INICIATIVA Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 15 de octubre de 2015, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados(*).

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 15 de octubre de 2015 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex, para que reubique la terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en Boulevard Venustiano Carranza, en Saltillo, Coahuila, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Conasami, a fin de establecer un salario mínimo diario en todo el país de $95.00 pesos, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, relativo al diseño e implementación de programas de difusión de información relativa al cambio climático, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, relativo a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, relativo a la expedición de diversas disposiciones previstas en reformas constitucionales aprobadas previamente por el Poder Legislativo, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

7. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo, suscrito por los diputados Liborio Vidal Aguilar y Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

8. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de energías renovables, a cargo del diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

9. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la cuenca que conforman los ríos Grijalva y Usumacinta, a cargo del diputado Elio Bocanegra Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

10. Con punto de acuerdo, relativo a la ratificación del Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos, suscrito por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la SEP, para que publiquen los lineamientos establecidos en la reforma a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que garantiza la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Condusef a fin de contemplar nuevas modalidades de seguimiento y registro de deuda de los trabajadores del campo mexicano, suscrito por las diputadas Ana María Boone Godoy, Flor Estela Rentería Medina y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal la extensión de la prórroga para la importación definitiva de vehículos usados hasta el 2018, y al ejecutivo estatal de Baja California, a fin de adecuar los centros de verificación vehicular en la entidad, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, a fin de que en la terna que envíe el Ejecutivo federal para integrar la SCJN, se consideren criterios para avanzar en una representación paritaria de dicho órgano, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, relativo a la facultad de atracción de indagatorias que se hayan abierto por delitos en materia de orden federal, en instituciones de procuración de justicia locales, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la SHCP, para que incluya al estado de Tabasco, en el Programa de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito público de esta soberanía, para que en el marco de la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se tomen en cuenta diversos aspectos en materia de recaudación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República, para que en la elección de ternas de ministros de la SCJN, se considere la paridad de género, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.»

INICIATIVA                                                                                                                                                LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 10o. de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos tres años, nuestro país ha llevado a cabo un intenso proceso reformador que ha tenido como finalidades principales el incrementar la competitividad y productividad de la economía. Ello con la intensión de generar más empleos, elevar el ingreso de los hogares y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.

Consciente de la urgente necesidad de acelerar el ritmo de crecimiento económico de nuestro país, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsó –con el concurso de las fuerzas políticas del país– una serie de reformas estructurales que han colocado a México en la ruta correcta hacia el desarrollo económico, político y social.

La Reforma Energética introdujo una profunda transformación orientada a incrementar la producción y disminuir el costo de los energéticos.

La Reforma en Materia de Competencia Económica fortaleció al órgano regulador sentó las bases legales para un mercado interno más competitivo, justo y transparente, a efecto de que los consumidores tengan acceso a más productos y servicios de calidad a precios más bajos.

La Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoció los derechos fundamentales, fomentando la competencia en estos sectores para contar con servicios de mejor calidad a menor precio.

La Reforma Hacendaria ha contribuido a aumentar los ingresos del estado, despretrolizando las finanzas públicas, combatiendo la informalidad y aumentando la base tributaria.

La Reforma Financiera poco a poco está haciendo más accesible el crédito para la micro, pequeña y mediana empresa, generadoras de 8 de cada 10 empleos en el país.

La Reforma Laboral flexibilizó las normas para facilitar la contratación de mexicanas y mexicanos, particularmente de los jóvenes y las jefas de familia.

Mención aparte merece la reforma educativa, sin duda alguna, la más importante de las reformas estructurales aprobadas hasta el momento, pues su implementación está contribuyendo a elevar la calidad de la enseñanza, con lo que le estamos dotando a las próximas generaciones de mexicanos de las herramientas necesarias para desarrollarse, acceder a la movilidad social y competir en un mundo globalizado, caracterizado por la especialización del conocimiento y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Gracias a las transformaciones emprendidas hasta el momento, México cuenta con un andamiaje jurídico y legal renovado para explotar al máximo todo su potencial. Sin embargo, en el Poder Legislativo aún tenemos mucho por hacer, sobre todo considerando las oportunidades que han abierto cada una de las reformas estructurales.

La presente propuesta legislativa busca en esencia fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas de educación media superior y superior con las necesidades la industria y las empresas del país, que son finalmente las que darán cabida a la oferta de trabajo.

Con esto se persiguen dos objetivos básicos. Por un lado, incrementar la competitividad del país y, por el otro, facilitar el acceso a empleos bien remunerados, vinculando los factores de oferta y demanda del mercado laboral.

Durante las últimas dos décadas hemos alcanzado objetivos educativos que no debemos soslayar, tales como el aumento en el número de años de escolaridad, establecimiento de la obligatoriedad de la educación media superior; la adopción de un sistema nacional de estándares de competencia laboral y de currículos basados en competencias; la inserción de instituciones regionales de educación superior con la capacidad de adaptarse a las necesidades de las industrias locales; otorgamiento de incentivos financieros y asistencia técnica para fomentar la inversión en la formación ofrecida a trabajadores activos y buscadores empleo, tan sólo por nombrar algunos.

Hoy en día, lo cierto es que un porcentaje importante de la fuerza laboral en el país no posee las habilidades requeridas por el sector productivo.

De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima que 43 por ciento de los empleadores mexicanos reportan la ausencia de habilidades adecuadas como factor fundamental para llenar sus vacantes. En contraste, 70 por ciento de los proveedores de servicios educativos opinan que sus egresados están adecuadamente preparados para insertarse al mercado.

Las deficiencias en la competitividad de la fuerza laboral generan un círculo vicioso de baja disponibilidad y baja demanda de empleos de calidad. Ante ello, el BID ha recomendado adoptar una visión estratégica para el crecimiento del país y una estrategia de productividad; basado en políticas correspondientes en educación y trabajo que permitan el desarrollo.

Asimismo, se requiere involucrar a los diversos actores relevantes en el marco de un acuerdo para un esfuerzo concertado a nivel nacionalentre la academia y la planta productiva, intensificar los intercambios y la comunicación, que den paso y con celeridad, a una adecuación y flexibilización de los planes y programas de estudio para remediar, así sea en el mediano plazo, esa situación que significa para México, una postración ante las tendencias mundiales signadas por la innovación, la productividad y por una competencia cada vez más áspera, que nos merma capacidad para aprovechar las oportunidades que simultáneamente se presentan en ese entorno, y sin posibilidades reales de acometerlas con éxito en beneficio de México y de los mexicanos.

Se requiere por tanto alinear las políticas de educación y formación con la agenda de crecimiento económica priorizando en el desarrollo de recursos humanos tomando en cuenta mejorar las carreras técnicas al vincular los currículos con las necesidades del sector productivo, e involucrar a este último en la planeación e implementación de programas de formación.

En este escenario, debemos explorar las posibilidades que ofrece la educación técnica no sólo para dar espacio a la demanda educativa, sino para posicionar a las y los jóvenes en el mercado de trabajo. En ese sentido, debemos repensar a la educación técnica para despojarle de toda etiqueta y sacarle el máximo provecho en beneficio de la sociedad.

Hace 83 años, un líder visionario consciente de su tiempo tuvo la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica en México. Con esa idea en mente, Lázaro Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional, un motor de desarrollo que acompañó al proceso de industrialización del país, brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en especial a los menos favorecidos.

Hoy, ante las oportunidades que México tiene por delante, debemos reforzar a la educación técnica para incrementar la competitividad del país y el ingreso de los hogares.

Justificación

Actualmente, México cuenta con sólidas instituciones educativas de educación media superior y de educación superior (el Conalep y el IPN, por ejemplo), así como un completo entramado legal que tiene por objeto facilitar el acceso al conocimiento, desarrollar a los individuos y formar a las mujeres y hombres con un sentido de responsabilidad social.

Por su parte, las reformas estructurales aprobadas en la legislatura anterior, han atendido fallas de carácter estructural que deben ser complementadas con otras reformas complementarias para desarrollar todos sus beneficios.

Con esta reforma buscamos aprovechar los recursos actuales con los que México cuenta para impulsar a la educación técnica, en el entendido que tenemos mejorar el interés por este tipo de carreras y vincular los planes de estudio con las necesidades de los sectores económicos, involucrar a las empresas en la planeación e implementación de los programas de formación.

No se trata de crear nuevas instituciones o de gastar más dinero, sino de orientar a los estudiantes sobre las opciones educativas que más les convienen, tomando como referencia a la demanda de trabajo y las actividades económicas que oportunidades les brindan para emplearse.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 10o. de la Ley General de Educación, a efecto de establecer que las instituciones del sistema educativo nacional promoverán en todo momento la vinculación de sus planes de estudio con las necesidades y demandas de conocimientos, habilidades y destrezas de carácter técnico requeridos por el aparato productivo del país; precisando que los cursos de orientación vocacional resaltarán la importancia económica y social de la educación técnica.

Es con base en la fundamentación, consideraciones y argumentos desarrollados en la disertación precedente, que me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforma y adiciona un párrafo al artículo 10o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 10. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.

(...)

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar. Asimismo, promoverán la vinculación de sus planes de estudio con las necesidades y demandas de conocimientos, habilidades y destrezas de carácter técnico, requeridos por el aparato productivo del país.

Los cursos de orientación vocacional impartidos en las instituciones del sistema educativo nacional resaltarán la importancia económica y social de la educación técnica.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

PROPOSICIONES                                                                                                                                       REUBIQUE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO, UBICADA EN BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, EN SALTILLO, COAHUILA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director general de Pemex que reubique la terminal de almacenamiento y reparto del boulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, Coahuila, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Jorge Enrique Dávila Flores, diputado federal de la LXIII Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual solicita al director general de Pemex que reubique de inmediato la terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en boulevard Venustiano Carranza, Saltillo, Coahuila, por considerarla de riesgo inminente para la población.

I. Antecedentes

El pasado 18 de septiembre de 2012 se registró una explosión y un incendio en la planta de gas de Pemex Exploración y Producción (PEP) ubicada a 19 kilómetros de Reynosa, en el nororiental estado de Tamaulipas, que dejó un total de 30 muertos y decenas de heridos, el pasado 19 de diciembre el pueblo del municipio de San Martin Texmelucan, Puebla fue despertado por el estruendo ocasionado por la explosión de un gasoducto.

No son los únicos accidentes con fatales consecuencias ocurridos en nuestro país, basta recordar las explosiones ocurridas en San Juan Ixhuatepec ubicado en Tlanepantla de Baz, estado de México en 1984 en una de las plantas de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos. Esa explosión dejó un saldo de aproximadamente 600 muertos y 2 mil heridos, la causa fue la rotura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas LP. Así como estos, podríamos mencionar innumerables accidentes ocurridos, ya sea por el robo indiscriminado de combustibles, o por diversas fallas por falta de mantenimiento en los ductos de transportación.

Pero aún más importante, es el peligro que se crea cuando existe almacenaje de combustibles o ductos de Petróleos Mexicanos que circulan por debajo de ciudades transportando diversos combustibles, dentro o cerca de ciudades pobladas. Caso concreto es la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila situada al norte de la ciudad en el Boulevard Venustiano Carranza número 7555 esquina con Avenida de los Campanares, Colonia Jardines Coloniales; columna vertebral de la ciudad, se encuentra rodeada de las colonias Jardines Coloniales, Privadas de Santiago y Las Brisas, cuyos habitantes viven desde hace tiempo con la incertidumbre y la inseguridad de encontrarse cerca de este depósito.

El Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, ahora Sistema Pemex-SSPA, implanta la siguiente política: “Petróleos Mexicanos es una empresa que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Protección Ambiental”.

Sabemos que Pemex mantiene una política de respeto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), participando en los programas de auto-regulación ambiental con la autoridad correspondiente.

Pemex ha promovido programas de capacitación dirigidos a habitantes de las comunidades donde operan; asegurando el control de emergencias, y apoya los programas de donaciones que Petróleos Mexicanos suscribe con los gobiernos estatales.

Este Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, ha trabajado en el campo de la responsabilidad social desde su constitución, en 1992, aplicando acciones en materia de seguridad industrial, salud de sus trabajadores y sus familias, capacitación de los empleados, protección del medio ambiente, trabajo con las comunidades en donde la empresa opera, dedicación al cliente, atención a los proveedores y gestión de la calidad, siempre han tenido prioridad en la empresa.

Bajo este principio, Pemex considera que la seguridad, salud y protección ambiental son valores de lamás alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos, que todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.

II. Consideraciones

Nos referimos al caso, en el que debido al crecimiento poblacional, esta Planta de Pemex al norte de la ciudad, se encuentra rodeada de innumerables desarrollos habitacionales, centros comerciales, instituciones educativas de distintos niveles y centros deportivos, etc. y representa un riesgo para los vecinos, quienes han manifestado su preocupación de que ocurra una tragedia.

Por el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos, tomando como fundamento que se encuentra inmersa dentro de la mancha urbana y que la población fija y flotante de esta zona presenta una vulnerabilidad alta, por el constante tránsito de unidades que transportan materiales peligrosos, generando un riesgo alto en caso de presentarse cualquier evento adverso. Todo esto con la finalidad de salvaguardar la vida de la población y el medio ambiente.

En lo social, la eliminación del tráfico de pipas y el traslado de actividades a las nuevas instalaciones tendrá un impacto directo en el bienestar y la seguridad de los vecinos de Saltillo.

Los habitantes de la ciudad han calificado a esas instalaciones de Pemex como una bomba de tiempo y han exigido en múltiples ocasiones su reubicación, para evitar la pérdida de vidas humanas como consecuencia de un eventual desastre natural o una falla técnica.

Ante una eventual contingencia fatal, es de señalar la urgente necesidad de la reubicación inmediata de la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex en Saltillo.

La experiencia de accidentes en plantas de almacenamiento o distribuidoras de combustibles nos deja muestras de que hay que prevenir catástrofes de esta índole; que las repartidoras, plantas de tratamiento y/o almacenaje de combustible, no deben de encontrarse en zonas urbanas y en caso de que así exista, como es el tema; reubicarlas en calidad de inaplazable.

III. Proposición con punto de acuerdo

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1 Fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Solicitando al director de general de Pemex que reubique de inmediato la terminal de almacenamiento y reparto, ubicada  en boulevard Venustiano Carranza, Saltillo, Coahuila, por considerarla de riesgo inminente para la población

Salón de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a 15 de octubre de 2015.— Diputado Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE INCLUSIÓN DIGITAL Y ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los cuales se solicita la creación de la comisión especial de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, con base en las siguientes

Consideraciones

El contexto actual en materia de inclusión digital nuestro país aún presenta muchas desigualdades, pues existe un sector de la población que cuenta con acceso a internet (34.4 por ciento de los hogares) y por la otra parte existe un sector, conformado por un importante número de mexicanos que nunca han tenido la oportunidad de acercarse a las computadoras y a internet.

