INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 15 de septiembre de 2015, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados(*)

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 15 de septiembre de 2015 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. De decreto, para emitir una moneda conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

3. Que adiciona el artículo 111 de La Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

6. Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Daniela de los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

7. Que expide la Ley General de Adopción y se derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Daniela de los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

8. Que reforma el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que declare a la región de Tierra Caliente de Guerrero, como zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, a fin de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, en los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de apoyo a la celebración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857, suscrito por los diputados Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

4. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el fortalecimiento de la industria azucarera y piloncillera, a cargo del diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

5. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de programas sociales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

6. Con punto de acuerdo, por el que se solicita realizar diversas acciones para fortalecer los trabajos de la Comisión de la verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la PGR para que incremente los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, en relación al brote epidemiológica de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR, atender las conclusiones presentadas por la CIDH, a través del grupo de expertos interdisciplinarios independientes, sobre el caso Ayotzinapa, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a negar cualquier autorización al proyecto denominado “Don Diego”, de la empresa Exploraciones Oceánicas, ubicado en el golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de la CFE, para que revise y en su caso haga una propuesta a la SHCP, respecto de los ajustes tarifarios a usuarios de la región de La Montaña del estado de Guerrero, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la Industria del Café, a cargo del diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

13. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa a fin de brindar apoyo a los productores de maíz de nuestro país, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, relativo al refugio y asilo para las personas desplazadas por las condiciones vigentes de guerra civil y persecución racial y religiosa en la República Árabe Siria, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

15. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la cuenca Lerma-Chapala, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de San Luis Potosí y al gobernador electo de la entidad, para que difundan el acta de entrega y recepción del cambio de administración, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial UNGASS 2016, suscrito por diversos diputados de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y de Morena.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedatu y la Sagarpa, coordine la elaboración de un estudio del territorio nacional para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la aseguradora Agroasemex, SA, a continuar con el apoyo a los fondos de aseguramiento para los pequeños y medianos productores de temporal, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para atender y apoyar la conservación y el desarrollo turístico y cultural de las ciudades mexicanas reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, así como a los pueblos mexicanos que forman parte del programa pueblos mágicos de la Secretaria de Turismo, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

22. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial del Café, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a fin de crear la fiscalía especial para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a fin de intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Veracruz, para que difunda las modificaciones y correcciones anunciadas el 13 de julio de 2015 al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de la Comisión Especial sobre desapariciones forzadas, suscrito por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP, para que realicen una campaña nacional en materia de prevención del suicidio, a cargo del diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Salud, para su dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que difunda el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y al destino de los bienes del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

30. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Movilidad, suscrito por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

31. Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

32. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial en materia de desaparición forzada de personas, a cargo del diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

33. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Programas Sociales, suscrito por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a fin de implementar un programa que atienda la problemática de los productores michoacanos, mediante apoyos para la obtención de fertilizantes, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que de celeridad a la instalación de comisiones ordinarias, y en particular a la de Puntos Constitucionales, a fin de retomar la Reforma Política del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

36. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción de la línea 3 del Tren Eléctrico del área metropolitana de Guadalajara, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

37. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

38. Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la titular de la Sedatu, a diseñar e implementar nuevos programas de financiamiento público destinados a mujeres, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.»

INICIATIVAS                                                                                                                                                         EMITIR UNA MONEDA CONMEMORATIVA POR EL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

«Iniciativa que de decreto, para emitir una moneda conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

a) Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857.

b) Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Objeto del decreto

Emitir una moneda conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857.

d) Argumentos que lo sustenten

1. Las Constituciones latinoamericanas, incluida por supuesto la mexicana, son estructuras jurídico-políticas con una tradición de casi dos siglos. Desde entonces, ese constitucionalismo ha devenido primero, en asentar la organización de poderes desde el XIX; y segundo, en la consagración de derechos humanos que se modificaron sustancialmente a comienzos del siglo XX.

2. “La Constitución de Querétaro de 1917 es una de las más longevas del mundo. La mayoría de las constituciones vigentes son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y buen número de ellas fueron expedidas después de la caída del Muro de Berlín en 1989. Los países de Latinoamérica, salvo Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, han promulgado un nuevo texto constitucional después de 1978. La celebración del centenario de la Constitución mexicana en 2017 es un motivo para reflexionar tanto sobre su longevidad excepcional como sobre los problemas y dilemas que plantea el texto constitucional vigente.

Es verdad que México no ha expedido una nueva Constitución, pero en cierto modo contamos con un nuevo texto constitucional. El llamado Poder Constituyente Permanente ha estado muy activo: al día de hoy, el texto de la Constitución de 1917 se ha modificado 642 veces (629 veces a los artículos, 9 a los transitorios y 4 a los artículos transitorios de reformas constitucionales). Casi dos tercios de esas reformas son posteriores a 1982 y sólo en el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) se publicó casi una quinta parte de todas las reformas. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que tomó posesión el 1 de diciembre de 2012, también ha iniciado su mandato con varias iniciativas de reforma constitucional y que van 90 artículos reformados al 1 de julio del 2015. El segundo periodo presidencial –que aún no concluye– con más reformas, solo después del de Calderón, que tuvo 110.

3. “Es cierto: hoy en día existen variopintos diseños constitucionales, algunos incluyen una batería de derechos diseñados a partir de las lógicas individual, social y comunitaria; otros apuestan por un federalismo construido con el propósito de respetar las diferencias étnicas, lingüísticas y/o culturales de una nación; y no pocos se han preocupado por implementar sistemas electorales que impidan que los resortes del poder mediático y económico definan los saldos de las elecciones. Sin embargo, un ingrediente característico de la narrativa constitucional consiste en entender a la Constitución como una herramienta. Un recipiente institucional relleno de múltiples valores que se debe operar –reformar, interpretar y aterrizar mediante legislaciones secundarias– con un objetivo muy puntual: solucionar dificultades”.

4. Es importante resaltar que por la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 se emita una moneda que permita a los mexicanos unirse a un acontecimiento cívico de gran envergadura. No debemos olvidar que “desde hace varios años, el Banco de México ha utilizado la acuñación (fabricación) de monedas y la emisión de billetes para conmemorar hechos de importancia nacional.

En los últimos años se han emitido piezas con la doble intención de ser de curso legal o de cuño corriente; es decir, para utilizarlas en la vida diaria para realizar pagos; y además, para conmemorar eventos relevantes. En otras palabras, son piezas que se pueden emplear para realizar pagos y además, son atractivas para coleccionarlas.

Aunque los billetes y las monedas conmemorativas son de curso legal, mucha gente las conserva como recuerdo de los acontecimientos que representan. El hecho de que sean conmemorativos significa que se fabricaron pocas piezas con respecto a los billetes y monedas comunes”.

e) Ordenamientos por modificar

Se emite un decreto.

f) Texto del decreto propuesto y artículos transitorios

Con base en lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857

Único. Se aprueba la emisión de una moneda conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

Valor nominal: 100 pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: Treinta y dos milímetros.

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y una otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75 por ciento de cobre y 25 por ciento de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 gramos.

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 gramos, en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92 por ciento de cobre, 6 por ciento de aluminio y 2 por ciento de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 gramos.

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 gramos, en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponderá con lo siguiente: 15.945 gramos y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 gramos, en más o en menos.

Los cuños serán

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será hará en los términos del artículo segundo transitorio del presente decreto y que determine el Banco de México, para lo cual se emitirá una convocatoria pública para recibir propuestas de diseñadores, artistas, universidades, instituciones públicas o privadas y público en general.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México emitirá las bases y la convocatoria que se refiere a las características de la moneda conmemorativa para su reverso.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto se acuñará a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño del reverso de la moneda conmemorativa.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos a la propuesta de diseño del reverso de la moneda conmemorativa. Los ajustes técnicos que se realicen deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Se harán los trámites legales que sean procedentes para que al Banco de México le corresponda el derecho de autor o de propiedad industrial derivado de la acuñación de moneda conmemorativa por el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857.

Notas

1 Fix-Fierro, Héctor, “Engordando la Constitución”, en Nexos. Véase http://www.nexos.com.mx/?p=18375 2 de septiembre de 2015.

2 López Noriega, Saúl, “Constitución sin constitucionalista”, en Nexos. Véase http://www.nexos.com.mx/?p=18382 2 de septiembre de 2015.

3 Banco de México. Véase http://www.banxico.org.mx/divulgacion/billetes-y-monedas/billetes-monedas-conme morativ.html 3 de septiembre de 2015.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de septiembre de 2015.— Diputados: Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo, Carlos Hernández Mirón (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, diputados federales integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

a) Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

b) Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

c) Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.

Facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con el objeto de:

1. Homologar la legislaciones expedidas por las legislaturas de los estados y de la Asamblea del Distrito Federal y sentar las bases generales con relación al objeto; definiciones legales; procedimientos; autoridades competentes y responsabilidades; plazos y términos; estructura; órganos; riesgos y amenazas; medidas de prevención y protección; casos de urgencia; beneficiarios y víctimas; medios de coordinación y cooperación institucional; presupuesto y recursos económicos y materiales; participación de la sociedad civil; recursos de inconformidad, así como sanciones administrativas y penales.

2. Impulsar la expedición de una legislación especializada en la materia en aquellas entidades federativas que aún no cuentan con ella.

d) Argumentos que la sustenten

Primero. Con la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos el Congreso de la Unión se encuentra obligada a promover, tramitar y procesar la legislación en materia de derechos humanos con los más altos estándares y referentes internacionales.

La reforma constitucional en derechos humanos brindó una validación política y jurídica insoslayable al vasto conjunto de activistas que asumieron un liderazgo constructivo en el curso del debate político nacional mexicano, así como a aquellos cuyas denuncias y exigencias se hicieron incluso desde espacios contestatarios; no obstante, la plena implementación de la reforma constitucional a través de las leyes específicas que impone sigue pendiente.

Ahora le compete al Congreso de la Unión, impulsar una legislación que garantice plenamente la protección a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, y por ello, resulta necesario el fortalecer un marco jurídico.

“Las amenazas, hostigamientos, deslegitimaciones, agresiones físicas, detenciones, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos son algunas situaciones que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan en México por el solo hecho de velar por el resguardo de los derechos humanos y la libre expresión”.

Hay que reconocer que existe un gran cúmulo de trabajo por realizar en que respecta al respeto y la protección de los derechos humanos. Es indispensable que a la brevedad se aprueben las leyes que garanticen la operatividad de los nuevos contenidos constitucionales. Esta Legislatura debe dar muestra de que se encuentra comprometida con los más altos valores democráticos.

Por ello, es imprescindible construir una reforma constitucional que nos permita: primero, homologar la legislaciones expedidas por las Legislaturas de los Estados y de la Asamblea del Distrito Federal y sentar las bases generales con relación al objeto; definiciones legales; procedimientos; autoridades competentes y responsabilidades; plazos y términos; estructura; órganos; riesgos y amenazas; medidas de prevención y protección; casos de urgencia; beneficiarios y víctimas; medios de coordinación y cooperación institucional; presupuesto y recursos económicos y materiales; participación de la sociedad civil; recursos de inconformidad, así como sanciones administrativas y penales, y segundo, impulsar la expedición de una legislación especializada en la materia en aquellas entidades federativas que aún no cuentan con ella.

Segundo. Hoy, México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas, y el tercero en el mundo después de Pakistán e Irak. Con ello, México es el país del continente para ejercer el periodismo. Esto lo confirma el Informe del Relator Especial presentado en 19 de mayo de 2011 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Sumado a todo ello, es innegable que prevalece una situación de impunidad, ejemplificada por el hecho que muy pocos de los 66 casos de asesinato de periodistas, y doce desaparecidos,  ocurridos entre el año 2000 y diciembre de 2010, hayan sido esclarecidos.

Sin duda, la ausencia de investigaciones concluidas impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes.

En este sentido, el Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de 2010, presentado por la doctora Catalina Botero, Relatora Especial de la OEA, destaca lo siguiente en materia:

1. Las diversas fuentes consultadas por la Relatoría confirman que, sin desconocer que el problema de la violencia afecta a todos los sectores de la población mexicana, la violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse, debido a factores como el crecimiento del  crimen organizado en ciertas zonas del país. Llama la atención de la Relatoría que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos la única institución estatal que cuenta con un registro público y documentado de crímenes contra periodistas. La CNDH reporta que 64 periodistas fueron asesinados en México del año 2000 a julio de 2010, y 11 han sido desaparecidos del año 2006 a julio de 2010. De estos casos, 29 asesinatos y 5 desapariciones han ocurrido tan sólo desde 2008.

2. A estas cifras se suman los secuestros de periodistas y atentados con explosivos contra medios de comunicación registrados en los últimos años. Adicionalmente, la Relatoría constató a través de sus encuentros con periodistas durante la visita in loco, que las amenazas y hostigamientos son una característica regular del ejercicio del periodismo, principalmente del periodismo local que cubre temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, y seguridad pública, entre otros. Según la información recibida, muchas agresiones contra periodistas locales, no se denuncian formalmente por la falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades. Las cifras reportadas, así como la información adicional recibida, permiten afirmar que desde el año 2000 México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.

3. La relatoría observa que la recopilación de estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas en un requisito esencial para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas efectivas de prevención, protección y persecución penal de la violaciones a los derechos humanos.

4. Aún con las limitaciones generadas por la ausencia de estadísticas comprensivas acerca de la violencia contra periodistas, la Relatoría pudo constatar que la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros recientes de periodistas se concentran en entidades federativas que padecen fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, visitados por la Relatoría. A pesar de que la ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y responsables de estos crímenes, la información recibida por la Relatoría permite afirmar que en estos lugares el crimen organizado representa la mayor amenaza a la vida e integridad física de los periodistas, especialmente de aquellos que cubren noticias locales sobre corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.

Tercero. Por otro lado, con relación a las personas defensoras de derechos humanos en México, las ONU presentó su informe sobre la materia.  Intitulado, Informe sobre la situación sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México: actualización 2012 y balance 2013.  Este informe prosigue las investigaciones publicadas el 2009 y la subsecuente actualización publicada en el 2010. Ahora, el organismo internacional construyó un primer balance sobre el nivel de implementación de las recomendaciones contenidas en el primer documento de 2009. El informe de actualización 2012 y balance 2013 subraya que la incidencia de casos de agresiones contra las y los activistas de derechos humanos persiste y sigue afectando la plena vigencia del derecho a la defensa de los derechos humanos. “Por ello se reitera la pertinencia de continuar abogando por la adopción e implementación de las recomendaciones emitidas desde el 2009, profundizando y perfeccionando aquellas en las cuales ya existen y se reconocen esfuerzos y acciones por parte del Estado mexicano”.

Cabe destacar del referido informe lo siguiente:

1. El informe comprende un universo de 26 mujeres, 35 hombres, 11 organizaciones de derechos humanos y cuatro familiares de defensoras y defensores. De este universo, al menos 23 personas u organizaciones contaban ya con medidas cautelares a su favor14 al momento de ser agredidas dentro del actual periodo de reporte. Al menos 55 personas ya habían sido víctimas de algún tipo de agresión, directamente, contra algún familiar o contra la organización en la que trabajaban.

2. El monitoreo periódico de la Oficina del ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) en México refleja la instalación, desde 2006, de un clima de hostilidad en contra de las y los defensores en el marco de las actividades que realizan.

3. Según los datos registrados por la Oficina del ACNUDH en México desde 2006, 22 personas defensoras y cinco integrantes de sus familias han sido asesinadas por motivos relacionados con las causas que defendían y, además, se desconoce el paradero de seis personas defensoras. El año más crítico fue 2011, cuando ocurrió el asesinato de al menos los siguientes defensores:  Nepomuceno Moreno, Pedro Leyva, Quetzalcóatl Leija y Trinidad de la Cruz, así como tres familiares de defensores y las desapariciones de la defensora Eva Alarcón y el defensor Marcial Bautista.

4. Aun cuando no existe una cifra consolidada a nivel nacional, los datos publicados por las comisiones de derechos humanos reflejan este clima de hostilidad contra los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la CNDH documentó 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras durante el período de enero de 2005 a mayo de 2011.Asimismo, a nivel nacional, el sistema de organismos públicos de protección a los derechos humanos inició, en el periodo mencionado, 523 expedientes de queja y solicitó 156 medidas cautelares por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas defensoras, generando un total de 33 recomendaciones.

5. En su Informe Anual 2011, la CNDH registró un incremento de 23% en los ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos en comparación con el año 2010. Este último dato coincide con lo documentado por la Oficina del ACNUDH en México respecto al incremento de agresiones durante el 2011.

6. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil recogen un mayor número de agresiones. Por ejemplo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró 109 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos durante 2012 y 26 asesinatos de defensoras en el periodo 2009-2012.

7. La Oficina del ACNUDH en México registró el mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores durante el periodo del presente balance en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila y Guerrero.

8. Los tipos de agresiones más frecuentes continúan siendo las amenazas y las injerencias arbitrarias a través de allanamientos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos o mediante el robo de información vía electrónica.

9. Cada vez con mayor frecuencia, las y los defensores en situación de riesgo se ven obligados a desplazarse de sus localidades y lugares de residencia como una medida de seguridad y autoprotección. Durante el período analizado, la Oficina del ACNUDH en México constató que debieron desplazarse y reinstalarse, por ejemplo, las familias de Josefina Reyes Salazar, Marisela Escobedo, Blanca Velázquez, María Luisa García, Norma Andrade y José Enrique Morales Montaño. Asimismo, Nataniel Hernández Núñez, Marisela Ortiz, Alejandro Solalinde, María Teresa Vallejo, Vidulfo Rosales, Guadalupe Calzada y Lydia Cacho también optaron por dejar (en algunos casos de forma temporal) el lugar donde realizaban sus labores ante el incremento de amenazas u hostigamientos en su contra.

10. Es particularmente preocupante que al cambiar de lugar de residencia algunos afectados tampoco hayan disfrutado una situación de seguridad, tal como lo demuestran los casos de Adolfo Guzmán, Margarita Martínez y Obtilia Eugenio Manuel, quienes fueron objeto de nuevos ataques durante los años 2011 y 2012, a pesar de contar con medidas de protección a su favor.

11. La identificación preliminar o el señalamiento de los presuntos responsables no se ha establecido en 39 por ciento de los casos que comprende el período de monitoreo del presente informe, a lo cual se suma el nulo o poco avance logrado en varias de las investigaciones pendientes.

12. En 61 por ciento de las situaciones en las que existe una identificación preliminar o señalamiento de presuntos responsables, es notorio que un segmento mayoritario de las mismas apunte a actores no estatales, principalmente identificados con cacicazgos locales o grupos delictivos que ven afectados sus intereses por la labor de las personas defensoras en la zona que exhiben o confrontan sus acciones ilegales u otros intereses. En algunos casos se ha logrado demostrar la aquiescencia de actores gubernamentales. Un dato que resalta es que en 23 por ciento de los casos se identificó la participación, por acción u omisión, de funcionarios públicos.

13. En al menos 37 de las agresiones reportadas durante el período del presente balance, la Oficina del ACNUDH en México tuvo conocimiento del inicio de investigaciones en el ámbito penal por parte de las autoridades competentes.

14. Los avances más significativos reportados fueron la identificación de los presuntos responsables en cinco casos, pero sólo en tres se logró su detención y consignación a la autoridad judicial.

15. La falta de sanción a los perpetradores no solamente contribuye a la repetición de los hechos, sino que además agrava el nivel de riesgo en que las y los defensores continúan realizando su labor. Reiteradamente se ha considerado que una debida investigación y una sanción adecuada son una efectiva forma de protección para quienes defienden los derechos humanos.

16. El incumplimiento por parte de los Estados del deber de procesar y castigar a los culpables es una violación clara del artículo 12 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, conocida como “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos.

Cuarto. Ahora bien, en el Informe de la ONU se señala que de conformidad a una de las Recomendaciones hechas en el 2009, la cual precisa: “Con relación al marco jurídico que regula la labor de las y los defensores, es necesario seguir tomando medidas para incorporar plenamente la Declaración sobre defensores de derechos humanos en la legislación federal y estatal. Para ello, la Subcomisión de armonización legislativa de la CPGMD (Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos) podría servir como marco para la conformación de un grupo de trabajo en el que las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y la ACNUDH evalúen la pertinencia de una legislación especializada y determinen los elementos que ésta debería contener”.

En este sentido, es preciso citar lo siguiente:

1. Recordemos que de junio de 2012 entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Al respecto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la promulgación de la Ley e hizo un llamado a su implementación inmediata.

2. La Ley es un paso trascendental en el reconocimiento específico de las y los defensores de derechos humanos. El objeto de la Ley es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Mediante dicha Ley se crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se retoman aspectos fundamentales de la “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”, tales como el amplio concepto de persona defensora de derechos humanos y su especial protección.

3. Sin duda, la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas responde a la necesidad de proteger, desde un andamiaje legal, a personas y organizaciones cuyos aportes resultan imprescindibles para la defensa y promoción de los derechos humanos. Es necesario que el Mecanismo Federal se consolide, pero también es apremiante que las entidades federativas impulsen medidas y mecanismos semejantes para hacer prevalecer la vigencia de los derechos humanos en todas las regiones del país. En tal sentido, la legislación local  en la materia se puede observar del modo siguiente:

Leyes de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

De lo anterior se puede concluir que: solo dos entidades federativas tienen una legislación especializada para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; once han expedido una legislación parcial, y otras diecinueve, no han desarrollado algún tipo de legislación sobre la materia (defensores de derechos humanos o periodistas).

Por otra parte, de acuerdo a información la Secretaría de Gobernación, dio a conocer una lista por entidad federativa sobre el número de periodistas y defensores de Derechos Humanos que se han acogido al mecanismo de protección. Se informó que a julio de 2015, 419 personas se han acogido a este mecanismo, de las cuales 248 son defensores de Derechos Humanos y 171 son periodistas. Como se observa, las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas son acontecimientos que se presentan en todo el país, y cuyo alto número de reportes se da en el Distrito Federal (98), Estado de México (36), Oaxaca (34), Veracruz (34), Gurrero (24), Chihuahua (22) y Chiapas (21).

Quinto. Hay que resaltar que de acuerdo al Segundo Diagnóstico del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil o Espacio OSC resume los principales hallazgos y recomendaciones a más de dos años de la implementación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Estas son las conclusiones del referido diagnóstico:

“En los últimos años, las autoridades mexicanas han reafirmado reiteradamente su compromiso con el respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad del país es otra: las graves violaciones de los derechos humanos que atentan contra la vida, la libertad y la dignidad de las personas continúan en medio de un clima de absoluta impunidad.

Los castigos no atajan a la inmensa mayoría de delitos, mientras las violaciones de los derechos humanos favorecen su repetición y procrean un ambiente de desconfianza generalizada respecto a la actuación de las instituciones. La violencia y la impunidad están relacionadas con la falta de voluntad y de capacidad de las instituciones mexicanas, pero también con las decisiones políticas del más alto nivel. La actual estrategia de seguridad (puesta en marcha en la presidencia de Felipe Calderón, y continuada en la de Enrique Peña Nieto) se ha mostrado incapaz de producir resultados significativos en la reducción de la violencia. Por el contrario: ha estado asociada a un muy significativo incremento de la inseguridad y los crímenes violentos desde 2007, y también con las violaciones de derechos humanos perpetradas por órganos de seguridad y de procuración de justicia. La estrategia de seguridad permanece marcada por la militarización, no sólo con la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad para las que no están capacitadas, sino también en un intento de lograr que las y los policías se asemejen en su actuar a las fuerzas castrenses, ignorando la necesidad de políticas de seguridad ciudadana. La continuación de la violencia, las trasgresiones a los derechos humanos y la impunidad conducen a una preocupante normalización de la violencia en el país.

Cabe apuntar que las violaciones de derechos humanos no se limitan al ámbito de la seguridad. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se ven cada día amenazados en México. Cuando las comunidades y pueblos afectados por megaproyectos (muchos impulsados o apoyados por las autoridades de distintos niveles de gobierno) intentan defender su territorio, deben enfrentar amenazas, hostigamientos, agresiones, asesinatos, descalificaciones, estigmatización y criminalización.

Asimismo, como la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión e información son fundamentales para garantizar la existencia de una sociedad democrática, en el actual contexto nacional se han vuelto asuntos críticos para las personas que velan por ellas en todo el país. Sin embargo, a medida que la labor de defensa de los derechos humanos y de informar se torna más delicada, las propias personas defensoras y periodistas han debido hacer frente a una creciente violencia en su contra. Y si bien todas las personas defensoras de derechos humanos enfrentan graves peligros, existen grupos de defensores y defensoras que deben sortear situaciones específicas que aumentan su nivel de riesgo, ya sea por las agresiones que sufren o por las capacidades con las que cuentan para encararlas.

Las y los periodistas, especialmente quienes denuncian los abusos del poder, se han convertido también en blanco de la violencia que en los últimos años ha colocado a México como uno de los países más peligrosos del mundo para  ejercer el periodismo. La denuncia de casos de corrupción en funcionarios públicos —que normalmente no es seguida por ningún tipo de investigación por parte del sistema de procuración e impartición de justicia— es un caso típico de los que generan riesgo al medio periodístico. Tras la denuncia, la impunidad garantizada refuerza a los funcionarios implicados en sus actividades delictivas, así como su capacidad intimidatoria hacia las y los periodistas que se atreven a señalarlos.

La constante negativa de las autoridades a reconocer esta situación, o la referencia a que se trata de casos aislados, es una defensa sin credibilidad alguna cuando las amenazas, ataques y la estigmatización contra periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos se repiten diariamente, en muchas ocasiones con la participación directa o indirecta de agentes del Estado, en un contexto de absoluta impunidad. Los “hechos aislados” reiterados sin fin, con la venia del Estado o frente a su inacción, son en realidad problemas estructurales.

Ante las agresiones, las amenazas y la capacitadas, sino también en un intento estigmatización, las organizaciones de la sociedad civil impulsaron la creación del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para resguardarlas, pero también para prevenir nuevos ataques. El Mecanismo debería ser un instrumento eficaz para que México cumpliese con sus obligaciones de garantizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión e información. Sin embargo, a más de tres años de la promulgación de la Ley que creó el Mecanismo (25 de junio de 2012), y a casi otros tres de su puesta en funcionamiento (12 de noviembre de 2012), el balance del trabajo desarrollado es claramente insuficiente para salvaguardar la integridad y vida de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como para prevenir agresiones, sin que se haya generado aún un ambiente adecuado, para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

A pesar de la aparente disposición del gobierno mexicano, las deficiencias observadas en el funcionamiento del Mecanismo arrojan dudas sobre su voluntad política y el respaldo del más alto nivel, ambos necesarios para su efectividad. Por ejemplo, el Programa Nacional de Derechos Humanos vigente parece caer en la autocomplacencia respecto al Mecanismo de Protección. Pues en este programa se presenta un único indicador de desempeño que no es idóneo para ofrecer información sobre su funcionamiento real, y a pesar de ello lo califica con un desempeño “sobresaliente”. En tal contexto, es necesario seguir monitoreando su funcionamiento y exigir la plena implementación de las disposiciones de la Ley de Protección para asegurar su eficacia. Asimismo, uno de los elementos más preocupantes de la operación del Mecanismo es la falta de recursos para garantizar la plena operación de sus tres unidades, incluyendo las dificultades de contar con personal capacitado.

La disponibilidad, transparencia y eficacia en el ejercicio de los recursos del Mecanismo (tanto para su operación, como para la implementación de sus medidas) suponen otra fuente de intranquilidad pública, en especial atendiendo a las numerosas quejas expresadas por quienes han resultado sus beneficiarios así como por las organizaciones que acompañan casos en relación con los análisis y las medidas desplegadas. Las solicitudes que requieren medidas urgentes no reciben suficiente atención.

Las medidas otorgadas a dichas solicitudes difícilmente sirven para encarar situaciones caracterizadas por la existencia de riesgos inminentes para la vida, la integridad y la libertad de las personas beneficiarias. Además, en ocasiones, los criterios que la Ley de Protección fija para determinar si un caso merece atención ordinaria o urgente no son seguidos por el personal de la Unidad de recepción de casos y reacción rápida, lo cual genera situaciones de riesgo y desprotección e incumple la Ley. Por su parte, los análisis efectuados por la Unidad de riesgos han presentado numerosas deficiencias, tanto en tiempos como en contenido.

La falta de plantilla adecuada, capacitación y conocimiento de la realidad que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en diferentes partes del país, y la ignorancia sobre en qué consisten las tareas de defensa e información, conducen a análisis descontextualizados y limitados, así como a la proposición de medidas cortoplacistas, inadecuadas o de imposible implementación, entre otros problemas.

El seguimiento a la puesta en marcha de las medidas y la evolución de los casos es insuficiente, lo que impacta en la efectividad que debería perseguirse, y genera una situación de indefensión en las personas beneficiarias.

La falta de operación de la Unidad de prevención, seguimiento y análisis resulta de especial preocupación para Espacio OSC. Pues esta Unidad debe encargarse de analizar los patrones de agresiones, investigar y analizar los contextos regionales y locales, así como proponer cambios en las políticas públicas a nivel legislativo federal y local, con el propósito de disminuir y evitar las agresiones y peligros que hoy enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por ello, aducir obstáculos relacionados con la complejidad de la operación de la administración pública federal afecta muy negativamente al logro de los objetivos perseguidos por el Mecanismo; pues según la legislación en la materia, el Estado Mexicano debería atender su “responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos” utilizando, entre otras, medidas “para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición”.

El Mecanismo debe entonces contribuir significativamente a facilitar que las personas defensoras y periodistas puedan desempeñar sus tareas sin temor. Por ello, sus medidas deben no sólo servir para proteger, sino además contribuir al combate de las causas detrás de las agresiones, y además implementarse de forma que permitan a las personas defensoras y periodistas continuar con sus legítimas labores, sin interferencias in debidas. Empero, a las deficiencias en el funcionamiento del Mecanismo se suma la impunidad en la que el sistema de procuración y administración de justicia mantiene la casi totalidad de las agresiones, amenazas y hostigamientos. En este contexto, muchas personas defensoras y periodistas deben afrontar riesgos y en ocasiones incluso desistir de su trabajo, o abandonar sus hogares, como único medio efectivo de protección frente a la incapacidad de las autoridades para brindarles protección.

Espacio OSC sistematizó y analizó 59 casos (19 colectivos y 40 individuales) de 21 estados de la República Mexicana que fueron presentados al Mecanismo desde su instalación hasta noviembre de 2014; casos que son acompañados por ocho organizaciones de Espacio OSC y protegen aproximadamente a 140 personas. El análisis de tal muestra permitió analizar, cualitativa y cuantitativamente, el funcionamiento del Mecanismo frente al que debería mostrar según lo establecido en la Ley. Uno de los elementos que se pudo observar es que los casos de naturaleza colectiva —relativos a organizaciones o comunidades indígenas defensoras de la tierra y el territorio— no han sido admitidos por el Mecanismo como tales, sino sólo se han proporcionado medidas de carácter individual para algunas personas.

Esta situación, además de dejar desprotegidas a otras que pueden encontrase en riesgo, implica medidas de carácter inadecuado para una efectiva protección. Por tal razón, la negación improcedente de acceso al Mecanismo, en especial a grupos, comunidades y organizaciones, supone una barrera que debe revisarse.

Por otro lado, entre los casos analizados se detectó que, en promedio, una persona sufría tres episodios de agresión antes de solicitar su incorporación al Mecanismo. Lo cual implica que cuando las personas acuden a éste enfrentan ya una situación de gravedad, que requiere atención inminente. La tardanza en recurrir Mecanismo puede explicarse en factores como:

La desconfianza hacia él por la falta de efectividad de sus medidas y las fallas en su funcionamiento. En principio, acudir al Mecanismo no parece una opción para muchas personas. El desconocimiento de su existencia, naturaleza, funcionamiento, posibilidades, etcétera.

Ante la falta de acción de las autoridades para dar a conocer el Mecanismo, es la sociedad civil la que conduce este esfuerzo. Así, de los cerca de 200 casos que el Mecanismo había recibido en septiembre de 2014, 59 contaban con el acompañamiento de ocho organizaciones de Espacio OSC. Así, en casi el 30 por ciento de los casos fueron las organizaciones de la sociedad civil (pertenecientes a Espacio OSC) quienes dieron a conocer el Mecanismo. Cifra a la que hay que sumar los casos que han llegado al Mecanismo acompañados por otras organizaciones, o los que arriban sin acompañamiento, pero que conocieron de su existencia gracias a la tarea de difusión de las organizaciones de la sociedad civil. Este panorama parece indicar un insuficiente esfuerzo de difusión sobre la existencia Mecanismo, sus obligaciones y competencias, entre las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Otro patrón observado, y que genera una gran preocupación, es la falta de claridad e información con que cuentan las personas beneficiarias respecto al procedimiento del Mecanismo, e incluso a las medidas implementadas. Un elemento más de inquietud estriba en la falta de compromiso y respaldo político tangible en los estados y municipios para la efectiva protección de las personas defensoras y periodistas, en el marco legal adoptado por el Mecanismo. A pesar de que todas las entidades federativas han  firmado convenios de colaboración con éste, la efectividad de los mismos es muy limitada. Tal ratificación parece más un trámite o una oportunidad para expresar públicamente un compromiso abstracto con los derechos humanos que una verdadera voluntad que se transforme en acciones concretas. En cualquier caso, la responsabilidad última de la buena marcha del Mecanismo corresponde a las autoridades federales.

El Mecanismo ha mostrado durante su funcionamiento una significativa falta de transparencia hacia la sociedad. La información relativa a las medidas y las personas beneficiarias debe ser, como se establece en la Ley, resguardada para garantizar la efectividad de las primeras, así como la seguridad, la integridad y la privacidad de las segundas. Sin embargo, otra buena parte de la información relativa al funcionamiento del Mecanismo, como las metodologías de análisis de riesgo, tendría que ser accesible para facilitar la transparencia. También es preciso desarrollar y publicar indicadores centrados no sólo en un funcionamiento formal, sino en el impacto real en la situación de las personas defensoras y periodistas y en la capacidad de éstas de ejercer sus derechos. Ya que entre los problemas detectados por las personas beneficiarias y Espacio OSC destacan los siguientes:

La ausencia de respaldo político del más alto nivel al Mecanismo y a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La omisión de medidas preventivas y la falta de coordinación entre el Mecanismo y las autoridades estatales y municipales. Dificultades de las autoridades en la identificación de quienes son objeto de protección y errores al dejar a personas defensoras y periodistas fuera del Mecanismo.

• El retraso en la puesta en marcha de todas las unidades del Mecanismo y la falta de funcionamiento efectivo de la Unidad de prevención, seguimiento y análisis. Insuficiente personal capacitado y alta rotación del mismo.

• Poca claridad en la metodología para realizar la evaluación de riesgo, así como las deficiencias en su implementación. Errores en la calidad de los análisis de riesgo efectuados, incluyendo la falta de participación de las personas afectadas o el subejercicio de los insumos de las instancias que forman parte o asisten a la Junta de Gobierno.

• La escasa implementación efectiva de las medidas dictadas.

• La puesta en marcha de las medidas sin un plan de protección adecuado y realmente conocido y comprendido por las personas beneficiarias.

• Un enfoque de protección fundamentalmente policial, que olvida la necesidad de abordar los problemas que causan situaciones de riesgos.

• La condición de las personas defensoras y periodistas que se encuentran desplazadas, la cual limita, entre otros, su derecho a ejercer la defensa de los derechos humanos o las tareas periodísticas y sin recibir, en la mayoría de los casos, los apoyos adecuados que les permitan mantener una vida digna.

• La ausencia de medidas que permitan favorecer el retorno de las personas beneficiarias a sus comunidades.

• La falta de acciones frente a la criminalización de la labor de las personas defensoras y periodistas, por ejemplo, ante casos de detención arbitraria o fabricación de delitos.

• La difusión ineficaz, por parte de la Secretaría de Gobernación, del Mecanismo entre las personas defensoras y periodistas del país.

• La pobre incidencia en las instancias responsables en la investigación de los hechos delictivos, que manifiesta el riesgo de las y los defensores y periodistas.

• Dejar la mayor parte de las medidas en manos de una empresa privada (como la gestión de los botones de pánico, o la contratación de parte de los escoltas), sin que exista la debida evaluación y rendición de cuentas. Es pertinente recordar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de evitar la privatización de la seguridad para las personas defensoras de derechos humanos.

• El rechazo de casos con criterios incompatibles con la Ley.

Las organizaciones que conforman Espacio OSC han señalado reiteradamente los anteriores puntos y otros problemas más a la Secretaría de Gobernación, sin lograr cambios significativos. La magnitud de la omisión llevó a que, en marzo de 2014, las personas provenientes de la sociedad civil que participaban en la Junta de Gobierno anunciaran la suspensión temporal en su asistencia a las reuniones de la misma. Su participación sólo se reanudó tras el compromiso de la Subsecretaría de Derechos Humanos de enfocar sus esfuerzos en la correcta implementación del Mecanismo. A la fecha se encuentra en marcha un proceso de refuerzo al Mecanismo, en colaboración con Freedom House a través de personas expertas en el mecanismo de protección colombiano. Sin embargo, los retos continúan y la apertura a la participación de la sociedad civil en dicho proceso es muy limitada, por lo que se deja de lado la experiencia de años de trabajo de la sociedad civil y de las personas beneficiarias.

Cabe recordar que las obligaciones de México en materia de derechos humanos son vinculantes no sólo para las autoridades federales, sino para todas, en sus diversos niveles. La actuación de los ámbitos estatal y local para prevenir, investigar y perseguir los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es insuficiente.

La gravedad de las agresiones exige la acción urgente de las autoridades federales, estatales y municipales. La protección que se debe dispensar, junto con la incapacidad del Mecanismo federal para ofrecerla, ha llevado a que en algunas entidades surjan iniciativas de creación de mecanismos locales. Si bien dichas iniciativas pueden, en ocasiones, contribuir a proporcionar medidas de protección, también existen riesgos relacionados con su capacidad, recursos, viabilidad e incluso con su posible uso político para fines distintos de los que se establecieron. En cualquier caso, la adecuada coordinación entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno no debe desaparecer con la generación de estos mecanismos.

El Mecanismo de Protección nació como un esfuerzo que contó con una amplia participación y respaldo de la sociedad civil, y puede contribuir a dar respuesta a las numerosas recomendaciones hechas a México, en el ámbito internacional, en materia de protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, en los más de dos años y medio transcurridos desde su puesta en marcha, el Mecanismo sigue sin implementarse plenamente y sin brindar los resultados esperados. A pesar de ello, todavía estamos a tiempo de rectificar el rumbo y convertirlo en uno de los escasos ejemplos de políticas públicas exitosas en materia de derechos humanos en nuestro país “.

e) Ordenamientos a modificar.

Se reforma y adiciona el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

f) Texto normativo propuesto y artículos transitorios.

Con base en lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que por el que se reforma y adiciona el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma y adiciona el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro,  desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

...

b) y c)...

...

...

XXII. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general sobre la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y por virtud del presente decreto que reforma y adiciona el artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Tercero. La legislación en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de las entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto entren en vigor la ley general que expida el Congreso de la Unión referidas en el Segundo Transitorio. Las solicitudes, peticiones, trámites y procedimientos deberán concluirse y ejecutarse conforme las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de la ley general en la materia, pero atendiendo en todo momento, el principio pro persona.

Notas:

1 Segundo Diagnóstico de Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil o Espacio OSC, para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ver: file:///C:/Users/Van/Downloads/150806_Diagnostico_compressed.pdf

2 Ver: http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/229905/419-personas-inscritas-en- proteccion-a-periodistas, 31 de agosto de 2015.

