Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 357 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:34 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 27 de octubre de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con modificación de turno de iniciativas.

De la Junta de Coordinación Política

En relación a cambios de juntas directivas e integrantes de diversas comisiones ordinarias.

Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Con el que remite su informe anual de actividades y ejercicio presupuestal 2014.

De la Secretaría de Salud

Con el que remite el Tercer Informe Trimestral de 2015 de diversos programas sobre el Presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación.

Del Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al rescate de los espacios públicos que presentan condiciones de abandono y deterioro en el Distrito Federal.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a implementar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos 1985.

De la Cámara de Senadores

Con los que remite un Acuerdo aprobado y veinticuatro proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Con el que remite solicitud del senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que la Cámara de Diputados dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Con proyecto de decreto por el que se declara al día 28 de noviembre como “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción II y se adiciona una Fracción VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social.

Con proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Declaratoria de publicidad de dictamen

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del Partidos Acción Nacional.

Que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Salud y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma la denominación del Capítulo IV, y adiciona un artículo 15 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 381 Bis y adiciona un artículo 381 Ter al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, Francisco Javier Santillán Oceguera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en Territorio Nacional que estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior dentro de la República Mexicana, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes.

Que reforma el artículo 226 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 192-D, 224 y 282 de Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 5o. y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 135 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 12, 19 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrito por los diputados Alejandra Gutiérrez Campos y Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 10 y 101 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Claudia Villanueva Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 137 Bis 9 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 38 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados Oscar Valencia García, Álvaro Rafael Rubio y Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 99 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 70 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 272 bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 20, 21 y 90 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 59 y adiciona un artículo 59-C a la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por los diputados Marco Antonio Aguilar Yunes y Erick Alejandro Lagos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos al proceso electoral en el estado de Colima, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que se atienda la necesidad de construir una torre hospitalaria y de especialidades médicas en el Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román, Municipio de Jojutla, Morelos, así como se atiendan las necesidades de otros hospitales de la entidad, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por la que se exhorta a los congresos de los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Nayarit, así como a la ALDF, a fin de crear leyes de mejora regulatoria, en sus respectivos ámbitos de competencia, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de fortalecer los programas sociales, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Republica a realizar una campaña informativa para dar a conocer la agenda post-2015 y los objetivos de desarrollo sustentable relativos a la extinción de la pobreza masiva y la erradicación del hambre, a cargo del diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a constituir una mesa de diálogo entre las integrantes de “Cosmogar, A.C.”, la empresa “Avon Cosmetics, S.A. de C.V.” y el IMSS, a fin de atender la problemática sobre el reconocimiento a las mujeres trabajadoras que laboran como representantes de Avon, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, a fin de elaborar y publicar un análisis de riesgos de los sectores y rubros específicos incluidos en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Sagarpa y del Gobierno del estado de Oaxaca, a fin de fortalecer las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales en esa entidad, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y al Inapam, a fin de efectuar las sanciones administrativas pertinentes en los casos de maltrato o violencia por parte de autoridades de las instituciones públicas y privadas de atención a personas adultas mayores, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que emita una NOM que regule las unidades médicas móviles para la prevención y atención del cáncer de mama, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo sobre la realización de un simulacro de sismo en la Cámara de Diputados, a fin de difundir los protocolos a seguir en caso de algún fenómeno de esta naturaleza, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaria de Salud, para que en coordinación con el gobernador del estado de Oaxaca, se propongan alternativas para resolver las condiciones precarias de la atención médica del hospital “Dr. Aurelio Valdivieso”, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el seguimiento a los programas productivos sustentables para mujeres, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua, para que, vigilen y cuiden el uso o aprovechamiento de las aguas de la Presa El Gallo, ubicada en el municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, a flexibilizar las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2016, a fin de simplificar los procedimientos para accesar a los programas de apoyo a los productores y organizaciones, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, a fin de revisar la pertinencia de los indicadores de resultados del Projuventud, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a fin de apoyar a la Universidad Autónoma de Guerrero, debido a la grave crisis que enfrenta, suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat y de la SCT, y en coordinación con las entidades federativas y los municipios, se vigile y coordine el cumplimiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, en conformidad con las leyes y normas oficiales aplicables en materia de residuos de manejo especial y residuos peligrosos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la grave crisis de los derechos humanos en nuestro país, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo para reconocer las labores institucionales de carácter preventivo realizadas por el Gobierno Federal, con motivo del arribo del Huracán Patricia, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Veracruz, a que no apruebe la nueva deuda solicitada por el gobernador de dicha entidad, en tanto la ASF no concluya los procedimientos derivados de las auditorías realizadas durante los cinco años de su administración, suscrito por los diputados Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para condenar los actos del Presidente de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura del estado de Morelos, respecto al procedimiento para seleccionar a las edecanes del Congreso local, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a reforzar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobernador del estado de Nuevo León, para que a través de las instancias competentes, se vigile el cumplimiento de la normatividad relativa a las áreas naturales protegidas federales y de esa entidad, suscrito por los diputados Ximena Tamariz García y Pedro Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instancias para que se implementen políticas públicas que hagan accesible el diagnóstico y tratamiento de la “hipertensión arterial pulmonar”, a través del fondo de protección contra gastos catastróficos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y a la ALDF, a legislar en materia de establecimientos mercantiles, a efecto de prohibir el cobro en los estacionamientos públicos de centros y plazas comerciales, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial del Café, a cargo del diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que se agilice la entrega de los recursos del Fonden al estado de Quintana Roo, en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre 2015, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015, suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación del programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo” de manera permanente durante la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, a cargo del diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario General de esta Soberanía, para que remita a las comisiones correspondientes, los expedientes de las solicitudes de Juicio Político que le han sido presentadas, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Estado de Puebla a fin de atender las peticiones de mejoramiento de las condiciones y atención médica de ciudadanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobernador del estado de Guerrero, imponga el nombre del destacado médico José Garibo Hernández, al Hospital General de Acapulco, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo al suministro de recursos financieros para atender los fondos de aseguramiento agropecuario y rural, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT y a la Profeco, a fin de realizar supervisiones periódicas a los establecimientos mercantiles que tengan la obligación de expedir facturas electrónicas por los servicios prestados, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sener, de la Semarnat y de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de cancelar el gasoducto Tuxpan-Atotonilco, suscrito por las diputadas Blandina Ramos Ramírez y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública Federal, estatales y del Distrito Federal, a fin de garantizar que la educación básica sea gratuita y no esté condicionada al cobro de cuotas escolares, procurando la sanción efectiva de los funcionarios infractores, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que declare como zona de desastre a diversos municipios del estado de Jalisco, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, convoque a los poderes de la Unión y a la sociedad en general a la firma de un acuerdo nacional para la atención integral de la discriminación, delincuencia e impunidad existente en internet y las redes sociales, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del GDF, al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia del DF, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los habitantes de la Delegación Iztapalapa, así como se investiguen los hechos relacionados con los cuerpos hallados en dicha demarcación y presenten públicamente los resultados de las investigaciones, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de ampliar el personal capacitado para el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que difunda los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos, asimismo, se exhorta a la Cofepris, para que haga públicos los resultados de los estudios realizados a las semillas transgénicas, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía expresa su solidaridad y apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática, por su reconocimiento como Nación en la comunidad internacional, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que lleve a cabo una reorientación o conjunción de todos los programas encaminados a detonar el desarrollo rural integral y se fortalezcan las capacidades productivas de los pequeños productores rurales, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob para que realice la declaratoria de desastre natural de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit afectados por el huracán “Patricia” el pasado 23 y 24 de octubre de 2015, suscrito por los diputados Juan Romero Tenorio y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la STPS, difunda los gastos y resultados del Programa de Apoyo al Empleo, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT, para que restablezca la señal analógica en el municipio de Monterrey, y la zona metropolitana de Nuevo León, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que difunda el proceso de licitación y adjudicación de las empresas responsables de la expedición de pasaportes, asimismo, se exhorta a la SFP, para que realice una auditoría al proceso de licitación, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, para que implemente las medidas necesarias para prevenir, atender y reducir la mortalidad materna y el embarazo de adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a fin de atender las inmunodeficiencias primarias en todo el país, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efeméride

Con motivo del LXII Aniversario del Voto de la Mujer, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 19 de octubre “Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama”, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 18 de octubre, Día mundial de la protección de la naturaleza, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 23 de octubre de 1915, marcha de 33 mil mujeres en Nueva York, para exigir el sufragio femenino, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 62 Aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en elecciones federales, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con motivo del 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 19 de octubre, Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con motivo del 23 de octubre, Día del Médico, a cargo de la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiuno de octubre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y nueve diputadas y diputados, a las once horas con treinta y un minutos del miércoles veintiuno de octubre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Gobernación:

• Con las que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Para impulsar el aumento del personal médico y de enfermería en el país. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Relativo a investigar la red de tráfico de menores que operaba al amparo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Sonora. Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

• Relativo a suscribir los acuerdos necesarios y reforzar los procesos de coordinación con las dependencias de gobierno, así como con los sectores social y privado, con el objeto de restablecer los apoyos a los atletas y equipos de trabajo que tengan derecho. Se remite a la Comisión de Deporte, para su conocimiento.

• Con el que remite el Tercer Informe Trimestral relativo a las “Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal dos mil quince”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con el que remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía y su Sector Coordinado. Se remite a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento.

b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que informa que en el mes de septiembre de dos mil quince, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

c) De la Secretaría Desarrollo Social, con la que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación dos mil catorce correspondientes a los programas a cargo de Liconsa, del Instituto Mexicano de la Juventud y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, operados y coordinados por esa dependencia. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

d) De la Cámara de Senadores:

• Con los que remite dos proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil dieciséis, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para dos mil dieciséis, eliminar el límite a las deducciones personales, contenido en el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

e) Del Congreso del estado de Sonora, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos séptimo, doce, trece, y cuarenta y siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

f) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se adiciona un Capítulo Quinto “De los Estímulos Fiscales a los Proyectos Productivos Nacionales” al Título Séptimo “De los Estímulos Fiscales a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan los artículos veinticinco, setenta y tres, y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Mariana Gómez del Campo Gurza, Ernesto Ruffo Appel, Juan Fernández Sánchez Navarro, Víctor Hermosillo y Celada, Silvia Garza Galván, Martín Orozco Sandoval, Daniel Ávila Ruíz, Marcela Torres Peimbert, José Rosas Aispuro Torres, Maki Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco López Brito, Martha García Gómez, Jorge Preciado Rodríguez, Pilar Ortega Martínez, José María Martínez Martínez, Rosa Díaz Lizama, Laura Rojas Hernández, Javier Corral Jurado y Raúl Gracia Guzmán, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México; Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional; y Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general, e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Juan Romero Tenorio, de Morena; en pro Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México; en contra Jorge Tello López, de Morena; en pro Otniel García Navarro, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena; en pro Tomás Octavio Félix, del Partido de la Revolución Democrática;

A las doce horas con cuarenta y siete minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro cuatrocientos cincuenta y nueve diputadas y diputados.

en contra María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena; en pro Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucionario Institucional; y en contra Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: diez Bis, once, veintinueve, cuarenta y seis, y cuarenta y siete, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; sexto, y ciento once de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Segundo Transitorio del proyecto de decreto. En votación nominal por cuatrocientos dos votos a favor; y treinta y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a las diputadas y a los diputados:

• Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo diez Bis, párrafo último, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos: diez Bis, y once de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo veintinueve de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, al artículo diez Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adición de un segundo párrafo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano, al artículo veintinueve de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos setenta y nueve votos a favor; cincuenta y seis en contra; y una abstención, se aprueban en lo particular en términos del dictamen los artículos: diez Bis, once, veintinueve, cuarenta y seis, y cuarenta y siete de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; sexto, y ciento once de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Segundo Transitorio del proyecto de decreto. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Desde su curul la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, realiza comentarios sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día, es el capítulo de proposiciones con puntos de acuerdo con trámite de urgente u obvia resolución, se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados:

• Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que analice y en su caso modifique la campaña contra el Pulgón Amarillo del Sorgo que afecta diversos estados de la República. Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el acuerdo los diputados: Natalia Karina Barrón Ortiz, y José Antonio Estefan Garfias, ambos del Partido de la Revolución Democrática.

• Julieta Fernández Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a las treinta y dos entidades federativas incluir dentro de sus Códigos Penales, la tipificación y sanción del delito de Turismo Sexual Infantil. Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el acuerdo los diputados: Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano; Jorge Ramos Hernández, Pedro Garza Treviño, ambos del Partido Acción Nacional; Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática; Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social; y Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México.

• Claudia Sánchez Juárez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, a fin de modificar la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 relativa al etiquetado para productos cosméticos pre-envasados. Desde su curul realiza comentarios sobre el acuerdo la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de realizar una evaluación del daño ambiental, así como la afectación a los consumidores y se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa Volkswagen, por la manipulación de modelos con motor diésel.

• Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Gobierno Federal para que implemente una estrategia que permita recuperar la producción total del sector agrícola.

• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a continuar con las investigaciones sobre el caso del desvío de recursos del Seguro Popular, así como la aplicación de las sanciones correspondientes a quien resulte responsable. Desde su curul realizan comentarios sobre el acuerdo los diputados Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, y Arturo Santana Alfaro del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

• Miguel Ángel Sulub Caamal, y suscrito por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, ambos del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Cámara de Diputados exhorta a difundir la estrategia para la atención de la emergencia obstétrica y ampliar los establecimientos hospitalarios para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud de las mujeres embarazadas.

En votación económica los acuerdos se consideran de urgente resolución y de la misma manera se aprueban, comuníquense; a excepción del presentado por la diputada Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, mismo que se turna a la Comisión de Distrito Federal, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia para los municipios del estado de Veracruz que han sido afectados severamente por las lluvias registradas en las últimas setenta y dos horas. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el acuerdo la diputada y los diputados: Norma Rocío Nahle García, de Morena, en dos ocasiones; José Luis Sáenz Soto, Jorge Carlos Ramírez Marín, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Leonardo Amador Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; y Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional.

• Por el que se califican procedentes las preguntas parlamentarias que se formularán al Presidente de la República con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno.

• Mediante el cual se exhorta al Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para que, conforme a sus atribuciones y de acuerdo a los principios de política exterior del Estado Mexicano, vote a favor del levantamiento del bloqueo económico a la República de Cuba.

En votación económica se aprueban los acuerdos. Comuníquense.

Desde su curul el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, realiza comentarios sobre el último acuerdo de la Junta de Coordinación Política mencionado.

Se da cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de Juntas Directivas e integrantes de diversas Comisiones Ordinarias y la Comisión Especial que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con el artículo ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del Partido de la Revolución Democrática, registrada en el Orden del Día, se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y se publica el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veintisiete de octubre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con ocho minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

El diputado Rodrigo Abdalá está solicitando la palabra en relación con este asunto. Sonido a la curul del diputado.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues(desde la curul): Gracias, presidente. Sí, con respecto al orden del día. Ayer en el estado de Puebla, específicamente en el municipio de Felipe Ángeles, después de que los pobladores de dicho municipio se manifestaron y tomaron la carretera con rumbo a Xalapa, exactamente a la altura de Felipe Ángeles, a su regreso 2 ciudadanos que se manifestaban en contra de una gestión corrupta del presidente municipal, Leonardo Gómez Octaviano, dos ciudadanos fueron aprehendidos por la policía estatal y hasta ahorita, después de casi 13 horas de detención, no se sabe nada sobre su paradero.

Entonces, por favor, incluirlo en la agenda política del orden del día para conocimiento del pleno. Y aprovechando que hoy viene a comparecer la procuradora, Morena va a hacer un posicionamiento al respecto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Yo le solicito, diputado, con todo respeto, lo pueda remitir a través de la coordinadora de su grupo parlamentario, la diputada Nahle, para que la Junta de Coordinación Política pueda de inmediato tomar cartas en el asunto y lo haga de nuestro conocimiento para incorporarlo en el orden respectivo del día. Gracias. En la curul del diputado Eukid, sonido, por favor.

El diputado Eukid Castañón Herrera(desde la curul): Con su permiso, señor presidente. Pedir a nuestro compañero legislador que documente bien su dicho. Es muy importante que en este pleno no se están manejando dichos y rumores. Simplemente que sea responsable con lo que dice y que sea consistente entre lo que dice y lo que hacen, porque si se trata de manifestaciones mejor no hablemos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Como no estamos en una discusión de ese tipo en este momento, quedan consignadas las expresiones para que en su momento, si es que llegamos a ese punto, lo abordaríamos.

MINUTO DE SILENCIO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Los integrantes de esta LXIII Legislatura lamentamos el sensible fallecimiento de don Tomás Torres Mercado, quien fuera diputado federal a las LVIII y LXII Legislaturas, en la que presidió los trabajos de esta Cámara durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LXII Legislatura.

Además fue senador de la República a la LX y LXI Legislaturas. Integrante del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Un zacatecano ejemplar, abogado, docente y político destacado, expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, e invito a los presentes a ponerse de pie para que guardemos un minuto de silencio en su memoria. Descanse en paz.

(Minuto de silencio)

Gracias.

Continúe la Secretaría con el capítulo de Comunicaciones.

COMUNICACIONES

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizaron modificaciones de turno a las siguientes iniciativas:

• Iniciativa que expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, presentada por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 17 de septiembre de 2015.

“Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.”

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, presentada por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 15 de octubre de 2015.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Salud, para dictamen.”

México, DF, a 27 de octubre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados se modifican los turnos a las iniciativas mencionadas. En consecuencia actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones, en la integración de las comisiones que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Susana Osorno Belmont cause alta como integrante en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Araceli Guerrero Esquivel cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada Araceli Guerrero Esquivel cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause alta como integrante en la Comisión Jurisdiccional.

• Que la diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez cause alta como integrante en la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada Susana Osorno Belmont cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez cause alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Rafael Yerena Zambrano cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de octubre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Abel Murrieta Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Abel Murrieta Gutiérrez cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 30, fracción V, de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, por medio de la presente me permito remitirle el informe anual de actividades y el ejercicio presupuestal de 2013 del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación(1), mismo que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la institución en su sesión ordinaria de trabajo del pasado 11 de junio de 2015.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de octubre de 2015.— Licenciado José de Jesús Daniel Ponce Vázquez (rúbrica), encargado del despacho de la oficina de Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de derechos Humanos, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a lo dispuesto en los artículos 30 (anexo 25) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y 181 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que las dependencias deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.

Al respecto, por instrucciones de la doctora Mercedes Juan López, secretaria de Salud y en términos de lo dispuesto en el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que establece que corresponde a esta Unidad Coordinadora “...coordinar los mecanismos de vinculación con el Poder Legislativo...”, me permito enviarle copia de la tarjeta 277/2015, suscrita por la licenciada Marcela Velasco González, subsecretaria de Administración y Finanzas, así como el anexo que la acompaña, mediante la cual da respuesta a dicha solicitud.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de octubre de 2015.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

En atención a lo dispuesto en los artículos 30 (anexo 25) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que las dependencias deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.

Al respecto envío a usted de forma impresa y en CD, mediante atenta nota, de fecha 20 de octubre del presente, suscrito por el maestro José Genaro Montiel Rangel, director general de Programación, Organización y Presupuesto dichos informes correspondientes al tercer trimestre del año 2015 de los programas mencionados.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de octubre de 2015.— Licenciada Marcela Velasco González (rúbrica), subsecretaria de Administración y Finanzas.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la Secretaría de Gobierno, licenciada Patricia Mercado Castro, en la fracción III, artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el manual administrativo correspondiente; adjunto oficio AJD/369/2015 mediante el cual el ciudadano Bernardino Ramos Iturbide, asesor del jefe delegacional en Tláhuac, remite respuesta al punto de acuerdo DGPL 62-II5-1892, en donde se comunicó por parte de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

México, DF, a 9 de octubre de 2015.— Licenciado Iván Pedroza Reyes (rúbrica), subdirector de Atención y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de enlace delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención al oficio SG/CED/1210/2014, mediante el cual envía el punto de acuerdo emitido por la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el que exhorta a llevar acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos sobre los cuales tenemos jurisdicción y que presentan condiciones de abandono. Al respecto, informamos las acciones concretas realizadas por la jefatura delegacional en este importante tema, que beneficia a las y los habitantes de Tláhuac.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted con un afectuoso saludo.

Atentamente

Tláhuac, DF, a 13 de agosto de 2015.— Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica), asesor del jefe delegacional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-2180, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/1410/15, suscrito por la doctora Lorena Buzón Pérez, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación pública, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985, así como un programa de protección civil en todos los planteles escolares del país, y de todos los niveles escolares.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/300/996/15, del 29 de abril de 2015, a través del cual el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo, hizo conocimiento de esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que refiere a la implantación de un programa especial de protección civil en el ciclo escolar 2015-2016 con motivo del 30 aniversario de los sismos de 1985.

Sobre el particular, me permito remitir a usted un engargolado .que contiene las copias de los oficios SEB/UR300/ CAS/184/2015; 572; CGDFSEP/DGAVIyG/280/2015 y AFSEDF/DGIFA/0414/2015, con los comentarios emitidos por la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Media Superior la Dirección General Adjunta de Vinculación, Información y Gestión de la Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección, General de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, respectivamente, mediante los cuales describen las acciones realizadas por cada una de ellas, en atención al punto de acuerdo demérito

Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2015.— Doctora Lorena Buzón Pérez (rúbrica), coordinadora de Enlace.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Salud con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones informen detalladamente a esta soberanía sobre el recorte presupuestal 2015 y las afectaciones de cobertura de los servicios de salud que se derivan de éste, en el ramo 12 para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, así como los motivos que incentivaron esta decisión.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones informen a esta soberanía sobre el recorte presupuestal previsto para 2016 y las afectaciones que se deriven de éste, en el sector salud, los programas que tendrán los mayores efectos y las posibles consecuencias de esta modificación.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se contemple y apruebe no realizar recortes al ramo 12; e incluso se incremente la cantidad de recursos destinados para este rubro el próximo año, lo anterior, con base en la gran necesidad que existe en reforzar las políticas de salud pública en el país.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:De la Cámara de Senadores, se recibieron 24 proposiciones con puntos de acuerdo, por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contemple y apruebe no realizar incremento en el presupuesto destinado al Senado de la República, al Consejo de la Judicatura Federal, así como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Martín Orozco Sandoval, senador de la República para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción 11, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, documento que contiene Proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El presidente de la República en su paquete económico, estimó que el crecimiento de la economía en México para 2014 sería de 3.9 por ciento con una inflación de 3 por ciento, un precio del barril de petróleo en 85 dólares y un tipo de cambio de 12.90 pesos por dólar, la realidad fue que el país sólo creció 2.1 por ciento, la inflación se disparó 4.08 por ciento, el precio del barril de petróleo se cotizó por debajo de los 50 dólares y el tipo de cambio sufrió una fuerte devaluación al cerrar diciembre en 14.73 pesos por dólar.

Para 2015, se estimó un crecimiento de 3.7 por ciento, una inflación de 3 por ciento, un tipo de cambio de 13 pesos y un precio del barril de petróleo en 82 dólares, a casi 10 meses del año, los especialistas han hecho 4 ajustes del crecimiento esperado para México, siendo el último el dado a conocer por el Banco de México a 2.2 por ciento, el tipo de cambio ha estado rondando los 17.40 pesos continuando con una fuerte devaluación y el precio del barril de petróleo cotizándose por debajo de los 40 dólares.

A inicios de enero de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la necesidad de reducir el gasto público en 124 mil300 millones de pesos para este año, equivalente a 0.7 por ciento del producto interno bruto, PIB, debido a la caída en los precios del crudo, una de las principales fuentes de ingresos, recortando su expectativa de crecimiento a 2.5 desde 3.3 por ciento para 2015.

Advertimos que las dependencias afectadas en el recorte del gasto fue a instituciones de las que se desprende una afectación directa a los ciudadanos, como Salud, Educación, ISSSTE y Conactyt, programas a adultos mayores.

Las reiteradas prácticas de estimaciones a la baja, recorte en el presupuesto, malos servicios a la sociedad, etcétera; deben tener como consecuencia una nueva reflexión del como gastamos los recursos, pareciera que no aprendemos de las experiencias, pues estamos frente a una realidad se ha apartado de todo lo proyectado por el Gobierno Federal, como se advierte de lo siguiente:

El proyecto de Ley de Ingresos para 2016 estima ingresos por 4.7 billones de pesos con una reducción de (-) 1.9 por ciento con respecto a 2015.

No obstante la disminución de los ingresos, en términos corrientes este monto es superior en 52 mil millones de pesos más, que la propuesta de ingresos del presupuesto pasado.

A pesar de que el Ejecutivo federal reduce la propuesta de crecimiento de la economía para 2016 entre el 2.6 por ciento y 3.6 por ciento del PIB, se plantea un pronóstico de crecimiento irresponsable si consideramos que durante los últimos tres años difícilmente nuestra economía ha crecido por arriba del 2 por ciento y no alcanza siquiera la meta de crecimiento fijada en el PND entre el 3 por ciento y 4 por ciento.

Para el próximo año, se estima un tipo de cambio de 15.9 pesos por dólar. Superior en 2 pesos con 50 centavos más que el aprobado para 2015. La propuesta resulta irreal y al parecer se subestima si consideramos que durante los últimos meses el tipo de cambio ha alcanzado los 17 pesos por dólar.

Por otro lado, el Ejecutivo federal modifica a la baja la estimación del precio de barril de petróleo para 2016 en 29 dólares, ubicándolo en 50 dólares por barril. De entrada la medida nos parece certera al momento por el comportamiento inestable del precio a nivel internacional, sin olvidar que la estimación a la baja de la producción podría generar el próximo año nuevas presiones al presupuesto de la Federación que sugieren de entrada, más recortes al gasto y menos inversión en proyectos importantes.

Sin duda alguna el Paquete Económico para 2016, genera enormes retos, pero además una exigencia de responsabilidad, congruencia y austeridad en la asignación y ejercicio del gasto, de ahí que se requiere que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se apruebe considerando la real condición que vive el país y no como fue propuesto por el Ejecutivo federal.

De aprobarse el Presupuesto de Egresos de 2016 en sus términos, sería un acto de total incongruencia, ya que inexplicablemente se afectan a la baja ramos como el de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, con disminuciones del 4.6 por ciento, 6.6 por ciento, 2.1 por ciento, y 5.1 por ciento respectivamente, respecto del ejercicio 2015.

Coincido en que la reforma educativa ha sido una de las reformas trascendentales para el país, debido a que la educación es una fuerza trasformadora de México, por lo cual resulta preocupante que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el Ramo 11 Educación Pública, registra una caída de 4.8 por ciento en términos reales, que equivalen a poco más de 15 mil millones de pesos menos en comparación a lo aprobado en el presupuesto 2015.

Ahora bien, siendo que el combate a la pobreza debería ser una prioridad para este gobierno, sin embargo en el Ramo 20 que corresponde a Desarrollo Social se tienen programados en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2016 109 mil 300 millones de pesos, cifra menor a los 115 mil 200 millones de pesos aprobados en el 2015, lo que implica una caída de 5.1 por ciento real.

En contraste tenemos que, mientras la Cámara de Diputados mantiene el monto de manera constante tanto en el PPEF de 2014, el PEF de 2015 y el PPEF de 2016, sin variación significativa de monto, el cual asciende a 7 mil 600 millones; de forma por demás injustificable resulta el presupuesto proyectado para el Senado de la República con un incremento de 300 millones de pesos en comparación con el monto aprobado en el presupuesto 2015, lo cual representa un incremento de 6.7 por ciento en términos reales.

Asimismo, para el Consejo de la Judicatura Federal, representa un aumento del 32.9 por ciento en términos reales, lo cual representa un incremento de 15 mil millones de pesos en comparación con el monto aprobado en el presupuesto 2015; resultando que el Consejo del Poder Judicial federal, cada año se beneficia con incrementos injustificables.

Ahora bien, en comparación con el monto aprobado en el presupuesto 2015, es inexplicable que se contemple una reducción de 4.6 por ciento en el ramo de educación, versus un incremento de 18 por ciento para el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Organismo que hasta el momento solo refleja gasto burocrático.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, se contemple y apruebe no realizar incremento en el presupuesto destinado al Senado de la República, Consejo de la Judicatura Federal, así como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, solicitando que el presupuesto sea igual al asignado en el PEF para 2015.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los quince días del mes de octubre de dos mil quince.— Senador Martín Orozco Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Itzel Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Mario Delgado Carrillo, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos para la atención, diagnóstico y tratamiento del “dengue” y “chikungunya” en el país.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en nombre propio y los senadores del estado de Colima, senadora Mely Romero Celis, Jorge Luis Preciado Rodríguez, y Mario Delgado Carrillo, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento para el Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar los recursos para la atención, diagnóstico y tratamiento del dengue y chikungunya en el país, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud, en su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de la Salud, así como para disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 Constitucional.

Su texto es el siguiente:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

El derecho a la salud (o a su protección) es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes públicos.

Así por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o asistencia sanitaria”.

Tenemos también que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo XV otorga responsabilidades sanitarias a los ayuntamientos que implican fortalecer el saneamiento básico entre otras.

Es materia del presente punto de acuerdo, la promoción, prevención y control del Dengue y chikungunya que son virus que causan enfermedades febriles incapacitantes y que pueden poner en peligro la vida de las personas.

Se transmiten a través de la picadura de mosquitos Aedes aegyptiy el Aedes albopictus (que también pueden transmitir el zika y la fiebre amarilla, está presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas).

El chikungunya no se transmite por abrazos, besos, por los alimentos o por el aire que respiramos. Por lo tanto no se transmite de persona a persona. El virus necesita un vector -un medio de transporte-, que es el mosquito, aunque en raras ocasiones, también puede transmitirse al tener contacto con la sangre de una persona en la fase viermica

El ciclo de transmisión se inicia cuando los mosquitos Aedes pican a una persona con chikungunya en los días que tiene fiebre,

La población más vulnerable son los adultos mayores, los niños pequeños o menores de un año, las embarazadas y las personas con alguna enfermedad preexistente. Es fundamental vigilar a las personas, de manera especial a los adultos mayores y a los niños ya que son los grupos etarios más susceptibles de presentar complicaciones.

Guerrero, Michoacán y Oaxaca, concentran prácticamente la mitad de casos de chikungunya en el país durante el presente año, donde suman ya casi 8 mil (7,942) en 21 entidades del territorio mexicano, según datos de la Secretaría de Salud (SSA) a la semana 38 del 2015

En total son 21 estados con personas contagiadas por chikungunya, y sólo en 11 no hay casos, incluido el Distrito Federal, de acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología de la SSA.

En lo que respecta a la entidad federativa Colima,se ubica entre las primeras cinco a nivel nacional con más casos de chikungunya y dengue, confirmó la Secretaría de Salud estatal.

La Secretaría de Salud y Bienestar Social del gobierno del estado, menciona que en las dos semanas recientes se ha observado una fase de contención de la enfermedad por virus chikungunya en Colima y Villa de Álvarez.

La dependencia menciona que la llegada del virus al estado provocó dos brotes del padecimiento, uno en Armería y Tecomán, los cuales está en fase de contención y otro en Manzanillo, que se mantiene bajo control como resultados de las medidas extraordinarias aplicadas en conjunto con el Gobierno Federal.

Con base en lo anterior y reconociendo que en el país los vectores transmisores de dengue y chikungunya no podrán controlarse mientras no exista una participación organizada de los tres órdenes de gobierno conjuntamente con la sociedad civil para el desarrollo de acciones de saneamiento básico permanente. En tanto no se logra lo anterior es necesario realizar acciones preventivas de control del vector y de promoción de la salud por lo que se propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 incremente el monto de los recursos aprobados en 2015 a los programas federales que tienen como objetivo la atención, diagnóstico y tratamiento del dengue y chikungunya en el país.

Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Salud federal plantee ante la Cámara de Diputados, las necesidades suficientes de recursos extraordinarios en la promoción, prevención y control de dengue y chinkunguya de las familias colimenses.

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima a mantener el Plan de Contención y Control en el último trimestre del año y el primero de 2016 y con ello lograr la protección contra el dengue y chikunguya de las familias colimenses.

Cuarto. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos del País a cumplir con el apartado “B” del artículo 115 Constitucional que se refiere a las atribuciones y responsabilidades municipales en materia de salud entre ellas, fortalecer el saneamiento básico en sus respectivas demarcaciones para la promoción, prevención y control de las enfermedades que nos ocupan.

Dado en el pleno del Senado de la República, a los días 20 del mes de octubre del año dos mil quince.— Senadores: Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Mario Delgado Carrillo (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la creación de un programa de cirugía reconstructiva para el cáncer de mama.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar con recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la creación de un programa de cirugía reconstructiva para el cáncer de mama; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema Nacional de Salud se encuentra formado o lo constituyen las dependencias y entidades de la administración pública federal, tanto federales como locales, pero también las personas físicas y morales del sector social y privado para dar cumplimiento a la protección de la salud.

En este sentido, uno de los objetivos del Sistema, es proporcionar a toda la población los servicios de salud, con especial interés a la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integral mediante la coordinación a cargo de la Secretaría de Salud.

Estos servicios que se prestan, comprenden la atención médica, la salud pública y la asistencia social, para la protección de la salud, como una de las modalidades es la atención medica integral, que comprende su forma preventiva, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación.

Para poder llegar a cumplir este mandato y garantizar este derecho, es necesario en primera instancia establecer un mecanismo de planeación conforme a lo estipulado por la ley en la materia, es decir, la Ley de Planeación. Que es la norma junto con la Ley General de Salud que establecen una serie de programas meramente fundados para poder garantizar el derecho a la salud. En base a estas normas se deriva el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente al correspondiente 2013-2018, cuyo eje México Incluyente propone enfocar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen, en especial el rubro salud, tiene como finalidad, mejorar el sistema de salud a través de una planeación interinstitucional para alcanzar los compromisos y corresponsabilidad entre las instituciones.

Entre los pendientes que el gobierno federal contempla y que son claves en materia de salud, se encuentra la mortalidad materna, la fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración que suponen una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos mayores. Por otro lado, hace hincapié sobre los factores y situaciones que atentan contra la salud como son: la pobreza, los estilos de vida poco saludables y de riesgo.

En esta propuesta, tengo la preocupación que aqueja a nuestro país, especialmente a las mujeres, me refiero al cáncer de mama, esta incidencia de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cancerología, represento para el 2012, 13 mil 388 nuevos casos de cáncer de mama, es decir, cada 90 minutos muere una mujer, mientras que la Secretaría de Salud diagnosticó cada 30 minutos a una mujer más con este padecimiento. Cifras del Inegi de 2013 mencionaron que hubo 5,426 decesos atribuibles a este padecimiento, lo que representó la muerte de 15 mujeres cada día durante ese año. Como sabemos, la mortalidad por cáncer de mama ha tenido una tendencia ascendente en los últimos años.

Ante esta situación, es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y de detección temprana del cáncer de mama en sus primeras etapas, pero también es necesario que las mujeres que desgraciadamente han perdido un seno, también exista la atención debida para que mediante una cirugía reconstructiva puedan realizarse mediante el derecho llamado seguro popular.

Sabemos que la principal acción para combatir el cáncer y evitar la mortandad, es la prevención, lo que implica que las mujeres conozcamos los factores de riesgo desde su etapa inicial mediante un diagnóstico y tratamiento oportuno.

La vida de un ser humano es lo más valioso, y vale la pena invertir en su cuidado, no sólo porque es una obligación que el Estado mexicano tiene con sus habitantes, sino porque es un derecho humano y quienes sobrevivientes a esta enfermedad, saben que el cáncer de mama lacera profundamente a las mujeres que lo padecen.

Por ello, mi exhorto a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el ámbito de sus facultades consideré oportuno incrementar con recursos suficientes la atención temprana del cáncer de mama, así como su tratamiento que incluya la cirugía reconstructiva

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la proposición siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2016, contemple dentro de los programas de atención medica del Sistema Nacional de Salud, recursos suficientes para la atención del cáncer de mama, a efecto de que todos los pacientes puedan contar con tratamientos que incluyan ultrasonidos, mastografías, biopsias, hospitalización, quimioterapias, radioterapias, extirpación del tumor, consultas psicológicas y de tanatología, así como reconstrucción mamaria en caso de mastectomía.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 20 de octubre de 2015.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, se asignen recursos especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, niños y adolescentes en “situación de calle” y trabajo infantil en el estado de Jalisco.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la honorable Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos etiquetados especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, los niños y los adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco; lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ser niño es sin duda la mejor oportunidad de vivir el presente. Ellos no se quedan en el pasado ni se preocupan por el futuro; sin embargo, nosotros sí debemos preverlo para ofrecer uno mejor a nuestro próximo relevo generacional en este mundo.

Por ello, para toda sociedad, el cuidado de sus niños debe ser una prioridad y asegurarse de su adecuado desarrollo y una vida digna en la etapa que debiera ser la más bonita del ser humano.

No obstante, parecería que esta obligación social, moral y jurídica se torna complicada a nivel mundial, y nuestro país no está exento; de tal manera, que creo que todos hemos atestiguado el incremento de menores de edad en muy difíciles y precarias circunstancias de vida. Me refiero a las niñas y niños en condiciones de calle y hasta explotación infantil.

La presencia de niñas, niños y adolescentes, incluso familias enteras en situación de calle, ya sea viviendo o trabajando en ella, es un fenómeno social complejo, con múltiples causas que van desde la disminución de los ingresos, la falta de oportunidades de empleo y la expansión del sector informal de la economía; factores que sumados a los de carácter social y cultural, tales como los procesos migratorios, la desintegración familiar, el cambio en las pautas y valores culturales, han afectado el bienestar de las familias, sobre todo el de aquellas en estado de mayor vulnerabilidad.

En el estado de mi representación, Jalisco, los gobiernos estatal y municipales trabajan para paliar este mal que afecta a nuestro pequeños. Por ello, llevó a cabo una actualización y diagnóstico sobre el trabajo infantil, con especial atención a los niños en situación de calle, en cuyos datos dados a conocer se advirtió de 3,674 niñas, niños y adolescentes trabajando en espacios públicos abiertos y cerrados en seis municipios (Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto y Zapopan), de los que 65 por ciento son niños y el restante 35 son niñas. También se observó que la gran mayoría de los niños que trabaja son menores de 14 años (54.72) el 27 por ciento el resto se encuentra entre los 14 y 17 años.

Como se dijo, el gobierno de la entidad trabaja en este fenómeno y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco a través de la Dirección de Protección a la Infancia opera el Programa Menores Trabajadores Urbano Marginales, mediante el cual se brindan servicios de asistencia social para atender a niñas, niños y adolescentes, trabajadores, en riesgo de incorporarse a actividades para económicas y de los que por alguna circunstancia han roto el vínculo con la familia y se encuentran viviendo en la calle.

Para ello, la Dirección de Protección a la Infancia del DIF Jalisco se apoya en los Sistemas de DIF municipales para responder al fenómeno de niños en situación de calle y trabajo infantil a través de un rescate de familias en situación crítica a las que ofrece un paquete de servicios y apoyos para evitar el trabajo infantil e incorporar a los menores a la escuela.

Según se informa, este programa atiende a un aproximado de cuatrocientas familias cada año, sin embargo, no ha sido suficiente y no ha sido posible frenar el fenómeno. Es necesario fortalecer las acciones gubernamentales para rescatar a nuestros pequeños de la calle, elevar los alcances de programas como el ya mencionado y lograr mayores resultados. Para ello, como para casi todo, se requiere mayor inversión económica.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continúe apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar importantes acciones y objetivos en favor de las niñas, niñas y adolescentes más vulnerables: Los que están en situación de calle y trabajo infantil a causa de su precaria situación socioeconómica.

Razones por las que la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos etiquetados especialmente dirigidos a la atención integral de la problemática de las niñas, los niños y los adolescentes en situación de calle y trabajo infantil en el estado de Jalisco, a fin de fortalecer los trabajos, elevar los alcances de los programas y obtener mayores resultados en los esfuerzos que realizan los gobiernos estatal y municipales en esta asignatura.

Dado en el salón de sesiones, a 22 de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos por la cantidad de 5 millones 498 mil 525.91 pesos para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, en la localidad de San Isidro Matancillas, del municipio de Ojuelos de Jalisco.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la honorable Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se prevea una asignación de recursos económicos etiquetados por la cantidad de 5 millones 498 mil pesos para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej), en la localidad de San Isidro Matancillas, del municipio de Ojuelos de Jalisco; lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es un derecho y una necesidad social y cultural, un avance cognitivo y del pensamiento, que permite a los ciudadanos poder participar en diversas actividades que implican más que leer y escribir. Más aún, se trata de derecho que va más allá, se trata de un derecho fundamental del ser humano, como elemento indispensable para lograr la autonomía personal y el ejercicio pleno de las libertades y el desarrollo de todas las personas.

Para ello resultan indispensables todos los esfuerzos que todos los órdenes de gobierno realicen para hacerla una realidad a todo lo largo y ancho del país.

Sobre este aspecto, el actual gobierno municipal de Ojuelos de Jalisco está preocupado y ocupado en contribuir en beneficio de sus habitantes, particularmente con la construcción de un plantel del Cobaej para la impartición de educación media superior con capacitación para el trabajo en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia.

Ojuelos de Jalisco se considera una zona urbana del estado de Jalisco con poco más de 30 mil habitantes en 63 localidades, de los que 4 mil 297 se ubican en el poblado de San Isidro Matancillas, localidad precisamente en la cual se tiene proyectada la construcción del referido plantel educativo.

El municipio cuenta con el terreno y el proyecto para lo que se identifica como Primera Etapa EMSaD 55 San Isidro Matancillas (Cobaej), cuya construcción implica el trazo y nivelación, terracería, guarniciones y banquetas, construcción de área deportiva, áreas verdes, administrativas, aulas, cafetería, drenajes, alumbrado, sistemas de captación de agua pluvial y sistemas de captación de energía solar.

Esto es, proceder a la construcción y consolidar tan loable proyecto es factible y procedente, sólo falta algo muy indispensable: recursos económicos por la cantidad de 5 millones 498 mil 525.91 pesos.

Este proyecto es de suma importancia para los habitantes de Ojuelos de Jalisco, particularmente de la localidad de San Isidro Matancillas, que no cuentan con un plantel propio y lograrlo es un anhelo que permitirá cambiar sus expectativas de calidad de vida, al constituir la posibilidad palpable de superación educativa y preparación para el mercado laboral.

Es indispensable y apremiante apoyar a nuestra población, y en virtud de que para el caso en concreto, la parte restante se traduce a pesos y centavos, y que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio, el gobierno federal continúe apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para la construcción de un plantel del Cobaej, en San Isidro Matancillas, del municipio de Ojuelos de Jalisco.

En mérito de lo anterior, me permito poner a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se prevea una asignación de recursos económicos etiquetados por la cantidad de 5 millones 498 mil 525.91 pesos para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej), identificado como proyecto EMSaD 55 San Isidro Matancillas (Cobaej), en la localidad de San Isidro Matancillas, del municipio de Ojuelos de Jalisco.

Dado en el salón de sesiones, a 22 de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple para el estado de Jalisco un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple para el estado de Jalisco un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer de mama no hace distinción entre la población de países desarrollados y en vías de desarrollo, aunado a que es el padecimiento que tiene mayor presencia en la vida de las mujeres en el mundo.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos y ocurren 458 mil muertes por esta enfermedad en el ámbito internacional.

En nuestro país, tan sólo superado por el Distrito Federal, Jalisco ocupa el segundo lugar en incidencia de muertes causadas por cáncer de mama en México, con alrededor de 500 decesos cada año por esa causa.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los países de bajos ingresos ocurre la mayoría de los decesos; ello, debido a que el diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad. Lo anterior, ante la falta de acceso a servicios de salud, así como a la poca sensibilización para la detección precoz.

Debido a su impacto, y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor del mundo durante octubre se realizan eventos cuya finalidad es concientizar e incentivar la autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano. Ello, en el marco del día 19 de octubre, en el que se celebra el “Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, fecha en la que se promueve el uso de un listón o lazo rosa como símbolo que alude a este padecimiento; sin embargo, es necesario hacer más que eso.

Con su terrible segundo lugar en decesos en nuestro país, es claro que los esfuerzos gubernamentales no han dado los resultados deseables, en los que definitivamente tiene mucho en que ver la falta de recursos.

Ello, no obstante que a los esfuerzos para combatir este mal se suman los aportados por la sociedad civil organizada, pues diversas asociaciones civiles trabajan día con día en labores relacionadas con la prevención, detección y apoyo a mujeres con cáncer de mama, incluso con albergues para hospedaje a mujeres con este padecimiento, cunado deben salir de su lugar de residencia para buscar apoyo y tratamiento. Cabe decir, que se trata de organizaciones que no reciben ayuda económica gubernamental y que a base de donativos aportan de manera altruista sus beneficios.

Sin duda, esta enfermedad es uno de los desafíos más importantes que hoy enfrentamos. Es necesario avanzar para evitar que las mujeres sigan muriendo, increíblemente a causa de enfermedades completamente prevenibles, considerando que con la detección en la primera etapa de la enfermedad, el 99 por ciento de los casos es curable.

Así, si la enfermedad es combatible, es lamentable que sigan ocurriendo decesos, máxime que un factor determinante para ello se trate de dinero. Por ello, es muy importante incluir en el presupuesto para el 2016 un incremento sustancial para los programas contra el Cáncer de Mama, fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento y contribuir a sacar a Jalisco de ese atolladero que año con año sacrifica a tantas mujeres; incluso, también para apoyar a las asociaciones que coadyuvan a ello, a través de aportaciones económicas relacionadas con la asistencia social.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal se prevea un incremento sustancial en esta materia.

Razones por las que la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple para el estado de Jalisco, un incremento sustancial de recursos en materia de salud para ser destinados a fortalecer las estrategias de prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama, en virtud de sus altos índices de mortalidad por esta causa, al grado de posicionarlo en un indeseable segundo lugar a nivel nacional.

Asimismo, para canalizar apoyos económicos bajo el concepto de asistencia social, a las asociaciones civiles debidamente reconocidas y que altruistamente apoyan a mujeres que padecen dicha enfermedad.

Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto Ferial de Guadalajara”.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto ferial de Guadalajara”; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las promesas y compromisos del gobierno de Jalisco, para con los jaliscienses, es la construcción de un Centro o Recinto Ferial que habría de albergar la principal feria popular-turística de la entidad: Las “Fiestas de Octubre de Guadalajara”.

Es un proyecto que contempla la construcción de 5 mil cajones de estacionamiento y un área para la presentación de espectáculos con capacidad para 50 mil espectadores.

La actual administración estatal consideró que en un año a partir de su llegada estaría concluido el nuevo recinto para “Fiestas de Octubre”, sin embargo el proyecto se retrasó por un conflicto legal con vecinos de Huentitán donde se ubican los terrenos, propiedad del ayuntamiento de Guadalajara.

Según se informa, el problema jurídico quedó resuelto, los terrenos están listos y el gobierno del estado cuenta ya con un proyecto ejecutivo en el que se invirtió cerca de 8 millones de pesos, pero no cuenta con el presupuesto necesario para culminar con el objetivo, para el cual se requiere un aproximado de 500 millones de pesos.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

Se trata de una promesa y compromiso desde etapa de campaña, por lo que es muy importante cumplir a los jaliscienses con la palabra empeñada. Compromiso al que bien se puede apoyar con asignaciones de carácter federal.

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para el Recinto Ferial que habría de albergar a las famosas y populares “Fiestas de octubre de Guadalajara”.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen los esfuerzos conducentes para que se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 500 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Recinto ferial de Guadalajara”, que albergaría las fiestas popular-turísticas más importantes de Jalisco.

Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal (Conafor); lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) es una dependencia del gobierno federal, específica mente un organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, creada desde 2001 con el objetivo de apoyar, promover y desarrollar la conservación y la restauración de los bosques de México; así como participar en la silvicultura sostenible.

A 14 años de existencia y en particular en la presente administración, Conafor ha alcanzado importantes logros, por decir algunos, en la elaboración de los inventarios forestales estatales, en las metas de reforestación y algo muy importante, concretó la instalación de seis centros regionales para el manejo del fuego.

Sin embargo, dicho por su propio titular, los objetivos de Conafor se amplían cada vez más, atentos a que el sector forestal es prioritario para el desarrollo del país, tanto en cuestión nacional como también, ante los compromisos internacionales.

A nivel nacional, es una prioridad lograr que el aprovechamiento de los recursos forestales tenga una base sólida de sustentabilidad, que mejore la economía y la calidad de vida de sus dueños y de las personas que habitan en las zonas forestales, a la vez que se asegure la generación de servicios ambientales.

En el entorno internacional también son muchas las expectativas a cumplir, pues como muestra basta decir que la Conafor juega en papel preponderante en el cumplimiento para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), respecto sobre el cual se tienen también plausibles logros, incluso parte de estos últimos, dados a conocer recientemente en el evento “Fortalecimiento del Proceso de Preparación REDD+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur”.

Logros que la Conafor ha logrado haciendo rendir al máximo posible el presupuesto con el que cuenta, el que por cierto, por lo que respecta al Presupuesto de Egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, como todos sabemos, se ha anunciado un recorte o disminución.

No obstante, existen asignaturas tan sensibles que definitivamente no deben sufrir disminución, por el contrario, si hay más objetivos se requiere mayor presupuesto.

Definitivamente este es el caso de Conafor, cuyo presupuesto, en el mejor de los casos quedaría igual, con el pendiente de que pueda verse disminuido, situación que considero debe valorarse muy bien y que por el contrario, se deben realizar los esfuerzos necesarios para incrementar el presupuesto en un área prioritaria y que además ha dado excelentes resultados, los cuales, deben seguir cristalizándose.

Y ya que se trata de recursos económicos, sabemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, lo que constituye un momento propicio para que en ese ejercicio, se prevea un incremento sustancial de recursos para Conafor, al tratarse de un área sensible y prioritaria para el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo, sustentabilidad y compromisos internacionales en materia medioambiental y de cambio climático.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea un incremento sustancial de recursos para la Comisión Nacional Forestal, al tratarse de un área prioritaria para el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo, sustentabilidad y compromisos internacionales en materia medioambiental y de cambio climático.

Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el estado de Jalisco.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el Estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El gobierno de Jalisco ha demostrado estar verdaderamente comprometido en el tema de la movilidad. Uno de sus temas más importantes lo es la infraestructura, para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable asamblea, la recuperación de la red carretera en la entidad.

A la llegada del actual gobierno estatal, la encontró en un estado deplorable, por lo que se realizaron los esfuerzos necesarios para una rehabilitación urgente, sin embargo, pese a los esfuerzos aún se tiene un rezago importante.

Al inicio de 2013, la infraestructura carretera estatal se encontraba en un 62 por ciento en mal estado, y en el plazo de dos años se logró cambiar el escenario a un 25 por ciento en buen estado, 56 por ciento en estado regular y un 19 por ciento en mal estado.

Son avances muy importantes, pero que no alcanzan el grado de satisfacción deseado y se hace indispensable continuar con los trabajos de rehabilitación, a efecto de lograr que la infraestructura carretera de Jalisco, en verdad pueda fungir como un elemento de desarrollo, que permita el acceso a la población a los servicios básicos y fomente el intercambio comercial y económico.

Una óptima red de carreteras, eficiente y segura, que permita crear una conexión del territorio nacional y reducir los costos de transacción y transporte nacionales; que se traduzca en competitividad y productividad y por ende, en un factor de crecimiento económico que los jaliscienses tanto necesitan.

Esto, además de que el buen estado carretero es necesario para la seguridad de los usuarios, al permitir un mejor tránsito de personas y materiales con una menor cantidad de accidentes.

Para ello, evidentemente se requiere de recursos económicos que hagan posible la inversión en este rubro y apuntalar los proyectos pendientes.

Y ya hablando de recursos económicos, sabemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, lo que constituye un momento propicio para que en ese ejercicio, se prevea una asignación de recursos suficientes para concluir la rehabilitación de la infraestructura carretera de Jalisco, como una necesidad apremiante para detonar su desarrollo económico.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea una asignación de recursos etiquetados para ser destinados a la ejecución de proyectos de rehabilitación carretera en el Estado de Jalisco, al constituir un factor determinante para la seguridad, competitividad, productividad y el desarrollo económico de los jaliscienses.

Dado en el salón de sesiones, a los 22 días de mes de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante el plazo que ha transcurrido del Gobierno de la República a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto, Jalisco está consolidando importantes proyectos de inversión e infraestructura que traerán grandes beneficios y detonarán el desarrollo del Estado en bien de sus habitantes.

Uno de ellos es sin duda la construcción de la línea 3 del tren eléctrico de la zona metropolitana de Guadalajara y las ampliaciones de las líneas anteriores.

Sin embargo, existen pendientes otros proyectos también muy favorables para nuestros habitantes, entre los que se encuentran los presentados por el Gobierno del Estado de Jalisco ante la Federación, con la intención de ser logrados el siguiente ejercicio fiscal.

Destaca en los proyectos solicitados, el relativo a las obras de renovación urbana en el Centro Histórico de Guadalajara, que plantea trabajos de rehabilitación de infraestructura en 50 hectáreas, así como la intervención en plazas, parques y jardines.

Por sus alcances, el proyecto se ha denominado “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”, que contempla además la rehabilitación de calles, redes de agua, eléctricas, pavimentos, banquetas, iluminación, mobiliario urbano y espacios públicos.

También considera el tema de seguridad con un sistema de vigilancia que contempla la colocación de 233 cámaras. Además, se plantea en zonas peatonales la instalación de bolardos automatizados.

La rehabilitación comprende el perímetro de Avenida Federalismo a la calle Humboldt y de San Felipe a Joaquín Angulo; luego, el Jardín Botánico, el Antiguo Hospital Civil y llega hasta lo que es el Hospicio Cabañas. Otra área en la que se planean obras es de Federalismo a la calle Galena, y de Avenida La Paz a Prisciliano Sánchez.

Mientras que los espacios públicos a rehabilitar son las plazas: Tapatía, Universidad, Juan Palomar, Doctor L. Oliva, Agustín Rivera, el Jardín Botánico, el Jardín López Cotilla, la Explanada del Cabañas y el Parque Morelos.

Definitivamente un proyecto ambicioso que dará una nueva cara a nuestro centro histórico de Guadalajara, sin lastimar su bella arquitectura y conservando su esencia, de manera que pueda ser disfrutado de mejor manera y más segura, incrementando además su atractivo turístico.

Proyecto de gran relevancia para la Zona Metropolitana de Guadalajara y que ha sido entregado ya a la federación a través de la Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, con una inversión estimada en 363 millones de pesos, por lo que ahora Jalisco gestiona los recursos para hacerlo realidad.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de...

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 363 millones de pesos para ser destinados al “Programa de Regeneración Urbana del Centro Histórico de Guadalajara”, a fin de concretar tan especial proyecto en beneficio de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de incrementar su atractivo turístico, la seguridad y el potencial que reviste para el desarrollo de la Entidad.

Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes, que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 332 millones de pesos, para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la intención de que el ejercicio fiscal 2016 sea un mejor año para Jalisco con el apoyo de las asignaciones federales, el gobierno de Jalisco ha presentado puntualmente sus proyectos a la federación.

Entre ellos, además de otros de gran importancia, uno a destacar es el relativo a la denominada “Ciudad Creativa Digital”.

Se trata de un importante proyecto que se espera sea una realidad para el siguiente año con los recursos previstos para ser asignados por parte de la federación, mientras que el recurso comprometido por el Gobierno del Estado de encuentra listo para ser invertido.

Ciudad Creativa Digital ha sido conceptualizada como “la renovación del entorno urbano para consolidar un espacio ideal para las personas, un escenario moderno e interconectado donde el talento y la creatividad generan conocimiento, impulsan el uso de nuevas tecnologías y mejoran la calidad de vida en la zona metropolitana de Guadalajara”, según su propia página de internet.

Estará ubicada en el corazón de la capital de Jalisco, y concentrará industrias creativas tales como firmas productoras de cine, televisión, videojuegos, animación digital, medios interactivos y aplicaciones móviles, entre otras más, posicionando con ello al estado como un centro productivo relevante para un sector que hoy en día es vanguardia en la economía global.

Este proyecto incluye la restauración del gimnasio “Modesto Careaga”, que se ubica en la calle Coronel Calderón; también la Escuela Mixta Número 53 y la construcción de algunos edificios que albergaran a empresas relacionadas con el desarrollo de alta tecnología, entre otros.

Muchas expectativas se tienen puestas en este proyecto, y que en realidad, con gran ánimo y confianza para ser concretado a partir del siguiente año, que como ya se dijo, sólo está a expensas del recurso federal, el cual se estima en un monto de 332 millones de pesos.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para Ciudad Creativa Digital, a crearse en el corazón de Guadalajara, Jalisco.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de 332 millones de pesos para ser destinados al proyecto “Ciudad Creativa Digital”, a construirse en el corazón de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio;lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual, nuestro país dará un giro en la procuración e impartición de justicia con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

La envergadura de la reforma constitucional en materia penal representa no sólo un parteaguas, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso.

Desde esa fecha comenzaron los trabajos con miras a lograr la instalación y funcionamiento del nuevo sistema, que deberá estar operando en todo el país a más tardar el próximo mes de junio de 2016.

Lamentablemente en los primeros años posteriores a dicha reforma, el entonces gobierno de Jalisco pareció no dimensionar los alcances y los esfuerzos necesarios para lograr este nuevo sistema. Fue así que en ese entonces llegó a catalogarse entre los estados con mayor rezago en esta asignatura.

Ahora, el actual gobierno de Jalisco asumió con responsabilidad el reto que implicaba recuperar al tiempo perdido y tras siete años de la reforma ha habido avances muy importantes en materia de procedimientos generales, capacitación e infraestructura.

Incluso, el año pasado el estado de Jalisco dio uno de los pasos jurídicos más importantes al terminar la aprobación de las reformas y adiciones a la legislación que regula la estructura judicial, para armonizarla a los ordenamientos federales en la materia, y de esta manera incorporarse al nuevo sistema de justicia oral o adversarial, no inquisitorio, con lo que culmina una etapa importante, pero que ahora demandará de mayores recursos para su implementación.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en la aplicación del nuevo sistema de justicia es el económico, ya que se requiere de recursos para infraestructura, capacitación y nuevas tecnologías. Además de que también será indispensable otorgar al Poder Judicial del Estado un presupuesto suficiente para afrontar la siguiente parte del proceso y completar así el objetivo de más y mejor justicia.

El gobierno federal ha hecho su parte, pues ha estado suministrando recursos económicos a todas las entidades federativas del país para que los trabajos fluyan de manera adecuada y se logre el cometido de manera puntual para la que parece ser la última fecha prorrogada para la vigencia completa del nuevo sistema de justicia, pero por las razones dadas, es necesario que Jalisco remonte en muy breve plazo el atraso y el año que entra se encuentre al cien por ciento, por lo que mucho ayudaría contar con recursos adicionales para consolidarlo.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

Cabe decir que el gobierno de Jalisco tiene en su agenda contar con los trabajos completamente concluidos para iniciar puntualmente con el nuevo sistema el año entrante, tarea a la que mucho apoyaría contar con adicionales a los previstos.

En resumidas cuentas, la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se prevea una asignación de recursos o subsidios adicionales para el estado de Jalisco, para ser destinados a los trabajos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que deberá estar en completo funcionamiento a más tardar en junio del siguiente año.

Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva en el estado de Jalisco.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva en el Estado de Jalisco; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las mejores maneras de ir revirtiendo las condiciones de marginación y pobreza tiene que ver mucho con la obra pública. Se trata de una oportunidad de abatir rezagos y disminuir las desigualdades mediante la generación de inversiones, empleos e infraestructura que permitan la competitividad y desarrollo.

Para ello se requiere de recursos que permitan efectuar estas inversiones y ejecutar obras con sentido social, priorizando su orden en base a las necesidades más apremiantes de la población.

Sobre este rubro, el de los recursos económicos, cabe decir que el gobierno federal ha anunciado la necesidad de ajustes a la baja en el presupuesto de egresos, a la par de implementar medidas que permitan “hacer más con menos”, y de esta manera recuperar recursos para inversión en infraestructura.

No obstante, en el estado de mi representación, Jalisco, se teme que en el siguiente ejercicio fiscal se canalizarán menos recursos para proyectos de infraestructura que los asignados durante el presente año.

Situación en verdad preocupante, considerando que en Jalisco se ha heredado de administraciones pasadas un fuerte rezago en la materia, que lamentablemente le posiciona dentro de los 12 estados con mayor atraso en inversión productiva, al grado de catalogarse como notablemente insuficiente por algunas consultorías.

El actual gobierno de la entidad hace excelentes esfuerzos para revertir esta problemática y reposicionar a Jalisco en los lugares que alguna vez ocupó. Se estima que este año ejerció tan sólo para infraestructura, alrededor de 4 mil millones de pesos canalizados por la federación, que si bien no son considerados como una cantidad holgada, peor sería si se aplica mayor reducción.

Estoy consciente de que el escenario internacional adverso genera la necesidad de que el gasto público en nuestro país se “apriete el cinturón” hacer más eficiente su aplicación y dar preferencia a los proyectos de mayor impacto social.

También es cierto, que estos ajustes se han preferido hacia el gasto corriente, como una acertada medida del gobierno de la República para mantener la inversión productiva, por ello, que en esta tónica se considere como apremiante no reducir los recursos públicos al respecto para los Estados, principalmente para aquellos que representan un mayor rezago.

Para ello, es ideal que con motivo y a colación de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, el hacer un esfuerzo, “estirar la cobija” y lograr cuando menos, mantener el monto de inversión.

Así las cosas, en resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos en los términos planteados.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen los ajustes necesarios para incrementar los recursos federales destinados a la inversión pública productiva y de infraestructura para el Estado de Jalisco; de no ser posible, garantizar una asignación de recursos cuando menos por el equivalente al ejercido en el presente ejercicio fiscal, como una medida necesaria para abatir rezagos en este rubro y disminuir las desigualdades de nuestra población.

Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa Centros de Justicia para las Mujeres.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa Centros de Justicia para las Mujeres; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

México está urgido por alcanzar la equidad de género, y en el estado de Jalisco estamos decididos a lograrlo, por eso el gobierno de la entidad trabaja para que cada vez sea menor la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres, con avances muy significativos.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), se ha logrado reducir en 20.4 por ciento la desigualdad entre los derechos de hombres y mujeres, convirtiéndose en una de las entidades con mayor avance en la igualdad de género en México.

No obstante, hay materias y deudas pendientes con la mujer, como incrementar su participación en el empleo, porque todavía es mayor la proporción que trabaja por cuenta propia en comparación con los hombres y la tasa de participación económica muestra desequilibrio. El mejoramiento a la atención materna ante la persistente tasa de muertes por condiciones de embarazo y parto. La Educación, principalmente para las niñas del sector rural; la Seguridad Social y así podemos seguir enlistando pendientes.

Más aún, existe un flagelo que amerita acentuar la atención gubernamental: Se trata de la violencia contra la mujer.

Según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco, tan sólo en el primer semestre de este año se registraron más de 7 mil casos de agresiones, esto es, 43 mujeres violentadas cada día, al grado que ameritó que en el mes de agosto pasado se valorara muy seriamente la posibilidad y necesidad de decretar la “Alerta de Género” en Jalisco.

Sobre este aspecto, se informa de más de 3 mil denuncias de mujeres que han sido violentadas psicológica, física y emocionalmente; pero que lamentablemente, gracias a la falta de denuncia sabemos que el número de casos es mucho mayor.

Definitivamente es apremiante generar condiciones y herramientas para erradicar la violencia contra la mujer, así como la desigualdad de género en todas sus facetas, como un factor sin el cual, no será posible avanzar hacia el desarrollo, mucho menos superar la pobreza.

Por eso, celebro que en Jalisco se haya logrado avanzar con celeridad en acciones que permitan mejores condiciones para las más de 4 millones de mujeres que habitan en este estado, con la participación del Instituto Jalisciense de las Mujeres, el sistema DIF y un adelanto importante: El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, inaugurado el pasado 5 de febrero, con una inversión superior a los 82 millones de pesos.

Este centro contribuirá en gran medida a prevenir, atender y erradicar la violencia de género con apoyo de 12 instancias gubernamentales. Es un espacio en el que las mujeres acudirán a un solo lugar para recibir apoyos, acceder a una impartición de justicia pronta y expedita, así como para afiliarse a los distintos programas que se impulsan desde el Ejecutivo para el empoderamiento económico de la mujer. Prestará atención a más de 30 mil mujeres por año y que por medio de sus servicios como atención médica, psicológica, legal y académica, se podrá mejorar la calidad de vida de la mujer jalisciense, basándose en una cultura de la paz.

Como ya se dijo, representa un gran avance, en el que participó económicamente el gobierno federal, pero no podemos “echar las campanas al vuelo”, es necesario consolidar estas acciones en beneficio de nuestras mujeres, como un débito histórico y social. Para ello, resulta indispensable fortalecer las acciones y programas encaminados a la protección integral de la mujer, en los que los recursos económicos resultan imprescindibles.

Por ello, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se estará en breve plazo discutiendo y aprobando en la colegisladora, es un momento propicio para que en ese ejercicio, el gobierno federal continué apoyando a Jalisco a través de la asignación de recursos suficientes para consolidar este importante proyecto.

En resumidas cuentas la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, consistiría en exhortar respetuosamente a nuestra colegisladora para que pudiese contemplar la asignación de recursos para dichos fines.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Exhórtese respetuosamente a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen recursos públicos suficientes para la atención de los problemas de la desigualdad de género y violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, a través del programa Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de garantizar el máximo de resultados y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en esta entidad federativa.

Dado en el salón de sesiones, a los 22 días del mes de octubre de 2015.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la “prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo”.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La suscrita Martha Tagle Martínez, senadora de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es una propuesta que elabora el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal y que remite a la Cámara de Diputados para que pueda ser tomado en cuenta para el análisis, discusión, modificación y eventual aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

Como parte del proyecto presentado para el ejercicio fiscal 2016, se contemplaron algunas reducciones en el gasto público, correspondientes a diversos factores relacionados con el entorno interno y externo, “lo cual motivó a que se diseñara con una orientación a resultados y con un enfoque Base Cero, privilegiando la eficiencia operativa y la calidad del gasto”.

Como parte de esta reingeniería presupuestal, se contempla un gasto neto total de 4 mil 746 millones 945.7 pesos, de los cuales el 75 por ciento está destinado a gasto programable, es decir 3 mil 562 millones 48.1 pesos, que:

Es el que realiza el gobierno federal para el cumplimiento de sus funciones a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, así como los recursos que se transfieren a las entidades federativas, municipios y delegaciones del. Distrito Federal, condicionando su gasto al cumplimiento de objetivos específicos.

A su vez, para el rubro de desarrollo social se estima un gasto neto de 2 mil 199 millones 538 mil 200 pesos; de los cuales 520 millones 678 mil 800 pesos están destinados para el sector salud. Lo cual, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en los hechos representa que:

De acuerdo con los PEF aprobados de 2013 a 2015, el crecimiento en el presupuesto asignado a la función salud fue 3.5 por ciento en promedio. Sin embargo, el PPEF de 2016 presenta una caída de 1.2 por ciento en términos reales, respecto al PEF de 2015.

Por ramos (...) se observa que el presupuesto para el ISSSTE y para la Secretaría de Salud decrece 7.4 por ciento y 6.6 por ciento, respectivamente, en el PPEF de 2016, respecto al PEF de 2015.

Por otro lado, se observa (...) que por tipo de gasto dentro de la función salud, en el PPEF de 2016, se propone un decremento de 23.8 por ciento, real en gasto de inversión, mientras que otros gastos corrientes aumentan 7.6 por ciento, respecto al PEF 2015.

Finalmente, hubo una redistribución del presupuesto dentro de la función salud, aumentando 69.5 por ciento los recursos de la subfunción “Protección Social en Salud”. El aumento está dirigido a aportaciones federales para estados y municipios (ramo 33), mientras que los recursos de las otras subfunciones disminuyen en promedio 20.9 por ciento, siendo la más afectada “Generación de recursos para la salud”. El presupuesto dispuesto para atender a las personas principalmente por IMSS e ISSSTE, instituciones que atienden a más del 60 por ciento de la población, cae 14.3 por ciento del PEF 2015 al PPEF de 2016”.

De lo anterior, es necesario mencionar que, según lo expresado por José Luis Lezana, coordinador de la Clínica de Fibrosis Quística del Hospital Infantil de México, así como otras organizaciones de la sociedad civil, una de las primeras afectaciones sería la relacionada con la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado, la cual fue incluida en la Ley General de. Salud tras una reforma al el artículo 61 de la misma, en diciembre de 2012 y entrada en vigor tras el decreto publicado el 25 de enero de 2013.

Esta prueba resulta de mayor relevancia ya que ayuda a detectar algunas enfermedades, tales como: Fibrosis quística, VIH, asma, diabetes, sordera, males oncológicos, enfermedades hereditarias y congénitas, malformaciones que pueden causar ceguera; entre otras.

“El tamiz neonatal ampliado ofrece una oportunidad única para hacer diagnóstico temprano. Sin embargo, si bien está legislado, no se lleva a cabo por falta de recursos”, externó Lezana.

“De hecho, por la nueva reestructura del presupuesto de este año, se canceló el programa para ciertas enfermedades del tamiz, incluyendo fibrosis quística”, indicó.

Por otro lado estadísticas de la OMS estiman que en México alrededor de 10 millones de personas tiene algún tipo o grado de problema auditivo, de las cuales entre 200 mil y 400 mil presentan sordera total.

Así también se estima que en México 3 de cada mil recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia (baja capacidad auditiva) si esta anormalidad no se detecta y atiende oportunamente, por ello la importancia de realizar el tamiz auditivo, un estudio preventivo y específico para detectar de forma temprana alteraciones en la audición en los neonatos.

Si bien el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, ante esta honorable asamblea se comprometió –durante su comparecencia en el marco de la glosa del tercer Informe de Gobierno– a restituir la diferencia entre lo recaudado por el impuesto aplicado a las bebidas saborizadas y a los alimentos con alto importe calórico y lo destinado al tratamiento del sobrepeso ya la obesidad; resulta necesario revisar los ajustes que se han propuesto como parte del proyecto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2016 en el sector salud y cómo éstos perjudican a pruebas como el tamiz neonatal ampliado con la finalidad de realizar las adecuaciones necesarias para que la aplicación de este tipo de programas no se reduzcan y/o desaparezcan, lo cual implicaría una afectación directa a la salud de las y los mexicanos. Todo esto en el marco de las discusiones que se llevan a cabo en la honorable Cámara de Diputados respecto a la Ley de Ingresos de 2016; por ejemplo y, retomando lo anteriormente expuesto, es urgente destacar que:

La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el domingo en lo general la Miscelánea Fiscal para 2016, con 39 votos a favor, dos en contra de Morena y cero abstenciones, y acordaron discutir todas las reservas este lunes en la sesión del pleno; uno de los temas más polémicas es que se avaló bajar el 50 por ciento el IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios) que se cobra actualmente a los refrescos, siempre y cuando tengan menos de cinco gramos de azúcar añadida por cada cien mililitros.

Con ello, según los legisladores, las bebidas con alto contenido calórico podrían reducir el endulzante utilizado y se impactaría positivamente en la salud de los consumidores.

Sin embargo, la organización Alianza por la Salud Alimentaría rechazó la reducción del impuesto y, al contrario, pidió aumentarlo.

Por lo antes expuesto resulta de gran relevancia que se contemple la viabilidad de asignar la partida presupuestaria al sector salud y a sus diferentes ramos y funciones, para que no afecte, en este caso, la aplicación de la prueba del tamiz neonatal ampliado y del tamiz auditivo; es por ello que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la partida presupuestal para la permanencia de la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado y auditivo.

Notas:

1 SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación. Proyecto 2016, versión ciudadana, en línea, Dirección URL: http://www.transparenciapresuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Presupe stacion/ppef2016.pdf

2 Vid. SHCP.i.1 Visión del Gasto Público, en I. Política de Gasto del Ejecutivo Federal, en línea, Dirección URL: http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016exposicion/EM_Capitulo_1.p df

3 Ídem.

4 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, “La reestructura en el Paquete Económico 2016”, en línea, Dirección URL: http://ciep.mx/entrada-investigacion/la-reestructura-en-el-paquete-economíco-20 16/

5 DOF, Decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, en línea, Dirección URL: http:// www.dof. gob.mx/nota_detalle.php?codigo-5285817&fecha=25/01/2013

6 El mundo de Córdoba, “Recortarán el tamizaje a neonatos”, (Agencia Reforma), en línea, dirección URL:http: www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content& view=article&id=3940925:uh&catid=212:pais&ltemid=72

7 El Economista, “Se comprende a restituir fondos a programas de salud”, en línea, Dirección URL: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/07/se-comprende-restituir-fondos-pr ogramas-salud

8 Aristegui Noticias,” Diputados bajan 50 por ciento de impuestos a refrescos; en desplegado lo rechazan”, en línea, Dirección URL: http//aresteguinoticias.com/1910/mexico/diputados-bajan-50-por-ciento.de-impues tos-a-refrescos-en-desplegado-lo-rechazan/

Dado en la Honorable Cámara de Senadores, el 22 de octubre de 2015.— Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 en el ramo 08, destinado a la promoción comercial y fomento a las exportaciones agroalimentarias y la agricultura protegida.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, senadores de la república, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la Cámara de Senadores el siguiente punto de acuerdo, en el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 en el ramo 08, destinado a la promoción comercial y fomento a las exportaciones agroalimentarias y la agricultura protegida, para mejorar las condiciones de los productores mexicanos dedicados a esta actividad y asegurar los empleos generados por estas prácticas, al tenor de lo siguiente:

Considerandos

México se ha convertido en un país agroexportador, resultado de la suma de historias de éxito poco conocidas y menos valoradas. Un gran país lleno de tradición, cultura y belleza natural, cuyo pueblo es de vocación agropecuaria y de orígenes campiranos, ha evolucionado hasta convertir a nuestro campo en uno de los sectores más detonantes y de mayor crecimiento económico, logrando hoy un liderazgo y un reconocimiento internacional como un proveedor de clase mundial de productos agroalimentarios.

Con más de 197.8 millones de hectáreas de territorio y 111 mil 500 kilómetros de litorales, de las cuales

• 16 por ciento son tierras agrícolas,

• 61 por ciento de agostadero

• 23 por ciento son bosques y selvas.

Este país aún no vislumbra su potencial agropecuario a pesar de contar con la capacidad de producir 437 diferentes cultivos, con escala comercial significativa, teniendo 13 acuerdos internacionales de comercio, que le permite realizar exportaciones a más de 44 países y logrando en sólo dos décadas un crecimiento del valor las exportaciones de un 762 por ciento.

El comportamiento de crecimiento de las exportaciones que hemos realizado en los últimos años es el siguiente:

Para el cierre de 2014, México obtuvo ingresos de 25 mil 102 mdd por concepto de exportación de productos agroalimentarios, 6.6 por ciento más que en 2012.

Dicho crecimiento de las exportaciones del sector primario nacional ha significado en los últimos 20 años

• Creación de nuevas empresas

• Generación de empleos en zonas rurales

• Activación económica del campo (microeconomías)

• Desarrollo humano

• Incremento de riqueza

• Mayor ingreso de divisas

Hoy en día, poco más de 7 millones de personas trabajan en el sector primario, significando 14 por ciento de la población económicamente activa, misma que en tan sólo 5 años creció en 13 por ciento, generando 800 mil nuevos empleos en zonas rurales.

Crecimiento comparativo de 2010 al cierre de 2014

Impacto en las exportaciones

De 2004 a 2014, la exportación de tomates, pimientos y pepinos de invernadero ha crecido

• De 90 a 2 mil 550 mil toneladas

• De 100 a 2 mil 549.68 millones de dólares de exportación, sólo a Estados Unidos

Las exportaciones de aguacate se incrementaron 2004 a 2014

• De 212.04 a mil 228.93

El creciente consumo de frutos rojos como la fresa, frambuesa, zarzamora y arándano en Europa y Asia, así como en Estados Unidos, representa una oportunidad que México ha capitalizado, y de ser una industria cuya participación en el valor de las exportaciones de 2004 era casi nula, al cierre de 2013 alcanzó un valor superior a 550 mdd, con una superficie de 25 mil hectáreas y generando más de 100 mil empleos, la industria conocida como “berries” experimenta una tasa de crecimiento de 9 por ciento anual, aumentado por lo menos 8 mil empleos anuales.

Por su elevada rentabilidad, el rápido retorno de inversión, el uso intensivo de la mano de obra, la versatilidad de los frutos para su consumo y las grandes posibilidades de exportación se proyecta que ésta alcance un valor en exportaciones de 850 mdd al cierre de 2018. Impactado las microeconomías de las zonas rurales de estados como Michoacán, Jalisco, Baja California, Nayarit, Puebla y Guanajuato.

México es un país con potencial exportador de alimentos a todo el mundo, la balanza comercial nos indica que a 2014, este sector representaba la tercera actividad exportadora, luego de la manufacturera y el petróleo. El 40 por ciento de estas exportaciones corresponde a frutas y hortalizas frescas y procesadas.

Sin embargo, para el cierre del 2013, el 78.3 por ciento de las exportaciones nacionales tuvo como destino a los mercados norteamericanos, restando sólo 5.9 por ciento a la Unión Europea, 4.2 por ciento al mercado en Asía y el 11.6 por ciento a otros destinos.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se ha posicionado como el de mayor importancia por volumen, principalmente, por la exportación de cerveza de malta, tomate, aguacate y pimientos, productos que en conjunto representan 27.7 por ciento del valor de las exportaciones. Sin embargo, dichos mercados no necesariamente significan ser los de mayor valor para las exportaciones agroalimentarias mexicanas, lo que representa retos relevantes.

El primer reto para las exportaciones agroalimentarias es considerar el riesgo que significa cualquier variación de consumo, medida regulatoria y política de abasto que establezca el mercado de América del Norte, tendrá un impacto inmediato en la viabilidad de las exportaciones de alimentos frescos y procesados de México. En contraste, por ejemplo, el caso de la República de Chile, ningún mercado representa más de 17 por ciento del destino de sus exportaciones agroalimentarias y cuenta con más de 37 países y regiones para destinar sus productos.

