del congreso de los estados unidos mexicanos
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Diario de los Debates
Luis Alfredo Mora Villagómez
SUMARIO
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, numeral 1 del Reglamento, hace la declaratoria de Constitución de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura. Publíquese los documentos constitutivos en la Gaceta Parlamentaria
La ciudadana Mónica Rodríguez Della Vecchia, del PAN, rinde la protesta de ley
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el que notifica la imposibilidad de acudir a rendir protesta al diputado electo Miguel Ángel Yunes Linares. De enterado
De la diputada Ariadna Montiel Reyes, por el que comunica que ha dejado de pertenecer al Grupo Parlamentario del PRD. De enterado
De las diputadas Karina Padilla Ávila y Yulma Rocha Aguilar, por los que comunican que optan por el cargo a diputadas de la LXIII Legislatura. De enterado, archívense los expedientes
Del diputado electo Jorge Gaviño Ambriz, justifica su inasistencia a la sesión constitutiva. De enterado
Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que remite el informe previo de resultados de la gestión 2015 del órgano interno de control del instituto. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento
Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2015. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento
De la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite el análisis del informe de avance de gestión financiera 2015. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Cámara de Senadores, se recibió oficio:
Con el que comunica la instalación para su primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado
Con el que comunica la conformación de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que adiciona los incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. Se remite a la Comisión de Deporte, para dictamen
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite dieciséis oficios con los que remite el tercer informe de labores de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, y de la Procuraduría General de la República. De enterado, se distribuyen a las diputadas y los diputados
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para prevenir y erradicar la discriminación hacia los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento
MINUTAS
De la Cámara de Senadores, se recibió minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se remite a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos primero y tercero transitorios y se adicionan los artículos quinto, sexto y séptimo transitorios al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que devuelve con modificaciones y para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió minuta con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”. Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen
INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO
Del Congreso del estado de México, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso h) bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
INICIATIVAS
La diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para dictamen
La diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El diputado Francisco Martínez Neri, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Claudia Sofía Corichi García, a nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Araceli Damián González, a nombre propio y de las legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen
La diputada María Eloísa Talavera Hernández, a nombre propio y del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Gobernación, para opinión
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto por el cual se reforman los artículos 237, 243 y 245 de la Ley General de Salud, para reconocer legalmente las cualidades terapéuticas del THC y el cannabidiol, sustancias activas de la cannabis. Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen
El diputado Jorge Álvarez Maynez, a nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
El presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, informa que en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 3 de septiembre de 2015, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
INICIATIVA
De la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
PROPOSICIONES
Del diputado José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump en contra de nuestro país y de nuestros conciudadanos avecindados en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen
Del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Pemex, a fin de reubicar las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula, a la nueva terminal de Puerto Chiapas. Se remite a la Comisión de Energía, para dictamen
De los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Renato Josafat Molina Arias y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la PGJDF, se aclaren los hechos acontecidos en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen
De la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a las secretarías de salud de las entidades federativas, a fin de incrementar la promoción de la donación de órganos. Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen
De la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice campañas regionales tendientes a contener el brote de la enfermedad chikungunya y evitar su expansión a otras entidades. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que se fortalezca la difusión, accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas de los programas sectoriales orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de fortalecer la cadena de valor agregado en la producción y prestación de servicios. Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen
Para referirse a la efeméride, interviene:
El diputado Antonio Amaro Cancino, del PRI
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de MC
El diputado Alfredo Basurto Román, de Morena
La diputada María Ávila Serna, del PVEM
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del PRD
El diputado Luis de León Martínez Sánchez, del PAN
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del PES
Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
ASISTENCIA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 462 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:28 horas): Gracias. Se abre la sesión
ORDEN DEL DÍA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del primr año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 3 de septiembre de 2015.
Lectura del acta de la sesión constitutiva.
Declaratoria de la constitución de los grupos parlamentarios.
Comunicaciones oficiales
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De la diputado Ariadna Montiel Reyes
De las diputadas Karina Padilla Ávila y Yulma Rocha Aguilar
Por los que comunican que optan por el cargo a diputadas de la LXIII Legislatura.
Del diputado Jorge Gaviño Ambriz
Del Instituto Federal de Telecomunicaciones
Con el que remite el informe previo de resultados de la gestión 2015 del órgano interno de control del instituto.
Del Instituto Mexicano del Seguro Social
Con el que remite el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2015.
De la Auditoría Superior de la Federación
Con el que remite el análisis del informe de avance de gestión financiera 2015.
De la Cámara de Senadores
Con el que comunica la instalación para su primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Con el que comunica la conformación de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que adiciona los incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.
Con el que devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.
De la Secretaría de Gobernación
Dieciséis oficios con los que remite el tercer informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, y de la Procuraduría General de la República.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para prevenir y erradicar la discriminación hacia los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
Protesta de ciudadanos diputados
De la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia.
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la federación el 9 de enero de 2015.
Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”.
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que devuelve con modificaciones y para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.
Iniciativa del Congreso del Estado de México
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso h) bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativas
Que reforma el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 237, 243 y 245 de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Enrique Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza y Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Óscar Ferrer Abalos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump en contra de nuestro país y de nuestros conciudadanos avecindados en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex, a fin de reubicar las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula, a la nueva terminal de Puerto Chiapas, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la PGJDF, se aclaren los hechos acontecidos en la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México, suscrito por los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Renato Josafat Molina Arias y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a las secretarías de salud de las entidades federativas, a fin de incrementar la promoción de la donación de órganos, a cargo de la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice campañas regionales tendientes a contener el brote de la enfermedad chikungunya y evitar su expansión a otras entidades, a cargo de la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SE, para que se fortalezca la difusión, accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas de los programas sectoriales orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de fortalecer la cadena de valor agregado en la producción y prestación de servicios, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Efeméride
Relativa a la proclamación de las Leyes de Reforma, a cargo del diputado Antonio Amaro Cancino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión constitutiva. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura de la sesión constitutiva tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, celebrada el sábado veintinueve de agosto de dos mil quince.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con treinta y un minutos del sábado veintinueve de agosto de dos mil quince, el Secretario General, Mauricio Farah Gebara, informa que cuenta con la documentación relativa a los diputados electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de los legisladores que integrarán la Cámara y la identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de cada uno de ellos, de conformidad con lo establecido en el numeral tres, del artículo quince, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, menciona a las y los siguientes diputados electos, a quienes corresponde integrar la Mesa de Decanos: María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, como Presidenta; Francisco Javier Santillán Oceguera, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Ricardo Canavati Tafich, del Partido Verde Ecologista de México; y María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional, como vicepresidentes; María Marcela González Salas y Petricioli, Pedro Alberto Salazar Muciño, y Noemí Zoila Guzmán Lagunes, todos del Partido Revolucionario Institucional, como secretarios, a quienes invita a ocupar sus lugares en el presídium.
Presidencia de la Mesa de Decanosdiputada María Esther de Jesús Scherman Leaño
A las once horas con cuarenta y cinco minutos, con la asistencia de cuatrocientos ochenta y cinco diputadas y diputados electos, la Presidenta de la Mesa de Decanos declara abierta la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura.
La Secretaría da lectura al Orden del Día.
Puestos todos de pie, la diputada electa María Esther de Jesús Scherman Leaño, rinde protesta como diputada y como Presidenta de la Mesa de Decanos, y posteriormente toma la protesta de Ley a las diputadas y diputados electos de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al Acuerdo de los grupos parlamentarios relativo a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De conformidad con los artículos quince, numeral siete y ocho; y diecisiete, numeral uno, dos y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la elección de la Mesa Directiva correspondiente al periodo mencionado a través de votación por cédula. Por mayoría calificada de cuatrocientos cuarenta y cuatro votos a favor, doce en contra, y treinta y dos abstenciones, es electa la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura, que funcionará durante el Primer Año de Ejercicio, misma que es integrada por los siguientes diputados: José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, como Presidente; Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática; María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional; y Daniela de los Santos Torres, del Partido Verde Ecologista de México, como Vicepresidentes; Ramón Bañales Arámbula, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional; Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel Celis Aguirre, del Partido Verde Ecologista de México; Ernestina Godoy Ramos, de Morena; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; María Eugenia Ocampo Bedolla, de de Nueva Alianza; y Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, como Secretarios. La Presidencia de la Mesa de Decanos hace la declaratoria respectiva e invita a los integrantes de la Mesa Directiva electa pasen a tomar posesión de sus cargos.
La Presidenta de la Mesa de Decanos dirige unas palabras a la Asamblea.
Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva
Puestos todos de pie, el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva rinde protesta como Presidente y acto seguido toma la protesta de los demás integrantes de la Mesa Directiva.
El Presidente declara:
“La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la Sexagésima Tercera Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones”.
Acto seguido dirige un mensaje a la Asamblea.
Puestos todos de pie, se entona el Himno Nacional Mexicano.
El Presidente instruye se comunique por escrito la constitución de Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados y la integración de la Mesa Directiva, al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y cita a Sesión de Congreso General para la Apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Legislatura, el primero de septiembre a las diecisiete horas.
Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita a la Primera Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados que tendrá lugar el próximo jueves tres de septiembre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las trece horas con veintitrés minutos.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
DECLARATORIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Honorable asamblea, esta Presidencia, con fundamento en lo que establece el artículo 24, numeral uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, declara que han sido constituidos los siguiente grupos parlamentarios para la LXIII Legislatura:
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Grupo Parlamentario de Morena.
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Además un diputado independiente, y una diputada sin partido.
En consecuencia a partir de esta fecha se estará a lo que dispone el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento.
Publíquense los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios, en la Gaceta Parlamentaria.
TOMA DE PROTESTA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Informo que se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Mónica Rodríguez Della Vecchia, diputada federal electa en la cuarta circunscripción. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: diputada Xitlalic Ceja García, diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, diputado Héctor Javier García Chávez, diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, diputada Sandra Luz Falcón Venegas, diputada Mirza Flores Gómez, diputada Angélica Reyes Ávila, y diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadana Mónica Rodríguez Della Vecchia: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Mónica Rodríguez Della Vecchia: Sí, protesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.Felicidades .
Continúe la Secretaría.
COMUNICACIONES OFICIALES
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Maestro Mauricio Farah Gebara, Secretario General de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por instrucciones del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, me permito hacer de su conocimiento que, por cuestiones de índole personal, los diputados Miguel Ángel Yunes Linares y Mónica Rodríguez Della Vechia estarán imposibilitados para asistir a la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados, conforme lo dispone el artículo 14, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, ruego a usted tomar en consideración los plazos a los que hace referencia el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para cumplimentar con dicha obligación.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 28 de agosto de 2015.— Maestro Héctor Castillo-Huertero Mendoza (rúbrica).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente
La suscrita, diputada federal Ariadna Montiel Reyes, por medio del presente y con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le comunico que he tomado la decisión de no pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, partido por el cual fui postulada, en consecuencia le solicito de la manera más atenta ser registrada como diputada independiente a partir de la fecha del presente oficio.
Agradeciendo el debido trámite de la presente y para los efectos legales a que haya lugar.
Atentamente
México Distrito Federal, a 31 de agosto de 2015.— Diputada Ariadna Montiel Reyes (rúbrica).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado de Guanajuato.
Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
La Sexagésima Segunda Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión de la Diputación Permanente celebrada el día de hoy, realizó la declaratoria correspondiente sobre la procedencia de la opción de cargo presentada por la diputada Karina Padilla Ávila, con efectos a partir del día 29 de agosto del año en curso, en virtud de haber optado por el cargo de diputada federal, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
Guanajuato, Guanajuato, a 20 de agosto de 2015.— Diputado Luis Manuel Mejía Barreñada (rúbrica), presidente de la diputación permanente del Congreso del estado de Guanajuato.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— H. Congreso del Estado de Guanajuato.
Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
La Sexagésima Segunda Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión de la Diputación Permanente celebrada el día de hoy, realizó la declaratoria correspondiente sobre la procedencia de la opción de cargo presentada por la diputada Yulma Rocha Aguilar,con efectos a partir del día 29 de agosto del año en curso, en virtud de haber optado por el cargo de diputada federal, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
Guanajuato, Guanajuato, a 20 de agosto de 2015.— Diputado Luis Manuel Mejía Barreñada (rúbrica), presidente de la diputación permanente del Congreso del estado de Guanajuato.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Archívense en sus expedientes.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:«Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Me refiero a la ceremonia de instalación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, acto crucial en la vida democrática nacional y con el que se inicia una nueva etapa del sistema representativo en México, momento trascendente para todos aquellos que hemos anhelado poder transformar e incidir para el crecimiento de nuestra nación.
Por lo anterior hago de su conocimiento que me ha sido encomendada por parte del jefe de Gobierno de Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, la dirección de los trabajos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, organismo esencial para la movilidad en la zona metropolitana de más de cinco millones de habitantes de nuestra capital y del estado de México al día, cuyo correcto funcionamiento incide en los aspectos más importantes de la vida económica, productiva y social de los ciudadanos usuarios de la misma, actividad que requiere de toda mi atención y cuidado, compromiso que adquirí sabiendo la importancia que representa. Lo anterior sea el medio para justificar mi inasistencia a tan importante evento de integración en sesión constitutiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San lázaro.
Cabe mencionar que como servidor público comprometido con mi país, estoy convencido que la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de México será el mejor espacio en donde se elaboren y aprueben más y mejores leyes, que impulsarán sin duda alguna el crecimiento merecido, anhelado y necesario para nuestro país, construyendo con acuerdos y consensos que dejen ver garantizada la convivencia democrática de las diversas fuerzas políticas que la integrarán, como lo hacemos todos en las trincheras en las que nos desarrollamos, buscando el bien común.
Agradeciendo la atención que sirva brindar a la presente, le envió un cordial y respetuoso saludo.
Cordialmente
México, DF, a 24 de agosto de 2015.— Licenciado Jorge Gaviño Ambriz (rúbrica).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:«Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Comisionado Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar;comisionado Luis Fernando Borjón Figueroa; comisionado Ernesto Estrada González; comisionada Adriana Sofía Labardini Inzunza; comisionada María Elena Estavillo Flores; comisionado Mario Germán Fromow Rangel; comisionado Adolfo Cuevas Teja; diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presentes.
En cumplimiento del artículo 35, fracción XIX, del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 82, fracción II, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, me permito presentar el Informe Previo de Resultados de la Gestión 2015 del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través del cual se informan las actividades y resultados alcanzados por el órgano fiscalizador en el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 2015.
Sin otro particular, reitero a ustedes la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente
México, DF, a 27 de agosto de 2015.— Licenciado Enrique Ruiz Martínez (rúbrica p.a.), director general de Responsabilidades y Quejas.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Mexicano del Seguro Social.
Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente
En cumplimiento de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, envío el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al segundo trimestre de 2015.
El referido informe fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS, en su sesión ordinaria número 628 celebrada el 19 de agosto de 2015.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 24 de agosto de 2015.— José Antonio González Anaya (rúbrica), director general.»
[Informe]
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
Debo informar a la asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta que se apruebe la integración de las comisiones.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:«Auditoría Superior de la Federación.
Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en los artículos 2, fracción XII, 7 y 85, fracciones IX y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 5, fracciones XVII y XVIII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se lleva a cabo la entrega formal del análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación al Informe de Avance de Gestión Financiera 2015, el cual fue remitido a la Honorable Cámara de Diputados el pasado 30 de julio de 2015, como un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio fiscal en curso, a que se hace referencia en los artículos 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 2, fracción XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
El documento que se entrega, incluye un disco compacto que contiene la versión magnética del mismo y de los anexos que se mencionan en el índice de dicho documento.
Reitero a usted mi consideración más distinguida.
México, DF, a 27 de agosto de 2015.— CPC Juan M. Portal M. (rúbrica), auditor superior de la Federación.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar e esa honorable colegisladora, que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores se declaró instalada para su primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Atentamente
México, DF, a 31 de agosto de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes, que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores eligió a su Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
Mesa Directiva
Presidente: Roberto Gil Zuarth (PAN)
Vicepresidente: José Rosas Aispuro Torres (PAN)
Vicepresidente: Arturo Zamora Jiménez (PRI)
Vicepresidente: Luis Sánchez Jiménez (PRD)
Secretaria: Hilda Esthela Flores Escalera (PRI)
Secretaria: Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN)
Secretario: Luis Humberto Fernández Fuentes (PRD)
Secretaria: María Elena Barrera Tapia (PVEM)
Atentamente
México, DF, a 31 de agosto de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos, Primera por el que se desecha el proyecto de decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
México, DF, a 28 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que no se desecha el proyecto de decreto para adicionar los incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
México, DF, a 28 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, por el que no se desecha el proyecto de decreto para reformar el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
México, DF, 28 de abril de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto para adicionar la fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
México, DF, a 28 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos, Primera por el que se desecha el proyecto de decreto para reformar los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
México, DF, a 28 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto para reformar el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
México, DF, a 28 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Economía, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Energía, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Gobernación, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Marina, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Salud, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
Derivado de la reciente reforma constitucional la Procuraduría General de la República sufrió un importante cambio en su naturaleza jurídica, sin embargo, tradicionalmente formula un informe de labores que por nuestro conducto remite a esa Honorable Cámara, en consecuencia, me permito enviar a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Procuraduría General de la República, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Distribúyanse a las diputadas y los diputados.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-2040 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCE/0330/2015 suscrito por el maestro César Becker Cuéllar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 1o. de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio SELAP/300/745/15 del 25 de marzo de 2015, con el cual hizo del conocimiento del Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, que con oficio número D.G.P.L. 62-II-2-2040, el diputado Tomás Torres Mercado, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, comunicó a esa secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 24 del mismo mes y año, el que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir la educación básica y media superior.”
Sobre el particular, me permito remitir a usted copia de los oficio con números SPEPE/ST/039/2015,CPyPS/033/2015 y SEB/UR300/CAS/123/2015, suscrito por la Secretaría Técnica de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, la Coordinación Sectorial de Participación y Promoción social de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Educación Básica, respectivamente, mediante los cuales se da respuesta al punto de acuerdo.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 24 de agosto de 2015.— Maestro César Becker Cuéllar (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Adrián Guerra Yáñez, Coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión.— Presente.
Me refiero a su oficio UR UCE/CECU/0440/15 referencia 0047-P. de fecha 26 de marzo de 2015, mediante el cual hace del conocimiento a esta subsecretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 24 de febrero de 2015, en el que se señaló lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
En primer término es preciso señalar, que esta subsecretaría es consciente de que un elemento esencial del derecho a la educación, ligado al principio de universalidad, es garantizar la plena igualdad de todas las personas erradicando toda forma de discriminación y realizando acciones equitativas de acuerdo a las diferencias reales de la personas. Por ello nos sumamos a la propuesta planteada, considerando necesario que para cumplir con el objetivo, se requiere del trabajo conjunto con la Comisión Nacional para prevenir la Discriminación, el Instituto Mexicano de la Juventud, incluyendo en este grupo de trabajo a la Secretaría de Salud, a efecto de realizar un análisis de las posibles propuestas y mecanismos que permitan promover, implementar y supervisar las políticas públicas para prevenir y erradicar la discriminación, hacia los menores que se encuentran infectados del VIH, en los centros de educación básica y media superior.
De igual forma se considera importante conocer, las acciones y estrategias respecto del tema, que han implementado las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior, por lo que se sugiere tomar en cuenta lo que estas planteen en el caso en particular.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 25 de mayo de 2015.— Rodrigo Antonio Zavala Aguilar (rúbrica), secretario técnico.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Adrián Guerra Yáñez, Coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión en la Secretaría de Educación Pública.— Presente.
Por instrucciones superiores, me refiero al oficio número UR 120 UCE/CECU/0806/15, por el cual esa Coordinación comunicó el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 24 de marzo del presente año, cuyo resolutivo Único señala lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaria de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
Al respecto, adjunto remito un informe pormenorizado sobre las acciones emprendidas por esta Subsecretaria en la materia a que alude el Punto de Acuerdo.
Asimismo, remito a usted copia de los diversos números DGB/368/2015, DG/431/2015, DGECYTM/DG/491/2015 y 254.15/1184, mediante los cuales las direcciones generales del Bachillerato, de Educación Tecnológica Agropecuaria, de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar y de Centros de Formación para el Trabajo, informan las acciones realizadas en los planteles bajo su responsabilidad en materia de prevención y erradicación de la discriminación de los menores de edad infectados con VIH.
Mucho le agradeceré hacer del conocimiento de la instancia legislativa lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 10 de agosto de 2015.— Maestra Paula Villaseñor Torres (rúbrica), coordinadora sectorial.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Asunto:Informe sobre las acciones de la Subsecretaria de Educación Media Superior para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los planteles de educación media superior.
La Subsecretaría de Educación Media Superior realiza las siguientes acciones para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación media superior:
1. Desarrollo de habilidades socioemocionales para la toma de decisiones responsables
Construye T es un programa del gobierno mexicano, dirigido y financiado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, e implementado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde 2014 su objetivo es fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en las y los jóvenes de educación media superior y, así mejorar el ambiente escolar.
En el ciclo escolar 2014-2015 construye T operó en 2 mil 500 planteles públicos de las 32 entidades federativas del país, capacitando a 25 mil docentes y directivos. En el siguiente ciclo escolar atenderá a 4 mil planteles beneficiando a aproximadamente 3 millones de estudiantes que representan 65 por ciento de la matrícula de educación media superior. Construye T trabaja 18 habilidades socioemocionales que se organizan en tres dimensiones:
• La dimensión Conoce T se concentra en aquellas habilidades que tienen que ver con la identificación, el entendimiento y el manejo de las emociones propias.
• La dimensión Relaciona T abarca aquellas habilidades que permiten llevamos mejor con los demás.
• La dimensión Elige T abarca las habilidades que fomentan la toma de decisiones responsable.
Específicamente, las habilidades de asertividad, generación de opciones y consideración de consecuencias, pensamiento crítico y análisis de consecuencias, son herramientas que contribuyen a tomar decisiones responsables y así permiten a las y los jóvenes prevenir conductas de riesgo, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin protección que pueden derivar en un embarazo no deseado o el contagio de Enferrt1edacles de Transmisión Sexual y VIH/Sida. Asimismo, Construye T promueve habilidades necesarias para que la comunidad escolar prevenga y erradique la discriminación hacia los jóvenes infectados con VIH en los planteles de nivel medio superior.
2. Colaboración internacional para la prevención de enfermedades de transmisión sexual
En 2015 la Subsecretaria de Educación Media Superior suscribió el Acuerdo Interinstitucional entre la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para fortalecer la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en la Educación Media Superior, con la finalidad de favorecer la toma de decisiones asertivas y el desarrollo de un proyecto de vida, así como para proteger a los adolescentes de un embarazo no planeado o no deseado, de adquirir una (ETS/VIH) y de sufrir coerción, abuso o violencia.
A través de este convenio se realizarán actividades de cooperación en las siguientes áreas:
a) Promoción y fortalecimiento de la EIS con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad.
b) Promoción ante las instituciones nacionales competentes, del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como el pleno ejercicio de los derechos reproductivos.
c) Intercambio, análisis y adaptación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de prevención de embarazo y de EIS que se han implementado en el ámbito escolar, en particular en el contexto de la Educación Media Superior.
d) Promoción y fortalecimiento de la igualdad de género, particularmente en lo relacionado con la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas.
e) Impulso a estrategias para el desarrollo integral de los (as) adolescentes, incluyendo el desarrollo de habilidades para la vida y para la toma asertiva de decisiones.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Dr. Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior.— Presente.
Con relación al oficio UR 120 UCE/CECU/0806/15, que envió la Coordinación de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión, donde comparte el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 24 de marzo del presente año, y cuyo resolutivo Único a la letra dice:
‘Único. La Cámara de Diputado del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
Con relación a este tema de integrar a la población que enfrenta situaciones susceptibles de discriminación como es el caso de menores de edad que por diversas situaciones hayan contraído el VIH, me permito hacer de su conocimiento que en todos los planteles que conforman la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, DGECyTM, a mi cargo, se trabaja por generar una comunidad de enseñanza-aprendizaje cuyo requisito fundamental es el respeto y la integración.
El programa Construye T ha aportado herramientas importantes para la reflexión de situaciones específicas en donde es necesario ejercer el respeto hacia la diferencia y promover la inclusión e integración entre compañeros.
En nuestros planteles se realizan, además, actividades que fomentan la integración, el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia como una estrategia fundamental para pones en práctica los temas que se trabajan en aula, entre ellos precisamente, evitar la discriminación. Tanto los juegos académicos, artísticos, deportivos y culturales Intertecmar, así como el Consejo Nacional y Tecnología del Mar, son espacios propicios para la integración, convivencia y respeto.
De igual forma contar las Aulas CAED al interior de más del 50 por ciento de nuestros planteles ha permitido generar la convivencia e integración de personas con capacidades diferentes, lo que ha permitido que los jóvenes aprendan a relacionarse con personas diferentes e inclusive, aprender de ellos.
Cada ciclo escolar nuestros planteles refuerzan las acciones de vinculación con las diferentes autoridades locales y estatales para llevar a cabo actividades relacionadas con la salud sexual y reproductiva, el cuidado de la alimentación y el fomento al deporte como elementos fundamentales para el desarrollo integral de los jóvenes, Dentro de estas actividades se aborda, con especial cuidado el tema del VIH, la importancia del uso del condón y el autocuidado como elemento clave para tener una vida sana.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 14 de julio de 2015.— Ingeniero Ramón Zamanillo Pérez (rúbrica), director general de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.— Presente.
Me refiero a su similar número 734 referencia SEMS-CG-2620-2015, a través del cual requiere a esta Dirección General, un informe pormenorizado sobre las medidas implementadas en los diversos planteles dependientes de este Subsistema de Educación Tecnología Agropecuaria para prevenir y erradicar la discriminación de los jóvenes infectados con VIH, de conformidad a lo estipulado en el Punto de Acuerdo aproado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la sesión del 24 de marzo del presente año, que a la letra señala:
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las mediadas y políticas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
Al respecto y atendiendo la instrucción contenida en el oficio que se contesta, me permito informar a usted que se dio atención en tiempo y forma, mediante la emisión de la Circular 014 de data 8 de julio del presente año, dirigida a los asistentes y subdirectores de Coordinación de Enlace Operativo para la Educación Tecnológica Agropecuaria y Homólogos, misma que se agrega en copia simple para mayor referencia.
Atentamente
México, DF, a 13 de julio de 2015.— Doctor César Turrent Fernández (rúbrica), director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Asistentes y subdirectores de Coordinación de Enlace Operativo para la Educación Tecnológica Agropecuaria y Homólogos.— Presente.
Hago de su conocimiento que fue recibido el diverso número 734, suscrito por el doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior, por medio del cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 24 de marzo del presente año, cuyo resolutivo Único señala lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
En consecuencia de lo anterior, se instruye se realicen las acciones correspondientes para el cumplimiento del Punto de Acuerdo antes referido, debiendo atender las facultades y atribuciones que la legislación correspondiente les otorga.
Atentamente
México, DF, a 8 de julio de 2015.— Doctor César Turrent Fernández (rúbrica), director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior.— Presente.
En atención a su oficio número 734, referencia SEMS-CG-2620-2015, recibido en esta Dirección General el 7 de julio del 2015, en el que hace referencia al diverso número UR 120 UCE/CECU/0806/15, suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, Coordinador de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión, y mediante el cual solicita el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo señala:
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas necesarias para prevenir erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
Al respecto y a fin de atender lo solicitado, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección de Coordinación Académica adscrita a esta Unidad Administrativa, mediante oficio DCA/000407/2015, requirió a los Directores de los planteles adscritos a esta Unidad Administrativa, el cumplimiento en el ámbito de sus competencias y las disposiciones educativas, aplicables, del Punto de Acuerdo de mérito.
No omito mencionar, que una vez que los planteles federales rindan el informe solicitado, se informará a esa Subsecretaría, acerca de las medidas implementadas.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 13 de julio de 2015.— Carlos Santos Ancira (rúbrica), director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Directivos de los Centros de Estudios, de Bachillerato y Preparatorias Federales Lázaro Cárdenas.— Presentes.
Hago de su conocimiento que mediante oficio 782, el Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Media Superior, comunicó el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo señala:
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se diseñen acciones incluyentes que garanticen la participación de la sociedad en los diferentes programas de reciclaje, los cuales deben permitir la ejecución de las acciones con un enfoque ampliado y no en materia de remediación, es decir, que garanticen que las personas cuenten con la información suficiente para identificar los productos que no son amigables con el medio ambiente al tiempo de generar alternativas de utilización de los residuos sólidos más indispensables.
Del mencionado punto de acuerdo, el subsecretario ha instruido para que los planteles adscritos a esta unidad administrativa, promuevan su conocimiento en el ámbito de su competencia y disposiciones educativas aplicables, por lo que se solicita enviar las evidencias de las acciones realizadas a esta Dirección, en un plazo no mayor a 5 días hábiles.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 9 de julio de 2015.— Pedro Zepeda Martínez (rúbrica), director de Coordinación Académica.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior.— Presente.
Hago referencia a su oficio no. 734, a través del cual solicita a, esta Coordinación Sectorial formular un proyecto de respuesta que permita atender el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 24 de marzo del presente año, cuyo resolutivo único señala lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.”
A ese respecto, me permito enviar a usted una nota sobre las acciones que esta Subsecretaría lleva a cabo, a través de esta Coordinación Sectorial, en materia de prevención y erradicación de la discriminación que sufren los menores de, edad infectados con VIH en los planteles del nivel medio superior.
Sin otro particular, le envío un saludo muy cordial.
Atentamente
México, DF., 10 de julio de 2015.— Maestra Paula Villaseñor (rúbrica), coordinadora Sectorial.»
«Prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior
Punto de Acuerdo
La Subsecretaría de Educación Media Superior realiza las siguientes acciones para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación media superior:
1. Desarrollo de habilidades socioemocionales para la toma de decisiones responsables
Construye T es un programa del gobierno mexicano, dirigido y financiado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, e implementado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde 2014 su objetivo es fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en las y los jóvenes de educación media superior y, así mejorar el ambiente escolar.
En el ciclo escolar 2014-2015 construye T operó en 2 mil 500 planteles públicos de las 32 entidades federativas del país, capacitando a 25 mil docentes y directivos. En el siguiente ciclo escolar atenderá a 4 mil planteles beneficiando a aproximadamente 3 millones de estudiantes que representan 65% de la matrícula de educación media superior. Construye T trabaja 18 habilidades socioemocionales que se organizan en tres dimensiones:
• La dimensión Conoce T se concentra en aquellas habilidades que tienen que ver con la identificación, el entendimiento y el manejo de las emociones propias.
• La dimensión Relaciona T abarca aquellas habilidades que permiten llevamos mejor con los demás.
• La dimensión Elige T abarca las habilidades que fomentan la toma de decisiones responsable.
Específicamente, las habilidades de asertividad, generación de opciones y consideración de consecuencias, pensamiento crítico y análisis de consecuencias, son herramientas que contribuyen a tomar decisiones responsables y así permiten a las y los jóvenes prevenir conductas de riesgo, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin protección que pueden derivar en un embarazo no deseado o el contagio de enfermedades de transmisión sexual y VIH/Sida. Asimismo, Construye T promueve habilidades necesarias para que la comunidad escolar prevenga y erradique la discriminación hacia los jóvenes infectados con VIH en los planteles de nivel medio superior.
2. Colaboración internacional para la prevención de enfermedades de transmisión sexual
En 2015 la Subsecretaria de Educación Media Superior suscribió el Acuerdo Interinstitucional entre la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para fortalecer la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en la Educación Media Superior, con la finalidad de favorecer la toma de decisiones asertivas y el desarrollo de un proyecto de vida, así como para proteger a los adolescentes de un embarazo no planeado o no deseado, de adquirir una (ETS/VIH) y de sufrir coerción, abuso o violencia.
A través de este convenio se realizarán actividades de cooperación en las siguientes áreas:
a) Promoción y fortalecimiento de la EIS con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad.
b) Promoción ante las instituciones nacionales competentes, del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como el pleno ejercicio de los derechos reproductivos.
c) Intercambio, análisis y adaptación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de prevención de embarazo y de EIS que se han implementado en el ámbito escolar, en particular en el contexto de la Educación Media Superior.
d) Promoción y fortalecimiento de la igualdad de género, particularmente en lo relacionado con la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas.
e) Impulso a estrategias para el desarrollo integral de los (as) adolescentes, incluyendo el desarrollo de habilidades para la vida y para la toma asertiva de decisiones.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior.— Presente.
En atención a su oficio número 734 de fecha 22 de junio de 2015, recibido en esta Dirección General el 7 de julio del mismo año, mediante el cual me instruye para que en el ámbito de mi competencia, se promuevan, implementen y supervisen acciones en cumplimiento al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dado a conocer con el oficio número UR 120 UCE/CECU/0806/15, con relación a la prevención y erradicación de la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH, le comunico que en los centros de formación para el trabajo, dado que la capacitación es ofertada para personas mayores de 15 años, comúnmente la población estudiantil es mayor de edad, no obstante, mediante el oficio número 254.3.15/15434, la Dirección de Apoyo a la Operación de esta Unidad Administrativa, ha girado indicaciones a los subdirectores de Coordinación y Asistentes de Enlace Operativo dependientes de esta Dirección General, para que en la medida de lo posible programen pláticas, conferencias, talleres, etc., con el fin de sensibilizar a los alumnos y padres de familia en el tema que nos ocupa; por medio del apoyo de las instituciones que han sido creadas para tales fines.
Saludo a usted muy atentamente.
México, DF, a 14 de julio 2015.— Doctor Efrén Parada Arias (rúbrica), director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Adrián Guerra Yáñez, Coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.
