Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 456 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  (a las 11:39 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primr año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de septiembre de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

Por el que informa el cambio de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, como Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, correspondiente a 2014.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social.

Iniciativas del titular del Poder Ejecutivo Federal

De Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Informe sobre el ejercicio de la facultad del Ejecutivo Federal para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación, e incluso para crear otras, que se presentan de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Estimación del monto de recursos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno Federal, en materia de vivienda para el ejercicio fiscal 2016.

Informe sobre las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016.

Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2016.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Tesorería de la Federación.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.

Agenda política

Comentarios relativos al “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la CIDH, a petición del gobierno mexicano, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo relativo a la investigación sobre una presunta red de tráfico de menores en el estado de Sonora, suscrito por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de Pemex a poner en marcha la reubicación de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula a la nueva terminal de Puerto Chiapas, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo para solicitar la renuncia de los titulares de Pemex y de la SCT, por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en el otorgamiento de concesiones, contratos y proyectos a la empresa OHL México y sus filiales, suscrito por las diputadas Rocío Nahle García y Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Glosa del III Informe de Gobierno en Materia de Política Económica

Iniciativas

De decreto, para emitir una moneda conmemorativa por el Centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Retiro para los Ex-Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 223 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Daniela De Los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 7o., 38 y 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Adopción y se derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Daniela De Los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 29 y 32 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 126 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que declare a la región de Tierra Caliente de Guerrero, como zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo a fin de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, en los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Apoyo a la Celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857, suscrito por los diputados Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el fortalecimiento de la Industria Azucarera y Piloncillera, a cargo del diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de programas sociales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita realizar diversas acciones para fortalecer los trabajos de la Comisión de la verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la PGR para que incremente los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo en relación al brote epidemiológica de rickettsiosis, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, atender las conclusiones presentadas por la CIDH, a través del grupo de expertos interdisciplinarios independientes, sobre el caso Ayotzinapa, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de Pemex, de la Sener, de la Sedena, de la PGR, de la Semar y de la Policía Federal, la resolución sobre el robo de hidrocarburos en Puebla, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a negar cualquier autorización al proyecto denominado “Don Diego”, de la empresa Exploraciones Oceánicas, ubicado en el Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director de la CFE, para que revise y en su caso haga una propuesta a la SHCP, respecto de los ajustes tarifarios a usuarios de la Región de la Montaña del estado de Guerrero, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la Industria del Café, a cargo del diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sagarpa a fin de brindar apoyo a los productores de maíz de nuestro país, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo al refugio y asilo para las personas desplazadas por las condiciones vigentes de guerra civil y persecución racial y religiosa en la República Árabe Siria, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la Cuenca Lerma-Chapala, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de San Luis Potosí y al Gobernador electo de la entidad, para que difundan el acta de entrega y recepción del cambio de administración, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial UNGASS 2016, suscrito por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Sedatu y la Sagarpa, coordine la elaboración de un estudio del territorio nacional para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del estado de Sonora, para que a través de la Procuraduría de Justicia del estado, difunda los resultados de la investigación incoada en contra de funcionarios del DIF estatal por presunta la venta-adopciones de niños, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Aseguradora Agroasemex, S.A. a continuar con el apoyo a los fondos de aseguramiento para los pequeños y medianos productores de temporal, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para atender y apoyar la conservación y el desarrollo turístico y cultural de las ciudades mexicanas reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, así como a los pueblos mexicanos que forman parte del programa pueblos mágicos de la Secretaria de Turismo, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Efemérides

Con motivo del Natalicio del General Nicolás Bravo, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes ocho de septiembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos cuarenta y ocho diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del martes ocho de septiembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la Sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, cambio de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De enterado. Comuníquese.

b) Del Instituto Nacional Electoral, por el que comunica las resoluciones de la Junta General Ejecutiva del Instituto, por las que se emiten las declaratorias de pérdida de registro de los Partidos del Trabajo y Humanista por no haber obtenido el tres por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para diputados, celebrada el siete de junio de dos mil quince. De enterado.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Tercer Informe de labores de la Secretaría de Turismo. De enterado, distribúyase a las diputadas y a los diputados.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Recinto el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, diputado federal electo en la Tercera Circunscripción. El Presidente designa una comisión que lo acompaña en su ingreso al Salón de Sesiones, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Evelio Plata Inzunza, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento veinticuatro de la Ley General de Bienes Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Gabriela Ramírez Ramos, a nombre propio y del diputado Enrique Cambranis Torres, y Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta que se apruebe la integración de las Comisiones.

• Omar Ortega Álvarez, a nombre propio y de diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Javier Octavio Herrera Borunda, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, que adiciona el artículo veintiséis de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos diez, catorce, y veintiocho de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Guadalupe González Suástegui, a nombre propio y del diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo dieciocho de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

En su oportunidad y desde su curul el diputado Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia que la iniciativa que reforma el artículo dieciocho de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, no sea turnada a comisiones y se considerada de urgente resolución y resuelta en la presente sesión; desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento y moción de ilustración los diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, en cinco ocasiones; Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional; Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Juan Romero Tenorio, de Morena; Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; y Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones. El Presidente informa a la Asamblea que en consecuencia y de acuerdo con lo solicitado por diversos diputados, se rectifica el turno obsequiado a la iniciativa en cuestión y se remite a la Junta de Coordinación Política para que en su reunión de mañana resuelva lo conducente.

• Óscar Ferrer Abalos, y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jorgina Gaxiola Lezama, suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

El siguiente punto del orden del día son Propuestas de Acuerdo de los Órganos de Gobierno. Se da cuenta con el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República. Se concede el uso de la palabra para referirse al tema al diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, quien presenta una propuesta de modificación, que en votación económica no se admite; y de la misma forma se aprueba el Acuerdo en sus términos. Comuníquese.

El siguiente punto del Orden del Día es el Análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Interior y Política Exterior. Para dar cumplimiento al punto tercero del Acuerdo aprobado, en la Primera Ronda en materia de Política Interior intervienen los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano; Delfina Gómez Álvarez, de Morena; Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México; Erik Juárez Blanquet, del Partido de la Revolución Democrática; Claudia Sánchez Juárez, del Partido Acción Nacional; y José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional. En la Segunda Ronda intervienen los diputados: Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena; Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Partido Verde Ecologista de México; María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional; y Mariana Benítez Tiburcio, del Partido Revolucionario Institucional.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que esta soberanía hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el que se sumen los esfuerzos del Congreso de la Unión, para que se fije una postura política y se diseñe una agenda de trabajo acorde a la tradición humanitaria de nuestra nación, dando asilo y refugio a quienes hoy lo necesitan, particularmente a quienes se han visto afectados por la crisis humanitaria que se desarrolla en Siria. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El siguiente punto del Orden del Día, es el Análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Exterior, para la Primera Ronda intervienen los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; María Luisa Gutiérrez Santoyo, de Nueva Alianza; Cynthia Gissel García Soberanes, de Movimiento Ciudadano; Alicia Barrientos Pantoja, de Morena; Lia Limón García, del Partido Verde Ecologista de México; Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional; y Edgardo Melhem Salinas, del Partido Revolucionario Institucional. En la Segunda Ronda intervienen los diputados: Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano; Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena; Enrique Zamora Morlet, del Partido Verde Ecologista de México; Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional; y Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa, y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Juan Manuel Cavazos Balderas, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• María de la Paz Quiñones Cornejo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a sumar esfuerzos con el fin de mejorar el servicio que presta a los usuarios. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para establecer un diálogo republicano con el titular del Ejecutivo federal, en el marco del análisis del Tercer Informe de Gobierno. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, implemente campañas informativas respecto de los programas de alfabetización que hay a nivel nacional, considerando la participación de los grupos vulnerables. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jorge Álvarez Maynez, René Cervera García y Cynthia Gissel García Soberanes, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a desistirse de la acusación de portación de armas exclusivas del ejército en contra del doctor José Manuel Mireles, así como exhortar al Juez Federal Quinto en materia penal, para que sea trasladado al penal de Morelia Michoacán y se resuelva su situación jurídica de manera pronta y expedita. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al gobernador del Estado de Sonora para que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a aquellos funcionarios, empelados o trabajadores, que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Marco Polo Aguirre Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que difunda información sobre la concesión llevada a cabo entre dos mil cuatro y dos mil once relativa a la sexta parte del territorio michoacano y si éstas fueron legales. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades a proteger el derecho humano al agua de los habitantes de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, en el Estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

• José Clemente Castañeda Hoelfich, de Movimiento Ciudadano, relativo a las inconsistencias en la investigación del caso Ayotzinapa. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jesús Emiliano Álvarez López y Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, a solucionar el conflicto del canal veintidós de televisión. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rafael Yerena Zambrano, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para los festejos del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen e implementen nuevas acciones que coadyuven en la prevención y combate de la enfermedad del dengue y dengue hemorrágico o grave transmitido por vector en dicha entidad federativa. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

La Presidencia invita a los proponentes de efemérides a entregar a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.

El Presidente informa a la Asamblea que, derivado de los acuerdos definidos entre diversos Grupos Parlamentarios, el despacho de la agenda política se pospondrá para la próxima sesión a celebrarse el jueves diez de septiembre de dos mil quince, la cual será abordada conforme lo ratifique la Junta de Coordinación Política, de manera prioritaria durante el desarrollo de la misma.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el tema las diputadas: Norma Rocío Nahle García, de Morena, en dos ocasiones; y María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace comentarios.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves diez de septiembre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con cinco minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Aprobada el acta.

El siguiente punto es el referido a comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle los cambios de los legisladores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

Baja: Ciudadano Danner González Rodríguez (consejero propietario)

Alta: Diputado Jorge Álvarez Máynez (consejero propietario)

Reciba un cordial saludo.

México, DF, a 8 de septiembre de 2015.— Secretario ejecutivo Luis Molina Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

Distinguido diputado federal:

Por este medio informo a usted que el día 4 de septiembre 2015, esta Comisión Nacional emitió el “Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria”(*), correspondiente a 2014.

Derivado de lo anterior, me permito enviarle anexo al presente el mencionado diagnóstico, esperando que éste sea de utilidad y coadyuve para optimizar el respeto por los derechos humanos en los centros penitenciarios.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 9 de septiembre de 2015.— Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

Se informa a la asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta que se apruebe la integración de las comisiones.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo, y 3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

México, DF, a 2 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  De enterado. Distribúyase a las diputadas y los diputados.

INICIATIVAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día son las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo federal. Se informa a la asamblea que el martes ocho de septiembre del año en curso, se recibió el paquete económico para el ejercicio fiscal  de 2016. Solicito a la Secretaría dé cuenta.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.(1)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:Iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016.(2)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:Informe sobre el ejercicio de la facultad del Ejecutivo federal para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación, e incluso para crear otras que se presentan de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(3)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.(4)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.(5)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:Estimación del monto de recursos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal, en materia de vivienda para el ejercicio fiscal 2016.(6)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:Informe sobre las zonas de atención prioritaria para el año 2016.(7)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:Criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.(8)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.(9)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación.(10)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.(11)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.(12)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.(13)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.(14)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.(15)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.(16)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

AGENDA POLÍTICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  El siguiente punto del orden del día son comentarios relativos al Informe Ayotzinapa, presentado por el Grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados y diputadas, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos: por el Partido Encuentro Social, Eric Flores Cervantes;por el Partido Nueva Alianza, María Eugenia Ocampo Bedolla; por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, María Candelaria Ochoa Ávalos; por el Grupo Parlamentario de Morena, Guillermo Santiago Rodríguez; por el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, Arturo Álvarez Angli; por el Grupo Parlamentario del PRD, Cristina Ismene Gaytán Hernández; por el Grupo Parlamentario del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez y por el Grupo Parlamentario del PRI, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco.

En consecuencia, tiene la palabra, hasta por siete minutos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Señoras y señores diputados, qué bueno que ampliaron el tiempo aunque sea dos minutitos, porque hay que leer el informe. Mucho, mucho que comentar.

Ayotzinapa muestra un crimen abominable, no hay excusa que valga, no hay pretexto que pueda servir, no hay explicación que satisfaga sino la verdad pura y simple, aquella que demuestre que en el siglo XXI sí hay actos de barbarie como los de esta terrible noche en Iguala, debe haber un Estado que sancione, castigue, sea ejemplar, muestre al mundo que México no es un país de bárbaros.

Desde el momento del crimen el Estado mexicano, el Ejecutivo, el Legislativo y ahora el Judicial no han sabido responder. El jefe del Estado pospuso su intervención directa en este asunto por un viaje a China, no se entendió desde el principio la magnitud de la tragedia, pero no se trata de buscar e insistir en los errores del Estado.

Frente a un evento de tal magnitud necesitamos respuestas. La imagen internacional del gobierno y de los mexicanos ha sido dañada, entre otros temas por el equivocado manejo de la información que exhibió a las autoridades. Desgraciadamente se ha ido generando una peligrosa percepción de incertidumbre, de ineficacia que escaló a la sospecha y a la incredulidad, dígase lo que se diga en este tema, ya nada creíble.

No se trata de acusar a nadie en concreto, ni de sugerir caminos que los profesionales debieran haber transitado ya a casi un año del terrible suceso. No conviene erigirnos en investigadores y menos en jueces, pero sí se trata de buscar que los hechos se esclarezcan puntualmente y que los responsables, sean los que sean, puedan ser sometidos a la acción de la justicia.

El derecho penal es uno de los elementos más formidables para determinar qué país ha avanzado realmente. Por el derecho penal se explica lo que cada país considera constituye una afrenta a la convivencia civilizada. No hay que olvidar que por proteger el estado de derecho, el mismo Estado puede privar a un ser humano de sus bienes, de su libertad, de sus propiedades y en algunas latitudes, incluso de la vida. No es un asunto menor, es la legitimación del poder del Estado. Es la explicación de por qué un Estado es más civilizado que otro.

Por eso la doctrina penal comparada es tan difícil y tan rica a la vez, porque explica cómo las sociedades enfrentan los problemas de las debilidades y la criminalidad de los hombres. Por eso es que este asunto de Ayotzinapa cala tan hondo, hiere tanto, motiva tanto a la sociedad mexicana.

El Estado tiene que explicar puntualmente todos los hechos a la sociedad. Tiene que mostrar con eficacia su buena disposición a que las cosas queden claras, a satisfacción de los familiares y a satisfacción de la sociedad entera.

No se pueden echar en saco roto las observaciones de la Comisión Interamericana recientemente aparecidas. No podemos otra vez apostar al olvido, al paso del tiempo o al aturdimiento de los voceros oficiosos en los medios masivos de comunicación.

Tiene el Estado y por supuesto que aquí, el Congreso de la Unión –o sea nosotros–compartimos también la responsabilidad. Hay que explicar qué pasó, por qué paso y quiénes son los responsables, así de simple.

El papel del Estado se ha reducido a recibir a los deudos con frecuencia y con frecuencia se atienden sus peticiones y cuestiones coyunturales. El Congreso nombró una comisión de investigación, que aparte de los discursos alusivos, que otros resultados tuvo. Casi nunca se concluye nada y es el tiempo el que deja las cosas al olvido.

Ayotzinapa es el límite, señores legisladores. No podemos seguir viviendo así. La captura del matrimonio Abarca, ese matrimonio que asesinaba hasta a sus propios compañeros de partido y las dificultades para procesarlos, contribuyen también a la sospecha de que algo no está concluido. Y el exgobernador, de verdad, ¿No tuvo ninguna responsabilidad en los hechos ni siquiera por omisión?

Las investigaciones periodísticas, los comentarios de expertos y recientemente el informe al que aludimos esta mañana, insisten tercamente en la necesidad que este asunto se explique puntual y ampliamente a la sociedad.

El derecho de las víctimas en este tipo de asuntos es lo más importante. Tiene que encontrar en el Estado, en el gobierno, en el Congreso, en nosotros, en los partidos interlocutores válidos; puertas abiertas, compromisos explícitos para aclarar las cosas. Si nadie responde, si nadie explica, si nada satisface, ¿por qué la sociedad tendría que confiar en sus instituciones?

Encuentro Social no tiene por qué hacerse cómplice silencioso de un oprobioso asunto como el de Ayotzinapa; no tenemos por qué creer a pie juntillas lo que nos dicen ni usurpar papeles de investigadores o jueces que nadie nos ha dado.

Como partido político queremos ser interlocutores válidos entre la sociedad agraviada y el gobierno; queremos sumarnos en la tarea de que esta terrible herida abierta en la sociedad, que ha vulnerado el prestigio de nuestro país, se vaya cerrando con el bálsamo de la verdad, rechazando y castigando a quienes resulten responsables.

Señoras y señores diputados, nos sumamos a la solicitud de que una comisión especial de diputados, formada por legisladores de todos los partidos políticos, reciba en audiencia especial a los integrantes del grupo de expertos que hizo este informe, para que nos expliquen a cabalidad los resultados de su investigación.

Y una vez que esto haya sucedido, pedimos la comparecencia de la procuradora general de la República para que delante de la Cámara de Diputados explique lo que hará en cada uno de los temas en los que haya dudas, dudas razonables. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por siete minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Un hecho que enlutó a México y a la sociedad en general, a la sociedad internacional.

Lo acontecido en Iguala sintetiza en mucho la situación de descomposición del Estado mexicano, particularmente en los municipios, en los municipios en donde se ha infiltrado el crimen organizado, ya no sólo en las corporaciones de seguridad pública, ahora controlan desde los gobiernos municipales, el territorio, el trasiego de drogas y otros crímenes asociados a este mal.

Por la actuación e incluso omisión de diversas autoridades responsables de la procuración de justicia y de las investigaciones iniciales, así como los llamados de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conformó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a fin de acompañar a las investigaciones de los crímenes, coadyuvar en la búsqueda de los desaparecidos y auxiliar a las víctimas y a sus familiares.

El pasado 6 de septiembre del año en curso, ése grupo interdisciplinario rindió a los familiares de las víctimas y a la comunidad nacional e internacional un informe que arroja nuevos elementos de análisis, tanto en lo sucedido en ese aciago día como en los eventos posteriores. Aun cuando no ofrece un diagnóstico definitivo al informe referido, da cuenta de aquellos hechos que considera aprobados, así como de otros que son altamente controversiales cuya atención resulta atendible, en razón del daño causado a las víctimas y sus familiares, a la confianza de la ciudadanía hacia el Estado y sus instituciones.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, refrenda solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de estos atroces actos de barbarie humana contra sus semejantes.

Más allá de subrayar las discrepancias del informe contra la verdad histórica, que en su momento rindieron las autoridades responsables, señalamos la necesidad de que las recomendaciones del citado informe sean consideradas plenamente por los actuales responsables de la investigación y procuración de justicia.

No debe haber dilaciones ni concesiones. Reconocemos la muestra de sensibilidad y de compromiso del presidente de la República, al instruir a su gobierno a atender esas consideraciones que ahora esperamos que sus declaraciones sean respaldadas con acciones efectivas.

Por nuestra parte, como representantes de los intereses de la ciudadanía, apoyaremos la creación y funcionamiento de una comisión especial abocada a trabajar de la mano de las familias, para que logren localizar a sus familiares, pero sobre todo vigilar que la actuación de las autoridades sea apegada a derecho.

Si como resultado de las mismas salen a relucir responsabilidades de servidores públicos, ya sea por omisión o comisión, o por deficiencias actuacionales en los peritajes e indagatorias realizadas en su momento, deberá de actuarse con firmeza e irrestricto apego a la ley para sancionar la conducta negligente.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nos brinda la oportunidad de contar con más elementos de juicio y análisis para llegar a la verdad; no a la histórica, sino a aquella que de manera auténtica brinde a las víctimas y a sus familiares el derecho a una justicia expedita, la misma que hasta la fecha se les ha negado.

Ante este crimen de lesa humanidad, las familias de los 43 estudiantes necesitan certeza jurídica, pero sobre todo verdaderamente qué pasó el 26 de septiembre, y conocer el paradero de los mismos, por lo que las autoridades deben continuar y fortalecer sus indagatorias.

Lo anterior en estricto sentido no es más que hacer válido un derecho humano fundamental, lo cual es irrenunciable y obligación del Estado mexicano. Las legisladoras y los legisladores de Nueva Alianza, al igual que el pueblo de México, no podemos, no debemos, hasta saber la verdad de lo que aconteció el 26 de septiembre. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por siete minutos la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Presidente, compañeras, compañeros, decir 43 quizás para muchas personas no tendrá mayor sentido que un número, pero decir 43 para muchos, y muchos otros, tiene un significado especial: Ayotzinapa, estudiantes, Normal Rural Isidro Burgos, 26 de septiembre, Iguala, desaparecidos.

Con estas 13 letras diciéndolas fuerte nos queda un sentimiento de vacío, de que faltan 43, de que los jóvenes que estaban esa tarde-noche no han vuelto a ver la mañana, la que quienes estamos aquí disfrutamos todos los días.

Dice Octavio Paz: los criminales y estadistas modernos no matan, suprimen. Sus compañeros dicen que los retuvo la policía municipal, que el Ejército no hizo nada por ellos, incluso que les decían que por revoltosos se los iba a llevar la chingada. Y, sí, esa chingada de la que nos habló Octavio Paz es la madre de los malos, de nuestros enemigos, de nuestros rivales. Los hijos de la chingada son los hijos de una madre tan indeterminada y vaga.

Como dice Octavio Paz, chingar también implica la idea del fracaso. Y eso es lo que quisieron hacer con los 43; pero no se nos quieren olvidar, porque la violencia de que no estén aquí nos penetra, nos rasga, nos viola, nos destruye; porque lo que les hicieron es cruel, desgarra, pero también nos quita el silencio y nos hace gritar que estamos heridos, que queremos que estén esos 43 de vuelta. Sus madres y padres los buscan, su pueblo los busca, este país los busca y los queremos encontrar vivos, porque vivos se los llevaron y vivimos los queremos.

Nos los busca el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto porque tienen la tradición de que ni ven ni oyen. No quieren darse cuenta que hay miles de personas que en este país están movilizados, inconformes, molestos, dolidos pidiendo respuestas y éstas no llegan.

Ha pasado casi un año y apenas osa decir que podría reunirse con los padres de Ayotzinapa. ¿En dónde y cuándo un presidente se ha comportado de esa manera? No hemos vuelto a saber el paradero de 43 y ninguna de estas palabras como indignación, rabia, vergüenza, impotencia, alcanzan a nombrar la herida que Ayotzinapa significa para México.

Hoy cada una y cada uno de los diputados que estamos aquí deberíamos decirle a los familiares de los estudiantes y a todos y todas los mexicanos, y quisiera que cada uno y cada una nos lo dijéramos a sí mismos, que queremos justicia.

Desafortunadamente la justicia está oscurecida detrás de contradicciones, omisiones y ambigüedades y todavía el día de hoy no podemos pronunciarla, porque sigue viva la herida que despertó la desaparición de 43 y la muerte de otros.

Cada día que pasa se hace más difícil pronunciar la palabra justicia, porque la incertidumbre es la que ha tenido a los familiares de las víctimas durante casi un año en un agravante intolerable. Somos un país en vilo por lo doloroso que significa la desaparición de 43, la verdad es urgente, la verdad necesaria.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales nos demuestra rotundamente que Ayotzinapa es un caso abierto, una herida abierta. Hay un vacío enorme, un contraste doloroso entre la forma valiente y desgarrada en que los familiares de los estudiantes se han esforzado en perseguir la verdad, la verdad de lo que pasó en Iguala y la forma en que el Estado mexicano les ha respondido.

Hay un contraste tremendo entre la manera de indignación de la sociedad civil mexicana e internacional que sigue recordando y exigiendo, y un gobierno que se desdice, se contradice, se deslinda y se cansa.

Con la intervención del grupo especializado han quedado en evidencia hechos irrefutables, como la deficiente capacidad investigativa de la institución federal de procuración de justicia, la precaria preparación técnica de su personal pericial, ministerial y de investigación, nula aplicación de la debida diligencia, que el Ejército y la Policía Federal tuvieron conocimiento de los hechos y no advirtieron ningún protocolo de revisión, protección e investigación. Lo que muestra, no solamente irresponsabilidad, sino complicidad por omisión.

A un año de los hechos todavía no se conoce el móvil de la desaparición de los 43 y el peor de los escenarios es el manejo institucional y tendencioso de las investigaciones.

El grupo de expertos manifiesta una cuestión trascendente, se indica que uno de los factores que hicieron posible la desaparición de los estudiantes de Iguala fue el extendido prejuicio que existe entre las autoridades y la población en contra de los estudiantes normalistas, quienes son vistos como revoltosos, incendiarios y, además, pobres e indígenas.

El resentimiento a la desconfianza en contra de los llamados ayotzinapos fue un elemento muy importante para que se levantara una nube de silencio y complicidad a su alrededor. El desprecio por el otro fomenta la violencia. Eso dice el informe.

Quiero llamar la atención sobre esto, porque es un problema que va más allá de la búsqueda de responsables particulares de las autoridades y de las atrocidades que se cometieron en Ayotzinapa y ahorita apunta a un grupo vulnerable, los estudiantes pobres de México, los normalistas, porque nuestros estudiantes no pueden ser el otro que se señale, que se distinga, que se marginalice del resto de la sociedad.

México ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos, que lo constriñen a actuar responsablemente y sujetarse al escrutinio de los mecanismos de revisión del derecho internacional.

Las autoridades, elementos del Ejército y de las policías que intervinieron o estuvieron presentes sin actuar deben ser llamadas a cuentas. La procuradora Arely Gómez tiene una responsabilidad trascendente frente a este informe y debe comparecer ante este pleno, lo exigimos.

El procurador en ese entonces, Murillo Karam, debe ser investigado y responder por la deficiencia de la investigación y por la información tendenciosa y mentirosa que vertió sobre los hechos.

Este Congreso debe asumir su compromiso para establecer la normatividad, para hacer un seguimiento puntual al informe de especialistas y tener resultados positivos. Ustedes ni ven ni oyen, siguen la misma tradición.

Hoy es necesario encaminar todos nuestros esfuerzos para saber la verdad. Necesitamos, queremos, deseamos encontrarlos. Los necesitamos para curar heridas, para cerrar duelos, para abrir nuevos caminos, para saber la verdad, para que haya justicia, justicia para los 43.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por siete minutos, el diputado Guillermo Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, y la verdad histórica resultó la mentira histórica.

El informe de los seis meses de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado a conocer el pasado domingo 6, es alarmante.

La verdad oficial de la Procuraduría General de la República queda en entredicho. Es una historia fabricada a lo que las evidencias físicas y los peritajes demuestran que no es posible que haya ocurrido.

Este hecho es por sí mismo gravísimo, porque nos muestra la intentona desde los más altos niveles de gobierno para manipular la justicia y continuar ocultando la verdad sobre el paradero de los estudiantes y el móvil de la agresión masiva.

Esto sólo acrecienta la percepción de amplias capas de la sociedad sobre la responsabilidad del Estado en este crimen. Nadie creyó en la supuesta versión oficial. Las nuevas aportaciones científicas y evidencias aportadas por los forenses argentinos y por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sepultaron la supuesta verdad histórica, anunciada por el entonces procurador general de la República, que intentó dar carpetazo a la investigación y dejar atrás el crimen de Ayotzinapa.

Después de meses de investigación y estudio, los expertos independientes dieron a conocer los resultados demoledores de las supuestas conclusiones sobre la desaparición y posible asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las conclusiones señalan que no existe ninguna evidencia que apoye a la hipótesis generada con base en testimonios, sin pruebas, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula, por lo que se debe continuar la búsqueda de los estudiantes.

En sus más de 500 páginas, la investigación independiente critica la inacción de las fuerzas federales ante los hechos. Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz del trágico crimen.

El informe del grupo demuestra la incapacidad de nuestras autoridades judiciales y de investigación, pues dicho informe nos demuestra que se fabricaron pruebas, se afectaron evidencias y que se utilizó la tortura como método de inculpación.

Y se obtuvo lo que dan esos métodos, verdades a medias, mentiras completas, encubrimientos y chivos expiatorios.

No obstante, y más allá de estas importantes conclusiones que desmienten los resultados del gobierno mexicano, es necesario hacer algunas reflexiones sobre los hechos de Ayotzinapa.

La mala actuación de la Procuraduría ha dañado profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Ha socavado la imagen de México en el exterior, al grado de dejarla como si de una República bananera se tratara. Pero lo más grave es que ha puesto en entredicho las actuaciones judiciales, y por tanto, abre una vía ancha para que los autores materiales pudieran salir libres de todo cargo. Esto, señores y señoras, es inaceptable.

Recordemos que la Procuraduría trató de ocultar los sucesos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Con ello se trató de ocultar la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, que sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto la complicidad del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos.

Sí, es cierto, ya no tenemos a un Gustavo Díaz Ordaz, pero en su lugar tenemos una alianza entre las autoridades de Iguala, policías estatales y federales, fuerzas del Ejército y un cartel del narcotráfico.

La realidad ha demostrado que Ayotzinapa es el símbolo manifiesto de que algo muy hondo se rompió en el cuerpo de la nación, después de esos lamentables hechos ya nada es igual, nada puede ser igual.

Y no es que anteriormente no hubiera violencia ni existiera descomposición en las instituciones, pero Ayotzinapa marcó un punto de inflexión, porque develó el verdadero rostro del México actual: la injusticia, la impunidad y la crisis humanitaria por la que atraviesa el país.

La desaparición forzada de personas se ha convertido en un problema de Estado y no de un gobierno. Si no, recordemos las administraciones pasadas, en la que en la pasada hubieron más de 20 mil desaparecidos y en estas vamos miles ya contando

Afrontarlo requiere ante todo de voluntad política para empezar aceptando todas y cada una de las recomendaciones que contiene el informe. La desaparición forzada de personas en México es una estrategia del terror, una forma del control de la población, donde participan policías municipales, estatales, federales, el Ejército, presidentes municipales, gobernadores y no sabemos hasta qué grado algunas ramas del Poder Ejecutivo federal, un crimen que le es funcional al Estado y del cual se benefician las transnacionales y el crimen organizado.

En México el uso del miedo, del terror, ha sido un mecanismo para inmovilizar procesos sociales o esfuerzos y luchas en las comunidades. Los recuerdos de incontables experiencias de terror han forjado una memoria del mismo que ha sido empleada como instrumento de control social. Detrás de la brutal violencia que vivimos en México está la lucha por el territorio y los recursos.

Ayotzinapa, se convirtió en un claro símbolo de la situación del país, en síntoma de una enfermedad grave, pero también en emblema de la inusitada reacción colectiva de la sociedad civil mexicana.

La desaparición de los normalistas fue lo que terminó develando al verdadero México. Desde los sucesos la indignación por los normalistas desaparecidos traspasó muy rápido a Guerrero, se extendió por todo México y ha llegado a diversos rincones del mundo.

Hoy los padres, sus representantes legales y organismos defensores de derechos humanos, así como los normalistas, se mantienen firmes por la presentación con vida de los 43 estudiantes y persisten en su justa demanda por encontrarlos. Y seguiremos en ellas hasta que aparezcan y se castigue a los responsables, porque es un reclamo nacional e internacional.

Por su parte, mientras los padres y la sociedad demandamos justicia, el gobierno no da señales claras por llegar a la verdad. En cualquier país democrático, el gobierno habría caído por un caso como el de Ayotzinapa. Hay cosas que no resisten en democracia, pero sí en el autoritarismo. No se debe encubrir a nadie. Todos los responsables por acción o por omisión, sin importar jerarquía, nivel o filiación política, deben de ser castigados de manera ejemplar.

No, señores y señoras; no basta con solo los discursos y la rasgadura de vestiduras. Necesitamos una solución a esta crisis, por favor, dejen a un lado la hipocresía. Son 43 jóvenes estudiantes como el que les habla, que les truncaron sus sueños por luchar por un México distinto.

Aquí todos han hablado de lo que pasó, pero nadie habla por qué estaban luchando esos jóvenes. Esos jóvenes estaban luchando por un país distinto, esos jóvenes estaban luchando por que la realidad del país cambiara.

Las y los jóvenes nos sentimos profundamente dolidos. Pareciera que en este México el ser joven y estudiante fuera todavía peor que ser delincuente. ¿Qué futuro le espera a un país que desaparece a los futuros maestros? ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos?

Amigas y amigos, hace casi un año en que agentes del Estado mexicano secuestraron a 43 estudiantes. Un año que no sabemos su destino, un año sin ninguna investigación veraz por parte del gobierno, un año en la zozobra, un daño adoloridos, un año en la mentira, un años sin justicia, sin cuerpos, sin olvido. Casi un año de la noche sangrienta de Iguala.

Seguimos esperando, seguimos gritando justicia, justicia, justicia. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por siete minutos el diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Con su venia, diputado presidente. Cierto es, como ya se ha dicho, que dentro de unos días está por conmemorarse un año de los terribles acontecimientos suscitados en Iguala, y también mucho se ha mencionado del dolor que esto ha provocado en nuestro país.

Pero les quiero decir a todos los que me han antecedido en la palabra que a nadie le ha dolido más que a los guerrerenses. Nadie padeció más el asunto, la tragedia de Ayotzinapa, como lo padecimos los guerrerenses, porque después de ello se presentaron un gran número de manifestaciones, de bloqueos, de amenazas, de persecuciones, y todo lo que los medios nacionales consignaron.

Y esto me obliga a mencionar, retoma vigencia las palabras de Mao Tse-tung que dicen: La historia como la justicia, es siempre un asunto de otros hasta que te alcanzan.

Y el tema de Ayotzinapa es un asunto de México, es un asunto de todos los que estamos aquí. No es simplemente echar culpas o señalar a los de al lado o señalar a gobiernos de diferentes instancias.

Pero es importante también hacer un recuento de cómo se presentó esto, cuál es el origen del problema de Ayotzinapa. El origen es la presencia de un gobierno municipal corrupto y vinculado con el crimen organizado, avalado, impulsado y respaldado por el Partido de la Revolución Democrática.

El origen es una atención tardía e ineficaz de un gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero, que no supo qué hacer con el problema, que no supo atenderlo y no supo resolverlo, como el primer responsable directo de un asunto, de un crimen y de una tragedia suscitada en un municipio de su estado. Gobernador también impulsado por el PRD y avalado por el Partido Acción Nacional en la contienda electoral en la que resultó triunfador.

La realidad es que hoy sigue habiendo 43 jóvenes que no han regresado a sus hogares, y esa es la verdadera tragedia, esa es la verdadera tragedia. La verdad seguramente podríamos debatirla desde diferentes aspectos.

El Partido Verde Ecologista de México se suma a la exigencia de que conozcamos –por lo menos– una versión jurídica suficientemente sólida, suficientemente probada –en los hechos– para dejar medianamente satisfechos a la mayoría de los mexicanos.

El 26 de septiembre del año pasado, concuerdan y coinciden tanto los expertos de este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como los peritos de la Procuraduría General de la República en muchas cosas, en muchas cosas.

Más del 80 por ciento de las investigaciones son coincidentes; sin embargo, nos tiene discutiendo el tema, el informe presentado el 6 de septiembre pasado en el cual este Grupo Interdisciplinario menciona que fue imposible que fueran calcinados 43 seres humanos en ese basurero de Cocula.

Es probable, yo no puedo desacreditar el dicho de unos peritos, pero me parece también irresponsable tratar de desacreditar el dicho y las investigaciones de los peritos con la misma calidad y mismas credenciales que el perito traído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece irresponsable y riesgoso además.

Cierto es que esta nueva información obliga al gobierno de la República y a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo y abrir nuevas líneas de investigación. Irrefutable, nadie discute de ello.

El propio presidente de la República inmediatamente a que se dieron a conocer los informes de este grupo interdisciplinario informó y dio instrucciones para que se lleven a cabo y se investiguen todas las posibles líneas de investigación anteriores o nuevas. También dio a conocer su interés por reunirse con la mayor prontitud posible, nuevamente con los padres de los jóvenes aún desaparecidos.

Esto no tiene por qué frenar las investigaciones. Se tiene que corregir si es que hubieron errores u omisiones, pero vuelvo al mismo punto anterior, todo tiene un origen y no podemos olvidar que las investigaciones y las averiguaciones que hoy están en manos de la Procuraduría General de la República iniciaron en manos de la Policía Municipal de Iguala, y de la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero. Fueron ellos los que asistieron, primero que nadie, al lugar donde se presentaron los hechos, y si las pruebas fueron manipuladas, fueron manipuladas por los gobiernos perredistas de Guerrero.

Ciertamente no tenemos certeza qué fue lo que pudo haber pasado con estos 43 jóvenes. Sabemos lo que sucedió por las coincidencias en las indagatorias, sabemos que los jóvenes el 25 de septiembre ya habían secuestrados dos autobuses y estaban en la ciudad de Chilpancingo.

Sabemos que el día 26 de septiembre se trasladaron a la ciudad de Iguala curiosamente y sin que nadie haga énfasis en ello sin explicar el motivo de un procedimiento que no era regular para los jóvenes de Ayotzinapa, sin que nadie explique por qué enviaron a puros jóvenes de primer semestre que no tenían ni siquiera idea a lo que iban y que además los mandaron sin teléfono celular, a todos ellos, incomunicados, y nadie explica eso.

Y nadie explica por qué Andrés Manuel López Obrador impulsó la campaña y la candidatura de José Luis Abarca, cuando tuvo en sus manos un expediente que lo vinculaba con el crimen organizado y cuando se le acusa. No es mentira, el expediente se lo puso en sus manos un precandidato que se llamaba Óscar Díaz, él lo puso en sus manos.

Más triste que eso, más triste que eso, no solamente no hizo nada Andrés Manuel López Obrador, lo siguió impulsando y a través de Lázaro Mazón, que era su precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero, lo respaldaron y fueron los primeros en defenderlo cuando se presentaron los lamentables hechos. Eso es una realidad, los hechos están consignados y en Guerrero todos lo saben. Los invito a que recorran Guerrero, los invito a que visiten Iguala, los invito a que conozcan Ayotzinapa.

Y, para concluir, simplemente nadie, nadie, nadie en esta plenaria deberá oponerse por supuesto a que asista la procuradora general de la República y que informe los avances de la investigación, pero también necesitamos exigir que asista Lázaro Mazón, que asista Andrés Manuel López Obrador, que asista Armando Ríos Piter, que hoy está más preocupado por obtener la dirigencia nacional de su partido y no de explicar sus vínculos con José Luis Abarca y con María de los Ángeles Pineda. Que asistan a dar a conocer lo que conocen, que asistan a informar.

Me sorprende que el Grupo Parlamentario de Morena tenía tanto interés en tocar el tema, pero no menciona su relación, no menciona su origen, no menciona a dónde fue a dar el dinero que José Luis Abarca pagó por ser candidato y que seguramente financió la creación del apéndice del PRD, que es Morena. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra hasta por siete minutos, la diputada Cristina Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Espere un momento, por favor diputada. Adelante, diputada Gaytán.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, no es el PRD quien ha dado un uso político a la desgracia de Iguala y ha quedado claro que la verdad se manifestará.

No evadimos las responsabilidades, Abarca está en la cárcel, el gobernador renunció y yo les diría, diputadas y diputados, ¿quién es el alcalde que está en su casa, el alcalde de Cocula y que pertenece al PRI?

Lo que esperan los padres, las madres, los hermanos es justicia y verdad. Sin duda algo impensable para un partido político violador sistemático de la ley, como el Partido Verde.

Vamos a recordar, claro, pero vamos a recordar 1968, vamos a recordar el halconazo, vamos a recordar Aguas Blancas, vamos a recordar el ABC. Compañeras y compañeros, a esos crímenes ni perdón ni olvido.

Los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre representan para las y los mexicanos no sólo un episodio doloroso que nos llena de indignación, sino que pone al descubierto la descomposición del tejido social, y lo más grave, la crisis ética y de justicia que este país enfrenta.

Estos hechos conmocionaron las conciencias de propios y extraños y constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometida en suelo mexicano, que marcará a este régimen.

Pero no seamos ilusos, compañeras y compañeros, no se trata de un hecho aislado, sino de un conjunto de circunstancias que derivó en tan terribles hechos. Estos hechos son producto de más de 30 años de erráticas políticas de seguridad, agravadas por la masiva presencia militar en las calles de nuestro país.

Es menester decirlo con claridad, no estamos solamente frente a una crisis de seguridad pública, nos encontramos ante una grave crisis humanitaria, en la que se han registrado miles de desaparecidos y muchos más muertos y una cantidad innumerable de casos de tortura y desplazamiento, en la cual el papel del Estado, como garante de los derechos fundamentales, ha sido prácticamente nulo y sus agentes, los garantes de nuestros derechos han actuado como cómplices de la criminalidad organizada.

Esta crisis de credibilidad y confianza llevó a diversos organismos y organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otros, a sumarse a la búsqueda de los 43 y obligó al mismo gobierno a firmar un acuerdo de asistencia técnica para solicitar investigadores especializados en derechos humanos y, particularmente, en casos de desaparición forzada, reconociendo al propio tiempo la incapacidad institucional de las autoridades, la cual ha quedado demostrada de manera fehaciente con el contenido del informe del grupo interdisciplinario.

En el mes de enero, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, el procurador del emblemático ya me cansé, dio a conocer en conferencia de prensa que los 43 estudiantes habrían sido incinerados en un basurero en Cocula, Guerrero, sin mayores pruebas que los dichos de dos de los detenidos por el caso.

Sin embargo y a pesar de las declaraciones públicas del gobierno, el grupo interdisciplinario de expertos independientes no ha gozado de las garantías necesarias para el desarrollo de sus labores. Tan es así, que no ha podido interrogar directamente a los militares del 27 Batallón de Infantería. La PGR tampoco ha aclarado la supuesta presencia de militares entre los 43 estudiantes desaparecidos.

Resulta inaceptable que la institución encargada de procurar el derecho a la justicia de todas y todos los habitantes del territorio nacional haya incumplido con sus obligaciones constitucionales y legales, provocando con ello no solamente el descrédito de México ante la comunidad internacional, sino principalmente la violación sistemática de los derechos de las víctimas directas e indirectas del crimen.

Exigimos la inmediata renuncia de la procuradora general de la República, Arely Gómez. Exigimos que se inicien los procedimientos de juicio político en contra de Jesús Murillo Karam, por encubrimiento, asociación delictuosa, abuso de autoridad, delitos contra la dignidad de las personas, sin menoscabo de los procedimientos en materia penal, administrativa y civil que correspondan.

Cuarenta y tres estudiantes fueron desaparecidos y hasta hace unos días todas y todos nos preguntábamos, ¿Qué llevó a los responsables de la desaparición a actuar en contra de los muchachos? ¿Por qué un acto común para los movimientos estudiantes, como la toma de camiones desató reacciones de tal nivel de violencia?

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos nos revela parte de esa verdad que pretendieron mantener oculta y abre una nueva línea de investigación que nos llevará a conocer la verdad.

Resulta preocupante que los chicos hayan tomado el camión equivocado, al haber de por medio la existencia de drogas o dinero ilícitos en uno de los autobuses.

Si esta realidad por sí misma resulta dura e indigna, lo son aún más las conclusiones que señalan claramente el condenable actuar de las autoridades encargadas de investigar y esclarecer los hechos, autoridades encargadas de garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos, especialmente de garantizar los derechos que, como víctimas directas e indirectas, tienen los estudiantes y sus padres, sus madres, sus hermanos, sus amigos, su familia.

En el informe de sus actividades, el grupo precisa que la PGR ha sido omisa durante el desarrollo de la investigación, entre otras cosas debido a que se han ejecutado actos y se ha incurrido en omisiones que han producido un daño.

Se ha retardado y entorpecido maliciosamente o por negligencia la administración de la justicia. Se han alterado, destruido, perdido, perturbado, modificado ilícitamente el lugar de los hechos. Se ha desviado y obstaculizado la investigación.

En concreto, no se realizaron correctamente los peritajes, se ocultaron pruebas y se rompió la cadena de custodia, derivando esto en el deterioro irreparable de las evidencias. A pocos días de cumplirse un año de los acontecimientos, la procuradora únicamente atina a pedir la reposición de los peritajes.

La construcción de su verdad histórica mostró el verdadero rostro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nos mostró su gran mentira histórica, la irresponsabilidad, la insensibilidad de ignorar el dolor de las familias.

El informe presentado coloca a la Procuraduría no solo como responsable de obstaculizar las investigaciones y actuar con ineptitud, sino que la coloca a los ojos de la opinión pública nacional e internacional como encubridores y cómplices de los delincuentes responsables de que nos falten 43.

Es indispensable un proceso de reconciliación nacional, cuyo inicio será el nombramiento de un nuevo procurador o procuradora general de la República, que tendrá como primera encomienda la designación de una fiscalía especial para atender el caso.

Es por eso que a nombre propio y del Partido de la Revolución Democrática me presento en la máxima tribuna de esta nación a exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto, primero, acatar de manera inmediata las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, a fin de determinar la verdad sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre, y que condujeron a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Segundo. La urgente necesidad de, como lo ha señalado Amnistía Internacional, reencaminar las investigaciones abriendo las líneas omitidas por la PGR, que incluyen el quinto camión y el posible uso de hornos de cremación públicos y privados.

Tercero. Llevar ante la justicia a aquellos que cometieron fallas e inconsistencias durante las investigaciones, lo que ha impedido hacer justicia.

Específicamente que esta Cámara inicie los procedimientos de juicio político en contra de Jesús Murillo Karam por delitos en contra de la administración de justicia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 110 constitucionales, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Penal Federal.

Cuarto. Exigimos que se cree de manera inmediata la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, cuyo titular debe ser nombrado tomando en consideración la opinión de las familias de las víctimas, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado la investigación. Y de manera urgente, necesaria e impostergable destinar todos los recursos con los que cuenta el Estado mexicano para mantener activos los procesos de búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que somos semilla. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaytán. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por siete minutos, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores. El pasado domingo 6 de septiembre, el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entregaron a las autoridades mexicanas, el informe de sus trabajos de investigación realizados durante más de seis meses, en torno al caso de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que están desaparecidos, así como 3 estudiantes asesinados el 26 de septiembre del año pasado.

El informe consta de una introducción, seis apartados y un anexo, todo esto en más de 500 páginas y sus conclusiones son contundentes. En este sentido, la verdad histórica, expuesta por el entonces procurador Murillo Karam, ha resultado ser un engaño, un fraude, una mentira histórica, que deja enormes lagunas respecto al paradero de los estudiantes desaparecidos, pero también un gran deterioro de las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia, y por supuesto del gobierno de Peña Nieto.

La desaparición de los 43 normalistas, y el asesinato de tres de ellos, rebasó en mucho los límites de un conflicto político, municipal o estatal, para convertirse en un tema nacional e incluso internacional. En muchas de las principales ciudades del país se han realizado movilizaciones de protesta, indignación, que exigen la presentación de los hoy desaparecidos y estas expresiones se han hecho también en varias ciudades del mundo.

Es indudable que el gobierno mexicano no ha actuado en la línea de resolver el conflicto, sino simplemente de administrarlo. Bajo la perspectiva, que con el paso del tiempo y la difusión de una versión increíble de los hechos, disminuiría la indignación social nacional e internacional.

A casi 12 meses de la masacre de Iguala, se ha demostrado que la política del gobierno de Peña Nieto ha sido profundamente equivocada. Pretendiendo siempre presentarse como una persona al margen del conflicto, el presidente Peña Nieto ha declarado su dolor e indignación, sin entender que sus palabras tienen escasa credibilidad entre las mexicanas y mexicanos y en la opinión pública internacional, alimentando las sospechas de la desaparición forzada y del crimen de Estado.

Esta actitud gubernamental ha sido acompañada de un constante engaño a las familias de los desaparecidos, quienes han tenido que soportar el dolor por la desaparición de sus hijos y el desdén, desatención e incumplimiento de la promesa Presidencia.

Acción Nacional reitera su condena al hecho y la consternación que nos provoca los resultados presentados por el grupo de expertos independientes, ya que este documento pone al descubierto la profunda corrupción e impunidad que imperan en el sistema de procuración de justicia de nuestro país.

En México tenemos un gobierno que pregona haber llegado a conclusiones ciertas y objetivas, cuando las pruebas científicas apuntan a que son falsas mostrándose así como un gobierno que usa la mentira y el engaño para encubrir asesinatos y desapariciones forzadas.

A casi un años de los hechos, ni se ha encontrado a los estudiantes ni se ha encontrado la verdad, pero eso sí, este gobierno ha sido incapaz de afrontar la violencia política y social.

Acción Nacional quiere subrayar aquí algunas de las contradicciones existentes entre el informe del grupo especializado y la versión oficial construida por el gobierno de Peña Nieto.

Un punto central es el referente a la pira te fuego en donde supuestamente fueron quemados los 43 estudiantes normalistas. La Procuraduría General de la República sostuvo en diversas ocasiones que los cuerpos de los jóvenes habían sido incinerados en el basurero municipal de Cocula.

En contraposición a esta afirmación, el informe de la comisión afirma –textualmente– que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014.

A los panistas nos indigna que el modelo de combate a la violencia de este gobierno sea la manipulación, el maquillaje y la mentira. Según la verdad histórica de la PGR, los policías de Iguala detuvieron a los 43 normalistas en la calle Juan N. Álvarez y luego los entregaron a policías municipales de Cocula, quienes a su vez los entregaron a una célula de cartel conocido como: Gorreros Unidos.

Basándose en declaraciones y peritajes realizados por su propio personal, la PGR concluyó que esta célula de sicarios trasladó a los normalistas hasta el basurero municipal de Cocula, donde los asesinaros e incineraron hasta convertirlos en cenizas en un lapso de 16 horas.

Según la PGR esta combustión a mil 600 grados, se logró con 15 llantas, ramas y botellas de plástico que los homicidas recogieron de la basura.

Sin embargo el grupo de expertos realizó su propio peritaje, para lo cual invitó al doctor José Torero, experto en materia de fuego y seguridad, acreditado por las universidades de Berkeley, de Edimburgo, de Queensland, y reconocido por esta experiencia por la Royal Society, de Escocia; y sus conclusiones fueron contundentes.

Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Los expertos indicaron que la evidencia recolectada hasta el momento, no permite inferir mayores conclusiones acerca de los presuntos eventos ocurridos el 27 de septiembre o su correlación con las hipótesis establecidas con base en testimonios.

