Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 458 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:43 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El diputado Carlos Hernández Mirón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado, permítanos que desahoguemos los asuntos estrictamente procedimentales para darle curso al desarrollo de la plenaria y en un momento le doy la palabra.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primr año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 17 de septiembre de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de agosto de 2015, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2014.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

De decreto, por el que se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Retiro para los Ex-Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 223 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 7o., 38 y 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 29 y 32 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 126 y 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona un artículo 126 bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 57 y 63 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Bernardino Antelo Esper y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNBV, difunda el resultado de la supervisión que ha realizado a las acciones de OHL que cotizan en la BMV, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al director de la Conade, para que difunda un reporte de la problemática existente con algunas federaciones del deporte confederado del país, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo de la conmemoración del Centenario del Natalicio de Genaro Cipriano Valdés Castillo (Tin tan), a cargo de la diputada Carmen Salinas Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del XXX Aniversario Luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes quince de septiembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos treinta y un diputadas y diputados, a las once horas con veintiún minutos del martes quince de septiembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la Sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, con la que informa el cambio de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, como Consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De enterado, comuníquese.

b) De la Cámara de Senadores, con la que remite proposiciones con puntos de acuerdo:

• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil dieciséis, se consideren y destinen recursos para la construcción de un distribuidor vial para el municipio de Baca en el estado de Yucatán, suscrita por los senadores Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera, integrantes de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

• Por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil dieciséis, se fortalezcan las ampliaciones presupuestales para el rubro de grupos vulnerables, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Partido Acción Nacional.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta que se apruebe la integración de las Comisiones.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de la Universidad de la Energía, en la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Desarrollo Social, por la que remite la Evaluación en materia de Diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dos mil catorce; y el Informe Final del Análisis y Valoración del Funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dos mil catorce. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

El Presidente invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los mexicanos que perdieron la vida en la República Árabe de Egipto.

El siguiente punto del Orden del Día es el Análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Económica, en la Segunda Ronda intervienen los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano; Juan Romero Tenorio, de Morena; Quirino Ordaz Coppel, del Partido Verde Ecologista de México; Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Corral Mier, del Partido Acción Nacional; y Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que lamenta y condena los hechos ocurridos en la República Árabe de Egipto, el pasado trece de septiembre. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo a las diputadas y a los diputados: Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena; Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano; Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática; Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional; Braulio Mario Guerra Urbiola, del Partido Revolucionario Institucional; y Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social. Sin más oradores registrados en votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se crea la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se le darán todas las facilidades para realizar sus funciones a dicha Comisión Especial, e informa que por solicitud de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, Presidenta de la Comisión, convoca a los integrantes a reunirse de inmediato en el Salón de Protocolo de esta Cámara de Diputados, para llevar a cabo su instalación.

El siguiente punto del Orden del Día es el Análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Social, en la Primera Ronda intervienen los diputados: Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Manuel Alexander Zetina Aguiluz, de Nueva Alianza; René Cervera García, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia de la diputadaDaniela de los Santos Torres

Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena; Eduardo Francisco Zenteno Núñez, del Partido Verde Ecologista de México; Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Joaquín Jesús Díaz Mena, del Partido Acción Nacional; y María Verónica Muñoz Parra, del Partido Revolucionario Institucional. En la Segunda Ronda intervienen los diputados: Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social; Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Araceli Damián González, de Morena; Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México; Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Rocío Matesanz Santamaría, del Partido Acción Nacional; y Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta Sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas, y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto

• Alberto Martínez Urincho y María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, para emitir una moneda conmemorativa por el Centenario de la promulgación de la Constitución de mil novecientos diecisiete. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho y María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo ciento once de La Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Daniela De Los Santos Torres, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo

• Silvia Rivera Carbajal, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno Federal para que declare a la región de Tierra Caliente de Guerrero, como zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que ha provocado la sequía de las últimas semanas. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, a fin de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial de Apoyo a la Celebración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Miguel Ángel Sedas Castro, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el fortalecimiento de la Industria Azucarera y Piloncillera. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de programas sociales. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita realizar diversas acciones para fortalecer los trabajos de la Comisión de la verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en los años dos mil seis y dos mil siete. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Titular de la Procuraduría General de la República para que incremente los recursos destinados a la investigación y sanción de los delitos asociados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social, en relación al brote epidemiológica de rickettsiosis, en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ariadna Montiel Reyes, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, atender las conclusiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del grupo de expertos interdisciplinarios independientes, sobre el caso Ayotzinapa. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jisela Paes Martínez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar cualquier autorización al proyecto denominado “Don Diego”, de la empresa Exploraciones Oceánicas, ubicado en el Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Director de la Comisión Federal de Electricidad, para que revise y en su caso haga una propuesta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de los ajustes tarifarios a usuarios de la Región de la Montaña del estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la Industria del Café. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de brindar apoyo a los productores de maíz de nuestro país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, relativo al refugio y asilo para las personas desplazadas por las condiciones vigentes de guerra civil y persecución racial y religiosa en la República Árabe Siria. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para la Cuenca Lerma-Chápala. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Marco Antonio Gama Basarte, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del estado de San Luis Potosí y al Gobernador electo de la entidad, para que difundan el acta de entrega y recepción del cambio de administración. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Diputados de los Partidos de la Revolución Democrática y de Morena, por el que se crea la Comisión Especial UNGASS dos mil dieciséis. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones para fortalecer las estrategias integrales de prevención del suicidio. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, coordine la elaboración de un estudio del territorio nacional para identificar vocaciones productivas del sector agropecuario susceptibles de traducirse en cadenas de valor. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Aseguradora AGROASEMEX, S.A. a continuar con el apoyo a los fondos de aseguramiento para los pequeños y medianos productores de temporal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para atender y apoyar la conservación y el desarrollo turístico y cultural de las ciudades mexicanas reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura como patrimonio cultural de la humanidad, así como a los pueblos mexicanos que forman parte del programa pueblos mágicos de la Secretaria de Turismo. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Carlos Barragán Amador, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial del Café. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a fin de crear la Fiscalía Especial para la Investigación de la Desaparición Forzada de los cuarenta y tres Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de intensificar los esfuerzos de conservación de las tortugas marinas en territorio nacional. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz, para que difunda las modificaciones y correcciones anunciadas el trece de julio de dos mil quince al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• José Clemente Castañeda Hoeflich y María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, por el cual se solicita la creación de la Comisión Especial sobre Desapariciones Forzadas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Manuel Alexander Zetina Aguiluz, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, para que realicen una campaña nacional en materia de prevención del suicidio. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que difunda el estado que guarda la incorporación de sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al destino de los bienes del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• José Clemente Castañeda Hoeflich y Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Movilidad. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Salomón Fernando Rosales Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• José Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Programas Sociales. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de implementar un programa que atienda la problemática de los productores michoacanos, mediante apoyos para la obtención de fertilizantes. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que de celeridad a la instalación de Comisiones Ordinarias, y en particular a la de Puntos Constitucionales, a fin de retomar la Reforma Política del Distrito Federal. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción de la Línea tres del Tren Eléctrico del Área Metropolitana de Guadalajara. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Julieta Fernández Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por la que se exhorta a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a diseñar e implementar nuevos programas de financiamiento público destinados a mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

La Presidencia invita a los proponentes de efemérides a entregar a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves diecisiete de septiembre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

ERACLIO ZEPEDA RAMOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al punto de comunicaciones oficiales, pero antes de entrar propiamente al tema, a los asuntos, el diputado Carlos Hernández Mirón, de la bancada del PRD, solicita el uso de la palabra ahí. Con qué objeto, señor diputado.

El diputado Carlos Hernández Mirón(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solamente es con la solicitud para que pueda usted autorizar un minuto de silencio en memoria del escritor, poeta y novelista chiapaneco Eraclio Zepeda Ramos, que falleció el día de hoy y que fuera él miembro del Partido Comunista.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Diego Valente, de la bancada del Verde Ecologista también le ha pedido a usted el uso de la palabra. Con qué objeto. Sonido en la curul del diputado Diego Valente, por favor.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Es con objeto del mismo tema, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Ya nos lo había anunciado también.

Los integrantes de la LXIII Legislatura lamentan la pérdida del destacado escritor chiapaneco, don Eraclio Zepeda Ramos, quien fuera parte de la Academia Mexicana de la Lengua, profesor, corresponsal de prensa, líder político, embajador y secretario de Gobierno de Chiapas. Obtuvo diversos premios por sus obras literarias y su trayectoria, como la medalla conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista en 1980. El premio Javier Villaurrutia por Andando el tiempo, en 1982. Desde 1994 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Fue distinguido con la medalla Belisario Domínguez en el 2014. El Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura, otorgado por la Secretaría de Educación Pública en 2014.Doctor Honoris Causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Intercultural de Chiapas 2015.

Por tanto, atendiendo la petición que se ha formulado por dos de los diputados presentes se invita a los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de don Eraclio Zepeda Ramos.

(Minuto de silencio)

Gracias. El siguiente punto del orden del día es Comunicaciones Oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2015, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 14 de septiembre de 2015.— El subsecretario, Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se informa a la asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta que se apruebe la integración de las comisiones.

INICIATIVAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto, por el que se declara el 26 de septiembre de cada año, Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas, que suscriben los coordinadores de los grupos parlamentarios.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Rodrigo Abdala.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Gracias, presidente. Sobre este tema, primero que nada está a discusión qué tanto o qué tanta facultad tenemos aquí en el órgano legislativo de proponer una iniciativa de decreto, uno.

Dos, cuál es la urgencia de que este tema se someta a urgente resolución cuando nos han turnado la propia iniciativa hace media hora.

No existe ninguna disposición expresa dentro de nuestro Reglamento, ni de nuestra ley, que dispense el trámite de turno a comisiones sobre alguna iniciativa. Es decir, en nada nos abona el actuar de una manera precipitada e irreflexiva.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado. Para ilustrar a la asamblea y en atención a lo que usted formula como preocupación, pido a la Secretaría dé lectura al artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Con Gusto, señor presidente. Artículo 82, numeral 2. Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del pleno sin que se presente el dictamen de comisión respectivo cuando:

1. Se tramite de urgente u obvia resolución.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Rocío Nahle. Sonido en la curul en la que se encuentra ahorita.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente, Morena está haciendo la propuesta para ver si se da lectura hoy, pero que se pueda llevar a cabo votación el martes para discutir dos modificaciones que queremos hacer en la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se trata en este caso concreto de un dictamen, y al mismo tiempo hay que reconocer que se trata de un asunto de enorme importancia para la vida del país y como parte de los trabajos de esta Cámara.

Esta Presidencia tiene la obligación de informar a la asamblea que en términos reglamentarios, numeral 2 del artículo 82 del Reglamento de nuestra Cámara, la iniciativa se inscribió en el orden del día con discusión y votación, tal y como lo propusieron oportunamente los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Por lo tanto, en este sentido el procedimiento no debiera estar a discusión. No procedería razonar el voto, toda vez que la figura no está considerada en la Ley Orgánica ni en el Reglamento.

En todo caso ofrezco registrarlo, como debiera ser el trámite, para hablar en contra –si alguien quiere hablar en contra específicamente– o proponer alguna modificación al proyecto que se estaría sometiendo a la consideración de la asamblea. De nueva cuenta sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Sí presidente. Morena, el planteamiento que está haciendo es para una modificación. Nos entregaron el proyecto de decreto, ya su redacción, ahorita a las 10 de la mañana.

De ahí que estamos solicitando para hacer una modificación. ¿En qué sentido? No es que no se esté de acuerdo en esta fecha, sino para qué. ¿Qué acciones vamos a tomar como Congreso de la Unión una vez que reconozcamos este día cada año, sino como Congreso de la Unión qué seguimiento, qué acciones vamos a tener? En ese sentido va nuestra propuesta de modificación.

Por supuesto que es un tema muy sensible, es un tema en el que estamos comprometidos, pero queremos hacer las cosas con profundidad, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Efectivamente, como usted bien lo señala, diputada Nahle, en el momento procesal oportuno, en los próximos minutos habrá oportunidad de que con apego al Reglamento de la Cámara, se pueda dar curso a las propuestas de modificación.

Debo informar a la asamblea que ya hemos recibido formalmente la propuesta de modificación al texto que ha sido sometido aquí, a la consideración de la plenaria de esta Cámara.

Entonces está registrada –desde luego– su pretensión, y en su momento, ahorita que entremos al punto ya directamente, habrá la oportunidad justamente de presentar las propuestas a consideración de la asamblea. El diputado Rodrigo Abdala.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues(desde la curul): Si, gracias, presidente. Solamente para hacer la aclaración de que el artículo que leyeron hace un momento, se refiere al apartado, y ahí dice “sección cuarta, dictamen”. Este no es un dictamen. Entonces se le está dando un tratamiento que no es; se le está dando un reconocimiento a algo que no es. No es la figura jurídica de dictamen, esta es una iniciativa. Y más allá, no existe ninguna argumentación sólida sobre el asunto. No es un dictamen, esto es una iniciativa. Tendría que turnarse a comisión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le reitero lo contenido en la lectura que ahorita escuchamos del artículo 82, numeral 2, en el sentido de que un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del pleno sin que se presente el dictamen de comisión respectivo, cuando se considere que sea de trámite urgente u obvia resolución. Porque esta Cámara entonces no podría conocer de ningún otro asunto, aunque fuera de urgencia para abordarlo y poderlo discutir sobre la base de una propuesta que se formula y que así lo considera el pleno. Este es el tema, y estamos facultados para ello desde el punto de vista de la Presidencia, de acuerdo con el artículo 82, numeral 2.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Cuitláhuac García. Sonido en la curul del diputado. Ahí está ya.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Sí, presidente. Nuestra insistencia es debido al tiempo con que se nos da a conocer esta iniciativa de decreto. El artículo 97 señala los tiempos para estos casos, y se puedan llevar al pleno en las condiciones en que se nos quiere dar a conocer ahora.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame, porque me está pidiendo la palabra el diputado Ramírez Marín. Sonido en la curul del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Señor presidente, muchas gracias. No deja de llamar la atención que los que tenían prisa, ahora quieren que se retrase. Justamente el proyecto que se circuló hoy a los coordinadores es en base a la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional y que fue prácticamente un compromiso que hoy estamos honrando. Eso es lo que estamos haciendo.

Este acuerdo se circuló en la Junta de Coordinación Política como proyecto el pasado lunes, hoy se circula el definitivo después de haberse recibido las propuestas de los distintos grupos parlamentarios sobre la iniciativa misma presentada por Acción Nacional, y el proyecto que circuló en la Junta de Coordinación Política el pasado lunes, lo que no admite es que se traten temas diferentes al de la iniciativa que es la que se presentó.

El trámite que usted está siguiendo, presidente, es exacto y correcto, y tiene el respaldo de nuestro grupo parlamentario.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Con ello como lo...

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido para la curul de la diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Ahí está, sí. A ver, presidente, tenemos prisa, y la seguimos teniendo. Es un tema que cada día crece y por eso queremos hacerlo bien. Queremos hacer una propuesta de modificación –ya la tiene usted– para que se creé una comisión bicamaral para la atención de víctimas de desaparición forzada. Sí poner el día, estamos totalmente de acuerdo, pero con una acción. Eso es todo. No hay ningún problema. A eso va Morena.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Rodrigo Abdala. Reiterándoles que en el momento procesal oportuno, de acuerdo con el Reglamento y habiendo ya efectivamente recibido una propuesta de modificación de parte de la bancada de Morena, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, se están cumpliendo los aspectos procedimentales conducentes.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues(desde la curul): Claro. Entiendo la importancia de reconocer este tema como un asunto urgente a resolver, eso no está a discusión. Lo que está a discusión es el trámite que le están dando ante este pleno, que es el trámite legislativo. Se le está dando el tratamiento de un dictamen, cuando es una iniciativa. Es un atropello al proceso legislativo. Es justamente lo que estoy diciendo, y no es una cuestión de que ya no tengamos prisa o no.

Prisa tiene todo el país, y en muchos asuntos y aspectos más, no de conmemorar un día que nos duele a todos. Y si lo vamos a hacer de manera violatoria, como lo estamos haciendo ahorita, entonces esto es un mal augurio. Nadie está poniendo a discusión la importancia de reconocer un problema nacional, como es este.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. El punto de vista de la Presidencia, con todo respeto, es el que hemos expuesto aquí, en el sentido de que cualquier asunto puede ser abordado en la soberanía de esta Cámara de Diputados.