Por instrucciones del ingeniero Alberto Curi Naime, subsecretario de Educación Básica, y en atención al oficio UCE/CECU/0805/2015 de la Coordinación de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión, relativo al punto de acuerdo aprobado que señala:
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaría de Educación Pública a promover, implementar y supervisar las medidas y políticas necesarias para prevenir y erradicar la discriminación que sufren los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
Al respecto, me permito h1formarle lo siguiente:
Con la reforma del artículo 3o. de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos y por consiguiente la reforma de la educación básica, se pretende que el Sistema Educativo Nacional ofrezca una educación de calidad con inclusión y equidad a todas las niñas, niños y jóvenes en edad escolar, que les asegure mejores aprendizajes y elevar el logro educativo.
Esta política, se concreta con la implementación del Sistema Básico de Mejora Educativa en las escuelas de educación básica con dos propósitos centrales que los alumnos aprendan a aprender y aprendan a convivir. Para ello, mediante diversos programas, estrategias y acciones, la Secretaría de educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaria de Educación Básica (SEB), impulsa la generación de condiciones escolares para la atención de prioridades educativas como .son: la mejora del aprendizaje de la lectura y las matemáticas: detener el abandono escolar: asegurar la normalidad mínima escolar; y lograr la sana convivencia escolar.
Sobre esta base, las comunidades educativas en cada plantel a nivel nacional, desarrollan su Ruta de Mejora por ciclo escolar, en la que incluyen actividades y metas orientadas a la atención de las prioridades arriba mencionadas, considerando sus particularidades y contexto específico, por lo que se refiere a la convivencia escolar, las acciones en las escuelas se orientan al desarrollo de aprendizajes y ambientes escolares que favorezcan una convivencia escolar, las acciones en las escuelas se orientan al desarrollo de aprendizajes y ambientes escolares que favorezcan una convivencia inclusiva, democrática y pacífica entre los diferentes actores: docentes, alumnos y padres de familia.
En cuanto a la inclusión, las acciones desarrolladas se orientan sobre la base del reconocimiento del derecho a la dignidad de las personas por el simple hecho de serio, valorando y respetando la diversid.ad de los actores educativos, eliminando cualquier tipo de prácticas discriminatorias y de exclusión social, principalmente de las niñas, los niños y jóvenes.
Estas acciones se sustentan, a la vez, en el principio de que cada uno tiene características, intereses, capacidades y necesidades distintas, por lo que toda acción educativa deberá atender y considerar dichas características y necesidades.
La SEB, para apoyar el desarrollo de estas acciones, ha diseñado diversos materiales normativos y educativos, entre los que destacan los dirigidos al consejo técnico escolar, como los cuadernillos de la ruta de Mejora Escolar y el de Estrategias Globales de Mejora Escolar.
Asimismo, han puesto en marcha, dos estrategias de atención:
a) El Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar, el cual tiene el propósito de fomentar un ambiente y cultura escolar que posibilite el aprendizaje y el desarrollo de los niños y de los adolescentes, por medio del establecimiento de relaciones interpersonales, respetuosas y de colaboración, orientando las experiencias del alumnado hacia el autoconocimiento el fortalecimiento de sus valores en un marco de respeto por la forma de pensar y sentir de los demás.
b) El programa Escuela Segura, con al nuevo enfoque a favor de la convivencia escolar, cuyo objetivo es mejorar los ambientes de aprendizaje en el aula y la escuela que favorezcan la convivencia inclusiva, democrática y pacífica.
En este sentido, con las acciones que actualmente desarrolla la Subsecretaría de Educación Básica, se da respuesta al exhorto que respetuosamente se le plantea, acerca de que se promuevan acciones que contribuyan a que los alumnos sean incluyentes y se evite la discriminación de cualquier tipo y forma.
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF., a 14 de agosto de 2015.— Doctora Arlette López Trujillo (rúbrica).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.
MINUTAS
LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Atentamente
México, DF, 30 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Proyecto de Decreto
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Artículo Primero. Se adiciona una fracción XII Bis al artículo 5 A; y se reforman los artículos 64, en sus fracciones II, V y VI; 84, en sus fracciones III y IV; 130; 133, en su primer párrafo; 135; 137; 138; 140; 144, en su primer párrafo; y 171, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 5 A. ...
I. a XII. ...
XII Bis. Cónyuge: a los integrantes de matrimonios heterosexuales y a los del mismo sexo;
XIII. a XIX. .,.
Artículo 64. ...
..
...
I. ....
II. A la viuda del asegurado o asegurada se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la asegurada. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;
III. y IV. ...
V. En el caso de las dos fracciones anteriores, si posteriormente falleciera el otro padre o madre, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha de su fallecimiento y se extinguirá en los términos establecidos en las mismas fracciones, y
VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de padre y madre, o de uno y otro cónyuge, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.
...
...
...
Artículo 84. ...
I. y II. ...
III. La esposa del asegurado o asegurada o, a falta de ésta, la mujer del asegurado con quien ha hecho vida conyugal durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya tenido hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.
Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o asegurado o, a falta de éste, el concubinario de la asegurada, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada o asegurado, según sea el caso, y reúnan los requisitos del párrafo anterior.
IV. La esposa del pensionado o pensionada en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, o a falta de esposa, la concubina del pensionado si se reúnen los requisitos de la fracción III.
Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o pensionado o a falta de éste el concubinario de la pensionada, si reúne los requisitos de la fracción III;
V. a IX. ...
...
Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado o de la asegurada o pensionada por invalidez. A falta de la esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensión.
La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o de la pensionada por invalidez, o al viudo del trabajador asegurado o del pensionado por invalidez.
Artículo 133. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado o de la asegurada o pensionada por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario con derecho a pensión contrajeran matrimonio o entraran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos desempeñen un trabajo remunerado.
...
Artículo 135. La pensión del huérfano de padre o madre será igual al veinte por ciento de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Si el huérfano lo fuera de padre y madre, o de uno y otro cónyuge, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la misma base.
Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de padre o de madre y posteriormente falleciera el otro padre o madre, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha de la muerte del ascendiente.
Artículo 137. Si no existieran viuda, viudo, huérfanos ni concubina o concubinario con derecho a pensión, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado o de la asegurada o pensionada por invalidez fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez.
Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado o pensionada por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:
I. Para la o el cónyuge del pensionado o pensionada o para la concubina del pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;
II. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado o pensionada, el diez por ciento de la cuantía de la pensión;
III. Si el pensionado o pensionada no tuviera cónyuge o el pensionado no tuviera concubina, ni hijos menores de dieciséis años, se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado o pensionada si dependieran económicamente de éstos;
IV. Si el pensionado o pensionada no tuviera cónyuge o el pensionado no tuviera concubina, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de éstos, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y
V. Si el pensionado o pensionada sólo tuviera un ascendiente con derecho al disfrute de asignación familiar, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al diez por ciento de la cuantía de la pensión que deba disfrutar.
Estas asignaciones familiares se entregarán de preferencia al propio pensionado o pensionada, pero la correspondiente a los hijos podrá entregarse a la persona o institución que los tenga bajo su cargo directo, en el caso de no vivir con el pensionado o pensionada.
...
Las asignaciones familiares concedidas para los hijos del pensionado o pensionada con motivo de no poderse mantener por sí mismos, debido a inhabilitación para trabajar por enfermedad crónica, física o psíquica, podrán continuarse pagando hasta en tanto no desaparezca la inhabilitación.
El Instituto concederá en los términos de este artículo, las asignaciones familiares a los hijos del pensionado o pensionada, mayores de dieciséis años, si cumplen con las condiciones mencionadas.
Artículo 140. El Instituto concederá ayuda asistencia al pensionado o pensionada por invalidez, con excepción de los casos comprendidos en las fracciones IV y V del artículo 138, así como a los viudos o viudas pensionados, cuando su estado físico requiera ineludiblemente, que lo asista otra persona de manera permanente o continua. Con base en el dictamen médico que al efecto se formule, la ayuda asistencial consistirá en el aumento hasta del veinte por ciento de la pensión de invalidez o viudez que esté disfrutando el pensionado o pensionada.
Artículo 144. El total de las pensiones atribuidas a la viuda o viudo, o a la concubina del pensionado o al concubinario de la pensionada y, en su caso, a los huérfanos de un asegurado o asegurada, no deberá exceder del monto de la pensión de invalidez que disfrutaba el asegurado o asegurada o de la que le hubiera correspondido en el caso de invalidez. Si ese total excediera, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.
...
Artículo 171. El asegurado o asegurada, cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado que le asegure el disfrute de una pensión garantizada y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, en los porcentajes del capítulo V de este Título, recibirá del Gobierno Federal una aportación complementaria suficiente para el pago de las pensiones correspondientes, mismas que se otorgarán en los siguientes términos:
I. La pensión de viudez será igual al noventa por ciento de la que estuviese gozando el pensionado o pensionada al fallecer;
II. La pensión del huérfano de padre o madre será igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado o asegurada estuviese gozando al fallecer. Si el huérfano lo fuera de padre y madre, o de uno y otro cónyuge, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la misma base.
Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de padre o de madre y posteriormente falleciera el otro padre o madre, la pensión de orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento de la base señalada, a partir de la fecha de la muerte del ascendiente, y
III. Si no existieran beneficiarios con derecho a pensión conforme a lo previsto en las fracciones I y n anteriores, ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del pensionado o pensionada que haya fallecido, por una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que el asegurado o asegurada estuviese gozando al fallecer.
...
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción III Bis al artículo 6; y se reforman los artículos 39; 70; y 135, en su fracción n; todos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 6. ...
I. a III. ...
III Bis. Cónyuge, a los integrantes de matrimonios heterosexuales y a los del mismo sexo;
IV. a XXIX. ...
Artículo 39. La mujer trabajadora, la pensionada, la cónyuge o concubina del trabajador o del Pensionado, la cónyuge de la trabajadora o pensionada, y la hija del trabajador o pensionado o de la trabajadora o pensionada, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:
I. a IV. ...
Artículo 70. Para la división de la pensión derivada de este capítulo, entre los familiares del trabajador, así como en cuanto a la asignación de la pensión para el viudo, viuda, concubina, concubinario, hijos, ascendientes, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.
Artículo 135. ...
I. ...
II. Porque la pensionada o pensionado contraigan nupcias o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio la viuda, viudo, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la pensión que venían disfrutando.
...
III. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social adecuará las disposiciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones de su régimen interno que correspondan, conforme al presente decreto, dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor.
Tercero. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado adecuará las disposiciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones de su régimen interno que correspondan, conforme al presente decreto, dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contieneproyecto de decreto por el que se reforman los artículos primero y tercero transitorios y se adicionan los artículos quinto, sexto y séptimo transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015.
Atentamente
México, DF, a 30 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y TERCERO TRANSITORIOS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 9 DE ENERO DEL 2015.
ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 2015, para quedar como sigue:
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los doscientos setenta días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. ...
Tercero. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus legislaciones para dar cumplimiento al presente Decreto en un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales posteriores a la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación.
Cuarto. ...
Quinto. Queda prohibido el sacrificio de ejemplares de vida silvestre que en algún momento fueron utilizados en circos. Sólo se permitirá el sacrificio de emergencia por sufrimiento de lesiones o afecciones que causen dolor o sufrimiento incompatibles con su vida, debiendo para ello cumplir con lo dispuesto por la normatividad vigente.
Para garantizar lo establecido en el presente artículo, en caso de muerte de algún ejemplar de vida silvestre utilizado en circos, sus poseedores, deberán acreditar mediante certificado médico veterinario e informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que el deceso fue por causas naturales o sacrificio de emergencia.
Sexto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizará visitas de supervisión técnica a aquellos circos que, al momento de entrar en vigor el presente Decreto aún no hayan entregado sus ejemplares de vida silvestre a zoológicos o a centros para la conservación de la Vida Silvestre.
En estas visitas de supervisión se deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Vida Silvestre y en las Normas Oficiales Mexicanas que refieran al trato digno y respetuoso de los animales.
Asimismo, en dichas visitas se deberá analizar cada uno de los informes anuales que debieron presentar los poseedores de vida silvestre en circos, con la finalidad de que se garantice que estos animales no serán sacrificados para taxidermia.
Séptimo. A efecto de garantizar el trato digno y respetuoso a la fauna silvestre, así como para verificar la veracidad de la información que conforma la base de datos que los circos entreguen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevará a cabo visitas de inspección y de ser el caso aplicará las sanciones correspondientes.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Atentamente
México, DF, a 30 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Proyecto de Decreto
Por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Artículo Único. Se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 167. ...
...
El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado.
Artículo 179. ...
...
Los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos ocasiones. Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos en la ley para el otorgamiento del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda; además, deberán demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. El importe de estos créditos se aplicará para los fines previstos en el artículo 169 de este ordenamiento.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Junta Directiva del Instituto incluirá en las reglas operativas que al efecto emita los términos, modalidades, proporciones y condiciones bajo las cuales se otorgue el segundo crédito previsto en los artículos 167 y 179 de esta ley, estableciendo criterios de equidad y de prelación que garanticen el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores que aún no lo ejerzan. Asimismo, aprobará las modificaciones que en su caso correspondan a los programas de crédito y de financiamiento vigentes.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
“DÍA NACIONAL POR LA SALUD DE LA MUJER”
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara al 28 de mayo, Día Nacional por la Salud de la Mujer.
Atentamente
México, DF, a 30 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Decreto
Por el que se declara al 28 de mayo, Día Nacional por la Salud de la Mujer.
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara al 28 de mayo, Día Nacional por la Salud de la Mujer.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de abril de 2015.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO>
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura del Estado de México.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
Tenemos el honor de dirigimos a ustedes para comunicarles que, la Honorable LVIII Legislatura del estado de México, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 61, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en sesión de esta fecha, resolvió presentar ante la Cámara de Diputados federal, iniciativa de decreto que adiciona un inciso h) Bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la iniciativa que se adjunta, acompañándose de la exposición de motivos y del dictamen legislativo correspondientes.
Lo anterior para los efectos constitucionales procedentes.
Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra distinguida consideración.
Atentamente
Toluca de Lerdo, México a 6 de agosto de 2015.— Diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica), secretaria; diputada Annel Flores Gutiérrez (rúbrica), secretaria; diputada Juana Bastida Álvarez (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura del Estado de México.
La Honorable LVIII Legislatura del estado de México, en uso de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien aprobar iniciativa ante el Congreso de la Unión.
Proyecto de
Decreto por el que se adiciona un inciso h) Bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El Honorable Congreso de la Unión decreta:
Artículo Único. Se adiciona un inciso h Bis) a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue
Artículo 115. ...
I. a II. ...
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) a h)...
h Bis) Bomberos; e
i) ...
...
...
...
IV. a X. ...
Transitorios
Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Transitorios
Primero. Publíquese la presente iniciativa en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
Segundo. Remítase la presente iniciativa al Honorable Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Toluca de Lerdo, capital del estado de México, a los seis días del mes de agosto del año dos mil quince.— Diputado Juan Abad de Jesús (rúbrica), Presidente; diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica), secretaria;diputada Annel Flores Gutiérrez (rúbrica), secretaria;diputada Juana Bastida Álvarez (rúbrica), secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura del Estado de México.
Diputada Elda Gómez Lugo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, 57 y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el que suscribe Diputado Juan Abad de Jesús del Partido Movimiento Ciudadano, presenta para la consideración de ésta LVIII Legislatura la iniciativa que añade un inciso h bis a la Fracción Tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
Uno de los momentos históricos con el que nuestra generación de servidores ha de ser consecuentes, es sin duda alguna, el llamado municipalismo. El fortalecimiento de los gobiernos locales ha pasado en los últimos veinte años por un sinnúmero de procesos que han tenido como punta de lanza las reformas políticas y financieras.
Las nuevas formas de recaudación y distribución, efectivamente han fortalecido sin duda la práctica del gobierno local, sin embargo, desde iniciada la reforma, nos hemos planteado el que tan grave puede ser que un municipio con más recursos y de duración trienal, no prevea el mediano plazo, la cooperación preocupa como el llamado empoderamiento municipal no ha traído consigo un mejor diseño de la prestación de los servicios de bomberos. Si bien es cierto, ha habido loables casos de crecimiento, también lo es que hay un rezago nacional que ha subsistido en los últimos años.
En algunas entidades, los servicios de bomberos han sido tradicionalmente parte de un conjunto aislado de patronatos o agrupaciones voluntarias y de caridad, creemos, que al igual que como sucede en nuestra entidad, deben ser los ayuntamientos quienes asuman la prestación del servicio, o bien se coordinen con otros municipios para proveer el mismo.
La propuesta concreta de ésta iniciativa es solicitar al Congreso dela Unión incluya en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una fracción que determine sean los municipios quienes se hagan responsables de dicho servicio, a cada entidad nos tocaría la forma de administración o prestación, pero creemos que en el concierto nacional es imperante el pronunciamiento del estado de México respecto a un servicio que no puede, ni debe ser desatendido por cada gobierno local.
El otrora llamado nuevo federalismo o municipalismo que en algún momento impulsamos, no tenía que ver sólo con recibir más dinero en el ayuntamiento para gastar más, tiene que ver con la gestión gubernamental de entender, desde una autoridad inmediata, la mejor forma de vida de cada gobernado.
En nuestra entidad tenemos un camino recorrido y ello nos da la mejor voz para proponer; que sirva para nuestra nación, para cada gobernado, para que nosotros mismos en la entidad lo tomemos con mayor responsabilidad, pero muy en especial para aquellos que nos mueven a elaborar la presente iniciativa: los heroicos cuerpos de Bomberos.
Se anexa proyecto de decreto para el proceso legislativo correspondiente.
Sin otro particular, quedo.
Atentamente
Toluca, estado de México, abril 15, 2015.— Diputado Juan Abad de Jesús (Rúbrica).»
« Honorable Asamblea
Por acuerdo de la Presidencia de la LVIII Legislatura, las Comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Legislación y Administración Municipal recibieron para efecto de su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, iniciativa que añade un inciso h) Bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Realizado el estudio de la iniciativa y discutido ampliamente en el seno de las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, formular el siguiente
Dictamen
Antecedentes
La iniciativa fue presentada al conocimiento y aprobación de la LVIII Legislatura por el diputado Juan Abad de Jesús, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51, 57 y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Conforme al estudio de la iniciativa, las legisladoras y los legisladores advertimos que pretende establecer en la Ley Fundamental de los Mexicanos el servicio público de bomberos, a cargo de los municipios.
Consideraciones
Compete a la legislatura el conocimiento y resolución de la iniciativa, toda vez que, en términos de lo dispuesto en los artículos 61 fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra facultada para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del estado, en todos los ramos de la administración del gobierno y le otorga el derecho para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión.
Coincidimos en que uno de los momentos históricos con el que nuestra generación de servidores ha de ser consecuentes, es sin duda alguna, el llamado municipalismo. Así el fortalecimiento de los gobiernos locales ha pasado en los últimos veinte años por un sinnúmero de procesos que han tenido como punta de lanza las reformas políticas y financieras.
Advertimos que en algunas entidades, los servicios de bomberos han sido tradicionalmente parte de un conjunto aislado de patronatos o agrupaciones voluntarias y de caridad, en consecuencia, creemos, que al igual que como sucede en nuestra entidad, deben ser los ayuntamientos quienes asuman la prestación del servicio, o bien se coordinen con otros municipios para proveer el mismo.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con solicitar al Congreso de la Unión, incluya en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un inciso que determine sean los municipios quienes se hagan responsables de dicho servicio, quedando a cada entidad la forma de administración o prestación.
Es importante que en el concierto nacional el estado de México se pronuncia respecto de un servicio que no puede, ni debe ser desatendido por cada gobierno local.
Cabe destacar que en nuestra entidad tenemos un camino recorrido y ello nos da la mejor voz para proponer algo que servirá a nuestra nación y cada gobernado, porque nosotros mismos en la entidad lo tomamos con la mayor responsabilidad, pero muy en especial por aquellos que han movido a elaborar la presente iniciativa: los heroicos cuerpos de Bomberos.
Por lo expuesto, acreditado el beneficio social de la iniciativa y el cumplimiento de los requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:
Resolutivos
Primero. Es de aprobarse la iniciativa que añade un inciso h) Bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo expuesto en el presente dictamen y el proyecto de decreto correspondiente.
Segundo. Previa discusión y en su caso, aprobación del pleno legislativo, expídase el Decreto que adjunto se acompaña y remítase al Congreso de la Unión para los efectos procedentes.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del estado de México, a los seis días del mes de agosto del año dos mil quince.— Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputados: Rad Mercado Ávila (rúbrica), Presidente;Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Marco Antonio Rodríguez Hurtado (rúbrica), Alberto Hernández Meneses (rúbrica), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica), Enrique Mendoza Velázquez, Juan Jaffet Millán Márquez (rúbrica), Rosa Karina Duarte Téllez (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Sergio Mancilla Zayas (rúbrica), Carla Libertad Domínguez del Río (rúbrica), Janeth Conzuelo Arellano (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, María Teresa Garza Martínez (rúbrica), Amador Monroy Estrada (rúbrica), Silvestre García Moreno (rúbrica), Yesenia Barrón López (rúbrica), Juan Manuel Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales, María del Carmen Camacho Lira (rúbrica), José Reyes Mendoza Sánchez (rúbrica). Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, diputados: Sergio Mancilla Zayas (rúbrica), Presidente;Saúl Benítez Avilés (rúbrica), Francisco Rodríguez Posada (rúbrica), Guadalupe Acevedo Agapito (rúbrica), Horacio Duarte Olivares, Juan Jaffet Millán Márquez (rúbrica), Ana Karen Vallejo Reyes (rúbrica), María del Carmen Camacho Lira (rúbrica), Janeth Conzuelo Arellano (rúbrica), Norberto Morales Poblete (rúbrica), Yesenia Barrón López (rúbrica), Juan Manuel Gutiérrez Ramírez (rúbrica).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
INICIATIVAS
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente capítulo es el referido de las iniciativas de diputadas y diputados, a nombre de sus respectivos grupos. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil.
La diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán:Señores integrantes de la Mesa Directiva. Compañeros legisladores y legisladoras. La suscrita Esthela de Jesús Ponce Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la presente iniciativa.
El turismo es una actividad de enorme potencial para México y la región latinoamericana. En el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 se definieron acciones específicas para afrontar los desafíos que planteaba la caída sistemática de la competitividad del sector, y que impedían aprovechar el potencial turístico y las ventajas comparativas del país en esa materia, con resultados que hoy son patentes.
De 2012 a 2014 la llegada de turismo a México de diferentes países y del propio turismo nacional creció alrededor del 70 por ciento.
Es ampliamente reconocido que nuestro país cuenta con importantes ventajas comparativas que le brindan su ubicación geográfica, su amplio inventario turístico y su capacidad para generar productos turísticos de calidad.
Sin embargo, asociado al privilegio de su ubicación y diversidad geográfica, se encuentra como una variable sustancial la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, a los efectos adversos del cambio climático, considerando, desde luego, la variabilidad climática y los fenómenos extremos.
En este sentido, debemos emprender acciones que permitan incrementar la capacidad del sector turístico para hacer frente a este tipo de eventos.
Consideramos que se han emprendido importantes esfuerzos de tipo político y regulatorios, que brindad un marco general adecuado. Sin embargo, es preciso atender las fisuras que emergen con la concurrencia de eventos de este tipo.
Hace un año tuvimos un ejemplo de las acciones que aún nos falta por concretar. La llegada del huracán Odile a Baja California Sur ocasionó la pérdida de infraestructura urbana y turística, y mantuvo a más de 30 mil turistas varados durante varios días, padeciendo una situación por demás adversa.
Muchos de ellos sin recursos, sin posibilidades de hacer uso de los servicios de la banca, sin poder comunicarse con sus familias o regresar a sus lugares de origen. En estas situaciones se cuenta con el apoyo institucional para todos los niveles de gobierno. Y es cierto también que tenemos hoy en día un sistema de protección civil muy fuerte en nuestro país, en coordinación con los tres niveles de gobierno.
Ante la imposibilidad de evitar esta ocurrencia de estos eventos, que son climatológicos, queremos y deseamos proponer a este honorable Congreso, una iniciativa para que sea tomada en cuenta en la Ley General de Protección Civil, en su artículo número 78.
Y a la letra dice:
Único. Se agregará texto en el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 78. Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno en los términos que establezcan esta ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos locales, así como asistir a los turistas, durante la posible contingencia derivada de un fenómeno natural.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de septiembre de 2015.
Dejo esta iniciativa a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Unión. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil, con fundamento en la siguiente
Exposición de Motivos
México es una potencia mundial en turismo, su ubicación geográfica es un punto especial en el globo terráqueo, tiene diversas riquezas naturales.
Contiene lagos, ríos, grutas, desiertos, mares y un sinfín de bellezas, que lo hacen atractivo.
El turismo nacional es cada vez más intenso con vuelos económicos y conexión de autopistas más seguras, así como corridas de autobuses que van a todos los destinos de la república.
Las ofertas hoteleras muchas veces son rebasadas, sobre todo en destinos turísticos cercanos a las grandes urbes, como ejemplo tenemos a Acapulco, Tuxpan, Puerto Vallarta, Los Cabos o Mazatlán.
Recordemos lo sucedido en la península de Baja California, donde huracanes y ciclones tropicales han golpeado diversas ciudades.
La respuesta surgida es que diversas casas habitación y departamentos se rentan a los visitantes y muchas veces no tienen los elementos básicos de seguridad. Se denota falta de botiquines, de extinguidores; es decir, de elementos básicos de seguridad.
El fenómeno del niño ha traído consigo cambios bruscos en las lluvias. Se han observado huracanes y tormentas tropicales que han golpeado las costas mexicanas y han quedado miles de turistas varados en las ciudades afectadas.
Se ha detectado que en dichas emergencias, los prestadores de servicios aprovechan la necesidad de los varados y aumentan de manera desmedida los precios y no hay regulación que frene dichas actividades irregulares.
El 1 de septiembre de este año, el fenómeno del niño formó tres huracanes simultáneos en el océano Pacífico, llamados Kilo, Ignacio y Jimena; cierto es que las lluvias anormales continuarán y tendremos afectadas a miles de personas.
Ante la creciente demanda es necesario que la oferta extra hotelera, apoye a los posibles afectados por los fenómenos tropicales y de cualquier otro que se suscitase.
Por ello se propone la presente iniciativa para incorporar a la Ley General de Protección Civil la obligación de los servidores hoteleros y extrahoteleros de prever fenómenos que afecten a los turistas, comunicándolo a sus huéspedes, sobre la existencia de una alerta por la posible afectación de un fenómeno meteorológico, si es el caso y que ello modifique su situación de turista a afacetados o varados. Así los prestadores del servicio deberán tener listas las medidas de emergencia, como medicinas, alimentos y no aprovecharse de la situación y elevar los precios de los servicios.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil
Único. Se agrega texto en el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 78. Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno en los términos que establezcan esta ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos locales , así como asistir a los turistas, durante la posible contingencia derivada de un fenómeno natural.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: Esthela de Jesús Ponce Beltrán,Francisco Saracho Navarro (rúbricas).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La diputada Minerva Hernández Ramos:Con su permiso, diputado presidente. Apreciadas diputadas y diputados, los saludo cordialmente. Nadie en este país resulta ajeno que el panorama económico que estamos viviendo es desalentador. La disminución en la producción de la plataforma petrolera, la estrepitosa caída del precio del barril, el meteórico ascenso del tipo de cambio del peso frente al dólar y el difícil contexto financiero internacional son noticias que preocupan a la población al no tener certidumbre respecto del rumbo económico que tomará México en el corto y mediano plazos.
Y cómo no estar preocupado, cuando el salario ha venido perdiendo su poder adquisitivo y cada vez que se hacen las compras para el hogar alcanzan para menos. Tal como lo demuestra el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza elaborado por Coneval, la encuesta del Inegi sobre el Índice de Confianza del Consumidor refleja que ésta se encuentra por los suelos, pues al preguntar si consideran que en un año mejorará la situación económica, cada vez son más quienes dudan en responder afirmativamente en vista del desempeño de la economía.
Los ciudadanos saben que prevalece una difícil situación económica en sus finanzas, si analizamos las cifras de la Antad, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, corroboramos que las personas se han abstenido de comprar bienes de consumo duradero, como muebles y electrodomésticos. La población vive al día y ha centrado su consumo en lo esencial: Alimentos, bebidas, pago de telefonía, gas, agua, electricidad y otros servicios elementales.
Cómo no estar preocupados cuando reiteradamente voces oficiales transmiten a los mexicanos que hay que apretarse el cinturón, que éstos son tiempos de austeridad. Además se advierte que tanto instituciones gubernamentales mexicanas como instituciones financieras internacionales y algunas consultoras privadas, consistentemente han venido ajustando siempre a la baja las expectativas del crecimiento económico.
Apenas en noviembre pasado nos decían que la proyección económica del PIB sería del 3.7. Al finalizar el segundo trimestre de 2015 la proyección es apenas del 2.1 por ciento. Es decir, en tan solo siete meses esa expectativa de crecimiento disminuyó 1.6 por ciento. Dicho de otra manera el PIB tuvo que ajustarse a la baja 0.22 cada mes, lo cual no solamente es inaudito sino que incide en los patrones de consumo, de ahorro y de inversión de la población.
Estamos entrapados en in círculo vicioso. Poco crecimiento económico, pocos empleos, pocos salarios competitivos, poco consumo y por ende el mercado interno no ha podido fungir como el motor del desarrollo financiero que requiere México.
El Partido Acción Nacional tiene muy claro que es responsabilidad de esta Legislatura establecer las bases para la reactivación económica y velar en todo momento por la protección de los intereses de los mexicanos que nos confiaron con su voto y nos comprometieron a estar aquí para dar la vuelta de timón y abrir posibilidades a un futuro mejor.
En Acción Nacional estamos convencidos que construir mejores condiciones de desarrollo económico a los ciudadanos y a las empresas repercutirá en la expansión del mercado interno, en la creación de mayores y mejores empleos y en el tan anhelado crecimiento económico.
Estamos seguros que debe fomentarse los vehículos a la inversión de bienes de capital en activos fijos que permitan a los agentes económicos tener el beneficio de mejorar tecnológicamente, adquirir activos con los que produzcan mejores bienes y una óptima prestación de servicios que incentive el desarrollo de ciertos sectores de la economía y dinamice el desarrollo entero del país.
El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión ha insistido desde la Legislatura pasada en que debe retomarse el tratamiento fiscal de la deducción inmediata de inversiones. Esto es de la depreciación acelerada en los bienes nuevos de activos fijos, tal como estuvo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta desde 2002 y hasta 2013.
Es innegable que las inversiones en activos fijos que realizan las empresas incrementan su productividad y su competitividad, que es una oportunidad de financiamiento para la planeación, desarrollo y expansión de las actividades comerciales de los agentes económicos.
Además de que no podemos perder de vista que dentro de los sistemas impositivos de los países con los que mantenemos relaciones comerciales, el crecimiento, la productividad y la competitividad es alentada por sus gobiernos, otorgando estímulos a la inversión de capital en diversos sectores económicos.
Además de que con los países con los que México compite para atraer inversión como son: Brasil, China e India, se cuenta también con esquemas de depreciación acelerada de inversiones.
Tan resulta cierto que las inversiones en activo que realizan las empresas incrementan su productividad, que en situaciones de desastres naturales en las que se requiere una actividad económica inmediata, la propia Secretaría de Hacienda recurrió o recurre a la deducción inmediata como mecanismo detonador del crecimiento, como ocurrió el año pasado cuando nos alcanzó Odile y causó severos daños materiales en Baja California Sur.
Hacienda emitió un decreto que considera la deducción inmediata de inversiones, aplicando inclusive una tasa de hasta el 100 por ciento del monto original de la inversión.
La importancia del tema que nos ocupa es tal que incluso en septiembre del año pasado la procuraduría que defiende a los contribuyentes se pronunció a favor de reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el objeto de regresar al incentivo fiscal generado por la deducción inmediata de inversión.
Compañeros, medularmente esta iniciativa plantea retomar la deducción inmediata de inversiones prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que estuvo vigente de 2002 a 2013, y atendiendo a la estructura de la ley de la materia, adiciona una sección cuarta al capítulo de las deducciones del título, de las personas morales.
Aplica únicamente para el activo fijo que se ha utilizado por primera vez en México, incentivando el gasto de capital de los agentes económicos en todo el territorio nacional.
Es menester que las diputadas y los diputados integrantes de esta soberanía, tengamos presente en todo momento que la depreciación acelerada en bienes de activos fijos constituye una de las deducciones estructurales más importantes dentro de los esquemas de tributación directa sobre los ingresos, pues según los expertos esta podría considerarse la tercera deducción más importante después del costo de lo vendido y de los salarios, toda vez que atiende a los factores reales de la producción.
Mientras el costo de lo vendido reconoce fiscalmente el efecto económico de las adquisiciones e insumos, y los salarios atienden a la retribución de la fuerza de trabajo mediante esta, la deducción inmediata en inversiones, se reconoce racional y sistemáticamente el costo de tales bienes distribuidos durante su vida útil, de tal forma que esta depreciación acelerada permita que el agente económico obtenga recursos necesarios para la reposición de los bienes depreciados, para que conserve su capacidad operativa y su capacidad productiva. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta en nombre del grupo parlamentario a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Sección IV, “De la deducción inmediata de bienes nuevos de activos fijos”, al Capítulo II, “De las deducciones”, del Título II, “De las personas morales”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
I. Planteamiento del Problema
Que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que son obligaciones de los mexicanos: “...El contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes...”.
Por su parte, el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 1, que: “...Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico...”.
En este sentido, la Ley del Impuesto sobre la Renta (en adelante, LISR) tiene por objeto regular el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas y morales.