El acceso a internet ha adquirido el estatus de derecho humano fundamental al ser reconocido como tal por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya que se considera que es un medio por el cual las personas ejercen su derecho a la libertad de opinión y de expresión establecido en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo, el acceso a internet es un medio fundamental a través del cual los individuos tienen información asequible, hacer valer sus derechos y participar en debates públicos sobre temas económicos, políticos y sociales. También es una herramienta educativa fundamental al representar una fuente de conocimientos vasta y al permitir la ampliación del conocimiento y el fomento de la investigación.

El desarrollo de la sociedad de la información también trae consigo una serie de beneficios para los ciudadanos en cuanto a la calidad de vida y el desarrollo de sus actividades cotidianas a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, y el establecimiento de una infraestructura de acceso universal en todo el país.

Es preciso reconocer que el acceso a internet se encuentra reconocido como un derecho lo cual es de suma importancia ya que el considerar un derecho humano como fundamental en nuestra Constitución Política implica un deber para las ramas del sector público, los derechos fundamentales no abarcan sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de las cuales los ciudadanos se defienden frente a las actuaciones del poder público, también incluye deberes positivos que implica todas las ramas del poder público, no sólo existe la obligación negativa de no lesionar la esfera individual también existe la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos. Así, las recientes reformas constitucionales de junio de 2013 al artículo 6 obligan a la actuación del Estado para garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a VII. ...

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

En congruencia con las reformas constitucionales, particularmente la realizada al artículo 6, que del mismo modo en que se consagra otros derechos sociales como el derecho a la educación, salud, vivienda, el pasado 14 de julio de 2014 fue publicada en el DOF la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que tiene por objeto fundamental regular: el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; las redes públicas de telecomunicaciones; el acceso a infraestructura activa y pasiva; los recursos orbitales; la comunicación vía satélite; la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos; los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia de dichos sectores.

La expedición de esta ley fue importante ya que posibilita la coordinación de las acciones, del sector público para acelerar el desarrollo de la sociedad de la información en el país en el marco de la estrategia digital nacional (EDN). Se ha mencionado también que a partir de la reforma en telecomunicaciones, el acceso a internet se incrementó en 16 por ciento.

No obstante, persisten grandes retos en materia de inclusión digital, especialmente si consideramos que el acceso a internet se debe entender en dos vertientes: el acceso a contenidos en línea sin restricciones, salvo en algunos casos limitados por las leyes; y en la disponibilidad de infraestructura y tecnologías de la comunicación e información, tales como cables, módems, computadoras y software para utilizar Internet, aspectos en los que nuestro país presente importantes rezagos. Algunos de los principales retos son

• Alcanzar las metas planteadas por México para convertirse en líder en digitalización en América Latina, las políticas de inclusión digital se deben implementar tan rápido como sea posible y con la mayor efectividad, especialmente si se pretende alcanzar un índice de digitalización similar al de los países desarrollados y establecer 250 mil sitios públicos en escuelas, hospitales, bibliotecas y plazas públicas, con acceso gratuito a la red y lograr que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las pequeñas y medianas empresas cuenten con accesos de velocidad similar a la promedio de los países de la OCDE.

• Ampliar los alcances de las políticas de inclusión digital que fundamentalmente se limitan a la administración pública federal pero no son obligatorias para las entidades estatales ni municipales. Esto exige estrechar relaciones entre los 3 niveles de gobierno en la búsqueda de homogenizar políticas y prácticas en todas las instituciones para maximizar el efecto.

• Lograr mayor cobertura social a través de una mayor inversión en infraestructura a fin de acelerar la instalación de los proyectos de redes compartidas dado que la gran dispersión de la población y un territorio tan extenso, exige costos y periodos mayores para implantar la conectividad.

• Reforzar las medidas implementadas en materia de competencia necesarias para que sus efectos en precios y cobertura en el corto plazo sean visibles.

• Fortalecer el apoyo presupuestario de modo que las acciones de la EDN se mantengan EDN como una actividad prioritaria en la mente de los legisladores y servidores públicos en general que permita facilitar la coordinación de diversas dependencias públicas e impulsar de esta forma la EDN.

• Revisar el avance de las principales líneas de acción en cada uno de los objetivos de la EDN, de modo que los ciudadanos conozcan los avances y, por otro lado, el Poder Legislativo promueva espacios de discusión y consulta, priorice el presupuesto y coadyuve desde el ámbito de su competencia a alcanzar dichos objetivos.

La Cámara de Diputados debe contar una vez más con una comisión especial destinada al análisis, el debate y la generación de propuestas concretas sobre la inclusión digital y la reducción de la brecha digital.

La LXIII Legislatura tiene que promover y apoyar las políticas y acciones que permitan hacer efectico el ejercicio de los derechos humanos sobre acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación, de lo contrario se profundizaría el problema de la brecha digital, y se afectaría el interés general y las metas de política pública del gobierno federal establecidas en nuestra legislación.

Persiste el reto de incluir a amplios sectores de la población que permanecen al margen de los beneficios y ventajas asociados a las tecnologías de información y comunicación, de ahí la importancia de contar con un órgano de esta naturaleza.

Por otro lado, tenemos que proveer del marco jurídico adecuado y de los recursos necesarios para una política pública de largo alcance, que promueva la inclusión de todos los mexicanos a la era digital y alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico y social, por lo que le corresponde al Estado mexicano afrontar el reto de la digitalización, debe hacerlo siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y sobretodo en concordancia con lo dispuesto en nuestra Carta Magna promoviendo políticas públicas que permitan el acceso universal a internet.

Para ello se requiere un marco normativo integral, para promover la inclusión de todos los mexicanos a la era digital, que sirva de base a las acciones del Estado en la materia y contribuya a garantizar niveles de bienestar social mínimos y coadyuve en el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a la educación, a participar de la vida cultural a gozar del progreso científico y sus aplicaciones.

Por lo señalado solicito que se considere el presente punto de acuerdo para dar continuidad al trabajo de la comisión especial de acceso digital que se ha venido desempeñando durante tres legislaturas. Por ello presento los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con el objetivo de analizar y fortalecer la legislación relativa a la inclusión digital y proponer, en el ámbito de su competencia, las adecuaciones necesarias que permitan adaptar el marco jurídico vigente a la realidad económica, social y tecnológica del país, además de propiciar y promover el acceso de todos los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación.

Segundo. La Comisión Especial de inclusión digital y acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por los grupos parlamentarios.

Notas:

1 Inegi. Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet (17 de mayo). http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdfhttp://www.in egi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf

2 Declaración de Enrique Peña Nieto en el marco de instalación de la mesa de coordinación México Conectado. Nuevo León, abril de 2016.

3 Estrategia Digital Nacional. Gobierno de la República. Disponible en http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf

4http://mexicoconectado.gob.mx/ sobre_mexico_conectado.php?id=70

5 Metas previstas en el artículo décimo cuarto transitorio de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, presentada por el Ejecutivo federal, publicada en el DOF el 11 de julio de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ESTABLECER UN SALARIO MÍNIMO DIARIO EN TODO EL PAÍS DE 95 PESOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y la Conasami a establecer un salario mínimo diario de 95 pesos en todo el país, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Arturo Santana Alfaro, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El salario mínimo de acuerdo con lo estipulado por el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Así como para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia; teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los Países.

Por otra parte, en el artículo 123 Apartado A fracción VI de la Carta Magna se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Con base en el informe emitido en 2014, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el sueldo mínimo en México fue de 146.15 dólares al mes, ubicándose en los últimos lugares de la región según dicho informe. Igualmente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), situó al país como el único con el salario mínimo inferior al umbral de la pobreza, y un 14 por ciento de los trabajadores reciben un ingreso aún inferior a éste.

El pasado 28 de septiembre de 2015,el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en compañía del presidente de la Conasami el licenciado Basilio González Núñez y los representantes oficialistas de la clase trabajadora, así como los representantes del sector patronal, aprobaron el acuerdo del aumento del salario mínimo diario, anunciando con bombo y platillo el incremento a los salarios mínimos en $1.83 pesos diarios de la zona geográfica B, para quedar en $70.10 para todas las zonas de nuestro país.

Asimismo, el Secretario del Trabajo, dijo que esta resolución beneficiaría cerca de 751 mil 915 trabajadores que perciben un salario mínimo y laboran en los 2 mil 341 municipios clasificados en el área geográfica B.

Dicha propuesta es francamente ofensiva para la clase trabajadora en nuestro País y sobre todo totalmente alejada de la realidad económica que se está viviendo en México. Ya que dicho salario que opera en la actualidad no alcanza para comprar los productos de la canasta básica, ni para cubrir las necesidades primordiales de una familia.

Algunos agentes económicos como empresarios o el Banco de México, advierten que no se puede dar un incremento, sin que primero haya mayores niveles de productividad en la clase trabajadora.

Por su parte, el secretario del Trabajo mencionó que la homologación del salario mínimo es insuficiente y que un mayor incremento afectaría las micro, pequeñas medianas empresas. Además se tendría que recortar personal y realizar otros ajustes para soportar los costos. Recalcó que se podría elevar el salario hasta 80 o 90 pesos, pero en el caso de que esto sucediera, sería una absoluta irresponsabilidad, ya que no habría quien pagara el incremento.

Lo anterior, se contrapone con lo señalado por el Vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Jonathan Heath, quien asegura que “existe un amplio margen para aumentar el mínimo sin perjuicio a la inflación o al desempleo”.

De igual forma, el investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (Colmex), Gerardo Esquivel Hernández admitió que hay un riesgo inflacionario de elevar el mínimo, porque los empresarios trasladarían los costos adicionales de su nómina a sus productos, sin embargo, el impacto sería “moderado”. Ya que si el salario aumentará de manera inicial de 10 a 20 por ciento, el impacto inflacionario sería de 0.5 a 1 punto porcentual sobre la inflación, estimó.

Asimismo manifiesta que existen 5 argumentos del por qué si se puede subir el salario mínimo, los cuales son los siguientes: 1) No está ligado a la productividad. 2) No se necesita un decreto, sólo se necesita un acuerdo entre empresa, Gobierno y trabajadores. 3) Aumento acotado. 4) Desvincular el salario de multas y créditos. 5) Fortalecer a la economía formal.

Por otro lado, el director del Programa de Maestría en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), José Gabriel Martínez, consideró que si hubiera un aumento al salario mínimo este no tendría un efecto inflacionario, ya que el grueso de trabajadores que ganan el mínimo no es la mayoría y no habría un impacto “grande” en los precios.

Es claro que sí se puede hacer un aumento considerable en el salario mínimo diario en nuestro país, ya que no existe como lo señalan los diversos expertos una lógica con lo que dice el gobierno federal, que se debe de aumentar la productividad y que en base a eso el salario pueda aumentarse.

De la misma forma, se plantea que el salario mínimo debe ser igual al costo de la canasta alimentaria y cubrir las necesidades básicas de una familia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó, que la fijación del salario debe de ser un elemento de toda política establecida para eliminar la pobreza y asegurar la satisfacción de las necesidades de todos los trabajadores y sus familias. Además que es necesario que el mismo se vaya ajustando con el tiempo, tomando en consideración los cambios en el costo de la vida.

Es preciso que en cualquier economía sean inevitables las modificaciones a los salarios mínimos diarios, que garanticen una calidad de vida para todas las familias mexicanas. Con esto se estaría consagrando verdaderamente el derecho universal al salario mínimo.

En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se encuentra plasmado otro principio fundamental que sustenta en que consiste un salario digno; el cual menciona que: a. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. b. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

La anterior, postura, sostiene que el salario es un derecho humano económico y por lo cual tiene que ser satisfactorio, ya que sirve al trabajador para sobrevivir.

Por lo tanto, es necesario que el gobierno federal trabaje de la mano con los empresarios, la clase trabajadora y el presidente de la Conasami, para llevar a cabo el procedimiento señalado en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente. Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen: I. Por iniciativa del Secretario del Trabajo y Previsión Social quien formulará al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por escrito que contenga exposición de los hechos que la motiven; o II. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por los sindicatos, federaciones y confederaciones que representen el cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que tengan a su servicio por lo menos dicho Porcentaje de trabajadores. b) La solicitud contendrá una exposición de los fundamentos que la justifiquen y podrá acompañarse de los estudios y documentos que correspondan. c) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa certificación de la mayoría a que se refiere el inciso a) de este artículo, la hará llegar al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con los estudios y documentos que la acompañen.

Como diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estoy preocupado por la clase trabajadora de nuestro país, la cual hasta el día de hoy se encuentra en un total estado de indefensión, y que hoy, necesita que todos apoyemos para que puedan tener verdaderamente un salario digno para ellos y sus familias. Y de esta forma ganen lo suficiente para que puedan cubrir las necesidades más elementales para sobrevivir.

No obstante lo manifestado por el Coneval, en donde se propone un salario mínimo de $82.60 y el cual serían suficiente para cubrir las necesidades primarias de una familia.

Es por ello, que propongo que el salario mínimo diario sea del orden de los $95.00 el cual alcanzaría desde mi perspectiva para los gastos generales diarios para una familia modesta.

En este sentido se estaría hablando de un salario mínimo mensual de 2 mil 850 pesos en comparación del propuesto por el gobierno a través de la Conasami, que sería del orden de 2 mil 133 pesos mensuales.

Estableciendo una diferencia de 717 pesos entre la propuesta por un servidor y lo que propone el gobierno federal a través de la Conasami.

Con el aumento del salario mínimo de referencia se podría combatir de manera eficaz la pobreza que aqueja hoy a en nuestro País.

Con esto lograríamos ponernos a la par con países como Paraguay en donde a la clase trabajadora le alcanza el salario perfectamente para vivir con las necesidades básicas y con esto el esfuerzo de cada uno de los trabajadores es verdaderamente recompensado.

Es momento de escuchar a la clase trabajadora y sin dejar de lado la opinión de la clase patronal para tratar de estabilizar paulatinamente el salario mínimo hasta que este sea tangible para la clase trabajadora.

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para establecer un salario mínimo diario en todo el país de 95 pesos, como piso y que en lo subsecuente se esté actualizando hasta cumplir con los extremos constitucionales establecidos en el artículo 123 Apartado A.

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2015.— Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al diseño y la implantación de programas para difundir información relativa al cambio climático, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Javier Herrera Borunda, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través de la resolución 44/236, del 22 de diciembre de 1989, la Asamblea General designó el segundo miércoles de octubre de cada año, como el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, con la finalidad de promover una cultura mundial de reducción de los efectos de dichos fenómenos, que comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.

Desde ese momento, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, se centró en las acciones con una visión que permita a todas las sociedades ser más resistentes ante los efectos de los peligros naturales y los desastres tecnológicos y ambientales relacionados con los mismos; cuya finalidad es reducir las pérdidas humanas, económicas y sociales.

Para ello resulta indispensable la participación conjunta entre los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, agencias de la ONU, la comunidad científica, los medios de comunicación y otros grupos multisectoriales pertenecientes a la comunidad dedicada a la reducción de los desastres.