Por lo tanto vamos a proceder a que se haga del conocimiento de la asamblea y luego decidiremos si se admite por decisión de la asamblea, como de urgente u obvia resolución y le daremos el curso correspondiente si es que se admite, para la participación y presentación formal ante la plenaria, de las propuestas de modificación que ya se han anunciado por parte de la diputada Rocío Nahle Proceda la Secretaría a darle lectura al proyecto de decreto aludido.

DECLARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, “DÍA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS”

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: «Iniciativa de decreto, por el que se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”, suscrita por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios.

Los suscritos diputados federales, César Camacho Quiroz, Marko Antonio Cortés Mendoza, Francisco Martínez Neri, Jesús Sesma Suárez, José Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Alfredo Valles Mendoza y Alejandro González Murillo, coordinadores de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados, e integrantes de la Junta de Coordinación Política, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Según la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:

“...se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.”

En el combate a esta conducta delictiva los tres poderes de la Unión se han comprometido con el desarrollo y puesta en marcha de políticas y acciones jurídicas que contribuyan a la difusión, aceptación y ejercicio de una amplia cultura en favor de los derechos humanos y de respeto a la ley que permita erradicar de manera definitiva las prácticas criminales y deshumanizadas que concurren en este delito.

A nivel internacional, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación por el aumento de desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas.

Lo anterior dio como resultado la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y la declaración del 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el cual se conmemora a partir del año 2011.

Que durante los últimos 15 años se han ido incrementando los casos de desaparición forzada, siendo de gran impacto social el de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el cual no debe repetirse.

En razón del turno que diera el Pleno de esta soberanía el martes 8 de septiembre, los coordinadores de los grupos parlamentarios, en reunión de la Junta de Coordinación Política del miércoles 9 de septiembre del año en curso, atendiendo a las diversas inquietudes y propuestas presentadas por diversos diputados, y en un acto de solidaridad con los familiares de las víctimas de desaparición forzada en México y con el firme propósito de fortalecer y hacer valer el derecho que tienen las víctimas a la verdad, acordamos la suscripción de la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, y solicitando el consentimiento del Pleno para que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 65, numeral 4, y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, reciba el trámite de urgente u obvia resolución, los suscritos diputados, en representación de los legisladores que integran esta Cámara, sometemos a consideración el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.

Artículo Único. Se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución la iniciativa de decreto, y se somete a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, informo que se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Abdies Pineda Morín –espero que así se pronuncie– del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

El diputado Abdies Pineda Morín: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, Encuentro Social es un instituto político compuesto por ciudadanos que compartimos el interés por un nuevo pacto social para nuestro país, el cual solo podrá ser posible con un gobierno limitado, una sociedad movilizada, el reconocimiento del núcleo familiar y el respeto a la ley y a la dignidad del ser humano.

Esta LXIII Legislatura irrumpimos en la escena política nacional con un enfoque social, con el compromiso de trabajar incansablemente para erradicar la desigualdad y fortalecer nuestro Estado de derecho. En ese sentido es que para los diputados federales de Encuentro Social nos resulta prioritario el respeto y el reconocimiento a la dignidad del ser humano.

La desaparición forzada de personas es uno de los actos más crueles e inhumanos que puede sufrir una persona, pues no sólo se le priva de su libertad, la violencia psicológica que se ejerce sobre la víctima y sus familias, es cruel y deshumanizada.

Es recluido en secreto, rara vez recupera su libertad, por el contrario, la mayoría de las veces se ignora la suerte que ha corrido. Padecen torturas físicas y psicológicas, todo el tiempo teme por su vida y la de su familia, aún en los casos en el que consiguen ser liberados, sufren junto con sus seres queridos de secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Preocupados por esta situación, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas, lo anterior con la finalidad de concientizar a sus Estados miembros y a la comunidad internacional de la necesidad de condenar enérgicamente a los gobiernos que incurren en estas prácticas inhumanas.

En ese sentido, es que los diputados federales de Encuentro Social apoyamos y nos sumamos a la iniciativa propuesta por la Junta de Coordinación Política, para declarar el 26 de septiembre de cada año Día Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, por lo que votaremos a favor de la misma.

El objetivo de la propuesta es concientizar a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno, de la necesidad de combatir y erradicar esta conducta delictiva. Las líneas de acción de los tres Poderes de la Unión en materia de derechos humanos, a nuestro parecer, si bien, no suficientes, tienen el mérito de existir y de representar un reto doble.

Para el Ejecutivo, combatir y perseguir la violación de los mismos. Para el Judicial, aplicar la ley y castigar durante la transgresión de los derechos humanos. Y para el Legislativo, facilitar la labor a través del mejor diseño institucional que podamos lograr como representantes populares.

Esta conmemoración servirá como un acto de solidaridad con las familias de miles de víctimas de desaparecidos forzados en nuestro país, y tiene el firme propósito de servir de recordatorio para fortalecer y hacer valer el derecho que tienen las víctimas y sus familiares de conocer la verdad y que los culpables sean llevados ante la ley.

En Encuentro Social tenemos muy clara la protección y la garantía de los derechos humanos. Es la principal obligación de cualquier gobierno para sus ciudadanos un Estado de derecho fortalecido, donde la violación de los derechos humanos sea solo historia. Es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pineda. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Ángel García Yáñez:Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la desaparición forzada es un delito que debe ser castigado con todo el peso de la ley, sin ambigüedades ni cortapisas.

Es un delito que ofende a la sociedad, sobre todo cuando es cometido por atentes del Estado o miembros de cuerpos de seguridad, quienes traicionan la confianza que la ciudadanía les ha conferido.

Sin lugar a dudas, el 26 de septiembre de 2014 es una fecha emblemática que ha dejado una huella profunda en la historia de nuestro país. La desaparición de 43 estudiantes, de 43 jóvenes que independientemente de sus filias o fobias políticas sufrieron la agresión, hasta donde se desprenden las investigaciones por parte de la policía municipal de Iguala, Guerrero.

A casi un año de estos hechos lamentables, poco o nada sabemos al respecto. El día de ayer la procuradora general de la República confirmó la identificación genética de los restos encontrados en el río, de un segundo estudiante, situación que lamentamos profundamente por el dolor que han de sentir en estos momentos sus familias y amigos.

En Nueva Alianza somos respetuosos de la ley, por lo que atendemos que la indagatoria sigue en proceso y no podemos ni debemos asumir ningún resultado como definitivo hasta que la autoridad judicial así lo considere.

Hasta ahora, los elementos aportados por la autoridad ministerial dejan dudas, a la luz de la investigación realizada de manera independiente por un grupo de expertos que conformó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sabemos que la PGR ha decidido considerar el informe de los expertos como parte de la investigación, incluso planteando un nuevo peritaje.

En este contexto reconocemos la voluntad política de todos los grupos parlamentarios para analizar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre como Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Si bien desde el año 2011 se conmemora el Día Internacional de Víctimas en Desaparición Forzada, cada 30 de agosto, es importante establecer una fecha nacional por las miles de víctimas de desaparición forzada y sus familias que en últimos años han incrementado.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, apoyará esta propuesta planteada por la Junta de Coordinación Política, porque es necesario dejar plasmada esta fecha como recordatorio para el Estado mexicano que debe cumplir con el combate a este delito que daña el tejido social.

La desaparición forzada de personas es uno de los actos más deleznables que pueda cometer un gobierno, porque su comisión implica la traición del gobierno a sus agentes, en contra de quienes han jurado defender y proteger. Nada es tan violatorio de los derechos humanos como el abuso por parte de la autoridad, quien detenta ese exclusivo de la fuerza es perjuicio de la ciudadanía.

Por otro lado, no menos importante está la tragedia humana de familias y seres queridos, que al desconocer el paradero de alguien amado, perpetua el sufrimiento de no poder encontrar consuelo, hasta no tener certeza o un lugar donde llorar sus restos.

¿Por qué conmemorar el Día Nacional en contra de la Desaparición Forzada de Personas? Para Nueva Alianza es importante para que no olvidemos lo ocurrido hace un año en Guerrero. Las enseñanzas de un acontecimiento tan trágico como lo ocurrido en Iguala, la madrugada del 26 de septiembre de 2014 implicaron un despertar ciudadano en contra de la corrupción y la impunidad.

Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza nos sumamos a esta propuesta porque es un deber político y ético que reafirma nuestros compromisos con los derechos humanos y el estado de derecho.

Debemos reconocer que como representantes de la nación debemos ir más allá de este planteamiento. Nuestra obligación es legislar para reforzar los mecanismos que inhiban la comisión de este tipo de delitos.

Recordemos que por mandato constitucional tenemos la facultad de expedir la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas. Dicha obligación vence el próximo 10 de enero de 2016, situación que debemos apremiar para que en un periodo ordinario de sesiones aprobemos esta ley. Sólo de esa forma estaremos cumpliendo con el mandato popular a favor de los derechos humanos y el imperio de la ley. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La desaparición forzada se ha convertido en un fenómeno preocupante en la vida pública de México en una de las más lacerantes amenazas para la dignidad y la integridad de las personas. Ya lo ha dicho el relator contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas: La desaparición forzada de personas es un problema generalizado en nuestro país.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que no podemos aspirar a construir un país viable y un Estado a la altura de los mexicanos si no existe un respeto integral por los derechos humanos, si no se protege la dignidad de las personas, si no podemos garantizar el acceso a la justicia.

El primer paso para enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas, como tantos otros que lastiman los derechos humanos, es reconocer la dimensión del problema. Es aceptar que tenemos un problema grave en nuestro país que cada día socava el estado de derecho y la integridad de las personas.

Uno de los episodios más lamentables en historias de agravios a los derechos humanos es el caso Ayotzinapa, que ha sido atendido desde distintas ópticas por esta Cámara de Diputados en los últimos días. Por ello celebramos que a través de este proyecto de decreto se reconozca la problemática de las desapariciones forzadas y se enmarque en el trágico aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Estas medidas conmemorativas ayudan a no olvidar y a no perder de vista la dimensión de la problemática.

Contar con un día nacional contra la desaparición forzada de personas, justamente en el aniversario de Ayotzinapa, representa un reconocimiento a los graves problemas que hoy enfrenta nuestro país en materia de derechos humanos.

En la bancada de los ciudadanos creemos que debemos ir más adelante, que llegó el momento de construir una legislación de avanzada en materia de desapariciones forzadas, no sólo por la obligación que tenemos a raíz de la reforma del artículo 79 constitucional, recientemente aprobada, y que faculta al Congreso de la Unión para emitir la legislación general en materia de desapariciones forzadas, sino porque debemos pagar la deuda que México tiene con la defensa y protección de los derechos humanos, porque tenemos que honrar a las víctimas de este fenómeno, porque tenemos que construir un Estado de derecho en donde efectivamente se protejan los derechos, la integridad y la vida de las personas.

En la discusión que próximamente dará esta Cámara de Diputados para emitir la legislación en materia de desapariciones forzadas, Movimiento Ciudadano impulsará los siguientes puntos:

Una definición del delito apegada a los tratados internacionales; que sea considerado un delito grave con penas significativas; que se considere como sujetos activos a los servidores públicos, así como a cualquier persona que no forme parte del gobierno pero ayude en la comisión de estos ilícitos; que existan responsabilidades superiores jerárquicos; que se consideren agravantes cuando las víctimas sean niños, mujeres, grupos vulnerables, migrantes o indígenas; que se garantice el derecho de reparación integral de las víctimas, que se incluyan procedimientos de búsqueda de las personas desaparecidas; que se cree el registro nacional de personas desaparecidas; y que existan protocolos de investigación para iniciar procedimientos sin demora.

Por ello en este mismo contexto los diputados ciudadanos ya hemos anunciado la propuesta para crear la comisión de la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con lo que queremos que se garantice el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a las víctimas.

Hoy hacemos eco de lo que se ha dicho por las diversas fuerzas políticas. No debemos dejar en la lucha para que este Congreso haga realmente su trabajo, debemos actuar de inmediato y no importa si se hacen más comisiones, o lo que se tenga que hacer para que este Congreso cumpla con su responsabilidad histórica.

Todos los esfuerzos para esclarecer el caso Ayotzinapa y dignificar a las víctimas, deben ser bienvenidos, pero no serán suficientes mientras no contemos con los instrumentos necesarios para evitar que estos hechos se repitan, para evitar también que se siga atentando contra la dignidad de las personas, ése es el reto que tenemos en esta Cámara de Diputados y por lo que seguiremos luchando desde Movimiento Ciudadano. Es cuanto presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Con su permiso. Buenas tardes diputados, diputadas. Que nadie se confunda, Morena considera que la desaparición forzada no es un problema, es una tragedia nacional, y así lo viven los familiares de los desaparecidos, de los 62 mil desaparecidos que hay a lo largo de los últimos años en nuestro país.

No tenemos que olvidar eso, pero que si olvidamos eso, nos vamos a tratar de circunscribir a los 43, que es muy doloroso ya. Eso ha permitido visibilizar un poco más. Morena no está pidiendo otra cosa que apegarse al reglamento, no hacer cosas que luego pueden causar problemas cuando se traten otros problemas. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se respete el reglamento y que haya un dictamen, que haya comisiones. Todavía hay tiempo, es un asunto importantísimo para el país, todavía hay tiempo para que la Junta de Coordinación Política discuta la propuesta que está haciendo Morena, de adición.

Miren ustedes, si sólo se queda un día, el 26 de septiembre, en contra de la desaparición forzada de personas, es una ofensa para los familiares y los amigos de los desaparecidos que tienen años luchando, eso va a ser una afrenta para toda la sociedad civil, que tiene años luchando contra esta tragedia nacional.

Además, solo podría pensarse que solo es para que el gobierno diga que hace algo, algo por Ayotzinapa. Si lo dejamos solo así se va a invisibilizar la dimensión de la tragedia, es una falta de respeto –insisto– para los padres y amigos de los desaparecidos. Somos el Poder Legislativo. Somos, de acuerdo a la división de poderes, el contrapeso del Poder Ejecutivo.

Tenemos que ir más allá, tenemos que realizar acciones muy concretas. Por eso Morena está pidiendo que se creé además la comisión bicameral para que se investigue todos los casos de desaparición forzada, los 62 mil casos de desaparición, que ahí están las madres, ahí están los amigos, los hermanos, pugnando, gritando por justicia. A eso tenemos que ser sensibles, por eso tenemos que comportarnos a la altura.

Somos el Poder Legislativo y, en ese sentido, no tenemos que hacer cosas urgentes como la que se está haciendo sin discusión en la Junta de Coordinación Política. Estamos proponiendo entonces la adición al artículo único un segundo artículo, que espero que sean sensibles para ir más allá y no solamente un día, que es circunscribirlo Ayotzinapa. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, del Partido Verde Ecologista.

La diputada Sasil Dora Luz de León Villard: Con la venia de la Presidencia. La desaparición forzada constituye una clara violación de los derechos humanos y es una práctica aberrante que no puede tener cabida en un Estado democrático y de derecho como el nuestro, cuyas instituciones y normas jurídicas se encuentran obligadas a garantizar el pleno ejercicio de las libertades fundamentales de las personas.

Si bien las desapariciones forzadas en el pasado fueron principalmente obra de dictaduras militares, hoy en día diferentes naciones experimentan situaciones complejas derivadas de los conflictos internos que enfrenten, las cuales propician para la proliferación de este fenómeno especialmente como método de represión política.

En el caso de nuestro país el poder corruptor del crimen organizado, cuyos tentáculos lamentablemente han alcanzado a gobiernos de todos niveles, ha propiciado el incremento de desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del territorio nacional.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuya desaparición nos ha indignado y conmovido a todos los mexicanos, acapara toda la atención en cuanto a esta materia. Sin embargo, no solo nos faltan 43; nos faltan miles y miles de mexicanos en cuya desaparición han participado tanto criminales declarados como delincuentes que se esconden tras el disfraz de servidores públicos, como sucedió en Iguala con la familia Abarca y sus cómplices.

La iniciativa que hoy está a nuestra consideración para declarar el 26 de septiembre como Día Nacional en contra de la Desaparición Forzada de Personas, es como se señala en la exposición de motivos, un acto de solidaridad con las víctimas y los familiares de los responsables hechos acontecidos en Iguala y Cocula el año pasado, pero es también el mensaje claro de que el Poder Legislativo comparte el dolor, la angustia y la indignación que sufren los familiares de los demás desaparecidos de nuestro país, y se compromete a trabajar decididamente para que nuestro marco jurídico cuente, a la brevedad, con una ley general en la materia, ley general que el Congreso de la Unión está obligado a expedir por mandato constitucional y que habrá de regular lo relativo a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada, así como la búsqueda y situación legal de las personas no localizadas.