El impuesto sobre la renta es una contribución que las personas físicas y las morales están obligadas a pagar en los siguientes casos:
• Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan;
• Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente, y
• Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.
Ahora bien, la eliminación de la deducción inmediata en bienes nuevos de activo fijo que fue aprobada por el Grupo Parlamentario del PRI en la LXII Legislatura, misma que entró en vigor para el ejercicio fiscal de 2014, cumplió con la amenaza de frenar las inversiones de las empresas al reducir su liquidez.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que había sido propuesta por el Ejecutivo Federal en aquel entonces, la eliminación de esta figura supuestamente obedecía a los siguientes criterios:
• Que las personas morales y las físicas con actividades empresariales y profesionales podían deducir de manera inmediata la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el ejercicio en el que efectuaran dicha inversión, en el que se iniciara su utilización o en el ejercicio siguiente, siempre que se tratase de inversiones en bienes que fueran a utilizarse permanentemente en territorio nacional, pero fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.
• Que las empresas que invertían en activos productivos en el país podían deducir en un sólo ejercicio el valor presente de la depreciación que se efectuaría durante la vida útil del activo adquirido, considerando una tasa de descuento para calcular dicho valor presente.
• Que este tratamiento tenía el carácter de preferencial en la estructura del ISR, el cual permitía diferir el pago del ISR con lo que se esperaba gravar la variación patrimonial a través del monto de la utilidad que obtenía el contribuyente en cada ejercicio.
• Que supuestamente este beneficio no había probado ser una forma eficiente de apoyar la inversión, en particular de la pequeña y mediana empresa y, en cambio, había sido utilizado para reducir injustificadamente la carga tributaria de los contribuyentes, particularmente por grandes empresas.
• Que se consideraba que el tratamiento de la inversión debía ser consistente con la naturaleza del ISR, por lo que el valor de las inversiones debía ser deducible a través de los años de la vida útil del bien y no de forma inmediata, sin atender a que se trataba de un aliciente económico a la inversión.
II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se propone en el apartado VI.4 México Próspero, en la estrategia 4.1.2. Fortalecimiento de los ingresos del sector público, implementar las siguientes líneas de acción:
• Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal;
• Adecuar el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para que sirva como palanca de desarrollo, entre otras.
No obstante, con la eliminación de la deducción inmediata en bienes nuevos de activo fijo,quedaron lejanos de cumplirse estos compromisos planteados por el Ejecutivo Federal, tal como se advierte con los continuos ajustes a la baja de las expectativas de crecimiento económico, como se advierte en la siguiente gráfica:
Aunado a lo anterior, de acuerdo con la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal se estimaba que de aprobarse el conjunto de medidas propuestas en la LISR empresarial se esperaría la generación de recursos adicionales por el orden de los 28 mil 272 millones de pesos de acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales de 2013.
Sin embargo, al eliminar este tratamiento, las expectativas esperadas por el Ejecutivo Federal no solo no se cumplieron, en la obtención de mayores ingresos, sino que estos disminuyeron.
Si observamos el Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas, y la deuda pública de 2014, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, la recaudación del impuesto sobre la renta tuvo un impacto negativo del orden de los 19,775.4 millones de pesos, quedándose cortas las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para corregir esta situación, en el Congreso de la Unión el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha insistido recurrentemente en la restitución de la figura de la “Deducción de inmediata de inversiones” en la LISR.
En efecto, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el Diputado José Isabel Trejo Reyes presentó, el 30 de septiembre de 2014, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo VIII al Título II, se deroga la fracción XXX del artículo 28, y la fracción XXXIV del artículo noveno transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Asimismo, en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el senador Martín Orozco Sandoval presentó el 16 de octubre de 2014, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII al Título VII con los artículos 196, 197 y 198 a la Ley del Impuesto al Sobre la Renta.
Ante la situación económica que prevalece se necesitan instrumentos que permitan reactivar los indicadores económicos. Uno de ellos sin duda, es el estímulo fiscal que se da a los contribuyentes a través de la deducción inmediata de inversiones, mismas que tienen un efecto multiplicador dentro de la economía.
Es imposible negar que, actualmente, el mercado interno se encuentra deprimido y que no puede ser el motor del crecimiento económico que requiere el país; prueba de ello es el comportamiento que ha mostrado el consumo privado frente al consumo público.
Es importante reconocer que las diversas empresas del país utilizan la deducción inmediata de inversiones más que como un estímulo fiscal, como una oportunidad de financiamiento para la planeación, desarrollo y expansión de sus actividades comerciales.
Además, atendiendo a la experiencia tributaria comparada, en todos los sistemas impositivos de los países con los que sostenemos relaciones comerciales, se alienta el crecimiento, la productividad y la competitividad otorgando estímulos para la inversión de capital en diversos sectores de la economía.
En países con los que México compite para atraer inversión como Brasil, China e India, sus legislaciones contienen esquemas de depreciación acelerada, por lo que eliminar la deducción inmediata reduciría de manera importante la competitividad de México para atraer inversiones.
Durante el tiempo que estuvo vigente la deducción inmediata de inversiones de activos fijos, ésta representó una medida fiscal eficiente y eficaz para atraer inversionistas del extranjero y consolidar a los inversionistas de nuestro país.
Derivado de la tóxica reforma fiscal aprobada en la Legislatura pasada y vigente a partir de 2014, se observa un desaliento a la inversión que lo único que ha ocasionado es que se generen empleos que ofrecen salarios muy bajos, desincentivando así la formación de capital humano y contribuyendo a que los jóvenes de este país se incorporen a la informalidad o bien, en el peor escenario posible, que engrosen las filas del crimen organizado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, una situación crítica es la de los 14.5 millones de jóvenes que formando parte de la población económica activa se encuentran ocupados en el mercado laboral, pues menos del 3.5% de ellos cuentan con un trabajo que les pague más de cinco salarios mínimos o $10,515 mensuales.
Los empleos que sí han aumentado para ellos son los que van de menos de uno y hasta tres salarios mínimos (de $2,000 a $6,300 mensuales).
De esta manera, es posible afirmar que la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo federal ha mostrado una alta capacidad para bloquear la generación de nuevos empleos con valor agregado y salarios remunerativos.
La eliminación de la deducción inmediata de inversiones tuvo un impacto financiero negativo, fundamentalmente en aquellas empresas que realizan inversiones en la industria de la construcción y que como sabemos, representa un sector que dinamiza la economía de nuestro país.
Prueba de ello es el Índice de Confianza Empresarial del Inegi que muestra que en el sector de construcción la percepción que se tiene respecto del panorama y futuro económico del país es totalmente aciaga, pues los empresarios han ido ajustando su expectativa a la baja al no tener certeza respecto las decisiones adecuadas en materia de política económica.
Es innegable que las inversiones en activos fijos que realizan las empresas incrementan su productividad y competitividad, ya que su fin último es generar, en el corto, mediano o largo plazo, eficiencias en sus procesos productivos, extender sus unidades de negocio creando infraestructura para un mejor posicionamiento y manejo de su mercado.
Prueba de ello ha sido que, en situaciones de desastres naturales en las que se requiere una reactivación económica inmediata, la Presidencia de la República ha recurrido a la deducción inmediata de inversiones como vehículo detonador del crecimiento. A manera de ejemplo, el 26 de marzo de 2015 se publicó el decreto de modificación al diverso por el que se otorgaron beneficios fiscales a los contribuyentes residentes en los municipios de Comundú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé del estado de Baja California Sur, debido a los daños materiales causados por el huracán “Odile” los días 14 y 15 de septiembre de 2014.
Así, inicialmente se había autorizado la deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo, aplicando una tasa del 100% sobre el monto original de la inversión, siempre que: a) las inversiones se hubiesen realizado entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2014; y que b) dichos activos fueran utilizados exclusiva y permanentemente en las mencionadas zonas afectadas.
La importancia de dicho beneficio estriba en que, a pesar de que en la Exposición de Motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta planteada en 2013, el Ejecutivo Federal señaló que la “deducción inmediata de inversiones” supuestamente no había probado ser una forma eficiente de apoyar la inversión y que, por lo contrario, había sido utilizada por empresas de gran tamaño para reducir injustificadamente su carga tributaria, señalando textualmente que “...este beneficio favorece la expansión de los grandes grupos económicos, y representa un factor de discriminación en contra del factor trabajo...”, es indudable el beneficio económico que produce la deducción inmediata de inversiones en el mercado interno.
No se debe olvidar que esto tiene relación directa con los beneficios en la cadena productiva y, indudablemente, a las mejoras económicas que se derraman en el lugar en que se realizan las inversiones.
Es así que, la deducción inmediata ha representado un gran atractivo y compromiso adquirido por los gobiernos estatales y el federal para atraer y mantener inversiones, tal es el caso del sector automotriz que de no continuar la deducción inmediata vería seriamente afectadas las inversiones comprometidas en diferentes etapas y diferentes años.
En este sentido, al eliminarse en 2014 la deducción inmediata en nuestro sistema tributario, ello se ha convertido en una limitante para el inversionista y una alerta en materia de seguridad jurídica, tan es así que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, (Prodecon), se ha pronunciado a favor de reformar la LISR con el objeto de regresar al incentivo fiscal y económico generado por la deducción inmediata de inversiones.
El 7 de septiembre de 2014, la Titular de la PRODECON señaló que “...según las inconformidades expresadas por diversos grupos de contribuyentes, entre los temas susceptibles de corregirse por parte de los legisladores están la deducción acotada en materia de prestaciones salariales y de previsión social, así como que la eliminación de la deducción inmediata de inversiones...”
Las deducciones aceleradas en activos fijos constituyen una de las deducciones estructurales más importantes, pues según expertos en la materia, ésta podría considerarse la tercera más importante después del costo de lo vendido y los salarios, toda vez que atiende a los factores reales de la producción (insumos, fuerza de trabajo y capital)
En conclusión, en los últimos años la deducción inmediata ha sido un diferenciador en nuestro país para atraer inversiones japonesas, alemanas y americanas sobre todo en la industria automotriz y aeroespacial.
Sin pasar por alto que, la presente iniciativa forma parte de un cúmulo de iniciativas que el Grupo Parlamentario del PAN presentará con el propósito de mejorar el sistema fiscal, alentar la inversión, la productividad, la competitividad y el desarrollo económico, ante el adverso panorama internacional que prevalece.
III. Fundamento legal de la iniciativa
A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Código Fiscal de la Federación, y
c) Ley del Impuesto sobre la Renta.
IV Denominación del proyecto de ley o decreto
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Sección IV “De la deducción inmediata de bienes nuevos de activos fijos” al Capítulo II “De las deducciones” del Título II “De las personas morales”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta
V. Ordenamientos a modificar
- Ley del Impuesto sobre la Renta.
VI. Texto normativo propuesto
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:
Ley del Impuesto sobre la Renta
Sección IVDe la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo
Artículo 43-A. Los contribuyentes del Título II y del capítulo II del Título IV de esta ley, podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 31 y 37 de la ley, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe la inversión de los bienes nuevos de activo fijo, en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en este artículo. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo 197 de esta ley.
Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son los que a continuación se señalan:
I. Los por cientos por tipo de bien serán:
a) Tratándose de construcciones:
1. 74 por ciento para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.
2. 57 por ciento en los demás casos.
b) Tratándose de ferrocarriles:
1. 43 por ciento para bombas de suministro de combustible a trenes.
2. 57 por ciento para vías férreas.
3. 62 por ciento para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones.
4. 66 por ciento para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes.
5. 74 por ciento para el equipo de comunicación, señalización y telemando.
c) 62 por ciento para embarcaciones.
d) 87 por ciento para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.
e) 88 por ciento para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.
f) 89 por ciento para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
g) Tratándose de comunicaciones telefónicas:
1. 57 por ciento para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.
2. 69 por ciento para sistemas de radio, incluye equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y guías de onda.
3. 74 por ciento para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores.
4. 87 por ciento para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica.
5. 74 por ciento para los demás.
h) Tratándose de comunicaciones satelitales:
1. 69 por ciento para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite.
2. 74 por ciento para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del satélite.
II. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes:
a) 57 por ciento en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre.
b) 62 por ciento en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural.
c) 66 por ciento en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural.
d) 69 por ciento en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados.
e) 71 por ciento en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica.
f) 74 por ciento en el transporte eléctrico.
g) 75 por ciento en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido.
h) 77 por ciento en la industria minera; en la construcción de aeronaves. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a la maquinaria y equipo señalado en el inciso b) de esta fracción.
i) 81 por ciento en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las estaciones de radio y televisión.
j) 84 por ciento en restaurantes.
k) 87 por ciento en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En caso de contribuyentes que tributen conforme al Título II, capítulo VIII podrán deducir el 100 por ciento de la adquisición de terrenos siempre y cuando sean utilizados exclusivamente para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.
l) 89 por ciento para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país.
m) 92 por ciento en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación.
n) 74 por ciento en otras actividades no especificadas en esta fracción.
o) 87 por ciento en la actividad del autotransporte Público Federal de carga o de pasajeros.
En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en la fracción II de este artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la inversión.
La opción a que se refiere este artículo, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola.
Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México, excepto terrenos.
La opción a que se refiere este artículo, sólo podrá ejercerse tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en estas áreas se trate de empresas que no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, excepto en actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas; que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y que en este último caso además obtengan de la unidad competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, constancia que reúne dicho requisito, la opción prevista en este párrafo no podrá ejercerse respecto de autobuses, camiones de carga, tractocamiones y remolques.
Artículo 43-B. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior, por los bienes a los que la aplicaron, estarán a lo siguiente:
I. El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate.
El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo 196 de esta Ley por cada tipo de bien.
II. Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos percibidos por la misma.
III. Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la deducción señalada en el artículo 196 de esta Ley, los por cientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción del artículo 196 de la Ley citada y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a la siguiente:
Para los efectos de las fracciones I y III de este artículo, cuando sea impar el número de meses del periodo a que se refieren dichas fracciones, se considerará como último mes de la primera mitad el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.
VII. Artículos transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2016.
Notas:
1 Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el Ejecutivo federal el 08 de septiembre de 2013, página VI.
2 www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/ enoe/
3 www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro. aspx?s=est&nc=744&c=24068
4 http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/ preacceso/articulo/default.aspx? id=334214&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?id=334214& urlredirect=http%3A%2F%2Fwww.negociosreforma.com%2F aplicaciones%2Farticulo%2Fdefault.aspx%3Fid&v=2
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: Minerva Hernández Ramos,Javier Antonio Neblina Vega, José Erandi Bermúdez Méndez, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Marko Antonio Cortés Mendoza, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, María Angélica Mondragón Orozco, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Exaltación González Ceceña, Alejandra Gutiérrez Campos, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Carlos Alberto de la Fuente Flores, María Verónica Agundis Estrada, José Máximo García López, René Mandujano Tinajero, Wenceslao Martínez Santos, Enrique Cambranis Torres, Herminio Corral Estrada, Miguel Ángel Huepa Pérez, Pedro Garza Treviño, María García Pérez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Luis Agustín Rodríguez Torres, Karla Karina Osuna Carranco, Patricia Sánchez Carrillo, Adriana Elizarraraz Sandoval, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Rafael Valenzuela Armas, Sergio Emilio Gómez Olivier, Juan Pablo Piña Kurczyn, Ingrid Krasopani Shcemelensky Castro, Gretel Culín Jaime, Jorge López Martín, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Jorge Ramos Hernández, Jacqueline Nava Mouett, Elva Lidia Valles Olvera, Nadia Haydee Vega Olivas, Jesús Antonio López Rodríguez, Genoveva Huerta Villegas, José Hernán Cortés Berumen, Ximena Tamariz García, Emma Margarita Alemán Olvera, Angélica Moya Marín, José Teodoro Barraza López, Guadalupe González Suastegui, Rocío Matesanz Santamaría, César Flores Sosa, María Luisa Sánchez Meza, Mariana Arámbula Meléndez, Karina Padilla Ávila, Martha Cristina Jiménez Márquez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Patricia García García, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Marco Antonio Gama Basarte, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Baltazar Martínez Montemayor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Federico Döring Casar, Ulises Ramírez Núñez, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Lorena del Carmen Alfaro García, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Joaquín Jesús Díaz Mena, Kathia María Bolio Pinelo, Gabriela Ramírez Ramos, José Everardo López Córdova, Claudia Sánchez Juárez, Luis Fernando Antero Valle, Luis Gilberto Marrón Agustín, Brenda Velázquez Valdez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Eloísa Chavarrías Barajas, Santiago Taboada Cortina, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Luis de León Martínez Sánchez, Hugo Alejo Domínguez, Juan Corral Mier, Román Francisco Cortés Lugo, Ariel Enrique Corona Rodríguez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Marisol Vargas Bárcena, Miguel Ángel Salim Alle, José Antonio Salas Valencia, Santiago Torreblanca Engell, Héctor Barrera Marmolejo, Lilia Arminda García Escobar, Elías Octavio Íñiguez Mejía, Alfredo Miguel Herrera Deras, Leticia Amparano Gámez, Jisela Paes Martínez, Mónica Rodríguez Della Vecchia, César Augusto Rendón García, José Adrián González Navarro, Juan Carlos Ruiz García (rúbricas).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Presidente, para que nos haga el favor de preguntarle a la diputada Minerva Hernández, debido a la importancia del tema, y que todos los demás diputados de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional tenemos interés en suscribirla, nos haga usted el favor de preguntarle si tiene algún inconveniente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pregunto en esos términos a la diputada Minerva Hernández si tiene algún inconveniente en la solicitud de adhesión formulada por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza.
Sonido, por favor, en la curul de la diputada Minerva.
Lo hacemos económico, si usted no tiene inconveniente en la adhesión, que parece que no es así... Ahí tiene ya. Ahí tiene ya sonido.
La diputada Minerva Hernández Ramos(desde la curul): Por supuesto, diputado presidente, es un honor que el grupo parlamentario suscriba la iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, en tal virtud, la Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición la iniciativa para quienes la quieran suscribir, acá mismo a la derecha de esta Presidencia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Martínez Neri, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Francisco Martínez Neri:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados.
Vengo a esta tribuna a nombre del PRD para presentar una iniciativa que fortalezca tanto al titular del Poder Ejecutivo como al conjunto del Poder Legislativo, pero más aún, que fortalezca el sano equilibrio y la necesaria separación de poderes de la república.
Demandamos a nombre de la sociedad que el presidente venga personalmente a entregar su informe y a dirigir un mensaje a la nación en esta tribuna cargada de significación e historia, y también queremos discutir en un marco de respeto y de forma posterior el informe que presenta el Ejecutivo en primerísima instancia con el señor presidente.
El formato del informe de gobierno debiera ser un ejercicio de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, sin embargo desde la reforma de 2008 este ejercicio se ha pervertido al grado de haberse convertido en un simple trámite burocrático, en el que el funcionario de mayor rango del gabinete se presenta en el Palacio Legislativo a entregar el documento que contiene el informe de gobierno. El diálogo republicano fue rebajado entonces a recibir un importante enviado, pero que solo actúa como mensajero.
Después de una sede alterna, alejado de toda investidura histórica, el presidente de la república realiza un acto, y en el que se rinde culto a la personalidad de la figura presidencial, alejado de la pluralidad política, de la representación nacional y de la responsabilidad de rendir cuentas a la nación. Ello demuestra su preferencia por la comodidad mediática y el aplauso en vez de sostener el debate entre Poderes.
Haciendo un recuento histórico, es notorio que el Ejecutivo históricamente acudía a la sede congresual para recibir un apoteótico recibimiento y la suma de apoyos políticos. En la cúspide de la era del partido hegemónico la presencia del titular del Ejecutivo empezaba fuera del recinto legislativo desde la residencia oficial del presidente con un desfile multicolor, que visto ahora más parece un desfile que evoca la era de los líderes de los países totalitarios.
En las siguientes décadas la sociedad mexicana cobró más vigor como respuesta natural a la asfixia de un régimen hegemónico y se logró abrir el sistema de la pluralidad política. Esta pluralidad se expresó con fuerza ante el Ejecutivo, siempre cuestionando la legitimidad de su investidura y el estado de cosas en el país. Así ocurrió de manera significativa en 1988, en 1997, en 2006; y acabó con la intocabilidad y la fanfarria el llamado Día del Presidente.
Posteriormente en 2008 se suprimió la obligación de asistir –subrayo la palabra asistir– por parte del presidente de la república a presentar su informe. Con esa reforma el concepto fue cambiado por la presentación de un informe escrito. Así se suprimió, es cierto, el ceremonial en torno al Ejecutivo que llevó a considerarse el día del presidente, pero se perdió el diálogo y el equilibrio de Poderes.
Con la reforma de 2008 se demostró la mala relación entre los dos Poderes de la Unión, donde los contrapesos no existían y el presidente lucía incapaz de entablar un diálogo fructífero, tanto con los diputados como con los senadores.
La presente iniciativa pretende enriquecer la información que la sociedad mexicana tiene derecho a recibir sobre el estado auténtico de la administración. La propuesta del PRD respeta la figura del presidente de la República en México, en tanto concentra en su investidura dos cualidades; la del jefe de Estado por un lado, y la del jefe de gobierno y titular de la administración pública por otro.
En esta iniciativa las y los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario del PRD proponemos que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado acuda al pleno del Congreso de la Unión a dar un mensaje político y a entregar por escrito un informe de gobierno, y proponemos que en fecha posterior acuda a la Cámara de Diputados en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, a exponer lo fundamental de su informe y sostener un intercambio de opiniones con la representación nacional.
Posteriormente a este acto, iniciará la glosa y el análisis del informe, conforme a lo establecido por los artículos 69 y 93, de esta Constitución. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
El formato del informe de gobierno debiera ser un ejercicio de rendición de cuentas de quien detenta el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, sin embargo desde la reforma de 2008, este ejercicio se ha pervertido al grado de haberse convertido en un simple trámite burocrático en el que el funcionario de mayor rango del gabinete es el que se presenta en el Palacio Legislativo a entregar el documento que contiene el informe de gobierno.
En una sede alterna, alejado de toda investidura histórica y todo carácter republicano, el presidente de la República realiza un acto en el que se rinde culto a la personalidad de la figura presidencial, muy lejos de su responsabilidad de rendir cuentas a la nación.
Argumentos
La figura del presidente de la República en México, concentra en su investidura dos calidades, la del jefe del estado por un lado, y la del jefe del gobierno y titular de la administración pública federal por el otro. Desde los albores del siglo XX, se ha concebido la presencia del presidente ante el Congreso de la Unión, como un protocolo en donde la figura del jefe del estado tiene que lucir y brillar frente al Poder Legislativo, el cual obligadamente le tiene que rendir pleitesía. Más que para rendir cuentas, el Ejecutivo históricamente acudió a la sede del Congreso para recibir un apoteótico recibimiento y la suma de apoyos políticos por parte de la representación nacional. En la cúspide de la era del partido hegemónico, la presencia faraónica del titular del Ejecutivo empezaba fuera del recinto legislativo, desde la residencia oficial del presidente, con un desfile multicolor, que visto ahora, más parece un desfile que evoca a la era de los líderes totalitarios.
La obra arquitectónica de este gran palacio que nos alberga, culminó en los años 70, todavía con la concepción de una relación republicana inversa. En vez de que el titular del Ejecutivo rindiera cuentas al Congreso, este poder, se rendía con sus grandes pasillos y su elegante tribuna al avasallante poder absoluto del jefe del Estado mexicano.
Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el artículo 69 ha sido objeto de tres enmiendas:
Si observamos con detenimiento el texto original del Constituyente de 1917 vemos que a la letra el artículo 69 dice:
“Artículo 69. A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del país; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara que se trate, las razones que hicieron necesaria su convocatoria, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”
La primera reforma, a esta disposición fue en 1923, para suprimir del texto constitucional la obligación del presidente de la República de asistir al Congreso al inicio de las sesiones extraordinarias con el objeto de explicar las razones de dicha convocatoria, quedando así:
“Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el que manifieste sobre el estado general que guarde la administración pública del país.
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.”
La segunda reforma, fue en 1986 para suprimir del texto constitucional la obligación del presidente de acudir al Congreso al inicio de cada periodo ordinario, de tal forma que quedó establecido que la obligación del presidente de rendir su informe sería anualmente, quedando de la siguiente manera:
“Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el que manifieste sobre el estado general que guarde la administración pública del país.
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria”
La tercera reforma, que se dio en 2008 pretendía resguardar de la exhibición pública a un presidente cuestionado en su legitimidad e inmerso en una crisis política. Por eso se suprimió la obligación del presidente de la República de acudir al Congreso a rendir su informe. Con esta reforma, de manera inadmisiblemente, el Congreso mexicano obsequiaba, diligentemente, una de sus principales facultades: traer a cuentas al Ejecutivo federal.
Con dicha reforma, se le restó solemnidad al informe presidencial pero también se le restó importancia a un acto en el que el presidente comunica a la sociedad los resultados obtenidos a raíz de la toma de decisiones. Con la reforma de 2008 se demostró la mala relación entre dos Poderes de la Unión, donde los contrapesos no existían y el presidente lucía incapaz de entablar un diálogo cortés pero fructifico tanto con los diputados como con los senadores.
La pluralidad política, afortunadamente, llegó para quedarse y ahora necesitamos que el diálogo entre poderes sea horizontal, respetuoso, pero veraz, firme y cotidiano. Por ello, y con la presente iniciativa, lo que se pretende es enriquecer la información que la sociedad mexicana tiene derecho a recibir sobre el estado auténtico de la administración. Considerando que el informe por escrito es un documento en el que se plasman datos que denotan los resultados de las decisiones presidenciales pero que no debería ser excluyente del discurso que el presidente, de cara a los ciudadanos debe pronunciar, en un acto de responsabilidad tanto de él como cabeza de estado como de los legisladores, representantes del pueblo.
El presidente de la República, como responsable de la dirección de este país, está obligado, por este hecho, a rendir cuentas e informar a la nación sobre el estado que guarda.
Una vez visto lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esta LXIII Legislatura considera que el Congreso mexicano debe evolucionar cada vez a fin de configurarse como uno de los poderes esenciales de un sistema presidencial, con características e instrumentos parlamentarios, en donde el diálogo entre poderes, la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo y la fiscalización de las tareas y del uso de los recursos públicos del Ejecutivo, deben fortalecerse.
En esta iniciativa, los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario del PRD proponemos que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, el presidente de la República, en su calidad de jefe del estado, acuda al pleno del Congreso de la Unión a dar un mensaje político y a entregar por escrito un informe de gobierno, y que en fecha posterior acuda a la Cámara de Diputados, en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, a exponer lo fundamental de su informe, y sostener un intercambio de opiniones con la representación nacional. Posterior a este acto, iniciará la glosa y el análisis del informe conforme a los artículos 69 y 93 de esta Constitución.
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un segundo párrafo al mismo artículo, recorriéndose el segundo y tercer párrafo originales al tercer y cuarto párrafos, para quedar como sigue:
Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República acudirá ante el pleno del Congreso de la Unión a dar un mensaje político investido en su calidad de jefe de estado y entregará por escrito un informe en el que rinda cuentas sobre el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
En fecha posterior, el presidente de la República acudirá a la Cámara de Diputados, en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, a exponer el informe en el que rinda cuentas sobre el estado general que guarda la administración pública del país. Durante su comparecencia, escuchará las intervenciones de los legisladores y responderá a los cuestionamientos que éstos le formulen, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley del Congreso.
(...)
(...)
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: Francisco Martínez Neri, Guadalupe Acosta Naranjo, José de Jesús Zambrano Grijalva, Omar Ortega Álvarez, Felipe Reyes Álvarez, Agustín Basave Benítez, Ángel Ii Alanís Pedraza, Martha Laura Almaraz Domínguez, Leonardo Amador Rodríguez, Hortensia Aragón Castillo, Tania Victoria Arguijo Herrera, Natalia Karina Barón Ortiz, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, María Luisa Beltrán Reyes, Elio Bocanegra Ruiz, Érika Irazema Briones Pérez, Fidel Calderón Torreblanca, Ana Leticia Carrera Hernández, María Élida Castelán Mondragón, Olga Catalán Padilla, Maricela Contreras Julián, Eva Florinda Cruz Molina, José Antonio Estefan Garfias, Waldo Fernández González, Óscar Ferrer Ábalos, Lluvia Flores Sonduk, María Cristina Teresa García Bravo, David Gerson García Calderón, Héctor Javier García Chávez, Cristina Ismene Gaytán Hernández, José Guadalupe Hernández Alcalá, Carlos Hernández Mirón, Rafael Hernández Soriano, Karen Hurtado Arana, David Jiménez Rumbo, Érik Juárez Blanquet, Sergio López Sánchez, Araceli Madrigal Sánchez, Luis Maldonado Venegas, Norberto Antonio Martínez Soto, Alberto Martínez Urincho, Lucía Virginia Meza Guzmán, Ariadna Montiel Reyes, Francisco Xavier Nava Palacios, Tomás Octaviano Félix, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Daniel Ordoñez Hernández, Evelyn Parra Álvarez, Héctor Peralta Grappin, Candelario Pérez Alvarado, Isaura Ivanova Pool Pech, Karen Orney Ramírez Peralta, Juan Fernando Rubio Quiroz, Julio Saldaña Morán, Arturo Santana Alfaro, José Santiago López, Araceli Saucedo Reyes, Armando Soto Espino, Cecilia Guadalupe Soto González, Miriam Tinoco Soto, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Victoriano Wences Real (rúbricas).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Sofía Corichi, a nombre de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, señor presidente. Vengo a nombre propio, por supuesto de la bancada de las y los diputados ciudadanos.
Diputadas, diputados, presidente de esta Cámara, la presente es una serie de reformas, es la primera apenas, una serie de reformas que las y los diputados ciudadanos presentaremos en el ánimo de la rendición de cuentas, del trato republicano y el debate y el equilibrio entre Poderes que debe existir.
Como cada año y por mandato constitucional, la entrega del informe presidencial al Poder Legislativo precede las citas a comparecer de los secretarios de Estado o de los directores de entidades paraestatales, como lo señala el artículo 69 de nuestra Constitución. El informe presidencial, entendido como el documento que el presidente de la República presenta anualmente al Congreso de la Unión, expone el estado que guardan los asuntos de la nación y los impactos de las políticas públicas diseñadas e implementadas acorde a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo.
El artículo 63 de la Constitución de 1857 establecía que a la apertura de sesiones del Congreso asistiría el presidente de la Unión y pronunciaría un discurso en el que manifestaría el estado que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en términos generales, decía desde la Constitución de 1857.
El primer presidente en presentarse ante el Congreso fue Guadalupe Victoria, que sin estar obligado a hacerlo, es decir antes de estas reformas, se presentó el 1 de enero de 1825 a dar cuenta sobre su gobierno. A partir de ese momento se creó la tradición que los siguientes presidentes continuaron.
El presidente Guadalupe Victoria retomó la idea de la rendición del informe presidencial ante el órgano legislativo, tanto de Estados Unidos de América como de la Gran Bretaña, los cuales aun teniendo regímenes de gobierno distintos buscaban que el jefe de Estado fuese responsable ante el Parlamento de su actuación al frente de la administración pública. Es decir, el informe era visto como un acto de responsabilidad republicana.
Con la ampliación de la administración pública a lo largo de todos estos años, pero sobre todo en la década del siglo XX, la responsabilidad de rendir cuentas del Ejecutivo se amplió a los secretarios de Estado y a otros titulares ya mencionados.
Dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas destaca la función del control parlamentario, que en este caso desarrollan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir el Congreso, a través de diferentes herramientas de las que destaca la figura de la comparecencia, a través de la cual el Congreso le exige al Ejecutivo manifieste, en general, el estado actual que guarda la administración pública o rinda informes sobre un asunto o rubro en particular, lo que debería incluir en esta dinámica republicana al propio presidente de la República, pero que lamentablemente desde el 2008 dejó de estar presente en nuestra constitución.
La comparecencia sirve, no solamente como un acto público, en el que el Congreso tiene la responsabilidad y la posibilidad de evaluar el desempeño del gobierno, sino como un acto de rendición de cuentas ante las ciudadanas y ciudadanos. No es un acto solamente protocolario, sino que debería ser un efectivo acto republicano y de rendición de cuentas.
La Constitución Mexicana de 1836 señalaba en la fracción III del artículo 31: “a cada uno de los ministros le corresponde presentar, a ambas Cámaras, una memoria específica del estado en que se hayan los diversos rubros de la administración pública”.
La Carta Magna de 1843 señalaba también, que son obligaciones de los ministros presentarse anualmente ante las Cámaras, y muchos otros estipulados más. Sin duda, es importante mencionar esto porque hay un precedente histórico.
En el texto original de 1917 sólo los secretarios de despacho tenían la obligación de presentarse ante el Congreso cuando esto lo requiriera. Con las reformas del 74 se obligó a comparecer a los jefes de los departamentos administrativos también, que fue eliminado en 2008 también. Como a directores y administradores de organismos descentralizados.
En el marco jurídico de la rendición de cuentas en México se ha complementado a través de instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual México es parte desde el 97, y muchas otras.
Se han creado marcos internos que promueven la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. De estos últimos marcos jurídicos destacan la obligatoriedad de vigilar el actuar de los funcionarios públicos, incluso un año después del fin de sus encargos, lo que promueve la transparencia a pesar de los cambios administrativos y posibilita la evaluación de sus acciones a posteriori.
En este orden de ideas es evidente señalar, que el espíritu de las leyes antes citadas han sido el de tratar con seriedad y forma la rendición de cuentas.
En el terreno del Poder Legislativo, en lo que respecta a esta soberanía, particularmente las comparecencias, incluida la del presidente, deben ser valoradas como una herramienta de control parlamentario, como una herramienta de control ciudadano, toda vez que la Cámara de Diputados refleja y debe reflejar a más y mejores ciudadanos.
