresas mineras, algunas de estas empresas extranjeras. Dentro de estos impactos podemos mencionar los siguientes:

• Afectación de las aguas subterráneas o freáticas:aguas contaminadas con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento, así como aguas de lluvia contaminadas con contenidos de dichos botaderos, que pueden llegar a las aguas subterráneas. Además, puede haber un descenso significativo en los niveles de estas aguas subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca para operaciones de tratamiento de minerales.

• Impacto sobre las poblaciones: puede provocar conflictos por derechos de utilización de la tierra y agua, dar lugar al surgimiento descontrolado de asentamientos humanos ocasionando una problemática social y destruir áreas de potencial turístico. Puede provocar una disminución en el rendimiento de las labores de pescadores y agricultores debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos debido a la elevación de nivel por sedimentación. Por otra parte, la minería a cielo abierto puede provocar un impacto económico negativo por el desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales y/o futuras.

• Impacto sobre la fauna: la fauna se ve perturbada y ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire y del agua. Además, puede darse también envenenamiento por reactivos residuales contenidos en aguas provenientes de la zona de explotación.

• Impacto sobre la flora: implica la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una destrucción parcial o una modificación de la flora en el área circunvecina, debido a la alteración del nivel freático.

• Contaminación del aire: el aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición.

• Afectación de la superficie: devasta la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas, puede alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas.

• Afectación de los suelos:eliminación del suelo en el área de explotación, y produce un desecamiento del suelo en la zona circundante, así como una disminución del rendimiento agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a subir. Además, provoca la inhabilitación de suelos por apilamiento de material sobrante.

• Afectación de las aguas superficiales: los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal construidas o indebidamente mantenidos, o inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos) pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales.

• Toxicidad del cianuro: para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro (mg/l) son letales para especies acuáticas sensibles. Concentraciones subletales también afectan los sistemas reproductivos, tanto de los animales como de las plantas.

• Contribución al cambio climático: Uno de los efectos es la contribución al cambio climático, porque se trata de una actividad industrial que requiere una gran cantidad de energía para su ejecución, proveniente en general de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas o diésel), cuyas emisiones son responsables del cambio climático.

Aunque para la minería a cielo abierto de oro y plata en nuestro país existe una norma oficial mexicana (NOM-155-Semarnat-2007, Que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata), la minería de otros minerales no entra en la misma. Además, ya sea minería de los metales que abarca la norma o de otros y aunque las empresas dedicadas a esta actividad aseguran que dan tratamiento a las aguas que contaminan y que sus procesos los llevan a cabo con todo cuidado para con el medio ambiente, en la realidad los tratamientos de remediación son insuficientes y, sobretodo, no es posible manejar operaciones industriales de tal envergadura que sean del todo seguras para el ambiente, es más, la probabilidad de un “accidente” ambiental es tan alta y los daños son de tal magnitud que en algunas partes del mundo este tipo de minería está ya prohibida.

Como muestra de casos en donde estos “accidentes” han causado un daño ambiental irreparable se pueden mencionar los siguientes:

• En mayo de 1989, 92 mil galones de solución de cianuro de sodio se filtraron de una unidad de lixiviación en la mina Carson Hill en California. Según la demanda número 89-511 de la Dirección de Control de la Calidad del Agua de la Región del Valle Central de California (Central Valley Region Water Quality Control Board, California), una gran parte de esta solución (con una concentración de 200 mg/l de cianuro) entró en el embalse cercano de New Melones, cuya agua se usa para consumo municipal, la agricultura y la recreación.

•En 1984, en el Proyecto Cameron de la Newport Minerals Inc. en Colorado, según cálculos aproximados, se filtraron 200 mil galones de aguas pluviales y solución estéril (sin oro) de cianuro de un embalse de almacenamiento, a través de un dique de protección, hasta llegar al riachuelo Grassy. Mediciones de la solución que quedó entre el embalse de almacenamiento y el dique de protección, realizadas posteriormente, pusieron de manifiesto que la solución contenía 1,9 mg/litro de cianuro.

•Según los funcionarios del Departamento de Tierras Estatales de Montana (Montana Department of State Lands), tres de las cinco operaciones activas que utilizan el proceso de extracción por lixiviación con cianuro, y que están registradas en dicho Departamento, registraron en 1989 violaciones recientes a las normas de calidad del agua por sus descargas ilegales de solución de cianuro.

•De las 8 operaciones de minería a cielo abierto registradas en 1992 con el Departamento de Recursos Naturales de Utah, 7 tienen forros con agujeros o embalses que pueden presentar problemas de contaminación del agua freática. Desde 1986, la Mina de Oro de Carson Hill, manejada por la Western Mining Corporation en California, ha tenido escapes de cianuro tanto en sus embalses de almacenamiento de solución “estéril” (sin oro) como en una de sus unidades de lixiviación, según la Dirección para el Control de la Calidad de Agua.

•Según el organismo regulador del estado de Dakota del Sur, dos de las cuatro minas de oro que utilizan la extracción por lixiviación han experimentado escapes de cianuro. La Brohm Mining Corporation de Dakota del Sur ha tenido seis infracciones por violaciones en cuatro años, tres de las cuales fueron por escapes de cianuro de una plataforma de lixiviación. En cierta época, 6,800 galones de solución de cianuro escaparon cada día por el forro principal de una plataforma de 14 acres (5.66 has). Más recientemente, en junio de 1991, Brohm violó cuatro condiciones de permiso que tienen que ver con escapes de cianuro. Una investigación realizada por el Estado dio a conocer que el cianuro que escapó de la instalación se encontraba en cuerpos superficiales y subterráneos de agua.

•Es de notarse que los casos mencionados se dan en un país donde las autoridades ambientales tienen mayor capacidad para verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad industrial, que la que tenemos en México, y si estos “accidentes” se dan donde existe la inspección y vigilancia por parte de la autoridad, qué podemos esperar en México, donde nuestra Profepa trabaja con restricciones de todo tipo, sobre todo presupuestarias y de personal.

•De hecho, en México ya tenemos un caso similar a los anteriormente descritos, protagonizado por la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, ubicada en el municipio de Cananea, Sonora, misma que el día 6 de agosto de 2014 derramara 40,000 m3 de sulfato de cobre (CuSO4 ) acidulado, en el Arroyo Tinajas. Este incidente, se debió a la falla en el amarre de un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, todo esto imputable a la empresa, contaminándose los siguientes cuerpos de agua:

– Arroyo Tinajas (17.6 km);

– Río Bacanuchi (64 km);

– Río Sonora (190 km);

– Presa El Molinito (15.4 millones de metros cúbicos).

Pese a ser el incidente ambiental de origen antropogénico más serio en la historia de México, la empresa notificó del incidente a la autoridad federal por medio de una llamada telefónica hasta el día 8 de agosto y de manera formal hasta el 12 de agosto.

Por lo expuesto podemos concluir sin temor a equivocarnos que no existe una actividad extractiva que sea más nociva para el medio ambiente que la minería a cielo abierto. Simplemente, por definición, esta actividad no puede ser sustentable, ya que encuentra su razón de ser en la extracción de un recurso natural hasta agotarlo.

En otro orden de ideas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) contempla la creación de las áreas naturales protegidas (ANP), como aquellas zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas (1º párrafo del Artículo 44 de la LGEEPA).

La misma ley en su Artículo 45 señala los objetivos que se siguen por medio de la creación de las ANP, mismos que a continuación transcribimos:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial;

III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos;

IV.Proporcionar un campo propicio para la i nvestigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

V.Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidaddel territorio nacional;

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

De acuerdo a los objetivos que la Ley establece para las ANP y lo que para el medio ambiente representa la minería a cielo abierto, la pregunta es cómo puede ser compatible la minería a cielo abierto con tales objetivos.

En cuanto a lo señalado en las fracciones I a III, Preservar los ambientes naturales; salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, es obvio que una actividad que devasta el ecosistema entero en un área de varias hectáreas, que cambia radicalmente el paisaje en el área, que deja una cantidad exorbitante de residuos altamente contaminantes y que tiene por objetivo extraer un mineral hasta agotarlo, no puede ser compatible con estos objetivos.

Del objetivo marcado en la fracción IV, i nvestigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; a menos que lo que queramos estudiar sea el qué sucede cuando destruimos por completo un ecosistema y dejamos inservible para la vida el sitio que ocupó, no vemos cómo la minería a cielo abierto puede compaginarse con este objetivo.

De los objetivos VI y VII, proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas; y proteger los entornos naturales,vemos que la minería a cielo abierto lejos de proteger algo de lo anterior, en muchos sitios ha sido el motivo para su destrucción, simplemente, la contaminación del agua y los mantos freáticos son tan frecuentes que la agricultura aún en zonas muy alejadas del desarrollo minero se han visto seriamente afectadas.

En el mismo sentido, en su Artículo 47 Bis la LGEEPA, esta señala cuáles pueden ser las zonas y subzonas en las que se dividirá el área que ocupa un ANP y a grandes rasgos los criterios y las distintas actividades que según sea la zona y subzona son factibles de llevarse a cabo. Así vemos que en la zona núcleo de una ANP “ se podrán autorizar las actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación y de colecta científica, educación ambiental, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas. ...” y esta zona núcleo a su vez, según sea el caso, se podrá dividir en dos subzonas, una de ellas la de protección, la otra es llamada de uso restringido.

En la subzona de protección sólo se permite realizar actividades de monitoreo del ambiente, de investigación científica que no implique la extracción o el traslado de especímenes, ni la modificación del hábitat. En cuanto a la subzona de uso restringido, sólo se permitirán las actividades de investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones de las características o condiciones naturales originales, y la construcción de instalaciones de apoyo, exclusivamente para la investigación científica o el monitoreo del ambiente. Entonces es más que claro que la minería a cielo abierto no califica como una actividad que se pueda llevar a cabo en la zona núcleo.

Tomando en cuenta que en las ANP suelen existir asentamientos humanos que tienen décadas y a veces siglos de ocupar los sitios destinados para dichas ANP´s, y que dichas comunidades humanas efectúan actividades económicas y posiblemente requieren incorporar otras para su desarrollo sustentable, es que dentro de un ANP puede haber una zona de amortiguamiento, con sus respectivas subzonas.

A decir de la fracción II del ya mencionado Artículo 47 Bis de la LGEEPA, las zonas de amortiguamiento, tendrán como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar conformadas básicamente por las subzonas de preservación; de uso tradicional; de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas; de aprovechamiento especial; de uso público; de asentamientos humanos y de recuperación.

Para cada una de estas subzonas, la LGEEPA establece los lineamientos generales de las actividades productivas que en las mismas pueden ser desarrolladas. Así, vemos que para la subzona de preservación sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales originales. Para la de uso tradicionalsólo se podrán realizar actividades de investigación científica, educación ambiental y de turismo de bajo impacto ambiental, así como la infraestructura de apoyo que se requiera, utilizando ecotecnias y materiales tradicionales de construcción propios de la región, aprovechamiento de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades económicas básicas y de autoconsumo de los pobladores.

En la subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturalesse permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables, la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto ambiental. En la de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas se podrán realizar actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de agroforestería y silvopastoriles.

En la subzona de aprovechamiento especial sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que generen beneficios públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales.

Como se expresó anteriormente, la minería a cielo abierto implica modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales originales del sitio en que se desarrolla, entonces no califica para desarrollarse en la subzona de preservación. No tiene como finalidad satisfacer las necesidades económicas básicas y de autoconsumo de los pobladores de la misma ANP´s, sino que tiene la finalidad de generar grandes ganancias económicas para unos cuantos inversionistas, en muchos casos extranjeros, por lo mismo no califica para la subzona de uso tradicional.

De igual manera, por la naturaleza de esta minería, no califica para poderse desarrollar en las subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturalesni en la de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. De hecho en la única subzona que se podrían dar argumentos para justificar las operaciones de minería a cielo abierto es para la subzona de aprovechamiento especial, pero estos argumentos serían a todas luces tendenciosos, ya que recordemos que en esta subzona las actividades extractivas tienen que ser en armonía con el paisaje, no deben de provocar desequilibrio ecológico grave y deben de estar sujetos a estrictas regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales. .