3 Ver: file:///C:/Users/Van/Downloads/150806_Diagnostico_compressed.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los diez días del mes septiembre de 2015.— Diputados: Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo, Carlos Hernández Mirón (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que adiciona el artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXIII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con lo siguiente:

a) Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

b) Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados es competente para reformar el presente ordenamiento de conformidad con los artículos 72, inciso H, y artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Ordenamientos a modificar

Artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

d) Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

Modificar el modelo del Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Ley del Impuesto de la Renta, a efecto de establecer reglas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales y sin servicios de Internet.

e) Argumentos que la sustenten

Primero.El Régimen de Incorporación Fiscal es un modelo de tributación opcional que fue introducido en la llamada Reforma Fiscal 2014, para personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.

El Régimen de Incorporación Fiscal se encuentra dispuesto en los artículos 111, 112 y 113 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de 2014.

Segundo. El objeto del Régimen de Incorporación Fiscal es dar facilidades e incentivos a los ciudadanos para integrarse a la formalidad tributaria y de seguridad social. Ello, para coadyuvar en el abatimiento de la informalidad y promover un crecimiento más acelerado de la productividad.

Además de esto, este régimen permitirá sentar las bases para que éstos contribuyentes transiten   a un Régimen General de Tributación. Asimismo, el régimen permitirá a la autoridad fiscal completar y verificar la cadena de comprobación e información fiscal a través de los registros sobre las operaciones de los participantes con sus proveedores y clientes.

Para lograr su cometido, el régimen otorga entre otros beneficios, descuentos en el pago de impuestos y en las aportaciones de seguridad social durante los primeros años a cambio del cumplimiento de obligaciones de información fiscal.

Para ser más precisos, dentro de las nuevas medidas de la iniciativa se encuentran: que los contribuyentes que realicen ventas al público en general hasta por 100 mil pesos anuales no pagarán el impuesto al valor agregado (IVA) ni el impuesto especial de producción y servicios (IEPS) durante los primeros 10 años.

Cabe señalar que en este régimen se podrán incorporarse durante unos 10 años las personas físicas con poca capacidad económica y administrativa.

En dicho periodo, estos contribuyentes deberán presentar, en forma bimestral, sus declaraciones de pago e informativas con relación al pago del impuesto sobre la renta. De esta forma, se espera que el contribuyente con sus obligaciones fiscales e incorporarse al Régimen General Tributario.

Tercero. El Régimen de Incorporación se convierte entonces en el nuevo esquema de tributación al que pueden acceder las personas físicas con actividad empresarial con ingresos menores de dos millones de pesos.

Los contribuyentes bajo este régimen “calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet”.

Asimismo, en este régimen los contribuyentes no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas siempre que presenten la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior.

Cuarto. Hay que señalar que de acuerdo al Sistema de Administración Tributaria, hasta septiembre del año pasado se encontraban inscritos en este régimen 4 millones 272 mil 185 contribuyentes.

De acuerdo el Servicio de Administración Tributaria reportó que del universo actual de causantes inscritos en el RIF, 794 mil 112 unidades económicas son nuevos contribuyentes, y 3 millones 478 mil 73 empresas pasaron en automático del extinto Régimen de Pequeños Contribuyentes. Esto indica que los incentivos están siendo funcionando y que más ciudadanos ingresan a la formalidad.

Por otra parte, el Sistema de Administración Tributario, reconoció que hay un avance en la incorporación al régimen; cada día se suman al Régimen entre 4 mil a 6 mil unidades económicas.

Una meta del gobierno federal es llegar a 5 millones de contribuyentes bajo el régimen de incorporación fiscal. Hay que resaltar que en dos meses se incorporaron a 750 mil informales.

Quinto. Hay que destacar que, de acuerdo al último párrafo del artículo de 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que:

“Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta Sección, sólo podrán permanecer en el régimen que prevé la misma , durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere la Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente Ley.

Asimismo, el último párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que:

“Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general.

Como precedente se tiene, la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2014”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, en el numeral  I.3.12.1, intitulado “Cumplimiento de obligaciones fiscales en poblaciones o zonas rurales, sin servicios de Internet” se señala que “para los efectos del artículo 112, último párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las poblaciones o zonas rurales sin servicios de Internet, que el SAT dé a conocer en su página de Internet, cumplirán con la obligación de presentar declaraciones a través de Internet o en medios electrónicos, de la siguiente forma:

I. Acudiendo a cualquier de las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente (ALSC)

II. Vía telefónica al número 018004636728 (Infosat), de conformidad con la ficha de tramite 83/ISR contenida en el Anexo 1-A.

III. En la entidad federativa correspondiente a su domicilio fiscal, cuando firmen el anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

Al respecto debe señalarse que el último párrafo del artícul112 del Impuesto de la Renta precisa que:

a) Pueden ser liberados de la obligación de presentar declaraciones y realizar de registro de sus operaciones a través de internet.

b) Cuando los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicio de internet.

c) Siempre que cumplan con los requisitos que establezca la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general.

Asimismo, otro precedente fue la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2014”, numeral  I.3.12.1, establece que para aplicación del último párrafo del artículo 112 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, establece la liberación de la obligación de presentar declaraciones y realizar de registro de sus operaciones a través de internet de las los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las poblaciones o zonas rurales sin servicios de Internet, pero los obliga a hacerlo por los medios siguientes:

a) Acudiendo a las ALFS

b) Vía telefónica.

c) En la entidad federativa donde se ubique su domicilio, pero esto depende si se ha suscrito el anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

Sexto. Por otra parte, el “Inegi conduce bianualmente una encuesta de ingreso y gasto en los hogares (ENIGH). De ella se deriva que, dividiendo a la población en deciles de ingreso, existen grandes diferencias. La relación de a mayores ingresos, mayor penetración, apropiación y uso de los servicios de telecomunicaciones es evidente. Lo que es notorio es la diferencia exacerbada que existe entre los diferentes estratos socioeconómicos. El 20 por ciento de los hogares con mayores ingresos poseen 37 por ciento de las líneas fijas del país, 28 por ciento de las líneas móviles, 43 por ciento de las suscripciones a televisión de paga, 52 por ciento de las computadoras y 57 por ciento de las conexiones a internet. En el otro extremo se observa que el 20 por ciento más pobre tiene tan sólo 6 por ciento, 9 por ciento, 5 por ciento, 2 por ciento y 1.3 por ciento de estos servicios, respectivamente”.

Asimismo, “en localidades con más de 15 mil habitantes, donde se ubica el 71 por ciento de los hogares, 55 por ciento cuenta con un teléfono fijo y 77 por ciento con al menos un teléfono móvil, 40 por ciento posee una computadora y 30 por ciento tienen una conexión a internet. De las 630 localidades urbanas, el 97 por ciento cuentan con al menos dos operadores de telecomunicaciones prestando servicios. En contraste, las áreas rurales del país, compuestas por 188,593 localidades con menos de 2,500 habitantes, el 83 por ciento de los 5.9 millones de hogares no cuenta con un teléfono fijo; el 64 por ciento no tiene celular; el 94 por ciento no tiene una computadora y el 97 por ciento no cuenta con internet. En esas localidades, menos del 4 por ciento cuenta con algún grado de competencia en los servicios básicos de telecomunicaciones”.

Por otra parte, la cobertura del internet en el país es asimétrica. Las diferencias en acceso a Internet es más marcada, mayoritariamente los estados fronterizos del norte del país, incluyendo al Distrito Federal y Quintana Roo, promedian un 44 por ciento; en contraste Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán promedian 15.7 por ciento de acceso.

Con los datos presentados, resulta evidente que la penetración de las tecnologías de la información y comunicaciones en poblaciones o zonas rurales no es suficiente para cumplir con las obligaciones fiscales que impone el Régimen de Incorporación Fiscal. Por tanto, siendo que el cumplimento de las obligaciones fiscales depende del desarrollo y la infraestructura del internet, es razonable que los contribuyentes que se encuentren en poblaciones o zonas rurales se incorporen al Régimen de Incorporación Fiscal cuando haya acceso del servicio.

f) Texto normativo propuesto y artículos transitorios.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona el último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 111.Los contribuyentes...

Los contribuyentes...

También...

No podrán pagar...

Los contribuyentes...

Cuando...

Para los efectos...

Para la determinación...

Para determinar...

A la utilidad fiscal...

El impuesto que...

Contra el impuesto...

Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta Sección, sólo podrán permanecer en el régimen que prevé la misma, durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos, salvo que los contribuyentes tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, los cuales podrán permanecer en el régimen hasta que haya cobertura del servicio de internet.Una vez concluido el periodo, o en su caso, se compruebe la cobertura de internet en la población o zona rural, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere la Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2 Paulina Gómez Robles, diario El Economista, “El RIF supera meta del SAT, se suman 800,000 registros” Ver: http://eleconomista. com.mx/finanzas-publicas/2014/10/20/rif-supera-meta-sat-se-suman-800000-registr os, septiembre  de 2015.

3 Ibídem.

4 Jana Palacios y Ernesto Flores, “Diagnóstico del sector TIC en México: conectividad e inclusión social para la mejora de la productividad y el crecimiento económico”, Ver: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/1/diagnosticosectorticenmexico_sept2 012_2.pdf, 3 de septiembre de 2015.

5 Ibídem.

6 Posada, Miriam, La Jornada, “Sin computadora, 64.2 por ciento de hogares en México; sin Internet, 69.3 por ciento: Inegi”, 27 noviembre de  2013, Ver: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/11/27/inegi-64-2-de-hogares-en-mexico-n o-tiene-computadora-y-69-3-no-tiene-conexion-a-internet-5153.html, 4 de septiembre de 2015.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a quince de septiembre de 2015.— Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado federal, integrante de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de conformidad a lo siguiente:

a) Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

b) Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados es competente para reformar el presente ordenamiento de conformidad con los artículos 1° y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Ordenamientos a modificar

Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

d) Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

Ampliar la capacidad  de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para prestar sus servicios de representación, cuando se estime asunto fiscal es socialmente trascendente aunque rebase el monto según lo previsto en la ley, y se afecte a personas, pequeños productores, comunidades indígenas o núcleos de población ejidal, que por su situación  especial los coloque en condición de vulnerabilidad o el acto de la autoridad manifieste violaciones graves a los derechos humanos.

e) Argumentos que la sustenten

Primero. En la actividad financiera que el Estado realiza, la recaudación de las contribuciones constituye un elemento indispensable y de gran relevancia para el desarrollo de la actividad administrativa y la función pública.

En tal sentido, un gobierno –para cumplir sus atribuciones- requiere de recursos para sus fines: impartir y procurar justicia, proporcionar seguridad pública, salud o educación, y fundamentalmente las relativas a la promoción del crecimiento y desarrollo económico, social e integral, entre otras, actualmente deriva de la recaudación de impuestos a cargo de los contribuyentes.

Segundo. Asimismo, en el artículo 31, fracción IVm de la Constitución federal se establece la obligación que tienen los ciudadanos a contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa, es decir, que el deber tributar es inherente. De allí, la necesidad de reivindicar y postular los derechos de los contribuyentes como derechos fundamentales.

Ahora bien, es indiscutible que uno de los deberes éticos y constitucionales de los ciudadanos es el pago de impuestos o contribuciones para sostener el gasto público y cumplir así con una responsabilidad solidaridad del Estado social.

Es con el pago de los tributos por el que el individuo ratifica su adhesión al contrato social, ya que al desprenderse de ingresos propios para contribuir a la hacienda pública abonan a la vida en colectividad. Sin embargo, la acción fiscal del Estado debe ejecutarse en estricto apego a los derechos humanos, a la legalidad y la seguridad jurídica.

Tercero. Sin embargo, nadie puede soslayar que el sistema tributario en México es complejo en su administración. Lo intrincado deriva de la multiplicidad de impuestos, exenciones, tasas diferenciadas e impuestos especiales. A esto, debe sumársele la constante evolución en la materia fiscal –con variaciones anuales– dificultan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos.

En tal sentido, a la par de la evolución y consolidación de un sistema que garantice la protección a los derechos humanos a nivel constitucional, es necesario seguir impulsando reformas legales que atiendan las mejores prácticas y los estándares internacionales también en materia fiscal.

Ciertamente, desde hace casi una década se expidieron las primeras normas para garantizar los derechos de los contribuyentes. Sin embargo, estas disposiciones eran esencialmente sustantivas. Por ello, en el contexto del nuevo paradigma de los derechos humanos, es relevante que ahora impulsemos garantías institucionales que posibiliten el ejercicio de los derechos de los contribuyentes, particularmente de las personas o grupos con más vulnerabilidad.

Cuarto. No olvidemos que, por primera vez, y con la reforma el Código Fiscal de la Federación de 2004 se dispuso la protección y defensa de los derechos de los contribuyentes a través de una defensoría del contribuyente. Sin embargo, esta institución no se concretó, porque para ese tiempo se discutían dos iniciativas en las comisiones de Cámara de Diputados: una, que impulsaba la creación del Instituto de Protección del Contribuyente; y otras, que proponía la Ley de los Derechos del Contribuyente y por una Nueva Cultura Tributaria.

Posteriormente, en junio de 2005, se publicó la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la cual sentó a las bases para el desarrollo de un régimen que garantice a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, una simplificación en los trámites fiscales y la limitación de la discrecionalidad de las autoridades fiscales federales en detrimento de sus derechos.

Asimismo, con la publicación del decreto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en septiembre de 2006 –pero que en realidad se postergó su vigencia hasta el 2008 por la interposición de una acción de inconstitucional– se creó una institución, basada en la figura del ombudsman, para proteger los derechos y garantías de los contribuyentes, mediante la asesoría, representación y defensa, así como la recepción de quejas y emisión de recomendaciones en materia fiscal.

Actualmente, el sistema fiscal no solo debe replantearse esquemas eficientes y eficaces para la recaudación, sino también debe incorporar nuevos esquemas de defensa y protección de los contribuyentes, sobre todo para las personas o los grupos vulnerables. Y es el propósito de la iniciativa.

Por tanto, además de salvaguardar el principio de la legalidad en la acción recaudadora, es imprescindible que sin importar el monto del asunto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente intervenga para preservar los derechos de las personas o grupos que por su situación especial los coloque en condición de vulnerabilidad o el acto de la autoridad manifieste violaciones graves a los derechos humanos.

f) Texto normativo propuesto y artículos transitorios

Proyecto de decreto

Por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Los servicios...

Los servicios...

De igual manera, a petición de parte interesada, la Procuraduría podrá prestar sus servicios de representación, cuando se estime que el asunto es socialmente trascendente aunque rebase el monto según lo previsto en el primer párrafo de este artículo, y se afecte a personas, pequeños productores, comunidades indígenas o núcleos de población ejidal, que por su situación  especial los coloque en condición de vulnerabilidad o el acto de la autoridad manifieste violaciones graves a los derechos humanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de septiembre de 2015.— Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de conformidad a lo siguiente:

a) Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 7, 9, 35, 100 y 106 de la de la Ley de General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

b) Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados es competente para reformar el presente ordenamiento de conformidad con los artículos 4, párrafo segundo  y  73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Ordenamientos a modificar

Reforma y adicionar los artículos 7, 9, 35, 100 y 106 de la de la Ley de General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

d) Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

Reformar y adicionar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para sentar bases generales para la cooperación y la construcción de políticas, programas o planes para prevenir la contaminación por residuos en caminos o puentes por parte de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

e) Argumentos que la sustenten

Primero. “Una de las características emblemáticas del sistema económico mundial actual es que basa el desarrollo de las sociedades en el crecimiento constante del consumo de bienes y servicios. Este hecho ha permitido un mejor nivel de vida a una buena parte de la población mundial. En los países desarrollados es difícil recordar el nivel de esfuerzo físico que requería el trabajo en el campo para los hombres o el trabajo doméstico para las mujeres —en el esquema tradicional de la división del trabajo—, antes de que se extendiera el uso de las máquinas. Sin embargo, desde el inicio de la revolución industrial este crecimiento acelerado ha traído consigo dos grandes problemas para el planeta: el primero como resultado del calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero de la actividad industrial, el transporte y los hogares; el segundo, por la creciente generación de desechos tóxicos y no tóxicos de un mayor consumo de bienes de más y más ciudadanos en busca de un mejor nivel de vida en los términos comentados”.

Frente a ello, debe tenerse en cuenta el manejo y la disposición de los residuos sólidos deben estar regulados adecuadamente, atendiendo las mejores prácticas y los estándares internacionales.

En este sentido, por sus efectos y consecuencias en el medio ambiente, el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos, merecen atención especial de las sociedades y gobiernos. Hay que recordar que un estudio del Banco Mundial, “bajo el título de ‘ What a waste’, alertaba de que los residuos sólidos que cada día sacamos de nuestras casas al contenedor se duplicarán en el año 2025. El informe estima que la generación de residuos sólidos mundial pasará de los poco más de 3,5 millones de toneladas por día en 2010 a más de 6 millones de toneladas por día cuando se cumpla el primer cuarto de siglo”.

Sin duda, el incremento de los residuos sólidos en el siglo XX y XXI se debió, entre otros factores, al incremento significativo de la población, la cual se tornó más urbana y próspera. Con ello, la producción de residuos aumentó aproximadamente en diez veces con relación a los primeros años del siglo XX. Por ejemplo, “una persona media en Estados Unidos desecha el equivalente a su peso corporal en la basura cada mes. Frente a esto, la gestión de los residuos sólidos es uno de los mayores gastos en los presupuestos municipales”.

De acuerdo al citado informe del Banco Mundial, las naciones más desarrolladas son la que generan la mayor cantidad de basura generan por persona y día. Así, Europa occidental y Norteamérica son las zonas que generan la mayor cantidad de residuos.

Sin embargo, el problema de la gestión de los residuos sólidos puede advertirse en ciudades de países emergentes como: Laogang en Shanghai, China; Sudokwon, en Seúl, Corea del Sur; Jardim Gramacho, en Río de Janeiro, Brasil, y Bordo Poniente en Ciudad de México, en donde cada uno de ellos normalmente recibe más de 10 mil toneladas de residuos al día.

Segundo. “El problema de la basura y su eliminación se ha convertido en un tema crucial a nivel global ya que los residuos que generamos, además de ocasionar un gasto social y económico importante a los gobiernos, tienen un alto costo ambiental para toda la población y el planeta”.

Es importante resaltar que investigaciones de la UNAM sostienen que de continuar con los patrones consumo actuales, se espera que en el 2025 la cantidad de residuos producidos en el mundo se quintuplique. Aproximadamente se producen 100 mil toneladas diarias de residuos en todo el país.  Por ejemplo, el Distrito Federal y la zona conurbana arrojan casi 20 mil toneladas diarias de residuos, lo que representa casi una quinta parte de la producción nacional.

Tercero. Uno de los antecedentes legislativos contemporáneos sobre el tema es la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, publicada en 1971, normatividad que unos años más tarde —en 1982— fue abrogada por la Ley Federal de Protección al Medio Ambiente, disposición con un enfoque centrado en la protección de la salud frente a os riesgos de la contaminación ambiental. Asimismo, en esas fechas se creó la primera Subsecretaría de Medio Ambiente en el seno de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Como referencia inmediata del contexto legal que prevalece actualmente en la materia, deben señalarse las reformas al artículo 115 constitucional de 1983, mismas que facultaron a los municipios para prestar el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

Con posterioridad a esa reforma, en enero de 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que estableció la concurrencia de los órdenes de gobierno en materia ambiental, dejando a cargo de las entidades federativas y los municipios la atención de aquellos asuntos que no estuvieran expresamente reservados para el orden federal. Dicho ordenamiento reservó para la Federación la regulación de las actividades relacionadas con residuos peligrosos y con ello estableció una distinción entre residuos peligrosos y no peligrosos, atribuyendo competencia sobre estos últimos a las autoridades locales.

Unos años más tarde (en 1999) se promulgaron las reformas a la LGEEPA, que facultaron a las entidades federativas para regular los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estuvieran considerados como peligrosos y a los municipios la atribución de aplicar tales disposiciones.

Como parte de la evolución normativa del rubro, en octubre de 2003 se publicó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que asume algunas de las disposiciones establecidas previamente en la LGEEPA y en donde señala de manera expresa la competencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios en la materia. A la regulación sobre prevención y gestión de residuos señaladas se añaden las disposiciones reglamentarias correspondientes y la expedición de otros instrumentos como las normas técnicas ambientales (hoy conocidas como Normas Oficiales Mexicanas).

Debe señalarse que tanto la LGEEPA como la LGPGIR son reglamentarias de las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 4 en materia de protección a la salud y al derecho a un ambiente adecuado.

Además de las normas constitucionales relacionadas con el tema —artículos 25, 27, 73 fracción XXIX inciso G, así como los numerales 115 y 124— se encuentran –junto con las leyes ya señaladas en párrafos anteriores— otras disposiciones de carácter federal alusivas a la prevención y gestión de los residuos como lo son: la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Además, entre 1993 y 2006 se han expedido cerca de una veintena de normas oficiales mexicanas relacionadas con la clasificación, manejo y disposición final de los residuos, lineamientos que abarcan temas como las pruebas para medir la toxicidad de los residuos peligrosos y los requisitos para su confinamiento, especificaciones para la protección ambiental en el manejo de residuos biológico-infecciosos, emisión de contaminantes por perforación de pozos petroleros o los criterios para la remediación de suelos contaminados, entre otros rubros.

Cuarto. La construcción de infraestructura (que incluye, además de caminos y carreteras, la ampliación del tendido eléctrico y la construcción de presas) también puede afectar la superficie remanente y la continuidad de la vegetación natural. Produce, entre sus efectos más significativos y dependiendo de la magnitud y tipo de obra, la pérdida y alteración de los ecosistemas, la fragmentación de las áreas remanentes de vegetación y, en el caso de caminos y carreteras, pueden constituir obstáculos para la migración de ciertas especies de animales y ocasionar su muerte por atropellamiento.

En el país, la infraestructura carretera creció 69 183 kilómetros entre 1997 y 2010, pasando de 302 753 kilómetros a 371 936 kilómetros, es decir, aumentó cerca de 5 300 kilómetros por año. A pesar de que no existe un estudio formal acerca de los impactos ambientales del crecimiento de la infraestructura carretera en el país, si se examina la relación que existe entre la densidad de caminos y la cubierta de vegetación natural, puede observarse que, en general, los estados con mayor densidad de caminos son aquellos con la menor proporción de su superficie cubierta con vegetación natural remanente

Estados como Tlaxcala, que tiene la mayor densidad de carreteras (cerca de 0.66 km/km2), posee la menor cobertura natural del país (18.2% de su superficie); en el otro extremo Chihuahua (con la menor densidad de carreteras, 0.053 km/km2) conserva el 88.1% de su vegetación natural. Es importante mencionar que aunque la apertura de caminos no es el único factor que favorece la desaparición de los ecosistemas naturales terrestres, sí tiene un efecto negativo al propiciar la colonización y el desarrollo de nuevos centros de población o explotación de recursos naturales. Ejemplos de este fenómeno han sido observados con la apertura de caminos en las selvas húmedas de la Amazonía brasileña.

Entre 2002 y 2007, los estados en los que se degradó más rápidamente la cubierta natural primaria fueron Guerrero (al 4.4% anual), Colima (3.7%), Aguascalientes (2.9%), Morelos y el estado de México (cada uno al 2.2%; Mapa 2.7). En contraste, la cubierta primaria se recuperó ligeramente en los estados de Tlaxcala (al 0.03% anual), Nuevo León (0.1%), Veracruz (0.2%), Baja California (0.6%) y Nayarit (0.8%).

En general, las selvas han sido los ecosistemas terrestres del país que han sufrido las mayores transformaciones y afectaciones por las actividades humanas, tanto por la extensión eliminada (poco más de 23 millones de hectáreas hasta 2007; permanece cerca del 58% de su extensión original) como por la superficie degradada (sólo el 36% de las selvas actualmente existentes son primarias). Caso particularmente preocupante es el de las selvas subhúmedas del país, de las cuales las cartas de uso del suelo muestran una tendencia creciente en la superficie transformada anualmente: poco más de 43 mil hectáreas entre 1976 y 1993, 98 mil entre 1993 y 2002 y 104 mil entre 2002 y 2007.

f) Texto normativo propuesto y artículos transitorios

Proyecto de decreto

Por el que se reforma y adicionan los artículos 7, 9, 35, 100 y 106 de la de la Ley de General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Único.Se reforman y adicionan los artículos 7, 9, 35, 100 y 106 de la de la Ley de General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

I a III...

III. Bis. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos en caminos o puentes federales, así como su clasificación y prevenir la contaminación o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra;

IV a X...

X. Bis. Celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para prevenir la contaminación, o llevar a cabo actividades coordinadas para su remedición cuando ello ocurra, por residuos en caminos o puentes a su cargo;

XI a XXIX...

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas:

I a XV...

XV. Bis. Suscribir convenios con la Federación para prevenir la contaminación por residuos, o llevar a cabo actividades coordinadas para su remedición cuando ello ocurra, en caminos o puentes a su cargo;

XVI a XXI...

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual:

I a V...

V. Bis. Impulsarán políticas, programas o planes para prevenir la contaminación por residuos en caminos o puentes;

VI a VII...

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. Verter residuos en la vía pública, caminos, puentes, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de agua; cavidades subterráneas; áreas naturales protegidas y zonas de conservación ecológica; zonas rurales y lugares no autorizados por la legislación aplicable;

II. Incinerar residuos a cielo abierto, y

III. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto.

Asimismo prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades subterráneas.

Artículo 106. De conformidad con esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas las personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades:

I a II...

II. Bis. Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos en caminos o puentes sin autorización para ello;

III a XXIV...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán hacer las adecuaciones legislativas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Notas:

1 Mascott Sánchez, María de los Ángeles, “Residuos Sólidos en México”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México, febrero de 2012, p. 1.

2 “What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management”, ver: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/0,,contentM DK:23172887~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:337178,00.html, 8 de septiembre de 2015.

3 Geografía Infinita, “¿Quién genera más basura?: mapa mundial de los residuos urbanos”, ver: http://geografiainfinita.com/2013/11/15/ quien-genera-mas-basura-mapa-mundial-de-los-residuos-urbanos-2/, 10 de septiembre de 2015

4 Ibídem.

5 Céspedes,  Leonardo y  Rojas, Clara, “Residuos sólidos urbanos: un grave problema ambiental”, Universidad Nacional Autónoma de México-Ciencia UNAM-DGDC, ver: http://ciencia.unam.mx/contenido/ galeria/basura_residuos, 10 de septiembre de 2015.

6 Ibídem.

7 González Rodríguez, José de Jesús, “La prevención y gestión integral de los residuos en México. Apuntes sobre la regulación normativa y datos complementarios”, ”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México, febrero de 2012, p. 3. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Reporte-51-Residuso-solidos-urbanos-Mexico.p df

8 Semarnat. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales.

Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental. Edición 2012. México. 2013, p. 59. Ver: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/ Informe_2012.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los quince días del mes septiembre de 2015.— Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Daniela de los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Daniela de los Santos Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-P Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La adopción tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia, en donde ya existían leyes que regulaban la adopción de un hijo, mientras que en Grecia el protocolo consistía en dejar al menor dentro de una vasija en un camino y esperar a que alguien lo rescatara. En Roma se crearon las primeras casas de acogida de huérfanos y fue a finales del siglo XIX que adoptar era considerado un privilegio.

A lo largo de toda la historia se repite la principal función de la adopción: perpetuar la estirpe, señala Manuel Baelo, autor de la tesis La adopción, donde señala que los rituales en torno al proceso adoptivo fueron tan diversos y complejos, que iban de lo tradicional a lo legal e incluso lo político.

Tradicionalmente existía la práctica de colocar al menor por debajo de la falda de la madre adoptiva para simular la filiación biológica; durante la Guerra Civil la adopción era considerada como un “instrumento político e ideológico”, las organizaciones políticas comienzan a controlar la entidades benéficas y en las adopciones comienzan a ponderar los criterios políticos; por ejemplo en España los republicanos publicaron una ley que establecía la edad para poder adoptar o su revocación y enviaron masivamente a niños huérfanos en la guerra al extranjero para que fueran adoptados en otros países, mientras que los nacionalistas crearon instituciones de acogida para los niños e intentaron repatriar a los que los republicanos habían enviado al extranjero.

En la actualidad, la adopción ha sido reconocida como una medida de protección para los niños privados de un medio familiar; pero es ante todo, la posibilidad de garantizar los derechos más elementales del menor que por diferentes causas ha crecido con carencias afectivas y materiales.

Como un mecanismo de combate, organismos internacionales han definido y ejecutado acciones que incentiven la adopción ponderando siempre el interés superior de la niñez por encima de la intención de los adoptantes a satisfacer su deseo de paternidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que orienta las labores del Unicef, establece claramente que todos los niños tienen derecho a crecer en un entorno familiar, y en la medida de lo posible, a conocer a sus familias y a ser criados por ellas. Debido a ello, así como a la importancia y al valor que tiene la familia en la vida de los niños, las familias que necesiten ayuda para poder criar a sus hijos tienen derecho a recibirla. Solamente cuando, a pesar de contar con acceso es ayuda, la familia no puede o no quiere criar al niño o la niña, se deben buscar soluciones adecuadas y basadas en la integración del niño a una familia estable.

Las adopciones son sin duda la vía para lograrlo, y ello debe hacerse a través de procesos lícitos, transparentes y que no supongan la explotación de los niños, niñas y familias involucrados en las mismas; sin embargo, generalmente las adopciones no se han realizado dando prioridad al interés superior de la niñez, ya que los requisitos impuestos y los procedimientos empleados no fueron suficientes para prevenir las prácticas deshonestas, lo que desafortunadamente ha dado lugar a la comisión de delitos como el secuestro y la trata de menores, sumada a las prácticas corruptas que implican la falsificación de documentos y el soborno.

En el ámbito internacional, el Unicef apoya las adopciones que se realizan de conformidad con las normas y principios del Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, cuyo objetivo es garantizar que los procesos de adopción sean adecuados y honestos, mediante el establecimiento de las obligaciones de las autoridades de los países de origen de los niños, así como las de los países que les reciben para su adopción, siempre observando el interés superior del niño.

Si bien dichas prácticas han establecido directrices claras para la implantación de mecanismos que permitan la integración de niños, niñas y jóvenes a un seno familiar que garantice la cobertura y protección de sus derechos más elementales, lo cierto es que hoy muchos países, incluido el nuestro, no cuenta con una legislación especializada y moderna que defina las bases en materia de adopción.

Lo anterior, sumado a las prácticas ilegales de las que generalmente se acompaña los procesos de adopción en nuestro país, en donde se ponderan los intereses personales e incluso económicos, por encima de los intereses de los adoptados.

Por lo que hace al país, el marco jurídico de la adopción ha sufrido diversas transformaciones; hoy en día cada entidad federativa ha legislado de manera diversa en virtud de que el derecho de familia, es materia local, por lo que se requiere armonizar la legislación, para lograr con ello, que el objetivo de la adopción cumpla con su interés prioritario de protección y mejoramiento de la calidad de vida de los niños mexicanos.

A través de la presente iniciativa se pretende establecer como facultad del Congreso legislar en materia adopción, con el objetivo primordial de garantizar los derechos más elementales de la niñez del país, definiendo con claridad las vías y los medios específicos conforme a los cuales habrá de resolverse el proceso de adopción en el país, erradicando con ello cualquier actividad dolosa que intervenga de manera negativa en dicho proceso y, en general, al pleno desarrollo de la sociedad y la niñez para adoptar y ser adoptados.

En mérito de lo fundado y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-P Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona la fracción XXIX-P Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a XXIX-P. ...

XXIX-P Bis. Para expedir la ley general en materia de adopción.

XXIX-Q. a XXX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada Daniela de los Santos Torres (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE ADOPCIÓN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

«Iniciativa que expide la Ley General de Adopción y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Daniela de los Santos Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Daniela de los Santos Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Adopción y se derogan los Capítulos IV, “De las Actas de Adopción”; V, “De la Adopción”, Secciones Primera, Tercera y Cuarta del Código Civil Federal,al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Según la Declaración de los Derechos del Niño, por su falta de madurez física y mental, los niños y niñas necesitan protección y cuidados especiales, incluida su debida protección legal.

La necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

A fin de posibilitar una infancia feliz, en su propio bien y de la sociedad, se insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos federales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con ciertos principios, entre los que destacan los siguientes:

• El niño gozara? de una protección especial y dispondrá? de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así? como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá? será? el interés superior del niño.

• El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá? crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá? separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia.

• El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será? objeto de ningún tipo de trata.

En este sentido, la intención fundamental de la presente Iniciativa de Ley es precisamente procurar que todo niño, niña o adolescente que ha sido abandonado, que no tiene una familia o que no cuenta con una persona responsable legalmente de su buen desarrollo, tenga mayores y mejores oportunidades de vivir en un entorno familiar y se sobreponga al estado de indefensión en el que corre riesgo su integridad física y psicológica.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional hizo un diagnóstico de la adopción en México en 2005, realizando proyecciones estadísticas sobre el aumento del número de niños sin cuidados familiares e institucionalizados en nuestro país, el cual mostró que en 2005 el número de niños en casas hogar era de 28 mil 107, y las proyecciones indicaban un incremento a 29 mil 310 niños en 2010 y para el 2040 llegaría al clímax con una población de 33 mil 242 niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a datos del censo 2010 de INEGI, en México hay 32.5 millones de niños entre los 0 y los 14 años de edad, de los cuales 73.5% cohabita con ambos padres en su hogar, 15.9% sólo con la madre, 1.1% sólo con el padre y 3.3% con ninguno de los dos.

A nivel nacional, en el año 2010 se identificaron casi 30 mil niños, niñas y adolescentes habitando en casas-hogar, orfanatos y casas cuna de todo el país. Sin embargo, según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México, existen además 29 mil niños que no cuentan con cuidados familiares ni institucionales.

Considerando que la niñez en general, y las niñas y niños huérfanos o carentes de cuidado familiar, en particular, son titulares de derechos establecidos a través de diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, es necesario poner especial énfasis en la responsabilidad primordial que tienen los padres, tutores representantes legales en la crianza, el bienestar integral y el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños, además de la responsabilidad del Estado de velar porque estos derechos se cumplan de conformidad con los preceptos constitucionales relativos a la protección de la familia y de los menores.

Derivado de lo anterior, encontramos en la adopción una de las mejores oportunidades para que los niños, niñas y adolescentes establezcan un parentesco equiparable en sus efectos al consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante, asumiendo la responsabilidad de su protección y bienestar, pero sobre todo posibilitando su desarrollo en un entorno familiar.

Si bien la adopción no es exclusiva para este rango de edad, generalmente sí tiene un mayor impacto en los menores de 12 años, puesto que se encuentran en una etapa donde la indefensión pone en riesgo el desarrollo de su integridad, siendo aún más vulnerables a la adversidad psicológica o emocional, física, nutricional, educativa y económica.

Por tanto, considerando el principio del interés superior de la niñez, se considera que una Ley General de Adopción resulta indispensable para integrar en un solo documento legal dicha materia, lo que permitirá a los actores involucrados contar con un dispositivo integral que, además de ser un medio informativo en sí mismo, permite establecer claramente definiciones, principios, requisitos, instituciones, obligaciones, responsabilidades, criterios y procedimientos a seguir.

Al ser los niños y niñas las personas más vulnerables de nuestra sociedad, tratar de mejorar los procedimientos de adopción constituye un tema prioritario en la agenda legislativa, apareciendo como una respuesta en la que prevalece el derecho de los niños, niñas y adolescentes a formar parte de una familia y consecuentemente el derecho y deber de los adoptantes para garantizarle una vida mejor.

La presente iniciativa de ley es precisamente una medida legislativa que tiene como objeto esencial garantizar ese interés en materia de adopción, partiendo de la responsabilidad que tenemos como legisladores para verificar que se proporcionen los medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para el desarrollo integral infantil en un contexto familiar.

En suma, lo que pretendemos con esta ley es brindar protección al menor, teniendo como meta lograr su plena capacidad para desarrollarse, integrarse e interactuar socialmente.

En mérito de lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley General de Adopción y se derogan los Capítulos IV, “De las Actas de Adopción”; V, “De la Adopción”, Secciones Primera, Tercera y Cuarta del Código Civil Federal

PRIMERO.Se expidela Ley General de Adopciónpara quedar como sigue:

Ley General de Adopción

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo ÚnicoÁmbito y Objeto de la Ley

Artículo 1.La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto garantizar el derecho a vivir en familia de toda persona susceptible de ser adoptada.

Mediante esta Ley se establecen los principios, lineamientos y requisitos necesarios para que las adopciones se realicen con certeza bajo el interés superior de la niñez.

Artículo 2.En la presente Ley se atenderá a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de adopción y protección a la infancia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La interpretación de esta Ley se hará siempre atendiendo al interés superior de la niñez.

En todo lo no previsto en la presente Ley se aplicará de manera supletoria la normatividad procesal civil o familiar correspondiente.

Artículo 3.La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Artículo 4.Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

I. Adolescente: Toda persona mayor de doce y menor de dieciocho años de edad;

II. Adopción: Acto jurídico por el cual se constituye una relación de filiación entre adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco equiparable en sus efectos al consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descendientes del adoptado;

III. Adopción Internacional: La promovida por ciudadanos extranjeros o mexicanos, con residencia habitual fuera del territorio nacional, cuyo objeto es incorporar en una familia a una niña, niño o adolescente en otro país y que se realiza en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia;

IV. Sujeto de Adopción: Estatus que adquieren los niños, niñas, adolescentes y personas mayores de edad discapacitadas, al determinarse la viabilidad jurídica, médica y psicológica para ser adoptado;

V. Adoptado: Niña, niño, adolescente o persona mayor de edad discapacitada que se integra a una familia en calidad de hijo, para recibir de ésta todos los medios suficientes para su pleno desarrollo físico, mental, social y emocional;

VI. Adoptante: Persona o personas que culminaron favorablemente el proceso contemplado en la presente Ley, recibiendo en el seno familiar a una niña, niño, adolescente o persona mayor de edad discapacitada en calidad de hijo a fin de brindarle los medios suficientes para su pleno desarrollo físico, mental, social y emocional;

VII. Asignación: Proceso mediante el cual el Consejo Técnico de Adopción vincula a un sujeto de adopción con los solicitantes a efecto de que culminen el proceso de adopción;

VIII. Consejo: El Consejo Técnico de Adopción, órgano colegiado e interdisciplinario encargado de realizar las funciones de evaluación de solicitudes, aprobación y emisión de Certificados de Idoneidad, asignación y seguimiento del proceso procurando la adecuada integración de las niñas, niños, adolescentes o mayores de edad discapacitados. Estos Consejos formarán parte de los sistemas DIF Nacional y Estatales;

IX. Certificado de Idoneidad: Documento emitido por el Consejo o por la autoridad central del país correspondiente en los casos de adopción internacional, en el que se expresa que el solicitante o solicitantes son aptos e idóneos para adoptar, soportado por un expediente técnico;

X. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños, adolescentes o mayores de edad con discapacidad en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado;

XI. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños, adolescentes o mayores de edad con discapacidad tienen parentesco ascendente hasta segundo grado;

XII. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños, adolescentes y mayores de edad con discapacidad con fines de adopción, y que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez;

XIII. Interés Superior de la Niñez: La prioritaria atención del conjunto de los derechos, o de cualquiera de ellos, de niñas, niños y adolescentes, aún frente al derecho de sus progenitores o de cualquier otra persona, colocándolo siempre en la situación que más beneficie a su desarrollo integral;

XIV. Menor Abandonado: Menor de edad cuyo origen se conoce, que es colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la Ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado;

XV. Menor Acogido: Menor de edad acogido por alguna persona o por instituciones públicas o privadas, quienes asumen la obligación de velar por él, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral;

XVI. Menor Expósito: Menor de edad cuyo origen se desconoce, que es colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la Ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado;

XVII. Menor sujeto de adopción entre particulares: Niño, niña o adolescente, cuyos solicitantes y quienes ejercen la patria potestad acuden al Sistema DIF respectivo para iniciar el proceso de adopción;

XVIII. Niña o Niño: Persona menor de doce años de edad;

XIX. Procuraduría: La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia correspondiente;

XX. Solicitante: Persona o personas que pretenden adoptar.

Título SegundoPrincipios Rectores y los Derechos de los Adoptados

Capítulo PrimeroPrincipios Rectores

Artículo 5.Son principios rectores en el cumplimiento, interpretación y aplicación de esta Ley, los contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de adopción y protección a la infancia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que atiendan a la protección del Interés Superior de la Niñez así como los derechos de las personas mayores de edad con discapacidad.