Es indispensable que el Poder Legislativo tenga la capacidad de ejercer control sobre los actos e incluso omisiones de los funcionarios públicos que apoyan la labor del Ejecutivo y que tienen responsabilidades.
Por eso resulta urgente considerar ante el anuncio del presidente, hace unos días, de 10 cambios en su Gabinete, justo en la víspera del inicio de este proceso de comparecencias y de la entrega de este informe, que la acción de revisar el estado que guarden los respectivos ramos de la secretaría resulte endeble, ya que estos secretarios se encuentran en un periodo de transición dentro de sus respectivas secretarías.
Por eso a través de esta iniciativa, la primera de muchas, se pretende que cada funcionario citado a comparecer rinda cuentas sobre su actividad al frente de cualquier dependencia del Poder Ejecutivo, ya sea que esté ejerciendo en este momento o no el cargo, y que no por el hecho de haber sido removidos o cambiados puedan renunciar a sus responsabilidades como funcionarios públicos y de responder a esta soberanía.
Es decir, la propuesta es, y termino con ello, que si un funcionario citado a comparecer ante esta soberanía o la Cámara de Senadores, cuenta con menos de 60 días ejerciendo, sea posible llamar a comparecer a su predecesor para subsanar o profundizar informaciones que sean requeridas.
Todo esto no valdría la pena si seguido de ello no viene una serie de toma de conciencia de parte de nosotras, de nosotros, diputados y diputadas de esta Legislatura, de que se tiene que cambiar.
Es momento de exigir que el Poder Legislativo ejerza sus facultades de control, facilite la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.
Es tiempo donde la confianza en las instituciones, siendo un bien escaso, debemos privilegiar que se vuelva a recuperar, sin duda de los ministros, como hoy se plantea en esta iniciativa, pero empezando por el presidente de la República, como jefe del Ejecutivo, como ya comentaremos seguramente en una siguiente iniciativa que tenemos preparada los diputados ciudadanos para la siguiente semana. Es tiempo de la rendición de cuentas y sin duda, es tiempo también de un trato republicano y de equilibrio entre poderes. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita Claudia S. Corichi García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
I. Año con año y con la proximidad del 1 de septiembre, fecha en que por mandato constitucional, en el artículo 69, primer párrafo, se establece que “en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria”, es que la atención pública se concentra en dicho evento.
II. En décadas pasadas el protocolo de este evento era la representación del presidencialismo mexicano, donde el Ejecutivo en turno mostraba su poder y alcance. La dinámica hacía evidente la sobrerrepresentación de una sola fuerza política en el Poder Legislativo, en la que no existían contrapesos.
III. “La obligación de rendir informes ante las Cámaras se extiende a los titulares de las dependencias centralizadas, así como a los de los organismos públicos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, práctica que en los periodos del auge presidencialista (regímenes de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz) no se celebró. No fue sino hasta el gobierno de Luis Echeverría (1976-1982) que se reinició. Puede decirse que su utilización en México, más que la práctica de un efectivo control, se debe a una incesante necesidad de búsqueda de legitimación, de demostrar a nivel interno e internacional que en México se cuenta con prácticas de democracia parlamentaria”.
IV. El control parlamentario -se ha señalado en diversas ocasiones- resulta ser poco aprovechado y entendido por parte del mismo Poder Legislativo ya que no se ha propiciado su debate. Siempre son asuntos de coyuntura o de urgencia a resolver.
V. La glosa del Informe debería convertirse en una discusión abierta y con datos reales acerca del estado actual que atraviesa el país, la doctora Cecilia Mora-Donato destaca que “desde una perspectiva más democrática el informe de gobierno debe propiciar un diálogo serio y riguroso entre el Congreso y el Jefe del Ejecutivo, que confronte sus posturas e ideas sobre la política nacional e internacional, e incluso sobre aquellos aspectos del acontecer cotidiano respecto de los cuales los ciudadanos quieren y deben saber, y sea el instrumento propicio para que los ciudadanos podamos ponderar libremente a quién le asiste la razón política; esto no podrá lograrse sin las preguntas directas o interpelaciones de todos los diputados sean éstos de la oposición o no; con cortesía y respeto pero también con talento y agudeza política puede cumplirse este fin y respetarse el protocolo que una ceremonia de este tipo impone”.
VI. El artículo 69, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece además que “cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad”.
VII. La Ley fundamental por su parte, en su Art. 89, Fracción II, párrafo primer, otorga al Presidente la facultad de “Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;”. Facultad siempre ejercida a cabalidad por parte del Ejecutivo y que sólo a él concierne la elección de estos funcionarios, así como su actuación frente a las instituciones donde les corresponda.
VIII. Respecto a lo señalado en el párrafo anterior, cabe señalar que no existe ningún procedimiento establecido para llevar a cabo dichos nombramientos y/o remociones, esto hace en la práctica, que bajo su criterio y sus tiempos, el Ejecutivo nombre, renueve o cambie a los miembros del gabinete no necesariamente por un mal desempeño o una mala actuación, sino también por estrategia política, o por razones que no tienen que ver con el interés de los ciudadanos.
IX. La facultad de las Cámaras para llamar a comparecer a los Secretarios de Estado, y a los directores de entidades paraestatales debe entenderse como una herramienta de control parlamentario, en la que además de la discusión sobre el desarrollo de las políticas públicas y el estado que guardan las condiciones del país, su inherente cualidad pública sea reconocida como herramienta de rendición de cuentas para los ciudadanos.
X. El Estado mexicano ha signado y ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen como finalidad promover la transparencia y la rendición de cuentas, entre los que se encuentran:
La Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual México es parte desde el 2 de junio de 1997; a través de ésta el Estado mexicano se obligó a establecer medidas preventivas aplicables dentro de los sistemas institucionales por medio de normas de conducta de los funcionarios públicos, así como mecanismos para hacer cumplir estas normas, sistemas de declaración de ingresos, contratación de personal y mecanismos para la participación de la sociedad civil en la rendición de cuentas y transparencia.
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida). Este instrumento fue aprobado por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003. En ella, nuestro país se comprometió a formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
XI. El 31 de diciembre de 1982, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con el primordial objeto de marcar el fin de la corrupción generalizada como una demanda de la comunidad, apelando a la ética como el fundamento del moderno estado social y democrático de derecho, lo que representó un gran avance legal en la materia. Por su parte el 13 de marzo de 2002 se publicó en el mismo Diario, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ésta surgió con el propósito de llevar a la realidad las normas básicas de responsabilidades de los servidores públicos contenidas en el Título Cuarto de la Carta Magna y dotarlas de plena eficacia para cumplir con sus objetivos.
Tanto la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como la Ley de Responsabilidades Administrativas, fueron creadas con el objeto de establecer marcos jurídicos que además de señalar las obligaciones de quienes detentan un cargo público, promovieran la transparencia y rendición de cuentas en los encargos de los servidores públicos.
XII. Cómo lo señala Mora-Donatto, “desde una perspectiva más democrática el informe de gobierno debe propiciar un diálogo serio y riguroso entre el Congreso y el jefe del Ejecutivo, que confronte sus posturas e ideas sobre la política nacional e internacional, e incluso sobre aquellos aspectos del acontecer cotidiano respecto de los cuales los ciudadanos quieren y deben saber”.
XIII. Bajo el enfoque que apremia en las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos en el que se señala la necesidad de hacer frente a los actos u omisiones de encargos públicos incluso un año después de haberse retirado del cargo, la comparecencia de los Secretarios de Estado o de los directores de las entidades paraestatales, debe ser tomada con seriedad, como un ejercicio de contrapeso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, representando para el caso de la Cámara de Diputados una herramienta más de rendición de cuentas una vez que la representación popular recae en ella.
XIV. Tras tres años en el poder, el pasado 27 de agosto del presente año, a unos días de presentar su informe de gobierno y llevar a cabo en el Congreso de la Unión la revisión de la glosa de dicho informe, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 cambios en su gabinete. Estos ajustes hacen que la acción de revisar el estado que guardan los respectivos ramos de cada Secretaría resulte endeble ya que estos secretarios se encuentran en un periodo de transición dentro de sus respectivas Secretarías, hecho que les pone en una situación poco apta para hacer frente a las comparecencias en fondo y forma. El interés superior del ciudadano, debe poner como primicia en las comparecencias, que la rendición de cuentas sobre los asuntos de la nación sea amplia y clara por parte de los secretarios de Estado o directores de entidades paraestatales.
XV. Los sistemas de control y fiscalización de la administración pública son indispensables para la eficiencia y buen funcionamiento de cualquier régimen democrático. A través de esta iniciativa se pretende que cada funcionario rinda cuentas acerca de su actividad al frente de cualquier dependencia del Poder Ejecutivo, ya sea que este ejerciendo en ese momento o no el cargo, no por el hecho de haber sido removidos o cambiados los Secretarios de Estado o directores de entidades paraestatales pueden renunciar a sus responsabilidades como funcionarios públicos.
Por lo expuesto sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto
Único. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando el segundo párrafo y adicionando un párrafo para quedar como sigue:
Artículo 69. ...
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.
En caso de que algún secretario de Estado o director de entidad paraestatal citado a comparecer ante cualquiera de las Cámaras, tengan menos de sesenta días en su encargo, se llamará a comparecer y rendir informes bajo protesta de decir verdad al anterior inmediato secretario de Estado o al anterior inmediato director de entidad paraestatal. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Cárdenas Gracia, Jaime F. “Transición política y reforma constitucional”. UNAM. México. 1994. Página 26.
2 Mora-Donatto, Cecilia. Temas Selectos de Derecho Parlamentario. Universidad Anáhuac del Sur. Editorial Porrúa, México 2001. Páginas 147-152.
3 Mora-Donatto, Cecilia. Temas Selectos de Derecho Parlamentario. Universidad Anáhuac del Sur. Editorial Porrúa, México 2001. Páginas147-152.
4 La prevención está establecida en los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; artículos 9, 47, y 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: Claudia Sofía Corichi García, José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Mirza Flores Gómez, Víctor Manuel Sánchez Orozco, René Cervera García, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Salvador Zamora Zamora, Manuel de Jesús Espino, María Elena Orantes López, Jorge Álvarez Maynez, María Victoria Mercado Sánchez, Moisés Guerra Mota, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Adán Pérez Utrera, Luis Ernesto Munguía González, Rosa Alba Ramírez Nachis, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Carlos Lomelí Bolaños, María Candelaria Ochoa Avalos (rúbricas).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi García. Como se pudieron dar cuenta hubo una confusión en el listado de las iniciativas. Y lo que la diputada Claudia Sofía Corichi García ha presentado es una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada María Elena Orantes, para qué objeto. Con qué objeto.
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Presidente, solamente para solicitar a la diputada Corichi, si permite a la fracción parlamentaria suscribirnos a la iniciativa y pedirte la corrección de cambio que hubo al nombrar a la diputada Corichi y al mencionar a la diputada Cinthya. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya lo expresé, diputada. Si la proponente no tiene inconveniente en la solicitud, me dice que no. La Secretaría, igual que la anterior ocasión, que todavía está en curso, de la iniciativa que se presentó hace algunos minutos, la Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición, igualmente, la iniciativa para las firmas de adhesión que se quieran agregar. Gracias.
EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por 10 minutos, la diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Araceli Damián González:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, la Ley de Austeridad Republicana que hoy propongo en nombre de las y los diputados de Morena, cuenta con 29 artículos que contienen como objetivo central, la aplicación de una política de austeridad, no del gobierno, sino del Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública en beneficio de la sociedad. Partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse de ella.
Éste es el planteamiento central que inspira la propuesta que racionaliza el gasto con un propósito de beneficio para las mayorías. Se busca generar un marco legal que promueva la austeridad republicana, que el presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la presente ley se concentren en un fondo especial que se destinará a la educación, a la salud y a la inversión productiva nacional.
En una primera etapa, la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana, permitirá ahorrar 450 mil millones de pesos, sin afectar en lo más mínimo las funciones sustantivas del gobierno. Parte de estos recursos se podrían aplicar en lugar de aumentar la deuda pública mediante la bursatilización para la inversión en infraestructura educativa, como propone Enrique Peña Nieto.
El ahorro se obtendría básicamente con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos y con la eliminación o reducción de los gastos superfluos del gobierno. En México la racionalización del gasto es una preocupación de la sociedad.
La diferencia entre lo que propone Morena y lo que hace este gobierno está en los renglones que afectan a unos y a otros. El gobierno aumenta impuestos, castiga los programas sociales y la inversión productiva, generando más desigualdad y pobreza, como lo muestran las cifras del Consejo Nacional de Evaluación, que además tenemos ahora dos millones más de pobres oficialmente reconocidos. Morena propone ahorros y disminuir los elevados salarios y prebendas de la alta burocracia.
Frente a la baja en los ingresos petroleros y el riesgo de aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, Hacienda y Crédito Público ha insistido en la necesidad de reducir el gasto afectando principalmente a Pemex y a la Comisión Federal de electricidad y a otras áreas, con un alto costo social que no obedece a una cultura de racionalidad.
Mientras que en 2012 el gasto corriente era equivalente al 15.3 por ciento del producto interno bruto, para 2014 ya fue de 16.9. Está claro que el aumento de los recursos presupuestarios no se utilizó para mejorar ni los servicios ni los programas sociales, como lo demuestran los crecientes índices de desigualdad y de pobreza.
Hoy se puede afirmar que la riqueza petrolera fue dilapidada debido a la orientación y al ineficiente ejercicio del gasto público el cual se desarrolla de manera poco transparente y no puede ser debidamente vigilado por la sociedad, lo cual esta Cámara tiene que asegurar.
Por otro lado, en los años recientes desde la crisis del año 2009, la deuda pública de la administración federal se ha incrementado, lo que ya representa un riesgo para la estabilidad de nuestra economía. Las finanzas del gobierno se han visto muy afectadas por la caída de los ingresos petroleros.
Ahora, en 2015 y previsiblemente en 2016, los recursos que aportará el petróleo no serán suficientes para financiar el desarrollo con estabilidad. Se estima que para este año el déficit del balance público del gobierno mexicano será tres veces más grande que el de 2014.
Debido a lo anterior, el costo financiero de la deuda creció en más del 31 por ciento en un solo año y los requerimientos financieros del sector público alcanzan 47 por ciento del PIB.
Para el año 2016 es inminente un recorte del gasto público con respecto al Presupuesto de 2015. La economía nacional padece las consecuencias de las equivocadas políticas económicas de los últimos 30 años.
Son las empresas estatales las que han cargado con los mayores costos de las malas decisiones financieras del país, pero también los programas sociales como el de 65 Años y Más, cuyo presupuesto fue recortado con respecto a lo aprobado por esta Cámara de Diputados.
Además contra lo que sería recomendable, en este 2015 el crecimiento del gasto corriente fue del 7.7 por ciento con respecto al año pasado. Destacan también casos de opacidad como el concepto de Otros Gastos de Operación que creció más de 18 por ciento.
Para no afectar la calidad de vida de los mexicanos, la disminución de los recursos presupuestales, tendrán que enfocarse en el gasto corriente no prioritario para la administración pública.
No se deben de afectar programas sociales ni los servicios públicos, y tampoco podemos reducir la inversión en infraestructura que es la que puede ayudar a impulsar la economía nacional.
Asimismo no es posible incrementar los impuestos es un contexto de estancamiento. Lo que sí es posible es hacer una reforma fiscal progresiva en la que paguen más los que más tienen.
De hecho se requiere rectificar buena parte de la reforma económica acordada en este mal llamado Pacto por México, que debe decir pacto contra México.
Es importante insistir en que es imposible recortar gastos como el oneroso contrato del avión presidencial. También se pueden reducir las compras de vehículos terrestres y aéreos del personal administrativo del gobierno.
Haciendo caso de un reclamo de la sociedad, es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios: el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las millonarias pensiones de los ex presidentes.
También se pueden reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, las subvenciones a los grupos parlamentarios y las prebendas de los altos funcionarios del Poder Judicial.
Algo que es particularmente urgente es el ajuste en el gasto de comunicación social. Sólo en 2014 el total ejercido fue de 7 mil millones de pesos; 5 mil millones de pesos más de lo que aprobó esta Cámara de Diputados.
Como consecuencia de la aplicación de esta iniciativa, entonces podría ser posible un ahorro del gasto de alrededor de 450 mil millones de pesos. Todos ellos en renglones de gasto corriente, distinto a los programas de apoyo social.
Dicho ajuste obligaría a una racionalización de los rubros de gastos no prioritarios y permitiría mantener los niveles de inversión pública proyectados para 2016, e incluso incrementarlos.
Estos recursos serían también suficientes para mantener el gasto social y la inversión para enfrentar la crisis por la caída de los ingresos petroleros y garantizar el desarrollo productivo del país.
México se enfrenta a una gran crisis, la inestabilidad internacional está en una puerta. No podemos permitir que en esta Cámara de Diputados la pobreza siga creciendo, las carencias en este país. No solamente estamos hablando de los 55 millones de mexicanos reconocidos por este gobierno, hay adicionalmente 40 millones de mexicanos que tienen vulnerado alguno de sus derechos reconocidos por el gobierno federal.
Estamos hablando de 100 millones de mexicanos que no tienen cubiertos sus derechos socioeconómicos, que requieren de un apoyo y requieren de que en esta Cámara se legisle para ellos. Es cuanto.
«Iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Los suscritos, en su carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley de Austeridad Republicana que se propone tiene como objetivo central la aplicación de una política de austeridad no de un gobierno, sino de Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública, en beneficio de la sociedad.
Partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse de ella. Este concepto es el planteamiento central que inspira esta propuesta que racionaliza el gasto con un propósito de beneficio para las mayorías. No queremos que se considere que es sólo una entelequia, como suele entenderse la racionalización del gasto en términos macroeconómicos.
Esta propuesta busca generar un marco legal que promueva la austeridad republicana. Que el presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la presente ley se concentrarán en un fondo especial que se destinará a educación, salud e inversión pública productiva nacional.
De acuerdo con los análisis que hemos realizado del presupuesto actual, en una primera etapa, la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana permitiría ahorrar 450 mil millones de pesos, sin afectar en lo más mínimo las funciones sustantivas del gobierno. Esa cantidad se obtendría básicamente con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos y con la eliminación o reducción de los gastos superfluos del gobierno.
No es sólo una preocupación de Morena. En México, la racionalización del gasto es una preocupación de la sociedad. La diferencia entre lo que propone Morena y lo que hace el gobierno está en los renglones que afectan a unos y otros: el gobierno aumenta impuestos, castiga los programas sociales y la inversión productiva, generando más desigualdad y pobreza; Morena propone ahorros y disminuir los elevados salarios y prebendas de la alta burocracia.
Frente a la baja en los ingresos petroleros y el riesgo de aumentos en las tasas de interés en Estados Unidos, el secretario de Hacienda y Crédito Público ha insistido en la necesidad de reducir el gasto. En los primeros meses de 2015 anunció un recorte de 124 mil millones de pesos, que afectó principalmente a Pemex y a la CFE. Posteriormente, se anunció otro ajuste de 135 mil millones de pesos para 2016, en decisiones reactivas con alto costo social, que no obedecen a una cultura de racionalidad.
Propuesta responsable de reducción de gasto
En contraste, Morena se ha propuesta promover el ahorro sobre todo en los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios. Hay que tener en cuenta que desde el año 2000, prácticamente se duplicó el monto del presupuesto público federal en México. En estos años, el gasto gubernamental ha crecido a tasas reales de alrededor de 4 por ciento anual, un ritmo mucho más acelerado de lo que creció la propia economía.
Desgraciadamente, ese rápido aumento del presupuesto no se reflejó en un incremento semejante de la inversión pública en infraestructura, propiciando rezagos en la calidad de los servicios públicos De hecho, durante este año se va a registrar uno de los niveles más bajos de la inversión pública de la historia, en relación con el presupuesto.
Mientras que en 2012 el gasto corriente era equivalente a 15.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), para 2014 ya fue de 16.87. Eso, y los efectos recesivos de la reforma fiscal, explica parte del lento crecimiento económico del país.
Está claro que el aumento de los recursos presupuestarios no se utilizó para mejorar ni los servicios ni los programas sociales, como lo demuestran los crecientes índices de desigualdad y de pobreza.
Hoy se puede afirmar que la riqueza petrolera fue dilapidada debido a la orientación y al ineficiente ejercicio del gasto público, el cual se desarrolla de manera poco transparente y no puede ser debidamente vigilado por la sociedad.
Por otro lado, en los años recientes, desde la crisis de 2009, la deuda pública de la administración federal se ha incrementado, lo que ya representa un riesgo para la estabilidad de nuestra economía.
Ahora la situación se ha complicado. Es mentira que las finanzas públicas de México sean sanas, como lo afirman los funcionarios públicos. Las finanzas del gobierno federal se han visto muy afectadas por la caída de los ingresos petroleros. Ahora, en 2015 y previsiblemente en 2016, los recursos que aportará el petróleo no serán suficientes para financiar el desarrollo con estabilidad.
Por esa razón, para mantener su nivel de gasto el gobierno ha recurrido al déficit, lo que ha obligado a la colocación de deuda pública. Se estima que para este año el déficit del balance público del gobierno mexicano será superior a 121 mil millones de pesos, tres veces más grande que el de 2014. Debido a lo anterior, el costo financiero de la deuda creció en más de 31 por ciento en un solo año y los requerimientos financieros del sector público alcanzaron 47 por ciento del PIB. Cabe recordar que apenas en 2007 esos requerimientos fueron de sólo 29.3 por ciento del PIB.
Ante el escenario internacional adverso y en ausencia de instituciones económicas sólidas, para 2016 es inminente un recorte del gasto público con respecto al presupuesto de 2015.
En este momento, la economía nacional padece las consecuencias de las equivocadas políticas económicas de los últimos años. Cuando se tuvieron ingresos extraordinarios por los altos precios del petróleo las últimas administraciones gubernamentales los derrocharon. Ahora que no cuentan con los recursos proporcionados por el petróleo, sólo piensan en recortar inversión y gasto social.
Por ejemplo, 58 por ciento del recorte anunciado a principios de 2015 repercutió en la inversión de Pemex y la CFE. Lo anterior ha contribuido a la caída de la plataforma petrolera y explica las deficiencias en el servicio eléctrico que a diario experimentan los mexicanos.
Las empresas estatales han cargado con los mayores costos de las malas decisiones financieras del país. Pero también los programas sociales, como el de 65 y Más, cuyo presupuesto fue recortado con respecto al aprobado por esta Cámara de Diputados.
Además, contra lo que sería recomendable, en 2015 el crecimiento del gasto corriente fue de 7.7 por ciento respecto al del año pasado, el cual no se ha ejercido con transparencia. Destacan casos de opacidad, como el concepto “Otros gastos de operación”, que creció más de 18 por ciento.
Por eso, Morena considera que se trata justamente de aplicar una política contraria a la impulsada por el gobierno federal.
Para no afectar la calidad de vida de los mexicanos, la disminución de los recursos presupuestales tiene que enfocarse en el gasto corriente no prioritario para la administración pública.
No se deben afectar los programas sociales y los servicios públicos y tampoco podemos reducir la inversión en infraestructura, que es la que puede ayudar a impulsar la economía nacional. Asimismo, no es posible incrementar los impuestos en un contexto de estancamiento económico.
De hecho, se requiere rectificar buena parte de la reforma económica acordada en el Pacto por México.
Definitivamente, es necesario enfocar el recorte en el gasto de administración del gobierno federal, en la necesidad de ahorrar y eliminar gastos que no se justifican o que es posible reducir si se combate la corrupción y se toman medidas de racionalidad y eficiencia.
En esa línea, es importante insistir en que es posible recortar gastos como, por ejemplo, el oneroso contrato del avión presidencial. También se pueden reducir las compras de vehículos terrestres y aéreos para el personal administrativo del gobierno. Haciendo caso a un reclamo de la sociedad, es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios, así como eliminar prestaciones como el del seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las pensiones de los ex presidentes.
También se pueden reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, las subvenciones a los grupos parlamentarios y las prebendas de los altos funcionarios del Poder Judicial. Algo que es particularmente urgente, es el ajuste en el gasto de comunicación social. Sólo en 2014, el total ejercido fue de 7 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Por esa razón, el Grupo Parlamentario de Morena presenta la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, una propuesta responsable que consiste en detener este tipo de abusos a la hacienda nacional y reorientar el gasto a atender los servicios sociales y a la inversión.
Como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de esta iniciativa, sería posible obtener un ahorro del gasto de alrededor de 450 mil millones de pesos, todos ellos en renglones del gasto corriente distintos a los programas de apoyo social. Dicho ajuste obligaría a una racionalización de los rubros de gasto no prioritarios y permitiría mantener los niveles de inversión pública proyectados para 2016 e incluso incrementarlos.
La Ley de Austeridad Republicana, propuesta de reducción responsable y sostenible del gasto no prioritario
La propuesta toma como base el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2015, más el efecto de la inflación. En Morena consideramos que esta propuesta puede ser la base para lo que debería ser un ajuste presupuestal responsable para el 2016, en que las reducciones se concentrarán en el gasto corriente y no en el de inversión.
La suma de estos dos cuadros supera 450 mil millones de pesos, recursos suficientes para mantener el gasto social y las inversiones necesarias para enfrentar la crisis por la caída de los ingresos petroleros y garantizar el desarrollo productivo del país.
Detalle por partida
Capítulo 1000
1100, “Remuneraciones al personal de carácter permanente”; y 1200, “Remuneraciones al personal de carácter transitorio”.En total, en estas dos partidas se pueden ahorrar 30 mil 946 millones de pesos de pesos en 2016, proporcionados por una reducción de 50 por ciento en los ingresos de la alta burocracia, que representa 30 por ciento de la nómina.
1300, “Remuneraciones adicionales y especiales”.Ahorro de 62 mil 524 millones de pesos por la disminución de 37 por ciento en gratificaciones, compensaciones y primas de la alta burocracia.
1400, “Seguridad social”.Ahorro de 5 mil 12 millones de pesos gracias a una reducción de 5 por ciento en la partida por gastos de seguros médicos y de retiro sólo de la alta burocracia.
1500, “Otras prestaciones sociales y económicas”.Ahorro de 112 mil 521 millones de pesos, aportado por una reducción de 43 por ciento del total de la partida, debido a que este concepto rebasa la sumatoria de los ingresos por remuneraciones de carácter transitorio y permanente.
1600, “Previsiones”.En este renglón se obtiene un ahorro por 3 mil 539 millones de pesos, debido a una reducción de 15 por ciento del total de la partida en que consideran nuevas plazas de altos funcionarios e incrementos en sus percepciones.
1700, “Pago de estímulos a servidores públicos”.Se generan disponibilidades por 10 mil 630 millones de pesos de ahorro por concepto de recorte a los estímulos de la alta burocracia.
Capítulo 2000
2100, “Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales”.Se obtendrán ahorros por 7 mil 436 millones de pesos por ajustes en las partidas destinadas a papelería y equipos de oficina.
2200, “Alimentos y utensilios”.Aporta recursos por 2 mil 199 millones de pesos de ahorro que se puede realizar sin afectar el gasto destinado a Fuerzas Armadas, reclusorios, seguridad pública y unidades de salud.
2300, “Materias primas y materiales de producción y comercialización”.Se producen ahorros por 7 mil 826 millones pesos, por considerar un ajuste de 25 por ciento en la partida por adquisición de papel, cartón, e impresos, entre otros.
2400, “Materiales y artículos de construcción y de reparación”.Se obtienen mil 215 millones de pesos, equivalentes a un ajuste de 20 por ciento de la partida por la cancelación de remodelación y adecuación de oficinas.
2500, “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio”.En esta partida se estima posible ajustar 11 mil 255 millones de pesos gracias a una disminución de 15 por ciento, mediante una mayor eficiencia en la adquisición de productos.
2600, “Combustibles, lubricantes y aditivos”.La magnitud del ahorro sumaría 33 mil 286 millones de pesos, mediante la eliminación de sobreprecios a particulares generadores de energía.
2700, “Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos”.Se pueden ahorrar 2,248 millones de pesos debido a la mayor eficiencia en la compra de artículos.
2800, “Materiales y suministros para seguridad”.Se podrán ahorrar 56 millones de pesos en las adquisiciones no necesarias.
2900, “Herramientas, refacciones y accesorios menores”.Se propone ahorrar 956 millones de pesos, por eficiencia en compras.
3100, “Servicios básicos”.Se pueden lograr ahorros por 8 mil 366 millones de pesos gracias en la reducción de 25 por ciento de la partida que se destina al pago por conceptos como telefonía y radiolocalización.
3200, “Servicios de arrendamiento”.Se obtendrán 17 mil 866 millones de pesos por la depuración de arrendamientos en edificios, bodegas, terrenos, equipos informáticos y vehículos, como el esquema de arrendamiento contratado para el pago del avión presidencial, incluido en este renglón.
3300, “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”. Sesenta y tres mil 270 millones por la revisión y eliminación de contratos de consultoría y asesoría que no son indispensables.
3400, “Servicios financieros, bancarios y comerciales”.Habrá un ahorro de 10 mil 740 millones de pesos por la reducción en el pago de comisiones de servicios de administración y gestión de recursos por la revisión de contratos con las instituciones financieras.
3500, “Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación”.Esta partida aportará 12 mil 820 millones de ahorro por una disminución de 40 por ciento por cierre de oficinas y freno de remodelaciones y reubicaciones.
3600, “Servicios de comunicación social y publicidad”.En ejercicios anteriores, esta partida se ha utilizado para abusos. Al reducir 50 por ciento de los contratos en la materia, se obtendrá un ahorro de 2 mil 78 millones de pesos. En 2014, el gobierno gastó alrededor de 5 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en este rubro.
3700, “Servicios de traslado y viáticos”.Se propone un ahorro de 5 mil 313 millones de pesos, por la racionalización de programas de viaje y tarifas excesivas, así como la reducción en las estancias.
3800, “Servicios oficiales”.Es probable un ahorro de mil 943 millones de pesos, por la eliminación de funciones y gastos ceremoniales no indispensables, así como la reducción de contratos de representación, convenciones, etcétera.
3900, “Otros servicios generales”.Se estima un ahorro de 3 mil 496 millones de pesos por la duplicación de gastos en otras partidas, particularmente de las CFE.
Capítulo 4000, “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. En él se propone sólo un recorte general de menos de uno por ciento, lo que significa un ahorro de 16 mil 123 millones de pesos, por una disminución de 2 por ciento a los aportes de fideicomisos y ayudas y de 90 por ciento en las trasferencias al exterior. De manera adicional, se propone disminuir en 3 mil 495 millones de pesos en el presupuesto para partidos políticos y grupos parlamentarios.
En el capítulo 5000 se plantea una reducción de 13 mil 411 millones de pesos, por incluir materiales que no son estrictamente activos fijos, reparaciones, adquisición de vehículos y bienes inmuebles, entre otros, que no son indispensables en un ejercicio presupuestal.
Es una ley a ambiciosa que busca cambiar el enfoque del servicio público, que promueve una cultura de austeridad republicana. Tiene su antecedente en el plan de austeridad entregado por Morena en la Presidencia de la República el 23 de septiembre de 2013, cuando propuso recortar los salarios de los grandes funcionarios, antes que imponer la reforma hacendaria que afectó a amplios sectores de contribuyentes.
La iniciativa pone énfasis en el objetivo de recortar el gasto innecesario que, además, por las condiciones económicas del país se ha vuelto insostenible. Es un cambio de paradigma, porque a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, no se busca recortar por recortar, sin importar el impacto que se provoca a la sociedad.
Se propone ajustar las asignaciones excesivas establecidas en muchas ocasiones por los mismos funcionarios para sí mismos. Con esta iniciativa se propone sentar las bases para reorientar el destino de los recursos públicos hacia una mejor utilización en beneficio del desarrollo nacional y de los mexicanos.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se expide la Ley de Austeridad Republicana, para quedar como sigue:
Ley de Austeridad Republicana
Capítulo IDisposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las reglas y principios de austeridad para los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales federales, así como para los organismos con reconocida autonomía en la Constitución, que deben cumplir para la elaboración, control y ejercicio anual de su presupuesto, independientemente de la naturaleza jurídica que posean, así como para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento de los programas y a fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control interno de los entes arriba citados, se encuentran obligados a vigilar la debida observancia de las disposiciones contenidas en la presente ley.
El presente ordenamiento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas legales.
Artículo 2.Para los efectos de la presente ley se considera
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fideicomiso público:Los constituidos con el propósito de auxiliar al titular del Poder o del órgano autónomo constitucionalmente reconocido, que lo constituye para impulsar las actividades que en el ámbito de su competencia le corresponden.
Gasto eficiente: Toda adquisición que tenga racionalidad económica, sea necesaria, cumpla un fin predeterminado y no sea redundante.
Ley: La Ley de Austeridad Republicana.
Presupuesto:El presupuesto asignado a los poderes federales legislativo, ejecutivo y judicial, así como a los organismos con autonomía reconocida por la Constitución, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Servidor público federal: Los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial federal, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en el Poder Judicial federal o en la administración pública federal, así como los servidores públicos de los organismos a que la Constitución confiere autonomía, igual que los que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza que implique la utilización de recursos públicos.
Salario mínimo: El salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Salario máximo:Es el tope de 85 salarios mínimos en ingresos brutos que podrá percibir el titular del Ejecutivo federal.
Remuneración o percepción: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, de conformidad con la fracción I del artículo 127 constitucional.
Artículo 3. Todos los ahorros generados por la aplicación de la presente ley deberán concentrarse en un fondo especial que se destinará a educación , inversión pública productiva nacional y salud, previa aprobación de la Cámara de Diputados.