Un caso relevante es que aun con la apertura y cercanía de negocios que tenemos con China, México prácticamente no participa en el mercado de consumo de alimentos en ese país y ningún producto tiene una participación mayor de 1 por ciento con relación a las importaciones de alimentos que China hace de todo el mundo.

El segundo reto tiene que ver con el valor de los productos en el mercado de exportación. México se ha convertido en un excelente proveedor de materias primas, mientras que otros países colocan sus productos en mercados de valor agregado, inclusive, tomando los productos mexicanos y reexportándolos a nichos de mejor apreciación.

Estamos dejando mucho dinero sobre la mesa de juego, la concentración del comercio internacional evidencia la oportunidad que se tiene de incrementar la presencia de productos mexicanos en la Unión Europea y Asia, que en 2012 sólo representaron 6.1 y 5.5 por ciento de los ingresos por exportaciones agroalimentarias mexicanas.

Un análisis con datos de la FAO muestra que en el mercado de las exportaciones, México no logra competir con precios de exportación que pudieran generar un mayor beneficio a los exportadores nacionales o mayor captación de divisas, al no llegar con mayor presencia a los mercados selectos de valor agregado como lo es Europa. Por ejemplo, en generación de valor con Francia o Alemania en mangos frescos (que no producen estas frutas pero las re-exportan de México o Brasil) es de 259 por ciento contra los precios por kilogramo que obtiene México en sus exportaciones.

En promedio, Estados Unidos vendió sus productos en el mundo un 70 por ciento más caro que los mismos productos mexicanos en 2014.

Si México lograra capitalizar la tercera parte de ese crecimiento, es decir, un 23 por ciento de crecimiento en el valor de las exportaciones de frutas y verduras, el impacto para la cadena agroalimentaria de exportación, la captación de divisas, la generación de actividad económica, de empleo, de la captación de impuestos y, en general, para la economía de exportación agroalimentaria sería muy significativo.

Sin exportar un kilo más, dichas exportaciones hortofrutícolas al cierre de 2014 pudieron valer 2 mil 878 mdd adicionales, lo que hubiera significado poner el valor total exportaciones agroalimentarias en el rango los 28 mmdd, para el cierre de ese año.

El tercer reto está en la alineación de la oferta con la demanda real, la tecnología ciertamente ha contribuido fuertemente al crecimiento de las exportaciones mexicanas. La producción de hortalizas bajo tecnologías protegidas creció de 782 hectáreas al cierre de 1999, a más de 26 mil en producción en la actualidad. Dicha capacidad instalada significa un valor superior los 7 mil 500 mdd, generando una cifra superior a 300 mil empleos directos.

La agricultura protegida es una rama dentro del Sector Agropecuario que sirve para proteger los cultivos de los efectos que traen las variables del clima, ya que éstas afectan directamente a la tierra, todo esto a través del uso de tecnologías que permitan conseguir mejores rendimientos en cuanto a los cultivos mismos.

Dichas tecnologías permiten el manejo, administración, protección y potencialización del clima, la temperatura, la radiación, las plagas, la precipitación, el viento, la fauna, enfermedades, etcétera. Los principales objetivos de la agricultura protegida es incrementar las utilidades por metro cuadrado, no incrementar los kilos por metro cuadrado; alcanzar la eficacia y eficiencia productiva, logrando mejores rendimientos de mayor calidad, incrementando el valor del producto.

Esta infraestructura tiene el potencial de producir 4.2 millones de toneladas de vegetales con un valor comercial estimado que supera los 5 mil 400 mdd.

La superficie total sembrada de tomates en México, por ejemplo, ha mostrado una tendencia a decrecer año con año, desde 85 mil hectáreas en 1990 a 75 mil en 2000, y unas 58 mil 300 en 2010. A pesar de ello, los rendimientos promedio de producción se han incrementado debido a los avances tecnológicos y al uso de agricultura protegida, pasando de 9 toneladas por hectárea en 1990 a 39 en 2010.

De 2007 a 2012 se observado un crecimiento sostenido de 26 por ciento en promedio anual de infraestructura productiva, donde al cierre de 2012 se proyectó un crecimiento total que superó 23 mil hectáreas a nivel nacional. Dicho crecimiento se dio principalmente en agricultura protegida para la producción de hortalizas y frutillas rojas.

Cabe destacar que el incremento sostenido de infraestructura ha sido posible, en su mayoría, gracias a la aportación de recursos privados ya que el presupuesto federal disponible para la agricultura protegida en los mismos años sólo pudo representar 19 por ciento del valor de dichas tecnologías construidas en los años de referencia.

En dicho periodo se proyectó un crecimiento que superó 16 mil hectáreas. Durante el mismo periodo, el recurso oficial disponible sólo pudo impactar un total de 3 mil 600 hectáreas totales.

Esto nos hace concluir que la rentabilidad de los mercados internacionales, los créditos disponibles de los clientes foráneos y recursos privados, fueron las fuentes de 81 por ciento de dicho desarrollo.

Fomentar las exportaciones permite activar tecnológicamente al campo mexicano, promoviendo crecimientos sostenidos con una tasa de inversión pública y privada con una proporción de inversión de 20 y 80 por ciento, respectivamente.

La oportunidad de crecimiento de México está en la diversificación de los mercados y sus productos. El reto es vender más volumen a más mercados, obtener un mayor valor y beneficios por los productos del campo mexicano y así mantener el desarrollo técnico productivo en continuo crecimiento.

El potencial exportable de nuestra nación aún permite ampliar y mejorar las relaciones comerciales e incrementar los mercados potenciales de alto valor para los productos nacionales; destacando como destino los países de la Unión Europea, el Lejano Oriente y Asia.

Por ello se requiere que el gobierno federal actúe en el desarrollo conjunto de una estrategia y una nueva política de promoción comercial y fomento a las exportaciones agroalimentarias mexicanas y así promover al sector agropecuario como actividad preponderante del desarrollo económico de México, a través del incremento de las exportaciones de productos agroalimentarios de manera estratégica, mediante acciones como

• Identificar nuevos nichos de alto valor comercial

• Promover nuevas cadenas de distribución y de valor (venta al detalle y alimentos procesados)

• Promover y desarrollar nuevos mercados de valor agregado, mediante mecanismos de acercamiento a países que pagan el valor agregado (China, países árabes, sudeste asiático)

• Fomentar la organización de los productores y ayudarlos a compactar y estandarizar su oferta

• Actuar de manera estratégica y con un alto grado de especialización para promover los productos agroalimentarios en el mundo, mediante el desarrollo de inteligencia comercial, estudios de mercado, etcétera

• Desarrollar estrategias de promoción y comunicación de forma integral tanto en el interior como en el exterior

• Contar con personal capacitado en los principales mercados del mundo, con vocación, experiencia y conocimiento específico del sector

• Profesionalizar al sector mediante capacitación de alto nivel, inducción y fomento a la innovación comercial

• Diferenciar y posicionar a los productos mexicanos de la mejor calidad

• Generar mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan la especialización de las áreas del gobierno federal según sus fortalezas y nivel de especialización

Todo lo anterior se sustentaría en un fondo de promoción basado en una estrategia integral dirigida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de Aserca, en donde participen las diversas dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales, sector exportador de agroalimentos, agencias internacionales e instituciones de investigación y desarrollo en alimentos.

El resultado se traduciría en beneficios como

• Contribuir al crecimiento del sector agropecuario y de la economía

• Generación de empleo

• Promover el desarrollo regional (en especial sur-sureste)

• Aumentar el flujo de divisas

• Crecimiento tecnológico

Es regla común en la actividad empresarial invertir un mínimo de 3 por ciento de las ventas brutas en estrategias de promoción y fomento. Si se aplicara este principio para las exportaciones primarias nacionales, significaría una inversión de 750 mdd para dicho concepto.

Hoy, el presupuesto total para promoción comercial y fomento a las exportaciones de Sagarpa/Aserca no alcanza siquiera la cifra de 3 mdd en 2015.

Necesidades de presupuesto para la operación 2015/2016:

• Un presupuesto para la promociona comercial de ml 200 millones de pesos.

• Impactos inmediatos:

• Impacto directo en 900 unidades de producción

• Generación de 250 mil empleos

• Incremento de exportaciones de 3.2 mdd en el primer año

• Crecimiento sostenido de infraestructura superior a 7 por ciento anual

Actualmente, México cuanta con aproximadamente mil unidades de producción, estas unidades de producción equivalen a una superficie de más de 26 mil hectáreas bajo cubierta, de las cuales 8 por ciento corresponde a tecnología activa (alta tecnología), 47 por ciento a tecnologías semiactivas (tecnologías medias) y el restante 45 por ciento se sitúa en tecnologías pasivas como la casa-sombra o el macrotúnel. Los apoyos existentes están encaminados a la construcción de infraestructura nueva o en muchos casos, a agricultores que de manera inicial están incursionando o reconvirtiendo a la agricultura protegida.

No hay que perder de vista que esta industria en 2013 generó aproximadamente 80 mil empleos directos nuevos y más de 75 mil indirectos, generando ventas por más de 5 mil 200 mdd.

Con el propósito de mantener el crecimiento sostenido y poder promover un desarrollo de por lo menos 7 por ciento anual, a una tasa de inversión de 20-80 por ciento público-privado, con base en el histórico aquí documentado se requiere una inversión pública en programas de desarrollo productivo de mil 450 mdp. Dicha inversión podría motivar una coinversión privada superior a 5 mil 830 mdp para el desarrollo tecnológico del campo.

Por lo anterior se debe poner especial cuidado en negociar el incremento de los presupuestos federales en los siguientes conceptos:

Promoción comercial y fomento a las exportaciones: mil 200 mdp.

Infraestructura productiva, particularmente a la agricultura protegida, sistemas de riego, etcétera: mil 450 mdp

Finalmente, es necesario fortalecer las empresas agrícolas que por más de dos años han estado operando, exportando y que pudieran necesitar recursos que les permitan avanzar hacia una mayor rentabilidad, eficiencia y competitividad que resulta en el incremento de exportaciones, generación de empleos, generación de riquezas y divisas para el país.

Por todo lo expuesto se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes presupuestales necesarios a fin de incrementar la cantidad de recursos al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 en el ramo 08, destinado a la promoción comercial y fomento a las exportaciones agroalimentarias y a la agricultura protegida para mejorar las condiciones de los productores mexicanos dedicados a esta actividad y asegurar los empleos generados por estas prácticas.

Notas:

1 Aneberry, 2014.

2 Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.

Referencias

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/ 2012/Paginas/2015B348.aspx

http://www.mexicanbusinessweb.mx/sectores-productivos-de-mexico/ logra-mexico-supervit-en-productos-agroalimentarios/

http://tierrafertil.com.mx/ el-peso-del-campo-en-la-vida-nacional-presupuesto-base-cero-2016/

http://www.freshplaza.es/article/92156/ M%C3%A9xico-Aumentan-un-25-procent-las­exportaciones-agropecuarias

México, DF, a 24 de octubre de 2015.— Senadores: Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el Ramo 12 a la salud mental.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Francisco Salvador López Brito y Mariana Gómez del Campo Gurza, senadores de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 95, 108 y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de acuerdo con exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados en el Ramo 12 a la salud mental, lo anterior, con base en la gran necesidad que existe en reforzar las políticas de salud pública relacionadas con estos padecimientos; al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos.

En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud pública, para prevenir, tratar y rehabilitar. Otro aspecto inherente a la política social, es que la salud mental se relaciona al igual que la salud física, con la pobreza, en donde la incidencia de estos padecimientos exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, que como consecuencia disminuyen o frenan el potencial de desarrollo de las personas y por tanto de los núcleos familiares.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.

Dentro de las necesidades básicas del ser humano se encuentra la salud, es por ello que gobiernos, comunidades, familias y personas se preocupan por conservar y mantener niveles óptimos o “saludables”.

Así, los gobiernos integran sistemas nacionales de salud, que dan atenciones a la población para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo, disminuyen los impactos mortales de las enfermedades, previenen hábitos nocivos que ayudan a una mejor calidad de vida, investigan las características de las enfermedades y procuran llevar a la mayoría de la población, atención suficiente y adecuada.

Son numerosas las enfermedades médicas que generan trastornos mentales en individuos susceptibles, entre éstas predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas. Ejemplo de esto es la alta proporción de pacientes diabéticos, padecimiento que tiene una alta prevalencia en la población y que provoca trastornos depresivos y cambios de personalidad secundarios al procedimiento médico. También, más de 50% de pacientes con enfermedad vascular cerebral (EVC) presentan trastornos mentales, principalmente alteraciones del estado de ánimo.

La pobreza como problema de mala nutrición, carencia de servicios básicos, marginalidad acceso limitado a los servicios educativos y de salud, repercute directamente en las condiciones de vida de la familia y de la sociedad. Este es un problema complejo, en el que la dimensión de la carencia, la privación o la marginalidad son los rasgos que habitualmente se destacan. Encuestas recientes han demostrado que las familias pobres tienen una mayor prevalencia de depresión y trastornos de ansiedad; los niños que viven en la pobreza se encuentran más expuestos a enfermedades médicas, estrés familiar, apoyo social inadecuado y a la depresión de los padres. La pobreza se asocia con la falta de apoyo y de estimulación, ambientes caóticos, estrés psicológico y bajo control en las familias. Existe, según la OMS, evidencia científica que la depresión prevalece de 1.5 a 2 veces más entre las personas de bajos ingresos de la población, por lo tanto en un país como México con 55.3 millones de personas en estado de pobreza (11.4 millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza extrema), es necesario implementar medidas urgentes que permitan prevenir y atender estos padecimientos.

Asimismo, el analfabetismo (5.4 millones de personas en México, según el Censo de Población y Vivienda 2010) o el escaso nivel educacional y la enfermedad están íntimamente ligados en el ámbito de la pobreza.

En México, del total del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2% es orientado a la salud mental (en los países con ingresos medios-altos es de 3-3.5%); de este monto, se destina el 80% a la operación de los hospitales psiquiátricos; dadas estas condiciones, las acciones enfocadas al trabajo comunitario se ven reducidas;

El eje de la atención de la salud mental es el tercer nivel, ejemplo de ello es que existen 46 hospitales psiquiátricos frente a 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales y 8 establecimientos residenciales. Aunado a lo anterior, el acceso se ve limitado por barreras geográficas, ya que la mayoría de estos servicios se ubican en las grandes ciudades o cercanas a ellas.

Actualmente, se cuenta con 544 establecimientos de salud mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 usuarios, por cada 100,000 habitantes en contraste con los hospitales psiquiátricos que atienden a 47 usuarios por cada 100,000. La mayoría de los pacientes son adultos; la población de niños y adolescentes asciende a 27% en unidades ambulatorias y a 6% en hospitales psiquiátricos. Estas cifras resultan preocupantes si consideramos que la edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida; tal como lo reportó la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, en la cual, se señala q ue el 50% de los trastornos mentales inician antes de los 21 años de edad.

El número total de recursos humanos que trabajan en dispositivos de salud mental asciende a 10,000 y la tasa por cada 100,000 habitantes se distribuye de la siguiente manera: 1.6 psiquiatras, 1 médico, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas, 2 profesionales/técnicos de salud, lo cual muestra que estos recursos son insuficientes, mal distribuidos y la mayoría de ellos están concentrados en los hospitales psiquiátricos.

A pesar de que la Secretaría de Salud interactúa con diversos sectores de la sociedad, todavía falta una efectiva función de vigilancia y coordinación a favor de las acciones de prevención, promoción y atención de la salud mental.

La política en salud mental de México contiene grandes áreas de oportunidad, destacando:

i) La integración de los servicios de salud mental comunitaria a la red de servicios de salud general;

ii) El incremento de los recursos humanos, del presupuesto destinado y de la calidad del servicio;

iii) La ampliación de la promoción de la salud y desarrollo de los programas y servicios de salud mental.

En lo que se refiere a medicamentos, la Secretaría de Salud pública periódicamente una lista de los insumos esenciales que incluyen antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo y antiepilépticos. En el Cuadro Básico y Catálogos de Medicamentos del Sector Salud, es posible encontrar por lo menos dos tipos de medicamentos para cada una de las categorías mencionadas; sin embargo, la distribución y disponibilidad de los mismos no resulta equitativa para todas las regiones del país. La población que tiene libre acceso a los medicamentos psicotrópicos representa el 85%; quiénes no gozan de esta prestación pagan por una dosis diaria de tratamiento antipsicótico 14.025 pesos, lo que representa el 20% del salario mínimo diario en México. En el caso de los antidepresivos, el costo de la dosis diaria es de 2.80 pesos y representa el 3%del salario mínimo.

El Seguro Popular, por su parte, incluye diversas acciones preventivas como la detección precoz de los trastornos alimentarios, trastornos depresivos, de ansiedad y adicciones, aquí se contempla la atención ambulatoria en el primer nivel y en la hospitalización breve, dejando de nuevo, en situación de vulnerabilidad a los pacientes con padecimientos crónicos.

En nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es el organismo encargado de supervisar los establecimientos de salud mental y realizar recomendaciones para proteger los derechos de los pacientes y familiares, el 67% de los hospitales psiquiátricos del país recibieron por lo menos una revisión/inspección sobre los derechos humanos.

Existen dos instancias nacionales relacionadas con las instituciones de salud mental: el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame) y los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), el primero, se encarga de proponer el contenido de la política y las estrategias nacionales en materia de atención, prevención, y rehabilitación de los trastornos mentales, tiene representación en la mayoría de las entidades federativas; mientras que el segundo, coordina los programas de prestación de servicios de atención médica especializada en salud mental en las unidades operativas de su adscripción; establece mecanismos de vinculación con las instituciones de seguridad social y del sector salud para la atención de los trastornos mentales; participa en la elaboración de normas oficiales mexicanas así como en la formulación de instrumentos normativos en materia de servicios de atención psiquiátrica.

Actualmente, existen sólo tres establecimientos de tratamiento diurno disponibles en el país, conocidos como “casas de medio camino”; su labor principal es la rehabilitación psicosocial de personas con discapacidad psíquica, brindan atención a 0.25 usuarios por cada 100,000 habitantes, de los cuales 41% son mujeres y en estos centros no se ofrece atención a niños o adolescentes, en total el promedio de la estancia es de 332 días.

Mientras que hay 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales con un total de 147 camas, lo que representa 0.14 por cada 100,000 habitantes; el 8% está reservado para niños y adolescentes y del total de pacientes atendidos, 60% son mujeres y 9%, niños o adolescentes, quienes en promedio permanecieron internos 14 días. El número de admisiones ascendió a 1,873, esto significó 2 pacientes por cada 100.000 habitantes. Los principales diagnósticos corresponden a trastornos afectivos (27%), trastornos asociados al consumo de drogas (18%) ya los englobados en otros (22%). La mayoría de los pacientes (51-80%) reciben una o más intervenciones psicosociales y el 100 % de las unidades dispusieron de por lo menos un medicamento psicotrópico de cada clase terapéutica.

Mientras que los residenciales comunitarios cuentan con 8 establecimientos en los cuales se atienden a 0.50 persona por cada 100,000 habitantes, el 20% son mujeres y los 2% niños o adolescentes; para estos últimos, estuvieron reservadas solamente e17% de las camas. En promedio, los pacientes permanecen 120 días en estos establecimientos.

Existen 46 hospitales psiquiátricos, de los cuales 13 corresponden al sector privado y 63% (29 centros) están integrados con establecimientos de salud mental ambulatorios, hay 5 camas por cada 100,000 habitantes y únicamente el 3% están reservadas para niños o adolescentes. En los últimos 5 años, la cantidad de camas ha disminuido en un 3%. Estos establecimientos se atienden a 47 usuarios por cada 100 mil habitantes: 50% mujeres y 6% niños o adolescentes. En promedio, los pacientes pas.an 24 días hospitalizados; el 58% permanecen menos de un año; 4% entre uno y cuatro años, 7%, entre 5 y 10 años y 31% más de 10 años. La mayoría (80%) recibe algún tipo de intervención psicosocial en el último año y 98% de ellos, se hizo disponible por lo menos un medicamento psicotrópico de cada clase terapéutica.

De los establecimientos forenses y otros establecimientos residenciales existen 1096 camas destinadas a los reclusos con trastornos mentales: 99% se ubican dentro de las prisiones, pero no existe un servicio específico de salud mental dentro de las mismas. La tasa corresponde a 1 cama por cada 100,000 habitantes.

Los dispositivos residenciales como, hogares para personas con retraso mental, establecimientos de desintoxicación para pacientes internos, hogares para indigentes, etc. tienen un total de 2 mil 546 camas: 1398 destinadas a personas con problemas de adicciones, 293 para casos de demencia, 802 se encuentran en hogares para indigentes y otras instituciones de corte asistencial y 53 destinadas a pacientes con retardo mental, de las cuales 21 son para menores de edad. En algunas entidades de la República, principalmente en áreas rurales, existen algunos establecimientos informales que brindan residencia nocturna para personas con trastornos mentales pero no cuentan con la infraestructura, personal y medicamentos adecuados para estos pacientes.

Asimismo, el 16% de los internamientos psiquiátricos en hospitales generales son involuntarios, mientras que en los hospitales psiquiátricos es del 67%. Es importante mencionar que el número de admisiones involuntarias resulta elevado debido a que la mayoría de los pacientes llegan a los hospitales en un momento crítico del trastorno, es decir, no se encuentran en condiciones para otorgar su consentimiento, por lo que un familiar junto con 2 testigos firman una carta para realizar el ingreso; en cuanto el paciente logra estabilizarse se realiza el procedimiento necesario para obtener su consentimiento.

Asimismo, una gran oportunidad que existe para los planteles educativos en materia de salud mental es que el programa de formación de pregrado para médicos dedica sólo el 4% del total de horas a temas relacionados con la salud mental; el programa para enfermeros, 3% y en el orientado para otro personal de la salud, 5%.

Los recursos humanos en establecimientos de salud mental cuentan con más de 10 mil trabajadores, la tasa por cada 100 mil habitantes se distribuyó en: 1.5 psiquiatras, 1 médico no especializado, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajador social, 0.19 terapeuta y 2 profesionales/técnicos de salud. Es de importancia destacar que el 43% de los psiquiatras trabajan en el sector privado y en establecimientos de salud mental con fines de lucro, mientras tanto que una quinta parte lo hace en instituciones gubernamentales y el 38% participa en ambos sectores. Otro dato relevante, es que ante la insuficiencia de personal especializado, la mayoría de los médicos generales trabajan en la consulta externa y en los hospitales psiquiátricos.

Aproximadamente solo el 20 por ciento de los establecimientos de salud mental tienen acuerdos con empresas privadas o instituciones públicas para que proporcionen trabajo a los pacientes con trastornos mentales graves esto con el objetivo de incorporarlos a la sociedad, dejando a el restante 80% de los pacientes sin oportunidades de obtener un trabajo. Es necesario incrementar los programas, destinados a que las personas con discapacidad mental, puedan contar con un trabajo remunerado y con otras prestaciones sociales y legales.

Del total de la población que recibe asistencia o apoyo financiero por parte del Estado, el 36%presenta alguna discapacidad mental, de ahí la importancia de prevenir y controlar estos padecimientos.

En el país, a pesar de que se dispone de un programa de acción que incluye lineamientos para las políticas en salud mental así como estrategias, acciones y metas encaminadas a solucionar los problemas prioritarios; la mayoría de la población no se encuentra cubierta por la seguridad social (45% del total de los mexicanos), por lo tanto, tener acceso a este tipo de atención es complicado; así como también, la atención de las enfermedades mentales no está del todo integrada en los programas de atención a la salud en general y es insuficiente el trabajo multidisciplinario.

Otro problema fundamental, es la carencia de programas nacionales de salud mental específicos para la niñez, lo que obstaculiza la detección y atención tempranas de los trastornos; tampoco existe un programa destinado a los problemas mentales de los adultos mayores.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, la atención de la salud mental en México descansa en los hospitales psiquiátricos, en consecuencia los costos de atención resultan elevados y la mayoría de los esfuerzos (económicos, normas, etc.) no se destinan a los establecimientos del primer nivel de atención.

El Banco Mundial calcula que los padecimientos mentales representan 12% del costo total de las enfermedades médicas, en tanto que representa 20% para la OMS, por lo cual es necesario mejorar las condiciones de este sector para contribuir a mejor calidad de vida de las personas y con ello reducciones al gasto de bolsillo.

Finalmente, es necesario incrementar los recursos destinados a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades mentales pues con ello se permitirá incrementar el número de centros de salud y con ello el número de personal dedicado a la atención de estos padecimientos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se contemple y apruebe incrementar los recursos destinados al Ramo 12 relacionados con la Salud Mental, lo anterior, con base en la gran necesidad que existe en reforzar las políticas de salud pública en el país relacionadas con estos padecimientos.

Nota:

1 Informe de la Coneval 2014.

Bibliografía:

Hogg Foundationa for Mental Health. Salud mental en la atención primaria: Mejorando los tratamientos y promoviendo la Salud Mental. Universidad de Texas, EUA.

http://wfmh.com/wp-content/uploads/ 2013/12/SPANISH-WMHD09.pdf

IESM-OMS. Informe sobre el sistema de Salud Mental en México.

http://www.who.int/mental_heath/who_aims_contry_reports/ who_aims_report_mexico_es.pdf

Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020. Organización Mundial de Salud.

http://apps.who.int/iris/bitstream/ 10665/97488/1/9789243506029_spa.pdf

Sandoval de Escurria, Juan, doctor. La Salud Mental en México. Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no53-6/RFM053000604.pdf

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senadores: Francisco Salvador López Brito (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados a que considere invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera ocasión estableció la protección especial para los derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial,” 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además, de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la Niñez.

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas orientadas para las niñas, los niños y las personas adolescentes.

Ahora bien, un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la reciente publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada en definitiva por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 5 de diciembre de 2014.

El Senado modificó aproximadamente en un ochenta por ciento la propuesta del Ejecutivo, abonando principalmente en modificar la visión asistencialista por una garantista.

Gracias a esta ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha ley.

Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha ley.

Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Al respecto, cabe destacar la sustentación del 4o. y 5o. informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015, y con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité en su 20248 sesión emitió Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié en lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su recomendación número 14:

A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño­Responsabilidad de los Estados”: el Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley;

(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;

(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia;

(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el impacto de estos recortes en niñas y niños;

(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción.

Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo las acciones contempladas en la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la honorable Cámara de Diputados tiene el compromiso de analizar bajo un enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia considerados en la Ley General.

Ahora bien, dicha normatividad considera un derecho primordial para niñas, niños y adolescentes, el derecho a la participación.

El derecho a la participación considerado en la ley contempla que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Asimismo, se establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.

Otro punto importante que fue considerado en dicha ley, es que la niñez y la adolescencia también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud.

Por otro lado, en las observaciones del Comité al Estado mexicano se observa lo siguiente respecto al derecho a la participación:

Respeto por las opiniones del niño

25. Aunque se destacan las iniciativas implementadas para fomentar la participación infantil, como la organización anual del “Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México’: el Comité lamenta la falta de espacios de participación permanente de niñas y niños no sea escuchada de manera consistente en los procedimientos judiciales y administrativos.

26. A la luz de su observación general N012 (2009), sobre el derecho del niño a ser escuchado, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) En línea con los artículos 72 y 125. III de la LGDNNA, asegure el establecimiento de espacios de participación permanente de niñas y niños a nivel federal, estatal y municipal y que se haga un seguimiento al impacto de estos espacios en el desarrollo e implementación de leyes y políticas relevantes.

b) Implemente de manera efectiva la legislación que reconoce el derecho de niñas y niños a ser escuchados en procedimientos judiciales y administrativos relevantes, incluyendo el monitoreo de la implementación del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan niñas, niños y adolescentes.

Aunando en lo anterior, es importante mencionar que el pasado 15 de octubre la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que presido convocó a un conversatorio con Jorge Cardona Llorens, experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas “Gasto Público y los Derechos de la Infancia y la Adolescencia” Rumbo a la Observación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño.

Al respecto, Jorge Cardona mencionó la importancia de que se inviten a niñas, niños y adolescentes cuando se discuta el presupuesto destinado a la niñez y la adolescencia observando su derecho a la participación.

Es así que atendiendo a la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se considera oportuno que la Comisión de Derechos de la Niñez de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión considere extender la invitación en la discusión de su presupuesto a niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, es importante hacer mención que esta Ley en su artículo 10 menciona como objeto de la misma crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.

En su capítulo tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125, establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el sistema referido.

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la administración pública federal que deriven de la ley.

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA).

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.

En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Cabe señalar la necesidad de que estas figuras sean implementadas y que se contemple en este Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 recursos suficientes para la operatividad del Sistema de Protección Integral y la Procuraduría.

Por lo anterior, la que suscribe también exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere la creación de un Fondo de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto con la finalidad de garantizar la implementación de los Sistemas locales de Protección integral en las entidades federativas y los municipios.

Este Fondo se propone que sea administrado por el Sistema Nacional de Protección Integral a través de su Secretaría Ejecutiva, y que sean consideradas como beneficiarias del mismo las entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual conlleva a que se contemple la figura del Sistema local de Protección y sus respectivas Procuradurías.

Los recursos de este Fondo se destinarán a la implementación de los sistemas locales de Protección así como para llevar a cabo los programas locales en la materia, el sistema de información, así como dar seguimiento y monitoreo de los mismos, todo de conformidad con la ley.

Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Al ser facultad de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del pleno del Senado de la República los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos de la Niñez de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere invitar a niñas, niños y adolescentes a participar en la discusión del Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se consideren en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera prioritaria la asignación de presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría de Protección.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, la creación de un Fondo de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, con la finalidad de garantizar la implementación de sus Sistemas locales de Protección Integral y de sus municipios.

Notas:

1 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.- “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

3 Artículo 1, fracción III de la ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de octubre de 2015.— Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital Universitario “Doctor José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García, senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Preservar y garantizar el derecho a la salud, representa una tarea fundamental para el Estado mexicano, por ello, se deben fortalecer las políticas públicas y de gobierno para que más personas tengan acceso a un sistema de salud integral, universal, efectivo y de calidad.

En este sentido, la Universidad de Nuevo León a través de su Hospital Universitario tiene un papel primordial en las dependencias de salud y en la prestación de servicios de calidad accesibles a los más necesitados. Dicha institución educativa cuenta con más de 180 mil alumnos que estudian en 39 preparatorias, 26 facultades y 38 centros de investigación.

Es importante mencionar que esta institución educativa, es la tercera más grande del país y la institución pública de educación superior con la mayor oferta académica del noreste de México. Por su parte, el Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González, es el único de tercer nivel de atención o especialidades en el noreste del territorio nacional para la población sin cobertura médica social.

De acuerdo con su Ley Orgánica es una institución dedicada a prestar servicios públicos asistenciales, en función de la salud humana y de la enseñanza o el progreso de las ciencias médicas en Nuevo León. Para la prestación de un servicio de calidad, el nosocomio dispone de 500 camas de internamiento, 50 para cuidados intensivos e intermedios de pediatría, 20 para cuidados intensivos de adultos y un poco más de 270 protocolos clínicos en colaboración con más de 15 empresas farmacéuticas integrantes de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.

Con ética, espíritu de servicio, honestidad, responsabilidad y respeto a la vida, el Hospital Universitario se ha consolidado como un referente en la atención bajo estándares calidad y seguridad, proporcionados por profesionales de la salud con una sólida formación académica, científica y tecnología de vanguardia, con amplio sentido altruista en beneficio de la población.

Además, cuenta con diversas acreditaciones y distinciones, entre las que destacan la certificación a establecimientos del Programa Nacional para la Certificación de Atención Médica que otorga el Consejo de Salubridad General, la evaluación por Harvard Medical School en el área básica y clínica en el nivel de pregrado; y la certificación ISO 9001:2008 de los Servicios de Anatomía Patológica y Citopatología, Endocrinología e Inmunología Clínica.

Cuenta con un reconocimiento por el Congreso del Estado de Nuevo León de la “LXX Legislatura” por diversas acciones de labor humanitaria y la acreditación de todos los programas de pre y postgrado con el Nivel I de los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación en Salud.

Como muestra de la entrega en favor de los más necesitados, diversos medios informativos han hecho pública la alianza estratégica entre la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles y la Universidad autónoma de Nuevo León para impulsar el desarrollo de la investigación clínica en México que generará una derrama económica superior a los 200 millones de dólares.

A pesar de sus avances en el cuidado de la salud, existen diversas áreas de oportunidad que pueden superarse con un mayor presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, sobre todo en materia de servicios de consulta externa, medicina crítica, cirugía pediátrica, hospitalización y estudios de rayos x. Además de fortalecer los relacionados con servicios clínicos, anestesiología, cardiología, medicina crítica pediátrica y otorrinolaringología.

Por lo anterior, es necesario que el subsidio federal asignado para el ejercicio 2016 del Hospital Universitario “Doctor José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sea mayor al que se aprobó en 2015, debido a la importancia que tiene el nosocomio para Nuevo León y los estados de Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

Por lo anteriormente expuesto y a fin de contar con un sistema de salud innovador y accesible, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, se considere un subsidio federal de 140 millones de pesos al Hospital Universitario “Doctor José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de octubre del año dos mil quince.— Senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera “Candela”, estado de Coahuila a “Colombia”, estado de Nuevo León.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Candela es uno de los treinta y ocho municipios con los que cuenta el estado de Coahuila de Zaragoza, con gran potencial turístico que debe ser explotado a través de la inversión pública.

Es importante destacar que el apoyo en inversión pública generará empleos, productos y servicios en la región, impulsando la economía local a través de sus atractivos turísticos, tal y como son las aguas termales, la gruta de los carrizales, la cueva de los murciélagos, su riqueza histórica y los paisajes que ofrece la zona al turismo de aventura.

Otro dato a destacar es que apenas hace un mes fue nombrado dicho Municipio como Pueblo Mágico, debido entre otras cuestiones a sus atributos simbólicos, leyendas, historia y manifestaciones socioculturales.

No obstante lo anterior, la carretera que transita de Candela, estado de Coahuila a Colombia, estado de Nuevo León es una vía insegura, con un carril de ida y uno de regreso, no cuenta con rampas de frenado, salidas de emergencia, salidas con reductores de velocidad y lo peor es que cuando uno transita por dicha carretera no cuenta con señal celular y tampoco hay postes de comunicación de emergencia, mejor conocidos como teléfono SOS.

No es un secreto que los atractivos con los que cuenta una población pueden ser opacados por falta de infraestructura carretera para conocerlos, cuestión que ocurre en el presente caso al no contar con una carretera que cuente con las medidas mínimas de seguridad y no beneficia a los prestadores de servicios del municipio y en consecuencia mayores ingresos para las familias.

Aunado a lo anterior, el hecho de no contar con telefonía móvil ni contar con postes de teléfonos SOS a lo largo de la carretera inhibe a personas a transitarla, con la cobertura solicitada, los usuarios tendrán la plena seguridad de atender cualquier contingencia que pudiera generarse durante su trayecto o destino final, evitándose que se cometan delitos.

Lo anterior es preocupante, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Instituto Federal de Telecomunicaciones le corresponde ejercer y establecer obligaciones de cobertura para que los concesionarios pueden brindar un mayor servicio de interconexión, sobre todo, de cobertura universal que es el acceso de la población en general a los servicios de telecomunicaciones determinados por la Secretaría, bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera Candela, estado de Coahuila-Colombia, estado de Nuevo León.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 22 de octubre de 2015.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a fin de establecer como monto total de erogaciones en materia de pueblos indígenas la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1 por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica para 2016.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 76 fracción I, 164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, para establecer como monto total de erogaciones en materia de “pueblos indígenas” la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1 por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica para el año 2016, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es uno de los países con mayor diversidad cultural a nivel mundial. En nuestro país la población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su cultura, historia y lengua identificamos como los pueblos originarios del país. Todos ellos con una riqueza histórica y cultural propia que dan sentido de pertenencia e identidad a la Nación y a todos los mexicanos.

Un rasgo fundamental de la población indígena es su diversidad y pluralidad. Los indígenas mexicanos no son un cuerpo homogéneo. En México existen 68 Pueblos Indígenas que se corresponde con las 68 lenguas que se hablan a lo largo de todo el país y entre ellos y a su interior se vive una pluralidad lingüística, cultural e incluso religiosa. El mundo indígena en México es complejo y diverso, deviene de muchos orígenes y vertientes. Por un lado existen grupos indígenas con una muy rica veta milenaria que se refleja en sus lenguas y costumbres. Pero también existe otra veta que se desprende de las relaciones de convivencia y dominación de la etapa colonial. Se puede observar que los pueblos indígenas pese a compartir historias y relaciones de dominación y exclusión similares, plantean proyectos diferentes de desarrollo.

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, interpretados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), registraron 11.13 millones de indígenas en nuestro país de éstos, 6.9 millones de personas de 3 años y más eran hablantes de lengua indígena, lo que equivalió a 6.6 por ciento de la población. Por su parte, se estimó que 15.7 millones de personas de 3 años o más se autoadscribieron como indígenas.

La metodología multidimensional de la pobreza ha sido utilizada para calcular la pobreza en México a partir de 2009 y existen estimaciones para 2008, 2010, 2012 2014.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que en 2012 que el grupo de personas pertenecientes a los pueblos originarios del país (indígenas) tuvo en 2010 y en 2012 los niveles de pobreza más altos en el país (74.8 y 72.3 por ciento en cada año, respectivamente). Casi tres de cada cuatro indígenas eran pobres (8.5 millones en 2010 y 8.2 millones en 2012), mientras entre la población no indígena esta proporción fue en 2010 de 42.9 por ciento y de 42.6 por ciento en 2012.

Además, el promedio de carencias sociales entre las personas en pobreza de este grupo de población fue de 3.0 carencias en 2012, en tanto entre la población no indígena pobre de 2.2, lo que significó que la población indígena en pobreza padecía más carencias sociales.

No obstante la disminución estadística mente significativa de la pobreza extrema entre indígenas (de 37.8 a 30.6 por ciento) y la población no indígena (de 8.4 a 7.6 por ciento), la diferencia sigue siendo cuatro veces mayor.

También señaló que en 2012, la insuficiencia de ingresos fue un problema que afectó en mayor proporción a la población indígena que a la que no lo era. La proporción de población con ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria entre la población indígena fue de 42.4 por ciento, mientras en la no indígena fue menos de la mitad (17.7 por ciento). Por otra parte, tres de cada cuatro indígenas tuvieron ingresos inferiores al costo de la canasta de bienes y servicios básicos y entre la población no indígena casi la mitad de las personas presentaron este problema.

De acuerdo con los resultados publicados por esta institución, entre 2012 y 2014 se amplió la brecha de pobreza y, particularmente, de pobreza extrema entre la población indígena y no indígena. El porcentaje de población indígena en pobreza pasó de 72.3 por ciento a 73.2 por ciento, esto es, 8.7 millones de personas y medio millón más que en 2012 y el porcentaje en pobreza extrema pasó de 30.6 a 31.8 por ciento, es decir, 3.8 millones de indígenas y 300 mil más que en 2012.

En cuanto a las carencias sociales, la población indígena experimenta el mayor rezago en el acceso a la seguridad social (79.4 por ciento), en el acceso a los servicios básicos en la vivienda (61 por ciento) y en el acceso a la alimentación (38.8 por ciento). Con excepción de la carencia por acceso a los servicios de salud, la brecha persiste con la población no indígena en todas las carencias sociales como: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso en los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

Del mismo modo, prevalecen bajos niveles de bienestar económico, lo cual se refleja en que 76.1 por ciento de la población indígena tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar económico y 43.9 por ciento por debajo de la línea de bienestar extrema, equivalente al valor de la canasta alimentaria.

En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 plantea como una de sus estrategias “el asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”. En atención a los pueblos indígenas este Plan contempla en su estrategia 2.2.3. “fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, a través de varias líneas de acción entre las que destacan:

• Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos generados que vaya en línea con su cultura y valores.

• Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales.

• Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.

• Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y condiciones de seguridad de los grupos indígenas que realizan migraciones temporales en el territorio nacional.

Derivado del PND se estableció el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 (PEPI) instrumento de planeación que orienta los esfuerzos para la promoción del desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, en el cual se establecieron seis Objetivos para guiar la acción gubernamental para la atención de pueblos y comunidades indígenas.

Por otro lado, el 14 de agosto de 2001 se realizó la segunda reforma Constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México. La parte fundamental de esta Reforma asociada con el presupuesto se concentra en el artículo 2o., en cuyo Apartado B se mandatan responsabilidades a las instituciones del Estado para diseñar y poner en marcha una política integral y transversal de atención a la población indígena para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo de sus pueblos y comunidades.

El texto referido obliga a los tres órdenes de gobierno a contar con instancias para la atención de la población indígena. Asimismo, dispone a diseñar y ejecutar, en su respectivo espacio de actuación, estrategias y políticas de promoción del desarrollo conjuntamente con los pueblos y comunidades, además de asignar recursos presupuestarios para tal fin.

En cuanto a presupuesto federal se refiere, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo 2016, que el Ejecutivo turnó a la Cámara de Diputados se advierte que existe un decremento de 533.3 millones de pesos en relación a lo aprobado el año pasado para 2015 en materia de “pueblos indígenas”, lo que pone en riesgo una de las grandes metas del Plan nacional de Desarrollo que es “México Incluyente”, así como de las líneas de acción y estrategias en el tema de pueblos indígenas.

Del análisis que contiene el proyecto de presupuesto se advierte una redistribución de gasto, entre los diferentes programas a cargo de Sagarpa, SCT, SE, SEP, Sedatu, Semarnat, Cdi y otras dependencias. Sin embargo la suma de las erogaciones arroja el decremento ya indicado, considerar el efecto inflacionario estimado por la SHCP de 3.1 por ciento, esté decremento presupuestal representa un 3.5 por ciento real.

En el caso de las “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”, varios conceptos de gasto en función de los pueblos indígenas se ven afectados entre los que destacas:

El Programa de Apoyo Alimentario de la Sedesol para el que en los últimos años esta asignación ha sido del orden de los 500 millones de pesos, por ejemplo para este año se aprobaron 562.4 millones de pesos, y lamentablemente para 2016 simplemente desaparece este sustento tan importante para los pueblos indígenas.

En materia de “salud” el “Programa Comunidades Saludables” y las “unidades médicas móviles” que en 2015 tienen asignado 47.7 millones de pesos y 137.6 millones de pesos respectivamente, en este proyecto desaparecen. El primero tiene como objetivo propósito impulsar a nivel local los principios de promoción de la salud, así como proporcionar a la población los medios necesarios para mantener su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.

El segundo se implementó en 2007 como el “Programa Caravanas de la Salud”, el cual tiene como propósito el atender a poblaciones dispersas de comunidades caracterizadas por su tamaño y pocos habitantes, que residen en zonas orográficas de difícil acceso y que por lo tanto no tienen capacidad de acceder a la red de servicios de salud debido a su ubicación geográfica. Por lo que hacer un corte a este apoyo desprotegería de los servicios de salud que se han estado brindando a las comunidades indígenas, quedando en indefensión en este sentido.

El programa “fortalecimiento a la educación y cultura indígena” de la SEP, como parte de las acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos, disminuye 18.8 por ciento real.

En el caso de los apoyos al campo y al desarrollo rural en el Programa Especial para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), el programa de “atención a la pobreza en el medio rural _ atención a indígenas” de la Sagarpa se reduce en casi 229 millones de pesos, programa social que apoya al trabajador del campo, coadyuvante del desarrollo indígena rural.

El que suscribe considera que el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas requiere de un esfuerzo presupuestario, ya que encontrándose en esas comunidades los mayores déficits de alimentación, atención médica y servicios públicos, genera mayor desequilibrio reducir las erogaciones destinadas para ellos.

Si bien algunos conceptos de gasto en materia indígena se incrementan, se considera que los anteriores en comento no pueden reducirse y menos desaparecer ya que son un apoyo importante en materia social, educativa, de salud y de producción económica, coadyuvantes para el desarrollo de las comunidades indígenas.

En este sentido, dada la necesidad de continuar con el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas y debido a que en estas fechas se está analizando y discutiendo el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016 en la honorable Cámara de Diputados teniendo como límite para su aprobación el día 15 de noviembre de 2015, se propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública encargada de realizar éste análisis, a modificar este proyecto de presupuesto, para establecer como monto total de erogaciones en materia de “pueblos indígenas” para 2016 la misma cantidad aprobada para 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1 por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica para el año 2016.

Por lo expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, para establecer como monto total de erogaciones en materia de “pueblos indígenas” la misma cantidad aprobada para el año 2015, tomando en cuenta el factor inflacionario de 3.1 por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica para el año 2016.

Notas:

i Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa Especial de los Pueblos Indígenas, México 2014. En línea:

file:///C:/Users/Gabriela. Duvignau/Downloads/programa-especial-pueblos_indigen as-2014-2018. pdf

ii Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Indico dores sociodemográficos de la población total y la población indígena, 2010. En línea: http://www.cdi.gob.mx/cedulas/cedulas_nacional_2010. pdf

iii Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, Análisis de presupuesto para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, México 2014.

iv Ídem.

v Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 22 de octubre de dos mil quince.— Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a realizar una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación para que no sean afectadas las partidas presupuestales destinadas a la educación y al desarrollo de ciencia y tecnología, específica mente de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los que suscriben Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, senadores de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76; y 276, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación, para que no sean afectadas las partidas presupuestales destinadas a la educación, al desarrollo de ciencia y tecnología, específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El gobierno federal actualmente cuenta con mil 97 programas presupuestarios, sin embargo, para el próximo ejercicio fiscal de 2016, planea reducir ese número a 851 programas, disminuyendo un 22.4 por ciento el número de programas. Entre los programas que plantea eliminar están el censo de escuelas, maestros y alumnos; el derecho de extracción de hidrocarburos y el especial sobre minería; las medidas de racionalidad y austeridad de servicios personales (seguridad social); provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros; programa escuela segura y el esquema de cuotas, apoyos y aportaciones a organismos internacionales.

2. Según el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2016, que presentó el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prevé un recorte a las principales universidades e institutos del país, entre las cuales destacan el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

• Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se tiene planeado un recorte presupuestal del 32 por ciento, pasando de 33 mil 706 millones de pesos a 22 mil 920 millones de pesos. Estas medidas afectarían a proyectos y programas destinados a la ciencia, tecnología, investigación y becas, entre otros.

• La Universidad Nacional Autónoma de México tendrá una caída del 4.8 por ciento en el presupuesto actual, la cual representa 350.4 millones de pesos, pasando de 7 mil 291.5 millones a 6 mil 941.2 millones de pesos.

• Para el Instituto Politécnico Nacional se prevé un recorte del 11.2 por ciento de su presupuesto (394.8 millones de pesos), pasando de 3 mil 522 millones a 3 mil 127.2 millones de pesos.

• La Universidad Autónoma Metropolitana sufrirá una caída presupuestal del 6.7 por ciento (112.5 millones de pesos), por lo cual pasará de mil 667.5 millones de pesos a mil 565 millones.

Otros de los programas que tendrán ajustes dentro del proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentran los siguientes:

1. Pensión para adultos mayores, sin afectar’ a los beneficiarios que actualmente reciben el apoyo.

2. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

3. Disminución de la meta de transición digital terrestre de 13 millones a 10 millones de televisores.

4. Se implementarán medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, destacando una reducción de 10 por ciento en la partida de servicios personales para mandos medios y superiores.

5. Disminución de 10 por ciento en gasto en plazas de carácter eventual y por honorarios, restricción a la creación de plazas.

6. Se disminuirá 10 por ciento el gasto destinado a comunicación social de todas las dependencias del gobierno federal.

Las dependencias y entidades de gobierno que resultan menos afectadas son las siguientes:

• Secretaría de Turismo (7.3 por ciento)

• Presidencia (6.9 por ciento)

• Procuraduría General de la República (3.5 por ciento)

•.Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (3.2 por ciento)

• Secretaría de Energía (2.6 por ciento)

• Secretaría de Gobernación (2.6 por ciento)

• Función Pública (1.3 por ciento)

De acuerdo con el índice de competitividad mundial, nuestro país está ubicado en el puesto 57 del ranking de los 142 países analizados, el cual había habíamos logrado elevar debido a que nos encontrábamos en el lugar 61. La CEPAL estima que mejorar la educación escolar y preescolar en la región, supondría un costo adicional del 3.9 por ciento de su B, cifra que no podrían acometer, por lo que centra sus propuestas en la distribución del gasto educativo, ya que como veremos en la próxima sección este es un problema generalizado de los países en desarrollo. Es evidente que el nivel de educación que tiene un país es proporcional al nivel de desarrollo que puede alcanzar. Es por ello, que en los reajustes presupuestales no deben afectarse las partidas destinadas a la educación o al desarrollo de la ciencia o tecnología.

Consideraciones

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que de acuerdo con la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos de la federación. En este sentido, el numeral 2 del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las Comisiones Ordinarias, prevé a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá la facultad de elaborar y aprobar el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 220 del Reglamento del citado órgano legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, para que no sean afectados planes o programas que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, y no sean afectados planes o programas que ejecuta el Instituto Politécnico Nacional.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, para que no sean afectados los recursos destinados a la Universidad Autónoma de México.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, realice una adecuación al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, para que no se afecten programas destinados a la ciencia, tecnología, investigación y becas entre otros, que realiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la .República, a veintidós de octubre de dos mil quince.— Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvados López Brito (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentaria del Partido Revolucionaria Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren recursos que permitan dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes, en materia de transparencia, de las entidades federativas.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1; inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe senadora Lisbeth Hernández Lecona, senadora de la república de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se consideren y destinen recursos económicos que permitan por medio de una aportación federal o a través de otro instrumento jurídico, dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes de las entidades federativas, con el propósito de fortalecer sus funciones en el ámbito de la consolidación del derecho de acceso a la información y el fortalecimiento de la transparencia, derivadas de las recientes reformas constitucionales y la expedición de la Ley General de Transparencia de nuestro país. Lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial existe la tendencia de la sociedad a cambiar la manera de convivencia con el gobierno. Sin duda, los avances que se han dado en las últimas décadas, han consolidado sociedades que buscan precisamente una democracia sólida, en donde su participación sea mayor y se pueda avanzar de lo que se denomina una democracia representativa a una democracia participativa que redireccione la tradicional relación de supra a subordinación de los gobiernos con sus gobernados Y emerja una verdadera democracia participativa que promueva la apertura de quienes nos encontramos en los poderes y niveles de gobierno por una parte, y por otra culturice y promueva entre las personas el derecho que tienen a estar informadas, a ser parte de la toma de decisiones y a consolidar políticas públicas en pro de sus entornos y sus comunidades.

En este contexto, debemos recordar que en México estamos viviendo un periodo transicional en la manera de hacer política, de representar a nuestros conciudadanos y además, de llevar a cabo lo que debemos recordar en todo momento: Un servicio público que proviene de todas y todos y tiene que aportar el mayor beneficio para todas y todos.

En diferentes momentos, ha ido permeando a lo largo y ancho de la República Mexicana, lo que se ha denominado el derecho de acceso a la información frente a la implementación de la transparencia necesaria para actuar sin opacidad y con plena convicción de rendir cuentas.

Así, debemos recordar que para inicios del presente siglo, se dio el gran salto y a partir de la conformación de un órgano garante federal mejor conocido como IFAI, fueron generándose cambios en la administración pública de la federación que se colocó en una palestra pública como principal sujeto obligado de la Ley de Transparencia que en ese entonces cobraba vida legislativa luego del fuerte empuje que en su momento realizó un decisivo sector de la sociedad civil mexicana: El artículo 6o. constitucional se convertiría en el baluarte del derecho a saber y ya no únicamente se trataba de un principio llano, sin acción, ahora se determinaba en cómo debía ejercerse y a quién tenía que beneficiarse. Es en esta era que el derecho de acceso a la información encuentra su gran apertura.

Pero no fue únicamente a nivel federal que esto se llevó a cabo, en cada una de las entidades federativas, fueron replicándose los esfuerzos y reformando constituciones locales, elaborando sus leyes respectivas y además dando origen a órganos de transparencia locales que desde entonces coadyuvan en ese ámbito al acercamiento constante entre sociedad y gobierno locales, a la generación de una nueva cultura de aprender a preguntar, frente a esa nueva generación de servidores públicos que entienden, que a la par de llevar a cabo sus funciones, tienen el deber ético de ser transparentes y realizar su función de frente a quienes sirven: a la sociedad que les permite estar ahí.

Para 2007, con la nueva reforma al artículo 6o. constitucional, esta nueva forma democrática fue adquiriendo mayor fuerza, entre ellos por ejemplo, publicar información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y ejercicio de los recursos públicos, así como la implementación de sistemas electrónicos de solicitudes de información pública en todas las entidades federativas que han ido elevando reitero, la calidad de este derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad frente a cualquier otro tipo de práctica insana que sugiera tomar las decisiones y ejercer el recurso público de espaldas a todas y a todos, pese a las carencias técnicas y presupuestales que en varios de estos Estados pueda haber, sabemos que los órganos garantes del acceso a la información y la transparencia han servido para que el artículo sexto constitucional no sólo tenga una trascendencia federal, sino también en el ámbito estatal y municipal, espacio este último, que por ser lo más aproximado a nuestra población, merece especial atención con el propósito de que en todos los rincones del país, verdaderamente se ejerza este derecho, ya que el acceso a la información debe verse como una puerta de entrada al mejoramiento de las condiciones de vida, como una eficaz herramienta para acceder a otro tipo de derechos tan importantes como el derecho a la alimentación, a la seguridad pública o a la educación.

Sin duda el año 2014, y siendo parte el Senado de la República de este avance histórico, a partir de esa nueva reforma constitucional de febrero del año pasado se mejoraron las condiciones de los órganos garantes del acceso a la información y como ya sabemos, se dotó de autonomía al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, convirtiéndolo en Instituto Nacional, y garantizando que a nivel local todos los órganos garantes tengan el carácter de autónomos para evitar cualquier dependencia que evite el ejercicio pleno de las funciones para las cuales fueron creados, como para consolidar que tanto los sindicatos y los partidos políticos sean sujetos también de la ley que regula la transparencia, entre muchas otras situaciones que se legislaron con el afán de mejorar y dar un nuevo auge a este derecho.

Para este año, traemos a la memoria que en este mismo espacio estuvimos debatiendo e intercambiando posturas para llegar a la aprobación de la Ley General de Transparencia, que dotó del piso mínimo normativo tanto a los órgano nacional de transparencia como a los órganos garantes de las entidades y del Distrito Federal, resaltando lo que se dio en denominar el Sistema Nacional de Transparencia que, vale la pena señalar fue diseñado con la voluntad de todas las fuerzas políticas como parte del compromiso democrático con quienes nos han permitido estar aquí.

En esa tesitura, es que el día de hoy acudo a esta tribuna, para solicitar de nueva cuenta que pongamos atención en el seguimiento a los órganos garantes de trasparencia de los estados, a los que con un nuevo empuje y vigor hemos dotado de herramientas normativas para seguir generando el engranaje que consolide la participación ciudadana en las distintas latitudes de nuestro país.

El día de hoy, en ese ánimo de seguir contribuyendo a que el acceso a la información sea una realidad de todas y todos, se considera importante que además de haber dotado con facultades amplias a estos órganos garantes de las entidades federativas, se les dote también de fortaleza presupuestal, ya que para llevar a cabo sus funciones es necesaria además de la autonomía de gestión, el soporte presupuestal que permita aumentar el esfuerzo en programas y proyectos encaminados a seguir culturizando tanto al servidor público como a la sociedad.

Es importante señalar que el Sistema Nacional de Transparencia del cual son parte fundamental los institutos y comisiones de transparencia del país, están actualmente conjuntando esfuerzos por mejorar sus condiciones presupuestales, las cuales se encuentran en condiciones de desigualdad y en muchas ocasiones no son suficientes para garantizar el derecho humano al cual deben su existencia.

El propósito del presente exhorto es precisamente que podamos instar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del presupuesto del ejercicio 2016 se consolide una propuesta que no es de ahora, que se ha venido posponiendo y que se considera indispensable si queremos avanzar hacia el nuevo estadio de lograr un gobierno abierto, y se dote a los órganos garantes de la transparencia de los Estados de mayores recursos a través de la recepción de un recurso federal etiquetado para programas y proyectos específicos, que entre otras cosas podrían permitir

Ampliar las actividades de promoción, difusión y vinculación con la sociedad que actualmente realizan los órganos garantes, llegar hasta aquellas comunidades que requieren de mayor atención y donde no es posible llegar vía internet.

Profesionalizar a todos los órganos garantes de la transparencia de los estados, ante el inminente aumento de las obligaciones a partir de la expedición de la Ley General de Transparencia.

Ampliar la difusión de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública entre la sociedad y por supuesto evaluar sobre indicadores específicos y en función de los resultados a partir de la dotación de recursos a cada uno de los órganos garantes, para revisar la eficacia y eficiencia con que están llevando a cabo su función, así como poder fortalecer su importante función dentro del Sistema Nacional de Transparencia.

Vale la pena señalar que esta propuesta de etiquetar recursos desde la federación para los órganos estatales de transparencia resulta del todo adecuada para, en congruencia con el espíritu legislativo que tanto los diputados como los senadores proyectamos en esa gran reforma estructural, apoyemos a quienes directamente tienen a su cargo hacer que la ley se traduzca en acciones y en la transformación de la sociedad mexicana. Tener familias informadas y participativas, debe ser una premisa que enaltezca la labor que el gobierno de México está llevando a cabo.

Sin entrar al tema específico de la numeralia que arroja los recursos de que son dotados los órganos garantes de los estados, podemos señalar lo siguiente:

Los órganos garantes que actualmente reciben mayores recursos a nivel nacional son los del Distrito Federal y el estado de México frente a estados como Nayarit, Colima, Tlaxcala o Morelos que reciben una cantidad menor, conforme lo arroja la siguiente tabla, con base en los presupuestos asignados a cada órgano garante:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se consideren y destinen recursos económicos que permitan por medio de una aportación federal o a través de otro instrumento jurídico, dotar de mayor fortaleza presupuestal a los órganos garantes de las entidades federativas, con el propósito de vigorizar sus funciones en el ámbito de la consolidación del derecho de acceso a la información y el fortalecimiento de la transparencia, derivadas de las recientes reformas constitucionales y la expedición de la Ley General de Transparencia de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 22 de octubre de 2015.— Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el Estado mexicano es parte.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Derechos Humanos el primero, segundo y cuarto resolutivos y a la Cámara de Diputados el tercero de éstos.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza y senador Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno del Senado de la República el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano ha firmado y ratificado la gran mayoría de tratados y convenciones internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, ello compromete a todos los Poderes de la Unión y a todos los órdenes de gobierno, así como a otras entidades con autonomía constitucional con el cumplimiento de las recomendaciones, sentencias u otros mecanismos establecidos a nivel universal por estos sistemas.

La reforma constitucional en derechos humanos obliga al cumplimiento de las normas de derechos humanos contenidas en los instrumentos internacionales de los que México forme parte, incluso con mandato vinculatorio con la sola limitación establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con aquello que no se oponga a la norma constitucional, es decir el arraigo de por sí violatorio de los derechos procesales. El segundo párrafo del artículo 1 constitucional establece con claridad:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Por ello, ha sorprendido en nuestro país y en la comunidad internacional que ante la apertura del gobierno federal a la cooperación y supervisión internacional en materia de protección a la dignidad de la persona humana, se exprese una conducta bipolar por parte de las autoridades federales al rechazar los alcances de las recomendaciones de las instancias internacionales que son invitadas por el mismo gobierno a realizar visitas en el marco de la colaboración que señalan los mecanismos internacionales.

Organismos diversos de derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como del , Sistema Interamericano, así como de instancias internacionales como Amnistía Internacional o Human Right Watch, han emitido, desde principios de 2007, diversas recomendaciones, al gobierno mexicano que cuestionan el paradigma militarizante de la seguridad pública que ha traído como consecuencia directa el incremento de las violaciones graves a derechos humanos, especialmente la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, mismas que han sido, en el caso de la tortura y las desapariciones considerados por estos organismos internacionales como fenómenos generalizados, lo que constituye, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, crímenes de lesa humanidad, y han exigido políticas públicas de estado y legislación conforme estándares internacionales que permitan contar con medidas de control para que no se sigan cometiendo arbitrariedades y abusos por agentes del estado y se desplieguen acciones de transformaciones estructurales para una efectiva lucha en contra de la impunidad sistémica y crónica que se vive en México.

La desaparición de los estudiantes normalistas y la ejecución extrajudicial de 6 personas la noche del 26 de septiembre de 2014 es uno de los acontecimientos de violaciones a derechos humanos más terribles de la historia contemporánea, y a ella, se suman otros hechos atroces, algunos de los cuales están bajo investigación de la instancia federal de procuración de justicia por presumirse la comisión de los delitos por parte de agentes federales:

• Tlatlaya (30 de junio 2014, estado de México) en la que perdieron la vida 22 personas, se presume la ejecución extrajudicial de al menos 8 de ellos a manos de elementos del ejército; 7 de estos fueron consignados por el Ministerio Público federal, el pasado lunes 5 de octubre, 4 fueron dejados en libertad por incumplimiento del debido proceso por parte de la instancia de procuración federal de justicia, abonando a la impunidad estructural.

• Apatzingan (6 de enero de 2015, Michoacán) 16 personas ejecutadas, se vincula a Policía Federal con dicha ejecución

• Tanhuato (22 de mayo de 2015, Michoacán) 42 personas ejecutadas, se ha reportado que fueron asesinados y les dieron el tiro de gracia a 16/17 de ellos

• Calera (7 de julio 2015, Zacatecas) 7 personas desaparecidas por elementos del ejército, posteriormente localizadas sin vida.

• Las masacres de San Fernando I (72 migrantes asesinados, 2010), San Fernando II (193 cuerpos encontrados en 49 fosas clandestinas, 2011), ambos en Tamaulipas; Cadereyta (49 torsos encontrados en una fosa clandestina, 2012).

Es consigna .principal en las acciones por el derecho a la verdad y a la justicia la frase Nos faltan 43; y como la desaparición de personas suma, según cifra oficial del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de años anteriores a 2007 al 15 de julio de 2015: 25 mil 918 registros a nivel de fuero común y 681 en el fuero federal, se oyen voces multiplicadas de que nos faltan miles.

Amnistía Internacional

En 2014, Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México. En ese informe dan cuenta del aumento de 600 por ciento en el número de denuncias recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre el periodo 2003 a 2013.

Refiere que de 2010 a 2013 la propia CNDH reportó la recepción de más de 7 mil quejas por tortura; estableciendo que fue a partir de 2006, periodo en que inició Felipe Calderón la militarización de la seguridad para desplegar su guerra contra los grupos de narcotraficantes y aumentó expansivamente la violencia, aunado a la reforma que, en 2008, elevó a rango constitucional el arraigo, que es en sí mismo una violación a derechos humanos tanto por ser caldo para la comisión de la tortura como por la violación a la presunción de inocencia; de 2008 a 2013, se arraigó a 8 mil quinientas noventa y cinco presuntos delincuentes.

El informe señala que la impunidad es casi total pues, según datos del Conejo de la Judicatura Federal, entre 2005 y 2013, a nivel federal el Poder Judicial tramitó tan sólo 123 enjuiciamientos y apenas se lograron 7 sentencias con condena. La inadecuada aplicación del examen médico psicológico conocido como Protocolo de Estambul ha impedido que se investigue con certeza científica la comisión del delito de tortura y por ello, la pertinencia de contar con servicios forenses autónomos e independientes.

Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas

En el mes de febrero de 2015, el gobierno federal participó en la sustentación de su informe ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés). Derivado de dicha audiencia, el comité emitió una serie de recomendaciones derivadas de un diagnóstico en el que señalan que en México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, que ocurre en gran parte del territorio y en muchos de estos delitos hay participación de agentes del estado, aunque no se conoce la información del gobierno de cuántas desapariciones forzadas se han cometido. Señalaron en particular, el no reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales e interestatales por lo que realizó un enérgico llamado a que se reconozca ya dicha competencia.

Al igual que otros informes de organismos nacionales e internacionales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas puso un alerta en relación con la impunidad, la falta de investigaciones eficaces e inmediatas y la reclasificación de los delitos. En sus varias recomendaciones destacó la solicitud de que se realicen, de inmediato y sin demora, investigaciones exhaustivas e imparciales, se sancione a quienes resulten responsables con penas adecuadas y, sobre todo, un trato digno y respetuoso a las familias de las víctimas y medidas para garantizar su participación.

El gobierno mexicano rechazó el diagnóstico realizado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En 2014, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que señaló que durante 2014 el mayor número de denuncias recibidas de los países de la región en cuanto a violaciones a derechos humanos fueron sobre México: 500 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en México.

En relación con medidas cautelares solicitadas, México estuvo en segundo lugar con 93 solicitudes de las que se otorgaron 6 entre las que se encuentran. Tlatlaya e Iguala/Ayotzinapa, de la medida cautelar decretada para este caso surgió el acuerdo para la Asistencia Técnica que permitió la designación excepcional de un grupo de expertos.

Además de Tlatlaya e Iguala, mandataron medidas cautelares para:

1) La protección de la esposa de Arturo Hernández, presuntamente asesinado por José Luis Abarca, Sofía Mendoza y Nicolás Mendoza. Éste fue asesinado a pesar de tener medidas cautelares;

2) La protección de unos defensores a derechos humanos indígenas Choreáchi en Chihuahua;

3) La protección de los periodistas de la revista Contralínea y

4) Daniel Ramos Alfaro, presuntamente desaparecido por integrantes del ejército en la comunidad de Betania, Michoacán.

Desde 2006 a la fecha, la CIDH ha concedido 50 solicitudes de medidas cautelares en México y enviado seis casos a la Corte Interamericana.

Los siete miembros de la CIDH además tiene 2 mil 212 peticiones pendientes “de estudio inicial” provenientes de México, el mayor número con respecto al resto de países; A estos se suman 130 casos que se encuentran en trámite de análisis. Colombia y Perú se encuentran en segundo y tercer lugar con 1747 y 1034, respectivamente.

Dos casos relevantes se encuentran ante la CIDH en proceso de análisis para Informe de Fondo (enviarse a la Corte Interamericana).

a) El caso Atenco, en el que las víctimas piden a la comisión mande el caso a la Corte;

b) El caso de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado y dos familiares cometida presuntamente por militares del 35 Batallón asentado en Chihuahua:

En septiembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a nuestro país, el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México también es demoledor al considerar que se vive una crisis de derechos humanos y que la impunidad alcanza, según estadísticas oficiales, un -98 por ciento al existir crímenes que quedan sin resolver porque nunca son propiamente investigados.

El gobierno federal rechazó las recomendaciones preliminares bajo la consideración de que acompañan el planteamiento de la Comisión Interamericana de la “existencia de retos en materia de derechos humanos”, mas no comparten que el “Informe preliminar, realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país”, al mismo tiempo que confían en que el informe definitivo reflejará a cabalidad la situación que vive México en materia de derechos humanos.

Relator Especial contra Tortura de Naciones Unidas

En marzo de 2015, el Relator Especial la Tortura, Juan Méndez, presentó oficialmente su informe de la visita que realizó en 2014 a nuestro país. En el informe concluye que la tortura y los malos tratos en nuestro país son generalizados y ocurren entre el periodo de la detención y la puesta a disposición ante autoridad ministerial. La ausencia de investigación certera y por tanto, de sentencias en firme, dan cuenta de que se vive un contexto de impunidad.

La respuesta oficial ante este informe fue el rechazo y un maltrato inédito en la vida diplomática del país al relator al grado de que se le acusó de “irresponsable y poco ético”.

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Derivado de las cuatro medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de las víctimas del Caso Iguala/Ayotzinapa, se acordó entre el gobierno federal, la propia comisión, las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos y sus representantes legales, una asesoría técnica que permitió la creación y operación a partir del 2 de marzo de 2015, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH). Este grupo de expertos, presentó el 6 de septiembre de 2015, un informe de conclusiones preliminares que agrupa en cuatro grandes temas sus recomendaciones sobre este caso:

a) Investigación

• Unificar la investigación.

• Considerar otras violaciones a derechos humanos y delitos (tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, uso ilegítimo de la fuerza (no tipificado en ley federal pero con directrices emitidas el 30 de marzo de 2012 por el gobierno del estado de Guerrero), lesiones y amenazas a los sobrevivientes).

• Realizar nuevas diligencias ministeriales y periciales (testimonios, telefonía, evidencia balística, cruces de ADN, etcétera).

• Posible traslado de estupefacientes como hipótesis del desencadenamiento de la agresión tan brutal.

• Investigar tortura y malos tratos a presuntos responsables.

• Segunda autopsia de Julio César Mondragón.

• Replantear algunas hipótesis de la investigación.

b) Responsabilidades (de este tema no ha habido respuesta conocida públicamente)

• Determinar otras responsabilidades (cuerpos de seguridad presentes y omisión o comisión).

• Investigar otros posibles responsables (testimoniales presentan. otros probables responsables).

• Nuevas capturas de los imputados (ha sido capturado ya el Cabo Gil); patrimonio de probables responsables (ingresos, transacciones bancarias, prestanombres) y vínculos con otros probables intervinientes.

• Obstrucción de la investigación.

c) Búsqueda (de este tema tampoco ha habido respuesta conocida públicamente)

• Mantener la búsqueda en acuerdo con la Policía Federal.

• Examinar otros lugares compatibles con restos cremados (crematorios públicos y privados).

• Actualizar mapa de fosas clandestinas e investigación de casos de otros desaparecidos en Iguala (tecnología láser-lidar).

• Incorporar fotografías satelitales y tecnología de búsqueda.

d) Atención a víctimas

• Cumplir las recomendaciones para atención psicosocial, legal, social, médica y de salud, así como medidas de protección; consolidar mecanismos de información con familiares y víctimas.

• Reformas y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos con el estado (10 puntos de la reunión con el titular del Ejecutivo federal el 29 de octubre de 2014).

• Considerar medidas de protección y prevención.

Además de las recomendaciones en particular sobre el caso Iguala, derivado de su propio mandato, los expertos emitieron otras recomendaciones generales necesarias para atender con eficiencia y exhaustividad las investigaciones sobre desaparición de personas en México:

a) Registro de personas desaparecidas

b) Protocolos de búsqueda

c) Derecho a la verdad

d) Investigación

e) Medidas de protección

f) Reparación

g). Garantías de no repetición

h) Educación y formación

i) Declaración de ausencia

Y proponen una serie de reformas legales de las que nos tenemos que hacer cargo las y los legisladores federales con la misma intensidad con la que hemos señalado las omisiones y errores en las investigaciones desplegadas por las autoridades federales.

j) Reformas Legales:

Visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló después de una visita de tres días y decenas de reuniones con funcionarios de primer nivel del gobierno federal y organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas que se “observa” una grave crisis humanitaria y, con preocupación, señaló la reticencia de las autoridades mexicanas a aceptar los señalamientos críticos que se emiten por esta crisis. El Alto Comisionado manifestó su extrañamiento por el “doble discurso” del gobierno mexicano al ser un promotor muy activo por los derechos humanos a nivel internacional mientras expresa su “intolerancia ante la crítica”. Remató con una frase lapidaria: “En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje” porque “ignorar lo que está sucediendo en México no es una opción para las Naciones Unidas” y no debiera ser tampoco una opción para los políticos mexicanos.

Consideró “impactantes” las cifras de víctimas “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto”: Más de 151 mil personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, “incluyendo miles de migrantes en tránsito”; al menos 26 mil desaparecidos desde 2007, “muchos posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”, así como miles de víctimas de feminicidios.

En todos los Informes recientes, se considera que la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y la ejecución extrajudicial de seis personas durante la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, devela con crudeza las fallas estructurales del sistema de justicia en México, así como la complicidad incluso en grado de participación directa de integrantes de la clase política a diversos niveles con los grupos delincuenciales de alto impacto dedicados a actividades ilícitas.

El martes 20 de octubre, la delegación del gobierno federal participó en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se realizaron cuatro audiencias públicas relacionadas con nuestro país:

a) El caso Acteal como Informe de Fondo (es decir, el proceso previo a ser enviado el caso a litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

b) Derechos humanos y políticas de drogas en México.

c) Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México.

d) Presentación del informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el Caso Ayotzinapa.

Vale la pena destacar que en el contexto de las audiencias, se logró un acuerdo preliminar sobre la permanencia, en calidad de coadyuvantes del grupo de expertos, y nos parece importante señalar nuestro beneplácito de que ya no sea la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la que esté a cargo del seguimiento a la investigación, nunca hubo claridad del porqué habiendo una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas no fue esta instancia la que llevó a cabo toda la investigación desde sus inicios, por lo que es pertinente que todo el expediente pase a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y sea la unidad, ahora convertida en fiscalía, la que dé continuidad y desde ahí se conforme un equipo de trabajo con experiencia y de confianza para las partes.

Para que el cumplimiento de los acuerdos dados a conocer en el sentido de que en la nueva investigación se sigan las recomendaciones y el plan de trabajo del GIEI, se planifique una ruta de indagación, se dé relanzamiento a la búsqueda y se establezca una relación respetuosa y de compromisos con el nuevo equipo que asigne la Procuraduría General de la República, en acuerdo con las familias, sus representantes y el GIEI, agentes del Ministerio Público federal con experiencia en desaparición que estén exclusivamente dedicados a la investigación de este caso y que, para la protección de otras familias, las investigaciones que actualmente están bajo su cargo de otros casos de desaparición de personas no sean abandonadas pues representan la esperanza de otras familias de que se están realizando las diligencias para la búsqueda y localización de sus familiares desaparecidos.

Esto significa la necesidad urgente de que se amplié la planta de autoridades ministeriales y policiales adscritas directamente a la actual fiscalía y por tanto, de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen recursos suficientes a la Procuraduría General de la República para la búsqueda de personas desaparecidas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abra el capítulo 1000 para la contratación de personal sustantivo que dedique sus esfuerzos al programa de personas desaparecidas.

Un aspecto central de los acuerdos del gobierno federal con el GIEI de la CIDH, se refiere a que se valore el daño y el avance de la reparación integral del mismo, lo cual implica que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asuma con absoluta responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones.

Y por último, la confidencialidad de la información ha sido una de las demandas que desde septiembre de 2014 ha sido exigida por las familias y sus representantes en el sentido de que, en estricto cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales de derechos de las víctimas, no se hagan públicas actuaciones ni informaciones sin darlas a conocer primero a las familias. Acompañamos la exigencia de que a partir de este nuevo acuerdo para la continuidad de los trabajos del GIEI, en calidad de coadyuvante, se cumpla a cabalidad con este acto de respeto a la dignidad de las familias y las víctimas.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Por el cual la Cámara de Senadores

Primero. Solicita al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, el cumplimiento puntual de las acciones ejecutivas necesarias para atender todas las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos derivados de convenciones internacionales de las que el Estado mexicano es parte.

Segundo. Solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aperture el capítulo 1000 en la Procuraduría General de la República para la contratación de personal sustantivo (ministerial, pericial y policial) asignado al programa de búsqueda de personas desaparecidas.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados la asignación de recursos suficientes a la Fiscalía Especializada para Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República.

Cuarto. Se solicita a los distintos grupos parlamentarios que forman parte de la Junta de Coordinación Política, para que definan y propongan una ruta crítica que permita construir el andamiaje legal propuesto por el grupo de expertos.

Notas:

1. 1 Septiembre, 2013. SCJN. Contradicción de tesis 293/201l.

Reconoce la jerarquía constitucional de los tratados y la obligatoriedad de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y su jurisprudencia, al mismo tiempo, generó una regresión al cumplimiento del principio ‘pro persona.

2. http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/AIMexFuera Control.pdf

3. https://www.es.amnesty org/paises/mexico/la-tortura -en-cifras/

4. Resumen del Informe Anual de la CIDR. Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias-de­viola ciones-de-derechos-ante-la-cidh/

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anua1/2014/indice.asp

5. Sólo en dos ocasiones se ha acordado por la CIDH, la asistencia técnica: Caso Digna Ochoa y ahora Iguala/Ayotzinapa

6. Lo señalado en rojo es sobre lo que ya ha habido algún pronunciamiento oficial

7. Reformas a la Ley General de Víctimas, en especial el artículo 65 para revisar los supuestos para reparar violaciones a ddhh. Estoy preparando ya la reforma a la LGV que incorpore este tema y otros que a la luz de la implementación se ha visto impide la reparación. En este tema el Senado está en una falta terrible, porque es el órgano legislativo que nombró a la y los comisionados que han incumplido la ley sin ninguna consecuencia.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil quince.— Senadores: Iris Vianey Mendoza Mendoza, Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

• El 29 de abril de 2010 los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI legislatura, de la cual formé parte, presentamos la “Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El propósito de esta iniciativa ha consistido en: Primero, elevar a rango constitucional el derecho de la juventud a su desarrollo integral y, Segundo, otorgar facultades expresas al Honorable Congreso de la Unión para legislar ampliamente en la materia.

• El 1 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa misma fecha se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis y en su momento, discusión y votación en el pleno.

• El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores recibió el Proyecto de Decreto antes mencionado y lo turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

• El 30 de abril de 2013, en el Senado de la República aprobamos el Proyecto de Decreto, con modificaciones.

• El 27 de junio de 2013, la Cámara de Diputados recibió el Proyecto de Decreto, y el 2 de julio de 2013 lo turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

La trascendencia de la propuesta de reforma Constitucional a la que se hace referencia consiste en lo siguiente:

Primero. Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, señalando que tal objetivo podrá lograrse mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, y se propone que sea en la ley donde se definan los instrumentos y apoyos, así como la participación concurrente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, para lograr dicho objetivo.

Segundo. Otorgar expresamente facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud, con el fin de que pueda establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente en dicha materia, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios.

Sabemos que los jóvenes juegan un papel estratégico para la consecución del desarrollo y crecimiento económico de nuestra nación, asimismo, es evidente el rezago social en el que se encuentran y la precaria protección para garantizar sus derechos más elementales, como el acceso a la educación y al empleo, a la cultura, al esparcimiento, al deporte, entre otros.

Con estas adecuaciones constitucionales los jóvenes podrán exigir a las instituciones de gobierno la protección de sus derechos en sus entornos cultural, económico, político, psicológico y social, es decir, podrán exigir el ejercicio de cualquiera de las garantías previstas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, para salvaguardar su desarrollo integral.