Recientemente hemos enfrentado eventos climáticos que nos permiten hacer consciencia respecto a la vulnerabilidad en la que nos encontramos como sociedad; los desastres naturales cada vez son más frecuentes y es casi imposible su erradicación; para ello nos queda impulsar acciones, que desde el ámbito de competencia de cada actor, abonen a la disminución de los factores de riesgo y a la prevención para saber cómo actuar ante dichos fenómenos.

Sigue siendo lamentable que observemos el cambio climático como un tema de menor relevancia, como algo ajeno, como algo en lo que no podemos intervenir, pero cabe evidenciar que los efectos de dicho fenómeno, no son más que las consecuencias negativas de los actos u omisiones del hombre contra el medio natural.

Debemos trabajar para que la conmemoración de un día internacional para la reducción de desastres naturales, sea una buena oportunidad a fin de refrendar el compromiso de impulsar acciones permanentes que garanticen la integración de la sociedad en la participación de programas de prevención y respeto al medio que nos rodea, y no hechos aislados de aplicación pasajera.

Ejemplo de las acciones implantadas por la actual administración en el país es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual ha fortalecido los mecanismos hacia la generación de un crecimiento verde y el cuidado del ambiente en un esquema de desarrollo integral.

Los programas institucionales de cobertura nacional y de cooperación internacional, se enfocaron hacia la protección del medio ambiente y la disminución de gases de efecto invernadero, además de ampliar las acciones hacia un país resiliente.

Así también, en 2014 se puso en marcha el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, que establece medidas de corto y mediano plazos necesarias para controlar los gases de efecto invernadero y los contaminantes climáticos de vida corta. También, se concretó el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, con acciones que permitirán en 2018 que prácticamente un cuarto de la electricidad en el país sea generada a partir de energías renovables y tecnologías limpias.

Lo anterior fue resultado de un programa de concientización ecológica, a través del cual se impartieron 822 sesiones a una población de 31 mil 469 personas de municipios costeros, con temas relativos a prevención de la contaminación y protección de áreas naturales protegidas, resaltando la importancia de reducir y amortiguar los efectos del cambio climático, así como evitar la pérdida de especies mediante la prevención de la contaminación y la protección del medio marino.

Si bien dichas acciones fijan bases sólidas para lograr avances en temas de prevención de desastres naturales, lo cierto es que resulta más importante y urgente implantar mecanismos dirigidos a la concientización de la población en el tema de cambio climático y sus efectos.

No menos importante es el hecho de que las autoridades ejecuten urgentemente acciones de prevención partiendo de la educación, medio idóneo a través del cual la población obtendrá la información adecuada como herramienta indispensable para enfrentar eventos naturales como los que han afectado en los últimos años a nuestro país.

Estamos convencidos de que no hay un camino que garantice impedir los eventos naturales, lo que sí podemos y es nuestra responsabilidad, es prepararnos para prevenir y disminuir al mínimo los efectos negativos de dichos fenómenos naturales.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y de educación de los diferentes órdenes de gobierno a efecto de que diseñen e implementen conjuntamente programas de difusión de información relativa al cambio climático, así como de sus efectos negativos, para que de esta forma la sociedad cuente con las herramientas indispensables a fin de participar en acciones que abonen positivamente a la erradicación de los efectos de dicho fenómeno, al tiempo de prevenir y conocer los mecanismos para afrontar los desastres naturales que hoy padece nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputado Javier Herrera Borunda (rúbrica p.a.).»

Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

CONDICIONES LABORALES DE LOS JORNALEROS DE DIVERSAS COMUNIDADES EN EL NORTE DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las condiciones laborales de los jornaleros de diversas comunidades en el norte del país, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde las primeras décadas del siglo diecinueve, en el marco del proceso de la revolución de Independencia, insurgentes de la talla de Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón habían plasmado en el Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado y en los Sentimientos de la Nación –una de las obras más célebres de la historia del pensamiento político mexicano– la proscripción de la esclavitud.

Esos postulados fueron retomados y consagrados en nuestra Carta Magna vigente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, misma que  contiene en el capítulo uno “la prohibición de la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo, la práctica de la esclavitud moderna se ha vuelto un común denominador entre los jornaleros mexicanos que son víctimas de capataces y patrones que los reclutan de manera forzada, violando las garantías más elementales.

No sólo el marco jurídico nacional señala la prohibición de la esclavitud, sino también, diversos organismos internacionales han construido dispositivos legales al respecto. Asimismo, han denunciado a las empresas que implementan la esclavitud moderna y a los gobiernos omisos que se convierten en cómplices de este deleznable acto. De acuerdo con la medición que realiza el Índice Global de Esclavitud para el continente americano (The Global Slavery Index) de 2014, México se encuentra en el cuarto lugar de los países donde la esclavitud moderna es más frecuente, sólo por debajo de Haití, Surinam y Guyana.

En México, como bien lo ha denunciado el laboralista Arturo Alcalde Justiniani, el sector más olvidado, golpeado y víctima de abusos es sin duda el campesino. Los jornaleros han sido sujetos históricamente a toda clase de vejaciones: reciben un pingüe salario a cambio de jornadas extenuantes, habitan en lugares insalubres; son innumerables los riesgos de trabajo que enfrentan, derivados de los productos químicos que manipulan y la violación  a la integridad de sus familias, especialmente a las mujeres es constante. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo incluye un capítulo especial para ese sector, éste es letra muerta.

Asimismo, tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Organización Mundial del Comercio (OMC) también apuntan que el sector rural, es uno de los sectores más afectados por la globalización y las iniciativas recientes en los tratados de libre comercio. Del mismo modo, en el sector rural se concentra gran parte de la población pobre, del trabajo infantil y del trabajo forzoso y es también donde existen mayores inequidades de género. Por otro lado, también recomiendan que se dé especial atención a la situación de las poblaciones indígenas, sentadas en su mayor parte en zonas rurales.

Si bien, el caso de los jornaleros del valle de San Quintín en Baja California, fue un botón de muestra reciente que ilustra este funesto panorama de los trabajadores del campo mexicano. En los últimos meses, diferentes medios de comunicación han difundido las precarias condiciones en las que se encuentran los jornaleros, quienes sufren la dominación y explotación derivada de la esclavitud moderna ejercida por las empresas tanto nacionales como extranjeras, que no encuentran límites para despojar a las comunidades originarias del norte del país.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y a los delegados federales del Trabajo a que en el ámbito de sus competencias hagan cumplir cabalmente –en primera instancia- el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que explícitamente prohíbe la esclavitud, lo que establece el capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo respecto a los “trabajadores del campo”. Así como respetar el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “Pueblos Indígenas y Tribales” que ha ratificado el Estado mexicano.

Segundo.Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instruir a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que se refuercen las acciones para detectar y denunciar, conforme al programa y protocolos de inspección correspondientes, a los patrones que violen los derechos laborales de los jornaleros para que sean castigados severamente por la vía penal.  

Nota:

1 http://www.jornada.unam.mx/2015/08/22/opinion/017a2pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputada Blandina Ramos Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EXPEDICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN REFORMAS CONSTITUCIONALES APROBADAS PREVIAMENTE POR EL PODER LEGISLATIVO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la expedición de diversas disposiciones previstas en reformas constitucionales aprobadas previamente por el Poder Legislativo, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el acuerdo fundamental de voluntades ciudadanas que suman los sentimientos, anhelos y valores del pueblo de México. Nuestra Carta Magna establece la forma en la que los mexicanos decidimos organizarnos como Estado soberano, contempla las instituciones que nos rigen, reconoce los derechos humanos que nos protegen y dota de instrumentos jurídicos para que el ciudadano exija el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Dada la importancia de este instrumento que por su naturaleza es fundamental para el funcionamiento de cualquier nación, es deber de todos los representantes populares velar por su observancia y cuidar escrupulosamente que tenga plena vigencia en la vida del ciudadano. No es concebible un estado democrático sin los instrumentos legales necesarios que protejan al ciudadano del abuso del poder.

II. El Poder Legislativo, como instancia en la que se deposita la Soberanía del Pueblo, debe ser el primero en respetar la vigencia del orden constitucional. No obstante la importancia de respetar el marco jurídico fundamental, es necesario señalar que esta Cámara de Diputados ha incurrido y sigue incurriendo en violaciones constitucionales importantes. Para acreditar esto, el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, ha desarrollado un indicador que denomina el “violómetro constitucional”, instrumento digital que ofrece datos cronológicos y legislativos puntuales para medir, en tiempo real, las violaciones constitucionales en que incurre el Congreso de la Unión al no cumplir con sus obligaciones legislativas dentro de los plazos establecidos en la ley.

Del análisis de este instrumento se deriva que al día de hoy se tienen 21 violaciones constitucionales que no se han enmendado. Todos ellas por omisión del Congreso de la Unión al no emitir las disposiciones legales pertinentes en 22 rubros específicos, normas complementarias del texto constitucional sin las cuales no tiene plena vigencia y que genera un vacío legal que impide el correcto funcionamiento de nuestro orden constitucional.

III. Estas omisiones son las que a continuación se enlistan, mismas que pueden ser consultadas en tiempo real en la página web del CIDE bajo el rubro que, como he mencionado, se ha denominado “violómetro constitucional”:

1. Registros Públicos Inmobiliarios

Tiempo de la violación:

27 de junio de 2014

1 año 4 meses

Reforma al artículo 73, fracción XXIX-R, de la Constitución, DOF: 27 de diciembre de 2013:

El Congreso Federal debía aprobar la Ley General relativa a dicha reforma.

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

2. Ley General del Sistema Nacional de Archivos

Tiempo de la violación:

Desde 7 de febrero de 2015

8 meses

El Congreso deberá aprobar la legislación secundaria en el plazo de un año

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

3. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares

Tiempo de la violación:

Desde 7 de febrero de 2015

8 meses

El Congreso deberá aprobar la legislación secundaria en el plazo de un año.

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

4. Propaganda gubernamental

(Ley reglamentaria del Art. 134 constitucional)

Tiempo de la violación:

Desde 14 de diciembre 2007

7 años 9 meses

El Congreso Federal tenía un plazo de 30 días para adecuar la legislación a la reforma constitucional.

Legislaturas responsables:

LX (2006 – 2009), LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018

5. Propaganda Gubernamental:

(Segunda violación constitucional)

Tiempo de la violación:

Desde 1 de mayo de 2014

1 año 5 meses

El Congreso de la Unión –estando ya en falta constitucional– debió aprobar la ley reglamentaria del párrafo octavo del Art. 134 Constitucional a más tardar el 30/04/2014

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

6. Registro Nacional de Población

Tiempo de la violación:

Desde el 17 de diciembre de 2014

9 meses

El Congreso deberá adecuar la legislación en materia del formato único de registro de población.

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

7. Ley sobre suspensión de derechos y garantías

Tiempo de la violación:

Desde 11 de junio de 2012

3 años 4 meses

El Congreso de la Unión tenía un plazo de un año para emitir la ley.

Legislaturas responsables:

LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

8. Ley del artículo 33, extranjeros

Tiempo de la violación:

Desde 11 de junio de 2012

3 años 4 meses

El Congreso de la Unión tenía un plazo de un año para emitir la ley.

Legislaturas responsables:

LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

9. Contralor de IFETEL

Tiempo de la violación:

Desde 10 de diciembre de 2013

1 año 10 meses

El Congreso Federal debía adecuar el marco jurídico derivado de la reforma, a más tardar el 12 de diciembre de 2013.

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

10. Ley General de Aguas

Tiempo de la violación:

Desde 3 de febrero de 2013

2 años 8 meses

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018

11. Ley del Coneval

Tiempo de la violación:

Desde 11 de junio de 2014

1 año 4 meses

El Congreso de la Unión tenía un plazo de 120 días para emitir la ley relativa al Coneval.

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

12. Consejo General del Coneval:

Tiempo de la violación:

Desde 12 de abril de 2014

1 año 6 meses

La Cámara de Diputados tenía un plazo de 60 días para integrar el Consejo

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

13. Ley de Transición Energética

Tiempo de la violación:

Desde 21 de diciembre de 2014

9 meses

La Cámara de Diputados tenía un plazo de un año para expedir la ley reglamentaria respectiva.

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

14. Legislación sobre el uso legítimo de la fuerza

Tiempo de la violación:

Desde 3 de julio de 2013

2 años 3 meses

El Congreso debía expedir la ley en un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto.

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

15. Ley del Derecho de Réplica

(Violación constitucional)

Tiempo de la violación:

Desde el 14 de diciembre 2007

7 años 9 meses

El Congreso Federal tenía un plazo de 30 días para aprobar, entre otras cosas, la Ley del Derecho de Réplica.

Legislaturas responsables:

LX (2006 – 2009), LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

16. Regulación del Derecho de Réplica

(Segunda violación constitucional)

Tiempo de la violación:

Desde 10 de diciembre de 2013

1 año 10 meses

El Congreso Federal debía adecuar el marco jurídico en materia del derecho de réplica, a más tardar el 12 de diciembre de 2013.

Legislatura responsable:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

17. Ley del Derecho de Réplica

(Violación legal)

Tiempo de la violación:

Desde el 1 de mayo de 2008

7 años 5 meses

El Congreso Federal –estando ya en falta constitucional- se impuso un término legal hasta el 30 de abril de 2008 para expedir la Ley.

Legislaturas responsables:

LX (2006 – 2009), LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

18. Magistrado del TEPJF

Tiempo de la violación:

Desde 20 de abril de 2015

5 meses

La Cámara de Senadores, a más tardar el 19 de abril de 2015, debió elegir al Magistrado del TEPJF (Alejandro Luna Ramos concluyó su período)

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

19. Ley Federal de Competencia Económica

Tiempo de la violación:

6 de julio de 2015

3 meses

Nueva ley publicada en el DOF el 23/05/2014. El Congreso de la Unión deberá adecuar el marco jurídico

Legislaturas responsables:

LX (2006 – 2009), LXI (2009 – 2012), LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

20. Ley reglamentaria en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios

Tiempo de la violación:

25 de agosto de 2015

1 mes

La Cámara de Diputados tenía un plazo de 90 días para expedir la ley reglamentaria respectiva.

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

21. Programa de reorganización administrativa, Ley General de Transparencia:

Fecha de vencimiento:

31 de agosto de 2015

1 mes

Nueva ley publicada en el DOF el 04/05/2015. Cada cámara del Congreso deberá aprobar un programa de reorganización administrativa con el fin de cumplir con las obligaciones genéricas y específicas.

Legislaturas responsables:

LXII (2012 – 2015), LXIII (2015-2018)

Por ello, mi intención ante todo es llamar a la reflexión para que esta Legislatura no sea omisa y respete el orden constitucional.

¡A que realicemos nuestro trabajo con apego a los tiempos que esta misma Cámara se impone!

¡No es admisible que dejemos de proteger derechos de los ciudadanos o de establecer los cánones normativos del Estado Mexicano por simple desinterés, falta de acuerdo o cálculo político!