Capítulo IIDe los Servicios Personales
Artículo 4. En términos de la fracción I del artículo 127 de la Constitución, se establecerá un tabulador único para los servidores públicos federales que tendrá como tope máximo el ingreso bruto del ejecutivo federal que será de 85 salarios mínimos.
Los ingresos de plazas correspondientes a nivel de Secretarios de Estado, subsecretarios, director general, director de área y homólogos, en los tres poderes de la Unión, en los órganos constitucionales autónomos y en el resto de las autoridades federales de la república, independientemente de su naturaleza jurídica, se ajustarán de manera progresiva abajo de ese tope.
Al aplicar esta medida, las retribuciones o remuneraciones de los funcionarios públicos de menor responsabilidad se ajustarán de manera progresiva desde el nivel más bajo hasta los nuevos topes máximos, reduciendo los tramos entre unos y otros, disminuyendo la desigualdad de ingresos entre los funcionarios públicos.
Sobre esa base, la asignación de los salarios de los servidores de los entes públicos de la federación será proporcional a la responsabilidad de su encargo.
Quedan prohibidos los manuales de percepciones o instrumentos análogos autorizados, emitidos, validados, publicados o difundidos por autoridad administrativa alguna.
Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 5.Los servidores públicos federales gozarán de los servicios de la seguridad social que proporciona el Estado, conforme al Apartado B del artículo 123, fracción XI, de la Constitución.
Queda prohibida la utilización de recursos públicos para la contratación de servicios médicos privados para los servidores públicos federales, quienes gozaran de los servicios que otorgan las instituciones de seguridad social de acuerdo con la ley.
Se prohíben las erogaciones para el pago del seguro de separación individualizado, y seguro de vida de los servidores públicos federales.
Queda prohibido el establecimiento de pensiones para servidores públicos federales distintas de las establecidas en las leyes de seguridad social correspondientes.
También se prohíben pensiones vitalicias distintas a las establecidas en las leyes de seguridad social a los ex presidentes de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros servidores públicos federales.
Artículo 6. Queda prohibida la creación de plazas de secretario privado o equivalentes.
Artículo 7. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias para los servidores públicos federales distintos de las previstas en la ley.
Artículo 8. Serán obligaciones de los servidores públicos federales sujetos de la presente ley
I. Percibir únicamente salarios o sueldos devengados;
II. No desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación que signifique simulación e incompatibilidad de horarios. La infracción de esta disposición será castigada con la separación inmediata del cargo en la administración pública; y
III. Presentar y hacer pública la declaración de situación patrimonial, de intereses y de impuestos, así como sus modificaciones, con oportunidad y veracidad.
Artículo 9. Se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de recursos humanos:
a) No se crearán nuevas plazas definitivas de estructura de mandos superiores y no se destinarán recursos del presupuesto para ese fin; y
b) Las autoridades de los Poderes de la Unión, órganos autónomos y los demás que ejercen gasto público aprobarán durante los primeros 30 días del ejercicio presupuestal las disposiciones específicas para limitar al mínimo indispensable las erogaciones de los recursos asignados a las contrataciones de personal eventual y de honorarios. Todo personal contratado como eventual deberá contar con los servicios de seguridad social durante el tiempo que dure su contratación. Las autoridades contratantes deberán presentar un informe a los órganos internos de control, a la Auditoria Superior de la Federación y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esta información la harán pública en su página de internet.
Artículo 10. Únicamente podrán disponer de escolta, en caso de ser necesario y por un plazo determinado, los servidores públicos federales de seguridad pública, de procuración de justicia y de seguridad nacional, así como los que la requieran debido a sus funciones o tareas específicas, previa autorización del titular del poder o ente autónomo correspondiente.
Los servidores públicos señalados en este precepto sólo podrán utilizar automóviles blindados previa justificación y autorización del titular del poder o ente autónomo correspondiente.
Capítulo IIIDe los Gastos en Servicios Generales y de Orden Social
Artículo 11. Para la difusión de la información institucional serán utilizados sólo los tiempos de que dispone el Estado en radio y televisión.
Con excepción de los tiempos de que dispone el Estado en radio y televisión, queda expresamente prohibido contratar publicidad a los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales que ejerzan gasto público.
Toda la publicidad por radio y televisión de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos y las diversas autoridades federales, se transmitirán únicamente haciendo uso de los tiempos de que dispone el Estado.
Artículo 12. Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos federales deberán sustituirse o darse de baja sólo cuando
I. Tengan seis o más años de uso;
II. En caso de robo o siniestro que implique pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro correspondiente; y
III. El costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor de adquisición, actualizado por la inflación.
Los vehículos oficiales nuevos que se adquieran no podrán costar más de 200 veces al salario mínimo, salvo que por las condiciones geográficas o de uso de infraestructura carretera lo amerite.
Todos los vehículos deberán reunir características técnicas y mecánicas que cumplan las normas ambientales correspondientes.
Sólo podrán exceder del costo señalado en el párrafo anterior los vehículos blindados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la presente ley.
Artículo 13. En todos los casos, los servidores públicos federales que efectúen viajes oficiales al extranjero deberán realizarlos en vuelos comerciales y una vez concluido, remitir dentro de un plazo de 15 días hábiles a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y los resultados obtenidos.
Los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales federales, así como los organismos con autonomía reconocida en la Constitución federal, estarán obligados a emitir normas que rijan la realización de viajes nacionales e internacionales, en las que indicarán al menos
a) Los servidores públicos que pueden viajar;
b) Los supuestos por los que se pueden autorizar;
c) La justificación por parte del servidor público para viajar al extranjero;
d) El monto máximo de los viáticos a otorgarse;
e) La comprobación de viáticos conforme a los requisitos fiscales establecidos; y
f) La prohibición expresa para utilizar servicios de transportación, alojamiento o alimentación de lujo o con precios superiores a los promedio del mercado.
Artículo 14. Los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos de vehículos, aviones, equipo informático, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio inmediato anterior, una vez considerados los incrementos de precios y tarifas oficiales o la inflación, a menos que se demuestre que su adquisición repercutirá en una mayor eficiencia y ahorro de recursos. Las unidades ejecutoras de gasto deberán publicar en sus páginas de internet trimestralmente la información a que se refiere este párrafo.
Todo servidor público federal que utilice los servicios arriba mencionados para uso no vinculado a su cargo deberá reembolsar su costo, sin menoscabo de las responsabilidades administrativas, civiles, penales o cualquier otra que pudieran derivar de la violación del presente ordenamiento.
Artículo 15. La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado se llevará a cabo de manera consolidada, con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.
Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto es 10 por ciento superior al valor promedio del precio de mercado de la misma, a pesar de que sea la propuesta ganadora de una licitación.
Artículo 16. Las instituciones referidas en el artículo 1o. de esta ley se abstendrán de realizar, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Las publicaciones, folletos, programas editoriales y similares evitarán ser suntuosas u ornamentales. Queda prohibido adquirir publicaciones costosas, de lujo o con precios superiores al promedio del precio de mercado, en términos del segundo párrafo del artículo anterior.
Artículo 17. Queda prohibida la utilización de aeronaves privadas a cargo del Presupuesto. Sólo los servidores públicos de mandos superiores podrán utilizar aeronaves comerciales, con excepción de aquellos funcionarios públicos federales encargados de la seguridad, protección civil en casos de desastre o de atención sanitaria de urgencia.
Queda prohibida la compra, adquisición, arrendamiento, comodato de aeronaves que no sean para uso en materia de seguridad, protección civil o de atención sanitaria.
Artículo 18. Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo obsequios con cargo al Presupuesto, salvo en el caso de visitas de Estado o de otra índole, que por razones de protocolo así corresponda.
Artículo 19. Los entes públicos referidos en el artículo 1o. de esta ley deberán hacer un inventario del patrimonio nacional a su cargo, constituido por los bienes muebles e inmuebles, estableciendo el valor estratégico que tengan o puedan llegar a tener, su valor histórico y cultural, estableciendo un programa para conservarlos y en su caso utilizarlos con la mayor eficiencia en interés de la sociedad y de la nación.
Este inventario deberá actualizarse y hacerse público anualmente.
Capítulo IVDe los Controles y Disciplina en el Ejercicio del Gasto Público
Artículo 20. La Oficialía Mayor o equivalente en los poderes federales legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida por la Constitución deberá establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestario, con el objeto de coordinar y garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.
Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, el cual en ningún caso podrá ser mayor en términos reales al ejercido durante el ejercicio presupuestal anterior, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.
Artículo 21. Las contrataciones, adquisiciones y proyectos de inversión con carácter plurianual deberán ser incluidas invariablemente en un apartado específico y debidamente justificado del proyecto de Presupuesto en cada ejercicio fiscal que se presente a la Cámara de Diputados. La ejecución e implementación de los mismos queda sujeta a su aprobación en el decreto de Presupuesto correspondiente.
Capítulo VDe los Fideicomisos y Donativos
Artículo 22. Los fideicomisos públicos tendrán como propósito auxiliar a la dependencia o entidad en las funciones que legalmente le corresponden. Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición de cuentas los que constituyan los órganos autónomos y de gobierno, a los que se asignen recursos del Presupuesto.
Los fideicomisos públicos y los que se asimilen a éstos deberán registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Los fideicomisos en que haya participación de recursos públicos, con independencia del porcentaje de participación, serán auditados por la Auditoría Superior de la Federación.
Artículo 23.Para constituir, modificar o extinguir fideicomisos públicos, cuando así convenga al interés público, los entes mencionados en el artículo 1o. de esta ley deberán contar con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuando se extingan los fideicomisos públicos a que se refiere esta ley, los recursos provenientes de dicha extinción deberán entregarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 24.Queda prohibida la constitución de fideicomisos públicos cuando los órganos referidos en el artículo 1o. de esta ley pretendan constituirlos con recursos derivados de subejercicios del año inmediato anterior.
Los fideicomisos ya constituidos no podrán incrementar sus fondos con recursos públicos.
Artículo 25. Para asegurar la transparencia y rendición de cuentas, las autoridades federales referidas en el artículo 1o. de esta ley deberán publicar trimestralmente, en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación sus ingresos, incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino y saldo de cualquier fideicomiso público en el que participen.
Asimismo, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio de los recursos aportados a dichos fideicomisos para efectos de la Cuenta Pública.
Las unidades responsables del gasto enviarán de manera trimestral a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los informes que guardan los fideicomisos públicos, las modificaciones a su objeto, las variaciones a los recursos disponibles, así como una relación del uso del destino y tipo de gasto, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Artículo 26La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará y presentará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión anualmente la justificación y necesidad en la permanencia de los fideicomisos públicos y propondrá aquellos casos que deban ser extinguidos en virtud de que su constitución y operación no se justifique plenamente o no corresponda a fines públicos.
Artículo 27Los titulares u órganos de gobierno de los entes públicos a que se refiere el artículo 1 de esta ley, no podrán, por regla general, otorgar donativos. Para casos excepcionales, deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación y en sus páginas electrónicas, reglas claras donde se establezcan los procedimientos de acceso al público de dichos donativos.
Estas reglas, invariablemente, deberán contar con mecanismos de verificación, seguimiento y evaluación del recurso público donado y ser autorizadas por el titular.
Capítulo VIDe las Responsabilidades y Sanciones
Artículo 28.Los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones previstas en esta ley incurrirán en las responsabilidades políticas, administrativas o penales que determine el ordenamiento jurídico que corresponda.
Capítulo VIIDeberes y Pautas de Comportamiento Ético y Austeridad Republicana
Artículo 29. Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético y austeridad republicana:
a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución, las leyes y los reglamentos derivados de ella, y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;
c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;
d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;
e) Fundar sus actos en el principio de máxima publicidad y transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir la información;
f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados;
g) Abstenerse de utilizar la información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;
h) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio, empresa o partido político; e
i) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas los principios de máxima publicidad, transparencia, igualdad, concurrencia y racionalidad.
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016.
Segundo. Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente ley. En todos los casos se respetarán los derechos laborales de los integrantes del servicio profesional de carrera.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al aprobar el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2016 y los subsecuentes, realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de esta ley.
Cuarto. A fin de lograr los objetivos de racionalidad del gasto, el Ejecutivo federal deberá formular un programa de uso eficiente de los recursos materiales y servicios generales en la administración pública federal y un programa de modernización integral de las estructuras orgánicas de la administración pública federal en un plazo no mayor de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Todas las autoridades mencionadas en el artículo 1 de la presente ley elaborarán en un plazo no mayor de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, un programa de reducción y ahorro equivalente a 30 por ciento del gasto ejercido en 2015 en las partidas de servicios telefónicos, conducción de señales analógicas, agua, luz, combustibles, fotocopiado, papelería, materiales y suministros en general, renta de inmuebles, servicio de vigilancia, compra de uniformes y pasajes e informarán de ello al Órgano Interno de Control y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Quinto. En un plazo no mayor de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá elaborar y presentar, para su aprobación, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un proyecto de tabulador único de percepciones y prestaciones al que deberán sujetarse los servidores públicos referidos en el artículo 2 de la presente ley.
En los ejercicios subsecuentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará la propuesta de tabulador único al momento en que el Ejecutivo federal envíe su propuesta de proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación y se aprobará por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al mismo tiempo que el Presupuesto.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al momento de aprobar el presupuesto no podrá autorizar ninguna remuneración superior a los límites que establezca la Constitución y esta ley.
Sexto. Los poderes federales, órganos autónomos y demás autoridades federales, deberán informar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un periodo no mayor de 90 días naturales a partir de las entrada en vigor de esta ley, las acciones realizadas para compactar las oficinas de las representaciones, delegaciones u oficinas en el extranjero, así como de las delegaciones, oficinas y representaciones estatales con que cuenten.
Séptimo. Las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, actualmente en funciones, se mantendrán durante el tiempo que dure el encargo. Los nuevos nombramientos y contrataciones se sujetarán a lo previsto en esta ley a partir de su entrada en vigor.
Octavo. Para el ejercicio fiscal inmediato a la entrada en vigor de esta ley, se reducirá el monto del gasto en la realización de viajes internacionales y nacionales en un 50 por ciento, con relación al ejercicio fiscal anterior.
Noveno. A partir de la entrada en vigor de esta ley, los poderes federales, órganos autónomos y demás unidades ejecutoras de gasto deberán informar trimestralmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las acciones realizadas para compactar las oficinas de las representaciones, delegaciones u oficinas en el extranjero, así como de las delegaciones, oficinas y representaciones estatales con las que cuenten.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: Araceli Damián González, Norma Rocío Nahle García, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Alfredo Basurto Román, Alicia Barrientos Pantoja, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Concepción Villa González, Cuitláhuac García Jiménez, Delfina Gómez Álvarez, Emiliano Álvarez López, Ernestina Godoy Ramos, Guadalupe Hernández Correa, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Irma Rebeca López López, Jesús Serrano Lora, Jorge Tello López, Juan Romero Tenorio, Laura Beatriz Esquivel Valdés, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Chávez García, Mariana Trejo Flores, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Miguel Alva y Alva, Modesta Fuentes Alonso, Patricia Elena Aceves Pastrana, Renato Josafat Molina Arias, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Roberto Guzmán Jacobo, Rodrigo Abdala Dartigues, Rogerio Castro Vázquez, Sandra Luz Falcón Venegas, Vidal Llerenas Morales, Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbricas).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados: de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción del año 2014, nuestro país ocupa el lugar 103 de 175 países que fueron evaluados por transparencia internacional. Dicha posición nos coloca como uno de los países con la peor percepción en cuanto a la corrupción se refiere.
Países latinoamericanos como Chile o Uruguay están muy por encima de México, e inclusive Brasil, que también enfrenta severos problemas en la materia, se ubica en el lugar 69.
En el documento referido se hacen algunas recomendaciones para que las naciones que se ven más afectadas tomen medidas tendientes a abatir sus índices de corrupción. Una de estas recomendaciones es detener la impunidad ante casos de corrupción. Si bien se han tratado de tomar medidas legislativas para disminuir la corrupción en el servicio público la realidad nos rebasa y nos muestra que la impunidad es la principal aliada de las prácticas corruptas en el país. La impunidad de los servidores públicos en materia de corrupción se debe a que existen vacíos legales, lo que contribuye a profundizar el problema.
No podemos permitir que el hastío de la población llegue a niveles en los que se cuestione la propia legitimidad de las instituciones democráticas. Es nuestro deber tomar las medidas legislativas necesarias para detener no solo la corrupción, sino la impunidad de la que abreva y se nutre.
Sabemos que la corrupción limita y obstruye la competitividad de los actores económicos, pero lo más grave es que propicia la desconfianza y el descrédito de las instituciones poniendo en peligro la gobernabilidad del país. No estoy exagerando al afirmar que la corrupción es el mayor enemigo del Estado mexicano, el desprestigio del servicio público es un lastre para el progreso del país.
En Nueva Alianza estamos decididos a tomar acciones para detener esa percepción, por lo que presentamos esta iniciativa que, consideramos, responde al clamor social. Uno de los vacíos legales a los que me refiero se presenta precisamente en el caso de los empleaos del Congreso de la Unión, incluyendo por supuesto a los diputados, a las diputadas, a los senadores ya las senadoras.
El artículo 108 de la Constitución menciona que, para los efectos de las responsabilidades de los servidores públicos vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, se considerará como servidores públicos a los representantes de elección popular, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como los servidores públicos de los organismos autónomos.
A pesar de lo anterior, el Código Penal Federal en lo referente a los delitos cometidos por servidores públicos omite la mención expresa que se hace en el texto constitucional, lo que conduce a que se carezca de un fundamento jurídico para la individualización de las sanciones establecidas en este título.
Con la vaguedad de la redacción vigente se contribuye a la impunidad en actos de corrupción que no solo ofenden a la ciudadanía, sino que abonan al desprestigio de nuestra función.
En congruencia con los principios que defendemos en Nueva Alianza, consideramos indispensable mencionar expresamente en el artículo 212 del Código Penal Federal, que son considerados servidores públicos los diputados y senadores del Congreso de la Unión; los diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el jefe de gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de los estados; los presidentes municipales y jefes delegacionales en el Distrito Federal, así como los miembros del Poder Judicial en el ámbito federal, local, municipal y del Distrito Federal.
Compañeras y compañeros, en Nueva Alianza hemos decidido apartarnos de la cómoda opacidad y el mutismo complaciente, para contribuir con iniciativas que respondan a las demandas ciudadanas a fin de eliminar el sistema de complicidades y corrupción que tanto daño han hecho al país. Hoy estamos decididos a poner un alto al mal ejercicio del servicio público, con normas claras que permitan a los juzgadores aplicar la ley sin distingos.
Nuestro propósito es muy claro; recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes somos sus representantes. Por su atención, gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 212 y 213 y se adiciona el artículo 213 Ter, todos del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante el presente sexenio, en nuestro país se han aprobado reformas legislativas trascendentales que impactan seriamente los sectores de telecomunicaciones, económico, financiero, gubernamental, social, productivo, energético, entre otros. Este panorama ha permitido que México se convierta en referente obligado en el concierto mundial de naciones, pues el nuevo escenario legal favorece el arribo a suelo mexicano de un número hasta el momento incuantificable de capital extranjero que viene a invertir su dinero para generar áreas de desarrollo e imprimir mayor competitividad a los sectores productivos nacionales.
Sin embargo, México acusa graves problemas en su vida interior como son la violencia, la inseguridad y altos índices delictivos provocados por la impunidad, la corrupción y el clima de ingobernabilidad. Todos quisiéramos que no se presentaran esa serie de dificultades que afectan el bienestar social y la economía nacional, pero la realidad no se puede ocultar.
La posición de México en el rubro de la corrupción es alarmante: según datos arrojados por el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) diseñado cada año por la importante agrupación denominada Transparencia Internacional, México se sitúa en la posición 106 de 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala donde 0 es la mayor y 10 la menor percepción de corrupción. Ese lugar representa la peor ubicación en 10 años, pues desde el año 2001, el país paulatinamente ha ido descendiendo en la clasificación, del lugar 51 hasta el 100 el año pasado; además de obtener una calificación de 3.7 puntos en 2001, ha empeorado a 3 puntos en 2011.
Por su parte, el Barómetro Global sobre la Corrupción elaborado también por Transparencia Internacional consigna que 76 por ciento de los mexicanos manifestaron en 2010 que en los tres años previos, la corrupción había aumentado; 18 por ciento piensa que sigue igual, y sólo 7 por ciento creía que había disminuido. Más de la mitad de los mexicanos (52 por ciento) consideraba en ese entonces que la lucha del gobierno en contra de la corrupción era ineficaz, además, tres de cada diez mexicanos (31 por ciento) declararon que durante 2010 pagaron un soborno.
De acuerdo a las estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la corrupción cuesta alrededor de 1.5 billones de pesos al año. En promedio, según la misma fuente, las empresas destinan diez por ciento de sus ingresos a sobornos y comisiones para poder operar.
Estos comportamientos no son exclusivos de nuestro país. Por ello, la Convención Anti-cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE), instituyó una sucesión de compromisos tanto para los gobiernos como para las empresas y la sociedad civil de los estados suscritores. Dicha convención tiene el propósito de instrumentar dispositivos de prevención, disuasión, identificación y sanción de las infracciones ejecutadas por personas físicas o jurídicas que intervienen en las licitaciones públicas y, en general, en toda transacción comercial, ya sean nacionales o internacionales. Actividades que directamente o mediante intermediarios otorguen, prometan o encubran gratificaciones a un servidor público, sea nacional o extranjero, para que actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de funciones oficiales en relación con transacciones comerciales internacionales.
Nuestro país sigue rezagado en el ranking mundial como una de las naciones que más incurre en actos de corrupción, además le representa al país 9 por ciento del producto interno bruto (PIB). Estos factores han repercutido negativamente en la productividad, competitividad, y desestimulan la inversión.
Los actores políticos, legisladores sin distingos de ideologías, al aprobar la reforma que da paso al Sistema Nacional Anticorrupción, tomaron medidas articuladas y orientadas a reprimir, marginar, desterrar y discriminar cualquier comportamiento tendiente a incurrir en este tipo de prácticas.
Tenemos que seguir avanzando para enfrentar y superar los retos y desafíos que la vida nos plantea, mediante la generación de las condiciones apropiadas para que los inversionistas extranjeros y la población en general, tenga plena confianza en las instituciones de gubernamentales de los tres órdenes.
Argumentación
El régimen de responsabilidades de los servidores públicos apunta a un entorno jurídico que ha motivado múltiples adiciones, reformas e inclusive la creación de normas legales. Se han abordado estudios e investigaciones, pero el tema por ser complejo e itinerante precisa necesariamente de una revisión continua y permanente. La sociedad mexicana cada día muestra una mayor efervescencia en las cuestiones públicas y anhela que los gobernantes se conduzcan con altos contenidos éticos y morales que tengan por finalidad el bien común y el bienestar general.
Todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno asumen, desde que protestan el cargo, responsabilidades que tienen que observar y cumplir cabalmente y deben hacer acopio de conciencia de que el desacato a ellas implicará consecuencias y sanciones de distinta naturaleza como son: administrativas, civiles, políticas y por supuesto penales. Para arribar a ese estadio es indispensable seguir fortaleciendo el estado de derecho, legitimándolo con la fuerza que brinda la transparencia y la rendición de cuentas.
Como es del dominio público, son múltiples los inconvenientes que se detonan a partir de la corrupción porque genera ingobernabilidad, elimina la competitividad para las empresas que participan en las contrataciones gubernamentales, provoca descomposición en las instituciones democráticas, siembra desconfianza social, y sobre todo violenta flagrantemente los derechos humanos.
La persona corrupta busca o conoce perfectamente las ambigüedades que acusan algunas normas jurídicas para sacar provecho propio y con ello cubrirse con el manto de la impunidad. Esta práctica es tan perniciosa que pervierte o contamina gradualmente todo el sistema político y las finanzas públicas, y genera un clima de ingobernabilidad.
En ese sentido, resulta necesario e imprescindible continuar instituyendo nuevos mecanismos e instrumentos legales orientados a inhibir estas maniobras.
A México se le ha cuestionado airadamente en foros internacionales que exigen a nuestro país presentar avances en materia de corrupción. Es oportuno decir que el Estado mexicano ha dado pasos firmes para combatir el fenómeno, mediante la emisión de diversos ordenamientos jurídicos como son: la Ley Federal de Transparencia, de Acceso a la Información, Ley del Servicio Público Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de Contabilidad Gubernamental , la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y la reciente reforma que da paso al Sistema Nacional Anticorrupción.
No menos importante es mencionar la Ley de Disciplina Financiera presentada por el Ejecutivo federal, cuyos mecanismos de regulación obligarán a los estados, a los municipios y a los organismos autónomos a sujetarse a una regulación uniforme para la contratación y registro de su deuda pública y a homologar y transparentar el manejo de sus finanzas públicas.
Con el nuevo marco jurídico mexicano, las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán que transparentar el gasto correspondiente a compromisos plurianuales y la información de toda clase de contratación de deuda pública y proyectos de asociaciones público-privadas, a rendir cuentas sobre adecuaciones presupuestales y subejercicios, así como a ventilar públicamente los padrones de beneficiarios de programas sociales federales, estatales y municipales.
Además se sancionará a las empresas privadas que participen en actos de corrupción, con lo que se procura dar certeza a los procedimientos de contrataciones públicas, permitiendo así abrir los canales de competitividad en igualdad de condiciones legales para repercutir positivamente en el crecimiento económico del país.
No obstante, persisten conductas corruptas que tienen su cede en acuerdos, componendas, simulaciones y complicidades entre funcionarios públicos, o éstos y los particulares (el que solicita y el que autoriza), para favorecerse y obtener un provecho personal y al mismo tiempo beneficiar a un tercero, comportamientos ilegales que se traducen en delitos como el ejercicio abusivo de funciones, la intimidación, el cohecho y el tráfico de influencias, por citar tan solo algunos.
En el año 2013, los medios masivos de comunicación dieron cuenta que alcaldes de diferentes municipios del país señalaron que los diputados federales utilizaban la asignación de recursos en el presupuesto de egresos como medio para extorsionarlos. De acuerdo con una investigación periodística, los legisladores pedían un diezmo a los presidentes municipales para favorecer sus obras o sus contratistas a cambio de asignar recursos a sus demarcaciones.
En nuestro país, el fraude, abuso de autoridad, el tráfico de influencias y el nepotismo, deberían ser erradicados pero las autoridades competentes guardan cautela.
La corrupción existe en todos los niveles de la sociedad; en los partidos políticos, en los congresos y con mayor expresión en los municipios, donde el nivel de opacidad y los márgenes de discrecionalidad son insoportables. En ese sentido todos los actores políticos tenemos la obligación ineludible de marcar pautas de transparencia y rendición de cuentas, para cumplir con nuestra responsabilidad social.
Con la presente expresión legislativa se pretende cooptar las sistemáticas acciones corruptivas de aquellos malos servidores públicos con cargos de elección popular, que aprovechan su posición jerárquica y poder para promover influencias que vencen resistencias, con el propósito de lograr dividendos perversos que ilícita y significativamente aumentan su patrimonio particular en deterioro de la vocación de servicio.
El título décimo del Código Penal Federal está dedicado a los delitos cometidos por servidores públicos, a saber, el ejercicio indebido de servicio público, el abuso de autoridad, la desaparición forzada de personas, la coalición de servidores públicos, el uso indebido de atribuciones y facultades, la colusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones el tráfico de influencia, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.
El primero de sus artículos, el 212, establece quiénes tienen el carácter de servidor público, sin embargo su redacción presenta lagunas inadmisibles que permiten a ciertos actores políticos extraerse de la aplicación de la legislación, favoreciendo la impunidad, situación insostenible dada la elevada corrupción que aqueja al país.
Por citar un ejemplo, hasta el momento el artículo 212 del Código Penal Federal sólo hace referencia de manera muy superficial y ambigua a “los servidores del Congreso de la Unión”, sin especificar si se trata solamente del personal administrativo (de base y de confianza) o incluye incluso a los diputados y senadores, por tratarse de personas que como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, de manera permanente y general desempeñan funciones de mando y dirección y manejan recursos públicos federales, razón suficiente para que también deban ser destinatarios directos del precepto aludido.
Esta especificación no resulta trivial si tomamos en cuenta que el último enunciado del artículo 213 del mismo código se establece que para la individualización de las sanciones el juez tomará en cuenta, en su caso, si el servidor público es “trabajador de base o funcionario o empleado de confianza” aclarando que la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena, sin embargo nada se dice para el supuesto de que sea un funcionario con cargo de elección popular (diputado o senador) el que incurra en la comisión de este tipo de delitos.
Los diputados y senadores del Congreso de la Unión no son empleados de base, tampoco son trabajadores de confianza. El artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, al describir quiénes son trabajadores de confianza, no hace referencia a los diputados y senadores del Congreso de la Unión. La definición de trabajador de confianza prevista en dicho cuerpo normativo hace referencia únicamente a:
“Artículo 5. Son trabajadores de confianza:
I. a II...
III. En el Poder Legislativo:
A. En la Cámara de Diputados: secretario general, secretarios de servicios, coordinadores, contralor interno, directores generales, directores, subdirectores, jefes de departamento, secretarios particulares, secretarías privadas, subcontralores, auditores, secretarios técnicos, asesores, consultores, investigadores, secretarios de enlace, titulares de la unidad o centro de estudios, agentes de resguardo parlamentario, agentes de protección civil, supervisores de las áreas administrativas, técnicas y parlamentaria, y el personal del servicio de carrera.
B. ...
C. En la Cámara de Senadores: secretarios generales, tesorero, coordinadores, contralor interino, directores generales, directores, subdirectores, jefes de departamento, secretarios técnicos, resguardo parlamentario, agentes de protección civil, supervisores de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias, enlaces y secretarías privadas.
Por lo anterior, la actual redacción del artículo 213 del Código Penal Federal, no permite que dicho precepto, que hace referencia a la individualización de las sanciones y al agravamiento de las penas, pueda ser aplicado a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, o a cualquier otro servidor que desempeñe un cargo de elección popular, por estar dirigido únicamente a “trabajadores de base o funcionarios o empleados de confianza”.
Cabe mencionar que el artículo 108 de la Constitución federal que prevé el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, establece que se reputarán como servidores públicos a todos los representantes de elección popular;tomando en cuenta lo anterior, resulta lógico y congruente que el Código Penal Federal también lo haga.
En Nueva Alianza somos respetuosos del estado constitucional, en esa postura la norma que forma parte de nuestra propuesta, pretende ajustar sus términos a los previstos a las recientes reformas al artículo 108 constitucional, bajo las cuales se observa que en general se reputa como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en los tres niveles de gobierno:
Título CuartoDe las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativa o graves o hechos de corrupción, y patrimonial del estado
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputará como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza, en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
...
Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
Las constituciones de los estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y de deuda pública.
(...)”
Partiendo de lo anterior y para dar mayor claridad, alcance y certeza jurídica a nuestro marco jurídico punitivo, se propone incluir de manera expresa y detallada en el artículo 212 del Código Penal Federal a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y también a otros representantes populares que no están contemplados en el precepto aludido, como son los que integran el gobierno del Distrito Federal, dentro de los que se encuentra el mismo jefe de gobierno, los diputados a la Asamblea Legislativa y los delegados políticos del Distrito Federal.
De la misma manera, nuestra propuesta sugiere agregar al elenco legal a cualquier persona que desempeñe un empleo cargo o comisión, incluso de elección popular, en los estados y en los municipios cuando manejen recursos económicos federales o participen en alguna de las conductas tipificadas como “delitos cometidos por servidores públicos” previstos en el título décimo del código en comento.
Se trata de incluir en la ley a actores que deben el ejercicio de su encargo en virtud de la celebración de comicios, es decir mediante el sufragio que la ciudadanía deposita en las urnas electorales, condición que los hace estar comprometidos, conservarse leales y honestos en el servicio público, de manera moral y legal. En síntesis, el objetivo que se persigue es privilegiar el interés colectivo por encima del personal.
Con toda oportunidad se hace la aclaración que no se tiene la intención de invadir esferas de competencia, y se respeta, por lo tanto, el sistema republicano y el municipio libre, previstos por nuestra norma suprema en sus artículos 41, 115 y 122, porque la propuesta legislativa sólo se endereza contra cualquier persona que en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, incluso de elección popular, manejen, operen o influyan en rubros como obra y servicios públicos, entre otros, sólo cuando haya concurrencia de uso, administración, o gestión de recursos del erario federal o participación en la perpetración de los delitos previstos en el título décimo del Código Penal Federal, de allí derivan los ámbitos de validez, temporal, personal, material y espacial de la norma penal federal, elementos que le imprimen legitimidad y viabilidad, y que con mucho se sustentan tanto en el artículo 108 antes citado, como en el artículo 73, fracción XXI, inciso b) también de la ley fundamental, que se exponen y citan a continuación:
De las facultades del Congreso
Artículo 73.El Congreso tiene facultad:
XXI.Para expedir:
a)...
b)La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; ...”.
Atrás debe quedar la opacidad con que se conducen algunos malos servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno, porque basta una llamada telefónica, una entrevista personal o mandar a un propio para que gestione, y en secreto se perfeccione el negocio y así tras bambalinas generar un pacto que beneficie a los intervinientes mediante el pago de cuotas o pagos prohibidos, actos que no dejan registro alguno, porque en los hechos no se trata de desvío de los caudales de la hacienda pública, lo anómalo es que se obedece y favorece a intereses propios y ajenos en detrimento del principio de igualdad y de la libre competencia.
Así también, se propone que en general todos los delitos cometidos por los servidores o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones se cataloguen como graves, ya que todos ellos sin excepción, afectan de manera importante valores fundamentales de la sociedad. Por lo anterior, se sugiere la adición de un artículo 213 Ter; esto obedece a que los delitos previstos en el título décimo de la ley sustantiva penal federal, a pesar de tener penas muy altas, no tienen la calidad de grave, por lo tanto una vez que los implicados son puestos a disposición del órgano jurisdiccional, previo ejercicio de la acción penal de la representación social, pueden sencillamente obtener su libertad bajo caución mediante una garantía que resulta irrisoria si se le compara con el menoscabo ocasionado al patrimonio del estado y a la sociedad en general.