Artículo 6.El Estado mexicano reconoce que el proceso de adopción responde al Interés Superior de la Niñez como consideración primordial.

Capítulo SegundoDerechos de los Adoptados

Artículo 7.La adopción es un derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas mayores de edad con discapacidad de naturaleza restitutiva, que les garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra en el seno de una familia.

Artículo 8. En todos los casos de adopción, las niñas, niños, adolescentes y personas mayores de edad con discapacidad que vayan a adoptarse tendrán asistencia psicológica durante el proceso, serán informados de las consecuencias de su adopción y deberán ser escuchados en todo momento, atendiendo a su edad y grado de madurez.

Artículo 9. La adopción confiere al adoptado los apellidos de los adoptantes y los mismos derechos y obligaciones que el parentesco por consanguinidad, y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, excepto en lo relativo a los impedimentos para el matrimonio.

En el supuesto de que el adoptante esté casado con alguno de los progenitores del adoptado, no se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de la filiación consanguínea.

Artículo 10. Los derechos y obligaciones que nacen de la adopción, así como el parentesco que de ella resulte, se amplían a toda la familia del adoptante, como si el adoptado fuera hijo biológico de éste, excepto en lo relativo a los impedimentos para el matrimonio.

Título TerceroAutoridades

Capítulo ÚnicoConsejo Técnico de Adopción

Artículo 11. Los sistemas DIF nacional y de las entidades de la republica contarán con un Consejo Técnico de Adopción, como órgano colegiado interdisciplinario cuya finalidad es procurar la adecuada integración de niñas, niños y adolescentes y mayores de edad discapacitados sujetos de adopción, a una familia que les proporcione las condiciones necesarias para su pleno y armonioso desarrollo.

Artículo 12. Los Consejos Técnicos de Adopción tienen la atribución de analizar, valorar y dictaminar los expedientes de los solicitantes, así como de cooperar en todo lo que esté a su alcance para el cumplimiento del objeto de esta Ley, garantizando en su actuación y funcionamiento el principio del Interés Superior de la Niñez.

Los Consejos deberán asegurarse de que todo acto dentro del proceso de adopción cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos correspondientes, así como de que los servidores públicos y especialistas actúen de conformidad con el interés superior de la niñez.

Para ilustrar su análisis y valoración, los Consejos podrán solicitar la presencia y opinión, ya sea de manera conjunta o por separado, del solicitante, de quienes ejercen la tutela del sujeto a adopción, del menor, de los especialistas que hayan intervenido en el proceso de que se trate, de quienes hayan emitido las cartas de recomendación o de profesionales externos.

Artículo 13. Los Consejos se integrarán de por lo menos:

I. Un Presidente, que es el titular de la Dirección General del Sistema DIF correspondiente;

II. Un Secretario Técnico, que es el titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia correspondiente o autoridad análoga;

III. El titular del área de asistencia e integración social o análoga;

IV. Seis ciudadanos especialistas designados por el Titular del Poder Ejecutivo del que corresponda de entre los colegios y asociaciones de profesionistas o universidades, que serán:

a) Dos médicos generales;

b) Dos psicólogos clínicos; y,

c) Dos trabajadores sociales.

V. Un representante de las instituciones privadas que acojan menores de edad a invitación del Titular del Poder Ejecutivo correspondiente; y,

VI. El Director de la institución pública o privada en donde el sujeto de adopción de que se trate este acogido.

Las resoluciones de los Consejos se tomarán por votación de la mitad más uno de sus integrantes y el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

Sólo el Presidente podrá designar un suplente que lo sustituya en casos de fuerza mayor.

Los cargos en los Consejos son honoríficos, a excepción de los ciudadanos especialistas, cuyos servicios profesionales serán remunerados.

Los Consejos sesionarán de manera ordinaria en las instalaciones del DIF correspondiente y de manera excepcional en cualquier otro lugar habilitado para tal efecto por el propio Consejo.

Título CuartoRequerimientos Para Adoptar

Capítulo ÚnicoCapacidad, Requisitos y Consentimiento

Artículo 14. Tienen capacidad para adoptar los mayores de veinticinco años, en pleno ejercicio de sus derechos, libres de matrimonio, cónyuges o concubinos.

Deben mediar no menos de diecisiete años de edad entre adoptado y adoptante.

Para el caso de los cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir la adopción y bastará con que sólo uno de ellos cumpla con el requisito de la edad.

El tutor no puede adoptar al pupilo, sino hasta después de que hayan sido definitivamente aprobadas las cuentas de la tutela.

Artículo 15. El solicitante deberá tener aptitud física, psicológica, moral, y contar con medios suficientes para proveer subsistencia, cuidado y educación a quien se pretenda adoptar.

Para efectos de lo anterior, el solicitante presentará en una sola exhibición los siguientes documentos:

I. Carta de intención manifestando la voluntad y los motivos para adoptar dirigida al titular del DIF correspondiente. En caso de tenerlos, los datos de la niña, niño, adolescente o mayor de edad con discapacidad que se pretenda adoptar.

II. Datos generales:

a) Identificación oficial con fotografía;

b) Comprobante de domicilio;

c) Acta de nacimiento;

d) En su caso, acta de matrimonio o constancia de concubinato;

e) Dos cartas de recomendación de personas que no tengan parentesco con el solicitante, que incluyan nombre, ocupación, teléfono y domicilio; y,

f) Dos fotografías a color tamaño pasaporte.

III. Estudio médico que cumpla con los requisitos establecidos en la reglamentación de esta ley, mismos que proporcionarán información suficiente para guiar la decisión del Consejo pero que nunca deberán retrasar el proceso de adopción.

IV. Estudio socioeconómico que cumpla con los requisitos establecidos en la reglamentación de esta ley, mismos que proporcionarán información suficiente para guiar la decisión del Consejo pero que nunca deberán retrasar el proceso de adopción.

V. Estudio psicológico que cumpla con los requisitos establecidos en la reglamentación de esta ley, mismos que proporcionarán información suficiente para guiar la decisión del Consejo pero que nunca deberán retrasar el proceso de adopción.

VI. No haber sido condenado por delito grave ni tener antecedentes de violencia familiar. Para ello, el solicitante presentará carta de no antecedentes penales de la entidad o entidades federativas donde haya residido en los últimos cinco años y manifestará su autorización por escrito a efecto de que el Consejo verifique con la autoridad correspondiente el tipo de delitos cometidos, así como para que solicite información respecto antecedentes de violencia familiar en las instancias respectivas;

VII. Constancia que acredite haber asistido a la capacitación que imparta el Sistema DIF respectivo de manera permanente.

VIII. Constancia laboral, especificando puesto, antigüedad y sueldo, o documentación que acredite fehacientemente sus ingresos o solvencia económica; y,

IX. En caso de extranjeros con residencia en México, se deberá presentar la documentación que acredite su estancia legal en el país.

Las cartas de recomendación podrán ser suscritas a favor del solicitante por quienes ejercen la patria potestad sobre el menor de edad que se pretende adoptar.

En caso de adopción internacional, el Sistema DIF correspondiente deberá tener constancia de que el solicitante es apto e idóneo para adoptar emitida por autoridad competente del Estado receptor, acompañada de un informe sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional, así como sobre los menores de edad que estarían en condiciones de tomar a su cargo.

Todos los documentos deberán presentarse en idioma español y, en su caso, debidamente legalizados o apostillados.

El Sistema DIF correspondiente pondrá a disposición de quienes pretendan adoptar la información necesaria relativa a instituciones que expiden la documentación requerida. Los estudios socioeconómico y psicológico deberán ser practicados por profesionales especialistas.

Artículo 16. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus respectivos casos:

I. El tutor del que se va a adoptar;

II. La Procuraduría;

III. El menor de edad si tiene doce años o más o el mayor de edad con discapacidad siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad; y,

IV. El solicitante.

En todos los asuntos de adopción serán considerados los deseos y opiniones de las niñas, niños, adolescentes y personas mayores de edad con discapacidad atendiendo a su edad y circunstancias personales.

En el caso de los menores con discapacidad de doce años o más y de personas mayores de edad con discapacidad, será necesario su consentimiento, siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad.

Si el tutor o la Procuraduría no consienten la adopción, deberán expresar la causa, misma que el Juez calificará tomando en cuenta el interés superior de la niñez.

Artículo 17. La Procuraduría y el Juez competente se cerciorarán de que quienes pretendan adoptar hayan sido suficientemente asesorados sobre los efectos de la adopción y de las responsabilidades que se adquieren.

Título QuintoTramitación

Capítulo ÚnicoProceso de Adopción

Artículo 18. El proceso de adopción se iniciará presentando solicitud por escrito al Consejo correspondiente, en su caso, nombre, edad y domicilio del menor de edad que se pretende adoptar y acompañando los documentos referidos en el artículo 15 de esta ley.

Los DIF municipales podrán recibir solicitudes de adopción, mismas que deberán remitir en un plazo no mayor a ocho días naturales al Consejo estatal correspondiente.

En este acto la autoridad estatal o municipal, según corresponda, asesorará al solicitante respecto a la información requerida y verificará que se exhiba en su totalidad, en caso contrario notificará de inmediato al solicitante para que lo subsane.

El Consejo estatal no tendrá por presentada la solicitud hasta en tanto no se subsanen las posibles deficiencias.

Artículo 19. Integrada la documentación, el Consejo formará un expediente y convocará a Sesión dentro de los quince días naturales siguientes, adjuntando para su estudio copia del expediente a cada uno de los integrantes del Consejo.

En dicha sesión se analizará el expediente, se entrevistará al solicitante y se verificará que el menor de edad que se pretende adoptar sea sujeto de adopción. Asimismo, en caso de que el solicitante no haya especificado a un menor de edad para adoptar en su solicitud, se sugerirá uno de entre los sujetos de adopción.

El Consejo podrá determinar un esquema progresivo de convivencia y adaptabilidad entre el menor de edad sujeto de adopción con el solicitante.

Artículo 20. El Consejo resolverá en sentido positivo o negativo el Certificado de Idoneidad dentro de los cuarenta y cinco días naturales posteriores a aquella Sesión.

Durante este lapso cada especialista integrante del Consejo elaborará un dictamen técnico correspondiente a su área de estudio, para lo cual podrá requerir nuevamente la presencia del solicitante. Este dictamen será expuesto por su autor durante la Sesión en que se resuelva el sentido del Certificado de Idoneidad y se integrará a la documentación del expediente.

Posteriormente, cada consejero expondrá y razonará el sentido de su voto, lo que quedará asentado en el Certificado de Idoneidad.

Una vez emitido el Certificado de Idoneidad en sentido positivo, el Consejo podrá determinar el acogimiento del menor o mayor de edad con discapacidad por parte del solicitante bajo la figura de familia acogimiento pre-adoptivo. El acogimiento pre-adoptivo se formalizará por escrito con el consentimiento del Consejo, del solicitante que recibe al menor, del menor de edad si tuviera doce años o más o del mayor de edad con discapacidad siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad.

El acogimiento pre-adoptivo no genera presunción de estado y podrá ser revocado en todo momento por el Consejo atendiendo al Interés Superior del Menor.

En caso de que el Consejo resuelva en sentido negativo, el solicitante podrá recurrir dicha resolución mediante el Recurso de Reconsideración establecido en esta Ley.

Artículo 21. Una vez emitido el Certificado de Idoneidad, independientemente de su sentido, el Consejo se lo entregará al solicitante.

El Certificado de Idoneidad emitido en sentido positivo al solicitante tendrá una vigencia de sesenta días, tiempo durante deberá promover la adopción ante el Juez competente del lugar donde resida el niño, niña, adolescente o mayor de edad con discapacidad que se pretende adoptar.

El Consejo podrá extender la vigencia del Certificado de Idoneidad emitido cuando por causa justificada no promueva el procedimiento judicial para llevar a cabo la adopción correspondiente.

Una vez iniciado judicialmente el proceso de adopción, el solicitante notificará por escrito dicha situación al Consejo a efecto de que este remita de inmediato una copia certificada del expediente técnico respectivo al Juez que conozca del caso.

Artículo 22. El proceso de adopción se seguirá conforme a la normatividad correspondiente a la jurisdicción voluntaria civil o familiar correspondiente a cada ámbito territorial de competencia en todo lo que no se oponga a la presente Ley.

En el escrito de adopción el solicitante deberá manifestar ante el Juez:

I. Nombre, edad y domicilio de la persona que se pretende adoptar;

II. Nombre, edad y domicilio de quienes ejerzan sobre él la tutela y, en su caso, de la persona o institución de beneficencia que lo haya acogido; y,

III. Certificado de Idoneidad emitido por el Consejo.

Artículo 23. Tratándose de adopción internacional, el Juez deberá constatar que la persona que se pretende adoptar estaría autorizado para entrar y residir permanentemente en el país de que se trate.

Artículo 24. El tutor del que se va a adoptar, la Procuraduría, el adolescente o el mayor de edad con discapacidad siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad, y el solicitante manifestarán su consentimiento por escrito ante el Juez que conozca del procedimiento, quien verificará que no se encuentre viciado.

Artículo 25. Rendidas las constancias que se exigen y obtenido el consentimiento de las personas que deben darlo, el Juez resolverá dentro de los ocho días hábiles lo que proceda sobre la adopción.

Artículo 26. Si una vez iniciado un proceso de adopción ante el Juez competente hubiere retractación del solicitante, éste no podrá volver a presentar solicitud de adopción. El Juez notificará al Consejo la retractación para estos efectos.

Artículo 27. Quienes pretendan adoptar no pueden tramitar simultáneamente dos procesos de adopción. Es indispensable haber concluido uno para iniciar otro.

Artículo 28. Se procurará que los hermanos sujetos de adopción no sean separados antes ni durante el proceso de adopción y que sean adoptados por una misma familia en un solo proceso.

Artículo 29. En todos los casos de adopción se preferirá al que haya acogido a quien se pretende adoptar dentro de los seis meses anteriores a la solicitud de adopción.

Artículo 30. Una vez que quede firme la resolución pronunciada por el Juez que autorice la adopción, ésta quedará consumada.

Artículo 31. Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el Juez, dentro del término de ocho días hábiles, remitirá copia certificada de la resolución al Registro Civil y Procuraduría correspondientes, a fin de que el primero levante el acta correspondiente y el segundo de seguimiento trimestral durante dos años, respectivamente.

Título SextoSujetos de Adopción

Capítulo PrimeroEntrega Voluntaria de una Niña, Niño o Adolescente con Propósito de Adopción

Artículo 32. En los casos en que quienes ejerzan la patria potestad de una niña, niño, o adolescente no pudieran o no estuvieran en las condiciones necesarias para la crianza de éste, podrán hacer la entrega voluntaria del mismo al Sistema DIF correspondiente a través de la Procuraduría o en su caso ante el titular del Sistema DIF Municipal, con el propósito de que sea dado en adopción, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos y requisitos:

I. Se presenten quienes ejerzan la patria potestad con identificación oficial, acreditando domicilio actual;

II. El menor de edad haya sido registrado legalmente y se presentare en ese acto el acta de nacimiento;

III. En su caso, documentos que comprueben que la patria potestad de quienes no se presenten ante el Sistema DIF Estatal o Municipal se acabó o se perdió previamente; y,

IV. Escrito que describa a detalle los motivos que originan la entrega y la manifestación expresa de que el menor de edad sea dado en adopción.

En caso de que no se cumplan los supuestos y requisitos señalados, el menor será recibido y quedará bajo el cuidado del Sistema DIF correspondiente, considerándose abandonado o expósito, según corresponda.

Artículo 33. El titular de la Procuraduría y, en su caso, el titular del Sistema DIF municipal correspondiente, levantará un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos, en la cual conste la entrega y el propósito con el que se hizo la misma, así como la manifestación expresa de la situación familiar y los motivos que originan tal entrega.

El titular del Sistema DIF municipal que reciba a un menor de edad de inmediato lo pondrá bajo cuidado de la Procuraduría junto con la documentación respectiva. La Procuraduría podrá verificar la documentación remitida si lo considera necesario.

Artículo 34. Una vez levantada el acta a que se refiere el artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad contarán con un término de cuarenta y cinco días naturales para convivir con el menor que sea entregado, con tratamiento psicológico proporcionado por el Sistema DIF intentando la reintegración al seno familiar.

Artículo 35. Durante ese término el Sistema DIF correspondiente, en coordinación con las dependencias e instituciones que considere, sin exponer, exhibir o poner en riesgo al menor de edad, tendrá la responsabilidad de realizar las acciones conducentes que permitan al menor de edad reintegrarse al núcleo de su familia de origen o extensa de manera tal que se garantice su interés superior.

Artículo 36. Una vez transcurrido dicho término, no habiendo logrado la reintegración al núcleo familiar, la Procuraduría levantará la certificación respectiva y el menor de edad será Sujeto de Adopción.

Capítulo SegundoAbandonados o Expósitos

Artículo 37. Las niñas, niños, adolescentes y mayores de edad discapacitados abandonados o expósitos, acogidos por alguna persona, institución pública o privada, serán sujetos de adopción una vez que hayan transcurrido ciento veinte días naturales sin que se reclamen derechos sobre ellos o se tenga información que permita conocer su familia de origen o extensa, situación que deberá ser acreditada por el Consejo. En caso de que quienes realicen el acogimiento sean instituciones privadas o personas físicas, deberán dar aviso inmediato a la Procuraduría respecto del menor de edad acogido, a efecto de que comience a correr el plazo señalado.

Durante ese término el Sistema DIF correspondiente tendrá la responsabilidad de investigar el origen del menor de edad y realizar las acciones conducentes que le permitan reintegrarse al núcleo de su familia de origen o extensa de manera tal que se garantice su interés superior. Lo anterior, en coordinación con las dependencias e instituciones que considere, sin exponer, exhibir o poner en riesgo al menor de edad.

Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto del origen del menor de edad o no habiendo logrado su reintegración al seno familiar, la Procuraduría levantará la certificación respectiva y el menor de edad será Sujeto de Adopción.

Artículo 38. El DIF, a través de su titular correspondiente, desempeñará el cargo de tutor de forma directa e institucional de los menores no sujetos a patria potestad o tutela.

Sin necesidad de discernimiento del cargo, los directores de las instituciones públicas o privadas donde se acojan menores expósitos o abandonados, desempeñarán la tutela de éstos con arreglo a las leyes y a los estatutos del establecimiento.

Cuando los establecimientos a que se refiere el párrafo anterior hayan acogido al expósito o abandonado por acuerdo del Sistema DIF correspondiente, la tutela será ejercida por este último, quien representará los intereses del menor.

Las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de informar al DIF sobre los menores bajo su tutela tan pronto como se dé su acogimiento, y el DIF la obligación de integrar un Banco de Datos de los Menores de Edad Acogidos. El término de ciento veinte días naturales señalado en el presente capítulo para que el Sistema DIF correspondiente investigue el origen del menor de edad y realice las acciones conducentes para reintegrarlo al núcleo de su familia de origen o extensa, correrá a partir de la fecha en que las instituciones informen al Sistema DIF correspondiente del acogimiento. Las instituciones tienen la obligación de colaborar con el Sistema DIF correspondiente para el cumplimento de sus atribuciones.

Título SéptimoAdopción Internacional

Artículo 39. La adopción internacional es la promovida por personas con residencia habitual fuera del territorio nacional, independientemente de su nacionalidad. Esta se regirá por los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de esta Ley.

Artículo 40. En igualdad de circunstancias, se dará preferencia en la adopción a solicitantes mexicanos sobre extranjeros.

Título OctavoEfectos

Capítulo ÚnicoEfectos de la Adopción

Artículo 41. La persona adoptada se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. La persona adoptada y sus descendientes tienen en la familia del o los adoptantes los mismos derechos y obligaciones del hijo consanguíneo.

Artículo 42. La adopción extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con las familias de éstos, salvo para los impedimentos de matrimonio.

Artículo 43. El adoptante tendrá los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos, para con el adoptado.

El adoptado tendrá con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo.

Artículo 44. El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado y deberá guardarse la secrecía de los anteriores apellidos. En el caso del menor que ya tiene un nombre, si es posible, se tomará en cuenta su opinión para cambiarlo.

Artículo 45. En el supuesto de que el adoptante esté casado con alguno de los progenitores del adoptado, no se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resultan de la filiación consanguínea.

Artículo 46. El parentesco civil que nace de la adopción se equipara al parentesco por consanguinidad entre el adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo.

Artículo 47. La adopción es irrevocable.

Título NovenoActas

Capítulo ÚnicoActas de Adopción

Artículo 48. Dictada la resolución judicial definitiva que autorice la adopción, el Juez, dentro del término de ocho días hábiles, remitirá copia certificada de las diligencias al Oficial del Registro Civil del lugar donde se haya registrado el nacimiento del adoptado, a fin de que, con la comparecencia del adoptante, se levante el acta correspondiente.

La falta de registro de la adopción no priva a ésta sus efectos legales, pero sujeta al responsable a la sanción señalada en esta Ley.

Artículo 49. En los casos de adopción, se levantará un acta como si fuera de nacimiento, en los mismos términos que la que se expide para los hijos consanguíneos.

Artículo 50. A partir del levantamiento del acta, se harán las anotaciones en el acta de nacimiento primigenia, la cual quedará reservada. No se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio.

Título DécimoProhibiciones

Capítulo ÚnicoProhibiciones en la Adopción

Artículo 51. Para los fines de esta Ley, se prohíbe:

I. La promesa de adopción;

II. La adopción entre particulares sin intervención institucional, entendida como la acción en la cual la madre o el padre biológicos, o representantes legales, pactan dar en adopción de manera directa y voluntaria a la niña, niño o adolescente sin hacer la entrega voluntaria ante el DIF y sin obtener el Certificado de Idoneidad;

III. La adopción que realice el cónyuge, concubino o concubina sin el consentimiento del otro;

IV. La obtención directa o indirecta de beneficios materiales, por su familia de origen, extensa o cualquier persona, así como por entidades públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción;

V. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre derechos humanos, derechos de la niñez o adopción, a las disposiciones establecidas en leyes nacionales y a esta Ley; y,

VI. La representación en las diligencias administrativas o judiciales que sean personalísimas en atención al principio del interés superior del menor sujeto a adopción.

En los expedientes en los que se encuentre alguna o varias de las prohibiciones anteriores, se suspenderá inmediatamente el trámite y no se autorizará la adopción. Si el proceso de adopción ha concluido, la Procuraduría realizará las acciones conducentes para proteger el interés superior del menor.

Artículo 52. El Registro Civil se abstendrá de proporcionar información sobre los antecedentes de la familia de origen del adoptado, excepto en los casos siguientes y contando con autorización judicial:

I. Para efectos de impedimento para contraer matrimonio; y,

II. Cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares, siempre y cuando sea mayor de edad. Si fuere menor de edad se requerirá el consentimiento de los adoptantes.

Título Décimo PrimeroSanciones y Recursos

Capítulo PrimeroSanciones

Artículo 53. Cuando cualquier persona que participe en el proceso de adopción, directa o indirectamente, realice alguna de las prohibiciones establecidas en esta Ley, falsee cualquier información o intencionalmente oculte otra que se debiera conocer, se cancelará la solicitud y la Procuraduría, o cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, lo hará del conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales que procedan.

Artículo 54. A los servidores públicos que intervengan en los procesos de adopción y que contravengan lo dispuesto en la presente Ley se les aplicarán las sanciones que señale la normatividad en materia de responsabilidades de los servidores públicos de que se trate, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran.

Artículo 55. Los jueces que conozcan del procedimiento de adopción y que contravengan lo dispuesto por la presente Ley, serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial correspondiente.

Artículo 56. El Oficial del Registro Civil que no levante el acta de adopción correspondiente, se le impondrá una multa de quince a treinta días de salario mínimo general vigente en el estado que corresponda o en el Distrito Federal.

Capítulo SegundoRecurso de Reconsideración

Artículo 57. Contra los actos administrativos derivados de la aplicación de esta Ley, procederá el Recurso de Reconsideración.

Artículo 58. El Recurso de Reconsideración podrá hacerse valer únicamente por los directamente interesados ante el Consejo y se interpondrá contra actos administrativos que se estimen improcedentes o violatorios a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 59. La tramitación del Recurso de Reconsideración se sujetará a las normas siguientes:

I. Se interpondrá por escrito, precisando el nombre y domicilio de quien promueva, la mención de la persona u órgano que les hubiere dictado u ordenado ejecutar y los agravios que cause la resolución o acto impugnado. Al escrito se acompañarán los documentos que acrediten la personalidad del promovente y las pruebas que estime pertinentes;

II. El escrito deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya notificado la resolución o se haya conocido el acto impugnado, personalmente o por correo certificado; y,

III. Dentro del término de diez días hábiles se desahogarán los estudios, inspecciones y demás diligencias que en relación con los actos impugnados se consideren necesarios.

Desahogadas las pruebas ofrecidas por el inconforme, o las que de oficio se hayan ordenado practicar, se emitirá la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de diez días hábiles y se procederá a su notificación al interesado.

Artículo 60. Las resoluciones que se emitan con motivo del Recurso de Reconsideración serán definitivas y en su contra no procederá recurso alguno.

Artículo 61. Los recursos presentados extemporáneamente o los que fueren notoriamente improcedentes, se desecharán de plano.

Segundo.Se deroganlos capítulos IV, “De las Actas de Adopción”, artículos 84, 85, 86 y 87; V, “De la Adopción”, Sección Primera, “Disposiciones Generales”, artículos 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400 y 401; Tercera, “De la Adopción Plena”, artículos 410 A, 410 B, 410 C y 410 D, y Cuarta, “De la Adopción Internacional”, artículos 410 E y 410 F del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Capítulo IVDe las Actas de Adopción

Artículo 84. Se deroga.

Artículo 85. Se deroga.

Artículo 86. Se deroga.

Artículo 87. Se deroga.

...

Capítulo VDe la Adopción

Sección PrimeraDisposiciones Generales

Artículo 390. Se deroga.

Artículo 391. Se deroga.

Artículo 392. Se deroga.

Artículo 393. Se deroga.

...

Artículo 395. Se deroga.

Artículo 396. Se deroga.

Artículo 397. Se deroga.

Artículo 398. Se deroga.

Artículo 399. Se deroga.

Artículo 400. Se deroga.

Artículo 401. Se deroga.

Sección TerceraDe la Adopción Plena

Artículo 410 A. Se deroga.

Artículo 410 B. Se deroga.

Artículo 410 C. Se deroga.

Artículo 410 D. Se deroga.

Sección CuartaDe la Adopción Internacional

Artículo 410 E. Se deroga.

Artículo 410 F. Se deroga.

Artículos Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los titulares de los poderes Ejecutivos federal y estatales contarán con 90 días a partir de la publicación de esta Ley para emitir el Reglamento respectivo.

Tercero. Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente ley.

Cuarto.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de la presente ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de septiembre de 2015.— Diputada Daniela de los Santos Torres (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DE HIDROCARBUROS

«Iniciativa que reforma el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Jorge López Martín, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, expone ante esta soberanía la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Problemática

Las reformas al marco normativo en materia energética establecieron la urgente necesidad por mejorar los precios, entre otros, de la gasolina y el diésel. Consecuentemente se establecieron plazos y entes reguladores que permitirían la eficacia en la transición a este nuevo modelo de apertura a la competencia de empresas nacionales y extranjeras, lo cual repercute en mejores precios para el consumidor final.

El entorno económico mundial nos obliga a la aceleración de este proceso y la natural descentralización de atribuciones del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para dar paso a la intervención de los órganos reguladores, particularmente a la Comisión Federal de Competencia Económica, a efecto de que realice la declaratoria correspondiente sobre las condiciones de competencia efectiva de los precios de la gasolina y diésel que se determinarán bajo condiciones de mercado.

En ese orden de ideas, la competencia económica que en el menor tiempo posible incremente la participación en el mercado de nuevas empresas, ofrecerá más opciones de productos y servicios de mayor calidad a mejores precios, en beneficio de la sociedad, en este caso concreto, de la gasolina y el diésel.

Así es como la presente iniciativa propone que a partir del termino del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la SHCP de fecha 1 de enero de 2015 y cuya vigencia concluye el 31 de diciembre del año en curso, mediante el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público; dichos precios se liberen y determinen bajo condiciones de mercado.

El parámetro actual para fijar el precio es la inflación, de tal forma que la gasolina, como un bien proporcionado por la empresa productiva del estado, es decir Pemex, no fluctúa, ni disminuye, porque no está vinculado a los costos internacionales, es el gobierno quien realmente fija el precio de acuerdo a dicho parámetro.

Argumentación

La competencia no es otra cosa que el proceso mediante el cual las fuerzas de mercado operan libremente para asegurar que los recursos escasos de la sociedad se utilicen de la manera más eficiente, maximizando el bienestar económico.

Por lo tanto se trata de una importante herramienta de crecimiento económico ya que beneficia principalmente al consumidor y permite alcanzar el nivel máximo de producción posible de una economía e incrementa ese nivel en el largo plazo.

En un ambiente de competencia, el éxito de cada empresa estará determinado por su capacidad de conquistar la preferencia del consumidor. Así, la competencia en los mercados facilita y estimula una mayor oferta y diversidad de productos y servicios, a menores precios y con mayor calidad.

Como resultado de lo anterior se incrementa el poder adquisitivo y el bienestar de los consumidores, permite a las empresas acceder a insumos en condiciones competitivas, las incentiva a innovar y a ser más productivas, y conlleva un círculo virtuoso que genera crecimiento y desarrollo económico.

La política de competencia que prevé la reforma energética consta de instrumentos que utiliza el estado para proteger y promover la eficiencia de los mercados en beneficio del consumidor y de la economía en general. Dicha política está basada, principalmente, en la Ley Federal de Competencia Económica y la institución que la aplica, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Existe un amplio consenso respecto de los beneficios de la política de competencia y su relevancia para el país. El artículo 28 constitucional, así como el artículo 10 de la LFCE, señalan que la Cofece es un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

El mismo precepto constitucional y el artículo 11 de la LFCE establecen que la Cofece contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

Al implementar y fortalecer la política de competencia, la Cofece resolverá y opinará sobre condiciones de mercado, es decir, sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros términos análogos. Para que la Cofece pueda emitir dichas resoluciones u opiniones, se requiere que las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente esa necesidad.

Ahora Bien, en el caso de la Ley de Hidrocarburos concretamente en el artículo decimocuarto transitorio se estableció un plazo para que la Comisión Federal de Competencia Económica asuma la atribución de regular los precios de las gasolinas y el diésel, así como la entrada en vigor hasta 2018 de la determinación de los precios bajo condiciones de mercado.

En ese sentido en el DOF se publicó el acuerdo de la SHCP por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público, cuya vigencia llega a su término el 31 de diciembre de 2015.

Siendo la Cofece la autoridad responsable de vigilar los mercados para garantizar un entorno favorable a la competencia, en beneficio de los consumidores y el crecimiento económico de México, es indispensable establecer un término mucho más inmediato que permita contar con mejores precios de combustibles.

Como parte de la reforma energética, las adecuaciones aprobadas a la Ley de Hidrocarburos, contemplaron que Comisión Federal de Competencia Económica regule el precio de la gasolina y el diésel bajo criterios de mercado, pero el plazo que se estableció para que este rubro siga siendo administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es hasta 2018.

Entonces dicho plazo, al ser tan amplio, no responde a las necesidades reales de competencia y mejora de precios e impide que las empresas generen crecimiento económico al país desde ahora.

Este aspecto, así como dar paso al beneficio que trae consigo la reforma estructural para los consumidores tras liberarse el mercado, no puede esperar.

Hasta el momento la comisión no tiene injerencia en el mercado de las gasolinas y el diésel, no obstante, sí cuenta con facultades para ser el árbitro en las bases de licitación petrolera.

Al liberarse el mercado, la Cofece debe establecer las condiciones de competencia, por lo que no existe congruencia respecto a la fecha que se estableció en la reforma.

A manera de antecedente debemos recordar que la combinación original de un precio de venta de las gasolinas y el diésel administrado por el estado y el cálculo de una tasa del IEPS básicamente a partir del comportamiento del valor de sus referentes en el mercado estadounidense, significó que los ingresos negativos tributarios petroleros en 2008 por este concepto ascendieran a cerca de 22 por ciento del total de la recaudación observada en ese año, cuando antes representaban menos de 5 puntos porcentuales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene por encargo administrar estos precios, comenzó a aplicar una política de incrementos con el objeto, entre otros, de reducir los gastos fiscales que le suponen la recaudación negativa del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en gasolinas y diésel automotriz, así como para equilibrar el valor de venta en el mercado interno con el externo.

Posteriormente la SHCP incorporó dos factores en su cálculo para evitar que se ampliara la brecha de su valor frente a los costos de producción: 1. La aplicación de cuotas a la venta de gasolina y diésel para el fortalecimiento del federalismo. 2. La eliminación gradual del subsidio con el objeto de igualar los precios de venta en los mercados interno y externo.

La Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de esta tarea, en la que aplica criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero sobre principios de mercado; sin embargo tras el nuevo modelo energético, es imprescindible que sea la Cofece quien regule los precios bajo condiciones de mercado, frente a un contexto que requiere urgentemente la reducción de los plazos para la inversión nacional y extranjera, aspecto gradual que fue considerado atinadamente por la legislatura anterior, cuando existía otro escenario al que hoy se presenta.

Tal y como se ha descrito en la exposición de la problemática de la presente iniciativa; el parámetro actual para fijar el precio es la inflación, de tal forma que la gasolina, como un bien proporcionado por la empresa productiva del estado, no fluctúa, ni disminuye, porque no está vinculado a los costos internacionales, es el gobierno quien realmente fija el precio de acuerdo a dicho parámetro.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Jorge López Martín de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso b) fracción I, se deroga el inciso c) y se reforman las fracciones II y III del artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos

Artículo Único. Se reforma el inciso b) fracción I, se deroga el inciso c) y se reforman las fracciones II y III del artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Decimocuarto. ...

a)...

b) A partir del 1 de enero de 2016 los precios de gasolinas y diésel se determinarán bajo condiciones de mercado. La regulación de precios máximos al público queda a cargo de la Comisión Federal de Competencia Económica, quien tomará en cuenta las condiciones de competencia efectiva al momento de emitir su declaratoria respecto a la determinación de los precios.

Asimismo, la política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía y, en caso de que los precios internacionales de estos combustibles experimenten alta volatilidad, la Comisión Federal de Competencia Económica preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional.

c) Se deroga.

II. A partir de la entrada en vigor de la presente ley y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2015, únicamente se podrán otorgar permisos para la importación de gasolinas y diésel a Petróleos Mexicanos o sus empresas productivas subsidiarias.

A partir del 1 de enero de 2016, o antes si las condiciones de mercado lo permiten, los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los permisos para el expendio al público de gasolinas y diésel serán otorgados por la Comisión Reguladora de Energía a partir del 1 de enero de 2015.

III. La vigencia de los contratos de suministro que suscriban Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o sus empresas filiales no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015.

Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir del 1 de enero de 2016, Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o sus empresas filiales puedan celebrar contratos de suministro bajo las nuevas condiciones de mercado.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Se entiende por Agente Económico a toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.

2. Artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica.

3. DOF: 01/01/2015 Acuerdo 016/2014 por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público.

4. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública Documento de Trabajo núm. 97 2010, Gabriel Fernández Espejel, Determinación de los precios de las gasolinas y el diésel en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado Jorge López Martín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Energía, para dictamen.

PROPOSICIONES                                                                                                                                      DECLARE A LA REGIÓN DE TIERRA CALIENTE DE GUERRERO, COMO ZONA DE DESASTRE NATURAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a declarar la región de Tierra Caliente de Guerrero como zona de desastre natural por la pérdida de las cosechas tras la sequía de las últimas semanas, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Silvia Rivera Carbajal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracción I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que declare a la región de la Tierra Caliente de Guerrero, zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas en la región, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La región de la Tierra Caliente de Guerrero, representa una de las de mayor producción de maíz en la entidad. Tan sólo en nueve municipios de la Tierra Caliente se siembran más de 56 mil 563 hectáreas de tierra.

En 2014, Guerrero registró una producción de un millón y medio de toneladas de maíz, situación que implica la autosuficiencia de la entidad en la producción de maíz, además de que una buena parte se utiliza para la comercialización.

La Secretaría de Desarrollo Rural en Guerrero (Seder), ha informado que debido a la sequía de las semanas recientes, alrededor de 75 por ciento de los cultivos de maíz se perdieron en la mayoría de los municipios de la Tierra Caliente.

Debido a lo anterior, se informó que el titular de la Seder, se reunió en Ciudad Altamirano con comisariados ejidales, ganaderos y directores de desarrollo rural de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Cutzamala, Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala, Zirándaro y Coyuca de Catalán, quienes le plantearon sus necesidades por las pérdidas de cultivos.

Los campesinos y ganaderos demandaron el apoyo del gobierno de Guerrero para que se emita la declaratoria de emergencia por sequía ante el Fondo de Desastres Naturales.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero (SPC), advirtió que la sequía que perjudica al campo de Guerrero prevalecerá al menos hasta mediados del mes de septiembre, después, comenzará la temporada de huracanes, es decir, tendrá una duración mínima de 40 días, lo que implica que habrá temperaturas muy altas en algunas partes de la entidad.

En estos momentos los productores ya han perdido lo poco que se tenía sembrado y las plantas no alcanzaron el crecimiento que se necesita para producir, aunado a que para cuando las precipitaciones se reanuden se deberá enfrentar la probabilidad de huracanes con categorías 3 o 4.

El cultivo del maíz, representa en la región de la Tierra Caliente una de las principales actividades productivas para satisfacer, no solamente la necesidad alimentaria de los habitantes de dicha región, sino además es una de las principales actividades generadora de empleos, mismos que se han visto afectados como consecuencia de la sequía de las últimas semanas. Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al gobierno federal para que declare a la región de la Tierra Caliente de Guerrero como zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

DAR SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las y los integrantes de esta soberanía a dar puntual seguimiento a la situación que prevalece en los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente existe en el mundo un fenómeno que cada día está siendo de mayor preocupación para las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y la comunidad internacional en general. Se trata de la migración de personas. Hay quienes afirman que estamos ante la mayor migración global de personas después de la Segunda Guerra Mundial.

En diferentes puntos del orbe, hombres y mujeres se trasladan de un país a otro o de una región a otra por razones políticas, religiosas, económicas o sociales. Millones de personas cruzan las fronteras legal o ilegalmente en busca de mejores condiciones de vida económica, de refugio o asilo político, en el lugar donde consideran que pueden vivir mejor. En el peor de los casos, las personas son expulsadas de su lugar de origen en contra su voluntad por pensar o creer diferente.

Mujeres, hombres, niñas y niños huyen del hambre, la guerra, la persecución política o religiosa; van de África y Asia con rumbo a los países europeos o se trasladan de América Latina hacia Estados Unidos, solo por mencionar dos de los flujos migratorios más abundantes en la actualidad.