Del mismo modo, se deberá establecer un sistema efectivo de localización de personas, pues en los momentos de mayor zozobra para los familiares es fundamental tener la confianza de recurrir a un sistema de información que permita iniciar las acciones de búsqueda de manera ordenada y coordinada durante las primeras horas que suceden a la desaparición.

Igualmente, dicha legislación deberá tutelar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas, porque si bien la víctima directa es quien sufre las mayores afectaciones en su integridad física, psicológica, su libertad y su dignidad, lo cierto es que esta clase de delitos impacta de manera brutal a los padres, hermanos, hijos e hijas de las víctimas, pues la incertidumbre de no saber qué sucede con un ser querido afecta a su salud y su estabilidad en todo sentido.

Sirva entonces esta declaración como refrendo del compromiso del Poder Legislativo para combatir la desaparición forzada de nuestro país, para también como preámbulo del intenso trabajo que aún habremos de realizar para evitar que los casos como el de Iguala se vuelvan a repetir.

Para el Estado mexicano hoy, más que nunca, debe ser prioridad asegurar el respeto, la promoción y la defensa de todos los seres humanos y sus derechos, en México especialmente el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, de la libertad, el derecho a un juicio imparcial, con estricto respeto a las garantías judiciales y el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas.

Sin embargo, consideramos pertinente señalar que el compromiso de actualizar el marco jurídico debe prevenir y sancionar eficazmente estas conductas que atentan tan gravemente en contra de la dignidad de los seres humanos. Existe incluso desde antes del 26 de septiembre del año pasado, pues este se estableció en el Pacto por México.

Asimismo se debe recordar que el día 22 de octubre del 2013, el presidente de la República envió al Senado una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal en materia de desaparición forzada, con el objeto de tipificar adecuadamente el delito, de acuerdo a lo que marcan los estándares internacionales, lo cual demuestra que el actual gobierno de la República tiene un serio compromiso con la prevención, sanción y erradicación definitiva de la desaparición forzada.

Finalmente, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos justo reconocer los esfuerzos que se han venido realizando para establecer lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuya desaparición lamentablemente ha sido utilizada como bandera política, lo cual en nada contribuye a encontrar la verdad que reclaman tanto sus familiares como la opinión pública nacional e internacional.

Por lo anterior, las y los legisladores del Partido Verde Ecologista votaremos a favor del presente decreto. Es cuanto, señora presidenta, gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, quiero manifestar que apoyamos totalmente la propuesta de avanzar a la conformación una Comisión Bicameral para abordar la grave problemática de la desaparición forzada en nuestro país.

Esta comisión sin duda tendrá que tener como prioridad, para el Legislativo, que se implementen, escuchen todas las recomendaciones realizadas, en recientes días pero de manera permanente, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y apenas hace un par de días, por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU.

La envergadura de esta propuesta nos lleva a buscar la modificación de la Ley Orgánica del Congreso General, cuya aprobación, con voluntad de todos los grupos parlamentarios, se puede realizar de manera expedita. Debemos de responder con responsabilidad plena a esta encomienda, para dar certeza, solidaridad y respuesta contundente a las víctimas y sus familias.

Sobre el decreto que hoy nos ocupa, es de especial relevancia para la vida pública de nuestro país, constituye el primero de muchos pasos que se tendrán que dar para lograr la reconciliación nacional.

Es el reconocimiento del Estado mexicano, de su responsabilidad para con las víctimas de desaparición forzada, emblemáticamente con un acontecimiento doloroso e indignante, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, cuyo destino aún se encuentra perdido en la obscuridad de aquella terrible noche.

No es, sin embargo, el único paso que debemos dar. Es indispensable que conozcamos la verdad de lo ocurrido, procesar a los responsables, garantizar justicia a todas las víctimas directas e indirectas, pero también es imprescindible que aquellos funcionarios que realizaron y realizan su trabajo mal, asuman las responsabilidades civiles y penales de cara a la sociedad y frente a los familiares.

Los expertos del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, han presentado, hace un par de días, recomendaciones al gobierno mexicano, recomendaciones que tienen un seguimiento desde 2011 y parecen encontrarse en el mismo sitio.

Las recomendaciones fundamentales que ha realizado este grupo no han sido implementadas y peor aún, la situación se ha deteriorado más desde su visita reciente en 2011.

Coincidiendo con el Comité contra la Desaparición Forzada se puede hablar de una continua y generalizada crisis de desaparición en el territorio mexicano. Muchas de éstas se pueden catalogar como forzadas.

Resulta fundamental que comencemos por reconocer que el Estado mexicano ha olvidado su compromiso con los derechos humanos y la justicia social para convertirse, en muchos casos, en una agrupación de intereses, funcionarios corruptos y por desgracia, cómplices de la delincuencia organizada.

Es indispensable trabajar para lograr la rápida incorporación de las disposiciones de los instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma en la legislación federal y del Estado, y lograr la armonización del sistema nacional de justicia penal y la legislación con las reformar constitucionales en materia de derechos humanos.

Debemos encaminar nuestros esfuerzos hacia el desarrollo de un protocolo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, y que garantice a las víctimas la seguridad de la no re victimización, con el fin de disminuir los altísimos índices de impunidad que en la actualidad rondan el 98 por ciento.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actualmente solo del 1 por ciento al 2 por ciento de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias. Sin embargo, sigue siendo motivo de profunda preocupación que en muchos de estos casos de homicidio, al parecer no se hayan formulados cargos o no haya habido investigaciones prontas y exhaustivas para la consiguiente impunidad aparente.

Es necesario y urgente, en consecuencia, no solo replantearnos una aproximación al tema de Ayotzinapa sino a cómo garantizamos los derechos a todas y todos los mexicanos. Cómo hacemos posible garantizar la verdad y justicia para este México que nos lo reclama.

Señalar el 26 de septiembre como día nacional contra la desaparición forzada de personas es una obligación, pero también es un compromiso para que nunca, nunca más haya otro Ayotzinapa. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra el Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, a través del diputado José Hernán Cortés Berumen.

El diputado José Hernán Cortés Berumen:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, México no pide más verdades históricas. México merece solamente la verdad. Desde que se conocieron los lamentables acontecimientos en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, Acción Nacional ha expresado nítidamente su posicionamiento sobre estos lamentables hechos. El día de hoy, a casi un año de los terribles hechos que cimbraron a todo el país, esta Cámara de Diputados asume una importante responsabilidad con la historia, que sin duda será necesario recordarla para no repetirla.

Se trató de un hecho verdaderamente abominable, que despertó el descontento, la tristeza y el luto en todo el país, así como la solidaridad nacional e internacional con decenas de familias que hoy sufren esta lamentable situación.

Acción Nacional, quiere que el 26 de septiembre de cada año, México recuerde el pesar de los desaparecidos, de los ausentes, de las familias incompletas, de los hijos, de los hermanos y los padres que lloran sin lugar la pérdida de un familiar.

Expresamos que se debe aplicar la justicia de manera expedita, objetiva, imparcial y que se concrete en una investigación seria, eficaz y profunda por parte de las autoridades, castigando tanto a los culpables materiales, como a quienes dieron las órdenes de estos asesinatos y desapariciones forzadas, lamentablemente hasta el día de hoy esto no ha ocurrido.

Basta con mencionar que en días pasados el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que el gobierno de México no llevó a cabo una investigación profunda de los hechos en Iguala, e incluso sugieren que hubo quienes obstruyeron de forma dolosa dicha investigación.

A ello se suman los informes emitidos por Amnistía Internacional, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, entre otros, así como diversas investigaciones de algunos medios de investigación que han denunciado una situación crítica de derechos humanos en nuestro país y han documentado la impunidad, la complicidad, las carencias y deficiencias de diversas autoridades tanto federales, estatales y municipales en los temas de desaparición forzada, tortura y abusos en contra de los ciudadanos.

Aclaro que Acción Nacional no está en contra de la integración de una comisión bicamaral, pero es necesario arroparlo jurídicamente para que tenga la eficiencia y la contundencia deseada.

El Día Contra la Desaparición Forzada, que se convertirá a partir de hoy en un día nacional, honrará la memoria de los que se han quedado sin voz ante las arbitrariedades del Estado.

El 26 de septiembre será el día de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero también por los desaparecidos en Guerrero, en Oaxaca, en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y por los cientos de personas en todos los estados de la República mexicana, de las que hoy desconocemos su destino.

Los diputados del PAN insistimos, primero, en la necesidad de concretar la legislación en materia de desaparición forzada como un instrumento que haga que el gobierno reconozca la problemática que hasta hoy se pretende ocultar o negar, por la sinrazón del Estado.

Segundo y más importante, para que el ciudadano no quede en la indefensión ante estos actos. Está claro que este Congreso de la Unión está obligado a sacar adelante la ley general que permita castigar estos crímenes, pero la ley deberá, por obligación moral, por coherencia, por ética, por compromiso y por responsabilidad, escuchar a los familiares de las víctimas quienes deberán en todo momento acompañar la construcción de este instrumento legal que permita sanear, en la medida de lo posible, un poco de la profunda herida que el Estado les ha provocado.

También es cierto que los estados se encuentran a la espera de esta legislación que pueda dictar este honorable Congreso de la Unión, para partir de una base sólida en el combate de este tipo de actos.

Ya decía Carlos Castillo Peraza que son las tiranías las que hacen listas de indeseables que rápidamente se transformar en ejecutables. ¿Quiénes son estos indeseables, los que critican al gobierno, los que estorban, los que tienen otra ideología, o serán los que claman justicia?

La desaparición forzada de personas es un acto abominable. Ningún régimen que se precie de democrático puede permitirse que haya ciudadanos desaparecidos por razones desconocidas o por mantener, según algunos, la seguridad del propio Estado.

La obligación primordial del Estado es la seguridad de los ciudadanos. Hoy, ante esta obligación, el Estado mexicano lamentablemente está en deuda. El gobierno mantiene la negación sistemática y oculta las verdades sobre la desaparición forzada.

Es momento de brindar garantías a todos y cada uno de los ciudadanos que no hayan tenido algún ejercicio o intervención de mera justicia.

Por todas estas razones en este día, por duelo, por el tributo, por la memoria, por Rosendo Radilla, por los 43 de Ayotzinapa, por México, los queremos vivos y los queremos de vuelta.

Aquí soy sólo yo el porta voz de lo que están exigiendo en cada rincón de la República mexicana; queremos justicia y queremos justicia para todos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Damos la más cordial de las bienvenidas a este recinto a los invitados provenientes del municipio de Toluca, del estado de México, invitador por la diputada Martha Hilda González Calderón.

Ahora tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda:Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, por mi conducto la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de manera incondicional y de manera precisa, apoya esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año día nacional contra la desaparición forzada de personas.

Y esta –compañeras y compañeros– es una convicción de nuestra fracción parlamentaria, como lo comentamos en la pasada sesión del 8 de septiembre, donde pudimos, a través de algunos posicionamientos de nuestros oradores, dejar muy claro de que estamos comprometidos con los derechos humanos, de que estamos comprometidos con que las leyes se perfeccionen para garantizar los derechos de los ciudadanos en este país.

Por esa razón, y habiéndose hecho un turno al pleno de esta soberanía el martes 8 de septiembre, los coordinadores de los grupos parlamentarios en reunión de Junta de Coordinación Política el miércoles 9 de septiembre de este mismo año, atendieron las diversas inquietudes y propuestas de diputadas y diputados de esta honorable Cámara de Diputados, con el fin de que un punto de acuerdo con estas características pudiera darle salida a esas inquietudes, y que los familiares de las víctimas desaparecidas forzadas en México y con el firme propósito de fortalecer y hacer valer el estado de derecho que tienen esas víctimas, pudieran tener una garantía mejor desde el punto de vista de acuerdos de las diferentes fracciones parlamentarias.

Es así como se llega a este punto de acuerdo, que el día de hoy venimos, en su mayoría, a tener mayores encuentros que desencuentros. Hemos escuchado diversas opiniones de quien me han antecedido en la palabra con propuestas muy respetables, muy respetables pero que tendremos que ver si tenemos los alcances como Cámara de Diputados para hacer la propuesta de tener comisiones que tengan características, por ejemplo, como bicamerales.

En este sentido pues tendríamos que preguntarle a la Cámara de Senadores si efectivamente estaría en condiciones de crear o no una comisión bicamaral, con estas características.

Por ello es importante que nosotros veamos desde el punto de vista de lo que refuerza y lo que tiene que ver el día que estamos hoy dándole mayor importancia como día 26 de septiembre, que será conmemorado y no solamente el recordar el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas.

Tenemos que ir más allá, tenemos que buscar que no solamente se recuerde el día 26 de septiembre un solo hecho, sino muchos hechos que han resultado no solamente en nuestro país, sino en muchos países y donde organismos internacionales han hecho recomendaciones precisas a muchos países para que mejoren sus condiciones legales internas de sus países para poder tener mejores condiciones, derechos humanos en cada uno de ellos.

Por esa razón, aquí se ha hablado también en esta tribuna de mejorar y hacer leyes que signifiquen y que aborden diferentes dimensiones de esta problemática, que en ellas se amplíen el concepto, desde luego, de que son las personas desaparecidas para que sea reconocido como un sujeto de derecho. También la ley debe de atender la desaparición de personas aun cuando no sean eminentemente mexicanos, sino que también sean extranjeros.

Por esa razón es muy importante y atendible lo que hemos escuchado de algunas propuestas, que en su momento tendrán su debate por las diferentes fracciones parlamentarias, pero que en este momento lo importante es que hemos coincidido con que tenemos que conmemorar un día, así como el 30 de marzo es el Día Internacional de la desaparición forzosa.

Aquí en México, en nuestro país, ahora con mucho orgullo estamos coincidiendo todas las fracciones parlamentarias, en que debemos de crear el 26 de septiembre como un día que nos una en los propósitos, como un día que nos una en los objetivos de lo que debemos de ser en un futuro más cercano para nuestro país.

Por esa razón consideramos, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que no podemos ser indiferentes ante tales hechos, que debemos reforzar el tema de los derechos humanos legislando en esta Cámara de Diputados, que debemos reforzar las acciones y las recomendaciones que tengamos que hacer a cualquier nivel de gobierno, porque hay disposición y se ha mostrado toda la voluntad política para seguir en cada una de las investigaciones, haciendo lo necesario por encontrar la verdad.

Por esa razón el día de hoy la fracción parlamentaria del PRI decide apoyar esta propuestas y estamos comprometidos con los derechos humanos, con el mejoramiento de la legislación, para que este tema cada día sea mejor y cada día en México tengamos menos víctimas que estar señalando en ninguna instancia de gobierno. El día de hoy tenemos, la fracción parlamentaria del PRI, el gusto de decirles por mi conducto que apoyaremos irrestrictamente esta iniciativa de proyecto que hoy se presenta. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado.

Concluida la fijación de las posturas queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones de una delegación de diputados de la Cámara de representantes de la República de Indonesia, encabezada por su vicepresidente el doctor Agus Hermanto, la que ha realizado una visita de cortesía a la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva. Sean ustedes bienvenidos. La Cámara de Diputados del Congreso mexicano les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y los lazos de amistad entre ambas naciones.

Está ahora a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por lo que tiene la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, de la fracción parlamentaria de Morena para presentar una propuesta de modificación el proyecto de decreto.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados, preguntaría primero si alguno de ustedes tiene algún familiar desaparecido. Una diputada alza la mano, aquí hay otra diputada también que alza la mano. Vemos que es un problema que nos afecta a todos, no solamente a los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

Aquí los grupos parlamentarios han acotado y han establecido su compromiso con este delito, con este grave delito, sin embargo no damos un paso más para acompañar a las víctimas de desaparición forzada.

Miguel Arenas Durán, Nuevo León; René Niño Salazar, Chihuahua; Celia Yoloztli Macías Martínez, Nuevo León; Silvia Estefanía Sánchez, Coahuila; Edmundo Reyes Amaya, Distrito Federal; Mario Eduardo Arce Rodríguez, Baja California. Ellos y miles más están desaparecidos.

Todas las mañanas sus familiares entran en la zozobra si podrán encontrarlos, entran en la zozobra si la autoridad ministerial, el juez podrá actuar con imparcialidad y legalidad para buscar justicia. Entran en la zozobra si la policía judicial o ministerial encontrará a sus familiares. Tienen la esperanza.