En este contexto, la Cámara de Diputados ha incurrido en omisión legislativa injustificada, pues desde el mes de julio de 2013 no ha emitido dictamen sobre el Proyecto de Decreto de referencia, lo que representa un atentado contra la juventud mexicana, y refleja una visión negativa de la Institución sobre las y los jóvenes; poner en la congeladora este Proyecto de Decreto, significa ignorar el reclamo de millones de jóvenes que demandan el acceso pleno a los derechos más elementales.

Desde el ámbito legal, la omisión de la Cámara de Diputados, por más de 2 años, transgrede el artículo 89 numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice:

“Artículo 89. ...

2. En el caso de las iniciativas de reforma constitucional, se observará lo siguiente:

I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de noventa días,”

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha excedido, por mucho, los términos y plazos que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece para dictaminar la minuta de reforma constitucional en materia de juventud, que se encuentra actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, dictamine la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

Senado de la República, a 21 de octubre de 2015.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

MINUTAS

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Artículo Único. Se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 2o.; el artículo 3o.; el artículo 8o.; el segundo párrafo del artículo 12; el artículo 14 y el cuarto párrafo del artículo 34; se adiciona un segundo párrafo al artículo 32; todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración, recuperación y promoción, de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y los demás institutos culturales del país, incluidos la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, además de las autoridades estatales, municipales, del gobierno del Distrito Federal y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento, promoción y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

...

Artículo 3o. La aplicación de esta ley corresponde a:

I. El presidente de la República;

II. El secretario de Educación pública;

III.EI Instituto Nacional de Antropología e Historia;

IV. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;

V. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, en los casos de su competencia.

Artículo 8o. Las autoridades de los Estados y Municipios podrán colaborar con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos en los términos que fije la ley.

Artículo 12. Las obras de restauración y conservación en bienes inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la autorización o permiso correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por disposición del Instituto competente, y en su caso, se procederá a su demolición por el interesado o por el Instituto, así como a su restauración o reconstrucción.

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.

...

...

...

Artículo 14. El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y con base en las disposiciones aplicables de la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo 32. El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes.

La autoridad municipal respectiva podrá actuar en auxilio del Instituto correspondiente, para ordenar la suspensión provisional de las obras.

Artículo 34. ...

...

...

Tratándose de la declaratoria de monumentos artísticos de bienes inmuebles o de zonas de monumentos artísticos, se invitará, además, a un representante del Gobierno de la Entidad Federativa y del Gobierno Municipal, en donde los bienes en cuestión se encuentran ubicados.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento integral a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

“DÍA NACIONAL DEL ARTISTA INTÉRPRETE O EJECUTANTE”

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara al 28 de noviembre como “Día Nacional del Artista Interprete o Ejecutante”.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se declara al 28 de noviembre como Día Nacional del Artista Interprete o Ejecutante

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara Día Nacional del Artista, Intérprete o Ejecutante, el 28 de noviembre de cada año.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforma el artículo 182 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 182. Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza, impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social, con número CS-LXIII-I-1P-14.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-I-1P-14

Por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único. Se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 38. ...

I. ...

II. Establecer la colaboración entre las dependencias y entidades federales en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, propiciando mecanismos y herramientas de inclusión entre los tres niveles de gobierno, mismos que serán de carácter transversal, integral y concurrente;

III. y IV. ...

V. Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social;

VI. Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el desarrollo social, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del pacto federal; y

VII. Fomentar la educación en agricultura familiar y la participación de las personas y comunidades en cooperativas agrícolas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 20 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

“SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se declara la última semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Seguridad Social.

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promoverá en el ámbito de sus atribuciones las acciones correspondientes para adherirse formalmente a la Declaración de Guatemala, de 2009.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo, del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

...

...

...

En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría comprobará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a esta Ley y a las demás disposiciones aplicables.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona el artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 143, y se adiciona el artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se adiciona una fracción X recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 24; una fracción IX recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 143, y un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

I. a IX. ...

X. Aplicar los recursos provenientes del fondo por el cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales dentro de su entidad;

XI. y XII. ...

Artículo 143. ...

I. a VII. ...

VIII. La transferencia de los recursos de los usuarios de las cuencas hidrológicas;

IX. El cobro de la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y

X. ...

...

...

Artículo 143 Bis. Los recursos económicos que obtenga el fondo por concepto de compensación ambiental serán destinados a las entidades federativas donde se haya autorizado el cambio de uso del suelo, de acuerdo a lo que establezca el reglamento correspondiente.

Los recursos a que se refiere este artículo, podrán ser aplicados en Entidad Federativa distinta cuando el comité correspondiente lo justifique mediante estudio científico como necesario y urgente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal deberá publicar las modificaciones respectivas al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable y del Acuerdo por el cual se expide el Reglamento para la Integración y Funcionamiento del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al siguiente Decreto.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 15 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo

Artículo Único. Se reforman el inciso a) de la Base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A. ...

...

...

...

B. ...

...

...

...

...

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.

C. ...

...

...

...

Artículo 41. ...

...

I. ...

...

...

...

II. ...

...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) y c) ...

...

...

III. a VI. ...

Artículo 123. ...

A. ...

I. a V. ...

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

...

...

VII. a XXXI. ...

B. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio.

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12.

Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

Cuarto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las administraciones públicas federal, estatales, del Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Quinto. El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto.

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización:

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior.

Il. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4.

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12.

Asimismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan.

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente decreto, se actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las adecuaciones legales correspondientes.

Sexto. Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio.

Séptimo. Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización.

Octavo. En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio.

Noveno. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada unidad de inversión o UDI.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 22 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.

INICIATIVA DE SENADOR

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Benjamín Robles Montoya, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 164, numerales 1 a 3, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con lo siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa es una propuesta de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Economía Social (Condes), en congruencia con el espíritu de los requerimientos del sector. Como senador, la presento en su nombre.

Por su materia, esta iniciativa con proyecto de decreto deberá ser turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

La Condes mantiene que el fin último de la reforma fiscal aprobada hace casi dos años tuvo un efecto recaudador de impuestos, más allá de promover la inversión, fortalecer la competitividad de nuestra economía y propiciar que la sociedad en general tuviera mejores condiciones de bienestar.

En cambio, a pesar de las reformas que han sido aprobadas en diferentes rubros como la ya citada reforma fiscal, la energética y la laboral, hoy tenemos una economía que con dificultades crece poco más de 2 por ciento del PIB, el peso se ha devaluado en más de 30 por ciento respecto al dólar, una caída en la producción del petróleo de 10 por ciento en tanto que su precio, que se había fijado arriba de 96 dólares por barril, hoy es menor en 65 por ciento, para ubicarse en 34 dólares por barril.

La muestra de indicadores anteriores, confirma de alguna manera que el Gobierno Federal se equivocó en plantear una reforma fiscal y no escuchar las propuestas y alternativas que tanto partidos como organizaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil sugirieron en su momento.

La afectación de los ingresos de los trabajadores por la limitación de la deducibilidad de las personas físicas y el incremento de la informalidad que se observaría con la sustitución de los Repecos por el RIF.

Sin temor a equivocarnos, uno de los efectos más contraproducentes que trajo consigo la reforma fiscal fue la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes (Repecos) para sustituirlo por el de incorporación fiscal (RIF).

La aparición del RIF supone el traslado automático de un régimen a otro, sin consultar a los pequeños comerciantes y en contra de la voluntad y capacidad de decisión para saber qué régimen les convenía más. Violando así sus derechos como ser humano, ciudadano y contribuyente. Ya que no se da certidumbre y seguridad jurídica en el desempeño de sus actividades generadoras de su patrimonio y economía con el cual se obtiene y se garantiza su modo de vivir en sus necesidades básicas como individuo. Afectando su negocio en marcha y posición en el nicho de mercado en que está establecido. El constante y lacerante abandono del sector ha provocado que los Repecos no cuenten con los recursos tecnológicos, materiales, humanos y financieros. Provocando una desigualdad en la población económicamente activa y en el sector. Que se expresa en todas sus actividades productivas nulificando la obtención de su supervivencia y conservación de su patrimonio familiar.

La complicación de las leyes fiscales, en especial la del impuesto sobre la renta, ha traído consigo que muchos pequeños comercios opten por la informalidad. Esto no abona al objetivo inicial del gobierno federal, que prometió ampliar la base de contribuyentes.

Así lo muestran los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2015, elaborada por el Inegi. Si bien es cierto que México registró una menor tasa de desempleo en el primer trimestre (4.4 por ciento comparado con el 5.5de 2014) la población que trabaja en el sector informal se incrementó.

Durante el segundo trimestre del año, los mexicanos en el empleo informal sumaron 29 millones de personas (57.8 por ciento de la población ocupada), es decir, en 2015 la informalidad aumentó en poco más de 633 mil personas, lo que representa un aumento de 2.2 por ciento respecto al primer semestre de 2014, aun cuando la tasa de informalidad laboral disminuyó 0.2 por ciento.

Estos 29 millones de personas no cuentan con un contrato, no son sujetos a prestaciones sociales, pero además no contribuyen con el pago de sus impuestos debido a su estado de informalidad.

La situación se hace aún más grave si consideramos que 43 por ciento de ellas son personas cuyas edades fluctúan entre 25 y 44 años, básicamente la edad en la que son más productivos en su etapa laboral.

Es decir, la interpretación que podemos dar a las cifras es que el gobierno federal ha fomentado el empleo, no obstante que presiona a los contribuyentes cautivos mediante una política fiscal mercenaria que los orilla a trabajar a la sombra de la informalidad.

De acuerdo con una nota publicada en el diario El Economista el 16 de marzo de 2015, “México contribuye con un número importante de trabajadores informales en América Latina, con una tasa de 57.46 por ciento, por arriba del promedio en la región, que es 51.3 por ciento, lo que revela que es indispensable fortalecer las políticas encaminadas a formalizar el empleo, comentaron especialistas en recursos humanos y analistas. En tanto, naciones como Argentina tienen una tasa de empleo informal de 33.5 por ciento; mientras que en Brasil es de 32.2 por ciento; y las otras naciones que junto con México tienen las tasas más altas de informalidad son Colombia, con 49.3 por ciento de trabajadores informales, y Perú, 68.8 por ciento”.

El RIF ha generado una serie de complicaciones a los pequeños comercios registrados en el SAT porque implica llevar a cabo una contabilidad con software especializado, el uso de herramientas tecnológicas como el internet para poder realizar las declaraciones fiscales o transferencias electrónicas en lugares que difícilmente se tiene acceso como las zonas rurales. La tecnología se ha aprovechado para que sea un instrumento de fiscalización y no de eficiencia en la contribución.

Los resultados que el gobierno federal esperaba están muy alejados de la realidad. A pesar de que actualmente el SAT tiene registrados un total de 4.4 millones de contribuyentes bajo el régimen del RIF, de diciembre de 2013 a enero de 2014 (primeros meses de la reforma) el traslado de un régimen a otro supuso la baja de 517 mil contribuyentes (13 por ciento de la base inicial) posiblemente derivado de la presión fiscal bajo la cual comenzarían a tributar.

No hay que olvidar que en las páginas 10 y 11 del Boletín Tributario del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, año 24, número 194, julio-agosto de 2013.

Padrón de contribuyentes (2007-2011) ya la recaudación (2004-2011) por entidad federativa. Para efectos didácticos del presente documento y con ello intentar ser más ilustrativo, referiremos la información relacionada al ejercicio de 2011, se muestra en el siguiente recuadro:

Situación que expresa la forma de contribuir del pequeño contribuyente y por la falta de visión de algunos servidores públicos, no promovían la recaudación y en consecuencia no le daban seguimiento a la eficiencia de ésta, tomando en cuenta que el monto decretado en el nuevo régimen de pequeños contribuyente fue de 2 millones 233 mil 824 pesos, si lo actualizamos sería de 5 millones 818 mil 420.26 pesos. Por lo que la iniciativa que a continuación mencionamos tiene la finalidad de llevar a cabo una mayor recaudación con un tope de 6 millones de pesos (actualizado en Udi de enero de 1998 a septiembre de 2015).

La propuesta es también homologar el mecanismo de fortalecimiento y promoción que tiene el sector primario para que se dé una exención de cuarenta salarios mínimos elevados al año, con la intención que a corto plazo se pueda madurar su desarrollo como contribuyentes. También una tabla progresiva donde haya un tope de estos seis millones de pesos y que realmente no se pueda presentar ninguna ingeniería fiscal para omitir y eludir el pago del impuesto asimismo solicitamos se otorguen facilidades administrativas en cuanto a tener la opción de llevar la contabilidad por medio de un libro de ingresos y egresos así como un libro de inversiones. Es importante poder emitir comprobantes fiscales para que todo aquel que solicite un comprobante fiscal lo pueda hacer deducible, ya sea impreso o electrónico y no sólo bajo la forma de fiscalizar que se tiene actualmente en el buzón fiscal. Consideramos que esta iniciativa dará resultados importantes a corto plazo ya que todos los contribuyentes que se encuentran en el supuesto de Repecos tienen toda la voluntad de contribuir y no esperar dos años sabiendo y viviendo la situación que se tiene en el país. Con estos mecanismos se incrementara la recaudación, se brindara seguridad jurídica al contribuyente; así como el fortalecimiento de sus actividades productivas; que es una obligación del Estado fortalecerlas. Con estas acciones se limitará la corrupción dentro del SAT y se lograra una recaudación mayor para que se vean reflejados en una mejora aplicación de estos recursos en los sectores de salud, alimentación, educación y desarrollo social, que tanto deseamos y exigimos todos; para de esta manera mejorar el nivel de vida de 52 millones de mexicanos en pobreza, según los organismos internacionales como el Coneval, la OCDE, Naciones Unidas y la OIT.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 111, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales, enajenen y adquieran bienes y servicios o bien, que enajenen a título oneroso bienes muebles o inmuebles o presten servicios de cualquier índole pagaran el impuesto sobre la renta en los términos y condiciones establecidos en esta sección, salvo que los ingresos propios de su actividad empresarial o profesional obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta sección.

También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este articulo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

No podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección:

I. Los socios o trabajadores de personas morales con fines lucrativos o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 esta ley. También estarán limitadas a tributar en los términos del régimen fiscal regulado en esta sección, aquellas personas que de conformidad con el artículo antes citado se encuentren vinculadas con personas que hubieran tributado en los términos de esta sección.

II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda.

III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y éstos no excedan de 30 por ciento de sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos definitivos para esta sección.

IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios, inmobiliarios, negocios inmobiliarios.

V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación.

VI. Los contribuyentes que obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación onerosa de mercancías de procedencia extranjera. En este supuesto, los contribuyentes deberán conservar la documentación comprobatoria de la adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, misma que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes que deben realizar el pago del impuesto con apego a lo dispuesto en esta sección, deberán calcular y enterar el impuesto bimestralmente a más tardar en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre noviembre y enero posteriores al bimestre correspondiente aplicando la siguiente tabla:

• Cálculo de salario mínimo de 2015

A la diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el bimestre que corresponda en efectivo, en bienes o en servicios los gastos y compras necesarios e indispensables para la realización de su actividad o el equivalente de cuarenta salarios mínimos elevado al bimestre de la zona geográfica donde se encuentre establecido. Para los efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo .123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso que se generen nuevos empleos se otorgara una deducción de 6 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal elevados al ano, por cada uno de los empleos generados.

Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes.

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el artículo 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 120 y 127 de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar el importe que el contribuyente deberá pagar por concepto del impuesto sobre la renta por el factor 7.35.

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta ley.

Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos.

En el supuesto en que los contribuyentes efectúen los pagos del impuesto sobre la renta en una temporalidad diversa a la expresada en el párrafo anterior, previo cumplimiento de las formalidades que establece esta ley, los ingresos y la disminución que les corresponda en los términos del párrafo anterior deberán multiplicarse por el número de meses al que corresponda el pago.

Los ingresos que deriven de la realización de cualquier tipo de operaciones en crédito se considerarán para efectos del pago del impuesto sobre la renta cuando sean debidamente cobrados en efectivo, en bienes o en servicios.

La cantidad límite a la que los contribuyentes deberán sujetarse para poder realizar el pago del impuesto sobre la renta en los términos y condiciones descritos en el régimen de pequeños contribuyentes, se actualizará anualmente de conformidad con el índice nacional de precios al consumidor que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto descrito en esta sección, solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la identificación oficial, CURP y un comprobante de domicilio donde haya radicado en los últimos seis meses (esta sin obligación de tomar fotografía de iris y huellas digitales. Más eficiente y se tome los datos de comprobantes de domicilio donde realiza su actividad empresarial e identificación oficial que en este caso en una que se identifique).

II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuanto no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. (Cumplir con los requisitos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Ver nota fracción XII primer párrafo y se pueda imprimir por cuenta propia y lo pueda hacer deducible el adquiriente del bien o servicio)

III. Registrar en un libro de ingresos y egresos o en su caso en los medios o sistemas electrónicos los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.

IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes impresos (de acuerdo a los requisitos del artículo 29 del Código Fiscal ver la fracción XII, primer párrafo) o por vía electrónica y lo podrá utilizando la herramienta electrónica de servicios de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus inversiones, cuyo importe sea superior a $2 000.00, (efectivo) mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios. (Libertad de bancarizar su negocio si se obtiene ventajas a o no de utilizar estos servicios como es el caso de contar con una terminal bancaria si se requiere)

VI. Presentar a más tardar en el mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago del impuesto sobre la renta, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el importe de la citada contribución en los términos y condiciones establecidos en el artículo de esta ley. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción tendrán el carácter de definitivos o en su caso pago provisional. (En caso de hacer una corrección se podrá emitir una declaración complementaria cuando se requiera, de acuerdo con lo señalado en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.)

Los pagos a que se refiere esta fracción se enterarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre y cuando dicha entidad federativa tenga celebrado un convenio de coordinación para administrar el impuesto materia de esta ley, y en los términos y condiciones del régimen. En el supuesto en que la entidad federativa en donde perciba sus ingresos el contribuyente no celebre el citado convenio de coordinación, o bien, haya llegado el término del mismo, los pagos correspondientes del impuesto materia de esta ley se realizarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales federales.

Si los contribuyentes a que se refiere el párrafo primero del artículo de esta ley tienen establecimientos, sucursales o agencias en dos o más entidades federativas, enterarán el impuesto sobre la renta bimestralmente en la o las entidades federativas que corresponda, considerando la cantidad que resulte por concepto del impuesto referido en relación con los ingresos obtenidos en cada una de ellas.

El Servicio de Administración Tributaria, y en su caso, las entidades federativas con las que medie convenio de coordinación para la administración de la contribución materia de esta ley, podrán ampliar los periodos de pago trimestral, cuatrimestral o semestralmente, teniendo en cuenta la rama de la actividad económica, así como la circunscripción territorial de los contribuyentes.

Las entidades federativas con las que la federación celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto en los términos establecidos en esta sección, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar las cuotas fijas para el cobro del impuesto respectivo.

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del capítulo I del título IV de esta ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su reglamento, y efectuar bimestralmente, del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo de esta ley.

VIII. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses, obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo de esta ley.

Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta sección los contribuyentes que hubieran tributado en los términos de las sección I de este capítulo, salvo que hubieran tributado en las mencionada sección hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente, y que sus ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido de la cantidad señalada en el párrafo primero del artículo 111 de esta ley.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior continuarán llevando la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, durante el primer ejercicio en que se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los ingresos en el primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción sean superiores a la cantidad limite señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta ley dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta Sección y pagarán el impuesto conforme a las sección I del presente capítulo, debiendo efectuar el entero de los pagos provisionales que le hubieran correspondido conforme a esta última sección, con la actualización y recargos correspondientes al impuesto determinado en cada uno de los pagos.

Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que en el primer semestre no rebasen el límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior y obtengan en el ejercicio ingresos superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta ley, pagarán el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en las sección I de este capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de esta sección. Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos correspondientes a la diferencia entre los pagos provisionales que les hubieran correspondido en términos de las sección I de este capítulo y los pagos que se hayan efectuado conforme a esta sección III; en este caso no podrán volver a tributar en esta sección.

X. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a $2 000.00.

XII. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el importe total de la operación en número o letra.

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos:

I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c), del artículo 29 de este código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

III. El lugar y fecha de expedición.

En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes, Fiscales la copia de la parte de los registros de auditoria de dichas máquinas en la que aparezca el importe de la operación de que se trate.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores de $100.00.

XIII. No realizar actividades a través de fideicomisos.

Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen a título oneroso la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no podrá ser sujeto del régimen de regulado en esta sección, y en consecuencia, deberá enterar el impuesto con apego al régimen que le corresponda en atención a la naturaleza y la finalidad de la actividad empresarial o profesional que desarrolle.

Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 113 Bis, 113 Ter y 113 Quáter de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 113 Bis. Los contribuyentes personas físicas que perciban ingresos por concepto de cualquiera de los ramos de seguro que componen el esquema integral de seguridad social, así como los beneficiarios de los programas de salud, asistencia y desarrollo social que implemente la federación en coordinación con las administraciones de las entidades federativas, municipales, del Distrito Federal y de aquellas zonas en que el Estado mexicano ejerza su jurisdicción federal, podrán ser sujetos del régimen que regula esta sección, siempre y cuando el monto de los ingresos que perciban por cualquiera de las actividades empresariales o profesionales que realicen no rebase de la cantidad señalada en el párrafo primero del artículo 111 de esta ley. Asimismo, podrán optar por tributar de conformidad con este párrafo los contribuyentes que perciban ingresos de los comprendidos en el título IV, capítulo I, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, de esta ley, siempre y cuando estos ingresos no rebasen el monto de cuatrocientos mil pesos anuales.

Articulo 113 Ter. En el supuesto en que los contribuyentes personas físicas dejen de tributar por cualquier causa de las previstas en ésta.

Articulo 113 Quáter. Previo cumplimiento de las formalidades y demás requisitos establecidos en esta sección, los sujetos de ese régimen podrán hacer uso de las herramientas electrónicas de que disponga el Servicio de Administración Tributaría para la declaración y el pago del impuesto que corresponda, en ejercicio de los derechos de acceso a la información y tecnologías de la información reconocidos por el artículo 6o. que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a su favor.

Artículo Tercero.Se derogan las fracciones IX y XXVI del artículo noveno de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

I. a VIII. ...

IX. (Se deroga)

X. a XXV. ...

XXVI. (Se deroga)

XXVII. a XLIII. ...

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta sección, cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente.

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en esta sección, o cuando se presente cualquiera de los supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta sección y deberá realizarlo en los términos de la presente ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia en esta sección de esta Ley, según sea el caso.

Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general. Deberán cumplir lo señalado en el artículo 112, fracción III, de este régimen.

Transitorio

Artículo Único. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DICTAMEN DE DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, misma que fue presentada por el Ejecutivo Federal.

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XXXVIII, y 3; 45, numerales 1 y 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80 numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82 numeral 1; 84 numeral 1; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto de Iniciativa de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. El 8 de septiembre de 2015, la Cámara de Diputados recibió por parte del Titular del Poder Ejecutivo Federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

2. El 10 de septiembre de 2015, el Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas fue turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la elaboración del dictamen correspondiente.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

Mediante el mecanismo que la Iniciativa propone, se podrán aprobar proyectos durante el ejercicio fiscal, conforme al “monto máximo” que sea aprobado por la Cámara de Diputados, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación y los requerimientos financieros del sector público y, de acuerdo a la metodología que establezca, elaborará una estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público-privadas, a fin de atender los compromisos de pago requeridos tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados.

Con base en lo anterior, se contaría con una estimación que permitirá a los ejecutores de gasto conocer los montos del gasto programable aproximados que se destinarán a los proyectos de APP.

Actualmente, los proyectos que no sean autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a más tardar en el mes de agosto, no podrán incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que tendría que trascurrir otro ejercicio para iniciar la contratación y ejecución del proyecto, toda vez que está sujeto a la aprobación de esta H. Cámara de Diputados.

Asimismo, se aclara el tipo de autorizaciones que requiere cada proyecto de APP, dependiendo de su fuente de recursos, con lo que se evita confusiones y demoras innecesarias, para los ejecutores de gasto; por lo que hace a los particulares que se encuentran interesados en intervenir en la elaboración y ejecución de proyectos APP, se realizan modificaciones al ordenamiento legal que regula ese tipo de proyectos, con el objetivo de que éste sea más preciso y congruente, mediante la alineación de su contenido con otras leyes, su reglamento y demás disposiciones jurídicas.

De igual forma, con el objeto de incrementar la ejecución de un mayor número de proyectos APP que provengan de propuestas no solicitadas; se establece, para orientar los inversionistas interesados sobre los proyectos que podrán impulsar ante el sector público, la medida de que el Gobierno Federal podrá publicar los proyectos que tenga interés en recibir, especificando como mínimo los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos, metas físicas estimadas, fechas previstas de inicio de operación, o beneficios esperados, así como su vinculación con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él deriven.

Además, con el propósito de dar certeza a los promotores sobre los aspectos que se evaluarán en los casos de propuestas no solicitadas, la Iniciativa precisa que se valorará su conveniencia; las estimaciones de inversiones y aportaciones, y la viabilidad económica – financiera, además de la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, y la rentabilidad social del proyecto, en su caso.

Se prevé que el Decreto entre en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, el Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones que, como consecuencia de lo previsto en el presente Decreto, sean necesarias al Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a más tardar a los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Efectuado el análisis a la Iniciativa por la cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, esta Comisión considera conveniente su aprobación, toda vez que se requiere el fortalecimiento y simplificación del marco jurídico que regula dicho esquema, tal y como se considera en la descripción de la Iniciativa.

SEGUNDA. Esta Comisión, coincide con las propuestas de reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas, ya que establece elementos que agilizan los procesos de gestión para la preparación y autorización de los proyectos en el ámbito presupuestario, así como reglas más claras relativas a los contratos y a su ejecución, tanto para la Administración Pública Federal, como para los desarrolladores, asegurando al mismo tiempo un uso eficiente de los recursos públicos.

TERCERA.Los integrantes de esta Comisión consideran acertado el mecanismo que se propone en la Iniciativa, con el objeto de que la Cámara de Diputados aprobará un monto máximo anual para proyectos APP, tanto para los autorizados en ejercicios fiscales anteriores como los nuevos; conforme el cual, hasta alcanzar ese límite, se podrán autorizar durante todo el ejercicio fiscal este tipo de proyectos.

CUARTA.-Considerando que la rendición de cuentas y la transparencia en el presupuesto contribuyen a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público; así como a dar un claro seguimiento a las asignaciones presupuestarias realizadas por el Congreso de la Unión a este tipo de proyectos, se propone adicionar la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en su Portal de Transparencia Presupuestaria de esa Dependencia, la información prevista en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Asimismo, se precisa la referencia a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En tal virtud, se modifica el cuarto párrafo de dicho precepto, para quedar como sigue:

Dice:

Artículo 14.- . . .

I. a IX....

...

. . .

a) a j)...

La información a que se refiere el párrafo anteriorserá de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

. . .

. . .

Debe decir:

Artículo 14.- . . .

I. a IX....

...

...

a) a j)...

La información a que se refiere el párrafo anteriorserá de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públicay demás disposiciones jurídicas aplicables. Dicha información será publicada de manera permanente en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en formato de datos abiertos.

...

...

QUINTA. Por otra parte y con la finalidad de conocer los proyectos de asociaciones público privadas que hayan cumplido con los requisitos que marca la Ley y estén autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se propone establecer en el cuarto párrafo del artículo 24 que, para efectos del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, además de indicar la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociación público-privada, se deberá agregar el listado de proyectos de asociación público-privada autorizados a esa fecha por la citada Comisión.

En tal virtud, se modifica el cuarto párrafo del artículo 24 de la Iniciativa que nos ocupa, en los siguientes términos:

Dice:

Artículo 24. ...

...

...

Para efectos del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente además de contener lo previsto en dicho artículo, incluirá la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público-privadas a que se refiere el párrafo anterior.

...

...

...

Debe decir:

Artículo 24. ...

...

...

Para efectos del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente además de contener lo previsto en dicho artículo, incluirá los proyectos de asociaciones público-privadas autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación en los términos del quinto párrafo de este artículo, así como la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público-privadas a que se refiere el párrafo anterior.

...

...

...

SEXTA.-Con el propósito de robustecer el procedimiento de autorización de los proyectos de asociación público-privada, se adiciona un nuevo sexto párrafo al artículo 24 de la Ley, a fin de establecer la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de remitir a la Cámara de Diputados, para consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los proyectos dictaminados favorablemente por la Comisión de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Para los efectos citados, se establece un periodo de treinta días naturales para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se pronuncie al respecto; de no hacerlo, se entenderá aprobado el proyecto de que se trate.

En virtud de la adición que nos ocupa, los actuales párrafos sexto y séptimo pasan a ser séptimo y octavo, respectivamente.

Dice:

Por tratarse de una adición no existe el párrafo en la Iniciativa.

Debe decir

Artículo 24.-...

...

...

...

...

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitirá los proyectos a que se refiere el párrafo anterior a la Cámara de Diputados para someterlos a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual deberá emitir resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales contado a partir de recibida la información, en caso de que dicha Comisión no resuelva en el plazo señalado dichos proyectos se entenderán por aprobados.

SÉPTIMA.En mérito de lo expuesto en la Consideración anterior, se aprecia la necesidad de adicionar en el sexto párrafo del artículo 24 de la Ley, la obligación de que el proyecto de Presupuesto de la Federación incluya en un capítulo específico y por sector, en adición a los compromisos plurianuales, los proyectos que hayan sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto mencionado. Para tales propósitos, se deberá señalar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos.

Lo señalado, de acuerdo a la siguiente propuesta:

Dice:

Artículo 24. ...

...

...

...

...

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal deberá prever, en un capítulo específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público-privada aprobados en ejercicios fiscales anteriores, los cuales no podrán exceder la estimación sobre el monto máximo anual del gasto programable propuesto.

...

Debe decir:

Artículo 24. ...

...

...

...

...

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal deberá prever, en un capítulo específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público-privada aprobados en ejercicios fiscales anteriores, así como los proyectos que hayan sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales no podrán exceder la estimación sobre el monto máximo anual del gasto programable propuesto. La información a que se refiere este párrafo deberá considerar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos en el caso de aquellos proyectos que hayan sido contratados.

...

OCTAVA.Esta Dictaminadora, ante la imperiosa necesidad de transparentar las acciones de gobierno, propone que en el contenido de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal rinde ante esta Soberanía, se incluya una rendición de cuentas sobre los proyectos de asociaciones público privadas Lo anterior, con la finalidad de hacer pública esta información y de que esta Legisladora tome oportuno conocimiento. Se agrega la propuesta en el último párrafo del artículo 24 de la Ley Asociaciones Público Privadas:

Dice:

Artículo 24. ...

...

...

...

...

...

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar los montos asignados para la etapa de preparación de los proyectos de asociación público-privada.

Debe decir:

Artículo 24. ...

...

...

...

...

...

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar los montos asignados para la etapa de preparación de los proyectos de asociación público-privada, así como los proyectos autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación durante el periodo que se reporta y aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y dependencia o entidad contratante. La información antes mencionada será turnada a la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados.

NOVENA. Por lo que hace al artículo 27 de la Ley, esta Dictaminadora considera que debe eliminarse el último párrafo que se propone en la Iniciativa, relativo a las solicitudes de manifestación de interés a cargo de los particulares, toda vez que se aprecia que, por su contenido, dicho supuesto es materia de regulación de la normativa secundaria, es decir, el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas. En su lugar, se estima necesario agregar, como último párrafo del artículo que nos ocupa, la obligación del Ejecutivo Federal de reportar al Congreso de la Unión, a través de los informes trimestrales que remite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Propuestas no Solicitadas que reciban las dependencias y entidades durante el periodo que se reporta, que hubiesen cumplido con todos los requisitos que la Ley establece para su valoración.

Lo anterior, de acuerdo a lo siguiente:

Dice:

Artículo 27. ...

...

...

Los promotores podrán, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, solicitar una manifestación de interés a la dependencia o entidad que corresponda, la cual deberá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dicha solicitud.

Debe decir:

Artículo 27. ...

...

...

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar las Propuestas no Solicitadas que las dependencias y entidades hayan recibido durante el período que se reporta, que cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente artículo.

DÉCIMA. Esta Comisión dictaminadora considera que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, no prevé la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o creación de nuevas instituciones, por lo que se considera que no implica un impacto presupuestario.

Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, numeral 1, fracción II, 84, 85, 102, numeral 1, 182, numeral 1 y 191, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; esta Comisión somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Artículo Único.-Se Reformanlos artículos 2, párrafo primero; 3, párrafo tercero; 11, párrafo primero; 12, fracción VIII; 14, párrafos primero, tercero y su inciso i), cuarto y sexto; 21; 23; 24; 26, párrafo segundo; 27; 29, párrafo tercero; 31, párrafo primero y su fracción III; 59, fracción II; 64, párrafo tercero; 91, párrafo segundo; 92, fracciones IX y XIII; 99, párrafo primero; 112, párrafos primero y tercero; 113, párrafo primero y 142, y se Deroganel quinto párrafo del artículo 14, y el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:

Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarioso al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.

...

Artículo 3....

...

Con el propósito de promover el desarrollo de estos esquemas de asociación se constituirá un Fondo para Inversiones y Desarrollo Tecnológico en términos del Capítulo IV, Sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. El objeto de este Fondo será impulsar los esquemas de asociación públic o privada a que se refiere este artículo. Al efecto, podrá preverse anualmente la asignación de recursos destinados a este Fondo en los términos previstos en dicha ley, a fin de que el mismo cumpla con su objeto.

...

Artículo 11. La Secretaría de la Función Pública incluirá en el sistema electrónico de información pública gubernamental CompraNet, por secciones debidamente separadas, la información relativa a los proyectos de asociación público-privada federales, así como de las propuestas no solicitadas que reciban las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere la presente Ley. Este sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación.

...

...

Artículo 12. ...

I. a VII. ...

VIII.Dependencias: Las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados en materia energética;

IX.a XVI. ...

Artículo 14. Losproyecto s de asociaciones público privadas serán viables cuando así lo determinela dependencia o entidad interesada, mediante dictamen que la misma emita. Para la elaboración de dicho dictamen, la dependencia o entidad deberá llevar a cabo los análisis siguientes:

I. a IX. ...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará y publicará un registro para efectos estadísticos con la información contenida en los análisis a que se refieren las fracciones I a IX del presente artículo. Asimismo, publicará de manera sistemática la información siguiente:

a) a h)...

i) Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere la fracción IX del primer párrafo de este artículo, y

j)...

La información a que se refiere el párrafo anteriorserá de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públicay demás disposiciones jurídicas aplicables. Dicha información será publicada de manera permanente en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en formato de datos abiertos.

Quinto párrafo se deroga.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la descripción de cada uno de los proyectos de asociación público-privada autorizados, los montos erogados o por erogar conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como en su caso, el monto anual de los pagos comprometidos durante la vigencia del contrato.

Artículo 17. ...

Segundo párrafo se deroga.

Artículo 21. La dependencia o entidad que pretenda participar con recursos públicos federales en proyectos de asociación público-privada que haya dictaminado como viables en términos del artículo 14 de la presente Ley, deberá obtener el registro en la cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 23.El procedimiento de contratación de un proyecto de asociación público-privada sólo podrá iniciarse conforme a lo siguiente:

I.Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando cuenten con:

a)El dictamen de viabilidad a que se refiere el artículo 14 de esta Ley;

b)El registro en la cartera de inversión a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

c)La autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, en términos del artículo 24 de esta Ley;

II.En el caso de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos públicos federales en numerario, distintos a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán contar con los requisitos previstos en los incisos a) y b) de la fracción anterior, y

III.Tratándose de proyectos de asociación público-privada que involucren recursos públicos federales distintos a numerario, deberán contar con el dictamen de viabilidad, en términos del artículo 14 de la presente Ley.

Artículo 24. El gasto público federal que, en su caso, sea necesario para el desarrollo de un proyecto de los previstos en la presente Ley, se ajustará a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar ia, al Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para determinar los compromisos presupuestarios futuros que en su caso llegaren a originar los proyectos de asociación público-privada , se deberán tomar en consideración los proyectos que se prevea iniciar en el ejercicio fiscal correspondiente, aqu éllos que ya hubieran iniciado algún procedimiento de contratación y los proyectos que ya estén en operación. Dichos compromisos serán acordes con las posibilidades agregadas de gasto y de financiamiento del sector público federal.

Para efecto s del párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación y los requerimientos financieros del sector público y, de acuerdo a la metodología que establezca, elaborará una estimación del monto máximo anual del gasto programablepara los proyectos de asociaciones público-privadas, a fin de atender los compromisos de pago requeridos, tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados.

Para efectos del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente además de contener lo previsto en dicho artículo, incluirá los proyectos de asociaciones público-privadas autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación en los términos del quinto párrafo de este artículo, así como la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público-privadas a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando se pretendan realizar nuevos proyectos de asociación público-privada, así como cambios sobre el alcance de los proyectos previamente autorizados y, dichos proyectos involucren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, serán analizados y, en su caso, autorizados durante el ejercicio fiscal de que se trate, por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, la cual deberá ajustarse al monto máximo anual del gasto programable aprobado por la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitirá los proyectos a que se refiere el párrafo anterior a la Cámara de Diputados para someterlos a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual deberá emitir resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales contado a partir de recibida la información, en caso de que dicha Comisión no resuelva en el plazo señalado dichos proyectos se entenderán por aprobados.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal deberá prever, en un capítulo específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público-privada aprobados en ejercicios fiscales anteriores, así como los proyectos que hayan sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales no podrán exceder la estimación sobre el monto máximo anual del gasto programable propuesto. La información a que se refiere este párrafo deberá considerar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos en el caso de aquellos proyectos que hayan sido contratados.

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar los montos asignados para la etapa de preparación de los proyectos de asociación público-privada, así como los proyectos autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación durante el periodo que se reporta y aquellos en proceso de revisión, incluyendo su descripción, monto total de inversión y dependencia o entidad contratante. La información antes mencionada será turnada a la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados.

Artículo 26. ...

Para efectos del párrafoanterior, las dependencias o entidades federales podrán publica ren el Diario Oficial de la Federación y en su página deInternet, unacuerdo mediante el cual determinen las propuestas deproyectos de asociación público-privadaque estarán dispuestas a recibir , especificando como mínimolos sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos, metas físicas estimadas, fechas previstas de inicio de operación, o beneficios esperados, así como su vinculación con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él deriven. En estos casos, sólo se analizarán por las dependencias o entidadeslas propuestas recibidasque atiendan los elementos citados.

Artículo 27.Las propuestas a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplirlos requisitos siguientes:

I. Se presentarán acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que deberá incluir los aspectos siguientes:

a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad técnicas;

b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de adquisición de éstos;

c) La viabilidad jurídica del proyecto;

d) En su caso, la rentabilidad social del proyecto;

e) La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público-privada;

f) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto federales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el proyecto;

g) La viabilidad económica y financiera del proyecto, y

h) Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a celebrar. En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de dicho sector;

II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo párrafo del artículo 26 de esta Ley, y

III. No se trate de propuestas no solicitadas previamente presentad as y ya resuelt as.

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las fracciones del párrafo anterior, sin que pueda establecer requisitos adicionales .

Si la propuesta no solicitada incumple alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, o los estudios se encuentran incompletos, no será analizada.

En los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente al Congreso de la Unión, se deberán señalar las propuestas no solicitadas que las dependencias y entidades hayan recibido durante el período que se reporta, que cumplan con todos los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 29. ...

...

Para la evaluación de la propuesta no solicitada deberá considerarse, entre otros aspectos , la alineación a los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales, institucionales, especiales o regionales; larentabilidad social del proyecto de asociación público-privada, en caso de ser aplicable; la conveniencia para llevar a cabo dicho proyecto mediante un esquema de asociación público-privada; las estimaciones de inversiones y aportaciones, y la viabilidad económica-financiera.

Artículo 31.Si la propuesta no solicitada es procedente y la dependencia o entidad decide celebrar el concurso, éste se realizará conforme a lo previsto en el capítulo cuarto de la presente Ley y las disposiciones siguientes:

I.y II. ...

III. La dependencia o entidad podrá contratar con terceros, conforme al artículo 20 de esta Ley, laevaluación de los proyectos o la realización de estudios complementarios que se requieran para convocar al concurso;

IV.a VII. ...

Artículo 59. ...

I. ...

II.El juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

...

Artículo 64. ...

I.a VI. ...

...

No procederá la adjudicación directa tratándose de propuestas no solicitadas a que se refiere el capítulo tercero de la presente Ley.

Artículo 91. ...

Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que dicha sociedad deberá cumplir.

Artículo 92. ...

I.a VIII. ...

IX. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización de la dependencia o entidad contratante;

X.a XII. ...

XIII.Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato y sus efectos , incluyendo las obligaciones, reembolsos y penas convencionales que, según sea el caso, deriven de las mismas,así como los términos y condiciones para realizarlas;

XIV.a XVI. ...

...

Artículo 99.Cuando en las bases del concurso se prevea que el desarrollador otorgue garantías, el monto de éstas ,en su conjunto ,no deberá exceder:

I.y II. ...

...

...

Artículo 112.La dependencia o entidad contratante podrá intervenir en la preparación, ejecución de la obra, prestación de los servicios o, en cualquier otra etapa del desarrollo de un proyecto de asociación público-privada, cuando a su juicio el desarrollador incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro el desarrollo mismo del proyecto.

...

En estos supuestos, y según se haya convenido en el contrato respectivo, la dependencia o entidadpodrá proceder a la rescisióndel propio contrato.

Artículo 113.En la intervención, corresponderá a la dependencia o entidad contratante la ejecución de la obra o prestación del servicio, así como recibir, en su caso, los ingresos generados por el proyecto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 115 de la presente Ley. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar el personal que el desarrollador venía utilizando o contratar a un nuevo constructor u operador en términos de la presente Ley.

...

Artículo 142. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo a actos referidos a la presente Ley o a las disposiciones que de ella emanen, los particulares deberán otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios que puedan llegar a originarse en términos de las disposiciones jurídicas que rigen dichos procedimientos.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los proyectos de asociaciones público-privadas que se encuentren en proceso de autorización a la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán a las disposiciones del mismo.

Tercero.El Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones que, como consecuencia de lo previsto en el presente Decreto, sean necesarias al Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, a más tardar a los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto.

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), presidente; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), Olga María Esquivel Hernández (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Otniel García Navarro (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Rubén Alejandro Garrido Muñoz (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), José Antonio Estefan Garfias (rúbrica), Sergio López Sánchez (rúbrica), Tomás Octaviano Félix (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica en contra), Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), Jesús Rafael Méndez Salas (rúbrica), Alejandro González Murillo (rúbrica), secretarios; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Alfredo del Mazo Maza (rúbrica), Ricardo David García Portilla (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica), David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Adriana del Pilar Ortiz Lanz, María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), Francisco Javier Santillán Oceguera (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica), Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbrica), José Antonio Salas Valencia (rúbrica), Norberto Antonio Martínez Soto, Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), Remberto Estrada Barba (rúbrica), Quirino Ordaz Coppel (rúbrica), Emilio Enrique Salazar Farías (rúbrica), Juan Romero Tenorio (rúbrica en contra), René Cervera García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Esta Presidencia saluda a productores de café, quienes representan a 4 millones de productores de los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo y Nayarit, invitados por los diputados Leonardo Guirao Aguilar, Carlos Barragán Amador, Miguel Ángel Sedas Castro y Javier Octavio Herrera Borundas. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario, amigas y amigos.

PRONUNCIAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Vamos a dar a continuación lectura al siguiente pronunciamiento:

El pasado 19 de octubre, en tiempo y forma la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos así como la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016, mismas que se encuentran como minutas en el Senado de la República, conforme lo establece el proceso legislativo constitucional.

La Cámara de Diputados expresa categóricamente que en la Ley de Ingresos y en la Miscelánea Fiscal votadas por esta soberanía no se aprobó la creación de ningún impuesto nuevo, como tampoco el incremento de los existentes a los precios de la gasolina y del diésel respectivamente.

Esta Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes a investigar y, en su caso, a establecer las responsabilidades a que haya lugar a quienes hayan difundido dolosamente el presunto incremento del precio de dichos combustibles, a través de diversos medios de comunicación.

Lo aprobado por esta Cámara –hay que subrayarlo– no modificó la propuesta del Ejecutivo, que tampoco proponía ningún incremento al costo de los combustibles.

Estaremos, por supuesto, atentos a lo que resuelva la Colegisladora, por lo que toca a estos instrumentos fiscales que estará discutiendo en las próximas horas, y en caso de que sean devueltos a esta Cámara, las y los diputados resolveremos en el mismo sentido en que nos pronunciamos originalmente. Es decir, no se aprobará ningún incremento a los combustibles.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, sonido a la curul de la diputada Rocío Nahle, ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sobre el tema que acaba de tocar. Hay que señalar puntualmente nada más, que los dos impuestos que vienen en la Miscelánea Fiscal para la gasolina con mayor octanaje de 92 y los de menores de 92 quedaron fijos, no como en ocasiones anteriores que eran impuestos variables. Eso hay que considerar. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Bien.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas, ¿Con qué propósito?

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Con el propósito de rectificar los hechos que se están comentando. Me parece que el debate fiscal tuvo que haberse dado en las comisiones, se dio poco, por cierto. Seguimos esperando la explicación de 8 mil, casi 9 mil millones de pesos en el rubro aprovechamientos, otros, otros, que nadie ha explicado a qué se refiere.

Y si uno compara el pronóstico para los impuestos de gasolina de 2015, fue de 35 mil millones de pesos, y el de 2016 es de 250 mil millones de pesos. Entonces, creo que sí puede haber un tema de un incremento en ese sentido, pero efectivamente, el momento de discutirlo no fue en este momento y, por lo tanto, el documento que leyó me parece impropio porque no corresponde al momento en que el Congreso tiene que discutir los impuestos.

El diputado Julio Saldaña Morán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Julio Saldaña, por favor.

El diputado Julio Saldaña Morán(desde la curul): Sólo para manifestar que muy oportuna su aclaración, porque no es así como las notas periodísticas han querido vender, que aquí se incrementó la gasolina. Sólo quería reconocer su participación en la aclaración, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saldaña. Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, ¿con qué propósito, diputado? Adelante. ¿Ya no?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Declino.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Declina.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces, sonido acá, en la curul del diputado Cuitláhuac García, por favor.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Sí, diputado, insistiendo. No es posible que a nombre de la Cámara se dé esa opinión que usted acaba de leer. Se debió haber debatido en qué sentido estaban dándose los incrementos o no en la miscelánea fiscal. Hay un engaño ahí. No se olvide que se liberó el precio de la gasolina. Eso es importante señalarlo también y usted lo omite ahí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Debo ilustrar a la asamblea que esta Presidencia recibió de la Junta de Coordinación Política un acuerdo según el cual se hiciera un pronunciamiento con este contenido al que yo le he dado lectura. Y que todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en hacer un pronunciamiento en el sentido de aclaración. Ésta es la información que a esta Presidencia y a la Mesa Directiva, en sesión previa a este pleno se le hizo llegar. Y nosotros lo asumimos con toda responsabilidad, además de la convicción propia de esta Presidencia.

El diputado Federico Döring Casar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Federico Döring, por favor.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Sí, señor presidente. Dejar claro que ésta es una petición que hizo ayer por unanimidad la Junta de Coordinación Política y que respaldan todos quienes asistieron y pidieron que fuera usted como representante legal de esta Cámara quien aclarara la maledicencia y el rumor falso del supuesto incremento del precio de la gasolina, que no se sostiene ni lo que aquí se votó ni lo que aquí se remitió al Senado de la República. Cuente usted con el respaldo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Döring.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Jesús Valencia, acá.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente. Yo creo que no se puede argumentar que no hubo debate, hubo un fuerte debate tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Presupuesto al respecto, donde todos tuvimos la oportunidad de decir lo que sentíamos que estaba mal de cada uno de los dictámenes. Yo creo que hubo suficiente debate, por tanto, en la fracción parlamentaria del PRD nos sumamos a lo que usted ha comentado, porque además es un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Pedro Noble, por favor.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente, fue abundantemente explorado todo el tema fiscal, fue exhaustivamente debatido y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que usted acaba de referir, está en lo correcto y es atribución de la Presidencia hacer esa mención. En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos con esta propuesta. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Noble.

El diputado Rogerio Castro Vázquez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul del diputado Rogerio Castro.

El diputado Rogerio Castro Vázquez (desde la curul): Presidente, nada más pedirle a algunos diputados de esta asamblea, que están diciendo que Morena difundió un rumor en los medios de información y acusando de manera falsamente a nuestro grupo parlamentario.

Nosotros lo que hicimos fue advertir sobre esto que se estaba modificando, más no hemos llevado a cabo ningún falso rumor en ningún medio de información. Por favor, nada más para aclararlo, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se respeta desde luego su dicho, diputado Castro, pero esta Presidencia no tuvo conocimiento de que en la reunión de la Junta de Coordinación Política el día de ayer se haya hecho alguna referencia en tal sentido. Ahí estuvo representado el Grupo Parlamentario de Morena, al que usted pertenece y por lo tanto el pronunciamiento no tiene nada que ver con supuestos dichos que pudrían andar por ahí circulando en algunos corrillos.

Creo que están suficientemente claras las consideraciones de cada quien, está hecho el pronunciamiento y creo que suficientemente también aclarados los temas ante la opinión pública que es la destinataria principal de este mensaje de esta soberanía.

INICIATIVAS LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al capítulo de Iniciativas. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con su permiso, señor presidente. Gracias. Quisiera, primero que nada hacer un breve resumen, en razón de que el documento está íntegro ya en la Gaceta para efectos de que puedan tener conocimientos todos mis compañeros diputados de lo que se trata.

Decir que para 2012 entraron en vigor una serie de reformas en materia de narcomenudeo, en donde se entregaron facultades y obligaciones a los estados y los municipios, dentro de estas facultades y obligaciones que se entregaron a estados y municipios vienen parte de las relativas que tienen que ver con los centros de desintoxicación, en donde se establece la obligación a las entidades federativas de poder consolidar en las principales ciudades centros que sean del Estado y que permitan la rehabilitación y reinserción de quienes tienen este problema.

Quienes hemos vivido de 2007 para acá una circunstancia de inseguridad que hemos ido solucionando poco a poco, trabajando junto con la sociedad, vemos que este es un problema que debemos atender, poder garantizar mediante una reforma a la Ley General de Salud una verdadera revisión de los centros de desintoxicación, de los centros de deshabituación a las drogas. Porque no tenemos claridad de cuántos son, dónde están y cuántas personas están dentro de ellos.

No tenemos claridad, a partir de esta reforma, de cuántos han ingresado, de cómo salen y cómo se reinsertan en la sociedad. Tenemos registros de 1994 a 2011 de que han ingresado un poco más de 216 mil personas. El 86.5 por ciento de ellos han ingresado hasta 10 veces a estos centros y no sabemos el resultado que tienen.

Por ello, propongo esta reforma que permita una verificación, que permita una autorización, inspección, vigilancia y registro de todos los centros públicos y privados especializados en el tratamiento, a fin de tener una base de datos que sea confiable.

Establecer también líneas generales para los programas que permitan una reinserción del adicto a la sociedad, porque cada centro tiene su propio programa, cada centro tiene su propia historia y no tenemos una posibilidad de tener un programa que sea adecuado y que permita la reinserción de estas personas que padecen de esta enfermedad.

Esta supervisión que planteamos busca que las condiciones físicas del lugar sean adecuadas, que tenga un funcionamiento administrativo adecuado; porque muchas veces reciben apoyo del gobierno federal o estatal y no tenemos transparencia en el manejo que estos apoyos brindan o en el manejo de estos apoyos que tienen.

Capacitación del personal, operación de sistemas de tratamiento y promover, una vez realizado este proceso, una serie de certificaciones que les permitan acceder a los recursos públicos del gobierno federal y de los gobiernos estatales, y por qué no, de los gobiernos municipales.

De lo que se trata esta reforma que planteo es que se pueda garantizar que los centros sirvan para rehabilitar, que los centros sirvan para lograr una salud pública adecuada de las ciudades que se han convertido ya, no solo en el paso de drogas hacia Estados Unidos, sino en el lugar en donde se quedan. Y eso se convierte también en caldo de cultivo para la delincuencia organizada, en donde se promueve la propia distribución al interior de estos centros, y se promueve la delincuencia, se promueve la inseguridad.

En ese orden de ideas, pido el respaldo de esta soberanía a estas iniciativa que plantea, como ya lo comentó el presidente, una reforma para poder crear en este proyecto de decreto, modificar el artículo 192, 192 Bis, el 192 Quáter de la Ley General de Salud, a efecto de establecer nuevas obligaciones y atribuciones, así como fortalecer las ya existentes de las autoridades federales, de autoridades locales, respecto el tratamiento, atención y rehabilitación de las adicciones. Dando paso así también, a una vez certificados poderles dotar de presupuesto a las entidades federativas para poder coadyuvar con los privados a garantizar una efectiva atención en este problema que lacera a las jóvenes y que no solamente ya está en los jóvenes, sino también, en los mayores de 40 años. Es cuanto, señor presiente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, César Alejandro Domínguez Domínguez, en su carácter de diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude a presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la Ley General de Salud, en relación con los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación de las adicciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. En México, el abuso de las sustancias denominadas como psicotrópicas, narcóticos o drogas ilegales, constituye uno de los problemas más serios; éste afecta principalmente a niños y adolescentes de toda la nación, siendo el segmento poblacional más vulnerable para el consumo de estas sustancias, sin embargo, el problema no distingue entre edad, género, condición social, económica o cultural, lo que afecta considerablemente las posibilidades de un desarrollo pleno, sano y socialmente productivo.

En la actualidad, nuestro entorno se encuentra invadido por las drogas en sus diferentes manifestaciones; hablamos de un fenómeno cambiante que no sólo incluye su consumo y dependencia, sino también su producción, tráfico y distribución. Al ser esta una problemática compleja que afecta de manera indistinta a todos los sectores de la población y teniendo consecuencias graves para la seguridad y salud públicas del país, resulta necesario un enfoque distinto que permita enfrentarla desde el Poder Legislativo, en coordinación con los otros Poderes y los tres órdenes de gobierno.

Ahora bien, el consumo y dependencia de sustancias adictivas es un componente generador de efectos negativos a nivel individual, familiar y social; podemos señalar de forma enunciativa más no limitativa algunos de ellos, tales como: lesiones, accidentes, complicaciones de salud, trastornos en el estado de ánimo, problemas laborales, aparición de conductas violentas, delictivas, entre otros.

II. Resulta ilustrativo señalar que desde el año de 1984 se reconoce este problema como de salubridad general dentro de la Ley General de Salud; asimismo, derivado del Programa Nacional de Salud de 1983-1988 fue estructurado el Consejo Nacional contra las Adicciones; sin embargo, no es hasta 1997, que se incluye como prioridad para su atención por parte de la Secretaría de Salud, no únicamente por el daño directo en el plano individual y colectivo, sino también por el costo que representa.

La Ley General de Salud reconoce la atención de las adicciones en el título décimo primero, “Programas contra las adicciones”. En él se consideran enfermedades como el alcoholismo y la farmacodependencia. Ahora bien, la NOM-028-SSA2-2009 “para la prevención, tratamiento y control de las adicciones” establece detalladamente los procedimientos y lineamientos para atender a las mismas de manera integral.

Esta normatividad puntualiza el concepto de adicción o dependencia, para referirse a ella como “el estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, caracterizado por modificación del comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar dicha sustancia en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación”.

III. El día de hoy podemos afirmar que el consumo de drogas se ha transformado con el paso del tiempo; la producción y distribución internacional, así como los intereses de grupos delictivos, han favorecido tremendamente a que el uso de dichas sustancias dañinas llegue a un nivel desintegrador. Lamentablemente el fenómeno forma parte del mundo en que vivimos, que a primera vista pudiera parecer inofensivo, no obstante, debemos evitar una postura indiferente y de aceptación, ya que en realidad representa una grave amenaza para toda la sociedad.

Cabe resaltar que en México existen diversas investigaciones que de una u otra forma revelan la problemática y las repercusiones del consumo de drogas. Destaca la Encuesta Nacional de Adicciones, la cual tiene por objeto fundamental la evaluación del uso de estas sustancias en nuestro país. En 2011 se determinó que la región norte del territorio nacional es la que ostenta los índices más altos, seguida por la zona centro, y por último la sur, que permanece desde hace algunos años con las menores cifras.

De igual forma, de los 616 mil 366 registros acumulados durante el periodo 1994-2011 en centros de rehabilitación por el Sisvea, 86.5 por ciento ha ingresado 10 o menos veces en un centro para tratamiento y mostró que 90.2 pertenecen al sexo masculino y 9.8 al femenino. Del mismo modo, por diversos las personas solicitaron ayuda, 45.4 por ciento acudió de manera voluntaria, en tanto que 39.8 fue llevado por amigos o familiares, 10 fue motivo de una indicación de carácter legal y 1.9 por una indicación médica, de la escuela o el trabajo. También se muestra que 62.1 por ciento se encontraba con empleos inestables o no tenía empleo, y otro 27.0 refirió tener alguna actividad laboral estable.

Según las mismas cifras, las primeras 5 drogas de inicio (legales e ilegales) fueron alcohol, 39.2 por ciento; marihuana, 21.7; tabaco, 20; inhalables, 8; y cocaína, 5, en contraste con las de impacto, que fueron alcohol, 29.9 por ciento; cocaína, 18.1; cristal, 14.3; heroína, 13.1; y marihuana, 11.2.

Ahora bien, la Envipe de 2014 informa que en 2013 se cometieron 18.2 millones de delitos en los que las víctimas estuvieron presentes en el momento de llevarse a cabo la acción delictiva; destaca el hecho de que en poco más de 5 millones de ellos, las víctimas pudieron percibir que el o los delincuentes estaban bajo el influjo de sustancias adictivas y además 3.9 millones no estaban seguro de si lo estaban.

No está por demás mencionar que según el Inegi, entre 2003 y 2013 fallecieron 34 mil 572 personas por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas; es decir, hay un promedio de 3,450 casos anuales, lo que se traduce en casi 10 muertes diarias.

En el mencionado análisis del Sisvea se logró identificar que 2009 –cuando se llevó a cabo el estudio– en 21 estados de la república se contabilizaron 4 mil 652 defunciones asociadas a violencia en las que se acreditó el consumo de sustancias adictivas.

Asimismo, una investigación del Poder Legislativo nos muestra que según la Encuesta Nacional de Adicciones realizada por la Comisión Nacional contra las Adicciones en 2002, 2008 y 2011, las tendencias de drogadicción en la población total de 12 a 65 años ha ido en aumento. Es decir, por lo que toca a la clasificación en consumo de cualquier droga en 2011 se obtuvo 1.8 por ciento; en 2008, 1.6; y en 2002, 1.3. En lo relativo a la dependencia al alcohol en la población total de la misma edad, en la encuesta de 2011 el consumo de alcohol fue más alto que en los otros años: 6.2 por ciento, en contraste con el de 5.0 de 2008 y el de 4.1 de 2002.

En el país se pueden identificar ciertas tendencias, es decir, se ha incrementado en todas las entidades federativas el uso y abuso de sustancias adictivas; se ha reducido la edad en el inicio de su consumo; y existe una clara relación entre la incidencia delictiva, la falta de empleo, e incluso las defunciones anuales, con el uso y la dependencia a las drogas, ya sean estas legales o ilegales.

En ese contexto, por el incremento en los trastornos y conductas adictivas que aquí se mencionan la capacidad del Estado para su oportuna atención, se ha visto rebasada; de ahí que recientemente han surgido instituciones que aparentemente buscan responder a tal insuficiencia, sin embargo, en numerosas ocasiones suelen hacerlo en la ilegalidad, incumpliendo con la normatividad requerida.

Estos centros o clínicas de rehabilitación han superado a sus similares con carácter público bajo la responsabilidad estatal, tan es así, que al día de hoy no se tiene una cifra exacta de cuántos establecimientos privados o sociales se encuentran funcionando, ni tampoco se sabe a ciencia cierta su localización y técnicas de operación. Es conocido que muchas veces son instalados en domicilios particulares, ofreciendo métodos que no tienen certificación, y con personal ausente de la capacidad profesional requerida, no se diga de las condiciones de seguridad, higiene y atención médica.

La ilicitud en su operación, su poca transparencia y escasa vigilancia, favorecen la conformación de intereses completamente ajenos a la delicada tarea que tienen a su cargo, creando bajo condiciones deplorables tratamientos simulados, que muchos pueden ser calificados como torturas, privaciones y agresiones que transgreden constantemente derechos fundamentales. Pero no sólo eso, lamentablemente es frecuente encontrar también la realización de hechos delictivos como extorsión, trata de personas, narcomenudeo, entre otros no menos importantes y que de igual forma son graves y atentan la integridad de los individuos y de toda la población.

Es evidente que en ocasiones estos centros en lugar de hacer alguna aportación positiva a la situación, la empeoran. Es forzoso que, si la existencia de estos establecimientos es imprescindible, se vele por una atención integral, adecuada y eficiente, con respeto a la ley y una irrestricta observancia a los derechos humanos.

IV. Como parlamentarios, la prevención debe encontrarse dentro de nuestras prioridades en la agenda legislativa; existen temas como el que hoy nos ocupa, que requieren de soluciones anticipadas para evitar que las circunstancias persistan y se agraven. Estamos al tanto de que en el escenario internacional, el tratamiento de estos asuntos se ubica en una zona vital; es decir, subsisten estrategias encaminadas en el mismo sentido, por lo que México debe ensamblarse de manera coordinada con esa tendencia.

Dicho lo anterior, nos manifestamos a favor y reconocemos todas aquellas acciones, programas y reformas que atienden la problemática de adicciones y su tratamiento en centros de rehabilitación; creemos también que aún falta camino por recorrer, por lo que proponemos al Pleno un proyecto de Decreto para modificar los artículos 192, 192 Bis y 192 Quáter de Ley General de Salud, a efecto de establecer nuevas obligaciones y atribuciones, así como fortalecer las ya existentes, de las autoridades federales y locales responsables en del tratamiento, atención y rehabilitación de las adicciones.

Conscientes estamos de que las modificaciones aquí propuestas, en caso de ser impactadas formalmente en nuestra legislación, no solucionarán por sí solas el problema, sin embargo creemos ampliamente que significarán un gran avance hacia los fines enunciados.

V. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 192, cuarto párrafo, fracciones I, II y III; 192 Bis, fracciones VIII y IX; 192 Quáter, párrafos primero y segundo, recorriéndose este último como párrafo cuarto, y fracciones I y II; y se adicionan los artículos 192, con una fracción III; 192 bis, con una fracción X; 192 Quáter, con tres párrafos y fracciones III y IV, todos de Ley General de Salud, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 192. ...

...

...

De conformidad con los términos establecidos en esta ley, el programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y demás disposiciones aplicables, los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos;

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las personas que consuman estupefacientes y psicotrópicos ; y

III. Ejercer las funciones de verificación, autorización, inspección, vigilancia y registro de todos aquellos centros públicos, privados y sociales especializados en el tratamiento, atención y rehabilitación de las adicciones que se encuentren dentro de su territorio.

Artículo 192 Bis. Para los efectos del programa nacional se entiende por

I. a VII. ...

VIII. Investigación en materia de farmacodependencia: Tiene por objeto determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo; construyendo las bases científicas para la construcción de políticas públicas y los tratamientos adecuados para los diversos tipos y niveles de adicción; respetando los derechos humanos y su integridad ;

IX. Suspensión de la farmacodependencia: Proceso mediante el cual el farmacodependiente participa en la superación de su farmacodependencia con el apoyo del entorno comunitario en la identificación y solución de problemas comunes que provocaron la farmacodependencia ; y

X. Centro especializado en adicciones: Establecimiento de carácter público, privado o social, que proporciona servicios para la atención, tratamiento y rehabilitación de personas con un consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas.

Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento de las adicciones, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear, y en su caso, autorizar la creación y permanencia decentros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación lo menos restrictivos posibles, con un enfoque de reinserción integral y de irrestricto respeto a los derechos humanos, los cuales en ningún caso podrán consistir en tratamientos irreversibles que vulneren la integridad física, psíquica y moral o pongan en riesgo la vida.

Para el ingreso a los centros que se refiere el párrafo anterior, deberá constar el consentimiento por escrito, en donde se expresen de manera clara las obligaciones y derechos de la persona que recibirá el tratamiento. Dicho consentimiento deberá ser otorgado por el propio adicto, o por quien legalmente pueda otorgarlo.

En cualquier caso, dichos derechos y obligaciones deberán ser comunicados a los familiares más cercanos, mismos que podrán hacer del conocimiento de la autoridad las irregularidades o deficiencias que detecten en el servicio.

Las autoridades a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en el ámbito de sus respectivas competencias y en un plano de coordinación y colaboración, deberán

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos , privados y sociales que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de adicciones, que contenga las características de atención, tratamiento, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen ;

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de adicciones, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen ;

III. Supervisar, verificar, certificar y evaluar a los centros especializados en adicciones:

a) las condiciones físicas del establecimiento;

b) el funcionamiento administrativo;

c) la capacitación del personal;

d) la operación de los sistemas y procesos de tratamiento; y

e) el cumplimiento de las obligaciones emanadas de esta ley y demás disposiciones generales aplicables; y

IV. Atender y dar seguimiento a las sugerencias, solicitudes, quejas y denuncias relativas a los centros especializados en adicciones, que tengan conocimiento.

Cuando en el ejercicio de las obligaciones referidas en las dos fracciones anteriores, cualquier autoridad advierta la posible comisión de un delito, deberá comunicarlo de inmediato al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las autoridades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán comunicar a los centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación de las adicciones, la obligación que tienen de dar a conocer al interesado en el internamiento de algún adicto, los derechos y obligaciones de la persona que recibirá el tratamiento, así como de las herramientas jurídicas a su alcance para su ingreso y permanencia en el mismo.

Económico.Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta con carácter de decreto, en los términos que deba publicarse.

Notas:

1 Secretaría de Salud. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones/Centros de Tratamiento y Rehabilitación no Gubernamentales, 1994-2011.

2 Inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2014. Tabuladores básicos.

3 Inegi. Registros Administrativos de Mortalidad . Defunciones generales por residencia habitual del fallecido y causa de la defunción.

4 Análisis sobre las principales adicciones en México (alcoholismo, drogadicción y tabaquismo) y sus respectivos programas de prevención. Principales encuestas a nivel nacional. Maestra Claudia Gamboa Montejano, investigadora parlamentaria. Cámara de Diputados, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Abril de 2013.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputados: César Alejandro Domínguez Domínguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Yolanda De la Torre Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Domínguez. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Federico Döring Casar:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En términos jurídicos se reconoce que una legislación es imperfecta cuando la conducta señalada en la misma no tiene una sanción exacta aplicable. Y ese es uno de los muchos síntomas de nuestro modelo y sistema electoral actual.

Desde el año 2000 a la fecha, el anterior IFE o INE, ha impuesto multas por más de 3 mil millones de pesos a los partidos políticos derivados de faltas durante procesos electorales. Tan solo el año pasado, en el corriente ejercicio, mejor dicho, de este año, se impusieron multas por 221 mil 715 547 mil pesos. La más alta registrada es en el año de 2004, donde llego a 672 millones, 914 mil 498 pesos.

Pero tenemos un nuevo problema. En el pasado proceso electoral, el criterio que sostuvo la mayoría de consejeros y que sostuvieron un par de partidos políticos, es que todas las faltas cometidas en el modelo de comunicación política, al no estar perfectamente tipificadas y no estar asentado con claridad que deben de ser combatidas y sancionadas en el ámbito en el cual concurrieron, es decir que las faltas que se lleven a cabo en el modelo de comunicación política se deben de sancionar en términos del modelo de comunicación política, derivaron en multas.

Y si bien, el multar una conducta indebida es un buen mensaje, no es un mensaje suficiente, porque ha venido subiendo históricamente el saldo que impone en multas de autoridad electoral.

Todas las multas tienen un buen destino, esa es la única cosa que podemos festejar de las multas a los partidos políticos, que es que por ley, por mandato de ley se canalizan al Conacyt.

Lo que nosotros venimos a plantear, es la reforma al artículo 41 y 54, para que las faltas que cometan los partidos políticos en el modelo de comunicación política, se sancionen en ese ámbito competencial y espacial, con la cancelación y suspensión de las pautas originadas a través de las cuales cometieron las faltas y no sólo a través de una sanción económica, y lo queríamos elevar a rango de ley, para después plasmarlo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No sólo eso, también venimos a plantear lo que podríamos conocer como el umbral del fair play electoral. No es ético, no es moral, no es correcto que un partido político que recibe multas por encima de su financiamiento de campaña tenga acceso a la representación proporcional.

No tiene lógica política que alguien que genera más multas que el dinero con el cual compitió, alguien que en términos económicos es deficitario por que más que gastar el dinero, rebasó con multas lo que le otorgaron los ciudadanos para competir, o dicho de otra forma, quien es más tramposo en su contienda que probo en el manejo del dinero público para competir, no puede ser premiado con el reparto de las curules y los escaños de representación proporcional.

El estímulo a hacer trampa es un estímulo muy grande. Hacer trampa en un modelo de comunicación política, acumular multas por encima del dinero que se le otorgó para hacer campaña, y luego ser premiado con curules, escaños y/o gubernaturas en un proceso concurrente federal con procesos locales.

Doy lectura breve, señor presidente, al texto del decreto que propongo:

Artículo 41 –se adicionan dos párrafos– el partido que un mismo proceso electoral hubiere acumulado sanciones económicas superiores al monto de su financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto, perderá el derecho a que les sean asignados diputados por el principio de representación proporcional.

Durante los procesos electorales, las violaciones constantes, graves o reiteradas de un partido político a lo estipulado en esta Constitución y a la legislación en la materia, podrán ser sancionadas con la oportuna suspensión, temporal o definitiva, de sus pautas en radio y televisión; la acumulación de la gravedad y la reiteración en las conductas ilícitas se sancionará con la cancelación definitiva del registro del partido infractor.

Artículo 54. ...

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional, salvo en el caso dispuesto en el artículo 41, Base VI, párrafo sexto, de esta Constitución;

La trampa, la multa en exceso, no puede ser premiada con diputaciones y senadurías de representación proporcional. Pido que se integre íntegra la exposición de motivos al Diario de los Debates, señor presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o., fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de sanciones por violaciones constantes, graves o reiteradas a la normatividad electoral, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

Con la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recayó al último de los medios de impugnación relativo a la integración de la Cámara de Diputados correspondiente a la LXIII Legislatura, concluyó, tanto en el ámbito administrativo, como en el ámbito jurisdiccional, el proceso electoral federal 2014 – 2015. No obstante que el objeto de este proceso electoral federal se ha cumplido –la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados–, aún existen actos jurídicos impugnados, o en vías de realización, que se derivan del propio proceso.

Ha sido este el primer proceso electoral que se desarrolla conforme a las nuevas disposiciones que fueron producto de la reforma constitucional y legal en la materia, que data de 2014. Y como ha sido recurrente en los últimos años, cada que concluye un periodo electoral es momento propicio para evaluar los beneficios y perjuicios en la aplicación de la normatividad vigente. Estas necesarias evaluaciones son las que nos han permitido, en las últimas décadas, construir un sistema electoral que está en proceso de mejoramiento continuo. No podría ser de otra manera, pues la materia electoral no es estática y sus disposiciones son inacabables y deben ser constantemente adecuadas a la realidad.

Por lo que hace al régimen sancionatorio electoral mexicano, las violaciones a la normatividad en la materia generan sanciones fundamentalmente de carácter pecuniarias; esto es así toda vez que el bien jurídico que se tutela es el derecho de votar y ser votado; derechos constitucionales que se ejercen de forma efectiva en la medida en que se fortalece el sistema de partidos, pues es la competencia electoral la que da sustento a aquellos modelos que aspiran a la renovación periódica de los poderes políticos mediante sistemas electorales democráticos. Siendo así, en esta materia las sanciones distintas a las de carácter pecuniario solo pueden justificarse por la gravedad de la falta, pues de lo contrario podría atentarse contra la competencia electoral.

La atribución exclusiva del Estado para la aplicación de sanciones por la comisión de conductas antijurídicas, el ius puniendi, es instrumentado a través del régimen del derecho administrativo sancionador, particularmente, mediante sanciones pecuniarias; así fue dispuesto por el legislador ordinario e interpretado por el impartidor de justicia en esta materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la Tesis XLV/2002, bajo el rubro “Derecho administrativo sancionador electoral. Le son aplicables los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal”, en la cual se establece:

“... no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima”.

Tenemos entonces que la imposición de sanciones en materia electoral, aun siendo éstas de naturaleza administrativa, debe sujetarse a los principios constitucionales que norman la impartición de justicia en México, a efecto de evitar la discrecionalidad y, por el contrario, generar la graduación adecuada de la sanción para el caso concreto.

Las violaciones a las disposiciones normativas por parte de los partidos políticos, y en consecuencia, las sanciones a estas, son muy frecuentes. Tan solo del año 2000 a la fecha, la autoridad electoral ha resuelto sancionar a los partidos políticos en 5899 ocasiones, resoluciones que suman más de 3 mil millones de pesos, como se aprecia en el siguiente cuadro:

En la medida en que los competidores hacen de la violación a la normatividad un medio para la consecución de sus fines, se debilita al sistema electoral y se desvirtúa el modelo democrático. De ahí la relevancia de la estricta aplicación de las medidas sancionatorias a las violaciones a la legislación electoral que cometen los partidos.

En esta tesitura, el proceso electoral recientemente concluido ha evidenciado una seria debilidad de nuestro sistema electoral, y que debe ser corregida a la brevedad. Se apuesta por hacer ineficaz el régimen sancionatorio electoral, en la medida en que éste no logre inhibir la comisión de conductas ilícitas por parte de los partidos o candidatos. Me refiero a la reiterada, orquestada, calculada y sistemática violación a las disposiciones en materia electoral que han hecho tanto candidatos, como dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, con el objeto de obtener un beneficio en el resultado de la jornada electoral.

En efecto, como puede apreciarse en el siguiente cuadro, durante el proceso electoral 2014 – 2015 han sido distintas y reiteradas las violaciones a la normativa electoral por parte de este partido.

Aunado a lo anterior, estos procedimientos que se enlistan son denuncias al mismo partido por infracciones a la normatividad sobre las que aún no recae sanción de autoridad competente:

- incumplimiento de medidas cautelares para retirar propaganda fija

- Incumplimiento cautelares entrega de boletos de cine.

- Incumplimiento cautelares entrega tarjetas platino.

Incumplimiento cautelares entrega de utilitarios prohibidos kit escolar.

- Uso indebido del padrón electoral.

- Adquisición de tiempo en televisión a través de la contratación de vallas en estadios de futbol.

- Utilización de la frase “El Verde sí cumple” en spots de campaña y propaganda fija que actualiza la violación al modelo de comunicación política por sobreexposición indebida y actualiza también los actos anticipados de campaña.

- Utilización indebida de la pauta: spots de campaña local (Chiapas) en pauta federal.

Tal cantidad de violaciones a la normatividad electoral, generó una petición ciudadana al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que se iniciara procedimiento de pérdida de registro a ese partido, firmado por diversos líderes de opinión y respaldados por firmas de ciudadanos a través de la plataforma change.org.

En suma, el Partido Verde Ecologista de México, ha violentado los 3 preceptos constitucionales que primordialmente garantizan la equidad en la contienda electoral, a saber: el modelo de comunicación política, el modelo de financiamiento público, y el principio de imparcialidad de los servidores públicos, causando un daño irreparable a la competencia en proceso electoral.

Ahora, ¿Cómo se puede valorar el grado de gravedad causado por las recurrentes violaciones a la ley por parte de este partido? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado, a través de diversas sentencias, que para que se configure la figura de una violación sistemática de la ley se deben reunir varios elementos, tomado en cuenta para calificar la sistematicidad:

a) Elemento conductual

1. Pluralidad de conductas. Si se presenta una sola conducta, entonces no puede haber sistematicidad. En el caso concreto quedado claro que el partido político citado ha realizado una pluralidad de conductas que han trastocado el marco jurídico electoral.

2. Relación estrecha entre esas conductas. Coordinación, uniformidad e identidad de las conductas.

b) Elemento temporal

1. Pluralidad de ocasiones. Las conductas deben haberse cometido en diversos momentos.

2. Relación temporal entre las conductas. Conexidad, coincidencia y simultaneidad de las conductas en el tiempo. Aquí, se entiende que hace referencia a que las conductas deben cometerse dentro de un mismo periodo.

c) Elemento comisivo. Puede verse la sistematicidad si las diversas conductas aparecen coincidente y simultáneamente en diversos medios (radio y televisión, propaganda fija, móvil, e internet).

d) Elemento teleológico. Las diversas conductas deben perseguir un fin común, esto es, deben tener unidad teleológica (por ejemplo, la exposición o promoción de un candidato o partido).

e) Elemento fraudulento. Estructuras o mecanismos paralelos y ocultamiento de conductas para, al final, obtener un beneficio.

De todo lo anterior, se puede advertir que los conductas ilícitas cometidas por el Partido Verde Ecologista de México durante el Proceso Electoral 2014 – 2015, han sido de tal gravedad, que cualquier sanción pecuniaria resultaría insuficiente para resarcir el daño que ha generado a la competencia electoral, pues finalmente se trata de recursos públicos proporcionados por el propio Estado que, si bien dejará de percibirlos, no representan ninguna merma a sus activos porque se trata de recursos con los que hoy en día no cuenta, y a cambio de dejar de percibir tales recursos por violar la ley, ha obtenido un beneficio tangible en su pretensión final: incrementar el número de diputados que contendieron con sus siglas, al pasar de 27 en la LXII Legislatura, a 47 en la LXIII Legislatura.

Siendo así, la única manera de evitar que en el futuro un partido apueste por la ecuación, según la cual, vale la pena pagar el costo de las sanciones pecuniarias por violar la ley a cambio del crecimiento electoral, es propiciar que tales sanciones impacten en el objetivo final del partido infractor, el crecimiento electoral.