En ese transitar, las y los migrantes dejan atrás una historia personal y familiar, dejan sus hogares, sus pertenencias, deciden abandonar a seres queridos con tal de cesar una vida de padecimientos de diversa índole, muchas veces para sufrir penurias, humillaciones, abusos de traficantes y persecución en el camino hacia la anhelada mejor vida. No es extraño que una vez en el lugar de destino, si es que se llega, el panorama no sea satisfactorio. La vida buena no llega, la tranquilidad deseada no está presente. Por el contrario, la circunstancia del extraño, del extranjero, del ajeno en un lugar distinto, las y los vuelve vulnerables.

Esa es la situación actual de las personas desplazadas en Siria, Yemen, Macedonia y Grecia, en Europa del este y al interior del propio continente Europeo. Ésa es la circunstancia que viven las y los africanos que van hacia diversas partes del mundo, de quienes quieren pasar de Francia al Reino Unido por el Eurotunel y también lo es de las y los migrantes latinos que van rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica no en busca del “sueño americano”, sino de una vida real con mejores condiciones económicas y sociales.

Son a éstas últimas personas a las que el aspirante a la candidatura presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, quiere expulsar y evitar su entrada a un país que fue formado por migrantes provenientes de Europa. Estas declaraciones, hechas en el marco de un proceso político, representan un riesgo potencial de violación a los derechos humanos de millones de personas.

De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, organismo estadounidense especializado en el tema de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, al segundo trimestre de 2015, 42.1 millones de inmigrantes viven en ese país, es decir, personas que viven allí de forma permanente y que nacieron en otro país, ya sean  inmigrantes naturalizados, residentes legales e inmigrantes indocumentados.

Ese mismo centro, informa que el número de migrantes mexicanos, tanto en situación regular como irregular, se incrementó a 12.1 millones a junio de este año, es decir, 740 mil personas más que en 2014. Además, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interna, las y los mexicanos suman más de la mitad de la población migrante en situación irregular en Estados Unidos. Actualmente más de uno de cada cuatro migrantes radicados en ese país del norte es de origen mexicano, y más de la mitad son latinoamericanos.

Las propuestas Trump han sido la eliminación del principio constitucional que otorga la ciudadanía a cualquier persona que nace en suelo estadounidense, la deportación de cualquier extranjero que haya cumplido condenas de cárcel, multas y penas a todos aquellos que, aunque ingresaron con visas, se quedaron en el país luego de que vencieron y la construcción de un muro en la frontera de México con Estados Unidos.

Imaginen ustedes que el personaje mencionado obtuviera la candidatura por el Partido Republicano y eventualmente llegase a la presidencia del que, por sí mismo, sigue siendo el país más poderoso en términos políticos, económicos y militares. ¿Qué pasaría si Donald Trump cumpliera su promesa de cerrar la frontera y sacar del país a quienes viven de manera irregular en los Estados Unidos? ¿De verdad aceptaríamos pagar la construcción de un muro para evitar el paso hacia ese país? Sin duda, estaríamos frente a una catástrofe humanitaria que ya ha tenido antecedentes en la historia del mundo, en la que posiciones conservadoras obtienen el poder para dirigir los destinos de un país, provocando expulsiones de hombres y mujeres, con tal de “salvar a su nación de los invasores”

Esta Cámara de Diputados no sólo no puede ser ajena a esos alardes de intolerancia, sino que debe actuar como parte del Estado Mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas. No es necesario esperar a que ese individuo llegue a la presidencia de aquel país para emprender la defensa de las y los migrantes mexicanos, pues desde ahora ya viven una situación de riesgo y de violación a sus derechos fundamentales.

México es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, solo por mencionar algunos instrumentos internacionales a los que por virtud del Artículo Primero Constitucional, las autoridades del Estado mexicano estamos obligados a atender a cabalidad.

En esos dispositivos de derechos humanos, se encuentran una serie de prerrogativas que están siendo violadas a las personas que viven como migrantes en Estados Unidos y que les serían vulneradas en caso de que fueran expulsadas o se impidiera su ingreso.

Sin duda alguna, la situación lesiva de derechos humanos de los migrantes no solo es responsabilidad de los países que los reciben sino también de los países que expulsan. Es imprescindible resolver las situaciones de desigualdad social, de intolerancia religiosa y política para evitar la migración forzosa. Sin embargo, estas iniciativas pueden tardar en tanto que la situación negativa de las y los migrantes sigue sucediendo. Por ello es imperativo que impulsemos medidas inmediatas que coadyuven a resolver las circunstancias adversas de las personas migrantes.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento a las y los integrantes de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Que se cree una comisión que dé seguimiento al tema de la situación de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Segundo.Que dicha comisión tenga las atribuciones necesarias para poder prevenir y alertar sobre la violación a los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, entre las que se encuentre la posibilidad de visitar territorio norteamericano para conocer de primera mano las circunstancias y demandas de las y los migrantes, a través de entrevistas con ellos ya sea en lo individual o bien a través de las organizaciones de migrantes.

Tercero.Que se destine un presupuesto específico para el funcionamiento de dicha comisión, a fin de que pueda cumplir cabalmente con sus atribuciones de defensa de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil quince.— Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de apoyo a la celebración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. “El 5 de febrero de 2017, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá cien años su promulgación. Aunque ya lo es desde ahora, ese aniversario simbólico subrayará su condición  de ser una de las Constituciones más longevas  del planeta, apenas superada en duración por la Constitución Federal de los Estados Unidos (1787) y algunas pocas más, pues la gran mayoría  de las Constituciones vigentes  en el mundo al momento actual, incluyendo a casi todas las iberoamericanas, son posteriores a la Segunda Guerra Mundial (1945) y al final de la Guerra Fría (1989)”.

2. “La teoría constitucional nos indica que una Constitución debe contener los principios básicos de la organización del poder público y el catálogo de derechos fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio de un país. Faltan algunos años para que la Constitución llegue a ser centenaria. Esta es una oportunidad fabulosa para que entre todos nos preguntemos sobre el tipo de Constitución que queremos y sobre el papel que necesitamos que juegue en el presente y el futuro del país”.

3. “Se ha dicho que se reforma la Constitución porque se cree en ella y porque es un factor central de legitimidad para el ejercicio del poder. Hay por ello la necesidad de adaptarla a las condiciones de una sociedad que se ha modernizado de manera acelerada en los últimos cien años. Ciertamente, ha habido muchas reformas innecesarias y hasta contraproducentes, pero los cambios de los últimos 30 años han tenido, en su mayoría, el propósito de moderar y reequilibrar el presidencialismo hegemónico que se consolidó desde los años treinta del siglo XX, así como el de introducir, a la vez, las principales instituciones del constitucionalismo contemporáneo”.

4. “No necesitamos de estudios empíricos para saber que en nuestros países la Constitución cumple de manera muy deficiente, si acaso funciones de unidad e integraciones sociales. Basta considerar  la gran distancia que hay entre el país legal y el país real, así como las fuertes divisiones  económicas, culturales y aún ideológicas que hay en las sociedades latinoamericanas para darnos cuenta de que estamos lejos de centrar en la Constitución la unidad simbólica de un proyecto común”.

5. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al Pleno de la Cámara de Diputados la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico; y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al Pleno la integración de las comisiones.

6. En ciernes de la conmemoración del  Centenario de la Promulgación de la Constitución  de 1917, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión está en el deber de sumarse a las reflexiones colectivas sobre tan significativa y emblemática fecha.

Por ello, resulta oportuno proponer la creación de una comisión especial que participe en coordinación de las autoridades e instancias encargadas de organizar los festejos y conmemoraciones relacionados con el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se constituye la Comisión Especial de apoyo a la celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857

Segundo. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.

Tercero. Para el cumplimiento de su objeto, dicha Comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objeto, de conformidad al marco normativo aplicable.

Cuarto. La comisión estará integrada por diputados de todos los grupos los grupos parlamentarios, así como de los diputados sin partido e independientes, de conformidad con lo que determine la Junta de Coordinación Política.

La comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y sus respetivos  secretarios.

Notas:

1 Fix-Fierro, Héctor, “ Hacia el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, una reflexión a propósito de reformas, textos, modelos y culturas constitucionales”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, pág. 683, ver:

http://www.nexos.com.mx/?p=18375, 5 de septiembre de 2015.

2 Carbonell, Miguel, ¿Por qué no una nueva Constitución?, revista Nexos, 1 de febrero de 2014,  México, ver:

http://www.nexos.com.mx/?p=18387, 5 de septiembre de 2015.

3 Fix-Fierro, Héctor, “Engordando la Constitución”, revista Nexos, 1 de febrero de 2014, México, ver:

http://www.nexos.com.mx/?p=18375

4 Op. Cit. Fix Fierro, “Hacia el Centenario...”, págs. 727 y 728.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los diez días del mes de septiembre de 2015.— Diputados: Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo, Carlos Hernández Mirón (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA Y PILONCILLERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para fortalecer la industria azucarera y piloncillera, a cargo del diputado Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Miguel Ángel Sedas Castro, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La palabra azúcar o azúcares se usa para designar los diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce. El azúcar ha sido un ingrediente muy valorado en todo el mundo para la elaboración de alimentos y bebidas desde que Alejandro Magno llevó la caña de azúcar de la India a Occidente hace 2500 años.

La caña de azúcar se cultiva actualmente en 101 países, y para una docena de éstos representa hasta el 25 por ciento del territorio destinado a la agricultura, su cultivo y procesamiento proporciona sustento para millones de personas y su exportación es pilar de muchas economías nacionales.

Aproximadamente el 70 por ciento de todo el azúcar que se comercializa en el mundo proviene de la caña, el resto de la remolacha azucarera. Estos cultivos crecen en zonas tropicales a sub-tropicales y templadas, respectivamente. Los países líderes en producción de azúcar son Brasil, seguido de la India, la Unión Europea y China. Estas cuatro regiones proporcionan más de la mitad de la producción mundial. Por su parte, nuestro país ocupa el séptimo lugar en este rubro.

La industria de la caña de azúcar en nuestro país emplea de manera directa a más de 500 mil personas, de ellas 175 mil son productores que se dedican a su cultivo y cosecha para luego llevar el producto para su procesamiento a alguno de los 51 ingenios azucareros que existen en el país.

El principal productor de caña de azúcar en el país es el estado de Veracruz, que cuenta con 22 ingenios azucareros, los cuales aportan casi el 40 por ciento de la producción nacional. Veracruz obtiene un promedio de 18 millones de toneladas por hectárea, lo cual es superior al de Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, Nayarit y Tabasco, cuya producción promedio es menor a los 6 millones de toneladas.

La agroindustria de la caña de azúcar es una actividad de tan alto impacto social por el valor de su producción y por los empleos que genera en el campo mexicano que las actividades que comprende, desde la siembra, el cultivo y la cosecha hasta la industrialización, son consideradas de interés público.

No obstante lo anterior, durante las últimas tres décadas, la falta de inversión, la contracción del consumo de azúcar en todo el mundo, la liberalización de su precio y el atraso tecnológico en el campo han limitado la competitividad de la industria azucarera mexicana.

La producción nacional de azúcar para el ciclo 2014-2015 rebasó los 6.3 millones de toneladas, 5.47 por ciento más respecto a los 6.02 millones del ciclo anterior. Si bien esta cifra representa una mejora en las perspectivas de la industria, lo cierto es que el pasado ciclo fue el primero que resultó bueno luego de varias temporadas poco alentadoras en las cuales se registró una caída en la producción.

Los principales factores que incidieron en esta caída han sido las sequías, el incremento del precio de los fertilizantes y de los combustibles, la falta de pago oportuno de la materia prima de la zafra anterior, y el manejo poco racional que se ha hecho de los apoyos financieros destinados al fortalecimiento de la industria.

A la problemática anterior debe agregarse también el aumento de la importación de fructosa proveniente de Estados Unidos que ha incidido significativamente en el deterioro, de la ya de por sí precaria economía de los trabajadores de la caña de azúcar.

Todo lo anterior ha puesto en una circunstancia crítica a la industria, pues muchos de los ingenios se encuentran al borde de la quiebra dado que sus finanzas han llegado al límite de la resistencia. Tan sólo en el estado de Veracruz hay 4 ingenios que dejaron de operar recientemente y uno más que se encuentra en proceso de quiebra, lo cual representa más de una quinta parte del total de ingenios en la entidad.

Para superar la adversa situación que enfrenta la industria azucarera nacional se requiere crear leyes y poner en marcha políticas públicas que eleven su productividad y competitividad a nivel internacional, que fomenten las inversiones y que hagan posible que los trabajadores y empresas dedicados a alguna de las actividades del proceso de producción obtengan un pago justo por el producto de su trabajo que les permita seguir operando y vivir de manera digna.

En este sentido, consideramos necesaria la creación de una Comisión Especial en esta Cámara de Diputados desde la cual puedan articularse los esfuerzos del poder legislativo en beneficio de la industria azucarera para que estos se traduzcan en mejoras reales para las familias que dependen de la producción de azúcar.

Cabe destacar que la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados tuvo a bien crear la Comisión Especial para Analizar la Problemática de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, con objeto de dar atención a las demandas del sector, acción que fue replicada por las Legislaturas LIX, LX, LXI y LXII.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Respetuosamente se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos de los artículos 32, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se discuta y en su caso se apruebe y emita el acuerdo de creación de la Comisión Especial para el fortalecimiento de la industria azucarera y piloncillera.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de septiembre del año 2015.— Diputados: Miguel Ángel Sedas Castro, Adolfo Mota Hernández y Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbricas).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de programas sociales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo en relación con la creación de una Comisión Especial de Programas Sociales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, es necesario contar con mecanismos que faciliten la supervisión, control y evaluación de la distribución de recursos y subsidios a la población más pobre para la atención inmediata de sus necesidades, que coadyuve en la superación de toda condición de vulnerabilidad y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias, en especial, aquella población que no tiene acceso a los satisfactores más apremiantes para saldar las “necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar como: La ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad” (informe de los Objetivos del Milenio 2010; prólogo Ban Ki Moon).

En ese sentido nuestra Carta Magna y leyes secundarias que abordan temas trascendentales como la igualdad y por las que se consagran los derechos fundamentales, prevén la obligación por parte del Estado de la atención de los derechos de la población como lo son el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud; a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; a disfrutar de vivienda digna y decorosa, entre otras. Temas que de algún modo se han ido atendiendo de manera general y no en todos los casos de forma eficiente a través de programas sociales que van dirigidos a las personas que enfrentan carencias en esos rubros, situación por la que el Congreso de la Unión debe ser el promotor de respuestas urgentes a los problemas y necesidades de la sociedad a la cual representa.

Por su parte, el artículo 25 de la constitución; en materia de distribución del ingreso y de desarrollo nacional, otorga la responsabilidad al Estado para garantizar que dicho desarrollo, sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Sabemos que la política social en nuestro país, ha sido el medio que tiene el Estado para distribuir recursos públicos para satisfacer las necesidades de la población más vulnerable, quien demanda esa atención en su legítimo derecho que les asiste el ser integrantes de nuestra sociedad. Por lo que la coordinación entre los tres niveles gubernamentales, federal, estatal y municipal, las organizaciones de la sociedad civil, los distintos colegios de profesionistas e instituciones educativas, es indispensable, en el proceso de desarrollo en el que nos encontramos actualmente.

Como parte de la política social, se encuentran los programas sociales sujetos a reglas de operación y otros programas de subsidio mismos, que fueron diseñados para atender diversos ámbitos como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de nuestra Constitución Política, con el fin de cumplir con los objetivos de las políticas públicas que les dieron origen, sin embargo, aún nos encontramos lejos de contener y erradicar la vulnerabilidad con la que vive un importante sector de la población, pese a los grandes esfuerzos que han realizado las autoridades ya que aún prevalecen prácticas que descuidan aspectos como lo es la simplicidad en las reglas de operación, la falta de difusión de los programas, el manejo discrecional o mal uso de los recursos en muchos casos con tintes políticos, así como la falta de transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados y operadores de algunos programas, situación que saca a la luz la necesidad de seguir colaborando a través de la implementación de mecanismos de evaluación y aplicación de mejores prácticas.

Es necesario puntualizar que lo que se debe ofrecer a las millones de ciudadanas y ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema, es que los objetivos de los programas involucrados deben ser claros y trascender el carácter asistencialista de las políticas sociales, con el fin de que los beneficiarios de estos subsidios obtengan opciones de desarrollo productivo de largo plazo, de tal manera que se construyan bases sólidas sobre las cuales las mexicanas y los mexicanos que hoy dependen de una transferencia de recursos monetarios o en especie para mejorar su ingreso y bienestar, puedan hacer esto último apoyados en la generación de ingresos a través de fuentes propias.

Por lo anterior, es de importancia mayúscula el que se analicen y se dé seguimiento al comportamiento de los indicadores de dichos programas sociales, ya que recientemente se ha dado a conocer por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el aumento de las cifras de Pobreza en la que casi 2 millones de mexicanos pasaron a engrosar esta estadística fatal, en contraste con una mínima disminución de la Pobreza extrema y así, determinar las estrategias a seguir para definir o redefinir los objetivos y/o el diseño de los programas que no estén dando el resultado presupuestado e incluso tomar la decisión de eliminar aquellos que no sean factores para el abatimiento de las necesidades de la sociedad vulnerable de nuestro país.

Por otra parte, el presupuesto autorizado para la operación de 96 programas sociales sujetos a reglas de operación, en este caso los que se señalan en el anexo 25 del PEF 2015, mismos que están distribuidos y sectorizados para su operación y administración en 16 Dependencias del Ejecutivo federal, ascendió a la cantidad de 349,467.9 millones de pesos (MDP) para el ejercicio presupuestal de 2015.

Como se puede apreciar, el presupuesto que se destina en este caso solamente para los programas sociales federales sujetos a reglas de operación, no es de ninguna manera despreciable y por lo tanto, por parte de la Cámara de Diputados se debe contar con un seguimiento puntual, para vigilar desde la autorización presupuestal, hasta la calidad de los resultados obtenidos. Razón por la que es necesario, la implementación de estrategias precisas que permitan la medición y los correspondientes estudios de contraste como parte de una evaluación continua, con el fin de comprobar la eficiencia y eficacia de los programas sociales en los que se pretende gastar esa cantidad de miles de millones de pesos. Evitando en todo momento las duplicidades, favoritismos y mal uso de los mismos sin que se permita la manipulación política de intereses personales o de grupo.

Es indudable e inobjetable que la medición de resultados y la evaluación integral, se convierten en herramientas con una importancia toral, tanto para programas sociales que no están integrados de forma transversal, así como para aquellos programas sociales que si están considerados e integrados transversalmente en una estrategia mayor que debería obtener y reportar mayores beneficios que los que podrían resultar de cada programa social de forma aislada. Por lo que una medición y evaluación débil de los resultados a dichas estrategias por parte de la Cámara de Diputados, se convierte fácilmente en una desventaja para el equilibrio de poderes ya que sin una evaluación robusta, no hay cabida para una mejora continua que exija un intercambio de opiniones y recomendaciones que sean el origen de acciones de evolución hacia la excelencia tanto en el poder Legislativo como en el Ejecutivo.

Por lo anterior, es importante que la sociedad, vea consolidadas cada una de las conquistas democráticas a través del desarrollo económico, político y social, que permitan generar mejores oportunidades para que cada persona y cada familia logre vivir en condiciones dignas y resaltamos que es preciso contribuir con un proyecto de largo plazo, que permita consolidar una Política Social de Estado que disponga del tiempo de maduración suficiente para que rinda frutos tangibles.

En ese orden de ideas, considero que es importante crear una instancia por demás útil para nuestros representados, que sin duda tiene mucho por hacer para dar seguimiento a una agenda actual que tiene su origen en la vocación de servicio que nos caracteriza como representantes populares y dar respuestas a la ciudadanía más desprotegida de nuestro querido México.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.En términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerda la creación de una Comisión Especial de Programas Sociales, a fin de dar seguimiento y evaluar el impacto de dichos programas y proponer ajustes y mecanismos para coadyuvar al pleno cumplimiento de los objetivos que les dieron origen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

FORTALECER LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita realizar acciones para fortalecer los trabajos de la comisión de la verdad en la investigación de los hechos que motivaron las violaciones de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en 2006 y 2007, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita realizar diversas acciones para fortalecer los trabajos de la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I.Mediante el decreto 2056 de la Sexagésima Legislatura del Estado de Oaxaca, publicado el 19 de octubre del año 2013 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, se expidió la Ley que crea la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007. Dicha Comisión es integrada por Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote mexicano y defensor de los derechos humanos de los migrantes; Marina Patricia Jiménez, defensora de los derechos humanos con una reconocida trayectoria en el sureste mexicano; y Diego Enrique Osorno reconocido periodista y escritor mexicano.

El objeto de dicha Comisión de la Verdad es garantizar “el derecho irrenunciable a la verdad, de las acciones y omisiones que pudiesen haber motivado violaciones a los derechos humanos y la posible comisión de delitos en contra de personas vinculadas con el movimiento social ocurrido en el Estado”, tal y como se puede leer el artículo 1, de la mencionada Ley.

Sin lugar a dudas, el esfuerzo institucional y el significado simbólico que representan la creación de esta Comisión de la Verdad representan un precedente histórico para nuestro país, por lo que sus resultados son de suma relevancia para vida pública de la nación y para la consolidación de la agenda de defensa de los derechos humanos.

II.A raíz de las exhaustivas investigaciones realizadas por esta Comisión de la Verdad y a partir de sus recomendaciones, el día 8 de septiembre de 2015, se giraron órdenes de aprehensión contra ex autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco, por la presunta ejecución extrajudicial del campesino y policía comunitario Arcadio Hernández Santiago, en octubre de 2006. De acuerdo con la Comisión de la Verdad de Oaxaca, se señala lo siguiente:

“Los perpetradores del crimen en mención, de quienes reservamos su identidad para no entorpecer la acción de la justicia, actuaron en coautoría y consumaron la Ejecución Extrajudicial en pleno ejercicio de sus funciones como autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco. Este hecho se considera una Ejecución Extrajudicial por la participación de agentes del Estado. Además de calificarse como un delito, constituye una violación grave a los derechos humanos.”

La Comisión de la Verdad de Oaxaca también ha concluido que, a la par de estas ejecución extrajudicial, se dieron múltiples violaciones a los derechos humanos entre los años 2006 y 2007 en el mencionado municipio, “con la colaboración de las autoridades estatales”, de tal suerte de dicho acontecimiento no puede considerarse como un hecho aislado.

III. Gracias a los trabajos de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, el día 8 de septiembre del presente año fue presentada la consignación ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos, lo que constituye un hecho sin precedentes en la historia de México y en la defensa de los derechos humanos, ya que por primera vez una instancia como esta genera resultados que derivan en consecuencias contundentes contra ex autoridades que presuntamente cometieron delitos y violaciones a los derechos humanos. Además, no debe perderse de vista que esta es la primera ocasión en la historia de México en que hay una consignación por la comisión de una ejecución extrajudicial, lo que representa un importante precedente para el esquema jurídico penal mexicano y se encuentra apegado a los estándares internacionales.

Con estos antecedentes, consideramos pertinente que la H. Cámara de Diputados fije una postura política contundente en apoyo a los trabajos de la Comisión de la Verdad de Oaxaca y sus comisionados, que asuma una posición de vigilancia para que sus hallazgos rindan frutos, y defienda ante todo el derecho a la verdad y pugne por el castigo a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Honorable Cámara de Diputados reconoce y respalda el trabajo hecho por la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, y refrenda su compromiso irrenunciable con la defensa de los derechos humanos. Así mismo, la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados asume el compromiso de legislar en materia de ejecuciones extrajudiciales, en apego a los estándares internacionales.

Segundo. En concordancia con lo recomendado por la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca a actuar con estricto apego a la legalidad y basado en principios de justicia transicional, para que ordene la aprehensión de las ex autoridades municipales y estatales que participaron en la ejecución extrajudicial de Arcadio Hernández Santiago en octubre del año 2006.

Tercero. Se solicita a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como al Poder Ejecutivo de dicha entidad, a ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de los familiares, testigos y todos los involucrados en el caso, así como de los Comisionados integrantes de la Comisión de la Verdad para la Investigación de los Hechos que Motivaron las Violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007.

Notas:

1 Cfr. Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, 19 de octubre de 2013, http://www.congresooaxaca.gob.mx/61/decretos/files/PODLXI_2056.pdf

2 Cfr. Comunicado de Prensa de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, 8 de septiembre de 2015. http://comisiondelaverdadoaxaca.org.mx/ consignacion-de-ejecucion-extrajudicial-de-arcadio-hernandez-santiago-septiembr e-8-2015/

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2015.— LXIII Legislatura, diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

INCREMENTE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS DELITOS ASOCIADOS CON LA EMISIÓN, GENERACIÓN, ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y DEMÁS RELACIONADOS CON LA PORNOGRAFÍA INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la PGR a incrementar los recursos destinados a investigar y sancionar los delitos asociados a la emisión, la generación, el acopio, el almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numeral 2 ,y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En octubre de 2011 se impulsó una ambiciosa reforma al marco tutelar de los derechos humanos, al mandatar, en el artículo 4o. constitucional, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez. Principio que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos.

Dicho mandato constitucional motiva y orienta a todos los miembros del Estado en velar y resguardar no solo los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, también a demandar y exigir que las autoridades cumplan con sus responsabilidades ante hechos que vulneran su exigibilidad.

Hoy en día, el uso cada vez más generalizado del internet y de dispositivos como computadoras portátiles, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes pone en situación de mayor riesgo a las niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de delitos como la pornografía infantil, la corrupción de menores y la trata de personas.

Lo que en su momento se definió como una red de acceso y divulgación de información se ha convertido paulatinamente en un espacio para la generación de delitos que vulneran principalmente la integridad de los menores.

Distintos tipos de acoso sexual se han engendrado en la red: grooming, sexting, sextorsión y sexovengaza acechan a 18 millones de menores de edad que cuentan con acceso a internet; además, de acuerdo con datos del Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2014, realizado por la Asociación Mexicana de Internet y del Centro sin Violencia en Internet, uno de cada siete adolescentes, de entre 12 y 17 años -más de un millón y medio de nuestro prometedor futuro- recibe ofertas sexuales mientras navega en la red.

Si lo anterior es preocupante y debe generar la acción de nuestras autoridades, es más preocupante aún que en México, hasta el 2013 y en el lapso de cinco años, se detectaron más de 4 mil páginas de pornografía infantil en Internet.

El panorama antes descrito es aderezado con otra información alarmante: las ganancias que estos ilícitos producen. Informes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América señalan que la pornografía infantil, a nivel mundial, genera 34 mil millones de dólares anuales.

Por ello no es casual que el 60% del material pornográfico infantil que se consume en el mundo, se encuentra en nuestro país, situación que nos ha puesto en el deshonroso primer lugar de distribución de pornografía infantil en el orbe.

Estadísticas de la Procuraduría General de la República dan cuenta de que hasta el año pasado, en nuestro país se detectaron más de 12 mil cuentas personales de internet y se calcula que actualmente está disponible en línea más de un millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos sexuales y explotación sexual.

La situación de vulnerabilidad de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ha impulsado la creación de la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Línea, establecida por Estados Unidos de América y la Unión Europea el 5 de diciembre de 2012, la cual contempla unir a las y los responsables de la toma de decisiones en el tema de infancia de todo el mundo para identificar con mayor oportunidad y rapidez a los probables delincuentes, perseguirles e implementar sanciones, así como ayudar a las víctimas de estos actos.

Con esta alianza se pretende internacionalizar y reforzar los recursos nacionales para poner más delincuentes a disposición de la justicia internacional, e identificar a más víctimas de estos abusos, garantizando sus derechos.

El pasado mayo de 2014, nuestro país se convirtió en el 53° Estado en participar en la Alianza y en el único país latinoamericano en formar parte de este mecanismo, siendo la instancia encargada de dar seguimiento a la implementación de dicha iniciativa la Procuraduría General de la República, la cual trabajará en fortalecer los mecanismos de procuración de justicia para investigar y castigar a los delincuentes, incrementar la conciencia pública sobre este delito y disminuir la disponibilidad de pornografía infantil en línea.

Aun cuando sabemos y reconocemos la actuación de las autoridades responsables de la procuración de justicia en nuestro país, Nueva Alianza considera necesario reforzar la sensibilidad y atención que deben brindar para prevenir y sancionar comisiones de delito que vulneran los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. De no actuar en consecuencia incurrimos todos los miembros del Estado mexicano en flagrantes violaciones a nuestro mandato Constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único:La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República para que, por medio de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, redoble los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil, de la que México es uno de sus mayores productores y distribuidores en el mundo.

Notas:

1 Disponible en https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/Estudio_Habitos_del_Inte rnauta_Mexicano_2014_V_MD.pdf. Consulta realizada el 8 de septiembre de 2015, a las 9:20 horas.

2 Aseveración hecha por la maestra María Ampudia González, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la conferencia magistral Infancia en México: vulnerabilidad y protección, dictada el viernes 04 de septiembre de 2015 en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

BROTE EPIDEMIOLÓGICA DE RICKETTSIOSIS, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el brote epidemiológico de rickettsiosis en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

José Alfredo Ferreiro Velazco, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud declare alerta epidemiológica por rickettsiosis, en Baja California y a la par, con el Gobierno de Baja California, vigilen la aplicación y cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial, en relación al brote epidemiológico de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud está garantizado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, además de establecer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna.

Este último precepto, establece que “en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables....”

Lo anterior viene al caso, en razón de que las enfermedades transmitidas por vector, constituyen uno de los principales problemas de salud pública en México, ya que por sus características geográficas y climáticas, así como sus condiciones demográficas y socioeconómicas, existe el riesgo de transmisión de una o más de esas enfermedades en cada entidad federativa.

Por lo anterior es que la Ley General de Salud en su artículo 134 establece que “La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles”.

En su Fracción VII. “Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo y otras rickettsiosis...”

Se llama rickettsiosis, al grupo genérico de enfermedades producidas por rickettsia (parásito intracelular, causante de diversas enfermedades conocidas como rickettsiosis). Las más importantes son el tifo epidémico tiene por vector al piojo, el tifo endémico, transmitido por pulgas; y la fiebre maculosa o manchada de las montañas rocosas, cuyos vectores principales son las garrapatas, especialmente la garrapata café del perro.

Aunque en años recientes estas enfermedades se presentan de forma aislada y esporádica, aún persisten en diversas áreas de la República Mexicana, especialmente en los estados del norte; según estudios, esta condición puede ser un reflejo de que el cambio climático, el cual influye mayormente en la abundancia de los vectores trasmisores y la probabilidad de contacto con humanos.

Por tratarse de enfermedades difíciles de identificar en sus síntomas, en muchas ocasiones, no se da el tratamiento adecuado y oportuno, lo cual contribuye de manera directa en el agravamiento genera repercusiones de mayor gravedad en la salud del paciente, que incluso pueden llevarlo a la muerte.

Según datos de la Secretaria de Salud el primer caso de Rickettsia en la ciudad de Mexicali, se presentó en el año 2009; desde la aparición de este primer caso documentado, los casos detectados y los fallecimientos a causa de la enfermedad han ido en aumento; como lo demuestran las cifras del sector salud:

En 2009: Fallecieron 9 Personas.

2010: 12 Personas.

2011: 8 Personas.

2012: 15 Personas.

2013: 19 Personas.

2014: 25 Personas.

Y a septiembre 2015, ya se reportan 20 decesos a causa del padecimiento.

Por lo antes expuesto estas enfermedades se han convertido en un fenómeno preocupante en Baja California, de manera específica en el municipio de Mexicali, aunque a la fecha ya se están presentando estos casos en los municipios de Ensenada y Tecate.

Por otra parte la Ley General de Salud establece en su artículo 181 que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, Así mismo, que el Ejecutivo Federal podrá declarar, mediante decreto, la región o regiones amenazadas que quedan sujetas, durante el tiempo necesario, a la acción extraordinaria en materia de salubridad general.

Para Encuentro Social, el tema de la salud es prioritario, sobre todo cuando está en riesgo la vida de las personas; por lo anterior, creemos necesario que las autoridades competentes, declaren alerta epidemiológica por rickettsia en baja california, así mismo, para que vigile el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, para la vigilancia epidemiológica de las medidas tomadas para el control del brote de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali.

De lo expuesto en los párrafos anteriores podemos advertir la gravedad de las enfermedades que se tratan y por otro la seriedad con la cual las autoridades competentes deben asumir su responsabilidad; a fin de evitar un mayor número de pérdidas humanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que declare alerta epidemiológica por rickettsia, en el estado de Baja California, y para que vigile la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial en relación al brote epidemiológico de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Segundo. Esta Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Baja California, para que aplique lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, de manera específica de todos y cada uno de los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especial y la alerta sanitaria implementada en el Estado para controlar el brote epidemiológico de rickettsiosis, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

SOLICITA A LA PGR, ATENDER LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS POR LA CIDH

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la PGR que atienda las conclusiones presentadas por la CIDH, a través del grupo de expertos interdisciplinarios independientes, sobre el caso Ayotzinapa, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes

La suscrita, diputada Ariadna Montiel Reyes, perteneciente a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A casi un año de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron como saldo 43 normalistas desaparecidos, 6 personas asesinadas y 40 más heridas, la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, ha sido refutada en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Seis meses después de haber iniciado sus investigaciones en México, éste grupo de expertos no solo puso en duda las conclusiones de la autoridad, sino que demostró su falsedad con pruebas científicas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa en Guerrero; y conformada por el licenciado Alejandro Valencia Villa; la doctora Ángela María Buitrago, el doctor Carlos Martín Beristaín, la licenciada Claudia Paz y Paz Baile y el maestro Francisco Cox Vial de nacionalidad colombiana, chilena y española reconocidos defensores de derechos humanos, abogados y el médico y psicólogo Beristaín dieron a conocer su informe respecto al caso Ayotzinapa, en el cual ponen en evidencia que se ocultó información, que existen inconsistencias, omisiones y una fallida intervención de las policía municipal, estatal y federal, así como de las respectivas procuradurías.

Este acontecimiento indigna por la magnitud de la violencia y la deshumanización cada día más extendida en las relaciones sociales, por la omisión y ceguera de las instituciones responsables que han visto pintarse con sangre las vidas de cientos de estudiantes que han alzado la voz en contra de la injusticia sistemática y de la violencia que se ha ejercido históricamente en Guerrero y en muchas entidades más del país, mostrando y evidenciando una vez más, el rostro profundamente autoritario y represor en contra de las voces disidentes y críticas que se movilizan.

No podemos ser insensibles ni omisos ante tan indignantes y dolorosos acontecimientos, que sin duda no resuelven el grave problema educativo que existe en nuestro país ni mucho menos logrará acallar la razón y la fuerza de miles de estudiantes que luchan por un país mejor. Los instrumentos que tiene la política no son de ninguna manera la fuerza del garrote ni las desapariciones forzadas como en la peor época del autoritarismo represor de los movimientos sociales en nuestro país,  no podemos ser cómplices de delitos y crímenes de lesa humanidad y menos quedarnos callados, pues lo que la razón no gana con argumentos, la fuerza represiva del Estado no podrá imponer ni legitimar.

En el informe planteado por este grupo de profesionales, se mantiene la hipótesis de la participación activa de policías estatales y municipales, la negativa de elementos del Batallón 27 de dar su versión de los hechos, así como la desaparición de las grabaciones de las cámaras de seguridad en las carreteras de la zona, la ausencia de protocolos de los cuerpos de seguridad en su actuación y en la protección de las víctimas, la falta de resguardo de las cuatro escenas de crimen de nueve cuerpos encontrados y la falta de tomas de fotografías de color y de huellas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha dejado en evidencia que la teoría de que fueron incinerados en Cocula es imposible, por la cantidad de combustible, y el tiempo requerido para lograr la incineración, concluyeron que para incinerar 43 cuerpos se requerirían al menos 30,100 kilos de madera o el equivalente a 13 mil 330 kilogramos de neumáticos y una duración de 60 horas continúas de exposición a calor intenso; por lo tanto, no debe darse por cierta esta afirmación del entonces procurador Murillo Karam.

Ante esto, en un viraje en su tesis original, la Procuraduría General de la República ha instruido un nuevo peritaje en Cocula, sin embargo, la investigación en su totalidad debe reencauzarse.

Nuestro país se encuentra sumamente lesionado por este caso, duele la impunidad y la ausencia de resultados, las instituciones pierden credibilidad cuando se afirman verdades históricas que se desvanecen con pruebas científicas, por eso es indispensable que el grupo interdisciplinario permanezca en México para dar vigilancia a las investigaciones, aportar y reforzar en la construcción de nuevas líneas que determinen lo acontecido el 26 de septiembre en Ayotzinapa.

Fueron varias las demandas de los familiares de los normalistas durante la conferencia que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero pusieron énfasis en dos. La primera: que el gobierno federal refrende de manera indefinida la presencia del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta que se alcance verdad y justicia en el caso; la segunda: sanción a los responsables y que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos.

En esa virtud, nos pronunciamos enérgicamente y con profunda indignación en contra de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, y contra la falsedad de esa “verdad histórica” que la Procuraduría General de la República impuso como conclusión, y demandamos que se realice un juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la “ejecución extrajudicial”, de los alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Adicionalmente  y en congruencia con nuestros orígenes de lucha social, externamos nuestro más sincero apoyo a los familiares de los normalistas que exigen el esclarecimiento de los hechos, toda vez que “la verdad histórica” ha sido refutada y demandamos se castigue a los promotores de ésta farsa indignante para las instituciones del Estado.

Considerandos

Primero. Que el 30 de septiembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, AC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, AC”: requiriéndole que solicite al Estado mexicano que proteja la vida e integridad personal de 43 personas presuntamente desaparecidas o no localizadas, en el marco de supuestos hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

Segundo. Que el 3 de octubre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió resolución 28/2014, mediante la cual determinó que en la solicitud de medidas cautelares se cumplen los requisitos de gravedad, respecto a los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en el cual habrían resultado supuestamente muertos y heridos varios estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos de entre 15 y 25 años de edad.

Tercero. Que el 12 de noviembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano, firmaron un acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional, desde la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la comisión ejerce sobre la situación de los Derechos Humanos en la región.

Cuarto. Que el 6 de septiembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Grupo de Expertos Interdisciplinarios Independientes, presentó conclusiones de su investigación sobre el caso Ayotzinapa.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República atender las conclusiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Grupo de Expertos Interdisciplinarios Independientes, sobre el caso Ayotzinapa.

Segundo. Se solicita de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República la presencia en nuestro país de manera indefinida del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta que se alcance verdad y justicia en el caso de la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos.

México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada Ariadna Montiel Reyes (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

NEGAR CUALQUIER AUTORIZACIÓN AL PROYECTO DENOMINADO “DON DIEGO”, DE LA EMPRESA EXPLORACIONES OCEÁNICAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a denegar cualquier autorización del proyecto Don Diego, de Exploraciones Oceánicas, en el golfo de Ulloa, en la costa occidental de Baja California Sur, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Jisela Paes Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar cualquier autorización al proyecto denominado Don diego, de la empresa Exploraciones Oceánicas, situado en el Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur.

Consideraciones

En los estados del noroeste de México se concentra más de 70 por ciento de la producción pesquera nacional; Baja California Sur es el tercer productor en el país, en términos de la captura total y por el valor de su producción.

La pesca, en el ámbito estatal y nacional, como actividad primaria, tiene una importancia fundamental debido a su valor económico y social; es parte de una cadena productiva donde se generan empleos directos e indirectos, valor agregado, divisas, materia prima para otras industrias y sobre todo constituye un factor clave en la seguridad alimentaria.