La lista de pruebas que exhibe el grupo de expertos para refutar la versión de la PGR es larga. En primera instancia los peritajes del doctor Torero demuestran que para reducir a cenizas a 43 cuerpos estando al aire libre, habrían sido requeridas no 15 llantas y algunas ramas, sino 30 mil 100 kilos de madera y 13 mil 300 kilos de neumáticos.

Además, aun si hubiera sido posible reunir todo este material para incinerar a los 43 cuerpos, la pira debería haber permanecido ardiendo alrededor de 60 horas, y no 16, como asegura PGR.

Siguiendo el informe del grupo especializado, la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los normalistas contiene graves irregularidades, y por esto sostenemos que deben ser revisadas con detenimiento y en su caso rectificarse.

Y sin lugar a dudas deben sancionarse a los funcionarios responsables ya sea por omisión, por comisión, por incompetencia profesional o por complicidad política o delincuencial.

Para Acción Nacional sólo hay dos posibilidades: o una aprobada falta de capacidad de quien llevó a cabo la investigación; o lo que sería aún peor, un encubrimiento de los hechos ocurridos, de ser cierto lo informado por el grupo de especialistas. Entonces esto sería algo muy delicado en donde tiene que haber responsables.

Recientemente el presidente de la República declaró que él era el primer interesado en dejar claro lo que ocurrió en Ayotzinapa. Creemos que hace meses, muchos meses, esto debió habérselo exigido a su procurador y a su propio equipo de gobierno.

Señor presidente, la responsabilidad política no se asume con declaraciones de coyuntura, y los problemas de seguridad tampoco se resolverán con nombramiento como pago de favores políticos, como es el que ayer se hizo y se dio a conocer en la persona de Arturo Escobar, líder del Partido Verde Ecologista de México, como subsecretario de Prevención del Delito, tema que desconoce absolutamente; es una falta de respeto a los mexicanos.

De lo anterior se desprende que la versión de la PGR es un mito genial. Es el argumento de un gobierno que emplea la mitomanía para evadir la responsabilidad y que engaña compulsivamente en lo político, en lo económico y en todo lo que puede...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, por favor.

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Pase lo que pase, el sexenio de Peña Nieto pasará a la historia como un engaño. Señoras y señores legisladores, Acción Nacional propuso el pasado 7 de septiembre a la Junta de Coordinación Política la formación de una comisión especial para dar seguimiento a este enorme problema. La Junta aceptó la propuesta y con esto el Poder Legislativo se apresta una vez más a participar activamente en los problemas nacionales tal y como es su responsabilidad.

En la sesión pasada también hicimos la...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, por favor, diputada.

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En la sesión pasada también hicimos la propuesta a esta Cámara para acordar que el 26 de septiembre sea declarado Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Esperamos que esta propuesta de Acción Nacional sea aprobada. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Murguía. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por siete minutos la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ha pasado casi un año desde los hechos ocurrido en Iguala y Cocula, y hoy el sentimiento de indignación es el mismo. Como mujer, pero sobre todo como madre, comprendo muy bien el sufrimiento y el dolor por los que pasan las familias de las víctimas. Son hechos que no debieron haber sucedido nunca y que nunca deben repetirse.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI nos solidarizamos con las familias de los jóvenes desaparecidos y los respaldamos en su lucha en este recinto, pero también en las calles; en las calles de nuestro país, en las escuelas, en el campo, en las fábricas, en las organizaciones civiles y en cada rincón del territorio nacional. No existe un solo mexicano que no exija con urgencia el esclarecimiento total de estos indignantes hechos y el castigo a los culpables.

El pasado domingo seguimos con gran interés la presentación del informe que emitió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Debemos recordar que este grupo de expertos integrado por profesionales de varias nacionalidades, vino a nuestro país y realizó su trabajo a solicitud del gobierno de la república. Para hacerlo se le brindaron todos los recursos materiales y financieros necesarios.

En el mismo informe, el grupo de expertos destaca y agradece la accesibilidad y colaboración del gobierno mexicano para facilitarles su labor, con acceso total a los expedientes y a los peritajes, los elementos logísticos y la permanente comunicación con la Procuraduría General de la República. El objetivo planteado se alcanzó y este grupo pudo realizar su trabajo.

El informe señala coincidencias y diferencias con la investigación de la PGR, y ante esto la autoridad federal ha aceptado las recomendaciones expresadas en el reporte. El gobierno federal ha manifestado su disposición a integrarlas a la investigación oficial y que se realicen nuevas diligencias y peritajes para esclarecer los hechos.

Además, el propio presidente Enrique Peña Nieto ha confirmado la solicitud del gobierno mexicano para ampliar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El objetivo es ampliar sus investigaciones y que su trabajo continúe aportando importantes elementos para el esclarecimiento de los hechos.

También hay que ser muy claros, en este asunto que nos lastima, y nos lastima a todos y también nos indigna, no es admisible hablar de impunidad. El informe presentado por el grupo de expertos y la investigación realizada por la autoridad coinciden en señalar a los autores intelectuales y materiales. En la cárcel están 110 presuntos responsables que enfrentan a la justicia, y seguramente pagarán las consecuencias de sus actos.

Debemos insistir en lo comprensible que es el reclamo de justicia, el reclamo de justicia de los familiares y de las víctimas. Quiero ser muy clara, el tono de estas madres y de estos padres, por muy alto que sea, por muy fuerte que suene, es el tono de la voz de las madres y los padres que expresan con dolor la angustia de no saber con certeza dónde están sus hijos.

Por ello, celebro y reconozco la sensibilidad y solidaridad del presidente Enrique Peña Nieto, quien sin dudarlo ha mantenido comunicación directa con los padres de familia. Y que en los próximos días de frente y viéndolos a los ojos hará patente lo que su gobierno ha dejado muy claro, que no se escatimarán recursos humanos, esfuerzos ni voluntad política para llegar al fondo y al esclarecimiento de estos hechos.

Como he manifestado en reiteradas ocasiones, en la PGR estamos en presencia de una investigación abierta y en curso, que de manera notoria ha desplegado recursos humanos, técnicos, científicos y materiales, sin precedentes, consistente en la brutalidad de los hechos que están siendo investigados.

Esta investigación, gracias al trabajo coordinado entre grupos de expertos y las instancias investigadoras, hoy cuenta con más elementos y nuevas líneas de investigación. Toca ahora a la autoridad ministerial redoblar esfuerzos para agotar la investigación y deslindar responsabilidades.

México necesita conocer las causas y el origen de hechos...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Les pido, por favor, compañeras y compañeros diputados, que respeten a la oradora en turno. Entre pares nos debemos respeto, para que en un marco de civilidad podamos desarrollar nuestros trabajos.

No están permitidos este tipo de manifestaciones, de expresiones que distraen a la oradora. A todo mundo se le escuchó con comedimiento, con respeto. Les pido que hagan lo mismo con la diputada que está en el uso de la palabra.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Señor presidente, le solicito detengan el reloj, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Además están ahí, compañeras y compañeros, tapando, cubriendo el Escudo Nacional. Les pido serenidad, no dejarse llevar por la pasión. Les pido que no distraigan la atención de la diputada en el uso de la palabra, a todo mundo se le escuchó con comedimiento, respeto y civilidad.

Les pido que con cordura se expresen y no distraigan los trabajos, no obstruyan los trabajos de esta plenaria. Es un asunto muy delicado el que estamos abordando.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Señor presidente, solicito, con mucho respeto, conduzca la sesión con apego a la ley y conmine al orden. Nosotros hemos escuchado con atención y respeto a quienes nos han antecedido en la palabra y solicitamos lo mismo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  En el mismo sentido se ha expresado esta Presidencia, diputada, exigiendo respeto para su participación, como se hizo con todos los demás. Permitan la libre discusión de las ideas, compañeras y compañeros diputados. A todo mundo, reitero, de los que han participado, se les ha escuchado con respeto.

Yo les exijo lo mismo también, en este caso concreto. A quienes están ahí al frente, debajo de la tribuna, les pido por favor que no distraigan a la oradora y que no generen tensión en la asamblea. Se los pido con todo respeto y comedimiento, compañeras y compañeros diputados. Así no podemos continuar, compañeras y compañeros.

Para conducir la sesión ordenadamente, esta Presidencia, lo saben muy bien, no tiene más que el Reglamento y la colaboración de las y los diputados. Les pido que colaboren en este propósito. Ya se vieron, se visualizaron sus expresiones.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Le solicito, señor presidente, sea repuesto el tiempo que estaba contemplado en el reloj.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Así será, diputada Ortega.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: México necesita conocer las causas y el origen de estos hechos. Por ello, con firmeza pero con responsabilidad debemos seguir apoyando cualquier esfuerzo personal e institucional que coadyuve a esclarecer, definitivamente, estos lamentables hechos.

La fracción parlamentaria del PRI ha manifestado su apoyo para la constitución de una comisión especial de esta soberanía para dar seguimiento a las investigaciones del caso y apoyar todo esfuerzo para esclarecer los hechos que tanto indignan y lastiman a los mexicanos.

Asimismo, como legisladores, tenemos el compromiso de revisar el marco legal para garantizar que este tipo de hechos no ocurra nunca más.

En este sentido, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades locales, fortalecer las instituciones de seguridad públicas locales y redefinir el sistema de competencias en materia penal.

De igual manera, la Legislatura anterior aprobó la iniciativa presentada por el Ejecutivo, para legislar en materia de tortura y desaparición forzada, por lo que ahora es el Congreso, a nosotros compañeros, a quien nos toca expedir las leyes generales, que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos y penas crueles e inhumanos o degradantes. El fortalecimiento del estado de derecho, es una responsabilidad también de esta soberanía, por lo que no debemos de estar ajenos a nuestra capacidad y mejorarlo.

Compañeras y compañeros legisladores, desde esta tribuna, lo digo con firmeza: México, no necesita, ni quiere más confrontación, no necesita, ni quiere más encono. No creemos que debamos permitir que estos actos de violencia generen más violencia y más encono. México necesita paz y reconciliación social.

Hacemos un llamado respetuoso, a que asumamos el papel que nos toca, sin renunciar a la visión crítica, digámoslo y hagámoslo como nos corresponda, en un marco de respeto y con la mira siempre puesta en la búsqueda responsable de la justicia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ortega.

El siguiente capítulo en el orden del día de esta sesión es el correspondiente a las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura.

La Junta de Coordinación Política, en atención de los siguientes:

Considerandos

1. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene, entre otras, la facultad de aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados, así como asignar los recursos humanos, materiales, financieros y locales que correspondan a los grupos parlamentarios y, según dispone el artículo 30 del mismo ordenamiento, también a los diputados que no forman parte de ellos.

2. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 46, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política se auxiliará, para el ejercicio de sus funciones administrativas, de un Comité de Administración. El acuerdo de su creación será propuesto al Pleno, y deberá señalar su objeto, integración y  atribuciones, así como la directiva del Comité, cuya Presidencia deberá recaer en un diputado del mismo grupo parlamentario de quien presida la junta.

3. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Comité de Administración será el encargado de proporcionar a las comisiones o comités, los recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos, para que realicen las labores que tienen encomendadas; tomando en consideración los asuntos legislativos recibidos, de acuerdo al balance que se rea-lice al término de cada año legislativo.

4. Que en el desarrollo de las tareas de su competencia, la junta ha establecido como criterio que los trabajos de la Cámara se ajusten a estrictos parámetros de transparencia, racionalidad, pertinencia e impacto social en el uso de los recursos a su disposición, poniendo énfasis en la necesidad de impulsar la modernización tanto de los procesos parlamentarios como de los administrativos y financieros, en favor de una mayor eficacia en el desempeño de la Cámara, y de la debida rendición de cuentas.

5. Que el Comité de Administración, como órgano auxiliar de la junta, será el encargado de conocer, emitir opiniones y dictámenes y, en su caso, resolver respecto a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara; sobre políticas, programas y lineamientos relativos a las prerrogativas y subvenciones de los grupos parlamentarios y de los diputados; así como en lo referente a obras públicas y servicios de todo tipo.

6. Que es voluntad de la Junta de Coordinación Política que el Comité de Administración provea los elementos técnicos y normativos que coadyuven en la toma de decisiones, a efecto de profundizar en la modernización de la Cámara de Diputados para mejorar la eficacia en et cumplimiento de sus funciones constitucionales.

7. Que conforme a los principios generales de administración, resulta necesario contar con una instancia de apoyo para la toma de decisiones en las tareas administrativas que son responsabilidad de la junta, por lo que resulta procedente crear un órgano que coadyuve al mejor funcionamiento y al uso racional de los recursos de la Cámara.

Por las razones antes expuestas, los suscritos, integrantes de la Junta de Coordinación Política en la LXIII Legislatura, y de conformidad con los artículos 34 y 46, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Acuerdos

Primero.El Comité de Administración tiene por objeto brindar apoyo a la Junta de Coordinación Política, en todo lo relacionado con las atribuciones administrativas que la normatividad le asigna.

Con ese carácter, podrá elaborar resoluciones, acuerdos, normas, políticas y lineamientos; formulará el anteproyecto anual del presupuesto de egresos de la Cámara y supervisará todo lo relativo con su ejercicio, control y evaluación; vigilará y autorizará los asuntos referentes a los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de la Cámara, incluidos aquellos relacionados con prerrogativas, apoyos y subvenciones de los grupos parlamentarios, apoyos a las comisiones y a los comités, y los que, en su caso, correspondan a los diputados.

El comité participará en la supervisión de obras y servicios de cualquier naturaleza, viajes nacionales y viáticos, y demás facultades que le asigne la Junta de Coordinación Política.

Asimismo, el Comité de Administración promoverá la instauración de mejores prácticas administrativas en la Cámara.

La Junta de Coordinación Política ordenará al Comité de Administración sobre asuntos de su atención, mismos que resolverá mediante acuerdos específicos y de cuyo cumplimiento informará formalmente a la junta.

Segundo. El comité propiciará las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, y de cualquier otro ordenamiento que fortalezca el desempeño y la rendición de cuentas de la Cámara, en estrecha coordinación, en lo procedente, con la Auditoría Superior de la Federación.

Tercero.El Comité de Administración se integrará por dos diputados de cada grupo parlamentario, designados por su respectivo coordinador; el primero con carácter de titular, el segundo de sustituto. Este último podrá acudir a las sesiones de trabajo, con derecho de voz, pero sólo ejercerá el voto cuando no asista el titular.

Cada coordinador podrá solicitar la sustitución de un miembro de su grupo parlamentario, en los términos previstos por el artículo 44, numeral 2, de la Ley Orgánica.

Cuarto. El Comité de Administración quedará integrado por los siguientes diputados:

Quinto.A las reuniones del Comité de Administración concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz pero sin voto, acompañado del secretario de Servicios Administrativos y Financieros y, en su caso, de los funcionarios que requieran los temas a tratar.

Para los efectos de suplencia del Secretario General en las reuniones del Comité de Administración, se estaré a lo dispuesto por el artículo 52, numeral 2, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto.El Comité de Administración será presidido, anualmente, por el diputado perteneciente al grupo parlamentario de quien presida la junta.

Séptimo.El presidente tendrá facultades para convocar a las reuniones del comité. Serán reuniones ordinarias aquellas que tengan por objeto dar seguimiento a los asuntos programados; serán extraordinarias cuando por su urgencia o relevancia deba resolverse sobre asuntos que así se consideren. Las reuniones ordinarias deberán celebrarse por lo menos una vez al mes, mediante citatorio escrito remitido con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas; el citatorio para las extraordinarias será igualmente por escrito y, en ambos casos, se deberá contar con el acuse de recibo correspondiente. A las reuniones extraordinarias se convocará con la mayor antelación posible a la fecha de su celebración. Los citatorios deberán consignar el orden del día correspondiente.

En caso de que el presidente no convoque a la sesión ordinaria prevista, o a una extraordinaria solicitada, estas podrán realizarse mediante la convocatoria de por lo menos tres miembros del comité.

El Comité de Administración no podrá sesionar sin la concurrencia de los representantes de los grupos parlamentarios que, en conjunto, representen más de 250 votos, conforme al criterio de voto ponderado, acreditándose con los acuses de recibo de que todos los integrantes fueron convocados y conocieron los acuerdos respectivos.

Octavo. Para el mejor desahogo de sus tareas, el comité contará con un secretario técnico, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta correspondiente, llevará el registro de los acuerdos que se adopten, les dará el seguimiento y realizará las demás acciones que el Comité de Administración le instruya.

Noveno.El Comité de Administración procurará tomar sus decisiones por consenso; en caso de no lograrse éste, las adoptará por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, según el cual un diputado representa tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.

Décimo. El comité actuará conforme a un programa de trabajo anual que será aprobado por la Junta de Coordinación Política, dentro de los primeros 30 días de cada año de ejercicio constitucional. Para el primer año de la legislatura, el plazo será de 60 días. El comité informará a la junta, de manera mensual, sobre el avance en el cumplimiento de dicho programa.

Décimo Primero.El comité tendrá la facultad para determinar su propia organización y funcionamiento, así como los recursos que requiera para cumplir con su responsabilidad.

De igual forma, el Comité de Administración, para cumplir las facultades que le han sido asignadas, podrá organizarse en subcomités o crear los grupos de trabajo que estime conveniente, definiendo la integración y las tareas específicas de los mismos.

Décimo Segundo. En términos de lo previsto por el artículo 62 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 47, 49, 50 y 52 del Reglamento para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, la secretaría general publicará las actas y los acuerdos adoptados por el Comité de Administración.

Décimo Tercero. Lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política, que podrá revocar los acuerdos tomados por el Comité de Administración.

Transitorio

Único.El Comité de Administración comenzará a operar el mismo día en que se adopte este acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2015.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.— LXIII Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere la instalación de una mesa de trabajo con el gobierno del Estado de Guerrero y una Comisión Plural de Diputados, a efecto de reprogramar la calendarización de las ministraciones de los recursos de los fondos de aportaciones federales para dicho estado.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere la instalación de una mesa de trabajo con el gobierno del estado de Guerrero y una comisión plural de diputados, a efecto de reprogramar la calendarización de las ministraciones de los recursos de los fondos de aportaciones federales para dicho estado, a que se refiere el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Aprobado. Comuníquese.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

INVESTIGACIÓN SOBRE UNA PRESUNTA RED DE TRÁFICO DE MENORES EN EL ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  El siguiente punto es la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra por cinco minutos la diputada Sylvana Beltrones Sánchez para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la investigación sobre una presunta red de tráfico de menores en el estado de Sonora y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Sylvana Beltrones Sánchez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el asunto que estamos poniendo a consideración de esta asamblea reviste la mayor importancia y tiene trascendencia nacional, nos referimos al caso de tráfico de menores puesto al descubierto hace poco en el estado de Sonora.

La existencia de una red que operaba nada menos que bajo el amparo del DIF estatal y tenía vínculos internacionales, exige, a nuestro parecer, una investigación más a fondo, ya que las autoridades locales han demostrado una franca incapacidad e indolencia, y al parecer no vela por la pulcritud jurídica cuando existe una sospechosa omisión ante el hecho de que se han visto involucrados funcionarios públicos estatales.

Se sabe que desde el mes de marzo de este año el gobierno de Estados Unidos había alertado al procurador de Sonora, Carlos Navarro, sobre el tráfico operado por funcionarios estatales, pero no fue sino hasta el 20 de agosto, cinco meses después, que se giraron las órdenes de aprehensión contra los servidores públicos señalados que comerciaban con la vida de menores, sustrayéndolos de sus madres para venderlos al mejor postor.

Se ha consignado a 16 personas por este caso, de los cuales 14 han sido perdonados y se han identificado a 10 el día de hoy, menores registrados de manera irregular en Sonora. Pero no sabemos con certeza cuántos casos ha habido ni desde cuando operaba esta red de actividades ilícitas.

Sobre todo, es preocupante que además de la tardanza en la actuación de las autoridades locales, lo hicieron prácticamente obligados por la ventilación pública de los supuestos adoptantes, quienes en mayo se manifestaron afuera de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia en Hermosillo, para reclamar por los niños por los que habían pagado.

Sólo así actuó la Procuraduría, pero únicamente para interrogar a los funcionarios Arzate Carbajal y Hernández López, quienes se presentaron a declarar pero de manera increíble fueron puestos en libertad bajo reservas de ley, y el día de hoy se encuentran en calidad de prófugos.

Por la gravedad de los delitos que se presumen consideramos urgente y necesaria la intervención de autoridades federales, ya que el modus operandi de esta red corresponde a la tipificación de ilícitos del crimen organizado, además de que estamos frente a un posible caso de trata de personas, ya que no sabemos de qué medios se valían estos indiciados para hacer que la madres biológicas entregaran a sus hijos.

De hecho, existen testimonios de madres que fueron engañadas u obligadas en distintas formas a entregar a sus hijos, por quienes abusaron a todas luces de su calidad de autoridad.

Es necesario actuar con determinación. El problema de agresiones a niños y niñas no es privativo del estado de Sonora, hay que recordar que en Tlaxcala acaba de detenerse a un presunto pornógrafo infantil por operar en redes sociales en Argentina, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y México.

En un Estado democrático de derecho la legitimidad de cualquier gobierno tiene sustento fundamental en el irrestricto respeto a los derechos humanos, sobre todo al de los menores, que son nuestro futuro.

No hay esfuerzo suficiente ni cansancio que valga para tomarnos en serio este caso. De ahí que debemos de realizar todas aquellas acciones encaminadas a investigar estos delitos, castigar a los culpables y evitar que esto no vuelva a suceder, no solamente en Sonora, sino en todo el país.

Compañeros y compañeras diputados, el Congreso de la Unión no puede permanecer ajeno a esta lamentable situación. Por ello, las y los diputados de Sonora que suscribimos el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, les pedimos respetuosamente su voto a favor para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ejerza su facultad para conocer de violaciones graves a derechos humanos, que les fue otorgada recientemente en reforma constitucional en la materia.

Además, exhortamos a la Procuraduría General de la República para que proceda a integrar la carpeta de investigación correspondiente y así ver por el interés superior y protección de las niñas y niños, víctimas de esta lamentable situación.

Agrego que conforme al artículo 133, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, hago entrega de la propuesta final del texto con punto de acuerdo, el cual agrega un tercer resolutivo, a propuesta del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el cual aceptamos y le damos la bienvenida en mi grupo parlamentario.

Dejo a disposición de la Secretaría para su conocimiento y resolución del pleno. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la investigación sobre una presunta red de tráfico de menores en Sonora, suscrita por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben Sylvana Beltrones Sánchez, Prospero Manuel Ibarra Otero, Susana Corella Platt, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Abel Murrieta Gutiérrez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ejerza su facultad para conocer de violaciones graves a derechos humanos, y a la Procuraduría General de la República para que proceda a integrar la carpeta de investigación correspondiente respecto a la red de tráfico de menores en Sonora y víctimas de este ilícito, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El principio Universal del Interés Superior de la Infancia se encuentra establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Que “los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos” y el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

En términos de los artículos cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

De forma puntual la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece en su articulado que es derecho del niño ser inscripto inmediatamente después de su nacimiento, así como, entre otros, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos (artículo 7º). A preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la Ley sin injerencias ilícitas (artículo 8º). En consonancia la misma Convención establece la obligación de los Estados Parte de velar por que el niño no sea separado de sus padres (artículo 9º) así como luchar contra los traslados ilícitos al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero (artículo 11).

Aun cuando existe un marco nacional y convencional vasto respecto de los derechos de los niños, en México aún resta mucho por hacer en lo que respecta a su protección, puesto que los menores siguen siendo uno de los grupos más vulnerables que existen en el país; con un alto riesgo de abusos y exposición a entornos violentos en el hogar y en la escuela. Adicionalmente resulta sumamente preocupante el que México ocupe el lugar 28 en el mundo y el 5 en América Latina con mayor comercio sexual de menores.

Según datos contenidos en el Informe “La infancia cuenta en México 2013”, publicado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, se advierte que en 2012, en México existían más de 29 mil menores sin el cuidado de sus padres; el 58 por ciento eran niñas y el 42 por ciento niños; 23 por ciento pertenecía al grupo de edad de entre 0 a 6 años, y 77 por ciento, de 7 a 17 años. Estos niños y niñas viven en 703 centros de atención, 89 por ciento de estos centros es operado por organizaciones no gubernamentales y el restante por centros asistenciales del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

A finales del mes de agosto del presente año, el procurador general de Justicia del Estado de Sonora, Carlos Navarro, hizo pública la existencia de una red de tráfico de menores en la entidad que operaba desde el DIF Estatal, señalando a presuntos responsables, así como la consignación de 16 personas por la probable participación en el lamentable suceso. También se manifestó que a la fecha, se han logrado identificar a 9 menores registrados de manera irregular en Sonora.

Sin embargo ha trascendido que desde el mes de marzo, el gobierno de Estados Unidos había alertado al procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, respecto a la red de tráfico de menores en la entidad con alcance internacional, la cual era operada por funcionarios estatales; sin embargo, las órdenes de aprehensión contra los servidores públicos se efectuaron hasta después de cinco meses, y se giraron hasta el 20 de agosto del presente.