¡Es momento de poner en el centro de nuestra actividad al ciudadano, de hacer valer nuestra representación política con sujeción a la norma fundamental!

La Junta de Coordinación Política, en el artículo 34 numeral 1 inciso a) tiene como atribución impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo, por lo que se considera conveniente que esta instancia de la Cámara impulse la expedición de dichas leyes y esta legislatura cumpla con sus obligaciones constitucionales.

De esta forma, se resarcirán a la brevedad estas violaciones constitucionales que representan un atraso en la labor legislativa y a la vez marginan lo más sagrado que tenemos: los derechos de los ciudadanos.

Por lo expuesto y motivado, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, en ejercicio de sus atribuciones, impulse el dictamen y votación de las leyes que deben expedirse conforme a las disposiciones previstas en diversas reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo, mismas que han quedado señaladas en el cuerpo del presente documento.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a 15 de octubre de 2015.— Diputado Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL ECOTURISMO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo, suscrita por los diputados Liborio Vidal Aguilar y Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Liborio Vidal Aguilar y Felipe Cervera Hernández , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de las facultades que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial Para el Fomento y Desarrollo del Ecoturismo.

Consideraciones

Los modelos de desarrollo que las sociedades adoptaron a lo largo del siglo XX se caracterizaron por fomentar la industrialización y promover el crecimiento económico antes que el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas. A razón de lo anterior, la comunidad internacional organizó diversos foros para discutir los efectos de los modelos de desarrollo económico, especialmente en el ámbito de la inequidad en el reparto de la riqueza y la falta de cuidado de los recursos naturales.

En este contexto y a partir de los trabajos con la comunidad internacional y de lo acordado en el Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, el gobierno Mexicano, se comprometió a promover una política orientada hacia la conservación de la biodiversidad existente en nuestro país.

Esta situación, según lo señalado en el informe de elementos para evaluar el impacto económico, social y ambiental del turismo de naturaleza en México realizado por la Secretaria de Turismo, llevó al gobierno mexicano a reforzar las estrategias para promover el desarrollo productivo, generar empleo y canalizar recursos para el bienestar social en las zonas de marginación, que en muchos casos son de gran relevancia ambiental, y además cuentan con un acervo arqueológico, histórico, cultural y la presencia de poblaciones indígenas que aún conservan sus costumbres y tradiciones.

Dada la experiencia que nuestro país tenía en el impulso de la actividad turística y su capacidad para generar empleo productivo, se consideró, que una estrategia viable para erradicar la pobreza del medio rural era promover la realización de proyectos productivos en el ámbito turístico, pero guiados por la nueva visión global del turismo, que buscaba que el visitante desarrollara experiencias recreativas en ambientes naturales auténticos y conservados. Esta nueva perspectiva implicó poner en valor el capital ambiental del país y el patrimonio histórico y cultural, de tal forma que el desarrollo turístico se enmarcó en la premisa de la sustentabilidad.

Ahora bien, A pesar de los esfuerzos emprendidos por el gobierno federal, el turismo de naturaleza no ha logrado colocarse como una estrategia totalmente exitosa para atender los problemas de pobreza y marginación del medio rural, especialmente en términos de la creación de empleos y la generación de ingresos para las comunidades.

La planificación del turismo de naturaleza en México es esencial para su desarrollo en los próximos años, en cuya realización se deberá considerar a la preservación del medio ambiente, como la condición fundamental que orientará a las acciones encaminadas a fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades en donde se realicen las actividades relacionadas con este segmento de mercado

Como respuesta a estas necesidades, surge la comisión especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo la cual mediante modificaciones y adecuaciones al marco jurídico existente, buscara desarrollar y fomentar el turismo de naturaleza para así generar espacios para el crecimiento y desarrollo sustentable de comunidades en condiciones marginales, así como crecimiento sustantivo de la industria turística generando nuevas oportunidades de turismo alternativo.

Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes.

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo.El objetivo de la Comisión Especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo será analizar el marco legal y normativo relativo al turismo de naturaleza y proponer, en el ámbito de su competencia, modificaciones que permitan adaptar la legislación vigente a la realidad, a las mejores prácticas internacionales y a las necesidades del sector turístico, incluyendo los aspectos económicos, sociales, ecológicos, tecnológicos y de desarrollo, los cuales son establecidos de manera enunciativa y no limitativa, para así explotar de manera sustantiva y sustentable los múltiples recursos de turismo ecológico que tiene México y convertirlo en un país líder a nivel mundial en el rubro.

Tercero.La Comisión Especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto.La Comisión Especial para el fomento y desarrollo del ecoturismo tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputados: Liborio Vidal Aguilar, Felipe Cervera Hernández (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de energías renovables, a cargo del diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Javier Antonio Neblina Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo para crear la comisión especial de energías renovables, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Cuando el consumo de energía en México aumenta a un ritmo de casi 5 por ciento al año, según la Secretaría de Energía, la inversión en el sector de energías renovables, se vuelve necesaria.

México es el décimo productor de petróleo mundial y el decimoquinto de gas natural. Sin embargo, sólo 14 por ciento de la energía que consume la población proviene de fuentes renovables, a pesar del tremendo potencial para incrementar ese porcentaje.

Un reciente estudio del Conacyt concluyó que si se aprovechara la radiación solar que reciben mil 793 kilómetros cuadrados del territorio nacional, lo equivalente a 1 por ciento de la extensión de Sonora, se obtendrían alrededor de 430 mil 520 gigavatios/hora al año, energía suficiente para atender la demanda eléctrica del país, que asciende a 234 mil 219 gigavatios/hora al año, de acuerdo con cifras del estudio Prospectiva del sector eléctrico 2013-2027, realizado por la Sener.

El estudio también determinó que la cantidad de radiación solar que recibe México en el estado de Sonora es una de las más altas a nivel mundial, ya que es similar a la que se registra en el desierto de Sahara en el norte de África, en el desierto de Atacama en Chile, o bien en Sudáfrica y en Australia.

Esta cantidad de energía podría variar entre 10 y 30 por ciento por la eficiencia propia de cada tipo de tecnología que se emplee, como la termosolar o la fotovoltaica. Sin embargo, la radiación solar que recibe Sonora podría abastecer de energía eléctrica a todo México y generar un excedente de casi 100 gigavatios/hora al año.

Además, el Centro Woodrow Wilson publicó en 2012 el estudio Potencial de energía solar en los estados del norte de México, donde afirma que México es uno de los pocos países del mundo, cuyo territorio se ubica en la geografía con “mayor densidad de radicación solar”, con un promedio de 5.8 kilovatios/hora/metro cuadrado.

Este centro también critica la carencia de productores de materiales y de tecnología para producir este tipo de celdas de manera local, la falta de know how para dar el mantenimiento técnico continuo que requieren este tipo de granjas solares entre otras dificultades técnicas y financieras que han impedido la implantación de megaproyectos solares.

La capacidad instalada de energía renovable en México es de 39 mil gigavatios/hora, según la Agencia Internacional de la Energía. Comparado con Canadá, cuya población es bastante más pequeña que la mexicana y cuya economía tiene un tamaño similar a la de nuestro país, el país de la hoja de maple genera 10 veces más energía renovable. Aunque esa diferencia puede acortarse en los próximos años con nuevos proyectos de inversión público-privados, que serán más numerosos e importantes tras la reforma energética y la aprobación en 2012 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

En países como Islandia, casi 100 por ciento de la energía proviene de fuentes renovables, como la eólica o la geotérmica. Expertos como Kevin Smith, director global de KNV Kema, sostienen que esto se debe a que los países que más dependen de la energía renovable lo hacen debido a sus condiciones geográficas.

En este sentido, México puede ser uno de los principales generadores de energía solar en el mundo.

Desde la década de 1990, la generación de energía eólica en México aumenta de forma sostenida y también la cantidad de empleos vinculados al sector. Más de uno de cada tres empleos se relacionan con la fabricación de turbinas, que han aprovechado tecnología internacional y know howde empresas en Estados Unidos para desarrollar motores de turbinas y otros componentes fabricados en México con calidad certificada. México cuenta con una capacidad instalada de más de mil megavatios/hora, pero ya hay proyectos en marcha encaminados a triplicar esa cifra.

Por lo expuesto, agradezco su atención y propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a crear y constituir la Comisión Especial de energías renovables, cuyo objeto será garantizar la sustentabilidad político-energética a través de estrategias de diversificación de fuentes renovables que permitan un desarrollo sustentable que impacten en un mayor bienestar de la población y ayude a cumplir las metas y los objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Segundo.Para la integración y el nombramiento de la junta directiva de la Comisión Especial de energías renovables se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Tercero. La Comisión Especial de energías renovables se extinguirá al término de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo. México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Diputado Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA QUE CONFORMAN LOS RÍOS GRIJALVA Y USUMACINTA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de la Comisión Especial de la cuenca que forman los ríos Grijalva y Usumacinta, a cargo del diputado Elio Bocanegra Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Elio Bocanegra Ruíz, en nombre propio y de un grupo plural de diputados representantes de los  estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche, todos ellos integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultades establecidas en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se constituya la “ Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta para promover la seguridad hídrica y la gestión integral del agua en esa región”, al tenor de los siguientes

Hechos

Primero. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 205 y 207 de Reglamento de la Cámara de Diputados y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias a efecto de atender de un asunto específico distinto al que pudieran tratar las comisiones ordinarias y que el mismo sea de calidad relevante o urgente, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objeto de su creación, el número de integrantes que la conformarán así como la  determinación del plazo para efectuar las tareas que se les haya encomendado contemplando que al ser cumplido  el objeto de creación de la comisión especial esta se extinguirá.

Segundo. Que la gran cuenca Grijalva-Usumacinta comprende una superficie total 91 mil 345 kilómetros cuadrados y seis cuencas hidrológicas integradas por los ríos Usumacinta, Lacantún, Chixoy, Grijalva, Tonalá y Coatzacoalcos. A su vez esas seis cuencas se dividen en siete subcuencas: La del alto Grijalva, con una superficie de 9 mil 644 kilómetros cuadrados; medio Grijalva, con 20 mil 146 kilómetros cuadrados; bajo Grijalva-Sierra, con 9 mil 617 kilómetros cuadrados; bajo Grijalva-Planicie, con 12 mil 163 kilómetros cuadrados; Tonalá-Coatzacoalcos, con 6 mil 859 kilómetros cuadrados; Lacantún-Chixoy, con 19 mil 857 kilómetros cuadrados; y Usumacinta, con 13 mil 59 kilómetros cuadrados.  Al interior de  gran cuenca Grijalva-Usumacinta se encuentran 804 kilómetros cuadradoscorrespondientes a 409 lagos naturales, además de cuatro embalses artificiales (presa Belisario Domínguez “La Angostura”, presa  Manuel M. Torres “Chicoasen”, presa Raudales de Malpaso y presa Peñitas) que corresponden al sistema hidroeléctrico Grijalva sobre la parte alta del cauce del río del mismo nombre las cuales al desfogar pueden generar hasta 12 mil 817 Gw/h, lo que representa el 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Tercero.Que el agua que corre por los ríos Grijalva y Usumacinta se origina en su mayoría en la Sierra de Chiapas y de Guatemala, en altitudes que superan los 2 mil 900 metros sobre el nivel del mar y todos sus escurrimientos fluyen hacia la planicie de Tabasco buscando la salida natural hacia el golfo de México. Aunado a ello se debe considerar que el régimen de precipitaciones en esta región es uno de los más altos del mundo y en definitiva es el más alto del país con un promedio anual cercano a los 3,000 milímetros cúbicos y que en algunas localidades como Teapa y Pichucalco alcanzan promedios de 4,000 milímetros cúbicos.

Cuarto.Que todas las anteriores condiciones hidrográficas y orográficas aunado al desfogue de las presas y a los recientes efectos del cambio climático –mismos que se expresan en lluvias más frecuentes y más intensas– hacen de la cuenca Grijalva-Usumacinta la región del país con la más alta vulnerabilidad a inundaciones, desbordamientos de cuerpos de agua y desgajamientos de tierra comprometiendo de ese modo la seguridad hídrica de los pobladores que habitan esta región.

Quinto.Que la seguridad hídrica es un concepto que comprende la garantía de seguridad de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos naturales previsibles asociados al agua; la garantía de un acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico así como la garantía de preservación de los ecosistemas acuáticos.

Sexto. Que al interior de cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta habita un población que excede los 6.5 millones de personas distribuidas en 123 municipios de los cuales el 47 por ciento vive en localidades urbanas y el 53 por ciento restante en comunidades rurales. Los centros urbanos más importantes son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Palenque, en Chiapas; Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana, en Tabasco; Ciudad del Carmen en Campeche, y Coatzacoalcos y Minatitlán, en Veracruz.

Séptimo. Que a pesar de su abundancia, el agua tiene algunas limitaciones para sus usos directos en las diversas actividades humanas en la cuenca. Las aguas superficiales presentan altos contenidos de sólidos disueltos descargas de contaminantes domésticos e industriales sin tratamientos previos, a su vez las aguas subterráneas contienen niveles elevados de sulfato y carbonato. La Conagua estima que se vierten a los cuerpos de agua de la cuenca 185 mil 921 kilogramos/día de excretas 270 mil 678 kilogramos/día de sólidos suspendidos totales, procedentes de aguas negras municipales. En cuanto a las descargas industriales se tienen identificadas 20 actividades industriales, cuyas descargas contaminantes se estiman en; 207mil 403 kilogramos/día de demanda química de oxígeno y 91 mil 549 kilogramos/día de solidos suspendidos por lo que los principales cuerpos de agua de pueden considerarse entre contaminados y muy contaminados.

Octavo.Que por lo menos  durante los últimos 20 años la parte baja de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta se han suscitado inundaciones en forma sistemática y de gran magnitud como la de  1995 causadas por los ciclones Opal y Roxane; las de septiembre y octubre de 1999 que dejaron un saldo de 90 mil damnificados; la gran inundación de finales de octubre de 2007 en las que se registraron lluvias atípicas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas producto de  la combinación del Frente Frío no. 4 y un canal  de baja presión vinculada a la Tormenta Tropical “Noel” mismo que dejó un saldo de 383 mil damnificados, 1 millón 215 mil habitantes afectados así como  daños materiales  (de acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL) cercanos a 32 mil millones de pesos; el desbordamiento del río Usumacinta en el 20 de octubre de 2008 afectó a 102 mil personas de 238 localidades de la Cuenca; en noviembre de 2009 fueron 7 mil los damnificados y 200 mil las personas directa o indirectamente afectadas; con las lluvias den octubre de 2011 resultaron  damnificadas más de 270 mil personas, 300 mil hectáreas de cultivos dañados y  mil kilómetros de carreteras estropeadas; finalmente en diciembre de 2013 se volvió a suscitar una inundación que afectó principalmente a la región Chontalpa en Tabasco. Las partes medias y altas de la cuenca también experimentan los estragos de las precipitaciones por ejemplo, las que provocaron el desgajamiento de un cerro que sepultó a la comunidad de San Juan de Grijalva en el municipio de Ostuacán el 5 de noviembre de 2007.