En nuestro estado, la costa occidental es la de mayor productividad ya que en esa zona se encuentran las pesquerías de alto valor, no solamente estatal sino nacional, como son la langosta, el abulón y camarón, que generan empleos e ingresos producto de las ventas internacionales.

Las comunidades en esa región se encuentran dispersas en toda la costa, en campos pesqueros que han tenido que enfrentarse al aislamiento geográfico, usando sus propios recursos para desalinizar agua y, hasta hace poco tiempo, generar la electricidad para sus actividades productivas, ya que por tratarse de asentamientos humanos con pocos habitantes el gobierno federal no había destinado recursos para la instalación de torres de transmisión eléctrica.

Asimismo, la costa occidental de la península de Baja California es una de las regiones más productivas del país debido a que en esta zona se mezcla el agua de la Corriente de California, rica en nutrientes, con masas de agua más cálidas provenientes del sur.

Se presenta, entonces, un ciclo virtuoso que favorece el enriquecimiento del agua, las surgencias, donde un elemento fundamental es el fósforo. Las aguas frías de los fondos marinos son más ricas en fósforo que las calientes de la superficie, cuando las primeras ascienden arrastran cierta cantidad de nutrientes que atraen a numerosos organismos que aportan más fósforo.

El fósforo es un nutriente esencial que incrementa la formación del fitoplancton, que al ser la base de la cadena alimenticia marina, multiplica la vida de organismos superiores como los peces. Tanto el fitoplancton como los peces al morir se depositan en el fondo de la plataforma, sufriendo sus partes orgánicas una degradación que supone la acumulación de sus esqueletos. El continuo reflujo de fósforo por las elevaciones de corrientes frías produce una continua transformación de estos esqueletos.

Justamente la riqueza pesquera de la región en comento se sustenta en el fósforo que se ha depositado en cientos de años y que ahora la empresa Odyssey Marine Exploration pretende obtener del fondo marino.

Exploraciones Oceánicas S de RL de CV, es una filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration, que cuenta con 61.9 por ciento de la empresa y cotiza en la bolsa de Nueva York desde 2003, identificándose con el símbolo Omex, del Nasdaq.

La empresa presentó a evaluación de impacto ambiental (EIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un proyecto de minería submarina. “El objetivo para el proyecto de dragado es la extracción de 7 millones de toneladas de arena fosfática por año, durante 50 años de vida del proyecto, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas como producto final preparado para su transporte.

El dragado y bombeo de material a la barcaza será un proceso continuo de 24 horas, siete días a la semana durante 52 semanas al año” El número de empleados que calculó para operar la embarcación, será de 80 personas entre la barcaza y la draga, dividido en 2 turnos de 40 personas.

El método de extracción de la fosforita en el lecho marino se plantea sea por dragado y posterior procesamiento, para separación mecánica (no química) del sustrato con fosfato (concentrado) del material de dragado, y vertido del materia y sustancias sobrantes al lecho marino, en todos los casos desde embarcaciones, para su posterior embarque por vía marítima.

Marine Exploration se dedica a la explotación de restos de hundimientos de barcos antiguos, con el fin de vender los hallazgos o comercializar con reportajes sobre las operaciones de recuperación de dichos restos. Greg Stemm es su cofundador y Tom Dettweiler gerente de proyectos, éste último, en entrevista para el New York Times, corroboró las intenciones de iniciar exploraciones mineras.

“Hay mucho en juego”, dijo Dettweiler en dicha publicación. “Si los precios del metal suben, un depósito de mil millones de dólares se puede convertir en uno de cien mil millones de dólares”.

De acuerdo a información oficial el proyecto Don Diego, promovido por Odyssey Marine Explorations (Odyssey) y de valuaciones independientes, el yacimiento tiene un potencial caracterizado de fosforita de 92 millones de toneladas, en concentraciones de 19 por ciento, en un área de 23 kilómetros cuadrados (km2).

El yacimiento a explotarse se ubica a una distancia de entre 20 a 40 kilómetros (km.) de la línea de costa, a una profundidad de 70 a 90 metros. Con un espesor de hasta seis metros debajo del lecho marino, sin embargo de acuerdo a la batimetría del Golfo de Ulloa, existe la posibilidad de que el área de extracción sea más cercana a la línea de costa, que la señalada de 40 km.

A la fecha se desconoce cuáles serían los impactos de un proyecto de tal magnitud, sin embargo la remoción del fondo marino podría afectar directamente a las pesquerías de la zona por la extracción constante de partículas que posteriormente se depositarían en áreas aledañas al sitio de operación cubriendo el hábitat de especies como el abulón, la langosta y moluscos bivalvos que se distribuyen en la zona, llevando a una grave crisis socioeconómica a los pescadores de la región y, por ende, afectando la economía del estado.

Es preciso señalar que el Golfo de Ulloa está caracterizado como Región Marina Prioritaria para la Conservación, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y ha sido reconocida por su alta productividad biológica, y por esta misma razón, sitio de gran importancia para la pesca de la región.

También se reconoce como zona crítica para la población de tortugas marinas y zona de tránsito de ballenas, ambos grupos de especies bajo alguna categoría de protección. La misma Semarnat ha considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte que no hay compatibilidad entre la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales para el Golfo de Ulloa.

De hecho, 42 por ciento de la actividad pesquera en el estado de Baja California Sur, se ubica en esta zona. El Instituto Nacional de la Pesca ha dicho que los polígonos del proyecto minero se traslapan con las concesiones pesqueras de las sociedades cooperativas de producción pesquera, Puerto Chale y La Poza.

Cabe señalar que en esa zona se encuentra la única pesca certificada internacionalmente como sustentable. Si este proyecto es aprobado, los logros de sustentabilidad se verían afectados.

Aunque el proyecto minero sustenta su viabilidad en los beneficios para la agricultura, ya que el principal insumo para la producción de fertilizantes se obtendría en México. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Economía existen otros yacimientos en tierra que podrían resultar menos impactantes que el propuesto y las cantidades a obtener serían suficientes para proveer a los agricultores del país.

De autorizarse éste, el gobierno de México sería el primero en el mundo en aprobar un proyecto de estas características, con la probable violación de tratados internacionales. En países como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no generará impactos graves.

Por ello, antes de tomar una decisión, el gobierno federal debería evaluar los posibles riesgos que una actividad minera de tal magnitud tendría sobre los recursos naturales. Es el ejemplo más claro de que el principio precautorio debe imperar.

Este proyecto fue presentado desde septiembre de 2014 y después del proceso de consulta pública, se esperaba la decisión de la Semarnat de no aprobar este proyecto de minería submarina.

Durante la reunión pública informativa realizada a fines de 2014, los gobiernos estatal y municipal, las organizaciones de la sociedad civil, y los más de 350 asistentes de diferentes comunidades pesqueras de la región, rechazaron ese proyecto. Las dos observaciones principales de los asistentes hacia Semarnat fueron: 1. Lenguaje muy técnico y poco claro por parte de los representantes del proyecto; 2. Éstos fallaron en explicar concretamente.

Sin embargo a unos días de la decisión, los promoventes retiraron el proyecto Don Diego, para volverlo a tramitar a los dos días de cancelado, ahora con participación de Minera del Norte SA, subsidiaria de Altos Hornos de México.

Se considera que esto se hizo con el fin de no generar antecedentes legales, es decir que al someter a evaluación de nueva cuenta el proyecto, no se considera el resolutivo del primer trámite.

A pesar de que se le cambió el nombre de Don Diego a Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego, es el mismo proyecto, sólo se agregó la información adicional que la Semarnat requirió dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental anterior y con las mismas inconsistencias.

Los promoventes explican en un comunicado de prensa del 22 de junio, que “vuelven a someter su manifestación de impacto ambiental, para informar al gobernador, congresistas, alcaldes y líderes de la comunidad del estado de Baja California Sur, que fueron elegidos el 7 de junio, para que puedan comprender a fondo los detalles del proyecto y los efectos positivos que tendrá en su estado y las comunidades”.

La nueva manifestación de impacto ambiental para dicha mina, ingresó en oficinas centrales de la Semarnat el 26 de junio de 2015, a pocos días de haberse retirado la primera, publicando el 2 de julio en un diario estatal que su procedimiento fue ingresado, aunque en la Gaceta Ecológica, donde se debió dar a conocer oficialmente el ingreso de la solicitud, no se haya publicado nada en dicho momento, toda vez que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), junto a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, suspendieron sus actividades durante el mes de julio, justificando cambio de domicilio.

El Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable de Baja California Sur se manifestó en contra de este proyecto y denunció los grandes riesgos que representa y la manera irregular en la que se busca su aprobación, y se pronunció porque se lleve a cabo una revisión a fondo del mismo y una consulta pública, refiriéndose al daño al humano por la ingesta de alimentos del mar sacados de esa zona y que no se ha medido el impacto sobre los mamíferos marinos, como delfines, ballena gris, azul, y jorobada.

Sabemos que la Semarnat ha abierto un nuevo proceso de consulta pública y que, a petición de grupos de los pescadores de la región, en su momento deberá llevar a cabo una reunión pública de información, a fin de transparentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y para que la sociedad esté debidamente informada de sus impactos potenciales.

La decisión de rechazar este proyecto minero no debería ser tan difícil para la Semarnat. Es obvio y evidente el daño que causaría.

La oposición al proyecto minero Don Diego en Baja California Sur, es de toda la sociedad civil: cooperativas pesqueras, grupos ambientalistas, organizaciones ecoturísticas, la comunidad científica del estado, el Congreso del estado, autoridades estatales y municipales, porque representa un riesgo ambiental y económico para miles de pescadores y sus familias que dependen exclusivamente de esa actividad.

Derivado de esa gran preocupación de la sociedad sudcaliforniana por el avance del proyecto y por sus impactos negativos hacia la pesca, y en general al ecosistema marino, debemos sumarnos como Cámara de Diputados a esa justa demanda de que la Semarnat niegue cualquier autorización al mismo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, a que una vez concluido el proceso de consulta pública, y en consideración a todas las afectaciones y sus impactos negativos e irreversibles hacia la pesca, y en general al ecosistema marino, no se apruebe la autorización de impacto ambiental al proyecto minero Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego, de las empresas Exploraciones Oceánicas S de RL de CV, filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration y Altos Hornos de México, que se pretende realizar en el lecho marino del Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada Jisela Paes Martínez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

AJUSTES TARIFARIOS A USUARIOS DE LA REGIÓN DE LA MONTAÑA DEL ESTADO DE GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a revisar y, en su caso, proponer a la SHCP los ajustes tarifarios a usuarios de La Montaña, en Guerrero, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Victoriano Wences Real, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades conferidas en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a esta soberanía propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar y, en su caso, proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustes tarifarios a usuarios de La Montaña, en Guerrero, a efecto de establecer una tarifa preferencial a dichos usuarios de esa región, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero.Que el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica dispone en el artículo 47:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del suministrador y con la participación de la secretaría y de la secretaría de economía, fijará las tarifas para venta de energía eléctrica, su ajuste, modificación o reestructuración, con las modalidades que dicten el interés público y los requerimientos del servicio.

El ajuste corresponderá a los casos en que solamente deban cambiarse las cuotas establecidas para los elementos de las tarifas.

La modificación corresponderá a los casos en que se varíe alguno de los elementos de la tarifa o la forma en que éstos intervienen.

La reestructuración corresponderá a los casos en que sea necesaria la adición o supresión de alguna o varias tarifas.

Segundo.Que el 1 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 015/2014, por el cual se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos.

Tercero. Que la revisión de las cuotas tarifarías tiene como propósito establecer cuotas justas en regiones o municipios donde se acentúan la pobreza y la marginación, como es el caso de La Montaña, en Guerrero.

Cuarto. La precaria situación de los ciudadanos de La Montaña lleva a esta soberanía a asumir la responsabilidad de velar por este tipo de causas sociales, y se pronuncie a favor de ellas, para garantizar mejores condiciones de vida de este sector de la población. Como legislador federal, una de las demandas recurrentes que recibo de los ciudadanos de los municipios de La Montaña, es precisamente abatir el alto cobro por consumo de energía eléctrica, que impacta en el bolsillo de esos guerrerenses.

Quinto. Que derivado del alto cobro por el consumo de energía eléctrica, los usuarios de energía eléctrica de los municipios que integran La Montaña, han realizado diversas protestas en busca de que la Comisión Federal de Electricidad reconsidere las tarifas vigentes.

Sexto. Que si bien los criterios para fijar las tarifas por consumo de energía eléctrica en las localidades del país se rige por cuestiones de factores ambientales como es la temperatura en la estación de verano, también es cierto que más allá de estos factores, existen factores de carácter social, como son los altos niveles de pobreza y marginación que prevalecen en todos los municipios que forman La Montaña, en Guerrero, por lo que resulta necesario un trato diferenciado para los desiguales.

Séptimo. Que el gobierno federal, desde el inicio de la presente administración, ha implantado una serie de programas y acciones para combatir la pobreza de las y los mexicanos, sin que se incluya como una acción de gobierno, la reducción de las tarifas eléctricas en los municipios más pobres del país, sobre todo si tomamos en cuenta que en muchas ocasiones los ciudadanos que los integran, donde la pobreza se ha arraigado, no cuentan ni para poder adquirir productos de la canasta básica.

Octavo. Que Guerrero es una de las entidades con mayores rezagos sociales y marginación, acentuándose esta problemática en los 19 municipios de La Montaña, por lo que resulta indispensable considerar establecer una tarifa preferencial de energía eléctrica, tomando en cuenta precisamente el factor de la pobreza, que en algunos de pobladores es extrema.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar y, en su caso, proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustes tarifarios en La Montaña, de Guerrero, a efecto de que se establezca una tarifa preferencial a usuarios de los municipios que integran la región.

Transitorio

Único. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA INDUSTRIA DEL CAFÉ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la industria del café, a cargo del diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con un punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo, solamente superada por el petróleo.

Se considera que en el mundo existen 125 millones de personas dependientes económicamente, de modo directo o indirecto, de alguna actividad relacionada con la industria cafetalera, lo cual incluye a 25 millones de pequeños productores.

Cada año se beben alrededor de 400 mil millones de tazas de café, lo cual implica una industria pujante, en crecimiento y con gran potencial.

En síntesis, el café es una industria millonaria de la cual se beneficia un sector importante de la población que habita diversas regiones en nuestro país, por lo tanto, todo lo vinculado con el comercio de este grano implica muchos intereses económicos y sociales y es por esto necesario que pueda implementarse dentro del contexto administrativo y legislativo de la Cámara de Diputados una comisión que pueda interactuar para proponer puntos de acuerdo, conozca de iniciativas vinculadas con la industria y en general, vele por los intereses de todo un sector que en caso de no contemplarse quedarían sin voz para precisar sus puntos de vista.

Creemos que una Comisión Especial del Café sería sumamente valiosa, porque ayudaría a representar a todos quienes directa o indirectamente resultan beneficiados, por ejemplo, a cada una de las entidades federativas cafetaleras de nuestro país, entre ellas Chiapas y Veracruz que se distinguen por ser las más productivas.

De acuerdo con nuestros últimos registros, México a nivel global es el séptimo productor de este grano en el mundo y durante los últimos años se produjeron anualmente alrededor de 258 mil toneladas. En México existen más de 486 mil productores que cultivan el grano en un terreno equivalente a 683 mil hectáreas, localizadas en 391 municipios.

México es el primer productor de café orgánico en el mundo; el café representa 50 por ciento de los productos orgánicos en el país, siendo el principal alimento de este tipo a nivel nacional. La producción de café se da de forma natural ya que se controlan las plagas a través de mecanismos naturales y no se produce en masa, de esta forma el café adquiere ciertas características que lo hacen especial.

Además, en la cadena productiva del café participan 3 millones de mexicanos directa e indirectamente, y su exportación derrama un ingreso para el país de 400 millones de dólares anuales.

También alimentariamente el café proporciona a las personas que beben una taza de café al día 9 por ciento de las kilocalorías recomendadas.

Creemos que si se trabaja adecuadamente, los legisladores podríamos beneficiar a las miles de personas que viven del café, favoreciendo su régimen laboral e impulsando la innovación y la productividad de la industria.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, respetuosamente plantea la siguiente proposición a la Junta de Coordinación Política de esta asamblea:

Punto de Acuerdo

Único.Respetuosamente se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en términos de los artículos 32, inciso c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a discutir y, en su caso, aprobar y emitir el acuerdo que crea la Comisión Especial de la Industria del Café para la LXIII Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputados: Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Adolfo Mota Hernández y Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbricas).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

BRINDAR APOYO A LOS PRODUCTORES DE MAÍZ DE NUESTRO PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sagarpa que apoye a los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Salvador Zamora Zamora, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicitan apoyos para los productores mexicanos de maíz, mediante la actualización del precio de cobertura por tonelada y la compensación de bases, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

“El maíz es la base de la alimentación de los mexicanos, por representar la mitad del volumen total de los alimentos que se consumen cada año y proporcionar a la población cerca de la mitad de las calorías requeridas.

Para México, el maíz no es sólo un bien comercial sino que constituye una expresión de relaciones que han permitido a las comunidades y los pueblos rurales de México su subsistencia.”

I. El Chicago Mercantile Exchange o Bolsa de Chicago, es el mercado más grande para maíz en el mundo, este mercado es tan importante que los precios que se forman ahí, como resultado de oferta y demanda, tienen un significado mundial. Como es del conocimiento público, el precio del maíz lo determina el gobierno mexicano, con base en la cotización que obtiene de la Bolsa de Chicago, más las bases (el costo de acarrear una tonelada de maíz de Estados Unidos a un centro de consumo en México) que el gobierno mexicano determina; por esta razón, el precio de maíz mexicano se cotiza en dólares.

En términos técnicos, la base es la proporción en la que, en cierto momento, el precio de contado de un producto está por arriba o por abajo del precio del contrato más cercano en el mercado de futuros sus componentes fundamentales son:

El diferencial entre el precio local y el precio en el punto de entrega especificado en el contrato de futuros. Esta diferencia se debe principalmente a los costos de transporte.

El segundo componente se calcula al indicar la proporción (por arriba o por debajo) entre el precio de contado y el precio de futuro. Esta última diferencia se puede atribuir a diferentes factores: el costo de almacenamiento (con intereses y seguro), maniobras de carga y descarga, el margen de utilidad del productor y la disponibilidad del producto.

Debido a lo anterior, es incongruente que para fijar el precio del maíz mexicano, los productores lo comercialicen en pesos y el gobierno federal determina el ingreso objetivo al productor en pesos, cuando su referencia comercial (Bolsa de Chicago), es en dólares, asimismo, todos los insumos utilizados para su producción son cotizados en dólares.

II. El 26 de noviembre de 2014 el gobierno federal a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Aserca, órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, creado a través de un decreto del 16 de abril de 1991, con el propósito de contar con un instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados), determinó un ingreso objetivo de 3 mil 300 pesos por tonelada, como ingreso mínimo al productor en su zona de producción. Cabe destacar que para esas fechas el tipo de cambio oscilaba en 12.75 pesos por dólar.

Haciendo un comparativo de 2014, cuando el tipo de cambio era de 12.75 y un ingreso objetivo de 3 mil 300 pesos por tonelada, al día de hoy, con un tipo de cambio de 16.85 pesos por dólar, el ingreso objetivo que le corresponde al productor debería ser de 4 mil 361 pesos por tonelada; en caso de no actualizar el ingreso objetivo a la tonelada de maíz, el productor tendría una pérdida de mil 61 pesos por tonelada y por consiguiente, el ingreso objetivo se tiene que actualizar considerando el tipo de cambio que corresponda al momento de la cosecha.

Importante es señalar que el precio fijado en la Bolsa de Chicago para el maíz de noviembre de 2014 a julio de 2015 ha mantenido cierta estabilidad como se muestra en la siguiente gráfica y tabla:

Es importante mencionar que este sector productivo en los últimos años ha tenido una afectación directa con una drástica disminución del precio, que sin duda hacen necesaria la intervención y apoyos del sector gubernamental para apoyarlos y permitirles superar la grave crisis que atraviesa la comercialización internacional de dicho grano, baste revisar las siguiente tablas para identificar el severo deterioro que ha sufrido el precio de la tonelada de maíz en los últimos años:

III. La consecuencia de no actualizar este ingreso objetivo, será que el próximo ciclo agrícola, los productores no podrán sembrar sus parcelas, porque habrá una descapitalización, caerán en cartera vencida y nuestros productores pasarían al buró de crédito, y en el peor de los casos, nuestros hermanos productores tendrán que desterrarse de su lugar de origen y emigrar del campo en la búsqueda de mejores oportunidades.

Aunado a esta problemática, el productor jalisciense se enfrenta a un problema mayor, cuando acude a celebrar la garantía de su cosecha a través de agricultura por contrato,  en las oficinas de Aserca les comunican que se acabó el presupuesto para cubrir las coberturas de precios, situación a todas luces irregular ya que en las reglas de operación y en sus lineamientos se publicados, quedo plenamente establecido que se podría celebrar la agricultura por contrato hasta el 4 de septiembre de 2015, no obstante que la misma dependencia validó previamente el volumen de toneladas de los productores que esperan hacer su agricultura por contrato y beneficiarse de este Programa y que ahora están quedando fuera de este programa por falta de presupuesto, afectando aproximadamente unas 300 mil toneladas de maíz.

Debido a lo señalado, se hace necesaria la intervención y participación de la Honorable Cámara de Diputados para que desde esta trinchera se pueda participar en la atención de esta problemática de manera inmediata, ya que afecta de manera directa a miles de productores, a pesar de que ésta es la principal actividad agrícola de nuestro país.

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicítese de manera atenta y respetuosa a José Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación efectuar las diligencias que haya lugar, para contribuir con los apoyos económicos que requieren los productores de maíz de nuestro país, actualizando el precio de cobertura por tonelada de maíz más la compensación de bases, con el actual tipo de cambio peso dólar, con el objetivo que dichos productores cuenten con un ingreso objetivo mínimo de 4 mil 361 pesos por tonelada de maíz.

Notas:

1 Castañeda Zavala Yolanda. Una visión sobre la importancia de la diversidad del maíz en México. Consultado en http://www.sjsocial. org/crt/articulos/762castaneda.htm el 5 de septiembre de 2015.

2 http://www.infoaserca.gob.mx/bases/sublistabases.asp

Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2015.— Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

REFUGIO Y ASILO PARA LAS PERSONAS DESPLAZADAS POR LAS CONDICIONES VIGENTES DE GUERRA CIVIL Y PERSECUCIÓN RACIAL Y RELIGIOSA EN LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al refugio y asilo para las personas desplazadas por las condiciones vigentes de guerra civil y persecución racial y religiosa en la República Árabe Siria, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita respetuosamente al Ejecutivo de la Unión que evalúe la viabilidad material y jurídica y, en su caso, las condiciones en que el Estado podría ofrecer refugio y asilo a las personas desplazadas por las condiciones vigentes de guerra civil y persecución racial y religiosa en la República Árabe Siria, y se exhorta al Ejecutivo de la Unión a hacer lo conducente para que México, en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas, solicite la intervención de las Fuerzas de Paz de la ONU para que operen directamente en la zona de conflicto, a fin de salvaguardar la vida y la seguridad del pueblo de Siria, evitando el daño a inocentes y civiles, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El país ha mantenido a lo largo de su historia una firme tradición inalterada de protección y asistencia a refugiados y asilados. Desde nuestra independencia, los mexicanos hemos acogido, tanto a diversos flujos de refugiados como a destacadas personalidades asiladas, quienes realizaron importantes aportaciones a la cultura, educación y desarrollo científico de la nación.

Para abonar a la reflexión histórica debemos recordar que sólo durante la Guerra Civil en Estados Unidos, más de 8 mil personas cruzaron la frontera hacia México huyendo de las atrocidades del conflicto para acogerse a la protección de la nación. Muchos años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría, cientos de europeos y asiáticos arribaron a México, huyendo de la violencia y persecución que padecían en sus naciones.

Del mismo modo, coincidimos plenamente con quienes señalan como innegable la profunda influencia del exilio español en la configuración del México de la primera mitad del siglo XX. Igualmente, reconocemos lo valioso que resultó para la riqueza multicultural de nuestro país, el que en los setentas, como consecuencia de las dictaduras militares instauradas en Sudamérica, hubiere llegado a México una nueva oleada de refugiados provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Para la década de los ochenta, añadimos, fueron algunas naciones centroamericanas las que se vieron afectadas en guerras civiles, lo que ocasionó el éxodo de nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños, que se vieron en la necesidad de refugiarse en México para salvaguardar sus vidas.

Para ilustrar la dimensión de la crisis humanitaria siria que conmueve al mundo, debemos recordar que la llegada de la llamada “Primavera Árabe” que se vivió en países de África y Asia en 2011 afectó la estabilidad política y social de Siria, donde estalló una cruenta guerra civil.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, desde el inicio del conflicto armado se han producido más de 11 millones de desplazados, 3.9 millones de refugiados, que han abandonado sus casas y buscado un refugio seguro en países vecinos como Líbano, Jordania, Irak y Turquía; sin contar los más de 7 millones de sirios que han sido desplazados dentro de su país. En Encuentro Socia lo sabemos y la conmoción es grande.

Gracias a una imagen desgarradora que sacudió al mundo la semana pasada, hemos volteado la vista hacia el hecho de que son los niños sirios los principales afectados; cerca de 10 mil han fallecido a causa del conflicto armado, el cual ya ha cobrado unas 220 mil vidas. La catástrofe humanitaria que padece Siria es enorme, millones de sirios que huyen de la violencia lo han perdido todo y en la mayoría de los casos su única pertenencia es la ropa que llevan puesta. Como consecuencia de este conflicto, 12.2 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para subsistir; actualmente, por desgracia, la crisis está lejos de solucionarse y se requiere el apoyo incondicional de toda la comunidad internacional.

Las causas del conflicto son diversas, la desigualdad, la corrupción, las confrontaciones políticas, la pobreza generalizada y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, según los expertos, dos causas lo convierten en un conflicto muy difícil de solucionar: las diferencias étnicas y religiosas en esa nación.

El país, si bien tiene una larga y fructífera tradición humanitaria en la protección de refugiados, el auxilio solidario a los desplazados sirios merece evaluarse de manera comprometida pero también responsable. Líbano, por ejemplo, acoge hoy a más de 1 millón de sirios, lo que está suponiendo una gran presión sobre los recursos e infraestructuras de aquel país. Tan importantes los qué como los cómo. Encuentro Social, consciente de ello, propone una evaluación serena y realista de la magnitud del problema así como de la racionalidad de las expectativas del grado y posibilidad de ayuda que nuestro país pudiere brindar a los desplazados sirios.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Ejecutivo de la Unión que evalúe la viabilidad material y jurídica y, en su caso, las condiciones en que el Estado podría ofrecer refugio y asilo a las personas desplazadas por las condiciones vigentes de guerra civil y persecución racial y religiosa en la República Árabe Siria.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo de la Unión a hacer lo conducente para que México, en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas, solicite la intervención de las Fuerzas de Paz de la ONU para que operen directamente en la zona de conflicto, a fin de salvaguardar la vida y la seguridad del pueblo de Siria, evitando el daño a inocentes y civiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA CUENCA LERMA-CHAPALA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la cuenca Lerma-Chapala, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada, Martha Lorena Covarrubias Anaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala, con base en la siguiente.

Exposición de Motivos

El lugar donde se encuentra el lago de Chapala comenzó a conformarse hace unos cincuenta millones de años a través de fenómenos tales como levantamientos del suelo marino, fracturas, fallas y plegamientos de la corteza terrestre, es un sistema natural.

Antaño, sin presencia humana, el agua del lago de Chapala cubría una superficie inmensamente mayor a la conocida. La reducción de sus aguas pudo deberse a un deslizamiento de capas serranas occidentales, lo cual propició el derrame de su extremo suroeste. Levantamientos posteriores cerraron esa vía y obligaron la salida por el noreste cerca de Ocotlán.

Toda la parte nororiente del lago era la receptora de las aguas del Lerma y del Duero y al correr del tiempo fue la parte más azolvada. Otras zonas de azolve menores se localizan en las desembocaduras del río de la Pasión.

La capacidad del lago se ha visto envuelta en altas y bajas, disminuye y aumenta, pero el esfuerzo en conservarla y cuidarla, han hecho que se mantenga viva y con afluente. Aún cuando se le ha restado espacio para riego y cultivo.

Las cuencas hidrológicas que alimentan al lago de Chapala, son el río Lerma, que inicia al suroeste de la ciudad de Toluca y el río Santiago, de lado de Ocotlán. Su extensión corresponde a 3 por ciento del territorio nacional y alberga 11 por ciento de la población.

Los procesos de desarrollos económicos y urbanos han deteriorado la Cuenca Lerma-Chapala, la cual tiene diecinueve subcuencas, el avanzado crecimiento demográfico aumenta la necesidad del líquido vital: el agua.

La falta de cultura en el cuidado del agua ha llevado a las ciudades cercanas a la cuenca a sufrir grandes problemas. El lago de Chapala distribuye agua a varios puntos de la República; sin embargo los caudales que llegaban a Chapala cada vez son menos. Existe un proceso de deterioro en la región y en sus cuidados.

La apertura de tierras a labores agrícolas y pecuarias en la Cuenca del Lerma ha demandado mayor consumo de agua, la zona metropolitana de Guadalajara necesita cada vez mayor volumen de agua. Chapala tiene problemas añejos provocados por la falta de políticas ambientales adecuadas y por falta de cultura en la recuperación y sustentabilidad del agua.

La falta de cultura ambiental ha llevado al lago de Chapala a la contaminación derivada del derrame en sus aguas de desechos poblacionales e industriales. La cuenca Lerma-Chapala es vital para la zona metropolitana de Guadalajara y el Valle de México.

Tenemos que evitar su desecamiento, persiste la escasez de agua y persiste el pensamiento de que el agua es recurso inagotable. La Cámara de Diputados está obligada a encauzar los esfuerzos en materia legislativa que impacten en el saneamiento de la cuenca, logrando su recuperación y sustentabilidad.

Por lo antes expuesto, estimados compañeros legisladores me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades, la creación de la Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala de la Cámara de Diputados se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Tercero. La Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala de la Cámara de Diputados tendrá vigencia a partir de publicada su creación en la Gaceta Parlamentaria.

Cuarto. La Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con apego a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

DIFUNDAN EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores constitucional y electo de San Luis Potosí a difundir el acta de entrega y recepción del cambio de administración, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Marco Antonio Gama Basarte, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, es que someto a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo,al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Una vez que ya se tiene conocimiento del equipo de transición con el que contará el gobernador electo, es menester que se rinda un informe detallado de cómo entrega la administración de su gobierno el actual titular del Poder Ejecutivo local de San Luis Potosí, contemplando los indicadores que permitan a la ciudadanía darle seguimiento a los compromisos incumplidos, las obras inconclusas, el estado de las finanzas públicas, entre otras.

El informe de referencia se debe publicitar a la ciudadanía de manera clara y veraz, a efecto de que la población de todos los niveles económicos establezca un vínculo importante con el gobierno y permita consolidarse en los hechos como una contraloría social, que exija la correcta rendición de cuentas, la transparencia en todos los actos de autoridad y que no permita bajo ninguna circunstancia, que los servidores públicos de la entrante administración dejen de observar su carácter de servidores públicos.

En la pasada administración se cometieron diversas e incontables abusos de opacidad y de mala rendición de cuentas; la propia Secretaría de Desarrollo Urbano, ha señalado que la rehabilitación de la avenida Ricardo B. Anaya tiene un retraso del 30 por ciento en su avance, cuando debería de haber concluido ya sus trabajos, lo que ha venido provocando un malestar generalizado en los habitantes de esa zona geográfica.

Evidentemente el ejemplo anterior, no es aislado, en ese mismo orden de ideas se encuentra la obra del Colector Pluvial Eje Vial, en donde la molestia ciudadana ha llegado al extremo manifestarse enérgicamente con actos cívicos como los son, el cierre de importantes vialidades, por el retraso de las obras y las molestias que les ocasionan las obras no sólo en el ámbito urbano, sino en el de la salud, y en la higiene. Aunado al desabasto de agua potable.

En este sentido, y como el más palpable de los ejemplos de obras inconclusas, se encuentra el del Puente del Anillo Periférico y avenida Juárez que lleva varios años inconcluso; lo que ha permitido el aumento de la delincuencia y propiciando, a su vez, accidentes viales por las condiciones de falta de señalamientos, mismo que ni siquiera cuenta con alumbrados que permitan a los conductores observar el estado de la obra y por consiguiente sus límites.

Lo anterior, es tan sólo un ejemplo de los malos manejos del gobierno saliente, sin contar con las defraudaciones fiscales en las que ha incurrido, la opacidad en transparentar el gasto público, la inseguridad pública que ha venido en aumento, el índice de robos con violencia, los secuestros, homicidios; el incremento de la delincuencia organizada, el desempleo, la condiciones deplorables de las aulas en donde hay escuelas, la falta de infraestructura hospitalaria, etcétera.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), en su edición 2014, estimó que en San Luis Potosí que el 53.5% de la población de 18 años y más considera a la Inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día en la entidad federativa, seguido del Desempleo con 45.3% y el Aumento de precios con 41.1 por ciento.

En relación de su percepción sobre Seguridad Pública, la tasa de delitos más frecuentes respecto a la frecuencia con que se reportaron en la Envipe 2014, son los delitos de extorsión, robo, asalto a transeúnte o en transporte público y amenazas, tal y como lo vemos representado en la siguiente gráfica:

Más alarmante aún, el nivel de confianza que los ciudadanos potosinos manifestaron respecto de las autoridades. El 90% de la población de 18 años en adelante, identifican a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira con “Mucha o Alguna”, seguida del Ejército con un 88.1 por ciento.

Resulta evidente, que en aras del último informe de gobierno del ciudadano Fernando Toranzo Fernández el próximo 11 de septiembre de 2015, la actual administración del gobernador saliente deja un estado sin crecimiento relevante notable, sin ser punto de atracción para inversiones, la falta de obra pública y obra inconclusa, el notable aumento de la incidencia delictiva, y, principalmente, que deja a un estado endeudado por la inversión de 785 millones de pesos -aunado a la reciente solicitud de ampliación del endeudamiento por la cantidad de 130 millones de pesos-, resultado del compromiso adquirido con la empresa BMW, para la instalación de su planta en Villa de Reyes.

Y es que notablemente las acciones que emprendió Toranzo durante su sexenio, no fueron suficientes ni eficaces; un ejemplo claro de la corrupción que prevaleció de los gobiernos priistas fue durante los tres años de la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, en donde los funcionarios de primer nivel se llevaron dinero a manos llenas.

Los resultados están a la vista de todos los potosinos, de los productores, de los indígenas, de los comerciantes, de los agricultores, a quienes les han quedado a deber mucho en cuestión social y en infraestructura. Exigimos respuestas claras.

El estado de San Luis Potosí, su historia, sus aportaciones culturales a nuestra patria y al mundo, no se merece gobiernos que en lugar de acrecentar los valores de esta gran entidad, se dediquen a ultrajar su memoria histórica y a no ejercer el mandato de que pueblo Potosino les confirió.

Es por ello que el exhorto que a través de la más alta tribuna del país le hacemos llegar a los gobiernos entrante y saliente del Estado de San Luis Potosí, solicitando, primero al C. Fernando Toranzo Fernández que brinde en su informe la situación en la que su administración deja el estado en materia de seguridad e infraestructura, haciendo mención de la condición real y actual en la que deja al estado.  Es primordial que los ciudadanos tengan acceso a la información abierta y pública, que conozcan el informe, y que existan todas las facilidades a nivel municipal, para que los potosinos puedan, por todos los medios de comunicación, conocer el contenido del mismo, con la finalidad de evaluar la administración que se va, y la que llega, como parte de una contraloría social y ciudadana.

En el mismo sentido, solicitar al gobernador electo, ciudadano Juan Manuel Carreras López, realice un compromiso por escrito ante la ciudadanía, de salvaguardar y velar por la seguridad de los potosinos, reduciendo los índices de inseguridad, violencia y robo, así como garantizar, mediante un compromiso público y por escrito, el incrementar los patrullajes de las policías estatales y municipales, así como la intervención de la Gendarmería en el estado.

Acción Nacional espera, que el gobernador electo firme una carta de entrega–recepción ante la ciudadanía, como parte de un decálogo de compromisos a cumplir, en las que especifique la situación en la que se encuentra el estado y las acciones a seguir para garantizar el bienestar de los potosinos.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente, al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, y al ciudadano gobernador electo, Juan Manuel Carreras López, a que hagan un informe público del acta de entrega y recepción de su administración, a efecto de que la ciudadanía Potosina pueda convertirse en una Contraloría Social.

Nota:

1 Información consultada de la página del INEGI, septiembre 2015.

http://www.inegi.org.mx/est/ contenidos/proyectos/accesomicrodatos/ encuestas/hogares/regulares/envipe/2014/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de septiembre de 2015.— Diputado Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

CREA LA COMISIÓN ESPECIAL UNGASS 2016

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial Ungass 2016, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD y de Morena

Los suscritos, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de crear la Comisión Especial UNGASS 2016, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La Asamblea General de Naciones Unidas realizará su tercera sesión especial sobre el tema de drogas durante los días 19 y 21 de abril de 2016 (UNGASS 2016) para hacer un balance sobre el actual régimen internacional de fiscalización de estupefacientes y plantear medidas para reorientar las políticas de drogas nacionales y el futuro del marco internacional para el control de drogas. Esta sesión especial, que originalmente estaba programada para el año 2019, fue adelantada por la Asamblea General, a petición de los gobiernos de México, Colombia y Guatemala.

El primer antecedente de UNGASS fue la sesión especial de drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas que se llevó a cabo en el año de 1990, la cual tuvo como objetivo principal, impulsar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988; así como promover un Programa Mundial de Acción sobre la Cooperación Internacional contra la producción, la oferta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

El segundo antecedente fue la sesión especial de drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se llevó a cabo en 1998, en la cual se discutió sobre “la lucha en común contra el problema mundial de las drogas”. En esa sesión se hizo un balance de la aplicación del Programa Mundial de Acción y se aprobó una declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y una resolución sobre nuevas medidas para fortalecer la cooperación internacional.

Bajo el lema “Un mundo sin drogas, ¡podemos hacerlo!”, la UNGASS 1998 se planteó como objetivo para el año 2008, la complicada hazaña de eliminar o reducir considerablemente el mercado mundial de drogas ilegales.

En el balance del 2008, diez años después de la sesión especial, los resultados respecto a los objetivos planteados en UNGASS 1998 no fueron los que se habían planeado originalmente. Pese a ello, la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito publicó un informe en el que anunció un balance con logros importantes, señalando que solamente hubo algunas regiones de los Estados miembro en las que no se había logrado cumplir plenamente con las metas proyectadas  pero que de manera general se observaba una tendencia de estabilización tanto en el tráfico como en el consumo de drogas.

Contrario a lo que se proyectó en UNGASS 1998, las consecuencias de estas políticas generaron la aparición de nuevas drogas sintéticas, agudización de la violencia, crecimiento  de la delincuencia organizada, criminalización de las personas que usan drogas, violación a los derechos humanos de los usuarios de drogas e incremento de los problemas de salud pública.

En 2009, después del balance, los países miembros se reunieron en Viena y suscribieron una Declaración Política y un Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas. En esta Declaración, propusieron que la realización de la tercera sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar el tema de drogas fuera en el año 2019.

Como resultado de la petición que hicieron en 2012 los gobiernos de México, Guatemala y Colombia  para solicitar que se adelantara la fecha de la Sesión Especial programada para 2019, la Asamblea General adelantó la fecha y  UNGASS 2016 está convocada para celebrarse los días 19 al 21 de abril de 2016.