Cabe señalar que mediante oficio ICE007/2015, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos había advertido al titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora respecto a información obtenida a través de una fuente confidencial sobre un grupo de personas que vendían recién nacidos a parejas tanto mexicanas como estadounidenses, para que éstos se convirtieran en los “padres biológicos” ante la ley.

En el documento, se hace constar que con fecha 26 de marzo pasado y firmado por el agregado adjunto de Seguridad Nacional del consulado de EUA en Hermosillo, Mario H. Méndez, se notificó respecto de las actividades transfronterizas de por lo menos dos presuntos implicados en la referida red de venta de niños, misma que operaba desde 2012.

Las dos personas señaladas fueron José Manuel Hernández López, de 37 años, y Emma Consuelo Falcón, de 36 años. Según la comunicación estadounidense, Hernández López, ex director jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, era el encargado de contactar a los padres interesados para ofrecerles a los menores, mientras que Falcón Etchechury, su pareja, lo acompañaba para consolidar la compraventa de los pequeños, por quienes pagaban cantidades desde los 100 mil hasta los 180 mil pesos, pero si los interesados provenían de Estados Unidos llegaban a pagar hasta 20 mil dólares, cifra cercana a 300 mil pesos al tipo de cambio de esa fecha.

A pesar de la claridad del mensaje, la procuraduría local tardó 14 días en solicitar la presentación urgente de los probables responsables, José Manuel Hernández López y de Vladimir Arzate Carbajal, este último, ex subdirector de Asistencia Jurídica Externa y de la Línea Protege del DIF Estatal.

Como si la comunicación consular no hubiera sido lo suficientemente clara, el 8 mayo varios supuestos adoptantes se manifestaron en las afueras de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Hermosillo para exigir la entrega de los menores por los cuales habían pagado. A raíz de lo anterior, el 9 de mayo la Procuraduría de Sonora requirió a Arzate Carbajal y Hernández López, quienes se presentaron a declarar, pero, de manera inverosímil e irresponsable, sin considerar la gravedad de los indicios existentes que pudieran resultar en un caso de delincuencia organizada y otros tipos penales graves, fueron puestos en libertad con las reservas de ley y a la fecha, se encuentran en calidad de prófugos.

La situación es clara, dolorosa e indignante: Pese a ser notificada de la operación de una red de tráfico de niñas y niños en Sonora al cobijo del DIF estatal y dirigida por servidores públicos, las acciones llegaron meses después, el 27 de agosto la Procuraduría giró 16 órdenes de aprehensión, sin que hasta el momento haya resultados oficiales de las investigaciones o consignaciones firmes. La indolencia y la negligencia han sido nota distintiva de las autoridades del estado de Sonora, pues el propio procurador del estado, ha declarado públicamente que informó al gobernador de los hechos desde marzo pasado.

Las autoridades de Sonora le deben una explicación mucho más amplia a la ciudadanía; la mera emisión de órdenes de aprehensión, evidencia a todas luces, y de forma indignante, que la aplicación de la justicia por parte de los órganos encargados de la procuración de justicia se realiza de manera discrecional y sin apego a los principios constitucionales y legales para la actuación judicial en México.

La procuraduría local ha sido poco contundente, es necesaria la intervención de autoridades federales que lleven el caso a los cauces de la eficacia y la investigación seria, además de que con el simple análisis de los hechos, bien podrían configurarse ilícitos del ámbito federal, inclusive, de comprobarse la participación permanente o reiterada de las personas presuntamente implicadas, se actualizaría el tipo penal federal de delincuencia organizada.

El 27 de agosto, el procurador anunció que procederían penalmente en contra de 14 compradores y 2 vendedores de bebés, sin embargo Navarro cambió el discurso y señaló que la incertidumbre que vivieron los padres adoptivos en los últimos días, en cuanto a no saber si sus hijos se quedarían con ellos o en el DIF era un sufrimiento suficiente, lo que resultaba bastante como para no proseguir con las averiguaciones previas iniciadas en su contra. En efecto el Procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, anunció el pasado 3 de septiembre que los supuestos padres habían sido perdonados y que no se ejercitaría acción penal en contra de ellos.

La pulcritud y la legalidad del acto están en entredicho pues aún se desconocen los medios de los que se valieron la familia Vladimir Arzate y su cómplice, José Manuel Hernández para hacer que las madres biológicas entregaran a sus hijas e hijos, y si el interés superior del menor es el móvil que realmente motiva el actuar de la Procuraduría local, entonces se debe ser más responsable y más cauto con las investigaciones.

Al respecto vale la pena rescatar el testimonio de María Guadalupe García Medina, mujer de 24 años originaria de Costa Rica, Sinaloa, que llegó al DIF Sonora con su bebé de tres días de nacida a pedir ayuda para registrar a su hija, pero en ese mismo momento se la quitaron y además de no volverla a ver, se la entregaron a otra familia.

La madre asegura que internaron a su bebé en la casa hogar Unacari, donde peleaba por recuperarla, luego le negaron las visitas para después acusarla de abandonar el caso, motivo por el cual le quitaron la patria potestad.

Es necesario ser enfáticos en la protección de las niñas, niños y adolescentes mexicanos, pues situaciones como las de Sonora con las adopciones ilegales a través de una red de tráfico de menores y, de Tlaxcala donde fue detenido un presunto pornógrafo infantil que operaba a través de redes sociales en Argentina, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y México, ponen de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos en contra de aquellos que buscan, de manera ruin, lucrar con los menores, que son el recurso más valioso y lo más preciado para un país.

Es necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerza su facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos, que le fue otorgada recientemente mediante la Reforma Constitucional en la materia, para que se garantice el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las niñas y niños víctimas de esta terrible situación, respetando la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia de los que México es parte. De la misma manera, es necesaria e ineludible la actuación de la Procuraduría General de la República para subsanar el actuar torpe y deficiente de la procuraduría sonorense, además de que se configuran diversos tipos inscritos en su esfera de atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del pleno de ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 102 constitucional solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que inicie la investigación por violaciones graves a derechos humanos y por trascender el interés nacional, a fin de coadyuvar al esclarecimiento de la red de tráfico de menores que operaba al amparo del sistema DIF Sonora, reparar el daño causado a las víctimas, y que garanticen la no repetición de los lamentables hechos ocurridos en el estado de Sonora y en todo el país.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto a la Titular de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus facultades investigue la red de tráfico de menores que operaba al amparo del Sistema DIF Sonora y proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos federales de trata de personas, delincuencia organizada, tráfico de personas, cohecho, uso indebido de atribuciones y facultades, y todos los demás que resultaran imputables producto de la investigación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 10 de septiembre de 2015.— Diputados: Sylvana Beltrones Sánchez, Prospero Manuel Ibarra Otero, Susana Corella Platt, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Abel Murrieta Gutiérrez, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Lía Limón García, Yahleel Abdala Carmona, Erika Lorena Arroyo Bello, Felipe Cervera Hernández, Arturo Santana Alfaro, Alberto Martínez Urincho, Rosalina Mazari Espin, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María de la Paz Quiñonez Cornejo, María Ávila Serna, Alex Le Barón González, Juan Antonio Meléndez Ortega, Evelyng Soraya Flores Carranza, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Hernán de Jesús Orantes López, María Gloria Hernández Madrid, María Soledad Sandoval Martínez, Arlet Mólgora Glover, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Adriana Terrazas Porras, Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Xitlalic Ceja García, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, Armando Luna Canales, Francisco Saracho Navarro, Yerico Abramo Masso, Ricardo Ramírez Nieto, Timoteo Villa Ramírez, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Mariela Emilse Etcheverry Aranda, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Beatriz Vélez Núñez, Julieta Fernández Márquez, Javier Guerrero García, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Francisco Alberto Torres Rivas, María del Rocío Rebollo Mendoza, Manuel de Jesús Espino, David Mercado Ruiz, Adriana Sarur Torre, José Antonio Arévalo González, Sasil Dora Luz de León Villard, María Verónica Muñoz Parra, Salomón Majul González, Silvia Rivera Carbajal, Carlos Barragán Amador, José Lorenzo Rivera Soja, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Alejandro Armenta Mier, Samuel Alexis Chacón Morales, Carmen Salinas Lozano, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Jorgina Gaxiola Lezama, Sara Paola Galico Félix Díaz, Braulio Mario Guerra Urbiola, Cirilo Vázquez Parissi, José Alberto Cauttolene Buentello, Delia Guerrero Coronado, Fabiola Guerrero Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Mariana Arámbula Meléndez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Francisco Escobedo Villegas, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Benjamín Medrano Quezada, Alberto Silva Ramos, Carlos Federico Quinto Guillén, Antonio Tarek Abdala Saad, María del Carmen Pinete Vargas, Lillian Zepahua García, Heidi Salazar Espinosa, Erick Alejandro Lagos Hernández, Sofía del Sagrario de León Maza, José Luis Sáenz Soto, Marco Antonio Aguilar Yunes, Rosalinda Muñoz Sánchez, Ricardo David García Portilla, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Edith Anabel Alvarado Varela, Laura Valeria Guzmán Vázquez, J. Jesús Zúñiga Mendoza, José Hugo Cabrera Ruiz, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Yolanda de la Torre Valdez, Aldana José Orozco Sánchez, Wendolin Toledo Aceves, Paloma Canales Suárez, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Efraín Arellano Núñez, Salomón Fernando Rosales Reyes, Víctor Manuel Silva Tejeda, Pedro Luis Noble Monterrubio, Luis Agustín Rodríguez Torres, María del Rosario Rodríguez Rubio, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Jorge Álvarez López, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Diego Valente Valera Fuentes, Janette Ovando Reazola, Martha Cristina Jiménez Márquez, María Angélica Mondragón Orozco, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Alma Carolina Viggiano Austria, Sandra Méndez Hernández, Yulma Rocha Aguilar, Rocío Díaz Montoya, Brenda Velázquez Valdez, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Leticia Amparano Gámez, Alfredo Bejos Nicolás, Yarith Tannos Cruz, Edith Yolanda López Velasco, Alfredo Anaya Orozco, Carlos Sarabia Camacho, Cándido Ochoa Rojas, Omar Noé Bernardino Vargas, Fernando Uriarte Zazueta, David Aguilar Robles, Susana Osorno Belmont, David Sánchez Isidoro, María Guadalupe Alcántara Rojas, Alma Lilia Luna Munguía, Eloisa Chavarrias Barajas, María Verónica Agundis Estrada, José Luis Toledo Medina, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Andrés Aguirre Romero, Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Emilio Enrique Salazar Farías, Edgar Castillo Martínez, Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón, María Isabel Maya Pineda, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Martha Sofía Tamayo Morales, Enrique Rojas Orozco, Otniel García Navarro, Matías Nazario Morales, Ana Georgina Zapata Lucero, Ramón Bañales Arambula, Manuel Vallejo Barragán, Edgar Romo García, Cecilia Guadalupe Soto González, Juan Manuel Cavazos Balderas, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Tomas Roberto Montoya Díaz, Ramón Villagómez Guerrero, Daniel Torres Cantú, José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al gobierno de Sonora que por la Procuraduría de Justicia del estado difunda los resultados de la investigación incoada contra funcionarios del DIF estatal por la presunta venta y adopciones de niños, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

Norma Edith Martínez Guzmán, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, para que a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, y dentro del marco jurídico aplicable, publique los resultados que guarda la investigación contra funcionarios del DIF Estatal, por la venta-adopciones de niños; así mismo, para que a través del DIF del Estado informe las medidas que ha tomado dicho organismo para prevenir se repitan las presuntas prácticas ilegales de adopción denunciadas por los ciudadanos afectados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 27 de agosto del año en curso, diversos  medios de comunicación nacionales, dieron a conocer a la opinión pública el descubrimiento de una red de tráfico de niños en el estado de Sonora, en la que estaban involucrados funcionarios del Sistema DIF de la citada entidad junto con un  médico que labora en dos hospitales públicos y que expedía falsos certificados de nacimiento, para facilitar el registro de los menores, a quienes hacían pasar como hijos biológicos de parejas o matrimonios que pagaban grandes sumas de dinero por la adopción de los menores.

Ante estos hechos la Procuraduría de Justicia  del Estado de Sonora informó a los medios, acerca  de la consignación de 16 personas involucradas en los ilícitos. La investigación surgió tras identificarse a nueve menores registrados de manera irregular.

Las investigaciones arrojaron que servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se encargaban de identificar a mujeres en estado de vulnerabilidad o con adicciones, a quienes presionaban de diversas formas para que entregaran a sus hijos, en adopción, a matrimonios que se encontraban en lista de espera para recibir en adopción. Igualmente, se presume que los matrimonios o parejas eran contactados por abogados que servían de enlace y de negociadores para la entrega-venta de los menores a cambio de cuantiosos pagos en dólares.

Se presume que esta red de venta de menores operaba desde el 2012, aunque la investigación inició en el mes de marzo pasado, como consecuencia de una denuncia anónima

En medios informativos, se afirma que existen por lo menos cuatro denuncias más de madres y abuelas que reclaman información sobre el paradero de sus hijos y nietos. Asimismo, refieren los medios, que una vez que se dio a conocer el presunto tráfico de niños en el estado de Sonora, los familiares de algunos menores acudieron a la casa hogar Unacari del Sistema DIF Sonora para encontrarse con sus menores, sin embargo no hallaron a sus familiares.

El caso toma especial gravedad pues existen versiones fundadas de que algunos de los menores fueron entregados en adopción, de forma ilegal, a ciudadanos norteamericanos que tuvieron que pagar por la adopción; todo parece indicar que la denuncia fue hecha por funcionarios del Consulado de los Estados Unidos de América en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Para los diputados de Encuentro Social es primordial vigilar y garantizar los derechos de nuestra niñez, por lo que consideramos necesario el esclarecimiento total y oportuno de las denuncias antes descritas, para que en el caso de comprobarse malos manejos por parte de los servidores públicos se ejerza acción penal contra todos los involucrados.

Cuidar a nuestros niños y luchar por su bienestar no es una concesión digna de elogios sino un acto de elemental justicia hacia los seres humanos más vulnerables de nuestra sociedad, una sociedad verdaderamente humana no puede permanecer indiferente ante su sufrimiento y negación de sus derechos más elementales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, para que a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, y dentro del marco jurídico aplicable, publique los resultados del estado que guarda la investigación contra funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, por la presunta venta-adopciones de niños.

Segundo. Se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, para que a través del DIF del estado, implemente las medidas que ha para prevenir que se repitan las presuntas prácticas ilegales de adopción denunciadas por los ciudadanos afectados

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Beltrones. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Se considera de urgente resolución. En consecuencia y de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento, van a participar hasta por tres minutos oradores de cada uno de los grupos parlamentarios, en el orden ya acostumbrado.

Tiene hasta por tres minutos, por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, el uso de la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.

El diputado Ulises Ramírez Núñez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sí, ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Ulises Ramírez Núñez (desde la curul): Pedirle, con mucho respeto, al presidente de la Mesa si pudiera obsequiar, para ampliar el conocimiento del punto que se está discutiendo, el punto tercero que se señaló que se adicionó al acuerdo que ya se había impreso en la Gaceta, para que todos tengamos perfectamente claro qué es lo que se incluyó a este acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sí. Está publicado, diputado. Le pido, en todo caso, a la Secretaría que tome las medidas correspondientes en caso de que haya por ahí alguna omisión.

Y lo que tengo conocimiento acá en la Presidencia, es que la diputada Angélica Reyes Ávila se referirá expresamente, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, al respecto, por tres minutos, sí, gracias.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sí, ¿Con qué objeto, diputado Santana? Sonido en la curul del diputado Arturo Santana.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Sí, presidente, nada más para preguntarle a la oradora, la proponente, a través de usted, de su persona, si tiene inconveniente en que el suscrito se adhiera a ese punto, por la importancia que representa para toda la nación.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  La diputada Beltrones, si no tiene objeción, inconveniente en que se suscriba por el diputado Santana y entiendo que también otros diputados han expresado este mismo sentimiento, esta misma actitud. Diputada Beltrones.

La diputada Sylvana Beltrones Sánchez (desde la curul): Con gusto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Lo acepta. Gracias, diputada. Entonces, con el mismo procedimiento que hemos establecido en ocasiones anteriores...

El diputado Alex Le Baron González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sí. Alex Le Baron, por favor, diputado. Sonido ahí en la curul del diputado Le Baron.

El diputado Alex Le Baron González (desde la curul): Con su permiso, presidente. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México solicita también a la diputada Beltrones, sumarnos a este punto de acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Decía que en el mismo sentido, con el mismo procedimiento, en ocasiones anteriores, queda a disposición de quienes quieran suscribir el punto de acuerdo presentado por la diputada Beltrones, aquí en la Secretaría de la Mesa para que hagan lo correspondiente. Gracias.

Entonces, ahora sí, una disculpa, diputada, por hacerla esperar unos minutos. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muchas gracias, diputado presidente y compañeros diputados, en Encuentro Social tenemos muy claro que es necesario que se aplique siempre y con firmeza la ley. Más aun cuando se trata de cuestiones que incluyen salvaguardar la dignidad de la persona, salvaguardar la protección de la familia y por supuesto, el interés superior del niño.

Precisamente por eso, en la proposición presentada hoy por nuestro grupo parlamentario hemos solicitado al gobierno de Sonora hacer públicos los resultados que guarda la investigación que se realiza con relación a este tema, más aun cuando hay implicados funcionarios del sistema DIF Sonora.

El proceder de la Procuraduría estatal, en particular de su titular, ha resultado poco pulcro, lo que ocasiona cuestionamientos públicos muy válidos, cuando se trata de cuestiones relacionadas más aun con la niñez y ha sido contradictorio y poco transparente en la investigación.

La autoridad estatal hizo público, como lo acaba de comunicar la diputada Beltrones, hasta hace muy poco, esta red de tráfico, aun cuando desde 2012 se presume que operaba esta red y en marzo de este año se hizo una denuncia, se comunicó por parte del gobierno de los Estados Unidos esta alerta de que algo estaba pasando con respecto a este tema y que involucraba a funcionarios estatales y que inclusive tenía esta red alcances internacionales.

Insistimos, este actuar tiene por lo menos un olor a indolencia, a negligencia por parte de la autoridad. Y por eso es que los diputados de Encuentro Social apoyamos la propuesta que en este momento estamos discutiendo para el esclarecimiento de hechos tan aberrantes.

El bienestar y la protección plena de nuestra niñez debe ser un asunto primordial para esta Cámara. Es un tema que nos demanda, desde la Constitución, proteger el interés superior del niño.

Pero también, no es un tema menor esta práctica común de violencia hacia las mujeres desde las cuestiones obstétricas, cuando se encuentran sobre todo en una situación vulnerable. Hoy se les ha obligado, se les ha amenazado, se les ha presionado para renunciar a algo que es fundamental, al cuidado y protección de sus hijos, pero también hay otras denuncias con respecto a obligatoriedad para aplicar algún tipo de anticonceptivo e inclusive hasta operaciones como salpingoclasia, esto es algo que tenemos que darle seguimiento como legisladores.

No debemos, por tanto, pasar por alto la grave violación que sufrieron en sus derechos los pequeños y sus familiares. Tenemos que ser muy realistas, en el mejor de los casos estos niños fueron entregados por familias que realmente querían adoptarlos, pero también tenemos que tener muy claro que hay situaciones que son muy preocupantes en México y que pueden estar incidiendo en este tema, estamos hablando de la esclavitud sexual y estamos hablando de la pornografía infantil.

México ocupa el primer lugar mundial en emisión de pornografía infantil, de ahí la importancia de que la PGR tome cartas en el asunto y la Policía Cibernética sea fortalecida para el seguimiento de estas cuestiones. Pero también, ocupamos el primer lugar en producción de pornografía infantil a nivel mundial. Este tema nos obliga a que se tomen cartas en el asunto de manera urgente.

En el número 21 de las proposiciones con puntos de acuerdo del orden del día de hoy, hay ese tema precisamente, en el cual solicitamos al gobierno de Sonora, que la Procuraduría de Justicia del estado difunda los resultados de la investigación, incoada contra funcionarios del DIF estatal.

También pedimos al gobierno del estado de Sonora, para que a través del sistema DIF, informe las medidas tomadas para prevenir que estos casos no se vuelvan a repetir, estas prácticas ilegales no se den. Y le pedimos en un exhorto a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, acerca de la situación que guarda la niñez institucionalizada, así como información sobre el número, las características, la situación jurídica y la localización de los menores bajo la guarda y cuidado del sistema DIF, además de los protocolos que se tienen para la seguridad y resguardo de dichos menores.

Por lo que pido a la diputada promovente, del punto de acuerdo que estamos discutiendo, diputada Sylvana Beltrones, nos permita incluir en los resolutivos de este punto de acuerdo, nuestra propuesta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con respeto. Nos indigna y lastima profundamente el escandaloso caso que se ha dado a conocer en fechas recientes sobre la red de tráfico de niñas y niños en el estado de Sonora.

Precisamente por esta razón durante la sesión del martes pasado presentamos –el Partido Nueva Alianza– una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga la investigación de los hechos ocurridos en dicha entidad y que involucra a diversos integrantes de esa administración estatal.

Evidentemente nos manifestamos a favor de este punto de acuerdo. El interés superior de la infancia es un principio que estamos obligados a respetar, así lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 4o.

En este sentido y, precisamente para preservar el interés superior de los menores, el proceso de adopción resulta complejo e involucra a los tres poderes para su consecución. De igual forma, las adopciones hechas por extranjeros o por mexicanos que residan en otro país de manera permanente, tienen que apegarse a las disposiciones del marco jurídico vigente.

Por esta razón indigna tanto el hecho de que, aprovechando su posición y su calidad de servidores públicos, algunas autoridades del estado de Sonora hayan traicionado y violentado los principios que juraron defender al tomar su cargo. ¿Quién puede confiar en autoridades que se valen de su posición para violar la ley?

En Nueva Alianza nos sentimos profundamente agraviados y ofendidos por la actuación de las autoridades del estado de Sonora en los casos de tráfico de menores, ya que a medida que avanzan las investigaciones aparecen más indicios de la omisión, ineficiencia y hasta complicidad por parte de las autoridades de dicha entidad.

Agradecemos asimismo que se haya incorporado el primer resolutivo de la proposición que presentó nuestro grupo parlamentario, en el cual se exhorta al gobernador del estado de Sonora para que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a aquellos funcionarios, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños y adolescentes.

En tal virtud, y para dar cumplimiento al Reglamento, solicito a la Secretaría de la Mesa, se pueda dar lectura al punto tercero que se agregó y que fue propuesto por el Partido Nueva Alianza.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Proceda la Secretaría a dar lectura en los términos en que lo solicita la diputada Reyes.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Propuesta de modificación, relativo a la investigación sobre una presunta red de tráfico de menores en Sonora, presentada por la diputada Angélica Reyes Ávila.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Camara de Diputados.— Presente.

Diputada Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura del Congreso de la unión, con fundamento en los artículos 6 fracción X, artículo 113 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al Pleno de esta comisión, la adicción de un resolutivo tercero a la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ejerza su facultad para conocer de violaciones graves a derechos  humanos, y a la Procuraduría General de la República para que proceda a integrar la carpeta de investigación correspondiente respecto a la red de tráfico de menores en Sonora y víctimas de este ilícito.

Reserva

No hay correlativo.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al Titular de Poder Ejecutivo del estado de Sonora para que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a aquellos funcionarios, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes y se prevengan con ello violaciones a los derechos humanos de ese sector vulnerable de la sociedad.

Dado en el salón de sesiones  del Pleno de la Cámara de Diputados, a los 10 días del mes de septiembre de 2015.— Diputados: Angélica Reyes Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).»

«Conforme al artículo 113 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, hago entrega de lo propuesta final del texto del punto de acuerdo, el cual agrega un tercer resolutivo a propuesta del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el cual acepta mi grupo parlamentario y que dejo a la Secretaría para conocimiento y resolución del pleno.

Texto final de la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Únión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ejerza su facultad para conocer de violaciones graves a derechos humanos, y a la Procuraduría General de la República para que proceda a integrar la carpeta de investigación correspondiente respecto a la red de tráfico de menores en Sonora y víctimas de este ilícito.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 102 constitucional solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que inicie la investigación por violaciones graves a derechos humanos y por trascender el interés nacional, a fin de coadyuvar al esclarecimiento de la red de tráfico de menores que operaba al amparo del sistema DIF  Sonora, e instruir la reparación del daño causado a las víctimas, y la no repetición de los lamentables hechos ocurridos en el estado de Sonora y en todos el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto a la titular de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus facultades investigue la red de tráfico de menores que operaba al amparo del  sistema DIF Sonora y proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos federales de trata de personas, delincuencia organizada, tráfico de personas, cohecho, uso indebido de atribuciones y facultades, y todos los demás que resultaran imputables producto de la investigación.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora para que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a aquellos funcionarios, empleados o trabajadores que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes y se prevengan con ello violaciones a los derechos humanos de ese sector vulnerable de la sociedad.