II. Argumentación de la propuesta

La presente propuesta tiene por objeto dotar de herramientas eficaces a las autoridades electorales –tanto administrativa como jurisdiccional– para evitar que en futuros procesos electorales se vuelvan a repetir situaciones vergonzantes de violaciones recurrentes a la ley, cuyas sanciones resulten ineficaces para la inhibición de la conducta ilícita, como ha acontecido en el más reciente proceso electoral. La propuesta consiste en establecer, con claridad y precisión en la norma constitucional, sanciones por la comisión de violaciones constantes, graves o reiteradas a las disposiciones electorales por parte de los partidos políticos.

En nuestro país, el régimen sancionador electoral se encuentra descrito en la legislación secundaria de la materia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 456 de este cuerpo normativo dispone que, respecto de los partidos políticos, las sanciones irán desde amonestación pública hasta la cancelación del registro del partido infractor, pasando por la sanción pecuniaria, la reducción en su financiamiento público, y la suspensión en la transmisión de sus pautas en radio y televisión.

No obstante, resulta inconcuso que una amonestación pública está muy lejos de llegar a ser una sanción eficaz para la inhibición de la conducta ilícita, pues no hay ningún impacto, ni en las prerrogativas del infractor, ni en su condición jurídica, que le generen un perjuicio.

Con relación a la sanción pecuniaria y a la disminución de hasta cincuenta por ciento del financiamiento público al infractor, como ya hemos expuesto, tampoco han resultado en sanciones efectivas que eviten la conducta antijurídica. Por lo que hace al caso que hemos previamente analizado, el del Partido Verde Ecologista de México, este partido infractor decidió pagar el precio económico de la sanción y de la reducción de su financiamiento, a cambio de conseguir un beneficio mayor: la obtención de más cargos de elección popular; un crecimiento electoral con un costo real, el costo de las multas y de la reducción de financiamiento, y optó este partido por pagar el precio, al concluir que le era electoralmente redituable la violación a la ley.

La suspensión en la transmisión de las pautas de radio y televisión de un partido infractor, sí podría convertirse en una sanción efectiva para inhibir la comisión de conductas antijurídicas, pues el costo que representaría para un partido ausentarse de la contienda electoral en radio y televisión por uno o varios días, podría ser determinante para su resultado electoral.

Y desde luego, la cancelación del registro como partido político es la sanción más grave a la que puede hacerse acreedor un partido infractor, y dada su consecuencia jurídica, su efectividad depende sencillamente de su oportuna o inoportuna aplicación.

Tenemos entonces que, conforme a la experiencia que nos ha arrojado el recientemente concluido proceso electoral, tanto la sanción pecuniaria, como la disminución de hasta cincuenta por ciento del financiamiento público a un partido infractor, son sanciones que han perdido efectividad para la inhibición de conductas ilícitas. En tanto que la suspensión en la transmisión de pautas en radio y televisión, así como la cancelación del registro de un partido infractor, son sanciones cuya efectividad depende de su oportuna aplicación.

La sanción relativa a la suspensión de pautas, fue aplicada en este proceso electoral, pero no de manera oportuna, pues se dio solamente el último día de campaña, cuando la gran mayoría de los electores han decidido ya su voto; en tanto que la cancelación del registro fue discutida por la Comisión correspondiente de la autoridad administrativa, concluyendo que no había lugar para la aplicación de tan grave sanción, no obstante el amplio debate suscitado en la opinión pública al respecto de esta sanción.

Es por ello que proponemos fortalecer, desde el texto constitucional, estas disposiciones del régimen sancionatorio electoral, a fin de hacerlas más efectivas. También proponemos darle de nueva cuenta efectividad a la sanción pecuniaria; al respecto, se propone que aquel partido que en un mismo proceso electoral, acumule sanciones pecuniarias superiores al total de su financiamiento público para campañas, pierda el derecho de que se le asignen diputados por el principio de representación proporcional. Esto a efecto de establecer un límite a partir del cual, la comisión de conductas ilícitas, sancionadas por la autoridad electoral, tengan una consecuencia más allá de la económica; una consecuencia que sí afecte el objetivo final planteado por el infractor, que como ya hemos señalado, es el de incrementar sus cargos públicos de elección popular. Ya que la gravedad de la sanción debe ser proporcional a la gravedad de la falta, consideramos que la acumulación de sanciones económicas por encima del propio financiamiento asignado para campañas, representa un exceso que amerita la sanción propuesta.

Toda vez que, tratándose de elecciones de mayoría, el propio texto constitucional ya señala los casos en los que se puede decretar la nulidad de una elección, resulta necesario complementar esta disposición con la sanción de la pérdida del derecho a la asignación de diputados de representación proporcional. Por ende, se propone reformar el artículo 41 en su base VI, así como el artículo 54 en su base II, ambas disposiciones constitucionales.

El artículo 41 constitucional, norma fundamental del sistema electoral mexicano, establece en su Base VI el ámbito procesal de la materia electoral, a través de un sistema de medios de impugnación para la resolución de controversias en esta materia. Los párrafos tercero y cuarto de la misma Base disponen un sistema de nulidades de elecciones, en tanto que el párrafo quinto estipula la consecuencia de la nulidad de una elección, a saber: la convocatoria a una elección extraordinaria en la que no participaría la persona sancionada.

Como puede advertirse, además del sistema de medios de impugnación en materia electoral, esta Base VI del artículo 41 constitucional señala también un elemento del régimen sancionador electoral, el relativo a violaciones graves, dolosas y determinantes que conllevan a sancionar el acto ilícito a través de la nulidad de la elección. Siendo así, resulta inconcuso que la propuesta planteada, relativa a la descripción en la norma de otras sanciones en materia electoral, deben establecerse en esta Base VI.

Es por ello que se propone la adición de dos párrafos a la Base VI del artículo 41 constitucional, que serían los párrafos sexto y séptimo. En el primero de estos, se establecería que, durante el proceso electoral, la acumulación por parte de un partido de sanciones pecuniarias superiores al monto que le fue asignado para campañas, se sancionará con la pérdida del derecho a contar con diputados de representación proporcional. Esta disposición obliga a reformar también el artículo 54, Base II, de la propia Constitución, pues en ésta se establece el derecho a la asignación de diputados por este principio a todo partido que alcances el tres por ciento de la votación válida; por lo que también se modificaría este precepto para establecer la salvedad descrita en propuesto párrafo sexto de la Base VI del artículo 41.

Y por lo que hace a la propuesta de un párrafo séptimo de la misa Base VI del artículo 41, éste establecería que durante los procesos electorales, las violaciones constantes, graves o reiteradas de un partido político a lo estipulado en la Constitución y la legislación en la materia, podrán ser sancionadas con la oportuna suspensión, temporal o definitiva, de sus pautas en radio y televisión; además, establecería que la acumulación de la gravedad y la reiteración en las conductas ilícitas se sancionará con la cancelación definitiva del registro del partido infractor.

Elevar a rango constitucional las disposiciones de este párrafo, fortalecerán el régimen sancionador electoral, pues dará más fuerza a la norma secundaria y más elementos para su aplicación a la autoridad administrativa.

III. Contenido del Proyecto de Decreto

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano legislativo la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de sanciones por violaciones constantes, graves o reiteradas a la normatividad electoral

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 54, Base II; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo a la Base VI del artículo 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 41. ...

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. a V....

VI. ...

...

...

...

...

El partido que en un mismo proceso electoral hubiere acumulado sanciones económicas superiores al monto de su financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto, perderá el derecho a que le sean asignados diputados por el principio de representación proporcional.

Durante los procesos electorales, las violaciones constantes, graves o reiteradas de un partido político a lo estipulado en esta Constitución y a la legislación en la materia, podrán ser sancionadas con la oportuna suspensión, temporal o definitiva, de sus pautas en radio y televisión; la acumulación de la gravedad y la reiteración en las conductas ilícitas se sancionará con la cancelación definitiva del registro del partido infractor.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. ...

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional , salvo en el caso dispuesto en el artículo 41, Base VI, párrafo sexto, de esta Constitución;

III. a VI. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión realizará las modificaciones requeridas a la legislación secundaria para hacerla acorde al contenido del presente Decreto, en el plazo de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del mismo.”

Notas:

1 Entre otros, la realización de una elección extraordinaria en un distrito electoral en Aguascalientes, o la resolución de diversos medios impugnativos que han controvertido resoluciones de la autoridad electoral administrativa, relativos a actos que se derivan del mismo proceso electoral.

2 Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del Trabajo. 25 de octubre de 2001. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122. Tercera época.

3 Fuente: elaboración propia con datos del INE.

4 Es atribución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución de controversias en materia electoral, a través del sistema de medios de impugnación, conforme a lo estipulado en el artículo 99 de la propia Constitución.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de septiembre de dos mil quince.— Diputados: Federico Döring Casar, Abdies Pineda Morín, Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alejandro Armenta Mier, Alfredo Miguel Herrera Deras, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Brenda Velázquez Valdez, Cecilia Guadalupe Soto González, César Flores Sosa, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Eloisa Chavarrias Barajas, Evelyn Parra Álvarez, Francisco Xavier Nava Palacios, Genoveva Huerta Villegas, Gina Andrea Cruz Blackledge, Guadalupe Acosta Naranjo, Guadalupe González Suástegui, Héctor Javier García Chávez, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Hugo Eric Flores Cervantes, Janette Ovando Reazola, Jesús Antonio López Rodríguez, Joaquín Jesús Díaz Mena, Jorge Ramos Hernández, José Alfredo Ferreiro Velazco, José Hernán Cortés Berumen, José Máximo García López, José Teodoro Barrraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Pablo Piña Kurczyn, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Concepción Valdés Ramírez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Beltrán Reyes, María Verónica Agundis Estrada, Marko Antonio Cortés Mendoza, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Nadia Haydee Vega Olivas, Patricia Sánchez Carrillo, Rafael Valenzuela Armas, Rene Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Döring. Atiéndase la petición que formuló el proponente. Y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Erik Juárez Blanquet, del...

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, antes, perdón. Sonido en la curul del diputado Acosta Naranjo. Ahí está, diputado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Solamente para solicitarle al proponente me permita sumarme a su iniciativa, porque es una iniciativa muy importante para nosotros. No se debe seguir permeando la trampa electoral, como se ha hecho en estas últimas elecciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Döring manifiesta su asentimiento, y está aquí a disposición entonces en la Secretaría de la Mesa Directiva para quienes quieran suscribirla.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Solicita la palabra, diputado Nava?

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Sí, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Nava, allá atrás.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente, ya nos mencionaron que estaba abierta la posibilidad de firmar la iniciativa, y estamos de acuerdo con el diputado Döring y vamos a respaldarla.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Bien.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Con su permiso, señor presidente. Quiero agradecer antes que todo, al diputado Omar Ortega, a la diputada Hortensia Aragón, a la diputada María Cristina García Bravo, al diputado Felipe Reyes, a la diputada Cecilia Soto, a la diputada María Elida Castelán y al diputado Tómas Octaviano Félix, por haber firmado junto conmigo para la presentación de esta iniciativa.

Señores y señoras diputados, en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que existe una verdadera laguna en materia de responsabilidades de los servidores públicos, que ha hecho imposible que en momentos de crisis institucionales como las que ha vivido nuestro país en los últimos años, en los que en el centro del escándalo y el escrutinio público se encuentran principalmente servidores públicos de alto nivel, debido a serias acusaciones por actos de corrupción o de plano por la complicidad con delitos de alto impacto, que pese a que se cuenta con elementos de prueba debidamente sustentables o sustentados para imputarles directamente alguna responsabilidad, sea materialmente imposible proceder en su contra pese a la gravedad de los hechos que les imputan una relación directa o indirecta con delitos de corrupción, conflictos de interés o conductas de mayor gravedad.

Estarán de acuerdo conmigo en que las instituciones de la República atraviesan por una gran crisis de confianza, de credibilidad y de legitimidad que se registra en nuestra historia reciente, en particular de los gobernantes y de quienes llegan a un cargo de representación o como ha sido el caso de la Presidencia de la República, debido fundamentalmente al uso patrimonialista de la alta investidura que el pueblo de México le confirió y a un abuso sistemático de la condición de un servidor público, por parte de quienes llegan a estos cargos, para desviar recursos públicos, favorecer a terceros con sus propias decisiones de gobierno, o bien para influir en las decisiones de otros funcionarios formando una red de complicidad sexenio tras sexenio.

Esta es la forma de hacer negocios desde la política y también de hacer política de los negocios, que desafortunadamente se ha enquistado y generalizado en diversos espacios del gobierno dentro del Estado mexicano, en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Existen una gran cantidad de casos que de alguna manera tienen un sustento en hechos reales y tangibles que la sociedad ha hecho del dominio público, o bien son producto del ejercicio del periodismo de investigación o, en su caso, también por qué no reconocerlo como parte del ejercicio de las facultades de las propias autoridades competentes.

Una vía por la que consideramos que se podrá combatir el cáncer de la corrupción generalizada, es la determinación de una base constitucional para establecer una definición clara y eficaz sobre el conflicto de interés y la obligación conjunta de presentar, tanto la declaración patrimonial, como su declaración de impuestos, con el propósito de que estos instrumentos sean compulsados por las autoridades del sistema nacional de fiscalización y anticorrupción para los efectos a los que haya lugar.

Uno de los resabios más anacrónicos del sistema presidencialista de nuestro país y que se mantiene en la Constitución, es que el presidente de la República o los gobernadores, durante el tiempo de su encargo solo pueden ser acusados por traición a la patria y delitos del fuero común, gozando con ello de una protección ominosa que redunda con el correr del tiempo en la impunidad, al cometer cualquier otra falta, por más grave que esta sea.

En este sentido, diputados y diputadas, creemos conveniente que los procedimientos de responsabilidad deben estar directamente vinculados con una posible consecuencia jurídica, que tiene que ver con la imposición de un procedimiento de revocación de mandato, una figura de la democracia directa, que de otra manera quedaría desarticulada de las posibles causas que en su caso la podrán motivar.

Por ello es que estamos planteando recobrar los temas de un debate inconcluso de al menos las dos pasadas legislaturas, en las que se reformó nuestra Constitución en materia de política electoral para instaurar una serie de cambios en nuestras instituciones públicas, que tuvieron como principal propósito de reformar elementos centrales de nuestro sistema político, pero que dejaron intocado o intocable al régimen presidencialista que todavía padecemos y que se ha constituido como el principal obstáculo para avanzar en el camino de la consolidación de una incipiente y errática democracia como la nuestra.

Le solicito, señor presidente, que la presente iniciativa se registre en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Érik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Nuestro marco constitucional carece, desde el siglo XIX, de los controles, contrapesos y procedimientos constitucionales que permitan establecer un sólido régimen de responsabilidades para los servidores públicos es decir, para nuestros gobernantes y representantes populares y en particular para el presidente de la República, quienes hasta nuestros días, gozan de una esfera de atribuciones y facultades pero sin los contrapesos institucionales y jurídicos adecuados para que se les pueda fincar en los hechos, una acusación o un procedimiento de responsabilidad política, penal o administrativa que se lleve a cabo, de manera efectiva y que incluya desde luego, las sanciones específicas que en su caso sean aplicables.

Por ello, consideramos que existe una verdadera laguna en esta materia que ha hecho imposible que en momentos de crisis institucional como la que ha vivido nuestro país en los últimos años, en los que el centro del escándalo y del escrutinio público se encuentran principalmente en torno a los servidores públicos de alto nivel, debido a serias acusaciones por actos de corrupción o de plano por la complicidad con delitos de alto impacto, pese a que se cuenta con elementos de prueba debidamente sustentados para imputarles directamente alguna responsabilidad, sea materialmente imposible proceder legalmente en su contra, y a la gravedad de los hechos que se les imputen en relación directa o indirecta con delitos de corrupción, conflicto de intereses o conductas de mayor gravedad.

Argumentos

Las instituciones de la República atraviesan por la más grave crisis de confianza, de credibilidad y de legitimidad que se registra en nuestra historia reciente, en particular, de los gobernantes y de quienes llegan a un cargo de representación o como ha sido el caso de la Presidencia de la República, debido fundamentalmente al uso patrimonialista de la alta investidura que el pueblo de México le confirió y a un abuso sistemático de la condición de servidor público por parte de quienes llegan a estos cargos, para desviar recursos públicos, favorecer a terceros con sus propias decisiones de gobierno o bien influir en las decisiones de otros funcionarios formando una red de complicidades sexenio tras sexenio.

Esta es la forma de hacer negocios desde la política y también de hacer política desde los negocios, que desafortunadamente se ha enquistado y generalizado en diversos espacios de gobierno dentro del Estado mexicano. En los medios de comunicación y en las redes sociales, existe una gran cantidad de casos que de alguna manera tienen un sustento en hechos reales y tangibles que la sociedad ha hecho del dominio público o bien son producto del ejercicio del periodismo de investigación o, en su caso, también, porque no reconocerlo, como parte del ejercicio de las facultades de las propias autoridades competentes.

Una vía por la que consideramos que se podrá combatir el cáncer de la corrupción generalizada, es la determinación de una base constitucional para establecer una definición clara y eficaz sobre el conflicto de intereses y la obligación conjunta, de presentar tanto la declaración patrimonial como su declaración de impuestos con el propósito de que estos instrumentos sean compulsados por las autoridades del sistema nacional de fiscalización y anticorrupción para los efectos a que haya lugar.

También consideramos que aunado a ello, como ya lo mencionamos en el planteamiento de este documento, es que uno de los resabios más anacrónicos del sistema presidencialista de nuestro país, y que se mantiene en la Constitución es que el presidente de la República o los gobernadores, durante el tiempo de su encargo, sólo puedan ser acusados por traición a la patria y delitos del fuero común, gozando con ello de una protección ominosa que redunda con el correr del tiempo en la impunidad al cometer cualquier otra falta, por más grave que ésta sea.

Por ello estamos planteando que se les considere expresamente en su función como servidores públicos y por otro lado, también puedan ser acusados por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común.

En ese sentido, creemos conveniente que estos procedimientos de responsabilidad estén directamente vinculados con una posible consecuencia jurídica que tiene que ver con la imposición de un procedimiento de revocación de mandato, una figura de la democracia directa, que de otra manera quedaría desarticulada de las posibles causas que, en su caso, la podrán motivar.

Nuestro grupo parlamentario, convencido desde hace varias legislaturas de la necesidad de establecer en la Constitución este procedimiento en términos de lograr un equilibrio con otras figuras jurídicas que nuestra Carta Magna adoptará muy pronto como texto vigente, como es el caso de la reelección legislativa, podría significar un alejamiento del propósito original para el cual fue aprobado, lo cual sería un verdadero retroceso de nuestro sistema político-electoral.

Por ello, es que estamos planteando recobrar los temas de un debate inconcluso de los últimos seis años, desde la última generación de reformas a nuestra Constitución en materia político electoral, para instaurar una serie de cambios en nuestras instituciones públicas, que ciertamente reformaron elementos centrales de nuestro sistema político, pero que dejaron intocado al régimen presidencialista que todavía padecemos y que se ha constituido como el principal obstáculo para avanzar en el camino de la consolidación de una incipiente y errática democracia como la nuestra.

En esta lógica de reformar al poder, es que consideramos oportuno presentar ante esta soberanía la presente iniciativa que propone poner a debate las responsabilidades directas de nuestros gobernantes para que como consecuencia directa de la corrupción se les revoque su mandato, de esto se trata el siguiente paso que debemos dar en este Congreso de la Unión, que es la reforma profunda al régimen presidencial que está en franca decadencia.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, diputado Érik Juárez Blanquet, integrante del Grupo Parlamentario del PRD someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman la fracción III del artículo 36 y la fracción XXIX-Q del artículo 73; se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 108, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 108, y se recorren sus párrafos cuarto y quinto, para quedar quinto y sexto; se reforma el sexto (originalmente quinto) del artículo 108 y se adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. a V. ...

IX. Revocar el mandato de los servidores públicos electos, en los términos que disponga la ley correspondiente.

Artículo 36. ...

I. y II. ...

III. Votar en las elecciones, la revocación de mandato de los servidores públicos electos así como en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

...

Artículo 73. ...

I. a XXVIII ....

XXIX a XXIX-P. ...

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, revocación de mandato y consultas populares.

...

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos, al presidente de la República, los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado así como revocado su mandato, en el caso de que sea sentenciado, por traición a la patria, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común.

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, delitos de corrupción, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales y delitos graves del orden común.

En el caso de los gobernadores de los estados, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, los senadores y diputados federales, los diputados a las legislaturas locales se les podrá revocar el mandato en caso de que sean acusados conforme a la ley por violaciones graves a esta Constitución o en su caso, a las particulares de los estados, o por los delitos contemplados en el párrafo anterior.

Las constituciones de los estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios.

Los servidores públicos nombrados en el presente artículo, estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, su declaración de impuestos, así como la declaración detallada de sus intereses particulares, las que serán debidamente registradas por la autoridad correspondiente para los efectos legales a que haya lugar, en el caso de que incurran en falsedad, serán sancionados conforme a la ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión contará con 1 año para realizar las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria aplicable conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero.Los congresos locales realizarán las adecuaciones respetivas a sus regímenes interiores dentro de un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Los procedimientos legales que se hayan promovido antes de la entrada en vigor de la presente reforma, seguirán sustanciándose conforme a lo antes dispuesto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.— Diputados: Éric Juárez Blanquet, Omar Ortega Álvarez, María Cristina García Bravo, Hortensia Aragón Castillo, Felipe Reyes Álvarez, Cecilia Guadalupe Soto González, María Elida Castelán Mondragón, Tómas Octaviano Félix, María Concepción Valdés Ramírez, Maria Luisa Beltrán Reyes, Evelyn Parra Álvarez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Atiéndase la solicitud formulada por el diputado proponente. Y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul de la diputada María Luisa Beltrán, por favor.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes (desde la curul): Presidente, nada más para suscribir la iniciativa del diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado, supongo que no está en desacuerdo en que suscriban su iniciativa, entonces ha dado su asentimiento y está a disposición aquí en la Mesa Directiva para la correspondiente suscripción.

VOLUMEN II

LEY DE ENERGÍA PARA EL CAMPO Y LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Alex Le Baron González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los países de Estados Unidos, Canadá y México. A más de 20 años de su aplicación, el Capítulo Agropecuario de dicho tratado nos presenta resultados con enormes contrastes entre los productores de los tres países.

Los contrastes a los que hago referencia empiezan por la diferencia en la política de subsidios que implementa nuestro principal socio comercial. Mientras que en los Estados Unidos existe una planeación estratégica de la producción y comercialización de los productos, así como un apoyo a la conservación de los mismos en espera de mejores precios de mercado, en nuestro país la mayor parte de los pequeños y medianos productores están a la merced de los intermediarios y a falta de créditos baratos y oportunos.

Hemos visto una dramática reducción en la participación del sector agropecuario en el producto interno bruto de nuestro país, lo que ha agravado el desequilibrio estructural de la economía mexicana y refleja en los bajos ingresos agropecuarios.

Las ventajas arancelarias que aparentemente recibió nuestro país por parte de sus socios comerciales se fueron gradualmente erosionando, provocando con ello pérdida de presencia en las importaciones agropecuarias totales de Estados Unidos, incluyendo aquellos productos en los cuales fue líder exportador neto.

Fueron las barreras no arancelarias y las prácticas desleales del comercio, tales como el dumping y los mencionados subsidios que utilizan nuestros socios comerciales, los que más han afectado el desarrollo de nuestro sector agropecuario.

En poco más de tres décadas, la situación del campo mexicano ha involucionado. No es casual que por ello en las áreas rurales haya crecido el abandono al campo y del campesinado para dirigirse a trabajar con mayor fuerza en la capacidad obrera de nuestro país.

O aun peor, migrado a otras actividades no propias de los valores de nuestros campesinos a falta de oportunidades dignas para sacar adelante a sus familias.

Debemos asumir conscientemente que una de las grandes problemáticas que ha mermado el campo mexicano ha sido la sobre oferta de sus productos al momento de levantar la cosecha. Lo que ocasiona que la producción pierda su valor, combinado esto con el aumento de los precios de los hidrocarburos, fertilizantes, tarifas de energía eléctrica para bombeo y demás insumos.

Todo lo anterior genera un gran estancamiento en el sector agropecuario, en lo que se ha encontrado inmerso durante los últimos 30 años, aunado esto al Presupuesto de Egresos que prevé una disminución del 18.4 por ciento del sector.

Para su combate es necesario, además, dedicarle más recursos al campo. Impulsar políticas que aseguren la creación eficaz de círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo que beneficien a todos los habitantes rurales y los diversos tipos de productores del campo.

El campo mexicano posee un gran potencial que no ha sido debidamente valorado y aprovechado, pues aun cuando posee una gran cantidad de tierra fértil no cuenta con un adecuado sistema de riegos, tecnificación de riegos, maquinaria moderna, eficaz asistencia técnica, un manejo preventivo de riesgos climatológicos, financiamiento oportuno y adecuado, así como el acceso a hidrocarburos e insumos más baratos.

Nunca se estará en posibilidades de romper la tendencia histórica promedio de los últimos años. Algunos ejemplos que han contribuido a encarecer la producción son el ejemplo del diésel agropecuario, que en el 2002 contaba con un apoyo del 40 por ciento del precio cuando el costo del diésel era de 4 pesos con 50 centavos.

En el año 2012 se retiró el apoyo por completo, cuando el precio superaba los 11 pesos por litro. Asimismo, el incremento del consumo de energía eléctrica por kilowatt punta, del 2000 al 2011 fue un incremento de 59 centavos por kilowatt-hora, afectando directamente en el costo de la producción y comercialización de los productos estratégicos o la necesidad de almacenamiento de frigoríficos.

Los fertilizantes en los últimos cinco años han aumentado desde un 27 por ciento, en el principal fertilizante para la producción de alimentos como lo es la urea, seguido por otros que llegan hasta un total de 59 por ciento de incremento.

Como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pongo en consideración la presente iniciativa, esperando su respaldo con miras a garantizar los derechos de las personas que dedican al campo mexicano como un sector vulnerable que espera un apoyo de la economía de nuestro país.

Por ello someto a consideración la iniciativa que modifica la Ley de Energía para el Campo y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esto para garantizar que nuestros campesinos tengan la oportunidad de generar un campo más productivo y más competitivo.

Señor presidente, solicito sea insertada la propuesta íntegramente el Diario de los Debates y que no quede duda que los productores de Chihuahua, representados aquí el día de hoy por su servidor y los diputados de Chihuahua, estamos aquí para defender, no nada más en el tema de los hidrocarburos sino en la próxima disputa que tendrá en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Energía para el Campo, y Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Álex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Alex Lebaron González, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6 fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 5o., párrafo segundo, y 7o., fracciones I y III, párrafo tercero; asimismo, se adicionan un párrafo segundo a las fracción X del artículo 31 y XVIII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde su origen, el Capítulo Agropecuario del Tratado Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), fue negociado en condiciones de grandes asimetrías entre los tres países, particularmente por la brecha en los niveles de productividad del sector agropecuario de Estados Unidos, Canadá y México.

El desequilibrio entre los tres países también se reflejaba en los recursos que cada uno de ellos destina para estimular la producción agrícola y apoyar las exportaciones de los bienes agropecuarios. En general, los compromisos que se pactaron en el Capítulo Agropecuario del TLCAN no reflejaron plenamente el menor nivel de desarrollo de la agricultura mexicana comparada con la de sus socios comerciales, ni en plazos de desgravación ni en niveles de mercado.

Así, después de veinte años de haber entrado en vigor el TLCAN, la productividad del sector agropecuario mexicano no logró mejorar suficientemente como para acortar la brecha con los países socios de dicho Tratado, asimismo tampoco se logró mejorar el nivel de ingreso ni los salarios de los trabajadores del campo.

Por otra parte, se ha venido reduciendo la participación del sector agropecuario en el producto interno bruto (PIB) total, de representar el 7.9 por ciento en 1988, en 2005 su participación fue de solamente 3.4 por ciento y hoy en día ha caído a menos del 3 por ciento, lo que ha agravado el desequilibrio estructural de la economía mexicana y se refleja en los bajos ingresos agropecuarios y la baja dinámica de los mercados internos.

Las ventajas arancelarias que aparentemente recibió México por parte de sus socios comerciales del TLCAN, se fueron gradualmente erosionando por diversos factores: la revaluación cambiaria, el aumento de los subsidios que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a sus productores agrícolas y los diversos acuerdos comerciales que Estados Unidos fue suscribiendo durante los años de operación del TLCAN con países cuyas producciones agropecuarias compiten con las mexicanas.

Por lo anterior, México comenzó a perder presencia en las importaciones agropecuarias totales de Estados Unidos, incluyendo aquellos productos en los cuales fue un exportador neto de elevada competitividad, como el tomate, el café y las frutas, entre otros.

Sin embargo, han sido las barreras no arancelarias y las prácticas desleales de comercio tales como el dumping y subsidios que utilizan los gobiernos y productores agrícolas de los socios comerciales de México, los que más han afectado el desarrollo de nuestro sector agropecuario, ya que esas prácticas han generado una competencia desleal entre los productores de los tres países, en detrimento de los agricultores mexicanos.

En Estados Unidos el sector agroalimentario, es el principal beneficiario de los subsidios directos del gobierno federal de ese país al sector privado, justificando esos apoyos por la volatilidad inherente al sector, y por el respaldo y la protección que, según dicho gobierno, ofrecen a su sector sus principales exportadores de bienes agropecuarios.

Por la importancia que tiene Estados Unidos en el mercado mundial de bienes agropecuarios, son de vital importancia los elevados subsidios que otorga a sus productores, lo que ha sido motivo de queja de sus principales socios comerciales, incluyendo a México, ante los organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC). No obstante lo anterior, en 2006 se estima que el gobierno de Estados Unidos otorgó subsidios directos e indirectos de 150 dólares promedio por hectárea por productor, mientras que en México se estima fue de solamente 45 dólares por hectárea y en Canadá de 52 dólares promedio por hectárea, lo que refleja la desigualdad que en esa materia prevalece entre los tres socios comerciales del TLCAN.

En poco más de cinco décadas la situación del campo mexicano ha involucionado de mal a peor. No es casual que por ello en las áreas rurales haya crecido el abandono del campo y del campesino por arar sus tierras, cambiándolas por ser obreros en otros países. Y asimismo la delincuencia haya aumentado, las autodefensas y movimientos armados, en intrínseca búsqueda del bienestar para sus comunidades y de esta manera pretender devolver lo poco que ha quedado.

Una de las grandes problemáticas que ha mermado al campo mexicano ha sido la sobreoferta de sus productos al momento de levantar la cosecha, lo que ocasiona que la producción pierda su valor, combinado esto con el aumento de los hidrocarburos, fertilizantes y demás insumos; simplemente genera un gran estancamiento en el sector agropecuario, el estancamiento en el que el campo ha vivido los últimos 50 años.

Sin duda, en el campo mexicano hay un problema de crecimiento económico y de desarrollo social. La agricultura crece poco y no cumple a cabalidad con los objetivos que de ella se espera en el proceso de desarrollo. México no ha tenido una política agrícola activa, que cree las condiciones para un desarrollo más dinámico y amplio del sector. Lo que ha prevalecido es una política generadora de rentas que beneficia a unas pocas actividades. Esto ha llevado a tener una agricultura poco productiva y que no genera empleo de forma masiva.

Por su parte, el gasto al fomento al campo ha sido limitado. Esto ha dado lugar a las amplias brechas de desarrollo que aún subsisten entre los sectores urbanos y los territorios rurales. Esta discriminación, el bajo crecimiento agrícola y la poca importancia que las políticas y los recursos sectoriales, les han otorgado a los cultivos y a las actividades en las que participan los pequeños productores en cuyas manos reposa buena parte de la producción de alimentos, da hincapié a los altos niveles de pobreza rural.

En consecuencia, en los territorios rurales se han creado las condiciones para que los diversos actores sociales manifiesten su descontento y malestar, al tiempo que demanden del Estado una mayor atención.

Es claro que el país debe dedicarle más recursos al campo. La respuesta estatal debe enmarcarse en políticas, recursos e instituciones que aseguren la creación eficaz de círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo que beneficien a todos los habitantes rurales y a los diversos tipos de productores.

El cambio climático aumenta el riesgo del sector primario, situación que agrava la derrama de recursos para fines productivos y que aumenta progresivamente los costos de las primas de los seguros, ya que estos fenómenos naturales adversos se presentan con mayor frecuencia. Aunado a estos elementos habría que considerar los factores económicos que restringen la inversión y la derrama de recursos en el campo, tales como:

• El riesgo de inversión que se presenta en las actividades del campo por el estancamiento en los niveles de productividad y rentabilidad, derivado de la falta de asistencia técnica y de la incorporación de tecnologías, así como de una inadecuada organización para la producción.

• Inadecuada integración de la cadena productiva y de comercialización y baja generación de valor agregado; así como una importante transferencia de ingresos de los productores primarios a agentes secundarios.

• Altos costos derivados del incremento en el precio de los insumos, e inadecuados sistemas de comercialización, transporte y almacenaje.

Se ha asumido que el sector rural tiene un carácter secundario, sólo como proveedor de alimentos, materias primas y mano de obra para el desarrollo urbano e industrial. Es decir los equilibrios entre la economía rural y urbana, nunca han constituido una meta de largo plazo, lo que explica en buena medida los desajustes intersectoriales y las diferencias significativas en los índices de crecimiento y en los índices de contribución en el ingreso nacional. En los últimos años el valor agregado del sector agropecuario, representó entre el 3 por ciento y el 4 por ciento del PIB. En 1910 éste había representado el 35.6 por ciento, en 1940 el 21.7 por ciento, en 1970 el 11.2 por ciento y en 1990 el 7.7 por ciento.

El tema de la autosuficiencia y autodeterminación alimentaria ha pasado a un segundo término, para satisfacer la demanda interna es preciso importar cada vez más productos básicos y oleaginosos. Es decir, estamos atenidos cada vez más a condiciones y a decisiones productivas y de mercado externas, sin prever que los productos alimenticios pueden ser materia de supeditación internacional, tal como sucedió con la guerra de los alimentos en los años ochenta.

Los pequeños productores son predominantes en el campo mexicano. De los 4 millones 69 mil 938 productores, el 68 por ciento posee un predio de hasta 5 hectáreas. Los productores con menos de 5 has, en lugar de disminuir con el transcurso del tiempo como se pretendió con muchas políticas agrarias se han multiplicado, ya que han tenido un crecimiento de 709 por ciento en 80 años.

La pequeña agricultura produce una parte significativa de nuestros alimentos, y tienen una fuerte presencia en la producción de maíz y frijol; a pesar de sus condiciones precarias y a la falta de apoyos económicos gubernamentales, la pequeña agricultura representa el 39 por ciento de la producción agropecuaria nacional.

Lo pequeños agricultores generan la mayor parte del empleo agropecuario, el 74.1 por ciento de empleos son generados por productores que poseen hasta 10 hectáreas.

En la actualidad los grandes productores han sido los principales beneficiarios de los subsidios productivos y del financiamiento, necesitamos darles una mayor importancia a los pequeños productores.

El futuro del campo mexicano depende en gran medida de la inversión que haga el gobierno. Ya han sido demasiados años que el gobierno no se ha hecho presente en el campo mexicano; y es de aquí donde han surgido todas esas problemáticas con las que ahora cuenta el sector agropecuario, y han sido agraviadas por la firma de los tratados de libre comercio. Sin embargo, el problema no ha sido que se hayan firmado, si no que no se haya dado el apoyo necesario que el campo Mexicano requiere para que sea rentable.

El campo mexicano posee un gran potencial que no ha sabido ser debidamente aprovechado, porque por más tierra fértil que se posea si no contamos con un adecuado sistema de riego, la adecuada maquinaria, la eficaz asistencia técnica, un manejo preventivo de riesgos climáticos un financiamiento oportuno y adecuado y sobre todo el acceso a hidrocarburos e insumos más baratos nunca se podrá romper la tendencia histórica promedio de los últimos años del 2.78 por ciento con respecto al PIB.

Ha sido el gobierno el que se ha encargado de globalizar al campo mexicano, y solamente el gobierno puede hacer posible que el sector agropecuario mexicano llegue a ser competitivo con los países desarrollados, es por esto que se debe destinar una mayor inversión y sobre todo de una manera más eficaz.

Considero indispensable transformar al campo, pues al día de hoy el país no cuenta con autosuficiencia alimentaria, y es responsabilidad de las autoridades brindar provisiones suficientes para los mexicanos. Hoy es inviable y muy poco redituable trabajar la tierra, se tienen que corregir problemas de fondo, como la repartición de recursos.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican los artículos 5o., párrafo segundo, y 7o., fracciones I y III, párrafo tercero, de la Ley de Energía para el Campo; asimismo, se adicionan un párrafo segundo a las fracción X del artículo 31 y XVIII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Primero.Se reforman los artículos 5o., párrafo segundo, y 7o., fracciones I y III, párrafo tercero, de la Ley de Energía para el Campo, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, fracción X, párrafo segundo, y 35, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

Artículo 7o. ...

...

I. Motores para bombeo y rebombeo agrícola y ganadero, tractores y maquinaria agrícola, frigoríficos y motores fuera de borda, que se utilicen directamente en las actividades objeto de esta ley, según lo establecido en el artículo 3o., fracción I, de la misma.

II. ...

III. ...

...

La solicitud de cuota energética deberá hacerse por cada sitio productivo y será determinada y entregada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 30 de Junio de cada año, para que ésta a su vez la incluya en el presupuesto que el ejecutivo entrega al legislativo.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción X del artículo 31, así como un párrafo segundo a la fracción XVIII del artículo 35 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. a IX. ...

X. ...

En el caso de precios y tarifas para estimular la actividad agropecuaria, esta facultad será competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XI. a XXXIV. ...

Artículo 35. ...

I. a XVII. ...

XVIII. ...

Para el establecimiento de precios y tarifas a los que se refiere el artículo 5o de la Ley de Energía para el Campo, esta Secretaría establecerá los precios y tarifas que se otorguen de estímulo a los productores agropecuarios; tomando en cuenta las bases que para tal efecto le presenten la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

XIX. a XXII. ...

Transitorios

Único.El presente decretó entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: Álex Lebarón González,Evelyng Soraya Flores Carranza, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Urtaza Francisco José Gutiérrez de Velasco (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Le Barón. Incorpórese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el proponente y túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprovechamos la oportunidad de dar la más cordial bienvenida a alumnos y maestros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de México, Plantel Chicoloapan. Invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Adelante, diputada.

La diputada Blandina Ramos Ramírez: Gracias, presidente, compañeras diputadas y diputados. La iniciativa que presento tiene como objetivo final dar las herramientas a quienes producen alimentos en México.

El Estado mexicano tiene una gran deuda con la pesca y con los pescadores, esta actividad debería ser estratégica y de interés nacional por la generación de empleos. Pero sobre todo, por la producción de más de 1 millón 700 mil toneladas anuales de alimentos y su papel en el combate a la pobreza; sobre todo en el medio rural y como alternativa para una mejor alimentación de los mexicanos, principalmente las zonas rurales.

Lamentablemente, este sector se encuentra olvidado en los tres niveles de gobierno. En mayor abandono está la acuacultura, que si no es la que se practica por ricos empresarios, generalmente para el cultivo del camarón y del atún.

No recibe atención de las autoridades, aunque la Cámara de Diputados cuenta desde hace varias legislaturas con una Comisión ordinaria de Pesca. Ya es momento de que esta soberanía reconozca la importancia que tiene en México la acuacultura. Tanto el componente social que incluye la creación de empleos directos e indirectos.

Abastecer con proteínas de calidad a un costo menor de otras fuentes, además de su contribución a la soberanía alimentaria y en lo económico como generadora de riqueza, dado el valor en pesos de su producción y aportación a la balanza comercial.

Somos una nación con grandes posibilidades de desarrollo acuícola. El órgano del Poder Ejecutivo encargado de la materia se denomina Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, (Conapesca). En la mayoría de los países se ha seguido esa dinámica de incluir a la acuacultura con la pesca, abarcando con ambos nombres las dos caras que tienen que ver con el aprovechamiento de las especies marinas y de agua dulce.

En cuanto a nuestra Ley Orgánica del Congreso, esta señala que la competencia de las comisiones ordinarias corresponde, en lo general, con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal. Finalmente, reitero el objetivo final, es dotar de las mejores herramientas a quienes se dedican a la producción de alimentos en México, donde más de 28 millones de habitantes padecen hambre. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Blandina Ramos Ramírez, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XXXVI del numeral 2 del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano tiene una gran deuda con la pesca y con los pescadores, esta actividad debería ser estratégica y de interés nacional, no sólo por su aporte en la generación de empleos, sino también, por la producción de más de un millón setecientas mil toneladas anuales de alimentos, por sus exportaciones por más de un mil millones de dólares, sin dejar de soslayar su papel en el combate a la pobreza, sobre todo en el medio rural y como alternativa para una mejor alimentación de los mexicanos, pero, paradójicamente, este sector se encuentra relegado en los tres niveles de gobierno.

En circunstancia de mayor abandono se tiene a la acuacultura, que si no es la que se practica por acaudalados empresario, generalmente para el cultivo del camarón y atún, recibe poca atención de las autoridades, olvidando estas que puede contribuir en mucho a mejorar las condiciones de vida de la población en general y en particular de la rural, al posibilitar sus acceso a productos con alto valor nutricional y generar fuentes de empleo en el agro, no solo costero, sino también de tierra a dentro.

La pesca y la acuacultura son actividades que mediante una adecuada política de Estado por parte del gobierno mexicano pueden constituirse en un puntal del desarrollo nacional por cuanto significan, además, para la generación de más y mejores empleos y para resolver el grave problema de desnutrición que lacera a millones de mexicanos y que hasta hoy hemos desestimado, cuando debiera ser la prioridad de todos los gobiernos.

En lo referente a la acuacultura, entre sistemas controlados y pesquerías acuaculturales está actividad produjo en el año de 2013, 245 mil 761 toneladas en peso vivo, de las cuales, 108 mil 535 toneladas corresponden a los sistemas controlados y las 137 mil 225 toneladas a las pesquerías acuaculturales, mismas que en conjunto presentaron un valor económico de 7 mil 568 millones 180 mil pesos.

Si bien por el volumen de la producción acuícola podría subestimarse a la acuacultura, ya que su producción en peso vivo representó poco más del 14 por ciento de la producción pesquera nacional, y hay que tomar en cuenta que está producción se destina al consumo humano directo. En cuanto a su valor monetario, este la pone en mejor situación, ya que de los 19 mil 913 millones 988 mil pesos que originó el sector pesquero en el 2013, el 38 por ciento provino de la acuacultura.

Lo anterior debido al cultivo de especies de alto valor comercial, como el camarón y el atún, que se destinan al mercado internacional, más sin embargo, la acuacultura también generó alimento a precios accesibles para una parte importante de la población, con especies como la carpa y la mojarra.

En cuanto a su componente social, aparte de la aportación de proteína de alta calidad, la acuacultura tan solo en su técnica de sistemas controlados da empleo directo a 56 mil 250 personas, si pensamos que cada una de ellas en promedio tuviera 3 dependientes económicos, tendríamos que de forma directa de la acuacultura obtienen sus sustento 225 mil personas, es decir, un cuarto de millón.

En otro orden de ideas, si bien leyes que normaron al sector pesquero y acuícola hasta antes del año 2007, ya contenían algunos principios jurídicos para la acuacultura, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es la primera que incorpora en su denominación a la acuacultura, y en ella se desarrollan preceptos para regular, organizar y fomentar esta importante actividad, como no se habían dado anteriormente en la historia de la legislación mexicana en la materia.

Aunque la Cámara de Diputados cuenta desde hace varias legislaturas con una Comisión ordinaria de Pesca, ya es momento de que esta soberanía reconozca la importancia que tiene y que está tomando en México la acuacultura, tanto por su componente social, que incluye la creación de empleos directos e indirectos, el abastecer con proteína de calidad a un costo menor que el de otras fuente para una parte importante de la población, además, de su contribución a la soberanía alimentaria y en lo económico, como generadora de riqueza dado el valor monetario de su producción y su balanza comercial positiva.

Por la importancia que ha cobrado la acuacultura como actividad paralela a la pesca, se considera que en la denominación de la actual Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, debería de agregarse este término, entre otras, por las siguientes razones:

• Somos una nación con grandes posibilidades de desarrollo acuícola, debido a nuestro clima, recursos naturales y especies nativas con potencial de cultivo. Actualmente sólo se utiliza una porción menor al 10 por ciento de las áreas susceptibles de ser empleadas para el desarrollo de la acuacultura.

• Ante el estado de sobrexplotación o máximo rendimiento sostenible que han alcanzado la mayor parte de las pesquerías mexicanas, la acuacultura representa una alternativa para incrementar la producción de forma sustentable, sin olvidar que por razones obvias es la alternativa que tienen las entidades sin litoral para participar de manera importante en la producción pesquera.

• Al hablar de la importancia de la acuacultura, no debemos sólo referirnos a la que conlleva la inversión de grandes capitales, sino de manera especial a la acuacultura rural, tanto en aguas marinas como en aguas dulces, la cual contribuye de manera significativa en la actualidad a la alimentación de comunidades con grandes carencias alimenticias, es un factor de arraigo, genera mercados regionales y eleva el ingreso de los productores.

• Estamos seguros de que la importancia de la acuacultura en el desarrollo nacional seguirá creciendo, de ahí la necesidad de que la actividad acuícola sea incorporada a todos los rubros que en la actualidad se refieran a la pesca, y para esta Cámara de Diputados, esta incorporación puede empezar por reconocer su importancia en el nombre de la Comisión que atiende los asuntos relacionados con esta actividad.

• De hecho, el órgano del Poder Ejecutivo federal encargado de la materia se denomina Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). En la mayoría de los países se ha seguido esa dinámica de incluir a la acuacultura con la pesca en la designación de los órganos de gobierno responsables de la actividad, abarcando con ambos nombres las dos vertientes que tienen que ver con el aprovechamiento de las especies marinas y dulceacuícolas.

• En cuanto a nuestra Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta señala que la competencia de las comisiones ordinarias se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. De tal manera que a la Comisión a la que se le pretende cambiar el nombre que se pretende crear, de manera acertada ya le competen tanto los asuntos referentes a pesca como a acuacultura, que en el Ejecutivo corresponden a la Conapesca.

• En este mismo orden de ideas, con la adición de la fracción XXIX-L al artículo 73 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Congreso de la Unión para “expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado...”. De lo anterior se desprende que es menester incluir a la acuacultura en el nombre de la Comisión que tenga a su cargo las tareas de la pesca y la acuacultura.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamentos en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXXVI del numeral 2 del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción XXXVI del numeral 2 del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 39.

1. ...

2. ...

...

I. a XXXV. ...

XXXVI. Pesca y Acuacultura;

XXXVII. a LII. ....

3. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los asuntos que actualmente tenga a su cargo la Comisión de Pesca que estén pendientes de resolución, pasarán a la Comisión de Pesca y Acuacultura dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, sin que exista impedimento para que se lleven a cabo los trabajos ya turnados en la modalidad de comisiones unidas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputada Blandina Ramos Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

Damos también la bienvenida a estudiantes de la carrera de derecho de la universidad autónoma del estado de Hidalgo, de la Escuela Superior de Actopan, invitados por el diputado Pedro Luís Noble Monterrubio.

LEY DE AEROPUERTOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Zamora Zamora, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley de Aeropuertos, también suscrita por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ambos.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Gracias, señor presiente. El día de hoy, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y un servidor, presentamos una iniciativa que tiene como principal objetivo buscar la justicia y la equidad recaudatoria en beneficio de los municipios.

El fortalecimiento y empoderamiento del municipio mexicano ha sido una de las grandes consignas que han quedado en la simulación dentro de la vida pública nacional. Una consigna que ha sido olvidada, e incluso, ha atestiguado retrocesos que ponen en manifiesto el rumbo errático de nuestro sistema político.

Una de las grandes debilidades a las que hoy se enfrentan los municipios es la relativa a su libertad hacendaria, consagrada en nuestra Constitución y que se ve amenazada, en muchas ocasiones, por la incapacidad de ejercer los instrumentos recaudatorios y hacer cumplir la ley.

La libertad hacendaria del municipio es el principal eslabón para asegurar la autonomía financiera municipal, y por lo tanto, su independencia política. No obstante, desde hace décadas los municipios mexicanos se enfrentan a un régimen ambiguo en el que se ven imposibilitados para ejercer sus atribuciones elementales ante grandes corporativos que han obtenido concesiones federales para operar determinados servicios.

El caso más emblemático de lo anterior, es el de los aeropuertos concesionados que gozan de un injustificable régimen de excepción ante la autoridad tributaria del municipio.

Tenemos que ser claros en la interpretación de nuestras leyes. La única excepción prevista por la Constitución para que los municipios no puedan ejercer su potestad tributaria, es la relativa a los bienes de dominio público de la Federación, de los estados y los municipios –y subrayo– bienes de dominio público.

Está claro que los bienes que son objeto de una concesión federal estarán exentos de pagar contribuciones por mandato constitucional, como en este caso serían todos los bienes inherentes a la operación de un aeropuerto.

Sin embargo, con este pretexto observamos cómo en los aeropuertos instalados en los municipios mexicanos, distintos inmuebles que no son inherentes al objeto público de la concesión, no pagan sus contribuciones a pesar de que obtienen rendimientos por la operación y administración de diversos servicios.

Es decir, no pagan las contribuciones municipales como el impuesto predial, el servicio de agua, las licencias de giro o los permisos de estacionamiento. Estamos hablando de todos los inmuebles y servicios que son accesorios o complementarios de la concesión como los estacionamientos, los locales comerciales, los hoteles, los bares, los bancos, gasolineras y cualquier otra actividad que no sea parte del bien de dominio público.

La misma Constitución mexicana protege a los municipios al reconocerles su potestad para gravar a este tipo de inmuebles, y por ello, distintos municipios a lo largo de los últimos años han impulsado acciones jurídicas para reclamar sus potestades tributarias, como ya lo hizo el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, que alberga el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara y, desde donde ha dado la batalla jurídica más importante en esta materia.

Por ello, mediante la presente iniciativa se plantea reformar la Ley de Aeropuertos para que se distingan de manera clara los bienes que son objeto de la concesión, y por lo tanto, son inherentes a su objeto público de los bienes que son accesorios y distintos a su objeto público, y por lo tanto, estarían obligados a pagar sus contribuciones municipales como el resto de los habitantes del municipio.

Del mismo modo, se propone añadir como causal de la revocación de la concesión el no pago de las contribuciones a las que están obligados los concesionarios.

Con la presente reforma se busca dotar de mayor claridad las disposiciones previstas en la Ley de Aeropuertos, y con ello garantizar el cabal cumplimiento del artículo 115 constitucional y por lo tanto impulsar el principio de equidad y de justicia hacendaria en beneficio de los municipios mexicanos.

Estamos seguros que esta iniciativa encontrará el respaldo de los más de 50 municipios mexicanos, en donde se presenta el esquema de concesión de aeropuertos; y en los más de 20, donde se presentan esquemas mixtos, porque resulta a todas luces inequitativo e injustificado que diferentes instancias que obtienen beneficios económicos por las actividades que realizan en un territorio no paguen con sus contribuciones, como sí lo hacen el resto de los mexicanos.

No solo se trata de fortalecer el principio de libertad hacendaria del municipio, sino de ser justos y equitativos en la recaudación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El municipio es un pilar del sistema político mexicano, que debe ser fortalecido y reconocido como un eslabón central en el desarrollo de nuestro andamiaje institucional. Para ello, resulta crucial fortalecer y robustecer su hacienda, su capacidad recaudatoria y su autonomía financiera.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la atribución de los municipios para administrar libremente su hacienda, señalando en la fracción IV, inciso a) y c), lo siguiente:

“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

b) [...]

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.”

Esta disposición es la base de la autonomía financiera y tributaria de los municipios mexicanos, y sólo establece como excepciones en donde los municipios no podrán gravar a los inmuebles en los casos en que sean “bienes de dominio público” de la federación, los estados o los municipios, siempre y cuando no sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares con propósitos distintos a los de su objeto público.

Este precepto tiene su origen en la reforma constitucional de 1983, planteada por el Poder Ejecutivo federal, quien en su exposición de motivos, señalaba lo siguiente:

“consideramos como medida fundamental para robustecer al municipio, piedra angular de nuestra vida republicana y federal, hacer algunos cambios al artículo 115 de la Constitución, tendientes a vigorizar su hacienda [...] en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones [...] Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin excepciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consubstanciales para la vida de los Municipios [...] Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la federación, estados y municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.”

El dictamen que en su momento elaboró la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados concluyó lo siguiente:

“los bienes de dominio público de los tres órdenes de gobierno, que utilicen las entidades paraestatales o cualquier forma de concesión, contrato o autorización, mediante los cuales particulares hagan uso de dichos bienes para actividades accesorias al objeto público. [...] dichos bienes e instituciones o personas que los utilizan, demandan los mismos servicios municipales que otros bienes que no tienen la calidad de bienes del dominio público y que sin embrago tributan impuesto predial. Además del principio de equidad, se busca fortalecer el ámbito municipal en lo que se refiere a sus ingresos propios, por lo que a partir de la presente reforma, debe verificarse en contrapartida, un esfuerzo recaudatorio municipal en donde las tasas y los valores que le sirvan de base sean justos, y no se concedan subsidios, (como ya lo previene la Constitución en el párrafo que se reforma en su parte subsistente) y las tasas sean la pauta de los principios de proporcionalidad y equidad para los causantes.”

A pesar de que la Constitución mexicana protege la libertad hacendaria de los municipios y busca impulsar su capacidad recaudatoria para dotarlo de autonomía, es una realidad que estas atribuciones han sido atropelladas en los últimos años, particularmente por grandes corporativos, que bajo la figura de concesión, han dejado de pagar las contribuciones municipales a las que estarían obligados, como son el impuesto predial, los derechos por arrendamiento de cajones de estacionamiento, las licencias para operación de giros, las licencias de giros restringidos y el servicio de agua.

El caso que más ha afectado a los municipios mexicanos es el de las terminales aéreas, ya que en todo el país existen aeropuertos concesionados a empresas y corporativos que, si bien es cierto prestan un servicio público mediante una concesión, también obtienen rendimientos por la operación y administración de diversos servicios y productos accesorios, que son distintos a los de su objeto público, y que sin embargo no pagan las contribuciones municipales mencionadas.

En nuestro país existen 54 municipios que albergan aeropuertos directamente concesionados a empresas, así como 21 en donde se presenta un esquema mixto en donde se presenta servicios y actividades complementarias a las del objeto público, por lo que comparten esta situación de irregularidad en la recaudación municipal, de tal manera que no estamos ante un fenómeno aislado, sino que se trata de un problema que impacta en todos los rincones del país, afectando de manera directa a los municipios y sus finanzas públicas.

II. Resulta fundamental que el Estado mexicano genere condiciones óptimas para que los municipios puedan fortalecer su hacienda y contar con mayores recursos para lograr sus fines. En este sentido, es responsabilidad de este órgano legislativo generar herramientas para que los municipios puedan exigir el pago de las contribuciones que les corresponden.

Mediante la presente iniciativa se plantea reformar la Ley de Aeropuertos para que se distingan de manera clara los bienes que son objeto de la concesión, y por lo tanto son inherentes a su objeto público, de los que son accesorios y distintos a su objeto púbico, y por lo tanto estarían obligados a pagar sus contribuciones municipales. Del mismo modo, se propone añadir como causal de revocación de la concesión el no pago de las contribuciones a las que están obligados los concesionarios.

Con la presente reforma se busca dotar de mayor claridad las disposiciones previstas en la Ley de Aeropuertos y con ello garantizar el cabal cumplimiento del artículo 115 constitucional, y por lo tanto impulsar el principio de equidad y justicia hacendaria, en beneficio de los municipios mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos

Artículo Único. Se reforman la fracción VIII y X del artículo 25, la fracción III del artículo 48, el segundo párrafo del artículo 54, el artículo 60 y 61, y se adiciona una fracción XVII, se modifican las fracciones XV y XVI y se adiciona un último párrafo al artículo 27 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros:

I. a VII. [...]

VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario o permisionario inherentes de la concesión, así como aquellas actividades comerciales y de servicios accesorias que por su naturaleza complementen el servicio concesionado, los cuales se sujetarán a las reglas tributarias y de operación aplicables;

IX. [...]

X. Los derechos y obligaciones del concesionario o permisionario, incluyendo los relativos al pago de contribuciones federales, estatales y municipales que correspondan por las actividades y servicios complementarios a la concesión;

XI. a XIII. [...]

Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:

I. a XIV. [...]

XV. Limitar el número de prestadores de servicios complementarios o negar su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a las contempladas por el artículo 57 de esta ley ;

XVI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley , y

XVII. No realizar el pago de las contribuciones federales, estatales o municipales por el uso, explotación, y aprovechamiento del inmueble donde se encuentre la concesión, así como por las actividades comerciales o de servicios complementarias a la concesión.

[...]

[...]

La federación, las entidades federativas y los municipios conservarán en todo momento sus facultades y atribuciones económico coactivas respecto al cumplimiento de las obligaciones y pago de contribuciones que les corresponda de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 48.Para efectos de su regulación, los servicios en los aeródromos civiles se clasifican en:

I. a II. [...]

III. Servicios comerciales: los que se refieren a la venta de diversos productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que no son esenciales para la operación del mismo, ni de las aeronaves. Estos servicios pueden ser prestados directamente por el concesionario o permisionario, o por terceros que con él contraten el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros , los cuales se sujetarán a las reglas de operación y autorización de giros comerciales y de prestación de servicios en el municipio o delegación donde se encuentre ubicado el inmueble.

[...]

[...]

[...]

Artículo 54. Todos los actos y contratos para la prestación de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en los aeródromos civiles de servicio al público serán de carácter mercantil.

Cuando los servicios aeroportuarios y complementarios se proporcionen en los aeropuertos por personas distintas a los concesionarios, los prestadores de dichos servicios deberán constituirse como sociedades mercantiles mexicanas , y deberán registrarse ante la autoridad municipal correspondiente para la obtención de las licencias aplicables.

Artículo 61. En cada aeropuerto se constituirá un comité de operación y horarios que estará integrado por el concesionario del aeropuerto a través del administrador aeroportuario, por el comandante de aeródromo y por las demás autoridades militares y civiles federales, estatales y municipales que intervienen en el mismo, así como por los representantes de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios.

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich,Salvador Zamora Zamora, Rafael Hernández Soriano, Verónica Delgadillo García, (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Túrnese a la Comisión de Transportes, para su dictamen.

El diputado Rafael Hernández Soriano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Hernández Soriano. Ahí está.

El diputado Rafael Hernández Soriano(desde la curul): Sí. Gracias, presidente. Coincidimos con el proponente en el sentido de que las construcciones de gran impacto urbano, como los aeropuertos internacionales en este caso, deben de convivir no solo económicamente, sino hasta socialmente y en términos urbanísticos. Por eso vamos a respaldar su iniciativa, si lo permite.

Y también decir que hemos solicitado al Secretario de Comunicaciones y Transportes que informe precisamente sobre este punto, sobre el nuevo aeropuerto, porque hemos considerado que hay opacidad en la información sobre los impactos que se han señalado respecto al tema similar en esta ocasión, que tiene que ver con impactos económicos, ecológicos, urbanos, de movilidad, y que desde luego que la población requiere saber. Ojalá y el diputado nos permita respaldar la iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Zamora está de acuerdo en que apoye la iniciativa presentada, que la suscriba, y está a disposición entonces aquí en la Mesa Directiva para el propósito.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY DE VIVIENDA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Vivienda.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:Debemos reconocer y garantizar el derecho de cada mexicana y cada mexicano para acceder a una vivienda digna.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en Nueva Alianza trabajamos por una sociedad cada vez más libre y tolerante, que fomente la solidaridad y el respeto pleno a los derechos humanos. En ese sentido, presento a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 4o de la Constitución, y los artículos 1o, 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda.

Nuestra propuesta va encaminada a sustituir el término de familia por el término de persona dentro del artículo 4o constitucional, en atención a que la vivienda debe otorgarse a la persona como titular de los derechos.

Sin duda la inversión más importante que una persona puede hacer en favor de su patrimonio es la adquisición o la mejora de una vivienda. En México el derecho a la vivienda tiene raíces profundas, la Constitución de 1917 en su artículo 123, fracción XII estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas, y a partir de 1983 el artículo 4o, párrafo sexto establece: Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Como hemos señalado, nuestra Carta Magna consagra el derecho a la vivienda, sin embargo podemos apreciar en su redacción que sólo se otorga este derecho a la familia, entendida ésta como aquella que se conforma con una pareja sus ascendientes y sus descendientes, además de otras personas unidas entre sí por vínculos de sangre, matrimonio, concubinato o civiles.

Debemos reconocer que a lo largo de los años la sociedad, así como los conceptos y la conformación de la familia, ha ido cambiando. Ahora estamos frente a nuevos paradigmas y realidades sociológicas que advierten una modificación profunda de las estructuras familiares a través de familias alternativas, como son las monoparentales, las extensas, las ensambladas y las de sociedad de convivencia.

Por ello consideramos pertinente actualizar el marco jurídico, para que como establece la iniciativa sean las personas las titulares de los derechos, sustituyendo el término persona por el de familia, como hasta el día de hoy lo establece nuestra Constitución Política.

Si somos estrictos, en la interpretación de los ordenamientos, en su sentido más amplio las personas son quienes están consideradas sujetos de derechos y obligaciones, con consecuencias jurídicas. Más allá de las cifras que demuestran el cambio de composición poblacional, en nuestro país, de acuerdo al último censo realizado por el INEGI, más de 4 millones de mexicanos, de hogares mexicanos a nivel nacional están conformados por una sola persona y 3 millones 804 mil por parejas sin hijos.

Las necesidades futuras de vivienda en México tienden a ir en aumento y las condiciones demográficas y familiares actuales plantean nuevos retos en materia de vivienda.

Para Nueva Alianza, garantizar la protección efectiva de los derechos humanos, particularmente el de acceso a la vivienda, es parte de nuestra agenda legislativa y estamos convencidos de lo apremiante de actualizar la norma para hacerla acorde con la realidad que hoy vivimos.

En ese sentido, los cambios que propone esta iniciativa significan ir un paso adelante para trascender las limitaciones que establecen la Constitución y la ley en materia de vivienda.

En Nueva Alianza pugnamos por mejores leyes, que reconozcan los derechos de cada mexicano y asumimos el compromiso de impulsar el acceso a una vivienda digna para cada persona. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Soralla Bañuelos de la Torre, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, engendró un cambio conceptual en el sistema jurídico y un reforzamiento del carácter protector y garantista de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundado en la doctrina constitucional moderna, el derecho internacional y el derecho humanitario, que vinculados entre sí reconocen y protegen de forma amplia y directa los derechos de las personas.

Lo anterior dio pauta para que la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocieran la protección de la persona, tanto a nivel internacional como a nivel regional.

El contexto nacional antes de la reforma mencionada reconocía los derechos del hombre, dentro de un sistema garantista que respetaba y sostenía un carácter obligatorio y protector. Sin embargo, a través de la naturaleza del derecho internacional y humanitario el Estado mexicano acogió cambios jurídicos internacionales aptos que incorporaron a los derechos humanos en nuestro máximo ordenamiento normativo, dejando atrás el régimen garantista tradicional, dando paso a un desarrollo progresivo de las normas de protección de la persona.

Este desarrollo se refleja en la inherencia de sus derechos encaminados hacia el pleno bienestar del ser humano, salvaguardando el respeto de su dignidad, satisfaciendo su desarrollo y favoreciendo su protección de la forma más amplia. Observando siempre a la persona desde dos perspectivas: la jurídica, donde se vuelve sujeto de derechos y obligaciones, y la prejurídica, donde es de reconocerse su dignidad e igualdad, lo cual nos lleva a eliminar limitaciones encauzadas hacia los derechos de que gozan las personas.

Es de mencionar que en nuestro país persisten criterios formalistas que impiden el pleno desarrollo de la reforma constitucional en comento, por eso tenemos la obligación de mandatar una interpretación que evite restringir su alcance.

En ese sentido, una restricción la encontramos en la Constitución Política, la cual indica en el párrafo sexto del artículo 4o.: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1983, fecha en que se institucionalizo el derecho de toda la familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

En una breve remembranza de la institucionalización de este derecho, debemos señalar que el mismo se establece en la Constitución de 1917 al disponer la obligación de que los patrones facilitasen vivienda a sus empleados y obreros. Más adelante para el año 1925, el entonces presidente, Plutarco Elías Calles, pensó en la posibilidad de dotar a cada familia mexicana de un espacio físico para crecer. Consecuente a ello, durante el periodo de 1970-1980 hubo una crisis que impedía a la sociedad hacerse de una vivienda con recursos propios, por lo que hubo intervención del Estado para regular este mercado.

Para entender lo anterior, consideramos pertinente conocer el concepto de familia, definido a través de un esquema tradicionalista como “la institución formada por personas unidas por vínculos de sangre y los relacionados con ellos en virtud de intereses económicos, religiosos o de ayuda”. Esta enunciación proviene de un entorno conservador, basado en un sistema garantista y paternalista del siglo XX.

Hoy, la familia ha trascendido más allá del esquema tradicional, hecho confrontado con diversos estudios jurídicos y sociales que revelan una organización familiar llena de importantes variaciones en las últimas décadas. Por eso debemos tener en cuenta y atender las nuevas realidades sociológicas que han advertido una modificación profunda de las estructuras familiares a través de familias alternativas como son las monoparentales, las extensas, las ensambladas y las de sociedad de convivencia.

Con relación a lo anterior, no debemos dejar de lado el punto de vista jurídico, en sus dos sentidos: sentido estricto, el cual considera un grupo formado por la pareja, sus ascendientes y sus descendientes, además de otras personas unidas a ellos por vínculos de sangre, matrimonio, concubinato o civiles; y en sentido amplio, el que concibe que la familia está constituida por dos o más personas que comparten una vida material y afectiva, en la que se dividen tareas y obligaciones, que permitan su subsistencia, desarrollo y calidad de vida integral.

Tal contexto da pauta para dar razón a la dinámica evolutiva de la sociedad, pese a eso tenemos que ser muy puntuales en el enfoque jurídico que deben adoptar los conceptos de familia y de persona atendiendo siempre a las diferentes condiciones, cualidades, capacidades y personalidades.

Argumentación

A través de los siglos, la familia ha sido conformada siempre por un grupo de personas unidas, ya sea, por lazos consanguíneos o de afinidad, a los que el derecho no otorga, sino más bien reconoce, sus derechos connaturales. Caso contrario sucede con las personas, quienes son consideradas sujetos de derechos y obligaciones con consecuencias jurídicas.

Es trascendental pensar en un cambio de la perspectiva socio-jurídica constitucional, avocándonos en los tratados internacionales que reconocen plenamente la dignidad y los derechos iguales e inalienables para todos los miembros de la familia humana. Reflexionando que la persona tiene ciertos derechos en virtud de su condición humana.

Resulta ineludible saber la etimología de la palabra persona, la cual tuvo su origen en el teatro griego, donde se utilizaba la palabra prosopon (cuyo significado textual es “respecto”). También se considera que proviene del termino etrusco phersu¸ que significaba la máscara que utilizaban en las representaciones teatrales en honor de la diosa Phersepone. Por su parte, los romanos lo establecieron como per-sonare, que de igual forma se refería al papel ejercido por los actores en el teatro.

Diversas obras de consulta tomaron como base esos antecedentes y definieron a la persona ( personare, prosopón y phersu)como la máscara o careta del actor con la finalidad de aumentar el sonido, pero también para significar el carácter o representación por la cual se actúa.

Empero, un cambio radical de este concepto comenzó a partir de la época del derecho clásico con la función social que cada individuo ejercía dentro de la sociedad, aquí surgía la duda entre dar valor o no a la persona, pero la filosofía estoica señalaba lo contrario. Por su parte, los juristas romanos la consideraban como un “hombre libre”, y en tiempos actuales la Real Academia Española la ha definido como un “individuo de la especie humana”.

Sin embargo, la corriente filosófica del personalismo contrasta con su doctrina ético-política que refiere su oposición tanto al colectivismo, donde la persona se concibe únicamente como una unidad numérica, como al individualismo, que tiende a delimitar las relaciones de solidaridad entre las personas. Escenario neutral que desde nuestro punto de vista da pie para abatir la restricción de la persona en su sentido más amplio.

Consideramos urgente hacer efectivo el mandato de la Declaración Universal, de la Convención Americana y de la Constitución al referirse a la persona desde el principio pro persona que la doctrina constitucional reviste como un principio del que todos somos titulares. Por ese hecho asumimos la obligatoriedad de exigir su protección de forma directa e inmediata. Es importante citar que este principio no es sucedáneo de otros principios de interpretación clásicos, ya que establece una preferencia de prima facie, resultando que su interpretación jurídica es la más protectora para la persona.

Nuestra propuesta va encaminada a sustituir el término familia por persona en el artículo 4o. constitucional, pues la vivienda debe otorgarse a la persona como titular de derechos, mas no a la familia.

Esta propuesta se funda en lo que instituyen tratados internacionales como la Declaración Universal, y la Convención Americana de Derechos Humanos. De su normatividad se desprende que ambos tienen en cuenta la protección de los derechos de las personas. Para el caso en concreto, estipulan el principio de que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente o al uso y goce de sus bienes.

Así, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: “ Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”

En el país, el derecho a la vivienda se ha considerado como un derecho social cuya problemática recae en la falta de desarrollo de sus contenidos específicos. A pesar de los esfuerzos hechos por algunas instituciones y sistemas que han encaminado su labor a satisfacer las necesidades de las familias carentes de viviendas. Ninguna ha demostrado que la familia como tal la haya adquirido, esto viene a colación porque como lo hemos manifestado en líneas anteriores la persona en su sentido más amplio es sujeto de derechos y obligaciones jurídicas.

Desde esa óptica, la Constitución Política queda lejos de ir a la vanguardia internacional de los derechos humanos, a pesar de los trabajos efectuados en la materia. Si bien, la reforma en materia de derechos humanos que se aprobó en 2011, los implantó en la Constitución Política, dejó de lado situaciones como ésta, que tienen que ser atendidas por el Constituyente, salvaguardando a las personas desde su sentido más amplio, acorde siempre con la realidad que hoy vivimos.

Para abundar en este aspecto, es necesario revisar cómo ha cambiado la composición poblacional de México. Aun cuando el porcentaje de hogares nucleares (pareja con o sin hijos, o al menos un padre e hijos) sigue siendo la mayoría (64.4) y que el de hogares ampliados (un hogar nuclear con al menos otro pariente) suma 23.6, 10 por ciento de los hogares en México está formado por una sola persona.

En el Censo de Población y Vivienda de 2011, del Inegi, en el apartado relativo a hogares, se observa que 4 millones 193 mil 320 hogares mexicanos a nivel nacional están formados por una sola persona, y 3 millones 804 mil 677 por parejas sin hijos:

Esta realidad nos demuestra que resulta apremiante adoptar los cambios propuestos en el cuerpo de esta reforma, con el fin de que sean las personas o habitantes las que estén como titulares de derechos, y no la familia como hasta hoy establece la Constitución Política.

Para lograr una reforma integral y coherente, con los mismos argumentos también se propone la reforma de los artículos 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda, reglamentaria del derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4o. de la ley fundamental.

Un cambio de tal envergadura requiere la más amplia protección de los derechos de las personas. Por eso, Nueva Alianza buscará garantizar a las personas su derecho a adquirir una vivienda digna y decorosa, bajo el irrestricto respeto de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de que México es parte.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda

Artículo Primero. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

...

...

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda persona pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

...

...

Artículo 62. Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se sujetarán a lo que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Para el otorgamiento de los subsidios, las dependencias y entidades competentes deberán observar los siguientes criterios:

I. Atender a la población en situación de pobreza;

II. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus destinatarios, dando atención preferente a las personas con los más bajos ingresos;

III. y IV. ...

Artículo 82. La comisión promoverá la celebración de acuerdos y convenios con productores de materiales básicos para la construcción de vivienda a precios preferenciales para

I. ...

II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para personasen situación de pobreza, y

III. ...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

2 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3270/3.pdf

3 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/ derhumex/cont/17/art/art3.pdf

4 Ibídem.

5 http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Q3lIw3ja42x5AtrhCS7

6 Un hogar compuesto es el formado por una familia nuclear o ampliada, con al menos una persona sin parentesco. Fuente: Inegi. Conociendo México 2012.

7 Un hogar corresidente es el formado por dos o más personas sin parentesco. Fuente: Inegi. Conociendo México 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputada Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Vivienda, para opinión.

LEY GENERAL DE SALUD Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Salud y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza:Con su venia, diputado presidente. En términos generales, el embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en niñas y adolescentes a partir de la pubertad, etapa que comienza el proceso de cambios físicos que convierte a la niña en un adulto capaz de la reproducción sexual.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la niña o adolescente esté debidamente preparada para ser madre. Según diversos estudios, el embarazo precoz es cada día más frecuente. La realidad nos muestra que se trata de un problema de prioridad para la salud pública, por entre otros, el alto riesgo de mortalidad que suelen reflejar los bebés de madres adolescentes, que por lo general presentan bajo peso al nacer y suelen ser prematuros.

El embarazo precoz está vinculado a una cierta situación social que combina la falta de educación en materia de reproducción y comportamiento sexuales. La falta de conciencia propia de la edad y otros factores, como puede ser la precariedad económica que obliga a vivir en situaciones de hacinamiento, por ejemplo, en muchas ocasiones, incluso el embarazo precoz está vinculado a violaciones.

Es común que el embarazo precoz sea condenado a nivel social y familiar. La adolescente embarazada es vista como culpable de una situación indeseada, por lo que suele ser discriminada y no cuenta con el apoyo que necesita.

Según datos públicos, cada año en México cerca de un millón de embarazos corresponden a madres adolescentes, lo que equivale al 27.6 por ciento de todos los embarazos.

Se puede establecer que las causas principales de los embarazos en las niñas y adolescentes van desde el inicio precoz de las relaciones sexuales, ya sea voluntariamente o por presión social, así como violaciones, violencia sexual, carencia afectiva, descuido de los padres, la baja autoestima, la curiosidad y el uso inadecuado de métodos de anticoncepción.

Sumado a ello, lamentablemente es común que este tipo de embarazos tenga como consecuencia para la madre el abandono de sus estudios, problemas para conseguir empleo, discriminación, depresión, desórdenes nutricionales y abortos.

Vale citar que la asociación civil Alianza médica, entre sus argumentos señala que la vida sexual activa inicia a edades cada vez más tempranas, y en muchos casos sin protección. Además de que las adolescentes suelen esconder su embarazo durante meses por temor a la reacción de los padres.

Según los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, tres cuartas partes de los médicos, si tuvieran que escoger solo un problema de salud pública para ser atendido como prioridad, escogieron diabetes o embarazo en adolescentes.

Así, el embarazo en adolescentes se ha convertido en problema de salud pública, debido a la falta de acceso y cobertura de métodos anticonceptivos y la ineficiente promoción de una cultura de prevención.

En todos los casos, estudios y estadísticas los especialistas coinciden que es necesario trabajar en la prevención de los embarazos en niñas y adolescentes con campañas de información, concientización, orientación y educación sexual, entre otros.

Reafirmación de la corresponsabilidad institucional y social que no podrá consolidarse en tanto no se le dé fuerza legal al conjunto de políticas públicas, programas y acciones urgentes y necesarias para prevenir la creciente tendencia que a la fecha se presenta entre la niñez y juventud mexicana, siendo precisamente urgente trabajar en la promoción de la cultura de la prevención del embarazo precoz en niñas y adolescentes como componente sustantivo de los valores de coexistencia familiar y social, y elemento prioritario en las políticas de Estado de tan apremiante tema.

Para el logro de tales objetivos es de entenderse la urgente necesidad de contar con adecuaciones legales que fortalezcan la definición de las políticas, estrategias y programas a emprender, de manera tal que estos se acompañen de modo sólido durante su implementación.

Mandato legal que debe ser armonizado entre las leyes generales de salud y de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de reforzar de manera institucionalizada, coordinada y concertada una permanente atención a la problemática planteada.

Atención sustantiva para la definición e implementación eficiente de los necesarios programas a aplicar al respecto, ya que de la información obtenida se instrumenten las adecuaciones, sustituciones y correcciones necesarias de los programas que se aplican en este importante tema.

Así, compañeras y compañeros, por la gravedad y por los impactos familiares que esto implica, sociales, económicos y de salud, y aceptando que el embarazo en niñas y adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública, es necesario que el tema por sí solo y de manera explícita sea parte integrante de los objetivos del sistema nacional de salud y por lo tanto elemento sustantivo de la materia de salubridad general y de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la transversalidad legal e institucional que tan grave problema exige.

Es por ello que elevo iniciativa de decreto que reforma la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en los términos presentados. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Salud y 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V Bis, al artículo 3o. de la Ley General de Salud, y se reforma la fracción VI del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En términos generales, el embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en niñas y adolescentes, a partir de la pubertad , en la que comienza el proceso de cambios físicos que convierte a la niña en un adulto capaz de la reproducción sexual. Esto no quiere decir, sin embargo, que la niña o adolescente esté preparada para ser madre según diversos estudios, el embarazo precoz es cada vez más frecuente.

La realidad muestra que se trata de un problema de prioridad para la salud pública por, entre otros, el alto riesgo de mortalidad que suele reflejar los bebés de madres adolescentes, que por lo general, presentan bajo peso al nacer y suelen ser prematuros.

El embarazo precoz está vinculado a una cierta situación social, que combina la falta de educación en materia de reproducción y comportamientos sexuales, la falta de conciencia propia de la edad y otros factores, como puede ser la precariedad económica que obliga a vivir en situaciones de hacinamiento, por ejemplo. En muchas ocasiones, incluso, el embarazo precoz está vinculado a violaciones.

Es común que el embarazo precoz sea condenado a nivel social y familiar. La adolescente embarazada es vista como “culpable” de una situación “indeseada”, por lo que suele ser discriminada y no cuenta con el apoyo que necesita.

Por eso, los especialistas insisten en que la madre precoz debe contar con la asistencia de la familia y ser acompañada en las visitas a los médicos y en los cuidados.

Según datos públicos, cada año en México, cerca de un millón de embarazos corresponden a madres adolescentes, lo que equivale al 27.6 por ciento de todos los embarazos.