Noveno. Que en el caso de Tabasco se han implementado grandes programas para enfrentar las inundaciones.

Consideraciones

Primera. Que la Gestión Integral del Agua puede definirse como el  proceso de gobernanza que promueve el manejo, gestión y administración coordinada del agua en un contexto de cuenca hidrográfica bajo una perspectiva socioambiental y de funcionamiento ecohidrológico donde se pretende armonizar el uso, aprovechamiento y administración de los recursos naturales asociados al agua con el manejo de los ecosistemas comprendidos en una cuenca, tomando en consideración las relaciones entre recursos y ecosistemas, los objetivos económicos y sociales y las prácticas productivas y formas de organización que adopta la sociedad para satisfacer sus necesidades y procurar su bienestar en términos sustentables.

Segunda.Que las consecuencias de los fenómenos hidrometerológicos que ocurren en la cuenca Grijalva-Usumacinta presentan un saldo negativo en términos de vidas humanas, daños materiales y pérdidas económicas considerables. Si bien en los últimos años el número de víctimas fatales ha logrado reducirse notablemente, el monto del impacto económico ha crecido notablemente debido al valor creciente de las actividades económicas, a la densidad del patrimonio en riesgo y a la ocurrencia sistemática de eventos climáticos extremos asociados al cambio climático.

Tercera.Que a pesar del avance significativos en la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones observado en los últimos años en la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta la vulnerabilidad de la región ante los efectos de las inundaciones aún es latente.  Las acciones y obras se han concentrado en la parte baja de la cuenca y la infraestructura construida aún es insuficiente, se requiere además atender la creciente deforestación de la parte alta de la cuenca misma que provoca la sedimentación excesiva de los espacios hidráulicos, y el reblandecimiento de las laderas montañosas lo que pone en riesgo a la población que habita esa zona de la cuenca.

Cuarta. Que a nivel de proyecto el Ejecutivo federal se tienen considerado la construcción de al menos 3 embalses adicionales (presa “Boca del Cerro”, presa Salto de Agua-Tulija y presa “Itzantun”) para la generación de energía hidroeléctrica las cuales deben ser discutidas y evaluadas minuciosamente a fin de que no pongan en riesgo la seguridad hídrica de las comunidades aledañas y de quienes habitan cuenca abajo.

Quinta.Que en los municipios rurales de la cuenca persiste una insuficiente cobertura en los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento lo cual es síntoma y consecuencia de las condiciones de rezago y pobreza que predominan en la cuenca, de igual modo la infraestructura de tratamiento es inadecuada e insuficiente lo que provoca la contaminación de los cauces superficiales y las aguas de los esteros y lagos.

Sexta.Que la Infraestructura hidráulica de riego consistente en de tres distritos de temporal tecnificados (La Sierra, Zanapa-Tonalá y Margaritas-Comitán: 181 mil hectáreas), dos complejos agroindustriales (Plan Chontalpa y Plan Balancán-Tenosique: 206 mil 800 hectáreas), 3 mil 505 unidades de riego (16 mil 308 hectáreas) y tres distritos de riego (Río Blanco, Cuxtepeques y San Gregorio: 28 mil 56 hectáreas) está deteriorada y en términos de productividad por es totalmente ineficiente.

Séptima. Que para generar las condiciones necesarias de: 1) Adaptación al Cambio Climático enfocadas a la disminución de riesgos y la atención de los efectos por la ocurrencia de inundaciones; 2) Mantenimiento, conservación y ampliación de  la infraestructura de control de avenidas y propiciar un manejo adecuado de las presas; 3)Consolidación  los sistemas de información y alerta temprana a la población así como la  elaboración y actualización de los Atlas de Riesgo 4) Delimitación de las zonas federales en las áreas urbanas para su desincorporación y entrega de las superficies que resulten a los municipios para su administración; 5) Impulsar los estudios para determinar y conocer el volumen y calidad del agua disponible; 6) Atender el rezago en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico en zonas rurales; 7) Incrementar las coberturas y fomentar la mejora constante de los servicios en las zonas urbanas; 8) Promover el desarrollo de proyectos para la construcción y rehabilitación  de plantas para el tratamiento de las aguas residuales; 9) Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola y desarrollar áreas de temporal tecnificado; y 10) Conservación, cuidado y rehabilitación de la masa forestal y las represas naturales cuenca arriba, se requiere del esfuerzo conjunto de los gobiernos federal, estatales y municipales, los usuarios del agua  y en general la sociedad organizada correspondiendo también a los diputados federales la responsabilidad en los cambios legislativos al marco jurídico vigente, la elaboración de leyes de carácter general, así como la generación  de instrumentos que puedan propiciar la consecución de estas 10 condiciones para garantizar la seguridad hídrica y propiciar la gestión integral del agua en la cuenca que conforman los ríos Grijalva y Usumacinta, siendo el más propicio para ello la creación de una comisión especial.

En virtud de los hechos y consideraciones anteriormente expuestos y por considerarse un asunto de importancia relevante para el país y para desarrollo y la seguridad hídrica de la población de los estados, municipios y localidades de la zona que confluyen en la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, sometemos a la alta consideración de los diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a la Junta de Coordinación Política y al pleno de la Cámara de Diputados la aprobación de la creación de “Comisión Especial de la cuenca que conforman los ríos Grijalva y Usumacinta para promover la seguridad hídrica y la gestión integral del agua en esa región”.

El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación y deberá funcionar de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establecen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará, además, con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Segundo. La comisión especial estará integrada por legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y contará con una junta directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

En su integración, se tomará en cuenta preferentemente a los legisladores que provengan de la circunscripción y distritos pertenecientes a la región de la cuenca Grijalva y Usumacinta cuidando siempre los criterios de pluralidad y proporcionalidad

Tercero. La comisión especial, materia del presente acuerdo, funcionará durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando así se le requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputado Elio Bocanegra Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

RATIFICACIÓN DEL CONVENIO BILATERAL DE TRANSPORTES AÉREOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la ratificación del Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos, suscrita por los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez y Concepción Villa González, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a que no sea enviado para su ratificación al Senado de la República el Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos hasta que el gobierno estadounidense cumpla el compromiso de garantizar las condiciones de equidad para la industria aérea mexicana mediante acuerdos de alianzas profundas (antitrust immunity).

Consideraciones

El Convenio de Chicago, sobre aviación civil internacional firmado en 1944 tuvo por objeto actualizar las normas de aviación. Firmado después de la Segunda Guerra Mundial, este convenio regulaba de manera liberal los aspectos de navegación y tráfico aéreo. En este documento se establecieron las cinco primeras “libertades del aire”, en la actualidad existen nueve. Estas libertades, en derecho aeronáutico, son una serie de derechos relativos a la aviación comercial que garantizan a las aerolíneas de un país entrar en el espacio aéreo de otro país y aterrizar en éste.

1. Libertades técnicas:

• Primera libertad: el derecho de volar sobre el territorio de otro estado sin aterrizar.

• Segunda libertad: el derecho de aterrizar en el territorio de otro estado por razones técnicas.

2. Libertades comerciales:

• Tercera libertad: el derecho de desembarcar pasajeros, correo, carga, tomados en el territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.

• Cuarta libertad: el derecho de tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del país cuya nacionalidad posee la aeronave.

• Quinta libertad: el derecho de tomar y el de desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados.

3. Otras libertades:

• Sexta libertad: el derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial entre otros dos estados vía su propio territorio.

• Séptima libertad: el derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial enteramente fuera de su territorio.

• Octava libertad: el derecho a que el operador aéreo de un estado transporte tráfico comercial dentro del territorio de otro estado (cabotaje).

• Novena libertad: Permiso referido a aerolíneas de un estado para operar en régimen de 7ª libertad a partir del tercer estado más allá de su territorio.

En noviembre de 2014, los gobiernos de México y de Estados Unidos modificaron el Convenio Bilateral en materia de Aviación. Tras su firma se estableció que las aerolíneas cargueras de Estados Unidos y de México eliminarán restricciones al aplicar la quinta y séptima libertad; con esto, podrán despegar desde Estados Unidos, cargar mercancía en México y continuar volando hacia un tercer país, esquema conocido como quinta libertad del aire. También podrán partir desde México hacia un tercer país, sin haber estado previamente en Estados Unidos; este otro esquema se conoce como séptima libertad del aire. Las aerolíneas mexicanas tendrán los mismos beneficios para operar en Estados Unidos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declaró que no se autorizarán la octava y novena libertades internacionales (cabotaje); es decir, vuelos entre ciudades mexicanas operados por aerolíneas estadounidenses. Este convenio modificado tiene que ser ratificado en el Senado y entra en vigor el 1 de enero de 2016.

A partir del anuncio de las modificaciones del Convenio Bilateral de Transportes Aéreos, varias organizaciones sindicales y colegios en esta materia, formaron el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN). Ellos declaran estar en contra del convenio aéreo bilateral, porque las nuevas libertades se autorizarán con menos restricciones y porque esto representa, en la práctica, la autorización de la política de cielos abiertos.

La quinta libertad aérea representa la posibilidad de que cualquier aerolínea, tanto de Estados Unidos como de México, pueda realizar servicios aéreos desde cualquier punto, o varios puntos, entre ambos países, y continuar a un destino posterior. Eso significa para las aerolíneas estadounidenses una mayor ventaja competitiva, ya que, además de poseer una mayor flota, podrían realizar, y vender, vuelos que vengan de EU y aterricen en la Ciudad de México –por citar sólo un ejemplo– a cualquier destino de Centro o Sudamérica.

La SCT niega que este convenio bilateral considere la apertura de cielos y, en un comunicado emitido el 23 de septiembre de 2015, aseguró que se mantendrían las libertades aéreas ya autorizadas, mientras que las nuevas se autorizarían, caso por caso, y sin perjudicar a la industria aérea nacional. Sin embargo, omiten mencionar que en un acuerdo paralelo de fecha 28 de mayo de 2015, los gobiernos de México y de Estados Unidos se ofrecen y otorgan más libertades aéreas de las que se habían negociado en el texto del memorándum de consulta.

La SCT afirma que sólo se busca flexibilizar el tráfico aéreo para “aumentar la conectividad y el crecimiento económico de las naciones”. “El convenio generará oportunidades significativas, tanto para que las aerolíneas cargueras mexicanas incrementen su penetración en mercados internacionales, como para que el país que aproveche su ubicación estratégica sirva como una plataforma logística donde, además de que se reciban y envíen un mayor número de mercancías, se dé valor agregado a las mismas”.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó con el Colegio de Pilotos Aviadores de México, AC, un estudio sobre las condiciones de competencia en la industria aérea nacional. De acuerdo con los resultados, México no está en condiciones de competir con las aerolíneas estadounidenses. La liberalización del Convenio Binacional de Transportes Aéreos entre México y Estados requiere que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantice equidad para que la industria aérea nacional esté en condiciones de competir en igualdad de circunstancias.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo que representa la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica en los casos de investigación al sector aéreo, el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional señaló: “Si la Cofece está considerando la entrega del control de slots, o sea, horarios de despegue y aterrizaje, puertas de salida y otras concesiones, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a competidores estadounidenses a través del nuevo convenio bilateral, se estaría poniendo en grave riesgo la fuente de empleo de cientos de trabajadores de la aviación nacional”. Nos oponemos a una política de cielos abiertos, pues la aviación nacional no está en condiciones de competir con la de Estados Unidos, que tiene una flota mucho mayor, igual que oferta de asientos; ellos cuentan con 75.3 por ciento del mercado y México con sólo 24.7. Estados Unidos posee 7 mil aviones; y México, sólo 350.

El FDAN declara que el convenio bilateral no cumple las salvaguardas de seguridad de temporalidad, gradualidad y posibilidad de concretar alianzas profundas (antitrust immunity), además del compromiso de establecer y mantener las políticas internacionales de asignación de horarios de despegue y aterrizaje en el AICM, que en principio exigieron y a las que se comprometieron a cumplir los dos países. Este convenio será presentado en las semanas siguientes ante el Senado para su ratificación.

De aprobarse el acuerdo bilateral en materia de aviación en los términos en que actualmente se está negociando por los Estados parte, se otorgarían facilidades a la industria estadounidense para entregarles slots y rutas que pondrían en riesgo miles de empleos de la industria aeronáutica nacional. Por cada avión que deje de volar se perderían aproximadamente 120 empleos directos. Por esto es necesario que se respeten las salvaguardas de equidad entre los dos países y se establezcan en el convenio, antes de su ratificación.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo, licenciado Enrique Peña Nieto, a que no sea enviado para su ratificación al Senado de la República el Convenio Bilateral de Transportes Aéreos entre México y Estados Unidos hasta que el gobierno estadounidense cumpla el compromiso de garantizar las condiciones de equidad para la industria aérea mexicana mediante acuerdos de alianzas profundas (antitrust immunity).

Notas:

1 Consulta Wikipedia 28 de septiembre de 2015.

2 CNN Expansión 25 de noviembre 2014

3 CNN Expansión 23 de septiembre 2015

4 El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional está formado por los Colegios de Pilotos Aviadores de México, de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, y de Controladores de Tránsito Aéreo de México, así como por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, de Sobrecargos de Aviación, Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Transportes y Servicios (Independencia) y Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez, Concepción Villa González (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

BEBEDEROS SUFICIENTES Y CON SUMINISTRO CONTINUO DE AGUA POTABLE EN CADA INMUEBLE DE USO ESCOLAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Ssa y la SEP que publiquen los lineamientos establecidos en la reforma de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para garantizar la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada centro escolar, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, la publicación final del dictamen 02/1310/171214 en el Diario Oficial de la Federación , para que así la SEP pueda comenzar con la real instalación de bebederos en escuelas y hacer uso de los recursos destinados para tal fin, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

El UNICEF ha señalado que México ocupa a nivel mundial el alarmante primer lugar en obesidad infantil.

La Secretaría de Salud informó que México, registró de enero a noviembre pasado 35 mil 157 nuevos casos de obesidad entre niños de 1 a 14 años y 15 mil 626 nuevos casos entre jóvenes de 15 a 19 años.

En la actualidad, el estilo de vida se han visto afectados a causa de la tecnología, largas jornada de trabajo, falta de tiempo para comer y malos hábitos alimenticios. En específico, los niños pasan varias horas sentados, debido a los videojuegos, televisión, tablets, celulares y computadoras, dando como resultado un gasto de energía pobre; la cual, al no ser utilizada se convierte en grasa y se acumula en el organismo generando sobrepeso y obesidad.

Dentro de los malos hábitos alimenticios encontramos que en el 95% la ganancia de peso es debida al consumo excesivo de alimentos altos en grasas y azúcares refinados.