Se reafirma que la lucha contra el fenómeno de la corrupción, por su complejidad, debe procurarse desde dos expectativas, la primera es aquella que tiene ver con la generación de un prototipo de administración pública, donde la regla fundamental se sustente en la transparencia de las determinaciones y acciones asumidas y ejecutadas. El modelo propuesto debe conjuntarse con la evaluación permanente que comprenda el desempeño, productividad, capacidad, comportamiento, historial laboral, de los servidores públicos, en general pero en particular los que estén bajo sospecha; la segunda se debe sustentar en el fortalecimiento de las normas jurídicas que regulan la gestión gubernamental y el régimen de responsabilidades tanto administrativas como penales de los servidores públicos. Para lograr resultados es menester que la norma prescriba sanciones ejemplares a quienes se les compruebe una o varias prácticas corruptas.
Consideramos que la norma jurídica o “amenaza legal” tiene fines o propósitos bien definidos, como son la prevención general y la prevención especial. La primera busca que todo el tejido social se inhiba de cometer esos comportamientos, en tanto la segunda pretende disuadir a los destinatarios de la ley (que en la especie se trata de servidores públicos), de incurrir en actos indebidos que les reditúen un lucro indebido.
Para mayor abundamiento, conviene sacar a colación, el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sostenido en tesis aislada, que:
“ Responsabilidades de servidores públicos. Sus modalidades de acuerdo con el título constitucional” De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes:
A) La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho;
B) La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito;
C) La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y
D) La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales.
...”
Como se puede advertir, el sistema reposa en un principio de autonomía, uno del otro, acorde al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, no obstante cualesquiera de éstas puede concurrir desde el punto de vista material, como sucede tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, idóneo para ser sancionado en distintas vías.
Con la iniciativa que se plantea, se ajusta el marco normativo en contra de la galopante corrupción, lo que viene a representar un claro avance en materia del combate al flagelo. Asimismo se da cumplimiento pleno al principio de legalidad previsto y consignado en el penúltimo párrafo del 14 de la norma suprema. Pero además, México cumple con los compromisos internacionales contraídos y contenidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
En Nueva Alianza estamos plenamente convencidos que para transitar hacia un proyecto de nación que tenga viabilidad, es necesario fortalecer las actuaciones de gobierno, mediante la transparencia, rendición de cuentas y una correcta y eficaz impartición de justicia, en conjunto con la planeación e implementación de políticas públicas que fortalezcan las áreas educativa, vivienda, servicios de salud, desarrollo social, atención a grupos vulnerables y generación de empleos, fenómenos estos, que amplían el marco de oportunidades y bienestar de los mexicanos.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 212 y 213 y se adiciona el artículo 213 Ter del Código Penal Federal
Primero. Se reforman los artículos 212 y 213 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 212. Para los efectos de este título y el subsecuente, son considerados servidores públicos, entre otros, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de los estados, los presidentes municipales y jefes delegacionales en el Distrito Federal y los miembros del Poder Judicial en el ámbito federal, local, municipal y del Distrito Federal.
En general, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, incluyendo a aquellos de elección popular, en los tres niveles de gobierno y, en el caso, en el Distrito Federal y sus delegaciones, ya sea en el ámbito ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo a organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y órganos constitucionales autónomos, o que manejen recursos económicos federales, por la comisión de alguno de los delitos previstos en este título, en materia federal, o por su participación en la perpetración de los mismos.
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trata a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o en el subsecuente.”
Artículo 213.Para la individualización de las sanciones previstas en este título, el juez tomará en cuenta, en su caso, si el servidor público desempeña un cargo de elección popular,es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario con cargo de elección popular,o empleado de confianza, será una circunstancia que dará lugar a la agravación de la pena.
Segundo. Se adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 213 Ter. Los delitos cometidos por servidores públicos previstos en este título se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera, con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, páginas 4 y 5.
2. Ibídem
3. Es importante observar, en este sentido, que la Convención trata con lo que, en la ley de algunos países, se denomina “corrupción activa o cohecho activo” que significa “el delito cometido por la persona que promete o da el soborno a diferencia del cohecho pasivo, que corresponde al delito cometido por el funcionario que recibe el soborno”.1 En todo caso, de lo que se trata es de cubrir todo el fenómeno delictivo, para lo cual la Convención tiene un carácter complementario y contar, en todos los países miembros, con sanciones a servidores públicos, personas, empresas y profesionistas que encubran o participen en lo que los expertos denominan “la oferta de corrupción”.
4. ADN Político. 14 de noviembre de 2013. Según el cual la presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), aceptó conocer casos que colegas le han expuesto. “He tenido conocimiento de estas prácticas ya que los alcaldes me lo han comunicado como Presidenta de la Fenamm. Ya en Brasil hace muy poco, hubo un caso similar con dimensiones gigantescas llamado “O mensalão” (mensualidad), la corrupción política a través de la compra de votos parlamentarios en el Congreso Nacional de Brasil, entre 2005 y 2006 para favorecer proyectos, presupuestos programas y contratos que pactaba el PT, partido gobernante. Hay 470 procesados y cerca de 40 altos funcionarios del partido, legisladores y hasta magistrado a los que se les ha declarado auto de formal prisión. El caso más reciente en España donde en un operativo anticorrupción se detuvo a más de 50 personas, dentro de los que se arrestó al número dos del gobierno regional de Madrid, dirigentes políticos –incluidos seis alcaldes- a quienes se les acusa que acordaron con empresarios detenidos, las comisiones a pagar para recibir un trato favorable en la adquisición de contratos. Periódico la Jornada. 28 de octubre de 2014. Página 20.
5. Tesis Aislada P. LX/96 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo III, Abril de 1996, Página 128; cuyo rubro se intitula Responsabilidades de servidores públicos. Sus modalidades de acuerdo con el título cuarto constitucional
6. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, misma que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, al reunir las 30 ratificaciones entre los Estados firmantes. El 29 de abril de 2004 el Senado mexicano aprobó la Convención publicando en el D.O.F. el decreto el 27 de mayo de 2004; el instrumento de ratificación firmado por el Ejecutivo Federal, de fecha 31 de mayo de 2004, fue depositado ante el Secretario General de la ONU el 20 de julio del mismo año; finalmente, el 14 de noviembre de 2005 se promulgó en texto de la Convención en el Diario Oficial de la Federación. Específicamente a sus artículos 15. 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza(rúbrica).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa también suscrita por el diputado Juan Pablo Piña, del mismo Grupo Parlamentario, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
La diputada María Eloísa Talavera Hernández:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, hoy, con toda responsabilidad acudo a la máxima tribuna de la nación para presentar esta iniciativa a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
México está viviendo momentos difíciles. La economía por los suelos; la pobreza en aumento; la corrupción que sigue latente y esto ha provocado un déficit de credibilidad y de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Ante este escenario, en Acción Nacional creemos que es necesario y pertinente que los partidos políticos se ajusten a la realidad imperante.
La voz ciudadana es clara, los partidos políticos salen muy caros, gastan mucho y todo a costa del erario público.
La sociedad mexicana ha hecho durante muchos años señalamientos justos en este sentido, de que es desproporcional y descomunal el presupuesto que se destina actualmente para el funcionamiento y viabilidad de los partidos políticos. Ello obliga no solamente a reflexionar o disertar sobre el mismo tema, sino también nos obliga a actuar y a tomar decisiones al respecto.
Durante muchos años, el PAN se pronunció en contra del financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, también reconocimos que es uno de los elementos más importantes en el proceso de transición a la democracia, para que los partidos tuvieran piso parejo para enfrentar los procesos electorales y que se redujera el financiamiento privado para evitar conflictos de interés y contiendas desproporcionadas.
La reforma postelectoral de 1996 fue de los diversos avances de reforma del marco constitucional sobre el financiamiento de los partidos políticos. De manera inédita se estableció una suma anual para cada uno de los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual a la asignada por el concepto citado en el año de la elección federal ordinaria.
Aquella reforma tuvo como objetivo principal establecer límites en el financiamiento público, así como darle prioridad a dicho financiamiento sobre el financiamiento privado.
En enero de 97, el Partido Acción Nacional, por conducto de su entonces presidente nacional Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, devolvió a la Tesorería de la Federación la cantidad de 29 millones de pesos, que correspondían al 39 por ciento del financiamiento público de los meses de noviembre y diciembre de 1996.
El PAN consideró que el financiamiento excesivo impuesto por el PRI gobierno en la reforma electoral de 1996 ofendía y lesionaba a la nación entera por las condiciones de pobreza extrema que prevalecían en aquella época y en las cuales aún persisten desgraciadamente millones de familias mexicanas.
En ese entonces Acción Nacional señaló que se trataba de una reforma que en lo económico había sido hecha a la medida del PRI y del gasto descomunal que de manera ilegal hacía y aún hace el PRI de las arcas públicas.
Al paso del tiempo se hizo necesaria una valoración de la reforma de 1996, sobre todo en el sentido de disminuir el gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias y en sus gastos de campaña.
Con ese tenor y después de una discusión al respecto, en el 2007 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia electoral, sustentada en tres ejes primordiales: la disminución en forma significativa en el gasto de las campañas electorales, el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales y federales, el diseño de un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y los partidos políticos.
Con aquella reforma se logró la reducción del financiamiento público de los partidos nacionales. Sin embargo, la situación actual económica exige que se analice la posibilidad de reducir en mayor cantidad el financiamiento público en lo que respecta a las actividades ordinarias que realizan.
Proponemos reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias, con la modificación de la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo de 65 a 35 por ciento la proporción del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el cual se multiplica por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo cual traería como resultado la disminución aproximada de un 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.
También es necesario eliminar el financiamiento que las autoridades locales otorgan a los partidos políticos, en el entendido de que el Instituto Nacional Electoral ya destina recursos para este concepto, por lo que se duplica. Y el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos. Es decir, reciben dinero por partido doble.
Señoras y señores diputados, la iniciativa que hoy presentamos es congruente con lo que históricamente hemos dicho y propuesto. Hoy, como ayer, el PAN considera que no se justifica ni es aceptable el despilfarro y el gasto desproporcionado de los partidos políticos, mientras que la mayoría de la población vive en la pobreza y en condiciones adversas que le impiden tener un nivel de vida digno.
Consideramos como una acción justa recortar el presupuesto destinado al financiamiento público de los partidos políticos, y así como fortalecer la fiscalización y la vigilancia de los recursos públicos que se les otorgan para sus actividades. Los convoco a actuar con responsabilidad, México lo demanda. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, María Eloísa Talavera Hernández, diputada a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de reducción de financiamiento a los partidos políticos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente existe una petición única en todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos en nuestro país. Me refiero a la transparencia con que deben actuar cada uno de los servidores públicos, así como la estricta aplicación de los recursos económicos que tienen a su cargo.
En dicha dinámica, los partidos políticos estamos también obligados a conducirnos con transparencia, pero además, debemos reforzar nuestra obligación de representar debidamente a los ciudadanos, y en ello no convertirnos en una carga a su economía. Ante ello, proponemos reducir el financiamiento público de los partidos políticos.
Este es el espíritu primordial de la presentación de esta iniciativa, que debemos decir, retoma las propuestas presentadas en la LXI Legislatura por el entonces diputado César Nava Vázquez, integrante del Partido Acción Nacional.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, en el país se llevaron a cabo las reformas electorales de 1964, 1977, 1987, 1990, 1993 y 1996, las cuales tuvieron como objetivo hacer más competitivo el sistema político y de partidos.
La reforma electoral de 1996 fue de los primeros avances de reforma del marco constitucional sobre el financiamiento público de los partidos políticos, además que de manera inédita estableció una suma anual para cada uno de los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias, y otra suma igual a la asignada por el concepto citado en el año de la elección federal ordinaria.
Esa reforma tuvo como objetivo principal establecer límites en el financiamiento público, así como darle prioridad a dicho financiamiento sobre el financiamiento privado.
Sin embargo, al paso del tiempo se hizo necesaria una valoración de la reforma de 1996, sobre todo en el sentido de disminuir el gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias y en sus gastos de campaña.
En ese tenor y después de una discusión al respecto en 2007, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia electoral sustentada en tres ejes primordiales:
a) La disminución en forma significativa en el gasto de las campañas electorales.
b) El fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales.
c) El diseño de un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y los partidos políticos.
De estos ejes y en específico por lo que concierne al financiamiento de los partidos políticos, se derivaron propuestas medulares entre las que destacan una nueva forma de cálculo del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, la reducción del financiamiento público destinado a las campañas electorales y, el establecimiento de límites menores para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos.
La nueva fórmula para determinar el financiamiento público para los partidos políticos aprobada por el Congreso de la Unión representó una dinámica más simple y revestida de certeza jurídica, además de que se establecieron parámetros específicos para la estimación del financiamiento público para cada partido. Para el cálculo mencionado se contemplan dos factores: 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere al financiamiento público para actividades de campaña electoral, la reforma establece que en el año de elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán, en su conjunto, solamente 30 por ciento del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, equivaldrá a 50 por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en el mismo año.
De conformidad con diversos estudios referentes a los efectos de la reforma electoral, se estimó que dicha fórmula para determinar el financiamiento público para los partidos políticos representaría un ahorro de 7.83 por ciento respecto al gasto de actividades ordinarias, con relación a la fórmula que se aplicaba antes de la reforma electoral de 2007.
Es evidente que con la reforma multicitada se logró la reducción del financiamiento público de los partidos políticos nacionales, sin embargo, la situación económica actual exige que se analice la posibilidad de reducir en mayor cantidad el financiamiento público en lo que respecta a las actividades ordinarias que realizan los partidos políticos, en el entendido que en este tipo de actividades los partidos están en posibilidad de realizar ajustes financieros y de esta manera mostrar solidaridad con el plan de austeridad del Ejecutivo federal.
Objeto de la iniciativa
La iniciativa de mérito tiene como propósito reformar el marco constitucional con la finalidad de reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias, con el propósito de ahorrar recursos para el erario y que estos recursos sean utilizados en atención a necesidades prioritarias del Estado mexicano.
Por lo anterior se propone la modificación de la fórmula que establece la Constitución para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo de 65 a 35 por ciento la proporción del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el cual se multiplica por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo cual traería como resultado la disminución de aproximadamente 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.
Se propone la reducción del factor del salario mínimo vigente de 65 a 35 por ciento en razón de la factibilidad de variabilidad de dicho factor, esto se puede apreciar en los diferentes porcentajes establecidos en las leyes electorales de las entidades federativas que adoptan la fórmula del 41 constitucional. Dichos porcentajes del salario mínimo vigente se adecuan en principio al aplicable en la capital del estado en cuestión y después en consideración a particularidades como el número de ciudadanos empadronados en el estado, el número de partidos locales, así como de las propias necesidades presupuestales de cada gobierno local.
Como se mencionó, los partidos políticos con registro nacional reciben recursos de acuerdo con el artículo 41 constitucional, sin embargo, una vez que éstos se acreditan como tales ante las autoridades electorales locales de cada entidad federativa, también reciben los recursos especificados en el artículo 116, fracción IV, inciso g). En ambos casos pueden destinarse para los gastos ordinarios permanentes, por lo que podría generarse un doble financiamiento.
Por ello también se propone eliminar el financiamiento que las autoridades locales otorgan a los partidos políticos en el entendido de que el Instituto Federal Electoral ya destina recursos para este concepto, por lo que se duplica el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos; es decir, reciben por partida doble el financiamiento por dicho concepto.
Por otro lado, es importante precisar que nuestra Carta Magna redefinió los usos del financiamiento público en la reforma constitucional de 2007, en el sentido de que se determinó la asignación del financiamiento público en tres actividades: las ordinarias, las extraordinarias y las actividades específicas.
El objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan independientemente de que haya o no procesos electorales. Tales actividades comprenden el sostenimiento de sus oficinas, el pago de los emolumentos del personal que trabaja para ellos, los gastos de transporte de sus dirigentes, la impresión y publicación de material propagandístico y todo lo que normalmente realiza un partido político en periodos no electorales.
El tema del financiamiento es importante debido a su efecto en el sistema político, del financiamiento depende también el sistema de partidos y viceversa. En las democracias en transición juega un papel importante. Afecta también la contienda interpartidista, las condiciones de competencia, la propia credibilidad y legitimidad de la democracia misma.
La presente propuesta encuentra sustento fundamentalmente en la demanda que la sociedad pide a sus gobernantes y a quienes toman las decisiones trascendentales del país de “ajustarse el cinturón”.
Así, la propuesta es determinante y pretende que con la modificación a la fórmula que se propone se disminuya aproximadamente 50 por ciento del gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias; las prerrogativas en materia de financiamiento público para los partidos políticos nacionales se encuentran contempladas en el artículo 41, fracción II, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo los parámetros que son la base para la fórmula de financiamiento público para las actividades ordinarias, extraordinarias y específicas de los partidos políticos, situándose la propuesta de modificación en dicho precepto normativo, en específico, en el inciso a), el cual establece la fórmula para el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos, asimismo, en la legislación relativa a los partidos políticos se considera este concepto en la fracción I del inciso a), numeral 1, del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el cual se reforma el inciso a), de la fracción II del artículo 41; el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma la fracción I del inciso a) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos
Primero. Se reforma el inciso a), de la fracción II del artículo 41, y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. ..
...
I. ...
...
...
II. ...
...
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) ...
c) ...
...
...
Base III a la Base VI...
Artículo 116. ..
...
I. a III...
IV. ...
a) a f) ...
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes;
h) ...
...
...
Segundo. Se reforman la fracción I del inciso a) numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:
Artículo 51.
1. ...
a)...
I. El consejo general, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el organismo público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;
II. a V. ...
b) y c) ...
2...
3...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes
1. Andrade Sánchez, Eduardo. La reforma política de 1996 en México, en Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, número 25, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México.
2. Análisis del sistema electoral mexicano, informe de un grupo de expertos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: María Eloísa Talavera Hernández, Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbricas).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Gobernación para opinión.
LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 237, 243 y 245 de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz:Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Solicito a la Mesa que antes de comenzar mi exposición en el Diario de los Debates quede explícito el nombre de la iniciativa, debido a que ha sido omiso el nombre con el cual fue suscrita.
Es iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley General de Salud para reconocer legalmente las cualidades terapéuticas del THC y el cannabidiol, sustancias activas de la cannabis. Se lo solicito de manera respetuosa, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Que tome nota la Secretaría, por favor.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz:Muchísimas gracias. Compañeros y compañeras diputadas, el día de hoy es para mí un gran honor y un verdadero orgullo presentar ante ustedes una de las iniciativas de ley que pretende hacer justicia social y justicia a la salud pública.
La Ley General de Salud contiene disposiciones que en la actualidad resultan obsoletas frente a los avances científicos que se han desarrollado en los últimos años respecto a las cualidades terapéuticas que la comunidad científica y estudios e instituciones reconocidas han demostrado. Han demostrado, sí, en la sustancia de la cannabis.
La Ley General de Salud contiene férreas prohibiciones y disposiciones punitivas respecto a cualquier forma de prescripción médica de la cannabis, negándole con ello la posibilidad a los pacientes de acceder a medicamentos que tienen una eficacia comprobada por notables instituciones de investigación en el tratamiento de padecimientos como el Síndrome de Lennox, el Síndrome de Dravet, la esclerosis múltiple, el glaucoma, el cáncer y la epilepsia, por mencionar algunos.
En este sentido quiero resaltar que los últimos avances científicos han demostrado que el Cannabidiol, principio activo de la Cannabis tiene efectos muy positivos en el tratamiento de la epilepsia. Yo solo quisiera que todos ustedes se imaginaran lo que es vivir todos los días 400 convulsiones diarias y si son capaces de soportarlas.
Existen estudios probados por la Academia Americana de Neurología, que demuestran que un grupo nutrido de pacientes que tienen el síndrome de Lennox, se han sometido a un tratamiento de Cannabidiol y han logrado una reducción aproximada del 50 por ciento de sus convulsiones.
Es por ello, que nuestra sociedad reclama que se haga una revisión minuciosa y profunda de nuestro marco jurídico en la Ley General de Salud.
En este sentido me gustaría darle voz a una lucha que se ha demostrado y ha sido mediatizada, pero no debemos de politizarla debido a que es una necesidad social, es el caso de la niña de ocho años Grace. Yo quisiera que este Congreso se pronunciará en que todos somos Grace, porque todos y todas han tenido algún familiar, conocido con algún tipo de enfermedad cuyo acceso a la justicia social no ha sido posible.
Los legisladores tenemos el poder de cambiar esta situación, porque es realmente terrible que los ciudadanos tengan que acudir a tribunales para poder ejercer un derecho constitucional que una ley secundaria no garantiza.
Esta iniciativa que hoy pongo a su consideración prevé darle reconocimiento terapéutico –repito– terapéutico al Cannabidiol y al THC, sustancias activas de la Cannabis para que con estricto apego a los tratados internacionales en materia de estupefacientes suscritos por México, nos sometamos a la regulación internacional a fin de poder quitar estos candados y poder utilizar los medicamentos derivados de sustancias activas, que desafortunadamente nuestro marco legal sigue teniendo una moral que no debe de estar por encima de la ciencia. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 237, 243 y 245 de la Ley General de Salud, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., que “...toda persona tiene derecho a la protección de la salud... ”. No obstante, este derecho pierde totalmente su significado cuando analizamos la legislación secundaria, ya que al hacerlo, constatamos que las sustancias que son esenciales para el tratamiento de diversos padecimientos, aún no tienen reconocimiento terapéutico en nuestro país pese a que su uso puede ser fundamental para mitigar el dolor, las crisis convulsivas o para eliminar las células cancerígenas en pacientes con cáncer. El Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos presentó recientemente un estudio en el que reconoce los beneficios que tiene el cannabis en el tratamiento del cáncer ya que los cannabinoides tienen la capacidad de destruir las células cancerosas.
Con fundamento en el artículo 4o. constitucional, la prioridad de nuestro sistema de salud debiera ser la protección de la salud de las personas y la inversión en la investigación científica para enfrentar los desafíos que se presentan en una gran diversidad de padecimientos de nuestra población.
Lamentablemente, nuestro marco jurídico es tan obsoleto que aún no reconoce las cualidades terapéuticas que tienen los ingredientes activos del Cannabis para el tratamiento de la epilepsia, el glaucoma, el cáncer y la esclerosis múltiple, mientras que en otros países ya se prescriben con éxito los medicamentos hechos a base de Tetrahidrocanabinol y Cannabidiol para tratamientos médicos.
En Europa y Estados Unidos ya existe evidencia científica probada sobre la eficacia que tienen los medicamentos a base de Cannabis, sin embargo en México esta sustancia está prohibida por la Ley General de Salud y por lo tanto, su prescripción médica es penalizada.
Argumentos
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha venido impulsado desde hace varias legislaturas, distintas reformas en el Congreso para establecer un nuevo marco jurídico que permita regular el mercado de drogas de nuestro país.
Uno de los principales legisladores que ha impulsado tenazmente este tema a nivel nacional, es el diputado Fernando Belaunzarán Méndez de la LXII Legislatura, que desde distintos foros ha expresado su preocupación sobre la necesidad de promover un nuevo paradigma en la política de drogas y en congruencia con sus ideas, ha presentado diversas propuestas de Ley libertarias que van desde la despenalización del consumo de drogas, la regulación del proceso de producción y comercialización de la cánnabis y su uso lúdico, hasta la regulación del cultivo de la amapola para producir medicamentos para el dolor. Vale la pena hacer un reconocimiento al esfuerzo hecho por el diputado Belaunzarán porque su trabajo en este tema ha sido fundamental para abrir el debate en nuestro país. Su trabajo ha llegado incluso a llamar la atención de autoridades internacionales en la materia como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, que ha dado puntual seguimiento a todas sus propuestas de ley.
El tema que planteamos en esta iniciativa, va en sintonía con el programa y los principios del Partido de la Revolución Democrática que prevé que la política de drogas tenga un enfoque de salud pública.
Esta propuesta además prevé que en todo el proceso de producción de medicamentos derivados de sustancias activas del Cannabis, nuestra legislación se apegue estrictamente a los preceptos que establecen tanto la Convención Única de Estupefacientes expedida en 1961 y enmendada por el protocolo de 1972, así como con la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Por lo cual, consideramos que la autoridad sanitaria de nuestro país debe facilitar anualmente a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE), la información sobre la cantidad de cannabis que será utilizada para fines médicos y para fines científicos; la cantidad de medicamentos a base de cannabis que no haya sido utilizada durante el año, el número de establecimientos industriales responsables de fabricar medicamentos derivados del cannabis, así como la información que la Junta determine.
Los dos principales ingredientes activos del cannabis que sirven para el tratamiento de enfermedades, son el Tetrahidrocanabinol, que tiene efectos psicoactivos y el otro es el Cannabidiol, que no contiene efectos psicoactivos. Ambos ingredientes son fundamentales para el tratamiento del glaucoma, la esclerosis múltiple, para reducir células cancerígenas y para mitigar las crisis convulsivas en el síndrome de Lennox-Gastaut y en el síndrome de Dravet.
El Cannabidiol (CBD) es un cannabinoide que se encuentra en la planta del Cannabis y posee cualidades terapéuticas muy importantes para el tratamiento de la epilepsia.
En este sentido, es importante hacer el énfasis en la situación que está viviendo actualmente Graciela Elizalde Benavides, una mexicana de 8 años de edad, que tiene un padecimiento de nacimiento diagnosticado como síndrome de Lennox-Gastaut y que presenta una epilepsia muy severa con aproximadamente 400 episodios por día, sin considerar los que tiene cuando está dormida, porque el sueño no inhibe la actividad epiléptica de su cerebro.
Grace (como amorosamente la llaman sus padres y toda la gente que la ama) ha transitado durante toda su vida por un proceso muy doloroso, experimentando con distintos procedimientos y tratamientos anticonvulsivos con múltiples fármacos. A Grace le han sido prescritos medicamentos altamente tóxicos que pueden tener efectos adversos en su salud.
Raúl Elizalde y Mayela Benavides, los padres de Grace, en medio de su desesperación e impulsados siempre por su amor infinito, han intentado todo lo que ha estado a su alcance en la esperanza de encontrar algún tratamiento que logre controlar las recurrentes crisis epilépticas de la pequeña Grace, sin embargo todos los tratamientos que han probado, han resultado absolutamente inútiles.
Por otro lado, la comunidad científica ha hecho diversas investigaciones con medicamentos hechos a base de Cannabidiol (CBD) y ha generado evidencia concreta respecto a la efectividad que tiene esta sustancia, ya que por ejemplo en los resultados de los más recientes estudios presentados durante la sexagésima séptima reunión anual de la Academia Americana de Neurología respecto a la aplicación del tratamiento con Cannabidiol en personas que padecen el síndrome de Lennox-Gastaut ha quedado demostrado que se logran reducir en más del 50 por ciento los episodios convulsivos, lo cual significa que el CBD tiene una efectividad importante. No obstante, los medicamentos a base de Cannabidiol no son comercializados en México porque en este país estos medicamentos aún están prohíbidos por la Ley General de Salud, porque contienen sustancias activas derivadas del cannabis, a la cual no se le concede ninguna cualidad terapéutica.
Por tal razón, Mayela Benavides y Raúl Elizalde, padres de Grace, han tenido que iniciar un procedimiento judicial para que Grace pueda acceder legalmente al medicamento que le permita mitigar los procesos convulsivos derivados del Síndrome Lennox-Gastaut y han logrado un amparo de un juez que les permitirá importar a México dicho medicamento a base de Cannabidiol (CBD) en la idea de mejorar la calidad de vida de su hija.
El caso de Grace no es el único que existe en nuestro país, hay muchos niños que se encuentran en la misma situación y por lo tanto es necesario que nuestro marco jurídico sea reformado, por tal motivo ponemos a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa para reformar la Ley General de Salud para reconocer las cualidades terapéuticas del Cannabidiol y el Tetrahidrocanabinol, considerando que la comunidad científica internacional ya las ha reconocido.
Fundamento
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II y del artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud
Único.Se reforma el primer párrafo del artículo 237, así como los artículos 243 y 245 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.
(...)
Artículo 243. Los preparados que contengan acetildihidrocodeína, codeína, destropropoxifeno, dihidrocodeína, etilmorfina, folcodina, nicocodina, corcodeína y propiram, así como cannabidiol y tetrahidrocanabinol, que formen parte de la composición de especialidades farmacéuticas, estarán sujetos, para los fines de su preparación, prescripción y venta o suministro al público, a los requisitos que sobre su formulación establezca la Secretaría de Salud.
Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:
I.Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Tenociclidina TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina.
Canabinoides K2
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
II. (...)
III.Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:
Benzodiazepinas: (...)
Y sus sales, precursores y derivados químicos.
Otros:
Anfepramona (dietilpropion)
Cannabidiol
Carisoprodol
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Meprobamato
Tetrahidrocannabinol
Trihexifenidilo.
IV. (...)
V. (...)
Transitorios
Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: Juan Fernando Rubio Quiroz, Rafael Hernández Soriano, Evelyn Parra Álvarez, Cristina Gaytán Hernández, Guadalupe Acosta Naranjo, Hortensia Aragón Castillo, Francisco Martínez Neri, Agustín Basave Benítez, Waldo Fernández González (rúbricas).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rubio. Se ha tomado nota de la petición que ha hecho, en relación con el título de la iniciativa. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Compañeras y compañeros. Esta iniciativa presentada junto a mis colegas diputados ciudadanos, es un homenaje al pensamiento lúcido del escritor mexicano Gabriel Said. Said ha sido, además de un brillante ensayista y poeta, un animador permanente del debate público. La suya es una crítica metódica que con originalidad siempre encuentra caminos de esperanza fundados en ideas simples que no renuncian a la viabilidad ni a la profundidad por el hecho de serlo.
Por el contrario, su visión nos propone abandonar, además del espejo de la ilusión oficialista, el fatalismo de una oposición que constantemente se juega el todo o nada en propuetas grandilocuentes. Frente a esos caminos que han definido la discusión nacional, Said opta por abrazar un gradualismo inteligente y sensato, pero al mismo tiepo audaz.
En el tema particular que toca a esta iniciativa, que es el combate a la corrupción, Said escribe lo siguiente. Si todos somos corruptos, como dijo famosamente el Presidente López Portillo, quién va a sanear; no hay nada que hacer. La afirmación tajante sirve para eso, para no hacer nada.
Para lo mismo sirven las explicaciones absolutas como la que dice que la corrupción está en nuestra cultura o en nuestra historia o en nuestros genes. Y las soluciones radicales como las que dicen que hay que enseñar a ser de otra manera desde la infancia; o que hay que rehacer las instituciones; o que hace falta una nueva Constitución; o que hay que reinventar al país.
Todos somos corruptibles, pero eso implica libertad no fatalidad. Ser corruptible no es lo mismo que ser corrupto. Es perfectamente posible evitar la degradación personal, no contribuir a la ajena y –cierro la cita de Gabriel Said– apoyar el saneamiento institucional de manera práctica y sin fariseísmo. Hay prioridades. Tiene más fuerza multiplicadora la corrupción de un jefe que la de un subordinado. La corrupción de las autoridades que las de las familias mexicanas.
En el ciclo que va desde la ocasión, el delito, la denuncia, la averiguación y el juicio hasta el castigo; nada tiene más fuerza multiplicadora que la impunidad de las autoridades delincuentes.
Por ello, porque en Movimiento Ciudadano entendemos que la corrupción no es un destino inamovible de nuestra nación, la presente iniciativa aspira a ser una batalla más en la interminable lucha, interminable, desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista social, contra la corrupción.
Proponemos crear el portal de adquisiciones de la administración pública federal dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que todas las dependencias que realicen adquisiciones y sean sujetos obligados en el artículo 23 de la ley antes citada, publiquen la información sobre todas las compras mayores a 10 millones de pesos, licitaciones o adquisiciones directas que lleven a cabo a través de un sitio de Internet homologado. Esta información deberá ser publicada en un plazo no mayor a 10 días de ejercida la compra.
Al desarrollar esta idea –que es de su autoría– Said explica: “Si todos los pagos del gobierno fueran públicos, sería más fácil observar la conducta morosa, inepta o delincuente; la sociedad, la prensa y los órganos del Estado tendrían mayores oportunidades de intervenir para mejorar la administración pública. Para el arranque habría que limitarse a los pagos federales de 10 millones de pesos o más. La publicación de cada pago debería incluir persona física o moral que lo recibe, cantidad, concepto, fecha, dependencia, funcionarios que autorizan en calidad de qué, cuentas ´programáticas y cuentas afectadas”.
Toda esta información ya existe electrónicamente al expedir el pago. La novedad es que el programa suba automáticamente una copia a un portal de pagos federales, administrado por la Auditoría Superior de la Federación.
Esto facilitaría sus revisiones sobre la marcha sin esperar al cierre del ejercicio, y sobre todo abriría a terceros la oportunidad de cooperar con señalamientos concretos de cosas que vale la pena investigar.
El acceso a la base de datos actualizada diariamente, no requeriría solicitud ni tipificación y ni siquiera dejar los datos del interesado en consultarlas.
Se trataría de enfrentar la corrupción desde una visión que utilice los avances tecnológicos y que recupere los logros ya alcanzados en materia de transparencia por nuestra legislación, y posibilidades por nuestro diseño institucional.