La minería a cielo abierto provoca graves desequilibrios ecológicos, es más, destruye por completo el ecosistema y por definición no puede ser sustentable. Entonces es claro que no califica ni siquiera para ser desarrollada en la subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Otras subzonas como las de uso público, de asentamientos humanos y de recuperación tienen finalidades y permiten aprovechamientos en los que no tienen cabida la minería a cielo abierto. De tal forma que esta actividad económica es totalmente incompatible con las áreas naturales protegidas, en cualquiera de sus zonas y subzonas.

Pese a todas las evidencias que señalan la insustentabilidad y el daño al ambiente que provoca la minería a cielo abierto, se siguen otorgando concesiones para que empresas mexicanas y extranjeras puedan realizarla dentro de las Áreas Naturales Protegidas, lo cual desvirtúa la razón de ser estas áreas y compromete su conservación.

Según datos del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, edición 2014, editado por la Secretaría de Economía, se tienen registradas un total de 26,002 concesiones mineras, que amparan una superficie de poco menos de 30 millones de hectáreas, lo que representa alrededor del 15% de la extensión del territorio nacional.

Pero, la Comisión para el Dialogo con los Pueblos Indígenas, órgano de la Secretaría de Gobernación, sostiene que al año 2012, ya se habían otorgado 43 mil 68 concesiones mineras, mismas que en conjunto amparan la posibilidad de desarrollar esta actividad en un área equivalente 95 millones 765 mil 800 hectáreas, equivalentes al 49% del territorio nacional.

Los objetivos de una declaratoria de área natural protegida es contraria a la minería a cielo abierto, por ello, la presente iniciativa tiene como propósito que vida, agua y medio ambiente no sean negociables.

Si no se cumplen los objetivos que señala la LGEEPA, qué alternativas tenemos al respecto, para el caso que nos ocupa simplemente por ser totalmente incompatible la minería a cielo abierto con la creación de un área natural, es el prohibirlas en estas zonas tan importantes para el país.

Por áreas naturales protegidas que puedan disfrutar y utilizar las generaciones futuras. No a la minería a cielo abierto en estas áreas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativacon proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se adicionaun último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 46. ...

I. a XI. ...

...

...

...

...

...

En las áreas naturales protegidas queda prohibido realizar obras y actividades de explotación minera a cielo abierto o de tajo abierto. Las obras y actividades de explotación minera distintas de las anteriores que se pretendan realizar en áreas naturales protegidas de competencia federal, deberán sujetarse a la evaluación del impacto ambiental prevista en esta Ley y a las demás disposiciones jurídicas que les resulten aplicables.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Nota:

1 Secretaría de Gobernación, Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. “Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá”, Noviembre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputadas: María Chávez García,Cecilia Guadalupe Soto González (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chávez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con respeto. Aun cuando la historia de nuestro país muestra que las mujeres hemos tenido una presencia fundamental en los movimientos políticos y sociales, nuestra participación en las tareas de gobierno y toma de decisiones aún sigue siendo limitada, incluyendo los tres Poderes de la Unión.

En el Poder Legislativo federal, desde 1959, cuando las mujeres logramos el reconocimiento de nuestro derecho al voto y partir de reformas legislativas y sentencias recientes, es hasta esta legislatura que las mujeres representamos el 42.4 por ciento del total de las curules en esta Cámara de Diputados, el máximo en su historia.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que, a pesar de los avances que hemos logrado en el Poder Legislativo federal, aún falta mucho por hacer para generar mayor participación de las mujeres en los órganos de toma de decisión del Poder Ejecutivo y Judicial, así como en los diferentes ámbitos de competencia.

Históricamente la presencia de las mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido limitada dentro de los puestos de mando, es decir, para ocupar puestos de ministras, magistradas y juezas.

El panorama actual respecto a la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación nos compromete a seguir marcando precedentes que impulsen nuestra participación, atendiendo así a nuestra propia legislación y recomendaciones internacionales que mandatan en la labor del Estado a través de sus distintos poderes desempeñar un papel central en la generación de cambios en las relaciones de dominación y subordinación de género, impulsando relaciones de igualdad a partir de programas, planes, políticas, legislación y jurisprudencia.

Para bien de nosotros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya establece el principio de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, este principio nos compromete a seguir incorporando en la vida diaria las acciones necesarias que permitan reflejar esta igualdad jurídica en una igualdad sustantiva.

Si bien es cierto que para avanzar en el logro de la paridad en los otros dos Poderes de la Unión se requieren mecanismos específicos por la propia naturaleza jurídica que ello implica, desde lo que a nosotras corresponde, es necesario incorporar lineamientos específicos en dichos procesos que favorezcan la reducción de las brechas de desigualdad que aún persisten.

La propuesta que hoy pongo a su consideración promueve la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación, encabezado en nuestro país por el máximo tribunal constitucional.

En próximos días se iniciará la discusión para relevar a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y el ministro Juan Silva Meza, ministros que concluyen su encomienda. Por las reiteradas manifestaciones a favor de la igualdad, estamos seguros que en este proceso de elección el presidente Enrique Peña Nieto incorporará este principio, no obstante es necesario plasmarlo y no dejarlo más a la interpretación.

Compañeras y compañeros legisladores, favorecer la participación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos ámbitos y Poderes de la Unión mejora la calidad de nuestra democracia, por ello es necesario recurrir a medidas afirmativas y atrevernos a pensar que en un futuro sean innecesarias y seamos incluidas de manera natural y cotidiana en la participación de cualquiera de las esferas de la vida de nuestro país.

Específicamente esta iniciativa propone con la modificación al artículo 96 constitucional, incorporar que en el proceso de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someta al Senado una terna que incluya representación de ambos géneros. Por su apoyo y atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77, 78 y 82, numeral 2, fracción 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente

Planteamiento del problema

Aun cuando la historia de nuestro país muestra que las mujeres han tenido una presencia fundamental en los movimientos políticos y sociales, su participación en las tareas de gobierno y toma de decisiones ha sido limitada incluyendo los tres poderes de la unión. En el Poder Legislativo federal, desde 1959, cuando las mujeres lograron el derecho al voto y a partir de reformas legislativas, es hasta esta LXIII Legislatura, cuando la representación política de las mujeres alcanza el 42.4 por ciento del total de curules en la Cámara de Diputados, el máximo en su historia.

Igual que los otros Poderes de la Unión, la participación de las mujeres en el Poder Judicial ha sido muy reducida; desde sus orígenes en 1814 es hasta 1959 cuando llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cristina Salmorán de Tamayo como la primera ministra, en la historia de nuestra la Suprema Corte han fungido como ministras 8 mujeres y sólo entre 1983 y 1988 las mujeres llegaron a ocupar 19 por ciento de ministros en la historia de nuestro máximo tribunal.

Las participación de las mujeres en el Poder Judicial se ha ido incrementados a cuenta gotas, actualmente, en el Poder Judicial de la Federación de los 11 ministros sólo 2 son mujeres y de los siete consejeros de la Judicatura Federal 2 son mujeres, Del total de los magistrados que componen los tribunales colegiados del país sólo 106 son mujeres, lo que representa el 18.4 por ciento, y de los 76 que componen los Tribunales Unitarios sólo 14 son mujeres. Asimismo, respecto al Tribunal Federal Electoral de los 7 magistrados de la Sala Superior sólo una es mujer.

El panorama actual respectó a la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación nos compromete a seguir marcando precedentes que impulsen la participación de la mujeres, atendiendo así a nuestra propia legislación y recomendaciones internacionales que determinan la labor del Estado a través de sus distintos poderes, para desempeñar un papel central en la generación de cambios en las relaciones de dominación y subordinación de género, impulsando relaciones de igualdad a partir de programas, planes, políticas, legislación y jurisprudencia que fomente una nueva forma de distribución del poder en las instituciones.

Por ello es necesario que con una profunda convicción democrática continuemos la lucha por los derechos de todas mujeres y su empoderamiento, sin los cuales no podemos alcanzar nuestras metas de desarrollo, trabajar en este convencimiento para mujeres y hombres actúen como protagonistas de esta causa, con voluntad, conciencia y acciones conducentes decir ya basta de la desigualdad y de la negación de la ciudadanía plena.

Argumentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, Este principio nos compromete a seguir incorporando en la vida diaria las acciones necesarias que permitan reflejar esta igualdad jurídica en una igualdad sustantiva, así como a proponer esquemas que permita salvar las diferencias de todo tipo, a través del diseño y aplicación de un modelo que logre la efectiva protección de la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.

En cuanto a leyes secundarias, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que tiene el objetivo de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres estableciendo los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos y establecer la obligación del Estado de fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Instrumentos internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 establece que los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Esta convención en el artículo 18, ordena que los Estados parte se comprometen a someter al secretario general de Naciones Unidas, para que lo examine el comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente convención y sobre los progresos realizados para garantizar esta igualdad de condiciones.

Asimismo, los artículos 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas prevén el derecho de todo ciudadano de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

Estos ordenamientos han permitido que en México, la participación política de las mujeres avance hacia la igualdad respecto a los varones, no obstante ya pasada la primera década del siglo XXI, se mira lejos de poder alcanzarla. En cuanto a la representación de las mujeres en el Poder Legislativo federal y locales, las cuotas han representado el instrumento de medidas compensatorias utilizadas para el perfeccionamiento de las disposiciones del sistema electoral y de acción afirmativa más importantes en el proceso para el logro de la paridad.

Si bien es cierto, que avanzar en el logro de la paridad en los otros dos Poderes de la Unión se requieren mecanismos diferentes por la propina naturaleza jurídica, es necesario desde el poder legislativo incorporar lineamientos específicos para ir cerrando las grandes brechas de desigualdad que aún persisten.

La presente propuesta promueve la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación, que está encabezado en nuestro país, por el máximo tribunal constitucional; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solucionar de modo definitivo asuntos judiciales de gran relevancia social, a través de las resoluciones jurisdiccionales que dicta, no existiendo en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de este tribunal, para su funcionamiento se organiza en pleno y en salas. De ahí la importancia de la conformación de este máximo tribunal.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia está integrada por las ministras Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y Margarita Beatriz Luna Ramos, por los ministros Luis María Aguilar Morales (presidente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza y Juan N. Silva Meza.

El próximo 30 de noviembre, concluyen sus encomiendas la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y el Ministro Juan N. Silva Meza, por ello la importancia de colocar en la discusión este tema de suma importancia para la promoción de la participación de las mujeres en este importante órgano constitucional.

Los requisitos para ser ministro incluyen no haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, procurador general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

De igual manera, la Constitución señala que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente, entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad.

En este sentido, y por la propia naturaleza de procedimiento para la elección de las ministras y los ministros, hay argumentos para afirmar que en nuestro país, existe disponibilidad de perfiles de ambos sexos para participar en las temas que propone el presidente para ocupar el cargo de ministro.

De acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de Posgrado 2010-2011 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, actualmente la matrícula de doctorado en derecho en diferentes especialidades por hombres es de 10 mil 579 y por mujeres 8 mil 941, y ya hace varias décadas, se ha registrado gran incremento e incidencia de las mujeres en el estudio del derecho así como en todos los ámbitos de participación, por lo que no hay argumentos válidos en cuanto a los vastos perfiles profesionales y aptitudes de las mujeres en nuestro país respecto a las postulaciones para ocupar el máximo tribunal de nuestro país.

En el afán de avanzar e ir integrando en el marco jurídico acciones y mandatos específicos para el logro de mayor participación de las mujeres en el Poder Judicial, recientemente se aprobaron reformas para que desde el Consejo de la Judicatura Federal se incorpore la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones y su vigilancia para que los órganos a su cargo así lo hagan. Ahora, con esta propuesta damos otro paso para favorecer la participación de las mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La promoción de la participación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos ámbitos mejora la calidad de nuestra democracia por ello es necesario recurrir a medidas afirmativas, y atrevemos a pensar que en un futuro sean innecesarias y seamos incluidas de manera natural y cotidiana en la participación de cualquiera de las esferas de la vida de nuestro país.