México es uno de los países que ha puesto más sangre y más muertos en esta trágica guerra contra las drogas, a pesar de ello, seguimos siendo uno de los principales productores y distribuidores de drogas ilegales a nivel mundial. Por tanto, es nuestro deber y nuestra responsabilidad participar en el debate global sobre el régimen internacional de fiscalización de estupefacientes que impera en el mundo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial UNGASS 2016.

Segundo. La Comisión especial UNGASS 2016 estará encargada de dar seguimiento a la agenda temática rumbo a  la participación de México en la sesión especial de drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas que se llevará a cabo los días 19 al 21 de abril de 2016.

Tercero. Después de la sesión especial, la comisión especial UNGASS 2016 realizará el balance de los acuerdos alcanzados, analizará el impacto de las resoluciones en la legislación federal y presentará proyectos de Ley en congruencia con los compromisos asumidos por  México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputados: Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar acciones para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Sofía González Torres, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El suicidio se define como un acto deliberadamente realizado por una persona con el pleno conocimiento o previsión de su desenlace fatal. Este fenómeno es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias y comunidades enteras por los efectos duraderos que tiene para los allegados a quien lo comete.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se suicidan en el mundo más de 800 mil personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 suicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual significa una muerte por esta causa cada 40 segundos.

En los últimos 45 años las tasas de suicidio en el mundo han aumentado hasta 60 por ciento. El suicidio es actualmente una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; lo más preocupante es que dichas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, es decir, los intentos fallidos que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.

Hacia finales del siglo pasado el suicidio supuso 1.8 por ciento de la carga global de morbilidad, mientras que para 2020 se estima que éste representará 2.4 por ciento, debido al incremento que se está registrando tanto en los países con economía de mercado como en los antiguos regímenes socialistas.

Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los varones de edad avanzada, éstas han ido en aumento entre los jóvenes hasta el punto de que ahora éstos son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países del mundo, tanto los desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo.

La OMS ha señalado que los padecimientos mentales, especialmente la depresión y los trastornos derivados del consumo de alcohol, representan un importante factor de riesgo de suicidio. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas.

En nuestro país el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública. Mexicanos de todos los niveles socioeconómicos se suicidan todos los días y muchos más se encuentran en peligro porque presentan alguno de los factores de riesgo y no reciben la atención oportuna y de calidad que requieren para hacer frente a las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas sentimentales o el padecimiento de enfermedades crónicas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 1990 a 2012, la tasa de suicidios en México presentó una tendencia creciente de 114 por ciento, al pasar de 2.2 a 4.7 casos por cada 100 mil habitantes.

Si se revisan las cifras del Inegi sobre el tema en los años 2011 y 2012 se observa que se mantiene esta tendencia creciente pues, al registrarse más de 5 mil 500 suicidios por año, la tasa se ubicó en 4.9 casos por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, la Secretaría de Salud dio a conocer en enero de 2014 que en los últimos 30 años, el número de suicidios en el país aumentó 300 por ciento, siendo la población joven la más afectada ya que este fenómeno constituye una de las primeras causas de muerte entre dicho grupo social.

Para los varones jóvenes, menores de 20 años, la mortalidad por esta causa representa 10.6 por ciento del total de las muertes por suicidio. Además, 15.4 por ciento de ese mismo total se da en el grupo de 20 a 24 años y 13.7 por ciento en el de 25 a 29 años. Respecto de las mujeres, en el mismo orden, los porcentajes son 18.1, 17.3 y 12.1 por ciento, respectivamente.

Llama la atención de modo particular el hecho de que en nuestro país, uno de cada cuatro mexicanos que habitan en comunidades urbanas ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental; además, 9.2 por ciento de la población ha tenido un episodio de depresión y se estima que una de cada cinco personas sufrirá uno antes de llegar a los 75 años. Lo anterior es preocupante porque, como ya se señaló, la depresión representa uno de los principales factores de riesgo para cometer suicidio, lo cual nos obliga a impulsar políticas públicas que atiendan de modo puntual la vinculación existente entre ambos fenómenos.

A pesar del grave problema en que se ha convertido el suicidio, éste puede abatirse a través de la prevención, para lo cual la OMS plantea estrategias que incluyen la restricción del acceso a los medios a través de los cuales una persona puede atentar contra su vida, la prevención y el tratamiento adecuados de la depresión y del abuso de alcohol y otras sustancias, al igual que el seguimiento de quienes han intentado privarse de la vida, las cuales han demostrado su eficacia para reducir las tasas de suicidio.

A propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este 10 de septiembre, en el Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar acciones para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública, a fin de avanzar en el cumplimiento del compromiso de nuestro país con la Organización Mundial de la Salud de reducir la tasa nacional de suicidios en 10 por ciento para el año 2020, según lo establecido por el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada Sofía González Torres (rúbrica p.a.)»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

IDENTIFICAR VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO SUSCEPTIBLES DE TRADUCIRSE EN CADENAS DE VALOR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Sedatu y la Sagarpa la elaboración de un estudio del territorio nacional para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Elena Orantes López, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la elaboración de un estudio del territorio nacional por regiones, entidades federativas y municipios, a fin de identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde el punto de vista de la economía clásica, la actividad económica se forma por tres sectores:

1. Primario o agropecuario;

2. Secundario o industrial; y

3. Terciario o de servicios.

Aunque los sectores indicados son los que la teoría económica menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más según su especialización.

Estos tres sectores son indispensables para el desarrollo equilibrado y sostenido de una economía; por ello, cuando alguno no se desarrolla al ritmo que requieren los demás, se rompe el equilibrio, que acarrea como consecuencia la reducción en el crecimiento de la economía en general, al mermar el desarrollo de los otros sectores económicos.

En México hay desequilibrio entre los sectores económicos, derivado de la recisión del sector agropecuario motivada por la crisis de la economía nacional.

Hoy, las dificultades del sector agropecuario se ven agudizadas por una política monetaria restrictiva, que ha significado la ausencia de créditos y, por ende, un mayor rezago en la inversión, aunada a una apertura comercial acelerada y que se aplica de una manera irresponsable, rompiendo los compromisos que el gobierno había adquirido con los productores nacionales.

El gran problema de estos compromisos que el Estado a través de sus instituciones entabla con las sociedades intermedias campesinas, llámese organización, agrupación, unión, ejido o directamente con el campesino, ya que dicho compromiso se ve afectado por la burocracia y por largos trámites que terminan repercutiendo al productor específicamente en los tiempos.

¿De qué sirve un programa de siembra de granos, si los granos llegan después de la temporada de lluvias?

Esto implica un verdadero retraso y una afectación directa al patrimonio del productor, reflejado en su economía y en la de su familia, y como consecuencia afecta toda la cadena de producción.

Aunado a este problema, para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el sector primario de nuestra economía está centrado en la producción de variedades agropecuarias de bajo valor económico.

Por ello es menester revertir las desfasadas prácticas productivas tradicionales que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como de los programas paternalistas, que si bien solo han cambiado de nombre, no han llevado a cabo una reingeniería profunda para enfrentar las necesidades que tiene el sector agropecuario de adaptarse a la nueva realidad económica mundial, y a los retos que el campo enfrente en cada temporada de cosecha.

El rescate del sector agropecuario debe radicar en el objetivo central de mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias, a través de una política económica orientada a la productividad del sector, que trate diferenciadamente a los productores de autoconsumo y a productores comerciales, definiendo para cada uno los programas y apoyos específicos pertinentes.

Esta nueva política del sector agropecuario debe ser introducida gradualmente, partiendo del principio básico de la diversificación de la actividad productiva en el sector agropecuario, rompiendo con el paradigma sostenido en las últimas cinco décadas en que la política agrícola se ha mantenido concentrada en un número muy reducido de cultivos.

Por otra parte, es urgente para rescatar al campo de México que a través de dichos programas gubernamentales se capacite al productor de acuerdo a su entorno y a los retos que se enfrentan en dichas producciones; de igual manera es urgente que se tecnifique el campo, implementando las grandes herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día en diferentes sectores y que son de gran ayuda para una producción con más eficiencia, calidad y eficacia.

Todo lo anterior debe ir acompañado de canales justos de comercialización donde el coyotaje deje de ser un problema más en la cadena productiva de México.

Por ende, para cambiar el derrotero del sector agropecuario, se considera viable exhortar al titular del Ejecutivo para que a través de la Sedatu y la Sagarpa, coordine la elaboración de un estudio del territorio nacional por regiones, municipios y entidades federativas, para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, con objeto de fomentar la producción a tiempo en torno a unidades productivas.

Lo anterior, con objeto de incentivar la diversificación de la actividad productiva en el sector agropecuario, en donde se le dé especial seguimiento a los programas y a los compromisos al campo para que lleguen en tiempo correcto y dejen de afectar las cadenas de producción, todo esto requiere del reconocimiento del potencial productivo de recursos y del sector primario en cada una de las regiones, municipios y entidades federativas del país.

En razón de lo anterior someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a coordinar por las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la elaboración de un estudio del territorio nacional por regiones, municipios y entidades federativas para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor, con objeto de fomentar la producción.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

APOYO A LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE TEMPORAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Agroasemex, SA, a continuar el apoyo de los fondos de aseguramiento para los pequeños y medianos productores de temporal, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Ricardo D. García Portilla,diputado federal por el III distrito del estado de Tlaxcala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Aseguradora Agroasemex, SA, a continuar con el apoyo a los fondos de aseguramiento para los pequeños y medianos productores de temporal, mediante el subsidio a la prima del seguro agropecuario.

Consideraciones

El apoyo de los gobiernos para a los seguros agropecuarios es una práctica vigente que se lleva a cabo desde hace más de 75 años. Por ejemplo:

Estados Unidos ha administrado un programa de seguro desde 1938, cuando se creó la Corporación Federal de Seguro Agrícola (FCICA).

Por su parte el gobierno federal de Canadá, aprobó en 1959  la Ley Canadiense de Seguro Agrícola.

En el caso de Japón, este país promulgó en 1947 la Ley de Compensación de Pérdidas Agrícolas.

En el caso de México, después de administrar diversos fondos de aseguramiento ejidales desde la década de 1940, el estado mexicano creó en 1961 la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA) como la  institución responsable de proporcionar el servicio de seguro al campo mexicano.

La extinción de Banrural, significó también la reconfiguración de ANAGSA, y así fue como surgió en 1990, Agroasemex con un capital de 304 mil millones de pesos, y un esquema de proveer a través de Fondos de Aseguramiento constituidos por productores, el otorgamiento de un subsidio de un 30 hasta un 60 por ciento a la prima del seguro.

El sistema de aseguramiento agropecuario, configurado hace 25 años, no solamente busca apoyar y proteger a los productores de siniestros en sus cosechas, sino que también hace fluir capital de la banca hacia el campo, debido al requisito que exigen los intermediarios financieros  de tener asegurado el producto para poder acceder a financiamiento.

Las Reglas de Operación para el subsidio a la prima, establecen que al menos el 50 por ciento del subsidio debe ser canalizado al seguro a la inversión y en cultivos básicos.

Como es de su conocimiento los mayores valores de coeficiente de pérdida se registran en estados que cultivan en condiciones de temporal, por lo que la presencia del subsidio a las primas ha permitido solventar en parte la operación del seguro,  pagar las indemnizaciones, cubrir parte de los costos administrativos de y mantener en operación los Fondos de Aseguramiento.

Actualmente estos Fondos de Aseguramiento Agropecuario, operan en los 32 Estados del país,  cubriendo alrededor de 1.7 millones de hectáreas y 140 millones de unidades animal, que representa casi el 70 por ciento de la superficie agrícola del seguro comercial y del 95 del seguro ganadero.

La relevancia del Sistema del Seguro Agropecuario en México, y las cambiantes  condiciones climáticas,  han sido reconocidas por esta Cámara de Diputados, prueba de ello es que en el  2010 se aprobaron para este rubro 709 millones de pesos, en el 2013 se aprobaron 1,265 millones de pesos y en 2015, se aprobó un presupuesto de 1,611 millones de pesos.

Lo anterior significa un incremento de más de un 80 por ciento en términos reales en los últimos cinco años, por ello es indispensable que esta tendencia en los apoyos con los que opera Agroasemex continúen.

Sin duda el apoyo a los pequeños productores rurales es una un objetivo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, por ello continuar con el apoyo a las primas de los seguros agropecuarios permitirá a los productores asegurar sus cosechas y seguir siendo sujeto de crédito, especialmente para los pequeños productores de temporal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Exhortar a la Aseguradora Agroasemex, SA, a continuar con el apoyo creciente registrado en los últimos cinco años a los pequeños y medianos productores de temporal, mediante el subsidio a la prima del seguro agropecuario.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de septiembre de dos mil quince.— Diputado Ricardo D. García Portilla (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENDER Y APOYAR LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DE LAS CIUDADES MEXICANAS RECONOCIDAS POR LA UNESCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para atender y apoyar la conservación y el desarrollo turístico y cultural de las ciudades mexicanas reconocidas por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad, y a las localidades que forman parte del programa de la Sectur Pueblos Mágicos, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a efecto de crear una Comisión Especial para atender y apoyar la conservación y el desarrollo turístico y cultural de las ciudades mexicanas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como a los pueblos mexicanos que forman parte del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo , con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los legisladores de Encuentro Social consientes de la necesidad de conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestro país, así como de la urgencia de ampliar la oferta turística de nuestro país mediante el impulso y desarrollo del llamado turismo cultural,  es que  proponemos la creación de una Comisión Especial encargada de atender y apoyar la conservación y el desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad y las localidades pertenecientes al Programa Pueblos Mágicos de la Secretaria de Turismo.

Actualmente, nuestro país es la décima nación más visitada por turismo internacional, en el 2014 más de 29 millones de turistas extranjeros visitaron México; es importante señalar que la mayor parte de estos turistas tuvieron como único destino nuestras playas; al respecto, es importante destacar que la falta de una más amplia oferta turística no le ha permitido a nuestro país posicionarse como una de las cinco primeras potencias turísticas del orbe; aún estamos muy lejos de los 84, 70 y 65 millones de turistas que recibe Francia, Estados Unidos y España, respectivamente.

La importancia del sector turístico para la economía nacional es mayúscula, el año pasado el turismo dejo una derrama económica de 16,000 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 18 por ciento, con respecto al 2013. Ante la caída de la producción y precio del petróleo es necesario redoblar esfuerzos para impulsar el desarrollo pleno de nuestro sector turístico, para lo cual, se hace necesario ampliar la oferta turística del país.

A pesar de la enorme riqueza histórica, cultural y gastronómica de nuestro país, nuestros gobiernos no han sido capaces de incentivar y promover los destinos históricos y culturales con los que contamos. Solo por mencionar un dato revelador, nuestro país goza de la mayor infraestructura cultural de toda Latinoamérica,  y sin embargo, el número de extranjeros que visita estos sitios históricos o culturales son ínfimos en comparación a los turistas que llegan a los destinos de sol y playa.

Para que México pueda convertirse en una de los cinco países más visitados del mundo será necesario impulsar el llamado turismo cultural; para lo cual, los diputados federales de Encuentro Social consideramos necesario impulsar la aplicación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo turístico y la conservación cultural de las llamadas  Ciudades Patrimonio y  Pueblos Mágicos, como primer eje para promover en el extranjero nuestra riqueza histórica y cultural.

La UNESCO ha otorgado aproximadamente a 204 ciudades alrededor del mundo el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente, nuestro país tiene el orgullo de ostentar 10 de sus urbes con dicha distinción en la categoría de bienes culturales, debido a su valor histórico, arquitectónico y urbanístico; aportan un testimonio cultural único, representan un ejemplo arquitectónico sobresaliente o expresan una autenticidad cultural o histórica.

Resulta de gran orgullo el contar con 10 ciudades declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad; la declaratoria acompaña la responsabilidad en la conservación de estos sitios. Lo anterior, sin menoscabo de la promoción turística de estas ciudades que son una muestra de la riqueza histórica y cultural de los mexicanos.

San Francisco de Campeche fue reconocida por la UNESCO en diciembre de 1999 como “Ciudad histórica fortificada de Campeche”. Fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad gracias a sus construcciones representativas de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII; sus viviendas tradicionales con influencia andaluza y caribeña, y su modelo de urbanización de ciudad colonial barroca.

La Ciudad de México, una de las ciudades más antiguas de América obtuvo el reconocimiento de Ciudad Patrimonio en 1987 gracias a su Centro Histórico y al Parque Nacional Xochimilco. El Centro Histórico, fue reconocido por su valor histórico y cultural, al ser un ejemplo sin igual de asentamiento urbano y por constatar la fusión de dos culturas en sus edificios, casas, calles y catedral.

Por su parte, Xochimilco ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad por sus chinampas (jardines flotantes) las cuales demuestran el excepcional trabajo de sus antiguos habitantes para construir su hábitat en un territorio poco favorable.

La ciudad de Guanajuato fue un sitio crucial durante la Guerra de Independencia de México. Posee algunos de los más bellos ejemplos de la arquitectura barroca en América; es un ejemplo extraordinario de un conjunto arquitectónico que incorpora los aspectos industriales y económicos de una población minera.

La ciudad de Morelia cuenta con mil 113 monumentos históricos, civiles y religiosos, lo que la convierte en claro referente de la belleza arquitectónica de México. Las características de sus edificios, la armonía en la que conviven los diferentes estilos arquitectónicos que forman uno propio como elocuente testimonio para la historia de la arquitectura de México.

La ciudad de Oaxaca de Juárez, su Centro Histórico y la zona arqueológica Monte Albán, fueron motivo suficiente para nombrarla Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde el siglo XVI, el Centro Histórico de Oaxaca conserva el trazo original perfectamente delineado, idéntico a un tablero de ajedrez. El centro ceremonial Monte Albán aglutina un conjunto de monumentos prehispánicos que ostentan estelas (lápidas o pedestales) con jeroglíficos que conmemoran los sucesos más importantes de la historia de la ciudad.

La ciudad de Puebla fue, según la leyenda, creada y trazada por ángeles para ser disfrutada por mortales. Sus magníficos monumentos de arquitectura colonial española le valieron a esta urbe el nombramiento de Ciudad Patrimonio. Centro religioso por excelencia, la Heroica Puebla de Zaragoza fue el primer rincón de asentamiento de los conquistadores españoles en la región.

La ciudad Santiago de Querétaro se ha consolidado como un lugar muy atractivo para el turismo nacional e internacional. La extraordinaria belleza de su patrimonio arquitectónico que ejemplifica una ciudad colonial; su dramática historia y su inmenso bagaje cultural, resultado de una población multiétnica, fueron aspectos fundamentales para obtener el nombramiento de la UNESCO en 1996.

San Miguel de Allende se caracteriza por su grado de conservación, autenticidad e integridad. Gracias a su diversidad cultural y artesanal; edificaciones y monumentos de gran importancia histórica que aportan cultural y arquitectónicamente al Barroco mexicano, además de su importancia en la lucha de Independencia de México, esta ciudad es merecedora del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Tlacotalpan se distingue por la arquitectura de sus portales de tipo clásico y su paisaje de calles anchas que se intercalan con columnas y arcos que adornan el lugar. Su singular estructura urbana, de gran importancia y calidad, representa la mezcla de tradiciones españolas y caribeñas.

La ciudad de Zacatecas refleja su atractivo en sus hermosas construcciones que son verdaderas obras de arte. Su arquitectura y traza urbana, así como la irregularidad de la alineación de sus calles, constituyen el esplendor de su Centro Histórico reconocido por la UNESCO.

En este mismo sentido, la Secretaría de Turismo a través del Programa de Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros; son localidades que tienen atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes y manifestaciones socio-culturales, que resultan de enorme atractivo histórico y cultural para los visitantes nacionales y extranjeros.

Nuestro país cuenta con 83 Pueblos Mágicos que se encuentran a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, se contempla que al final de la presente administración se lleguen a 100 Pueblos Mágicos. En 2014 los Pueblos Mágicos generaron una derrama económica de 7,200 millones de pesos, cifra ligeramente superior a los 7,100 millones de pesos que género el turismo fronterizo y muy por arriba de los 4,795 millones de pesos que dejan los viajeros que bajan de los cruceros.

Por lo antes expuesto, resulta primordial la intervención de esta soberanía para contribuir a la conservación y desarrollo turístico de nuestras Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad y de nuestros Pueblos Mágicos, con la finalidad de difundir, en todo el mundo,  la riqueza histórica y cultural de México contribuyendo de esta manera a la promoción de los destinos culturales de nuestro país. Lo cual, deberá tener como fin, que en el mediano plazo, que nuestro país pueda convertirse en una de las cinco naciones más visitadas en el mundo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Diputados  para que dentro del ámbito de su competencia,   acuerde  la creación de una Comisión Especial para atender y apoyar la conservación y el desarrollo turístico y cultural de las ciudades mexicanas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como a los pueblos mexicanos que forman parte del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaria de Turismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CAFÉ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial del café, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que dispone el inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II, numeral 1, del artículo 79; el numeral 1 del artículo 205, y el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial del Café, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para contextualizar, el cultivo de café se da en países con regiones de clima tropical principalmente de América Latina, Asia y África. Un cafeto tarda de tres a cuatro años en promedio para comenzar a producir sus primeros frutos, por lo que la inversión en este cultivo es de mediano plazo.

El café es uno de los principales productos agrícolas que se comercializan en los mercados internacionales. Actualmente, el café es el segundo producto más comercializado en el mundo, sólo superado por el petróleo. De aquí la importancia de impulsar su producción de calidad y comercialización, aunque México tiene diversas regiones de producción de café, representa solo el 2.8 por ciento de la producción mundial, respecto al 33 por ciento que produce Brasil o el 8 por ciento de Colombia, que son los principales productores del Continente Americano.

La producción actual de café se concentra en un reducido número de países. A nivel mundial, la estimación para el ciclo 2014/15 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) es de una cosecha de 8.9 millones de toneladas de café arábica y robusta, de la cuales el 67 por ciento se encuentra en cuatro países: Brasil contribuye con el 33 por ciento, Vietnam con el 20 por ciento, Colombia con el 8 por ciento e Indonesia con el 6 por ciento. Se espera que México contribuya con el 2.6 por ciento de la producción mundial para el ciclo 2014/15, para ubicarse como el décimo productor.

Gracias a las políticas de apoyo a productores de café del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, nos hemos colocado como el décimo país productor de café a nivel mundial, con la posibilidad de seguir escalando espacios en el ranking mundial, tanto en la producción como en el consumo de este producto.

En México se cultivan dos variedades de café: arábica y robusta. Es de destacar que en los últimos años, la producción de café orgánico se ha vuelto más relevante toda vez que los productores han buscado aminorar el riesgo que prevalece en los precios del café arábica y robusta, por lo que a través de la diferenciación de la producción han logrado mejor nivel y mayor estabilidad en los precios.

Actualmente, México es el segundo productor de café orgánico a nivel mundial, solamente superado por Perú. Según datos publicados en la página de internet de la Secretaría de Economía, se sabe que “...en una década, la superficie dedicada a la producción de orgánicos pasó de 50 mil a 400 mil hectáreas, y las ventas de dichos productos generan 400 millones de dólares al año. El café orgánico representa el 50 por ciento de los productos orgánicos en el país”.

México ha implantado prácticas en la cafeticultura que han transformado los procesos y provocado una reconversión productiva, incrementando rendimientos, reduciendo la edad promedio de crecimiento de las plantas y aumentando la densidad por hectárea en el cultivo, además de introducir algún tipo de diferenciación; ya sea café orgánico, de especialidad, amable con el medio ambiente, programas de captura de carbono, café forestal, etc. Los productores han aprendido a acercarse al mercado y conocer más sobre el comportamiento y gusto de los consumidores, por segmentos, regiones y países. Sin embargo aún hay retos por superar, como el coyotaje, el acaparamiento, la comercialización, la tecnificación, la falta de leyes que incentiven la producción, etcétera y ahí es donde la Cámara de Diputados en el marco de su competencia, puede y debe intervenir.

Existen retos medioambientales que debemos prevenir y afrontar, como la afectación en la producción de café del ciclo 2013-2014 que se registró como la más baja de los últimos 40 años. Uno de los principales factores, fue la roya, enfermedad de los cafetos, que provocó una caída de casi 50 por ciento en las cosechas de Chiapas y que se extendió a Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Un punto a resaltar, es que según los datos del censo agropecuario de 2007, “...de las 350 mil unidades de producción (UP) con café, 56.6 por ciento son hablantes de lengua indígena. Esta población es dueña del 43.9 por ciento de la superficie con café y cosechan el 40.3 por ciento del volumen de la producción. Difícilmente vamos a encontrar una importancia mayor de la población indígena en la producción de algún otro cultivo. Adicionalmente, los municipios cafetaleros se caracterizan por la pobreza de su población, 7 de cada 10 habitantes viven en condiciones de alta y muy alta marginación”. En este contexto, hay un empobrecimiento preocupante en las regiones cafetaleras por la caída de la producción, lo que ocasiona falta de trabajo y por ende de ingresos.

Este análisis es mucho más profundo, si lo cruzamos contra datos de dinámicas de población, como la expulsión de migrantes, toda vez que existen regiones que su única actividad productiva es el cultivo y producción de café, sin embargo al verse disminuida la producción o arrasada por una plaga, no existe otra actividad económica que realizar y comienzan las migraciones hacia las urbes del país o fuera del territorio nacional, con las consecuencias sociales que ya conocemos.

Las cifras de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva de Café (Amecafe), indican que México está en el sexto lugar de producción de café del mundo, con el 3 por ciento del total, dato que difiere con el aportado por el departamento de agricultura de los Estados Unidos. Según datos de la Amecafe, México es el undécimo país exportador; sólo el 40 por ciento de la producción se queda en el país.

Según datos de la Secretaría de Economía, en el mercado nacional, el negocio del café resulta uno de los más redituables; se puede invertir relativamente poco y la recuperación se da, en la mayoría de los casos, en menos de un año. En la actualidad existen en México, alrededor de 72 mil cafeterías, y este número sigue en aumento.

Según datos del Padrón Nacional Cafetalero 2010, se produce café en 398 municipios de 12 estados de la República Mexicana, donde participan aproximadamente 280 mil campesinos, quienes laboran en las más de 770 mil hectáreas de campo. Si revisamos estos números, es claro que la cadena productiva del café es sumamente importante para el desarrollo económico y social del país, por lo que requiere una atención pormenorizada de todos los órganos de gobierno, en este caso, la Cámara de Diputados, tiene la oportunidad de dar continuidad al seguimiento que se ha realizado a este tema, mediante la constitución de una comisión especial, del café.

El objetivo de esta comisión especial, debe ser que desde la Cámara de Diputados, se impulse y promuevan acciones específicas para coadyuvar a la producción e industrialización nacional del grano de café, al igual que contribuir al fortalecimiento de los procesos y mecanismos que permitan el impulso de esta actividad comercial, en el contexto nacional como internacional. Además de prever medidas que ayuden a mitigar contingencias o afectaciones ocasionadas por efectos climatológicos, para lograr un mayor crecimiento de este sector productivo.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer ante a los integrantes del pleno de esta soberanía la creación de la Comisión Especial del Café, que funcionará durante la LXIII Legislatura, cuyo objeto será impulsar y promover acciones específicas para coadyuvar a la producción e industrialización nacional del grano de café, al igual que contribuir al fortalecimiento de los procesos y mecanismos que permitan el impulso de esta actividad comercial, en el contexto nacional como internacional. Además de prever medidas que ayuden a mitigar contingencias o afectaciones ocasionadas por efectos climatológicos, para lograr un mayor crecimiento de este sector productivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado Carlos Barragán Amador (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREAR LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a crear la fiscalía especial para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Rafael Hernández Soriano, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

México vive una grave crisis humanitaria. Los grados de violencia a que se encuentra sujeta la ciudadanía, las más de 21 mil ejecuciones reconocidas por fuentes gubernamentales, las más de 12,500 desapariciones, según Amnistía Internacional, los miles de desplazados y las centenas de fosas clandestinas dan testimonio fehaciente de ello. Todo lo anterior ha sido consecuencia directa de una política de seguridad pública fallida que ha situado al Estado al borde del colapso por el empoderamiento de la delincuencia organizada, la connivencia de las autoridades y la impotencia de los habitantes del territorio nacional.

No obstante lo anterior, en medio del caos, un acontecimiento específico conmovió las conciencias de México y la comunidad de naciones. La desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, presuntamente a manos de elementos policiacos de los municipios de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Este deleznable crimen provocó no sólo las reacciones nacionales de repudio e indignación, sino diversas protestas a nivel global que pusieron de manifiesto la incapacidad del Estado mexicano para garantizar, a los habitantes del territorio nacional, el libre ejercicio de sus derechos humanos y, específicamente, el derecho a la vida.

A más de la atrocidad del crimen en sí mismo, la incapacidad de las autoridades estatales y federales de procuración de justicia ha propiciado la revictimización de los jóvenes y sus familias, cuando por omisión o por comisión, realizaron las diligencias, peritajes e investigaciones del caso con descuido y falta de transparencia, por decir lo menos, razón por la cual no sólo han violado sus derechos como víctimas sino, principalmente, les han negado el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, como ha quedado demostrado a partir de la presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La gravedad de los acontecimientos requiere un proceso de reconciliación nacional que inicie con la limpieza, optimización y, en su caso, la reposición de todos los procedimientos llevados a cabo dentro de la investigación ministerial, la consignación de los culpables y, principalmente, el fincamiento de responsabilidades a aquellos funcionarios que cometieron delitos en contra de la administración de justicia. Es por lo anterior, para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas, que resulta indispensable la creación de una fiscalía especial que se avoque directa y exclusivamente, en la investigación de estos sucesos, no obstante lo anterior, el titular de esta instancia debe ser una persona no sólo con amplios conocimientos en el área de investigación ministerial, sino que cuente con el reconocimiento público y, en específico, de las víctimas indirectas de este crimen y de las organizaciones sociales que las han acompañado, de tal manera que su actuación posea la probidad y credibilidad de la que, hasta ahora, han carecido las autoridades que, en el caso, han intervenido.

Asimismo y como señalábamos anteriormente, los ahora cuestionados procedimientos ministeriales, cuya veracidad fue puesta en duda por el GIEI en más de una aseveración, deben contar con la aceptación social de tal manera que contribuyan al proceso de consolidación de las instituciones democráticas de nuestro país, por lo cual, resulta absolutamente ingente que la Fiscalía especial que proponemos se cree, tome en consideración los estudios y peritajes realizados por el GIEI, contenidos en el informe pero que, también puedan colaborar con el Ministerio Público, en calidad de consultores técnicos, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 136.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, comprometido con los derechos de las víctimas, en especial los derechos a la vida, a la verdad y a la justicia, proponemos a esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único.La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en ejercicio de sus facultades, establezca la Fiscalía Especial para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo titular deberá ser nombrado tomando en consideración a las víctimas indirectas del crimen y a las organizaciones sociales que los acompañan y considerar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como consultores técnicos.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

INTENSIFICAR LOS ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS EN TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, la diputada Sofía González Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

Nuestro país representa un área predilecta de reproducción y anidación de diversas especies animales. Durante todo el año y en diferentes áreas de la república, podemos presenciar la llegada de mamíferos, reptiles, aves e incluso insectos buscando las condiciones idóneas para su reproducción.

Dentro de estas especies migratorias encontramos a las tortugas marinas representadas por siete diferentes especies en el mundo, seis de las cuales arriban año con año a nuestro país. Durante todo el año, el Pacífico mexicano recibe a miles de tortugas, que aprovechan el clima cálido de esta zona para depositar sus huevos. Para el litoral del Golfo y Caribe mexicano la temporada de reproducción de las especies de tortuga marina va de abril a septiembre.

Las tortugas son seres con inmenso valor cultural. Durante el México prehispánico tuvieron importancia simbólica y ritual. Hoy, su llegada a nuestras playas alimenta nuestro capital natural y patrimonial, además de formar parte esencial en el eslabón de la compleja interrelación de las especies del mar y la tierra.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las especies de tortuga Carey, Laúd del Pacífico Oriental y Lora (esta última endémica del Golfo de México) están en peligro crítico de extinción, las tortugas Caguama y Verde se hallan en peligro, mientras que la tortuga golfina está en la categoría de vulnerable. Si bien en México, las tortugas marinas se encuentran en veda desde hace veinticinco años, existen resultados alentadores en cuanto al aumento en el número de anidaciones de tortuga golfina y lora, aunque en los últimos cuatro años para la tortuga lora se presenta una disminución del número de nidos que causa preocupación entre los especialistas. Por lo anterior es necesario intensificar los operativos y las medidas de conservación que encabeza el Estado mexicano.

Hoy se sabe que la realización de las acciones de conservación que lleva a cabo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los operativos que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Marina, en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, principalmente, han contribuido a proteger más del noventa por ciento de la anidación de la tortuga Laúd en las playas índice del Pacífico, así como a monitorear aproximadamente el ochenta por ciento de la anidación de la tortuga golfina en Oaxaca.

A pesar de estos avances y los resultados de otras acciones coordinadas por la sociedad civil, es indispensable fortalecer las acciones de protección directa en el espectro completo de las seis especies marinas identificadas en territorio nacional. De igual manera, es imperativo contar con una mejor difusión sobre la implementación y alcance de los operativos, a fin de que la población esté consciente de la importancia y los retos inmediatos que plantea la conservación. Finalmente, también es necesario redoblar la participación de las comunidades rurales e indígenas en los esfuerzos oficiales de conservación y generar conciencia sobre los beneficios que ésta plantea para ellas y para la ciudadanía en general.

Considerandos

1. El artículo 32 Bis, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la obligación de vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con aguas, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes.

2. El artículo 32 Bis, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la responsable de organizar y administrar áreas naturales protegidas y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales.

3. El artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre establece que ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados.

4. El artículo 76 de la Ley General de Vida Silvestre mandata que la conservación de las especies migratorias se lleve a cabo mediante la protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus poblaciones, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional.

5. El artículo 104 de la Ley General de Vida Silvestre determina que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene el encargo de realizar actos de inspección y vigilancia necesarios para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, con arreglo a lo previsto en dicha Ley, así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que, igualmente, debe llevar un padrón de los infractores.

6. El artículo 105 de la Ley General de Vida Silvestre prevé la creación de Comités Mixtos de Vigilancia con la participación de las autoridades municipales, de las entidades federativas y las federales, con el objeto de supervisar la aplicación de las medidas de control y de seguridad en materia de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

7. El artículo 420 del Código Penal Federal específica, en su fracción 1, que son actividades ilícitas la captura, daño y privación de la vida de las tortugas marinas, así como la recolección o almacenamiento de cualquier forma de sus productos o subproductos; asimismo, que establece las sanciones correspondientes y menciona los casos agravantes.

8. El artículo 420 del Código Penal Federal especifica en su Fracción IV que constituye delito el traficar, capturar, poseer, trasportar, acopiar, introducir al país y extraer del país ejemplares, productos o subproductos de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial o reguladas por algún tratado internacional del que México sea parte.

Por lo expuesto, y con fundamento en la disposición señalada en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a sus órganos desconcentrados, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a intensificar los esfuerzos de conservación de las seis especies de tortugas marinas en territorio nacional, fortalecer las acciones para evitar el saqueo de nidos durante la presente temporada de arribo, reforzar la participación de las comunidades rurales e indígenas, y de la ciudadanía en general, en la vigilancia y protección de las seis especies de tortugas que arriban a playas de México con fines reproductivos, así como difundir los resultados de su involucramiento dentro de la estrategia general de conservación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina a reforzar los operativos de vigilancia en las playas de anidación con la presencia de efectivos que apoyen las acciones de conservación y vigilancia que llevan a cabo los órganos desconcentrados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar convenios de cooperación para atender la protección de las seis especies de tortuga marina durante sus temporadas de reproducción en las diferentes playas de anidación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 15 de septiembre de 2015.— Diputada Sofía González Torres (rúbrica p.a.).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

DIFUNDA LAS MODIFICACIONES Y CORRECCIONES ANUNCIADAS EL 13 DE JULIO DE 2015 AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE LA ENTIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a difundir las modificaciones y correcciones anunciadas el 13 de julio de 2015 respecto al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, diputados del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de agosto de 2015, senadores y diputados integrantes de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente del Congreso de la Unión dictaminaron un punto de acuerdo por el que este órgano solicitó al gobierno del estado de Veracruz que remitiera un informe sobre las modificaciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz anunciadas por el mismo funcionario el 13 de julio anterior.

Textualmente, señaló el punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz que en un plazo no mayor de 15 días naturales remita a esta soberanía un informe sobre las modificaciones que se hicieron al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz anunciadas el pasado 13 de julio.

En virtud de que a la fecha, no obstante que han transcurrido en exceso los 15 días naturales otorgados para que el titular del Ejecutivo estatal rindiera el informe relativo a las modificaciones del Reglamento de Tránsito mencionado, sin que el Congreso haya recibido información alguna al respecto, es oportuno solicitarle nuevamente a dicho funcionario haga públicas las acciones que ha realizado y que anunció servirían para salvaguardar los derechos, la vida y el patrimonio de los veracruzanos.

Lo anterior se basa en la preocupación que a diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena han manifestado diversos grupos de veracruzanos debido a las evidentes muestras de inconstitucionalidad que observa el ordenamiento referido.

El reglamento que se cuestiona se expidió en acato de lo ordenado en la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobada por el Congreso local el 26 de abril del año en curso. Sin embargo, dadas las limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y tránsito que este reglamento observa, los veracruzanos han manifestado un profundo rechazo al mismo.

Pero no sólo en materia de derechos humanos se ven afectados los veracruzanos con este ordenamiento, que sería motivo suficiente para su abrogación, sino que está la amenaza latente al patrimonio de los sujetos obligados, ante las sanciones económicas exageradas y lapidarias que contiene, y que son contrarias a la prohibición que dispone el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de multas excesivas.

Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado reiteradamente al emitir criterios que señalan de manera clara la prohibición de multas excesivas, las cuales constituyen el más drástico y radical concepto de sanción económica dentro del derecho represivo, estableciendo claramente que tratándose de ilícitos administrativos éstas quedan prohibidas, de acuerdo con lo que señala el artículo 22 constitucional.

Esta prohibición no se acata en el Reglamento de la Ley Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el 16 de junio del año en curso, pues de su texto no se nota que el propósito sea ordenar el tránsito o dar seguridad a los automovilistas y transeúntes, o bien orientar la circulación vial en aras de la movilidad armoniosa y pacífica en Veracruz. Nada de eso se atiende en las disposiciones que integran el ordenamiento en cuestión. Lo que sí se advierte del mismo es una esencia netamente recaudatoria, pues las multas por las infracciones que ahí se establecen fueron incrementadas mil veces en relación con el anterior reglamento.

Así tenemos que las sanciones que establecía el reglamento de 1988 que se abroga con la expedición del que se cuestiona, integradas en los capítulos I y II del título decimoprimero, señalaba como multas sanciones de 1 a 20 días de salario mínimo, en tanto que el reglamento actual establece en el capítulo III del título decimoctavo, como sanción económica mínima la de 10 días de salario mínimo y máxima la de 350, las que aún podrán incrementarse si se califican como graves, ante una eventual reincidencia.

No se requiere un gran análisis para saber que los incrementos exagerados que observa este nuevo reglamento provocarán de inmediato un incremento en la corrupción, pues por citar unos ejemplos, por algo tan común como pasarse una luz preventiva, en Veracruz, se pagarán 65 salarios mínimos, es decir 4 mil 438 pesos; no portar llanta auxiliar generará una multa de 15 salarios mínimos, esto es mil 24.20; si no se cuenta con extintor 682.80 o si falta herramienta complementaria 819.36. ¿Quién puede dudar que en lugar de beneficiar, la aplicación de estas disposiciones generará en todos los órdenes desorden?