Muchos de ellos han caminado no un día, llevan años buscando a sus familiares, llevan años clamando justicia que no han encontrado en el Ejecutivo federal a pesar de que hay leyes que dan pauta para que el Ejecutivo cumpla con esa encomienda de buscar justicia y encontrar vivos a los familiares desaparecidos.

Tenemos la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, publicada en el Diario Oficial del 17 de abril; la Ley General de Víctimas que el propio Peña Nieto recibió y mandó al Congreso, y el Congreso aprobó, que no funciona, que no atiende la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Ello nos exige un compromiso más, todos los grupos concuerdan en que hay que darle atención y se solidarizan.

La propuesta que presentamos es muy simple, se añade un artículo Segundo, que crea la Comisión Bicamaral para la atención de víctimas de desaparición forzada. Se añade un transitorio, que establece que la Comisión Bicamaral para la atención de víctimas de desaparición forzada de personas presentará su plan de trabajo dentro de los ocho días naturales siguientes a su instalación.

¿Es viable la comisión? Es viable. Es viable y de ello pueden dar testimonios la diputada Marcela Salas, el diputado Enrique Jackson Ramírez, que se encuentran en esta legislatura.

La diputada Marcela González Salas era presidenta de la Mesa Directiva. En el Diario Oficial de la Federación, se publicó el 16 de junio de 2006, la creación de una comisión bicamaral, ¿para qué? Para el año del bicentenario. Ese decreto fue aprobado sin ningún problema legal, sin ninguna objeción y, además, se estableció dentro de sus transitorios que la comisión organizadora expedirá y publicará su reglamento entre los seis meses siguientes a la entrada en vigor en el presente decreto y que el Ejecutivo federal proveerá los medios presupuestarios necesarios para el cumplimiento del presente decreto.

Impedimento legal para esta comisión no existe, impedimento político sí, porque se habla de desaparición forzada, pero preguntaría, ¿Cuántas sentencias han llevado a los responsables a la cárcel? ¿Cuántas sentencias han reparado el daño de las víctimas y sus familiares? De eso no da cuenta el Poder Ejecutivo, no hay sentencias, no hay presos por desaparición forzada, hay impunidad. Exijo y les pido a ustedes que den un paso más en su compromiso con sus electores.

Y para ello solicito a la Mesa Directiva que tome votación nominal de mi propuesta para dar cuenta y dar cara a los ciudadanos que nos eligieron como legisladores. Debemos dar cuenta cuando andemos en la calle y enfrentemos a los familiares víctimas de la desaparición forzada.

El marco legal existe, la voluntad política queda en todos y cada uno de ustedes. La voluntad y el compromiso con los ciudadanos que nos claman justicia queda en este Congreso, queda en esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el Grupo Parlamentario de Morena. Procede en votación económica y solo si hubiera una diferencia o duda procedería la votación nominal. Consulte la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se desecha. Ahora tiene la palabra para hablar sobre el proyecto de decreto, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:¿Para qué objeto, diputado Vidal? Sonido a la curul, por favor.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Compañeras diputadas, compañeros diputados...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Permítame, por favor, para escuchar al diputado Vidal.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): La petición de votación nominal se hizo en tiempo y forma y por escrito. Entonces, tuvo que haber sido una votación nominal.

Se hizo en tribuna y por lo tanto tuvo que haber dado lugar a una votación nominal, no a consideración de la Presidencia de la Mesa, sino como se hizo, con las atribuciones que tenemos de pedirlas, tuvo que haber sido una votación nominal y esta no se efectúo.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Le preciso que el artículo 139 establece que las votaciones nominales o por sistema electrónico se verificarán cuando, fracción V, persista duda del resultado de una votación económica aun cuando esta se haya repetido o sea impugnada por un grupo a través de su coordinador o por la Secretaría. Y así actúo la Presidencia. Tiene la palabra el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, adelante, por favor.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:En México la violación masiva a los derechos humanos es un crimen cotidiano y el Estado está implicado en él. La forma como se ha enfrentado la investigación de los 43 desaparecidos por parte de la Procuraduría, no solamente no es creíble, sino es, incluso, motivo de burla de la mayoría de la población de nuestro país.

Acaban nuevamente de decir que ya se identificó el ADN de un estudiante más de los asesinados y cremados en Cocula. No dice la procuradora que los padres de familia se niegan a reconocer rotundamente que eso sea verdad. Es falso.

Esta complicidad del Estado en un tema que ha despertado la indignación mundial es parte del problema que tendríamos que atacar ahora aquí. Porque si tenemos un día contra la desaparición forzada, parecería que estamos simplemente dándole la vuelta a un conflicto que tiene como víctimas a decenas de miles de mexicanos.

Lo que los muchachos de Ayotzinapa hicieron fue darle nombre y apellido a un problema que alcanza grados de violación de derechos de la humanidad. Ellos dieron su nombre sin saberlo, su nombre y su apellido. Y a partir de eso nos preocupamos por ellos tan solo, ¿y las demás decenas de miles de desaparecidos? ¿En dónde queda la autoridad y la responsabilidad del Estado en este crimen masivo que cotidianamente vivimos?

Cuando nos propusimos apoyar la propuesta de hoy implicamos también la posibilidad de que se discuta aun más a fondo cómo ha de aplicarse este decreto.

Lamento que la asamblea haya votado en contra de nuestra propuesta, porque entonces el riesgo de que el día contra la desaparición forzada se convierta en el mero día de la memoria frustrada que se complica, se hace cómplice de los crímenes de Estado. Gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene también la palabra, para hablar sobre el proyecto de decreto, el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez:Morena está porque se asuma el día de desaparición forzada, en efecto. Pero no como una efeméride que pretenda lapidar el caso de Ayotzinapa y otros tantos casos más, sino que obligue al Estado a rendir cuentas sobre la pésima procuración de justicia en este y otros tantos casos, de este y otros gobiernos.

¿O acaso vamos a echar en la bolsa del olvido la justicia que se les debe a los más de 26 mil desaparecidos durante el gobierno del sexenio pasado? ¿O acaso, y si quieren datos particulares, también acaso vamos a olvidar los dos periodistas desaparecidos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz? ¿O los 9 mil 384 desaparecidos en los 22 meses del gobierno actual? De qué nos serviría marcar un día en el calendario si no se corresponde con acciones de justicia todos los días. Sería una hipocresía de parte de quienes la proponen y la votan, si no, al mismo tiempo, agregamos otras medidas.

Quieren un día memorable. Quieren un día que recordemos en la fecha del calendario, ese día es el día en que se haga justicia a esas víctimas, por eso nuestra propuesta. Morena está agregando la creación de una comisión bicameral, que investigue, que exija al Ejecutivo, a los ejecutivos de los gobiernos culpables, a los que administraron la justicia en los casos donde ahora se sabe resultaron puras mentiras. Por eso, insistimos, en que un día así puesto en el calendario no va a cambiar mucho. Gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra, el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Declino mi participación.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Anuncia también que declina su participación. Por lo tanto, agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutida.

Por lo tanto se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. De viva voz, empezando por el lado derecho de esta Presidencia. Esta Presidencia les pide a las diputadas y diputados, que al emitir su voto mencionen su nombre, partido y el sentido de su voto. La diputada secretaria Ana Guadalupe Perea Santos, estará por la afirmativa y el diputado secretario Ramón Bañuelos Arámbula, por la negativa.

El diputado Carlos Alberto De la Fuente Flores (desde la curul): Carlos de la Fuente, Justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Ulises Ramírez Núñez (desde la curul): Ulises Ramírez, a favor.

El diputado René Mandujano Tinajero (desde la curul): Rene Mandujano Tinajero, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (desde la curul): Gerardo Cuanalo, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (desde la curul): Enríquez Vanderkam, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte (desde la curul): Marco Antonio Gama, Partido Acción Nacional, a favor.

El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (desde la curul): Agustín Rodríguez, Partido Acción Nacional, justicia para desaparecidos, a favor.

El diputado Pedro Garza Treviño (desde la curul): Pedro Garza Treviño, Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado José Bernardo Quezada Salas (desde la curul): Bernardo Quezada Salas, Nueva Alianza, a favor.

La diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo (desde la curul): María Luisa Gutiérrez Santoyo, Nueva Alianza, a favor.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (desde la curul): Hugo Cabrera, Grupo Parlamentario del PRI, a favor.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola (desde la curul): Braulio Mario Guerra, Grupo Parlamentario del PRI, a favor.

El diputado Fernando Navarrete Pérez (desde la curul): Fernando Navarrete, Revolucionario Institucional, a favor.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Partido de la Revolución Democrática, Maricela Contreras Julián a favor por los desaparecidos de este país y sus familias.

La diputada Lluvia Flores Sonduk (desde la curul): Lluvia Flores Sonduk, PRD, justicia para los desaparecidos, a favor.

La diputada Karen Orney Ramírez Peralta (desde la curul): Karen Ramírez, PRD, a favor.

El diputado Norberto Antonio Martínez Soto (desde la curul): Norberto Martínez, justicia, a favor.

La diputada Araceli Saucedo Reyes (desde la curul): Araceli Saucedo Reyes, a favor.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza (desde la curul): Partido de la Revolución Democrática, Ángel Alanís, por un principio elemental de justicia, a favor.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Partido Morena, a favor, con nuestras reservas.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Xochitl Hernández, a favor, con nuestras reservas.

El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier (desde la curul): Sergio Gómez Olivier, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Enrique Cambranis Torres (desde la curul): Enrique Cambranis, justicia para todos los desaparecidos, del PAN, a favor.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Carlos Bello Otero (desde la curul): Carlos Bello, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado César Augusto Rendón García (desde la curul): César Augusto Rendón, Partido Acción Nacional, a favor.

La diputada Alejandra Gutiérrez Campos (desde la curul): Alejandra Gutiérrez Campos, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): María Verónica Agundis Estrada, Partido Acción Nacional, va por Mony y por toda su familia, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Miguel Ángel Huepa Pérez (desde la curul): Miguel Ángel Huepa Pérez, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Wenceslao Martínez Santos (desde la curul): Wenceslao Martínez Santos, del Partido Acción Nacional, en justicia para todos los desaparecidos, a favor.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (desde la curul): María Eugenia Ocampo Bedolla, Partido Nueva Alianza, a favor.

La diputada Angélica Reyes Ávila (desde la curul): Angélica Reyes Ávila, Partido Nueva Alianza, a favor.

El diputado Próspero Manuel Ibarra Otero (desde la curul): Próspero Ibarra, del PRI, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Sylvana Beltrones Sánchez (desde la curul): Sylvana Beltrones, Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos (desde la curul): Ulises Cristopulos, Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Alberto Martínez Urincho (desde la curul): Del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen y en contra de la guerra sucia de Estado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Partido de la Revolución Democrática a favor.

La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Del Partido de la Revolución Democrática, a favor. Justicia para los desaparecidos y para los jóvenes de Ayotzinapa.

El diputado Leonardo Amador Rodríguez (desde la curul): Partido de la Revolución Democrática, a favor.

El diputado Tomás Octaviano Félix (desde la curul): Del Partido de la Revolución Democrática, a favor.

La diputada María Elida Castelán Mondragón (desde la curul): Partido de la Revolución Democrática, a favor.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): Partido de la Revolución Democrática, a favor.

La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (desde la curul): Del Partido Morena, a favor, con nuestras reservas.

El diputado José Máximo García López (desde la curul): Del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desparecidos en México, a favor.

La diputada Patricia Sánchez Carrillo (desde la curul): Del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desparecidos de México, a favor.

La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, favor.

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (desde la curul): Del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada Lilia Arminda García Escobar (desde la curul): Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares (desde la curul): Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos (desde la curul): Del Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. De Acción Nacional. A favor.

La diputada María Eloísa Talavera Hernández (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor. Partido Acción Nacional.

La diputada Nadia Haydee Vega Olivas (desde la curul): Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor. Partido Acción Nacional.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (desde la curul): Partido Nueva Alianza. A favor.

El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz (desde la curul): Partido Nueva Alianza. A favor.

La diputada Karina Sánchez Ruiz (desde la curul): Partido Nueva Alianza. A favor.

El diputado Ángel García Yáñez (desde la curul): Partido Nueva Alianza. A favor.

El diputado Carlos Sarabia Camacho (desde la curul): Del PRI. Justicia sin lucro político. A favor.

El diputado David Aguilar Robles (desde la curul): PRI. Justicia para todos, pero sin lucro político. A favor.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Del PRI. Justicia sin lucro político. A favor.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): PRI. Justicia sin lucro político. A favor.

El diputado Erik Juárez Blanquet (desde la curul): Porque vivos de los llevaron, vivos los queremos. Del Partido de la Revolución Democrática. A favor.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes (desde la curul): PRD. A favor.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo (desde la curul): Del Partido de la Revolución Democrática. A favor.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Porque no haya ni un solo desaparecido más en este país, Arturo Santana, del Partido de la Revolución Democrática, a favor.

El diputado Carlos Hernández Mirón (desde la curul): Justicia para las y los desaparecidos y sus familiares, Carlos Mirón, del PRD, a favor.

El diputado Óscar Ferrer Abalos (desde la curul): Óscar Ferrer, del PRD, a favor.

El diputado Héctor Peralta Grappin (desde la curul): Héctor Peralta, PRD, a favor.

El diputado Elio Bocanegra Ruiz (desde la curul): Elio Bocanegra, PRD, a favor.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. A favor con nuestras reservas. Morena.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Emiliano Álvarez, a favor con el agregado de nuestras reservas.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, a favor con nuestras reservas.

El diputado Eukid Castañón Herrera (desde la curul): Castañón Herrera, Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle (desde la curul): Miguel Ángel Salim, Partido Acción Nacional. Justicia para todos los mexicanos. A favor.

La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (desde la curul): Ingrid Schemelensky Castro, Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz (desde la curul): Gustavo Madero Muñoz, Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Exaltación González, Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Luis de León Martínez Sánchez (desde la curul): Luis de León Martínez Sánchez, de Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Hugo Alejo Domínguez (desde la curul): Hugo Alejo Domínguez, Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor. Que viva el normalismo mexicano.

El diputado Juan Corral Mier (desde la curul): Juan Corral Mier, Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez (desde la curul): J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor de la justicia para todos los desaparecidos en México. A favor del dictamen.

La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México, a favor. Adriana Elizarraraz Sandoval, Partido Acción Nacional.

La diputada Patricia García García (desde la curul): Patricia García García, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. Marko Cortés, del Grupo Parlamentario del PAN, por supuesto a favor.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor. Brenda Velázquez Valdez, Partido Acción Nacional.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Erika Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor del dictamen.

La diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (desde la curul): Justicia sin lucro político. Nora Liliana Oropeza Olguín, Partido Revolucionario Institucional, a favor.

La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta (desde la curul): Guadalupe Chávez Acosta, Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada María Gloria Hernández Madrid (desde la curul): María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional, por una justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Antonio Amaro Cancino (desde la curul): Antonio Amaro Cancino, del Partido Revolucionario Institucional. Justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Edith Yolanda López Velasco (desde la curul): López Velasco, Edith Yolanda, Grupo Parlamentario del PRI. Justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Yarith Tannos Cruz (desde la curul): Yarith Tannos Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Álvaro Rafael Rubio (desde la curul): Álvaro Rafael Rubio, sin fines de lucro, Partido Revolucionario Institucional, a favor.

El diputado Oscar Valencia García (desde la curul): Óscar Valencia García, Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado David Gerson García Calderón (desde la curul): David Gerson García Calderón, del PRD, a favor, y sin tanto protagonismo.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, justicia para todos los desaparecidos en México y para sus familias, a favor.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, a favor.

El diputado Héctor Javier García Chávez (desde la curul): Desde el 68, vivos se los llevaron y vivos los queremos, Javier García Chávez, PRD, a favor.

La diputada Lucia Virginia Meza Guzmán (desde la curul): Meza Guzmán Lucia Virginia, del Partido de la Revolución Democrática, a favor.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, a favor.

El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Rafael Hernández Soriano, del PRD, justicia y verdad, a favor.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Cristina Gaytán, del Partido de la Revolución Democrática, verdad y justicia porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, a favor.

El diputado Luis Maldonado Venegas (desde la curul): Luis Maldonado Venegas, del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen.