Esta iniciativa propone con la modificación al artículo 96 constitucional, la incorporación del criterio de paridad en los géneros en la terna que propone el Presidente para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de promover el aumento de la participación de las mujeres en este órgano constitucional, y se evite la sobre representación de un género, como históricamente se ha llevado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así también, en cumplimiento a nuestros reiterados compromisos a favor de lograr la igualdad sustantiva, recientemente el adquirido por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agenda del Desarrollo Sostenible y alcanzar la Igualdad para el 2030.

Por lo anterior, y consciente de la importancia de seguir incorporando mecanismos para la evolución de nuestra democracia, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna que incluya representación de ambos géneros, a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 En 1975 es nombrada la segunda mujer ministra, la licenciada Livier Ayala Manzo, quien ocupa el cargo tan sólo por un año.

1976, Doña Gloria león Orantes es designada ministra del alto tribunal del país, y ocupa el cargo hasta 1984.

Entre 1983 y 1988 son nombradas las ministras Fausta Moreno Flores, Martha Chávez Padrón, Victoria Adato Green, Irma Cué Sarquís y Clementina Gil de Lester, quienes de manera conjunta, por única vez en la historia de nuestro máximo tribunal, llegaron a ocupar 20 por ciento del total de ministros.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2015.— Diputadas: Angélica Reyes Ávila, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO MILITAR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Ley del Servicio Militar.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, legisladores, la desvalorización femenina está profundamente arraigada en creencias sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, que se traducen en deberes que ellas deben de cumplir por naturaleza en la familia y en la sociedad.

Por muchos años se ha considerado que la mujer tiene capacidades diferentes respecto al varón y se les ha destinado y educado para que sólo realicen labores o funciones propias de su sexo. Sin embargo, cuáles son las labores o funciones propias del sexo femenino. Pensar que por ser mujer no pueden o deben realizar alguna labor, función o una instrucción es menoscabar la integridad del género femenino.

De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional la educación militar es un proceso educativo que presta especial atención y fortalecimiento de los valores y virtudes humanas y militares, con la finalidad de desarrollar hombres y mujeres autodisciplinados, con deseos de superación y con un firme proyecto de vida, que tenga un alta estima del cuidado de la salud, el fortalecimiento de sus habilidades, capacidades físicas y mentales, así como una dedicada y decidida inclinación al estudio y a la superación personal.

Como bien sabemos, tanto la escuela como la familia constituyen un eje indispensable para la incorporación de la perspectiva de género en los planteles escolares con formación militar, ya que es ahí donde a través de los textos se producen prácticas sexistas de invisibilidad hacia las mujeres y las sitúan en una posición inferior a la del hombre de subordinación.

Dentro del artículo 2 de la Ley del Servicio Militar Nacional, establece que los establecimientos educativos de la federación, los del Distrito Federal y territorios federales, los particulares incorporados y los de los estados, cuando estén sujetos al régimen de la coordinación federal impartirán instrucción militar conforme a los reglamentos y disposiciones, que coordinados con la Secretaría de Educación Pública expida la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tendrá a su cargo este servicio y designará a los instructores.

Y dice: En todo caso se cuidará que la instrucción de este tipo que se imparta a las niñas tienda a ser capacitarlas para las labores propias de su sexo y conexas con el Servicio Militar.

Limitar y menoscabar las capacidades de las mujeres resulta discriminatorio. Debemos impulsar la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito militar, pues es una obligación que debe ser acatada para prevenir y eliminar la discriminación, estar en concordancia con los instrumentos internacionales y de esta manera lograr la igualdad y equidad de género.

En Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción de que la educación escolar resulta de gran importancia con la formación, ya que la escuela actúa como agente de socialización y tiene el encargo de transmitir saberes, formar valores y establecer normas de comportamiento, por lo que debe proyectarse hacia modelos no sexistas y más democráticos, de manera que las presentes generaciones estén capacitadas para enfrentar los retos de esta sociedad en condiciones de equidad.

Por lo que pongo a su consideración, diputados y diputadas, la eliminación del texto en el que se pide que la instrucción que se imparta en las escuelas de formación militar a las niñas tienda capacitarlas para labores propias de su sexo y conexas en el Servicio Militar. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o., párrafo primero, de la Ley del Servicio Miliar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las mujeres viven distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades. Ésta se basa en la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional.

La desvalorización femenina está profundamente arraigada en creencias sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, que se traducen en “deberes” que ellas deben cumplir “por naturaleza” en la familia y en la sociedad.

Por muchos años, se ha considerado que la mujer tiene capacidades diferentes respecto al varón y se les ha destinado y educado para que solo realicen labores o funciones propias de su sexo. Sin embargo, hablar de labores propias de su sexo es discriminatorio, pensar que por ser mujer no puede o debe realizar alguna labor o una instrucción militar es menoscabar la integridad del género femenino.

El país debe combatir con actitudes ejemplares la discriminación hacia las mujeres, para que tengan condiciones de desarrollo, salud y capacidad para competir en términos de igualdad; y esto solo se puede lograr si se inculca desde el inicio de la formación académica, la cual debe ir a la par de la educación que recibe en la familia.

La educación escolar resulta de gran importancia en la formación, ya que la escuela actúa como agente de socialización y tiene el encargo de trasmitir saberes, formar valores y establecer normas de comportamiento, por lo que debe proyectarse hacia modelos no sexistas y más democráticos, de manera que las presentes generaciones estén capacitadas para enfrentar los retos de esta sociedad en condiciones de equidad.

Tanto la escuela como la familia constituyen un eje indispensable para la incorporación de la perspectiva de género en los planteles escolares con formación militar, ya que es ahí donde a través de los textos, se producen prácticas sexistas de invisibilidad hacia las mujeres y las sitúan en una posición inferior a la del hombre, de subordinación.

Esto quedó en evidencia durante el Seminario Internacional “El papel de las mujeres como actores en las Fuerzas Armadas en América del Norte, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, en el que los datos arrojaron que figuraban 14 mil 150 mujeres hasta diciembre de 2013, con jerarquías de soldados, clases, oficiales y jefes generales, equivalente al 7 por ciento del total de efectivos; y en la Marina hay 8 mil 900 mujeres, 16 por ciento del personal; sin embargo en estas cifras es de llamar la atención que de todas ellas sólo tres son generales, 14 coroneles y 530 ostentan el grado de mayor.

Al exponer a las mujeres a que la educación que reciban dentro de los establecimientos educativos de la federación, ya sean públicos o privados que impartan instrucción militar sea enfocada para “capacitarlas para realizar labores propias de su sexo”, se están limitando sus capacidades y al mismo tiempo se les está discriminando, solo por ser mujeres.

Impulsar la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito militar, es una obligación que debe ser acatada para prevenir y eliminar la discriminación y estar en concordancia con los instrumentos internacionales y de esta manera lograr una igualdad de género.

Por lo que propongo cambiar el primer párrafo del artículo segundo de la Ley del Servicio Militar, como a continuación se indica:

Considerandos

En el 2008 la Sedena firmó un convenio de colaboración con la UNAM para desarrollar el “Programa de Formación y Capacitación en Perspectiva de Género”, con el fin de formar, sensibilizar y capacitar a 100 elementos de la Secretaría y para la incorporar la perspectiva de género en esta institución federal.

El 3 de diciembre de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica los artículos 7, primer párrafo y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuyo objetivo es incorporar el principio de igualdad de oportunidades a la enseñanza castrense.

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley del Servicio Militar

Único. Se reforma el artículo 2o., primer párrafo de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue:

Artículo 2o.Los establecimientos educativos de la federación, los del Distrito Federal y territorios federales, los particulares incorporados u los de los Estados cuando estén sujetos al régimen de la coordinación federal, impartirán instrucción militar conforme a los reglamentos y disposiciones que, coordinados con la Secretaría de Educación Pública, expida la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tendrá a su cargo este servicio y designará a los instructores .

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca para que implemente las medidas precautorias recientemente emitidas por la CNDH, y procure la creación de instancias que faciliten la mediación y el diálogo.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca para que implemente las medidas precautorias recientemente emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y procure la creación de instancias que faciliten la mediación y el diálogo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente una campaña médica para prevenir, diagnosticar oportunamente y atender los casos de insuficiencia renal crónica presentados en la zona oriente del estado de Michoacán.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice los diagnósticos correspondientes sobre las causas que han originado los diversos casos de insuficiencia renal crónica (IRC) presentados en la zona oriente del estado de Michoacán, e implemente una campaña médica para prevenir, diagnosticar oportunamente y atender este padecimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL “MARTY”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de zona de desastre afectados por la tormenta tropical Marty.

Es una proposición con punto de acuerdo de carácter de urgente u obvia resolución.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Honorable asamblea, amigas y amigos diputados, señor presidente, buenas tardes. Los fenómenos naturales se presentan cada año de diferentes formas, algunos impactan en las comunidades en mayor medida que otros, pero todos afectan a miles de personas.

En los últimos años se ha hecho patente la fuerza de la naturaleza y México no ha sido la excepción. Queda claro que todos hemos pagado un precio muy alto por los desastres naturales, pero no tanto como se ha cobrado a las personas que viven en las zonas de alto riesgo.

Hoy en día nos encontramos ante los remanentes de la tormenta tropical Marty, de mi querido estado de Sonora, que ha dejado un saldo preliminar de 35 mil damnificados y severos daños en la infraestructura de Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme. Además de que existe un riesgo latente para la ciudadanía por los niveles alcanzados en las presas del estado, al llegar a más de 100 mililitros de lluvia.

De los 35 mil damnificados, 9 mil 381 corresponden a Gaymas, mil 238 corresponden a Bácum, 5 mil 279 a Cajeme, 2 mil 397 a Empalme, 4 mil 492 a Etchojoa, 4 mil a Huatabampo, 5 mil 482 a Navojoa, mil 641 a Benito Juárez y mil 90 a San Ignacio Río Muerto.

Esto ha provocado que el gobierno del estado, en conjunto con el gobierno federal dictaminara la declaratoria de emergencia en Sonora, para los municipios de Cajeme, Empalme y Guaymas.

Sin embargo, cabe señalar que existe una diferencia entre la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre. Ya que la primera dirige la atención de la vida y la salud de la población, mientras que la segunda tiene por objeto proporcionar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos de las viviendas e infraestructura pública.

Dentro de los múltiples daños de infraestructura están los municipios afectando viviendas y vehículos, así como la pérdida de animales y sembradíos, siendo estos de gran impacto negativo en la economía de la entidad, pues como bien es sabido, Sonora es un estado agricultor.

Por si esto fuera poco, se suma a la alarmante declaración de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en la cual dio a conocer el trabajo de desfogue de dos presas que reportan un 103 por ciento de su capacidad, poniendo en riesgo a los habitantes más cercanos de los ríos, como es el caso del municipio de Navojoa.

Yo como sonorense, y con el respaldo de los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano, externamos nuestra preocupación por la situación que están pasando nuestros hermanos de Sonora y de las futuras repercusiones que habrá si continúan las lluvias.

Por lo que solicitamos el carácter de urgente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación para que en la Declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurridos los días 3 y 4 de octubre de 2015, en los municipios de Cajeme, Empalme y Guaymas del estado de Sonora, se considere la inclusión de los municipios de Bacum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, igualmente damnificados por este fenómeno natural. Por su comprensión y atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de zona de desastre para diversos municipios de Sonora afectados por la tormenta tropical Marty, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a emitir la declaratoria de zona de desastre para Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme, Sonora, damnificados por la tormenta tropical Marty, con base en las siguientes

Consideraciones

Los fenómenos naturales se presentan cada año de diferentes formas, algunos impactan en las comunidades en mayor medida que otros, pero todos afectan a miles de personas.

En los últimos años se ha hecho patente la fuerza de la naturaleza, y México no ha sido la excepción.

Queda claro que todos hemos pagado un precio muy alto por los desastres naturales, pero no tanto como se ha cobrado a las personas que viven en zonas de alto riesgo.

Nos encontramos ante los remanentes de la tormenta tropical Marty, que ha dejado un saldo preliminar de 35 mil damnificados y graves daños en la infraestructura de Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme. Además, hay un riesgo latente para la ciudadanía por los niveles alcanzados en las presas del estado, al llegar a los más de 100 milímetros de lluvia.