Se puede establecer que las causas principales de los embarazos en las niñas y adolescentes van desde el inicio precoz de las relaciones sexuales, ya sea voluntariamente o por presión social, así como violaciones, violencia sexual, carencia afectiva, descuido de los padres, la baja autoestima, la curiosidad y el uso inadecuado de métodos de anticoncepción.

Sumado a ello, lamentablemente es común que este tipo de embarazos tengan como consecuencia para la madre, el abandono de sus estudios, problemas para conseguir empleo, discriminación, depresión, desórdenes nutricionales y abortos.

Vale citar que la Asociación Civil Alianza Médica entre sus argumentos señala que la vida sexual activa, inicia a edades cada vez más tempranas y en muchos casos sin protección, además de que las adolescentes suelen esconder su embarazo durante meses por temor a la reacción de sus padres.

Según los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública “tres cuartas partes de los médicos, si tuvieran que escoger sólo un problema de salud pública para ser atendido como prioridad, escogieron diabetes o embarazo en adolescentes”.

“Y esto habla tanto de los problemas de salud pública del país que pueden ser estrictamente metabólicos, pero también de los problemas sociales, porque tenemos una gran cantidad de embarazos en adolescentes y es un problema que se está viendo como muy preocupante”.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2012) demuestran que el porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de edad que han iniciado vida sexual, según datos de 2012, alcanza 23 por ciento, con una proporción mayor en hombres con 25.5 por ciento, en relación con las mujeres con un 20 por ciento.

Esta cifra es superior a la reportada en la Ensanut 2006, que reportó 15 por ciento de adolescentes de entre 12 y 19 años que habían iniciado vida sexual, 17 por ciento entre los hombres y 14 por ciento entre las mujeres.

En la misma Ensanut 2012, se refleja que el 84.5 por ciento de los adolescentes sabe que el condón masculino puede usarse una sola vez y el 78.5 por ciento está consciente de que el uso del condón permite evitar un embarazo o una infección de transmisión sexual.

Sin embargo, del total de adolescentes sexualmente activos, el 14.7 por ciento de los hombres y 33.4 por ciento de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual.

Anameli Monroy, presidenta del Centro de Orientación para Adolescentes, refirió que “las razones por las que los menores no utilizan métodos anticonceptivos en sus primeros encuentros sexuales dependen, entre otras cosas, de la idiosincrasia propia de su edad, parece que todos piensan que a ellos no les puede ocurrir”.

Se debe valorar que, de las jóvenes que se embarazan entre los 15 y 19 años, 65 por ciento interrumpe sus estudios y serán madres solteras, de este número, cerca de 50 por ciento van a tener su segundo hijo de un padre diferente, y generalmente llega entre 3 y 4 años después del nacimiento del primero.

Se sabe, que, quienes más se embarazan son las adolescentes que viven en condiciones de pobreza, que tienen baja escolaridad y sin acceso a servicios de salud, sin dejar de mencionar a las comunidades indígenas donde se mezclan la falta de oportunidades con los usos y costumbres, lo que lo convierte en un fenómeno aún más complejo.

Así, el embarazo en adolescentes se ha convertido en problema de salud pública, debido a la falta de acceso y cobertura de métodos anticonceptivos, y la ineficiente promoción de una cultura de prevención.

En todos los casos, estudios y estadísticas, los especialistas coinciden que es necesario trabajar en la prevención de los embarazos en niñas y adolescentes, con campañas de información concientización, orientación y educación sexual, entre otros.

Es necesario, impulsar una real política pública para impulsar la orientación, educación y prevención de los embarazos entre la población referida y sobre todo con una visión prospectiva de que cada uno de los infantes nacidos, exigen y exigirán servicios y que la madre joven será responsable de su hijo, al menos, los próximos 18 años con toda la carga socioeconómica personal y para el propio estado.

Así, es de suma importancia que las autoridades federales, estatales y municipales, reafirmen su responsabilidad de impulsar campañas para prevenir los embarazos en comento, orienten en el uso de métodos anticonceptivos y el en sector salud y educativo orienten a los padres y adolescentes en la importancia de cuidarse cuando inicien su vida sexual, en respeto siempre los derechos humanos.

Reafirmación de la corresponsabilidad institucional y social, que no podrá consolidarse en tanto no se le dé fuerza legal al conjunto de políticas públicas, programas y acciones urgentes y necesarias, para revertir la creciente tendencia que a la fecha se presenta entre la niñez y juventud mexicana.

Es de citar que la Ley General de Salud, en su artículo 1o., establece que “la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Además, “establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social”.

Recordando que el artículo 4o. constitucional, de manera expresa cita dos grandes principios relativas a la salud pública, y que son, segundo párrafo “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” y cuarto párrafo “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

La propia ley general citada, señala en su artículo 5o. que “se constituye el Sistema Nacional de Salud por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud”.

Asimismo, en el artículo 67 párrafo primero de la ley antes citada, señala lo siguiente:

Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

De lo anterior, la prevención en este tipo de embarazos prematuros, entre otras cosas es por los altos riesgos de salud para aquellas niñas y adolescentes que se encuentran en tal condición. En tal virtud es que se pretende establecer los conceptos de información y orientación.

Siendo precisamente, urgente trabajar en la promoción de la cultura de la prevención del embarazo precoz en niñas y adolescentes, como componente sustantivo de los valores de coexistencia familiar y social y elemento prioritario en las políticas de estado en tan urgente tema.

Baste recordar lo establecido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas México, que informa que las adolescentes entre 15 y 19 años corren el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo o el parto dos veces más que las de una mujer de 20 a 30 años; señalando además que entre 60 y 80 por ciento son embarazos no planeados.

Adicional a lo descrito, ante la información sobre el no uso de condón no se puede soslayar que los riegos de contraer una infección de transmisión sexual como sífilis, herpes genital, gonorrea, y en casos más graves, el VIH/sida, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el sida más del 95 por ciento de los casos de ésta infección es por transmisión sexual; de acuerdo a la UNICEF se calcula que 2.2 millones de adolescentes en el mundo viven con VIH, y el 60 por ciento de ellos son niñas.

Dicha problemática es de tomar en consideración, ya que más de la mitad de los que inician su vida sexual entre los 15 y 19 años y que conocen algún método anticonceptivo no utilizó ninguno de estos en su primera relación sexual.

En el país el número de las adolescentes vulnerables a esta situación es considerable, pues según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el l0 por ciento de la población en México oscila entre los 10 y 19 años, lo que representa un amplio sector que se puede encontrar inmerso en la problemática en comento, ya que si relacionamos dicha cifra con los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición 2012, la cual señala un incremento en el porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de edad que han tenido relaciones sexuales, pasando de 13.95 por ciento en 2006 a 20.5 por ciento en 2012, mostrando una tendencia a la alza en la vida sexual de las adolescentes.

Sólo como un referente, el Consejo Estatal de Población Jalisco, Coepo, ha precisado que entre los problemas que acarrea el embarazo en mujeres menores de 20 años son entre otros:

• Mayor riesgo para la madre en y durante el parto debido a la inmadurez física de su organismo.

• Mayor posibilidad de que el hijo tenga baja talla y peso al nacer.

• Patrones reproductivos de poco espaciamiento entre los hijos y una descendencia más numerosa al final de la vida reproductiva.

• Deserción escolar de la madre y con frecuencia de su pareja.

• Menores oportunidades de inserción en el mercado laboral.

• Con frecuencia se da una estigmatización social y familiar hacia los jóvenes involucrados.

• Con relativa frecuencia el varón no asume su responsabilidad y deja sola a la joven.

• Cuando como resultado del embarazo los progenitores deciden formar un nuevo hogar, en ocasiones las dificultades y la inmadurez de por lo menos un miembro de la pareja influyen en el fracaso prematuro de tal hogar.

• En suma, la procreación a una edad temprana limita el desarrollo personal de las y los jóvenes, y puede tener importantes implicaciones en sus trayectorias de vida y la de sus descendientes. (http://coepo.app.jalisco. gob.mx/PDF/Presentaciones/Embarazoadolescente.pdf)

Aún más, de acuerdo con el Inegi, al 13 de diciembre de 2013, en el tema de “porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años), 1990 a 2012” a nivel nacional demuestra una tendencia a la alza con un porcentaje del 19.4 por ciento; parámetro que refleja que las políticas y mecanismos orientados hacia la solución de ésta problemática no han sido del todo satisfactorios.

En abono a lo anterior, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, (Enapea) lanzada por el presidente Peña Nieto, establece que “el embarazo en adolescentes afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, y su economía entre otros aspectos. Ser madre o padre adolescente suele iniciar y/o reforzar, sin distinciones sociales, una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, características propias del desarrollo en esa etapa y a la adopción de roles de género tradicionales, así como a la pérdida de vivencias y adquisición de conocimientos propios de la adolescencia. La maternidad y paternidad temprana, suele tener efectos negativos graves en los hijos e hijas de las y los adolescentes, exponiéndolos a condiciones adversas que obstaculizan su desarrollo”. (Página 15.)

La Enapea tiene así como objetivo general:

Reducir el número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.

Y como objetivos específicos se busca:

a) Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México;

b) Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo;

c) Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada, ARAP, para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad;

d) Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual reproductiva para adolescentes; y

e) Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada.

Para el logro de tales objetivos, es de entenderse la urgente necesidad de contar con adecuaciones legales que fortalezca la definición y adecuación de las políticas, estrategias y programas a emprender, de manera tal, que estos se acompañen de modo sólido durante su implementación.

De lo anterior resulta como eje fundamental que se desarrollen programas tendiente a la prevención en el embarazo en adolescentes, esto por los riesgos antes señalados, ya que la prevención es la principal arma para combatir los daños que puede llegar a ocasionar un embarazo a temprana edad.

Ante lo señalado, es prioritario reforzar de manera institucionalizada, coordinada y concertada una permanente atención a la problemática planteada, atención sustantiva para la definición e implantación eficiente de los necesarios programas a aplicar al respecto, ya que de la información obtenida se instrumenten las adecuaciones, sustituciones y correcciones necesarias de los programas que se aplican en éste tema.

Estas medidas deben insertarse en el marco de las responsabilidades de la Secretaria de la Salud y como parte importante de la materia de salubridad general, ya que los ordenamientos legales definen la intervención al definir la salud como como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y la presente propuesta legislativa conlleva el establecimiento de políticas, programas, y acciones direccionadas a prevenir, informar, investigar, orientar, atender, controlar y vigilar en materia de embarazo temprano.

Así, aplicar políticas y programas enfocados a prevenir lo referido es sumar esfuerzos institucionales y sociales para rehacer el tejido social y sobretodo familiar que, en la mayoría de los casos, se rompe al presentarse este tipo de eventos.

Sin dejar de mencionar la cancelación, al menos fuerte disminución, de opciones e intenciones de superación personal y familiar, al tener que modificar su proyecto de vida por dedicarse desde muy joven a la atención del embarazo y el fruto del mismo.

Así, y de manera correlacionada exigida, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con precisión establece que su objeto, es, entre otros, Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en tal sentido uno de los primeros derechos es el contar y mantener información relacionada y sustentada para cada uno de los aspectos de su vida e indudablemente uno de los aspectos, es lo relativo a la vida sexual y posibles consecuencias.

En consecuencia, es necesario implementar aquellas políticas públicas, en las que, obligatoriamente, se deben incluir las relativas a la prevención del embarazo entre niñas y adolescentes por los impactos familiares, sociales y económicos, ya citados.

Adicionalmente, entre los principios en la observancia, interpretación y aplicación de esta Ley General, en el artículo 2o. se plasma que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente ley.

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”.

Así, la propia ley referida define prioridades de actuación interinstitucional, considerando que:

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector”.

“Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales”.

En complemento a estos objetos y principios rectores, el Artículo 6, de la ya citada ley, establece a la letra que

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores, los siguientes:

X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales;

En consecuencia, es necesario armonizar lo relativo a este grave problema, entre la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y, permitiendo y fortaleciendo la implementación de políticas públicas con visón y aplicación transversal insitucionalizada y debidamente correlacionada, vigilando en todo momento los intereses supremos de la niñez y adolescencia, en paralelo con los programas de salud pública.

En este orden de ideas, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes invocada, su artículo 50, fracción VI, señala que las autoridades correspondientes deberán “Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;”, sin embargo se considera importante establecer además de lo antes mencionado, que dentro de estos programas se incluya de manera explícita la información, orientación, atención control y vigilancia referente a los embarazos tempranos en adolescentes.

La Enapea, define en al apartado de Objetivos, Líneas de Acción y Actividades, en donde el Objetivo 2 es “Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo La ENAPEA incentivará el aplazamiento del embarazo en un marco de derechos humanos. Las y los adolescentes podrán construir proyectos de vida hacia un desarrollo integral, sustentado en mayores niveles educativos y oportunidades laborales. La modificación del entorno incluye cambios a las normas sociales, jurídicas y culturales para prevenir y erradicar el abuso y la violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de desventaja socioeconómica.

Por la gravedad del tema y por los impactos familiares, sociales, económicos y de salud, y aceptando que el embarazo en niñas y adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública, es necesario que el tema por si solo y de manera explicita, sea parte integrante de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y por lo tanto, elemento sustantivo de la materia de salubridad general y de los derechos de niñas niños y adolescentes, con la transversalidad legal e institucional que tan grave problema exige.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Primero: Se adiciona la fracción V Bis, al artículo 3o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a V. ...

V Bis. La prevención, información, orientación, investigación, atención, control y vigilancia en materia de embarazo temprano.

Segundo: Se reforma la fracción VI del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

Fracción I. a V. ...

Fracción VI. Establecer las medidas tendientes a prevenir, informar, orientar, atender, controlar y vigilar en materia de embarazo temprano.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2015.— Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza,José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Ramón Báñales Arámbula, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Jesús Zúñiga Mendoza, Rafael Yerena Zambrano, Javier Santillán Oceguera, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Daniela De Los Santos Torres, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Ramón Bañales Arámbula, Gonzalo Guízar Valladares, Alejandro Armenta Mier, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gaeta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

La diputada Daniela de los Santos Torres: Presidente, pedir al diputado si puedo adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada vicepresidenta Daniela de los Santos le pide, diputado Gaeta, adherirse a su iniciativa.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza (desde la curul): Claro, con gusto, diputada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Da su consentimiento. Está a disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva.

Saludamos la presencia de alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria, Maestro Manuel Acosta, de la delegación Tlalpan, del Distrito Federal. Invitados por el diputado Jesús Valencia Guzmán.

Asimismo, a alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 141, provenientes del municipio de Ixtapaluca, estado de México. Invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández. Bienvenidas, bienvenidos todos a este Palacio Legislativo de San Lázaro.

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.

La diputada Nadia Haydee Vega Olivas:Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados. Hoy vengo a tocar un tema que estoy segura que los ciudadanos en diversas partes de la República nos han pedido nuestro apoyo para modificar dentro de la Ley de Energía Eléctrica.

Es una iniciativa que busca reorientar la metodología de cálculo para el establecimiento de las tarifas eléctricas de uso doméstico. Se propone modificar la temperatura media mínima por la temperatura efectiva, pues debemos cuestionarnos ¿realmente son comparables tres grados centígrados en un ambiente seco a en uno extremadamente húmedo? No, no lo son, y no podemos pretender que así lo sea mediante una serie de acuerdos o decretos.

Con la aprobación de la reforma energética las tarifas eléctricas se deben establecer conforme a lo estipulado en el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, que menciona que la Comisión Reguladora de Energía, (CRE), aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministros de último recurso y las tarifas finales de suministro básico.

La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios, sin embargo, debe precisarse que actualmente esta ley no se aplica, pues de conformidad con el artículo 6o. transitorio del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, que señala las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, relativas a contratación, tarifas, medición, facturación, cobranza y demás conceptos relacionados con el suministro y venta de energía eléctrica, seguirán vigentes hasta en tanto se expidan nuevas disposiciones sobre estas materias.

En ese sentido, el 1 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica de suministro básico a usuarios domésticos, emitido por el C. presidente de la República y mediante el cual se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar el mecanismo de fijación de tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos para el año 2015.

En dicho acuerdo se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico, quedando siete tipos determinados por los siguientes rangos: 1, servicio doméstico; 1A, 25 grados centígrados; 1B, 28 grados; 1C, 30 grados; 1E, 32 y 1F, 33.

Dicha clasificación de temperaturas da lugar a diferentes rangos, kilowatts, hora de consumo y diferentes precios, estableciendo 42 diferentes cuotas aplicables, que no siempre privilegian a los sectores más vulnerables de la sociedad.

A pesar de que la intención del acuerdo mencionado es otorgar un subsidio a aquellas zonas y comunidades que presentan altas temperaturas, estos esfuerzos han sido insuficientes.

Estamos padeciendo los efectos del cambio climático como son: el incremento de temperatura o calentamiento global. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua, en nuestro país existen estados que en temporada de verano alcanzan temporadas de entre 35 a 40 grados centígrados, entre ellos Bajas California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Yucatán.

Pero, además de las altas temperaturas en estos estados, las condiciones de humedad afectan de manera tal que la sensación térmica es mayor a los grados centígrados que se registran. En lo personal, por ser originaria del estado de Sinaloa, puedo constatar como en la mayoría de los municipios se sufre de un calor extremo, que obliga a quienes vivimos ahí, a tener que prender abanicos y aires acondicionados a toda hora del día y de la noche. Y no por comodidad, sino porque simple y sencillamente nuestros hijos no pueden concentrarse en estudiar, e igualmente, los adultos no nos podemos concentrar en trabajar si se está corriendo riesgo de deshidratación.

En la actualidad, existen estudios científicos sobre el confort climático, los cuales concluyen en una opción viable, es utilizar el índice de temperatura efectiva. Estudios de bioclima humano coinciden en enlistar a la temperatura la radicación solar y la emitida por los alrededores, el viento y la humedad atmosférica, como los principales elementos ambientales en la sensación térmica del humano.

Ante las nuevas investigaciones y avances científicos es necesario volver a revalorar las variables y los indicadores mediante el cual se establecen las tarifas eléctricas de uso doméstico.

A partir de la aprobación de la Reforma Energética, se hace necesario elaborar un estudio integral para todo el territorio mexicano que tenga como objetivo establecer un modelo nacional, incorporando la humedad y la temperatura efectiva, a fin de aprobar las tarifas de electricidad para localidades, por ejemplo, de climas demasiado cálidos y fríos.

Por lo anteriormente mencionado, no se debe continuar utilizando la temperatura mínima de verano como la variable para el cálculo de las tarifas de servicio doméstico. Por lo tanto, las modificaciones dentro del artículo 138 que se proponen son para que la CRE contemple dentro de las metodologías, para determinar el cálculo de las tarifas, las variables de radiación solar, viento, humedad atmosférica y temperatura efectiva, a fin de establecer menores tarifas.

También exhorto a que ya se expidan las nuevas disposiciones sobre la materia que hagan aplicable la Ley de la Industria Eléctrica en este apartado. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Nadia Haydee Vega Olivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en su orden el actual párrafo para formar un nuevo párrafo tercero y se reforma el nuevo párrafo tercero del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica en materia de tarifas eléctricas de uso doméstico, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los retos que se planteó la reforma energética fue la de disminuir la tarifas eléctricas. En su momento el Ejecutivo federal reconoció que el costo de la energía era elevado y estaba afectando los bolsillos de los hogares mexicanos y de las Pyme, frenando la creación de empleos en México. En comparación con Estados Unidos, nuestras tarifas son más caras admitió la Secretaría de Energía: por cada peso que ellos pagan, nosotros pagamos, en promedio, 1.25. Esto es a pesar del elevado subsidio fiscal que se destina cada año a las tarifas.

Sin embargo, dichos subsidios no llegaban a quién más los necesitaba, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014 del Inegi, los deciles más bajos de la economía dedican entre el 4 por ciento y 6 por ciento de sus gastos totales en energía y combustibles, mientras que el decil más alto sólo destina 3 por ciento.

Con la aprobación de la reforma energética, las tarifas eléctricas se establecen conforme a lo estipulado en el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, que menciona que “la Comisión Reguladora de Energía, CRE, aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE”.

Sin embargo, debe precisarse que la ley no se aplica, pues de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, que señala que las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica relativas a contratación, tarifas, medición, facturación, cobranza y demás conceptos relacionados con el suministro y venta de energía eléctrica seguirán vigentes hasta en tanto se expiden nuevas disposiciones sobre estas materias.

En este sentido, el 1 de enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos ,emitido por el presidente de la República, y mediante el cual se autorizó? a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinar el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a usuarios domésticos para el año 2015. En dicho Acuerdo se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico quedando siete tipos, determinado por los siguientes rangos:

• Tarifa 1 de Servicio Doméstico,

• 1 A: Temperatura limite 25 grados centígrados;

• 1B: Temperatura límite 28C;

• 1 C: Temperatura limite 30 C;

1D: Temperatura límite 31 C;

1E: Temperatura límite 32 C y;

• 1 F: Temperatura límite 33 C.

Para el cálculo de las temperaturas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la encargada de reportar la Temperatura Media que afectan las tarifas de la 1A a la 1F. Dicha clasificación de temperaturas da lugar a diferentes rangos de kilowatts-hora (KWH) de consumo y diferentes precios dando lugar a 42 diferentes cuotas aplicables que no siempre privilegia a los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las comunidades indígenas.

Sin embargo y a pesar de que la intención del Acuerdo mencionado es otorgar un subsidio a aquellas zonas y comunidades que presentan altas temperaturas, estos esfuerzos han mostrado ser insuficientes. De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en nuestro país existen Estados que en temporada de verano alcanzan entre los 35 a 40 grados centígrados entre ellos Baja California, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Yucatán.

No obstante, continuar utilizando la temperatura mínima de verano como variable para el cálculo de las tarifas para servicio doméstico es totalmente regresivo. En la actualidad existen estudios científicos sobre el confort climático, los cuales concluyen que una opción viable es utilizar el índice de temperatura efectiva (TE) entendiéndolo como la temperatura de aire en calma que experimentaría un sujeto sedente, sano, a la sombra, vestido con ropa de trabajo, si la humedad relativa fuera del 100 por ciento.

La utilización de la Temperatura Efectiva así como de otros indicadores, busca una forma práctica de evaluar la sensación de confort humano, que depende fundamentalmente de las condiciones de temperatura y humedad atmosférica. Otros estudios de bio-clima humano publicados a lo largo del siglo XX, coinciden en enlistar a la temperatura, la radiación solar y la emitida por los alrededores, el viento y la humedad atmosférica, como los principales elementos ambientales en la sensación térmica del humano; evidentemente en el interior de una edificación el viento y la radiación solar no pueden controlarse, quedando entonces como las más importantes la temperatura efectiva y la humedad atmosférica.

Uno de los principales objetivos de la bioclimatología humana es la estimación de ésta zona de confort térmico, definiéndolo como el conjunto de condiciones en que la mente expresa satisfacción con el “ambiente térmico” o con el medio que le rodea es decir, la ausencia de irritación o de malestar. Existen diversas investigaciones que concluyen la alta correlación existente entre la Temperatura Efectivay el Predicted Mean Vote (PMV), que es un índice basado en el balance energético del cuerpo humano y que refleja la opinión media estadística de un grupo numeroso de personas respecto de la sensación térmica percibida en un ambiente dado.

Ante las nuevas investigaciones y avances científicos es necesario volver a revalorar las variables y los indicadores mediante el cual se establecen las tarifas eléctricas de uso doméstico. Si bien el tema de las tarifas tiene raíces añejas, a partir de la aprobación de la reforma energética, se hace necesario elaborar un estudio integral para todo el territorio mexicano, que tenga como objetivo establecer un modelo nacional incorporando la humedad y la temperatura efectiva, a fin de aprobar las tarifas de electricidad para localidades, por ejemplo, de climas demasiado cálidos y fríos, donde el consumo de energía se incrementa en verano y en invierno por el uso de calefactores o aires acondicionados.

No debemos olvidar tampoco olvidar los efectos del Cambio Climático, como son el incremento de temperatura o calentamiento global. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que los 13 años más calurosos desde que existen registros de temperatura se concentraron en los últimos 15 años. De la misma forma se ha confirmado, que el incremento de temperatura del periodo 2001-2005 con respecto al periodo 1850-1899 fue de 0.76°C. Los registros de temperatura global, en los últimos diez años, indican que la variación promedio fue de cerca de 0.55°C por arriba de la media del periodo 1951-1980; siendo 2010 el año en que se registró la mayor desviación (0.63°C).

Por tal motivo la presente iniciativa busca reorientar la metodología de cálculo para el establecimiento de tarifas eléctricas de uso doméstico y con ello se atiendan de una mejor manera a los usuarios para consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido. El presente proyecto de decreto propone modificar la temperatura media mínima por la de temperatura efectiva, pues debemos cuestionarnos ¿realmente son comparables 30 grados centígrados en un ambiente seco a uno extremadamente húmedo? No, no lo son. Y no podemos pretender que así lo sea con una serie de acuerdos y decretos.

La temperatura efectiva consideran todas estas cuestiones en un modelo más inclusivo e integral que retoman diversos factores. Por tal motivo, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 139 a la Ley de la Industria Eléctrica para incorporar las variables que permitan establecer menores tarifas de la energía eléctrica en temporadas con condiciones climáticas adversas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en su orden el actual párrafo para formar un nuevo párrafo tercero y se reforma el nuevo párrafo tercero del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 139. ...

La CRE deberá contemplar dentro de las metodologías para determinar el cálculo de las tarifas establecido en el párrafo anterior, las variables de radiación solar, viento, humedad atmosférica y temperatura efectiva a fin de establecer menores tarifas de la energía eléctrica en temporadas con condiciones climáticas adversas que incrementen el consumo, en localidades sin cobertura total de energía y en localidades productoras de energía.

El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior con el propósito de establecer menores tarifas para grupos determinados de usuarios de suministro básico y en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deberán emitir las metodologías establecidas en el presente decreto en un término no mayor a 180 días hábiles.

Notas:

1 Tejeda, Martínez, Adalberto. El concepto de Temperatura Efectiva aplicado a las tarifas eléctricas domésticas en el Oriente de México. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, 2005, UNAM, pp. 106-121.

2 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputados: Nadia Haydee Vega Olivas, Alejandra Gutiérrez Campos, José Alfredo Ferreiro Velazco, Alfredo Miguel Herrera Deras, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Araceli Madrigal Sánchez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Cecilia Guadalupe Soto González, César Flores Sosa, Eloísa Chavarrías Barajas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Exaltación González Ceceña, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Genoveva Huerta Villegas, Gonzalo Guízar Valladares, Guadalupe González Suástegui, Herminio Corral Estrada, Janette Ovando Reazola, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Joaquín Jesús Díaz Mena, Jorge Ramos Hernández, Julio Saldaña Morán, Kathia María Bolio Pinelo, Leticia Amparano Gámez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Verónica Agundis Estrada, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Miguel Salim Alle, Patricia García García, Rene Mandujano Tinajero, Rocío Matesanz Santamaría, Próspero Manuel Ibarra Otero, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Susana Corella Platt, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Vega. Túrnese a la Comisión de Energía para dictamen.

Sonido en la curul del diputado Joaquín Díaz Mena.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para pedirle a la diputada Nadia si nos permite adherirnos a su excelente iniciativa, ya que en el estado de Yucatán sufrimos temperaturas alrededor de los 40 grados en época de verano.

Asimismo invitar a los compañeros de otras bancadas para que nos sumemos a esta iniciativa para que podamos impulsar la baja de las tarifas eléctricas en el estado de Yucatán, también. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. La diputada Vega, proponente acepta desde luego la adhesión, y estará a disposición entonces la iniciativa presentada aquí en la Secretaría, para la firma de quienes quieran hacerlo.

La diputada Eloisa Chavarrías Barajas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul de la diputada Eloisa Chavarrías, por favor.

La diputada Eloisa Chavarrías Barajas (desde la curul):Gracias, presidente. Únicamente felicitar a la diputada Nadia por esta propuesta que hace, pero también decirle que Colima está dentro de esos estados, concretamente el municipio de Tecoman, de donde soy originaria, y donde hemos tenido temperaturas de 40 grados.

Entonces, pues voy a estar junto con ella insistiendo en que eso suceda, se haga realidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chavarrías.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá:Buenas tardes. Con su autorización, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.

Esta iniciativa de ley con proyecto de decreto tiene que ver con una patología muy importante que nos genera cada año miles de discapacitados, pero no solamente discapacitados tradicionales, sino discapacitados en niños. Me refiero a la sordera congénita.

Esta sordera congénita afecta de manera severa a uno de cada mil nacidos vivos que ameritan un tratamiento quirúrgico, que van a quedar sordos en un futuro si no se les atiende. La Secretaría de Salud, compañeras y compañeros, reconoce la discapacidad auditiva como un problema de salud pública emergente, que en los años venideros se ha venido incrementando y se vendrá incrementado más por la cantidad de problemas de todo tipo que cuenta la sociedad mexicana.

Esta patología, compañeras y compañeros, hoy en día tiene un tratamiento; que es un tratamiento quirúrgico, es decir, tiene remedio; y se trata este tratamiento de un dispositivo electrónico que se inserta mediante una cirugía, y que se llama implante coclear, para con ello lograr que estos niños, que en un futuro iban a ser sordos y que iban a tener un futuro incierto, sean inmersos en una sociedad normoyente y tengan la posibilidad incluso de poder integrarse a una escuela primaria normal, a una secundaria normal, a una preparatoria normal, hacer una carrera, en fin.

Se trata pues de la mejor alternativa para permitir que personas con sordera profunda, con sordos, sobre todo niños recién nacidos, pues tengan una integración a una vida social. En México la demanda de este dispositivo de implantes cocleares es muy alta, ya que el 16.5 de la población de nuestro país tiene una discapacidad auditiva, pero de todos estos –ya lo dije– el niño de 1 a 4 años es el que amerita mayor atención.

Por otro lado, el implante coclear se debe realizar de los 0 a los 4 años, que es donde el cerebro tiene una plasticidad cerebral y que logra acumular toda la información que se le envíe. Hay programas aislados en nuestro país, ha habido programas en Michoacán, ha habido programas en Veracruz, hoy en día existe de manera también fortuita en Jalisco, en el Distrito Federal, sin embargo lo que pretende esta iniciativa es articular una política pública única para que estos niños recién nacidos tengan derecho gratuito a esta atención.

Hay programas –también merecen la pena mencionarse– consolidados en Estados Unidos, consolidados en España, en Inglaterra, pero también en países del sur, como Colombia, Brasil, Argentina y Panamá. Por ello debo invocar al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a toda la persona nacida en nuestro país el derecho a la protección a la salud, así como a la atención médica integral.

Por lo anteriormente expuesto ante esta soberanía presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

En el caso de la discapacidad auditiva profunda se garantizará en niños menores de cuatro años atención gratuita prioritaria, mediante los avances científicos existentes, así como la intervención quirúrgica de implante coclear y su rehabilitación posterior.

Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

El tamiz auditivo debe realizarse durante el primer mes del recién nacido, a efecto de poder detectar de manera oportuna a bebes con pérdida auditiva o sordera. 16.5 por ciento de la población nacional que posee algún tipo de discapacidad corresponde a la auditiva, pero uno de cada diez son niños.

Argumentación

El implante coclear es el dispositivo que ha permitido a los niños con discapacidad auditiva recuperar este maravilloso sentido, y les ha permitido entre otras cosas incorporarse a la sociedad.

Esta prótesis sustituye las funciones perdidas o nunca adquiridas del oído, es considerado como uno de los avances tecnológicos más sobresalientes en el mundo de la medicina; mejora la calidad de vida de los pacientes y gracias a un trabajo multidisciplinario posibilita la integración a un mundo oyente.

En México, la demanda de implantes cocleares es altísima debido a que 16.5 por ciento de la población tiene discapacidad auditiva. Entre 2 y 3 niños de cada mil que nacen en el país, padecen de pérdida auditiva.

El implante coclear es la mejor alternativa para permitir que personas con sordera profunda escuchen, estudien, trabajen y tengan una vida social, pero es una opción que para nuestra sociedad, sumida en la pobreza, es imposible de alcanzar, y con ello se impide el acceso al derecho constitucional que garantiza la salud.

La mayoría de los candidatos a implante coclear son niños con sordera profunda de nacimiento, diagnosticada a temprana edad, en este caso es necesario realizar la cirugía lo antes posible para que el bebé pueda adquirir lenguaje, cuanto más tiempo pase, más complicada será su integración social.

La implantación se realiza por medio de un proceso quirúrgico ambulatorio que consiste en colocar un dispositivo que traduce las señales acústicas en eléctricas con el fin de estimular el nervio auditivo; y los beneficios para el paciente, para la familia, y en general para la sociedad, son invaluables.

El costo del procedimiento se reditúa con la productividad del individuo a lo largo de su vida.

Hoy por hoy, gracias a los avances científicos, esta circunstancia tiene solución a través del implante coclear (IC). Paradójicamente, las mejoras en implantes cocleares han provocado los avances más significativos en materia de audífonos digitales, pues mediante esta intervención se han podido conocer mejor los mecanismos internos del oído que luego se han aplicado al desarrollo de aparatos de última generación.

En realidad, este tipo de operación se viene realizando desde hace unos 30 años, pero ha sido en los últimos tiempos cuando ha experimentado mayores progresos. Por un lado, se ha convertido en la mejor alternativa para los discapacitados auditivos congénitos y, por otro, está dando resultados espectaculares en sorderas adquiridas.

Esta intervención se realiza en casos de sorderas profundas bilaterales que no se deban a daños en el córtex cerebral, con destrucción total de la cóclea y que no pueden beneficiarse de audífonos convencionales. El IC es un dispositivo transformador que se encarga de estimular el nervio auditivo de manera similar como lo haría el sonido.

Si el implante se realiza lo antes posible para aprovechar que el cerebro es aún muy moldeable en el niño, se evitarán problemas de comunicación y aprendizaje, pues las bases del lenguaje se sientan en los tres primeros años de vida.

Esta técnica no presenta complicaciones, tras la intervención, el paciente puede hacer una vida normal, sin embargo es imprescindible una estimulación temprana y un proceso intenso de rehabilitación a cargo de especialistas en sordera que complete la labor que se inició en quirófano.

El futuro debe ser más esperanzador para nuestra sociedad, con los avances científicos los implantes serán cada vez más pequeños, sin componentes externos con una mayor estimulación auditiva, de tal suerte que su costo será un poco más accesible y evitará molestias a los bebés, pero hoy tenemos que obligarnos con los bebes que están naciendo en este momento con este problema.

Es preocupante porque la sordera congénita afecta de manera severa a uno de cada mil recién nacidos vivos en nuestro país, y si englobamos las pérdidas de audición en distintos grados, entonces nos encontramos con que son tres los bebés que vienen al mundo con problemas de este tipo.

La Secretaría de Salud reconoce a la discapacidad como un problema emergente de salud pública, que en los años recientes se ha incrementado como resultado de la interacción de diversos factores sociales, políticos y poblacionales.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), determinó en el Censo de Población y Vivienda 2010 que, aproximadamente 5.7 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad.

Se considera que los servicios de atención médica integral, que son proporcionados adecuada y oportunamente, se constituyen en un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud. Así, la atención médica integral a los bebes con esta discapacidad, debe ser proporcionada con calidad y gratuidad.

Se ha observado que la detección oportuna e instrumentación de acciones de rehabilitación, resultan sumamente importantes, ya que limitan los efectos de la discapacidad, mejoran la calidad de vida y posibilitan la inclusión social.

La detección temprana, la identificación de signos y síntomas que evidencian el estado inicial de una discapacidad auditiva, entendida ésta como la restricción en la función de percepción de los sonidos externos, alteración de los mecanismos de transmisión, transducción, conducción e integración del estímulo sonoro; nos permitirá llevar a cabo una política pública eficaz.

Consecuentemente si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha consagrado el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o., estableciendo que toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73.

Del precepto antes mencionado se deriva que nuestro sistema de normas jurídicas de derecho social, buscan regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

En la doctrina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su Nuevo diccionario jurídico mexicano, editado por Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México en 2001, página 3264, encontramos:

“Las leyes por su propia naturaleza no pueden prever todos los supuestos posibles, por lo que su grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos, en contraste, tienden a detallar los supuestos previstos en la ley para que la individualización y aplicación del orden jurídico sea clara y efectiva.”

Pues bien, la reglamentación actual sobre el planteamiento que nos ocupa, no es clara, mucho menos detalla el supuesto previsto en la presente iniciativa de reforma, más aún, sólo se limita a la aprobación de programas que están lejos de garantizar a los niños su derecho universal a la salud.

Es por ello que nuestro marco jurídico vigente requiere el establecimiento de una política pública tan importante.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 177. La Secretaría de Salud a través del organismo a que alude el artículo 172 de esta ley, y los gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las personas que cuenten con cualquier tipo de discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales. En el caso de la discapacidad auditiva, se garantizará a los niños menores de tres años, atención gratuita y prioritaria mediante los avances científicos existentes e implantes cocleares.

Transitorios

Primero. Con el objeto de que los programas existentes en materia de discapacidad auditiva se ejecuten de manera más eficiente y eficaz, se adecuarán a la presente reforma; en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 y los años subsecuentes, los recursos aprobados garantizarán el derecho universal a la salud de los niños menores de tres años, mediante el implante coclear, así como los avances científicos y tecnológicos que para el efecto existan.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá constituir la previsión presupuestal para el ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que se apruebe y publique el presente decreto.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Datos Inegi, 2013.

2. Ley General de Salud

3.Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con discapacidad

4. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2014 2018. Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: José Guadalupe Hernández Alcalá, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alejandro Armenta Mier, Ana Guadalupe Perea Santos, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Armando Soto Espino, Brenda Velázquez Valdez, Cecilia Guadalupe Soto González, César Flores Sosa, Claudia Sofía Corichi García, Eva Florinda Cruz Molina, Genoveva Huerta Villegas, Guadalupe González Suástegui, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Karen Hurtado Arana, Lía Limón García, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Cristina Teresa García Bravo, María Victoria Mercado Sánchez, Moisés Guerra Mota, Olga Catalán Padilla, Omar Ortega Álvarez, Rafael Hernández Soriano, René Mandujano Tinajero, Rosa Alba Ramírez Nachis, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Tomas Octaviano Félix, Verónica Delgadillo García, Francisco Xavier Nava Palacios, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen. Sonido en la curul de la diputada Lía Limón, por favor.

La diputada Lía Limón García (desde la curul): Diputado, sólo para solicitarle que me permita sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Alcalá, Hernández Alcalá. Que no tiene inconveniente. Sonido en la curul de la diputada Perea, por favor. Acá a la izquierda. Es la diputada Corichi.

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Ya me está desconociendo, presidente. Gracias, presidente. También para pedirle al proponente, al doctor y diputado, que me permita suscribir junto con él esta iniciativa, y por supuesto estoy segura que hay otros compañeros también del Grupo Parlamentario, interesados en ella. La compañera Vicky, el compañero Lomelí y algunos más de Movimiento Ciudadano que estamos interesados en suscribir esta iniciativa junto con el proponente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Reitera su disposición para que sea suscrita, y está a disposición acá en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul del diputado Omar Ortega.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): En ese mismo orden de ideas, señor presidente, pido la suscripción de todo el Grupo Parlamentario del PRD, que va a levantar la mano para preguntarle al proponente si acepta que la suscriban los integrantes del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, la parte del PRD que está presente. Gracias.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, a nombre del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las relaciones entre hombres y animales han sido diversas. A lo largo de la historia los animales son utilizados como medio de trabajo, como fuente de alimento, como protección para el hogar, como modelos de investigación biomédica, así como guía para personas discapacitadas, entre otros.

Las relaciones humano-animal no son de aparición reciente; sin embargo, hoy en día se ha potencializado debido al papel fundamental en la vida de las personas, ya sea por un beneficio económico o emocional.

Sin embargo, con regularidad somos testigos de diferentes actos de crueldad cometidos en contra de los animales, las razones son diversas, pero en todas recaen en la falta de valores de la sociedad, que no respeta un ser vivo con un alto grado de desventaja.

Desde hace algunos años ha surgido la pregunta de si el sufrimiento es un atributo único del hombre y existen cada vez más evidencias científicas de que no. Hoy en día el hambre, la sed, la angustia, el dolor, la frustración y el medio son calificados de maltrato animal, ello sin omitir las muestras claras de agresiones físicas y sicológicas en contra de los animales.

Debido al desinterés y omisión por parte de la sociedad e incluso de algunas autoridades, no existe en México ni en el mundo estadísticas que permitan conocer un panorama real de los casos de maltrato animal. Sin embargo, extraoficialmente se tiene conocimiento que en México al menos un millón de mascotas sufre maltrato por golpes, abandono y mala alimentación, situándolos en el lugar número tres en crueldad hacia los animales.

Al respecto, son hombres adultos y adolescentes varones los que cometen intencionalmente un alto porcentaje de estos actos crueles, siendo los animales de compañía las víctimas más comunes de crueldad.

No menos importante son las otras especies con mayor índice de maltrato, tales como los pollos y gallinas, siendo de los más abusados en el mundo, pues según la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, tan sólo en Estados Unidos más de 7 mil millones de pollos mueren cada año y más de 452 millones de gallinas son usadas para que produzcan huevos en un breve lapso de vida, confinados en jaulas.

A estas les siguen los caballos usados como transporte de carga, los coyotes cazados por deporte, las focas asesinadas para la industria de pieles, los ratones abusados en pruebas de toxicología.

Gracias a las diferentes acciones de los grupos preocupados por el bienestar y protección de los derechos de los animales, en los últimos años, tanto a nivel internacional como nacional, se ha dado un enfoque hacia el otro trato de animales. Hoy en día es común observar la integración de comités de ética en las prácticas científicas, logrando avances significativos, que cada día prohíben en más países la ejecución de prácticas que ponen en peligro el bienestar e integridad física de los animales.

Bajo este contexto, nuestra comprensión de la capacidad de sentir y percibir de los animales ha progresado significativamente, y como resultado el bienestar y la protección animal se han posicionado como uno de los temas de mayor urgencia para su tratamiento.

Atendiendo a esta situación, diversas autoridades internacionales han dirigido sus trabajos legislativos en torno al bienestar o protección de los animales. Por lo que hace a nuestro país, contamos con diversas disposiciones que hacen referencia al trato digno y respetuoso de los animales, entre ellas, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, así como diversas normas oficiales.

No obstante lo anterior, esto no es suficiente, pues se requiere una legislación federal actualizada y específica que atienda esta problemática. En virtud de ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la presente iniciativa para facultar al Congreso, para expedir legislación en materia de bienestar animal, reformando la fracción XXIX del artículo 73 de nuestra Carta Magna, solicitando su apoyo a la misma, pues a partir de ello se pretende garantizar la protección de los derechos y el bienestar a los animales. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Jesús Sesma Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las relaciones entre hombres y animales han sido diversas; a lo largo de la historia los animales han sido utilizados como medio de trabajo, como fuente de alimento, como medio de entretenimiento, como protección para el hogar, como símbolo u objeto de culto, como modelos de investigación biomédica y conductual, como guía para personas discapacitadas y como fuente de afecto para sus dueños.

Las relaciones humano-animal no son de aparición reciente, sin embargo, hoy en día se ha potencializado su presencia debido al papel fundamental en las vidas de las personas ya sea por un beneficio económico o emocional.

No obstante dicha importancia, con regularidad somos testimonio de diferentes actos de crueldad cometidos en contra de los animales, las razones son diversas, pero todas recaen en la falta de valores en la sociedad que no respeta un ser vivo con un alto grado de desventaja.

Desde hace algunos años ha surgido la pregunta de si el sufrimiento es un atributo único del hombre y existen cada vez más evidencias científicas de que no, hoy en día el hambre, la sed, la angustia, el dolor, la frustración y el miedo, son calificados de maltrato animal; ello sin omitir las muestras claras de agresiones físicas y psicológicas en contra de los animales.

Debido al desinterés y la omisión de la sociedad e incluso de algunas autoridades, no hay en el mundo estadísticas que permitan conocer el panorama real de los casos de maltrato animal. Sin embargo, se tiene conocimiento extraoficial de que en México al menos 1 millón de mascotas sufre maltrato por golpes, abandono y mala alimentación, situándolo en el lugar número tres en crueldad hacia los animales.

Al respecto, hombres adultos y adolescentes varones cometen intencionalmente un alto porcentaje de estos actos crueles, siendo los animales de compañía las víctimas más comunes de la crueldad.

Datos de la Humane Society International señalan que en una sola evaluación anual se tuvo que 64.5 por ciento de casos de maltrato animal corresponde a los perros, 25 por ciento a otros animales y 18 involucraba a gatos.

Del porcentaje en perros, 25 por ciento de casos de abuso animal se trataron de canes de raza pitbull; no menos importante son las otras especies con mayor índice de maltrato, como los pollos y las gallinas, siendo de los más abusados en el mundo, pues según la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, tan sólo en Estados Unidos más de 7 mil millones de pollos mueren cada año y más de 452 millones de gallinas son usadas para que produzcan huevos en un breve lapso de vida confinadas en jaulas.

A éstas le siguen los caballos usados como transporte de carga; gatos; ganados vacunos; los coyotes cazados por deporte; las focas asesinadas para la industria de pieles; los toros maltratados en espectáculos; los ratones abusados en pruebas de toxicología, y los primates no humanos utilizados para experimentos.

Gracias a las acciones de los grupos preocupados por el bienestar y la protección de los derechos de los animales, en los últimos años tanto a nivel internacional como nacional se ha dado un nuevo enfoque hacia el trato a los animales.

Hoy es común observar la integración de comités de ética en las prácticas científicas, logrando avances significativos que día con día prohíben en más países la ejecución de prácticas que ponen en peligro el bienestar e integridad física de los animales.

En este contexto, nuestra comprensión de la capacidad de sentir y percibir de los animales ha progresado significativamente y como resultado, el bienestar y la protección animal se han posicionado como uno de los temas de mayor urgencia para su tratamiento.

Para dar paso al tema toral de la presente iniciativa, es necesario definir la calidad de bienestar. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de Española lo define como el “conjunto de las cosas necesarias para bien vivir”.

Asimismo, las Bases sobre el Bienestar y Protección Animal señalan que se entiende por bienestar “el estado o condición de salud y felicidad”, “el estado o condición de armonía fisiológica entre el organismo y su ambiente”, así como “la buena salud y la manifestación de un normal repertorio de comportamientos” (Bases sobre Bienestar y Protección Animal Introducción y Valoración Ética. Conceptos de Bienestar y Protección Animal http://www. uco.es/organiza/departamentos/prodanimal/economia/aula/img/pictorex/06_07_06_TE MA_18.pdf).

En el mismo sentido se expresó Hughes (1976), asociando el bienestar con un estado de completa salud física y mental en el que el animal está en perfecta armonía con el medio que lo rodea.

Por su parte, Dawkins (1983) lo definió como la ausencia de sufrimiento, entendiendo por sufrimiento “toda una gama de estados emocionales desagradables, miedo, dolor, frustración, agotamiento; pero analizados desde la realidad del animal y no como lo percibimos los humanos.

En todos los casos se hace referencia a la salud física y mental, términos que indican normalidad en los procesos neurofisiológicos y respuesta perfecta y sincronizada de todos los mecanismos de adaptación ante las variaciones del medio en que vive el animal. Esto es lo que se conoce como “síndrome general de adaptación”.

Al respecto, estudios científicos evidencian que las respuestas con las que un animal responde al maltrato se agrupan en tres fases:

1. Alarma: se activa el sistema hipotálamo-hipófisis-suprarrenal;

2. Adaptación: el organismo recupera su equilibrio tras su adaptación; y

3. Estrés: si la adaptación no se consigue.

Atendiendo a esta situación, diversas autoridades internacionales han dirigido sus trabajos legislativos entorno al bienestar o protección de los animales, ejemplo de ello es la Ley de Crueldad contra los Animales de 1835 en Reino Unido, la Ley de Bienestar Animal de 1967 o Animal Welfare Act en Estados Unidos; así como las Cinco Libertades de los animales que han sido reconocidas por países latinoamericanos como Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia, como principios generales para un trato digno hacia los animales.

Por lo que hace a nuestro país, contamos con diversas disposiciones que hacen referencia al trato digno y respetuoso de los animales, como establece el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

De igual forma, la Ley General de Vida Silvestre establece lo siguiente:

Artículo 9o. Corresponde a la federación

...

XIX. La atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre.

...

Asimismo, diversas normas oficiales mexicanas hacen referencia de alguna manera al trato a los animales. Algunas de ellas son la NOM-033-ZOO-1995, referente al sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres; la NOM-051-ZOO-1995, que regula el trato humanitario en la movilización de animales; la NOM-062-ZOO-1999, sobre las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio; la NOM-194-SSA1-2004, que indica las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio; la NOM-051-ZOO-1995, referente al trato humanitario en la movilización de animales; la NOM-148-SCFI-2008, que establece las prácticas comerciales-comercialización de animales de compañía o de servicio, y prestación de servicios para su cuidado y adiestramiento; la NOM-024-ZOO-1995, con las especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos; la NOM-054-ZOO-1996, para establecimientos de cuarentenas para animales y sus productos; la NOM-008-ZOO-1994, para la construcción y equipamiento de establecidos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos; la NOM-009-ZOO-1994, para la definición de los procedimientos que deben cumplir los establecimientos destinados al sacrificio de animales; y la NOM-011-SSA2-1993, para la prevención y el control de la rabia.

No obstante la aparente diversidad de normatividad expedida en la materia, se carece de una legislación federal actualizada y específica en materia de bienestar animal, lo anterior, debido al aumento de actos dolosos en contra de la especie animal no humana.

En virtud de ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la presente iniciativa, a fin de facultar al Congreso para expedir legislación en materia de bienestar animal, pues a partir de ello se pretende garantizar la protección de los derechos y bienestar de los animales.

Por las consideraciones anteriores propongo a esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a XXIX-F. ...

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico , así como en materia de bienestar animal.

XXIX-H. a XXX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: Alma Lucia Arzaluz Alonso, Adriana Sarur Torre, Alex Le Barón González, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Arturo Álvarez Angli, Cándido Ochoa Rojas, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cirilo Vázquez Parissi, Claudia Villanueva Huerta, Daniela de los Santos Torres, Diego Valente Valera Fuentes, Edgar Spinoso Carrera, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Emilio Enrique Salazar Farías, Enrique Zamora Morlet, Evelyng Soraya Flores Carranza, Francisco Alberto Torres Rivas, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jesús Ricardo Canavatti Tafich, Jesús Sesma Suárez, Jorge Álvarez López, Jorgina Gaxiola Lezama, José Alberto Couttolenc Buentello, José Antonio Arévalo González, José Refugio Sandoval Rodríguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Manuel Celis Aguirre, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Lía Limón García, Lorena Corona Valdés, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Miguel Ángel Sedas Castro, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Quirino Ordaz Coppel, Remberto Estrada Barba, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Sara Paola Gálico Félix Díaz, Sasil Dora Luz de León Villard, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sofía González Torres, Virgilio Mendoza Amezcua, Wendolin Toledo Aceves (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arzaluz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Tiene ahora la palabra por diez minutos...

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Federico Döring, por favor.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Sí, para solicitarle a la diputada si me permite cosuscribir con ella esta iniciativa que ha presentado ante la asamblea.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada proponente manifiesta su asentimiento, entonces está a disposición, para quienes deseen suscribirla, aquí en la Mesa Directiva.

EXPIDE LA LEY DE FOMENTO PARA LA FRONTERA NORTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por diez minutos el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el 20 de diciembre de 2013 se reformó el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificándose el último párrafo del citado artículo, con la finalidad de que la ley aliente y proteja la actividad económica que realicen los particulares y estos proveen las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implemento de una política económica.

Debemos tomar en cuenta que México no es un país homogéneo. Que tenemos distintas regiones y que si bien existen dificultades que les son comunes, también se presentan características y problemas particulares que deben ser afrontados de acuerdo a las variables específicas de cada zona.

Es decir, requerimos en varias partes del país trabajar las políticas públicas bajo el paradigma del desarrollo regional, tanto en lo referente al desarrollo económico como al desarrollo social.

La región de la frontera norte es un área de oportunidades que nuestro país ha aprovechado con resultados que han beneficiado no solo a la frontera sino a toda la nación. Pero esta zona de oportunidades puede aprovecharse aún más de lo que hasta la fecha se ha hecho.

La presente iniciativa con proyecto de decreto busca crear la Ley del Fomento para la Frontera Norte. No en el ánimo de privilegiar a esta región sobre otras, ni mucho menos en detrimento de los intereses de otras. Sino que lo que buscamos es el crear el marco jurídico apropiado para que las necesidades de la frontera norte y las acciones que se emprendan para su desarrollo económico-social sean atendidas de acuerdo a las características particulares de esta región del país. Características que no encontramos en ninguna otra región de nuestro amado México.

La iniciativa en mención tiene como finalidad que el Poder Legislativo tenga una contraparte en el Poder Ejecutivo. No buscamos privilegios en la frontera norte, simplemente buscamos lo justo para nuestra región.

La ley busca instaurar la política integral de desarrollo fronterizo, entendida ésta como el conjunto de acciones que conlleven a la coordinación de las instituciones federales, estatales y municipales, así como la generación de condiciones para la promoción de las actividades económicas locales y regionales. A la vez de suministrar a los habitantes los servicios públicos en cantidad y la calidad adecuada. Y en general, mejorar la calidad de vida de la población que habita en la región fronteriza del norte.

Punto nodal de esta ley es el de establecer una comisión intersecretarial para atender los problemas y propiciar el desarrollo económico-social de la frontera norte, por lo que se crea la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos como órgano de carácter permanente en el que también participarán los gobiernos de los estados fronterizos que así lo soliciten, al igual que los presidentes municipales de la zona fronteriza.

La Comisión Intersecretarial será la instancia donde las instituciones federales involucradas en el desarrollo económico y social participarán desde las facultades y atribuciones ya contempladas que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para cada una de ellas.

Por medio de esta comisión se adecuarán los programas del gobierno federal relacionados con el fomento al desarrollo económico y al social, atendiendo de esta manera a las condiciones particulares de las distintas regiones de la frontera norte, así como también dar continuidad a los programas creados porque los mismos no se empatan en las elecciones y no se empatan con las administraciones federales.

La Ley del Fomento para la Frontera Norte abre la posibilidad de que en algunos casos por medio de la Comisión Intersecretarial, se propongan nuevos programas, esto por sí mismo no es el eje fundamental de la ley sino más bien lo que buscamos es que por medio del diseño de esta comisión se propicie la sinergia de los programas sociales y económicos ya existentes y la potencialización de los recursos que los tres órdenes de gobierno destinan al desarrollo de la región en comento.

Por medio de una estrategia coordinada entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil, misma que se pretende alcanzar por medio de la ley y la Comisión Intersecretarial, los distintos programas de fomento al desarrollo económico y social podrán ser aplicados atendiendo las características y necesidades de la región fronteriza norte, esto podrá ser un punto toral para empezar a aprovechar al pleno las oportunidades que en lo económico nos ofrece la amable frontera norte.

Cabe decir, que la iniciativa en mención deviene de la anterior Legislatura y que fue rechazada y es de urgente aprobación para la frontera norte que esta sea ya un hecho. La ley señala que la política integral de desarrollo fronterizo tendrá como prioridad procurar los más altos estándares de calidad de la educación en la región fronteriza del norte, a fin de ampliar los conocimientos, las habilidades, destrezas y competencias de los educandos que brindarán el acceso a un mayor bienestar y un desarrollo individual contribuyendo a la vez con el desarrollo humano, sustentable y la cuestión social.

Lo anterior, con el objetivo –compañeros– de avanzar hacia la integración de redes transfronterizas que impulsen un desarrollo económico basado en la ciencia y la tecnología por el bien de nuestro México y por el bien de la frontera norte. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, diputado por Baja California a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país heterogéneo con distintas regiones que muestran sus peculiaridades en su cultura, fenómenos sociales y economías, entre otras características, por lo que podemos sostener que si bien tenemos un México que nos engloba a todos los mexicanos y a todas las zonas, con problemas comunes, también tenemos un mosaico de regiones distintas unas de otras, con problemas particulares y características disímiles.

De tal forma que la regionalización que presenta nuestro país responde a diversos factores entre los que se pueden mencionar los derivados de una historia común, de las condiciones naturales de la zona, de las características económicas y de la formación de una cultura propia.

El que existan diferentes regiones que requieren distintas medidas para su desarrollo es un hecho que se ha retomado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así tenemos que el artículo 25 de nuestra carta magna señala en su último párrafo que “la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales , en los términos que establece esta Constitución.”

El tomar en cuenta las diferencias y la existencia de diversas regiones no es tan sólo un ejercicio académico o asunto teórico, sino que es un factor toral cuando de desarrollo económico y social se trata.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, develan que en los dos últimos sexenios el incremento del producto interno bruto (PIB) ha sido de 2.1 por ciento en el primero y 1.9 por ciento en el segundo, aún antes de los mismos el PIB no crecía más allá del 3.9 por ciento, lo que evidencia que el gobierno federal ha perdido su capacidad desarrollista y por lo mismo, el papel de los estados es de vital importancia para definir las políticas de desarrollo económico sustentable, equilibrado, con una base económica diversificada y local.

El desarrollo regional tiene atribuciones que definen un campo de interacción en las dimensiones más importantes del desarrollo, por lo que refiere cambios cualitativos en los rubros económico, social, político, ambiental y territorial, permite tratar problemas como la pobreza, el desempleo y el subempleo que no pueden resolverse efectivamente a escala municipal, las ciudades o municipios no pueden tratar de solucionar distintos problemas o fenómenos socioeconómicos en lo individual; éstos deben de abordarse con una base “espacial” más amplia.

Esta forma de buscar el desarrollo opera mediante el diseño de políticas públicas expresadas en planes y programas que en cierto sentido orientan la organización del territorio y los procesos económicos de las regiones. Para esto se requiere un diseño que parta desde el nivel estratégico, hasta el nivel operativo, enfocado a partir del nivel programático llegando al nivel administrativo.

En la práctica se asocia a la organización productiva, el progreso técnico, las tareas de gobernabilidad, la preservación del ambiente y la organización territorial de la sociedad que habita al interior de las mismas. El desarrollo regional incorpora principios de equidad, participación y reconoce las vertientes del desarrollo en un sentido integral.

Si bien han sido varias las propuestas para determinar el número de regiones y sus delimitaciones que tenemos en México, a grandes rasgos podemos decir que tenemos tres macro regiones, la sur-sureste, la centro y la norte, como parte de esta última también podemos ver que existe una región que corresponde a la zona en donde nuestro país hace frontera con Estados Unidos de América.

La región de la frontera norte, se ha venido distinguiendo como crucial para México aunque sin una estrategia integrada de desarrollo económico, pese a lo anterior, esta región ha sido de creciente relevancia en el escenario nacional. Los seis estados que la conforman en conjunto aportan alrededor de 22 por ciento al producto interno bruto de la nación, con la cantidad de 3 billones 333 mil 589 millones de pesos (Tabla I).

Es también de notarse que desde hace varias décadas México ha perdido la capacidad de generar crecimiento económico. Si vemos, desde los últimos cinco sexenios la tasa promedio anual de crecimiento del PIB no ha pasado del 3.9 por ciento, he incluso hemos tenido sexenios con una tasa de 0.18 por ciento (1982-1988), por lo mismo, se evidencia que el papel de los estados es de vital importancia para definir las políticas de desarrollo económico sustentable, equilibrado, y con una base económica diversificada y local.

Desde las acciones del gobierno, se debe buscar que cada región conjugue, en su particularidad, las potencialidades que presenta mediante los distintos modos de coordinarse entre sus actores; las dimensiones territoriales, administrativas y sociales que involucran; el tipo de objetivos que persiguen; los recursos locales que disponen tanto en la sociedad civil como en el gobierno local/regional; su vinculación y características del mercado, generando así procesos de desarrollo propios.

Por otra parte, la economía de la frontera norte por décadas presentó un ritmo de crecimiento relativamente constante, incluso en aquellos años en los que el conjunto del país se sumergía en una dura recesión e inestabilidad financiera, como sucedió durante los ochenta y noventa del siglo pasado.

Esto ha contribuido a que el imaginario colectivo piense que en la frontera norte el nivel de vida de sus habitantes es mucho más alto que el que se presenta en el resto del país, y que las poblaciones fronterizas gozan de todos los servicios de primera calidad.

Desafortunadamente la realidad es otra, si bien es cierto que en comparación con otras zonas, en las ciudades de la frontera norte el obtener un trabajo en el mercado laboral formal tradicionalmente ha sido más factible que en otras regiones y los sueldos que se obtienen son superiores.

Esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para sus habitantes, la pobreza, el rezago educativo y de acceso a los servicios de salud es una realidad latente en la frontera norte.

Como lo debelan datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los municipios mexicanos colindantes con los Estados Unidos de América en el año 2010 vivían alrededor de 6 millones 445 mil personas, de estas, 2 millones 252 mil se encuentran en pobreza, es decir, el 35 por ciento de la población de los municipios fronterizos es pobre.

Lo anterior, como es de esperarse, repercute en los indicadores del desarrollo social, por ejemplo, de los ya mencionados 6 millones 445 mil habitantes de los municipios fronterizos, un millón 14 mil sufren rezago educativo y un millón 976 mil carecen del acceso a los servicios de salud, es decir, para el 16 por ciento de estas personas el derecho a la educación ha sido violentado y para 31 por ciento el derecho a la salud, ambos consagrados en la Constitución.

En cuanto a los servicios públicos en las ciudades de la frontera norte, fuera de lo que normalmente se piensa, al igual que en varias de las ciudades del interior del país, se tienen graves carencias. Al respecto, en un análisis elaborado por el Colegio de la Frontera Norte se comparan algunos indicadores que permiten elaborar un diagnóstico sintético sobre la calidad de vida de la población de cuatro ciudades fronterizas, como son los ingresos, el acceso a determinados bienes de consumo y los servicios públicos en la vivienda para las ciudades fronterizas, comparándolos con los mismos indicadores para ciudades de tamaño similar ubicadas en otras regiones del territorio nacional.

De tal forma que se obtuvieron los datos de ocho zonas metropolitanas, que se agruparon en “fronterizas” y “no fronterizas”. En el primer grupo están las zonas de Tijuana-Playas de Rosarito, Mexicali, Juárez y Reynosa-Río Bravo. En el segundo grupo se encuentran Mérida, Querétaro, Aguascalientes y Morelia. Los resultados arrojados muestran que al contrario de lo que normalmente se piensa en el centro y sur de nuestro país, la calidad de vida en la frontera norte es de menor calidad que la que se tiene en otras regiones.

Por una parte, es cierto que el ingreso es un elemento básico, variable definitoria de la calidad de vida, en la medida que establece las capacidades de personas y familias para acceder a bienes y servicios de todo tipo, que conforman su entorno cotidiano, y este es superior en las ciudades fronterizas del norte, sobre todo en los primeros deciles, que son en los que se encuentran las personas con menores ingresos, siendo la diferencia entre las zonas fronterizas y no fronterizas de hasta casi 50 por ciento mayor a favor de las primeras.

También es cierto que en las ciudades analizadas de la frontera, no existe correlación entre el ingreso y los demás componentes de la calidad de vida, en especial los relativos a servicios públicos básicos, al contrario, el déficit de los servicios públicos y del equipamiento de las viviendas, así como la calidad de la vivienda misma, han sido un rasgo característico del desarrollo de la frontera norte y de sus principales ciudades. En términos generales, dicho rezago es resultado de una insuficiente inversión pública en relación con la expansión de la demanda de servicios. Si bien es cierto que en las décadas de los ochenta y noventa, se reducen las dimensiones de este déficit, también es una realidad su persistencia en una proporción que supera las condiciones de ciudades equivalentes de otras partes del país.

Así, por ejemplo, vemos que en el caso concreto de la disponibilidad de agua potable al interior de las viviendas, las zonas metropolitanas fronterizas muestran un rezago que equivale al doble del de las ciudades no fronterizas, mientras que en las primeras se tiene un 10.5 por ciento de viviendas sin agua, en las segundas este indicador se reduce al 4.85 por ciento.

No es difícil reconocer que el déficit se concentra entre la población que recibe menores ingresos, aunque éstos sean sensiblemente superiores a los de sus contrapartes de las ciudades no fronterizas, que sí disponen de agua potable al interior de sus viviendas. Además, es relevante el dato según el cual la población que tiene agua en su vivienda eroga un costo menor por ella y la dispone en mejor calidad, además de ahorrar tiempos y esfuerzos, que para otros sectores de población implica acceder a este bien.

Otro de los indicadores que abordó el análisis citado es el referente a la conexión de las viviendas a la red pública de drenaje, ya que este dato es un indicador decisivo sobre la calidad de vida, por sus repercusiones directas en la salud de las personas y en las condiciones del ambiente inmediato y regional. Nuevamente, las zonas no fronterizas reflejan mejor desempeño que las fronterizas, en una proporción notablemente ventajosa, ya que en las ciudades que sirvieron para el comparativo de la zona no fronteriza el 4.4 por ciento de las viviendas carecían de conexión, mientras que sus similares de la zona fronteriza presentaron esta carencia en un porcentaje del 8.7 por ciento.

En cuanto a la pavimentación, este es un servicio público característico del desarrollo urbano contemporáneo y reconocido como un criterio que también distingue condiciones de atraso o de relativa satisfacción de necesidades en el ambiente de las ciudades. Su relevancia destaca por sus implicaciones en rubros como la salud, el medio ambiente, el transporte público y la movilidad urbana en general, para los cuales la infraestructura del pavimento es una condición básica. Por este motivo, si las viviendas disponen de pavimento en su entorno inmediato, pueden inferirse condiciones de vida sensiblemente mejores a aquellas que carecen de este equipamiento.

En este rubro, nuevamente las poblaciones analizadas pertenecientes a la zona no fronteriza mostraron mejores condiciones que sus contrapartes de la frontera, los datos reflejados en el análisis reiteran la ventaja de las zonas metropolitanas no fronterizas ante las fronterizas. En promedio, casi un tercio de las viviendas fronterizas (30.8 por ciento) carecen de pavimento en la parte de enfrente, mientras que en las no fronterizas el déficit es de menos de un quinto (17.0 por ciento).

Si bien hay rubros en cuanto a los bienes duraderos que favorecen a la región fronteriza, como sería el caso de disponibilidad de contar con un automóvil por vivienda, en el que vemos que el 72 por ciento de las viviendas posean algún vehículo, mientras que en las zonas metropolitanas no fronterizas esta cifra se acerca al 55 por ciento. La relativa ventaja de un mejor ingreso, junto con la posibilidad de adquirir automóviles del mercado estadunidense (en muchas ocasiones, en deterioradas condiciones), orienta a las familias fronterizas a poseer un vehículo y a asumir los costos de su uso y mantenimiento, gastos que no son menores.

Pero aún en este rubro, se esconde un problema de falta de infraestructura básica y carencias en los servicios que impactan de manera negativa la calidad de vida, ya que cabe notar que el transporte público en las ciudades fronterizas es de pésima calidad, por lo cual la alternativa del transporte individual resulta estimulada, no obstante su peso sobre el ingreso familiar o sus consecuencias negativas para el entorno ambiental de las ciudades.

Carencias como las mencionadas, aunadas a otras y el hecho de que no exista correlación entre el ingreso y los demás componentes de la calidad de vida, en especial los relativos a servicios públicos básicos, han propiciado lo que se conoce como la paradoja de la frontera norte, por una parte se dispone de empresas con el mayor nivel de tecnología de calidad mundial, al lado de espacios urbanos carentes del equipamiento mínimo, y con amplios sectores sociales viviendo en áreas sin servicios públicos y en precarias viviendas. La intensidad de la vida fronteriza muestra así desiguales cadencias, entre dinámicas y estructuras sociales y productivas que, por un lado, impregnan a la región de un tono vanguardista y por el otro, la retratan como un espacio con nodos sociales sumergidos en el subdesarrollo.

Desafortunadamente no se avizora que el rezago social y la baja calidad en los servicios urbanos que repercuten desfavorablemente en la calidad de vida de la población fronteriza norteña tengan una solución a mediano plazo, al contrario, al día de hoy, la economía de la frontera norte se encuentra en franco deterioro y esto se ha visto traducido en el cierre de muchas empresas con la consecuente pérdida de empleos. Según datos del IMSS, al primer cuatrimestre de 2014 el cierre de empresas en las entidades fronterizas del norte sumaba la cantidad de mil 475.

Aunado a lo anterior, en la región se está viviendo un proceso inflacionario que golpea con mayor fuerza a los que menos tienen, por ejemplo, al cierre de 2013, la población con menos ingresos destinaba el 59 por ciento de los mismos a la compra de alimentos, pero desde principios del año en curso para el mismo rubro está destinando el 65 por ciento.

Por su parte, el comercio formal ha visto la caída de sus ventas en más de 20 por ciento, el incremento inflacionario ha orillado a la población de clase media y alta, con acceso a visa para cruzar la frontera ha incrementado sus compras en los comercios de las ciudades fronterizas de Estados Unidos de América, en donde accede a bienes de igual calidad a los que se consiguen en las ciudades del lado mexicano, pero a un precio mucho menor.

En otro orden de ideas, es de notarse que la frontera norte mexicana se integra de sociedades que efectivamente ofrecen alternativas económicas para sus residentes, pero que al mismo tiempo les imponen elevados costos, especialmente para la población de menores ingresos y de reciente migración a la zona. La calidad de vida en la región, frente a otras ciudades del interior del país, tiene algunas ventajas, pero también importantes lagunas sociales que a su modo cuestionan el modelo de desarrollo fronterizo por la persistencia de desigualdades en aspectos básicos de la vida.

Su crecimiento no puede seguir con un continuo desfase social en aspectos básicos y no básicos de la calidad de vida. El crecimiento fronterizo requiere convertirse en un desarrollo con mayor eficiencia y equidad social, lo cual precisa de la modernización del marco institucional, es decir, de los estados, municipios y del papel de la federación en la región.

Históricamente se han hecho intentos por dirigir las políticas públicas de manera coordinada y con una visión regional desde la administración central, entre estas destaca el Programa Nacional Fronterizo, como un intento del gobierno federal por cambiar los aspectos urbanísticos y funcionales en las fronteras mexicanas, así como de reactivar su economía. Por medio de este programa la inversión se hizo patente en obras de beneficio directo para la ciudadanía, pero también en obras que alentaron el turismo y el surgimiento de actividades que ayudaron a expandir la economía de las fronteras.

Posteriormente en distintos sexenios se fueron creando comisiones intersecretariales encargadas de atender las franjas fronterizas, por ejemplo, en 1983 se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres, en 1983 la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres y en 2001 Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, esta última abrogada en septiembre de 2004 bajo el argumento de que la coordinación, diseño y articulación de acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal había sido alcanzada y de que las demás funciones que venía realizando la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte ya eran asumidas y desarrolladas por otras instancias del Gobierno Federal.

Creemos que el funcionamiento de un órgano intersecretarial para dirigir el desarrollo de la frontera norte y el abatimiento de los rezagos sociales de la misma es necesaria, en donde se coordinen las dependencias del Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y municipales, ya que varios especialistas en los problemas de la región son coincidentes en señalar que en la frontera norte en particular, los mayores problemas estructurales son el centralismo, la pobreza y el desempleo, que muchas veces son tratadas al margen de las grandes políticas de desarrollo y desvinculadas de su entorno territorial.

Nuestro país tiene la necesidad de reconstruirse en sus diversos referentes económicos, sociales e institucionales, en donde una de las estrategias fundamentales de desarrollo económico se basa en las dinámicas territoriales. En la Frontera Norte se tiene una realidad compleja y heterogénea, desarticulada muchas veces en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales del centro del país y de otros estados no fronterizos.

La necesidad de contar con un marco jurídico particular para la frontera no es una cuestión novedosa, diversos países latinoamericanos han reconocido la relevancia de sus fronteras con el establecimiento de marcos jurídicos que responden a una realidad caracterizada por el gran dinamismo que demuestran estas áreas limítrofes. De ese modo, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, por mencionar algunos, cuentan con leyes que les permiten el manejo adecuado de estas regiones estratégicas. En la mayoría de los casos, llaman la atención la creación y el establecimiento de una comisión o un consejo exclusivo para las fronteras que tiene como objetivo analizar, gestionar y proponer soluciones a las realidades que enfrentan estas zonas con otros países, lo cual demuestra la necesidad de contar con un espacio exprofeso en materia del administración pública.

Los ejemplos anteriores nos llevan a preguntarnos por qué México no cuenta con los ordenamientos específicos para sus fronteras, que lleven a la coordinación de las distintas autoridades involucradas en estas regiones y que propicie la gestión ordenada de estos importantes territorios. Con esto, se podrían ampliar y profundizar las relaciones institucionales, socioculturales y económicas, al tener una mejor coordinación sobre los temas apremiantes más allá de una visión de corto plazo y centralista.

La presente iniciativa tiene como finalidad crear las condiciones propicias para que las acciones dirigidas al desarrollo de la frontera norte, se den de manera holística, coordinada, entre los distintos órdenes de gobierno y las distintas dependencias de la administración pública, que nos permita tener en cuenta las singularidades de esta región y elevar los niveles medios de vida de los habitantes de la frontera norte.

La ley se dividiría en dos títulos, el primero con dos capítulos, uno sobre las disposiciones generales, es decir, el ámbito de aplicación, objeto, definiciones y la orientación de las acciones que deberán observar los tres órdenes de gobierno; el segundo capítulo, toca lo relativo a la integración, funciones y operación de la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos.

El título segundo está dedicado a la política integral de desarrollo fronterizo con sus cuatro ejes de acción, mismos que son:

I. Régimen económico fronterizo:

II. Régimen social fronterizo:

III. Régimen cultural fronterizo.

IV. Cooperación internacional en la frontera norte;

Retomando lo referente al Título I “De los Aspectos Generales”, encontramos que su Capítulo I “Disposiciones Generales”, señala como objeto de la ley el establecer las bases para los regímenes fronterizos económico, social, cultural y la cooperación internacional, que propicien el desarrollo sustentable, social y cultural de los habitantes de la región fronteriza norte.

Para esto, se define la región fronteriza norte como el área situada hasta 100 kilómetros hacia el interior del país a partir de la línea divisoria entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, con el objetivo de establecer un marco jurídico acorde con las condiciones características de esta región, que procure el desarrollo económico, social, cultural de sus habitantes, de manera sustentable; en armonía con el ambiente, respetando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la implantación de una política integral de desarrollo fronterizo.

Para el cumplimiento del objetivo de la ley los tres órdenes de gobierno deberán orientar sus acciones hacia determinados objetivos previstos por la propia ley, entre los que se encuentran las de establecer mecanismos de coordinación institucional, para la ejecución y observancia de la política integral de desarrollo sustentable en la región fronteriza norte; fortalecer los procesos de cooperación con el país vecino del norte en aras de eliminar obstáculos administrativos que impidan la interacción natural entre las comunidades fronterizas. Proteger, preservar y aprovechar de manera sustentable el ambiente, la biodiversidad.

Los recursos naturales y promover la participación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el objeto de la propia ley, entre otras acciones.

El capítulo II del Título I es por completo dedicado a la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos, en el mismo se crea esta comisión, definida como órgano intersecretarial, de carácter permanente y presidida por el titular de la Secretaría de Gobernación, integrada por las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Turismo; y la Comisión Nacional del Agua.

Además serán integrantes de ésta con derecho a voz y voto los gobernadores de los estados fronterizos del norte, quienes previa aprobación de su legislatura local, podrán solicitar su inclusión en la comisión.

De igual manera, los presidentes municipales que previa aprobación de su cabildo soliciten su inclusión en la comisión, participarán por medio de un representante de su misma entidad federativa. Este representante será un presidente municipal perteneciente a la comisión y electo por sus pares, de tal forma que la comisión contará con seis presidentes municipales, uno por cada estado fronterizo.

Podrán ser invitados a las reuniones de la comisión para expresar sus puntos de vista con respecto a los asuntos a tratar, los titulares de los órganos desconcentrados e instituciones financieras de fomento de la administración pública federal; los titulares de entidades paraestatales federales, estatales o municipales; los representantes de las organizaciones de la sociedad civil; y académicos e investigadores en temas de interés para los trabajos de la comisión.

La comisión contaría con diversas facultades encaminadas a formular la política integral de desarrollo de la frontera norte, entre las que se encuentran:

• Proponer y promover la política integral de desarrollo fronterizo, favoreciendo el interés y las necesidades regionales y desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas que repercutan en la región fronteriza norte, para su aplicación por los tres órdenes de gobierno.

• Propiciar la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos de los estados fronterizos del norte y sus municipios, encaminados al desarrollo integral de la región fronteriza norte, al igual que la celebración de acuerdos entre los distintos niveles de gobierno cuyo objeto sea desarrollar los diversos campos de la actividad productiva; fomentar el desarrollo sustentable y desarrollo social en la región fronteriza norte.

• Proponer mecanismos fiscales que incentiven el desarrollo sustentable en la región fronteriza norte, así como la conservación del ambiente y las adecuaciones para que los programas públicos del gobierno federal relacionados con el apoyo para el desarrollo económico y los programas para el desarrollo social; se apliquen en la región fronteriza norte atendiendo a las condiciones particulares de las mismas.

• Diseñar y promover la creación de polos de desarrollo regional en la región fronteriza norte que generen las condiciones y oportunidades de trabajo bien remunerado.

• Promover y apoyar estudios e investigaciones sobre los asuntos de la región fronteriza norte, así como difundir los resultados de los mismos.

Cabe señalar que la instalación de la comisión no debe de ocasionar importantes erogaciones al gasto público de la federación, ya que se tiene contemplado que cada Secretaría elija a una de sus unidades administrativas, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la comisión, de tal forma que la estructura administrativa que se requiere es mínima.

En cuanto al Título II “De la Política Integral de Desarrollo Fronterizo”, de la Ley para el Fomento de la Frontera Norte, este consta de cuatro capítulos, uno por cada uno de los ya mencionados ejes de acción, siendo el primero de estos el concerniente al “Régimen económico fronterizo”, mismo que a su vez se divide en tres secciones, la primera dedicada a la zona económica fronteriza; la segunda al turismo y la tercera al medio ambiente.

En la iniciativa la zona económica fronteriza viene a ser el área geográfica delimitada del territorio nacional, formada por la región fronteriza norte que comprende el área situada hasta 100 kilómetros hacia el interior del país de la línea divisoria entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, así como municipios comprendidos total o parcialmente en ella, sujeta al régimen económico fronterizo que establece la propia ley.