La diputada Blandina Ramos Ramírez (desde la curul): Blandina Ramos Ramírez, Partido de Morena, a favor con nuestras reservas, a favor.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, a favor, con nuestras reservas.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Delfina Gómez Álvarez, de Morena, a favor, con nuestras reservas.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Mario Ariel Juárez Rodríguez, a favor, con nuestras reservas, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Joaquín Díaz Mena, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Claudia Sánchez Juárez, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma (desde la curul): Leonel Gerardo Cordero Lerma, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Elva Lidia Valles Olvera (desde la curul): Elva Lidia Valles Olvera, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): Nelly Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Jacqueline Nava Mouett (desde la curul): Jacqueline Nava Mouett, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos, a favor.

El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (desde la curul): Luis Marrón Agustín, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Juan Carlos Ruiz García (desde la curul): Juan Carlos Ruiz García, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Eloisa Chavarrías Barajas (desde la curul): Eloisa Chavarrías Barajas, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Rafael Valenzuela Armas (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor. Rafael Valenzuela Armas.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional. A favor.

El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Juan Blanco, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado José Everardo López Córdova (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. Everardo López, Acción Nacional. A favor.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo (desde la curul): Kathia Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional. A favor. Justicia sin lucro político.

El diputado Matías Nazario Morales (desde la curul): Matias Nazario Morales, del Partido Revolucionario Institucional. Justicia sin lucro político. A favor.

El diputado Enrique Rojas Orozco (desde la curul): Enrique Rojas, del Partido Revolucionario Institucional. Sin lucro político. A favor.

El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul): Alfredo Bejos Nicolás, del estado de Hidalgo, del PRI. Justicia sin lucro político. A favor.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Pedro Luis Noble Monterrubio, del PRI. Por la justicia sin lucro político. A favor.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda(desde la curul): Fernando Moctezuma, PRI. Justicia sin lucro político. A favor.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): César Camacho, del PRI. A favor.

La diputada Yolanda De la Torre Valdez (desde la curul): Yolanda de la Torre, Partido Revolucionario Institucional. Justicia sin lucro político. A favor.

El diputado Otniel García Navarro: Otniel García Navarro, del PRI. Justicia, pero sin lucro político. A favor.

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): Rocío Rebollo Mendoza, del PRI. Justicia sin lucro político. A favor.

El diputado Óscar García Barrón (desde la curul): Óscar García Barrón, del Partido Revolucionario Institucional. A favor del dictamen.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Claudia Anaya, Zacatecas, del PRI. A favor del dictamen.

El diputado José Santiago López (desde la curul): José Santiago López, del PRD, a favor. Justicia para todos los desaparecidos de México.

La diputada Olga Catalán Padilla (desde la curul): Justicia para todas las víctimas de la desaparición forzada, Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor.

La diputada Karen Hurtado Arana (desde la curul): Karen Hurtado Arana, Partido de la Revolución Democrática, vimos se los llevaron y vivos los queremos, a favor.

La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera (desde la curul): Tania Arguijo, del Partido de la Revolución Democrática, justicia para todos los desaparecidos en México. Vivos de los llevaron y vivos los queremos, a favor.

El diputado Julio Saldaña Morán (desde la curul): Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, justicia para todos los desaparecidos en México, mi voto es a favor del dictamen.

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): Francisco Martínez Neri, del PRD, a favor.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en pro del dictamen.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández (desde la curul): Daniel Ordoñez, PRD, en pro.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): Felipe Reyes Álvarez, a favor del dictamen, PRD.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Blanca Margarita Cuata Domínguez, Partido de Morena, a favor con nuestras reservas.

La diputada Concepción Villa González (desde la curul): Concepción Villa González, del Partido de Morena, a favor con nuestras reservas.

La diputada Guadalupe Hernández Correa (desde la curul): Guadalupe Hernández Correa, a favor pero con nuestras reservas, Grupo Morena.

La diputada Modesta Fuentes Alonso (desde la curul): Modesta Fuentes Alonso, a favor con nuestras reservas, Partido Morena.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Alicia Barrientos, del Grupo Parlamentario Morena, a favor pero con la reserva de nuestro agregado.

El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez (desde la curul): Ariel Corona, de Guanajuato, Acción Nacional, a favor, señor presidente.

El diputado Román Francisco Cortés Lugo (desde la curul): Román Francisco Cortés Lugo, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado José Adrián González Navarro (desde la curul): José Adrián González Navarro, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos, a favor.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Ángeles Rodríguez, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Jesús Antonio López Rodríguez (desde la curul): Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul). Jorge Ramos Hernández, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo(desde la curul): Cecilia Romero, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge (desde la curul). Gina Andrea Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Jorge Triana Tena, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Alejandro Armenta Mier (desde la curul): Alejandro Armenta Mier, del PRI, justicia para todos los desaparecidos en México y en Puebla, sin lucro político, a favor.

El diputado Carlos Barragán Amador (desde la curul): Carlos Barragán Amador, del PRI, a favor de la justicia sin lucro político.

La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez (desde la curul): Graciela Palomares, Puebla, justicia para todos los desaparecidos sin lucro político.

La diputada Xitlalic Ceja García (desde la curul): Xitlalic Ceja, del Grupo Parlamentario del PRI, justicia sin lucro político, a favor del dictamen.

El diputado Remberto Estrada Barba (desde la curul): Remberto Estrada Barba, del Partido Verde Ecologista de México, justicia sin lucro político, a favor del dictamen.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (desde la curul): Partido Verde, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Paloma Canales Suárez (desde la curul): Partido Verde, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Wendolin Toledo Aceves (desde la curul): Del Partido Verde, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Francisco Alberto Torres Rivas (desde la curul): Partido Verde Ecologista, justicia para todos sin lucro político, a favor.

El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla (desde la curul): Partido Verde, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías (desde la curul): Del Partido Verde, a favor del dictamen; pero basta ya de protagonismo político, lo que queremos es justicia.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (desde la curul): Verde Ecologista de México, a favor.

El diputado Alex Le Baron González (desde la curul): Partido Verde Ecologista de México, a favor sin lucro político.

El diputado Carlos Iriarte Mercado (desde la curul): Del Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Rocío Díaz Montoya (desde la curul): Partido Revolucionario Institucional, a favor. Justicia sin lucro político.

El diputado Pablo Bedolla López (desde la curul): Del PRI, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado Francisco Lauro Rojas San Román (desde la curul): Del Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Sandra Méndez Hernández (desde la curul): Del Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Cristina Sánchez Coronel (desde la curul): Del Partido Revolucionario Institucional. Justicia sin lucro político. A favor.

El diputado David Jiménez Rumbo (desde la curul): Del PRD. Por una Procuraduría General de la República sin trucos. A favor.

La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (desde la curul): Del PRD. Cuando hay poca justicia es un peligro tener razón. A favor.

El diputado René Cervera García (desde la curul): Movimiento Ciudadano. Por una comisión de la verdad. A favor.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): De Movimiento Ciudadano. A favor del decreto y también a favor de que exista una comisión de la verdad sobre Ayotzinapa.

El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos (desde la curul): Movimiento Ciudadano. A favor, y a favor también de la comisión de la verdad.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): De Movimiento Ciudadano. Fue el Estado. Comisión de la verdad, ya. A favor.

La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (desde la curul): Del Grupo Parlamentario Morena. A favor de todos los desaparecidos de toda la república, con nuestras reservas.

La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul): Morena. México clama justicia. A favor con agregar nuestra reserva.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor con nuestra reserva. Partido de Morena.

La diputada María Chávez García (desde la curul): Partido Morena. A favor con nuestras reservas.

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes (desde la curul): Aguascalientes. Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Herminio Corral Estrada (desde la curul): Herminio Corral, del Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor del dictamen.

El diputado José Hernán Cortés Berumen (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México y para todas sus familias. A favor Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Baltazar Martínez Montemayor, del Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Guadalupe González Suástegui (desde la curul): Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, por el estado de Guerrero. Justicia, nunca más una desaparición forzada en México. A favor.

La diputada Karina Padilla Avila (desde la curul): Karina Padilla, del Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (desde la curul): Lorena Alfaro, del Partido Acción Nacional, Guanajuato. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz (desde la curul): Rubén Garrido Muñoz. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (desde la curul): Hersilia Córdova Morán, Partido Revolucionario Institucional. Porque no descansaremos hasta lograrlo, justicia para don Manuel Serrano Vallejo. A favor.

El diputado José Lorenzo Rivera Sosa (desde la curul): Lorenzo Rivera Sosa, del Partido Revolucionario Institucional, de Puebla. A favor.

El diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (desde la curul): Diputado Giorgana, de Puebla, a favor del dictamen.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (desde la curul): Evelyng Soraya Flores Carranza, Partido Verde Ecologista, a favor.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones (desde la curul): Rosa Alicia Álvarez Quiñones, Partido Verde Ecologista, por la desaparición forzada en México, a favor. Sin lucro político.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor y que no se dé el lucro político.

La diputada Yahleel Abdala Carmona (desde la curul): Yahleel Abdala Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.

La diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso (desde la curul): Alma Lucia Arzaluz Alonso, Partido Verde, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada María Ávila Serna (desde la curul): María Ávila Serna, Partido Verde, a favor, justicia sin lucro político.

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Jesús Sesma Suárez, Partido Verde, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Lorena Corona Valdés (desde la curul): Lorena Corona Valdés, Partido Verde Ecologista de México, a favor.

La diputada Sofía González Torres (desde la curul): Sofía González Torres, Partido Verde Ecologista de México, sin lucro político, a favor.

El diputado Virgilio Mendoza Amezcua (desde la curul): Virgilio Mendoza Amezcua, Partido Verde, a favor.

El diputado Arturo Álvarez Angli (desde la curul): Arturo Álvarez Angli, Partido Verde Ecologista de México, a favor, por una justicia sin lucro político.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Jorge Estefan Chidiac, a favor, PRI, por una justicia sin lucro político, pero sobre todo porque exista voluntad en su momento para aceptar la verdad objetiva.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (desde la curul): Justicia sí, pero sin lucro político. Mariana Benítez Tiburcio, PRI, a favor.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores (desde la curul): Jorge Dávila Flores, PRI, a favor.

La diputada Ma. Marcela González Salas y Petricioli (desde la curul): Marcela González Salas, PRI, por una justicia sin tinte político, a favor.

La diputada Susana Osorno Belmont (desde la curul): Susana Osorno Belmont, Grupo Parlamentario del PRI, a favor, por una justicia sin lucro político.

La diputada María Angélica Mondragón Orozco (desde la curul): María Angélica Mondragón Orozco, Grupo Parlamentario del PRI, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): Ignacio Pichardo, PRI, a favor del decreto.

El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (desde la curul): Ricardo Barrientos, del Grupo Parlamentario del PRD, por mayor congruencia en nuestras instituciones a favor, y mayor justicia.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech (desde la curul): Ivanova Pool, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD, porque una vida vale más que todo, a favor.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): A favor de una justicia verdadera hoy y siempre, Refugio Trinidad Garzón, Movimiento Ciudadano, favor.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Cynthia García Soberanes, Movimiento Ciudadano, a favor de la comisión de la verdad y a favor del dictamen.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Salvador Zamora Zamora, a favor del dictamen por la comisión para la verdad. Es cuanto.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (desde la curul): Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, por una comisión de la verdad, a favor.

La diputada María Elena Orantes López (desde la curul: María Elena Orantes, Movimiento Ciudadano, a favor de una comisión de la verdad.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul: Patricia Aceves Pastrana, de Morena, a favor, con el agregado de nuestras reservas.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Araceli Damián González, a favor, Partido Morena, con nuestras reservas.

El diputado Santiago Torreblanca Engell (desde la curul): Santiago Torreblanca Engell, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos, pero sobre todo dignidad, a favor.

La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México, Luz Argelia Paniagua Figueroa, a favor.

El diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla (desde la curul): Ricardo Sheffield Padilla, Partido Acción Nacional, a favor.

La diputada Gretel Culin Jaime (desde la curul): Gretel Culin, Partido Acción Nacional, justicia para todos los mexicanos, a favor.

La diputada Genoveva Huerta Villegas (desde la curul): Genoveva Huerta, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya (desde la curul): Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México y cárcel para todos los encubridores, a favor.

La diputada Angélica Moya Marín (desde la curul): Angélica Moya Marín, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado José Teodoro Barraza López (desde la curul): José Teodoro Barraza López, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (desde la curul): Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, de Ciudad Juárez, justicia para todos los desaparecidos de México y las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, a favor.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (desde la curul): Ruth Tiscareño Agoitia, PRI, altiplano potosino, a favor de una justicia sin lucro político.

El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (desde la curul): Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por una justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Fabiola Guerrero Aguilar (desde la curul): Fabiola Guerrero Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, por una justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI, de la huasteca potosina, justicia sí, pero sin lucro político ni protagonismos, a favor del dictamen.

El diputado Cirilo Vázquez Parissi (desde la curul): por el Partido Verde, porque todos queremos justicia pero sin un lucro político, a favor.

El diputado Miguel Ángel Sedas Castro (desde la curul): Miguel Ángel Sedas Castro, del Verde, a favor.

El diputado Edgar Spinoso Carrera (desde la curul): Edgar Spinoso Carrera, Partido Verde, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Sasil Dora Luz De León Villard (desde la curul): Sasil De León Villard, Partido Verde Ecologista de México, justicia sin lucro político ni protagonismos políticos, a favor.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (desde la curul): José Refugio Sandoval Rodríguez, Partido Verde, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello (desde la curul): José Couttolenc Buentello, Partido Verde. Ya basta de lucro político, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): Adriana Sarur Torre, Partido Verde, justicia para todos sin lucro político, a favor.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas (desde la curul): Jesús Rafael Méndez Salas, del grupo político Nueva Alianza, a favor.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (dcsde la curul): Baltazar Hinojosa Ochoa, del grupo político, del Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Alfredo Del Mazo Maza (desde la curul): Alfredo Del Mazo Maza, del Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Carolina Monroy del Mazo (desde la curul): Carolina Monroy Del Mazo, Partido Revolucionario Institucional, sin lucro político, desde luego que a favor.

El diputado Tristán Manuel Canales Najjar (desde la curul): Tristán Canales, PRI, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Martha Hilda González Calderón (desde la curul): Partido Revolucionario Institucional, a favor, por una justicia sin lucro político.

El diputado Gabriel Casillas Zanatta (desde la curul): Gabriel Casillas Zanatta, del PRI, a favor, por una justicia sin lucro político.

El diputado Pablo Basáñez García (desde la curul): Pablo Basáñez García, del PRI, a favor.

El diputado Edgar Castillo Martínez (desde la curul): Edgar Castillo, del grupo del PRI, a favor del dictamen.

La diputada Leydi Fabiola Leyva García (desde la curul): Leydi Fabiola Leyva García, Partido Revolucionario Institucional, una justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Armando Soto Espino (desde la curul): Armando Soto Espino, del PRD, a favor.

El diputado Sergio López Sánchez (desde la curul): Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, a favor.

El diputado Victoriano Wences Real (desde la curul): Victoriano Wences Real, del PRD, en pro, vivos se los llevaron, vivos los queremos.

La diputada Marbella Toledo Ibarra (desde la curul): Marbella Toledo Ibarra, Movimiento Ciudadano, porque en Guerrero decimos vivos se los llevaron, vivos los queremos, a favor.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Diputado Ciudadano Jonadab Martínez, por una comisión de la verdad, a favor.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, por una comisión de la verdad, a favor.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños (desde la curul): Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, a favor por una comisión de la verdad.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): María Candelaria Ochoa Avalos, por una comisión de la verdad ya, a favor.

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Claudia Corichi, de Movimiento Ciudadano, a favor por una comisión de la verdad y justicia para todas y para todos.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Rocío Nahle García, de Morena, del distrito de Coatzacoalcos, Veracruz, a favor con el agregado de nuestra reserva.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Virgilio Dante Caballero Pedraza, a favor con las reservas que hemos planteado; justicia sin pretextos.

La diputada Irma Rebeca López López (desde la curul): Irma Rebeca López López, del Partido Morena, a favor con nuestras reservas.

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera (desde la curul): Ema Margarita Alemán Olvera, justicia para todos los desaparecidos, a favor, del Partido Acción Nacional.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (desde la curul): Mónica Rodríguez Della Vecchia, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada Gabriela Ramírez Ramos (desde la curul). Gabriela Ramírez Ramos, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos de México, me duele es Veracruz; a favor.

La diputada Ximena Tamariz García (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. Ximena Tamariz, del Partido Acción Nacional; a favor.

La diputada María Luisa Sánchez Meza (desde la curul): María Luisa Sánchez Meza, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México; a favor.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México. Erandi Bermúdez, a favor.