De los damnificados, 9 mil 381 son de Guaymas, mil 238 de Bácum, 5 mil 279 de Cajeme, 2 mil 397 de Empalme, 4 mil 492 de Etchojoa, 4 mil de Huatabampo, 5 mil 482 de Navojoa, mil 641 de Benito Juárez y mil 90 de San Ignacio Río Muerto.

Esto ha provocado que gobierno del estado dictaminara con el federal la declaratoria de emergencia para Cajeme, Empalme y Guaymas.

Sin embargo, hay una diferencia entre la declaratoria de emergencia y la de desastre, pues la primera está dirigida a la atención de la vida y la salud de la población, mientras que la segunda tiene por objeto proporcionar recursos para reconstruir los daños sufridos en las viviendas y la infraestructura pública.

Por ello, ante los múltiples daños a la infraestructura de estos municipios, entre los que destacan afectaciones de viviendas y vehículos, y la pérdida de animales y sembradíos, siendo éstos de gran impacto negativo en la economía de la entidad, pues como bien se sabe Sonora es un estado agricultor.

Por si esto fuera poco, se suma la alarmante declaración de la Comisión Nacional del Agua, por medio de la cualdio a conocer que el trabajo de desfogue de dos presas que se reportan con 103 por ciento de su capacidad, poniendo en riesgo a los habitantes cercanos de los ríos, como es el caso de Navojoa.

Por ello, los diputados ciudadanos expresamos nuestra preocupación por la situación que están pasando nuestros hermanos de Sonora y de las futuras repercusiones que habrá en el estado si continúan las lluvias, por lo que solicitamos de carácter de urgente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de desastre para Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme, damnificados por la tormenta tropical Marty en Sonora.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Garzón.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, perdón. Diputada me habían comunicado a la Mesa que no había oradores u oradoras, y me están manifestando que sí los hay, entonces vamos a dar el procedimiento correspondiente. Muchas gracias, disculpe.

Entonces habiendo oradores, en consecuencia tiene la palabra, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Recientemente, como escuchábamos, el estado de Sonora se vio afectado por una devastadora tormenta tropical. Quienes vivimos en estados que están expuestos a eso lo entendemos y nos solidarizamos. Colima, estado del cual yo provengo, no es la excepción.

En Nueva Alianza queremos manifestar a la población afectada que nos solidarizamos con ellos y nos sumamos a esta proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre para los municipios de Cajeme, Guaymas, Bacum, Hechoja, Huatambo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme, que fueron dañados por la tormenta tropical Marty.

Para Nueva Alianza la seguridad y la protección de la población en caso de desastres naturales son prioritarias. Es por ello que reconocemos la labor tanto del gobierno del estado como del gobierno federal al reaccionar como lo hicieron, emitiendo la declaratoria de emergencia en dichos municipios.

Sin embargo los daños que han sufrido estas comunidades son más duraderos que la tormenta. Según las estimaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil, hay aproximadamente 35 mil personas afectadas por las lluvias, así como 800 viviendas dañadas por el mismo motivo.

La protección al medio ambiente y la sustentabilidad son temas fundamentales para Nueva Alianza y están a la par de la educación para la prevención de los desastres y la protección civil.

Para nuestro grupo parlamentario es fundamental que se garantice no solo la seguridad de los habitantes ante estas situaciones de emergencia, sino que se actúe decididamente para que los sonorenses salgan de esta circunstancia lo más pronto posible. Hoy por Sonora. Mañana por todo el país.

No basta con una evaluación de los daños, es imperativo que se emita esa declaratoria de desastre para proporcionar los recursos necesarios para la reconstrucción y reparación de las viviendas, así como de la infraestructura pública perjudicada.

Somos la bancada de la igualdad. Circunstancias como las que vive actualmente el estado de Sonora requieren que con ese criterio se asignen los recursos para el establecimiento de las condiciones de vida digna de la población afectada.

Hagamos algo al respecto y creo que con la conciencia y el buen manejo político que todos tenemos aquí, se logrará. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pinto. Tiene ahora la palabra la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su venia, señor presidente; buenas tardes, diputadas y diputados. Yo como bajacaliforniana y con el respeto de las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano, extremamos nuestra preocupación por la situación que están pasando nuestros hermanos en el estado de Sonora, y de las futuras repercusiones que habrá si continúan las lluvias, por lo que solicitamos de carácter urgente se resuelva esto. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Tiene ahora la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez:Con su venia, señor presidente; compañeros diputados y pueblo de México. El día de hoy aparece en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia por la presencia de lluvias severas los días 3 y 4 de octubre del presente año en los municipios de Cajeme, Empalme y Guaymas.

Enhorabuena, ya se habían tardado 10 días para atender un desastre natural. Si hubiese sido una emergencia de otro tipo, probablemente no hubieran rescatado a nadie; pero nuevamente digo qué bueno que ya existe esta declaratoria.

Pero qué malo que se les olvidó que se había solicitado que esta declaratoria fuera emitida también para los municipios de Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y Bácum.

Los que igualmente resultaron damnificados con severos daños para la población y la infraestructura por los efectos adversos de la tormenta tropical Martí, en el estado de Sonora.

Esto es notorio a simple vista, nadie puede dudarlo o estar en desacuerdo con ello, pero la bendita burocracia no consideró que los daños fueran suficientes para también emitir una declaratoria de emergencia.

En esos municipios, como si la población afectada no existiera o no contara. ¿Qué criterios utiliza? Por qué a unos sí o por qué a otros no, compañeros. Resulta paradójico e incluso incomprensible que sea necesario emitir una declaratoria de desastres naturales para efecto de cumplir con las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, y que la autoridad federal necesite de mecanismos burocráticos lentos e impersonales, en lugar de formas ágiles e inmediatas de respuesta para atender demandas imprescindibles como es el techo, la ropa, el trabajo, comida o educación.

Esto sólo puede explicarse de una manera, control político, compañeros. Control político e incluso en medio de la adversidad y el desastre del estado de necesidad y la tragedia humana, control político que equivale a miedo a que la gente se auto organice, que exija sus derechos y la acción de las autoridades, primero para prevenir y luego para reaccionar ante las inclemencias de la naturaleza, miedo a que el producto de la organización y la exigencia de derechos resulten organizaciones vigorosas, una sociedad articulada en movimientos como demandas concretas, como vivienda, salud, educación y otros servicios. Tal y como sucedió después de los terremotos en la ciudad de México del año 85, con el despertar de una sociedad que se organiza.

El Fonden, mejor conocido como Fondo de Desastres Naturales, tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas y que es un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales, compañeros.

Al menos en teoría es para lo que fue creado. Todos estamos a merced de las contingencias ambientales. Si bien este fondo es necesario, puesto que como se ha demostrado año con año a lo largo y ancho del territorio nacional, suceden desastres naturales originados por distintas causas que pueden afectar desde municipios costeros, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, hasta la sierra de San Luis Potosí o el norte del país, como Nuevo León o el estado de Tamaulipas.

También necesitamos avanzar en materia de prevención de desastres, sabedores de que año con año tenemos daños y catástrofes naturales por heladas, sequías, exceso de lluvia, granizadas e incluso movimientos telúricos, resulta contrario a toda razón e incluso disfuncional que no pongamos énfasis en los mecanismos preventivos y solo nos limitemos en reparar a una ínfima parte de los efectos negativos del clima o de la naturaleza embravecida.

Termino, compañeros. El Fonden debe cambiar sus reglas de cooperación y hacerse un mecanismo ágil, oportuno, de una adecuada compensación y no en el reparto de migajas como forma de control político.

El Grupo Parlamentario de Morena se solidariza con las miles de familias afectadas por los severos daños en la infraestructura en municipios de Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme, sobre todo por la pérdida de vidas humanas y el daño al patrimonio de los más de 9 mil 381 damnificados en Guaymas, los mil 240 en Bácum, los 5 mil 280 en Cajeme, los más de 2 mil 400 de Empalme, los 4 mil 500 de Etchojoa y los más de 4 mil en Huatabampo, así como también los 5 mil 500 en Navojoa, los mil 640 de Benito Juárez y las mil 100 personas que de una u otra manera resultaron afectadas en San Ignacio Río Muerto.

Para todo ellos nuestro más sincero apoyo y sobre todo nuestro compromiso para legislar en materia de protección civil a nivel federal, para que estas tragedias humanas sean reducidas al mínimo posible, prohibir la formación de asentamientos humanos en los lechos, causes, ríos y zonas expuestas, variaciones, terrenos y de más zonas que puedan hacer daño a la población.

El complimiento de estas disposiciones evitarán que en el futuro se repitan hechos trágicos y lamentables para el hombre, y al mismo tiempo permite mitigar los efectos que los fenómenos atmosféricos puedan tener sobre las poblaciones.

Los desastres naturales son impredecibles, sin embargo la negligencia humana no lo es. Por ello, Morena votará a favor de aprobar este punto de acuerdo, y que se incluyan los municipios antes mencionados como zona de desastre. Muchas gracias, compañeros. Les deseo una excelente tarde.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cañedo. Tiene ahora la palabra hasta por tres minutos, la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso:Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados, en los últimos años hemos sido testigos de eventos climáticos que nos permiten hacer conciencia respecto a lo vulnerable que nos encontramos como sociedad. Los desastres naturales cada vez son más frecuentes y si bien no podemos evitarlos, sí podemos ejecutar acciones que abonen a la disminución de los factores de riesgo y a la prevención para saber cómo actuar ante dichos fenómenos.

Aun con los grandes avances que se han logrado en materia de prevención de desastres, es lamentable que hoy en día sigamos percibiendo la materia ambiental como un tema de menor relevancia. Sin embargo, debemos estar conscientes que es precisamente la intervención negativa del hombre la que ha dañado gravemente a los recursos naturales que lo rodean.

Precisamente hace unos días conmemoramos el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y ocupamos la misma para hacer un atento llamado a las autoridades y en general a la sociedad, para que se sumen a las labores de concientización y participación en favor de protección de nuestro medio ambiente, pues a partir de ello podremos minimizar los efectos negativos de dichos fenómenos naturales.

Hoy precisamente, hacemos referencia a la tormenta tropical Marty, que a poco más de una semana de acontecido dejó a su paso más de 35 mil damnificados en tres municipios costeros de Sonora; Cajeme, Empalme y Guaymas. Dichos damnificados además de verse afectados en su patrimonio, hoy en día se encuentran en peligro inminente de ser contagiados por plagas debido al derrame de aguas negras, lo que los hace susceptibles de contraer enfermedades sanitarias como dengue, chikungunya, cólera y otras enfermedades.

Para su inmediata atención las autoridades locales y federarles han declarado estado de emergencia en dicha zona, ejecutando un programa de rescate que permita garantizar la seguridad personal y la salud de sus habitantes.

No obstante, coincidimos con la solicitud hecha en un punto de acuerdo que hoy se somete a consideración de esta asamblea, pues para su total recuperación resulta indispensable emitir la declaratoria de desastre, pues a partir de ella se podrán proporcionar los recursos para la reconstrucción por los daños sufridos en viviendas y en la infraestructura pública.

Como representante de mi bancada reitero el compromiso de respaldar todas aquellas acciones que tengan como finalidad mejorar la calidad de los mexicanos, más aún por tratarse de una situación de emergencia tan lamentable por la que atraviesan los habitantes del estado de Sonora.

Es por ello que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente punto de acuerdo, pues coincidimos en la necesidad de exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, para que se emita la declaratoria de desastre en los diferentes municipios afectados por la tormenta tropical Marty, en el estado de Sonora.

Ello como vía idónea para garantizar la ejecución de programas que abonen a la inmediata recuperación de las zonas afectadas y la salvaguarda de los miles de damnificados, que hoy más que nunca necesitan de la ayuda de todos. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Arzaluz. Tiene el uso de la voz la diputada Cristina Gaytán, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Compañeras y compañeros diputados, acudimos a esta tribuna para manifestar la posición y el sentido favorable del voto que emitirá el Grupo Parlamentario del PRD, en torno a la muy grande necesidad de contar con una declaratoria de desastre natural, que permita recuperar el funcionamiento de los servicios públicos, la infraestructura básica y atender los daños a los comercios y casas habitación en varios municipios del sur de Sonora, que han sido devastados por las inundaciones y lluvias torrenciales que se han suscitado desde finales de septiembre.