Reconociendo que la frontera norte es una zona de oportunidades económicas que pueden ser aprovechadas al mejorar la competitividad de los estados fronterizos. La zona fronteriza entre ambas naciones tiene una dinámica social y económica peculiar, entre los 10 estados producen bienes y servicios que generan una impresionante cantidad de recursos económicos, con un Producto Interno Bruto que sitúa a esta zona en el cuarto lugar mundial en cuanto a económica generada, solo superada por Estados Unidos, China y Japón.

Aunque la competitividad regional tiene diversos orígenes, existe un conjunto de dimensiones fundamentales en las que se debe trabajar para desarrollar una región que exacerbe las complementariedades entre los dos países y donde se logre aumentar la calidad de vida de sus habitantes.

Las ventajas comparativas a través de la frontera posibilitan la creación de nuevas industrias y el fortalecimiento de los sectores tradicionales, los cuales pueden generar beneficios económicos para ambos países y sus comunidades fronterizas.

Por medio de una estrategia coordinada entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil misma que se pretende alcanzar por medio de la Ley y la Comisión Intersecretarial, los distintos programas de fomento al desarrollo económico y social podrán ser aplicados atendiendo las características y necesidades de la región fronteriza norte, esto podrá ser un punto toral para empezar a aprovechar al pleno las oportunidades que en lo económico nos ofrece la frontera norte.

Entre las bondades que ofrece la iniciativa para aumentar la competitividad en la frontera se tienen las de carácter fiscal, ya que se tiene contemplado que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos estatales y municipales en los que se localicen las zonas económicas fronterizas puedan acordar otorgar beneficios o estímulos fiscales y económicos a las personas físicas y morales residentes en la zona económica fronteriza, bajo los términos que específica la propia Ley de Fomento para la Frontera Norte.

Asimismo bajo las condicionantes que la misma ley señala, los gobiernos estatales y municipales podrán otorgar, en términos de las legislaciones estatales y los bandos municipales aplicables, beneficios o estímulos fiscales y económicos por los siguientes conceptos: Impuestos sobre nómina; impuestos sobre la adquisición de inmuebles; impuestos prediales estatales y municipales; productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras; impuestos de la tenencia o uso de vehículos; servicios públicos municipales; servicios de catastro y usos del suelo; entre otros.

En cuanto al turismo, esta actividad tiene un impacto directo en las economías de todos los países, al grado que el Consejo Mundial de Turismo y Viajes registra en sus informes que este sector conforma la “industria” más grande del mundo, superior a la del automóvil, el acero, productos electrónicos y la agricultura.

Para nuestro país esta actividad es relevante, ya que en sus múltiples variantes se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes para la economía nacional, sin olvidar el turismo doméstico que representa alrededor del 85 por ciento del consumo nacional en el sector.

En lo concerniente al turismo proveniente del exterior, según datos del Banco de México, para 2013 el número de turistas internacionales que visitaron México fue de 23.7 millones, siendo el máximo histórico en nuestro país. El ingreso de divisas por visitantes internacionales a México también registró un máximo histórico con 13.8 mil millones de dólares y su contribución al PIB nacional es del orden de 8.5 por ciento.

Debido a la importancia que tiene el turismo para la zona fronteriza norte, tomando en cuenta que puede todavía incrementarse, es que la Ley de Fomento para la Frontera Norte retoma este tema como uno de sus ejes fundamentales, al buscar la permanencia competitiva de sus destinos, productos y servicios turísticos, fomentando su constante diversificación, así como la integración de cadenas productivas que contribuya a erigir fuertes cadenas de valor que beneficien integralmente a todos los actores del sector, incluidas las comunidades receptoras de los turistas.

La tercera sección del capítulo I, se dedica a la preservación y aprovechamiento sustentable del ambiente, ya que este tema es parte fundamental de la sustentabilidad. Del ambiente depende nuestro bienestar como individuos y como sociedad, del mismo obtenemos los servicios ambientales que dan sustento a nuestra vidas y permiten la existencia de nuestras poblaciones, sin olvidar que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano reconocido en el artículo 4o. de nuestra constitución política. Además el referido artículo constitucional mandata al Estado a garantizar el respeto a este derecho.

La Ley de Fomento para la Frontera Norte otorga facultades a la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos para proponer mecanismos fiscales que incentiven la conservación del ambiente; a impulsar programas encaminados a la protección del ambiente y recursos naturales de la región fronteriza norte; analizar, revisar periódicamente y fortalecer los programas de educación ambiental.

Como un eje transversal curricular de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y a propiciar la participación de los habitantes de la región fronteriza norte en los programas y acciones destinados a la preservación y mejoramiento del ambiente, entre otras.

El capítulo II de la Ley de Fomento para la Frontera Norte es el dedicado al régimen social fronterizo y contempla dos secciones, la primera de estas, trata sobre la salud en la frontera norte, la segunda aborda lo referente a la educación.

La Sección I “De la Salud en la Frontera Norte”, tratando de coadyuvar a revertir el rezago en cuanto al acceso a la salud, que como ya se mencionó alcanza a más de 30 por ciento de la población que habita en los municipios fronterizos, la ley mandata a la Comisión Intersecretarial a impulsar el derecho humano a la protección de la salud de los habitantes de la región fronteriza norte garantizando su cobertura y el fortalecimiento de los servicios de salud bajo los principios de universalidad, gratuidad y equidad, en los términos previstos en la Ley General de Salud, buscando brindar de manera oportuna e idónea atención médica para lograr el desarrollo humano sustentable que permita la cohesión social.

En materia de educación, se requieren nuevos modelos de cooperación para la educación, la investigación científica y tecnológica, y que son necesarios para consolidar los corredores económicos, así como para desarrollar el liderazgo que pueda promover nuevos enfoques transfronterizos para la innovación en la región. Todo esto con el objetivo de avanzar hacia la integración de redes transfronterizas que impulsen un desarrollo económico basado en la ciencia y la tecnología.

La ley señala que la política integral de desarrollo fronterizo tendrá como prioridad procurar los más altos estándares de calidad de la educación en sus tres tipos y niveles en la región fronteriza del norte, a fin de ampliar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los educandos que les brindarán el acceso a un mayor bienestar y desarrollo individual, contribuyendo a la vez con el desarrollo humano sustentable y la cohesión social regional.

Para lo anterior, la comisión deberá impulsar ante las autoridades educativas federales la creación, desarrollo e implementación de programas de cooperación educativa entre las regiones fronterizas y el país vecino del norte, fomentando un desarrollo educativo que responda a las necesidades locales y regionales. De igual forma, impulsar, apoyar y proponer proyectos educativos innovadores; promover la inversión pública y privada en proyectos de innovación en ciencia y tecnología; e impulsar la capacitación y orientación especializada de los educandos hacia las actividades productivas de la región.

El capítulo III de la Ley de Fomento para la Frontera Norte, se aboca a la cultura que se ha creado en la frontera norte y que no la encontramos en otras zonas del país, por su colindancia con los Estados Unidos de América y por ser receptora de una movilidad de la población del país se ha creado una cultura propia, derivada de la heterogeneidad social y cultural de México, que se ha plasmado en las sociedades fronterizas del norte, creando un cimiento social diverso que se alimenta de las más variadas fuentes del territorio nacional y hasta del extranjero.

De tal forma que el capítulo III “Régimen Cultural de la Frontera Norte” busca que se tome en cuenta la interacción natural de las comunidades fronterizas y el país vecino del norte, a fin de procurar el respeto y la conservación de los vínculos culturales y sociales existentes entre ellos, así como, el respeto y protección de los usos, costumbres y especificidades culturales de las comunidades y pueblos indígenas.

Por último, el capítulo IV de la Ley para el Fomento de la Frontera Norte, tiene como finalidad atender lo relativo a la cooperación internacional, para esto, por medio de la ley se busca impulsar la cooperación internacional en la región fronteriza norte para el desarrollo humano sustentable y la cohesión social mediante la promoción, ante las instancias federales competentes, de tratados y acuerdos que contribuyan a reconstruir el tejido social y disminuir las asimetrías existentes a lo largo de la región fronteriza norte de México con el país vecino. Esto sin invadir las competencias que le corresponden a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Poder Ejecutivo federal.

La presente iniciativa de ley no trata de privilegiar a una región sobre otra, de lo que se trata es de crear el marco jurídico propicio para el desarrollo social y económico de una amplia región fronteriza del país, de generar la base jurídica que atienda todos los rubros que llevan a tener una buena competitividad en la frontera norte a la vez de que se eleve el nivel de vida de los habitantes, es decir, sin descuidar el elemento humano.

Si bien, los primeros beneficiados con esta ley serán los habitantes de la frontera norte, el tener mejores condiciones en la competitividad en la misma redundará en beneficios para todo el país, con la entrada de más divisas, con mejores productos, con un manejo más racional y adecuado de los recursos económicos que la federación destina para el desarrollo económico y social de esta zona.

De igual manera, si hacemos el mismo análisis como el que se presentó en la Tabla II, con respecto al rezago social para varias regiones del país, incluyendo las poblaciones colindantes con Guatemala y Belice, encontraremos también datos lamentables, los porcentajes de pobreza y falta de acceso a servicios básicos, posiblemente serán mayores. Pero, esto más que llevarnos a un razonamiento en el que concluyamos que no debemos estimular el progreso social en la frontera norte hasta que podamos elevar los indicadores sociales en la frontera sur y otras zonas del país. Lo que debemos de concluir es que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en distintas zonas, los diputados firmantes de la presente iniciativa por ser originarios de las entidades federativas de la frontera norte, nos hemos dado a la tarea de redactar el documento que hoy presentamos al pleno de esta soberanía, pero no por esto dejamos de ser sensible a los problemas del subdesarrollo de otras regiones del país, y nos comprometemos a apoyar cualquier otro esfuerzo que lleve al progreso de las mismas, en reciprocidad solicitamos a nuestros compañeros legisladores que apoyen nuestro esfuerzo por darle un marco jurídico a la frontera norte que fomente su desarrollo. Al final del día, todos somos mexicanos y todos necesitamos del apoyo de todos.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que se expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, en los siguientes términos:

Decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte

Único. Se expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, para quedar como sigue:

Título PrimeroDe los Aspectos Generales Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés general, tiene por objeto establecer las bases para los regímenes fronterizos económico, social, cultural y la cooperación internacional, que propicien el desarrollo sustentable, social y cultural de los habitantes de la región fronteriza norte.

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley la región fronteriza norte abarca el área geográfica del territorio nacional comprendida entre la línea que divide a los Estados Unidos Mexicanos de los Estados Unidos de América, hasta una distancia de 100 kilómetros al sur de dicha línea divisoria.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Cohesión social: La cualidad de las personas para construir expectativas y afectos que las motiven a vivir en una comunidad determinada de manera vinculada con sus pares bajo principios y valores que al ser respetados generan cooperación leal y sentido de pertenencia, en un entorno de legitimidad de las instituciones y participación ciudadana.

II. Comisión: Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos;

III. Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Desarrollo humano sustentable: proceso de expansión de las capacidades de las personas dentro de un entorno que les permita ampliar sus opciones y oportunidades logrando satisfacer sus necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas;

V. Estados fronterizos del norte: Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas;

VI. Franja fronteriza norte: territorio comprendido entre la línea divisoria internacional que establece la demarcación geopolítica que separa a los Estados Unidos Mexicanos de los Estados Unidos de América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Habitantes de la región fronteriza norte: los mexicanos y los extranjeros residentes en la región fronteriza norte. Son mexicanos a quienes la Constitución reconoce como tales;

VIII. Ley: Ley de Fomento para la Frontera Norte;

IX. Línea divisoria: constituye la línea divisoria internacional que establece la demarcación geopolítica entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América;

X. Municipios fronterizos: aquellos definidos por el artículo 115 constitucional, que colinden con la línea divisoria en el norte del país;

XI. Organizaciones de la sociedad civil: agrupaciones u organizaciones mexicanas que estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades establecidas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, sin fines de lucro, proselitismo partidista, político-electoral o religioso;

XII. Organizaciones internacionales de carácter regional: las creadas mediante mecanismos de cooperación internacional entre México y los Estados Unidos de América;

XIII. País vecino del norte: Los Estados Unidos de América;

XIV. Política integral de desarrollo fronterizo: es el conjunto de acciones que conlleven a la coordinación de las instituciones federales, estatales y municipales en materia fronteriza; la generación de condiciones y promoción de la actividad económica local y regional; la eficiente prestación de los servicios públicos y en general el mejoramiento de la calidad de vida de la población en la región fronteriza norte, así como el fortalecimiento de las relaciones socioeconómicas con Estados Unidos de América a través de la cooperación internacional;

XV. Presidente: El presidente de la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos;

XVI. Región fronteriza norte: comprende el área situada hasta 100 kilómetros hacia el interior del país de la línea divisoria entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América;

XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Fomento para la Frontera Norte;

XVIII. Secretarías: las dependencias de la administración pública federal en sus respectivos ámbitos de competencia, que para los efectos de esta ley serán las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Turismo; y la Comisión Nacional del Agua; y

XIX. Zona económica fronteriza: área geográfica delimitada del territorio nacional, formada por la región fronteriza norte referida en la fracción XVI del artículo 3° de la presente ley, así como municipios comprendidos total o parcialmente en ella, sujeta al régimen económico fronterizo que establece esta ley.

Artículo 4. Para el cumplimiento del objetivo de la presente ley, los tres órdenes de gobierno deberán orientar sus acciones hacia los siguientes objetivos:

I. Establecer mecanismos de coordinación institucional para la ejecución y observancia de la política integral de desarrollo sustentable en la región fronteriza norte;

II. Salvaguardar los derechos humanos de los habitantes de la región fronteriza norte, con respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas que no contravengan las garantías reconocidas en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México sea parte.

III. Fortalecer los procesos de cooperación con el país vecino del norte en aras de eliminar obstáculos y barreras que impidan la interacción natural entre las comunidades fronterizas de México y dicho país, bajo el principio de reciprocidad;

IV. Garantizar condiciones para el desarrollo sustentable de la región fronteriza norte;

V. Proteger, preservar, mejorar y aprovechar de manera sustentable el ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales en la región fronteriza norte;

VI. Garantizar la educación pública de calidad hasta el nivel de educación media superior;

VII. Garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes de la región fronteriza norte;

VIII. Salvaguardar la integridad personal y la seguridad jurídica de los habitantes de la región fronteriza norte; y

IX. Promover la participación ciudadana, a través de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el objeto de esta ley y que se encuentren domiciliadas en la región fronteriza norte.

Para la consecución de los objetivos anteriores, México promoverá mecanismos de cooperación con el país vecino del norte.

Artículo 5. El manejo de la política integral de desarrollo fronterizo será competencia del Poder Ejecutivo Federal, de los poderes ejecutivos estatales y municipales, conforme a las disposiciones establecidas en la presente ley y demás leyes federales y estatales de las entidades fronterizas, bajo los principios de coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.

Capítulo II
De la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos

Artículo 6. Para el cumplimiento del objeto de esta ley se crea la Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos, como órgano intersecretarial, de carácter permanente y presidida por el titular de la Secretaría de Gobernación. En ausencia del secretario de Gobernación las sesiones de la Comisión serán presididas por el secretario del ramo que designe el presidente.

Son integrantes permanentes de la comisión con derecho a voz y voto los titulares de las Secretarías, quienes en caso de ausencia podrán nombrar un suplente con nivel no inferior al de subsecretario.

Cada secretaría deberá elegir a una de sus unidades administrativas, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la Comisión.

Los gobernadores de los estados fronterizos del norte, con la aprobación de su legislatura local, podrán solicitar ante el presidente su inclusión en la comisión, que será aprobada conforme lo estipule el reglamento de la presente ley. Los gobernadores de los estados fronterizos del norte que se integren a la Comisión podrán participar con voz y voto en las reuniones y en caso de ausencia nombrar a un suplente con nivel no inferior al de secretario general de gobierno o su equivalente.

Los presidentes municipales de los municipios fronterizos del norte, con aprobación de su cabildo, podrán solicitar ante el presidente su inclusión en la comisión, misma que será aprobada conforme lo estipule el reglamento de la presente ley. A su vez, podrán participar en los términos que se establezcan en el reglamento de esta ley en la elección del presidente municipal de su estado que será delegado ante la comisión, mismo que participar en las reuniones de la comisión con derecho a voz y voto.

A propuesta de alguno de los integrantes y con aprobación de la mayoría de los presentes, la Comisión podrá invitar para ser consultados o escuchar su opinión sobre los temas materia de la reunión, a los siguientes:

I. Los titulares de los órganos desconcentrados e instituciones financieras de fomento de la administración pública federal;

II. Titulares de entidades paraestatales federales, estatales o municipales;

III. Representantes de las organizaciones de la sociedad civil; y

IV. Académicos e investigadores en temas de interés para los trabajos de la comisión.

Artículo 7. La comisión tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar las acciones de la federación, los estados fronterizos del norte y sus municipios, así como las de la sociedad civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre los asuntos de la región fronteriza norte;

II. Proponer y promover la política integral de desarrollo fronterizo, favoreciendo el interés y las necesidades regionales;

III. Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas que repercutan en la región fronteriza norte, para su aplicación por los tres órdenes de gobierno;

IV. Propiciar la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos de los estados fronterizos del norte y sus municipios, encaminados al desarrollo integral de la región fronteriza norte;

V. Propiciar la celebración de acuerdos entre los distintos niveles de gobierno cuyo objeto sea:

a) Desarrollar los diversos campos de la actividad productiva; y

b) Fomentar el desarrollo sustentable y desarrollo social en la región fronteriza norte.

VI. Proponer mecanismos fiscales que incentiven el desarrollo sustentable en la región fronteriza norte, así como la conservación del ambiente;

VII. Promover y apoyar estudios e investigaciones sobre los asuntos de la región fronteriza norte, así como difundir los resultados de los mismos;

VIII. Diseñar y promover la creación de polos de desarrollo regional en la región fronteriza norte que generen las condiciones y oportunidades de trabajo bien remunerado;

IX. Proponer a las secretarias las adecuaciones para que los programas públicos del gobierno federal relacionados con el apoyo para el desarrollo económico y los programas para el desarrollo social se apliquen en la región fronteriza norte atendiendo a las condiciones particulares de las mismas;

X. A propuesta del presidente aprobar el nombramiento del secretario técnico;

XI. Aprobar el programa de trabajo y los informes de la comisión;

XII. Aprobar el reglamento interno de la comisión; y

XIII. Las demás que señale el reglamento interno de la comisión.

Artículo 8. El presidente de la comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I.Dirigir y coordinar los trabajos de la comisión;

II. Asumir la representación de la comisión en eventos relacionados a sus actividades;

III. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la comisión;

IV. Promover la formulación y adopción de los instrumentos de política pública necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la comisión;

V. Supervisar los trabajos de la comisión y del secretario técnico;

VI. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la comisión;

VII. Elaborar el programa de trabajo y los informes de la comisión;

VIII.Presentar y someter a la aprobación del pleno de la comisión el programa de trabajo y los informes de la comisión; y

IX. Las demás que señale el reglamento interno de la comisión.

Artículo 9. A todas las reuniones de la comisión serán convocados por el presidente los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Económica, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Social.

Además de los titulares de las secretarías enunciadas en el párrafo precedente, el presidente, tomando en cuenta los temas a tratar en el orden del día de la reunión, convocará a los titulares de las otras secretarías enunciadas en la fracción XVIII del artículo 3. de la presente ley que sean competentes en dichos temas.

Adicionalmente, el presidente podrá invitar a alguno o algunos de los titulares de las otras Secretarías enunciadas en la fracción XVIII del artículo 3. de la presente ley que ha su criterio deban de participar en la reunión.

La comisión podrá sesionar con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes que hayan sido convocados por el presidente en los términos del presente artículo.

Los integrantes no convocados que tengan interés en participar en la reunión, podrán solicitar con antelación su inclusión ante el presidente, exponiendo las razones de su petición.

Junto con la invitación a la reunión, el presidente deberá hacer llegar a todos los integrantes de la Comisión el orden del día, el cual sólo se podrá modificar a propuesta de alguno de los integrantes y por mayoría de votos de los asistentes a la reunión.

Los acuerdos y resoluciones que adopte la Comisión en sus reuniones deberán contar con el voto favorable de la mitad más uno de los integrantes asistentes.

Artículo 10. La comisión contará con una secretaría técnica, misma que estará a cargo de un secretario técnico.

La secretaría técnica ejercerá las siguientes facultades:

I. Organizar el funcionamiento de la comisión;

II. Proporcionar el apoyo administrativo que se requiera para el desarrollo de las reuniones de la Comisión;

III. Participar con voz y sin voto en las reuniones de la Comisión;

IV. Elaborar y llevar el registro de las actas y los acuerdos de las reuniones de la Comisión;

V. Elaborar y llevar el registro de las actas, los acuerdos de las reuniones, y toda la documentación relativa al funcionamiento de la Comisión;

VI. Llevar un reporte sobre el grado de avance en el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la comisión;

VII. Formular los análisis que le encomiende la comisión;

VIII. Dar seguimiento a las reuniones y elaborar las actas de las mismas;

VIII. Elaborar y someter a la aprobación del Presidente el reglamento interno de la Comisión;

IX. Elaborar y someter a la aprobación del Presidente el informe de la Comisión; y

X. Las demás que señale el reglamento de la presente ley y el reglamento interno de la comisión.

Para el cumplimiento de sus tareas el Secretario Técnico se auxiliará de la unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación que para coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la comisión designe el presidente.

Así mismo, podrá solicitar a las Secretarias, a los gobiernos estatales y municipales que hayan solicitado su incorporación a la Comisión, la información que obre en poder de estas instituciones concerniente a los temas de interés para los trabajos de la comisión.

Artículo 11. La comisión deberá realizar cuatro reuniones ordinarias por año a efecto de revisar los avances de la política integral de desarrollo fronterizo y el cumplimiento de sus facultades y en forma extraordinaria las veces que sean necesarias a propuesta del presidente.

Artículo 12. La comisión deberá reunirse periódicamente con las secciones mexicanas de los organismos binacionales para conocer el trabajo que éstas se encuentren realizando en la materia de su competencia, manteniendo un vínculo de colaboración entre ellas.

Artículo 13. La Comisión deberá elaborar un informe anual que contenga el análisis de la situación de la región fronteriza norte y los avances de la política integral de desarrollo fronterizo, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, además de procurar su amplia difusión.

Dicho informe será presentado por el presidente de la comisión al titular del Poder Ejecutivo Federal a más tardar el día 15 de agosto de año en curso.

Título Segundo
De la Política Integral de Desarrollo Fronterizo

Artículo 14. La política integral de desarrollo fronterizo estará encaminada a la construcción de cohesión social y desarrollo humano sustentable en la región fronteriza norte, mediante los siguientes cuatros ejes de acción:

I. Régimen económico fronterizo:

a) Zona económica fronteriza;

b) Turismo; y

c) Medio Ambiente.

II. Régimen social fronterizo:

a) Salud; y

b) Educación.

III. Régimen cultural fronterizo.

IV. Cooperación internacional en la frontera norte;

Los objetivos de la política integral de desarrollo fronterizo serán alcanzados de conformidad con lo establecido en esta ley y demás leyes vigentes, así como a través de los programas federales, estatales y municipales.

Capítulo I
Régimen Económico Fronterizo Sección I
Zona Económica Fronteriza

Artículo 15. Los estados y municipios que deseen albergar una o varias zonas económicas fronterizas celebrarán el convenio o convenios correspondientes con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobados por la legislatura del estado donde se encuentre la zona o zonas. Dicho convenio o convenios podrán darse por terminados por la respectiva legislatura.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado del que se trate ordenarán la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, respectivamente, el convenio celebrado por el cual la zona económica fronteriza se conforme, del acto por el cual se disuelva el convenio, y de los decretos de la legislatura de los estados por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar.

De igual manera, dichos convenios celebrados entre la federación, estados y municipios deberán contener información relativa a la localización exacta de la zona; las actividades industriales, comerciales y de servicios a realizar en la zona que gozarán de los beneficios que otorga esta ley; los esquemas de coordinación que mantendrán la Comisión y las autoridades federales, estatales y municipales en donde se ubique la zona, y la fecha a partir de la cual comenzarán a aplicarse a la zona los beneficios contenidos en esta ley.

Artículo 16. En caso de que una zona económica fronteriza se localice dentro de los límites de dos o más municipios, dentro de un mismo estado, los gobiernos municipales deberán coordinarse entre sí en los términos de la legislación estatal y los reglamentos municipales correspondientes.

Artículo 17. Si una zona económica fronteriza se localiza dentro de los límites de dos o más municipios pertenecientes a dos estados, los gobiernos municipales y estatales involucrados deberán coordinarse entre sí en los términos de las legislaciones estatales y los reglamentos municipales correspondientes.

Artículo 18. El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos estatales y municipales en los que se localicen las zonas económicas fronterizas establecidas mediante la celebración de los convenios mencionados en el artículo anterior, podrán en acuerdo consensado otorgar beneficios o estímulos fiscales y económicos a las personas físicas y morales residentes en la zona económica fronteriza que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales y estatales.

Artículo 19. Los gobiernos estatales y municipales podrán otorgar, en términos de las legislaciones estatales y los bandos municipales aplicables, beneficios o estímulos fiscales y económicos por los siguientes conceptos:

I. Impuestos sobre nómina;

II. Impuestos sobre la adquisición de inmuebles;

III. Impuestos prediales estatales y municipales;

IV. Productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras;

V. Impuestos de la tenencia o uso de vehículos;

VI. Servicios públicos municipales;

VII. Servicios de catastro y usos del suelo; y

VIII. Las demás que establecen las leyes estatales y reglamentos municipales.

Los beneficios o estímulos fiscales y económicos otorgados por los estados no se considerarán en contravención con lo estipulado en los artículos 10-A y 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal.

Lo dispuesto en este artículo no se entenderá como una limitación de las facultades de la federación, estados y municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia.

Sección II
Del Turismo en las Región Fronteriza Norte

Artículo 20. Para coadyuvar al desarrollo turístico de la región fronteriza norte, el objetivo de la política integral de desarrollo fronterizo en la materia buscará asegurar la permanencia competitiva de sus destinos turísticos mediante una constante diversificación de los productos y servicios ofrecidos, así como la integración de cadenas productivas.

Artículo 21. Para el logro de los objetivos de esta ley en materia de turismo, la comisión promoverá con las instancias correspondientes, en el ámbito de sus competencias, lo siguiente:

I. Fomentar un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para la adopción y la ejecución de políticas públicas que impulsen el turismo en la región fronteriza norte;

II. Promover la competitividad de los productos y servicios turísticos ofrecidos en la región fronteriza norte;

III. Fomentar la inversión pública y privada en el desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos;

IV. Instaurar estrategias que conlleven la consolidación de cadenas productivas competitivas;

V. Llevar a cabo las acciones necesarias que faciliten el flujo de turistas internacionales a través de la región fronteriza norte;

VI. Promover la construcción o el mejoramiento de Infraestructura para el eficiente desplazamiento de turistas en la franja fronteriza; y

VII. Fomentar la coordinación binacional con el país vecino del norte para disminuir la incertidumbre en el flujo de personas a través de la región fronteriza norte para realizar actividades turísticas, garantizándoles su seguridad.

Artículo 22. La comisión participará con la Secretaría de Turismo, los estados fronterizos y los municipios fronterizos, en los términos que establece el artículo 15 de la ley General de Turismo, en la estimulación y promoción de la iniciativa privada y el sector social, para la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos en la región fronteriza norte, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional.

Artículo 23. La comisión propondrá, promoverá e impulsará proyectos de zonas de desarrollo turístico sustentable a las que se refiere la Ley General de Turismo, en la región fronteriza norte.

Artículo 24. Se impulsará el turismo que promueva la cultura de la región fronteriza norte, con pleno respeto de los usos, costumbres y especificidades culturales de las comunidades y pueblos indígenas.

Sección III
Política Ambiental Fronteriza

Artículo 25. La política ambiental fronteriza tendrá como objetivo coadyuvar en la conservación, protección y restauración de la diversidad biológica y sus hábitats en las diferentes zonas de la región fronteriza norte, así como la preservación de los recursos hídricos y control de elementos nocivos contaminantes que afecten la población de los estados fronterizos del norte para el logro de un desarrollo sustentable.

Artículo 26. Para contribuir al cumplimiento de los fines establecidos en el artículo anterior la comisión deberá:

I. Fomentar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales enmarcada en una planificación de la región fronteriza norte y la franja fronteriza norte, fundamentada en la política integral de desarrollo fronterizo;

II. Impulsar programas encaminados a la protección del ambiente y recursos naturales de la región fronteriza norte y la franja fronteriza norte;

III. Analizar, revisar periódicamente y fortalecer los programas de educación ambiental, como un eje transversal curricular de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;

IV. Propiciar la participación de los habitantes de la región fronteriza norte en los programas y acciones destinados a la preservación y mejoramiento del ambiente;

V. Fomentar la colaboración de los sectores productivos en el uso de tecnologías y procesos que reduzcan emisiones y descargas de contaminantes;

VI. Coadyuvar a la preservación de los ecosistemas acuáticos, marinos y terrestres para su aprovechamiento sustentable; y

VII. Estimular la participación conjunta de los gobiernos estatales, municipales y del país vecino del norte para lograr una participación coordinada cuando se presente alguna contingencia ambiental que afecte el equilibrio ecológico.

Artículo 27. La comisión promoverá actividades tendentes a la regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a través de las siguientes atribuciones:

I. Fomentar la cooperación entre las secciones fronterizas para la formulación de acciones de adaptación a los efectos del cambio climático y de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero;

II. Impulsar la creación de áreas naturales protegidas;

III. Coadyuvar en la realización de diagnósticos sobre el estado que guarda el ambiente; y

IV. Implantar acciones que al reducir o atenuar la contaminación ambiental eleven la calidad de vida de la población de la región fronteriza norte.

Artículo 28. La comisión promoverá la difusión de programas orientados a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y los recursos naturales, así como a prevenir la contaminación ambiental en la región fronteriza norte, a través del impulso de las siguientes acciones:

I. Fomentar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la formulación de políticas públicas transversales que impulsen la educación ambiental en la región fronteriza norte, mediante el diseño, impulso y difusión de campañas con contenidos ecológicos que promuevan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la mitigación y adaptación al cambio climático, así como, la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad, motivando la conciencia ambiental de sus habitantes;

II. Promover el desarrollo de la investigación científica y ambiental, así como la difusión de los resultados de éstas, con el objeto de orientar la toma de decisiones y contribuir a la preservación del ambiente en la región fronteriza norte; y

III. Propiciar la intervención de la sociedad en la toma de decisiones concernientes a la preservación y aprovechamiento sustentable del ambiente y los recursos naturales.

Artículo 29. La comisión fomentará la ampliación y rehabilitación de obras necesarias para el suministro eficiente de agua potable en los asentamientos humanos de la región fronteriza norte, bajo las siguientes atribuciones:

I. Participar en la prevención y control de la contaminación de aguas bajo la jurisdicción de los estados fronterizos del norte para mantener el equilibrio hidrológico;

II. Coadyuvar a impulsar el restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas de la región fronteriza norte;

III.Velar por la eficiencia de los servicios de agua potable y alcantarillado para contribuir al desarrollo humano sustentable de los habitantes de la región fronteriza norte;

IV. Promover la eficaz operación de plantas de tratamiento de aguas residuales que contribuyan al mejoramiento de dichas aguas en los estados fronterizos del norte;

V. Impulsar la investigación y el monitoreo constantes de la problemática de la región fronteriza norte que tengan escasez del recurso; y

VI. Promover la instalación y eficaz operación de plantas desalinizadoras de agua de mar y salobres, que contribuyan al mejoramiento de la disponibilidad del recurso hídrico.

Capítulo II
Régimen Social Fronterizo Sección I
De la Salud en la Frontera Norte

Artículo 30. La Comisión impulsará el derecho humano a la protección de la salud de los habitantes de la región fronteriza norte garantizando su cobertura y el fortalecimiento de los servicios de salud bajo los principios de universalidad, gratuidad y equidad, en los términos previstos en la Ley General de Salud, buscando brindar de manera oportuna e idónea atención médica para lograr el desarrollo humano sustentable que permita la cohesión social.

Artículo 31. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión deberá:

I. Velar por el cumplimiento de los servicios de salud para los habitantes de la región fronteriza norte, impulsando su calidad para que sean atendidos los problemas sanitarios de los estados fronterizos del norte, con especial énfasis en acciones preventivas;

II. Impulsar acciones necesarias para mantener el control y en lo posible la erradicación de focos epidemiológicos en la región fronteriza norte;

III. Coadyuvar a la divulgación oportuna de información sobre patologías y temas sanitarios de interés para los habitantes de los estados fronterizos del norte;

IV. Fomentar acciones conjuntas con las autoridades competentes para incrementar y mejorar la promoción y participación ciudadana en materia de salud; y

V. Solicitar diagnósticos acerca de las condiciones y necesidades de salud pública de la región fronteriza norte.

Artículo 32. La comisión promoverá la cooperación de especialistas en salud para la construcción de programas de prevención y detección de enfermedades, particularmente las epidemiológicas y entomológicas, a través de las siguientes atribuciones:

I. Consultar a organizaciones internacionales de carácter regional, así como de la sociedad civil relacionadas con los asuntos de salud en la región fronteriza norte, cuando sea oportuno o lo considere necesario;

II. Impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en materia de salud; y

III. Promover una red de campañas que sirvan para el eficaz control y vigilancia epidemiológica, con el fin de frenar y erradicar las enfermedades epidémicas prevalentes en los estados fronterizos del norte.

Artículo 33. La comisión coadyuvará al intercambio de información patológica, para fortalecer las actividades de control epidemiológico de enfermedades características de la región fronteriza norte a través de la búsqueda de casos, reservorios y vectores, así como la notificación, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

Artículo 34. La comisión impulsará programas temporales de vacunación, especialmente para la población más vulnerable a contraer alguna enfermedad prevalente en los estados fronterizos del norte.

Artículo 35. La comisión impulsará y formulará programas y actividades tendientes a la prevención del sobrepeso y desnutrición, fomentando hábitos alimentarios adecuados, a través de las siguientes acciones:

I. Proponer la realización de estudios estadísticos para la evaluación nutricional de los estados fronterizos del norte, con el fin de detectar las carencias y problemas de salud alimentaria que padecen los habitantes de la región fronteriza norte;

II. Fomentar el intercambio de programas de educación nutricional encaminados a dar determinar la situación alimentaria de la población;

III. Promover dietas que establezcan las necesidades mínimas nutricionales para mantener en óptimas condiciones la salud de la población de los estados fronterizos del norte; y

IV. Difundir en los medios masivos de comunicación social, los resultados y acciones previstas en las fracciones anteriores.

Sección II
De la Educación en la Región Frontera Norte

Artículo 36. En materia educativa la política integral de desarrollo fronterizo tendrá como prioridad procurar los más altos estándares de calidad de la educación en sus tres tipos y niveles en la región fronteriza del norte, a fin de ampliar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los educandos que les brindarán el acceso a un mayor bienestar y desarrollo individual, contribuyendo a la vez con el desarrollo humano sustentable y la cohesión social regional.

La política integral de desarrollo fronterizo, respecto de la educación, se sujetará a las leyes y demás normas vigentes en la materia.

Artículo 37. Para contribuir al cumplimiento de los fines establecidos en el artículo anterior, la comisión deberá:

I. Fomentar en la región fronteriza norte un desarrollo educativo que responda a las necesidades locales y regionales;

II. Impulsar, apoyar y proponer proyectos educativos innovadores en la región fronteriza norte;

III. Promover la inversión pública y privada en proyectos de innovación científica y tecnológica en la región fronteriza norte; y

IV. Estimular la capacitación y orientación especializada de los educandos de la región fronteriza norte hacia las actividades productivas de la misma región.

Artículo 38. La Comisión coadyuvará con la autoridad educativa federal en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo federal, en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte, en las regiones fronterizas a través de las acciones siguientes:

I. Impulsar ante las autoridades educativas federales la creación, desarrollo e implementación de programas de cooperación educativa entre las regiones fronterizas y el país vecino del norte;

II. Proponer, apoyar y difundir la realización de eventos, foros y otras actividades educativas y culturales conjuntas entre la región fronteriza norte y el país vecino del norte;

III. Orientar a los habitantes de las región fronteriza norte acerca del procedimiento para el reconocimiento de los certificados, constancias, diplomas, títulos y grados expedidos por las instituciones del sistema educativo nacional por parte de las instancias respectivas del país vecino del norte; y

IV. Promover el intercambio de educandos, educadores e investigadores del tipo educativo superior entre la región fronteriza norte y el país vecino del norte en el marco de los tratados internacionales celebrados entre ellos relativos a la materia.

Artículo 39. Los gobiernos de los estados fronterizos promoverán la enseñanza del idioma inglés en los tres niveles de la educación básica comprendidos en el artículo 3o. de la Constitución.

Capítulo III
De la Cultura en la frontera Norte Sección I
Régimen Cultural de la Frontera Norte

Artículo 40. Para la observancia en la región fronteriza norte del derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia así como el ejercicio de sus derechos culturales, consagrado en la Constitución, se deberá tomar en cuenta la interacción natural de las comunidades fronterizas y el país vecino del norte a fin de procurar el respeto y la conservación de los vínculos culturales y sociales existentes entre ellos, así como, el respeto y protección de los usos, costumbres y especificidades culturales de las comunidades y pueblos indígenas.

Artículo 41. La Comisión coadyuvará a la difusión y desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa en las regiones fronterizas.

Artículo 42. La Comisión buscará el cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en materia cultural y recomendará la celebración de los necesarios para el logro de los objetivos establecidos en esta ley en lo relativo a la cultura.

Capítulo IV
De la Cooperación Internacional en la Frontera Norte Sección I
Cooperación Internacional en la Frontera Norte

Artículo 43. La Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos impulsará la cooperación internacional en la región fronteriza norte para el desarrollo humano sustentable y la cohesión social mediante la promoción ante las instancias federales competentes de tratados y acuerdos que contribuyan a reconstruir el tejido social y disminuir las asimetrías existentes a lo largo de la región fronteriza norte de México con el país vecino del norte.

Artículo 44. Para dar cumplimiento a los fines y objetivos de la cooperación internacional en las fronteras, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Presentar observaciones y recomendaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los tratados internacionales que suscriba en materia de cooperación internacional con impacto directo en la región fronteriza norte;

II. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores la planeación e implantación de acciones que fomenten la cooperación internacional en la región fronteriza norte basadas en convenios y acuerdos entre los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, universidades e instituciones de educación superior e investigación pertenecientes al sector público;

III. Impulsar la cooperación internacional entre los estados fronterizos y el país vecino del norte en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo bajo los lineamientos contenidos en el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y

IV. Promover, fomentar y dar seguimiento a acuerdos interinstitucionales suscritos por los estados fronterizos con el país vecino del norte.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a los noventa días siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Intersecretarial de Asuntos Fronterizos deberá instalarse dentro de los tres meses de la entrada en vigor del presente decreto.

En un término de dos meses a partir de su instalación, la comisión deberá aprobar su reglamento interno.

Tercero. El Reglamento de la presente ley deberá ser expedido por el presidente de la República dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento legal.

Nota:

1 Al respecto, consultar: Guillén López, Tonatiuh. “Frontera norte: los contrastes de la calidad de vida”, revista Política Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, número 81, octubre 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: Roberto Alejandro Cañedo Jiménez,José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado, túrnese a la Comisión de Asuntos Frontera Norte, para su dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Adelante, diputado.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, para hablar sobre la reforma al artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños:Muchas gracias, señora presidenta. Señoras diputadas y señores diputados, en México las entidades federativas tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre. En este sentido, diversas reformas constitucionales han permitido que el municipio y el propio Distrito Federal adquieran mayor relevancia política y no solo administrativa, en aras de una mayor autonomía y capacidad de decisión.

A pesar de las mayores facultades políticas administrativas de que goza el municipio, cualquier reforma jurídica de fortalecimiento de sus atribuciones que no se encuentre vinculada al aspecto financiero corre el riesgo de quedar como un catálogo de buenas intenciones.

Lo cierto es que si no tienen recursos suficientes para llevar a cabo las funciones que le atribuye la Constitución, poco puede hacer para que dichas actividades se reflejen en beneficios concretos que mejore la calidad de vida de los habitantes de su territorio.

En este sentido, los municipios tienen dos vías para allegarse recursos: por una parte, los ingresos propios que perciban, y por otro, los recursos que la federación les distribuye.

La distribución de las participaciones federales que regula a través de la Ley de Coordinación Fiscal, entre los fondos que contempla este ordenamiento, se encuentra el llamado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que tiene como prioridad que los municipios destinen los recursos al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de los derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descarga de agua residual, a la modernización de los sistemas de recaudación local y mantenimiento de infraestructura, y a las atenciones de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.

En la actualidad la distribución de los recursos del fondo se hace con base en el número de habitantes, obteniendo esta cifra de la información estadística más reciente emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de siglas INEGI.

El criterio poblacional en la asignación de los recursos es de suma importancia, pues la cantidad de pobladores tienen a relación directa con los servicios y necesidades que deben de satisfacer los ayuntamientos. Y así, a mayor número de habitantes se incrementan las necesidades sociales, y por lo tanto, la cantidad de recursos que se requieren para hacerle frente a las mismas.

La información poblacional que da el INEGI se renueva cada 10 años a través del censo y cada 5 mediante conteos. Bajo este contexto, la información que proporciona el organismo, antes citado, se renueva cada 5 años de manera parcial y no necesariamente este ejercicio se realiza de la forma permanente.

Por citar un ejemplo, este 2015, el INEGI ha anunciado que por razones de índole presupuestal, no le sería posible llevar a cabo este conteo y en su lugar solo realizó una encuesta intercensal.

En este sentido, la repartición de los recursos que integra el fondo de aportaciones se hace con base en una información poblacional que tiene un desfase de por lo menos cinco años, lo que ocasiona que en el factor anual, que se toma en cuenta para las reparticiones de este fondo, no corresponda a las dinámicas y los requerimientos de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Mucho de los cuales tiene una tasa de crecimiento que varía año con año.

Por ello, con el fin de que la repartición de los recursos de este fondo se lleva a cabo de la forma más objetiva, la iniciativa que hoy presento plantea la aplicación de un factor de actualización al último dato poblacional oficial, que permita una distribución más justa de los recursos del fondo con base en el valor de la tasa de crecimiento media anual, proporcionado también por el INEGI.

Como diputado de Movimiento Ciudadano, uno de los principales temas a impulsar es precisamente la distribución más equitativa de los recursos, por lo que esta iniciativa contribuirá a ello en beneficio de la calidad de vida de las personas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales que nos rigen, someto a esta consideración, a esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, de reforma del artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En obviedad de tiempo, omito leer de manera textual la reforma planteada, pero hago entrega del documento integro para que en su momento sea turnado a las comisiones competentes para su dictamen. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema, argumentos y fundamentación legal

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

De esta manera, nuestra Carta Magna adopta como forma de organización la federalista, por la cual las entidades, a través de su adhesión a este sistema, ceden a la Federación parte de las atribuciones que originariamente les corresponden, para que aquella las ejerza con el propósito de velar por los intereses de cada uno de sus integrantes y contribuir al desarrollo y seguridad general de la Nación, objetivos que no podrían ser conseguidos con el solo esfuerzo y recursos de los Estados miembros.

b) Si bien existen ciertos principios universales del federalismo aplicables a todos los Estados que moldean su configuración política con base en este esquema de distribución de competencias, éste adopta características particulares de acuerdo a las circunstancias histórico-políticas del país de que se trate.

En México, por ejemplo, los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre, fruto de la influencia española en la evolución del país, tal como lo reconoce el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal. De esta manera, el nivel de gobierno municipal integra la organización política tripartita del Estado Mexicano, junto con los Estados y la Federación, a los cuales los propios dispositivos constitucionales asignan una serie de facultades, ya sea de naturaleza exclusiva, coincidente o concurrente.

c) A pesar de estar determinado en los textos constitucionales la naturaleza federal de la República, las prácticas políticas en las que ha estado inmerso nuestro país en muchas ocasiones han contradicho lo indicado por la norma fundamental, desplegando rasgos profundamente centralistas y concentrando los recursos y la toma de decisiones en las autoridades federales, afectando con ello el pleno desarrollo de las entidades y sobre todo de los municipios, quienes se han visto subordinados a criterios y disposiciones que les impiden actuar como verdaderos órganos de gobierno.

De igual forma, las propias entidades han reproducido en los municipios que los conforman estas actitudes centralistas, sobre todo en la asignación de los recursos, pues estos pasan necesariamente por el tamiz de los criterios estatales, sea a través del Poder Ejecutivo o de las legislaturas respectivas.

d) Desde la reforma de 1999 al artículo 115 constitucional, el municipio ha venido adquiriendo mayor relevancia, tanto política como administrativa, pues en dicho precepto se han delineado las características fundamentales que definen a este nivel de gobierno y que podemos describir brevemente de la siguiente forma:

- Se inserta en un esquema republicano, representativo y federal,

- Es la base de la división territorial de los Estados,

- Es la base de la organización administrativa de los Estados,

- Es explícitamente libre, y

- Es implícitamente autónomo.

Asimismo, la nueva configuración jurídico-política del Municipio libre, conlleva a que estos realicen una serie de funciones, las cuales se encuentran de manera explícita o implícita en el texto constitucional y son desarrollada por las leyes de la materia expedidas por las Legislaturas, pero que implican la realización de actividades que pueden agruparse de la forma siguiente:

- Actividades reglamentarias,

- Actividades administrativas,

- Actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos,

- Actividades relacionadas con la realización de obra pública,

- Actividades socioeconómicas residuales,

- Actividades económicas de interés público, y

- Actividades socioeconómicas simples.

e) Como se ha expresado en el inciso anterior, las reformas realizadas al marco jurídico que regula al Municipio, le han permitido una mayor autonomía en la toma de decisiones y en la ejecución de las múltiples actividades que le corresponden, que como se deriva de un análisis de las mismas, tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de las personas, sobre todo en lo que a servicios públicos se refiere, de ahí que muchas veces el Municipio ha sido considerado como el nivel de gobierno más cercano a la población, cuyo actuar eficiente u omiso es percibido más nítidamente por los ciudadanos.

No obstante, cualquier reforma jurídica de fortalecimiento a las atribuciones de los municipios que no se encuentre vinculada al aspecto financiero, corre el riesgo de quedar como un catálogo de buenas intenciones. Lo cierto es que los Municipios, si no disponen de recursos suficientes para llevar a cabo las funciones que competencialmente les atribuye la Constitución, poco pueden hacer para que dichas actividades se reflejen en beneficios concretos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de su territorio.

En este sentido, los Municipios tienen dos vías para allegarse de recursos. Por una parte, los ingresos propios que perciban; por otra, los recursos que la Federación les distribuye. En este último aspecto, la fracción IV inciso b) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los Municipios recibirán las participaciones federales que serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados.

f) La distribución de las participaciones federales se regula a través de la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales y constituir los organismos en materia de coordinación fiscal.

La Ley, en su Capítulo V denominado “De los Fondos de Aportaciones Federales”, define estas aportaciones como los recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la ley en cita.

Entre dichos fondos, se encuentra el llamado “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, que tiene como prioridad que los Municipios destinen los recursos al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

El artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, con relación a este Fondo, señala lo siguiente:

Artículo 38.El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75 por ciento correspondiente a cada Demarcación Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25 por ciento restante al factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos.

Como se desprende del dispositivo anterior, la distribución de los recursos del fondo se hace con base en el número de habitantes que tenga la Entidad, el Municipio y la demarcación territorial del Distrito Federal de que se trate, obteniendo esta cifra, como expresamente lo indica el primer párrafo del artículo, de la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi –antes Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática).

El criterio poblacional en la asignación de los recursos es de suma importancia, pues la cantidad de pobladores que habitan en el Municipio tiene relación directa con los servicios y necesidades que deben satisfacer los Ayuntamientos en las actividades prioritarias a que deben destinarse los recursos de este Fondo; así, a mayor número de habitantes, se incrementan las necesidades sociales y, por tanto, la cantidad de recursos que se requieren para hacer frente a las mismas.

g) En México, es responsabilidad del Inegi desarrollar y realizar los censos y conteos de Población y Vivienda, bajo los siguientes lineamientos básicos:

- La comparabilidad de la información en el tiempo y en el espacio,

- La adecuación conceptual, de acuerdo con las necesidades de la información que el desarrollo social y económico imponga, y

- La comparabilidad internacional de la información que resulte de los censos mexicanos, atendiendo fundamentalmente a su periodicidad, con relación a la de otros países.

En materia poblacional, el Inegi lleva a cabo la medición a través de dos instrumentos: el censo y el conteo. El censo se realiza cada diez años, en aquéllos terminados en cero; y el conteo, cada diez años también, pero en aquéllos terminados en cinco; cada uno de estos instrumentos con la metodología, alcance e información determinados por el Instituto conforme a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, las documentos técnicos y normativos, entre otros lineamientos aplicables.

Bajo este contexto, la información que proporciona el organismo antes citado se renueva cada cinco años de manera parcial y no necesariamente este ejercicio se realiza de forma permanente, pues por citar un ejemplo, este año 2015 el Inegi ha anunciado que, por razones de índole presupuestal, no le sería posible llevar a cabo este conteo y, en su lugar, sólo realizó una Encuesta Inter Censal.

En este sentido, la repartición de los recursos que integran el Fondo de Aportaciones al que me he referido, se hace con base en una información poblacional que tiene un desfase de por lo menos cinco años, lo que ocasiona que el factor anual que se toma en cuenta para la repartición de este fondo no corresponda a las dinámicas y requerimientos de los Municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, muchos de los cuales tienen una tasa de crecimiento que varía año con año.

h) Al utilizar información que no está actualizada, la repartición de recursos federales no es objetiva ni real y, por la misma razón, no cumple a plenitud con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de las comunidades municipales y demarcaciones del Distrito Federal, cuyo criterio de distribución es precisamente el número de habitantes de dichos territorios.

Sin embargo, es posible que con base en la última información estadística oficial que expide el Inegi sobre el total de la población, se aplique un factor de actualización a esta para conocer de la manera más objetiva posible el número de habitantes, procediendo a una entrega más justa de los recursos del Fondo.

En este orden de ideas, el propio Inegi proporciona como uno de los indicadores de demografía y población, el valor de la tasa de crecimiento media anual de la población, parámetro que puede ser implementado para actualizar, año con año y mientras no se realice el nuevo censo, conteo o encuesta inter censal, el número de habitantes que tiene cada Municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.

Como diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, uno de los principales temas a impulsar es precisamente una distribución más equitativa de los recursos, que permita fortalecer a los Municipios y, en última instancia, consolidar su propio sistema de captación de ingresos para que dependan en menor medida de los recursos federales. La utilización de valores técnicos, como la tasa de crecimiento media anual de la población respectiva, es un elemento que contribuirá a una distribución más equilibrada de las aportaciones y fomentará de manera real la consolidación de este nivel de gobierno y, por consecuencia, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo expuesto y motivado, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realice con base en la tasa de crecimiento medio anual de su población

Artículo Primero.Se reforma el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 38.El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75 por ciento correspondiente a cada Demarcación Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25 por ciento restante al factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos.

Para el cálculo del número de habitantes de las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere este artículo, al número reportado en la información estadística más reciente emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se aplicará, con fines de actualización, el valor de la tasa de crecimiento media anual de la población que proporciona este Instituto.

El número que resulte de la aplicación del factor de actualización señalado en el párrafo anterior servirá como base para la actualización del año siguiente, procedimiento que se repetirá hasta que el Instituto emita nueva información estadística sobre el número de habitantes, el cual servirá como base para las actualizaciones posteriores.

Si la información estadística más reciente se emite con anterioridad a la distribución anual de los recursos del Fondo señalado en este artículo, en dicho año no se aplicará el factor de actualización al número de población reportado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Fernández Ruiz, Jorge. “La reforma constitucional de 1999 al artículo 115”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas de las UNAM, Número 4, Enero- Junio 2001, consultado en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/4/cl/cl9.htm

2 Ídem.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a la fecha de su presentación.— Diputados: Carlos Lomelí Bolaños,Verónica Delgadillo García, Carlos Lomelí Bolaños, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Jesús Antonio López Rodríguez, José Máximo García López, Ma. Victoria Mercado Sánchez, Moisés Guerra Mota, Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lomelí. Insértese el texto ahí integro en el Diario de los Debate, como lo ha solicitado el proponente. Y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Mercado, por favor.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (desde la curul): Solicito al proponente que si me permite adherirme a su iniciativa, junto con nuestros compañeros aquí del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta el diputado proponente su aquiescencia, entonces está a disposición, diputada, para su suscripción, quienes deseen hacerlo.

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Rocío Rebollo, por favor.

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): Gracias, presidente. Solicitarle que también sea turnada a la Comisión de Federalismo, por ser un tema que implica directamente a los municipios, para poder emitir opinión y dictamen; o para opinión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. ¿Tendría usted inconveniente que la solicitud que hace sea en términos de opinión de la Comisión de Federalismo? Sonido, por favor. Ahí está.

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): No tengo objeción, pero sí que lo turnen para opinión, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perfecto. Entonces así hará. Muchas gracias a usted.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Iñiguez, por favor, acá.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Igual, de la misma manera pedirle al diputado promovente de esta iniciativa tan importante para los municipios, no podemos seguir sacrificando a los municipios. Los que hemos sido presidentes municipales entendemos perfectamente lo que es esta iniciativa, por lo tanto le pido al diputado promovente me permita adherirme a tan importante iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Reitera el diputado su aquiescencia para ese propósito. Gracias, diputado, y aquí está también para todos quienes quieran suscribir la iniciativa presentada en la Mesa Directiva.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 5o y 15, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado Ángel García Yáñez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Cada legislatura se escucha en esa tribuna, que se dará una verdadera prioridad al campo; sin embargo, no hemos sido capaces de hacer realidad esas palabras. La iniciativa que presento propone adicionar la fracción VI del artículo 5 y de la fracción XIX del artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incorporar como una prioridad del desarrollo rural, el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.

Nuestro país fue durante muchos años una región de producción agrícola, la principal actividad estaba ligada al campo. Esta situación se transformó a lo largo de los años hasta llegar a las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, y que han hecho que el sector agrícola sea sinónimo de pobreza en un país cuya riquezas naturales son incomparables.

México está muy lejos de la meta establecida por la FAO, que señala como mínimo que un 75 por ciento del producto sea para consumo sin depender de la importación. Según este organismo internacional, los alimentos y particularmente la agricultura desempeñan un papel fundamental tanto en la generación de pobreza como en su disminución. El trabajo y la producción agrícola pueden y deberían constituir una oportunidad de desarrollo sustentable.

La agenda legislativa de Nueva Alianza incluye como uno de sus objetivos primordiales la protección y el mejor aprovechamiento del medio ambiente, garantizando la modernización del campo y combatiendo directamente la pobreza del sector campesino.

De la mano con la firma vocación educativa que nos caracteriza, y como lo hemos mencionado en otras iniciativas, queremos un campo incluyente y que sea una alternativa de desarrollo para los jóvenes, ya que cada día nuestro campo envejece.

Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola se estima que 7 de cada 10 pobres del mundo siguen viviendo en zonas rurales, entre ellos se encuentra y se incluye pequeños propietarios, campesinos sin tierras o trabajadores agrícolas. Esta situación no es distinta en nuestro país.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, por sus siglas ENA, de 2014 el 70.5 por ciento de las unidades de producción de temporal, que miden hasta 5 hectáreas, están dedicadas al autoconsumo. Estos pequeños propietarios podrían mejorar sus ingresos con medidas más equitativas para el acceso al agua, a otros activos e insumos que incrementarían su producción y, sobre todo, se verían beneficiados por el desarrollo de nuevas tecnologías.

En materia de uso de tecnologías ha habido un incremento, lo cual es un avance que merece nuestro reconocimiento. La encuesta de referencia destaca que entre el 2012 y 2014 la labranza de conservación aumentó de 22.2 por ciento a 34.3 por ciento, la rotación de cultivos pasó de 19.6 a 26.8 por ciento, las podas crecieron 10 puntos porcentuales al pasar de 12.9 a 23.2 por ciento. Sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que aún estamos lejos de los niveles de desarrollo tecnológico deseable y por eso buscamos mejorar las formas de riego, los fertilizantes, la distribución de las tierras y el aprovechamiento sustentable de las semillas mejoradas. Todo ello significa aplicar la tecnología al campo.

En el documento Desarrollo del Comercio Interregional de Alimentos y Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe, realizado por la Asociación Latinoamericana de Integración, en coordinación con la FAO, se sugieren algunas acciones para incrementar la productividad agrícola de la región, entre las cuales se encuentra el establecer políticas de estímulo a la producción orientadas con énfasis hacia la agricultura familiar, con tecnologías apropiadas de proceso para la integración de cadenas de valor que aseguren la participación equitativa al productor.

Con estas acciones se pretende que se dé un fomento a las inversiones, un financiamiento adecuado, desarrollo de capacidades de gestión, eficiencia productiva y comercial, así como el fortalecimiento de las organizaciones abastecedoras de servicios.

Nuestro campo podría ser generador de riqueza y de progreso si se incorporan las mejoras de la tecnología que nos ofrece. Queremos plasmar en la ley con toda claridad que el fomento a la innovación e investigación científica es un objetivo prioritario para el desarrollo del país en el medio rural mediante políticas, acciones y programas.

Una de las acciones planteadas por Nueva Alianza es precisamente fomentar y proyectar la investigación de técnicas que puedan facilitar la labor en el campo, garantizando la capacitación para las y los campesinos y el cuidado al medio ambiente. Esto contribuirá a que la producción agrícola sea una alternativa de progreso, desarrollo científico y técnico para las nuevas generaciones.

En Nueva Alianza queremos consolidar una verdadera modernización del campo en México y por eso estamos decididos a hacer algo al respecto. Por su atención, muchas gracias compañeros. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 5o. y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Ángel García Yáñez, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 5 y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La agricultura en todas las civilizaciones ha sido, durante siglos, la base del desarrollo económico y social. Fue la actividad económica fundamental y la base principal del intenso tráfico comercial en las sociedades prehispánicas, así como la sustentación de las sucesivas culturas y los imperios.

La agricultura está en las más profundas raíces de la idiosincrasia nacional, en la propia identidad consustancial del mexicano con el maíz, en su presencia dentro de sus creencias religiosas y en su interpretación del universo.

Actualmente, México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria, significando esto más de la mitad del territorio nacional.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de 30 millones de hectáreas de las ya señaladas, son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero ( Agostadero/ Pastizal- Tierras con capacidad para producir forraje para el ganado y animales silvestres).

En México la agricultura significa uno de los mayores sectores productivos del país.

Las múltiples funciones de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que su limitada aportación al producto interno bruto (PIB) implicaría.

La FAO ha señalado, que la agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita una gran parte de la población nacional. En las pequeñas localidades rurales dispersas (con población inferior a 2 mil 500 personas) viven 24 millones de mexicanos, es decir, casi la cuarta parte de la población nacional.

El campo mexicano ha sido abandonado, y no se ha fomentado su crecimiento con las herramientas necesarias e indispensables para lograrlo de una manera sustentable, que sea capaz de producir al menos 75 por ciento del alimento de las y los mexicanos, tal y como la FAO lo señaló en una recomendación que le realizó a México.

Sin lugar a duda una de las mayores herramientas es la tecnología e innovación científica, que empleada de la forma correcta puede generar insumos a los campesinos para lograr producir más y mejores productos agropecuarios.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que la ciencia y la tecnología son herramientas que debemos explotar al máximo, brindando los recursos necesarios para que estas disciplinas mejoren la agricultura nacional.

Hoy en día está demostrado que existe una relación positiva entre la generación y explotación del conocimiento y el desarrollo económico de los países, tal y como lo señala el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo que en México existe un gran interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar.

Innovar y aprovechar el conocimiento científico en materia agropecuaria significaría un gran apoyo para los productores del campo que hoy en día se enfrentan a todo tipo de inclemencias, no sólo administrativas, sino de clima o de insuficiencia de agua.

México es uno de los países que menos invierte en investigación y desarrollo, según el Banco Mundial (BM). Según este organismo internacional en 2010 se destinó sólo 0.48 por ciento del PIB y para 2011 disminuyó a 0.46 por ciento.

Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos sobre la humanidad, cultura y sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones, esto señalado por el Banco Mundial.

La sustentabilidad en el campo debe ser bandera del mismo, hacerlo más productivo con los mejores productos, logrando un abastecimiento necesario para el país y que lo haga rentable completamente.

La presente iniciativa contempla fortalecer las acciones ya establecidas en la normatividad del campo para el fomento a la innovación e investigación científica, plasmándolo como un objetivo prioritario para el desarrollo del país en el medio rural, mediante políticas, acciones y programas.

Argumentación

La agricultura es el cultivo de diferentes plantas, semillas y frutos, para proveer de alimentos al ser humano o al ganado y de materias primas a la industria.

Gracias a la diversidad de climas, en México se cultiva una gran variedad de especies; en 2009 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el producto que mayor producción tuvo fue la caña de azúcar con poco más de 48 millones de toneladas en todo el año, seguido del maíz con 20 millones y el sorgo con 6.

Para 2010, los vegetales que más exportó México fueron el trigo duro (triticum durum) con 4284.14 mil toneladas, seguido de las sandías con 509.26 mil toneladas en el año.

Y en el mismo año los productos que mayor importación tuvieron fueron: el maíz amarillo con 7270.91 mil toneladas y las habas de soja (soya) con 2698.24 mil toneladas al año.

Las cifras antes señaladas, reflejan la problemática del país al no producir la cantidad suficiente de productos agrícolas como es el caso del maíz que a pesar de ser el que mayor producción presenta, también es el que más se importa.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que la ciencia y la tecnología aportarán para obtener una mayor productividad agrícola y una explotación sustentable de los suelos y regiones, así como obtener productores mejor preparados y conocedores del beneficio de la tecnología aplicada a la agricultura.

En la Unión Europea las regiones rurales representan 92 por ciento del territorio. Estas regiones generan 45 por ciento del valor añadido y 53 por ciento de los puestos de trabajo en la Unión Europea. Las mencionadas regiones presentan en general una renta per cápita inferior en aproximadamente un tercio a la media europea, una baja tasa de actividad de las mujeres y un sector de servicios menos desarrollado.

La Unión Europea emplea programas para fortalecer el sector agroalimentario y realiza acciones tales como la reestructuración y modernización del sector, facilita la innovación y el acceso a la investigación y desarrollo, impulsa la adopción y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente por parte de las pequeñas empresas y sobre todo busca mejorar el comportamiento medioambiental de las explotaciones agrícolas.

Sin duda la Unión Europea es un ejemplo, con ejes tan específicos pueden permitir incluir a la ciencia y tecnología en las prioridades de crecimiento nacional y sobre todo del sector agropecuario.

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en la sede de la FAO, en Roma, en noviembre de 1996, México, al igual que otros 185 países, asumió el compromiso de reducir para 2015 el número de personas desnutridas a la mitad del registrado en 1995; compromiso que ratificó en 2002, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después.

De la misma forma, al adoptar la Declaración del Milenio en 2000, se comprometió a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población.

En general según la FAO, la inseguridad alimentaria está vinculada con la pobreza y ésta es la principal causa de la desnutrición. En 2008 la población en condiciones de pobreza alimentaria en México fue de 19.5 millones de personas; la pobreza de capacidades afectaba a 26.8 millones y 50.6 millones estaban en pobreza patrimonial.

Los legisladores debemos asumir los compromisos que México ha adoptado y buscar fortalecer las legislaciones vigentes para disminuir el número de personas con desnutrición en el país.

En las dos últimas décadas, México ha logrado avances significativos en la superación de los problemas nutricionales de la población, tal y como lo señala la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006 que mostró que entre 1988 y 2006 la prevalencia de emaciación o desnutrición aguda, que pone a los niños en alto riesgo de muerte, disminuyó de 6.0 a 1.6 por ciento (reducción de 73 por ciento).

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, contempla ya como fomento a las actividades económicas del desarrollo rural, el impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de tecnología a los productores, la inducción de prácticas sustentables y la producción de semillas mejoradas incluyendo las criollas.

Lo anterior, aunado al Capítulo II del Título Tercero de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, contempla el impulso y fomento a la generación de investigación sobre el desarrollo rural sustentable, sin embargo consideramos un vacío en los artículos 5 y 15 de la misma ley al no contemplar el fomento a las actividades de innovación tecnológica.

El artículo 5 señala:

“Artículo 5o.En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:”

Dentro de los cuales (objetivos) no se encuentra el fomento a la investigación y desarrollo tecnológico. Y el artículo 15 dice a la letra:

“Artículo 15.El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias: ...”

El Programa Especial Concurrente se refiere al que realizará la Comisión Intersecretarial derivado del Plan Nacional de Desarrollo, y dentro del cual consideramos importante que se mencione como materia a tratar el fomento a la innovación científica y desarrollo tecnológico en el medio rural como uno de los principales ejes de este programa.

Por lo anterior, se considera de gran importancia la presente iniciativa, que busca fortalecer las acciones en materia de innovación e investigación científica en el medio rural, con la finalidad de fortalecer el sector.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 5 y una fracción XIX al artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Para quedar como sigue:

Primero. Se adiciona una fracción VI al artículo 5 para quedar como sigue:

“Artículo 5o. ...

I. a V. ...

VI. Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.”

Segundo. Se adiciona una fracción XIX al artículo 15 para quedar como sigue:

“Artículo 15. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Fomento a la innovación científica y tecnológica para el desarrollo rural sustentable.

XX. Las demás que determine el Ejecutivo federal.”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputado Ángel García Yáñez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

El diputado Pablo Elizondo García:Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Una de las problemáticas más importantes que hemos sentido nosotros los que hemos andado en campo, en campaña, ha sido el ver a una gran cantidad de niñas, de adolescentes embarazadas.

Como ahorita lo comentaba nuestro compañero diputado y ahora vamos a hablar de una modificación al tema de educación.

Estimados compañeras y compañeros diputados, durante la adolescencia un problema culturalmente complejo al que se enfrentan los jóvenes estriba en el embarazo adolescente, el cual ocupa un espacio importante en la agenda pública y mediática de países en desarrollo y México en este caso no es la excepción. Tal problema se acentúa ya que su incidencia va en aumento, no obstante los esfuerzos realizados por parte del gobierno de la República y los gobiernos locales, a través de sus instituciones educativas y de salud.

De acuerdo a estadísticas públicas para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, hace poco más de un año México encabezaba el primer lugar en embarazos adolescentes de 12 a 19 años de edad, lo cual refleja un severo problema de salud pública que no ha logrado disminuir.

El embarazo en la adolescencia ha sido un fenómeno recurrente que genera múltiples consecuencias, entre ellas y la más importante, la deserción escolar.

En este sentido, es común que las adolescentes que estudian y resultan embarazadas abandonan sus estudios ante la responsabilidad que conlleva asumir el rol de la maternidad, misma que al adaptarse a temprana edad puede verse perturbada en diferente grado.

Otros efectos colaterales que se presentan en el embarazo adolescente son el rechazo social, el abandono, conflictos familiares, problemas para conformar un proyecto de vida, entre muchos otros.

En la actualidad diversas legislaciones abordan el tema. A título de ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la más reciente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mismas que en su artículo 50establece que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva.

De igual manera, dicho artículo destaca el establecimiento de medidas tendientes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes, así como proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva.

Compañeras y compañeros, la población joven es numerosa y va en aumento, en tal virtud la prosperidad y el bienestar de los jóvenes depende en gran medida de las competencias que la educación pueda ofrecerles.

Por ello, la educación integral de la sexualidad puede ser capaz de desarrollar habilidades con base en información relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona.

Su implementación ayudará a poner en práctica competencias esenciales para la toma de decisiones relacionadas al ejercicio de su sexualidad a lo largo de su vida, incluyendo sus opciones reproductivas.

Por lo anterior y a fin de fortalecer el marco normativo en materia de educación sexual y reproductiva en la adolescencia, me permito someter a consideración en esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma la fracción X y adiciona la fracción X Bis, artículo 7 de la Ley General de Educación, ello con el objeto de promover programas de educación sexual y reproductiva sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto de la dignidad humana, fomentando la prevención de embarazos a temprana edad y de enfermedades de transmisión sexual.

En adición a esto, propongo modificar el término planeación familiar por planificación familiar, con el propósito de homologar el término esgrimido por la legislación nacional y el ámbito internacional, como la Organización Mundial de la Salud.

Compañeras y compañeros, tenemos el enorme reto de coadyuvar con el sector salud a mitigar y revertir la tendencia de embarazos a temprana edad. Y también debemos estar ciertos que una educación de calidad no sólo implica dotar a los adolescentes de una formación académica sólida, además deberá proporcionarle los conocimientos y habilidades necesarias para expresar al máximo su potencial personal, procurando en todo momento su bienestar físico, psicológico y emocional. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, legislador federal Pablo Elizondo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción X y se adiciona la fracción X bis al artículo 7 de la Ley General de Educación en materia de educación sexual y reproductiva, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la literatura internacional, a pesar de que no existe un consenso sobre la definición de adolescencia, la Organización de las Naciones Unidas, establece que los adolescentes son aquellas personas cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 10 y 19 años. Es decir, la segunda década de la vida, donde acontece una época de transformación ya que en ella se define la personalidad; se construye la independencia y; se fortalece la autoafirmación. En la actualidad se reconoce que la adolescencia es una etapa independiente de la primera infancia y de la edad adulta que requiere atención y protección especial.

Durante la adolescencia, un problema culturalmente complejo al que se enfrentan los jóvenes estriba en el embarazo adolescente, el cual ocupa un espacio importante en la agenda pública y mediática de países en desarrollo y México, no es la excepción. Tal problema se acentúa ya que su incidencia va en aumento, no obstante los esfuerzos realizados por parte del Gobierno de la República y los gobiernos locales a través de sus instituciones educativas y de salud.

De acuerdo a estadísticas publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hace poco más de un año, México encabezaba el primer lugar en embarazos adolescentes, de 12 a 19 años de edad, lo que refleja un severo problema de salud pública que no ha logrado disminuir.

El embarazo en la adolescencia ha sido un fenómeno recurrente que genera múltiples consecuencias, entre ellas y la más importante: la deserción escolar. En este sentido es común que las adolescentes que estudian y resultan embarazadas abandonen sus estudios ante la responsabilidad que conlleva asumir el rol de la maternidad, misma que al adoptarse a temprana edad puede verse perturbada en diferente grado.

Otros efectos colaterales que se presentan en el embarazo adolescente son el rechazo social, el abandono, conflictos familiares, problemas para conformar un proyecto de vida, consecuencias psicológicas, entre otras.

Actualmente, diversas legislaciones abordan el tema. A título de ejemplo: la Ley General de Salud (LGS); la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED); la Ley General de Educación (LGE); y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La LGS en su artículo 67 establece:

“Artículo 67.- La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

...”

Por su parte, la LFPED en su artículo 9 considera como discriminación entre otras “negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas”

Aunado a ello, la LGE menciona que entre los fines de la educación se encontrará el desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable. Sin embargo, dicha ley requiere mejorar en el tema, ya que es precisamente, la educación el medio que nos permite mantener informados a los jóvenes.

Finalmente la LGDNNA hace especial énfasis en el tema pues en su articulado expresa lo siguiente:

“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

...

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva;

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;

...

Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistenciaen materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.

...”

“Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

...

XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes;

...”

Como se sabe la población joven es numerosa y va en aumento; la prosperidad y el bienestar de los jóvenes depende en gran medida de las competencias que la educación pueda ofrecerles. La UNESCO señala que: “Muy pocas personas jóvenes reciben una preparación adecuada para su vida sexual, haciéndolos potencialmente vulnerables ante la coerción, el abuso y la explotación sexual, el embarazo no planificado y las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH”.

Por ello, una educación integral de la sexualidad puede ser capaz de desarrollar habilidades con base en información relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona. Su implementación ayudará a poner en práctica competencias esenciales para la toma de decisiones relacionadas al ejercicio de su sexualidad a lo largo de su vida, incluyendo sus opciones reproductivas.

En este sentido una educación de calidad no solo implica dotar a los adolescentes de una formación académica, sino también, deberá proporcionarles los conocimientos y habilidades necesarias para expresar el máximo de su potencial personal, procurando en todo momento su bienestar físico, psicológico y emocional. Por tanto, una educación de calidad debe necesariamente incluir una educación sexual integral como componente básico, ya que de no existir una educación sexual eficiente, no sólo no se respondería a las necesidades y derechos de niñas niños y adolescentes, sino que los expondría a serios riesgos de salud obstruyendo su pleno desarrollo.

Los asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva son de suma importancia para el pleno desarrollo de los jóvenes. Las actividades educativas dirigidas a adolescentes en este rubro constituyen una oportunidad para que ellos y ellas reciban información confiable y veraz, al tiempo que les permite aclarar todas sus dudas.

En consonancia con lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto promover programas escolares de educación sexual y reproductiva en educación básica y media superior incluyendo la planificación familiar, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, fomentando la prevención de embarazos a temprana edad y de enfermedades de transmisión sexual; en este sentido la presente iniciativa propone armonizar dicho derecho con las leyes antes mencionadas, especialmente con la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes misma que tiene como fundamental propósito dar una protección integral a los derechos de dicho sector.

En adición a esto, se propone modificar el término planeación por planificación, ello en virtud de que el termino planificación familiar es empleado no solo por la legislación nacional sino en el ámbito internacional por la Organización Mundial de la Salud.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción X y se adiciona la fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación.

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción X y se adiciona la fracción X Bis alartículo 7 de la Ley General de Educación , para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a la IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planificaciónfamiliar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

X Bis. Promover programas escolares de educación sexual y reproductiva en educación básica y media superior que incluyan la planificación familiar, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, con el propósito de fomentar la prevención de embarazos a temprana edad y de enfermedades de transmisión sexual.

XI a la XVI. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en su caso, deban realizarse para cumplir con el presente Decreto, deberán solventarse atendiendo a los recursos disponibles.

Nota:

1 UNESCO (2010). Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Disponible en:

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281s.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Diputado P ablo Elizondo García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Elizondo. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Saludamos la presencia en este recinto parlamentario de alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Igualmente alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por la diputada Xitlalic Ceja García.

También amigas, amigos de la Fundación Génesis, del estado de Michoacán, invitados por la diputada Daniela de los Santos Torres.

Y además, invitados del municipio de Tlalnepantla de Baz, del Estado de México, invitados por el diputado Pablo Basáñez García. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

La diputada Eloisa Chavarrias Barajas:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, reconocer el derecho al trabajo sin ningún tipo de discriminación se inscribe como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se apoya la consolidación de la justicia social a favor del principio de la dignidad inherente de cada ser humano.

Para lograr este objetivo es necesario tener en cuenta la importancia que tiene el ejercicio de la sociedad como la contribución a favor del desarrollo, crecimiento y progreso de todos los seres humanos a partir de objetivos comunes en los cuales descansa la salvaguarda de la integridad de las personas.

Bajo esta tesitura podemos mencionar a las sociedades de solidaridad social como una forma de organización mediante la cooperación entre socios, las cuales tienen como objetivo la creación de fuentes de trabajo. La práctica de medidas que tienden a la conservación y mejoramiento de la ecología. La explotación racional de los recursos naturales. La producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean necesarios.

Lo anterior, con la finalidad de apoyar a las personas con menores posibilidades para realizar y llevar a cabo negocios, debido a la falta de infraestructura que existe en las regiones marginadas en las que habitan.

Las sociedades de solidaridad social debidamente legalizadas tienen capacidad para recibir apoyos financieros, por tanto se pone de manifiesto la necesidad de ampliar la base que forman los socios para que padres de familia, personal docente y amas de casa puedan disponer de sus beneficios.

Sin lugar a dudas, una de las principales características que nos encontramos en este tipo de sociedades radica en la obligación por parte de los socios, de construir e integrar con producto de su trabajo, un fondo de seguridad social el cual tiene aspectos fiscales.

Por otro lado cabe mencionar, que la diversidad de figuras jurídicas asociativas derivadas de la legislación agraria y de desarrollo rural han propiciado que en la práctica se encuentre en este medio un doble o triple implicación de diferentes figuras asociativas, lo que inhibe o limita la puesta en marcha de proyectos que avancen en la apropiación de mayor valor agregado por parte de los productores.

Además de la confusión por la diversidad de opciones de asociaciones de índole de fomento y empresarial existentes, muchos a veces los productos optan por constituir figuras más completas jurídica y económicamente como son las sociedades de producción rural y la sociedades anónimas en su modalidad de empresas integradoras.

A consecuencia de esta realidad se presenta la siguiente propuesta de reforma a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que fue creada en el año de 1974, y bueno estamos en el año 2015 y no ha sufrido alguna modificación al respecto.

Con la finalidad de eliminar cualquier tipo de discriminación que impida el goce del derecho al trabajo, en donde además se establezca qué carácter colectivo del patrimonio sin fines de lucro, lo cual ratifica que por esta razón se le dan una serie de beneficios fiscales.

Por otro lado, establecer como una responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el llevar un registro de las sociedades constituidas y de aquellas que reciban recursos públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos. Asimismo, el eliminar la forma discrecional en que se otorgan los subsidios, franquicias y demás apoyos establecidos que serán públicos.

Del mismo modo, establecer la responsabilidad de las sociedades que, en caso de recibir recursos públicos, deban sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia; así como disminuir el número de socios y actualizar a las leyes e instituciones vigentes que tienen atribución en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

Señoras legisladoras y señores legisladores, para Acción Nacional la solidaridad es esa voluntad de resolver los problemas comunes, es llevar el peso de los unos con los otros; por lo que no se puede organizar de cualquier manera. Se tiene que organizar con respeto a la dignidad de la persona humana y con miras al bien común.

Por lo tanto, con la presente iniciativa se pretende instaurar las condiciones para la creación de riqueza por ciudadanos productivos y desde luego incluirlos en la seguridad social, que es tan necesaria para este tipo de personas, por los lugares donde habitan. Por su atención y su apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6o., fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

Objetivo de la iniciativa

El proyecto de iniciativa de ley busca fomentar las sociedades de solidaridad social a través de reconocer el derecho al trabajo que tienen las personas, disminuir el número de socios y actualizar a las leyes e instituciones vigentes que tienen atribución en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

La solidaridad es el apoyo o el apego circunstancial a una causa o al interés de otros, por ejemplo, en situaciones difíciles.