Diputada Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  De acuerdo con lo señalado también en la fracción IV del artículo 113 y en el entendido de que solamente el grupo proponente podría modificar, sería alguna modificación durante su participación, pero sabiendo acá que se admite, entonces por la proponente, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada por la diputada Angélica Reyes Ávila, al... Perdón, es que usted no ha terminado todavía, perdón, perdón, una disculpa. Continúe y concluya, por favor.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Gracias, presidente. Y termino. Confiamos en que la autoridad federal actúe con la severidad que el caso merece. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada Reyes. Entonces consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada por la diputada Angélica Reyes Ávila, en el entendido de que ha sido aceptado por el grupo parlamentario proponente.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta la modificación presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Se acepta. Continuamos con la lista de oradores, considerando la modificación ya admitida por la propia asamblea. Tiene entones el uso de la palabra hasta por tres minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, evidentemente el uso de la voz por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano tiene que ver con sumarnos al presente punto de acuerdo, al espíritu que defiende; y ampliar un poco el alcance, la mira sobre lo que se discute.

En México, en meses recientes, en años recientes, ha venido sucediendo un cambio de enfoque en la conceptualización tanto jurídica como institucional del tema de infancia. No solo como lo reconoce el propio punto de acuerdo en su exposición de motivos, en lo relativo a que se ha plasmado al interior superior de la infancia como un principio de carácter constitucional, y tampoco se agota en las reformas que ha tenido la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes en meses pasados.

Lo que tenemos que lograr a partir de esos cambios legales, de esos cambios de diseño institucional es que cambie la realidad de millones de niñas y niños en el país; y particularmente en lo que toca al tema, que es el tráfico de menores, que hoy se sabe que ha sido alentado y ha sido motivado por autoridades del gobierno del estado de Sonora.

En 2006 la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, Maud de Boer-Buquicchio, establecía que los niños, niñas y adolescentes ni son mini seres humanos ni tienen mini derechos humanos; pero, mientras los adultos continúen considerándolos como tales, la violencia contra ellos persistirá.

El último reporte del Comité del Niño al Estado mexicano evidencia que las políticas sociales, diseñadas en las últimas décadas por los gobiernos del PRI y del PAN, no han logrado proteger a una infancia que por su vulnerabilidad vive lo peor de nuestro país: la pobreza, la represión, el olvido y el abandono.

A través de sumarnos a este punto de acuerdo nosotros queremos también hacer legítimas las exigencias de los ciudadanos y darle voz a 45 mil niños desaparecidos y que han sido sustraídos para la explotación sexual; a la infancia migrante, 12 mil 301 niños mexicanos que fueron repatriados de Estados Unidos sin un familiar en el 2014; a la infancia trabajadora, que son más de 6 millones de niños que se encuentran en situaciones de trabajo forzado; el 20 por ciento de los niños en zonas rurales que no existen para el Estado mexicano; y también los niños que sufren de la explotación para el fin de la pornografía infantil.

Hace unos días la consejera nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María Ampudia, daba a conocer que el 60 por ciento de la pornografía infantil que se produce en el mundo se produce en México. No podemos soslayar que esta es la realidad que viven los niños de México y los niños de Sonora.

Exigimos que se actúe hasta las últimas consecuencias y también le decimos al PRI, con el mayor de los respetos, que son los promoventes de esta iniciativa, que actúen con congruencia, que comiencen con la expulsión y la puesta a disposición de las autoridades, del regidor Edgar Vázquez Tello, en el municipio de Empalme, Sonora, además presidente de la Comisión de Salud, quien ha sido acusado de otorgar avisos de nacimiento para futuros padres que estuvieron dispuestos a registrar a bebés robados de manera biológica por un costo de 15 mil pesos.

Las y los diputados ciudadanos hacemos nuestro este punto de acuerdo y alzamos la voz para una sociedad que exige justicia, por los padres y las familias que sufren y son ignorados. Urgimos al sistema de justicia mexicano a actuar pronto y de manera expedita en este tema.

Nosotros queremos hacer nuestra desde una perspectiva transversal, la agenda de los niños y de las niñas de México, hacer nuestros sus problemas, sus necesidades y sus sueños, porque en el reconocimiento a los derechos en equidad de las niñas, los niños y los adolescentes de México, está la posibilidad de construir una patria para todos, una patria donde todos podamos convivir en la igualdad y en la libertad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos, la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Irma Rebeca López López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tráfico de niños y adolescentes es una realidad en México. Las familias vulnerables, sobre todo las más pobres, con la falsa promesa de que sus hijos puedan vivir en mejores condiciones, recurren a la migración ilegal y al tráfico.

Según un diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas, en México existen cerca de 70 mil niños en condiciones de víctima de trata. El problema es más grave porque las autoridades responsables no han puesto orden en ese tema.

Por ejemplo, el gobierno federal no tiene un registro serio que nos describa la realidad del caso. Y son pocos los procesos judiciales sobre el tema, porque las familias pobres no denuncian, no reportan este tipo de delitos.

La UNICEF ha documentado que el tráfico de niños y adolescentes es resultado de factores socioeconómicos, pero también de aspectos políticos, culturales y legales.

En México, las autoridades federales y locales han puesto mínima atención a ese problema y, en general, se han protegido poco los derechos de los niños, además que tampoco se han investigado las denuncias y complicidades de las autoridades fronterizas, que propician ese tipo de tráfico humano.

En el caso de Sonora, se ha puesto en evidencia el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, no ha sido eficiente ni efectivo en su propósito central de promover acción para prevenir y atender la explotación infantil y adolescente.

Las diputadas y diputados de Morena exigimos que el gobierno de Enrique Peña Nieto ponga atención a este problema y lo asuma como una prioridad para el país. Con estas consideraciones votaremos a favor del exhorto a la Procuraduría General de la República, para que se investigue la red de tráfico de menores en Sonora. Y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que ejerza su facultad, atracción y garantice el respeto a los derechos fundamentales de los niños, víctimas de este delito. Concluyo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:     Gracias, diputada López. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Jesús Sesma Suárez: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. No hay cosa más irresponsable, más inmoral y más absurda, que defender la venta de un niño en nuestro país. Eso se llama defender la trata de personas.

El procurador Navarro, de Sonora, es y será juzgado por esta sociedad, por este Congreso, por su falta de pulcritud. Un procurador está para que procure la justicia, un procurador está para que aplique las leyes que hacemos aquí. Un procurador que no cumple con su mandato, se burla de este Congreso.

Nosotros hacemos las leyes, ellos tienen que aplicarla. Eso le faltó al procurador. Eso le faltó al gobernador. Eso le faltó a la representante del DIF.

Señores compañeros, ya lo decía nuestra compañera Sylvana, no es una cuestión ajena a Sonora, pero este punto de acuerdo sí, y este punto de acuerdo no puede quedar impune. No puede quedar impune por varias circunstancias.

Primero, porque nos enteramos por Estados Unidos que existe una red de delincuencia que vende a los niños en el estado de Sonora.

No puede quedar impune, porque a pesar de que fueron detenidos 16 personajes salen absueltos absolutamente todos, cuando dos de ellos fueron confesos de haber participado en 13, en 13 actos de venta de niños en el estado de Sonora. Por supuesto que no puede quedar impune.

No puede quedar impune el procurador, pero tampoco puede quedar impune la manera en cómo él resolvió el problema, decir que no existe dolo. Señores, no existe dolo de un padre de familia que compra a un ser humano porque dice que quiere un hogar.

Tenemos que velar por el interés de brindarles a los niños un hogar, por supuesto, pero hay que hacerlo con herramientas, como se está haciendo el día de hoy, que el Partido Verde Ecologista alistó una iniciativa que tiene que ver con el fortalecimiento de la adopción. Así se hacen las cosas, presentando iniciativas que puedan fortalecer el desarrollo de los jóvenes en nuestro país, no vendiendo niños.

Un padre de familia que compra a un niño, no puede tener como justificación que quiere brindarle un hogar, porque nadie de aquí y nadie de Sonora nos puede asegurar que la persona que compre a un niño no va a ser con fines sexuales. Nadie, nadie. Lo que empieza mal termina mal, y el comprar a un ser humano es algo ilegal en nuestro país, gracias a Dios. Yo me pregunto, qué va a hacer el gobernador, qué va a hacer la representante del DIF del estado y qué va a hacer el procurador al terminar esta administración.

Espero que no descansen en otro país, que no se vayan unos cuantos meses a ver dónde pueden pasar sus vacaciones. Lo responsable sería quedarse, quedarse a garantizar que no van a ser prófugos como estas dos personas. Porque sin duda hay una vinculación por parte del gobierno de Sonora y por parte de las autoridades de esa dependencia.

Se escucha fuerte y claro. ¿Y se escucha fuerte? Más fuerte es comprar un ser humano.

Yo no me imagino qué le va a decir el padre de familia a esta persona, a este niño cuando tenga 12 años y que le pregunte, papá, quiénes son mis padres biológicos. Y que le responda, no sé porque te compré. Vergüenza le debería de dar. Un padre les enseña valores a sus hijos. Un padre no puede enseñar valores cuando desde el inicio está cometiendo un acto ilegal.

Y esto, lo que voy a decir es más delicado. Que dice el procurador, no existe dolo. Y el día de mañana este procurador pudiese decir que un secuestrador, no existió dolo en el secuestro porque quería brindarle una casa a su familia y por eso secuestró.

Es vergonzante y me alegra que no haya nadie en este recinto que pudiese defender este punto de acuerdo en contra de lo que acaba de proponer la diputada Sylvana Beltrones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Sesma. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sí, diputada. Con qué objeto. A ver.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Mismo asunto, señor presidente. Soy de Sonora y tengo compromiso en apoyar a las familias vulnerables. Por ello me suscribo a esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Bien. Gracias, diputada Garzón. Perdón, diputada Hurtado, tiene ahora sí el uso de la palabra, hasta por tres minutos, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Karen Hurtado Arana: Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, en los últimos días hemos visto la preocupación del desmantelamiento de una red de tráfico de menores, cuyo eje gira en torno de diversos funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y Familia, estatal.

Y justo ayer nos enteramos, que la esposa del gobernador, presuntamente también implicada en este asunto delictivo, los funcionarios, según la Procuraduría General de la Justicia del estado se encuentran bajo los procedimientos ministeriales de investigación correspondientes. Y según la instancia, se ha dejado a los menores con los padres adoptivos, presuntamente privilegiando el interés superior de la niñez, y no están sujetos a procedimiento alguno.

Es indispensable señalar, que los padres adoptivos aceptaron la comisión de un delito y deben ser investigados. No es posible que habiendo pagado hasta 300 mil pesos, no se hubieran percatado de que se trataba de un asunto ilegal, por decir lo menos. En caso de que así fuera, exonerados de responsabilidad únicamente en el caso de que se compruebe que no sabían lo que estaban cometiendo. Asimismo, consideramos indispensable garantizar los derechos de los padres biológicos, que fueron víctimas de los delitos cometidos por los funcionarios públicos.

Nuestro Grupo Parlamentario, considera que la Procuraduría General de Justicia del estado, debe actuar imparcialmente y procesar a todos aquellos que resulten implicados. El resguardo de los niños de aquellas personas que presuntamente los compraron, es decir, los padres adoptivos, en este caso, que no están siendo investigados, así como de todos aquellos funcionarios que participaron en la red para su encubrimiento y en caso de comprobarse la participación de la esposa del gobernador, se aplique la ley con severidad y sin favoritismos.

Exigimos también, la protección de los menores y su restitución inmediata del seno familiar, a donde realmente pertenecen, protegiendo los derechos de los padres biológicos, quienes junto con los niños son las verdaderas víctimas, únicamente por engaño y desorientación de malos servidores públicos. Es deber de esta soberanía velar por los intereses superiores de la niñez y de los derechos humanos, razón por la cual compartimos la opinión de la proponente.

Respecto a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus propias responsabilidades, votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada Hurtado. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Leticia Amparano Gamez: Con su permiso, señor presidente. En México existen 40 mil niños desaparecidos, señoras y señores, y una lista oficial de tres mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio.

El tráfico de niños y de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa cerca de los 32 millones de dólares anuales.

Es de todos conocido que en México las entidades donde más menores desaparecen son Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco. Colima, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y por supuesto el Distrito Federal. Incluso no puede dejarse de lado el hecho de que el estado de México lidera los índices de secuestro de menores; cinco mil cuatrocientos niños desaparecidos en los últimos tres años.

Lo que pretendemos hacer notar con estos datos es que no se trata de un hecho privativo en el estado de Sonora, sino un problema que atañe a todo el país y que debe de preocuparnos y ocuparnos a todos los grupos parlamentarios sin importar el color y como ahorita se está manifestando.

El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundió que en toda la República mexicana existen seis mil 309 desaparecidos menores de 19 años, según averiguaciones previas del fuero común, y otros 58 del fuero federal.

Es por ello, compañeros y compañeras, que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de esta propuesta. Sin embargo es preciso dejar muy claro que no fue el gobierno de Estados Unidos quien alertó al procurador del estado de Sonora sobre el tráfico de menores, como se señala en esta propuesta, sino fue la propia Procuraduría, quien a través de una llamada anónima investigó ocho días antes de haber recibido la alerta del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.

Fue la Procuraduría del estado de Sonora quien denunció, con nombres y apellidos, a los involucrados de estos lamentables acontecimientos. La Procuraduría está combatiendo el tráfico de menores, cosa que en otras entidades no sucede, como se los muestro en los datos que ya les he mencionado.

Acción Nacional impulsó en 2014 la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es evitar que actos que incurran en contra de la integridad de los menores de edad, queden impunes, velando de esta manera por una procuración de justicia apegada siempre al respeto inherente de la dignidad humana de nuestras niñas y niños.

Por ello es que celebramos el exhorto a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no sin dejar en claro y muy claro, que como diputados de Sonora nos hubiera gustado haber sido tomados en cuenta en la modificación propuesta y se hubiera procesado conforme a lo establecido en el artículo 113, fracción IV de nuestro Reglamento.

Señoras y señores legisladores, para Acción Nacional no hay deber ni prioridad más alta que actuar en favor de la defensa, promoción, garantía y salvaguarda del principio de la dignidad inherente del ser humano.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, los legisladores y legisladoras de Sonora, de Acción Nacional, estamos a favor de la justicia caiga quien caiga. Lleguemos a las últimas consecuencias. Salvaguardemos lo más preciado que tiene la familia mexicana, nuestros niños, señores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada. Tiene por último el uso de la palabra, el diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados integrantes de esta legislatura, lo que nos convoca el día de hoy a esta máxima tribuna de nuestra República, no tiene nombre. Hechos lamentables y abominables que más allá de la consternación y la vergüenza, demuestran la total falta de valores y ética de un gobierno.

Me refiero a la venta de menores, a la comercialización de niños por parte de instituciones y funcionarios que deberían de protegerlos; niños que fueron sustraídos de sus madres biológicas, de sus familias. Ciertamente con problemas de desintegración. Sí, con problemas de adicciones en algunos casos. Sí, quizá con problemas económicos, pero se hicieron sin el consentimiento pleno de estas madres biológicas o de estas familias; se hicieron en lo oscuro, carente de toda transparencia, de todo procedimiento y de protocolos establecidos, y mucho menos de legalidad. Se hicieron sólo motivados por fines de lucro, aprovechándose y engañando a familias desesperadas; unas, con problemas de desintegración; otras, con la esperanza de tener un hijo, una hija y formar familia.

Es el hecho más lamentable que se haya conocido en nuestro estado, de trata de personas, de tráfico de infantes, de comercialización de niños, de lucrar con la problemática y con la esperanza de familias.

Es inconcebible que la procuraduría estatal no haya actuado con la inmediatez que requiere el caso en este acontecimiento tan lamentable y no profundice en las investigaciones de un caso en el cual podría haber mayor número de implicados e, incluso, estar ligados a redes internacionales de tráfico de menores.

Por ello hacemos un llamado a esta soberanía para que apruebe este punto de acuerdo, con el propósito de acudir a la Procuraduría General de la República para que abra de manera urgente una investigación ante estos lamentables hechos por el delito de trata de personas y de tráfico de menores.

También hacemos este llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga e investigue a detalle estos abominables acontecimientos. Necesitamos el apoyo, el auxilio de las autoridades e instituciones federales para llegar hasta las últimas consecuencias y aplicar todo el rigor de la ley a los culpables.

No permitamos que ejemplos infaustos se conviertan en prácticas nocivas tan lamentables como ésta, no hay lugar a la impunidad. Nada ni nadie por encima de la ley. Sonora y México lo demandan. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Cristopulos.

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos: Queremos, a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI, nuestro partido, agradecer las adiciones de diputados de todas las fracciones parlamentarias; y queremos reconocer también el esfuerzo de la diputada Sylvana Beltrones. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Habiéndose agotado la lista de oradores y en los términos del Reglamento consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la propia asamblea.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sí. Sonido en la curul de la diputada. ¿Con qué objeto, diputada? De Edith Martínez, la diputada Edith Martínez. Sonido en la curul. Parece que se le niega.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Diputado, sí, ahora sí. Bueno, solo le pido de manera respetuosa, diputado presidente, tal y como lo solicité durante mi intervención, que le haga la petición a la diputada, presidente, Sylvana Beltrones que le haga saber si ella está de acuerdo en que se adhiera a este punto de acuerdo que presenta el punto de acuerdo que presentó nuestra fracción, los resolutivos de su punto de acuerdo puedan incluirse, son tres los que presentamos en el punto de acuerdo de la fracción.

La diputada Sylvana Beltrones Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sonido ahí en la curul de la diputada Beltrones, por favor.

La diputada Sylvana Beltrones Sánchez (desde la curul): Con gusto acepto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  ¿Se aprueba la propuesta de modificación que ha hecho la diputada Edith Martínez y que ha aceptado la proponente, diputada Beltrones? Está considerada, ya estaba de hecho aprobada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la propia asamblea.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:   Aprobado. Comuníquese.

REUBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO DE TAPACHULA A LA NUEVA TERMINAL DE PUERTO CHIAPAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex a poner en marcha la reubicación de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula, a la nueva terminal de Puerto Chiapas.

El diputado Enrique Zamora Morlet: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en la actualidad uno de los focos rojos de Pemex por el alto riego que representa en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Combustible, ubicada en la zona céntrica del municipio de Tapachula, Chiapas, cuya reubicación ha sido una lucha de la sociedad civil por proteger a los habitantes de las zonas aledañas donde se desarrollan las principales actividades comerciales de la ciudad y se asientan diversas instituciones educativas de distintos niveles.

Los habitantes de la ciudad han calificado a esas instalaciones de Pemex como una bomba de tiempo y han exigido en múltiples ocasiones su reubicación, para evitar la pérdida de vidas humanas como consecuencia de un eventual desastre natural o una falla técnica.

Como respuesta a las demandas de la sociedad, el pasado 18 de julio de 2008 el entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, firmó un convenio con el gobierno del estado de Chiapas para iniciar los trabajos de la reubicación de la terminal de abastecimiento y reparto que actualmente se encuentra en Tapachula, así como la construcción de la nueva en la zona de Puerto Chiapas, comprometiéndose a dejar concluida la obra en diciembre del ejercicio 2011. Es triste reconocer que llegó esa fecha y la obra no se había por lo menos iniciado.

Fue hasta el 14 de enero de 2012 cuando dio inicio los trabajos de la construcción de la nueva terminal, la cual a la fecha, con múltiples retrasos y promesas, aún no se ha concluido, llevando a la fecha cuatro prórrogas para su conclusión. Esta última se cumplió el pasado 31 de agosto y aún es que no se concluye esta obra.

Al respecto es de señalar que la necesidad de la reubicación inmediata de las citadas instalaciones tienen además como fundamento el dictamen de riesgo emitido por el Sistema de Protección Civil, mediante oficio número 330/2011, en el cual en su parte medular de obligaciones establece literalmente lo siguiente: Deberá reubicar definitivamente a la brevedad posible, con las medidas de seguridad pertinente, la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex-Refinación, considerando las amenazas químicas, tecnológicas, socio-organizativas y sanitarias que genera la operatividad de esta industria.

Por el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos, tomando como fundamento que se encuentra inmersa dentro de la mancha urbana y que la población fija y flotante de esta zona presenta una vulnerabilidad alta, por el constante tránsito de unidades que transportan materiales peligrosos, generando un riesgo alto en caso de presentarse cualquier evento adverso. Todo esto con la finalidad de salvaguardar la vida de la población y el medio ambiente.

En lo social, la eliminación del tráfico de pipas y el traslado de actividades a las nuevas instalaciones tendrá un impacto directo en el bienestar y la seguridad de los vecinos de Tapachula.

Desde el punto de vista económico, la sustitución de las unidades de transporte reducirá los costos de traslado entre la refinería de Salina Cruz y la ciudad de Tapachula. Asimismo se coincidió en que la antigua terminal resultaba insuficiente para hacer frente al crecimiento de demanda de combustible en la región.

Por su parte, las nuevas instalaciones, con capacidad de 34.7 hectáreas, son útiles de almacenamiento de combustible, con lo cual se podrá manejar eficiente la demanda incremental durante los siguientes 20 años.

No obstante lo anterior, hasta ahora las autoridades de Pemex no han cumplido con la promesa de reubicar la terminal de abastecimiento de Tapachula. Han pasado más de siete años desde el anuncio de la firma del convenio para la reubicación y los tapachultecos siguen viviendo en la incertidumbre, a pesar de los compromisos hechos.

Petróleos mexicanos impulsa el desarrollo de las comunidades en donde tiene presencia, tanto las ubicadas en las regiones petroleras como en aquellas en donde cuenta con subsidiarias o franquicias.

En las zonas aledañas a las instalaciones de Pemex es común observar el fortalecimiento de la infraestructura, del mismo modo que sectores como la vivienda y los servicios registran una notable expansión, por ello Pemex es considerado, por los mexicanos, como un símbolo de progreso y prosperidad. Sin embargo, en virtud de las actividades que conforman el campo de acción de Pemex, sus instalaciones también pueden llegar a representar un riesgo para la seguridad de la población vecina.

Asimismo, los terrenos sobre los cuales se asientan sus instalaciones también son propensos a sufrir contaminación y deterioro. Muestra de lo anterior, son las explosiones registradas en San Juanico, estado de México, en noviembre de 1984.

Los sucesos desafortunados de la semana pasada, donde en menos de 72 horas ocurrieron dos accidentes en las plantas de Pemex, de Minatitlán, Veracruz, y en Reforma, Chiapas.

O la contaminación del suelo por hidrocarburos, que durante muchos años persistió en los terrenos ocupados por la antigua Refinería de Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

En virtud de lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo urgente que pongo a su consideración, propone exhortar al titular de Petróleos Mexicanos a poner en marcha, de manera inmediata, la reubicación de las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto a Tapachula, a una nueva terminal en Puerto Chiapas, por la seguridad de la sociedad tapachulteca. Muchas gracias. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a poner en marcha la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula a la nueva terminal de Puerto Chiapas, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos (Pemex) impulsa el desarrollo de las comunidades donde tiene presencia, tanto las ubicadas en las regiones petroleras como en aquellas donde cuenta con subsidiarias o franquicias.

En las zonas aledañas a las instalaciones de Pemex se observa el fortalecimiento de la infraestructura, del mismo modo que sectores como la vivienda y los servicios experimentan una notable expansión. Los motivos anteriores han hecho que Pemex sea considerado por los mexicanos un símbolo de progreso y prosperidad.

Sin embargo, en virtud de las actividades que forman el campo de acción de Pemex, sus instalaciones también pueden llegar a representar un riesgo para la seguridad de la población vecina. Los terrenos sobre los cuales se asientan las diversas instalaciones de Pemex también son propensos a sufrir contaminación y deterioro. Muestra de lo anterior son las explosiones registradas en las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en San Juan Ixhuatepec, México, en noviembre de 1984 o la contaminación del suelo por hidrocarburos que durante muchos años persistió en los terrenos ocupó la antigua refinería de Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

En la actualidad, uno de los focos rojos de Pemex por el gran riesgo que representa es la terminal de abastecimiento y reparto (TAR) de combustible ubicada en la zona céntrica del municipio chiapaneco de Tapachula, cuya reubicación ha sido una lucha de la sociedad civil tapachulteca, que tiene el único objetivo de proteger a los habitantes de las zonas aledañas a la TAR donde se desarrollan las principales actividades comerciales de la ciudad y se asientan diversas instituciones educativas de distintos niveles, incluidos algunos de los campus de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Los habitantes de la ciudad han calificado estas instalaciones de Pemex como una bomba de tiempo y exigido en múltiples ocasiones su reubicación para evitar la pérdida de vidas humanas como consecuencia de un eventual desastre natural o una falla técnica.

Como respuesta a las demandas de la sociedad tapachulteca, el 18 de julio de 2008, el entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, firmó un convenio con el gobierno de Chiapas para iniciar los trabajos de reubicación de la TAR que actualmente se encuentra en Tapachula, así como la construcción de una nueva en la zona de Puerto Chiapas.

En aquella ocasión se informó que aunque la TAR de Tapachula cumplía estrictamente con la normatividad en materia de protección civil, y contaba con el certificado de infraestructura limpia y la licencia ambiental única, además de no haber registrado ningún accidente industrial grave desde el inicio sus operaciones, resultaba evidente que la construcción de una nueva terminal era más que recomendable, tanto desde el punto de vista social, como desde una perspectiva de eficiencia económica.