Acompaña nuestro voto un gesto de solidaridad y comprensión con todos los municipios y comunidades del valle del Yaqui, de la zona costera de Guaymas y del sur de Sonora, a todos los habitantes y familias damnificadas que requieren y reclaman la intervención oportuna y eficaz de los distintos órdenes de gobierno y las instancias de representación popular.

A Sonora le llueve sobre mojado. Y sí, porque después de la tragedia asociada al fuego, a la negligencia y la impunidad que significó el incendio de la Guardería ABC, a las más recientes tragedias, todas ellas que han estado asociadas al agua, a su mal manejo, al uso de las políticas públicas hídricas para beneficiar los intereses de los poderosos por encima del interés público y del bien común, como los intereses de la minera México, como los intereses de las empresas constructoras y concesionarias del acueducto Independencia, asociados a los intereses y excesos del ex gobernador Guillermo Padrés.

Hoy día que cientos de habitantes de los municipios de la cuenca del Río Sonora aún siguen padeciendo en su salud y en sus bienes los estragos de la contaminación provocados por la minera México.

Hoy día, que nada se sabe sobre el dinero del fideicomiso que fue creado para atender a aquel desastre. Nada que no sea que quedó en los bolsillos de los funcionarios municipales y estatales.

Hoy día, que la tribu Yaqui, los agricultores del Valle del Yaqui han sido despojados de su garantía de acceso al agua, de la que depende su sustento económico y vital.

Hoy día se suma la tragedia de las inundaciones, tragedia cuyos efectos indeseables pueden ser en cierta medida prevenidos y evitados, pero seguimos siendo reactivos ante los fenómenos naturales asociados al cambio climático.

Siempre resultará más económico y más efectivo invertir en acciones y obras de prevención, que destinar cuantiosos recursos para reconstruir, pero ni los gobiernos del PAN en su momento ni los del PRI hoy día desean entender esa elemental lección, y para muestra el proyecto de presupuesto 2016 que nos ha enviado el Ejecutivo.

Resulta, que las partidas donde se propone el mayor recorte al Ramo 16 corresponden al programa que canaliza inversión a la infraestructura de protección, estamos hablando de poco más de 2 mil 600 millones menos, que representan un recorte del 32 por ciento con respecto a los programas vigentes en el presente ejercicio fiscal.

Nos parece inconcebible que el nivel de inversión total en este tipo de infraestructura sea igual o menor al gasto de comunicación social de la Presidencia de la República.

Más allá de los exhortos, las y los diputados federales, podemos contribuir en mayor medida si enmendamos y corregimos estos despropósitos, ejerciendo nuestra facultad de modificar el presupuesto federal.

Por lo demás, consideramos correcta la distinción que hace la diputada proponente entre una declaratoria de emergencia y una de desastre, misma que en términos de ley corresponde a la figura de declaratoria de desastre natural.

Al respecto vale decir, que con anterioridad 8 de los 9 municipios para la que se solicita la declaratoria, ya habían sido declarados en emergencia desde el 23 de septiembre y 3 de octubre, mediante los boletines 530 y 550 de la Secretaría de Gobernación, lo que indica que los habitantes afectados y damnificados llevan padeciendo los efectos de lluvias severas desde hace más de dos semanas.

Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo sonorense y el sentido favorable del voto que emitirá el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Gaytán. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Everardo López Córdova:Con su permiso, presidente. El día de hoy nos ocupa un hecho que ha dejado daños incalculables en perjuicio de la gran parte del estado de Sonora.

Las graves consecuencias de los fenómenos naturales requieren de una sumatoria de esfuerzos más allá de colores partidistas, con la finalidad de atender de manera puntual la situación de los damnificados y la población en general, que viven en zonas de alto riesgo en distintas entidades federativas.

Los múltiples daños que ha dejado la tormenta tropical Marty, en el estado de Sonora, particularmente los del pasado sábado 3 de octubre, se traducen en la pérdida del patrimonio de miles de familias mexicanas, lo que a todas luces requiere de una solución integral y responsables que permita asegurar la debida reparación de los daños ocasionados por este meteoro.

Las fuertes lluvias han dejado personas lesionadas, deslaves carreteros, aumentos en el cauce de ríos, inundaciones, suspensión de clases, suspensión del servicio de agua entre otras afectaciones que requieren de la atención puntual por parte de esta soberanía y de las autoridades correspondientes.

En Sonora se han contabilizado, a la fecha, 35 mil damnificados, siendo mayormente identificados en el municipio de Guaymas, y para ser exacto en dos colonias: en la colonia Fátima y en la colonia Estación Oros.

En los municipios de Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto.

Por otro lado, 16 municipios fueron declarados zona de emergencia por el fenómeno Marty. No obstante, las consecuencias del mismo ameritan una nueva solicitud de asistencia que permita brindar la ayuda correspondiente ante los problemas recientes.

Cabe mencionar que en la región del sur de Sonora los daños ascienden a 500 millones de pesos, por lo que requiere de la emisión de las declaratorias de emergencia para acceder al Fondo de Desastres Naturales, a efecto de canalizar los apoyos necesarios para apoyar las familias afectadas.

Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del PAN, se suma a lo expuesto en este punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que emita la Declaratoria de desastre para los municipios afectados por la tormenta tropical Marty en Sonora, es momento de buscar los mecanismos que permitan que estos instrumentos como la Declaración de emergencia y de desastre en este país sean de manera rápida y expedita.

Tenemos que trabajar en ese sentido y desde luego que Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo por nuestras hermanas y hermanos de Sonora que están padeciendo este gran problema y que desde luego la exhortamos a que sigamos trabajando en esta comunidad. Muchísimas gracias por su atención, presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Y por último en esta ronda de participaciones tiene la palabra, la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

La diputada Susana Corella Platt:Con su permiso, señor presidente, compañeros diputados y diputadas de este pleno. Quiero reconocer ampliamente la preocupación y participación de la compañera sonorense, diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano, por lo que está aconteciendo hoy por hoy en el estado de Sonora.

También por supuesto quiero agradecer la suma de los demás grupos parlamentarios, Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Verde, PRD y PAN por su preocupación de este caso que nos ocupa a todos los sonorenses y los mexicanos. Sin embargo, creo que es muy importante decir ante este pleno la diferencia que existe entre lo que es una Declaratoria de desastre y qué es una Declaratoria de emergencia.

La Declaratoria de desastre es la manifestación pública por parte de la Secretaría de Gobernación y a solicitud de alguna entidad federativa o dependencia federal, de que ha ocurrido un fenómeno natural perturbador, en lugar y tiempo determinado, mismo que ha causado daños tanto a la vivienda como a los servicios e infraestructura pública, federal, estatal y/o municipal, todo de acuerdo a lo que determinan las reglas de operación del Fonden.

Se trata de un requisito fundamental para que las entidades federativas o las dependencias federales puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales y así poder coparticipar con recursos para la normalización de los servicios públicos o reconstruir los daños sufridos en las viviendas de la población de bajos ingresos como la infraestructura pública federal, estatal y/o municipal que hoy por hoy en Sonora está destruida.

¿Qué es la declaratoria de emergencia? La declaratoria de emergencia es el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación que uno o varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia o alta probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador de origen natural que provoque un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Dicha declaratoria podrá subsistir ante la presencia de una declaratoria de desastre.

Yo sí quiero dejar muy en claro, compañeros y compañeras diputadas, que nuestra gobernadora del estado, la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, desde un principio emitió y pidió ante la Secretaría de Gobernación que se declarara zona de emergencia y zona de desastre.

Con fecha 29 de septiembre de 2015 la Secretaría de Gobernación hizo la declaratoria de desastre natural por lo ocurrencia de lluvia severa de los días 20 y 21 de septiembre en 16 municipios: Guaymas, Empalme, Rayón, San Miguel de Horcasitas, Hermosillo, Carbó, Pitiquito, Cucurpe, Opodepe, Cajeme, Hechoja, Quirurgo, Rosario de Tesopaco, Navojoa, Huatabampo y Benito Juárez.

El 30 de septiembre se hizo la declaratoria de emergencia por la Secretaría de Gobernación por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 20 y 21 de septiembre en cinco municipios: Hermosillo, Guaymas, Empalme, Rayón y San Miguel de Horcasitas.

El primero de octubre la Secretaría de Gobernación hizo la declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 20 y 21 de septiembre en 11 municipios: Carbó, Pitiquito, Cucurpe, Opodepe, Cajeme, Echojoa, Quiriego, Rosario, Navojoa, Huatabampo y Benito Juárez.

Y hoy, 13 de octubre, se hace la declaratoria de emergencia por la Secretaría de Gobernación por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 3 y 4 de octubre en tres municipios: Cajeme, Empalme y Guaymas.

Yo sí quiero aclarar que mi distrito cuenta con 39 municipios. La mayoría de esos municipios son parte de este desastre natural. Quiero reconocer la rápida respuesta de la Secretaría de Gobernación a cargo del licenciado José María Tapia, quien dirige el Fonden, a solicitud de la gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich, quien de inmediato, de inmediato llegaron los recursos.

Lo bueno de ahora de la era moderna, es que podemos ver en redes quiénes han visitado los municipios; y pueden ustedes constatar que nuestra gobernadora del estado ha visitado dos veces cada uno de los municipios afectados.

Este sábado va a visitar nuevamente el municipio de Guaymas, Empalme y los demás de las etnias yaquis. Cordialmente invitamos a todos y a cada uno de ustedes.

Por lo tanto le solicito a este pleno que se incluya en la declaratoria de Zona de Desastre únicamente a Bakúm y a San Ignacio Río Muerto; los demás ya se encuentran solicitados. Es cuanto, señor presidente; muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corella. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el Acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el Acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la elaboración de un programa de atención médica que forme parte del Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios de Salud, destinado a aquellas personas a las que se les ha detectado cáncer de mama.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, a través del Instituto Nacional de Cancerología, y en coordinación con el Instituto Mexicanos del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, elabore un programa de atención médica que forme parte del Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios de Salud, destinado a aquellas personas a las que se les ha detectado cáncer de mama.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría visible, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

INSTAURAR UN COMITÉ PARA LA CREACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARLAMENTARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Carolina Monroy Del Mazo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.

La diputada Carolina Monroy Del Mazo:Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Con la potestad que me otorga la ley, y con su venia, señor presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan, a todos los mexicanos que nos ven a través del Canal del Congreso, acudo a esta máxima tribuna a nombre de mis compañeras y compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, es un hecho que para el otorgamiento de su confianza las y los mexicanos exigen que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana, y al mismo tiempo que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia.

Considerando que todo cambio ha de gestarse a partir de la asunción de un compromiso individual y de un acuerdo colectivo para actuar con dignidad, pulcritud y verdadera vocación de servicio, es que los códigos de ética o de conducta son una herramienta esencial que ya ha sido adoptada por varios países.

Tal es el caso de naciones como Francia y Alemania, y en los últimos años se han reproducido con excelentes resultados en los Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Paraguay, Chile y Perú, entre otros.

En el caso de México, legislaturas pasadas han presentado a este pleno al menos 30 iniciativas y puntos de acuerdo que pretendieron desde la creación de una ley federal de ética parlamentaria, hasta la integración de una comisión que se encargaría de vigilar que las y los legisladores se rigieran por los principios básicos de educación y convivencia.

A pesar de estos esfuerzos nada se ha concretado. Las diputadas y los diputados del Revolucionario Institucional creemos que es tiempo de reconocer que falta un paso decisivo y que este debe emanar de la abierta y clara voluntad de honestidad y transparencia de cada legisladora y de cada legislador para honrar así sus deberes y a la patria.

Con este propósito se exhorta a la Cámara de Diputados a la creación de un Código de Ética y Conducta Parlamentaria, de carácter obligatorio y coercitivo, y la instauración de un comité plural que con método y sistema garantice el cumplimiento y avance real de este importante rubro.

Asimismo, el comité tendrá también la tarea de investigar sistemática y constantemente las mejores prácticas legislativas alrededor del mundo, con el propósito de replicarlas en nuestro sistema legislativo.