La obesidad por sí misma es un problema de salud pública que requiere de la adecuada acción de políticas públicas que impulsen cambios en nuestra forma de vida e implementación de programas de nutrición que puedan orientar la adecuada nutrición.

El orden y la disciplina en la alimentación resulta algo que debemos educar desde temprana edad para que las nuevas generaciones tengan una mejor calidad de vida.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

Las causas de la obesidad infantil, dicen los especialistas son: poca o nula actividad física y la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas y minerales, lo que se le llama “calorías vacías” o “calorías tóxicas”, al no aportar ningún beneficio a la alimentación, pero sí una afectación directa a la salud, causando enfermedades como la obesidad, y otros padecimientos crónicos, como la diabetes tipo 2.

La obesidad en niños y adolescentes puede ser el principio de enfermedades consideradas de adultos, tales como diabetes mellitus, problemas en pies y espalda, trastornos hormonales, hipertensión arterial, várices y cáncer.  La genética también puede influir, ya que si los padres presentan obesidad o las madres durante los primeros 3 meses de gestación, existe la posibilidad que los hijos padezcan sobrepeso durante la niñez y/o adolescencia.

Este conjunto de padecimientos terminan afectando a la economía del país, por ejemplo, en el costo de la medicina institucional, así como en el rendimiento y la productividad.

El niño que es obeso en edad pediátrica, tiene una probabilidad del 80% de ser obeso en la etapa adulta, por lo tanto un niño obeso tiene mayor probabilidad de ser un adulto enfermo, y en nuestro país, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso u obesidad.

Las consecuencias inmediatas en la obesidad infantil son dificultad respiratoria, alteraciones musculo esqueléticas, exceso de carga en articulaciones que se comienzan a deformar, dificultad para caminar e inactividad, además de efectos psicológicos, a mediano plazo son que gracias la grasa que se ha ido acumulando se desarrollen alteraciones metabólicas, por ejemplo que le sube el azúcar, que sea un niño pre diabético y después en el futuro sea un niño diabético; que tiene triglicéridos altísimos, el colesterol alto y en automático adultos con diabetes, hipertensión, problemas vasculares y cardiacos.

En nuestro país una de cada seis personas sufre de diabetes, padecimiento que se ha convertido en una de las principales causas de muerte. Ante esta problemática especialistas urgen a las autoridades implementar acciones de educación alimenticia a corto plazo en las escuelas.

La resolución a éste exhorto sería además complemento para el éxito de la “Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, puesta en marcha por el Presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2013, en dónde uno de sus tres pilares, el de salud pública, habla del acceso al agua potable.

Para evitar la obesidad en niños, los expertos recomiendan jugar mucho para quemar calorías, hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada, e ingerir alimentos con tiempo, no con prisas, esto para tener una buena digestión.

Uno de los factores que más incide en el aumento de peso y en la obesidad es una alimentación inadecuada, en dónde el consumo de refrescos y bebidas azucaradas suele ser un factor detonante. El ofrecer y garantizar un mayor acceso al agua potable, en lugar de bebidas azucaradas, es una de las estrategias recomendadas para prevenir y reducir los índices de obesidad infantil. Sin embargo, el acceso al agua potable es reducido, principalmente en las escuelas, lugar dónde los menores pasan por lo menos la mitad de su día.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud en Escolares de 2008, solamente 55.9% de las primarias y 60.6% de las secundarias a nivel nacional cuentan con agua para beber dentro de sus instalaciones, pero la cantidad de bebederos instalados y funcionales es mucho menor a este porcentaje; solo el 15%. En este sentido impera la necesidad de promover una alimentación correcta dentro de los inmuebles escolares, con el objetivo de reducir los factores de riesgo que inciden en la obesidad infantil y en adolescentes.

Problema:

La mayoría de las escuelas en nuestro país, ya sean públicas o privadas, carecen de bebederos, o estos se encuentran en pésimas condiciones y/o son inoperantes, la calidad del agua resulta muy mala y provoca enfermedades gastrointestinales, por lo cual no son una alternativa viable ante las bebidas altamente azucaradas.

Ya hay un decreto que promueve la instalación de bebederos en escuelas, sin embargo este se encuentra sin resolución, lo cual dificulta la real instalación de éstos. Esta situación es de gran importancia, dado que se trata de un tema mayúsculo y un problema de salud pública.

Propuesta:

A raíz de la publicación, en mayo de 2014, del Decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, dónde se señala que “se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, ambas Secretarías debieron de trabajar de manera coordinada para asegurar el inicio de la instalación de los bebederos en los inmuebles escolares. Lamentablemente, esto no ha ocurrido así, y uno de los principales obstáculos para esto es la falta de publicación de los lineamientos mencionados en el Diario Oficial de la Federación.

La importancia de dichos Lineamientos recae en que éstos son la base normativa de las características y mecanismos idóneos para la instalación de los bebederos en las escuelas. Podríamos decir que sin estos Lineamientos, la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, organismo facultado para la instalación de los bebederos, no tiene el sustento técnico para realizar dicha actividad, lo que retrasa cada vez más el cumplimiento del deber constitucional de garantizar el acceso al agua potable, especialmente a los niños.

De acuerdo al decreto mencionado anteriormente, específicamente en el Transitorio Quinto, se menciona explícitamente que “ La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, emitirán en un plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11”. Es decir, los lineamientos tuvieron que haber sido publicados en agosto de 2014, situación que no sucedió.

Actualmente estamos a más de un año del plazo establecido para contar con dichos Lineamientos, y de acuerdo con la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), apenas el 15 de septiembre del presente año (13 meses después de cumplirse el plazo máximo) contamos con un Dictamen Final de los Lineamientos, pero que no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Adicionalmente, dentro de ese mismo Decreto, el Transitorio Sexto habla que: El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente Decreto”. Es decir, ya cumplimos la mitad del plazo establecido para que se instalen bebederos en todas las escuelas del país sin que haya un avance significativo hacia esta meta.

Lo que hoy le demos como alimento y bebida a nuestros niños, es lo que ellos como sociedad nos van a devolver el día de mañana, por lo tanto el llevar acciones que impulsen un estilo de vida más sano, como es el proveer de bebederos de agua potable en las escuelas de todo el país, resulta fundamental para incrementar la calidad de vida de la población infantil. El desarrollo de una niñez sana, se traducirá en un México sano.

Por lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública que publiquen en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos establecidos dentro del Decreto publicado en mayo de 2014, que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con el objetivo de garantizar “la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar”.

Segundo. Que la publicación de los lineamientos antes mencionados, sea en un plazo no mayor a 30 días naturales, en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa deberá, al momento de iniciar con el proceso de instalación de los bebederos en las escuelas, proveer un sistema de purificación de agua confiable que contribuya a la salud de los niños y a la economía familiar, además de contribuir a la creación de instalaciones dignas para la niñez. Se asegurará también del correcto mantenimiento, higiene y limpieza de los bebederos, para garantizar la inocuidad y salud de los mismos.

Notas:

1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

2 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adultos-y-nino s/

3 http://www.businessreviewamericalatina.com/ finance/1270/ M%C3%A9xico-ocupa-el-primer-lugar-en-obesidad-infantil-y-en-adultos-en-Am%C3%A9 rica-Latina

4 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/obesidad-menoredad

5 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/infografia-sobrepeso

6 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

7 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adultos-y-nino s/

8 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/obesidad-menoredad

9 http://www.businessreviewamericalatina.com/finance/1270/ M%C3%A9xico-ocupa-el-primer-lugar-en-obesidad-infantil-y-en-adultos-en-Am%C3%A9 rica-Latina

10 http://www.razona.com.mx/index.php?option=com_content& view=article&id=646:obesidad-en-mexico& catid=94&Itemid=559

11 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adultos-y-nino s/

12 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adultos-y-nino s/

13 http://www.businessreviewamericalatina.com/finance/1270/ M%C3%A9xico-ocupa-el-primer-lugar-en-obesidad-infantil-y-en-adultos-en-Am%C3%A9 rica-Latina

14 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/07/en-lucha-contra-obesidad-infantil -expertos-de-mexico-eu-y-canada-6735.html

15 http://oment.uanl.mx/mexico-encabeza-estadisticas-en-obesidad-en-adultos-y-nino s/

16 http://cofemersimir.gob.mx/expedientes/14291

Dado en el Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2015.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

MODALIDADES DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE DEUDA DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO MEXICANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Condusef a considerar nuevas modalidades de seguimiento y registro de deuda de los trabajadores del campo, suscrita por las diputadas Ana María Boone Godoy, Flor Estela Rentería Medina y María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, las que suscriben, diputadas Ana María Boone Godoy, Flor Estela Rentería Medina y María Guadalupe Oyervides Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los trabajadores del campo mexicano, por su noble labor, son uno de los pilares de la economía nacional, ya que la producción de alimentos y materias primas derivadas de la agricultura y la ganadería permiten la existencia de insumos a precios justos y accesibles para las familias de México, podemos afirmar sin duda que el campo mexicano alimenta a la nación.

Dado lo anterior, y a la gran magnitud de su trabajo, así como al poco margen de ganancia que muchas veces enfrentan, los trabajadores del campo se ven en la necesidad de recurrir a préstamos y servicios por parte de instituciones crediticias e inclusive a través de dependencias Federales, tales como la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) o sus homólogos en las distintas entidades federativas, los cuales les permiten prepararse a tiempo para las distintas temporadas de cosecha y los diversos tipos de ganado y así, aprovechar al máximo el tiempo y los recursos y generar una mejor producción, más cuantiosa y de mayor calidad.

En efecto, la SHCP cuenta con distintos fideicomisos que le permitan a los productores del sector agropecuario el acceso a un financiamiento apropiado y competitivo, tales como los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), así como organismos como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), a través de las cuales se lograron detonar, tan solo en este año, más de 115,041 (ciento quince mil cuarenta y un millones de pesos) en distintos créditos agropecuarios, un incremento de casi el 20 por ciento respecto al año pasado.

Dada la importancia del campo, el gobierno de la República ha destinado éstos y muchos más recursos para combatir la marginación, las condiciones de pobreza de quienes lo habitan, y permitirles acceder a los beneficios de los programas sociales de inclusión, tales como Proagro productivo, a través del cual se habrán entregado al concluir este año más de 26,259 (veintiséis mil doscientos cincuenta y nueve) millones de pesos, a los productores del campo y sus familias, así como agroincentivos tecnológicos, venta de semilla o cabezas de ganado a bajo costo, préstamos para la adquisición de materiales o maquinaria entre otros, y permitirles subsanar las dificultades del entorno en beneficio de sus familias y, a la larga, de la soberania alimentaria de la nación.

En virtud la importancia de estos programas sociales, así como de todos aquellos que son ejercidos para impulsar la economía popular, es natural que los organismos públicos recurran a instituciones de información crediticia como el buró de crédito, que les permita diferenciar entre las personas que en efecto aprovechan los recursos otorgados y los reintegran después de la producción, y aquellas que solamente buscan defraudar y obtener un lucro indebido del capital nacional destinado para abatir la pobreza; en ese mismo sentido, las instituciones financieras tales como los bancos también necesitan hacer uso de mecanismos de memoria crediticia, a fin de salvaguardar los intereses de sus cuentahabientes y permitir el correcto desarrollo del sistema financiero y, en consecuencia, de las finanzas en nuestro país.

No obstante lo anterior, es importante distinguir entre las personas que por dolo, mala fe o simple desinterés en cumplir con sus obligaciones financieras abandonan sus pagos, de aquellas que por sus condiciones económicas y sociales se ven en la necesidad de incurrir en mora; los trabajadores del campo mexicano muchas veces se encuentran en esta segunda hipótesis, ya que por condiciones completamente ajenas a ellos como sequías imprevistas y otros estragos climáticos y ecológicos, pueden ver severamente afectadas sus cosechas, cultivos y su ganado, mermando así su producción, sus ganancias y, naturalmente, sus posibilidades de pago.

Teniendo en cuenta esto, y considerando que muchos productos del campo requieren de tiempos específicos para su cultivo o crianza, sujetar a los agricultores y ganaderos nacionales a estándares rígidos de pago o de condicionamiento para adquirir nuevos créditos afecta seriamente a toda la producción de las familias del campo, ya que por un solo siniestro que afecte las ganancias estimadas de un campesino podría verse registrado en las sociedades de información crediticia como deudor moroso, bloqueando cualquier posibilidad de impulsar su producción a través de un distinto programa social o préstamo, efectivamente creando un círculo vicioso del que difícilmente podrán escapar.

Actualmente, la Ley para Regular las Sociedades  de Información Crediticia contempla en sus artículos 20, 23 y 24 el llamado “derecho al olvido”, es decir, el tiempo que durará registrada una deuda sin saldar según su monto, mismo que oscila de entre doce hasta setenta y dos meses; sin embargo, este derecho no hace especial contemplación para aquellos que por su condición económica y actividad productiva requieren constantemente de créditos tanto privados como de instituciones gubernamentales, asimismo, no contempla que por sus mismas circunstancias, para los trabajadores del campo es mucho más difícil exigir este derecho ante las instancias competentes.

Dado lo anterior, es importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), como autoridades que regulan las actividades de las Sociedades de Información Crediticia según el marco jurídico vigente, y como los órganos competentes en materia de educación financiera, contemplen nuevas modalidades de seguimiento y registro de deuda, así como una mecánica especial que garantice de oficio el “derecho al olvido” de los trabajadores del campo mexicano, para permitirles tener una mayor productividad y no afectar así a sus familias y a la soberanía alimentaria nacional.

Es por lo anteriormente expuesto que acudimos ante esta honorable soberanía de la que somos parte, para solicitar la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que esta honorable soberanía exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fin de que contemplen nuevas modalidades de seguimiento y registro de deuda, así como un mecanismo especial que garantice de oficio el “derecho al olvido” de los trabajadores del campo mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputadas: Flor Estela Rentería Medina, Marie Guadalupe Oyervides Valdez, Ana María Boone Godoy (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ADECUAR LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal la extensión hasta 2018 de la prórroga para la importación definitiva de autos usados; y al Ejecutivo de Baja California, a adecuar los centros de verificación vehicular en la entidad, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Luz Argelia Paniagua Figueroa, en conjunción con las diputadas y los diputados del estado de Baja California integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tenemos bien a someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para llevar a cabo medidas pertinentes y necesarias, a fin de lograr prorrogar la importación definitiva de vehículos usados, hasta el año 2018 y al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, a fin de que se provea respecto a las adecuaciones que tendrán que llevarse a cabo en los centros de verificación vehicular en dicha entidad federativa, en cumplimiento de las exigencias en materia de verificación, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes

Consideraciones

Nuestro país comparte una amplía frontera con los Estados Unidos que se extiende por más de tres mil kilómetros -de los cuales Tijuana y Mexicali en Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua representan casi la mitad de la población fronteriza-.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2014 existían en Baja California 1’088,052 vehículos de motor registrados en circulación (excluye motocicletas), y debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos, la franja fronteriza presentan características económicas diferentes al resto de nuestro país especialmente en lo que se refiere a la importación de vehículos fronterizos.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), establece en su Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24, que a partir del 1º de enero de 2009 y gradualmente hasta el 2019, nuestro país no puede adoptar prohibición de restricción de vehículos originarios usados, provenientes de nuestros socios comerciales de Canadá y Estados Unidos; asimismo, el Artículo 302, párrafo 2, en relación del propio Tratado, prevé una desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados en concordancia con sus listas de desgravación incluidas en el anexo 302.2.