“En el lenguaje sociológico, la solidaridad en la comunidad es el sentimiento de unidad basado en intereses o en metas comunes, compartido por muchos individuos, para pertenecer a un mismo grupo social, para trabajar unidos para lograr una misma meta o para luchar juntos por un mismo motivo. La solidaridad es saber comportarse con la gente, es un acto social, y también se refiere a la cohesión o a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. Esta cohesión es debida a la adhesión de cada uno de los miembros a unos mismos valores y a unos mismos principios, o también, en una empresa, se denomina solidaridad orgánica a la interdependencia que existe entre los diversos individuos debido a la fuerte especialización de cada uno de ellos y a la irrupción de la división técnica del trabajo en diferentes funciones. En cambio, la solidaridad mecánica se caracteriza por una total competencia e independencia de cada individuo en la mayoría de los trabajos, y por tanto, no hay una necesidad del otro.”

La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas.

Principio de solidaridad

Existe un principio de solidaridad y se define como la consideración del conjunto de características o aspectos que relacionan o unen a las personas, y la ayuda mutua, la interacción, la colaboración y el servicio que ese conjunto de relaciones promueve y también alienta. Esta colaboración e interacción debe contribuir al desarrollo, al crecimiento y al progreso de todos los seres humanos a partir de valores comunes.

La solidaridad social consiste en colaborar de manera desinteresada con el bien común. Hay actos de solidaridad que son específicamente obligatorios. Incluso existen actos en contra de la solidaridad que pueden ser castigados. Entendemos, por ejemplo, que el cumplir las leyes es un acto solidario, porque sabemos que cumpliéndolas favorecemos el orden social, la observancia de dichas leyes y, por lo tanto, el bien común.

Las sociedades de solidaridad social son una forma de organización mediante la cooperación de los socios para llevar a cabo fines específicos como la creación de fuentes de trabajo, conservación y mejoramiento del medio ambiente surgen con el fin de apoyar a las personas con menos posibilidades para realizar negocios, debido a la falta de infraestructura que existe en las regiones marginadas en las que habitan.

La Ley de Sociedades de Solidaridad Social surge dada la situación económica del país en ese año (1976), la cual pasaba por una severa crisis económica y la primera gran devaluación del peso mexicano.

Los recursos públicos no eran suficientes, la ley entró en vigor el 27 de mayo de 1976.

Las sociedades de solidaridad social debidamente legalizadas tienen capacidad para recibir apoyos financieros, La base que forman los socios debe ampliarse pera que: padres de familia, personal docente, amas de casa, puedan disponer de este instrumento.

Es un patrimonio social de carácter colectivo, constituido por las aportaciones de los socios, así como de las que reciban de instituciones oficiales y de personas físicas o morales ajenas a la sociedad. Existiendo un fondo de solidaridad social que se integra con la parte proporcional de las utilidades obtenidas que acuerden los socios aportar al mismo, así como con los donativos que para dicho fin se reciban de instituciones oficiales y de personas físicas o morales ajenas a la sociedad, teniendo una aplicación específica conforme a la ley.

Las sociedades de solidaridad social tienen los objetivos siguientes:

• La creación de fuentes de trabajo.

• La práctica de medidas que tiendan a la conservación y mejoramiento de la ecología.

• La explotación racional de los recursos naturales.

• La producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean necesarios.

La Ley de Sociedades de Solidaridad Social refiere en su artículo primero que los socios deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana, lo cual implica que los mexicanos que quieran conformar una sociedad deben probar su nacionalidad y que los extranjeros no tienen derecho para integrar este tipo de sociedades. Toda persona, mexicana o extranjera, tienen derecho al trabajo de acuerdo a nuestra Carta Magna por ser un derecho humano fundamental.

Sin lugar a dudas, una de las principales características que nos encontramos en este tipo de sociedades, específicamente la obligada por parte de los socios de construir e integrar con el producto de su trabajo un fondo de seguridad social, el cual tiene aspectos fiscales.

La Sagarpa en 2009 realizó un documento denominado “Las organizaciones económicas del sector rural. Principios y bases jurídicas”, en el cual se considera que se deben revisar las políticas de organización de productores que se han aplicado y que básicamente se refieren a la promoción preferencial de figuras jurídicas por sexenio, en un intento de organizar a los productores en esquemas ideales, donde se cita que en los años 60 se impulsaron fuertemente las sociedades locales de crédito ejidal y las cooperativas de servicios; en los 70, se impulsaron las asociaciones agrícolas locales, las uniones de ejidos e iniciaron las sociedades de solidaridad social; en los 80, se promovió la figura de cajas solidarias, las sociedades de solidaridad social, los sectores de producción ejidal, las uniones de crédito, y las asociaciones rurales de interés colectivo; y en los 90, las uniones de crédito, las sociedades de ahorro y préstamo, las cooperativas de producción y servicios, y las sociedades de producción rural.

Se menciona que la diversidad de figuras jurídicas asociativas derivadas de la legislación agraria y de desarrollo rural han propiciado que en la práctica se encuentren en el medio rural una doble o triple implicación de diferentes figuras asociativas, que inhiben o limitan la puesta en marcha de proyectos que avancen en la apropiación de mayor valor agregado por parte de los productores. Además de que los propios productores se confunden ante la diversidad de opciones de asociación de índole de fomento y empresarial existentes, y en su caso optan por constituir figuras más completas jurídica y económicamente, como son las Sociedades de Producción Rural y las Sociedades Anónimas, en su modalidad de empresas integradoras.

Esta afirmación del documento se puede confirmar al revisar que en esa fecha sólo había 39 sociedades de solidaridad social, de las cuales se dice que no sabe cuántas de ellas están disueltas y, en una solicitud realizada en 2009ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI antes IFAI) se dice que sólo hay 4, de acuerdo a la información que posee la Secretaría de la Reforma Agraria.

El documento en comento de la Sagarpa establece: “No se recomienda constituir nuevas sociedades de solidaridad social (SSS), ya que al no contar con capital mínimo, ni régimen de responsabilidad, las limita en sus relaciones comerciales y en otros apoyos como el crédito ... Más bien, con algunas excepciones, se les considera organizaciones de servicios no orientadas a la producción. Una buena alternativa se consideran las sociedades cooperativas, ya sea de consumidores de bienes y/o servicios o de productores de bienes y/o servicios, según las necesidades de los productores y el tipo de actividad que desarrollen o requieran, indicándose especialmente para el fomento del ahorro y la inversión, en el sector pesquero o para actividades de industrias extractivas o de explotación de bienes comunales para proyectos de ecoturismo o elaboración de artesanías. Es necesario promover la reconversión organizativa de aquellas figuras constituidas cuya definición de capital social y tipo de responsabilidad es obsoleta, para que a través de su integración en figuras jurídicas actualizadas se impulse su desarrollo económico, físico, humano y social, facilitando en corto plazo su inserción eficaz y competitiva en las cadenas agroalimentarias, generando la apropiación de mayor valor agregado a sus actividades, como requisito para la modernización rural con equidad”.

Otro aspecto es actualizar a las leyes e instituciones vigentes que tienen atribución

Efectivamente la Ley de Sociedades de Solidaridad Social no está actualizada ya no es la Secretaría de la Reforma Agraria la responsable sino la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que debe referir a la Ley General de Educación en lugar de la Ley Nacional de Educación para los Adultos.

En sí lo que se busca, con la presente reforma, es crear las condiciones para la creación de riqueza por ciudadanos productivos y desde luego incluirlos en la seguridad social.

En cuanto al número mínimo de socios es necesario menciona que en la mayor parte de las sociedades mercantiles la cantidad mínima para constituir sociedades de dos personas, por lo cual la reducción a 10 miembros como mínimo resulta equitativa.

Se proponen las siguientes modificaciones:

Propuestas de reforma:

Eliminar “personas que tengan derecho al trabajo”, por las razones expuestas.

Establecer que el patrimonio además de tener un carácter colectivo, es sin fines de lucro, lo cual ratifica que por esta razón se le dan una serie de beneficios fiscales.

Reducir el número de socios de 15 a 10 miembros.

Actualizar a las leyes e instituciones vigentes que tienen atribución en la ley en comento.

Establecer como una responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el llevar un registro de las sociedades constituidas y de aquéllas que reciban recursos públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

Eliminar que los subsidios, franquicias y demás apoyos se otorgarán de forma discrecional, y establecer que será públicos, en aras de la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Establecer la responsabilidad de las sociedades que en caso de recibir recursos públicos deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano legislativo la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social

Proyecto de Decreto

Artículo único.- Se reforman los artículos 1, 2, 4, 7, 20, 28, 34, 36 y 39 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La sociedad de solidaridad social se constituye con un patrimonio de carácter colectivo y sin fines de lucro, cuyos socios deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra y parvifundistas, que destinen una parte del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que podrán realizar actividades mercantiles.

...

Artículo 2o.- Las sociedades de solidaridad social tendrán por objeto:

I. y II. ...

III. La explotación sustentable de los recursos naturales.

IV. y V. ...

Artículo 4o. Para la constitución de la sociedad se requiere un mínimo de diez socios.

Artículo 7o.- Para el funcionamiento de la sociedad se requerirá? autorización previa del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando se trate de las industrias rurales y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los demás casos.

...

Artículo 20. Las convocatorias...

...

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en su caso, podrá? convocar a asamblea general cuando lo considere necesario para regular el funcionamiento de la sociedad o cuando no hubiesen expedido la convocatoria el comité? ejecutivo o el financiero y de vigilancia, en los casos previstos en el párrafo anterior.

Artículo 28.- La Comisión de Educación, tendrá los siguientes objetivos:

I. Procurar la educación para la totalidad de los socios, tomando como base los principios que consagra el Artículo 3o. de la Constitución General de la República y la Ley General de Educación.

II y III. ...

Artículo 34. La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, tendrán, además de las facultades que deriven de otros artículos de la presente ley, las siguientes:

I a IV. ...

Artículo 36. El Ejecutivo federal, a través de sus dependencias y mediante disposiciones de carácter concreto para cada sociedad, podrá? otorgar, discrecionalmente, los estímulos, franquicias o subsidios públicos necesarios para su eficaz funcionamiento, dichos apoyos podrán ser revocados o cancelados cuando las causas que los motivaron desaparezcan, a juicio fundado de los otorgantes.

En caso, de recibir estímulos, franquicias o subsidios públicos las sociedades deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de aquéllas que reciban estímulos, franquicias o subsidios públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

...

Artículo 39. El comité liquidador tendrá las facultades siguientes:

I. a III. ...

IV. Formular el balance final de liquidación, que deberá someterse a la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en sus respectivos casos.

V. y VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: Eloísa Chavarrías Barajas, Brenda Velázquez Valdez, Guadalupe González Suástegui, Jesús Antonio López Rodríguez, Patricia García García, Pedro Garza Treviño, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chavarrias. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y otra iniciativa, en una sola presentación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Partidos Políticos.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez:Gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, todos estamos conscientes de que hay un alejamiento de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos, incluso de que existe una crisis de la democracia representativa en México y prácticamente en todo el mundo.

Lo decimos en nuestros discursos, en nuestras entrevistas, pero no hemos tomado ninguna acción radical del tamaño de que ese alejamiento, esa crisis ameritan.

De eso tratan estas iniciativas, que en realidad forman una sola, y ruego desde ahora a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, que tengan en cuenta la integridad de estas dos iniciativas que se separaron por razones técnicas, una que propone reformar el artículo 41 constitucional, y otra, que propone reformar diversos artículos de la LGPP y de la Ley de Partidos.

Agradezco, por cierto, el apoyo que recibí para la elaboración de esta iniciativa de parte del licenciado Agustín Carlos Basave Alanís.

En México no existen instrumentos para protestar contra el alejamiento de los partidos políticos de la ciudadanía. El ciudadano que quiere premiar o castigar a un partido político puede hacerlo con su voto, pero quien rechaza a todos los partidos o considera que ninguno de ellos es capaz de representarlo y defender sus intereses, no tiene manera de sancionarlos.

Una vieja manifestación de rechazo a la partidocracia es abstenerse de votar. Y otra más reciente, es asistir a la casilla el día de la elección y anular deliberadamente el sufragio, el cual bajo nuestra legislación se suma a la cuenta de los votos que resultan nulos por error o por acto involuntario del elector.

Es decir, quien decide no validar ninguna de las ofertas políticas presentadas en la boleta, vuelve estéril el ejercicio de su derecho cívico y el cumplimiento de su obligación electoral e invalida el sentido de su voluntad. Porque su decisión de rechazar el voto no tiene como consecuencia sanción alguna para los partidos en su conjunto.

Por ello, y porque la mejor manera de diferenciar el voto nulo involuntario, del voto de protesta contra la partidocracia es, incluir un espacio específico para este propósito, es imperativo crear una nueva categoría distinta del voto nulo, que esta iniciativa denomina el voto blanco.

Se trata precisamente de aquel sufragio que el ciudadano decide emitir para expresar intencionalmente su rechazo a todos los partidos y/o los candidatos representados en la boleta. De ese modo es posible contabilizarlo, medir el descontento de la ciudadanía y, sobre todo, darle valor a su decisión.

Si en una democracia la razón de ser del voto es escuchar y atender la voluntad del ciudadano constituida en elector, entonces, no debe coartarse su acción de protestar contra el sistema y partidos. Hacerlo, implica agudizar la crisis de representatividad que en México y en el Mundo amenaza con provocar la deserción democrática y el declive de la democracia.

Evitemos equívocos, no es propósito de esta iniciativa alentar el voto blanco y menos aún minar a los partidos políticos; por el contrario, su objetivo es crear un mecanismo correctivo para depurar el sistema de partidos similar en sus efectos a las candidaturas independientes.

La democracia no puede funcionar sin partidos, pero si esos partidos no tienen incentivos para mantenerse cerca de la ciudadanía que aspiran a representar, acabarán erosionándose inexorablemente.

Actualmente todos los dirigentes partidistas reconocen el hartazgo de la sociedad y lo incorporan –como decía hace un momento– como un lugar común dentro de sus acciones y de su retórica, pero eso es insuficiente, es imperativo atar el financiamiento público al número de votos obtenidos por los partidos menos el voto blanco.

Esa iniciativa busca empoderar al elector y convertir su inconformidad en una herramienta de sanción política. Hoy por hoy cuando el ciudadano anula su voto en forma deliberada, los partidos políticos no cargan ningún costo, el resultado ha sido la conservación de prácticas políticas y electorales que aumentan su desprestigio. Ahí están los estudios demoscópicos; el latinobarómetro demuestra que el desprecio de los mexicanos por la democracia sigue creciendo de modo alarmante.

Si los subsidios para todos los partidos disminuyen en la medida en que aumenta el voto blanco, habrá un poderoso aliciente para enmendar el comportamiento de los actores políticos.

Se trata de apelar a su elección racional, y en ese sentido no hay mejor incentivo que vincular la indignación al financiamiento. Qué conste, no se trata de incentivar el voto blanco, se trata de incentivarnos a nosotros, a los partidos políticos a quienes pertenecemos a cualquier partido político a acercarnos a la sociedad.

Yo no sólo soy miembro de un partido político, sino que aspiro a presidirlo. Estoy convencido y lo he dicho en muchas ocasiones, que la democracia necesita partidos sólidos y representativos, pero esto sólo se puede lograr con honestidad, transparencia y una estrecha cercanía institucional con la sociedad, no hay otro camino para prestigiar el oficio político.

Es porque creo en la necesidad de los partidos, porque creo en la democracia y en sus instituciones que me parece que estamos obligados a tomar medidas radicales para inducir a los partidos a abandonar las prácticas viciosas que han provocado una creciente decepción democrática.

Por lo demás, como militante de un partido de izquierda, debo recordar que nos debemos al pueblo, a ese demos que prácticamente todo el mundo está alejándose del kratos. Eso, en palabras llanas significa la fractura de la democracia.

Termino, compañeras y compañeros, el propósito central de esta iniciativa es empoderar al ciudadano, pretende construir un puente entre el reclamo social y la toma de decisiones en los liderazgos de los partidos políticos que proporciona un cauce legal e institucional a la ciudadanía y haga innecesario recurrir a métodos de protesta al margen de la legalidad y de la institucionalidad.

Además, esta iniciativa busca estimular la participación ciudadana expresada en el sufragio vis-a-vis el abstencionismo. La democracia es una conquista que nos ha costado mucho a los mexicanos. Es nuestra obligación defenderla del deterioro que sus vehículos esenciales, los partidos políticos, están sufriendo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD

Argumentos

La partidocracia es el gobierno en el que los partidos políticos, más que intermediarios, son soberanos. Las élites partidistas se alejan de los segmentos de la sociedad cuyas voces dicen expresar y se asignan a sí mismas un papel decisorio que a menudo ignora al verdadero depositario de la soberanía, que es el pueblo. Es una tendencia intrínseca a la crisis de la democracia representativa cuyas causas pueden encontrarse en la “ley de hierro de la oligarquía” que Michels desarrolló hace un siglo y que en México se manifiesta cada vez con más fuerza, ahora con los “partidos cartel” de los que hablan Katz y Mair La disociación entre partidos y sociedad y el concomitante descrédito de los políticos generan una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia la cosa pública y son la causa de la actual crisis de la democracia representativa.

El rechazo a la partidocracia en México -yo le llamo “partidoclasia”- hace que una irritada opinión pública deturpa cotidianamente a estas instituciones políticas. Las dos principales irritaciones son de quienes no se sienten representados por ningún partido y los rechazan a todos y de quienes quieren un nuevo sistema político o partidista. Esa combinación de búsqueda de representatividad y reformismo ha tenido como resultado una serie de manifestaciones de inconformidad que se han expresado por lo menos en los últimos tres procesos electorales y que, en su mayoría, coinciden en la idea de anular el voto. Su lógica -con la cual se puede o no estar de acuerdo- es válida en el marco de nuestra democracia por tres razones:

1) El voto es la expresión de la soberanía popular.

2) La percepción de una parte de la sociedad es que ningún partido la representa.

3) Existe la voluntad de mostrar a los partidos esa decepción mediante el no voto.

Pero aquellas personas que hoy deciden anular su voto para manifestar su inconformidad con todos los partidos se enfrentan a dos circunstancias que nulifican su decisión. La primera es que los votos nulos son contados indistintamente, tanto si derivan de un error del elector respecto al empleo adecuado de la boleta electoral, como si son una intención explícita de manifestar su inconformidad hacia todas las opciones políticas. En México, nuestra legislación electoral vigente no distingue entre el incumplimiento del mandato cívico contenido en el Artículo 35 de la Constitución, la falla o error técnico al momento de marcar la boleta y el cumplimiento cabal de dicho mandato constitucional expresado en abstención activa.

Los votos nulos, pues, no tienen impacto en el comportamiento político de los partidos o de los candidatos. El problema aquí es que nuestro sistema electoral no es absoluto sino relativo –se basa en los porcentajes de votación y no en la cantidad de votos– y no penaliza el abstencionismo. Un ejemplo numérico: si en un distrito hubiera 400,000 votantes registrados y 399,994 anularan su sufragio pero tres votaran por el partido X, dos por el Y y uno por el Z, el candidato del partido X sería diputado con todas las de la ley y cada uno de los partidos abonaría a la misma cantidad de diputaciones plurinominales y acabaría recibiendo el mismo dinero en prerrogativas que si el resultado hubiera sido 250,000 votos para el X, 133,333 para el Y, 16,666 para el Z y un voto nulo. Nada hay en nuestro marco jurídico actual que supedite la validez de la elección a un nivel mínimo de participación o que les quite a los partidos representación o recursos por una baja afluencia de electores.

Cuando existe certeza en la expresión de voluntad manifestada en el voto nulo, pero no se reconoce o reconociéndole no se le otorga efecto jurídico, se ignora una expresión política de disentimiento e inconformidad cuyo efecto natural bien podría ser el abstencionismo o la renuncia a seguir participando de una vez por todas en la vía democrática. Esta deserción podría manifestarse en su variante de simplemente no salir a votar, o en la de vender/rentar el derecho a sufragar a cambio de prebendas o, peor aún, en la de optar por la vía de la protesta violenta. En ese sentido, vale la pena preguntarnos bajo qué parámetros se puede dejar de reconocer la anulación deliberada del sufragio, que esta iniciativa denomina voto blanco, como expresión política. Cuando el elector participe manifestando con claridad su rechazo a la totalidad de la oferta política no se le debe ignorar y se les debe pasar factura a los responsables de definir una oferta política deficiente. Si se trata de reconocer inequívocamente la voluntad del elector, hay que dotar al ciudadano de la capacidad de sancionar a los partidos en su conjunto y a su instrumento de comunicación electoral -la boleta- de las características técnicas que permitan corroborarlo con certeza.

Cuando un partido político no obtiene un porcentaje mínimo de votación se le cancela el registro y por lo tanto se le retiran por completo sus derechos y prerrogativas. Pero el mensaje de inconformidad contra los partidos en su conjunto -votos nulos deliberados- no los afecta. Por eso es necesario reducir el monto del financiamiento público que reciben los partidos políticos con registro cuando éstos generan un rechazo expreso y evidente a su oferta de candidaturas mediante la contabilización de votos blancos. Si entendemos a nuestro sistema democrático como un sistema político diseñado para evitar abusos de poder, habría que llamar a cuentas no solamente a los gobernantes electos y en funciones sino también a los partidos políticos por los candidatos que presentan.

Al voto no solamente se le debe proteger de obstáculos para que su ejercicio sea pleno en cuanto a la forma sino también de obstáculos en cuanto al fondo -el sentido del voto- para que la manifestación que justifica su existencia misma sea retrato fiel de la expresión política que pretende comunicar. Al ciudadano se le está constriñendo en su ejercicio del voto cuando se le obliga, para que su voluntad tenga repercusiones concretas, reales, a refrendar algo de lo que le ofrecen sin la posibilidad de reclamar de manera directa y expresa la calidad de la oferta misma.

Se podría contrargumentar que, si las dirigencias de los partidos fueran altamente sensibles a la opinión pública, entenderían el voto nulo como una señal para generar sus propios correctivos. Pero existen suficientes evidencias de que un considerable margen de abstencionismo electoral o de voto nulo no ha logrado corregir el problema. La anulación del sufragio, por sí misma, no ha generado mayor presión política. Y estoy persuadido de que a esos dirigentes a quienes no les preocupan los sufragios anulados se preocuparían si ven reducido su financiamiento público.

Esta reforma, por sí sola, es insuficiente para modificar las inercias existentes en la partidocracia. Pero sumada a una sociedad participativa y vigilante, a un electorado de buena memoria capaz de dejar de votar por cualquiera que defienda el statu quo o presente candidatos impresentables, puede generar los incentivos que propicien una nueva relación entre partidos políticos y ciudadanía y contrarresten la crisis de la democracia representativa.

Fundamento legal

Por lo expuesto, el suscrito, diputado Agustín F. Basave Benítez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 numeral 1, fracción I 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de

Decreto por el cual se reforma el inciso A de la fracción segunda del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el inciso a de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I....

II....

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, la cantidad que resulte de restarle al número de ciudadanos inscritos en el listado nominal, utilizado en la elección de que se trate, el número total de votos blancos emitidos durante la elección de diputados inmediata anterior.El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) ...

c) ...

...

...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputado Agustín Basave Benítez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basave, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD

Argumentos

En México no existen instrumentos para protestar contra el alejamiento de los partidos políticos de la ciudadanía. El ciudadano que quiere premiar o castigar a un partido político puede hacerlo con su voto, pero quien rechaza a todos los partidos o considera que ninguno de ellos es capaz de representarlo y defender sus intereses no tiene manera de sancionarlos. Una vieja manifestación de rechazo a la partidocracia es abstenerse de votar, y otra más reciente es asistir a la casilla el día de la elección y anular deliberadamente el sufragio, el cual bajo nuestra actual legislación se suma a la cuenta de los votos que resultan nulos por un error o por un acto involuntario del elector. Es decir, quien decide no validar ninguna de las ofertas políticas presentadas en la boleta vuelve estéril el ejercicio de su derecho cívico y el cumplimiento de su obligación electoral e invalida el sentido de su voluntad, porque su decisión de rechazar el voto no tiene como consecuencia sanción alguna para los partidos en su conjunto.

Por ello, y porque la mejor manera de diferenciar el voto nulo involuntario del voto de protesta contra la partidocracia es incluir un espacio específico para este propósito, es imperativo crear una nueva categoría distinta al voto nulo, que esta iniciativa denomina voto blanco. Se trata precisamente de aquel sufragio que el ciudadano decide emitir para expresar intencionalmente su rechazo a todos los partidos y/o los candidatos representados en la boleta. De este modo es posible contabilizarlo, medir el descontento de la ciudadanía y, sobre todo, darle valor a su decisión. Si en una democracia la razón de ser del voto es escuchar y atender la voluntad del ciudadano constituido en elector, entonces no debe coartarse su acción de protestar contra el sistema de partidos. Hacerlo implica agudizar la crisis de representatividad que, en México y en el mundo, amenaza con provocar el declive de la democracia.

En nuestro país, la tendencia en las modificaciones a nuestra legislación electoral ha sido proteger la seguridad de la boleta y de la expresión del voto en cuanto a su claridad y prevención de su manipulación. Resulta aberrante cuidar y gastar tanto en credenciales (constatar la identidad de quien se presenta a elegir) y boletas (papeletas o instrumentos para marcar) y en cambio ignorar el mensaje/contenido o la expresión misma, anulando su existencia (al menos no distinguiéndola) y por lo tanto dejándola sin valor práctico cuando se ejerce el voto rechazando a todos los partidos y/o candidatos.

Evitemos equívocos. No es propósito de esta iniciativa alentar el voto blanco y menos aún minar a los partidos políticos. Por el contrario, su objetivo es crear un mecanismo correctivo para depurar el sistema de partidos similar en sus efectos a las candidaturas independientes. La democracia no puede funcionar sin partidos, pero si esos partidos no tienen incentivos para mantenerse cerca de la ciudadanía que aspiran a representar acabarán erosionándose inexorablemente. Actualmente todos los dirigentes partidistas reconocen el hartazgo de la sociedad y lo incorporan como un lugar común dentro de su retórica. Sin embargo, ese reconocimiento se ha quedado en el discurso, y no han existido acciones suficientes que le demuestren al ciudadano que los partidos están verdaderamente interesados en tender puentes y recoger sus demandas. Atar el financiamiento público al número de votos obtenidos por los partidos es una forma clara y unívoca de decirle al ciudadano que cuenta con una palanca para moverlos a responder a su hartazgo.

Esta iniciativa busca empoderar al elector y convertir su inconformidad en una herramienta de sanción política hacia la partidocracia. Hoy por hoy, cuando el ciudadano anula su voto en forma deliberada, los partidos políticos no cargan ningún costo. El resultado ha sido la conservación de prácticas políticas y electorales que aumentan su desprestigio. Ahí están los estudios demoscópicos: el Latinobarómetro demuestra que el desprecio de los mexicanos por la democracia sigue creciendo de modo alarmante. Si los subsidios para todos los partidos disminuyen en la medida en que aumenta el voto blanco habrá un poderoso aliciente para enmendar el comportamiento de los actores políticos. Se trata de apelar a su elección racional, y en ese sentido no hay mejor incentivo que vincular la indignación popular a su financiamiento público.

Yo no solo soy miembro de un partido político, sino que aspiro a presidirlo. Estoy convencido, y lo he dicho en muchas ocasiones, de que la democracia necesita partidos sólidos y representativos, pero esto solo se puede lograr con honestidad, transparencia y una estrecha cercanía institucional con la sociedad. No hay otro camino para prestigiar el oficio político. Es porque creo en la necesidad de los partidos, porque creo en la democracia y en sus instituciones, que estamos obligados a tomar medidas radicales para inducir a la partidocracia a abandonar las prácticas viciosas que han provocado una creciente deserción democrática. Por lo demás, como militante de un partido de izquierda debo recordar a que nos debemos al pueblo, a ese demos que prácticamente en todo el mundo está alejándose del cratos. Eso, en palabras llanas, significa la fractura de la democracia.

La más reciente reforma política logró avances al adicionar y perfeccionar los instrumentos que corrigen y complementan nuestra democracia representativa. En especial, la reelección legislativa y los avances en materia de transparencia permiten que el ciudadano pueda ahora castigar o premiar a un partido político con el voto e incentivan a los representantes populares a rendir cuentas y mantenerse en comunicación con sus electores. Pero el ciudadano inconforme con el sistema de partidos en su conjunto carece todavía de mecanismos de sanción. La razón es que el voto nulo deliberado no tiene consecuencias que impacten en la racionalidad electoral de los partidos políticos.

El propósito central de esta iniciativa, en suma, es empoderar al ciudadano. Pretende construir un puente entre el reclamo social y la toma de decisiones en los liderazgos de los partidos políticos que proporcione un cauce legal e institucional a la ciudadanía y haga innecesario recurrir a métodos de protesta al margen de la legalidad y de la institucionalidad. Además, esta iniciativa busca estimular la participación ciudadana expresada en el sufragio vis-a-vis el abstencionismo. La democracia es una conquista que nos ha costado mucho a los mexicanos. Es nuestra obligación defenderla del deterioro que sus vehículos esenciales -los partidos políticos- está sufriendo.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Agustín F. Basave Benítez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6 numeral 1, fracción I 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman los siguientes artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍUCLOS 15, 87, 159, 217, 266, 288, 290, 291, 293, 311, 341, 445, 446, 447, 449, 452, 455 y 456 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LOS ARTÍCULOS 50 y 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 15.

1.(...)

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para Candidatos Independientes, los votos nulos y los votos blancos.

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 87 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 87.

1. Son atribuciones de los escrutadores de las mesas directivas de casilla:

a)Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores que votaron conforme a las marcas asentadas en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho;

b)Contar el número de votos blancos emitidos y de votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula, o lista regional;

c)(...)

d) (...)

Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 159 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 159.

1. (...)

2. a 4. (...)

5. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de (i) una candidatura (ii) un partido o (iii) el voto blanco.Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en esta Ley.

Artículo Cuarto.- Se reforma el artículo 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 217.

1. Los ciudadanos que deseen ejercitar su derecho como observadores electorales deberán sujetarse a las bases siguientes:

a) (...)

b)(...)

c) (...)

d)(...)

e) Los observadores se abstendrán de:

I. (...)

II. Influenciar el sentido del voto;hacer proselitismo de cualquier tipo, promocionar el voto blanco o manifestarse en favor de partido o candidato alguno;

III. a IV(...)

Artículo Quinto.- Se reforma el artículo 266 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 266.

1.(...)

2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán:

a)(...)

b)(...)

c)(...)

c. bis) Un recuadro con fondo blanco que contenga la leyenda Voto blanco y cuyas dimensiones sean tales que permitan encuadrar cualquiera de los emblemas de los partidos políticos mencionados en el inciso anterior;

d)a k) (...)

Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 288 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 288.

1.El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:

a) (...)

b)(...)

c)(...)

c. bis) El número de votos blancos, y

d. (...)

2. Son votos nulos:

a) Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político, de una candidatura independiente o del voto blanco, y

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.

2. bis) Son votos blancos:

a) Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, marcando el cuadro que contenga la leyenda Voto blanco.

3. a 5.(...)

Artículo Séptimo.- Se reforma el artículo 290 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 290.

1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:

a)(...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para determinar:

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos ;

II. El número de votos que sean nulos , y

III. El número de votos blancos.

f)(...)

2.(...)

Artículo Octavo.- Se reforma el artículo 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 291.

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga la leyenda Voto blanco o bien el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;

b) (...)

c)(...)

Artículo Noveno.- Se reforma el artículo 293 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 293.

1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:

a) El número total de votos válidos; distinguiendo de entre éstos a partir de una relación que permita conocer el número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato y el número de votos blancos;

2. (...)

3. En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron inutilizadas , ni los votos blancos.

4. (...)

Artículo Décimo.- Se reforma el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 311.

1.El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

a) (...)

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 288 y 291 de esta Ley. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c)(...)

d) El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I.Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

II.El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación;

III.Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido, y

IV. Todos los votos hayan sido depositados como votos blancos.

2.a 9.(...)

Artículo Décimo Primero.- Se reforma el artículo 341 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 341.

1. Recibida la boleta electoral por los ciudadanos que eligieron votar por vía postal, o en forma presencial en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o recibidos los números de identificación y demás mecanismos de seguridad para votar por vía electrónica, el ciudadano deberá ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta y directa, marcando el candidato o candidata de su preferencia o bien marcando el recuadro de voto blanco.

2. a 3. (...)

Artículo Décimo Segundo.- Se reforma el artículo 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

a)(...)

b)a f)(...)

g) Promover o inducir al voto blanco.

Artículo Décimo Tercero.- Se reforma el artículo 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 446.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la presente Ley:

a) (...)

b) a l)(...)

m) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, instituciones o los partidos políticos , o que promueva el voto blanco;

n)(...)

ñ) (...)

Artículo Décimo Cuarto.- Se reforma el artículo 447 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 447.

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

a) (...)

b) Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor del voto blanco,a favor o en contra de partidos políticos , o de candidatos a cargos de elección popular ;

c)a d) (...)

Artículo Décimo Quinto.- Se reforma el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 449.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

a) (...)

e)La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, o del voto blanco, y

f)(...)

Artículo Décimo Sexto.- Se reforma el artículo 452 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 452.

1.Constituyen infracciones a la presente Ley de los concesionarios de radio y televisión:

a)(...)

b)(...)

c)(...)

d) La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o para calumniar a las personas, instituciones o los partidos políticos, inducir al voto blanco, y

e) (...)

Artículo Décimo Séptimo- Se reforma el artículo 455 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 455.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:

a) La inducción a la abstención, al voto blanco,a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación;

b) (...)

c) (...)

Artículo Décimo Octavo.- Se reforma el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 456.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d)Respecto de los Candidatos Independientes:

I.(...)

II.(...)

III. (...)

IV. (...)

V.En caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable

VI. En caso de que el Candidato Independiente utilice sus recursos para promover el voto blanco.

e)a i) (...)

Artículo Décimo Noveno.- Se reforma el artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos para quedar como sigue:

Artículo 50.

1.Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en la presente ley, así como lo dispuesto en las constituciones locales.

2.(...)

Artículo Vigésimo.- Se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos para quedar como sigue:

Artículo 51.

1.Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, la cantidad que resulte de restarle al número de ciudadanos inscritos en el listado nominal, utilizado en la elección de que se trate, el número total de votos blancos emitidos durante la elección de diputados inmediata anterior.

II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá conforme a lo siguiente: El treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido del total de la votación válida emitida inmediata anterior.

III.(...)

IV.(...)

V.(...)

2) y 3) (...)

Artículos Transitorios

Primero.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia a sus constituciones locales y leyes, con el fin de armonizar en lo conducente al presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: Agustín Francisco de Asis Basave Benítez, Brenda Velázquez Valdez, David Gerson García Calderón, Francisco Xavier Nava Palacios, Héctor Javier García Chávez, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Waldo Fernández González (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basave, túrnese a la Comisión de Gobernación para su dictamen.

El diputado Héctor Javier García Chávez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Javier García.

El diputado Héctor Javier García Chávez (desde la curul): Solicitarle al diputado Basave, próximo presidente de un instituto político, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Basave manifiesta su asentimiento.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Nava. Allá, sonido en la curul del diputado Xavier Nava.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): En el mismo sentido, presidente, teniendo en mente que el voto blanco y estos mecanismos de democratización de nuestro sistema político son indispensables y debemos tomarlos en cuenta. Enhorabuena, diputado Basave.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Entonces está a disposición aquí en la Secretaría para quienes deseen suscribir las iniciativas que han sido presentadas.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido a la curul de la diputada Brenda Velázquez.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias, presidente. Igualmente solicitarle al diputado Basave si nos permite al Grupo Parlamentario del PAN suscribir su iniciativa. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pensé que se había ido a festejar la presidencia. Manifiesta su asentimiento por supuesto también.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19-D, 24 y 282, de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado:Con su permiso, diputado presidente. Con el permiso de la honorable asamblea. La acuacultura en México es una actividad productiva creciente, generadora de divisas y empleos además de ser motor para el desarrollo regional, aplicando tecnologías modernas y compatibles con el medio ambiente, pero sobre todo representa una importante alternativa en materia alimentaria al ofrecer productos de excelente calidad, nutricional y de fácil acceso.

De acuerdo al tercer informe de labores 2014-2015, presentado por la Sagarpa, de enero a junio de 2015 la balanza comercial agropecuaria y pesquera presentó un superávit de mil 663.3 millones de dólares, 232 por ciento mayor al registrado durante el mismo periodo del año pasado. El superávit registrado en estos seis meses es el mayor de los últimos 20 años para un periodo similar. En acuacultura se registró una producción de 143 mil toneladas, 9 por ciento más que el año anterior.

Hoy, los trámites y requisitos para obtener una concesión de aguas nacionales para uso acuícola y las cuotas establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, además de las cuotas correspondientes a la Ley Federal de Derechos, en suma pueden llegar a más de 800 mil pesos más las posibles sanciones económicas que en algunos casos ascienden a los 100 mil pesos, de acuerdo al tipo de falta que se cometa.

Estos costos merman los ingresos de los acuicultores, lo que representa un obstáculo para el desarrollo de esta actividad, la cual es considerada por los expertos de la FAO como la alternativa del futuro para satisfacer las necesidades alimentarias de la población.

El aprovechamiento del agua en actividades acuícolas no representa un consumo a diferencia de la agricultura, en donde el agua se infiltra al suelo o es absorbida por las plantas y en la ganadería consumida por los animales, además de tener en cuenta que en esta actividad del agua entra a los estanques y es devuelta casi en los mismos volúmenes, pues solo se pierde por evaporación.

De igual manera, la calidad del agua proveniente de la acuacultura, de acuerdo a múltiples estudios avalados por laboratorios acreditados, no rebasa los límites establecidos en la norma oficial NOM-001 de Semarnat 1996. Asimismo la carga de materia orgánica que pudiera originarse por esta actividad que proviene de las excretas de los peces o el alimento no consumido son en concentraciones que puede tener hasta una depuración natural en el medio ambiente o ser utilizada en la agricultura a manera de fertilizante, dando un valor adicional a su aprovechamiento.

Por todo lo antes expuesto es que me permito proponer el proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, en los cuales hoy se consideran las actividades agrícolas y pecuarias para no pagar los derechos que ya mencioné. Sin embargo, no consideran a la acuacultura en esta extensión.

La propuesta de su servidor es que la acuacultura sea considerada en la exención a la que se refieren los artículos propuestos a modificar, igual que las actividades agrícolas y pecuarias.

La modificación que propongo tendría los beneficios siguientes: contribución a la seguridad alimentaria, generación de empleo y arraigo de la población, alineación de las políticas gubernamentales que dictan la necesidad de aumentar la producción de alimentos, el ingreso de los campesinos y pequeños productores rurales, que es el principal objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Cumpliendo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del gobierno de la República, que establece construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país y que en su objetivo 4.10, señala: impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país a través de prácticas sustentables en las actividades acuícolas, agrícolas y pecuaria.

Esta problemática ha sido planteada en todos los foros del país, en donde participan los acuicultores, siendo una inquietud que ha sido abordada por diputados, senadores, funcionarios de los tres niveles de gobierno desde hace más de 10 años.

De aprobarse, representará una acción legislativa de gran aceptación, reconocimiento y apoyo contundente para el desarrollo de un sector que tiene un gran potencial en todo el país, como es la acuacultura. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, artículo 6, párrafo 1 y artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo fundamentado en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite someter a su consideración la iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, en beneficio de los acuacultores rurales del país.

Título de la propuesta

Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos.

Planteamiento del problema

La actividad acuícola es al igual que las actividades agrícolas y pecuarias, una actividad que genera alimentos de alta calidad nutricional, indispensables para mejorar la nutrición y por ende la calidad de vida de los mexicanos.

El pago de derechos asociado a la concesión del agua por su aprovechamiento, ocupación de zona federal, instalación de medidores y pago de derechos por descarga, así como los análisis de la calidad del agua que deben realizarse en laboratorios acreditados, para demostrar su mínimo impacto, son costos que merman los ingresos de los acuacultores, lo que se constituye un obstáculo para el desarrollo de esta actividad, que los expertos de la FAO, reconocen como la alternativa del futuro para satisfacer las necesidades alimenticias de la población.

Esta problemática ha sido planteada en todos los foros del país, en donde participan los acuacultores, siendo una inquietud que ha sido abordada por diputados, senadores, funcionarios de los tres niveles de gobierno desde hace más de 10 años. De aprobarse, representará una acción del gobierno de la república, de gran aceptación, reconocimiento y apoyo contundente para el desarrollo de un sector que tiene un gran potencial en todo el país.

Argumentos que la sustentan

En México, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece el desarrollo social y económico del sector agropecuario, en el que se incluye el sector pesquero, a través de estrategias y mecanismos de planeación, comunicación y concertación para la toma de decisiones, orientadas a mejorar la calidad y competitividad de los actores de la cadena productiva.

Para tal efecto, se establece en dicha ley como herramienta primordial la instalación de los comités sistema producto de cada especie en particular, a través de los cuales, las diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales, fomentan, fortalecen e impulsan el desarrollo de la cadena productiva, en aspectos de organización, producción, financiamiento, asesorías y comercialización.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, funge como órgano regulador de los Comités Sistemas Producto Acuícolas y Pesqueros.

Existen

81 Sistemas producto acuícolas y pesqueros (estatales)

13 Sistemas producto nacionales

3 Sistemas producto regionales

6 Sistemas producto trucha

Chihuahua

Estado de México

Hidalgo

Michoacán

Puebla

Veracruz

El aprovechamiento del agua en actividades acuícolas, no representa un consumo, a diferencia de la agricultura en donde el agua se infiltra al suelo o es absorbido por las plantas y en la ganadería consumido por los animales. En esta actividad el agua entra a los estanques es almacenada en algunos casos y devuelta casi en los mismos volúmenes, pues solo se pierde por evaporación.

La calidad del agua proveniente de la acuicultura, de acuerdo a múltiples estudios avalados por laboratorios acreditados, no rebasa los límites establecidos en la norma oficial NOM-001-Semarnat-1996.

La carga de materia orgánica que pudiera originarse por esta actividad que proviene de las excretas de los peces, o el alimento no consumido, son en concentraciones que puede tener hasta una depuración natural en el medio ambiente o ser utilizado en la agricultura, a manera de fertilizante, dando un valor adicional a su aprovechamiento.

Entre los beneficios que se obtendrán están:

• La contribución a la seguridad alimentaria, generación de empleo y arraigo de la población.

• La alineación de las políticas gubernamentales que dictan la necesidad de “aumentar la producción de alimentos, el ingreso de los campesinos y pequeños productores rurales”; que es el principal objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

• Cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del gobierno de la República señala en su objetivo 4.10:

Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, la estrategia 4.10.4. del Plan Nacional de Desarrollo establece: “impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país a través de prácticas sustentables en las actividades y acuícolas y agrícola, pecuaria.

Por otra parte se estará fomentando la regularización de las unidades de producción acuícola de todo el país y con esto el cumplimiento de la ley con el consecuente fomento al estado de derecho en México.

Fundamento legal

1. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 5 de diciembre de 2014:

Decreto

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Artículo Único. Se adicionan las fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 4o.; las fracciones II Bis, II Ter y VII al artículo 78 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. a IV. ...

IV Bis. Acuacultura industrial: Sistema de producción de organismos acuáticos a gran escala, con alto nivel de desarrollo empresarial y tecnológico y gran inversión de capital de origen público o privado;

IV Ter. Acuacultura rural: Sistema de producción de organismos acuáticos a pequeña escala, realizada de forma familiar o en pequeños grupos rurales, llevada a cabo en cultivos extensivos o semi-intensivos, para el autoconsumo o venta parcial de los excedentes de la cosecha;

V. a LI. ...

Artículo 78. En materia de acuacultura, son objetivos de esta ley:

I. y II. ...

II Bis. Fortalecer el programa de acuacultura rural, que atienda la demanda alimentaria de las comunidades de escasos recursos, se mejore el ingreso de las mismas y se incentive el arraigo en la localidad;

II Ter. Fortalecer los programas de capacitación de acuacultura rural, para los productos de localidades rurales;

III. y IV. ...

V. Aprovechar de manera responsable, integral y sustentable recursos acuícolas, para asegurar su producción óptima y su disponibilidad;

VI. Fomentar y promover la calidad y la diversidad de los recursos acuícolas, y

VII. Fomentar la transferencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en poblaciones rurales y de escasos recursos.

2. Los trámites y requisitos para obtener una concesión de aguas nacionales para uso acuícola, y las cuotas correspondientes, tal y como se establece en la Ley de Aguas Nacionales y en la Ley Federal de Derechos:

Ley de Aguas Nacionales

(Artículo adicionado Diario Oficial de la Federación, DOF, 29 de abril de 2004.)

Artículo 21 Bis. El promovente deberá adjuntar a la solicitud a que se refiere el Artículo anterior, al menos los documentos siguientes:

III. La manifestación de impacto ambiental, cuando así se requiera conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;

Ley Federal de Derechos

(Última reforma DOF 11 de agosto de 2014.)

Artículo 192. Por el estudio, trámite y, en su caso, autorización de la expedición o prórroga de títulos de asignación o concesión, o de permisos o autorizaciones de transmisión que se indican, incluyendo su posterior inscripción por parte de la Comisión Nacional del Agua en el Registro Público de Derechos de Agua, se pagará el derecho de servicios relacionados con el agua, conforme a las siguientes cuotas:

I. Por cada título de asignación o concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales incluyendo su registro $3 459.02

III. Por cada permiso de descarga de aguas residuales, distintas a las que prevé la fracción anterior, incluyendo su registro $1 579.04

Artículo 192-A. Por el estudio y trámite y, en su caso, autorización de títulos de concesión y permisos que se indican, incluyendo su posterior inscripción por parte de la Comisión Nacional del Agua en el Registro Público de Derechos de Agua, se pagará el derecho de servicios relacionados con el agua, conforme a las siguientes cuotas:

I. Por cada título de concesión para la extracción de materiales de cauces, vasos y depósitos de propiedad nacional . $1 465.39

III. Por cada permiso para la construcción de obras hidráulicas destinadas a la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales o en zonas de veda y reglamentadas, para perforación de pozos para uso de aguas del subsuelo o para la construcción de obras en zona federal $4 476.50

Artículo 194-H. Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de impacto ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Gobierno Federal, conforme a las siguientes cuotas:

VIII.Por la evaluación de la solicitud de exención de presentación de la manifestación de impacto ambiental de las obras y actividades señaladas en el artículo 6o. del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se pagará la cuota de: $3 615.82

Más los servicios profesionales del gestor de servicios, que en promedio representa un pago de $3 000.00

Por lo que obtener una nueva concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales superficiales, el solicitante deberá de erogar por derechos federales y servicios profesionales un importe de $17 596.00

Una vez autorizada la concesión el usuario debe de cumplir lo siguiente:

Ley de Aguas Nacionales

(Artículo adicionado DOF 29 de abril de 2004.)

Artículo 29. Los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones, en adición a las demás asentadas en el presente título:

II. Instalar dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del título respectivo por parte del interesado, los medidores de agua respectivos o los demás dispositivos o procedimientos de medición directa o indirecta que señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las normas oficiales mexicanas;

Por lo que deberá de colocar:

• Un sistema de medición de aguas nacionales (pago único) $ 10 000.00

Un medidor volumétrico para descarga de aguas residuales (pago único) $ 14 000.00

Adicionalmente y de manera permanente el pago anual del derecho por el uso de zonas federales asciende a la cantidad de $ 3 000.00

Ley Federal de Derechos

(Última reforma DOF 11 de agosto de 2014.)

Artículo 232. Están obligadas a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen bienes del dominio público de la Federación en los puertos, terminales, e instalaciones portuarias, la zona federal marítima, los diques, cauces, vasos, zonas de corrientes, depósitos de propiedad nacional y otros inmuebles del dominio público distintos de los señalados en otros Capítulos de este Título, conforme a lo que a continuación se señala:

VII. De $0.1144 anual por metro cuadrado, cuando el uso o goce consista en la realización de actividades de acuacultura.

Y las cuotas por cada mil metros cúbicos para aguas nacionales de uso acuícola están entre $112.00 y $272.00

Ley Federal de Derechos

(Última reforma DOF 11 de agosto de 2014.)

Artículo 223. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere este Capítulo, se pagará el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua y la cuenca o acuífero en que se efectúe su extracción y de acuerdo con las siguientes cuotas:

B. Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, se pagará el derecho sobre agua por cada mil metros cúbicos, destinadas a:

III. Acuacultura:

Por análisis de descarga de aguas residuales (laboratorio acreditado, de manera trimestral 2 análisis por periodo, es decir 8 análisis anuales con un costo variable de $ 7 000.00 a $14 000.00 por análisis, lo que representa un importe anual de $56 000.00 a $112 000.00

Ley de Aguas Nacionales

(Artículo adicionado DOF 29 de abril de 2004.)

Artículo 88 Bis. Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la presente ley, deberán:

XII. Presentar de conformidad con su permiso de descarga, los reportes del volumen de agua residual descargada, así como el monitoreo de la calidad de sus descargas, basados en determinaciones realizadas por laboratorio acreditado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobado por “la Autoridad del Agua”;

En resumen, el pago por descarga de aguas residuales implica, trimestralmente, de $0 a $22 371.84

Anualmente, de

3.Las sanciones económicas, por el incumplimiento a las disposiciones legales actualmente establecidas, a las que los usuarios de aguas nacionales pueden ser acreedores con base en la Ley de Aguas Nacionales (DOF 29 de abril de 2004):

Artículo 119. ...

• Explotar, usar o aprovechar aguas naciones sin título de concesión (VIII), descargar sin autorización aguas residuales (I), ocupar bienes nacionales sin título de concesión (IV), no instalar los dispositivos de medición (VIII)...

Q ue representan sanciones económicas de alrededor de los $100,000.00, de acuerdo al tipo de falta que se cometa, según lo establecido en:

Artículo 120. ...

I. 200 A 1 500,* en el caso de violación a las fracciones X, XI, XVI, XXI y XXII;

II. 1 200 a 5 000,* en el caso de violaciones a las fracciones I, VI, XII, XVIII y XIX, y

III. 1 500 a 20 000,* en el caso de violación a las fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXIII Y XXIV.

(* días de salario mínimo vigente en el DF.)

Denominación del proyecto

Decreto por el que se modifican los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos

Ordenamientos a modificar

Ley Federal de Derechos

Artículo 192-D

Dice:

Artículo 192-D. No pagarán los derechos a que se refieren los artículos 192 y 192-A, fracciones II, III y V del presente Capítulo, los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se dediquen a actividades agrícolas o pecuarias y el uso doméstico que se relacione con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes.

Artículo 224

Dice:

Artículo 224. No se pagará el derecho a que se refiere este capítulo, en los siguientes casos:

I. Por la extracción o derivación de aguas nacionales que realicen personas físicas dedicadas a actividades agrícolas o pecuarias para satisfacer las necesidades domésticas y de abrevadero, sin desviar las aguas de su cauce natural.

IV. Por los usos agrícola y pecuario definidos como tales en la Ley de Aguas Nacionales y siempre que sus procesos se efectúen de forma indivisa, incluyendo a los distritos y unidades de riego, así como a las juntas de agua, con excepción de las usadas en la agroindustria, hasta por la dotación autorizada a los distritos de riego por la Comisión Nacional del Agua o, en su caso, hasta por el volumen concesionado...

Artículo 282

Dice:

Artículo 282. No estarán obligados al pago del derecho federal a que se refiere este capítulo:

VI. Por las descargas provenientes del riego agrícola.

Texto normativo propuesto

Ley Federal de Derechos

Artículo 192-D

Propuesta:

Artículo 192-D. No pagarán los derechos a que se refieren los artículos 192 y 192-A, fracciones II, III y V del presente Capítulo, los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias o de acuacultura y el uso doméstico que se relacione con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes.

Artículo 224

Propuesta:

Artículo 224. No se pagará el derecho a que se refiere este Capítulo, en los siguientes casos:

I. Por la extracción o derivación de aguas nacionales que realicen personas físicas y morales dedicadas a actividades agrícolas o pecuarias y acuícolas definidas como acuacultura rural, para satisfacer las necesidades domésticas y de abrevadero, sin desviar las aguas de su cauce natural.

Asimismo por la extracción o derivación de aguas procedentes de esteros, marismas, bahías y aguas oceánicas con contenido salino, toda vez que no se cuenta con infraestructura hidráulica federal que provea el suministro del agua.

IV. Por los usos acuícolas, agrícolas y pecuario definidos como tales en la Ley de Aguas Nacionales y siempre que sus procesos se efectúen de forma indivisa, incluyendo a los distritos y unidades de riego, así como a las juntas de agua, con excepción de las usadas en la agroindustria, hasta por la dotación autorizada a los distritos de riego por la Comisión Nacional de Agua o, en su caso hasta por el volumen concesionado.

Artículo 282

Propuesta:

Artículo 282. No estarán obligados al pago del derecho federal a que se refiere este capítulo:

VI. Por las descargas provenientes de la acuacultura y del riego agrícola.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 15 de octubre de 2015.— Diputados: Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Alfredo Bejos Nicolás, Jesús Antonio López Rodríguez, Pedro Garza Treviño, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Márquez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Gracias, diputado presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que pongo a su consideración tiene por objeto que las y los migrantes mexicanos establecidos en otro país tengan aunque sea una mínima representación en el Congreso mexicano, participando como candidatos plurinominales a diputados federales.

Sabemos que México es un país de migrantes, la población mexicana inmigrante en Estados Unidos aumentó de casi 11 millones de personas en 2005 a cerca de 11 millones 600 mil personas en 2013, lo que significó un incremento realmente importante según la encuesta de la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos en el 2013.

La tasa de participación en la fuerza de trabajo de la población inmigrante en Estados Unidos, proveniente de México, fue del 69.5 por ciento en ese mismo año, mayor que la observada para el total de inmigrantes, que fue de 66 por ciento.

Nuestro país, como muchos saben, es sólo detrás de la India el segundo receptor mundial de remesas financieras por parte de sus nacionales en el extranjero, esto habla no solamente de su voluntad, su solidaridad, sino sus nexos emocionales y además territoriales con México.

Durante los últimos años, el cociente de las remesas enviadas por el conjunto de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos a México, con relación a su ingreso total, se ha mantenido entre un 10 y un 12 por ciento.

En 2013 el ingreso total del grupo migratorio mexicano en Estados Unidos resultó de 217 millones de dólares. En el trimestre abril a junio de 2015, el Banco de México reportó envíos por el orden de 6 mil 400 millones de dólares, colocándonos como la segunda fuente de divisas más importantes para México este rubro.

La migración es un fenómeno persistente que va a estar presente en el futuro, porque la migración, seamos honestos, no va a desaparecer. Los mexicanos que viven allá del otro lado, que se han ido a trabajar a Estados Unidos, siempre han sido atraídos o deportados, según las necesidades de los patrones o empresarios, de acuerdo como se comporta la ley de la oferta y la demanda.

Pero los migrantes no se van del todo, y la verdad es que siguen participando en actividades en su tierra. Un ejemplo importante es el programa Tres por Uno para migrantes, que es un referente y ha sido concebido como un instrumento que permite conjuntar recursos de los migrantes y los gobiernos para favorecer el desarrollo en las comunidades. Y que espero y aspiro a que además, por supuesto, en el presupuesto se vea reflejado y mantenido para que ellos sigan con esta fuerza y contribuyendo con sus recursos personales, por supuesto, para el beneficio de sus comunidades. Somos de los pocos países que sus migrantes envían remesas para eso.

Los migrantes mexicanos organizados en Estados Unidos han colaborado con y para México participando en programas sociales y de asistencia. Han financiado proyectos productivos que tienen como fin mitigar la emigración ilegal. Los migrantes se han ganado a pulso el reconocimiento nacional. El país tiene una enorme deuda social hacia ellos. Estos requieren más atención del Estado mexicano para resolver sus problemas. Lo primero es conocerlos y quién mejor que ellos para conocer sus necesidades. Por ello, los migrantes deben estar representados en este Congreso mexicano.

Los migrantes mexicanos que viven en el extranjero cumplen el requisito constitucional para ser diputados o diputadas, y para ser, por supuesto, senadores o senadoras. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y ser originarios de un estado sin que la residencia sea un impedimento, ya que la Constitución pide residencia o vecindad, pero no ambos requisitos.

Desde hace unos años ya, tenemos dos claros ejemplos en nuestro país para dotar de derechos políticos a los migrantes, para darles voz en las decisiones de sus estados y garantías plenas. Uno es Michoacán y el otro, mi estado, Zacatecas, que tienen ya diputados y diputadas migrantes y lo establecen, por supuesto que de manera muy clara, en sus códigos electorales.

Propongo el día de hoy una acción afirmativa en beneficio de los migrantes mexicanos para que tengan representación en el Congreso participando como candidatos plurinominales a diputados y diputadas federales. Y se propone la representación proporcional como vía en razón de que, al encontrarse fuera del país, trabajando por su familia y por su patria, estarían en desventaja en una elección de mayoría relativa. Y sin duda muchos han tomado ya también ese reto.

Por todo esto es que propongo reformar el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales donde sería adicionando que por cada tres segmentos se incluyera una fórmula de candidatos, propietario y suplente que deberán ser migrantes connacionales radicados en el extranjero.

Ya sucede en dos estados, puede suceder en todo el país y es solo un poco de lo que les debemos en reconocimiento en este lado de la frontera. Es cuanto, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas.

«Iniciativa que reforma el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia S. Corichi García, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

La presente iniciativa tiene por objeto que los migrantes mexicanos establecidos en otro país, tengan una representación en el Congreso de México, participando como candidatos plurinominales a diputados federales.

México es un país de migrantes, la población nacida en nuestro país que es inmigrante en Estados Unidos asciende a 11,584,977 millones de personas, según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2013.

La población mexicana inmigrante en Estados Unidos, medida como porcentaje de la población en México, comenzó a elevarse a partir del decenio de los ochenta. En 2010 el número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos fue equivalente al 10.43 por ciento de la población de México y en 2013 ese cociente resultó ser del 9.78 por ciento.

Al considerar para 2013 a los inmigrantes en Estados Unidos provenientes de todos los países resulta que los originarios de México representaron el principal grupo en importancia numérica, equivalente al 28.02 por ciento del total de inmigrantes (41 millones 348 mil 66 personas); y al 53.95 por ciento de los inmigrantes provenientes de América Latina y el Caribe (21 millones 473 mil 266 personas).

Durante el sexenio de Vicente Fox salieron de nuestro país tres millones de mexicanos y mexicanas, ubicándonos en un vergonzoso primer lugar a nivel mundial como la Nación que más habitantes expulsa hacia el extranjero, verdaderos refugiados económicos, según reportes de la Organización de Naciones Unidas.

“Desde hace varios años, la frontera norte de México ha sido escenario de un proceso de reforzamiento de los efectivos y, en general, de recursos en materia de seguridad bajo el argumento de que es necesaria (para los intereses estadounidenses) la persecución y detención de los migrantes indocumentados que se internan por su frontera sur (Cornelius, 2004). Para algunos analistas, la naturaleza de los operativos y, en general, el tipo de recursos desplegados, más bien parecían responder a una lógica militar y, de hecho, varios de los elementos asignados han procedido del ejército de Estados Unidos.

No obstante, a partir de septiembre de 2001 la naturaleza y las prioridades de los operativos cambiaron abruptamente, poniendo por delante la necesidad de seguridad nacional y la de enfrentar al nuevo enemigo del pueblo y la nación estadounidenses: el terrorismo. La vida de las localidades fronterizas cambió de manera significativa, puesto que los procesos que transcurrían con cierto grado de “normalidad”, como el tránsito de personas y los intercambios comerciales, tuvieron que subordinarse a los nuevos mecanismos de control impuestos, los cuales respondían a otra lógica. Los operativos militares que hasta entonces se concentraban en la detección y el combate al narcotráfico, hoy persiguen un nuevo y más peligroso objetivo: las bandas terroristas internacionales.

El tema de la seguridad ha permeado las agendas bilaterales y multilaterales que tienen como pivote al gobierno de Estados Unidos. Dentro de ellas, los fenómenos migratorios y las políticas orientadas a su administración y regulación parecen subsumirse bajo el paraguas de la seguridad como concepto totalizador (Viña, 2005). Algo semejante ocurre con las fronteras, debido a que la nueva política las considera como las puertas de ingreso de los responsables del terrorismo que se dirige a objetivos estadounidenses, a pesar de que la mayoría de los participantes en los atentados ingresaron por aeropuertos y por vías regulares autorizadas”.

En medio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señalaba que “por los altos niveles de violencia registrados en el país, México se ha convertido en uno de los principales expulsores de compatriotas, ahora por la inseguridad”. En conferencia de prensa, Marion Hoffmann, representante regional de la ACNUR, indicó que “en los países de América Central, los ambientes violentos, la pobreza, la inseguridad y el desinterés de las autoridades por proteger y hacer valer los derechos humanos provoca los desplazamientos”. Indicó que en América Latina, Colombia es uno de los principales expulsores por los conflictos armados, al reportarse la huida de más de tres millones de personas.

“... los procesos nuevos en la migración mexicana, tanto nacional como internacional, cuyo factor central es que son producto de la violencia que el país experimentó de manera abierta a partir justamente del sexenio calderonista. Exilio, asilo, desplazamiento forzoso, desarraigo, son, desafortunadamente, algunas de las nuevas formas de movilidad humana que México experimenta y de las que es imposible evadirse, por el contrario, es preciso dar cuenta cabal en este mapa de lo migratorio mexicano.

Son dos los elementos centrales que se entrelazan y caracterizan los procesos que definieron la gestión política durante el sexenio de Felipe Calderón: el primero, el anuncio de la estrategia contra los cárteles de la droga en México, definida como “guerra frontal” (diciembre 2006), que marcó del todo la agenda política nacional sexenal; y el segundo, la crisis económica estadounidense declarada como inminente a finales de 2007 (octubre), con un claro impacto a nivel doméstico y mundial, con repercusiones directas para México (sobre todo en lo migratorio).

Las consecuencias de cada uno de estos procesos por sí mismos y ambos de manera conjunta crearon un escenario que lejos de “desmigratizar” la agenda bilateral, en realidad, generaron elementos que le dieron un sentido completamente novedoso a la larga historia de la migración en México. Fenómenos como el incremento de flujos migratorios producto de la violencia —de poca recurrencia en la experiencia migratoria nacional—, una migración de retorno —fenómeno inédito para México— y una transmigración creciente por el país”.

II. Consideraciones

Primera. La población mexicana inmigrante en Estados Unidos aumentó de 10 millones 969 mil 941 personas en 2005 a 11millones 584 mil 977 personas en 2013, lo que significó un incremento de 615 mil 36 personas. Los estados de ese país con mayor aumento en el número de inmigrantes mexicanos fueron Texas (274 mil 551 personas; 12.2 por ciento), Washington (42 mil 271 personas; 21.8 por ciento), Nueva York y Nueva Jersey (38 mil 741 y 29 mil 993 personas; 19.3 y 30.4 por ciento, respectivamente), Nuevo México (33 mil 936 personas; 28.5 por ciento), Oklahoma (32 mil 254 personas; 41.7 por ciento) y Tennessee (26 mil 261 personas; 40.7 por ciento). En 2013, el 36 por ciento de los inmigrantes provenientes de México había ingresado a Estados Unidos en el año 2000 o después.

Segunda. La tasa de participación en la fuerza de trabajo de la población inmigrante en Estados Unidos proveniente de México fue del 69.5 por ciento en 2013, mayor que la observada para el total de inmigrantes (66.7 por ciento). Por su parte, en ese año la tasa de desempleo de los inmigrantes mexicanos superó ligeramente a la registrada en el total de inmigrantes, pero resultó más baja que la observada en el conjunto de inmigrantes provenientes de América Latina y el Caribe.

Nuestro país es, sólo detrás de la India, el segundo receptor mundial de remesas financieras por parte de sus nacionales en el extranjero, esas remesas impactan de manera muy significativa en la economía nacional.

Tercera. Durante los últimos años el cociente de las remesas enviadas por el conjunto de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos a México con relación a su ingreso total se ha mantenido entre un 10 por ciento y un 12 por ciento. En 2013, el ingreso total del grupo migratorio mexicano en Estados Unidos resultó de 217 mil millones de dólares

En el trimestre abril a junio de 2015, el Banco de México reportó envíos por el orden de 6 mil 365.22 millones de dólares, colocándonos como la segunda fuente de divisas más importante para México después de las exportaciones petroleras.

Cuarta. “El financiamiento de los migrantes a determinadas actividades locales en el marco del Programa 3X1 constituye un referente para examinar la función económica de los connacionales en sus localidades de origen, su importancia financiera y los efectos de la misma en los ámbitos local y regional”.

Los dólares que los migrantes mexicanos en el extranjero envían a México superan ampliamente los ingresos por turismo o por exportaciones agropecuarias y son, en millones de hogares, la fuente principal de su sustento y la razón de que el hambre no se haya generalizado en un país donde la pobreza y la concentración de la riqueza crecen año con año.

“El Programa 3x1 para Migrantes ha sido concebido como un instrumento que permite conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos para favorecer el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes y elevar la calidad de vida de su población. En ese contexto y pese a que nuestro país es uno de los más importantes receptores de divisas por concepto de remesas en el mundo, dispone de muy pocos programas para combatir la marginación a partir de las mismas.”

“El programa se institucionalizó en el estado de Zacatecas mediante esquemas de cooperación tipo 1x1 (entre migrantes y el estado) y 2x1 (entre migrantes, estado y municipio) y posteriormente la federación empezó a participar a través del Programa de Empleo Temporal y en 2002 creó el Programa Iniciativa Ciudadana 3x1, mismo que en 2005 tomó el nombre de Programa 3x1 para Migrantes. En su fase inicial, éste buscaba apoyar tanto las iniciativas de los migrantes en el extranjero como las propuestas de los ciudadanos residentes en el país, lo que ocasionó un crecimiento desproporcionado de demanda de obras que no podían cubrirse presupuestalmente. A escala estatal y regional han surgido también otros programas parecidos, pero de menores alcances, entre los que destacan los denominados “Programa mi Comunidad” y “Programa Social de Migrantes 2x1”, en Guanajuato; “Fideicomiso de la Raza” (o Fiderraza) en Jalisco; y un fideicomiso de Nacional Financiera conocido como “Programa Invierte en México”.

Quinta. Por otro lado, la falta de sensibilidad y reconocimiento a los derechos laborales y civiles de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, genera una serie de problemas discriminatorios en su contra; ejemplo de ello son las medidas que ya está tomando la Unión Americana de Georgia, que aprobó una ley para no proporcionar servicios de seguridad, educación, ni médicos a los ilegales que se encuentran en ese estado, o las persecuciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos contra los patrones que contratan a inmigrantes ilegales, acusándolos de criminales.

Sexta. Los migrantes mexicanos organizados en Estados Unidos han colaborado con y para México, participando en programas sociales y de asistencia y han financiado proyectos productivos que tienen como fin mitigar la emigración ilegal, los migrantes se han ganado a pulso el reconocimiento nacional.

El país tiene una enorme deuda social hacia los migrantes, estos requieren más atención del Estado mexicano para resolver sus problemas, lo primero es conocerlos y quién mejor que ellos para conocer sus necesidades, por ello los migrantes deben estar representados en el Congreso mexicano.

El artículo 55 de nuestra Carta Magna dice:

Artículo 55.Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II. ...

III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

Séptima. Los migrantes mexicanos que viven en el extranjero cumplen el requisito constitucional para ser diputados: ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y ser originarios de un estado, sin que la residencia sea un impedimento, ya que la Constitución pide residencia o vecindad, pero no ambos requisitos.

Desde hace unos años ya, tenemos dos claros ejemplos en nuestro país para dotar de derechos políticos a los migrantes, de darles voz en las decisiones de sus Estados y garantías plenas para ellos y sus familias.

Octava. Por un lado tenemos la experiencia del estado de Zacatecas, donde se contempla en su Constitución Política Estatal el derecho de los migrantes a ser votados.

Andrés Bermúdez es uno de esos protagonistas pioneros, a partir de su caso se despertó el interés por revisar la situación legal en el estado, pues sin cuidar los requisitos de ley se le invitó por parte del gobernador del estado, Ricardo Monreal Ávila, a contender como candidato por el Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de Jerez, Zacatecas. Su figura pronto rebasó todo cálculo político convirtiéndose en símbolo de los migrantes y terminar arrasando en los resultados electorales municipales de julio de 2001. Este hecho marcó un hito: a pesar de que Andrés Bermúdez resultó ganador y de haber recibido por parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el acta formal de mayoría como presidente electo de la alcaldía de Jerez, Zacatecas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declaró “inelegible”, mediante “juicio de revisión constitucional” interpuesto por el PRI, impidiendo que tomara posesión del cargo.

De ahí en adelante se dio un proceso de reforma a la Constitución local, en donde participaron los legisladores locales y diversas organizaciones de migrantes en Estados Unidos que por siempre han tenido una participación activa y constante en sus comunidades de nacimiento.

“En lo sustantivo, la verdadera trascendencia de la Ley Migrante de Zacatecas radica en el reconocimiento de las prácticas extraterritoriales que realizan los migrantes hacia la entidad y en las implicancias que las mismas tienen real y conceptualmente para el país y de éste con sus connacionales en México y el mundo. El núcleo de la reforma constitucional del estado de Zacatecas es el concepto de residencia binacional o residencia simultánea”.

Después de casi dos años de formación, discusión y debate de estas reformas, la Constitución Política del Estado de Zacatecas incluye los derechos políticos de los migrantes en él:

Artículo 51.

La legislatura del estado se integra con dieciocho diputados electos por el principio de votación de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y por doce diputados electos según el principio de representación proporcional, conforme al sistema de lista plurinominal votada en una sola circunscripción electoral. De estos últimos, dos deberán tener al momento de la elección, la calidad de migrantes o binacionales, en los términos que establezca la ley.

Las elecciones de diputados por ambos sistemas se sujetarán a las bases establecidas en esta Constitución y a las disposiciones de la ley electoral. Los diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional tendrán los mismos derechos y obligaciones.

Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Los diputados podrán ser electos consecutivamente por un período adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo 52

Párrafo I. ...

Párrafo II. ...

III. Para la asignación de diputados de representación proporcional se seguirá el orden que tuvieren los candidatos en la lista correspondiente, a excepción de los dos que tengan la calidad de migrantes o binacionales, los que serán asignados a los dos partidos políticos que obtengan el mayor porcentaje en la votación. Al efecto, se aplicará una fórmula de proporcionalidad pura, integrada con los siguientes elementos: cociente natural y resto mayor. Ningún partido podrá tener más de dieciocho diputados en la Legislatura, por ambos principios.

Artículo 53.

Para ser diputado se requiere:

I. Ser ciudadano zacatecano en pleno ejercicio de sus derechos, con residencia efectiva o binacional en el Estado, por un periodo no menor a seis meses inmediato anterior al día de la elección.

II.

Artículo 118.

III. Son requisitos para ser presidente municipal, síndico o regidor de los ayuntamientos:

a) Ser ciudadano zacatecano, en los términos previstos por la presente Constitución, y estar en pleno goce de sus derechos políticos;

b) Ser vecino del municipio respectivo, con residencia efectiva e ininterrumpida durante los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de la elección, o bien, en el caso de los migrantes y binacionales, tener por el mismo lapso la residencia binacional y simultánea.

Novena. En el país tenemos un caso más, el del estado de Michoacán, con su Ley de los Migrantes y sus familias.

Dicha ley tiene como objetivo, entre otros, la de:

Artículo 1. ...

I. Promover y garantizar los derechos de los migrantes y sus familias, de conformidad a lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y por los instrumentos internacionales que en la materia México sea parte; y

II. Establecer las políticas públicas para los migrantes y sus familias, a fin de garantizar su desarrollo humano con dignidad, particularmente, de aquellos en condición de vulnerabilidad, el impulso a una nueva valoración y respeto a la condición de migrante.

En Estados Unidos, los michoacanos, al igual que los zacatecanos, se han organizado de manera notable. Han formado amplias y sólidas redes comunitarias que orientan y protegen a los recién llegados, promueven la cultura mexicana, el deporte, la educación y salud, cabildean con las autoridades locales, estatales y federales para defender sus derechos y ganar espacios políticos. Al mismo tiempo, mantienen relación con sus parientes en México, maximizan el uso de las remesas y, por supuesto, asesoran cómo “cruzar” y llegar con trabajo seguro.

Décima. Propongo una acción afirmativa en beneficio de los migrantes mexicanos para que tengan representación en el Congreso, participando como candidatos plurinominales a diputados federales. Se propone la representación proporcional como vía, en razón de que al encontrarse fuera del país, trabajando por su familia y su patria, estarían en desventaja en una elección de mayoría relativa.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se reforma el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 234.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. Adicionalmente, por cada tres segmentos, se incluirá una fórmula de candidatos, propietario y suplente, que deberán ser migrantes, connacionales radicados en el extranjero.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Castillo, Manuel Ángel “Fronteras, Migración y Seguridad en México”, Alteridades, 2005.

2 Calderón Chelius, Leticia “Cambios en la agenda migratoria: entre el nuevo marco jurídico y las nuevas formas de migración en México”, en “México ante los recientes desafíos de la migración internacional”, Conapo, México, 2012.

3 González Rodríguez, José de Jesús “Programa 3x1 para Migrantes”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Documento de trabajo número 111, 2011.

4 Ibídem

5 Debido a lo anterior, a partir de 2004, el diseño del programa se restringe al aprovechamiento de las remesas colectivas. Véase Red de Consultores Nacionales (Redco), “Evaluación del Programa Iniciativa Ciudadana 3x1, 2003. Cuarto Informe”, México, 2004.

6 El Sol de Zacatecas, 29 de agosto de 2003

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2015.— Diputada Claudia Sofía Corichi García(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 38 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Bernardo Quezada Salas:Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados. La presente iniciativa tiene como finalidad incorporar a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una obligación para que las comisiones se elaboren y entreguen a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, los Libros Blancos al término de cada Legislatura.

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen el objetivo principal de esta reforma, ya que actualmente en el texto de la Ley Orgánica no incluye dicha obligación de manera expresa. De este modo, en Nueva Alianza refrendamos nuestro compromiso de legislar por la transparencia.

Los Libros Blancos permiten que los legisladores contemos con un marco de referencia para iniciar los trabajos legislativos, lo cual es de vital importancia en la pasada Legislatura.

La Comisión de Ciencia y Tecnología consideró de extrema importancia la entrega de los llamados Libros Blancos, en los cuales se dio cuenta del trabajo elaborado por la comisión y como presidente en esta Legislatura, quiero transmitirles que todos los integrantes coincidimos que nos ha facilitado la transición a la curva de aprendizaje.

Dichos libros incluyen minutas, acuerdos, foros, reuniones de trabajo y diplomados que se realizaron durante la LXII Legislatura. La importancia de contar con dichos documentos reside no solo en que sirven como marco de referencia para que las Legislaturas entrantes den continuidad a los temas de interés de cada sector sino sobre todo en que su elaboración contribuye a fomentar la transparencia y rendición de cuentas, que son tan necesarias para una sociedad que necesita confiar en sus representantes.

En congruencia con el principio de respeto absoluto del Estado de derecho y con el espíritu de apertura y rendición de cuentas que nos han caracterizado, en Nueva Alianza estamos decididos a terminar con la opacidad en el servicio público y de este modo recobrar la confianza ciudadana.

Los legisladores somos los servidores públicos peor calificados por la sociedad. Esta situación no se va a transformar mediante palabras huecas y buenas intenciones. Debemos tener la sensibilidad y el conocimiento para legislar, esto lo obtendremos mediante documentaciones.

En Nueva Alianza lo sabemos y por eso asumimos la responsabilidad de responder con acciones a las demandas de la sociedad. Sabedores de que la educación en materia de transparencia tiene que empezar por nosotros mismos, estamos decididos a realizar los cambios requeridos para lograrlo.

Debo mencionar que de todas las comisiones ordinarias, extraordinarias, bicamarales, de comité y especiales que conforman la LXII Legislatura, la única que presentó libros blancos fue la Comisión de Ciencia y Tecnología, al igual que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y el Revolucionario Institucional.

Además de abonar a la rendición de cuentas, la elaboración de los libros blancos contribuye a facilitar la transición entre una legislatura y otra. De aprobarse esta reforma, se favorece la profesionalización del trabajo legislativo y será posible rescatar esfuerzos y experiencias que serían valiosas para los diputados entrantes.

Es preciso recordar que la reforma constitucional al artículo 59 otorga la posibilidad de reelección de diputados y senadores, lo cual hace que la continuidad de la labor parlamentaria cobre mayor relevancia.

En este sentido, es primordial que las acciones y el trabajo de las comisiones y de los grupos parlamentarios estén disponibles para su consulta, aprovechamiento y continuidad.

Estamos convencidos de que el trabajo que se realiza en el Poder Legislativo, pertenece a todos los mexicanos. Son los ciudadanos quienes nos otorgan la responsabilidad de que seamos su voz en el Congreso y para ellos trabajamos.

En Nueva Alianza, queremos ser su voz, por eso es imperativo realizar las reformas que sean necesarias para lograr un parlamento más abierto. Es cuanto, señor presiente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 38 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifican y adicionan diversas disposiciones al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En 1999, se aprobó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en ella se incorporaron los elementos necesarios para garantizar la pluralidad política y construir las bases de un Congreso profesional.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es entonces el documento guía para realizar la labor parlamentaria día a día de los legisladores, así como del equipo técnico que acompaña la labor legislativa.

Han transcurrido 15 años de ese esfuerzo. El contenido de la ley se ha visto modificado en diversos aspectos, debido a que el Poder Legislativo es una institución vital para el régimen mexicano.