La necesidad de recuperar la confianza, siendo esta un sentido indispensable de la reconstrucción del tejido social, es un imperativo nacional e internacional y nuestro ámbito legislativo no es la excepción, por ello se propone su regulación formal a acompañada del formato permanente de una actuar basado en principios y valores que nos alejen de conflictos de interés, actos deshonestos y opacidad. La enorme responsabilidad de representación y la toma de decisiones sobre la vida nacional que nos corresponde así lo reclaman.

Debemos atender con honradez, honestidad y absoluta disciplina el mandato de servicio que nos impone el privilegio de ser diputadas y de ser diputados, y la responsabilidad de representar nada menos que a 112 millones 336 mil 538 mexicanos. No podemos creer que las cosas serán distintas si a partir de hoy no hacemos las cosas de manera diferente.

Les digo que si queremos percepciones y resultados distintos hay que dejar de hacer lo mismo de siempre y hacerlo como personas sin mayor ideología que el deseo de ser íntegros y dignos de confianza, con trabajo y con buenos resultados.

Es por ello que hacemos un llamado a esta nueva legislatura, a ser el primer referente en este sentido. Debemos buscar, como los romanos llamaban, el decorum, que significa simplemente ejercer la política con ética y congruencia, apropiadamente con honorabilidad.

En este afán, y solo como ejemplo, nos preguntamos si es imprescindible que sigamos permitiendo la venta de alcohol en instalaciones de la Cámara de Diputados. Este ejemplo en relación a las bebidas alcohólicas sé que puede ser visto como algo no sustancial, por sí solo no lo es, como parte de una conducta general mucho menos, sin embargo me pregunto, ¿debemos tener los diputados un tratamiento diferente al de cualquier otro trabajador? ¿Es que en nuestro centro de trabajo entonces sí se permite, y no en otros?

No me refiero a la decisión personalísima de cuánto consumir, sino al hecho original de que frente a otros ciudadanos que trabajan igual que nosotros, nosotros gozamos de posibilidades distintas.

Quisiera solicitar, ojalá fuera posible, que la administración de esta Cámara tome las medidas correspondientes. En realidad no nos parece que pudiera ser tan difícil de lograr.

El objeto de este punto de acuerdo, lo subrayo, el objeto de este punto de acuerdo es la creación de y adopción del Código de Ética que complete la normatividad de la Cámara de Diputados. Desde la Constitución, la Ley Orgánica, el Reglamento y con la decisión de ustedes seguramente el Código de Ética y Conducta Parlamentaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Por el que se exhorta a esta honorable asamblea que se instruya la creación de un grupo de trabajo plural para el desarrollo de este Código de Ética y Conducta Parlamentaria, con la finalidad de regular el actuar de las y los diputados federales, hacer más eficiente la labor legislativa y reformar la confianza y credibilidad de la sociedad mexicana hacia el Poder Legislativo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de instaurar un comité para la creación del código de ética y conducta parlamentarias, a cargo de la diputada Carolina Monroy del Mazo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Carolina Monroy del Mazo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2 fracción I, y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en las demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta asamblea las siguientes

Consideraciones

Para el otorgamiento de su confianza, las y los mexicanos exigen que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana; al mismo tiempo, que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia.

Con este soporte y considerando que todo cambio ha de gestarse a partir de la asunción de un compromiso individual y de un acuerdo colectivo para actuar con dignidad, pulcritud, eficiencia y verdadera vocación de servicio, es que los códigos de ética o de conducta son una herramienta esencial, recomendada incluso por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch. Estos códigos ya han sido adoptados por varios países, y muchos otros aún carecen de ordenamientos de este tipo.

En el ámbito internacional existen claros ejemplos del positivo impacto que puede llegar a tener una herramienta de regulación de conducta como la que se propone; tal es el caso de naciones como Francia, Inglaterra y Alemania, que desde hace varios lustros aprovechan este tipo de instrumentos; y en los últimos años se han reproducido con excelentes resultados en Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Chile y Perú, entre otros.

En el caso de México, legislaturas pasadas, han presentado al pleno al menos 30 iniciativas y puntos de acuerdo que pretendieron desde la creación de una ley federal de ética parlamentaria, hasta la integración de una comisión o grupo que, avalado por un código de conducta, se encargaría de vigilar que las y los legisladores se rigieran por los principios básicos de educación y convivencia.

Si bien, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por crear un instrumento jurídico que vigile y regule la conducta y el desempeño de los legisladores, es tiempo de reconocer que falta un paso decisivo, y que éste debe emanar de la abierta y clara voluntad de honestidad y transparencia de cada legisladora, de cada legislador, para honrar así a sus deberes y a la patria.

Con este propósito, el presente punto de acuerdo exhorta a la Cámara de Diputados a la creación de un Código de Ética y Conducta Parlamentaria, de carácter obligatorio y coercitivo, y la instauración de un Comité Plural que con método y sistema, garantice el cumplimiento y avance real en este importante rubro.

Asimismo, el Comité tendrá la tarea de dar seguimiento a las quejas, observaciones y demás asuntos relacionados con la conducta de las y los legisladores, y estará facultado para investigar sistemática y constantemente las mejores prácticas legislativas alrededor del mundo, con el propósito de replicarlas en nuestro sistema legislativo.

La necesidad de recuperar la confianza, siendo ésta un sustento indispensable de la reconstrucción del tejido social, es un imperativo nacional e internacional, y nuestro ámbito legislativo no es la excepción; por ello, se propone la regulación formal acompañada del fomento permanente de un actuar basado en valores.

Es necesario responder a la oportunidad de servicio público que hoy tenemos, con el firme compromiso de no faltar a la confianza de la ciudadanía, de cultivarla y actuar siempre desde los más altos valores éticos: la enorme responsabilidad de representación y la toma decisiones sobre la vida nacional que nos corresponde, así lo reclama.

Mi bancada es consciente de que debemos atender con honradez, honestidad y absoluta disciplina, el mandato de servicio que nos impone el privilegio de ser diputadas y diputados, y la responsabilidad de representar a 112 millones 336 mil 538 mexicanos.

No podemos creer que las cosas serán distintas si a partir de hoy no hacemos las cosas de manera diferente; les digo que si queremos percepciones y resultados distintos, hay que dejar de hacer lo mismo de siempre, y hacerlo como personas, sin mayor ideología que el deseo de ser íntegros y dignos de confianza, con trabajo y resultados; recordemos que una buena vida, es el resultado de una buena conducta.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos ciertos de que los cambios que queremos ver allá afuera deben comenzar aquí dentro. Es por ello que hacemos un llamado a esta nueva Legislatura a ser el primer referente en este sentido. Debemos buscar lo que los romanos llamaban el decorum, que es ejercer la política con ética y congruencia, apropiadamente, con honorabilidad.

En este afán, nos preguntamos si es congruente que sigamos permitiendo la venta de alcohol en instalaciones de nuestra Cámara de Diputados.

El alcohol entorpece el funcionamiento óptimo de las capacidades humanas y en este lugar de tanta relevancia para la vida social no podemos permitirnos más que actuar responsablemente siendo dueños absolutos de toda nuestra capacidad racional y emocional.

No debemos permitir factores que actúen en detrimento de nuestra conducta y por tanto de nuestro quehacer. ¿Por qué si la presencia del alcohol no está permitida en otros establecimientos gubernamentales ni en muchos otros lugares comunes de trabajo, sí lo permitimos aquí, justo en el punto neurálgico del quehacer político?

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es éticamente correcto hacer un llamado a la administración de la Cámara de Diputados para que se considere la suspensión de venta de alcohol en estas instalaciones.

De materializarse este punto de acuerdo, habremos cumplido con una parte esencial de nuestra tarea como legisladores federales, que es la de crear los mejores escenarios para elaborar y reformar leyes de manera óptima, tomar decisiones de forma sensata, buscar siempre el bien común y el mejoramiento de la calidad de vida de las y los mexicanos.

Tenemos que trabajar con empeño, ser productivos y probos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, en virtud de que es necesario contribuir a que el ambiente de trabajo legislativo sea eficiente, me permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a esta honorable asamblea a que se instaure un comité para la creación de un Código de Ética y Conducta Parlamentaria, con la finalidad de regular el actuar de las y los diputados federales, hacer más eficiente la labor legislativa y reforzar la confianza y credibilidad de la sociedad mexicana hacia el Poder Legislativo.

Notas:

1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estudio sobre Los principios básicos de ética pública más mencionados por los estándares de conducta de los países miembros.

2. Redipial. Servicio de investigación y análisis de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

3. Daniel Kapust, Cicerón: el decorum y la moralidad de la retórica,

http://www.scielo.org.co/scielo.php? pid=S0120-46882012000200012&script=sci_arttext

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputada Carolina Monroy del Mazo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Monroy. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo propuesto.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su atención.

Tiene la palabra ahora, desde su curul, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo. Sonido en la curul, por favor, ahí.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo(desde la curul): Gracias, presidente. Quiero expresar, tanto a título personal como a nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano mi simpatía y apoyo por esta iniciativa de contar con un código de ética en esta Cámara de Diputados.

Me nace recordar en este momento a Max Weber, filósofo alemán, que dijo a principios del siglo XX que hay que distinguir entre la ética de las convicciones y la ética de los resultados o de las responsabilidades. La ética de las convicciones parte de nuestra naturaleza, de una u otra manera aquí las compartimos todos y son los valores que guían nuestro actuar, el problema es bajarla a los resultados.

Tan convencidos estamos de eso los diputados de Movimiento Ciudadano, que el pasado 23 de septiembre anunciamos nuestro código de ética, que aportaremos con gusto a este grupo de trabajo e insisto en la necesidad, amigos y amigas de dar resultados. En este momento el gobierno nos está bombardeando con una frase Ya chole con tus quejas. Los mexicanos decimos: Ya chole con la falta de resultados.

De tal manera que insisto en mi aprecio por la iniciativa que acabo de escuchar, el apoyo propio de la fracción que represento y una forma muy respetuosa: convino a todos a trabajar para que los resultados que tanto espera México de nosotros, los demos a partir de este grupo de trabajo y contemos con un código de ética efectivo, profundo y convincente. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez.

EFEMÉRIDES

12 DE OCTUBRE, ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 12 de octubre, Encuentro de dos mundos. Tiene la palabra para referirse al tema, la diputada Dora Elena Real Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Dora Elena Real Salinas:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor presidente. Hoy se cumplen 523 años del encuentro de dos mundos, hecho que representó uno de los momentos históricos más importantes de la historia de la humanidad.

Se trató de un cambio rotundo en la vida de los habitantes de todo el planeta, pues se dio un intercambio en todos los sentidos, esencialmente en la cultura y en lo religioso. El 17 de abril de 1492 los monarcas españoles nombraron a Cristóbal Colón virrey y gobernador de todas las tierras que descubriera en su travesía.

El proyecto de Colón era establecer nuevas rutas comerciales que lo llevaran de forma más rápida a China y Japón. La conquista fue violenta, brutal. La discriminación hacia los pobladores del continente por parte de los colonizadores europeos fue una política intencional, se les menospreció tanto que incluso llegaron a argumentar que no tenían alma.

Las consecuencias que conlleva la conquista fueron, la eliminación de los sistemas políticos de los pueblos indígenas, la desaparición de numerosas lenguas, la discriminación de sus culturas originales, la destrucción de obras culturales, la evangelización, el desconocimiento de sus derechos como seres humanos, ya que los trataban como esclavos.

Sin embargo, también conllevó a la apertura de nuevas vías de comunicación marítimas entre Europa y América, la creación de decenas de puertos oceánicos y pluviales, el inicio de la mundialización y la aparición del comercio trasatlántico.

En general, podemos señalar que en el Encuentro de dos mundos dio lugar a la unidad política, lingüística, social y cultural, que caracteriza a los países que forman la América hispana.

Por ello, el Congreso de la Unión decretó el 24 de septiembre de 1892 que este día fuera una fecha conmemorativa, a partir de 1917 se le denominó Día de la Raza. A iniciativa del presidente Venustiano Carranza, posteriormente Emilio Portes Gil, oficializaron el festejo cívico y el Congreso aprobó el 10 de octubre de 1929, el 12 de octubre fuera denominado Día de la Raza y Aniversario de descubrimiento de América.