En lo social, la eliminación de un tráfico de pipas y el traslado de actividades a las nuevas instalaciones, tendrá un impacto directo en el bienestar y la seguridad de los vecinos de Tapachula. Y desde el punto de vista económico, la substitución de las unidades de transporte reducirá los costos de traslado entre la refinería de Salina Cruz y Tapachula.

Asimismo, se coincidió en que la antigua terminal resultaba insuficiente para hacer frente al crecimiento de la demanda de productos petrolíferos en la región, que se estima en un cuatro por ciento anual. Por su parte, las nuevas instalaciones duplican la capacidad útil de almacenamiento de combustibles en Tapachula, y con ello se podrá manejar de manera eficiente la demanda incremental durante los siguientes 20 años.

No obstante lo anterior, hasta ahora no ha sido posible cumplir con la promesa de reubicar la TAR de Tapachula; han pasado más de 7 años desde el anuncio de la firma del convenio para la reubicación y los habitantes de Tapachula siguen viviendo en la incertidumbre, a pesar de los compromisos hechos por los directivos de Pemex.

En agosto pasado venció el último de los plazos establecidos por Pemex para la reubicación de la TAR de Tapachula a Puerto Chiapas, lo cual resulta inexplicable pues la construcción de éstas últimas, según se puede constatar a través de una inspección física, se encuentran ya concluidas al 100 por ciento, por lo cual no hay razón para seguir poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas.

Por lo expuesto ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos a poner en marcha de inmediato la reubicación de las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula a la nueva terminal de Puerto Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputado Enrique Zamora Morlet(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Zamora. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Por lo tanto, se considera de urgente resolución. Y para los efectos del desahogo del mismo, en los términos reglamentarios, tiene ahora el uso de la palabra para referirse al punto de acuerdo propuesto, el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado José Bernardo Quezada Salas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el próximo 19 de noviembre se van a cumplir 31 años de que los habitantes del norponiente de la ciudad metropolitana despertaron con un terrible suceso. A las 5:45 horas del día ocurrió una cadena de explosiones en las instalaciones de Petróleos Mexicanos localizadas en los poblados del Estado de México, las cuales provocaron llamas de cientos de metros de altura y ondas expansivas que terminaron con la vida de alrededor de 500 habitantes y dejaron cerca de mil personas lesionadas.

La pérdida de vidas de cientos de mexicanas y mexicanos por este hecho, junto con la lamentable consecuencia del sismo de 1985 sembró en nuestro país la semilla de una profunda transformación en materia de protección civil.

Gracias a la cultura de prevención que se forjó, hoy en día podemos decirnos preparados ante otros posibles sucesos. Sin embargo, aún hay muchas cosas por hacer en esta materia. El caso que se presenta ante este pleno no es de menor envergadura. Nuestra obligación es tomar cartas en el asunto de manera inmediata.

En la ciudad de Tapachula, Chiapas se cumplen 46 años de la construcción de la antigua terminal de almacenamiento y reparto de Petróleos Mexicanos. Aunque se ha cumplido de manera muy puntual con las medidas de protección y seguridad, dichas instalaciones presentan un riesgo para la población de esta ciudad por el continuo tránsito de autos-tanque que suministran los materiales.

Y no es menor la preocupación de la población ante los frecuentes problemas de descarrilamiento de carros tanque y la obstrucción de la salida a la ciudad.

En el año 2000 se originó el proyecto de traslado a Puerto Chiapas, con una mejora sustancial del almacenamiento y seguridad, que brindaba una sustentabilidad operativa por su cercanía con la refinería de Salina Cruz en el estado de Oaxaca.

Sin embargo y bien en el pasado, el gobierno estatal y las autoridades de la empresa se habían comprometido a que el 31 de agosto se terminaría el proceso de traslado y migración operativa. A la fecha esto no se ha concretado, lo que ha provocado el malestar generalizado de la población.

Obras de infraestructura como ésta han impactado satisfactoriamente en las condiciones económicas y sociales de los habitantes de la región del Soconusco. No dejamos y no dejemos que los avances obtenidos se minimicen en ésta última etapa del camino recorrido.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, se suma al respetuoso llamado a las autoridades de Pemex, a acelerar los trabajos que permitan concluir satisfactoriamente los acuerdos pactados. Es urgente su terminación, ya que no deben demorar más la seguridad y protección de miles de chiapanecos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada María Elena Orantes López: Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, hace 48 años se inició la construcción de la Terminal Almacenamiento y Reparto, TAR, de Petróleos Mexicanos, esto fue en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con la finalidad de poder suministrar productos de esa parte de la región del estado.

En un principio, las condiciones de la dinámica poblacional de esa zona eran propicias, dado que no había mucho flujo vehicular, no había universidades y la dinámica poblacional aún lo permitía. Hoy ha motivado que la sociedad civil tapachulteca haya exigido a Pemex por muchos años sin haber sido escuchados, la reubicación de TAR. Esto a terrenos alejados de la ciudad y en los cuales no corra ningún peligro la población.

Esta añeja petición del traslado de la Terminal de Almacenamiento y Reparto, encontró un atisbo de solución en el año 2008 cuando el gobierno del estado de Chiapas y Pemex pudieron encontrar la reubicación correcta en la misma ciudad de Tapachula.

Sin embargo, compañeras y compañeros, estos acuerdos se han visto caracterizados por el abandono y el desinterés de lo celebrado y lo establecido en la licitación pública. Sin embargo se pactó una entrega de 720 días naturales contados a partir del 4 de octubre de 2011 al 22 de septiembre de 2013. La entrega de las instalaciones ha demorado hasta hoy por casi más de dos años.

En principio la inversión de dicha obra se estableció en 417 millones de pesos, registrados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al día de hoy se ha invertido la cantidad de 856 millones 266 mil 339 pesos en un monto que rebasa más del 100 por ciento del presupuesto original.

A pesar de los exorbitantes montos hasta el día de hoy invertidos en este proyecto, los resultados, que pueden ser consultados a través de la plataforma virtual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Transparencia Presupuestaria, señala que al mes de junio el avance de la obra era poco más del 90 por ciento, lista para poderse entregar y ser utilizada.

El temor generado por el funcionamiento de la TAR actual deviene de los riesgos físicos que entraña la operación de la industria petrolera. Tan solo en este primer trimestre de este año Pemex ha reportado una frecuencia de accidentes en diferentes partes del país.

Por todo lo expuesto anteriormente, en Movimiento Ciudadano consideramos importante la exigencia urgente y la atención de Petróleos Mexicanos y del compromiso que hasta hoy ha llevado el gobierno del estado de Chiapas, para el inmediato cumplimiento al acuerdo generado por ambos con la sociedad civil tapachulteca.

En las fechas ya mencionadas, demandamos además se remita de vuelta el informe pormenorizado de las causas que originaron la demora y desatención de Pemex, el mismo que coloca a Pemex en omisión de sus funciones.

Esperamos que detrás de esta exigencia no se politice a través de una política partidista, sino sea al servicio de la ciudadanía en su verdadera seguridad. Creemos que es momento de quitarle a la comunidad de Tapachula este riesgo latente al que se encuentra expuesta el día de hoy. Por eso vamos a favor de la reubicación.

Necesitamos –con responsabilidad– terminar con la reubicación de la TAR en las nuevas instalaciones de Puerto Chiapas, para no actuar hasta que ocurra una desgracia de la cual podemos todos lamentarnos el día de mañana.

Exhortamos a Pemex y al gobierno del estado a darle también utilidad a la terminal, ya que ambas siguen siendo pequeñas para la necesidad de un estado que mucho le ha dado0 a la federación y poco ha recibido. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

La diputada Guadalupe Hernández Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, un reclamo muy sentido es el de los habitantes de Tapachula con respecto a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, que actualmente se encuentran en un área densamente poblada de esta ciudad chiapaneca.

La Terminal de Almacenamiento y Reparto que actualmente funciona en Tapachula, comenzó sus operaciones hace más de 50 años, pero como suele pasar con frecuencia con este tipo de instalaciones de Pemex, al paso del tiempo se ha visto rodeada de colonias urbanas en las que habitan cientos de familias.

Si bien México le debe mucho al petróleo y a Pemex, también es de tenerse en cuenta que es una industria de alto riesgo donde aún con personal altamente calificado y comprometido con su trabajo, los accidentes pueden ser de grandes consecuencias y abarcar extensas áreas.

No se trata de hacer en esta intervención una apología de los accidentes que con relación a las instalaciones de Pemex hemos tenido a lo largo de la historia y que han causado la pérdida de vidas humanas, hogares e infraestructura.

En esta intervención lo que queremos destacar es la importancia de tomar en cuenta nuestras experiencias de no repetir los mismos errores del pasado y prevenir, antes que lamentar. Por lo mismo vemos que las instalaciones petroleras deben ser construidas bajo los mismos parámetros de calidad.

Para Morena es primordial la seguridad de todos los habitantes de la nación y coincidimos con la opinión del diputado proponente, que las instalaciones de Puerto Chiapas deben iniciar operaciones y sustituir a la vieja terminal de Tapachula, pero se tiene que proceder con cuidado en la construcción de la nueva terminal. Se deben de cumplir los máximos parámetros de control de calidad y para su operación contar con los más avanzados controles de seguridad industrial.

Un accidente por mala calidad en la obra o inadecuados sistemas de seguridad, puede tener consecuencias fatales para el personal, lo cual por sí mismos es suficiente para exigir lo mejor para nuestras instalaciones petroleras, además de que puede causar serios daños al ambiente.

La obra de Puerto Chiapas ha tenido varios incidentes durante su construcción. Por temporadas se han suspendido los trabajos y la falta de recursos han sido la tónica. Al día de hoy se calcula que falta alrededor del 25 por ciento de la obra para poder empezar a operar, y en Morena actuamos con responsabilidad.

Por lo mismo se pretende dar la impresión de que está terminada para que el Ejecutivo federal durante su visita a Chiapas la inaugure. En Morena exigimos al director de Pemex a que antes de que opere la terminal, se efectúe un peritaje realizado por terceros independientes a la petrolera, que certifique la calidad de la obra y los sistemas de seguridad industrial, sólo así Morena apoyará la presente proposición con punto de acuerdo.

Este trabajo de peritaje que se requiere hacer es similar al que desarrollaba el perito en petróleo, persona verdaderamente experta en este tipo de plantas, pero desafortunadamente con la nueva reforma energética desaparecieron la necesidad de que las instalaciones estén revisadas y certificadas por este tipo de profesionistas altamente especializados.

Por lo anterior expuesto en las condiciones actuales, Morena no puede apoyar la presente propuesta y nuestro voto será en contra. En cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Con el permiso expreso de la Presidencia, reciban un saludo cordial del pueblo de la costa de Chiapas, de la que me enorgullezco en representar. Soy chiapaneco y he vivido en Tapachula toda mi infancia, no tiene muchos años de eso.

La seguridad industrial y la protección del medio ambiente en el sector de hidrocarburos son de gran interés para este gobierno de la república, por eso estos temas fueron objeto de particular atención en la reforma constitucional en materia energética. Incluso en un artículo transitorio, en donde se estableció las bases para la creación de una agencia gubernamental, encargada de regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector de hidrocarburos.

No se vale que una paraestatal edifique su riqueza a costo del riesgo de lo que más ponderamos en el Partido Verde: la vida, la vida de nuestra gente. Por eso reiteramos desde aquí, con firmeza, con precisión, con un amplio sentido humano y responsabilidad, lo mismo que hiciera el que hoy es gobernador de Chiapas; y lo hiciera desde que fue senador de la república: exigirle a Pemex que ya termine de una vez por todas de moverse del centro de la ciudad hacia la zona del Puerto Chiapas y, no solo eso, sino que entregue esos terrenos para que podamos gestionar a través del gobierno del estado y del gobierno federal un parque recreativo y deportivo que sirva para todos los habitantes del Soconusco.

En concreto, compañeros legisladores, les pedimos por el bien de Tapachula, por el bien de la costa de Chiapas, que se sumen en esta voz de exigir a la paraestatal que lo que falte por hacerse se haga ya, se haga rápido, se haga bien hecho, para beneficio de nuestra gente. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Valera. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Con la venia de la Presidencia. Hay argumentos que son totalmente válidos por ser objetivos que se han planteado en las consideraciones de este punto, por ejemplo que han hecho falta recursos para la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula a la nueva ubicación, en Puerto Chiapas, pero se preguntarán los promoventes y quienes apoyaron la reforma energética, y ojalá tengan la respuesta, ¿por qué han realizado recortes para debilitar y desmantelar Pemex, tan sólo de 62 mil millones en 2015, y también por qué la exacción de 50 mil millones que fueron retirados, vía la modalidad de aprovechamiento en diciembre de 2014? Desde luego por haber respaldado esto no va a haber recursos para el desarrollo de la paraestatal.

Vemos la exposición de motivos y me atrevo a decir que si la hubieran dicho cuando se discutió la reforma energética, seguramente la hubiesen votado en contra. Dicen textualmente: Petróleos Mexicanos impulsa el desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.

En el segundo párrafo señalan que en las zonas aledañas a las instalaciones de Pemex se observa el fortalecimiento de la infraestructura. Y dicen también en el mismo párrafo, que Pemex se ha considerado por los mexicanos un símbolo de progreso y prosperidad.

Continúan en el tercero manifestando un asunto que compartimos, que es conservar en todo momento la vida y la seguridad de la población.

Más adelante se refieren a otro, que desde luego no compartimos precisamente por las razones por las que están pidiendo que votemos con ustedes, que es el cuidar que no haya sufrimiento en las instalaciones de Pemex y los terrenos donde están, respecto a la contaminación y el deterioro.

Si fuera así, si fuera auténtico lo que están señalando, desde luego no hubieran respaldado el fracking, no hubieran respaldado la técnica de extracción de gas Shale en detrimento del medio ambiente y en desplazamiento, desde luego, de las comunidades a las que dicen hoy quieren proteger.

Nosotros, el Grupo Parlamentario del PRD, estamos y vamos a apoyar el punto de acuerdo, porque coincidimos en algo que tenemos que ahondar más adelante, que es en la consulta a las personas para cuando se hace una obra de este tipo. Y esperemos que la hagan también en este caso para las personas de Tapachula, para la utilización de los terrenos que queden por la reubicación del tanque.

Estamos en pro, porque tenemos un compromiso con la vida y, por ello, con la seguridad de las personas. Pero nuestro respaldo es condicionado, es condicionado a que no haya utilización electoral o maniquea, a que haya la toma de las medidas necesarias, ordinarias y extraordinarias en materia de medio ambiente y en materia de seguridad de las personas. Y, desde luego, también que haya transparencia en el manejo de los recursos.

Es por ello que estamos solicitando también a la Junta de Coordinación Política, y si el proponente pudiera aceptarlo, que haya un agregado por medio del cual se diga que la Junta de Coordinación Política solicite un informe detallado a Pemex sobre el estado actual de la obra, en términos económicos y los avances materiales que haya de la misma, con el fin de que haya plena transparencia en el manejo de estos recursos, y estamos de acuerdo en que se consulte a las personas, desde luego. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Hernández. Usted hizo una propuesta de adición, le pido que primero la pueda entregar por escrito acá a la Secretaría y luego, que pueda al mismo tiempo hacer los acercamientos necesarios con el grupo proponente, a efecto de que si lo acepta se le pueda dar un curso en términos del pasado punto de acuerdo. Gracias.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Janette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

La diputada Janette Ovando Reazola: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, brindar seguridad a los habitantes de la nación es una obligación inherente del Estado mexicano, seguridad en su más amplio concepto, no sólo en términos de combate a la delincuencia o de recuperación del espacio público, sino también en términos de protección civil.

Debido a la explosión demográfica y a la falta de una correcta planeación urbana en diversas zonas de este país de México, la ciudadanía se ve expuesta ante peligros que bien pueden ser evitados con una adecuada proyección en términos de infraestructura.

Si bien Pemex, como lo han señalado mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, se ha consolidado como un factor generador de crecimiento y desarrollo, algunas de sus instalaciones pueden llegar a representar riesgos para la salud y la seguridad de la población aledaña, este es el caso de la terminal de almacenamiento y reparto, ubicado en el municipio de Tapachula, Chiapas, la perla del soconusco de nuestro estado.

Hace más de siete años que se firmó el convenio para la reubicación de esa terminal, en el 2008. Originalmente esta sería inaugurada en septiembre de 2013, después se anunció estaría lista en agosto de 2015, y estamos a 10 de septiembre de 2015, de este año, y no tenemos aún la tan famosa y tan mencionada reinstalación de la ubicación.

Los compromisos del director de Pemex, de los directivos de Pemex, no se han cumplido. La reubicación de esta terminal implica el mejoramiento de sus operaciones, con el uso de la tecnología de punta y además de ampliar su capacidad de almacenamiento, esto sin duda representaría un avance importante para Pemex y la oportunidad de demostrar que sigue siendo una empresa que de calidad brinda su servicio a los usuarios.

No obstante, es prioritario ahora eliminar los riesgos a los que se enfrenta la aprobación de Tapachula. Preocupados por salvaguardar la seguridad de los vecinos de Tapachula, en Acción Nacional manifestamos nuestro voto a favor de este punto de acuerdo, con la finalidad de acelerar los trabajos para la reubicación de las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula.

No vamos a permitir una voz más que nos diga que esto no está listo. Exigimos que a la brevedad los ciudadanos de Tapachula tengan respuestas de nuestras autoridades, y los compañeros legisladores de todos los partidos respaldamos este punto, para que próximamente estemos seguramente en la inauguración de estas instalaciones.

También tenemos, en Acción Nacional, un punto de acuerdo del estado de Morelos, donde se ha presentado también un problema de una toma clandestina de 120 mil litros diarios de combustible. Se ha pedido oportunamente, por Acción Nacional, se deslinden responsabilidades, se investigue y se haga público el resultado de dicha investigación, por lo cual en su oportunidad haremos de su conocimiento el punto de acuerdo en específico.

En Acción Nacional tenemos una voz azul, que con una mano siempre dirá y señalará como una espada y arrancará lo que señalaremos que no está bien respecto a las políticas públicas que se llevan a cabo. Pero también tenemos la otra mano abierta para enlazarnos en lo que signifique construir beneficios para el estado de Chiapas. Chiapas se lo merece. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada Ovando. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Samuel Alexis Chacón Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales: Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura. Buenas tardes diputadas y diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que representan hoy la pluralidad en esta Cámara.

Tapachula tiene hoy cerca de 325 mil habitantes con una población flotante de cerca de 200 mil, población flotante de Centroamérica, la comunidad china, la comunidad japonesa y la comunidad alemana.

Es una ciudad cosmopolita, pero también quiero decirles que, cuando fui presidente municipal de Tapachula en la administración pasada, vivimos muy de cerca las diferentes manifestaciones de los sectores productivos de las cámaras, de los colegios y de la sociedad civil, en donde ese tema ha unido a todos los tapachultecos, por una sencilla y fácil razón, la seguridad de los tapachultecos.

Hace ocho años, quien hoy es el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, siendo en ese entonces senador, inició este movimiento. Movimiento, que se ha venido trabajando de la mano cuando fui presidente municipal.

Y que hoy me siento contento, me siento satisfecho, el poder ver que cuando hay una causa que vaya lacerar la seguridad de los habitantes de cualquier estado, pero hoy nos toca hablar de Tapachula, que se unan, que se escuchen esas voces para que el director general de Petróleos Mexicanos ahora sí cumpla con las fechas pactadas y que de manera inmediata se lleve a cabo la reubicación de Petróleos Mexicanos, que se encuentra en el mero corazón de nuestra ciudad, que se encuentra donde está la zona comercial de Tapachula y que el día de mañana no nos vayamos a arrepentir y que queramos tapar el pozo después de ahogado el niño.

Así que la fracción parlamentaria de mí partido, el PRI, se suma a ese punto de acuerdo que presenta la bancada del Partido Verde, a quien también felicito porque es un tema de urgente resolución. Los tapachultecos ya estamos hartos que nos quieran dar atole con el dedo. Los tapachultecos nos eligieron para venir a representar sus intereses y aquí estamos ahorita en esta tribuna para que Tapachula y sus habitantes vean que tienen representantes que vamos a pugnar y que vamos a trabajar por la seguridad de ellos.

La reubicación es de ese centro comercial a Puerto Chiapas. Ya se está trabajando con la construcción de las nuevas instalaciones, pero lleva años, muchos años que se viene trabajando pero no avanza, y hoy todas las voces que nos apoyan en este tema tan importante, quiero decirles que vamos a seguir trabajando hasta que Petróleos Mexicanos tenga que salir de la ciudad para que tengamos la seguridad todos los tapachultecos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Presidente de la Mesa Directiva.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Chacón. Tenemos ya aquí en posesión de la Secretaría la adición propuesta por el diputado Hernández Soriano al punto de acuerdo y que ha sido aceptada por el proponente, el diputado Zamora Morlet. Entonces solicito a la Secretaría dé lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «La Junta de Coordinación Política solicitará un informe económico y material del avance de la nueva Terminal de Puerto Chiapas, vigilando el ejercicio transparente de los recursos económicos que en su caso se ejerzan.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputados: Rafael Hernández Soriano, Enrique Zamora Morlet (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Bien. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la adición presentada por el diputado Hernández Soriano y aceptadas por el proponente, en votación económica.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica a las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Se acepta. Habiéndose agotado la lista de oradores y considerándose suficientemente discutido, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo propuesto con la adición también que la propia asamblea ha aceptado.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo con la adición. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:   En consecuencia, aprobado. Comuníquese.

CONFLICTO DE INTERÉS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, CONTRATOS Y PROYECTOS A LA EMPRESA OHL MÉXICO Y SUS FILIALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra –por cinco minutos– la diputada Rocío Nahle García, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar la renuncia de los titulares de Pemex y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción, y suscrita por la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. El tema de la corrupción en México ha trastocado ya todos los niveles de la sociedad. Para los mexicanos se ha vuelto algo común escuchar que contratistas, empresarios, han sido beneficiados por servidores públicos de los gobiernos municipales, estatales y federales; principal impulsor y generador de dichas acciones es el gobierno federal.

Bueno, en fechas recientes la empresa OHL México se ha visto inmersa en una serie de escándalos originados por la difusión de conversaciones telefónicas que presumen actos de corrupción y conflicto de intereses, protagonizados por Emilio Ricardo Lozoya Austin, director general de Pemex; Enrique Ochoa Reza, director de la CFE, y Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo a la información publicada en el sitio oficial de OHL México, la filial de Grupo OHL es una de las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la ciudad de México.

La infraestructura carretera –en su mayoría urbana– está estratégicamente ubicadas en las zonas con mayor tránsito de vehículos en el DF, en el estado de México y el estado de Puebla, los cuales reúnen el 27 por ciento de la población nacional.

Los proyectos generaron conjuntamente en el 2010, el 31.22 por ciento del PIB nacional, y concentran el 25 por ciento del número total de vehículos en México que asciende a 7.4 millones.

En el sector aeroportuario participa con el segundo mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana en la capital mexicana. OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre de 2010.

En relación con los proyectos de lo que se ha visto beneficiada la empresa, los medios de comunicación y las redes sociales han dado a conocer varias grabaciones de conversación telefónica entre directivos de OHL México que presumen actos de corrupción protagonizados por la filial de la constructora española con diferentes servidores públicos de la empresas productivas del Estado, con miembros del gabinete Presidencial, y mencionan hasta el mismo presidente de la República.

Las primeras grabaciones evidencian como Pablo Wallentin, representante de OHL México reconoce supuestamente el pasado mes de enero que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista con todas las mañas del mundo, mientras que Jesús Campos López, director técnico de la empresa, habla de prácticamente del desmadre en la construcción, así lo menciona, y que salió forrada con ello.

Posteriormente, en enero de 2015, se escucha la reacción del presidente del Consejo de Administración de la filial, a José Andrés de Oteyza, cuando Wallentin le explica que van a cobrar fases del proyecto que no se van a construir; esto es fraude.

Hay otras grabaciones, como Pablo Wallentin, representa a OHL, acordó en diciembre pasado pagar una estancia en las pasadas navidades en un hotel de lujo de la Rivera Maya, pues nada menos que al secretario de Comunicaciones del estado de México, y a su familia.

El martes 28 de julio de 2015 se difundió en medios las grabaciones de comunicación en las redes sociales, un video que contiene tres audios de conversaciones telefónicas en el que se muestra graves indicios de corrupción de la empresa OHL y su relación directa con el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y del director de la CFE Enrique Ochoa.

El primer audio, el presidente del Consejo de Administración de OHL México, Andrés de Oteyza Fernández, confiesa a un familiar que recibió un primer bono de la empresa por una cantidad de 40 millones de pesos.

En la segunda grabación del 10 de abril, una conversación telefónica entre el mismo presidente del Consejo de Administración y el director general de Pemex, quien además fue miembro del Consejo de Administración de OHL hasta finales del 2012, pone en evidencia la íntima y vigente relación existente entre el empresario y el funcionario.

Hay una tercera grabación, del 10 de abril, donde el presidente del Consejo de Administración de OHL México se comunica con su secretaria para que compre otro boleto de avión y vuelvan a ir al paraíso.