No es suficiente considerar que contra este reglamento los ciudadanos veracruzanos puedan acudir a la justicia de la unión en busca de amparo. La mayoría de la población a la que afecta no cuenta con los recursos ni con las facilidades para involucrarse en trámites judiciales y administrativos de cuyo resultado nada puede asegurarse.

Esta soberanía no puede ser indiferente a lo que les duele a los veracruzanos ni a ningún ciudadano mexicano al que se violenten sus derechos humanos. Para Morena es prioritario el respeto a los derechos fundamentales; brindar confianza y certeza jurídica a sus habitantes debe ser una obligación para las autoridades de cualquier estado de la república, generar un ambiente de paz y armonía se requiere en cualquier rincón de nuestro México tan lastimado por la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

El 13 de julio del año en curso, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció modificaciones y correcciones al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las cuales fortalecerían el marco de libertades y responsabilidades, según dijo. Esto resulta urgente a fin de garantizar los derechos y salvaguardar los bienes que jurídicamente deben ser tutelados por un estado de derecho.

Una mejor cultura ciudadana no se logrará con medidas restrictivas e impositivas que laceren la de por sí lastimada, económicamente, clase media mexicana, que finalmente será la que resulte más afectada en Veracruz con la aplicación de este reglamento. Por tal razón, dada la exposición generalizada en que se encuentran los obligados debe hacerse un respetuoso recordatorio e insistir al gobernador de Veracruz, que dé a conocer a esta soberanía las modificaciones y correcciones que anunció el 13 de julio de 2015, y que señale de qué manera se garantizarán los derechos fundamentales de los sujetos a que se aplicará el reglamento citado.

En tal virtud, los diputados que suscriben someten a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional de Veracruz a que haga públicas las modificaciones y correcciones anunciadas el 13 de julio de 2015 al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, y cómo éstas garantizarán el respeto a los derechos fundamentales de los peatones y automovilistas de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputados: Rocío Nahle García, Cuitláhuac García Jiménez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial sobre desapariciones forzadas, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Candelaria Ochoa Ávalos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como por los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una Comisión Especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos.

El fin de una Comisión Especial es conocer una problemática presente, y darle a la brevedad posible una solución positiva, siempre tomando en cuenta el sentir y opinión de los directamente afectados. No demos olvidar que este órgano es un medio para la resolución de los diversos problemas de la sociedad.

II. Las desapariciones forzadas de personas se han convertido en un fenómeno delicado y persistente en nuestro país, alcanzando una situación alarmante que tuvo su máxima expresión con la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Actualmente, se estima que en México hay más de 20 mil personas desaparecidas. Hoy, el Estado mexicano enfrenta un reto histórico para enfrentar este fenómeno y darle garantías a los ciudadanos de protección de los derechos humanos.

En el año 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el texto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, la cual fue celebrada y firmada en Paris el 6 de febrero de 2007, que establece una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los Estados signatarios, entre las que destacan: la cooperación, la prestación de todo el auxilio posible para asistir a las víctimas, así como la realización de esfuerzos para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, de la exhumación, identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos; asimismo, el compromiso de que cada Estado parte asegurará el establecimiento y mantenimiento de uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas privadas de libertad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial.

La desaparición forzada de personas, es entendida en el Artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidades, como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.1

III. Es importante destacar que recientemente fue promulgada la reforma al artículo 73 constitucional, donde se le confiere al Congreso de la Unión la facultad de emitir la legislación general en materia de desapariciones forzadas, por lo que esta Legislatura enfrentará el reto de generar una normatividad apegada a los más altos estándares internacionales y a las exigencias del pueblo mexicano. Esto sin mencionar la importante labor de vigilancia que deberá desarrollar para enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la protección de los derechos humanos en México.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas será el estudio del fenómeno de desapariciones forzadas en México para impulsar una legislación acorde a las exigencias y necesidades del país y en apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como conocer y dar seguimiento puntual a las políticas encaminadas a la procuración de justicia en materia de desapariciones forzadas.

Tercero.La Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2015.— Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, Candelaria Ochoa Ávalos (rúbricas).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

REALICEN UNA CAMPAÑA NACIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP a realizar una campaña nacional de prevención del suicidio, a cargo del diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I; 62, numeral 3; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1976) como “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera que sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”.

La OMS ha referido que el suicidio es un problema de salud pública, ya que más de 800 mil personas mueren cada año y es la causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad, hay indicios de que por cada adulto que se suicida se generan alrededor de 20 intentos de suicidio.

El incremento de las muertes autoinfligidas en el mundo provocó que la Organización Mundial de la Salud instituyera el 10 de septiembre como Día Mundial para la Prevención del Suicidio, al ser un fenómeno que puede ser evitado.

Las muertes autoinfligidas se han convertido en un problema de salud pública para México, así lo muestran las estadísticas realizadas en 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y refieren que en el país se presenta una tasa de cerca de cinco suicidios por cada 100 mil habitantes.

Las estadísticas del Inegi en 2013 reportaron un total de 5 mil 909 muertes autoinfligidas, mientras que en 2003 la estadística total era de 4 mil 104, lo que muestra un incremento de mil 805 decesos por esta causa.

En la República se presenta un mayor número de muertes autoinfligidas en hombres. En 2013 la tasa de mortalidad por esta causa fue de 8.1 por cada 100 mil hombres y de 1.7 suicidios por cada 100 mil mujeres, así lo reportó el Inegi, según las mismas estadísticas, ocurren más de cuatro suicidios de hombres por cada suicidio de una mujer.

Es una problemática que afecta por igual a mujeres y hombres en cualquier etapa de la vida, sin distinguir edad, condición económica, situación laboral, entre otros factores como:

• Biológicos: el derivado de enfermedades físicas graves, padecimiento de alguna enfermedad de carácter terminal, la disminución en los niveles de serotonina en el cerebro, la hiperactividad del eje hipotálamo-hipofiso-suprarrenal, esquizofrenia, etcétera.

• Psicológicos: depresión, angustia, una autoevaluación negativa con auto rechazo, desvaloración, culpa, sensación de impotencia, desesperación, sentimiento de desamparo, trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, entre otros.

• Sociales: bullying, alcoholismo, drogadicción, acceso a armas de fuego, desintegración familiar, antecedentes de abandono o maltrato, fracaso en la resolución de problemas interpersonales, altos niveles de desesperanza con respecto al futuro, etcétera.

• Económicos: falta de empleo, exceso de deudas, salarios bajos, entre otros.

• Culturales: vivir en comunidades en donde ha habido brotes recientes de suicidio en personas jóvenes, la discriminación, etcétera.

La presencia de factores sociales, económicos, culturales y psicológicos vulnera principalmente a los adolescentes, al ser un periodo en el que comienzan a experimentar situaciones que pueden poner en riesgo la salud, el bienestar y la vida de cada persona. En 2011 se registraron 859 suicidios en adolescentes de 15 a 19 años, lo que representaba una tasa de 7.7 muertes por cada 100 mil adolescentes, así lo reportó el Inegi.

Para 2013, 40.8 por ciento de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años.

Es importante generar mejores programas de prevención en todas las entidades federativas, principalmente las que mayor tasa de suicidios presentan como el estado de México que en 2013 reportó 604 muertes autoinfligidas, Jalisco con 493 y el Distrito Federal con 431, según datos del Inegi.

En mayo de 2013 se llevó a cabo la 66 Asamblea Mundial de la Salud que adoptó el primer plan de acción sobre salud mental de la historia de la Organización Mundial de la Salud, teniendo a la prevención del problema como parte integrante del plan para reducir en 10 por ciento el índice de muertes autoinfligidas para 2020.

Las conductas que generan las muertes autoinfligidas son totalmente prevenibles, por lo que se requiere de la creación de una campaña nacional de concientización y prevención del suicidio, que involucre a la Secretaría de Salud para la promoción de la salud mental y la atención primaria de la misma.

En este mismo sentido y para disminuir la vulnerabilidad que presentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es trascendente que la Secretaría de Educación Pública forme parte de la creación, participación y desarrollo de una campaña nacional, que tenga como base los valores, el bien común y la integridad.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza conscientes de la problemática que enfrentamos y de la importancia que tiene prevenir el fenómeno del suicidio, que afecta y lastima a todos los integrantes de familias mexicanas que se ven afectadas por este fenómeno, consideramos fundamental emprender una campaña nacional de prevención del suicidio, que disminuya estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, a emprender una Campaña Nacional de Prevención en materia de suicidio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

DIFUNDA EL ESTADO QUE GUARDA LA INCORPORACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a difundir el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, bajo las siguientes

Consideraciones

Fundamental resulta para esta soberanía, conocer plenamente del estado que guarda el ejercicio de los recursos públicos por todos los sujetos obligados.

La discusión del paquete económico, en un ambiente como el que actualmente vivimos, requiere de la mayor colaboración de los organismos del Estado mexicano con esta Cámara de Diputados, ya que el paquete incluye el análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos en una dimensión diferente, con una visión de austeridad y eficiencia. Al mismo tiempo, se ha expresado la convicción de la actual administración de elevar los niveles de transparencia y, al mismo tiempo, responder al derecho de los ciudadanos a la información pública bajo el principio de la máxima publicidad.

Esta soberanía tendrá que estar consciente de que la sociedad mexicana reclama su derecho a estar plenamente informado de las acciones de sus gobernantes. Las legisladoras y los legisladores tenemos que ser factor para que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones presentando ante su vista la información que se genera en el gobierno.

Tenemos que disminuir la opacidad en el manejo de los recursos públicos como una acción contundente y firme que exponga a quienes, en el gobierno, no cumplan con sus obligaciones legales o con una ética profesional propia de un servidor público o de un representante popular.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Esta ley tiene entre sus objetivos distribuir competencias entre los organismos garantes de la federación y las entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la información; establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan, entre otras.

En esta materia, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, en el documento Transparencia y protección de datos personales en la procuración e impartición de justicia señaló que la SCJN estableció el criterio de que el derecho a la información se compone de una facultad o atribución doble; por una parte el derecho a dar información, y por otra, el derecho a recibirla; asimismo, aseveró que el estado, como sujeto informativo que genera información se encuentra obligado a comunicar a los gobernados sus actividades y éstos tienen el derecho correlativo de tener acceso libre y oportuno a esa información.

De este material, rescatamos, para los fines de la proposición, la sentencia de la ministra, de que toda la información que se encuentra en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de cualquier ámbito de gobierno, es pública, derivando de ello, el principio de máxima publicidad.

Al respecto, la materia de transparencia se encuentra reglamentada, fundamentalmente por dos normas: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal; y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya fue señalado, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

La presente proposición pretende, como establecen los artículos transitorios octavo y décimo de la ley general, que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que obsequie a la Cámara de Diputados un informe pormenorizado del estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia; así como el cumplimiento de los municipios con menos de 70 mil habitantes con la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Adicionalmente, que los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados implementen a la brevedad posible, las medidas que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, como lo es la que mandata el artículo decimotercero: “Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.”

Otra medida, derivada de la ley general en comento, es que resulta necesario poner en la agenda de esta Cámara, la obligación de integrar un Comité de Transparencia.

Comité que tenga las funciones de instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las unidades de transparencia; establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del sujeto obligado; recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual, entre otras.

También, la propuesta pretende que la Auditoría Superior de la Federación entregue a la Junta de Coordinación Política un informe detallado de sus actividades como miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Debido a que, de acuerdo con el artículo 30 la ley general citada, la Auditoría Superior de la Federación pertenece, junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los organismos garantes de las entidades federativas, el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

A destacar resulta que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se instaló el 23 de junio de 2015. Con la instalación del Consejo Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pretende transparentar la función de gobierno, auditar los recursos públicos, escudriñar el gasto de los partidos y sindicatos, e incluso de las fundaciones y agrupaciones civiles que reciben fondos federales.

Es fundamental que las y los legisladores cuenten con la información necesaria y actualizada de la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las próximas discusiones de la agenda legislativa nacional en la LXIII Legislatura federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que dé a conocer a la opinión pública el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia; así como el cumplimiento de los municipios con menos de 70 mil habitantes como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a sus órganos de gobierno a implementar a la brevedad posible, las medidas que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015; asimismo exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a entregar a la Junta de Coordinación Política informe detallado de sus actividades como miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y al destino de los bienes del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición

Consideraciones

En septiembre de 2014, con motivo de su segundo informe de gobierno, el Presidente de la República anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), programado para iniciar en 2015, en terrenos del ex Lago de Texcoco; esto ante la saturación de vuelos que presenta el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AIBJ).

De acuerdo al anuncio realizado, de la inversión inicial, que ascendería a 169 mil millones de pesos, el plan prevé que 58 por ciento de esos recursos sean de origen público y 42 por ciento de procedencia privada. El dinero público se compondrá de ingresos fiscales multianuales, inversión y excedentes. El privado provendrá de créditos bancarios y la emisión de bonos gubernamentales, anunció que ya realizó el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Sin embargo, es notorio que el monto de la inversión inicial podría variar a partir de los desajustes financieros derivados de la paridad peso-dólar, esto por la devaluación del primero frente al segundo ocurrida de un año a la fecha, habida cuenta que, parte de los insumos y de las tecnologías necesarias para el proyecto provienen del extranjero; sin que el gobierno federal haya aclarado tal situación. De ahí la trascendencia del punto de acuerdo que en este acto se propone.

De esta forma, y de acuerdo a declaraciones a través de la SCT; el proyecto contempla tres etapas: De 2015 a 2020. Inicia con obras hidráulicas, infraestructura aeroportuaria y la licitación del proyecto. La Segunda Etapa deberá iniciar en 2020, fase durante la cual se construirán otras 3 pistas con operaciones triples simultaneas. La tercera etapa no se ha detallado, aunque el Presidente anunció que en los terrenos del actual aeropuerto se construirá una zona habitacional con servicios de salud, áreas comerciales, culturales y deportivas y un centro de convenciones para los trabajadores del aeropuerto. De tal forma que  el NAICM llegará a su máxima capacidad en el año 2065.

Es importante llamar la atención a que el proyecto de un nuevo aeropuerto no fue contemplado como parte del Programa de Inversiones de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018. Y se registró en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 21 de marzo de 2014.

También se advierte que, en el proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha estado ausente la transparencia de las acciones de gobierno, así como el incumplimiento a las normas del sistema de planeación democrática y deliberativa que garantiza el artículo 26 apartado A de la Constitución.

Tal situación acontece no sólo por la falta de un procedimiento reforzado de consulta popular y de participación ciudadana, donde los habitantes del Valle de México debieran ser protagonistas, sino también, porque en el proceso de planeación del desarrollo, pretendidamente democrático y deliberativo, el Congreso de la Unión ha tenido un papel secundario, casi de figura decorativa; no obstante sus facultades constitucionales y legales.

Llamo la atención del pleno y de la Junta de Coordinación Política, en cuanto a que, en el caso que se plantea, el Congreso de la Unión debe tener, como Poder del Estado Mexicano, la intervención que la ley le señale dentro del sistema de planeación nacional del desarrollo; una intervención proactiva, tanto para dar seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, como para propiciar el adecuado destino de los bienes que hoy conforman el aeropuerto internacional Benito Juárez, mediante la emisión de los acuerdos, leyes y decretos que sean menester.

Es importante tener en cuenta que, si el proyecto de nueva terminal aérea que se construirá en el ex Lago de Texcoco, y el manejo y destino de los bienes que conforman el actual aeropuerto internacional, tendrán proyecciones a largo plazo, según se desarrolle cada una de las etapas, comprometiéndose recursos que van más allá del sexenio. La Cámara de Diputados debe intervenir conforme a la ley para estar en condiciones de garantizar a los ciudadanos que el manejo de los recursos presupuestarios plurianuales que, al efecto, sean asignados en la mega obra, y que sean respetados los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, sin  propiciar daños colaterales o impactos en la calidad de vida de los vecinos del actual aeropuerto.

Sobre todo porque las autoridades responsables del proyecto de nuevo aeropuerto no han hecho referencia a la situación en que quedará el actual, ni a sus implicaciones económicas, sociales y culturales.

De esta manera, la enorme cantidad de recursos económicos de los Presupuestos de Egresos de la Federación, que serán puestos a disposición de las autoridades responsables del proyecto de nuevo aeropuerto internacional, justifica la atribución de los legisladores federales, como representantes de la Nación, de garantizar la administración bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, a fin de que su aplicación satisfaga los objetivos a que están destinados, como ordena el artículo 134 constitucional.

En ese contexto, es obvio que un proyecto de tal magnitud conlleva la existencia o inminencia de múltiples impactos; tales como: los ambientales urbanos, las  inundaciones, la carencia o insuficiencia de agua potable de uso doméstico, la expansión y el crecimiento desordenado de áreas aledañas al actual y al nuevo aeropuerto que se proyecta, aunado a otros severos efectos que se producirán por la ubicación geográfica de la nueva terminal aérea, incluyendo cierta fragmentación y desarticulación de localidades de esa región, problemas de movilidad, vialidades y transporte, así como como los que atañen a los empleos directos e indirectos asociados actualmente al funcionamiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, muchos de los cuales desaparecerán.

No obstante, se desconoce con precisión qué medidas implementa el Estado mexicano para salvaguardar plenamente el ejercicio de los derechos humanos laborales, de servicios públicos y medioambientales de los potenciales afectados, pues no informa qué acciones realiza o tiene previstas para atenuar o evitar el impacto económico que, sin duda, el proyecto de nuevo aeropuerto producirá en el nivel de vida de los habitantes de colonias colindantes con el actual, teniendo en cuenta que el polo de desarrollo se trasladará a varios kilómetros del que durante décadas ha tenido.

El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, informó en 2014, pocos días después del anuncio del proyecto, que el espacio que alberga a la terminal actual será recuperado para que ahí se construyan escuelas, hospitales, plazas públicas, áreas verdes y negocios. Entre las acciones concretas de recuperación que se planean, se incluye el desarrollo del Bosque Metropolitano, con un área de 670 hectáreas, y el acondicionamiento de nuevos humedales y depósitos de basura que generen biogás. De acuerdo al discurso dado por la Secretaría a cargo, el proyecto prevé la protección del hábitat para evitar afectaciones a especies vulnerables y la desaparición de molestias por el ruido del tráfico aéreo para la población capitalina.

El 15 de octubre de 2014, se lanzó el concurso “abierto” para convertir las 746 hectáreas que ocupa actualmente el aeropuerto, en un pulmón verde para el Distrito Federal. Se esperaba que más de 500 proyectos se inscribieran en el concurso que fue convocado por la revista Arquine. En conferencia de prensa el director de la revista señaló tres puntos que nos deben llamar la atención:

• “Lo que se pretende es que este evento sirva como catalizador de desarrollo y crecimiento de la zona oriente del Valle de México, una de las más pobladas y complejas".

• “Los proyectos concursantes deberán considerar, entre otras características, convertir esas hectáreas en un pulmón verde con un vaso regulador de agua pluvial”.

• “Además recomendamos en la convocatoria colocar un centro de exposiciones internacionales que promueva el flujo y la inversión en favor de la zona, y un área destinada a vivienda y sus respectivos servicios".

Y Simón Neumann, en esa misma conferencia de prensa informó que los proyectos también deberían incluir soluciones que permitan optimizar la conectividad con las principales vías de la capital y el nuevo aeropuerto.

Esa es una decisión que, desde luego, debería ser tomada en consulta con los ciudadanos que habitan las colonias cercanas al aeropuerto Benito Juárez, con especialistas en urbanismo, y con las autoridades competentes.

También es de mencionar que, desde la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico se ha lanzado una convocatoria al Foro Internacional la Gran Transformación Urbana Aeropuerto y Ciudad, que se llevará a cabo los próximos 22 y 23 de septiembre del año en el Auditorio del Museo Rufino Tamayo curso y que de acuerdo al titular de la Secretaría “tiene el objetivo de iniciar una discusión pública, abierta e informada, acerca de las posibilidades sociales, urbanas y económicas que ofrece la salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del terreno que actualmente ocupa (710 hectáreas)”. Cabe mencionar que éste foro es un mandato del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, bajo el argumento de iniciar la elaboración documentada de la opinión de la Ciudad de México.

Al respecto, hay diversas opiniones que hasta ahora indican que es irreversible dicho proyecto. El argumento, sin duda alguna, es válido. Pero hasta el día de hoy ningún servidor público se ha acercado a la población que será afectada, más de lo que ya viven las afectaciones de la construcción de la Terminal 2. Y aunque nos sea difícil aceptar la zona nororiente del distrito federal, en sus alrededores se fueron creando cinturones de miseria caracterizados por falta de servicios públicos y se integraron pueblos como Iztapalapa y Ecatepec, y se desarrollaron zonas como Chimalhuacán y Texcoco. Las zonas salitrosas del ex lago se convirtieron en fraccionamientos para poblaciones de ingresos bajos y funcionaron como zonas dormitorio, ya que la población se desplazaba a trabajar a las zonas industriales del Norte y Centro de la ciudad. Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chicoloapan y viejo lago de Chalco son zonas en las que sus habitantes han sufrido inundaciones de aguas negras durante varios años, y que hasta el día de hoy el gobierno federal no ha querido poner atención y corregir en beneficio de la población.

Quizá lo único que no estará ausente en la ejecución del proyecto de nuevo aeropuerto, y en el desmantelamiento y cancelación gradual de las operaciones del actual, es el grave problema de la especulación con la tierra y la vivienda, derivado de la típica corrupción e impunidad de algunos servidores públicos; los consabidos conflictos de interés que surgen a la luz pública, como en el caso de obras urbanísticas cuyo esquema pretende privilegiar la inversión privada en un alto porcentaje; es decir: la privatización, que no compartimos.

En tales condiciones, conviene destacar que, una de las facultades de la Cámara de Diputados, conforme lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es la creación de comisiones especiales, mediante acuerdo del pleno, cuando se estimen necesarias para un asunto específico, como en el caso (consideramos) lo es, el dar seguimiento, vigilar, impulsar acuerdos y, en general, adoptar las medidas legislativas o de otro carácter a efecto de que, por una parte, la ejecución del proyecto de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se construirá en el ex Lago de Texcoco, así como las decisiones que se adopten sobre el predio e instalaciones del aeropuerto Benito Juárez, sea un proceso democrático y deliberativo en el que se respeten y protejan los derechos humanos en juego.

De esta manera, se advierte que una de las decisiones trascendentes, en las condiciones actuales de habitabilidad de la capital del país, es la necesaria protección del medio ambiente, el fomento de los derechos a la cultura, el deporte y la recreación, el fomento al empleo, el acceso y disponibilidad de agua potable para consumo doméstico, al transporte y medios de comunicación eficientes, modernos y seguros, y a la movilidad urbana.

Razón por la cual, esta Cámara de Diputados debe interactuar con los ciudadanos y las autoridades competentes, federales y del Distrito Federal, a través de una comisión especial de diputadas y diputados, plural y participativa, que implemente medidas tendentes a impedir que, en el caso de la construcción del aeropuerto del ex Lago de Texcoco, y en el desmantelamiento gradual del actual aeropuerto, ganen terreno la especulación del suelo y la vivienda, la corrupción y la colusión de funcionarios públicos.

Siendo, también, notorio que la Ciudad de México requiere de un nuevo bosque urbano que oxigene el aire que respiramos, aunado a la necesidad de que el diseño de las ciudades y las políticas públicas que para ello se instrumenten deben armonizar el medio ambiente con las decisiones y actos de autoridad, a fin de que, efectivamente, el poder público en nuestro país se instituya en beneficio del pueblo, y no de intereses privados, cuyo fin es frecuentemente el lucro y la ganancia, y no el interés público que los representantes de la Nación estamos llamados a defender.

En esa tesitura, se propone que el pleno de esta Cámara, apruebe la creación de una Comisión Especial de seguimiento del proyecto de nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y al destino que tendrán los bienes y terrenos en que se ubica el actual aeropuerto, con el número de integrantes y junta directiva de la comisión especial que, al efecto, determine y comunique al pleno la Junta de Coordinación Política, garantizando la pluralidad y proporcionalidad en su integración.

Derivado de lo expuesto con antelación, es que se propone que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados haga suya, y en su oportunidad presente al pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados acuerda de conformidad la creación de una Comisión Especial  para dar seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al destino de los Bienes del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Segundo.La comisión especial creada por el presente acuerdo tendrá el objeto de su denominación, ejerciendo sus atribuciones y facultades en la forma más amplia que en derecho proceda, y su duración será por toda la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Tercero.La comisión especial que por el presente Acuerdo se crea se integrará por los diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de ésta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto.Para cumplir su objeto, de manera enunciativa y no limitativa, la comisión especial podrá requerir y allegarse la información que estime pertinente, así como reunirse con autoridades competentes de cualquier orden de gobierno, así como de organismos descentralizados, órganos autónomos y cualquier ente público o personas que tengan relación directa o indirecta con el proyecto de nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, así como llevar a cabo cualquier otra acción concerniente a su objeto y en el ámbito de su competencia.

Quinto.En el ejercicio de sus atribuciones, la comisión especial respetará en todo tiempo el principio de máxima publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad, poder o ente público, relativo a la construcción del nuevo aeropuerto y al destino de los bienes del actual; en consecuencia, publicará, periódicamente y en tiempo real, la información atinente.

Notas:

1 http://www.altonivel.com.mx/50543-mexicanos-podran-invertir-en-bonos-para-nuevo -aicm.html

2 http://www.arquine.com/concurso/concurso-arquine-no-17-pulmon-metropolitano-de- oriente/

3 Cabe señalar que la nota 2 se insertó el día 03 de septiembre mientras se elaboraba. Para el día 04 de septiembre la página de la revista ya no estaba disponible en la web.

4 Titular de SEDUVI hasta octubre de 2014.

5 http://www.sedecodf.gob.mx/sedecoindex.php? option=com_content&view=article& id=349:foro-internacional-la-gran-transformacion-urbana-aeropuerto-y-ciudad-1 &catid=106:noticias&Itemid=435

6 Una ciudad dormitorio es una comunidad muy grande urbana de carácter esencialmente residencial, cuyos habitantes en su mayoría viajan diariamente a trabajar a una localidad cercana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputados: Martínez Neri Francisco, Acosta Naranjo Guadalupe, Ortega Álvarez Omar, Alanís Pedraza Ángel II, Amador Rodríguez Leonardo, Aragón Castillo Hortensia, Arguijo Herrera Tania Victoria, Barón Ortiz Natalia Karina, Beltrán Reyes María Luisa, Briones Pérez Érika Irazema, Castelán Mondragón María Elida, Catalán Padilla Olga, Cruz Molina Eva Florinda, Estefan Garfias José Antonio, Fernández González Waldo, Ferrer Ábalos Óscar, Flores Sonduk Lluvia, García Bravo María Cristina Teresa, García Calderón David Gerson, García Chávez Héctor Javier, Gaytán Hernández Cristina Ismene, Hernández Alcalá J. Guadalupe, Hernández Mirón Carlos, Hernández Soriano Rafael, Madrigal Sánchez Araceli, Martínez Urincho Alberto, Meza Guzmán Lucia Virginia , Octaviano Félix Tomas, Ojeda Anguiano Jerónimo  Alejandro, Ordoñez Hernández Daniel, Parra Álvarez Evelyn, Peralta Grappin Héctor, Pérez Alvarado Candelario, Ramírez Peralta Karen Orney, Reyes Álvarez Felipe, Rubio Quiroz Juan Fernando, Saldaña Moran Julio, Santana Alfaro Arturo, Santiago López José, Saucedo Reyes Araceli, Tinoco Soto Miriam, Valencia Guzmán Jesús Salvador, Wences Real Victoriano, Zambrano Grijalva José de Jesús (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de movilidad, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Jonadab Martínez García, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como por los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la Comisión Especial de Movilidad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

El Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la legislatura, el secretario general de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una comisión especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos.

El fin de una comisión especial es conocer una problemática presente, y darle a la brevedad posible una solución positiva, siempre tomando en cuenta el sentir y opinión de los directamente afectados. No demos olvidar que este órgano es un medio para la resolución de los diversos problemas de la sociedad.

II. Las metrópolis mexicanas enfrentan retos cruciales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, siendo la movilidad un aspecto transversal que impacta en el bienestar de las comunidades y en la viabilidad de las ciudades. La cotidiana convivencia y comunicación entre los seres humanos, depende en gran medida de la accesibilidad de movilidad, por lo que su legislación correcta tendrá por resultado el mejorar las relaciones humanas.

Se estima que aproximadamente, el 77 por ciento de la población en México vive en ciudades, y que una persona puede perder hasta 5 años de su vida en el tráfico. Adicionalmente, debe resaltarse que el 75 por ciento de la contaminación en las ciudades es generada por el transporte y el 80 por ciento de la contaminación auditiva es generada por los automóviles. Por último se estiman 14 mil muertes al año debido a la mala calidad del aire.

En cuanto al porcentaje del presupuesto destinado a la movilidad, derivado de recursos federales, el 75 por ciento se destina a infraestructura para el automóvil, 11 por ciento al trasporte público, 3 por ciento al transporte no motorizado y 11 por ciento al espacio público. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que 28 por ciento de la población se trasporta en vehículos privados motorizados, mientras que el 72 por ciento restante utiliza transporte público.

Así mismo predominan más los viajes largos con velocidades lentas que los viajes cortos a rápida velocidad. En relación a la movilidad del centro de trabajo al hogar, el tiempo promedio de recorrido es de 90 minutos, en horario pico a una velocidad de 6 kilómetros por hora y en horas no pico de 15 kilómetros por hora, en promedio.

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la inversión en movilidad urbana sustentable no es un asunto menor, ya que la deficiencia en este tema en cuanto a las políticas públicas aplicadas, deriva en pérdidas económicas y deterioro de la salud de los habitantes de las urbes.

Por lo anterior, aumentar y mejorar la infraestructura para la seguridad peatonal, ciclista y de transporte público, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de las distintas ciudades del país, al tiempo que resulta impostergable diseñar estrategias y planes para el impulso de una movilidad sustentable y ordenada que reconozca los derechos de todos los usuarios.

El crecimiento de la demanda de viajes, sean estos privados o públicos, requiere una red de infraestructura de transporte adecuada, ya que la principal fuente del grave problema de contaminación atmosférica sigue siendo el transporte (vehículos particulares, taxis, microbuses, camiones, autobuses y camiones de carga) lo que afecta negativamente y en forma aguda y crónica a la salud de todos los habitantes, principalmente de los grupos vulnerables como son los niños y las personas de la tercera edad.

En Movimiento Ciudadano consideramos que el tema de la movilidad es de vital importancia para detonar el desarrollo de las áreas metropolitanas mexicanas, así como para garantizar una calidad de vida adecuada. Por ello, planteamos la creación de una Comisión Especial de Movilidad que se encargue de revisar la legislación al respecto y que se enfoque en imprimir una visión integral para abordar el fenómeno de la movilidad.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial de Movilidad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo.El objetivo de la Comisión Especial de Movilidad será analizar el marco legal y normativo en la materia para buscar garantizar los derechos de los usuarios de la movilidad, así como impulsar esquemas de movilidad sustentable.

Tercero.La Comisión Especial de Movilidad estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto.La Comisión Especial de Movilidad tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2015.— Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, Jonadab Martínez García (rúbricas).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de puertos y marina mercante, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de puertos y marina mercante de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el mundo, los litorales constituyen un elemento de gran influencia en el desarrollo; los puertos y las playas son ejes que articulan la inversión y el progreso. En las mayores economías del mundo el desarrollo costero ha tenido un papel importante como medida de impulso a la actividad económica.

En México el amplio potencial portuario y costero, y su dinámica económica y poblacional se localizan en las zonas altas. Diecisiete entidades federativas cuentan con 11,122 kilómetros de litorales en el Océano Pacífico y el Golfo de México, y en ellas se concentra más del 15 por ciento de la población; las zonas costeras registran las mayores tasas de crecimiento poblacional del país, y aportan cerca del 36 por ciento del producto interno bruto. No obstante, menos del 3 por ciento de la población económicamente activa se dedica a actividades relacionadas con la explotación litoral.

Sólo destacan como actividades económicas relacionadas con el sector, el turismo en sus diferentes modalidades como: el náutico, sol y playa, cultural, rural, deportivo, entre muchas más; la pesca de altura y ribereña; así como la acuacultura; y la transportación de mercancías a través de puertos comerciales de altura o de cabotaje; en materia industrial, el desarrollo en rubros como astilleros, industrias pesadas, petroquímica entre otras, son las actividades preponderantes del sector. No así la industria de la transformación, ya que de los 338 parques industriales del país, sólo nueve están ubicados en las costas.

Existen 107 puertos de los cuales sólo 24 tienen actividades relevantes y de estos, 19 son concesionados a las Administraciones Portuarias Integrales con participación patrimonial al cien por ciento de la federación, relegando a los estados y municipios a formar parte únicamente como miembros de sus consejos de administración, pero excluidos de las asambleas de socios ya que se trata de empresas constituidas bajo la Ley de Sociedades Mercantiles como sociedades anónimas de capital variable.

Las administraciones portuarias integrales federales son: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Madero, Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Dos Bocas, esta última creada en noviembre de 1999.

Éstas, a su vez, ceden parcialmente sus derechos a la inversión privada para su explotación logrando un gran dinamismo. El 80 por ciento del comercio exterior del país pasa por las Administraciones Portuarias Integrales de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada y Altamira.

Actualmente, los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz han constituido sociedades mercantiles de participación 100 por ciento estatal, y han obtenido del Ejecutivo federal las concesiones de las Administraciones Portuarias Integrales para el aprovechamiento de sus litorales.

México goza de una gran biodiversidad y riqueza en recursos naturales con una baja vocación hacia las actividades marítimas y portuarias. Las zonas costeras de México se vinculan a los grandes sistemas lagunares, hermosos arrecifes, dunas, selvas tropicales y lugares de una increíble belleza natural, que por sus características y ubicación geográfica presentan amplias posibilidades para el desarrollo y bienestar de millones de mexicanos.

Los principales puertos de México cursan distintas etapas: unos en proceso de consolidación y otros con problemas de congestionamiento de carga, saturación causada por la diferente integración con otras modalidades de trasporte y por las restricciones de crecimiento por encontrarse rodeados de zonas urbanas. Del mismo modo, existen problemas operativos de carga, descarga, estiba y de seguridad.

La nación tiene además, puertos turísticos y pesqueros, la industria del turismo se considera estratégica por su amplio potencial para generar las divisas que demanda la sociedad, por su gran capacidad para generar empleos y por los efectos multiplicadores que tiene en otros sectores de la economía, también por ser un fuerte inductor de capacitación de inversión extranjera.

Las posibilidades de desarrollo de la actividad turística en distintos puertos del país, se ven frenadas por carecer de una infraestructura de transporte y de servicios turísticos adecuada y de calidad, también por la falta de una planeación que precise estrategias en cuanto a la coordinación del turismo, tanto nacional como extranjero, con los diversos lugares turísticos cercanos de las zonas portuarias.

En cuanto a los puertos pesqueros, a pesar de la importancia que esta actividad reviste y los enormes recursos potenciales a explorar, se desarrolla con límites que impiden mayor crecimiento. Es de destacar el tamaño y la reducción de su capacidad en captura de las embarcaciones de su flota, los métodos, las técnicas, las artes de pesca tradicionales; los problemas de organización, de comercialización y de financiamiento: la insuficiente infraestructura de apoyo, como adecuados atracaderos, centros de recepción, conservación y frigorífico, así como la escasa capacidad de procesamiento industrial. En términos generales, es conveniente señalar y atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población. La modernización de los puertos ubicados en el litoral mexicano resulta altamente prioritaria: pues de estos depende un considerable porcentaje de desarrollo de la economía nacional.

Por su ubicación geográfica, México debe fortalecer los intercambios comerciales y de inversión hacia los mercados de éste y otros continentes a través de sus puertos de altura o bien, la interacción hacia los mercados locales. Ante tal dinámica, el crecimiento de México requiere de una infraestructura portuaria acorde a las expectativas de desarrollo, y que permita aprovechar las enormes oportunidades de inversión y de turismo, a fin de fortalecer la productividad que de manera integral asegure la continuidad y el crecimiento del país.

Todo ello, sin duda representa un gran reto que necesariamente se debe afrontar, delineando conjuntamente los gobiernos federales, estatales y municipales; estrategias, objetivos y metas que permitan el logro de un desarrollo sustentable y armónico de los puertos ubicados en el litoral mexicano. Las directrices que se fijen deben elaborarse interpretando la realidad social del país, por ello, no es correcto ni viable, tratar de impulsar la economía gravando lesivamente los medios de producción de sectores tan estratégicos como el marítimo; se debe fomentar el desarrollo de la industria para garantizar la existencia de una contribución futura, mas no usufructuar el mercado en perjuicio de los ciudadanos y a favor de los extranjeros.

Con la visión de un federalismo autentico, se deberá impulsar, desde el Congreso federal, la participación de las entidades federativas y sus municipios, el fortalecimiento del sector portuario y rescate de la marina mercante para lograr beneficios directos de la globalización económica.

La temática particular que han impulsado, en los últimos años, los gobiernos estatales y municipales, así como los diversos actores se resume en lo siguiente:

• Participación de los estados y ayuntamientos en la Administraciones Portuarias Integrales;

• Autonomía de las actividades de las Administraciones Portuarias Integrales;

• Participación de la inversión privada en las Administraciones Portuarias Integrales;

• Transferencia de las capitanías de puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina;

• Administración de recintos portuarios y costeros;

• Modernización de las aduanas marítimas;

• Nuevas reglas para el establecimiento de recintos fiscalizados;

• Estratégicos y zonas de actividades logísticas;

• Seguimiento a los proyectos de desarrollo portuario;

• Rescate de la marina mercante; y

• Desarrollo de astilleros.

Por lo anteriormente expuesto, propongo la creación de una Comisión Especial de puertos y marina mercante en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de impulsar y dar seguimiento a los proyectos relacionados con la materia y vinculados a:

• Seguridad nacional;

• Equilibrio ecológico;

• Protección al medio ambiente;

• Generación de empleos;

• Crecimiento y desarrollo económico portuario e industrial;

• Turismo;

• Atracción de inversión extranjera;

• Comercio internacional;

• Aduanas;

• Recintos fiscales y recintos portuarios;

• Zonas de actividades logísticas;

• Pesca; e

• Infraestructura portuaria especializada.

Otro fundamento para la creación de esta comisión, es la necesidad de reformular tanto las estrategias para la Administración de las Aduanas Marítimas como la conveniencia de emitir lineamientos administrativos específicos en materia administración de aduanas marítimas; pues se requiere , de manera urgente, modernizar los procedimientos y controles del tránsito marítimo, esto no es un asunto sólo de seguridad nacional, deben de promoverse esquemas eficientes para su funcionamiento en un mundo competitivo, en el cual la seguridad y el tiempo de traslado de la mercancía, inciden en forma determinante en los costos, precios y rendimientos. Estudios recientes demuestran que en la próxima década, la capacidad de los puertos mexicanos actuales se verá rebasada. Por ello son necesarias nuevas reglas para establecer recintos fiscalizados estratégicos y zonas de actividades logísticas.

Además, se necesita en la organización interna de esta soberanía, un órgano especializado que fomente la productividad del sector marítimo a través de la confección de políticas públicas que garanticen la dinámica comercial en los puertos de la República Mexicana, y sobre todo, que en esta dinámica se impulse la contratación de embarcaciones nacionales, para que funcionen como vehículos de la economía mediante el transporte de mercancías, con lo cual, habrá mayor capital y más fuentes de empleo, ambas premisas indispensables para el desarrollo de la nación.