Es nuestra obligación como diputados y diputadas de esta Cámara hacer respetar los derechos e identidad de los pueblos indígenas, porque constituyen una cifra no poco importante, ya que son 15.7 millones de mexicanos quienes representan el 14 por ciento de la población total, de los cuales 6.5 millones son hablantes de una lengua indígena.

Por ello, constituyen parte importante de nuestro legado cultural. No debemos permitir que sigan perdiendo su lengua, sus tradiciones, sus creencias y su cultura.

Por ello, compañeras diputadas y diputados, los exhorto a que en cada una de las iniciativas en las que participemos velemos por los derechos humanos de los indígenas, ya que para ellos somos una esperanza, somos una esperanza de vida, de mejorar cada día más, porque ellos contribuyen a la riqueza y la cultura de nuestra nación. Por nuestros pueblos indígenas vamos a trabajar en unidad. Muchas gracias. Es cuanto, señor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Real.

Damos la bienvenida a alumnos de la Facultad de Derecho de le Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac.

Igualmente, a un grupo de jóvenes vecinos del municipio de Netzahualcóyotl, del Estado de México, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Bienvenidas, bienvenidos todos.

12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA RESISTENCIA Y DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EN EL MARCO DEL “DÍA DE LA RAZA”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 12 de octubre, Día de la resistencia y dignidad de los pueblos indígenas, en el marco del Día de la Raza. Tiene la palabra para referirse al tema el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Victoriano Wences Real:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día 12 de octubre tiene una connotación histórica porque marcó un cambio drástico para la humanidad entera.

Para los países europeos la prosperidad y para los pueblos originarios de América la inauguración de las peores formas de explotación, genocidio físico y cultural, interrumpiendo formas de organización y cosmovisión propia, millones de personas y culturas que habitaban en Mesoamérica, Centro y Sudamérica fueron exterminadas, pero la grandeza y la luminosidad de nuestras culturas primigenias quedaron atrapadas por la ambición y la miseria humana, la ambición irrefrenable por el oro y por la plata fue la maldición histórica para los primeros habitantes de estas tierras.

Pero esta historia de pobreza y dolor para los pueblos indígenas es cíclica, que hoy en día se está recrudeciendo más, si hace 523 años llegó Cristóbal Colón con su espada y su cruz, ahora están llegando las empresas mineras con la promesa del desarrollo. Los propios datos del gobierno federal son desalentadores.

De acuerdo con un estudio de la minería en México, realizado en el año 2012 por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dependiente de la propia Secretaría de Gobernación, señala que en los últimos 17 años se ha concesionado una extensión equivalente casi a la mitad del territorio nacional en proyectos de minerías para empresas extranjeras con perjuicio en las comunidades rurales.

En dicho estudio se hace hincapié que desde el año 1994 al 2012 se han otorgado 43 mil 675 concesiones. Cabe señalar que al mes de julio del año 2013 se expidieron 644 títulos de concesiones que amparan una superficie de 1.6 millones de hectáreas que refiere el Primer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo federal, el licenciado Enrique Peña Nieto, hecho llegar a esta soberanía.

Reconoce el gobierno federal que la explotación minera en los últimos años en territorio indígena de México ha transformado la atención social entre las comunidades, empresas y gobiernos de distintos órdenes. Estos hechos de explotación a gran escala, a cielo abierto de manera masiva y con casi nulas medidas de seguridad ambiental, que se reconoce que son la génesis de múltiples conflictos sociales, que derivan en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y en aumento de la violencia, acelerando la descomposición del tejido social.

Es impresionante el reconocimiento del propio gobierno de Peña, que este proceso de explotación de la minería se hace sin respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio, a su propiedad, al uso y goce de sus recursos.

Sin duda que esta situación es grave por su propia naturaleza. Las concesiones mineras y la explotación de las mismas, en efecto atentan contra la propia existencia de los pueblos y comunidades que desde su cosmovisión ven la tierra como parte integrante de su vida pasada y futura.

La explotación minera compromete seriamente la soberanía del país y pone en riesgo la vida futura de todos los mexicanos, hombres y mujeres. Pero ésta es solo una parte del infortunio de los pueblos indígenas. De seguir así, México en el futuro será sin los pueblos indígenas.

Por eso es importante que esta soberanía popular que representa a todos los mexicanos se comprometa a resarcir los daños históricos cometidos con nuestros pueblos originarios. No hay deuda histórica que se pueda pagar con ello. Este compromiso debe traducirse en leyes, normas, reglamentos y políticas públicas que ayuden a transformar la relación asimétrica de subordinación y de desigualdad.

Sin menosprecio y reconociendo su dignidad, contribuyamos a crear una ley general de consulta para los pueblos y comunidades indígenas. Con los parámetros internacionales esa ley es fundamental, toda vez que las recientes reformas en materia energética impactan de forma directa en sus vidas y sus recursos.

Comprometámonos sin reticencias a legislar para que se reconozcan a los pueblos indígenas como sujetos jurídicos plenos para que en materia de justicia, salud, vivienda, medio ambiente y desarrollo social, sean los pueblos y comunidades indígenas una prioridad como lo expone el mismo Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno federal.

Nuestra pluriculturalidad y plurilingüismo con los pueblos indígenas debe fundarse en una relación de respeto con todos los pueblos y comunidades indígenas. Reconozcamos este 12 de octubre con una autocrítica y que celebremos con ellos la resistencia cultural y la dignidad histórica que los ha caracterizado. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Wences.

DÍA DE LA RAZA Y ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, 1492

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Día de la Raza y aniversario del Descubrimiento de América 1492, y tiene la palabra para referirse al tema la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Blandina Ramos Ramírez:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y diputados, ayer el calendario oficial señalaba la conmemoración del Día de la Raza, un nombre bonito para los calendarios con el que se señala el Descubrimiento de América, pero con el que se cubre una trágica realidad para los pueblos y naciones originarios de nuestro continente.

Cada vez se reaviva más la discusión sobre el verdadero sentido y resultados del encuentro y choque entre los pueblos originarios y los ejércitos invasores de España, el caso específico de México.

Genocidio de destrucción de vidas y culturas enteras, transformación e imposición de una identidad política, económica y cultural artificial. El rostro verdadero que se ha conservado en nuestros pueblos es un rostro plural en sus usos y costumbres que hoy y siempre han exigido la inclusión y el reconocimiento, la recuperación de la riqueza de su identidad y la no discriminación.

En la práctica se privilegian, y hacen menos los derechos de nuestros pueblos indígenas. Se le da preferencia al libre mercado y sus postulados que han significado mayor represión y dominación. El modelo de mercado principalmente, punto de apoyo en los procesos coloniales, es parte de la otra conquista que ha traído consecuencias en nuestros pueblos indígenas, caracterizado por la creciente desigualdad, la pobreza, la exclusión social, la privación de bienes básicos, el desequilibrio ecológico, la violencia y los desplazamientos, el saqueo continúa y parece no tener fin.

Ahora es representado por las empresas trasnacionales y su hambre por nuestros recursos naturales. En nuestro país viven cerca de 14 millones de indígenas, las políticas y programas públicos dirigidos a ello no sólo han modificado sus usos y costumbres para imponer artificialmente un modelo que ha generado una división nacional exclusiva.

Esos programas son, en muchos casos, la continuidad del proceso colonizador en contra de los pueblos originarios. La historia no coincide del todo con la realidad, la invasión es parte de la misma trama del dominio hoy nuestro, y los indígenas parecen ser los invisibles, los que resisten, los que son desplazados por la obsesión del capital de expandir mercados y fronteras.

Nosotros no podemos estar de lado de los que se apropian de lo ajeno, de una historia contada sin reconocernos y que oculta la historia a las tradiciones de nuestros pueblos y de su riqueza, que es nuestra propia historia, hagamos que la historia la escriban quienes la viven y son sus protagonistas, recuperemos la memoria, reconozcamos y respetemos a nuestros pueblos indígenas. Es nuestro compromiso en Morena. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramos.

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la fundación de la Universidad de Guadalajara. Tiene la palabra para referirse al tema la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, soy hija del campo y de la universidad pública, por eso voy a hablar desde esa posición.

Fue gracias a la intervención del fray Antonio Alcalde y Barriga que el 18 de noviembre de 1791 se funda la real Universidad de Guadalajara, segunda universidad de la Nueva España, que inicia con sus cátedras de medicina, derecho, teología y filosofía. Hace un año fue renombrada como benemérita por el Congreso del Estado de Jalisco.

Hace 90 años, el 12 de octubre de 1925, José Guadalupe Zuno refundaba la Universidad de Guadalajara, en un proyecto precursor en su tiempo que dotó al occidente del país de una institución pública de educación superior para el pueblo, que retomaba en algunos de sus rasgos fundamentales la institución de finales del siglo XVIII por fray Antonio Alcalde.

La educación laica y socialista refundada por Zuno se distinguía por su ideología de la real y literaria universidad de fe católica como todo en aquel tiempo que fundaba el fraile en 1791. Pero más allá de las ideologías ambos proyectos buscaron dotar a la región, una región amplia con centro en Guadalajara, de aulas en las cuales formar como profesionistas a los nacidos en ella.

Podemos decir que hasta 1925, siendo gobernador José Guadalupe Zuno, se marca el acontecer universitario del siglo XX, su primer rector fue don Enrique Díaz de León. El acontecer político no ha estado ausente del devenir de la universidad, ya que ha transitado entre nombres y hombres que han marcado su historia.

Han pasado por sus aulas la primera médico, María Jacinta de la Luz Curiel, Fernando González Gortázar, Alí Chumacero, Hugo Gutiérrez Vega y Gabriel Flores, entre muchos otros, y han dado clases importantes personajes, como María de la Luz Villarreal de Puga, Fernando del Paso y Juan José Arreola.

La historia de la Universidad de Guadalajara no es fácil de contar en unos breves minutos, menos cuando está cumpliendo 90 años. Decir 90 años significa educación para Jalisco y estados como Aguascalientes, Michoacán, Colima, Nayarit, entre otros, que a pesar de contar con universidades de alta calidad ven a la Universidad de Guadalajara como una opción de estudio para carreras que quizá en sus lugares de origen no existen.

A partir de 1989 la modernidad apareció a las puertas universitarias y se empezó a desarrollar la red universitaria que permitió llevar a la universidad a casi todos los municipios de Jalisco. Hay que destacar su planta académica que se ha actualizado en muy corto tiempo, se ha ampliado la oferta educativa e impulsado la descentralización que a lo largo de estos 26 años se conforma en 15 centros universitarios, 60 escuelas preparatorias, 255 mil 944 alumnos, de los cuales 116 mil 424 forman parte de la planta del nivel superior; 30 programas y 210 postgrados.

Toda esta masa estudiantil será masa crítica, pero para ello necesitamos que los centros educativos como el nuestro creen, formen y transformen el conocimiento, pero en el presente para que en el presente se conviertan en esas y esos profesionales que necesitan los 110 millones de personas que están afuera de este recinto y que cada día trabajan para que existan instituciones como la nuestra.

Las y los maestros tienen un gran reto por delante; convertirse en los promotores de esa masa crítica que ayude a resolver los problemas que nos aquejan.

Muchas y muchos de los diputados que han pasado por este recinto han sido egresados de la Universidad de Guadalajara. Hay que honrar a quienes nos antecedieron como don Enrique Díaz de León y Fray Antonio Alcalde. Hoy el impulso a la educación pública superior laica y gratuita en los estados también fortalece el federalismo y es urgente seguir construyendo y desarrollando centros de educación superior con esos principios.

No será fácil cambiar los esquemas ancestrales de la participación política al interior y al exterior de la universidad, pero el reto democrático lo tenemos aquí, vamos como profesionales en este 90 aniversario a honrar los principios de Enrique Díaz de León, hombre de ciencia, ideólogo de izquierda, poeta, orador y diputado local y federal que ocupó también este recinto. También que impulsó el lema que hoy la universidad tiene: piensa y trabaja.

También el legado de Fray Antonio Alcalde, filántropo, quien con su generosidad y humildad nos dejó a esa gran universidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa.

“DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, suscrito por los diputados Jesús Valencia Guzmán y Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD. Tiene la palabra para referirse al tema, el diputado Jesús Valencia Guzmán.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán:Con su permiso, señor presidente. Primero que nada, agradezco a mi compañera Karen Hurtado, que me ha permitido hacer uso de la palabra.

Compañeros y compañeras diputadas, diputados, vengo a esta tribuna para recordar una fecha sumamente importante para todos nosotros, no solo en México, sino a nivel mundial: el Día Internacional de la Niña, el cual no tendríamos la oportunidad de celebrar si antes no se hubiesen establecido compromisos globales, en aras de reconocer los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes.

Esta búsqueda de mejorar las condiciones de vida para ese sector de la población se materializa el 20 de noviembre de 1989, cuando el mundo se comprometió a proteger y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, aprender a crecer, a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, así como a lograr que sus voces fueran escuchadas con la firme constitución de la Convención de los Derechos de los Niños.

Desde aquel momento las niñas, los niños y los adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos y no solamente como objetos de protección. El formar parte de dicha Convención obligó al Estado mexicano a revisar la legislación con que cuenta nuestro país para armonizar y adecuarse a los instrumentos internacionales sobre el tema.

En ese marco de ideas, el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170, en la que se declara el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, para concientizar sobre los desafíos excepcionales que enfrentan las niñas de todo el mundo, y sobre todo reconocer sus derechos.

No debemos dejar de lado que en la actualidad millones de niños, niñas y adolescentes en el país viven en condiciones de pobreza y desigualdad económica, que frenan el goce de sus derechos y coartan sus oportunidades de desarrollo humano.

Por ello, en el marco de la celebración de esta fecha, debemos de sensibilizarnos ante la problemática que enfrentan nuestras pequeñas mujeres de manera cotidiana, y crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo, para promover y proteger el pleno goce de sus derechos humanos.

La mayor obligación de velar por el reconocimiento de sus derechos las tenemos quien aquí trabajamos para cualquiera de los tres Poderes de la Unión, los representantes de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil en su conjunto.

Permítanme referirme a lo que yo considero que debemos de anteponer más allá de los intereses partidistas por el bien de nuestra niñez, de la cual estoy convencido contaré con su apoyo.

Hoy he escuchado, por lo menos, nueve intervenciones relacionadas con niños o niñas, de distintas fracciones parlamentarias. En estos días estaremos discutiendo el paquete económico enviado a esta soberanía por la Presidencia de la República, el cual en muchos de sus conceptos es posible técnica, legal y financieramente incorporar recursos para que diversas dependencias del gobierno federal y los estados puedan implementar políticas públicas con enfoque de transversalidad, pensando en nuestra niñez.

No sólo eso, las y los diputados integrantes de las demás comisiones, ya formadas en esta Cámara, tenemos obligaciones con este sector de la población. ¿Acaso la Comisión de Salud, de esta Cámara, no tiene que ver con este tema? ¿Cuántos embarazos prematuros no atendidos, en donde muchas de las veces, de manera lamentable pierden la vida, no sólo el bebé, sino también la madre joven, adolescente o incluso niña?

La Comisión de Educación, sin duda, una de las más importantes será un actor fundamental en este proceso de reconocimiento de los derechos de las niñas de este país, pues solamente con educación vamos a lograr que las niñas salgan del rezago en las que muchas de ellas se encuentran.

Urge también que la Comisión de Justicia, como también ya se dijo, haga las reformas necesarias al Código Penal Federal para endurecer las penas contra aquellos que explotan a las niñas exhibiéndolas, así como también combatir el grooming, este término que no es otra cosa que el abuso sexual de las niñas por parte de individuos que las contactan por las redes sociales y después las amenazan si no les realizan favores sexuales.

Estoy seguro que la Comisión del Trabajo y Previsión Social también deberá cuidar la ley en la materia que sancione severamente a quienes exploten laboralmente a las menores y adolescentes.

La Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara también tiene su tarea. La Comisión de Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Desarrollo Territorial Urbano, Equidad de Género, en fin, compañeras y compañeros, todos tenemos mucho qué hacer por nuestras niñas de este México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia.

Proceda la Secretaría a dar lectura comunicaciones que han llegado.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la Comisión de Protección Civil, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión de Protección Civil

Alta: diputada Kathia María Bolio Pinelo, como integrante.

Reciba un cordial saludo.

México, DF, a 8 de octubre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comisión de Asuntos Frontera Norte

Baja: diputada Maricela Contreras Julián, como presidenta.

Altas: diputado Leonardo Amador Rodríguez, como secretario; diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, como secretaria.

Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Altas: diputado Felipe Reyes Álvarez, como secretario; J. Guadalupe Hernández Alcalá, como integrante, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, como integrante.

Baja: diputado Carlos Hernández Mirón, como integrante.

Comisión de Desarrollo Rural

Altas: diputado Carlos Hernández Mirón, como integrante; diputado Ángel II Alanís Pedraza, como secretario; diputado Erik Juárez Blanquet, como integrante; diputada María Elida Castelán Mondragón, como integrante.

Comisión de Agua Potable y Saneamiento

Altas: diputado Francisco Xavier Nava Palacios, como secretario; diputado Óscar Ferrer Ábalos, como integrante; diputado Arturo Santana Alfaro, como integrante.

Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste

Altas: diputada Natalia Karina Barón Ortiz, como secretaria; diputado Elio Bocanegra Ruiz, como integrante.

Comisión de Asuntos Indígenas

Altas: diputado Victoriano Wences Real, como secretario; diputada Araceli Madrigal Sánchez, como integrante; diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá, como integrante; diputada Eva Florinda Cruz Molina, como integrante.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Alta: diputada Erika Irazema Briones Pérez, como secretaria.

Comisión de Competitividad

Altas: diputado Fidel Calderón Torreblanca, como secretario; diputado José Antonio Estefan Garfias, como integrante; diputado Felipe Reyes Álvarez, como integrante.

Comisión de Comunicaciones

Altas: diputado David Gerson García Calderón, como secretario; diputada Lluvia Flores Sonduk, como secretaria; diputado Francisco Xavier Nava Palacios, como integrante.

Baja: diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, como integrante.

Comisión de Transportes

Alta: diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, como integrante.

Comisión de Cultura y Cinematografía

Altas: diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, como secretaria; diputada Karen Hurtado Arana, como integrante; diputado José Santiago López, como integrante, diputada Lluvia Flores Sonduk, como integrante.

Comisión de la Defensa Nacional

Altas: diputado Armando Soto Espino, como integrante; diputado Guadalupe Acosta Naranjo, como integrante; diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, como integrante.

Comisión del Deporte

Altas: diputada Olga Catalán Padilla, como secretaria; diputada Erika Irazema Briones Pérez, como integrante; diputado José Santiago López, como integrante; diputada Karen Orney Ramírez Peralta, como integrante.

Comisión de Derechos de la Niñez

Altas: diputado Rafael Hernández Soriano, como secretario; diputada María Luisa Beltrán Reyes, como integrante; diputada María Concepción Valdés Ramírez, como integrante.

Comisión de Desarrollo Metropolitano

Altas: diputada Olga Catalán Padilla, como secretaria; diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, como integrante; diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, como integrante; diputado Julio Saldaña Morán, como integrante.

Comisión de Desarrollo Municipal

Altas: diputado José Santiago López, como secretario; diputado Norberto Antonio Martínez Soto, como secretario; diputado Victoriano Wences Real, como integrante.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Altas: diputada Ana Leticia Carrera Hernández, como secretaria; diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, como integrante; diputado Ángel II Alanís Pedraza, como integrante; diputado Luis Maldonado Venegas, como integrante.

Comisión del Distrito Federal

Altas: diputada Evelyn Parra Álvarez, como secretaria; diputada Ana Leticia Carrera Hernández, como integrante; diputado Daniel Ordoñez Hernández, como integrante.

Comisión de Economía

Altas: diputado Armando Soto Espino, como secretario; diputada Lluvia Flores Sonduk, como secretaria; diputado Waldo Fernández González, como integrante.

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Altas: diputada María Luisa Beltrán Reyes, como secretaria; diputado Francisco Martínez Neri, como integrante; diputado Luis Maldonado Venegas, como integrante.

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Altas: diputado Héctor Javier García Chávez, como secretario; diputado Héctor Peralta Grappin, como integrante.

Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

Altas: diputado Candelario Pérez Alvarado, como secretario; diputado Armando Soto Espino como integrante.

Comisión de Ganadería

Altas: diputado Elio Bocanegra Ruiz, como secretario; diputado Héctor Peralta Grappin, como integrante.

Comisión de la Juventud

Alta: diputada Karen Hurtado Arana, como secretaria.

Comisión de Marina

Altas: diputada María Cristina Teresa García Bravo, como secretaria; diputado José Antonio Estefan Garfias, como integrante.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Altas: diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, como secretario; diputado Candelario Pérez Alvarado, como integrante.

Comisión de Pesca

Altas: diputado Candelario Pérez Alvarado, como secretario; diputado Fidel Calderón Torreblanca, como integrante.

Comisión de Protección Civil

Altas: diputado Alberto Martínez Urincho, como secretario; diputada Araceli Madrigal Sánchez, como integrante.

Comisión de Puntos Constitucionales

Altas: diputado Omar Ortega Álvarez, como secretario; diputado Ángel II Alanís Pedraza, como secretario; diputada María Luisa Beltrán Reyes, como integrante; diputada Evelyn Parra Álvarez, como integrante.

Comisión de Radio y Televisión

Altas: diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, como integrante; diputado Tomás Octaviano Félix, como integrante.

Comisión de Recursos Hidráulicos

Altas: diputado Oscar Ferrer Ábalos, como secretario; diputado Guadalupe Acosta Naranjo, como integrante; diputada Karem Orney Ramírez Peralta, como integrante; diputado Tomás Octaviano Félix, como integrante.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Alta: diputado Omar Ortega Álvarez, como integrante.

Comisión de Relaciones Exteriores

Altas: diputado Héctor Javier García Chávez, como secretario; diputado Guadalupe Acosta Naranjo, como integrante; diputada Cecilia Guadalupe Soto González, como integrante.

Comisión de Salud

Altas: diputada Araceli Madrigal Sánchez, como secretaria; diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá, como secretario; diputada Eva Florinda Cruz Molina, como secretaria; diputado Alberto Martínez Urincho, como integrante; diputada Evelyn Parra Álvarez, como integrante.

Comisión de Seguridad Pública

Alta: diputada María Cristina Teresa García Bravo, como secretaria.

Baja: diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, como integrante.

Comisión de Seguridad Social

Altas: diputado Erik Juárez Blanquet, como secretario; diputada María Elida Castelán Mondragón, como secretaria.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Alta: diputado Julio Saldaña Morán, como secretario.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Altas: diputado Omar Ortega Álvarez, como secretario; diputado José Francisco Martínez Neri, como integrante; diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, como integrante; diputado Rafael Hernández Soriano, como integrante.

Comisión de Turismo

Altas: diputado Leonardo Amador Rodríguez, como integrante; diputada María Concepción Valdez Ramírez, como integrante; diputada Araceli Saucedo Reyes, como integrante; diputada Maricela Contreras Julián, como secretaria.

Bajas: diputado Leonardo Amador rodríguez, como secretario; Maricela Contreras Julián, como integrante.

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Altas: diputado David Jiménez Rumbo, como secretario; diputada Maricela Contreras Julián, como secretaria; diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, como integrante.

Baja: diputado Leonardo Amador Rodríguez, como secretario.

Reciba un cordial saludo.

México, DF, a 13 de octubre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

COMISIONES ORDINARIAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se informa a la honorable asamblea que de conformidad con lo que dispone el artículo 146, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a la fecha han quedado legalmente instaladas, además de las que ya se dio cuenta en sesión anterior, las siguientes comisiones: Derechos Humanos, Igualdad de Género, Fomento Cooperativo y Economía Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Educación Pública y Servicios Educativos, Desarrollo Municipal, Fortalecimiento al Federalismo, Puntos Constitucionales y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Deporte. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan(*), publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 15:13 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 14 de octubre de 2015 a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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