Estas grabaciones presumen una posible intervención del director de Pemex para conseguir negociaciones entre OHL y la Comisión Federal de Electricidad. Para Morena estos hechos son evidencia de actos de corrupción y conflicto de intereses que se han venido ejerciendo desde la administración de Enrique Peña Nieto.

Hasta antes del ingreso de Emilio Lozoya Austin como director de Pemex OHL no había ganado licitación alguna con la entonces paraestatal. Fue hasta marzo de 20136, tres meses después de asumir el cargo, cuando Pemex otorga el primer contrato a OHL por una cantidad de más de mil millones de pesos, lo que genera graves indicios de un posible conflicto de interés.

El nuevo escándalo del posible conflicto de intereses, tráfico de influencias y hechos de corrupción fueron difundidos el pasado 8 de septiembre; que implican al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en audios donde se escucha a Ruiz Esparza en la reunión. Habían participado con Juan Miguel Villar Mir, presidente mundial del Grupo OHL; Juan Osuna, presidente de concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de esa. Hablan de cómo cancelar, en definitiva, el contrato con Infraiber.

Morena se ha dado a la tarea de investigar a OHL México y a todas sus filiales, y hasta ahora hemos encontrado más de 25 contratos desde la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del estado de México y ahora como presidente de la República por más de 60 mil millones de pesos sin contar con los de Pemex.

Por esto y más, por cuestión de tiempo, Morena presenta un punto de acuerdo: primero para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exija la renuncia de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex; y de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes por el posible conflicto de intereses, tráfico de influencias y hechos de corrupción, en los que incurrieron en el otorgamiento de concesiones, contratos y proyectos con esta empresa.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Pemex, a la CFE y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que hagan públicas todas las concesiones, contratos y proyectos en los que haya participado o esté participando.

Tercero, y concluyo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de su competencia realice las auditorías correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos a los que haya participado o esté participando esta empresa.

Esto es con el afán de caminar en la transparencia, transparencia que ustedes han promocionado y mencionado. Vamos a los hechos, compañeros diputados. Ya son muchas, primero fue Oceanografía, ahora vamos con esto. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la renuncia de los titulares de Pemex y de la SCT por el posible conflicto de intereses, tráfico de influencias y hechos de corrupción en el otorgamiento de concesiones, contratos y proyectos a la empresa OHL México y sus filiales, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadasRocío Nahle García y Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I,  y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El tema de la corrupción en México ha trastocado ya todos los niveles de la sociedad, para los mexicanos se ha vuelto algo común escuchar que contratistas y/o empresarios han sido beneficiados por servidores públicos de los gobiernos municipales, estatales y federales. El principal impulsor y generador de dichas acciones es Enrique Peña Nieto.

El 11 de agosto del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las reformas a estas leyes, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, se transforman en Empresas Productivas del Estado y dejarán de estar sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

En este sentido, las Empresas Productivas del Estado, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozan de autonomía técnica, operativa y de gestión; y tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. En cumplimiento de su objeto, se encuentran constreñidas a actuar de manera transparente, honesta y eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando objetivamente la regulación, la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas como empresa productiva del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. Sin embargo, estas modificaciones les benefician, puesto que las excluye de la obligación de hacer pública en el Portal de Obligaciones de Transparencia y  Compranet, toda la información referente a las licitaciones, concesiones, contratos y proyectos que son otorgados por dichas empresas. Sólo a través de estas herramientas un ciudadano puede consultar y tener acceso a dicha información.

En fechas recientes, OHL México se ha visto inmerso en una serie de escándalos originados por la difusión de conversaciones telefónicas, que presumen actos de corrupción y conflicto de interés protagonizados por Emilio Ricardo Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad y Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con la información publicada en www.ohlmexico.com.mx, OHL México, SAB de CV, filial de Grupo OHL, es una de las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México. La infraestructura carretera, en su mayoría urbana, están estratégicamente ubicadas en las zonas con mayor tránsito de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el estado de Puebla, los cuales reúnen el 27 por ciento de la población nacional. Los proyectos generaron conjuntamente en 2010 el 31.22 por ciento del PIB nacional y concentran el 25 por ciento del número total de vehículos en México, que asciende a 7.4 millones. En el sector aeroportuario, participa con el segundo mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana de la capital mexicana. OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre de 2010. Hasta hace un par de meses se ha hecho pública información de que la compañía construye, administra, opera y mantiene 6 autopistas de peaje y 1 aeropuerto.

En relación con los proyectos de los que se ha visto beneficiada la empresa, los medios de comunicación y las redes sociales, han dado a conocer varias grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México que presumen actos de corrupción protagonizados por la filial de la Constructora Española, con diferentes servidores públicos de empresas productivas del estado, miembros del gabinete presidencial y el mismo presidente de la República.

Las primeras grabaciones publicadas, evidencian cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, reconoce, supuestamente el pasado mes de enero, que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista “con todas las mañas del mundo” mientras Jesús Campos López, director técnico de la empresa, habla de “desmadre en la construcción” y de cómo la compañía “salió forrada” con una obra cuyo coste se triplicó con respecto a las previsiones iniciales.

Con fecha del mes de enero de 2015, se escucha la reacción del presidente del Consejo de Administración de la filial, José Andrés de Oteyza, cuando Wallentin le explica que se van a cobrar fases del proyecto que no se van a construir: “¡Esto es un fraude!”, dice Oteyza.

En otra de las grabaciones se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, acordó en diciembre pasado pagar una estancia las pasadas navidades en un hotel de lujo en la Riviera Maya (también propiedad de OHL), el Fairmont Mayakoba, al Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, y su familia (Mena era entonces el Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México con Eruviel Ávila). “Necesito una habitación porque vamos a estar muy apretados ahí”, le dice Mena a Wallentin en el audio. “El lunes tú tienes una suite con dos cuartos en donde puedan quedarse cinco personas”, le garantiza el directivo de OHL, que le promete alojarle en “el mejor” hotel de la zona: “Yo te lo reservo, yo te lo reservo”. Ambos hablan de “pagos y depósitos” cuyo fin no se especifica en las grabaciones.

El martes 28 de julio de 2015, se difundió en medios de comunicación y en las redes sociales un video que contiene tres audio grabaciones de conversaciones telefónicas, en el que se muestra graves indicios de corrupción de la empresa OHL México y de su relación directa con el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza.

En el primer audio, del 27 de marzo de 2015, el presidente del Consejo de Administración de OHL México, Andrés de Oteyza Fernández, confiesa a un familiar suyo que recibió un primer bono de la empresa, por una cantidad de 40 millones de pesos, y le expresa que es el primero de cuatro que le esperan.

En la segunda grabación, del diez de abril de dos mil quince, una conversación telefónica entre el presidente del Consejo de Administración de OHL México y el director general de Petróleos Mexicanos –quien además fue miembro del Consejo de Administración de OHL México hasta finales de 2012–, pone en evidencia la íntima y vigente relación existente entre el empresario y el funcionario. En la llamada acuerdan encontrarse en la entrada del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, con objeto de ir a ver juntos al director general, Enrique Ochoa Reza. Según información del video que contiene las grabaciones, el director general de Petróleos Mexicanos presentaría al director de la Comisión Federal de Electricidad con el presidente del Consejo de Administración de OHL México.

En la tercera grabación, del 10 de abril de 2015, el presidente del Consejo de Administración de OHL México se comunica con su secretaria para que le compre boletos de avión, para viajar a Cancún a resolver una cosa de muchísimo dinero, y en la misma llamada habla con el licenciado Pablo Wallentin, representante de OHL México, quien le dice que ese “es el camino precioso con Ochoa, que abre todas las puertas también”;mientras que de Oteyza afirma que sí, para todo, “se va a volver encantado”, “ya hasta me invitó a cenar a su casa, Pablo”, con su esposa “la guapa”.

Estas grabaciones, presumen una posible intervención del Director General de Pemex para conseguir negociaciones entre OHL y la Comisión Federal de Electricidad.

Para Morena, estos hechos son evidencia de actos de corrupción y conflicto de interés que se han venido ejerciendo desde la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del estado de México y que hasta ahora no se le ha dado la importancia necesaria.

Es indispensable que el gobierno mexicano informe y esclarezca las diferentes denuncias de actos de corrupción, no puede ser posible que personal que ha sido miembro de consejos administrativos de ahora empresas beneficiadas, tengan bajo su responsabilidad empresas productivas del Estado, que beneficien directamente a empresas como OHL México y sus filiales.

Hasta antes del ingreso de Emilio Lozoya Austin como director general de Petróleos Mexicanos, OHL no había ganado licitación alguna con la entonces paraestatal. Fue hasta marzo de 2013 tres meses después de asumir el cargo– cuando Pemex otorga el primer contrato a OHL, por una cantidad 1,016,881,118.96 pesos Lo que genera graves indicios de un posible conflicto de intereses.

En nuevo escándalo de posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción fueron difundidos el pasado 8 de septiembre que implican al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Según la prensa nacional en audios, presuntamente se escucha a Ruiz Esparza, en la reunión habrían participado Juan Miguel Villar Mir, presidente mundial de Grupo OHL; Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de OHL México, y Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. De acuerdo con el diario Reforma del 9 de septiembre de 2015, “Se le dio instrucciones de que hablara él (aparentemente Ruiz Esparza) al gobierno local (Edomex) y que le dijera que había habido esta reunión con quien la hubo y que lo arreglaran porque lo arreglaran”, relata De Oteyza a Pablo Wallentin, entonces director de Relaciones Institucionales de OHL México. Coincidentemente, un mes después, el Gobierno mexiquense canceló en definitiva el contrato a Infraiber. En la grabación difundida, de Oteyza se queja de un diferendo con Ruiz Esparza. “Este Gerardo se defiende delante del Presidente y yo no le puedo decir dos veces a un Secretario delante del Presidente de la República que está equivocado”, se queja. Además, de Oteyza se enfurece porque Sergio Hidalgo, director general de OHL, habló de la reunión con empleados de la empresa. “Se lo advertí, le dije: ‘mira, vas a estar tú conmigo en la reunión, no le dices a nadie nada, ni de que te vas a reunir, ni de con quién, ni cómo y mucho menos de lo que vamos a tratar”, recuerda. Al día siguiente, Ruiz Esparza llamó a Wallentin para explicarle que OHL México no estaba obligada a someterse a la verificación de aforos. “OHL no tiene obligación con Infraiber. Infraiber no tiene nada que demandarle a OHL. Infraiber no tiene nada que demandarle al Gobierno del Estado y el Gobierno tiene todo el derecho a defenderse de no tener nada con Infraiber. Ahora, ¿qué hacemos para que este hijo de puta deje de chingar? Pues, ése es otro pedo”, dice la voz atribuida al titular de la SCT. Al respecto, continúa el diario Reforma, el Secretario reconoció ayer que su voz aparece en el audio, pero editada. “Efectivamente, se escucha una voz que parece la mía. A veces no la reconozco, a veces sí”, respondió a Reforma. La Presidencia a su vez se negó a informar, de acurdo con el diario, de los posibles encuentros entre Peña y directivos de OHL al indicar que la agenda privada de Peña se mantendrá así, por lo que no emitirá comentarios sobre una posible reunión con empresarios el pasado 6 de abril.

Morena se ha dado la tarea de investigar a OHL México, y todas sus filiales, hasta ahora hemos encontrados más de 25 contratos desde la administración de EPN como gobernador del Estado de México y ahora como Presidente de la República, por más de 60 mil millones de pesos, sin contar los de Pemex.

Morena considera el mandato constitucional, pues es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Y el pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que pueda, y lo que materialmente no pueda, es necesario que lo haga por delegación en sus gobernantes y representantes; imperativo que obliga a que las personas a quienes se les confía parte de la autoridad del pueblo –mayor aun tratándose de Empresas Productivas del Estado-, tengan que ser de reconocida moralidad, que actúen con transparencia, honestidad y eficiencia, con sentido de equidad y responsabilidad social, que se conduzcan con objetividad y estén exentos de todo indicio de tráfico de influencias, conflicto de intereses, corrupción, deshonestidad y falta de transparencia, con sentido de equidad y responsabilidad social, que contribuyan al desarrollo nacional y mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos, rechazando todo vicio o conducta que atente contra el buen funcionamiento del Estado y de su gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exige la renuncia  de Emilio Lozoya Austin, Director General de Pemex y de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en que incurrieron en el otorgamiento de concesiones, contratos y proyectos a la empresa OHL México y sus filiales.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a PEMEX, CFE y a la SCT para que hagan públicas todas las concesiones, contratos y proyectos en los que haya participado o esté participando de alguna forma la empresa OHL México y sus filiales.

Tercero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, instruye a la Auditoria Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia, realice las auditorias correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que haya participado o esté participando la empresa OHL México y sus filiales con Petróleos Mexicanos, CFE y la SCT.

Notas:

1 https://www.youtube.com/watch?v=jkSxZrkZ6eI&feature=youtu.be.

2 http://www.ohlmexico.com.mx/Plantillas/ SuperPlantilla.aspx?IdA=1&IdF=114&idM=182&nvl=1.

3 http://portaltransparencia.gob.mx/ pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato &id.idContrato=ROPL00713P&_idDependencia=18576.

4 http://www.ohl.es/sala-de-prensa/noticias/2013/julio-2013/130715-ecolaire-espan na-construira-en-mexico-una-planta-de-hidrogeno-para-pemex-refinacion/.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputadas: Rocío Nahle García,Guadalupe Hernández Correa (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada Nahle. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:   En consecuencia, túrnese la proposición a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es el análisis del... ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada, por favor.

La diputada Leticia Amparano Gamez (desde la curul): Para manifestar nuestro irrestricto apego a Morena en la postura que acaba de presentar. Para nosotros es muy importante, queremos y pedimos la votación nominal. Acabamos de aprobar un punto de acuerdo del PRI, en aras de la...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada, con todo respeto. Se votó, se aceptó que se hiciera en los términos en que se hizo. A ojos de la Mesa Directiva es evidente la mayoría por no aceptarla y ya se le ha dado el trámite correspondiente a la Comisión mencionada.

La diputada Leticia Amparano Gamez (desde la curul): Estamos hablando de justicia, señor presidente. Queremos ver cómo vota el PRI a favor de la corrupción y de la transparencia, señor, en vista y a vista de todos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

GLOSA DEL III INFORME DE GOBIERNO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  El siguiente punto del orden del día es el análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, en materia de política económica.

Para este efecto, tiene la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos, según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La diputada Melissa Torres Sandoval: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el marco del análisis de la política económica del gobierno federal que nos presenta su Tercer Informe de Gobierno, el Partido Encuentro Social destaca la trascendencia de las reformas laboral, hacendaria, financiera, de competencia económica, de telecomunicaciones y energética, para que puedan a partir de ese esfuerzo político y social realizado emprender los beneficios de las mismas en favor de todos los mexicanos.

Si bien los datos reflejados en el informe dan muestra de crecimiento, México deberá aspirar al aumento de sus expectativas de desarrollo y eso no se podrá llevar a cabo sin el fortalecimiento a la inversión, sin una economía competitiva, sin elevación de la productividad y, sobre todo, sin una estabilidad macroeconómica.

En materia de recaudación fiscal, Encuentro Social apuesta a que se incrementen los ingresos públicos. Se debe ampliar la base de los contribuyentes y disminuir de manera eficiente la lista de quienes no pagan impuestos que les tocan, ya que este es un factor indispensable para alcanzar una base tributaria suficiente para que la economía ya no tenga que estar basada solamente en los ingresos derivados del petróleo.

En materia de política macroeconómica reconocemos que las caídas en los precios del petróleo y la volatilidad del peso frente al dólar han sido enfrentadas con celeridad y con la convicción de que México no se vea afectado por el entorno internacional.

La proyección del tipo de cambio del peso frente al dólar es de 15.90 y consideramos que serán los factores externos los que marquen este indicador macroeconómico. Sin embargo, vigilaremos que impacte en lo menos posible nuestra economía, incentivando las alternativas que integren a los actores económicos, informales a la economía formal.

Si no hay crecimiento económico, las familias mexicanas no se ven beneficiadas en su poder adquisitivo, por ello es imperativo un manejo responsable en las finanzas públicas. Desde el Poder Legislativo, Encuentro Social vigilará que dicho gasto sea responsable y en beneficio de México.

En materia de combate a la pobreza, las recientes cifras del Coneval merecen ser analizadas a profundidad y debemos trabajar, como diputados, no sólo para detener este fenómeno, sino para disminuir notoriamente la desigualdad social.

Encuentro Social seguirá firme en el compromiso de apoyar a los grupos más vulnerables y haremos propuestas de iniciativas, tendientes a generar proyectos productivos, que pongan en movimiento la economía.

En materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, las reformas constitucionales nos facultan, como Congreso, a legislar sobre reglas de presupuesto, endeudamiento y transparencia presupuestaria, aplicables a los gobiernos estatales y municipales. Por ello, sumaremos a nuestra agenda legislativa iniciativas enfocadas a la transparencia fiscal, porque ante todo a nosotros, los diputados, nos debe importar que a los mexicanos les quede muy claro en qué se gastan sus impuestos.

Para los estados y municipios habremos de revisar, como legisladores, la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo en agosto pasado, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas.

Encuentro Social, a partir de este análisis, habrá de opinar y, en su caso, aprobar un nuevo marco normativo que impida el sobreendeudamiento.

La tarea de esta Cámara de Diputados, como una de sus facultades exclusivas al aprobar el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, será la de vigilar el ejercicio del gasto, una vez que se definan las prioridades que se requieren para el desarrollo de México, para lograr la efectividad de los derechos sociales, como lo son la salud, la educación y la vivienda.

Sabemos que persiste un entorno de la economía mundial adverso. Sin embargo, el gobierno federal deberá trabajar con mayor intensidad en blindar la economía nacional, porque en ello radica la confianza de los mexicanos.

México debe seguir creciendo, es imperativo detonar todo su potencial en beneficio de las familias mexicanas. Nosotros, en Encuentro Social, trabajaremos conjuntamente en ese objetivo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada Torres. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Agradeceremos, desde luego, así como sucedió con la diputada Torres Sandoval, que se ajusten al tiempo acordado de cinco minutos en las intervenciones.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores legisladores, con pleno respeto al principio de división de poderes, en el marco del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal analizamos hoy el eje denominado México próspero para hacer la glosa respectiva sobre los temas económicos y financieros del país.

Históricamente ha existido un estancamiento de la economía y de los ingresos familiares, lo que sin duda ha dificultado la capacidad de los gobiernos para enfrentar problemas sustantivos como la pobreza, la generación de empleos de calidad y la creación de una nueva base productiva.

En los primeros tres años de gobierno se han presentado grandes reformas estructurales que responden a la necesidad de ofrecer alternativas de desarrollo y situar a México en mejores condiciones dentro de la competencia global.

En el Tercer Informe de Gobierno se privilegia la información relativa a los resultados relacionados con la implementación de las reformas en materia energética, telecomunicaciones, hacendaria, financiera y de competencia económica.

Para Nueva Alianza es el momento de que el proceso legislativo se comience a reflejar en hechos que hagan a la economía más productiva, más dinámica, y sobre todo, que se refleje en el bolsillo de los mexicanos.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Global que emite el Foro Económico Mundial, México se ubicó en la posición 61 de 144 países. A pesar de reportar un avance de la competitividad en relación a años anteriores, aún no es suficiente si consideramos que nos encontramos por debajo de países con economías similares, como son Brasil, Costa Rica, Panamá y Chile. Por lo que se deben seguir generando políticas de salud, educación e infraestructura que posicionen mejor al país.

La reforma hacendaria ha estado sometida a un intenso proceso de análisis y cuestionamientos, donde han confluido posiciones e intereses encontrados. Sin embargo, para Nueva Alianza es primordial continuar fortaleciendo el esquema tributario del país, incrementando la recaudación a través de una mayor base tributaria y dejando de lado la dependencia a los ingresos petroleros que hoy se encuentran sumamente debilitados.

Si bien, los ingresos aún no son los que necesita el país para cubrir sus gastos, principalmente en lo que a educación se refiere, no podemos dejar de lado que de acuerdo al Informe de Gobierno, los ingresos totales de 2015 representan un crecimiento real del 4 por ciento al segundo trimestre en comparación con 2014, a pesar de la reducción de 38.3 por ciento en los ingresos petroleros.

Estamos a favor de las disposiciones que propician que los que más ingresos y riqueza tienen, aporten proporcionalmente más al gasto público. Es igualmente necesario, continuar armonizando la legislación tributaria para evitar y sancionar prácticas de elusión y evasión de impuestos, porque así vamos subsanando una de las principales debilidades de nuestro sistema tributario, que es la falta de certeza, control y previsión.

Consideramos importante señalar que para el año 2015, la base tributaria se ha incrementado en 29.2 por ciento con respecto a 2012. No obstante, debemos reconocer que la misma se incrementó en gran medida por la migración del régimen de pequeños contribuyentes al de incorporación fiscal, por lo que es necesaria una base tributaria más sólida, así como continuar combatiendo la informalidad, sin que ello implique dejar de lado los estímulos fiscales que se requieren para detonar distintos sectores productivos.

Un aspecto central que determinará el futuro económico de nuestro país son los ingresos petroleros. Reconocemos que para contrarrestar la caída del precio para 2015, se contrataron coberturas petroleras para mantener el precio de barril en 76.4 dólares y para cubrir la diferencia con los 79 dólares estimados en la Ley de Ingresos 2015, se creó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

Pero hay que señalarlo también, las coberturas petroleras únicamente tienen efecto sobre el precio del barril de crudo y no sobre la plataforma de producción, la cual muestra una tendencia a la baja y tiene un gran impacto en las finanzas públicas.

La disminución de 50 mil barriles diarios de la plataforma de producción de crudo, representa una disminución de 12 mil millones de pesos en los ingresos petroleros, se espera que sea a través del régimen de contratos que se logre contrarrestar y se incremente la plataforma de producción. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada Reyes. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Salvador Zamora Zamora: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. De conformidad a lo mandatado en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

Históricamente el sector productivo más vulnerable y más marginado de nuestro país ha sido y continúa siendo el sector rural con las actividades agropecuarias, no obstante que nuestra alimentación y por ende nuestra subsistencia depende del campo.

Por ello los diputados ciudadanos en esta primera mitad del sexenio, desde la más alta tribuna de la nación hacemos propio el sentir de miles de agroproductores de nuestro país de que la política agroalimentaria hasta hoy implementada por el gobierno, continúa en deuda con este importante sector productivo.

Baste mencionar la pobreza, la falta de oportunidades y los bajos precios de comercialización de los productos; lo complicado que resulta para muchos acceder a los apoyos existentes y la facilidad con la que los grandes corporativos desplazan la riqueza agroalimentaria, el uso de productos transgénicos, entre otros muchos temas que continúan posicionando a nuestros campesinos como candidatos ideales a abandonar sus parcelas.

Todo ello es un reflejo de lo que ha señalado el doctor Héctor Robles Berlanga, destacado investigador de nuestra máxima casa de estudios, que señala y denuncia el abandono en el que se encuentran productores con menos de cinco hectáreas de terreno de siembra, quienes son casi el 70 por ciento de los más de cuatro millones de agricultores mexicanos.

La coordinación que se proyecta en el Plan Nacional de Desarrollo entre la política de fomento económico, de infraestructura logística y de articulación de sectores estratégicos como la agricultura, aun dista mucho de acercarse y concretarse lo que ha ido en perjuicio de los campesinos.

México no se mueve en el rumbo correcto y el campo ha sido víctima de esos errores. No se han concretado los esfuerzos para impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión. No se han incentivado modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado. No contamos con una estrategia de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

En síntesis, México no cuenta con una política de Estado consistente y seria que fortalezca al sector rural. Para muestra un botón: actualmente tenemos una aguda crisis en el sector lechero, que –de acuerdo al informe de gobierno– se encuentra sano, con una producción de 6 mil 500 millones de litros.

Sin embargo no se menciona que esto es un síntoma de sobreproducción, pues mientras somos incompetentes en el mercado internacional y aunado a la competencia con Nueva Zelanda, quien es el mayor productor de leche en el mundo, la leche mexicana cae estrepitosamente en los mercados mundiales, dejando de ser útil en las bodegas mexicanas.

Hoy también queremos enfatizar que resulta impostergable que en nuestro país se revise y se llegue a revisar el tratado de libre comercio con América del Norte, y en donde productos como el maíz blanco tengan una exhaustiva regulación.

El maíz blanco y los productores de maíz blanco en nuestro país, en cada cosecha padecen un calvario. No existe un precio de garantía que tiene dificultades para colocar sus productos y padecen –además– la presencia masiva de granos foráneos que ponen en riesgo no sólo la salud de los mexicanos, sino que la subsistencia del sector y la posibilidad de llevar alimentos a sus familias.

Finalmente lo que resulta más grave es que las políticas públicas implementadas en materia agropecuaria, no han impedido que se continúe incrementando el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza en el sector rural como lo reporta el Coneval.

Las actuales estrategias no han servido y no han evitado que continuemos exportando los braceros a los Estados Unidos, pero además no han permitido garantizar nuestra seguridad alimentaria ni han permitido apoyar de manera eficaz a los productores para la comercialización y desarrollo de sus actividades.

Lo que es peor aún, el nivel adquisitivo y la calidad de vida de los productores del campo mexicano, principalmente los pequeños propietarios y los ejidatarios, no han mejorado en los últimos años, ello a pesar que lo que se dice y se pregona, esté generando expectativas aún lejanas de alcanzar.