El 31 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, con el objeto de regular su importación definitiva al territorio nacional, cuya vigencia se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015.

En dicho decreto se menciona que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad de estas medidas, al establecer que no se transgreden los artículos 14 y 133 constitucionales. De igual forma, en jurisprudencia definida y obligatoria ha resuelto que no procede otorgar la suspensión del Decreto cuya vigencia se prorroga, al considerar que de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público”.

Por otra parte, en el Decreto publicado en julio de 2011 en su artículo sexto indica el tema de la verificación vehicular, que a la letra dice:

No podrán importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características o por cuestiones técnicas, esté restringida o prohibida su circulación; cuando no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente de conformidad con las disposiciones aplicables, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado. Para estos efectos, la autoridad aduanera podrá coordinarse con las autoridades extranjeras competentes, así como requerir a los importadores información y documentación, incluso si se encuentra disponible en el país de procedencia del vehículo, de conformidad con lo que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

El artículo antes mencionado hace referencia a la necesidad de obtener en los Estados Unidos el certificado de emisión de contaminantes el cual tiene un costo que van desde los 50 a 150 dólares -lo que equivale a $ 850.00 a $ 2,550.00-, y que es necesario hacer dicho pago para importar el vehículo. Sin embargo, en nuestra entidad debe llevarse a cabo nueva verificación que llega a costar entre $ 280.00 a $350.00, lo cual hace aumenta los precios y hace que los ciudadanos de Baja California paguen un costo extra demás por este tipo de servicios.

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tenemos a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para llevar a cabo las medidas pertinentes y necesarias, a fin de lograr prorrogar la importación definitiva de vehículos usados, hasta el año 2018.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal de Baja California, a fin de que se provea respecto de las adecuaciones que tendrán que llevarse a cabo en los centros de verificación vehicular en dicha entidad federativa, en cumplimiento de las exigencias en materia de verificación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 15 del mes de octubre de 2015.— Diputados: Luz Argelia Paniagua Figueroa, José Teodoro Barraza López, Gina Andrea Cruz Blackledge, José Máximo García López, Exaltación González Ceceña, Wenceslao Martínez Santos, Jacqueline Nava Movett, Jorge Ramos Hernández, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Luisa Sánchez Meza, María Eloísa Talavera Hernández (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

PARA INTEGRAR LA SCJN, SE CONSIDEREN CRITERIOS PARA AVANZAR EN UNA REPRESENTACIÓN PARITARIA DE DICHO ÓRGANO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en la terna que el Ejecutivo federal envíe para integrar la SCJN se consideren criterios tendentes a avanzar en una representación paritaria de dicho órgano, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El principio constitucional de igualdad entre mujeres y hombres dista mucho de plasmarse en la realidad de nuestro país; si bien hay avances significativos tanto en medidas legislativas, implementación de políticas y acciones de gobierno en los diferentes niveles de ejercicio de poder, existen rezagos que reflejan una realidad donde la desigualdad se presenta en ámbitos sociales, económicos y culturales.

2. Existe un compromiso para avanzar en materia de igualdad de género, la suma de esfuerzos y voluntades de las personas que participan en la toma de decisiones así lo muestra. Algunos ejemplos son las reformas constitucionales para alcanzar la paridad en las candidaturas que postulen los partidos políticos en las diputaciones federales, legislaciones para prevenir y atender la violencia de género, medidas para garantizar el acceso a la salud de las mujeres por mencionar algunas.

3. Si bien las acciones en materia de igualdad de género debieran ser transversales y aplicarse en todos los ámbitos de ejercicio de poder, en el ámbito judicial se presentan rezagos importantes por lo que hace a las labores de administración, procuración e impartición de justicia, sumadas a la escaza presencia de mujeres en los puestos claves dentro de esas instancias.

4. La Cámara de Diputados ha propuesto acciones importantes para impulsar la igualdad de género en el Poder Judicial, una de ellas ha sido la asignación de presupuesto específico para la creación de la Unidad de Género que ha podido incorporar criterios desde esta perspectiva para avanzar en la materia, además de capacitar al personal judicial que incida en las sentencias con esta visión.

5. La importancia de mujeres en el Poder Judicial es fundamental pues es en el acceso a la justicia es donde se presentan muchos de los reflejos sociales, culturales e institucionales de discriminación por motivos de género, sin llegar a entender por parte de algunos integrantes de ese poder la importancia de su papel y hacer o bajo una perspectiva de género, la cual, de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género del Poder Judicial de la Federación, implica hacer realidad el derecho a la igualdad, pues responde a las obligaciones constitucionales y convencionales de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder.

6. Sobre este rubro, la ministra Olga Sánchez Cordero, en una disertación denominada Perspectiva de género e interpretación judicial, precisa lo siguiente respecto a lo que denomina “Juzgar con Ojos de Mujer”:

“La incorporación de las mujeres en tareas de gran profundidad como la de juzgar es sumamente importante y la perspectiva de género una herramienta indispensable.

Las mujeres, es cierto, contamos no sólo con nuestra innata capacidad de intuición y somos capaces de imprimirle a nuestros actos un nivel de análisis y sensibilidad que nos son sumamente útiles en la determinación de lo que es justo. Por eso resulta fundamental que esa perspectiva de género se extraiga del derecho positivo, aun cuando parezca exclusiva del dato sociológico.

Los hechos cotidianos y los resultados de nuestro actuar nos dan el reconocimiento de ser ma?s sensibles al caso que nos corresponde juzgar y, por tanto, la sociedad nos otorga un voto de confianza en el desempen?o de la actividad juzgadora, porque vemos la realidad desde otra perspectiva. Juzgar con ojos de mujer, para mí significa ser mediadoras de nuestra realidad y factor de equilibrio en nuestras sociedades.”

7. Hay datos preocupantes sobre la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación donde se incluye a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral y demás órganos administrativos cuenta con 40 mil 517 servidoras y servidores públicos, donde el 50.73 por ciento (20 mil 554) son mujeres y el 49.27 por ciento (19 mil 963) son hombres; sin embargo los puestos que ocupan no van más allá de ser secretarias de acuerdo. Datos de una investigación del periódico El Financiero indican que de un total de 395 jueces federales de distrito, 96 son mujeres y 299 son hombres, mientras que de los magistrados de circuito, de un total de 740, son hombres 610 y 130 son mujeres.

En tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo hay dos mujeres de los 11 ministros, en el Consejo de la Judicatura de la Federación dos consejeras de siete consejeros y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una magistrada de seis integrantes.

8. Respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación de mujeres como ministras es escaza; en el artículo denominado La historia de las mujeres en la Suprema Corte, del abogado y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte, Julio Martínez Rivas, publicado en la revista Nexos el 7 de octubre de 2015, da una reseña sobre la misma y que reproducimos a continuación:

“La primera ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993), quien sería designada en 1961.

Cuando la ministra Salmorán se incorporó a la Cuarta Sala de la Corte, entre abogados corría la tonta broma de estar litigando ante la “Suprema Corte y Confección”. Para contextualizar la designación de esta ministra, vale recordar que en 1955, apenas seis años antes, México celebró las primeras elecciones en las cuales la mujer pudo ejercer su derecho al voto.

La ministra Salmorán cursó la licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, titulándose con la tesis La condición de las mujeres en el derecho del trabajo. Desde entonces consagró su vida entera al derecho laboral, asumiendo diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que en 1954 fue designada presidenta de la misma (cargo que por primera vez ejerció una mujer).

La siguiente mujer designada fue la abogada de Petróleos Mexicanos, Livier Ayala Manzo (1915-1976), quien, lamentablemente, nunca pudo resolver ni una sola sentencia en el tribunal constitucional. En 1976, al día siguiente de habérsele notificado su designación, la ministra Ayala falleció.

También en 1976 el presidente López Portillo designó a otra mujer al cargo: Gloria León Orantes (1916-1984) quien hasta entonces se había desempeñado como agente del Ministerio Público y juez del fuero común en el Distrito Federal.

A finales de los años 40, la Suprema Corte enfrentaba un enorme problema de rezago. A fin de combatir dicho problema, en 1951 se reformó la Constitución para incorporar a la Corte cinco ministros supernumerarios, los cuales no participaban en las decisiones del pleno sino únicamente en aquellas de la Sala Auxiliar. Al llegar a la Corte, la ministra León Orantes quedó adscrita a ésta, aunque en 1979 sería designada numeraria y miembro de la Tercera Sala.

En 1983, a propuesta del presidente De la Madrid, fue designada Fausta Moreno Flores. La ministra Moreno, adscrita a las Salas Segunda y Cuarta, había sido secretaria de Estudio y Cuenta en la propia Corte, así como juez de distrito en materia administrativa.

En 1985, se propuso al cargo a la ministra Victoria Adato Green (1939- ), abogada penalista muy activa. Antes de llegar a la Corte, la ministra Adato Green trabajó como agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal, subprocuradora y, posteriormente, procuradora de Justicia de la Ciudad de México.

Tras la reforma constitucional de 1994, la ministra Adato Green se retiró de la Suprema Corte, incorporándose como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Si bien en 1985, la ministra Adato Green fue designada ministra numeraria, el mismo año se integró a la Corte como supernumeraria la agrarista Martha Chávez Padrón (1925- ), primera doctora en derecho con mención honorífica de la UNAM. Además de haber fungido como asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y órganos públicos, la ministra Chávez Padrón fue senadora y diputada federal por el PRI.

También como supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma Cué Sarquis de Duarte (1938- ). Al igual que la ministra Chávez Padrón, Cué fue diputada federal por el PRI, así como dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido.

El presidente De la Madrid propuso para el cargo de ministro de la Suprema Corte a un total de cinco mujeres, la última de las cuales fue Clementina Gil Guillén de Léster (1937- ) en 1988. Gil Guillén fue también una ministra de carrera judicial, al haber recorrido casi cada uno de los peldaños del escalafón judicial del fuero común, de secretaria auxiliar a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La siguiente mujer designada como ministra fue Olga Sánchez Cordero, reconocida como “abogada” de los derechos de las mujeres. La ministra Sánchez Cordero, al igual que todas sus antecesoras, estudió la licenciatura en derecho en la UNAM y, después, cursó estudios de posgrado en la University College of Swansea. Antes de incorporarse a la Corte, Sánchez Cordero fue la primera mujer notario en el Distrito Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad.

Así, la última mujer designada al cargo (y quien continuará en funciones hasta 2019) es Margarita Luna Ramos, mujer chiapaneca formada completamente en el Poder Judicial de la Federación: ha sido oficial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta, juez de distrito, magistrada de circuito y consejera de la Judicatura Federal.”

9. Sin embargo, a pesar de esa representación minoritaria, las mujeres ministras han introducido la visión de género en esa instancia judicial, donde se han alcanzado importantes criterios en la interpretación de la ley que disminuye las brechas de desigualdad por razones de género y han permitido el reconocimiento de derechos humanos que antes eran negados a las mujeres.

10. El próximo mes de noviembre, la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Meza, dejarán de ocupar sus cargos y, al salir la ministra Sánchez Cordero, dentro del Tribunal Constitucional sólo quedará una mujer, la ministra Margarita Luna Ramos, viéndose disminuida la presencia femenina en dicho órgano, por lo que consideramos necesario que el presidente de la República y el Senado de la República consideren los criterios para avanzar en la integración paritaria del máximo tribunal, lo que implicaría proponer en la terna respectiva a dos mujeres para ser ministras y se apruebe mediante el mismo criterio el nombramiento de las mujeres para formar parte de la Suprema Corte.

Esta propuesta se suma a la petición que ha formulado la Asociación Mexicana de Juzgadoras al presidente de la República para que envíe las ternas de propuestas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación exclusivamente con mujeres.

No tomar en cuenta estas consideraciones, implicaría negar una realidad social sobre la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública de México y omitir el mandato constitucional de garantizar el principio de igualdad de género.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de Poderes, se pronuncia para que se consideren criterios para avanzar en una representación paritaria en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el uso de las facultades respecto a la integración de la terna que envíe el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos al Senado de la República para la designación de ministras o ministros de dicho Tribunal Constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

FACULTAD DE ATRACCIÓN DE INDAGATORIAS QUE SE HAYAN ABIERTO POR DELITOS EN MATERIA DE ORDEN FEDERAL, EN INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA LOCALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR sobre la facultad de atracción de indagatorias abiertas por delitos de orden federal en instituciones locales de procuración de justicia, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México ya contamos con las bases legales para evitar que los responsables de la ejecución de un delito queden sin castigo, sólo falta poner a funcionar en mayor porcentaje nuestro sistema.

Es lamentable que día a día se fortalezcan las estructuras delictivas, frente a la no actuación de nuestras autoridades.

Uno de los grandes problemas que aquejan a la nación mexicana es el flagelo de la delincuencia organizada con la finalidad de cometer diferentes hechos punibles en nuestra legislación penal.

Conforme a la Incidencia Delictiva del Fuero Federal, 2014, reportada por la Procuraduría General de la Repúblicaen México se cometieron 98 mil 59 delitos.

La impunidad en nuestro país sigue siendo un grave problema, tan sólo se castiga 5 por ciento de los delitos que se denuncian ante uno de los entes de procuración de justicia.

Por otra parte la integración de las indagatorias es demasiado lenta debido a los trámites burocráticos de esas instituciones, en promedio, integrar una averiguación previa se lleva poco más de un año.

De los homicidios que se cometen en toda la federación 80 por ciento de los mismos tienen relación con la delincuencia organizada, sin embargo la mayoría de esas investigaciones las integran las fiscalías estatales, sólo muy pocos casos llegan a ejercer la facultad de atracción por parte de la Procuraduría General de la República, con el detrimento que esto implica, ya que eso genera que la información esté fragmentada y eso conlleve una deficiente reacción del estado frente al crimen organizado.

En relación a los secuestros que se cometen en el país aun cuando existe una ley general para combatirlo, tenemos en nuestro marco jurídico una competencia concurrente, la Procuraduría General de la República sigue investigando muy pocos del total de casos que se cometen en el territorio nacional y al igual que pasa en el país, la mayoría de éstos se cometen por integrantes del crimen organizado, no obstante lo anterior, la Procuraduría General de la República es omisa en hacer la atracción correspondiente para llevar a cabo una investigación profesional, uniforme, eficaz y oportuna.