Desde la comisión, cuya creación se propone, se pueden impulsar los acuerdos entre los diversos actores para concretar en el corto y mediano plazo los siguientes proyectos:

• Ampliación del puerto de Veracruz, Veracruz;

• Ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán;

• Ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, destinados a la conformación del corredor transístmico;

• Administración de recintos costeros de influencia estatal y municipal;

• Revisión de los términos del Convenio de Colaboración Fiscal en materia de zonas federales marítimo-terrestres;

• Expansión de la escalera náutica del Pacífico;

• Desarrollo de la escalera náutica del Golfo;

• Construcción de recintos refrigerados y de empaque para productos pesqueros del mar;

• Construcción de terminales industriales metal mecánicas relacionadas a la extracción petrolera, petroquímica y refinación.

En el marco de la economía globalizada, la importancia de los puertos ha tomado una nueva relevancia. Las ciudades costeras se encuentran ante la posibilidad de impulsar el desarrollo de diversas actividades económicas que se gestan alrededor de su litoral.

Alcanzar el desarrollo portuario y de la marina mercante de México en el reconocimiento y superación de necesidades sociales y económicas, implica la realización de auténticas políticas públicas que rijan el desarrollo del litoral y posibilite la modernización del país y necesariamente el logro de mejores niveles de vida.

Modernizar los puertos ubicados en el litoral resulta altamente prioritario, es conveniente atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población, impulsar el cabotaje en ríos y la participación privada en las inversiones.

El desarrollo de los puertos depende de que se comprenda la importancia y trascendencia del impacto socioeconómico y territorial, que la actividad portuaria ejerce sobre la ciudad y el desarrollo sustentable de su zona de influencia más cercana, debemos implantar una estrategia regional, en la cual, la directriz se sitúe en el Ejecutivo estatal, para lograr una descentralización real y una efectiva desconcentración de las decisiones que en el marco del nuevo federalismo otorguen más facultades a las Entidades Federativas; por esto y con el objeto de lograr los proyectos estratégicos planteados en materia de desarrollo portuario, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial de puertos y marina mercante de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Segundo.Otórguense los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su debido funcionamiento.

Tercero.La duración de la Comisión Especial de puertos y marina mercante comprenderá desde la aprobación del presente acuerdo hasta el término de esta LXIII Legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial en materia de desaparición forzada de personas, a cargo del diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Norberto Antonio Martínez Soto, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1.Según la doctrina internacional, por Desaparición Forzada de Personas debe entenderse al secuestro llevado a cabo por agentes del estado o grupos organizados de particulares que actúan con su apoyo o tolerancia, y donde las víctimas desaparecen. Las autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del hecho, ni dan cuenta de la víctima.

Existen tres elementos concurrentes en este actuar, que son: por un lado, permite disponer de la víctima sin ningún tipo de frenos ni limitaciones legales, sociales o morales; por otro lado, crea un ambiente de impunidad, ya que se intenta realizar una actividad en la que no hay culpables, ni resultados concretos, y con una persona cuyo destino se desconoce, en definitiva, se eliminan todos los supuestos que configuran un hecho delictivo, es decir, no existiría el delito; por último, procuran generar miedo y desorientación entre los familiares de la víctima y en la población en general. Por todo esto, en la doctrina se afirma que el proceder por medio del cual se materializan las desapariciones forzadas, paraliza toda acción opositora, tanto de la víctima como de sus familiares, y dificulta, además, cualquier actuación de quienes pretendan recuperar a los desaparecidos.

Ante situaciones de este tipo, se crea un auténtico estado de indefensión. No existe recurso legal alguno que puedan intentar los familiares de los desaparecidos a fin de ubicarlos y prestarles ayuda. Mecanismos jurídicos destinados a garantizar la libertad e integridad de las personas, como el Habeas Corpus o el Recurso de Amparo, son absolutamente inoperantes.

Las personas desaparecidas por este tipo de delito, no son simples presos políticos, ni secuestrados del hampa común o de grupos organizados. En la desaparición forzada de personas, es el estado mismo quien se convierte en delincuente, al violar el ordenamiento jurídico positivo que lo obliga a ser garante de los derechos civiles y políticos de los individuos.

2.Entre los numerosos casos de desaparición forzada en nuestro país, el de Rosendo Radilla Pacheco, luchador social guerrerense, constituye un caso emblemático dado que ejemplifica la experiencia vivida por cientos de personas, familias y comunidades en nuestro país, y sienta precedente para que otros casos similares puedan ser llevados ante la justicia, y al mismo tiempo ilustra cuál ha sido la respuesta habitual del Estado mexicano frente a estos delitos de lesa humanidad.

Rosendo Radilla Pacheco fue líder social en Atoyac de Álvarez, Guerrero, trabajó por la salud y educación de su municipio y fungió como presidente municipal entre 1955 y 1956; el 25 de agosto de 1974, fue detenido ilegalmente en un retén militar entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa, siendo visto por última vez en el ex cuartel militad de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Más de 40 años después de los hechos, el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco sigue siendo desconocido.

El 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en el caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, en la que condenaba al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco en el año de 1974, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante el periodo conocido como guerra sucia, la sentencia condena a su vez por diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de la familia, de los 18 puntos resolutivos el estado sólo ha dado cumplimiento a uno.

3.El 21 de febrero de 2013 la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que el subsecretario anterior hizo entrega de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (Cenapi) de la Procuraduría General de la República (PGR) que contiene una lista de más de 27 mil casos de desapariciones de este tipo. Esta es sin duda la cifra oficial más cercana a la realidad que sobre este problema hasta el momento se ha publicado y da cuenta de la magnitud de la tragedia humanitaria que se vive en nuestro país.

De estas desapariciones, la mayoría son forzadas, sin embargo son manejadas como simples secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad, cuando en realidad son casos de desaparición forzada debido la intervención directa o indirecta, por acción o por omisión de funcionarios públicos, donde las instituciones tiene una responsabilidad en la dinámica de criminalización de las víctimas, porque no dedican tiempo, ni los recursos, ni el aparato público a través de sus estructuras para resolver los casos de desaparición forzada, cuando no están directamente involucradas en las mismas.

4. Fue necesario que ocurriera una tragedia como la suscitada en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desparecidos, para que el tema de las desapariciones forzadas en México se planteará como un asunto de interés nacional y prioritario. Esta masacre actuó como un detonador para que la sociedad reclame justicia y fin a la impunidad.

Aun cuando han sido detenidas 80 personas, 61 policías, 17 integrantes del crimen organizado, el alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, no han sido encontrados los estudiantes con excepción de los restos de uno de ellos. Los detenidos únicamente enfrentan cargos por homicidio y delincuencia organizada, pero ninguno de ellos enfrenta cargos por el delito de desaparición forzada de personas.

El pasado 6 de septiembre de este año, un informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desplomó la versión oficial respecto del caso Ayotzinapa, al señalar que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, por lo que debe continuar la búsqueda de los estudiantes, esta investigación independiente y foránea, critica la inacción de las fuerzas federales.

5. Pese a los esfuerzos legislativos emprendidos en la LXII Legislatura, con la presentación de diversas iniciativas, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, planteando modificaciones tanto al Código Penal Federal como proponiendo leyes generales para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, así como para reformar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se avanza lento en este crimen de lesa humanidad en comparación con la aguda protesta y demanda social.

Considerando

Primero. Nuestro país no cuenta con un marco legal que sirva para afrontar los casos de desaparición forzada de personas, tampoco existen cifras en un padrón real de estos casos, dejando en completo estado de indefensión a las familias de las personas desaparecidas, y en franca impunidad a las y los responsables, máxime, en la mayoría de los pocos casos documentados, no existe una investigación seria, ni seguimiento judicial; pareciera ser una constante, el desmoronamiento de las versiones oficiales al respecto, causando zozobra y furor en la sociedad. Es necesario entonces impulsar una Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, así como realizar diagnósticos y registros sobre este fenómeno, empoderar la participación de la sociedad civil en este tema, armonizar los ordenamientos legales vigentes de carácter penal, para la protección de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad y de víctimas, para evitar contradicciones que favorezcan la impunidad, pero sobre todo se debe acompañar institucionalmente a las familias y el proceso de búsqueda exigiendo la presentación con vida de las y los desaparecidos.

Segundo.Nos encontramos ante un asunto de interés nacional y prioritario, así lo reconoció la LXII Legislatura en la Cámara de Senadores al aprobar por unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justica, de Derechos Humanos de Estudios Legislativos Primera y Segunda, de la Cámara Alta, con relación las diversas iniciativas de reforma constitucionales en materia de desaparición forzada de personas y tortura.

Por su parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la minuta con proyecto de dictamen que le fue remitida por la colegisladora por el que se modifica la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Este dictamen no sólo recoge la expresión de los distintos partidos representados ante el Congreso de la Unión, sino que fundamentalmente expresa la larga lucha de la sociedad civil que no ha cejado en su empeño por más de 40 años en organizarse, difundiendo los múltiples casos de desaparición forzada, informando a la opinión pública, exhibiendo y criticando la negligencia, el abuso de poder, la corrupción o la abierta complicidad entre los órganos del estado y los perpetradores de delitos.

Tercero. Sin un marco normativo, sin una comisión en esta Cámara de Diputados que realice un trabajo especializado en el tema específico de desaparición forzada de personas, resulta un trabajo cuesta arriba coadyuvar y dar respuesta de cara a la sociedad sobre este tema, empero, no existe un seguimiento en el cumplimiento de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 18 de diciembre de 1992 de la Organización de Naciones Unidas; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém do Pára, Brasil, del 9 de junio de 1994; El Estatuto de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998; y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 20 de diciembre de 2006.

Ante tal situación, el Estado mexicano, no logra ser convincente para la sociedad civil organizada, ni para la comunidad internacional, de que existe una actitud real de las instituciones en nuestro país, que emprenda resolver el grave problema que en materia de derechos humanos afrontamos.

Cuarto. La complejidad del tema y los atroces efectos sociales que genera; nos obliga y compromete a realizar un trabajo legislativo al respecto de carácter continuo y permanente, independiente a los periodos de receso, de sesiones o a los trabajos propios ordinarios de esta nueva legislatura. A la brevedad se deberán presentar las correspondientes iniciativas sobre la materia, que permitan que México cuente con una reforma constitucional, legislación secundaria y leyes estatales, que se apeguen al estándar internacional y nos ponga en el concierto de naciones como un estado preocupado por la preservación y protección de los derechos humanos, donde se persigan y castiguen los delitos considerados de lesa humanidad.

Quinto. El trabajo sobre la desaparición forzada de personas apenas comienza, para este tema, al considerarse de especial trascendencia porque defiende la integridad de las personas, el derecho a la vida, a la seguridad jurídica y se oponen a la tortura, así como a otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes; y atendiendo a su estrecho vínculo que guarda con los derechos humanos, el combate a la corrupción, la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, resulta necesario para el mejor desahogo y atención de las tareas concernientes, crear una comisión especial en materia de desaparición forzada de personas.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, la creación de una comisión especial en materia de desaparición forzada de personas, para coadyuvar con las comisiones ordinarias a que se turnen los asuntos relacionados con esta materia, para el estudio y dictamen de los mismos, aportando opiniones especializadas y autorizadas; que impulse las diversas iniciativas necesarias para crear un marco normativo sobre la especificidad del delito, ser enlace institucional de esta Cámara con la sociedad civil y las familias de las personas desparecidas, así como con las autoridades encargadas del seguimiento de las carpetas de investigación.

Segundo. La Comisión Especial en materia de desaparición forzada de personas, estará integrada por las y los diputados que sean elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política y tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado Norberto Antonio Martínez Soto (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de programas sociales, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como por los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que

El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una Comisión Especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos.

El fin de una Comisión Especial es conocer una problemática presente, y darle a la brevedad posible una solución positiva, siempre tomando en cuenta el sentir y opinión de los directamente afectados. No demos olvidar que este órgano es un medio para la resolución de los diversos problemas de la sociedad.

II. En el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La inclusión social y la reducción de la pobreza, son dos aspectos que demandan la atención permanente de las acciones de gobierno, en donde ambos aspectos sean atendidos de manera real y no solo se simule su atención. Solo lo que se evalúa de manera correcta puede mejorarse. Sin embargo la pobreza es multidimensional, ya que esta puede ser  por falta de dinero, de educación, salud, vivienda, empleo, seguridad personal, etcétera.

La identificación y focalización espacial de la población socialmente excluida y la población en situación de pobreza constituye uno de los pilares que determinan el éxito o fracaso de una política social. De poco sirve buscar disminuir la pobreza extrema, si las personas continúan siendo pobres, lo anterior solo sirve para la estadística gubernamental, y no para el desarrollo nacional sustentable.

Cuando se abordan las privaciones de manera multidimensional, generamos una visión más amplia de la realidad, obtenemos la información suficiente y obtenemos la orientación correcta para las acciones de gobierno concretas y precisas sobre el que hacer en cuanto a reconocer las prioridades que deben tomarse en cuenta por medio de la inversión social, teniendo como resultado de ello un desarrollo sustentable.

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, existen grupos altamente vulnerables, como los menores de edad y los adultos mayores, los cuales deben ser priorizados dentro de la focalización de los programas sociales.

Los programas sociales atienden las necesidades más apremiantes de la sociedad, por lo que es necesario que las reglas de operación de estos sean sencillas, accesibles, permitan la transparencia en cuanto a su implementación.

Por ello, evaluar el impacto positivo de los programas sociales implementados en los tres órdenes de gobierno y proponer los ajustes necesarios, es fundamental para hacer de estos un instrumento de desarrollo, y no solo paliativos asistenciales que en nada promueven un desarrollo nacional sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo.El objetivo de la Comisión Especial de Programas Sociales será evaluar el impacto positivo de los programas sociales implementados en los tres órdenes de gobierno y proponer los ajustes necesarios para su mejora y trascendencia en la política de desarrollo sustentable del país.

Tercero.La Comisión Especial de Programas Sociales estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial de Programas Sociales tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA DE LOS PRODUCTORES MICHOACANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar un programa que atienda la problemática de los productores michoacanos mediante apoyos para la obtención de fertilizantes, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y por conducto de su delegación en el estado de Michoacán, se implemente de manera urgente un programa que atienda la problemática de los productores michoacanos mediante apoyos para la obtención de fertilizantes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha apoyado de manera importante la legitimidad democrática y confianza de los campesinos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se plantean diversas líneas de acción para propiciar el desarrollo integral del sector agropecuario.

En el punto VI.4. “México Próspero”, en el Objetivo 4.10. “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, se trazan diversas estrategias para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo, y fortalecer la coordinación interinstitucional para transformar el campo.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata la responsabilidad del Estado de promover el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo, garantizar a la población campesina el bienestar y propiciar su participación e incorporación al desarrollo nacional.

Por ello y en congruencia con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, se han diseñado programas que constituyen la respuesta, en lo posible, a las demandas planteadas por las organizaciones del campo. Estos programas establecen como objetivos prioritarios alcanzar la soberanía alimentaria en los productos de mayor demanda popular, así como lograr una mejor distribución del ingreso de la población rural.

El desarrollo rural debe ser una estrategia de cambio estructural que se oriente a redefinir procesos productivos, mejorar el bienestar social de los campesinos y modificar las relaciones económicas en su beneficio.

No se puede construir una gran nación si la clase campesina se encuentra rezagada en sus niveles de vida con relación a los grupos urbanos. El concepto de desarrollo rural tiene que superar la etapa de la simple redistribución de la tierra, para dar énfasis a la seguridad jurídica de su tenencia, la organización, el apoyo a la producción, mecanismos más eficientes de comercialización y la promoción del desarrollo social, todo ello sobre el supuesto de otorgar plena responsabilidad a los campesinos. Ésta es la política de modernización y cambio que el Gobierno impulsa en el campo mexicano.

Se trata de una reorientación de la estrategia, a fin de conciliar el aumento sostenido de la producción con la consecución de mayores niveles de justicia y bienestar para la población campesina, ya que el sector agropecuario presenta serios rezagos en relación con otros segmentos de la economía, tiene bajos índices de productividad y su producción ha sido insuficiente ante el crecimiento de la demanda, lo cual ha obligado a fuertes importaciones y originado un deficiente nivel de ingresos de los trabajadores del campo, causa principal de la desigualdad social de México. Por ello, el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores ha merecido la atención prioritaria del gobierno.

El fomento a la agroindustria ha contribuido a generar empleos y elevar los niveles de ingresos de los productores y trabajadores del campo. Históricamente, el sector agropecuario ha sido y es factor determinante para la estabilidad económica y social del país.

La agricultura mexicana ha provisto a la Nación de los elementos básicos para su crecimiento, como son la producción mayoritaria de nuestros alimentos, los insumos necesarios para nuestra industrialización y materias importantes de exportación, a la vez que continúa siendo un sector de alta generación de empleos.

Por tal razón, el crecimiento de la producción agropecuaria es una de las formas más efectivas para superar las dificultades económicas que enfrenta el país. La meta ha sido que la producción del campo en sus diferentes componentes sea superior año con año al crecimiento de la población, sobre todo en lo que se refiere a los alimentos básicos. De esta manera, seremos cada día más autosuficientes en materia alimentaria, objetivo prioritario de las políticas de desarrollo.

Afortunadamente, el hecho de que el producto agropecuario haya crecido a ritmos mayores a los registrados por el producto nacional, así como por otros sectores acredita la capacidad de respuesta que ha tenido el campo y la eficacia y eficiencia de las instituciones públicas que lo sirven. Acredita también, desde luego, el espíritu de los campesinos de México, que jamás han dejado de tener confianza en las instituciones del país, trabajando con ahínco para producir los alimentos que necesita el pueblo y las materias primas indispensables para la industria. Hay evidencia de que se ha hecho más con menos en un sector que, a veces, con actitud despectiva, se ha considerado estar condenado a ir a la zaga del resto de la economía y la sociedad mexicanas.

Muchas veces se exagera nuestra dependencia alimentaria y se llega a afirmar que estamos importando casi todo lo que comemos. Esto no es verdad. Somos deficitarios en ciertos productos, fundamentalmente el maíz, las oleaginosas y marginalmente el sorgo, pero el grueso de nuestra alimentación básica lo producimos los mexicanos y debemos proponernos superar el déficit que aún se observa en los granos básicos, a través de mayores estímulos a la producción agrícola.

En los últimos años, este sector ha contribuido a atenuar los efectos negativos de la crisis.

La industrialización del campo forma parte importante del programa de desarrollo rural, porque es un medio idóneo para crear más empleo en el propio campo. La industria de los alimentos requiere ser considerada con prioridad especial, siempre y cuando se dé participación adecuada a los campesinos por parte de empresas y organizaciones que los induzcan y organicen, con el apoyo del gobierno.

No obstante la restricción global, los recursos crediticios canalizados al sector agropecuario han crecido en términos reales y se han puesto al alcance de los campesinos más instrumentos técnicos y financieros que demanda el progreso rural para superar el monocultivo. Sin embargo, los sectores más modernos del campo pueden y deben transferir conocimientos, avances tecnológicos y experiencia a los productores y técnicos menos adelantados, en un esfuerzo de solidaridad con los integrantes del sector social, en particular con los que se ubican en las zonas marginadas.

En la actualidad resulta obvio que no podemos detenernos en la adquisición o en el reparto de la tierra. La reforma agraria, que tiene como fin último proporcionar empleo en condiciones dignas a los campesinos mexicanos, no se inspira en un criterio meramente eficientista de aumentar la producción, sino que busca la elevación del nivel de vida en el campo, en forma semejante al que un gran número de mexicanos ha podido alcanzar en las actividades industriales o en las de servicio, y para ello es indispensable complementar la acción sobre la tenencia de la tierra con inversiones en infraestructura, desarrollos tecnológicos, asistencia técnica, créditos adecuados, promoción de agroindustrias y organización de los campesinos para una comercialización que reconozca el justo valor de su trabajo.

El campo es un sector estratégico a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional. El sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

Anualmente se cultivan alrededor del 85 por ciento de las hectáreas disponibles. El 28 por ciento cuenta con riego y el 72 por ciento se cultiva en temporal, aun cuando el 60 por ciento del valor de la producción se genera en las áreas de riego.

Los retos en el sector agroalimentario son considerables. En primer lugar, la capitalización del sector debe ser fortalecida. La falta de inversión en equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la productividad. Para incrementar la productividad del campo, se debe mejorar la organización y la escala productiva de los minifundios, así como implementar programas de apoyo a los pequeños agricultores que les permitan incrementar sus cultivos no solo para consumo de ellos, sino que también sean un aliciente para poder entrar al círculo de la comercialización en condiciones favorables y equitativas para generar ganancias que les permitan contar con los suficientes recursos para el bienestar de sus familias.

En segundo lugar, la oportunidad y costo del financiamiento deben mejorar. Por un lado, sólo el seis por ciento de las unidades de producción agropecuaria tiene acceso al crédito institucional. Además, existen fuertes disparidades en la productividad de las unidades de producción. El segmento comercial es altamente competitivo, mientras que más del 70 por ciento de las unidades económicas rurales es de subsistencia o autoconsumo.

Es cierto que se están haciendo mayores esfuerzos para cambiar el rostro del campo, pero se necesita de mayor apoyo hacia este sector que ha sido parte de la construcción de nuestra nación.

Un tercer reto radica en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Lo que más se necesita para reactivar el campo mexicano es impulsar la adopción de tecnologías modernas para elevar la productividad. La capacidad instalada de investigación no se aplica plenamente para resolver las demandas de los productores. El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de insumos estratégicos como los fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos.

Se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado. Existe un desarrollo desigual entre las entidades federativas del norte y del centro del país respecto a las del sur-sureste, que se refleja en diferencias importantes en el nivel de productividad de los cultivos.

En el caso particular de Michoacán, es una entidad rica en producción agropecuaria. Tan solo en la producción de aguacate, la principal actividad del estado, la cosecha llegó en 2013 a 1.19 millones de toneladas, 76,000 más respecto al año anterior, que dejó ganancias para la entidad por 15,565 mdp, el 34 por ciento de toda la derrama económica.

El estado también es líder nacional en el cultivo de limón, guayaba y fresa, y está entre los primeros diez lugares en arroz, maíz y producción de ganado porcino.

Es importante fortalecer la zona citrícola y establecer plantas agroindustriales que permitan darle valor agregado a la extracción primaria, principalmente plantas extractoras de aceite de limón que tiene un precio muy aceptable en el mercado mundial.

Actualmente existen 53 empacadoras, pero algunas están atrasadas en su infraestructura, e incluso los productores necesitan cursos de agronomía para emplear productos agroquímicos más adecuados, certificarlos y aplicar un sistema de buenas prácticas agrícolas, ya que hay productos que no deberían usarse. Los agricultores aún usan agroquímicos no recomendados por los certificados sanitarios.

Además de los proyectos de inversión, el gobierno federal dispuso de 59 programas sociales productivos para el campo en 2014, 12 de los cuales comenzaron en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

La mayoría consiste en subsidios para la compra de semillas, gasolina, energía eléctrica, agroquímicos, fertilizantes, cemento, tuberías. También existen programas para la atención veterinaria de animales de cría y seguros para la protección de cultivos ante desastres naturales.

El campo michoacano es uno de los más productivos del país; el gobierno espera darle un valor agregado a los productos que se siembran y con ello, se mejoren las condiciones de comercialización, se generen más empleos y se dinamice la economía.

Respecto a la semilla mejorada de maíz, en conjunto con los productores se contrataron 1,282 toneladas, con las que se cubrieron 64,140 hectáreas, beneficiando a un promedio de 21,380 de ellos, con una inversión por parte del Gobierno del Estado de 30 millones de pesos.

Este programa se encaminó preferentemente a los productores con tierras de temporal, a quienes se les ofertaron 36 variedades de semillas 100 por ciento michoacanas, de las que destacaron la H-565 Costeño Mejorado para Tierra Caliente; las H-318 y H-377 para los Valles de Queréndaro y el Bajío, los cuales son de Maíz Blanco y el H-443A que es de Maíz Amarillo para las regiones del Bajío y Tierra Caliente, mismas que representan el 80 por ciento del programa.

En caso del fertilizante químico, se invirtieron casi 50 millones de pesos en la adquisición de Sulfato de Amonio de la más alta calidad que hay en el mercado, además de que está comprobada su rusticidad y eficiencia en los suelos michoacanos.

Las reglas de operación del programa señalaban que se entregarían hasta cinco bultos por hectárea y tres hectáreas por productor.

El programa estaba orientado a productores preferentemente de temporal de zonas de alta y muy alta marginación, quienes utilizaron la mayor parte de la agricultura que practican para autoconsumo, la cual representa el 35 por ciento de la superficie beneficiada.

Como parte de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2014, la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru) y la Sagarpa, aplican recursos en beneficio del sector agropecuario, pero desafortunadamente no se han visto reflejados ni han sido suficientes.

Esta Cruzada Nacional contra el Hambre, abarca 51 municipios, y es una estrategia de política social, integral y participativa la cual, con un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos, busca mejorar la calidad de vida de miles de familias.

El sector agroalimentario de México tradicionalmente ha expresado su inconformidad por no ser considerado en las políticas públicas un sector importante en la economía nacional.

El Presidente Enrique Peña Nieto ha dejado constancia que para su gobierno, el sector agroalimentario es estratégico, es prioritario.

Así, para el 2015 el presupuesto aprobado para la Sagarpa, de 92,142 millones de pesos, representa un incremento del 11 por ciento nominal, y un 7.5 por ciento real respecto al presupuesto aprobado el año pasado, y en donde destaca de manera importante la asignación al programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, que se incrementó en 4,000 millones de pesos respecto al 2014, esto es un 50 por ciento más (44 por ciento en términos reales), para alcanzar un total de 12,000 millones de pesos, cifra sin precedentes, donde se manifiesta la voluntad del gobierno y la solidaridad de los legisladores.

Con el Presupuesto 2015, se pone de manifiesto la importante estrategia prioritaria de nuestro sector agroalimentario.

Con el fin de impulsar la productividad y la competitividad en el sector agroalimentario, el gobierno federal a través de la Sagarpa, hizo públicos los lineamientos de sus programas para 2015, para que productores mexicanos y organizaciones del sector conozcan los requisitos y procedimientos de los diferentes programas públicos que se implementarán.

Para establecer los lineamientos de estos programas, se tomó en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se menciona que debe fortalecerse la capitalización del campo por ser un sector estratégico, considerado así por su potencial para reducir la pobreza en el país e impulsar el desarrollo regional.

La evidente baja en los presupuestos que recibirán todos los programas y beneficios destinados para el bien común a partir del próximo año, a consecuencia de que ya no habrá ingresos por petróleo, están generando que el Gobierno esté considerando depurar programas.

Esto será un reto, pues los recursos jamás son suficientes, el reto ahora es hacer eficiente y realmente productivo al campo.

Los agricultores de Michoacán requieren mayor apoyo de la Federación. La ayuda que se les brinde se reflejará en desarrollo y prosperidad de esas regiones. El esfuerzo que se haga en beneficio de los michoacanos beneficiará al resto de los mexicanos y podrá generar importantes recursos con el incremento de exportaciones de productos agrícolas.

En Michoacán estamos seguros que con las recientes medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto que impulsará en la segunda mitad de su mandato, con su compromiso 4. “Crear el Programa de Apoyo a Pequeños Productores Rurales”, se fortalecerán las capacidades productivas de agricultores, ganaderos y pescadores en las zonas rurales más pobres de México, como se pretende.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y por conducto de su delegación en el Estado de Michoacán, se implemente de manera urgente un programa que atienda la problemática de los productores michoacanos mediante apoyos para la obtención de fertilizantes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal para que, por conducto de su delegación en el Estado de Michoacán, se implementen programas de apoyo a los pequeños agricultores, con el fin de impulsar la agricultura familiar sustentable.

Se somete este Punto de Acuerdo, a consideración de esta Soberanía para su discusión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

DE CELERIDAD A LA INSTALACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS, Y EN PARTICULAR A LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A FIN DE RETOMAR LA REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a dar celeridad a la instalación de comisiones ordinarias, en particular la de Puntos Constitucionales, para retomar la reforma política del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María Cristina Teresa García Bravo, diputada federal en la  LXIII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerandos

1. La  Ciudad de México ha sido objeto de múltiples cambios constitucionales, sobre todo a partir de los años ochentas y noventas. Dichos cambios han tenido como principal objetivo el avance democrático de las instituciones y de la sociedad en su conjunto y la autonomía de la ciudad respecto al poder central de la federación.

Como es sabido, la Cámara de Senadores de la presente legislatura aprobó la iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 44 y 122 fundamentalmente, reforma que se tradujo en una nueva propuesta para la integración y funcionamiento de la ciudad por cuanto hace a las facultades y competencias de sus distintas autoridades, pero sobre todo, para que ésta cuente con una Constitución Política propia que le otorgue autonomía; dejando tan enaltecida tarea al que será su Congreso Constituyente.

2. Diversas propuestas e iniciativas han sido presentadas sobre el particular, tema trascendente en la vida política de nuestro país debido a la naturaleza de nuestra ciudad la que es al propio tiempo capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión.

Pero sobre todo lo más importante, es su avance democrático, el que se reflejará en el fortalecimiento del federalismo de nuestra nación, en el empoderamiento de su ciudadanía, y en en mejor desempeño de sus instituciones las cuales tendrán mayores equilibrios republicanos para su desmpeño cotidiano. Por tanto, una nueva Constitución para la ciudad, sin duda alguna se traducirá  en un mayor ambiente de libertades para sus ciudadanos.

3. Por tales motivos es que esta nueva legislatura, tiene la trascendente e histórica tarea de reformar el esquema constitucional de la ciudad, haciéndolo más democrático.

Tenemos la posibilidad de generar los consensos necesarios para darle a la ciudad lo que por décadas ha venido reclamando: su autonomía.

Estamos ciertos de las implicaciones políticas y jurídicas  que acarrea su transformación así como el arduo trabajo que tendremos para generar los consensos necesarios de los distintos actores políticos; sin embargo, la prioridad de la reforma es en beneficio de las y los ciudadanos y es por ellos por quienes debe transformarse; responsabilidad que recae en los diputados de esta Cámara, a tener frente a nosotros, como gran pendiente, la aprobación de la Minuta aprobada y enviada por la Cámara de Senadores.

Trabajemos los consensos necesarios; antepongamos los intereses de la ciudad y sus ciudadanos y ciudadanas sobre  cualquier interés político partidario, es momento de hacerlo, retomemos su discusión y no dejemos pasar la oportunidad histórica de transformarla. Hagamos posible que esta Cámara la pueda aprobar en las mejores condiciones democráticas que exigen los tiempos actuales.

Impulsemos la conformación libre y democrática del Constituyente, para que los mejores hombres y mujeres que resulten elegidos para tan enaltecido cargo  a fin de  darle a nuestra gran ciudad, su propia Constitución Política y hagámoslo por los canales más democráticos y dejemos que  la historia juzgue  nuestro proceder en tan delicada tarea.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a dar celeridad a la instalación de comisiones ordinarias y en particular a la de Puntos Constitucionales a fin de que se retome la discusión y en su caso la aprobación aún pendiente de la reforma política del Distrito Federal, y se generen los consensos necesarios para que se lleve a cabo en un ambiente y desarrollo democráticos, para que como resultado de la misma la Ciudad de México pueda contar su constitución propia en beneficio de los ciudadanos de la entidad”.

Dado el 15 de septiembre de 2015.— Diputada María Cristina T. García Bravo (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN ELÉCTRICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a la construcción de la línea 3 del tren eléctrico del área metropolitana de Guadalajara, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados jaliscienses integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, así como por los artículos 34, numeral 1, incisos a) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se constituye la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que

El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

La creación de una Comisión Especial debe perseguir una finalidad estratégica y objetivos claros, que sirvan para tomar decisiones correctas en beneficio de los ciudadanos.

El fin de una Comisión Especial es conocer una problemática presente, y darle a la brevedad posible una solución positiva, siempre tomando en cuenta el sentir y opinión de los directamente afectados. No demos olvidar que este órgano es un medio para la resolución de los diversos problemas de la sociedad.

II. En diciembre del año 2012 fue anunciada la construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico de Guadalajara, misma que unirá los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, por medio de la Diagonal de Av. Laureles, Av. Ávila Camacho, Av. 16 de Septiembre y Av. Revolución hasta llegar a la Nueva Central de Camiones. Recorrerá 21.45 km del Norponiente al Suroriente de la Ciudad con 18 estaciones, que serán 3 subterráneas, 2 a nivel y 13 elevadas. Se pretende atender a 250 mil usuarios diariamente.

Las obras de construcción iniciaron en agosto del año 2014 y se estima que concluirá en junio de 2017 por lo que consideramos que el puntual seguimiento de los avances de la obra en comento debe ser un asunto que ocupe a esta Soberanía.

Adicionalmente, debe mencionarse que esta obra tendrá una inversión total de 17 mil 692 millones de pesos, por lo que la debida vigilancia del manejo de recursos y un ejercicio de escrutinio y rendición de cuentas resultan fundamentales para asegurar el correcto desarrollo del proyecto.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que el tema en comento debe ser vigilado por esta soberanía a través de la Comisión Especial que proponemos crear, y con ello asegurar que los recursos destinados a esta obra sean utilizados de manera correcta, que la obra se ejecute en tiempo y forma, evitar retrasos en la misma y que su entrega sea realizada en la fecha pactada.

Del mismo modo consideramos que los trabajos de esta Comisión permitirán transparentar todas las características e implicaciones del proyecto, dando con ello certidumbre a los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara será supervisar los trabajos y el desarrollo del proyecto, para impulsar la transparencia y el escrutinio público del mismo, para vigilar el correcto uso de recursos públicos y que los trabajos se ejecuten en tiempo y forma con la debida coordinación de los distintos órdenes de gobierno que intervienen en el mismo.

Tercero.La Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, en el número que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando el equilibrio y pluralidad que guarda la composición de esta Legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea 3 de Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara tendrá vigencia a partir de la publicación del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, y hasta el 31 de agosto de 2018.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2015.— Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Mirza Gómez Flores, Jonadab Martínez García, Carlos Lomelí Bolaños, Luis Ernesto Munguía González, María Victoria Mercado Sánchez, Germán Ernesto Ralis Cumplido, María Candelaria Ochoa Ávalos, Rosa Alba Ramírez Nachis, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Salvador Zamora Zamora (rúbricas).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Julieta Fernández Márquez, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

Los primeros esfuerzos para legislar la trata de personas, se dio en Argentina, en 1913 cuando se promulgó la primera Ley contra la Prostitución Infantil.

Los fenómenos han sido diferentes, ahora no sólo se realiza explotación sexual en contra de mujeres o menores, sino que se les priva de su libertad y elementos básicos de la vida para explotarlos como servidumbre, para tráfico de órganos, entre muchas maneras de explotación.

Dichos maltratos, vejaciones, explotaciones dan una sobrevivencia corta a las personas víctimas de Trata. Son negocios ilícitos, con redes de operación nacional e internacionales.

Hemos sido testigos de varios ejemplos en las redes sociales, en la televisión, en la vida diaria. Son varios los focos rojos de la república que deben ser atendidos, contenidos y erradicados.

Los esfuerzos del gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto son valiosos, desde el Poder Ejecutivo se ha mermado la capacidad delictiva de varios grupos de trata de personas; sin embargo ésta Honorable Cámara de Diputados debe realizar todas las medidas necesarias para combatir este flagelo.

Conocedores de la problemática, debido a que hemos visto el dolor de las víctimas y sus familias, además de que, tenemos una ruta clara de trabajo para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, proponemos la creación de ésta comisión especial.

La investigación debe ser integral, los factores psicosociales son determinantes para la compresión del fenómeno y con ello poder crear cambios en la legislación.

Es por lo expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política en uso de sus facultades la creación de la Comisión Especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Comisión Especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la Cámara de Diputados se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados.

Tercero. La Comisión Especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la Cámara de Diputados, tendrá vigencia a partir del día de publicación de su creación en la Gaceta Parlamentaria.

Cuarto. La Comisión Especial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con apego a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2015.— Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

DISEÑAR E IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DESTINADOS A MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la titular de la Sedatu a diseñar e implantar nuevos programas de financiamiento público destinados a mujeres, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La vivienda es considerada un área prioritaria para el desarrollo nacional según la Ley de Vivienda. Ésta señala que el Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado.

II. El objetivo principal de la política nacional de vivienda es establecer y regular las acciones, los programas, los instrumentos y los apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

III. El artículo 6 de la Ley de Vivienda establece en la fracción primera que la política nacional de vivienda deberá considerar, la promoción “de oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad”.

IV. En 2012, de 60.2 millones de mujeres que había en México, apenas 8.6 millones eran propietarias de algún inmueble. Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares señalan que una de cada cinco viviendas con propiedad de la mujer no dispone de escrituras, mientras que en las que el propietario es hombre la proporción es de uno por cada cuatro.

V. Datos incorporados del Inegi hasta 2014 señalan que en México, cerca de 72 por ciento de los hogares el propietario de la vivienda es el o la jefe del hogar. El análisis por sexo de la jefatura refleja que para el caso de los hogares con jefe hombre 91.3 por ciento ellos son dueños, mientras que en los hogares con jefaturas femeninas apenas 42.3 por ciento de las mujeres son propietarias de una vivienda.

VI. La Ley General de Desarrollo Social define como grupos sociales en situación de vulnerabilidad a los “núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”.

VII. Bajo el enfoque de la Ley General de Desarrollo, y en razón de las cifras previamente expuestas, las mujeres deben ser consideradas un grupo vulnerable al que la política nacional de vivienda deberá atender de manera preferente. En este caso no sólo para cumplir el principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en el artículo 4o. constitucional, sino también para atender lo que la propia política de vivienda señala y para hacer cumplir lo establecido en los Objetivos del Milenio a los que se comprometió el Estado mexicano respecto al empoderamiento de las mujeres y la eliminación de la discriminación, así como a responder al diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

VIII. Es de señalar que la perspectiva de género se considera un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que implica que todos los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán realizarse con enfoque de género, es decir, cada peso que gaste el gobierno federal estará dirigido a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

IX. La política nacional de vivienda ha implementado acciones positivas como el otorgamiento de un mayor número de créditos a las derechohabientes del Fovissste durante el periodo septiembre de 2013 a julio de 2014, con mayor número de créditos hipotecarios en las distintas modalidades y líneas de crédito; destacando que del total de créditos para construcción, el 56 por ciento haya sido ejercido por mujeres, o el diseño de un esquema especial para jefas de familia, implementado por el Fonhapo, y dirigido a mujeres trabajadoras que requieren una solución de vivienda.

Sin embargo, de un total de 11 mil 135 millones de pesos al cierre de 2015 destinados al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda; el apartado especial del PEF de 2015 sobre “acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género” (disponible en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/docs/tomo_1/tom o_1_agev.pdf) señala que el otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la adquisición de una vivienda nueva o usada, y el otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la autoconstrucción o autoproducción de vivienda, así como el otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la adquisición de lotes con servicios equivalen apenas a poco más de 2 mil 273 millones de pesos, significando menos de la quinta parte del presupuesto otorgado para adquisición de viviendas a las mujeres.

X. La obligación de la Cámara de Diputados como entidad encargada del análisis y la evaluación de las políticas públicas que se ejecutan con los recursos autorizados y que son vigilados por la Auditoria Superior de la Federación, es garantizar que el efecto de estos recursos en la promoción del bienestar social y de su efecto en la reducción de la brechas de género –y por ende de la prevención y erradicación de cualquier discriminación y violencia– sea efectivo y se convierta en herramienta para conseguir la igualdad de género entre los y las mexicanas.

Por lo expuesto y fundado presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, María del Rosario Robles Berlanga, a diseñar e implementar nuevos programas de financiamiento público destinados a mujeres para adquisición de vivienda, en cualquiera de las modalidades que considera la Ley de Vivienda vigente, con la finalidad de reducir la brecha de género en la propiedad de inmuebles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.