Por ello Movimiento Ciudadano llega a esta Sexagésima Tercera Legislatura a marcar una diferencia: anteponer en este tema el interés de todos los productores del campo por encima de los intereses personales y de los grupos de siempre.

Nunca es tarde para reemprender el camino; nunca es tarde para reconocer errores, para aceptar los desaciertos y para redirigir el rumbo.

Si existe voluntad política, compromiso y visión de las autoridades federales, tendremos la posibilidad de consolidar los proyectos que hacen falta para dignificar y fortalecer al sector rural para convertirlo en el motor de la economía nacional y en un generador de bienestar para las familias de ingresos y de riqueza para todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Zamora. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el permiso del diputado presidente. Hace unos días, cuando el presidente de la República presentó su informe de gobierno, por supuesto un informe en donde no había nada qué informar, un país, pero sobre la crisis de inseguridad y económica, una sola cosa fue destacada por los medios de comunicación, el intento de vender miedo a los mexicanos.

Lo único que se destacó es esa falsa advertencia de Peña Nieto al populismo. Ahí, se manifestó la idea de que el único proyecto legítimo que puede haber, es el del pensamiento único de la economía, el proyecto neoliberal. Fueron los mismos que vendieron aquél miedo del peligro para México, y que nueve años después entregan un país sumido en la miseria, en el bajo crecimiento económico y en la inseguridad.

La principal falla de esta administración, la principal falla también del llamado Pacto por México tiene que ver con no atreverse a concebir la economía de otra manera, de no pensarla con otras variables. Y por eso la economía no ha crecido.

Tenemos un crecimiento promedio de menos de 1 por ciento en relación al producto nacional. Tenemos una economía que genera 63 millones de pobres. Tenemos un índice de desigualdad que crece; el 1 por ciento de los mexicanos tiene el 20 por ciento de la riqueza nacional y no tenemos un proyecto alternativo de nación que vaya precisamente al centro del problema, a combatir la desigualdad.

Desigualdad es la gran marca de este país. Combatirla, reducirla es nuestra principal responsabilidad como diputados, como representantes del pueblo. Y por eso tenemos que pensar en otras cosas, por eso tenemos que comprometernos con el tema del salario mínimo. En 1978, cuando el salario mínimo estuvo a su nivel mayor, eran 241 pesos diarios. Ahora son 70.

Tenemos que comprometernos con una política industrial distinta, que pueda incorporar tecnología a la industria, que sí apoye a las pequeñas empresas. Y eso no lo podemos hacer con un presupuesto con el que hoy se nos presenta. El 30 por ciento de la inversión física tiene un recorte y hay un 20 por ciento en la inversión total, es el nivel de inversión más bajo de este país desde los años 40.

Hemos renunciado a hacer política industrial y hemos renunciado también a que la inversión pública incentive la economía. Hemos renunciado a revisar los tratados internacionales para también poder hacer política industrial y apoyar a nuestros mexicanos.

Hemos renunciado a seguir fortaleciendo las instituciones de seguridad social, el 20 por ciento de los mexicanos no tiene servicios de salud, más o menos el mismo número de mexicanos que no puede comer de manera adecuada todos los días. Ese es el nivel del compromiso que tenemos con el país y ese es el nivel del fracaso de la política económica de México.

Pero también, además, la famosa idea de la estabilidad, de que todos teníamos que hacer un esfuerzo y dejar de cubrir las necesidades básicas por la estabilidad económica, se viene abajo.

Al inicio de esta administración el 35 por ciento del producto interno bruto representaba los compromisos financieros del gobierno federal, ahora es casi 50 por ciento. En 10 años más será el 90 por ciento del producto.

La economía nacional, las finanzas públicas están quebradas. Ese es el otro gran problema de este presupuesto, que presenta reducciones en los principales programas públicos, en las universidades, en la inversión productiva. Es un presupuesto que quiere acabar con empresas como Pemex y con CFE. Es un presupuesto que va a hundir más a la economía, que no respeta los programas sociales y que no le exige al gobierno que vea con claridad el problema de la austeridad y que se apriete el cinturón.

Nuestro compromiso, nuestro proyecto, es con políticas de igualdad, con construir un Estado de bienestar con la renta mínima, con el salario mínimo suficiente para todos los trabajadores, con condiciones para que los trabajadores se organicen y puedan cumplir el sueño de que sus salarios sean suficientes. Esa es la política que una verdadera izquierda requiere.

Estas no fueron por desgracia las políticas del Pacto que quisieron generar crecimiento y prosperidad en un proyecto neoliberal que simplemente quería liberalizar mercados y que no le daba al Estado su papel de regular la economía, de promoverla y sobre todo de garantizar niveles de bienestar a todos los mexicanos.

Se puede gobernar la economía, podemos asumir la responsabilidad de que se garanticen los derechos de las personas, pero para eso tenemos que cambiar lo que se está haciendo, para eso tenemos que presentar y pensar la economía en términos distintos.

Hoy se quiere, por ejemplo, aprobar la ratificación del gobernador del Banco de México, cuando no hemos discutido si queremos solamente un banco que se encargue de la inflación pero no de promover el crecimiento; si queremos o no un Banco de México que pueda regular las transacciones financieras para que todos los mexicanos puedan tener acceso al crédito. Al contrario, aprobamos una reforma financiera que perpetua el poder de los bancos y su capacidad de generar rentas de los mexicanos.

Ni hay competencia ni hay mercados eficientes, lo que hay es un Estado que ha renunciado a garantizar igualdad y condiciones de vida adecuadas para todos. Por eso nuestro compromiso, el compromiso de Morena, el compromiso de la izquierda es fundamentalmente cambiar la política económica de México. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su venia, señora Presidente. Compañeros diputados, tanto los aquí presentes como los que gracias a la tecnología nos siguen en sus tablet o en sus teléfonos o en el Canal del Congreso, el tema y el reto más grande de la economía mundial es la economía, como para dejarla simplemente en que parece que todo va mal, cuando los números nos indican que todo va bien.

Tenemos un gobierno donde no vendemos miedo. El presidente Enrique Peña Nieto, en un análisis realista, autocrítico, lo que ofrece es certeza, lo que ofrece es realidad, lo que ofrece es presente.

Yo encuentro un Informe, y hablo a nombre de la banca del Verde, que tiene rumbo, dirección política y sobre todo una lógica económica. Sin la reforma fiscal que aquí autorizaron todo un grupo de legisladores, a quienes les hago el más amplio reconocimiento, hoy no tendríamos presente ni siquiera opción de futuro, y hay que resaltar que fue apoyado por muchas de las bancadas de este Congreso.

Esta administración lo que ha hecho es atender los desafíos, atender un mercado internacional volátil, atender un mercado financiero volátil y lo ha hecho fincando bases para el crecimiento económico.

La economía tiene variables muy claras, mentira que son variables poco claras y lo que presenta el informe es un ajuste ordenado de las finanzas. Presenta un crecimiento, si bien menor al esperado un crecimiento, que está por encima del promedio de los países de la OCDE.

Hoy no dependemos del petróleo para crecer. Hoy la base tributaria se ha ampliado y además el gobierno se ha apretado el cinturón, hoy hay menos gasto público, menos en gasto corriente.

Es cierto, se tuvieron que cancelar algunos proyectos de inversión, pero se hizo con valentía, se hizo sin populismos, se hizo sin demagogia, se hizo con el ánimo de buscar salir adelante financieramente y se ha logrado. Que fueron decisiones difíciles, lo fueron, pero se hace con valentía y, sobre todo, se hacen con coraje.

Prueba de ello es que hoy la inflación es la más baja en la historia reciente del país. Hoy las tarifas de Internet, de telefonía, las eléctricas han bajado. Ya no hay más gasolinazos, se incrementó el consumo interno y, por supuesto, la productividad. La inversión extranjera es inversión récord, más del 50 por ciento que el año pasado. Estos tienen que ser solamente números buenos para nuestro país.

Hemos recibido un paquete económico, hay que decir la verdad, que no afecta a ninguna institución de educación superior, que no afecta a educación, que no afecta cultura, que no afecta ciencia y tecnología, que no afecta programas sociales, que no cobra más impuestos, que reduce el déficit. Eso es ser responsable y no hablar de populismo.

Por supuesto que un país como el nuestro siempre habrá mucho por hacer, cada presidente ha tenido mucho por hacer. Lo importante es estarlo haciendo, como lo está haciendo el presidente Peña Nieto y estar en la ruta trazada para lograr esa meta. Eso es lo importante, no decir que no hay nada por hacer, lo hay.

La Secretaría de Hacienda ha hecho su tarea, ha administrado los recursos, ha manejado la estabilidad, ha buscado austeridad. Y hay que hacerles el reconocimiento al presidente y al secretario, don Luis Videgaray, en lo que ha hecho. Las cifras están ahí a la vista, más allá de quienes no quieran verlas: inflación controlada, economía con capacidad de reacción ante el entorno internacional, recaudación record, estabilidad económica. Además, el proyecto –por ahí hay algún eco– del presidente Peña Nieto fue ratificado en el lugar donde se ratifican las cosas, en las urnas, porque fuimos a ganar la mayoría de los distritos, para el PRI y para el Verde. Esa es la realidad.

Hay gobierno, hay rumbo. Hoy tenemos un gobierno que escucha, que oye y no nada más es de discursos, pero que sobre todo cuesta menos y hace más. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Salazar. Tiene ahora el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, venimos hoy a manifestar nuestro posicionamiento con motivo del informe que guarda la administración pública federal en materia económica a tres años de gobierno.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifiesta su rechazo a dicho informe, toda vez que presenta logros y avances tendenciosos que buscan confundir a la opinión pública.

El crecimiento económico alcanzado en esta administración ha estado muy por debajo de las estimaciones y lejos de alcanzar la meta sexenal. No en vano, las encuestas de opinión pública le dan un nivel de desaprobación cercano al 64 por ciento.

Basta mencionar algunas cifras para dimensionar lo que acontece en el país. En 2013 se dijo que creceríamos 3.5 por ciento y apenas llegamos al 1.1 por ciento. La historia se repitió en 2014, se proyectó 3.9 por ciento de crecimiento económico y apenas se alcanzó el 1.9 por ciento. Para este año nuevamente se dijo que creceríamos el 3.5 por ciento y apenas llegaremos al 2 por ciento.

En materia de deuda vemos que tan solo entre 2014 y 2015 la deuda externo aumentó 26 por ciento y la deuda interna 21 por ciento. Además, cada vez es mayor el valor de la deuda en manos de los extranjeros. Desde 2012 pasó de ser del 10.1 al 12.1 del producto interno bruto. La política actual del gobierno es malgastar y pedir prestado.

La debilidad de las finanzas públicas y el mal gasto tiene como consecuencia el bajo crecimiento. El crecimiento real de los ingresos públicos ha sido del 4.9 por ciento durante 2015 y proviene, efectivamente, del crecimiento de los ingresos tributarios, IVA, IEPS e ISR. Sin embargo, no se ha gastado bien.

Es cierto que la recaudación tributaria continúa a la alza y que en 2015 el padrón de contribuyentes aumentó en 29.2 por ciento con respecto a noviembre de 2012. Esta tendencia se estabilizó.

Esta política gubernamental ha traído como consecuencia que no hemos podido afrontar las adversidades del contexto internacional. La economía mundial se encuentra en un ciclo de bajo crecimiento, debido a la menor demanda de Estados Unidos y China.

Además, el precio del barril de petróleo sigue a la baja. Entre 2012 y 2015 cayó 50 por ciento del valor proyectado. Y el descenso en la expectativa de crecimiento económico internacional prevé una menor demanda de crudo.

Este panorama ha traído, entre otras consecuencias, la depreciación del peso frente al dólar, que tan solo este año superó los 17 pesos.

Un ingrediente más. Después de los resultados de tres décadas de políticas neoliberales, la nación no soporta continuar bajo este modelo inspirado, casi exclusivamente en la competencia de mercado que genera profundas desigualdades sociales, empobrecimiento a la mayoría y enriquecimiento a un puñado de grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Es de lamentar que el 55 por ciento de la población económicamente activa son trabajadores informales. Que existen más de 7 millones de mexicanos que no estudian ni trabajan. Y en consecuencia, la pobreza sigue creciendo según los datos del Coneval.

Como consecuencia de esta política neoliberal se ha incrementado la desigualdad. El ingreso familiar entre el 10 por ciento más rico es 30 veces mayor al del 10 por ciento más pobre, es decir, solo unos cuantos concentran el 43 por ciento de la riqueza y el 21 por ciento de los ingresos nacionales.

Tan solo entre 2013 y 2015 la riqueza de los cuatro hombres más ricos de México, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego, pasó de 2 por ciento a 9 por ciento del producto interno bruto, mientras que tenemos 2 millones de pobres más solo en esta administración.

Ésta es la realidad que padecemos, no las cifras que se presentan en el informe Presidencial. Es por ello, que debemos de buscar mecanismos para frenar el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, las llamadas reformas estructurales defendidas y publicitadas desde la Presidencia de la República, no ha presentado resultados a la altura para enfrentar los retos económicos y sociales que aquejan al país.

Se nos dijo, que dichas reformas eran urgentes para que nuestro país alcanzara niveles mayores de crecimiento a los registrados en las últimas tres décadas. A pesar de las críticas, el cuestionamiento y la resistencia de ciertos sectores de la sociedad, las reformas se aprobaron.

¿Y qué ha ocurrido compañeras diputadas, compañeros diputados? Las inversiones estatales o privadas no llegan, el empleo con salario bien remunerado no existe y por el contrario, sigue deteriorándose el ingreso de los trabajadores, la economía no crece, el peso se hunde con la devaluación y la incertidumbre es cada día mayor.

En medio de este panorama social, solo atinan a proponer medidas desesperadas y temerarias como el llamado Presupuesto base cero y el recorte presupuestal a los programas sociales del gobierno, en lugar de aplicar políticas públicas orientadas a la distribución de la renta nacional, fomentan la especulación con peso, malbaratan los hidrocarburos y exentan del pago de impuestos a los grandes empresarios.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, manifiesta que no nos oponemos a un gasto más racional y eficiente, ni tampoco al recorte del presupuesto público en gasto corriente, pero sí nos opondremos a que se afecten los programas de inversión productiva en áreas estratégicas y que se recorten los recursos en programas sociales, prioritarios como educación, salud, vivienda y el campo.

Concluyo, presidente. Insistimos también, en que el camino a seguir para reactivar el mercado interno y la economía nacional, consiste en aplicar políticas sociales y laborales orientadas a aumentar los ingresos de los trabajadores y el bienestar de la población.

En concreto. Insistiremos en la necesidad de desindexar el salario mínimo a fin de que podamos llevar a cabo un aumento general de los salarios de los trabajadores, al mismo tiempo que proponemos incrementar la inversión de bienes públicos en las áreas estratégicas de la economía. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputado Valencia. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios de comunicación. En días pasados el presidente de la República dirigió un mensaje a la nación con motivo de su Tercer Informe de gobierno, en donde nos establece la visión oficial que tiene desde su administración sobre la situación general del país.

Sin embargo, en la fracción parlamentaria de Acción Nacional queremos expresarle al presidente Peña que no coincidimos con lo ahí expuesto. En Acción Nacional hemos propuesto y apoyado las reformas estructurales que son buenas para México, que a su vez hemos alzado la voz en contra de aquellas reformas que nos han afectado como país y que dañan de manera directa a los mexicanos.

Como legisladores tenemos la obligación de hacer un ejercicio de reflexión para señalar tanto los aciertos como los errores de los gobiernos en turno. En esta ocasión debemos decirle a la actual administración que las cosas no van bien. Debemos decirle que no han sabido gobernar como tantas veces lo habían presumido en el pasado. Ahí están los malos resultados.

A diferencia de lo que se afirma en el Tercer Informe de Gobierno, el país se encuentra sumido en un letargo económico y social que a la vista de los mexicanos sugiere serias dificultades en el corto y mediano plazo.

En la actualidad la realidad rebasa el falso discurso, ya que los ciudadanos no necesitamos ser expertos en economía y finanzas públicas para comprobar que las cifras triunfalistas presentadas por el gobierno de la República distan mucho de la realidad que vive nuestro país. Esto se comprueba cuando revisamos nuestros bolsillos y nos damos cuenta con tristeza que el dinero cada día nos alcanza menos para cubrir las necesidades más básicas.

Nos prometieron un México próspero con estabilidad macroeconómica, asegurando que sin reformas relevantes el potencial del crecimiento de nuestra economía sería entre el 3 y 4 por ciento del producto interno bruto. Hoy difícilmente rebasaremos el 2 por ciento.

Nuestro grupo parlamentario apoyó la reforma energética con el propósito de aumentar la producción del petróleo y generar ingresos adicionales a la federación.

Si bien es cierto que el precio del petróleo ha caído 65 por ciento por razones del mercado mundial, de enero de 2014 a junio de 2015, la producción ha caído un poco más de 259 mil barriles diarios. Y eso sí es responsabilidad de la actual administración. Estamos hablando de una contracción del 10 por ciento de la producción.

La despetrolización de los ingresos del Estado no es un logro del gobierno de Enrique Peña Nieto, obedece más bien a un desplome de los precios del crudo a nivel internacional y esta administración no tuvo más remedio que resignarse ante el fracaso de las rondas I y II.

Por otra parte, el Padrón de Contribuyentes que registra el SAT, durante los últimos tres años creció apenas el 7.8 por ciento; pero la recaudación ha ido a la baja por las deficiencias de la autoridad hacendaria. Los flujos de capital hacen que México ocupe el lugar número 13 entre los países que atraen más inversión en el mundo. En 2013 nos ubicábamos en el lugar número 10.

La reinversión de utilidades del capital extranjero disminuyó este año 15 por ciento con respecto al año anterior, y no se vislumbra por parte de este gobierno una medida clara que retenga esta inversión. Nos prometieron administrar la deuda y tener déficit cero. Sin embargo el saldo de la deuda neta del gobierno federal, ha crecido desde el 2013, y actualmente alcanza poco más de 5.8 billones de pesos gracias al débil desempeño económico.

Lo único que ha salvado a este país es el nombramiento de un buen gobernador del Banco de México, nombramiento –por cierto– hecho por un presidente de extracción panista. Lo que ha salvado a la economía nacional son las subastas que ha hecho Banxico, gracias a las reservas internacionales que fueron procuradas por los gobiernos panistas.

En este gobierno las reservas internacionales han caído poco más de 5 por ciento al pasar de 196 mil millones de dólares, a 185 mil 785 millones de dólares, solamente en el periodo de enero a agosto del presente año.

En Acción Nacional estamos comprometidos para buscar revertir la aprobación de la tóxica reforma fiscal que –entre muchos efectos negativos– ha demostrado que la homologación del IVA al 16 por ciento en la frontera, ha terminado con la competitividad en nuestra región y nos afecta de manera directa a quienes habitamos en la zona fronteriza.

Hago un exhorto para que se revierta la homologación del IVA en la frontera, que el gobierno federal y su partido representado en el Congreso de la Unión que aprobó, y que a la fecha nos ha afectado con mayor inflación, menos competitividad, menos poder adquisitivo, pérdida de empleos, y en general, con la caída de la economía regional de nuestros estados fronterizos en el norte del país.

Señoras y señores diputados, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional actuaremos con responsabilidad y con respeto a las instituciones del país, y con la autoridad moral que tenemos, el haber apoyado la reducción del 50 por ciento del presupuesto en los órganos de gobierno de esta Cámara, exhortamos al presidente de la República a reducir en el mismo monto, el presupuesto de Los Pinos. También en Los Pinos hay mucho que ahorrar. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada Cruz. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Esther Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño: Con la venia de la Presidencia. Distinguidos diputados y diputadas, no cabe duda que no siempre se puede estar de acuerdo, por eso somos de partidos distintos, por eso tenemos diferencias. Pero hoy es significativo, resulta fundamental que en el marco de esta glosa del III Informe de Gobierno, realicemos un análisis objetivo de las políticas públicas que en materia económica ha implementado la actual administración.

¿Y por qué es importante? Porque de ello dependerá reconocer las decisiones que con responsabilidad y oportunidad se han tomado. También dependerá para identificar aquellas que a través del diálogo democrático entre los distintos sectores sociales y las diferentes fuerzas políticas hoy representadas en el Congreso, puedan ser enriquecidas.

La disciplina fiscal y el manejo responsable de las finanzas públicas, fortalecidas gracias a la reforma hacendaria, han permitido hacer frente a una disminución pronunciada de los ingresos provenientes del petróleo, de este modo se ha cumplido con el compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica del país establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta habilidad que ha permitido el desarrollo de la actividad productiva sin generar desbalances fiscales, financieros, de inflación o externos.

Hoy el sistema financiero mexicano es sólido y solvente, con niveles de capitalización superiores al estándar internacional de Basilea III. Sin embargo, no debe olvidarse que el deber del gobierno no concluye con mantener un marco institucional sólido o con cuidar el desempeño de las variables macroeconómicas, en el ejercicio del gobierno es deber de la política económica salvaguardar el bienestar económico de las familias mexicanas y proveer las condiciones adecuadas para el desarrollo con igualdad.

Por ello quiero subrayar que en julio de 2015 el número de trabajadores afiliados al IMSS creció a un ritmo anual de 4.4 por ciento, cifra que aunada a la expansión real de la cartera de crédito de la banca comercial al sector privado en un 7 por ciento esto nos permite observar el impulso a la generación de empleos formales y la demanda interna.

Durante el primer año, ya se dijo aquí, de la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal el número de contribuyentes aumentó en 23.1 por ciento respecto al padrón del anterior llamado comúnmente Repecos. En este segmento inciden también los esquemas para fomentar la inclusión financiera de jóvenes emprendedores y mujeres empresarias, instrumentados por la Banca de Desarrollo.

Las medidas de prudencia fiscal, como son la adquisición de una cobertura de los precios del petróleo y el ajuste preventivo de 124 mil millones de pesos al gasto público, anunciado en enero de este año, contribuyen a mantener las metas del déficit público para este 2015, en línea con lo aprobado por esta soberanía.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos que las reformas estructurales requieren seguirse implementando de manera eficaz. Reconocemos también que el mayor alcance de estas se dará en el mediano plazo. Sin embargo, es justo destacar que como señala el Informe que hoy analizamos, las reformas promovidas por el presidente Peña Nieto ya muestran beneficios concretos.

Los niveles más bajos de inflación desde que se lleva registro; mejoría en la competitividad y productividad de las empresas mexicanas. Disminución en las tarifas de telefonía móvil, fija y larga distancia internacional; la eliminación de la tarifa de larga distancia nacional y se cuadruplicó la penetración del servicio de banda ancha inalámbrica; crecimiento en la inversión privada en el sector energético.

Disminución de las tarifas eléctricas en el servicio doméstico de alto consumo y en el servicio comercial y fin a los llamados gasolinazos. Incremento adicional al financiamiento del sector privado y en el mercado interno crecimiento a la inversión bruta, incremento en el consumo privado, aumento a las ventas en los ingresos al por mayor y en ventas al por menor, entre otras.

Aun en el contexto de prudencia fiscal y austeridad al que obliga el entorno internacional, durante el periodo que cubre el Tercer Informe de Gobierno se privilegió la inversión pública en educación, ciencia y tecnología, seguridad y los programas también para combatir las carencias y mejorar el acceso a los derechos sociales.

Corresponde al Ejecutivo priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al sistema nacional de planeación democrática, para sortear el entorno que hoy presenta la economía mundial, respetando el compromiso de proteger a las familias, puntualizo, subrayo, de menores ingresos, preservando la aplicación de la tasa cero del IVA a los alimentos y las medicinas, así como al exención a las colegiaturas, la venta, renta y pago de hipoteca de casa habitación.

Asimismo, aquellos asentados en el acuerdo de certidumbre tributaria y en las medidas de responsabilidad fiscal para mantener la estabilidad, con los ajustes necesarios, reitero, que haremos nosotros en esta soberanía al gasto público en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las reformas en materia económica significan una profunda transformación del país. Reto, transformación que de manera pausada y firme habrá de potencializar el desarrollo económico de las familias mexicanas.

Decir que todo está mal es muy fácil, decir que nada funciona es muy sencillo; hacer que las cosas funcionen y se den, eso es lo difícil. Para eso estamos aquí. Apoyaremos con todo nuestro esfuerzo que esto se haga posible. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias, diputada Scherman. Ha concluido la primera ronda acordada para la discusión del análisis del Tercer Informe de Gobierno, en materia de política económica.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: (a las 16:11 horas): Habiéndose cumplido las cinco horas reglamentarias de sesión ordinaria y teniendo conocimiento esta Presidencia de que hay un amplio consenso de los grupos parlamentarios para que la segunda ronda en esta materia de política económica, así como las dos correspondientes a la discusión del rubro de política social se aborden en la próxima sesión de esta Cámara de manera prioritaria, declaramos que se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes, 15 de septiembre de 2015, a las 11 horas, en los términos anunciados.

Se les informa que el registro de asistencia se hará en los lectores biométricos que estarán disponibles desde las 09:30 horas en el vestíbulo de sesiones.

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