Lo que ha ocurrido en diversos estados es que en la práctica no existe una intervención oportuna por parte del Ministerio Público federal, lo que lleva como consecuencia que las pruebas desaparezcan, o lo más grave, muchos de los probables responsables se evadan de la acción de la justicia.

Lo anterior es relevante, como quedó de manifiesto en el caso de Ayotzinapa, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2014, una semana después la Procuraduría General de la Republica realizó la atracción correspondiente de la indagatoria, un mes después tomó conocimiento de la probable responsabilidad de policías de Iguala y Cocula, con ello no hubo una oportuna intervención de la autoridad federal, cuando desde la primer agresión que sufrieron los estudiantes hoy desaparecidos había todos los elementos de prueba, indicios y evidencias de que se trataba de acciones perpetradas por el crimen organizado; eso aunado al número de agresores, número de víctimas y armamento utilizado.

Otros casos como San Fernando, donde las víctimas fueron secuestradas y posteriormente ejecutadas, es ejemplo de la omisión por parte de la Procuraduría General de la República lo que ha permitido la evasión de responsables, y esto ha dado como resultado la impunidad.

Ayotzinapa es el más claro ejemplo de que el no haber actuado a tiempo por parte de la autoridad federal causó una deficiente investigación, el que muchas pruebas se hayan desvanecido y no se integraron debidamente a la investigación, lo más grave, la evasión de la acción de la justicia de responsables de las agresiones con armas de fuego, los homicidios y la desaparición de los estudiantes normalistas.

A un año de los hechos delictuosos aún se sigue discutiendo sobre el realizar pruebas como en el caso del basurero municipal para determinar la incineración de los normalistas en ese lugar, se están llevando en este momento declaraciones, desahogando pruebas, ha pasado más de un año, eso confirma la respuesta tardía de las autoridades ministeriales del orden federal.

Los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y 13 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, prevén la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República para conocer delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando los delitos produzcan efectos en dos o más entidades federativas.

Sin embargo, de forma curiosa, más que la gravedad de los hechos delictivos que se persigan, la principal razón por la que la Procuraduría General de la República ejerce su facultad de atracción, es por la presión de la sociedad a través de los medios de comunicación sobre algún caso en particular, convirtiendo a esta facultad de atracción en una figura discrecional ligada también a circunstancias políticas.

La finalidad del ejercicio de la facultad de atracción de la PGR es la realización de una investigación a fondo de los hechos delictivos en estricto seguimiento al debido proceso legal, apoyando con mejores recursos materiales, técnicos y humanos, con el objeto de concluir las indagatorias en menor tiempo esclareciendo los hechos y evitando la impunidad.

Luego entonces, la facultad de atracción de la PGR debería hacerse valer de forma inmediata cuando concurran los requisitos de forma marcados en la ley y que sea evidente que las autoridades locales no cuentan con los elementos materiales y humanos para el resolver una averiguación o han dejado varada una indagatoria o de las actuaciones se desprenda que pudiese tener relación con los hechos delictivos algún servidor público estatal o municipal.

Además, la facultad de atracción de la PGR de asuntos que tengan conexidad con delitos del fuero común, no restringe la posibilidad de que las autoridades federales también investiguen esos hechos punibles del fuero común, invocando para este caso el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Contradicción de tesis 378/2009.

“Conexidad de delitos. La facultad del juez de distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el Código Penal Federal. Conforme al segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de concurso de delitos los jueces federales son competentes para juzgar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, de manera que las conductas típicas del fuero común sujetas a proceso deben conservar ese carácter una vez que el juez de distrito conozca del asunto. Esto es, la conducta que puede constituir delito del orden común debe calificarse y sancionarse en términos del ordenamiento local, independientemente de que el juez federal esté conociendo de dichos delitos con motivo de la conexidad, sin que la atracción de los delitos locales, por su conexidad con otros pertenecientes al orden federal, tenga el efecto de modificar la descripción de la conducta típica realizada por el legislador local, pues la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde se cometió, a menos que se surta alguna causal por la que el delito deba considerarse federal, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.”

Movimiento Ciudadano ratifica su voluntad para que la impunidad se combata con eficacia y con voluntad en las instituciones.

En Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción que si no se dictan los protocolos tendientes a actuar de manera inmediata, seguirán ocurriendo hechos como los de Ayotzinapa, donde las omisiones, el no actuar con prontitud por parte del Ministerio Público federal trajo como consecuencia más impunidad y que a esta fecha no conozcamos la verdad.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que instruya al personal a su cargo a revisar las indagatorias de las entidades federativas y a ejercer la atracción correspondiente cuando se trata de hechos de su competencia, con la finalidad de realizar una investigación a fondo de los hechos delictivos en estricto seguimiento al debido proceso legal, apoyando con mejores recursos materiales, técnicos y humanos, con el objeto de concluir las indagatorias en menor tiempo, esclareciendo los hechos y evitando la impunidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que instruya al personal a su cargo a que en los nuevos delitos que se cometan en el futuro en cualquier parte de la República mexicana, a que tome conocimiento el personal a su cargo y en 24 horas puedan decidir si se atrae la competencia o no, dependiendo si se trata o no de hechos delictuosos que sean de su competencia.

Nota:

1. Incidencia Delictiva del Fuero Federal en México, del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014. Visto en http://archivo.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/estadistica/ Incidencia%20Entidad/mapa2012_historico.asp?estado=FED& fecha=ANO_2014&monthSection=Acumulado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

INCLUYA AL ESTADO DE TABASCO, EN EL PROGRAMA DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la SHCP a incluir Tabasco en el Programa de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Liliana Ivette Madrigal Méndez, del estado de Tabasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir a Tabasco en el Programa de Zonas Económicas Especiales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Ejecutivo federal ocupado por reactivar zonas que pueden detonar trabajo, educación y cultura, envió a esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto, por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Las experiencias internacionales demuestran que en los últimos 30 años, países de Oriente y Sudamérica, están en crecimiento y han mejorado su calidad de vida.

La fundamentación de la Iniciativa es completa y ofrece un panorama de lo que se obtendría con la aplicación de las zonas económicas especiales.

Los estados que tienen municipios beneficiados con las zonas económicas especiales son extremadamente pobres, con un rezago de años y en algunos casos décadas en comparación al norte del país.

Varios municipios en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Puebla, Campeche y Yucatán, se verán beneficiados con la creación de estas zonas; sin embargo Tabasco ha quedado fuera de la programación de zonas económicas especiales.

Cabe señalar que es urgente el apoyo del gobierno federal y tenemos corredores naturales que pueden ser beneficiosos para el tránsito de mercancías.

La operación de las zonas económicas especiales será un éxito en el sur del país, ya que al haber crecimiento económico, detonara el empleo, el poder adquisitivo y las mejoras en los estados del sur del país.

La participación de Tabasco en las zonas económicas especiales, es fundamental para integrar los corredores de mercancías y de almacenamiento.

Según datos del Coneval del 2014, 49.6 por ciento de la población en Tabasco están en situación de pobreza, equivalente a un millón ciento sesenta y nueve mil personas, de los cuales el 11 por ciento es pobreza extrema, el 45 por ciento tienen carencias de alimento.

Según estos datos estamos en pobreza, incluso mayor que otros Estados Sureños, es loable la labor por generar trabajo e inversiones y es por eso que solicitamos ser incluidos en las zonas económicas especiales.

Tabasco requiere de estar dentro de las zonas económicas especiales porque necesita posicionarse como un centro estratégico de comercio a través del desarrollo de sus puertos Frontera y Dos Bocas los cuales hay que modernizar, ya que desde allí el tránsito hacia la península de Yucatán y hacia el centro del país resulta viable por la ubicación que tiene la entidad tabasqueña, importante para el país.

Uno de los objetivos que propone esta reforma para la creación de las zonas económicas, es la de acortar la brecha de desigualdad que existe en comparación con las zonas centro y sur del país, por ello necesitamos que Tabasco no quede rezagado y que pueda aportar al desarrollo nacional a como lo ha hecho siempre a partir de sus riquezas naturales en abundancia, hídricas y de hidrocarburos.

Los atributos de Tabasco son importantes para la República, Tabasco es generador en potencia de electricidad y productor de petróleo. Ello ha mermado michas veces el ambiente y la economía de los tabasqueños, por ello necesitamos de las inversiones que traerán las zonas económicas especiales.

México necesita de Tabasco, por medio del diálogo, esperamos ser beneficiarios de los empleos que traerá la implementación de las zonas económicas especiales. Todo el sur-sureste de México debe estar incluido en un frente de acción para salir del atraso ancestral que tenemos.

Juntos potenciaremos los beneficios de la creación de zonas económicas especiales para generar derrama económica, existiendo diversos beneficios, pronto existirá impulso a la inversión

La implementación del Presupuesto Base Cero deja a Tabasco con varias incógnitas, esperando no existan más recortes en nuestro estado, es que necesitamos entrar en las zonas económicas.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir al estado de Tabasco en el Programa de Zonas Económicas Especiales.

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen.

EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, SE TOMEN EN CUENTA DIVERSOS ASPECTOS EN MATERIA DE RECAUDACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a tomar en cuenta en la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 diversos aspectos sobre recaudación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracciones I, III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se tomen en cuenta los siguientes aspectos:

Que el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “...el Congreso tendrá facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto...”.

Por su parte la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en adelante, LFPRH) establece en su artículo 39, párrafo primero, que “...la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero. ...”.

Por lo anterior, sometemos a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Que el Ejecutivo federal, al fijar los precios máximos al usuario final y de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, se sujete a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica.

Segundo.Que se establezca como obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviar al Congreso de la Unión un informe que contenga el monto de los recursos que, en su caso, no hayan sido devengados al cierre del ejercicio fiscal por las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, las entidades federativas, y municipios, y que hayan sido devueltos a la Tesorería de la Federación.

Además, que el informe aludido deba entregarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y, publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 31 de enero de 2016.

Tercero.A fin de dar mayor eficiencia al uso de los recursos públicos y para hacer más eficaz el impacto de éstos en la población, que se retome lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2007 respecto a la elaboración de un diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, así como la elaboración de diversas propuestas para el fortalecimiento de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno.

Para la realización de dicho estudio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá seguir los lineamientos técnicos que establezca la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados antes del 15 de febrero de 2016.  

Cuarto.Que con la finalidad de establecer mayor transparencia al ejercicio de la deuda pública, se establezca la obligación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de informar al Congreso de la Unión, el estado del costo total de la deuda pública y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su origen, fuente de financiamiento y destino, especificando las características financieras de las operaciones realizadas.

Quinto.Que siendo necesario revisar que los distintos regímenes fiscales previstos cumplan con los objetivos económicos y sociales para los que fueron creados o, en su caso, se eliminen o modifique su esquema de operación, a partir de la entrada en vigor de la ILIF 2016 el Congreso de la Unión deberá evaluar la totalidad de los gastos fiscales, con el propósito de contar con elementos objetivos para determinar los casos que se deben mantener, modificar o, en su caso, cancelar.

Sexto.Que a fin de solicitar una opinión técnica en relación a la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión pueda consultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, durante el análisis de los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PARA QUE EN LA ELECCIÓN DE TERNAS DE MINISTROS DE LA SCJN, SE CONSIDERE LA PARIDAD DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el Senado de la República a considerar la paridad de género en la elección de ternas de ministros de la SCJN, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea; proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República, para que en la elección de ternas de magistrados que sustituyen a los que han cumplido su encargo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tenga en cuenta la paridad de género; lo anterior en virtud de las siguientes

Consideraciones

El próximo mes de noviembre terminarán su encargo constitucional como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Nepomuceno Silva Meza y Olga María Sánchez Cordero, quienes son los últimos 2 juzgadores que quedan de la primera integración de la “Nueva Corte”, que se fundó en el 2005 con motivo de la reforma constitucional de mayo de 2004, en la que se transformó de fondo al Máximo Tribunal de la República, dándoles facultades plenas como Tribunal Constitucional y reduciendo el número de ministros de 25 a 11, desaparecer 3 de sus 5 salas, quedando únicamente la primera, que conoce de las materias penal y civil y la segunda encargada de los asuntos administrativos y laborales y creando igualmente al Consejo de la Judicatura Federal, como el órgano de administración y gobierno de los miembros del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los ministros y el personal que trabaja en la SCJN.

La propuesta de candidatos para cubrir estas 2 vacantes ha despertado gran expectativa en el medio político y en el judicial, sobre la integración de las ternas que mande el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado, pues hay quien asegura que, congruente con privilegiar la equidad de género, como ha sucedido con el Poder Legislativo, deberían ser enviadas dos ternas integradas por mujeres.

En este contexto, el pasado ocho de octubre miembros de la sociedad civil, académicos y juristas pidieron al presidente Enrique Peña Nieto, integrar a mujeres juristas, sin militancia partidista y con independencia “políticamente incuestionable” para cubrir las dos próximas vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un desplegado firmado, entre otros, por Diego Valadez, Francisco Paoli Bolio, Federico Reyes Heroles, Rafael Pérez Gay y María Marván Laborde, los solicitantes saludaron el discurso de Peña Nieto ante las Naciones Unidas en días pasados en el que expresó su preocupación por la grave situación que se vive en el país en materia de derechos humanos y su compromiso con la paridad de género.

En congruencia con esas palabras, la selección de personas para integrar las ternas de aspirantes a la Corte debe garantizar su independencia como órgano constitucional y la de sus miembros.

Compartimos desde la Cámara de diputados, el propósito de que México tenga una Suprema Corte técnicamente capaz, institucionalmente fuerte y políticamente independiente.

Tomando en cuenta la conformación actual de la Corte, también compartimos la conveniencia de que se integren dos ternas conformadas por mujeres que sean juristas destacadas y cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Cabe señalar que la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, propuso reformar la Constitución Política, a fin de que el Ejecutivo federal no participe más en la propuesta de las ternas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que sean las escuelas y facultades de derecho, barras y colegios de abogados quienes lo hagan.

A efecto de dignificar la función jurisdiccional, se plantea eliminar todo tipo de prebendas, canonjías, privilegios, sobresueldos y otro tipo de emolumentos. También se propuso que el Presidente de la SCJN no sea quien presida el Consejo de la Judicatura Federal y que en la designación se garantice la paridad entre los géneros, a efecto de que se fortalezca al seno del Poder Judicial de la Federación.

Por último el pasado 22 de septiembre la diputada Hortensia Aragón Castillo, propuso a esta Cámara que se la mitad de las comisiones legislativas pudieran ser encabezadas por mujeres, reformando diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento al artículo 1o. y 4o. constitucional, de que este Congreso revise su normatividad y se actualice a lo que hoy los preceptos en materia de derechos humanos establece.

Instrumentos como este, permiten evitar que la discriminación deje de ser un flagelo para nuestro país en el tema de la desigualdad de las mujeres.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República, para que en la elección de ternas de magistrados que sustituyen a los que han cumplido su encargo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tenga en cuenta la paridad de género.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.