La diputada Mariana Arámbula Meléndez (desde la curul): Justicia para todos los desaparecidos en México; a favor, Mariana Arámbula, Partido Acción Nacional.

El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): Julián Nazar, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.

La diputada Flor Ángel Jiménez Jiménez (desde la curul): Flor Ángel Jiménez Jiménez, Partido Revolucionario Institucional, a favor del decreto.

La diputada María Soledad Sandoval Martínez (desde la curul): María Soledad Sandoval Martínez, Partido Revolucionario Institucional, a favor.

El diputado Hernán de Jesús Orantes López (desde la curul): Hernán Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, a favor del dictamen.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): Buenas tardes. Diputado de Tapachula, Chiapas, distrito XII, por la verdad y no por un tema político, a favor.

El diputado Jesús Ricardo Canavati Tafich (desde la curul): Ricardo Canavati, Partido Verde, a favor.

La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Paola Galico Félix Díaz, Partido Verde Ecologista, por la justicia, por los jóvenes, presente y futuro de México, a favor.

El diputado Enrique Zamora Morlet (desde la curul): Enrique Zamora Morlet, Partido Verde Ecologista de México, justicia sin un lucro político, a favor.

El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar (desde la curul): Justicia por conciencia, sin intereses políticos, en contra de los especuladores, a favor del decreto. Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (desde la curul): Del Partido Verde Ecologista de México, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama (desde la curul): Partido Verde Ecologista de México, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (desde la curul): Del Partido Verde, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): PRI, no más lucro político, respeto a las víctimas y sus familiares; a favor del dictamen.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la curul): Por una justicia sin lucro político, sí.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (desde la curul): Por una justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Yulma Rocha Aguilar (desde la curul): A favor del dictamen.

El diputado Raúl Domínguez Rex (desde la curul): Del PRI, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Andrés Aguirre Romero (desde la curul): Partido Revolucionario Institucional, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada María Guadalupe Alcántara Rojas (desde la curul): Del PRI, a favor.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía (desde la curul): Del PRI, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Alejandro González Murillo (desde la curul): Partido Encuentro Social, a favor.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (desde la curul): Encuentro Social, a favor.

El diputado Abdies Pineda Morín (desde la curul): Encuentro Social, a favor.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez (desde la curul): Partido de la Revolución Democrática, a favor.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (desde la curul): Movimiento Ciudadano, por una comisión de la verdad, ya; a favor.

El diputado Moisés Guerra Mota (desde la curul): Del Partido Movimiento Ciudadano, a favor.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Movimiento Ciudadano, por una comisión de la verdad, ya basta de mentiras, a favor.

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (desde la curul): De Movimiento Ciudadano, a favor de la comisión de la verdad, porque no hay justicia sin verdad.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (desde la curul): De Movimiento Ciudadano. Al servicio de los que padecen en la historia y a favor de la comisión de la verdad.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): De Movimiento Ciudadano. A favor. Esperando que esto no quede en una efeméride.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (desde la curul): Morena. No hace falta solo un día en el calendario, hace falta justicia. Con reservas, a favor.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Morena. A favor con la reservas que manifestamos; y con las reservas de un caso no cerrado, donde las autoridades nos deben muchas explicaciones y deben comparecer por eso.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Del PAN. A favor, justicia para todos los desaparecidos en México.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (desde la curul): Del PAN, a favor.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (desde la curul): Del Grupo Parlamentario del PAN, a favor de la iniciativa, y justicia para todos los desaparecidos en México.

El diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (desde la curul): Del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Marisol Vargas Bárcena (desde la curul): Del Grupo Parlamentario del PAN, a favor.

El diputado Alfredo Anaya Orozco (desde la curul): Del PRI. Por Michoacán y por los mexicanos justicia sin lucro, a favor.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Del Partido Revolucionario Institucional, sí.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Del Grupo Parlamentario del PRI, a favor del dictamen.

El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Salomón Fernando Rosales Reyes, Grupo Parlamentario del PRI, a favor.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Diego Valera Fuentes, del Partido Verde Ecologista de México, a favor y desde aquí nuestra solidaridad con todos los familiares de las víctimas.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez (desde la curul): Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Partido Verde Ecologista, a favor.

El diputado Quirino Ordaz Coppel (desde la curul): Quirino Ordaz Coppel, Partido Verde Ecologista, a favor.

El diputado José Antonio Arévalo González (desde la curul): José Antonio Arévalo, del Partido Verde, a favor.

El diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez (desde la curul): Enrique Jackson, PRI, sí.

La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): Georgina Trujillo, PRI, a favor.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (desde la curul): Ivonne Ortega Pacheco, PRI, sí.

El diputado Javier Guerrero García (desde la curul): Javier Guerrero García, PRI, a favor.

El diputado Marco Antonio García Ayala (desde la curul): Marco Antonio García Ayala, PRI, a favor.

La diputada Laura Mitzi Barrientos Cano (desde la curul): Laura Mitzi Barrientos Cano, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, a favor por una justicia sin lucro político.

El diputado Fidel Almanza Monroy (desde la curul): Fidel Almanza, PRI, a favor.

La diputada Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (desde la curul): Nallely Gutiérrez Ramírez, Partido Revolucionario Institucional, por una justicia sin lucro político, a favor.

La diputada Dora Elena Real Salinas (desde la curul): Dora Elena Real Salinas, PRI, a favor.

La diputada Olga María Esquivel Hernández (desde la curul): Olga María Esquivel Hernández, Partido Revolucionario Institucional, por una justicia sin lucro político, a favor.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (desde la curul): Alfredo Ferreiro, de Encuentro Social, a favor.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Gonzalo Guízar Valladares, Encuentro Social, a favor.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, a favor.

La diputada Melissa Torres Sandoval (desde la curul): Melissa Torres Sandoval, Encuentro Social, a favor.

El diputado Adán Pérez Utrera (desde la curul): Por la comisión de la verdad, Adán Pérez Utrera, Movimiento Ciudadano, a favor.

El diputado Luis Ernesto Munguía González (desde la curul): Luis Ernesto Munguía, Movimiento Ciudadano. Queremos la creación de la comisión de la verdad sobre Ayotzinapa. A favor.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Que nunca más el Estado atente contra sus gobernados. Por la comisión de la verdad, a favor. Alba Ramírez Nachis, Movimiento Ciudadano.

El diputado Rogerio Castro Vázquez (desde la curul): Rogerio Castro Vázquez, Morena. Es hipocresía pedir justicia y no procurarla cuando se tiene el poder o se tuvo. A favor del dictamen.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Buenas tardes. Alfredo Basurto Román, del estado de Zacatecas, de la fracción parlamentaria de Morena. Por una procuración y administración de justicia imparcial y objetiva. Sí, con las reservas de ley.

El diputado Miguel Alva y Alva (desde la curul): Miguel Alva y Alva, de Morena, Puebla, a favor, con nuestra reserva.

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Juan Romero Tenorio, Morena, con las reservas expresadas, a favor.

El diputado Javier Antonio Neblina Vega (desde la curul): Javier Neblina, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada María García Pérez (desde la curul): María García Pérez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

La diputada Rocío Matesanz Santamaría (desde la curul): Rocío Matesanz Santamaría, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México, a favor.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Héctor Barrera, del Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México y sus familias, a favor.

El diputado José Antonio Salas Valencia (desde la curul): José Antonio Salas Valencia, Partido Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México y muchos de Michoacán, a favor.

La diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda (desde la curul): Maricela Etcheverri Aranda, Partido Revolucionario Institucional, a favor.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Ricardo Ramírez Nieto, Partido Revolucionario Institucional, justicia para todos los desaparecidos, sin lucro político, a favor.

El diputado David Mercado Ruiz (desde la curul): David Mercado Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.

El diputado Timoteo Villa Ramírez (desde la curul): Timoteo Villa Ramírez, PRI, a favor.

La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Erika Arroyo Bello, PRI, a favor.

El diputado Esdras Romero Vega (desde la curul): Esdras Romero Vega, PRI, a favor.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): Guillén Vicente, PRI, a favor.

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): Liborio Vidal, PRI, a favor.

El diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán (desde la curul): Virgilio Méndez, justicia para todos, a favor.

La diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo(desde la curul): Lucely Alpízar Carrillo, del PRI, a favor.

El diputado Felipe Cervera Hernández (desde la curul): Felipe Cervera Hernández, PRI, a favor.

El diputado Pablo Gamboa Miner (desde la curul): Pablo Gamboa Miner, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado David Epifanio López Gutiérrez (desde la curul): David López Gutiérrez, PRI, a favor.

El diputado Bernardino Antelo Esper (desde la curul): Bernardino Antelo, PRI, a favor.

La diputada Rosa Elena Millán Bueno (desde la curul): Rosa Elena Millán, PRI, a favor.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla (desde la curul): Gloria Himelda Félix, PRI, a favor.

El diputado Germán Escobar Manjarrez (desde la curul): Germán Escobar, del PRI, Sinaloa, justicia sin lucro político, a favor.

El diputado José Alfredo Torres Huitrón (desde la curul): José Alfredo Torres Huitrón, del PRI, a favor por una justicia, sin lucro, a favor.

La diputada María Monserrath Sobreyra Santos (desde la curul): María Monserrath Sobreyra Santos, del Partido Revolucionario Institucional, por una justicia sin lucro político, a favor.

El diputado Telésforo García Carreón (desde la curul): La desaparición de don Manuel Serrano Vallejo, secuestrado y desaparecido hace dos años, Telésforo García Carreón, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.

El diputado Héctor Javier Álvarez Ortiz (desde la curul): Héctor Javier Álvarez, del Revolucionario Institucional, justicia a Manuel Serrano Vallejo, también desaparecido en Tultitlán, Estado de México. A favor.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Manuel Clouthier, diputado Independiente. A favor del dictamen y en pro del respeto irrestricto a los derechos humanos en nuestro país.

La diputada María Isabel Maya Pineda (desde la curul): Isabel Maya Pineda, del PRI, justicia sin lucro político. A favor.

El diputado Luis Felipe Vázquez Guerrero (desde la curul): Su servidor, Luis Felipe Vázquez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI, justicia sin lucro político. A favor.

La diputada Iveth Bernal Casique (desde la curul): Iveth Bernal Casique, Grupo Parlamentario del PRI, justicia sin lucro político. A favor.

El diputado David Sánchez Isidoro (desde la curul): Justicia sin lucro político, del PRI, David Sánchez Isidoro. A favor.

La diputada Ariadna Montiel Reyes (desde la curul): Ariadna Montiel, diputada sin partido, por justicia para Jesús Piedra Ibarra y los 43 normalistas.

El diputado Jorge Tello López (desde la curul): Jorge Tello López, Morena, ni un desaparecido más, justicia para todos los desaparecidos. Sí, a favor del dictamen con sus reservas.

El diputado Jesús Serrano Lora (desde la curul): Jesús Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena. Que se investigue al Ejército y libertad a Nestora Salgado. A favor con nuestras reservas.

El diputado Renato Josafat Molina Arias (desde la curul): Renato Josafat Molina Arias, del Distrito Federal, de Movimiento de Regeneración Nacional. A favor con el agregado a nuestras reservas.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Rodrigo Abdala Dartigues, Morena. A favor con las reservas propuestas.

El diputado César Flores Sosa (desde la curul): César Flores Sosa, del Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. Coahuila, no olvida. A favor.

La diputada Jisela Paes Martínez (desde la curul): Jisela Paes Martínez, del Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

El diputado Luis Fernando Antero Valle (desde la curul): Fernando Antero Valle, del PAN. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor del proyecto.

El diputado Francisco Escobedo Villegas (desde la curul): Francisco Escobedo Villegas, del PRI. A favor.

El diputado Francisco Saracho Navarro (desde la curul): Francisco Saracho Navarro, del PRI. A favor.

El diputado Ricardo Taja Ramírez (desde la curul): Ricardo Taja Ramírez, del PRI. A favor del dictamen y que ya no exista más impunidad en nuestro país.

El diputado Salomón Majul González (desde la curul): Salomón Majul González, del PRI. A favor. Justicia sin fines de lucro político.

La diputada Silvia Rivera Carbajal (desde la curul): Silvia Rivera Carbajal, del mejor partido, el PRI. Justicia sin lucro político. A favor.

La diputada Beatriz Vélez Núñez (desde la curul): Beatriz Vélez Núñez, del PRI. A favor.

La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): Julieta Fernández Márquez, del PRI, en Guerrero. A favor.

La diputada María Verónica Muñoz Parra (desde la curul): Verónica Muñoz Parra, del PRI. A favor. Por una profunda solidaridad para los padres de familia.

La diputada Adriana Terrazas Porras (desde la curul): Adriana Terrazas, de Ciudad Juárez, del PRI. Por una justicia sin protagonismos políticos. A favor.

El diputado Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (desde la curul): Jesús De la Garza, del PRI. A favor.

La diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix (desde la curul): María Esther Camargo Félix, del PRI. A favor.

La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez (desde la curul): Montserrat Arcos Velázquez, del PRI. A favor.

El diputado Miguel Ángel González Salum (desde la curul): Miguel Ángel González Salum, del PRI. A favor.

La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (desde la curul): Adriana Ortiz Lanz, del PRI. A favor.

El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (desde la curul): Miguel Ángel Sulub Caamal, del PRI, a favor.

El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz (desde la curul): Tomás Montoya Díaz, Grupo Parlamentario del PRI, a favor.

El diputado Daniel Torres Cantú (desde la curul): Daniel Torres Cantú, del PRI, a favor.

El diputado Ramón Villagómez Guerrero (desde la curul): Ramón Villagómez Guerrero, del PRI, justicia para todos sin lucro político ni populismos, a favor.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): Scherman, PRI, a favor.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza (desde la curul): Hugo Gaeta, del PRI, a favor.

El diputado Francisco Javier Santillán Oceguera (desde la curul): Javier Santillán, a favor.

El diputado Rafael Yerena Zambrano (desde la curul): Rafael Yerena Zambrano, PRI, a favor.

La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (desde la curul): Nancy Sánchez Arredondo, del PRI, a favor.

El diputado Erick Alejandro Lagos Hernández (desde la curul): Erick Lagos, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a favor.

El diputado Alberto Silva Ramos: Alberto Silva Ramos, del PRI, por la afirmativa.

El diputado Fidel Kuri Grajales (desde la curul): Fidel Kuri Grajales, del PRI, justicia sin lucro político y castigo a los que saben quiénes fueron, a favor.

La diputada Sofía del Sagrario de León Maza (desde la curul): Sofía del Sagrario De León Maza, del PRI, a favor.

El diputado Marco Antonio Aguilar Yunes (desde la curul): Marco Antonio Aguilar Yunes, del PRI, a favor.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (desde la curul): María del Carmen Pinete Vargas, por la afirmativa.

El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Adolfo Mota, a favor.

El diputado Ricardo David García Portilla (desde la curul): Ricardo García Portilla, del PRI, a favor.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (desde la curul): Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor del dictamen.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández (desde la curul): José del Pilar Córdova Hernández, del PRI, a favor.

El diputado Fidel Calderón Torreblanca (desde la curul): Calderón Torreblanca Fidel, del PRD, a favor.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, por la comisión de la verdad, a favor.

La diputada Edith Anabel Alvarado Varela (desde la curul): PRI, a favor.

La diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel (desde la curul): Partido Revolucionario Institucional, a favor.

La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (desde la curul): Partido de Acción Nacional, justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada Leticia Amparano Gámez (desde la curul): Partido Acción Nacional, justicia para todos los desparecidos en México, a favor.

La diputada Araceli Guerrero Esquivel (desde la curul): Grupo Parlamentario del PRI, a favor del dictamen.

El diputado Benjamín Medrano Quezada (desde la curul): PRI, a favor del dictamen justicia para todos, pero sin lucro político.

La diputada Ana María Boone Godoy (desde la curul): PRI, justicia sin lucro político, a favor.

La diputada María Guadalupe Oyervides Valdez (desde la curul): PRI Coahuila, a favor.

La diputada Flor Estela Rentería Medina (desde la curul): Del Partido Revolucionario Institucional, por justicia y respeto al dolor de las familias de los normalistas. No más lucro político, a favor del dictamen.

El diputado Yerico Abramo Masso (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado Armando Luna Canales (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado Fernando Uriarte Zazueta (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): Partido Verde, a favor.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado Edgardo Melhem Salinas (desde la curul): Del PRI, a favor.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas (desde la curul): Del PRI, sí.