Para ello se propone el siguiente proyecto de decreto que busca reformar el artículo 60, 62 y 64, y adicionar el inciso g) de la fracción VI del artículo 3o., recorriéndose los subsecuentes; la fracción VIII del artículo 31 recorriéndose las subsecuentes; y la fracción X y XI del artículo 41, recorriéndose los subsecuentes. Todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Atentamente, la bancada de los ciudadanos. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los suscritos, diputados Jorge Álvarez Máynez, Clemente Castañeda Hoeflich, Moisés Guerra Mota, Luis Ernesto Munguía González y las diputadas Mirza Flores Gómez y Verónica Delgadillo García, todos los miembros del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública creando el Portal de Adquisiciones de la Administración Pública Federal, bajo la siguiente:
Exposición de motivos
Estudios en los últimos años han demostrado que en México no se han presentado mejoras sustantivas en el combate a la corrupción. Parecería que los esfuerzos que se han hecho no han reflejado ninguna mejoría para combatir uno de los mayores obstáculos para el desarrollo. Informes como el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, indican que el país ha retrocedido. Mientras que en el año 2005 ocupábamos el lugar 65 de 155 países, en 2014 bajamos casi 40 posiciones situándonos en el lugar 103 de 175, ocupando la última posición, dentro de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
En México los actos de corrupción no sólo son tolerados por buena parte la sociedad, sino que son aceptados y aun reproducidos de manera sistemática. Entonces, como sostiene el escritor Gabriel Zaid, parecería que habría que resignarnos a explicaciones absolutas como que la corrupción está en nuestra cultura, nuestra historia, nuestros genes o soluciones radicales como que hay que enseñar a ser de otra manera desde la infancia, o que hay que rehacer las instituciones, una nueva Constitución, o incluso reinventar el país. Zaid sostiene que“todos somos corruptibles, más esto implica libertad no fatalidad”.
La presente iniciativa se sustenta en un planteamiento original del escritor mexicano Gabriel Zaid, defensor de una visión gradualista que nos convoca a combatir la impunidad sin estorbar el ejercicio legítimo del poder. El objetivo es facilitar la transparencia, la denuncia y el debido enjuiciamiento y castigo. Y uno de los primeros pasos para el combate a la corrupción es transparentar la asignación de obra pública y compras gubernamentales sin que la solicitud de dicha información requiera justificación, identificación del interesado y objetivo de la consulta.
Si bien es cierto que el país en los últimos años ha sido testigo del surgimiento de una sociedad civil más activa que ha pugnando por un gobierno más abierto, transparente y que rinda cuentas, aún falta la construcción de un marco legal secundario que garantice este derecho a todos los ciudadanos mexicanos. No hay en la Administración Pública Federal un sistema de información homogéneo, que funcione como un mecanismo de rendición de cuentas, para presentar a la sociedad toda la información concerniente a las adquisiciones, arrendamientos y servicios por parte de las dependencias federales.
A pesar de que cada dependencia debe presentar la Cuenta Pública Federal ante el Congreso de la Unión, no se transparentan de manera regular y actualizada trámites específicos como las compras realizadas, los tipos de licitación efectuadas, los precios de adquisición de los bienes y demás información sobre las adquisiciones, que resultan de gran relevancia para lograr una efectiva rendición de cuentas. Actualmente, la información disponible sobre licitaciones es actualizada cada tres meses en Compranet y se entrega un informe a principio y fin del periodo, sin embargo estos mecanismos hacen imposible identificar en qué específicamente gastan las dependencias del gobierno y genera desconfianza hacia sus instituciones.
Existe una falta de cultura de planeación, ejecución y control de las adquisiciones de bienes y servicios por parte de las dependencias. Los procesos de compra gubernamental en México son ineficientes y opacos. Por ejemplo, aún no tenemos información sobre los resultados de cada ejercicio fiscal en materia de adquisiciones; la administración carece de jerarquización de prioridades que permiten definir el nivel de importancia de cada una, no hay organización para dar seguimiento y control a las compras que se realizan, ni contamos con un indicador comparable entre todas las dependencias para adquisiciones que no son gasto en obra pública, que defina cuánto gasta cada dependencia y cuales han sido los resultados.
Si queremos que el Derecho al Acceso a la Información de los mexicanos sea garantizado es necesario definir un sistema que simplifique y homogenice los procesos de adquisiciones y unifique los sistemas de registro, clasificación y análisis de la información de todas las dependencias. Urge la creación de un modelo inicial de buenas prácticas, que se rija por 4 ejes; eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad. Un sistema transparente que sea un mecanismo de rendición de cuentas frente a la sociedad, y para esto el diseño de un sistema de administración, desarrollo y control de los programas de adquisiciones es indispensable.
Sustento legal
De acuerdo al apartado A, fracción I, del artículo 6o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, toda la información de un organismo que utilice recursos públicos es pública y deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Asimismo, en conformidad con la fracción V y VI del artículo en cuestión, esta iniciativa busca establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Reconociendo que en materia de Tratados Internacionales, México ha firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que en su Artículo 9 reconoce que “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción.
Siguiendo los objetivos planteados en la fracción V y VII del artículo 2º de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, esta iniciativa busca “Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente”, así como “Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así? como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público”.
La Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública establece, en su artículo 23, como sujetos obligados a transparentar información a las entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos que reciba y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en los ámbitos Federal, de las Entidades Federativas y Municipal. En su artículo 24, la Ley tratada define como obligaciones de los sujetos que marca la ley en su fracción IV y V Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles y Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos. La presente iniciativa se apoya en lo anterior para promover un formato que facilite el cumplimiento de lo anterior.
Asimismo, de acuerdo al artículo 70º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública los sujetos obligados deben poner a disposición del público las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así? como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; también, debe publicarse información sobre los procesos de adjudicación directa, licitaciones e invitaciones restringidas.
Esta iniciativa propone la creación de unPortal de Adquisiciones de la Administración Pública Federal. Este sistema busca que los departamentos de adquisiciones de los sujetos obligados en el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública publiquen la información sobre todas las compras mayores a 10 millones de pesos, licitaciones o adquisiciones directas que lleven a cabo, a través de un sitio de internet homologado. Esta información deberá ser publicada en un plazo no menor a 10 días de ejercida la compra.
Aunque la Ley de transparencia prevé en su artículo 70 que se tenga a disposición del público y mantenga actualizada en los respectivos medios electrónicos dicha información. Con esta iniciativa se pretende hacer del portal de adquisiciones un sistema que simplifique y homogenice estos procesos, unificando los sistemas de registro, clasificación y análisis de la información de todas las dependencias, lo que facilitaría el acceso a dicha información sin requerir de una solicitud o justificación por parte de los interesados.
Este sistema busca contribuir a cumplir con los objetivos del artículo 24 de dicha ley mediante la creación de un sistema basado en tecnologías de la información que permita la publicación de información en formatos abiertos para garantizar la transparencia y su accesibilidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creando el portal de adquisiciones de la administración pública federal
Único. Se reforman: la fracción XIV del artículo 31; la fracción X del artículo 41 y el primer párrafo del artículo 64; y se adicionan: la fracción XVIII al artículo 3 y se recorren el resto de las fracciones; la fracción XV al artículo 31 y se recorren el resto de las fracciones; las fracciones XI y XII al artículo 41 y se recorren el resto de las fracciones; todos artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; quedando de la siguiente manera:
Artículo 3. ...
I. a XVII. ...
XVIII. Portal de Adquisiciones: Portal de Adquisiciones de la Administración Pública Federal que consiste en un sistema basado en tecnologías de la información que permitirá la publicación de información de las adquisiciones, arrendamientos o servicios de la administración pública federal, bajo las características de datos abiertos.
XIX. a XXI. ...
Artículo 31. ...
I. a XIV. ...
XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan;
XV. Establecer las condiciones necesarias para definir un sistema que simplifique y homogenice los procesos de adquisiciones, unificando sistemas de registro, clasificación y análisis de la información fundamental de los sujetos obligados, y
XVI. ...
Artículo 41. ...
I. a IX. ...
X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público;
XI. Administrar a través de la unidad administrativa que determine su Reglamento el Portal de Adquisiciones. Las dependencias, entidades y demás sujetos obligados deberán incorporar la información que se les requiera, incluyendo aquella respecto a las adquisiciones, arrendamientos y servicios que rebasen los 10 millones de pesos. La forma y términos en que los sujetos obligados deberán remitir la información para el Portal de Adquisiciones serán establecida por el Instituto, y en apego a lo establecido por la siguiente fracción.
XII. La información en el Portal de Adquisiciones deberá encontrarse actualizada durante los primeros 10 días hábiles a partir de la fecha en que se realizó la adquisición, arrendamiento o servicio.
XIII. ...
Artículo 64.La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador. Adicionalmente deberá de existir un vínculo directo al Portal de Adquisiciones, el cual también deberá contar con un buscador.
Artículos Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El Instituto tiene un plazo de 90 días naturales para emitir los lineamientos bajo los cuales se regirá el Portal en donde se deberá contener al menos:
a) El objeto comprado.
b) El nombre del proveedor.
c) El método por el cual se llevó a cabo la adquisición, arrendamiento o servicio (adjudicación directa, licitación o invitación). De tratarse de una licitación, el vínculo electrónico para revisar el trámite en Compranet.
d) El monto por el que se realizó la adquisición, arrendamiento o servicio.
e) La cantidad por la que se realizó la adquisición, arrendamiento o servicio.
f) La fecha en que se llevó a cabo dicha transacción.
g) Los funcionarios públicos que autorizan la compra
h) El nombre de persona física o moral que recibe el pago
i) Cuentas programáticas o contables afectadas
Artículo Tercero. En un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente iniciativa, las dependencias y entidades deberán comenzar a subir al Portal de Adquisiciones, la información relativa a las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, en los términos del presente decreto.
Artículo Cuarto.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Notas:
i Zaid, Gabriel (26/01/2015) “Saneamiento gradual”. Letras Libres. Recuperado de http://www.letraslibres.com/blogs/articulos-recientes/ saneamiento-gradual
ii Azuela, A (2013) Las compras del gobierno: datos blandos, percepciones duras, de Antonio Azuela. México, DF, UNAM/Instituto de Investigaciones Sociales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: Jorge Álvarez Máynez, Luis Ernesto Munguía González, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno correspondiente en la Gaceta Parlamentaria.
«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 3 de septiembre de 2015, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 3 de septiembre de 2015 y que no fueron abordadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»
«Iniciativas con proyecto de decreto
1. Que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Proposiciones con punto de acuerdo
1. Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump en contra de nuestro país y de nuestros conciudadanos avecindados en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Pemex, a fin de reubicar las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula, a la nueva terminal de Puerto Chiapas, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno:Comisión de Energía, para dictamen.
3. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la PGJDF, se aclaren los hechos acontecidos en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, suscrito por los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Renato Josafat Molina Arias y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a las secretarías de salud de las entidades federativas, a fin de incrementar la promoción de la donación de órganos, a cargo de la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Salud, para dictamen.
5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice campañas regionales tendientes a contener el brote de la enfermedad chikungunya y evitar su expansión a otras entidades, a cargo de la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno:Comisión de Salud, para dictamen.
6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que se fortalezca la difusión, accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas de los programas sectoriales orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de fortalecer la cadena de valor agregado en la producción y prestación de servicios, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno:Comisión de Economía, para dictamen.»
INICIATIVA
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Cynthia Gissel García Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 1o.-D a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Exposición de Motivos
De acuerdo con la doctrina jurídica comparada, el impuesto al valor agregado IVA por sus siglas, fue creado por Maurice Lauré en 1954 y rápidamente adoptado en Europa e Iberoamérica porque obliga a los contribuyentes en todos los niveles del proceso de producción a administrar y contabilizar el impuesto por ellos mismos, en lugar de establecer módulos u oficinas recaudadoras por las autoridades impositivas o hacendarias.
El 1 de enero de 1980 entró en vigor un nuevo gravamen que, esta vez, afectaba de manera directa al consumidor: el impuesto al valor agregado. El rechazo fue generalizado en el país, mayormente en la zona fronteriza donde los actos o actividades que se realizan por sus residentes, responde a que el consumo no se presenta en idénticas condiciones con el resto del país, en razón de la cercanía de aquélla con otra nación altera los patrones de consumo.
Por eso desde un inicio se planteó y aplicó un IVA diferenciado en la frontera, donde los comerciantes tienen que competir contra un impuesto de 8.25 por ciento que se cobra en Texas y de 7.75 tanto en Nuevo México como en California, que además son flexibles en determinadas épocas del año.
El trato diferencial guardaba el fin extrafiscal de no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios del extranjero.
Sin embargo, el 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con esta medida se homologó el IVA fronterizo con el resto del país, subiéndolo de 11 a 16 por ciento.
Dicha medida buscaba cumplir el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que el IVA fronterizo atentaba contra el federalismo fiscal, pues el costo generado es absorbido por el resto del país.
Contrariamente a los razonamientos que sostienen la homologación del IVA, por proporcionalidad se entiende, aquel principio axiológico, en virtud del cual las leyes tributarias, por mandamiento constitucional, de acuerdo con la interpretación jurídica deben establecer cuotas, tasas o tarifas progresivas que graven a los contribuyentes en función de su capacidad económica y al costo en las demás cargas fiscales.
Es decir, ese principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa.
Lo anterior encuentra correspondencia con la tesis P./J. 41/97, sostenida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro “Equidad tributaria. Sus elementos”, en la cual se establece que el principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley.
De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria:
a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable;
b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas;
c) No se prohíbe al legislador considerar la desigualdad de trato sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y
d) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.
El principio de equidad en las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales como las que imperan en las zonas fronterizas.
En efecto, desde una perspectiva somera el aumento de 5 puntos porcentuales en la tasa del IVA en la zona fronteriza logra alcanzar la equidad tributaria, sin embargo, en la práctica han quedado demostrados los efectos económicos y sociales negativos principalmente para Baja California y en general para las comunidades en la franja fronteriza, al dejar de lado la dura competencia que representa el mercado del sur de Estados Unidos en esa zona, que ha dejado como consecuencia, según un estudio de El Colegio de la Frontera Norte, entre otras:
I. El incremento de la inflación general;
II. La disminución de la competitividad de empresas;
III. La fuga de consumidores hacia el extranjero;
IV. La disminución del poder adquisitivo en los más pobres; y
V. La caída en la economía regional.
En conclusión, la homologación del IVA fronterizo, si bien, en una primera instancia pretende cumplir una equidad tributaria, dicha determinación no cumple en términos de justicia social, pues las regiones fronterizas tienen condiciones de mercado diferentes, aunado a que por el aumento en precios que, con menor capacidad adquisitiva, generará menos actividad económica, por lo que resulta contraria al ideal de justicia tributaria.
Para revertir los negativos que ha provocado la homologación del impuesto al valor agregado, requerimos la reviviscencia del artículo 2o., de la norma que nos ocupa a través de la adición del artículo 1o.-D, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establezca:
A. Que el impuesto al valor agregado se calculará aplicando la tasa del 11 por ciento a los valores que señala dicha Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza;
B. Que tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza; y
C. Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala dicha ley la tasa de 16 por ciento.
Para los efectos precisados, se considerarán como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el artículo 1o.-D a la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Único. Se adiciona el artículo 1o.-D a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 1o.-D.El impuesto se calculará aplicando la tasa de 11 por ciento a los valores que señala esta ley cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.
Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.
Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 11 por ciento.
Para los efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere este decreto, tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto al valor agregado de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados. México, DF, a 3 de septiembre de 2015.— Diputada Cynthia Gissel García Soberanes(rúbrica).»
Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
PROPOSICIONES
COMENTARIOS VERTIDOS POR EL CIUDADANO DONALD JOHN TRUMP EN CONTRA DE NUESTRO PAÍS Y DE NUESTROS CONCIUDADANOS AVECINDADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump contra el país y los mexicanos avecindados en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Lorenzo Rivera Sosa, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, José Lorenzo Rivera Sosa, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los Estados Unidos Mexicanos, fieles a los principios que rigen su política exterior, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 89 de la Constitución Política, han mantenido una permanente conducta de respeto a los procesos democráticos que se llevan a cabo en otras naciones del mundo, máxime cuando se trata de países con los que se tienen estrechas relaciones diplomáticas, comerciales y culturales, como es el caso de Estados Unidos de América.
Para nadie son un secreto los lazos de amistad y respeto que unen a México con su vecino del norte: los Estados Unidos son el principal socio comercial de nuestro país, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte; nuestra frontera ubicada entre Tijuana y San Diego es la más transitada del mundo y es nuestro territorio el principal lugar de residencia de ciudadanos norteamericanos fuera de su país.
Basta leer el libro de la periodista Dolia Estévez para conocer de voz de los propios ex embajadores estadounidenses en México que la relación más importante para Estados Unidos es con nuestra nación.
La historia es sabia y nos da muestras sobradas de la trascendencia que han tenido los valores de nuestros pueblos en el desarrollo democrático de la región: fueron los Padres Fundadores de las trece colonias quienes influenciaron los sueños libertarios de Miguel Hidalgo; el apoyo de Abraham Lincoln a la causa republica resultó decisivo para el triunfo de Benito Juárez frente a los franceses; juntos, México y los Estados Unidos unieron sus fuerzas en el Pacífico para combatir a las fuerzas del Eje; César Chávez, un humilde jornalero de origen mexicano es hoy un ejemplo de los valores igualitarios que distinguen a la sociedad norteamericana.
Es por esto que nos sentimos sorprendidos y lastimados por el tono utilizado a lo largo de su campaña por el señor Donald John Trump en contra de los migrantes mexicanos y de nuestro gobierno. Dichos que afortunadamente no representan el sentir del pueblo de Estados Unidos y que no reflejan el aprecio que la sociedad de ese país tiene por la diversidad, elemento que, lejos de constituir una amenaza, es una virtud digna de ser imitada.
Trump, en su intento por alcanzar la presidencia de su país, ha tildado a nuestros connacionales de delincuentes y los ha caracterizado como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, llegando incluso a proferir amenazas en contra de México.
Cierto es que a Trump le asiste el derecho a expresar libremente lo que a su derecho convenga, pues tal prerrogativa le es reconocida por la primera enmienda de la Constitución de su país, pero el uso de tal libertad debe ser ejercido de forma responsable y sensata, sobre todo cuando se aspira a ejercer una responsabilidad tan grave como lo es la presidencia del país más poderoso del mundo.
El derecho a la libre manifestación de las ideas no pasa por la criminalización de una comunidad que en mucho ha contribuido al desarrollo y la prosperidad de una gran país, como lo son los Estados Unidos de América, nación a la que no le escatimamos respeto y amistad, tal y como también lo hicieran otros gigantes de su historia: Franklin Delano Roosvelt y John F. Kennedy.
Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald Trump en contra de nuestro país y de los mexicanos avecindados en Estados Unidos de América.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputado José Lorenzo Rivera Sosa(rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
REUBICAR LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO DE TAPACHULA, A LA NUEVA TERMINAL DE PUERTO CHIAPAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a reubicar la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula en la nueva terminal de Puerto Chiapas, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Enrique Zamora Morlet, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Petróleos Mexicanos (Pemex) impulsa el desarrollo de las comunidades en donde tiene presencia, tanto las ubicadas en las regiones petroleras como en aquellas en donde cuenta con subsidiarias o franquicias.
En las zonas aledañas a las instalaciones de Pemex se suele observar el fortalecimiento de la infraestructura, del mismo modo que sectores como la vivienda y los servicios experimentan una notable expansión. Los motivos anteriores han hecho que Pemex sea considerado por los mexicanos como un símbolo de progreso y prosperidad.
Sin embargo, en virtud de las actividades que conforman el campo de acción de Pemex, sus instalaciones también pueden llegar a representar un riesgo para la seguridad de la población vecina. Asimismo, los terrenos sobre los cuales se asientan las diversas instalaciones de Pemex también son propensos a sufrir contaminación y deterioro. Muestra de lo anterior son las explosiones registradas en las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en San Juan Ixhuatepec, estado de México, en noviembre de 1984 o la contaminación del suelo por hidrocarburos que durante muchos años persistió en los terrenos ocupó la antigua refinería de Azcapotzalco, en el Distrito Federal.
En la actualidad, uno de los focos rojos de Pemex por el alto riesgo que representa, es la terminal de abastecimiento y reparto (TAR) de combustible ubicada en la zona céntrica del municipio chiapaneco de Tapachula, cuya reubicación ha sido una lucha de la sociedad civil tapachulteca, que tiene el único objetivo de proteger a los habitantes de las zonas aledañas a la TAR donde se desarrollan las principales actividades comerciales de la ciudad y se asientan diversas instituciones educativas de distintos niveles, incluidos algunos de los campus de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Los habitantes de la ciudad han calificado estas instalaciones de Pemex como una bomba de tiempo y han exigido en múltiples ocasiones su reubicación para evitar la pérdida de vidas humanas como consecuencia de un eventual desastre natural o una falla técnica.
Como respuesta a las demandas de la sociedad tapachulteca, el pasado 18 de julio de 2008, el entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, firmó un convenio con el gobierno de Chiapas para iniciar los trabajos de reubicación de la TAR que actualmente se encuentra en Tapachula, así como la construcción de una nueva en la zona de Puerto Chiapas.
En aquella ocasión se informó que aunque la TAR de Tapachula cumplía estrictamente con la normatividad en materia de protección civil, y contaba con el certificado de infraestructura limpia y la licencia ambiental única, además de no haber registrado ningún accidente industrial grave desde el inicio sus operaciones, resultaba evidente que la construcción de una nueva terminal era más que recomendable, tanto desde el punto de vista social, como desde una perspectiva de eficiencia económica.
En lo social, la eliminación de un tráfico de pipas y el traslado de actividades a las nuevas instalaciones, tendrá un impacto directo en el bienestar y la seguridad de los vecinos de Tapachula. Y desde el punto de vista económico, la substitución de las unidades de transporte reducirá los costos de traslado entre la refinería de Salina Cruz y la ciudad de Tapachula.
Así mismo, se coincidió en que la antigua terminal resultaba insuficiente para hacer frente al crecimiento de la demanda de productos petrolíferos en la región, que se estima en un cuatro por ciento anual. Por su parte, las nuevas instalaciones duplican la capacidad útil de almacenamiento de combustibles en Tapachula, y con ello se podrá manejar de manera eficiente la demanda incremental durante los siguientes 20 años.
No obstante lo anterior, hasta ahora no ha sido posible cumplir con la promesa de reubicar la TAR de Tapachula; han pasado más de 7 años desde el anuncio de la firma del convenio para la reubicación y los habitantes de Tapachula siguen viviendo en la incertidumbre, a pesar de los compromisos hechos por los directivos de Pemex.
En agosto pasado venció el último de los plazos establecidos por Pemex para la reubicación de la TAR de Tapachula a Puerto Chiapas, lo cual resulta inexplicable pues la construcción de éstas últimas, según se puede constatar a través de una inspección física, se encuentran ya concluidas al 100 por ciento, por lo cual no hay razón para seguir poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas.
Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a poner en marcha de manera inmediata la reubicación de las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula a la nueva terminal de Puerto Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputado Enrique Zamora Morlet(rúbrica).»
Se remite a la Comisión de Energía, para dictamen.
SE ACLAREN LOS HECHOS ACONTECIDOS EN LA COLONIA NARVARTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular de la PGJDF que se aclare lo acontecido en la colonia Narvarte, Distrito Federal, suscrita por los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Renato Josafat Molina Arias y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena
Los que suscriben, los diputados Cuitláhuac García Jiménez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Renato Josafat Molina Arias y Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes.
Antecedentes
1. El pasado 12 de agosto del 2015 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un exhorto dirigido al procurador de Justicia capitalino Rodolfo Ríos Garza, solicitando que las averiguaciones del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, se realizaran con mayor profundidad y que no fuera sólo un acto protocolario refiriéndose al interrogatorio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, hecho en Veracruz al gobernador Javier Duarte.
2. Durante la 33 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia realizada el pasado 19 de agosto, Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal, afirmó que en el múltiple homicidio de la Narvarte, su administración no iba a descartar ninguna línea de investigación.
Consideraciones
1. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.
2. El noveno principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y atenta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una reparación del daño adecuada.
3. La situación de la violencia contra los periodistas en México atraviesa actualmente por uno de los momentos más críticos ante la ausencia de un estado de derecho que consecuentemente envía a los agresores mensajes de impunidad, y a los periodistas, de indiferencia.
4. De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, la cuarta parte del número total de denuncias (siendo estas en su mayoría por delitos de abuso de autoridad, amenazas, lesiones y privación de la libertad), se concentran en el Distrito Federal, Veracruz y estado de México.
5. Es preciso señalar que resulta imperante y urgente fortalecer la labor periodística, y establecer mecanismos realmente eficaces para garantizar el libre ejercicio de dicha profesión en México, llevando de la mano la protección y seguridad para consolidar las bases de libertad expuestas en un país democrático, ayudando a generar información de calidad y así obedecer a los derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a ser y estar informados.
6. En el caso de Veracruz, es la entidad que lamentablemente encabeza la lista de periodistas asesinados y desaparecidos, con 15 asesinatos y al menos dos desapariciones en lo que va de la presente administración de Javier Duarte de Ochoa:
Noel López Olguín, 45 años de edad. Trabajaba para Horizonte, La Verdad y Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela. 55 años de edad. Periodista de Notiver; Misael López Solana, de 21 años, fotógrafo de Notiver e hijo de López Velasco; Yolanda Ordaz de la Cruz, 48 años de edad. Reportera de Notiver; Regina Martínez Pérez, 48 años de edad. Corresponsal de Proceso; Guillermo Luna Varela, 21 años, fotógrafo para Notiver; Gabriel Hugo Córdova, fotógrafo para Notiver, de 37 años de edad; Esteban Rodríguez Rodríguez, reportero del periódico AZ, de 30 años de edad; Ana Irasema Becerra Jiménez, de 33 años de edad, empleada administrativa de El Dictamen; Víctor Manuel Báez Chino, 46 años de edad. Reportero del sitio reporterospoliciacos.com.; Miguel Morales Estrada, 35 años de edad, fotógrafo del Diario de Poza Rica. Sergio Landa Rosales, periodista del Diario de Cardel; Gregorio Jiménez de la Cruz, 43 años de edad, reportero del diario Notisur; Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono; Moisés Sánchez Cerezo, 49 años de edad, director de La Unión; Armando Saldaña Morales, 53 años de edad, periodista de la estación La Ke Buena; Juan Mendoza Delgado, 46 años de edad, director del portal Escribiendo la Verdad.
7. Organizaciones especializadas en materia de libertad de expresión han declarado a esta entidad como la más riesgosa para el ejercicio del periodismo en México. Aunado a ello, la organización no gubernamental, ONG, internacional Artículo 19, reportó que hasta al 31 de julio había 37 periodistas desplazados de Veracruz por amenazas que se atribuyen al crimen organizado, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales.
Uno de esos desplazados fue Rubén Espinosa Becerril, el fotoperiodista de la agencia Cuartoscuro, Proceso y AVC Noticias que fue asesinado y su cuerpo localizado el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal junto con Yesenia Quiroz Alfaro, estudiante de belleza; Mile Virginia Martin, modelo de origen colombiano; Alejandra Negrete, empleada doméstica y Nadia Vera antropóloga de la Universidad Veracruzana y defensora de derechos humanos.
8. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, coadyuvante del caso, denunció que la PGJDF que encabeza Rodolfo Ríos Garza no realiza una investigación exhaustiva que considere las agresiones, amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas Nadia y Rubén que les obligaron a huir de Veracruz y autoexiliarse en el Distrito Federal, esto fue oportunamente denunciado por ellos mismos de manera pública en dos entrevistas que les realizó el canal Rompeviento TV en las que responsabilizaron de cualquier daño que les pasara a Javier Duarte de Ochoa y su gobierno.
9. Especialistas de la ANAD, tuvieron acceso al expediente e identificaron lo que, a su apreciación, son inconsistencias en un caso que sigue sin resolverse, en el que incluso, podría haber una posible violación al debido proceso legal.
10. Ejemplos de estas inconsistencias son: la ausencia de un móvil para cometer este crimen, la presencia de un quinto hombre en ese departamento, la obtención de la declaración bajo coacción del primer imputado, la contaminación del lugar de los hechos y la inverosímil versión de los hechos que ha hecho pública la Procuraduría General de Justicia del DF.
Según la declaración del primer imputado Abraham y Omar son los dos sujetos que junto con él estuvieron en el departamento de la colonia Narvarte el día del homicidio. La PGJDF presupone que ellos cometieron el crimen, pero hasta el momento no ha podido acreditarlo.
El móvil del multihomicidio aún no se ha esclarecido. Por un lado la PGJDF hizo referencia desde las primeras informaciones del caso a un posible robo de un vehículo y de una maleta, poco después esto fue desmentido por el acusado. Aunado a esto se dijo que era muy poco probable ya que en departamento se dejaron computadoras, aparatos, electrodomésticos y otras cosas de valor.
Los teléfonos celulares de Rubén y Nadia no se encuentran en la escena del crimen, sólo el de Mile Virginia Martín que arrojo información respecto a sus contactos, Daniel, Abraham y Omar.
11. La línea de investigación que señala la posible participación de agentes estatales del gobierno de Veracruz fue descartada por las declaraciones tomadas al gobernador y funcionarios de su administración en la que únicamente se deslinda públicamente, sin que hayan aportado información sustancial sobre los antecedentes, amenazas, agresiones, acoso y hostigamiento que habían sufrido Rubén Espinosa y Nadia Vera.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio elevo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que realice una investigación exhaustiva sobre el caso de las victimas caídas el 31 de julio de 2015, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, debido a muchas inconsistencias en las declaraciones oficiales, y para que no deseche la línea principal que apunta a la posible participación de agentes estatales del Gobierno de Veracruz.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que dicte las medidas cautelares pertinentes para que se garanticen la seguridad, integridad, vida y el ejercicio profesional de las y los periodistas en el estado de Veracruz.
Notas:
1 http://aldf.gob.mx/archivo-1c100c0bca5576e4ae89735827e3e9bc. pdf
2 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/19/1041121
3 http://youtu.be/PbqwA-O-iFs , http://youtu.be/S7opu4kejB0
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: Cuitláhuac García Jiménez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y locales a incrementar la promoción de la donación de órganos, a cargo de la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, María Luisa Gutiérrez Santoyo, diputada federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a las de las entidades federativas a incrementar la promoción de la donación de órganos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según cifras del Centro Nacional de Trasplantes, en nuestro país existen casi 20 mil personas que requieren de un trasplante de órganos, mismas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Trasplantes.
La demanda es mayúscula y la disposición de órganos no es suficiente. En cuanto a trasplantes de riñón, más de 12 mil personas enfermas están a la espera de un trasplante. Sin embargo, hasta el 3 de julio del presente año sólo se pudieron realizar 633 trasplantes renales de donante vivo y fallecido.
El segundo órgano más requerido para trasplante en el país es la córnea. Actualmente hay más de 7 mil pacientes que están a la espera de un trasplante para recuperar la vista.
Si bien, nuestro país ha avanzado en su legislación en cuanto al tema de la donación de órganos, la mayoría de la población aún desconoce las particularidades de la misma, por lo que se manifiesta renuente a registrarse como donador.
En este sentido, México prevé la donación tácita, siempre que ésta cumpla con las modalidades y requisitos señalados en el capítulo III del título décimo cuarto de la Ley General de Salud.
El Centro Nacional de Trasplantes creó la tarjeta Donador Voluntario, que constituye una forma de manifestar el deseo de ser donador de órganos y/o tejidos con fines de trasplante. El objetivo de esta tarjeta es que la misma sea entregada a un familiar para que en el momento de la pérdida de la vida, sea él quien sustente la determinación del donante.
También existe la posibilidad de contar con un “documento oficial de la donación”, el cual consiste en manifestar el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad, después de la vida, sea donar sus órganos y/o tejidos para que sean utilizados con fines terapéuticos.
Dicho documento debe ser expedido por una autoridad federal facultada para tal efecto, es decir el Centro Nacional de Trasplantes, a solicitud expresa del ciudadano debiendo acudir de manera personal con identificación oficial a dicho órgano desconcentrado a recibir el documento solicitado.
La decisión manifestada por el donante, cualquiera de las dos formas descritas anteriormente, no es revocable por terceros. Lamentablemente este proceso no es del conocimiento de la mayor parte de la población por lo que, en caso de donantes fallecidos, la familia suele desconocer la voluntad del mismo.
Ante la enorme demanda de órganos y tejidos es conveniente incrementar la promoción de las acciones que pone a disposición de la población el Centro Nacional de Trasplantes, a fin de incentivar a los ciudadanos a realizar cualquiera de las formas de donación expresa con que se cuenta en el país.
Es importante señalar que la mayoría de los trasplantes que se realizan en México se concentran en algunas entidades federativas; a saber el Distrito Federal que concentra la mayor cantidad, seguido de Jalisco y Puebla en el caso de trasplantes renales. Por lo que se refiere a trasplante de córnea, los estados que más trasplantes realizan son el Distrito Federal, estado de México y Puebla.
Derivado de lo anterior es menester que las secretarías de salud de las entidades federativas no sólo incrementen la promoción de la cultura de la donación, sino que se involucren de manera decidida en este tema, ya que no se cuenta con los recursos humanos suficientes para dar la atención a las personas que requieren un trasplante.
El artículo 313 de la Ley General de Salud establece en su fracción V la obligación de la Secretaría de Salud de elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del sistema nacional de salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes.
En este sentido, y de acuerdo con lo que prevé la ley, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, considera necesario dar un impulso a la promoción de la cultura de la donación de órganos, que preferentemente se enfoque a la donación expresa, a fin de contar con la voluntad irrevocable de quienes han decidido otorgar una oportunidad de vida a las personas que la necesitan.