El capítulo VI de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos estipula el marco normativo de las comisiones y los comités; es indispensable que las actividades realizadas por las comisiones en los periodos legislativos tengan una continuidad. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es muy importante que el trabajo de las comisiones quede asentado y registrado debido a que esto permite obtener resultados constantes, concretos y eficaces en beneficio del sector que representa cada una de las comisiones, prueba de esto es la Comisión de Ciencia y Tecnología, que desde la Legislatura LX es presidida por diputados de Nueva Alianza, los cuales hemos realizado una labor incluyente y plural que ha permitido resultados tangibles que se ven reflejados en el presupuesto asignado al sector.

En la LX Legislatura se autorizó un presupuesto de 32, 486, 700 000 (Treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis millones con setecientos mil pesos), en la presente Legislatura se pondrá a consideración de este pleno un presupuesto de 90, 923, 310, 067 (Noventa mil novecientos veintitrés millones trescientos diez mil sesenta y siete pesos) lo cual refleja un incremento al sector de 280 por ciento.

En la LXII Legislatura, la Comisión de Ciencia y Tecnología elaboró sus Libros Blancos, los cuales dan cuenta del trabajo realizado. Dichos libros, incluyen minutas, acuerdos, foros, reuniones de trabajo con diversas instituciones nacionales e internacionales y diplomados realizados. Este trabajo es muy importante y sirve de marco de referencia para que las legislaturas entrantes den continuidad a los temas de interés del sector y se puedan lograr objetivos como los reflejados en el presupuesto.

Cabe resaltar que de las 56 comisiones ordinarias, 20 extraordinarias y 20 especiales, la Comisión de Ciencia y Tecnología es la única que elaboró este documento dejándolo en resguardo de sus pares en la Cámara Alta. Es de mencionarse que los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del Partido Revolucionario Institucional también realizaron libros blancos.

Consideramos que si todas las comisiones hicieran este trabajo, la transición sería más eficiente entre legislaturas y permitiría una continuación efectiva del trabajo en cada sector. Es importante resaltar que con estas modificaciones propuestas se fortalecería la comunicación y eficiencia en el trabajo legislativo y, de esta manera se estaría colaborando con la soberanía del país.

Finalmente, es de resaltar que el objetivo principal de esta iniciativa es el crecimiento y fortalecimiento de nuestro país en el trabajo parlamentario y asegurar la transición rápida entre legislaturas, sin importar el periodo de tiempo.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración del honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el inciso c) al numeral 1 del artículo 38 y se adiciona un inciso h) al numeral 6del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 38.

1. ...

a) - b)

c)Impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos; así como formular los lineamientos que deberán seguir las comisiones para la elaboración y entrega de los libros blancos y memorias documentales con las actividades desarrolladas durante el periodo legislativo.

Artículo 45. ...

...

...

...

...

...

6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

a) - g) ...

h) Elaborar y entregar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos al final de la legislatura los “libros blancos” y memorias documentales que contengan las actividades desarrolladas durante el periodo legislativo, mismos que deberán ser elaborados con forme a los lineamientos expedidos por la referida Conferencia.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputados: José Bernardo Quezada Salas, Luis Alfredo Valles Mendoza, Soralla Bañuelos de la Torre, Carmen Victoria Campa Amaral, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, Karina Sánchez Ruiz, María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Quezada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados se suma a los esfuerzos para hacer frente a los daños ocasionados por el fenómeno hidrometeorológico Patricia, en diversas entidades federativas de la República Mexicana.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de desastre natural para los municipios de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, afectados por el huracán Patricia; así como la declaratoria de emergencia para los municipios de Tamaulipas que se han visto dañados por las lluvias originadas por la depresión tropical Patricia.

Segundo. Se exhorta al Gobierno federal para que, conforme a la normatividad correspondiente, se liberen recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a fin de que se proporcionen con prontitud los suministros de auxilio y asistencia para la protección de la vida y la salud de la población, y se inicie la reconstrucción de los daños ocasionados por este fenómeno hidrometeorológico.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que, en el ámbito de sus atribuciones, procuren interceder ante las instituciones que otorgan créditos agrícolas para conceder prórrogas negociadas con los agricultores perjudicado por el paso del huracán Patricia.

Cuarto.Esta soberanía, con el propósito de sumarse a los esfuerzos de apoyo humanitario, autoriza a la Secretaría General a descontar un día de dieta a cada diputado federal integrante de la LXIII Legislatura, destinándolo, a través de la Cruz Roja Mexicana, a acciones sociales que permitan hacer frente a las contingencias causadas por dicho meteoro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos... A ver antes.

La diputada Verónica Delgadillo García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Delgadillo.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Muchísimas gracias, diputado presidente. Quisiera aprovechar este espacio para conminar a mis compañeros diputados, debido a que vamos a hacer una donación de nuestra dieta de un día, exhortarlos para que sea de tres días, como se había platicado ayer en la Junta de Coordinación Política. Es una situación de gran relevancia para muchísimos mexicanos que están en una situación muy vulnerable a raíz del huracán Patricia.

Entonces pedir la solidaridad de nuestros compañeros para que se sumen y que lo podamos hacer de tres días, en lugar de uno. También comentar, que en ese sentido, todo Movimiento Ciudadano, toda la fracción hará la donación de la dieta por tres días.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Un momentito. A ver, informo que el acuerdo que asumió la Junta de Coordinación Política y es al que se le acaba de dar lectura, es el de un día de dieta y se expresó también que, quienes, diputadas y/o diputados que quisieran, precisamente donar un día –aportar un día o dos días o los que sean de su voluntad– más de dieta, lo manifestaran por escrito ante la Secretaría General...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. Antes había pedido la palabra allá en la curul, el diputado Ramírez Marín, y luego me regreso acá con usted.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. La información que nos proporcionó la vicepresidenta que representa al PRI en la Mesa Directiva, la diputada Bárbara Botello, es que el descuento sería de tres días. Por lo tanto, nosotros aprobamos y apoyamos que el descuento sea de tres días para estos hermanos en desgracia.

El diputado Luis Ernesto Munguía González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Munguía.

El diputado Luis Ernesto Munguía González (desde la curul): Para realizar un importante comentario. No se ha hecho público la magnitud del desastre que viven decenas de comunidades en distintos municipios de la costa en el Pacífico mexicano, de esta manera personal soy testigo de los desastres causados por el huracán Patricia en Jalisco, Colima y Nayarit, afectaciones que causaron pérdidas de cientos de viviendas, infraestructura carretera y de comunicaciones, la caída de varios puentes y la destrucción de miles de parcelas de nuestros agricultores y ejidatarios.

Además de sumarme al planteamiento de donar los tres días de salario, exhorto a la autoridad federal para que se liberen los recursos del Fonden de manera inmediata y poder superar esta difícil condición de vulnerabilidad que están viviendo nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Munguía.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, señor presidente. La Junta de Coordinación Política, habíamos hablado de donar un día y los demás temas que vienen en el propio acuerdo, el PAN está proponiendo exhortar a través de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, para que a los agricultores de esa zona se les conceda una prorroga a aquellos que deben y que se les dañó su cosecha. Morena había propuesto un día de salario.

El diputado Moisés Guerra Mota(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul del diputado Moisés Guerra. Adelante.

El diputado Moisés Guerra Mota (desde la curul): Sí, señor presidente. También me sumo a las peticiones de los compañeros diputados. Vengo del estado de Nayarit, para ser exacto de Bahía de Banderas, y ahí tuvimos muchas afectaciones en el campo agrícola. También los pueblos que están aledaños al río Ameca, como son por parte de Jalisco y Bahía de Banderas, tuvimos muchas afectaciones. Los exhorto para que se active el programa Fonden y que estos lleguen a las personas que en verdad lo necesitan. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guerra.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido aquí en la curul de la diputada Soralla Bañuelos, por favor.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (desde la curul): Para manifestar que ayer en la Junta de Coordinación Política se habló de un día, pero se estipuló también que los vicecoordinadores hablaran con cada uno de los grupos parlamentarios para sensibilizar de la necesidad de aportar recursos y que hubiera la posibilidad de ampliarlo a tres días.

Informo pues en ese sentido que todas las diputadas y todos los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos de acuerdo en que sean tres días de la dieta lo que se aporte a esta noble causa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

La diputada Yolanda De la Torre Valdez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Yolanda de la Torre, por favor.

La diputada Yolanda De la Torre Valdez (desde la curul): Gracias, presidente. Me parece que ha quedado muy claro la voluntad de las y los legisladores de poder coadyuvar con tres días de la dieta. Independientemente de que no sea por escrito usted tiene la facultad, presidente, de procesal y parlamentariamente someterlo a consideración para no tener que enviar un escrito.

Si Nueva Alianza, el PRI y varios han manifestado su voluntad y el PRI lo ha propuesto, podríamos someterlo a votación y queda muy claro para que sea más oportuna. Esa es mi solicitud, presidente, someter a votación que se nos descuenten tres días de la dieta para el efecto. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada de la Torre. Sonido en la curul del diputado Guadalupe Acosta Naranjo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Ahora estoy acá. El punto de acuerdo que se va a votar, por expresión de la mayoría debería de ser de tres días, lo que no obliga a algún diputado que desee no entregar el recurso o entregar solamente un día.

Esta Cámara no puede hacer un descuento que un diputado no firme. Todo descuento pasa por la firma del diputado. Nuestra opinión más siendo de Nayarit, es que entre más se apoye a nuestro estado, al de Jalisco y al de Colima, mejor, pero hay que clarificarlo a los diputados que no lo comparten, que basta con que no lo firmen y no será descontado si no quieren, ni un solo día.

Mi opinión es que lo votemos por tres días y que ya pase la Mesa a votarlo y se exprese de manera nominal, para que cada quien diga sí o no y quede clara la voluntad de cada uno de los diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Tania Arguijo.

La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera(desde la curul): El Grupo Parlamentario del PRD también se solidariza con los afectados por el huracán, así que nos sumamos a los tres días de salario todo el Grupo Parlamentario del PRD. También solicitar al gobierno federal para que agilice los recursos del Fonden para que bajen inmediatamente a las zonas afectadas. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Eloísa Chavarrias.

La diputada Eloísa Chavarrias Barajas(desde la curul): Presidente, muchas gracias. Solo para pedir que se haga un exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y a su vez lo haga con la banca privada, porque los agricultores de los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán que tenían papayas y que tenían plátanos han perdido toda la cosecha.

Ellos tienen créditos a su vez con las bancas privadas, pero ya tienen que pagar, ¿De dónde van a pagar?, si ahorita no hay corte, todo se perdió. Y lo digo porque fui a ver huertas que están tiradas, está en el piso todo.

Entonces, hacer este exhorto y ojalá que todos podamos sumarnos para apoyar y respaldar a todos estos cuatro estados. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Noemí Guzmán.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (desde la curul): Señor presidente, en virtud de que las afectaciones a diversos cultivos de los diversos estados que fueron afectados por este huracán Patricia, le propongo en un punto adicional: para la atención del sector agropecuario y pesquero, se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que active el seguro catastrófico agropecuario de atención a desastres naturales y de esa manera poder atender mayormente las afectaciones agrícolas. Por su atención y el apoyo que segura estoy mis compañeros brindarán, en virtud de que este huracán tuvo afectaciones a la agricultura, poder considerarlo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Todas las adiciones que se están proponiendo, solicito que se hagan llegar a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva, a efecto de que las que no tuvieran alguna objeción, sino que fueran aceptadas, desde luego tuvieran el curso correspondiente en el sentido de que se han expresado aquí las opiniones de quienes han hecho propuestas adicionales.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (desde la curul):Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputada Sorallita, le doy a usted, bueno, a usted primero, primero usted. La diputada Soralla Bañuelos, por favor y luego allá, con el diputado Ramírez Marín.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solo para solicitar que cuidemos el espíritu de esta medida. Ayer en la Junta de Coordinación Política se acordó que era por unanimidad, de todos los partidos políticos, nadie se la puede adjudicar, es la voluntad de todos para aportar a un hecho tan noble y una causa tan justa, que todos reconocemos y evitemos que cualquier partido se la adjudique, es la voluntad de todos los legisladores participar en esta medida. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido allá en la curul del diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, para suscribir lo dicho por la diputada del Partido de Nueva Alianza. En segundo lugar, para proponer un procedimiento a fin de desahogar el punto en el que evidentemente todos estamos de acuerdo.

Efectivamente, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política tomado ayer por unanimidad marcaba un día, distintos grupos han votado hoy para que sea por tres días. De ser así, nosotros le pedimos que la votación se haga de manera nominal, tomando en cuenta la modificación de uno a tres días y quienes no estuvieran en posibilidad de aceptar, de manera personal lo manifestaran así a la Secretaría General posteriormente.

Lo importante es que, efectivamente, hay un acuerdo por unanimidad y lo importante es salvar ese espíritu de cuerpo que hoy está demostrando la Cámara de Diputados con los afectados por este huracán.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: :Gracias. Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Sí, diputado. Coincido con el diputado Ramírez Marín, es un acuerdo que se tomó ayer en la Junta de Coordinación Política, Morena va a ir por los tres días, pero también es importante señalar que se acordó que se hiciera llegar este recurso a través de la Cruz Roja, a través de una comisión plural donde estemos todos los partidos para hacerles llegar eso.

Por supuesto que estamos en una contingencia nacional desde hace mucho tiempo, Morena desde hace ratito lo detectó en educación y también aportamos en educación. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. La diputada Hortensia Aragón, sonido en su curul, por favor.

La diputada Hortensia Aragón Castillo(desde la curul): Estimado presidente, a mí me parece que este tema, como muchos otros, a los políticos nos cae de peso. Primero, porque uno debiera de ayudar sin esperar el reconocimiento público de nadie.

El tema es tan trascendental que se acaban de aprobar recursos en la Junta de Coordinación Política, dizque para arreglo de oficinas, ciento de millones de pesos, la mitad de eso debiera de ir para allá, pero debiera de tener facultades la Junta de Coordinación para dejar de hacer de estos espacios un evento de lucimiento político cuando la desgracia ajena es superior a cualquier interés de los que están aquí. Yo pido prudencia, que se vote como debe votarse este tipo de temas y que deje de querer adornarse quien no merece adornarse en este Congreso con la desgracia ajena.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Aragón.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada María de los Ángeles Rodríguez y votamos. Y pasamos a decidir ya. Creo que está bastante...

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para pedirles a mis compañeros y aprovechando que está la mayoría, me parece que estas medidas están bien. No las critico. Sin embargo, que no podemos estar, cada vez que pasa un desastre natural estar tapando el niño después de ahogado.

Yo creo que en la aprobación del Presupuesto de Egresos deberíamos de tomar el tema con seriedad, y no solamente el tema ya cuando el desastre natural está encima de nosotros. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. La Presidencia entiende, por las distintas intervenciones que se han dado y las propuestas de cómo desahogar el tema, es en el sentido de aceptar que la propuesta de acuerdo que aquí fue turnada por parte de la Junta de Coordinación Política y que fue leída ante la asamblea, es en el sentido de aportar un día. Pero distintas expresiones de los diversos grupos parlamentarios han expresado que el acuerdo sea no de uno sino de tres días. Y que en todo caso, si hubiere alguna objeción de alguien en lo particular, lo hiciere saber a la Secretaría General para los efectos correspondientes.

Nadie ignora, entiendo así, la importancia del fenómeno meteorológico que sucedió. De sus consecuencias, de las exigencias que nos plantea la nueva situación y que éste es un gesto de solidaridad de parte nuestra que no va a resolver, al final de cuentas, los problemas de fondo sino las medidas que se tomen, efectivamente, en distintos sentidos por las autoridades a las que corresponda.

Entonces, yo le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo...

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Vamos a pasar a votación, diputada. Después de la votación. Ya empezamos el procedimiento para votar, con todo respeto. Con la observación de que la diputada o diputado que emita su voto por la afirmativa estará de acuerdo en donar tres días de su dieta para atender dicha solicitud. Adelante.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.

(Votación)

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 447 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

Quedamos, además, en el entendido de que quienes por alguna razón no estuvieron presentes a la hora de la votación y quieran desde luego adherirse a esta decisión, lo pueden hacer por escrito comunicándolo así a la Secretaría. Continúe la Secretaría con acuerdos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, perdón, diputada. Una omisión de mi parte, diputada. Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Sí, presidente, con todo respeto. Muchas gracias a todas las diputadas y a todos los diputados. Yo conminaría a que el Ejecutivo libere los recursos del Fonden de manera urgente, porque hay mucha voluntad de los diputados, mucha voluntad de la gente afuera queriendo ayudar, pero requerimos que haya una ayuda institucional, sin partido, sin beneficio para unos y no para otros. Ese es mi llamado y espero que esta Cámara lo apruebe en su totalidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

La diputada Mariana Arambula Meléndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Mariana Arambula, por favor.

La diputada Mariana Arambula Meléndez (desde la curul): Gracias, presidente. Felicitar a la Junta de Coordinación Política por este acuerdo, al cual hoy que tuvimos sesión en la Comisión de Agricultura se votó por unanimidad para apoyar a todas las personas que están con estos daños por el paso del huracán. Esperamos que pronto se tengan respuestas y los estén apoyando. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada.

El diputado Jorge Tello López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Jorge Tello.

El diputado Jorge Tello López (desde la curul): Sí, nada más retomando las palabras del propio secretario de Gobernación, del jueves, donde él decía y señaló puntualmente que los recursos del Fonden ya no era necesario esperar meses, sino que era de manera inmediata. Nada más solicitarle que se lleve a cabo eso que él hizo mención en el Congreso.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se retoman, se registran las expresiones, y desde luego, todos estaríamos en esa idea como expresión de la urgencia y de la exigencia.

Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban el calendario y el formato de las comparecencias ante comisiones de servidores públicos de la Administración Pública Federal, con motivo del análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que el 1o. de septiembre del año en curso, en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República presentó su III Informe de Gobierno, en el que manifiesta el estado general que guarda la Administración Pública del país.

2. Que con fundamento en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7o., numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Cámara de Diputados inició, en sesión ordinaria del 8 de septiembre de 2015, el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República, clasificándolo por materias: a) política interior, b) política exterior, c) política económica, y d) política social.

3. Que con la finalidad de profundizar en el análisis del III Informe de Gobierno, específicamente en lo relativo a la política económica, la Cámara citó a comparecer ante el Pleno al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el 1° de octubre de 2015.

4. Que de conformidad con los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cada una de las cámaras podrá citar ante comisiones a secretarios de Estado y a directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

5. Que el 30 de septiembre de 2015, en acatamiento del artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, el Pleno aprobó la constitución de las cincuenta y seis comisiones ordinarias de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

6. Que el 19 de octubre del presente año, la Cámara de Diputados aprobó el calendario y el formato de las comparecencias ante comisiones de los titulares de las secretarías de Economía, de Educación Pública y de Gobernación, con motivo del análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República.

7. Que con el objeto de continuar el análisis del estado general que guarda la Administración Pública del país, así como enriquecer el diálogo republicano entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer ante comisiones a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública.

8. Que con base en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno, puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Con el propósito de continuar el análisis del estado general que guarda la administración pública del país, así como enriquecer el diálogo republicano entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprueba citar a comparecer ante comisiones a los servidores públicos de la Administración Pública Federal que a continuación se señalan:

Segundo.Las comparecencias se desahogarán conforme al siguiente formato:

I. El servidor público compareciente rendirá protesta de decir verdad.

II. Presentación a cargo del servidor público compareciente, hasta por 15 minutos.

III. Una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios y del diputado independiente, hasta por cinco minutos cada uno, en orden creciente:

a) Diputado independiente;

b) Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social;

c) Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;

d) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;

e) Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional;

f) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

g) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

h) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; e

i) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

IV. Dos rondas de sucesivas preguntas y respuestas, en orden creciente, con base en los siguientes lineamientos:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

b) Respuesta del servidor público compareciente, hasta por tres minutos.

V. Una ronda final para preguntas, respuestas y comentarios, en orden creciente, de conformidad con las siguientes características:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

b) Respuesta del servidor público compareciente, hasta por tres minutos.

c) Comentarios del grupo parlamentario, un minuto.

Tercero. Con fundamento en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a fin de que se notifique a los servidores públicos correspondientes.

Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes, diputada secretaria. Sonido en la curul del diputado Federico Döring. ¿Con que propósito?

El diputado Federico Döring Casar(Desde la curul): Gracias, presidente. Solo antes de que inicie la consulta en votación económica, dejar claro que el voto del Grupo Parlamentario de Acción Nacional será en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Sonido en la curul del diputado Omar Ortega.

El diputado Omar Ortega Álvarez (Desde la curul): Gracias, presidente. En los mismos términos, también el Partido de la Revolución Democrática, votará en contra de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Entonces, pasaríamos... continúe la Secretaría las expresiones a favor o en contra, se expresaran igualmente en la propia votación.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

AGENDA POLÍTICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el de comentarios relativos al proceso electoral en el estado de Colima. Se han registrado para referirse al tema distintas diputadas y diputados. En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

El diputado Abdies Pineda Morín:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por mi conducto, se congratula de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la elección de gobernador en Colima.

Las y los diputados de Encuentro Social estamos convencidos que todas las instituciones del Estado deben de garantizar en todo momento el ejercicio democrático de los ciudadanos y se debe de castigar, de manera ejemplar cualquier intento por trastocar el pleno ejercicio democrático de los ciudadanos.

En ese sentido, es que nos declaramos a favor de la histórica resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con gran responsabilidad y sentido jurídico aplicó la ley sin vacilaciones, y resolvió anular la elección para gobernador en estado de Colima por considerar que la intervención de las autoridades estatales de Colima trastocaron de manera grave y definitiva el principio de neutralidad sobre el que debe de estar basado cualquier proceso electoral que se digne de llamarse democrático.

Sin embargo no podemos dejar de señalar que en los pasados procesos electorales existió por parte de los partidos grandes, una generalizada y grave violación a nuestra ley electoral.

En Colima se pudo anular la elección por lo cerrado de la elección, pero existen infinidad de casos en los que se violentó la legislación electoral para beneficiar a uno de los candidatos, y la autoridad judicial con sus resoluciones validó esos triunfos viciados e ilegales.

Este es el caso de los habitantes del municipio de Benito Juárez, Nuevo León, donde las autoridades jurisdiccionales cedió ante la presión de las dirigencias estatales y resolvió anular el voto de cientos de ciudadanos de manera libre y responsable que emitieron su voto el pasado 6 de julio.

Resulta ofensivo que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya aceptado como prueba superveniente un acta notarial para sobre esa prueba anular la votación ciudadana en las siete casillas, violentando con ello la voluntad cívica del electorado.

En ese sentido, la resolución de la Sala Regional que modificó de manera inadecuada el sentido de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral en el estado de Nuevo León resulta insostenible y establece un pésimo precedente para la democracia de nuestro país.

Es por lo anterior que las diputadas y los diputados de Encuentro Social seguiremos defendiendo ante las instancias legales correspondientes el triunfo en las urnas de nuestro compañero Américo Garza Salinas, quien ganó en lid la elección para alcalde en el municipio de Benito Juárez, Nuevo León, y que hoy las aplanadoras partidistas le quieren robar en tribunales su legítimo triunfo.

Compañeras y compañeros, Encuentro Social exigimos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la irrestricta aplicación de la Ley Electoral. La resolución de anular la elección para gobernador en Colima debe servir como precedente para las elecciones del año próximo. No más simulaciones ni desafíos a la Ley Electoral. Es todo y cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Pineda. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Partido de Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, compañeras diputadas y compañeros diputados, en Nueva Alianza respetamos la institucionalidad de nuestra democracia que hemos construido en los últimos 30 años. Acatamos la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que llevó a la anulación de la elección para gobernador del estado de Colima, celebrada el pasado 7 de junio.

Estamos convencidos de que las reglas de la democracia deben prevalecer más allá de que seamos o no seamos beneficiados de las decisiones de la autoridad jurisdiccional. Consideramos que la anulación de una elección para gobernador nos debe servir para hacer reflexión y reflexionar sobre los alcances e insuficiencias de nuestro sistema electoral, la eficacia de las instancias que tienen la obligación de organizar las elecciones, el órgano jurisdiccional que revisa los actos de las campañas electorales, pero sobre todo la actuación de los contendientes y los servidores públicos.

Una de las lecciones es que no deben utilizarse los programas sociales para favorecer a ningún partido político. Otra lección es que la elección del próximo año y en concreto la extraordinaria de Colima, serán las más vigiladas de la historia.

Todos y cada uno de los que participamos en los procesos electorales tenemos la obligación de respetar la ley, pero lo más grave es cuando un funcionario público omite con su actuación negligente refrendar su mandato con la legalidad. Eso no sólo tiene implicaciones jurídicas que las autoridades deberán determinar en su momento, sino tiene efectos políticos en el proceso de renovación de las autoridades y en la confianza de la ciudadanía en los comicios electorales.

Quienes hayan intervenido por comisión u omisión en esta conducta negligente que llevó al Tribunal a anular la elección, deben responder ante las autoridades y asumir la responsabilidad que se derive de su conducta, ya que por su actuar el voto de los colimenses fue vulnerado al no poder hacer válido por la opción que ganó en las urnas.

Por si ello fuera poco, nuevamente los colimenses tendremos que erogar recursos públicos, que hay que decirlo, no los tenemos, para la reposición del proceso electoral, las cuales podrán costar hasta 100 millones de pesos y retrasará la renovación de la gubernatura en nuestro estado, Colima.

A diferencia de otros partidos políticos, en Nueva Alianza nuestro compromiso con la democracia no depende ni dependerá de cuánto nos podemos beneficiar de ella. Rechazamos esa idea maniquea de aquellos que cuando ganan las elecciones es resultado de la voluntad popular, pero cuando pierden, así sea por un solo voto o más, señalan con el dedo flamígero fraude en su contra.

Refrendamos nuestro compromiso inalienable con los principios democráticos que dan certeza a los procesos electorales y el respeto a las instituciones de nuestra democracia.

En Nueva Alianza estamos preparados para contender solos, pero mantener y seguimos manteniendo nuestra disposición para dialogar con quien fueron y han sido nuestros aliados. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Pinto. Hasta por cinco minutos tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidente. Con el permiso de los diputados presentes en esta sesión. En Movimiento Ciudadano creemos que la discusión del conflicto postelectoral en Colima es una nueva oportunidad para decirle a los mexicanos que esto se trata otra vez del falso pleito que escenifican en algunas contiendas locales, en algunas regiones muy específicas el PRI y el PAN, como si se trataran de proyectos distintos, pero que nosotros vemos todos los días, en esta Cámara de Diputados y también en la forma de actuar frente a los procesos electorales, que representan lo mismo.

Es un acto criminal desviar recursos que deberían ir a quienes más lo necesitan, desviar recursos que deberían entregarse mediante padrón y con transparencia a los más desfavorecidos, para lucrar políticamente.

El secretario de Desarrollo Social de Colima no solamente debería estar siendo juzgado por impertinente y por una actuación ilegal en materia electoral, ese funcionario tiene que acabar en prisión y tiene que acabar en prisión también el gobernador Mario Anguiano, que permitió que su gabinete se comportara de manera ilegal en la elección del estado de Colima.

Pero no se enfrenta a ellos una opción distinta, como la que el PAN quiere representar, también el Tribunal Electoral ha dicho que no está solucionado el tema delos gastos de campaña, del tope de gastos de campaña del candidato a gobernador del PAN, que para quienes visitamos el estado en esta contienda electoral fue muy evidente el absurdo derroche, el desprecio por la ley, el desprecio por el tope de gastos de campaña, de las campañas, sobre todo de la campaña a gobernador de Jorge Luis Preciado.

Nosotros también estamos planteando que se debe investigar otro asunto más que está en la sentencia del tribunal y que tiene que ver con una posible fabricación de pruebas, con los cuadernillos del padrón electoral, en donde Jorge Luis Preciado y su equipo jurídico y el PAN han hecho incluso creer que habían votado los muertos en Colima. Porque hay que ponerle atención a las resoluciones y a las sentencias que han venido dando las instancias correspondientes en esta materia, especialmente al Tribunal Electoral, que en el resolutivo quinto ordena dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investigue, a quien resulte responsable, por la posible utilización indebida de los listados nominales aportados ante autoridades jurisdiccionales.

Movimiento Ciudadano va a competir en la elección de Colima, en la elección extraordinaria con la firme convicción de que un estado, que ha estado atrapado por el autoritarismo y por una clase política corrupta, con muy poca estatura, no merece más ser presa o estar puesta a la disyuntiva entre dos opciones políticas que se acusan mutuamente a ver quién viola la ley de una manera más burda. Ahí están las pruebas de lo que hizo el PAN en el proceso electoral y ahí están las pruebas de la forma facciosa e ilegal en la que se comportó el gobernador y el PRI.

Nosotros somos la tercera alternativa en Colima, ya lo representamos hoy, ya tenemos líder y candidato, que es el único que no está acusado de fraudes a la ley, que no está acusado de delitos penales en esta contienda y que es el único que dio la cara, como se merecía el pueblo de Colima, ante el atraco ilegal, que también encabezó Mario Anguiano, con la deuda más abultada en la historia del estado.

Nosotros vamos a ir a que estos asuntos lleguen hasta las últimas consecuencias, no sólo es un asunto electoral, algunos gobernadores de este país, algunos funcionarios en este país tienen que llegar a la prisión, para que los mexicanos sepan que no se puede jugar con el destino de los más pobres y no se pueden condicionar programas sociales a cambio de votos.

Se tiene que dar la muestra de que ni el fuero ni la inmunidad son licencias para robar o licencias para desfalcar el erario. Nosotros vamos a acompañar esa lucha del pueblo de Colima y de miles de ciudadanas y ciudadanos libres, y también vamos a estar en la contienda y le vamos a ganar al PRI y al PAN, con el apoyo de los ciudadanos libres de Colima. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Saludamos la presencia de alumnos que nos visitan de la Universidad Veracruzana, invitados por el diputado Adán Pérez Utrera. Bienvenidas y bienvenidos amigos a este recinto legislativo. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Gracias, diputado presidente. Colima siempre fue, para el resto del país, para los que nacimos y vivimos ahí alguna vez, una suerte de lugar mítico, un pequeño paraíso que fue presa de los dos grandes problemas de México: el narcotráfico y el estancamiento económico nacional.

Colima fue una promesa de progreso que no se cumplió. Los grandes desarrollos turísticos de los años ochenta. La primera gobernadora. La idea de que ahí donde había buenos niveles de vida, donde había poca pobreza estaba destinado a ser un día un lugar próspero pero no fue así, el progreso nunca llegó a Colima.

Hoy Colima está más cerca de Iguala que de Aguascalientes o de San Luis Potosí. Hoy Colima es un lugar en donde el narcotráfico determina buena parte de lo que sucede, y por eso no es coincidencia que la violencia política sea la regla de lo que está sucediendo en ese estado.

Es un estado que de las tres anulaciones a una elección de gobernador, dos se han dado ahí. En donde una disputa permanente entre grupos políticos, el de la universidad, el del gobierno que no ha permitido el desarrollo ni de una sociedad civil moderna ni de instituciones políticas democráticas.

Es un estado en el que atrapado entre las dos grandes zonas de tráfico de drogas del país, y entre un puerto que es el que más exporta drogas a los Estados Unidos ha sido verdaderamente colapsado por el crimen organizado y por una forma de vida que tiene qué ver ahora con convivir todo el tiempo con delincuentes y con narcotraficantes.

El país le deba a Colima algo más. Le debe a Colima verlo de manera distinta. Es un estado que según los análisis de Coneval publicados recientemente, en los últimos tres años duplicó el número de sus pobres extremos.

Es un lugar donde las políticas públicas de combate a la pobreza no llegan, porque se dice que es un lugar ya próspero y donde la calidad de vida es bueno. Pero eso no es verdad, es un lugar que requiere ser desarrollado y requiere de políticas distintas.

Lo que vimos en los últimos días fue la disputa entre grupos de poder. Un gobernador que apoyó el PRI y un gobernador que apoyó el PAN. Distintos grupos políticos que se disputaron literalmente, a la muerte, el poder en un estado como en el viejo oeste.

Colima vive una regresión política que este país no puede permitir. Las elecciones se anularon porque nunca fue claro quién hizo más trampa entre los dos principales candidatos involucrados. Que sirva de ejemplo lo que pasó en ese estado para de veras renovar la vida pública en México y poder construir instituciones sólidas a nivel local, eso es lo que no tenemos.

Lo que no tenemos es una opinión pública a nivel local que le haga rendir cuentas a los gobernantes. Lo que no tenemos son instituciones de transparencia a nivel local que garanticen ese derecho a los ciudadanos. Lo que no tenemos es instituciones electorales locales, a pesar de la reforma nacional que garanticen que el voto no se compre y que no haya un exceso en los gastos de campaña.

Sucede algo grave ahí, este es un llamado de auxilio, es un llamado de atención. Esta región puede seguir, puede ser la siguiente región presa todo el tiempo del narcotráfico, de la violencia, de no respetar los derechos humanos de las personas.

Ojalá la siguiente elección sea distinta. Ojalá la siguiente elección sí cuente con un árbitro electoral que sea independiente. Ojalá la siguiente elección no tenga la intervención del gobernador del estado que, insisto, tocó a distintos partidos políticos, no solamente a una. Ojalá la siguiente elección en Colima sí sea una oportunidad para que la gente de ese lugar vuelva a tener el sueño de un lugar que progresa, de un sueño de un lugar que sí tiene condiciones de vida adecuadas, de un lugar que puede salir adelante, que fue siempre, fue siempre la gran promesa de ese lugar que no se concretó.

Colima representa hoy el fracaso de la democracia mexicana, el fracaso de no haber construido a nivel local instituciones de gobierno que garanticen una gobernanza democrática. Gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Llerenas. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez:Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados. Las elecciones en el estado de Colima, del pasado 7 de junio, permitieron la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el ámbito local. En estos comicios fue electo como titular del Poder Ejecutivo del estado por un periodo de seis años, el candidato de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza, a José Ignacio Peralta Sánchez, cuyo triunfo –como ya es conocido por todos– fue impugnado por quienes no tuvieron la confianza mayoritaria de la ciudadanía.

Como ya se ha manifestado en esta tribuna, el Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, con cuatro votos a favor y dos en contra de los magistrados, decidió anular la elección en la que resultó ganador nuestro candidato, con el argumento de que hubo injerencia de funcionarios públicos en dicho proceso.

En consecuencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado designar a un gobernador interino que asuma el cargo el próximo 1 de noviembre, en tanto se convoca a una nueva elección de carácter extraordinario para renovar el Poder Ejecutivo Estatal. Además, por instrucciones del propio Tribunal Electoral, la organización de dicho proceso será responsabilidad del Instituto Nacional Electoral.

Después de esta breve recapitulación de los hechos, es importante resaltar que si bien es cierto que se anuló la elección, no fue porque estuviera viciado el proceso en sí mismo, ya que no hubo prueba alguna de que los votos hayan sido mal habidos. De hecho, hubo un cómputo y un recuento en donde se mostró que la votación, efectivamente, la ganó el licenciado Ignacio Peralta.

Cierto es que la diferencia fue mínima, pero en democracia se gana y se pierde por un simple voto y los participantes estamos obligados a respetar los resultados. Es por eso que en el Partido Verde Ecologista de México respaldamos los resultados de la misma manera en que defendimos el triunfo.

Sabemos que los medios de impugnación permiten que en la última instancia el Tribunal Electoral sea el que defina la anulación de una elección. Creemos que se debe respetar la resolución de los órganos jurisdiccionales.

Creemos en las instituciones y estamos entendidos que el Tribunal actuó en todo momento con apego a la ley, y que es menester que se sancione a los responsables. Por eso, nuestro candidato acatará el resolutivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estamos seguros de que en la próxima elección extraordinaria que habrá de llevarse a cabo en próximas fechas la ciudadanía refrendará su voto de confianza que ha depositado en José Ignacio Peralta, y volveremos a ganar la gubernatura del estado. Nos respaldan los 119 mil 437 votos que nuestro candidato obtuvo y que fueron suficientes para superar a los candidatos de las otras fuerzas políticas.

Nos someteremos nuevamente a la prueba de las urnas, confiados en que nuestro candidato obtendrá el voto mayoritario de los colimenses. Y no quedará duda alguna de la transparencia, la certeza y la equidad en los comicios.

Además, confiamos en que se hará justicia por parte de las autoridades, y la Fepade investigará y sancionará los hechos ilícitos del candidato del PAN por la alteración de las listas nominales para intentar justificar irregularidades en la votación. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Avendaño. Tiene el uso de la voz la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes:Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciamos a favor de la legalidad y la equidad. En los procesos electorales federales y locales que consideramos de gran transcendencia, las decisiones de los órganos electorales que organizan y conducen nuestros comicios.

Por ello, estimamos como de gran valía la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitió un fallo que podemos calificar como histórico, con la anulación de los comicios en el estado de Colima.

Esta decisión fue fundamentada en una sentencia que tomó en cuenta una prueba que finalmente dejó al descubierto, con toda claridad y certeza, la intervención del gobierno del estado a favor del candidato oficial del PRI, con una operación política, con el sello distintivo del viejo PRI.

En Colima tenemos un gobierno dictatorial, cada seis años debido a que no se ha podido dar ni siquiera una alternancia en el ejercicio del poder estatal, tenemos un viejo PRI que se produce cada fin de sexenio, porque dicen en el estado, que el gobernador saliente pone al nuevo gobernador. Así es como se práctica la pseudodemocracia. Esta es la gran aportación de la clase política priista, la cual mantiene el control del estado en la entidad.

La intervención del gobierno del estado fue descarada con la manipulación de programas sociales, reparto de despensas y la represión e inducción de los votantes. Para acabar de empeorar las cosas, la confesión del secretario de Desarrollo Social del estado que descaradamente reconoció su propia intervención para coordinar los operativos de compra de voto, una conducta que debe ser perseguida por las autoridades judiciales, ya que constituye no solamente delitos electorales, sino que también la posible desviación de los recursos públicos de la hacienda estatal, lo que no puede quedar impune, así como quisiera el gobierno de Mario Anguiano.

Hoy que la autoridad electoral ha encontrado prueba suficiente para anular este proceso viciado de origen, el segundo que se anula, al igual que en el 2003 coincidentemente por la violación al artículo 59 de la Constitución local.

Habida cuenta de la intromisión del gobernador en turno en el proceso electoral para favorecer al candidato del PRI, con esta sentencia el Tribunal Electoral permitió que el proceso democrático en el estado retomara su cauce con la base mínima de apoyo. Gracias a esto, los colimenses podrán pronunciarse nuevamente con libertad sobre el destino que pretende seguir en los próximos seis años, sobre el proyecto político y la agenda de gobierno de otra fuerza política.

En este sentido nuestro grupo parlamentario se pronuncia porque se cumpla la ley, y se respete la equidad en el proceso electoral extraordinario venidero. No podemos permitir que en los procesos electorales, tanto federales como locales, se sigan reproduciendo estas prácticas antidemocráticas y autoritarias que buscan preservar el estatus de las mafias en el poder.

Colima debe abrirse a la transición democrática para empezar con una nueva alternancia en el gobierno del estado. La alternancia sería la mejor forma de evitar que escale la violencia política en el estado, que se acepte la competencia abierta de todas las fuerzas políticas, que se respete la legalidad y la equidad electoral. Eso es lo que queremos en el PRD, y eso es por lo que lucharemos en el próximo proceso electoral extraordinario que convocará nuestra autoridad electoral. Otra cosa, compañeros, también en el PRD tenemos una candidata honesta, Martha Zepeda. Es cuanto.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Beltrán. Tiene ahora la palabra el diputado Miguel Ángel Yunes Linares, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue creado con sus actuales facultades y características en 1996, va a cumplir 20 años. Desde entonces se han celebrado casi 100 elecciones para gobernador, de las cuales se han impugnado 48 y se han anulado 3.

En los tres casos el tribunal ha procurado tutelar tres valores jurídicos que deben regular los procesos electorales:

1. El principio de legalidad

2. Garantizar elecciones libres y auténticas, y

3. El principio de imparcialidad.

En el año 2000 el tribunal anuló la elección para gobernador del estado de Tabasco, en 2003 el tribunal anuló la elección para gobernador del estado de Colima y en 2015 anuló nuevamente las elecciones para gobernador en el estado de Colima. En estas tres nulidades decretadas por el tribunal la causal más importante fue la intervención del gobernador del estado para favorecer a quienes fueron candidatos del PRI. Es decir, en el Trife el PRI lleva record perfecto, de 3, 3.

El caso de Colima es paradigmático, en su resolución el Trife expresamente señaló que se pretende evitar que por interpósita persona el gobernador infractor defraude la finalidad de la ley, la cual persigue proscribir su intervención en funciones que no le corresponden.

Lo anterior confirma que hay quienes siguen pensando que nada ha cambiado en México y que las elecciones serán por siempre una competencia de partidos contra gobierno, y no un asunto exclusivo de ciudadanos y de partidos.

La lectura de la expediente trajo a mi memoria una famosa serie de televisión y tres películas, Walking Dead, un relato de zombis; Hannibal, en la que Anthony Hopkins magistralmente interpreta un enfermo mental recluido en un hospital psiquiátrico; Harry Potter con su escoba mágica, y la Ley de Herodes, gran película mexicana. Y es que en el expediente de Colima se relata cómo los zombis se levantaron de su tumba para votar, como en Walking Dead.

¿Cómo alguien recluido en un hospital psiquiátrico pudo salir a votar?, ¿Cómo paisanos de Colima que trabajan del otro lado de la frontera pudieron venir a votar y regresar a los Estados Unidos el mismo día?, seguramente con el apoyo de la escoba mágica de Harry Potter.

Pero lo que realmente me impacto del caso Colima fue la gran semejanza con la cinta del director Luis Estrada, que inauguró el siglo XXI exhibiendo al sistema político mexicano con su extraordinaria película La Ley de Herodes, y es que lo de Colima, si no fuera trágico para la democracia sería cómico.

Les pido que escuchemos esta joya de la arqueología electoral, esta son las instrucciones que el secretario de Desarrollo Social de Colima, Roberto Salazar Velasco, dio a una trabajadora de esa dependencia, Claudia Ivonne Contreras, quien tuvo el valor de grabarlo y denunciarlo.

Dijo este demócrata colimense: “Lo que ocupa de usted en este momento es apoyar al candidato a gobernador, apoyar a Óscar, apoyar al gobernador. Tú estás aquí por el gobernador. Hay que apoyar a Nacho, que era el candidato del PRI a gobernador. A Quique, a Alma, que admira al gobernador, la tenemos que apoyar.

Lo siguiente no tiene desperdicio, es una ley no escrita en la política: gobernador deja a gobernador; presidente deja a presidente. “Ésta es tu responsabilidad, le dice, y si tú estás aquí por Mario, es decir por el gobernador, es apoyar a Mario para que deje a un gobernador y todo listo”. Toda una joya.

Me dice que Giovanni Sartori, el destacado politólogo italiano, está buscando a Salazar Velasco para que le permita tomar esta lección de democracia y poder agregarla a su última obra, denominada Democracia en 30 lecciones, que de Colima en adelante se denominará Democracia en 31 lecciones.

Seguramente Juan Linz, maestro en Yale, de democracia y en especial analista de los regímenes totalitarios y autoritarios, estará deseando desde su tumba de New Haven conocer esta revelación de la teoría de la democracia que tenemos en Colima. Cuánto hubiera querido el respetado maestro Jorge Carpizo tenerlo a su lado para que le apoyara a escribir el capítulo de Facultades metaconstitucionales del presidencialismo en México, obra cumbre de Carpizo y del constitucionalismo mexicano.

Pero no, compañeras y compañeros, a Salazar Velasco no lo buscan ni en Harvard ni en Yale ni en Florencia, lo busca la justicia hoy y lo busca Luis Estrada, el director de la afamada película La Ley de Herodes, para que ocupe el principal papel en la próxima producción en la que terminará de ridiculizar a ese México que no se quiere ir, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI.

Compañeras y compañeros, esto no puede seguir, tomo la palabra de un destacado priista presente en esta sesión que hace unos meses dijo lo siguiente: Necesitamos renovar nuestras instituciones y no lo vamos a hacer con los mismos modelos, estamos cayendo en la perfecta definición de idiotez. Un idiota –dijo– es el que repite mil veces el mismo error y nosotros, pese al fracaso de nuestro modelo, insistimos e insistimos en ese modelo. Esa es una confesión de parte.

Sí, esto tiene que cambiar y el tribunal ha enviado un mensaje fuerte a todos los gobernadores del país. Falta algo que tenemos que agregar, que los partidos beneficiarios de la trampa deben pagar el costo de la elección extraordinaria con cargo a sus prerrogativas.

–Termino–. Esto sería una especie de reparación del daño. Estoy seguro que Jorge Luis Preciado volverá a ganar las elecciones en Colima.

Termino con lo siguiente. Voy a enviar a todos los gobernadores que tienen en sus estados elecciones el año próximo, enmarcado el artículo 134 de la Constitución, en su fracción VII, que dice: Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Yunes. Saludamos la presencia del presidente municipal del municipio de Campeche, Edgar Hernández Hernández, invitado por el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal. Tiene por último la palabra el diputado Enrique Rojas Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Enrique Rojas Orozco:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados, es triste venir y escuchar a gente que con tanta incongruencia se para en esta tribuna. La historia o la película de otros se pudiera llamar Los cuatrocientos pueblos, quizá sería pornográfica. Hay que tener autoridad moral para venir aquí, los veracruzanos recuerdan muy bien 1992, época de represalias, gente que está siendo investigada aún.

Coincido, no debe haber intervención de ningún gobernador, y en el PRI no compartimos el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la anulación de la elección del gobernador de Colima.

Sin embargo, respetamos y acatamos, somos un partido de respeto, de leyes, de respeto a nuestras instituciones. Pero lo que también quedó confirmado en esta elección, es que los votos cayeron limpiamente, es que las urnas se transmitieron a favor de Nacho Peralta.

Definitivamente quien ganó en Colima fue el PRI, con nuestro candidato Nacho Peralta. Hubo cómputo, hubo recuento de votos, se contó voto por voto en casilla por casilla. Y digámoslo con claridad, jamás, jamás se acreditó que esa conversación del funcionario estatal se haya materializado, que este hecho personal haya influido en la elección con una injerencia real. Nunca se materializó dicho suceso.

Ningún voto ganado por el PRI fue al margen de la ley, lo que sí es importante enfatizar y señalar, es que el Partido Acción Nacional miente, engaña, distorsiona, porque no fue cierto que los muertos votaron, no fue cierto que los migrantes votaron, así quedó acreditado en voz de los magistrados en la sesión de la Sala Superior, en donde se certificó además que se falsificaron pruebas y se manipularon las listas nominales para prefabricar dichas pruebas, tanto así que los mismos magistrados dieron vista a la Fepade para investigar y castigar a ese partido. Se acredita pues, que mienten y engañan.

Colima, Colima es tierra de gente buena, gente trabajadora, y esto, esto mismo que hoy ya nos pasó, en el 2003 lo vivimos, llevándonos a una elección extraordinaria a los colimenses, pero estos nos ratificaron la confianza y asimismo va a volver a ocurrir, porque no se puede ganar en la mesa lo que no se sabe ganar en el territorio.

Por eso, el PRI y nuestros aliados vamos a volver a ganar, los colimenses ya lo decidieron el pasado 7 de junio y así será nuevamente.

Colima es un estado democrático, los campesinos, las amas de casa, los burócratas en general. La mayoría de los colimenses mandan, por eso les vamos a volver a ganar. Vamos pues, no solo con la fuerza de los votos, también con la fuerza de la razón, de la propuesta.

Por eso en Colima defenderemos con todo la voluntad de los colimenses y así ratificaremos con un triunfo electoral. Va por Colima.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rojas. Con esto concluimos el punto de agenda política.

Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Internacional:

• Que el diputado Liborio Vidal Aguilar cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Liborio Vidal Aguilar cause alta como secretario en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

Reciba un cordial saludo

Atentamente

México, Distrito Federal, a 27 de octubre 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 27 de octubre 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez cause baja como secretario de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Miguel Ángel Sedas Castro cause alta como secretario en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Arturo Álvarez Angli cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez cause baja como secretario de la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Arturo Álvarez Angli cause alta como secretario en la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), y 141, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, por lo que respecta a los diputados a la LXIII Legislatura:

• Que el diputado Tristán Manuel Canales Najar, del Grupo Parlamentario del PRI, cause alta.

• Que la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, cause alta.

• Que el diputado Armando Soto Espino, del Grupo Parlamentario del PRD, cause alta.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56 de la Ley de Seguridad Nacional, le ruego someter a consideración del Pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, por lo que respecta a los diputados a la LXIII Legislatura:

• Que el diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, cause alta.

• Que el diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, cause alta.

• Que el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, cause alta.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 2015.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan(*), publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Las adhesiones a iniciativas que se soliciten a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, desde hoy y hasta la siguiente sesión ordinaria serán aceptadas.

EFEMÉRIDES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Asimismo, se invita a los proponentes de efemérides para que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LA MUJER AL VOTO

«Efeméride con motivo del sexagésimo segundo aniversario del reconocimiento del derecho de la mujer al voto, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

La sublime religión del pensamiento está en avanzar, en volar alto, en mirar lejos, en ser fuerte, en ser grande

Salvador Alvarado

Celebrar el 62 Aniversario de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 34 Constitucional, es relevante por el impacto que generó en el marco jurídico mexicano y porque fue el inicio de la transformación de la sociedad mexicana en la que se contempla la participación en asuntos públicos de las mexicanas como ciudadanas de la patria.

La iniciativa de reforma presentada por el C. Presidente Alfonso Ruíz Cortines turnada a la Cámara de Diputados en 1952, el diario de debates del 22 de diciembre de ese mismo año y el Diario Oficial de la Federación del 17 de Octubre de 1953 dan muestra fehaciente del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres mexicanas, atrás quedaron los posicionamientos en contra de los derechos civiles de las mujeres en nuestro país, se antepuso el principio de igualdad de todos los individuos que forman una nación ante la ley.

Mismo criterio que inspiró la transformación jurídica y política del estado mexicano, desechando los principios seculares sobre la inferioridad e incapacidad en la vida civil de las mujeres.

Lo anterior no solamente fue una acción congruente con los principios de la más pura democracia, sino q constituyó un acto de justicia para las ciudadanas mexicanas que durante años lucharon por este reconocimiento.

Recordemos, por ejemplo, los pronunciamientos de Hermila Galindo Acosta, quien junto con un grupo de mujeres enviaron al Congreso Constituyente de 1917 un oficio para que reconocieran los derechos de las mujeres en nuestra Carta Magna, si bien dichas peticiones no fueron atendidas en ese entonces, sus palabras siguen vigentes en el corazón de las mujeres, Hermila fundamentaba la igualdad de derechos entre mujeres y hombres diciendo que:

“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos (...), las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres; la mujer paga contribuciones, la mujer ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado.

Así pues, para las obligaciones, la ley considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón”.

El reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido reiteradamente producto de una lucha de generaciones de mujeres, basta recordar: a las participantes del Primer Congreso Feminista en Yucatán en 1916; la demanda al voto femenino en el Congreso Constituyente de 1917; Congreso Nacional Feminista, , Frente Único Pro derechos de la Mujer, la Alianza Nacional Femenina, el reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales desde los años 20´s; la Reforma al artículo 34 Constitucional de 1953 (a la que hacemos referencia en esta efeméride), reforma de 1974 al artículo 4to Constitucional (logrado en el marco de la Organización de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en nuestro país y en la que se establece la igualdad entre mujeres y hombres).

Si bien ya se habían realizado planteamientos y trabajos en relación al voto de la mujer, no fue sino hasta el histórico mitin de más de 20 mil mujeres en el parque 18 de marzo de la Ciudad de México, el 6 de abril de 1952 que Adolfo Ruiz Cortines se compromete “si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre”, un año después, ya como presidente cumplió su palabra y promulgó las reformas constitucionales que reconocieron el derecho al voto de las mujeres en el ámbito federal.

Con este acto se cumplía el sueño de muchas mujeres que nos antecedieron; se consumaba una lucha y comenzaba otra que aún no concluye, este reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino resultado de movimientos internacionales y locales a favor de los derechos de las mujeres y en específico del sufragio femenino.

A 62 años de esta conquista social, es fundamental y acto de justicia no olvidar a quienes alzaron la voz, a quienes continuaron la lucha y abrieron camino para que las mexicanas sigamos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos, las recordamos y honramos a diario su memoria; Hermila Galindo Acosta; María Castillo; Elvia Carrillo Puerto; Raquel Dzib Cicero; Beatriz Peniche de Ponce; Aurora Jiménez de Palacios; María del Carmen Martín del Campo; Alicia Arellano Tapia; María Lavalle Urbina; Griselda Álvarez Ponce de León y en general a todas y cada una de las mujeres que se sumaron a la lucha y alzaron la voz, sin su contribución, difícilmente estaría el día de hoy en esta tribuna.

Esta Honorable Cámara de Diputados ha sido testigo del avance en la integración de las mujeres a la vida política, ya que si nos remontamos a la quincuagésima quinta Legislatura, sólo había 44 legisladoras, es decir 8.8%.

Las cuotas de género establecidas en 1997 y en 2002 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fueron un parte aguas sustancial, ya que esta acción afirmativa generó mayor inclusión de la mujer en puestos de toma de decisiones, ello se vio reflejado en la quincuagésima novena legislatura en 2003 que se integró con 124 diputadas, representando así el 24.9%.

En este sentido, no podemos hablar de avances en la participación política de la mujer sin referirnos a la sentencia histórica sobre los juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-12624/2011 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2011, que estableció, entre otras cosas, que la integración de las fórmulas de candidatos fuera integrada por un mismo género en candidaturas a Diputaciones Federales y Senadurías, así como el cumplimiento de la paridad de género con independencia del método de selección de candidaturas a cargos de elección.

El principio constitucional de la paridad en candidaturas a Diputaciones Federales y Locales, abre un sin fin de oportunidades para que las, mujeres accedan a puestos de toma de decisiones, bajo este principio de paridad, la LXIII Legislatura está integrada por 211 Diputadas, es decir el 42% del total de Diputados.

Compañeras y compañeros:

Luchar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, es luchar por la sociedad misma, es reconocer la lucha de miles de mujeres que lo dieron todo para asegurar un mejor futuro para las mujeres, hoy, a 62 años de haber transitado del reconocimiento del voto femenino a la paridad, aún hay mucho por hacer para asegurar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres mexicanas y en memoria de esta lucha histórica reprobamos toda acción y todos los tipos de violencia que atenten contra las mujeres y el ejercicio libre de sus derechos políticos, a nuestras compañeras de lucha les decimos que no están solas, que desde esta honorable cámara defenderemos sus derechos, porque los derechos humanos no son negociables, todas las mujeres, todos nuestros derechos, todos los días.

Como integrante de la primera Legislatura producto de la paridad ratifico mi compromiso inquebrantable por seguir trabajando para lograr un México más Justo e Incluyente.

Muchas gracias.»

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

«Efeméride con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Quien suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente efeméride, relativa al Día Mundial contra el Cáncer de Mama; al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) octubre es, a nivel mundial, el mes de Sensibilización contra el Cáncer de Mama; además, por iniciativa de este organismo internacional, se decretó el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En este mes se contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestado a la sensibilización, detección, tratamiento y los cuidados a quienes tengan la enfermedad.

El símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama es un lazo de color rosado, utilizado por instituciones y personas que están comprometidas con luchar contra esta enfermedad, que afecta principalmente a las mujeres, sin distinguir entre las que habitan en países desarrollados o no, clase social, orígenes étnicos, ni color de piel.

El lazo rosado se comenzó a utilizar por la Fundación Susan G. Komen del Cáncer de Mama, en un maratón por la cura de la enfermedad a finales de 1990, pero no tuvo éxito porque los corredores pensaron que formaba parte de un regalo.

Posteriormente, ya a principios de la primera década de este siglo, el lazo rosado se convirtió en el símbolo contra el cáncer de mama.

Como lo afirma la Organización Mundial de la Salud, “El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales.”

A nivel mundial, cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa. La mayoría de las muertes se dan en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza en etapas muy avanzadas de la enfermedad.

En México, entre la población de 20 años y más, el cáncer de mama se ha constituido en la segunda causa de mortalidad. Aunque el cáncer de mama también es una enfermedad que puede ser contraída por los hombres, la incidencia es notablemente menor, pues solamente representa el 0.1% de la defunciones por cáncer.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado por visibilizar esta enfermedad y la importancia de su diagnóstico oportuno, en los últimos 6 años, la tasa de mortalidad en nuestro país no ha mostrado grandes variaciones.

Es necesario insistir en que el cáncer de mama, al igual que otros tipos de cáncer, cuando se detecta oportunamente, tiene amplias probabilidades de ser curado y por lo tanto puede limitarse o erradicarse la posibilidad de un desenlace fatal.

En materia preventiva del cáncer de mama, en primera instancia, es indispensable que cada mujer de este país cuente con la capacitación para realizarse la autoexploración mamaria. En segundo lugar, los estudios auxiliares de diagnóstico, como la mastografía, juegan un papel fundamental; sin embargo, en este último caso y de manera desafortunada, no se ha podido garantizar el acceso para todas las mujeres.

La mastografía es el estudio radiológico de las mamas, tomado con un aparato (mastógrafo) diseñado especialmente para este fin, con el que podrán efectuar mastografías de pesquisa y de diagnóstico.

Uno de los restos que enfrenta el Sistema Nacional de salud es el de contar con mastógrafos y personal técnico suficientes para satisfacer la demanda de este tipo de estudios.

Sería conveniente reducir la edad en la que se recomienda a las personas realizarse una mastografía, pues de acuerdo con la norma oficial mexicana en la materia, se recomienda a partir de los 40 años y sólo bajo prescripción médica.

Asimismo, un reto fundamental para la atención del cáncer de mama es el garantizar la intervención de cirugía estética para todos los casos en los que se haya tenido que extirpar uno o los dos senos. En este caso, el Sistema Nacional de Salud debería ofrecer gratuitamente la intervención para toda mujer que haya pasado por esa grave experiencia.

Para Acción Nacional, la salud es condición indispensable para el desarrollo humano y condición de la justicia social, que nos impone el deber de promover acciones de prevención y atención ejemplar de los padecimientos que afectan a nuestras poblaciones.

En este día mundial contra el cáncer de mama, los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos manifestar nuestra solidaridad con todas aquellas mujeres u hombres que en éste momento padecen esta enfermedad. Asimismo, ratificamos nuestro compromiso para realizar los esfuerzos necesarios para emprender o apoyar las acciones legislativas necesarias para garantizar el acceso a los medios de prevención, curación, rehabilitación o cuidados paliativos para todo aquél que lo requiera.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2015.»

DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

«Efeméride con motivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

“Toda manifestación de vida merece respeto. Por favor, pensemos en nosotros, en nuestro mundo, es el único que tenemos.” Anónimo.

El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza se celebra anualmente el 18 de octubre desde 1972, cuyo origen surge de las palabras que el general argentino Juan Domingo Perón pronunció el 16 de marzo de 1972, mientras se encontraba exiliado en Madrid, y que fueron enviadas a Kurt Waldheim, entonces secretario general de las Naciones Unidas. En ellas, Perón alertaba sobre “la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología” y hacía una llamada para revertir la situación.

Hoy en día, además de lamentable es claramente grave la situación en la que se encuentra la naturaleza que nos rodea, las razones van desde la mala distribución y organización de los asentamientos humanos, hasta la falta de concientización y educación para lograr prevenir y erradicar cualquier acto que perjudique la preservación de nuestro medio natural.

La tendencia actual demuestra que la humanidad está abusando de la capacidad del planeta para abastecernos, y ello se debe primordialmente a la falta de cultura ambiental en la sociedad.

Seguimos siendo ajenos al tema ambiental, son mínimos los sectores de la población que se sienten comprometidos con su cuidado y para combatirlo, debemos impulsar acciones que pongan un alto a la indiferencia, pues la tarea no es exclusiva de los ambientalistas, debemos estar conscientes que la protección de la naturaleza, es una obligación generalizada de todos los seres humanos.

Deberían ser suficientes los beneficios que nos aportan los recursos naturales que nos rodean, para sentir un poco de compromiso por su preservación, sin embargo, actualmente cada vez son menos los espacios verdes con los que contamos y lamentablemente las causas de ello son la intervención negativa del hombre.

El día hoy es cada vez más frecuente conocer las acciones que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno implementan para la protección del medio ambiente, sin embargo, debemos entender una premisa básica, el cuidado al medio ambiente es una acción preventiva que obligatoriamente debemos llevar a cabo todas las personas y no, las acciones de restauración por un daño ya causado.

La conservación de los bienes naturales es simple, y la conmemoración de este día mundial, no debería ser utilizada como un llamado de atención a lo que no se está haciendo, sino un recordatorio que fortalezca las acciones que día a día, desde nuestra cotidianeidad deberíamos estar ejecutando.

Acciones simples como la separación de los residuos, el uso racional de los vehículos, de la energía y de los recursos, son un paso enorme para comenzar a detener el inminente impacto ambiental que ya padece nuestro planeta.

En un momento crítico en el que nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta para regenerar lo que se consume, hoy más que nunca, la protección de la naturaleza, se convierte en un asunto de prioridad esencial.

Para ello, es necesario seguir impulsando desde la competencia de cada autoridad, institución u organismo, acciones que garanticen la concientización y participación activa de la sociedad, haciendo especial énfasis en lograr hacer sentir parte de la propia naturaleza a los seres humanos.

A partir de ello, garantizaremos que la sociedad adquiera responsabilidad a través de la educación basada en valores ambientales aplicables a cualquier actitud social, y cuyo objetivo es el de formar la capacidad de observación crítica y juicio de valor teniendo en cuenta la protección y gestión sostenible de nuestro entorno.

En el Partido Verde Ecologista de México, nos sumamos a la celebración de este día, reafirmando nuestro compromiso por impulsar todas las acciones que sean necesarias para proteger y garantizar la preservación de nuestro medio natural; estamos convencidos que educar, crear conciencia y responsabilidad son las vías adecuadas para lograr un mejor lugar para vivir.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de octubre de 2015.— Diputada Sofía González Torres (rúbrica).»

SEXAGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN ELECCIONES FEDERALES

«Efeméride con motivo del sexagésimo segundo aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres en elecciones federales, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI y 62, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente efeméride, relativa al 62 aniversario del reconocimiento del voto de las Mujeres en elecciones federales; al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La limitación de los derechos político- electorales de las mujeres, ha sido el reflejo de la restricción histórica del resto de sus derechos humanos, al negárselos en igualdad de condiciones, algunos de ellos, el acceso a la educación, al empleo, a la salud y a la seguridad.

A 62 años del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, podemos observar un proceso lento y tardío que impide hasta el día de hoy su participación plena y en condiciones de paridad con los hombres. No podemos negar que aún persisten múltiples barreras y obstáculos en el acceso y permanencia de las mujeres en los espacios públicos y privados.

Desde el movimiento de Independencia, a través del cual México surgió como una nación libre y soberana, las mujeres participaron activamente; sin embargo, una vez concluido dicho movimiento, no se les reconoció como sujetas de derechos políticos.

En 1916, ante la exclusión del espacio público, algunas mujeres de nuestro país se organizaron para exigir el reconocimiento de su ciudadanía y de manera paralela a la convocatoria a elecciones para diputados del Congreso Constituyente, en Yucatán también se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista cuyo objetivo fue reflexionar acerca de los problemas relacionados con la situación de las mujeres, entre las exigencias de las mujeres en dicho congreso se encontraba el acceso a la educación, escuelas laicas, el derecho al trabajo remunerado, el derecho a un mejor conocimiento de su cuerpo y por supuesto el derecho de las mujeres al sufragio.

Sin embargo, con argumentos sexistas y estereotipados los congresistas de 1917 decidieron privar a las mujeres de sus derechos civiles y políticos en la Carta Magna promulgada del mismo año. De manera textual y expresa una vez más el pacto político entre los hombres excluyó a las mujeres de su derecho a la ciudadanía.

De 1916 a 1934 se gestaron en varios estados de la República, movimientos que facilitaron el reconocimiento jurídico de las mujeres en algunos de ellos. Sin embargo a nivel federal pocos eran los esfuerzos gubernamentales para el reconocimiento de nuestros derechos políticos.

En consecuencia, en 1934 el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa al Congreso de la Unión para que fuese reformado el artículo 34 de la Constitución con el fin de que se reconociera la igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres, y de esta forma posibilitar su participación política, los legisladores no le dieron trámite, ni siquiera abrieron la discusión, reforzando con ello las resistencias culturales de aquella época.

El congreso feminista de 1916 se convertiría en un antecedente fundamental en este proceso y en 1935 sería el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) la organización más emblemática del movimiento sufragista en México.

Tarde han llegado nuestros derechos, pues tuvieron que pasar 36 años de que se promulgara la Constitución de 1917 para que con el decreto presidencial del sábado 17 de octubre de 1953, se consumara la modificación al artículo 34 de nuestra Constitución y el sistema legal nos aceptara como ciudadanas.

Dicho decreto permitió dar otro importante paso, sin embargo este avance no se materializó sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hermanas o hijas debían hacer.

Gracias a mujeres valientes que nos abrieron brecha; como; Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Avelina Zendejas, María Lavalle Urbina, Alicia Arellano Tapia y tantas otras que incentivaron y participaron en diversos movimientos, fue por primera vez que las mujeres emitieron su voto en las elecciones federales de 1958.

Derivado de los avances internacionales en materia de derechos humanos, a partir de los años 90 se reconocen los niveles y espacios de la violencia y la discriminación hacia las mujeres y se da comienzo a un proceso referencial de mecanismos para combatirla en los diferentes espacios.

Ahora nuestra Constitución mandata la igual jurídica entre hombres y mujeres, y se ha iniciado un proceso de armonización en esta dirección a todo nuestro marco jurídico, ahora ya hablamos de paridad y de garantizar de manera plena los derechos políticos electorales de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres.

Si bien es cierto la violencia política y discriminación en contra de las mujeres ha tenido diferentes matices, que van desde: La anulación del derecho a ser reconocidas como ciudadanas, la limitación a decidir de manera libre, la discriminación y la falta de oportunidades, tenemos que reconocer que hemos logrado mucho, no todo, porque aún existen resistencias que nos limitan y nos siguen colocando en condiciones de desventaja.

En este proceso histórico, y a 62 años del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, cuanto más tenemos que esperar para gozar de una igualdad real y sustantiva entre hombres y mujeres.

Hoy es necesario seguir subrayando y reflexionando sobre esta importante fecha, pero sobre todo comprometernos a reforzar y encaminar desde el lugar en donde nos desempeñemos, las acciones que permitan y garanticen los derechos políticos de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. Desde el Congreso sabemos claramente la tarea, sigamos cambiando la política!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.— Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica).»

DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS

«Efeméride con motivo del 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La idea de las Naciones Unidas surgió durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que los líderes de las principales naciones involucradas en la culminación de la guerra, observaban con urgencia la necesidad de implementar un mecanismo para aportar paz y prevenir futuro conflictos. Estos dirigentes se dieron cuenta que solo trabajando juntos por medio de una organización mundial podrían hacer frente a tan grandes retos.

Pero esta idea no surgió de la nada, antes hubo otros intentos de crear un órgano supranacional que velará por la paz y la estabilidad mundiales, se llamó la Sociedad de las Naciones, la cual fue establecida en 1919 tras la Primera Guerra Mundial, sin embargo no todos los países ingresaron a la Sociedad, por ejemplo, Estados Unidos nunca fue miembro, a pesar de lo anterior, la Sociedad de las Naciones representó un precedente importante para la existencia de las Naciones Unidas.

Habiendo dicho lo anterior, no cabe duda que el elemento fundamental que le da sustento y vida a este importante organismo internacional, es la Carta de las Naciones Unidas, la cual recopila un conjunto de directrices que explican los derechos y deberes de cada estado miembro, así como la labor necesaria para lograr los objetivos que la comunidad de naciones se ha fijado.

En el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas, se mencionan que son propósitos de este organismo, mantener la paz y seguridad internacionales; fomentar relaciones de amistad entre naciones; realizar la cooperación internacional para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y estimular el respeto a los derechos humanos y servir de centro que armonice los esfuerzos para alcanzar los propósitos comunes.

Con la finalidad de darle cause y orden a los esfuerzos para conseguir los objetivos antes mencionados, las Naciones Unidas está estructurada alrededor de seis órganos principales: una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría General.

Tenemos que la Asamblea General se compone de todos los países miembros de las Naciones Unidas, y es ahí donde se discute cualquier asunto dentro de los límites de la carta.

El órgano más importante sin lugar a duda es el Consejo de Seguridad, el cual se compone de quince países miembros de las Naciones Unidas, en donde China, Francia, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos, tienen un asiento permanente, los diez miembros restantes serán elegidos por la Asamblea General por un periodo de dos años.

Con la finalidad de asegurar acción rápida y eficaz para el mantenimiento de la paz y seguridad, las Naciones Unidas confieren al Consejo de Seguridad un poder inusitado para actuar a nombre de los 192 países que conforman la Asamblea General.

Sin embargo, a los cinco grandes se les otorgó un poder de voto especial, conocido como el poder de veto, el cual utilizan de forma discrecional con la finalidad de chantajear o apoyar a naciones aliadas, aunque estas incurran en crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, el Presidente de México Enrique Peña Nieto, recientemente resaltó en el debate en la Asamblea General en la ONU, algunos de los avances más notables que ha conseguido la comunidad internacional para impulsar el desarrollo o combatir el cambio climático, y alentó en esa misma línea, a avanzar en la reforma y modernización del Consejo de Seguridad.

Asimismo, recalcó que es inaceptable que se llegue a utilizar el poder de veto con fines exclusivamente nacionales, frenando con ello la acción internacional. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen una responsabilidad especial con la paz y la seguridad internacional que deben asumir en todo momento, en especial cuando se vulneran los valores más elementales.

El Presidente Enrique Peña Nieto recordó a este respecto que nuestro país apoya la iniciativa de Francia para restringir el uso del veto en casos de violaciones graves al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, incluidos los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio.

A pesar de lo anterior queremos dejar en claro que el sistema de las Naciones Unidas, aunque perfectible, ha hecho contribuciones invaluables para el progreso de la humanidad.

Por ejemplo, en materia de Paz y seguridad, se han desplegado un total de 69 misiones para el mantenimiento de la paz; se ha prevenido la proliferación nuclear verificando que los materiales nucleares sometidos a salvaguardias se utilicen exclusivamente para fines pacíficos y las naciones unidas ayudan a remover las minas terrestres en aproximadamente 30 países y territorios.

En materia de desarrollo económico, las Naciones Unidas han dedicado su atención y sus recursos a mejorar el nivel de vida y promover los conocimientos y la capacidad de los seres humanos en todo el mundo, asimismo, prácticamente todos los fondos para el desarrollo provienen de las contribuciones aportadas por los países; también promueve el bienestar de la mujer, la lucha contra el hambre, mejorar la aviación y la navegación, y mejorar las telecomunicaciones.

En materia de derechos humanos, se aprobó la Declaración Universal de Derechos humanos en 1948, creando un Derecho Internacional de los Derechos Humanos robusto y operativo, lo anterior ha supuesto la promoción de los derechos de la mujer, el derecho a un empleo decente, promoción de los derechos de las personas con discapacidad y mejorar las condiciones de los pueblos indígenas.

En lo tocante al medio ambiente, las Naciones Unidas han propugnado por la búsqueda de una solución global al problema del cambio climático, paralelamente ayudan a los países para hacer frente al cambio climático.

Y por último en el rubro de salud, se ha fomentado la salud materna y reproductiva; combatir el VIH/SIDA; desaparecer la poliomielitis; erradicar la viruela; reducir la mortalidad infantil y frenar la propagación de epidemias.

No cabe duda pues, que la labor de las Naciones Unidas resulta más necesaria que nunca en esta época de múltiples crisis. En el día de las Naciones Unidas pedimos a los gobiernos y a los particulares a que trabajen en pro del bien común.

Suscribe

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de octubre de 2015.— Diputado Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

«Efeméride con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía efeméride relativa al 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Esta organización estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa.

El aumento considerable de muertes de mujeres por esta causa ha puesto en alerta a los gobiernos de todo el mundo. En el país, en los últimos años se han instaurado políticas públicas y presupuestos para contrarrestar el padecimiento.

Incluyendo la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”, que establece entre otros aspectos que se deben considerar tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía. La autoexploración debe realizarse a partir de los 20 años, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años. En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama; este estudio no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si hay algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas.

Afortunadamente, el padecimiento ya no es sinónimo de muerte, pero sí de lucha, por lo que resulta indispensable trabajar de manera conjunta y coordinada por la prevención y atención temprana.

Pese a los esfuerzos, en México sólo 10 por ciento de los casos de cáncer de mama es detectado en etapa uno; esto, es con un tumor de menos de dos centímetros. De los casos, 75 por ciento no es descubierto hasta la tercera etapa, lo que disminuye las posibilidades de recuperación total de 85 por ciento en la primera etapa hasta 35 en la tercera.

Por ello, la necesidad de coordinar mayores esfuerzos en todos los sectores involucrados, desde la Cámara de Diputados se requiere trabajar en un presupuesto progresivo y adecuadamente dirigido que realmente contrarreste las tasas de mortalidad por esta silenciosa y lamentable enfermedad.

Presupuestos para la aplicación y aumento de políticas públicas dirigidas a la prevención, está demostrado que existen hábitos que contribuyen al riesgo de padecer cáncer de mamá, por ello es imprescindible la promoción de campañas de comunicación y educación a la población de prácticas de vida saludable para reducir el riesgo de cáncer de mama.

La autoexploración y la exploración clínica de la mama favorecen el diagnóstico temprano, por lo que es necesario también intensificar los programas de educación a la población dirigidos a sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de conocer las características normales de sus mamas y demandar atención médica si descubre anormalidades. La detección temprana sigue siendo el gran reto respecto a la lucha contra este cáncer, debido a que en la primera etapa de la enfermedad el 85 por ciento de los casos son curables. Es necesario garantizar a todas las mujeres el acceso a tamizajes adecuados de acuerdo con su edad.

Por supuesto, es ineludible etiquetar recursos suficientes para cubrir la enfermedad de las mujeres diagnosticadas, así como incrementar los mecanismos de reconstrucción y rehabilitación que favorezcan una incorporación adecuada a su vida cotidiana.

De manera prioritaria se deben focalizar adecuadamente recursos que fomenten la investigación científica de esta enfermedad que sigue representado la muerte de miles de mujeres, ahora cada vez más jóvenes.

En México, el papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en la lucha de miles de mujeres contra este padecimiento, reconozcamos su papel y seamos aliados de ellas y de todos los que favorezcan la salud de las mujeres.

Hoy, 19 de octubre y en general todo el mes, se hace un llamado a todas y todos para generalizar la consciencia de prevenir y detectar a tiempo esta silenciosa enfermedad que ataca principalmente a las mujeres, sin embargo éste debe de ser un compromiso permanente que favorezca aumentar los niveles de sobrevivencia del cáncer de mama.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2015.— Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica).»

DÍA DEL MÉDICO

«Efeméride con motivo del Día del Médico, a cargo de la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

“No hay hombre más digno de estimación que el médico que, habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que le atacan y los remedios que pueden beneficiarle y que ejerce su arte con prudencia, concediendo igual atención al rico que al pobre.”

Benjamín Franklin

Aunque a nivel internacional se celebra el Día del Médico cada 3 de diciembre, en México se festeja el 23 de octubre, y esto se debe a que en 1937 durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República, se ratificó como fecha oficial, en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inaugura el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México, antecesor de la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por su parte, el día internacional fue establecido en una reunión de la Confederación Panamericana en 1953 en Dallas, Texas, para recordar el natalicio del doctor Juan Carlos Finlay, médico cubano que descubrió el agente transmisor de la fiebre amarilla.

La medicina, una de las profesiones más sacrificadas y generosas, es un campo de conocimiento que constantemente se está renovando, para lograr sus cometidos, como lo son: promover la salud, prevenir enfermedades, hacer diagnósticos oportunos, llevar a cabo tratamientos eficaces y rehabilitación a quienes lo necesitan.

Dicha profesión, enfocada a lograr que mujeres y hombres vivan sanos y mueran lo más tarde posible, se ejerce por el médico como un agente de cambio y desarrollo social, con el objetivo de mantener el mayor tiempo posible la salud de las personas.

Los médicos son personas que en su tarea diaria salvan vidas y ofrecen a todos una esperanza en las enfermedades que nos aquejan, y una mejor calidad de vida a quienes necesitan de su apoyo.

Su compromiso y entrega, a lo largo de su ejercicio profesional, conlleva la gran responsabilidad de dejar huella para las generaciones venideras, pues en sus manos estará la salud de las y los mexicanos que reciben atención en los momentos más difíciles, cuando la salud se encuentra quebrantada y es que gracias a sus conocimientos y experiencias contribuyen a brindarles la felicidad que se experimenta cuando se recobra la salud.

La contribución que hace cada médico, desde su consultorio, en los pabellones de algún hospital, en alguna agrupación médica, algún puesto público, o a través de la docencia o investigación, es motivo de reflexión y estímulo para los que están estudiando esta severa profesión, ya que al elegirla deberán analizar y recalcar su vital importancia en nuestra sociedad.

Además, el médico no sólo forma parte de la medicina curativa, sino que también es una pieza clave en el desarrollo de la salud pública.

De acuerdo con la Asociación Mundial de Médicos (AMM), la eficacia de los programas de salud pública depende de la colaboración de los médicos, quienes a través de su ayuda y cooperación contribuyen enormemente al éxito de estos programas.

Su colaboración es vital para difundir la información sobre salud pública, para promover estilos de vida saludables y así reducir los factores de riesgo.

Desgraciadamente México enfrenta dos problemas entorno a este tema, por un lado, está la escasez de trabajadores de la salud bien preparados y por otro, la inadecuada distribución geográfica de los mismos, por lo tanto nosotros las y los diputados tenemos la obligación de combatir esta problemática a través de nuestro quehacer legislativo.

Es por todo lo anterior y con la finalidad de reconocer su vocación de servicio, sensibilidad, disposición y entrega permanente, que este 23 de octubre los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, honramos a todos y cada uno de los médicos de este país, encargados de la conservación de la salud, de la curación de las enfermedades y de la prevención de muertes prematuras.

En su día, les enviamos nuestra admiración, reconocimiento y felicitación por su invaluable e incansable labor.

Suscribe

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de octubre de 2015.— Diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 15:35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 29 de octubre de 2015 a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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