La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (desde la curul): Del PRI, sí.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (desde la curul): A favor.

El diputado Edgar Romo García (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez (desde la curul): Del PRI, a favor.

El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (desde la curul): Del PRI, a favor.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): Del PRI, a favor.

La diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya (desde la curul): PRI, a favor.

La diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza (desde la curul): Del PRI, a favor.

La diputada Carmen Salinas Lozano (desde la curul): Del PRI, a favor.

La diputada Heidi Salazar Espinosa (desde la curul): Del PRI, a favor.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (desde la curul): Del PRI, a favor del dictamen.

El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (desde la curul): PRI, a favor.

El diputado Carlos Federico Quinto Guillén (desde la curul): Del PRI, a favor.

El diputado José Luis Sáenz Soto (desde la curul): Del PRI, a favor.

La diputada Lillian Zepahua García (desde la curul): A favor.

El diputado Efraín Arellano Núñez (desde la curul): Del PRI, a favor.

La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez (desde la curul): Del PRI, a favor.

El diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo (desde la curul): A favor, PRI.

El diputado Antonio Tarek Abdala Saad (desde la curul): A favor.

La diputada Rosalinda Muñoz Sánchez (desde la curul): PRI, a favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Con el permiso de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si falta alguno de emitir su voto del pleno. Muy bien. Se va a proceder a tomar la votación de la Mesa Directiva.

El diputado Ramón Bañales Arámbula: Del PRI. A favor.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: De la fracción del Partido Encuentro Social. A favor.

La diputada Ernestina Godoy Ramos: De Morena, la esperanza de México. Con nuestras reservas y porque esta Cámara asuma su compromiso como garante de la justicia en el país.

El diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Del Verde Ecologista. A favor, y que nos entreguen a don Manuel Serrano.

La diputada Daniela De los Santos Torres: Partido Verde. A favor.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Del Partido de la Revolución Democrática. A favor.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Partido Acción Nacional. Justicia para todos los desaparecidos en México. A favor.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Del PRI. A favor.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Continúe la Secretaría, por favor. Un minuto, por favor, hasta que se dé el resultado de la votación.

El diputado Ramón Bañales Arámbula: Con gusto, informo a la Presidencia que 463 diputados por la afirmativa y a favor del dictamen, 0 por la negativa. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobado en lo general por unanimidad el proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Diputado Marko Cortés, tiene la palabra. ¿Con qué objeto?

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza(desde la curul): Presidenta, para dejarle claro a la asamblea que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sí apoyará la propuesta de Morena referente a la creación de una comisión, siempre y cuando lo presente como iniciativa para modificar nuestra Ley Orgánica. Muchísimas gracias.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Continuando con el orden del día, ahora tiene la palabra por cinco minutos el diputado Bernardino Antelo Esper, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, y suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Bernardino Antelo Esper:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las y los diputados priistas de la banca del estado de Sinaloa presentamos la siguiente iniciativa.

La política de Estado en materia de protección civil constituye una piedra angular en el desarrollo de la nación. La importancia que adquiera para todo gobierno el implementar medidas de prevención oportunas se convierte en un eje estratégico para salvaguardar la vida y patrimonio de millones de personas.

Por su ubicación geográfica México es un país sísmico por excelencia. Las pérdidas humanas y materiales que causan los movimientos de la corteza terrestre van en aumento debido a que se enfrentan las emergencias, en vez de realizar gestiones de prevención de riesgos y acciones y mecanismos para mitigar las mismas.

El día de ayer un terremoto de 8.3 grados Richter azotó la zona central de Chile, el cual tuvo una duración de más de tres minutos y un sinnúmero de réplicas, mismas que se sintieron hasta el territorio argentino y brasileño.

Además hace apenas cuatro días, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, de donde soy originario, fui testigo de un sismo de 6.7 grados en la escala de Richter, el cual estuvo acompañado de 16 réplicas, que oscilaron entre 3.5 y 6.7 grados en un lapso de apenas 12 horas, lo cual alarmó a la población, pero afortunadamente no se ocasionaron pérdidas humanas ni materiales.

Como todos sabemos, hace 30 años México vivió quizá la mayor tragedia que se pueda recordar en la historia reciente de nuestro país. Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 costaron millones de vidas y dejaron una amarga experiencia para todos los que pudieron presenciar estos acontecimientos.

Los grandes temblores poseen una tendencia a la periodicidad. Es decir, los periodos de retorno de los sismos son inevitables y con consecuencias devastadoras. Así lo afirman los científicos en la materia, sismólogos e ingenieros, entre ellos el ingeniero Luis Wintergerst, premio nacional de Protección Civil 2013 aquí presente, a quien envío un saludo.

En la actualidad, el INEGI estima un aproximado de 28.6 millones de viviendas habitadas y la SEP un total de 260 mil centros escolares. Sin embargo, muchas de estas edificaciones fueron construidas sin tomar en cuenta reglamentos de construcción eficientes, lo que pone en riesgo la alta probabilidad de sufrir daños graves por la presencia de sismos de gran magnitud, cuyo periodo de retorno es inevitable.

Esta iniciativa contiene una política eficaz que mandata la revisión estructural de todos los inmuebles edificados antes de la utilización de reglamentos de construcción vigentes, con el objeto de identificar sus riesgos estructurales, rehabilitarlos y tener edificaciones sismo-resistentes.

Por lo tanto, se propone la creación de un reglamento actualizado e innovador, acorde a los más altos estándares en materia de prevención, además de conformar un instrumento financiero de gestión de riesgos que sirva de insumo para la implementación de estas revisiones, así como regular los procesos de nuevas edificaciones para que generar una infraestructura segura, en donde no se puedan afectar con estos tipos de fenómenos.

Las y los diputados del PRI nos sumamos a los grandes esfuerzos que está realizando nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por velar en la protección de la vida de millones de mexicanos, que lo ha demostrado con la aplicación constante de mayores recursos para promover una verdadera cultura en materia de protección civil.

Es por ello, que en el marco del 30 aniversario luctuoso de los sismos de 1985 presentamos, respetuosamente, a su consideración esta iniciativa, con el noble propósito de evitar la pérdida de millones de vidas y cantidades incalculables de recursos a causa de desastres provocados por fenómenos naturales, lo cual será el preámbulo de un futuro promisorio para la seguridad de millones de mexicanos y la infraestructura de la nación.

El Grupo Parlamentario del PRI, consciente de la importancia que representa contar con una política eficaz en materia de protección civil, y en sintonía con la serie de reformas transformadoras que está implementando el presidente Peña Nieto, ponemos esta importante iniciativa que sin duda innovará las acciones de gobierno en prevención de desastres y riesgos estructurales. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Bernardino Antelo Esper y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado proponente, Bernardino Antelo Esper, y quienes suscriben, diputados del estado de Sinaloa: David Epifanio López Gutiérrez, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Martha Sofía Tamayo Morales, Gloria Himelda Félix Niebla, Rosa Elena Millán Bueno, Germán Escobar Manjarrez y Evelio Plata Inzunza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de riesgo estructural.

Planteamiento del problema

La política de estado en materia de protección civil constituye una piedra angular en el desarrollo de la nación, la importancia que adquiere para todo gobierno el salvaguardar la vida de las personas, se convierte en un eje fundamental que necesariamente debe considerarse como estratégico en el ejercicio del quehacer gubernamental.

México constituye un país sísmico por excelencia como lo manifiestan los 57 sismos cuyas magnitudes oscilan entre 7.5 y 8.6 grados en su historia, capaces de provocar severos daños a la infraestructura habitacional, hospitalaria, educativa, oficinas gubernamentales y de servicio público, así como causar decenas de miles de fallecimientos.

Los terremotos tienen periodos de retorno y han estimado fechas de recurrencia en algunas zonas determinadas del país, analizados por científicos mexicanos, por lo que sería acertado, inteligente y eficaz por parte del Estado mexicano, tomar las medidas preventivas reales para evitar catástrofes de incalculables daños a la nación.

Es por ello que presento esta significativa iniciativa, respaldada por diversos actores involucrados en el tema de protección civil ante esta honorable Cámara de Diputados, con el objeto de iniciar un cambio trascendental en la protección de la vida de millones de mexicanos que sin duda revolucionará la forma de prevenir daños catastróficos y crear un futuro promisorio en la infraestructura de nuestro país incorporando en la normatividad de protección civil, la obligatoriedad de considerar el riesgo estructural.

Argumentación

La corteza terrestre está constituida por grandes placas poco deformables. Arrastradas por corrientes magmáticas del manto y empujadas por la nueva corteza que se forma en ciertas aberturas, principalmente submarinas, las placas se mueven unas con respecto a otras. Estos movimientos relativos son resistidos por fricción cuyo vencimiento suele dar origen a temblores.

En el caso de nuestro país, la sismicidad de la península de Baja California y de los estados de Sonora y Sinaloa está dominada por fallas de transformación que forman parte del sistema de San Andrés; se originan en el estado de California y se continúan, alternando con cortos riscos, en el golfo de California.

Desde Colima hasta Oaxaca domina la subducción de las placas Rivera y de Cocos bajo la de Norteamérica. Al sur de Oaxaca, la placa de Cocos se subduce bajo la del Caribe, afectando con ello el estado de Chiapas. El movimiento horizontal de la placa del Caribe con respecto a la placa norteamericana produce temblores que afectan a Chiapas.

Como consecuencia de los deslizamientos entre placas y de movimientos del magma, aquéllas se ven sujetas a esfuerzos que pueden llegar a fracturarlas, incluso lejos de sus fronteras. Tales fracturas son fallas geológicas donde también se producen sismos. La mayor parte de nuestro territorio está afectada por estos fenómenos.

La magnitud es un índice de la energía que libera un temblor. Se usan diversas escalas de magnitud según la porción de los registros que se empleen para calcular esta cantidad. Sin embargo, para los fines de la ingeniería sólo son significativas las magnitudes mayores de 4.5 o 5; las menores sólo tienen interés en la sismología. De igual forma, por diversas razones conviene referirse a la magnitud Ms para los grandes temblores, calculándose a partir del registro de ondas superficiales y debido a que la ingeniería ocupa esta magnitud. Esta escala se satura en una magnitud como de 9.0, es decir que no pueden reportarse valores de Ms mucho mayores que esto.

Las vibraciones del terreno tienen un poder destructivo que depende del conjunto de frecuencias de las vibraciones, de sus amplitudes, de la duración del movimiento y de las construcciones que existan en el lugar. Para caracterizar el movimiento debemos hacer abstracción de las propiedades de las estructuras existentes y referirnos al poder destructivo potencial de un temblor.

De esta manera nos referimos al poder destructivo que tendría el temblor en un sitio si allí existieran estructuras de tales y cuales tipos y en tal proporción de cada uno. Este poder destructivo de un temblor en un sitio es lo que se mide con el concepto de intensidad. Un mismo temblor tiene por ello una sola magnitud (en una escala dada), pero diversidad de intensidades (aun en una escala dada de intensidad) según el punto de la superficie terrestre a que se refiera.

La propuesta para incluir al riesgo estructural en la normatividad de protección civil aquí expuesta, está basada en la información existente sobre las características tectónicas de la República mexicana ya que tiene frontera con el Cinturón de Fuego del Pacífico, que está considerada como la región sismogénica más importante del mundo.

Los estados costeros de la República mexicana como lo son: Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, son los estados que han registrado mayor sismicidad y como consecuencia los efectos han sido catastróficos.

Como ejemplo de lo comentado en el párrafo anterior son los 181 sismos de magnitudes 6.5 a 7.4 y de 57 sismos de 7.5 o mayores (8.0, 8.1, 8.2 y 8.6), ambas categorías tienen la capacidad de causar desastres como se ha visto a través de la historia que incluye a la Ciudad de México y su zona conurbadapor las características aluviales del suelo considerados como terrenos blandos en los que las aceleraciones provocadas por la ampliación de las ondas sísmicas que conformaron los lagos de Texcoco, Chalco y Xochimilco que actualmente conforman el Valle de México.

Las narraciones históricas de los efectos que estos terremotos han causado manifiestan los daños provocados en muchas de las poblaciones mexicanas debidos principalmente al tipo de construcciones que se han edificado sin tomar en consideración los efectos que estos sismos les provocan.

El último ejemplo de esta aseveración es la Ciudad de México que en los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 fue severamente dañada, en el que se colapsaron 757 edificios, dañados aproximadamente 53 mil edificaciones y el número de fallecidos oscilan entre 9 mil y 30 mil y las pérdidas económicas fueron estimadas en 4 mil 100 millones de dólares de esa época. El origen del terremoto del 19 de septiembre se halla en la rotura del contacto entre las placas de Cocos y de Norteamérica, en una extensión de 50 kilómetros (km.) por 170 km. y a unos 18 km. de profundidad. Su magnitud fue de 8.1.

Sin embargo, existen otras zonas de nuestro país que han presentado actividad sísmica y que a pesar de ello, no se ha implementado una política realmente efectiva que determine acciones concretas para revisar estructuralmente las edificaciones que existen en estas zonas de riesgo.

Los aportes de geofísicos, geólogos e historiadores y su interacción con los ingenieros han hecho posible cuantificar la sismicidad de la República. En términos generales podemos caracterizar los temblores que se originan en una fuente como si la probabilidad de que allí se exceda determinada magnitud en un periodo de un año de duración fuera independientemente del tiempo. Esa probabilidad se conoce como tasa de excedencia de la magnitud en cuestión.

Los grandes temblores de una fuente dada tienen una tendencia a la periodicidad. Los tiempos de recurrencia de estos eventos son del orden de varios decenios cuando se trata de temblores de subducción. El que haya ocurrido el temblor de Michoacán hace poco probable que en el mismo tramo de la zona de subducción se presente otro macrosismo antes de varios decenios. Por tanto, las presas de Infiernillo y la Villita cercanas a este foco potencial, están más seguras que antes de 1985.

En cambio al poniente de Acapulco no se ha originado ningún gran temblor en 78 años, a pesar de que su tiempo de recurrencia es de 50 años. Con base únicamente en información sobre temblores de magnitud superior a 7 se concluye que la probabilidad es 2/3 de que ocurra un macrosismo al poniente de Acapulco antes de 30 años.

Si además se tienen en cuenta los temblores de menor magnitud que vienen presentándose cerca de esta zona, hay quienes sostienen que se debe asignar una probabilidad bastante mayor a que ocurra el fenómeno a corto plazo, y más aún si se tiene en cuenta la distribución espacial de estos sismos. Si el área de ruptura sólo cubre de Acapulco hacia el poniente, es posible que el próximo macrosismo alcance una magnitud de 8.1 a 8.2. La distancia de esta área al Distrito Federal es ligeramente menor que la correspondiente al terremoto de Michoacán.

El ingeniero Luis Wintergerst Toledo, Premio Nacional de Protección Civil 2013 y desatacado profesional en materia de prevención de desastres y protección civil, afirma que la causa principal de los efectos que los terremotos han causado en nuestras poblaciones se debe a que han sido edificadas sin tomar en consideración reglamentos de construcción, así como por la inexistencia de los mismos en algunos estados. El científico destaca que en 1986 se estableció un reglamento de emergencia en la Ciudad de México que sustituyó a los anteriores y fue diseñado para soportar los esfuerzos que provocan sismos de 8.1 grados provenientes de epicentros ubicados en la costa mexicana, sin embargo, en otras entidades del país no cuentan con un reglamento o los que cuentan con uno, está atrasado o resulta ineficaz.

Por otro lado las estadísticas de las viviendas habitadas a partir de 1980 indican la existencia de 13.4 millones hasta los 28.6 millones que se registraron en el censo de 2010. Además de lo anterior, en 2013 existían en el país 260 mil planteles escolares. Que dieron un total de aproximadamente 29 millones de edificaciones.

Tomando en consideración estas significativas cifras, un alto porcentaje de viviendas, planteles escolares, hospitales, entre otros existentes en el país, fueron construidas sin tomar en cuenta reglamentos de construcción eficientes que hayan incrustado una normatividad idónea, acorde a los más altos estándares en materia de riesgos estructurales, lo cual ponen en alta probabilidad de sufrir daños graves por la presencia de sismos de gran magnitud que como se ha analizado, su periodo de retorno es inevitable.