Es por estas razones que ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, así como a las Secretarías de Salud de las entidades federativas, a incrementar la promoción de la donación de órganos y tejidos, haciendo especial énfasis en la importancia de la donación expresa ante el Centro Nacional de Trasplantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre 2015.— Diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo (rúbrica).»
Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.
CAMPAÑAS REGIONALES TENDIENTES A CONTENER EL BROTE DE LA ENFERMEDAD CHIKUNGUNYA Y EVITAR SU EXPANSIÓN A OTRAS ENTIDADES
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas regionales para contener el brote de la enfermedad de chikungunya y evitar su expansión a otras entidades, a cargo de la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Verónica Muñoz Parra, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Últimamente hemos sido vapuleados por diferentes enfermedades, muchas de ellas aún sin cura. Recientemente en México nos hemos visto afectados por el virus de la chikungunya, el cual tuvo su origen a la mitad del siglo XX en África, desde entonces se ha venido propagando por todo el mundo. Dicho virus se contagia a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti y el Aedes albopictus, dichos insectos tienen la particularidad de tener las patas manchadas de blanco, cuando los mosquitos pican a una persona comienzan los siguientes síntomas después de 3 a 7 días:
• fiebre alta
• dolor de cabeza,
• dolores en las articulaciones
• dolor muscular
Como todo virus es complicado su estudio y erradicación, por lo cual no hay un antídoto o cura disponible, solamente se contiene a través de analgésicos como el paracetamol y la ingesta de vitaminas; esto conlleva a un gasto extraordinario en las finanzas de las familias y las más afectadas son las que viven al día, porque no cuentan con ahorro que permita la compra de medicamentos.
El sector salud es rebasado por la demanda de medicamentos que controlan las fiebres. Actualmente, es en los estados del Sur donde se han detectado miles de casos registrados oficialmente, el primer lugar lo ocupa Guerrero, seguido de Oaxaca y en tercer lugar Chiapas.
La cifras oficiales difieren entre sí, señalando entre 3 mil 500 a 5 mil infectados, ello es alarmante, debido a que aumenta la cifra no oficial de los afectados que no acuden a servicios hospitalarios, teniendo una alza permanente del problema.
Por todo ello, es urgente que el gobierno federal realice campañas que pongan en cuarentena dicho virus, con el fin de que no se propague y aumenten los casos y se brinde la atención médica necesaria al sector poblacional que ya se encuentra contagiado por el virus.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal se coordine con las autoridades locales que padecen brotes del virus chincungunya, con el objetivo de realizar campañas regionales con el fin de contener el brote de la enfermedad y evitar se expanda a otros estados, así como brindar oportuna atención a los afectados.
Palacio Legislativo, a 3 de septiembre de 2015.— Diputados: María Verónica Muñoz Parra,Beatriz Vélez Núñez, Silvia Rivera Carbajal, Julieta Fernández Márquez, Ricardo Tajo Ramírez, Arturo Álvarez Angli (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
FORTALEZCA LA DIFUSIÓN, ACCESIBILIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES ORIENTADOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SE a fortalecer la difusión, accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas de los programas sectoriales orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas para reforzar la cadena de valor agregado en la producción y prestación de servicios, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, José Bernardo Quezada Salas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3; y 79, numeral, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El panorama económico nacional se mantiene afectado por factores externos e internos, ocasionando una pérdida en el dinamismo de los sectores industrial y de servicios lo cual incide de manera directa en su desempeño.
La volatilidad de los mercados financieros, fuertemente afectados por el efecto asiático; los precios a la baja en el mercado internacional del petróleo; la desaceleración de la economía estadounidense en el primer trimestre del año, así como la incertidumbre y cautela de inversionistas y consumidores ante el desplazamiento del peso frente al dólar, aumentaron los factores de riesgo para el desempeño de la economía en el corto plazo.
Lo anterior ha provocado que nuevamente se modifiquen las proyecciones de crecimiento económico nacional. Así, en el informe trimestral de inflación, dado a conocer el pasado 12 de agosto, el Banco de México anunció el cambio de expectativa del PIB nacional, el cual bajó de entre 3 y 2 por ciento a entre 2.5 y 1.7 para este año, previendo que la expansión del PIB se ubique entre 2.5 y 3.5 para 2016.
Los sectores de la actividad económica dan cuenta de las variaciones prevalecientes en el crecimiento o estancamiento del PIB nacional. Por ejemplo, el valor de las actividades primarias descendieron en el segundo trimestre del año 4 puntos porcentuales al posicionarse en 2.7 por ciento, contra el 6.7 con que cerró en el primer trimestre de 2015; de igual manera, las actividades secundarias descendieron 1 punto al pasar de 1.5 a 0.5 por ciento a junio de este año, destacándose la continua caída del sector minero, al registrar -5.7 puntos en el primer trimestre y en el segundo una desaceleración que coloca al sector en -7.6 puntos; mientras que la Industria manufacturera pasó de 3.2 a 3 por ciento en el mismo periodo.
En cuanto a las actividades terciarias o de servicios, y las únicas que han presentado un crecimiento moderado, cierran el primer semestre del años con 3.1 puntos, con un crecimiento de apenas una décima, respecto a marzo de 2015, en cuyo caso deberá destacarse el comportamiento de los servicios profesionales, científicos y técnicos, al registrar 1.4 por ciento en el primer trimestre y pasar a 5.2 al cierre de junio de 2015.
Como se observa, la actividad industrial se mantiene a la baja. El Inegi informó recientemente que el indicador global de la actividad económica dio cuenta de un crecimiento de 0.3, extendiendo un mes más la tendencia descendente iniciada en noviembre del año pasado; por lo que en términos anuales este incremento representa apenas 2.1 por ciento respecto a junio del año pasado. Tal situación se dio principalmente por el entorno global en que el retroceso de la industria minera, particularmente del sector petrolero, afecta el desempeño de la industria en su conjunto.
Además, el debilitamiento de la actividad industrial estadounidense anticipa un escenario poco alentador para las exportaciones manufactureras que se habían mantenido como el principal motor del crecimiento de la economía.
Frente a estas condiciones, diversas voces, principalmente del sector empresarial, se han manifestado por regresar, entre otras medidas, a esquemas proteccionistas de antaño basados en la sustitución de importaciones a través de productos nacionales.
Si bien es loable el interés por mejorar la economía, sobre todo los ingresos de las y los trabajadores mexicanos, en Nueva Alianza creemos que medidas como estas, que antaño demostraron su ineficacia, afectan de manera significativa la productividad y competitividad de los sectores industriales y de servicios. Éstos son los más intensivos en la generación de fuentes de trabajo en el sector formal de la economía, considerando que en conjunto generaron 8 de cada 10 empleos reportados por el IMSS durante los primeros seis meses del año.
El crecimiento económico de cualquier país se debe en gran medida al aumento en los factores de la producción o por un incremento en la productividad, misma que refleja la eficiencia con que una economía transforma los insumos con los que cuenta en bienes y servicios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coincide con diversos estudios y analistas nacionales e internacionales en los cuales se concluye que el limitado crecimiento de la productividad total de los factores de la producción se ha traducido en tasas de crecimiento económico menores a las necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestra población, así como para reducir la brecha existente entre nuestro país y los países de mayor ingreso.
Para crecer a mayores tasas, la OCDE afirma que nuestro país requiere eliminar los cuellos de botella que limitan la productividad. De manera particular, ese organismo internacional recomienda promover la competencia y la apertura en todos los mercados, mejorar el capital humano y la disponibilidad de competencias en la población, fortalecer el empleo formal e impulsar la innovación.
McKinsey Global Institute afirma que el reto en materia de productividad se explica por la existencia de “dos Méxicos”, al describir un país con una economía dual, conformada por un sector moderno y altamente productivo que compite a nivel global y se vuelve más productivo rápidamente; así como por un sector tradicional, compuesto en gran medida por micro y pequeñas empresas informales con una productividad baja y decreciente.
Ante el panorama internacional y sus repercusiones en el ambiente nacional, resulta imprescindible el establecimiento de un entorno competitivo que motive e impulse el fortalecimiento del aparato productivo en todo el territorio nacional. Éste es uno de los mayores retos para impulsar el crecimiento económico con equidad y, con ello, abatir los crecientes índices de pobreza que durante los últimos años se han padecido en México.
Basta recordar los datos proporcionados recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que al dar a conocer el número de mexicanos en situación de pobreza, resultó que en dos años se incrementó este indicador, al pasar de 53.3 a 55.3 millones de personas, las que representan 46.2 de la población.
Los resultados presentados en días pasados por el Coneval contribuyen a afianzar la necesidad de implantar políticas de fomento económico enfocadas al aumento de las capacidades productivas de nuestro país, pues sólo a través de estrategias no asistencialistas y diferenciadas como la generación de empleos de calidad, es como se producen las condiciones para que un mayor número de mexicanos obtengan los ingresos que satisfagan sus necesidades más elementales y haya una distribución más equitativa de la riqueza.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta importante insistir que la participación del Estado mediante la adecuada instrumentación de sus políticas económicas impulsará la modernización industrial, la rearticulación de cadenas productivas y en el impulso a la innovación y competitividad de nuestras empresas. Dicha participación debe hacerse sin intervencionismos que perviertan y obstaculicen la eficiencia y sano equilibrio del mercado para alentar la productividad y competitividad nacional.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en el artículo 34, la Secretaría de Economía tiene la facultad de “formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país” (fracción I), así como “promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional (fracción XXIII), sin omitir su potestad de “promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales (fracción XXIV).
Las políticas públicas instauradas por esa secretaría deben contribuir al propósito de mejorar la competitividad y productividad de las empresas e industrias nacionales.
Por ejemplo, el objetivo del Fondo Nacional Emprendedor es incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovaciónen las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos. Ello con el propósito de que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.
El Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (Proiat) está orientado a que las industrias de alta tecnología incrementen sus capacidades para adoptar nuevas tecnologías e impulsar la participación de las empresas en actividades de mayor valor agregado.Esto, mediante la especialización del capital humano, la certificación de capacidades productivas y humanas, la generación de información especializada y la transferencia o desarrollo tecnológico.
En 2014, de acuerdo con datos del Inegi, México contaba con 4 millones, 13 mil unidades empresariales dentro de la clasificación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme); es decir, 99.8 por ciento de nuestras unidades productivas. Además, aportaron 52 por ciento del PIB y generaron 72 por ciento del empleo del país.
Como se observa, en ambos programas, aun con propósitos muy específicos, anida el interés de incentivar y desarrollar el potencial productivo y competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, a pesar de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año en curso, consistente en 8 mil 900 millones de pesos para el Fondo Nacional Emprendedor y 214 millones para el Proiat, hasta el primer trimestre del año solo se han ejercido 1 y 4 por ciento de los recursos asignados, respectivamente, según se puede constatar en el padrón de beneficiarios de ambos programas.
Más aún, se observa que ante el universo y potencial desarrollo productivo de las Mipyme y que los destinatarios de ambos programas son empresas legalmente constituidas que obedecen a la estratificación de estas empresas, solo en el caso en el caso del Proiat, se identifican en los beneficiarios a dos empresas Sociedades Anónimas de Capital Variable, mientras que en el Fondo Nacional Emprendedor, el padrón de beneficiarios está compuesto principalmente por 13 municipios, principalmente de Oaxaca, Guanajuato, Querétaro y Michoacán.
La productividad y competitividad de las Mipyme generalmente se queda estancada frente a empresas más grandes y con mayor acceso a innovación, fuentes de financiamiento o capacitación. Situación que se considera es resultado de las restricciones que enfrentan las Mipyme, en el que se incluye el acceso al financiamiento, una débil capacidad gerencial y laboral, la falta de capacidad para aprovechar economías de escala en la producción y una deficiente información sobre oportunidades del mercado, nuevas tecnologías y métodos de organización del trabajo.
Por ello cobra mayor sentido que ante el panorama económico adverso que se vive en la actualidad, emprendamos de manera conjunta una serie de esfuerzos para reducir la pobreza del país, a través de una consistente ampliación de nuestras capacidades productivas.
Si hay condiciones y recursos presupuestales para estos fines, en Nueva Alianza consideramos la necesidad de potencializar las iniciativas y emprendimientos competitivos y productivos de nuestras empresas. De nada sirve cerrarnos ante una economía globalizada, es más redituable mejorar nuestras fortalezas, más aún, cuando está en juego el futuro de millones de mexicanos y sus familias.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Economía a fortalecer la difusión, accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas de los programas sectoriales orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de fortalecer la cadena de valor agregado en la producción y prestación de servicios.
Notas:
1 Informe trimestral abril-junio de 2015. Banco de México, página 50. Con información disponible al 11 de agosto de 2015. Disponible en http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/ publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7B38767B01-F0B6-9749-4A 00-A5FD82E7BABA%7D.pdf
Consulta realizada el 26 de agosto de 2015, a las 17:25 horas.
2 Variación anual del producto interno bruto trimestral al segundo trimestre de 2015, cifras originales con base en los valores a precios constantes de 2008. Inegi, 2015. Disponible en http://www.inegi. org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/default.aspx
Consulta realizada el 26 de agosto de 2015, a las 17:54 horas.
3 Indicador global de la actividad económica, cifras durante junio de 2015 (cifras desestacionalizadas). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/igae/igae2015_08.pdf
Consulta realizada el 27 de agosto de 2015, a las 11:00 horas.
4 Getting it Right. Una agenda estratégica para las reformas en México. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2012. OECD Publishing. Se recomienda ampliamente consultar el capítulo 10, “Las Pyme y el espíritu emprendedor en México”, de Jonathan Potter y Marco Marchese. Disponible en http://www.oecd.org/ centrodemexico/Getting%20It%20Right%20EBOOK.pdf
Consulta realizada el 27 de agosto de 2015, a las 17:05 horas.
5 A tale of two Mexicos: growth and prosperity in a two-speed economy. McKinsey & Company. McKinsey Global Institute, marzo de 2014. Disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/MGI_Mexico_Full_report_March_2014.pdf.
Consulta realizada el 28 de agosto de 2015, a las 12:48 horas.
6 http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/programas-se/programas-de-subsidios/reg las-de-operacion-y-padron-de-beneficiarios
Consulta realizada el 28 de agosto de 2015, a las 14:26 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2015.— Diputado José Bernardo Quezada Salas(rúbrica).»
Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen.
EFEMÉRIDE RELATIVA A LA PROCLAMACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride relativa a la proclamación de las Leyes de Reforma. Tiene la palabra para referirse al tema, el diputado Antonio Amaro Cancino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
Debo informar –discúlpeme unos segundos, diputado– que damos la más cordial bienvenida, se encuentran presentes aquí estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de México, campus Valle de Chalco. Bienvenidos estudiantes, amigos y amigas.
El diputado Antonio Amaro Cancino:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, hoy vivimos en una república democrática y representativa gracias a la visión de nación del más universal de los mexicanos, el prócer del Estado mexicano, me refiero a don Benito Juárez García, hombre de cuna humilde, orgullosamente de la Sierra Juárez de nuestra entidad Oaxaca, quien con valentía enfrentó el paradigma que vivía el Estado mexicano construyendo el andamiaje jurídico necesario para que hoy disfrutemos de los derechos y libertades que otorgan las llamadas Leyes de Reforma.
Nos encontramos en un momento de la historia del país donde ha sido necesario reconstruir las bases jurídicas para que el Estado mexicano tenga las herramientas suficientes para responder a las necesidades de la población, muestra de ello es la visión que ha tenido el presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien mediante el diálogo entre las fuerzas políticas del país, buscó las condiciones que permitieran anteponer el bienestar de la nación por encima de posiciones ideológicas o de partido. Sin que esto haya implicado, sin lugar a duda la sumisión de un poder a otro, la ciudadanía de México se encuentra exigiendo resultados concretos de sus representantes.
Cuando protestamos la Constitución para desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados federales es para que asumamos con responsabilidad, honestidad y transparencia nuestras obligaciones y que el producto del trabajo que realicemos en este emblemático recinto pueda generar mejores condiciones de vida para las mexicanas y para los mexicanos.
Invito a todas mis compañeras legisladoras y a todos mis compañeros legisladores a exaltar el ejemplo de don Benito Juárez García en la historia nacional, como lo demostró en las leyes de reforma, que en su nacimiento la opinión pública incluso la satanizara por su contenido polémico de ese tiempo.
Los retos que hoy enfrenta México no son menores, muchos de ellos incluso son utilizados parta hacer presión política mediante opinión pública generalizada. Pero combatir la pobreza exige de nuestro más amplio compromiso con la nación, con la población, con nuestra ciudadanía; generando condiciones de igualdad en oportunidades económicas, de salud, de empleo, así como de acceso a la educación de calidad.
Juntos podemos hacer mucho por México, partiendo del perfeccionamiento del Estado de derecho que merece la sociedad y con ello corresponder de manera cabal a la oportunidad que nos ha dado la ciudadanía.
Un 6 de septiembre de 1860 México se movió con las leyes de reforma, pasó a ser un Estado de instituciones. Hoy, en las decisiones que tome esta Cámara de Diputados, se encuentra la gran oportunidad de que México se mueva para ser un Estado donde su población viva con mejor y mayor prosperidad. Muchas gracias.
Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Partido Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Benito Juárez García.
Presidente, compañeras y compañeros diputados, decir Benito Juárez es decir defensa de la república y de la patria; de la legalidad; de la honradez; de las libertades; del Estado laico. Decir su nombre es reconocer a quien resguardó a la patria y a la república en tiempos aciagos. Promulgó las denominadas Leyes de Reforma; la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos; la Ley del Matrimonio Civil; la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley sobre Libertad de Cultos.
La práctica de la honestidad, de la probidad en el ejercicio del poder público, lo condujo a esa honrada medianía que debería ser norma de todas las personas que ejercen un cargo público.
Si este país se rigiera por el principio de esa honrada medianía no tendríamos que lamentar la corrupción que lo desangra con descaro y en la más completa impunidad. Nos guiamos por los principios juaristas de austeridad, transparencia y respeto. Así lo haremos como fracción de Movimiento Ciudadano.
Por ello, propusimos renunciar a los seguros colectivos de gastos médicos mayores y al seguro de vida, para que esta Cámara ahorre 370 millones de pesos, y nuestra posición no fue de palabra, lo oficializamos. Esta es una oportunidad para pedirles a todos ustedes que renuncien a esos privilegios.
El compromiso con las libertades ciudadanas hizo de Juárez y de su generación promotores incansables del Estado laico. Esa expresión que todavía causa resquemores por ignorancia y que es en realidad una de las primeras condiciones de la construcción de la democracia.
A través del Estado laico la generación Juárez imaginó no sólo la no subordinación de los actos de gobierno a los dictados de la iglesia; imaginó, creó bajo el concepto de igualdad ante la ley, un sistema político que está en la base del México moderno. Ambos principios eran entonces y son hoy, inseparables.
El Estado laico está obligado a garantizar el libre ejercicio de los derechos individuales a manifestar su creencia religiosa, de tal manera que no se obliga a nadie a practicar ninguna religión, pero tampoco se le obliga a no hacerlo.
Ante la realidad religiosa pluralista del mundo contemporáneo es preciso, no solamente mantener el carácter laico del Estado, sino profundizarlo, porque es cada día más complejo nuestro paisaje político.
Los principios de la laicidad del Estado se encuentran hoy en varios artículos de la Constitución, en el 24, en donde se especifica que toda persona es libre para profesar creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta por la ley, así como que este Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
En el artículo 130 se establece que tanto la Iglesia como el Estado deberán permanecer separados y considera que es obligatorio que todas las iglesias, asociaciones y grupos religiosos estén registrados, y limita la participación de sacerdotes o ministros en asuntos políticos. Y les prohíbe ocupar puestos de elección popular, a menos que suspendan sus funciones de liderazgo espiritual.
Un Estado laico es aquel que garantiza la libertad religiosa, pero también aquel que no tiene preferencia por cualquiera de ellas. Pero, sobre todo, que garantiza que en el espacio público toda organización social respeten las leyes civiles. El Estado laico no reconoce religión, reconoce a los creyentes y esos creyentes son quienes otorgan el reconocimiento a la religión que profesen.
Este honorable Congreso debe reflejar una parte de lo que puede ser la convivencia bajo el principio de laicidad, reúne a creyentes de una, de otra y tal vez de otra religión, y a quienes no profesan religión alguna. Esta diversidad, antes que ser obstáculo para el diálogo político, lo enriquece.
Compañeras y compañeros diputados, respetable público, la palabra Juárez condensa los principios de austeridad, de defensa de las instituciones de la República, de la consolidación del Estado laico.
Frente a esos principios tenemos un conjunto de tareas pendientes: la defensa de los derechos humanos y las libertades de las mujeres y los hombres; la eliminación de la violencia y el feminicidio; el respeto a la legalidad, el ejercicio transparente y honesto de los recursos públicos; la austeridad y la rendición de cuentas.
Juárez no ha muerto, sus principios siguen vivos. Defendamos la paz, los derechos, las garantías individuales y sociales, la República y el Estado laico. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Alfredo Basurto Román:Con su venia, señora presidenta de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y diputados, buenas tardes tengan todos ustedes. Las Leyes de Reforma constituyen la verdadera independencia de México y la formación de un Estado de nación.
Las Leyes de Reforma implicaron que cada institución se dedique y se ocupe a lo propio. Es decir, el Estado a la política y la iglesia a la religión.
Las Leyes de Reforma representan la confirmación de los derechos humanos y las libertades consignadas en la Constitución de 1857, que es y se aplicó en aquella época para todas las personas.
Las Leyes de Reforma son un regreso al pensamiento de Hidalgo y Morelos. La esclavitud física fue abolida, y la espiritual también.
Las Leyes de Reforma representan un gran salto en la historia, a comparación de los países europeos que tardaron décadas e incluso a veces siglos en alcanzar esos propios principios. Nuestro país los actualizó en tres años, lo que representó una gran modernización para México. Las Leyes de Reforma representan y son la dignidad misma de la nación, son el águila mexicana que rompe con las cadenas de la esclavitud, así lo expresó el doctor Jorge Carpizo.
La Constitución de 1857, en su artículo 3o. declaraba que la enseñanza era libre y que la ley determinaría qué profesiones necesitarían título para su ejercicio. Así de esa manera, compañeros, en 1859 al presidente Juárez le correspondió expedir y promulgar las Leyes de Reforma.
Entre otras creó la nacionalización de los bienes de la iglesia. La creación de la institución del registro civil. En 1860 se precisaron los principios sobre las libertades de culto. En 1861 pasan al Estado los hospitales y los establecimientos de beneficencia que estaban en manos de la iglesia. Y en 1863 se abolieron las comunidades religiosas.
Las Leyes de Reforma marcaron el tránsito de un antiguo régimen de autoridad absolutista y de privilegios, a un nuevo orden de libertad y de igualdad ante la ley.
Hoy es vergonzoso y antinacional lo que el gobierno federal viene haciendo al aprovecharse de las rentas públicas y cómo los altos funcionarios se ven con fortunas escandalosas adquiridas por corrupción y red de complicidad. Olvidándose de los más pobres, que somos más en México, y dejando a un lado los principios éticos, morales y políticos, donde únicamente les interesa obtener una fortuna rápida. Es cuanto, señores, señoras diputados. Gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Ávila Serna:Con su permiso, diputada presidenta. Las Leyes de Reforma son la esencia liberal de la Revolución Francesa. Transmiten los valores de la igualdad entre todas las personas. El aseguramiento pleno de los derechos. La despersonalización del poder. La asignación de la representación estatal de las funciones en poderes. Asimismo, separó la iglesia del Estado y consolidó una visión republicana.
Estos cambios fueron dados durante el lapso que abarcó del año 1855 a 1963. Ello implicó la administración de los presidentes de la República Juan Nepomuceno Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez.
Todas aquellas disposiciones legales fueron recogidas y aglomeradas en la última Constitución del siglo XIX, la cual en un sentido estricto convirtió a la propia Constitución de 1857 en una ley reformista que a la postre se convirtió en la primera constitución social del mundo.
Por la valía social de las leyes de reforma, el aporte histórico y cultural y la consolidación del orden jurídico mexicano, la bancada del Partido Verde Ecologista de México saluda la efeméride que está en tribuna.
Es un momento propio para reconocer a los idealistas de las leyes, resaltar la historia y a sus procederes, Melchor Ocampo y Lerdo de Tejada, así como el manifiesto de Juárez dictó a la nación, pero también es tiempo del presente, por ello debemos destacar que así como en su momento existió un paquete de leyes transformadoras en el siglo XIX, que condujeron a México a la modernidad, hoy en día existe un paquete de reformas estructurales que a la LXII Legislatura le tocó aprobar, el paquete de las leyes transformadoras del siglo XXI.
Ahora, nosotros como la Legislatura subsecuente tenemos la responsabilidad de transformar nuevamente a México, impulsando y analizando las leyes que vienen y legislando para un futuro con un México en paz, un México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global.
Tenemos todos hoy en día la responsabilidad de llevar en buen puerto las reformas estructurales del Ejecutivo federal y con ello reformar nuevamente a México, ponerlo en movimiento y pasar a la historia de la modernidad.
Por este motivo, la efeméride que se presenta está en un mejorable momento histórico al marco de las reformas transformadoras del Presidente Enrique Peña Nieto, así como el inicio de la Legislatura LXIII.
Estamos convencidas que todas y todos los legisladores deseamos lo mejor para México, ese rumbo asumiremos y lo haremos posible. Para ello, esperaremos la suma de esfuerzo de todas las fracciones parlamentarias y la de los diputados independientes, teniendo presente que el aplauso barato, las respuestas rápidas y las expresiones sin argumentos no tiene cabida en esta Legislatura, la cual pretende realizar las leyes de reforma del siglo XXI, estando cercanos al sentir de la sociedad y en beneficio de la gente. Es cuanta, diputado presidente. Y por su atención, gracias.
Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ávila. Ahora tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Las Leyes de Reforma tienen hoy más de siglo y medio después todavía mucho que enseñarnos a los mexicanos contemporáneos. Tienen varias lecciones que creo que todavía no hemos aprendido.
La Constitución de 1824 fue una Constitución semiliberal. Decretó la igualdad de todos los mexicanos ante la ley y acabó con fueros y privilegios, pero que dejó un asunto pendiente, una asignatura que habría de realizar la Constitución de 1857, que era la separación del Estado y las iglesias.
Esa asignatura pendiente la llevaron a cabo una generación de políticos mexicanos extraordinaria, encabezada por Benito Juárez. La lección primera que nos deja esa generación de grandes mexicanos es la de la austeridad republicana. Juárez y todos los demás liberales de la reforma fueron políticos honestos que demostraron con hechos lo que don Benito llamaba la honrada medianía en la que deberían de vivir todos los que ejercieran el servicio público.
La segunda lección es la de ese grupo de estadistas –porque eso es lo que fueron ante todo–, ese grupo notable, extraordinario de estadistas que se adelantaron a su tiempo y que entendieron que el papel de un gobernante, que el papel de quienes tienen las riendas del Estado no es seguir a ciegas lo que se cree, piensa o siente la sociedad. Es en ocasiones, sobre todo en ocasiones importantes, adelantarse a lo que después va a ser una demanda y un reclamo social y fijar ese rumbo y pavimentar el camino para jalar hacia delante a esa misma sociedad.
Si no hubiera sido por esa visión, ese sentido de Estado de esa generación, no habríamos logrado la separación del Estado y las iglesias y viviríamos en tiempos oscurantistas en el México de hoy. No se limitaron, pues, a ver qué pensaba alguna u otra parte de la sociedad. Se dieron cuenta de que había un imperativo histórico y lo echaron hacia adelante.
Y la tercera lección que me parece la más importante, es que no tuvieron miedo al cambio, no fueron misoneístas, fueron filogenistas, se cuenta de que se necesita un parteaguas histórico en México porque las leyes de la reforma, junto con la Constitución de 1857, significaron ese segundo gran capítulo de la historia de nuestro país.
Es tiempo, y esa es la lección que debemos aprender hoy nosotros, es tiempo de saber que México pide a gritos otra transformación, un nuevo capítulo histórico, una nueva Constitución y que le entremos sin miedo y asumiendo nuestra responsabilidad como representantes de la nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basave. Tiene ahora –por último– la palabra el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis de León Martínez Sánchez: Buenas tardes. Señoras y señores diputados, nuestro país ha vivido transformaciones de enorme magnitud para garantizar la existencia de instituciones democráticas.
La revolución de independencia, las leyes de reforma, la revolución de 1910, y la transición a la democracia en el México contemporáneo, son los cuatro grandes periodos históricos mexicanos.
Las leyes de reforma brindaron a nuestro país la cimentación del Estado, la separación entre la iglesia y el Estado, y el acceso a la democracia liberal. Actualmente es una tradición que se ha consolidado, luego de circunstancias históricas muchas veces conflictivas que se sucedieron durante más de 140 años.
Sin embargo durante el siglo XIX y buena parte del XX, la laicidad del Estado era considerada como una especie de ideología o confesión oficial, persecutoria de la religión, aduciendo a razones que en su momento histórico tuvieron una experiencia y una explicación por la antigüedad de la vinculación entre el poder del Estado y el de la Iglesia, pero que desde hace décadas y en la actualidad debe ser considerada como la norma que establece la no intromisión de los asuntos que son propios del uno, en los asuntos que son propios del otro.
En términos juaristas, la laicidad es también el parámetro que asegura buena parte del respeto al derecho ajeno, que abarca la libertad de pensamiento, de creencias y de culto para todos los ciudadanos.
Actualmente vivimos y convivimos en paz porque nuestro estado laico tiene entre sus características fundamentales la libertad religiosa, que es también libertad de expresión de todos los ciudadanos, así sean ministros de culto de cualquier confesión religiosa o cualquier ideología política y la tolerancia. El derecho a la libertad religiosa no se limita a la libertad de creencia o de conciencia, porque la creencia se refiere a convicciones de la conciencia personal, en tanto que el derecho a la libertad religiosa es un término más amplio que supone un ejercicio que se observa en la vida cotidiana y social.
Finalmente, no es laicidad la que garantiza la autonomía de las instituciones. La garantía está en los ordenamientos que las establecen, que le señalan sus objetivos, los procedimientos, los recursos necesarios para alcanzarlos y las condiciones en que dichos procedimientos deben realizarse.
Señoras y señores diputados, hoy a más de 150 años de estas leyes, los legisladores y legisladoras de esta LXIII Legislatura sabremos estar a la altura de las grandes transformaciones necesarias para garantizar un sistema político democrático pleno en libertades y en su garantía por parte del Estado. Esa es la convicción de un oaxaqueño, esa es la convicción de Acción Nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado de León Martínez. Han pedido también participar en este punto y tiene el uso de la palabra, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Amigas y amigos diputados, hablar de Juárez sin duda es un momento propicio para hablar de la libertad, el respeto, del derecho que tenemos todos los mexicanos para comunicarnos, para dialogar y fundamentalmente para vivir en paz y en armonía.
Juárez, un liberal, ratificó su compromiso con firmeza cuando quisieron violentar el destino histórico de la república. Como lo narra Fernando del Paso en su obra Noticias del Imperio, no se quebrantó ante la súplica de Carlota para sancionar a los que pretendían lastimar a la república.
Esa firmeza de mando, ese ejemplo de fortaleza, ese ejemplo que nos dejó su legado internacional, plasmado aquí arriba, entre los individuos como entre las naciones: El respeto al derecho ajeno es la paz, incluyendo desde luego el derecho a profesar una religión, una fe; y, por supuesto, dejando plasmado, confirmado que el Estado laico es aquel que no profesa ninguna religión, pero que permite con libertad plena la libertad de culto. Son ejemplos claros que nos ha dejado esta inspiración histórica las Leyes de Reforma, pero también –por otro lado– nos deja un ejemplo de austeridad plena.
En próximos días, amigas diputadas y amigos diputados, llegará a esta soberanía; que por cierto celebro las iniciativas anteriores, donde la rendición de cuentas se debe dar en la soberanía, donde el presidente de la república debe tener un debate respetuoso, cordial, pero firme en aquellas expresiones que no coinciden con el rumbo de la república.
Pero también la autoridad –decía– es un ejemplo para que en esa entrega en próximos días del decreto de presupuesto de gasto público, que habrá de dar el Ejecutivo federal, lo hagamos con plena conciencia en su revisión, que ese famoso presupuesto base cero sea sin detrimento de los grupos vulnerables de la niñez, de los minusválidos, del campo, de los más necesitados, que entendamos que es una oportunidad que tenemos como Cámara de Diputados para mandar un mensaje a la sociedad de honestidad, de firmeza y de preocupación plena por aquellos que dieron su voto democráticamente, y para vernos aquí representados cada uno de nosotros.
Así es como Encuentro Social ve este momento oportuno y expresa esta reflexión con mucho respeto ante la soberanía de este país. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar.
Enviamos también desde aquí un cordial saludo a ciudadanos, ciudadanas vecinas del estado de Sinaloa, invitados por el diputado Quirino Ordaz Coppel, del Partido Verde Ecologista de México. Bienvenidas, bienvenidos, amigos.
CLAUSURA Y CITA
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 13:29 horas): Habiéndose terminado la lista de oradores, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre de 2015, a las 11 horas, y se les informa que el registro de asistencia se hará en los lectores biométricos que estarán disponibles desde las 9:30 horas en el vestíbulo del salón de sesiones. Gracias. Buenas tardes.
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RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 2 horas con 1 minuto
• Quórum a la apertura de la sesión: 462 diputadas y diputados
• Declaratoria: 1
• Constitución de los grupos parlamentarios en la LXIII Legislatura
• Toma de protesta: 1
• Comunicaciones oficiales: 17
• Minutas: 4
• Iniciativas de los congresos: 1
• Iniciativas de las diputados y los diputados: 9
• Efemérides: 1
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 16
1 PES
1NA
3MC
2MORENA
1PVEM
3PRD
3PAN
2PRI
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)