De acuerdo con investigaciones de sismólogos prestigiados y destacando que la ingeniería mexicana constituye una de las más adelantadas del mundo, se han realizado estudios suficientes para edificar ciudades sismo resistentes, sin embargo, resulta fundamental iniciar la revisión estructural de todos los inmuebles construidos antes de la utilización de los reglamentos de construcción vigentes, con el objeto de rehabilitarlas y tener edificaciones sismo resistentes.

Los sismos tienen un periodo de retorno, por lo que se considera que la mayoría de nuestras edificaciones, construidas sin tomar en cuenta un reglamento actualizado y vanguardista, están amenazados con sufrir severos daños, que incluye hasta el colapso y que provocaría el fallecimiento de sus millones de ocupantes.

Para la investigación de los presentes argumentos, se analizaron artículos de prestigiados investigadores sobre la interacción de la geotecnia, la sismología y el riesgo estructural propiamente dicho, con el objeto de demostrar que dichos trabajos enfocados en esta materia, pueden ser el preámbulo de la importancia que tienen estas asignaturas mencionadas.

En el plano nacional e internacional, los desastres van en aumento debido a que se enfrentan a emergencias, en vez de realizar gestiones de riesgos de desastres y tomar las medidas preventivas y de mitigación oportunas para evitar los centenares de miles de muertes, y las pérdidas incalculables de dinero, además de aumentar la pobreza de las comunidades afectadas.

Para tomar una dimensión aproximada sobre la importancia de incluir el riesgo estructural en la Ley General de Protección Civil como una política eficaz en materia de protección civil, podemos afirmar que México perdió a causa de desastres diversos entre los años 2008 y 2012 una cantidad aproximada de 179,970 millones de pesosy en el año 2013 las pérdidas ascendieron a 62,470 millones de pesos, dando una alarmante cifra de 242,440.08 millones de pesos.

La sinergia de las fuerzas de la naturaleza y las decisiones equivocadas de los humanos provocan desastres. Es por ello que se considera una necesidad impostergable, incluir al riesgo estructural en la normatividad de protección civil con el objeto de iniciar la titánica labor en la que deben participar los colegios de ingenieros civiles, de arquitectos, las universidades estatales, las sociedades técnicas relacionadas, la sociedad civil, pero sobretodo, de la participación rectora y contundente del Estado mexicano, lo cual crearía en su conjunto, un futuro con mayor seguridad para la infraestructura de la nación y la población mexicana.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consciente de la importancia que representa contar con una política eficaz en materia de protección civil y en sintonía con la serie de reformas transformadoras que están modernizando a México, proponemos esta importante iniciativa en materia de riesgo estructural, que sin duda alguna vendrá a innovar las acciones gubernamentales que sirvan a la ciudadanía en la protección de la vida y bienes de millones de mexicanas y mexicanos, ese es el principal objetivo que estamos ciertos las y los diputados del PRI, compartimos con el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil

Artículo Único. Se reforman las fracciones I, XXVIII, XXXIX, XLVI y XLVIII del artículo 2; la fracción III del artículo 4; las fracciones I, II, V y VI del artículo 10; primer y cuarto párrafos del artículo 17; y los artículos 23, 25, 45, 84, 87y 89; y se adiciona la fracción L del artículo 2 recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Agente regulador: lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos estructurales y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador;

II. a XXVII. ...

XXVIII. Gestión Integral de Riesgos: el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos estructurales, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y, en el caso su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;

XXIX. a XXXVIII. ...

XXXIX. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con adecuada y permanente coordinación entre los tres niveles de gobierno, los sectores privado y social, particularmente los medios de comunicación, con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos estructurales, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos;

XL. a XLV. ...

XLVI. Reducción de Riesgos Estructurales: intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alertamiento;

XLVII. ...

XLVIII. Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos estructurales;

L. Riesgo Estructural: la realización de investigaciones, recolección de información para obtener un análisis integral y exhaustivo, con la finalidad de diagnosticar los peligros que constituyan una alta probabilidad de sufrir sobre la infraestructura habitacional, hospitalaria, educativa, oficinas públicas o que prestan servicios públicos de una zona de riesgo, causados por el efecto de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos en sus respectivos periodos de retorno, a efecto de tomar las medidas preventivas, de mitigación oportunas y de gestión integral de riesgos, encaminados a evitar los daños que llegara a causar dicho fenómeno;

LI. Riesgo Inminente: ...

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. y II. ...

III. Obligación del estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos estructurales sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;

IV. a VII. ...

Artículo 10. La gestión integral de riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador:

I. Conocimiento del origen, causas, efectos y naturaleza de los riesgos estructurales, además de los procesos de construcción social de los mismos;

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos estructurales, así como sus escenarios;

III. y IV. ...

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos estructurales;

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos estructurales, y

VII. ...

Artículo 17. Los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal, tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y la normatividad reglamentariacorrespondiente.

..

...

Las unidades estatales de protección civil, con sustento en la presente Ley y la normatividad reglamentaria correspondiente, propiciarán una distribución estratégica de las tareas, entre los centros regionales ubicados con criterios basados en la localización de los riesgos estructurales, las necesidades y los recursos disponibles.

...

Artículo 23. El centro nacional es la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos estructurales, a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo técnico al Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto.

Artículo 25. Las autoridades correspondientes en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos, encaminados a prevenir riesgos estructurales que pongan en peligro la vida y que puedan provocar daños a la población.

Artículo 45. Las autoridades correspondientes en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos agentes perturbadores, encaminados a prevenir riesgos estructurales que pongan en peligro la vida y que puedan provocar daños irreversibles a la población.

Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos estructurales y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los atlas municipales, estatales y el nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

Artículo 87. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en zonas de alto riesgo, las autoridades competentes con base en la disposición reglamentaria aplicable y conestudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo estructural a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción.

Artículo 89. Las autoridades federales, de las entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, los municipios y los órganos político administrativos, determinarán qué autoridad bajo su estricta responsabilidad, tendrá competencia y facultades para autorizar la utilización de una extensión territorial en consistencia con el uso de suelo permitido, una vez consideradas las acciones de prevención o reducción de riesgo estructural a que se refieren los artículos de este capítulo y las disposiciones reglamentarias aplicables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal realizará las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General de Protección Civil en un plazo máximo de 180 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal emitirá el Reglamento General de Infraestructura, Construcción y Ordenamiento Territorial en materia de riesgo estructural, en un plazo máximo de 1 año a la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto.En tanto se expide la normatividad señalada en el artículo tercero transitorio, los reglamentos de construcción de las entidades federativas, los municipios y del Distrito Federal, seguirán teniendo vigencia en el ámbito de sus respectivas competencias.

Quinto. A efecto de cumplir con los objetivos trazados en la normatividad administrativa en la materia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá de la utilización y destino de los recursos necesarios para la conformación de un instrumento financiero de gestión de riesgos aplicable en materia de riesgo estructural, atendiendo en todo momento a los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Protección Civil.

Sexto. El Ejecutivo federal en permanente coordinación con los estados, municipios y el Distrito Federal, así como los sectores privado y social, particularmente los medios de comunicación, elaborarán programas de difusión profesional en materia de riesgo estructural, a efecto de divulgar y promover el conocimiento en materia de riesgo estructural.

Notas:

1. Emilio Rosenblueth, Sismos y sismicidad en México, 1992

2. Gerardo Suárez, El gran tsunami mexicano de 1787,2008.

3. Virginia García Acosta, Gerardo Suárez Reynoso. Los sismos en la historia de México. 1996

4. Linda Manzanilla. Relación de los sismos ocurridos en la Ciudad de México y sus efectos. 1986

5. Fundación ICA. 1988

6. Oficial y Comisión Económica para América Latina (Cepal)

7. Emilio Rosenblueth, Sismos y sismicidad en México, 1992

8. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

9. Secretaría de Educación Pública (SEP). Ciclo Escolar 2013-2014

10. S. P. Nishenko and K. S. Singh, Conditional probabilities for the recurrence of large and great interpolate earthquakes along the mexican subduction zone. 1987.

11. Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Sendai, Japón. Marzo 2015.

12. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5343076&fecha=30/04/2014

13. http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/21072014 Resumen_Ejecutivo_Impacto.pdf

14. Banco Mundial. Informe 2012 “Peligros Naturales, Desastres Evitables: La economía de la prevención

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado Bernardino Antelo Esper (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Protección Civil para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Ramos Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Ramos Hernández:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional vengo a esta tribuna a presentar la iniciativa de reforma a diversos artículos de la ley del IVA, con el objeto de reducir del 16 al 11 por ciento la tasa vigente del impuesto al valor agregado de la región fronteriza.

La homologación del IVA en la frontera ha generado un impacto inflacionario, recesivo, menor poder adquisitivo, baja competitividad del sector productivo y fuga de capitales a la Unión Americana.

Millones de mexicanos que radican a lo largo de nuestra frontera sufrieron de tinta y plumazo un aumento injusto, que en términos reales está en el orden del 45 por ciento de aumento, muy por encima de cualquier aumento salarial y de las posibilidades de gasto de las familias fronterizas.

En todos los estados de la frontera enfrentamos una competencia comercial con el país más poderoso del mundo y lo hemos hecho con éxito por muchos años, producto del esfuerzo honesto, dedicado y tenaz de sus habitantes. La tasa del IVA al 11 por ciento era una condición básica de competitividad que teníamos en la frontera y que la perdimos y fue arrebatada injusta e inequitativamente.

Por otra parte, quiero puntualizar un aspecto central de este debate, a las voces que hablan de que la tasa del 16 por ciento del IVA debe ser pareja por razones de equidad, solo quiero recordarles que la equidad debe ser hacendaria, no solo fiscal, la hacienda pública no solo se compone de ingresos fiscales como el IVA, sino que se integra de un circuito virtuoso de cinco elementos fundamentales que componen la hacienda pública, como lo es el ingreso, el gasto, la administración responsable de la deuda, el patrimonio y desde luego la rendición de cuenta.

Del equilibrio completo del circuito hacendario depende la existencia misma de nuestro pacto federal, de eso estamos hablando. En estos rubros del pacto federal, la frontera está lista para revisar también los criterios de equidad en el egreso.

Por ello les digo, y que nadie se equivoque, la tasa del IVA al 11 por ciento en la frontera como tratamiento fiscal en el ingreso venía siendo y es compensada con creses en sendos rubros del gasto público como el Ramo 33 al resto de los estados.

Así les hago notar –a guisa de ejemplo– que Chiapas recibe 34 veces más presupuesto para el combate a la pobreza que lo que recibe Baja California a través del Fondo de Infraestructura Social del Ramo 33.

Y qué decir de Veracruz, que recibe 20 veces más de lo que recibe nuestra entidad. Y créanme, ni por criterio de población, territorio o pobreza, son 20 o 34 veces más que Baja California. Estos elementos, la propia publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el INEGI, así lo establecen como criterios para el ejercicio fiscal de 2015. Por si fuera poco, el ranking de distribución del Presupuesto per cápita para el combate a la pobreza nos coloca en el penúltimo lugar, en el lugar 31.

Guardadas algunas diferencias propias de nuestras entidades, equivalentes sin justicia le ocurren a estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Baja California Sur.

Ahora bien, que nadie se equivoque, no venimos aquí a pedir que se les quite el recurso ganado a nuestros hermanos de los estados de Veracruz y de Chiapas y mucho menos a quitarles recursos con los que actualmente cuentan.

A lo que sí venimos es a decir con toda puntualidad que si existen consideraciones para el sur y sureste por sus características especiales; justo y merecido es para la zona de la frontera con México contar con un régimen especial, porque sus habitantes lo merecemos.

Que quede claro, no queremos privilegios, sólo exigimos condiciones para ser competitivos. No nos distinguimos en el norte por pedir sin dar nada a cambio o sin dar nuestro mejor esfuerzo; pero sobre todo, nuestra solidaridad. Hemos sido y seguimos siendo solidarios con el sur y el centro de México, desde siempre, mediante el gasto público.

Hoy es tiempo para nosotros en el norte de la reciprocidad solidaria en la tasa del IVA. Apelamos a esa solidaridad del México posible que está en el norte, que es el México que no pide que nos den, más bien pide que nos dejen ser, que nos dejen competir.

Queremos un federalismo que haga justicia a la realidad de cada región del país, que nos haga fuertes, un federalismo fiscal que construya la autogestión de las personas y de los gobiernos, no con esquemas paternalistas aparentemente subsidiarios que no han resuelto de fondo la pobreza, que es la manera, la manera es pasar del asistencialismo a la responsabilidad personal de salir adelante, y eso sólo lo provee un Estado subsidiario que no atrofia la capacidad que todos tenemos de salir adelante por nuestros propios medios, que no genere mexicanos dependientes de la dádiva oficial; los queremos libres y por eso urge pasar del federalismo paternalista a un federalismo de la responsabilidad. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A casi dos años de que Enrique Peña Nieto presentó su reforma fiscal con el objetivo de generar mayores recursos para la federación y “simplificar” las reglas fiscales, el tiempo ha dado la razón al Grupo Parlamentario del PAN cuando argumentamos que la propuesta afectaría gravemente el sector productivo del país y a las familias de muchos trabajadores. Las variables económicas de mayor relevancia así lo confirman.

Las estimaciones de crecimiento tal parece que tienen un respaldo azaroso y no técnico. Con la mano en la cintura, dichas estimaciones se cambian de un momento a otro. Este gobierno comenzó con la propuesta de crecer a 3.9 por ciento del PIB, y hoy con dificultades crecemos poco más de 2 por ciento. No le atinan.

Por otro lado, aun cuando la inversión extranjera directa (IED) ha crecido, no lo hace en la misma proporción que en años anteriores. Por otro lado, la reinversión de utilidades de las empresas (componente de la IED) a partir de la reforma no ha resultado un negocio rentable en nuestro país al grado de que de acuerdo a reportes de la Secretaría de Economía, este rubro reporta una disminución de 15 por ciento respecto al año anterior.

En suma, mientras en 2013 el país ocupaba el lugar número 10 entre los principales receptores de IED, hoy tiene el número 13, disminuyendo evidentemente tres puestos.

Otro tema es el de la generación de empleos. Enrique Peña Nieto no ha cumplido la promesa de generar 100 mil empleos mensuales. Durante los primeros siete meses de 2015 la actual administración ha generado en promedio sólo 70 mil empleos. En consecuencia, tenemos ciudadanos a disgusto con el Presidente, que mucho prometió y que poco ha hecho.

Entre las propuestas de la mal llamada “reforma fiscal” se encuentra la reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que homologó la tasa impositiva de 11 en la región fronteriza a 16 por ciento vigente en todo el país. En razón de lo anterior, a partir de 2014 se incrementó en 5 por ciento la tasa del IVA aplicable en la franja fronteriza.

La razón expuesta por el gobierno federal es que “un diseño ideal del IVA es aquel donde no haya excepciones ni tratamientos preferenciales” y que la tasa vigente de 11 por ciento hasta 2013 resultaba regresiva “al reducir el pago de impuestos a los habitantes de regiones que en promedio obtienen mayores ingresos que los del resto del país”.

El problema del planteamiento que hizo el gobierno federal es que vio sólo una parte de la película (el ingreso de los habitantes), dejando de lado las consecuencias negativas que la reforma generaría al sector productivo de aquella región.

El otrora beneficio fiscal permitía mantener una grado de competitividad (principalmente en la zona norte) frente al país vecino de Estados Unidos. Es cierto, la infraestructura en comunicaciones y los avances tecnológicos así como la infraestructura en transportes acercan la integración comercial y económica de la región, no obstante el incremento en la tasa del IVA a 16 por ciento los pone en graves desventajas para competir.

Cuando la Cámara de Diputados debatió los efectos negativos sobre el incremento del IVA en frontera, nuestro grupo parlamentario fue tajante al señalar que este cambio en la ley afectaría al consumo de productos en la región, produciendo un efecto recesivo en su economía.

Los diputados del PAN integrantes de la LXII Legislatura advirtieron durante la discusión del paquete económico de 2014 que con el incremento en la tasa del IVA en la frontera afectaría la economía de las familias de las entidades federativas que forman dicha región y complicaría la productividad de miles de pequeñas empresas.

En su momento, tanto indicadores del Inegi como de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) señalaron claramente las implicaciones negativas de la reforma fiscal.

Durante los primeros 4 meses de 2014, en localidades fronterizas como Mexicali, Tijuana, La Paz y Ciudad Juárez se disparó la inflación de manera significativa, marcando variaciones superiores a la media nacional, de 1.38 por ciento, de acuerdo con el Inegi. Así, Mexicali alcanzó una inflación de 5.41; Tijuana, 4.56; La Paz, 4.81; y Ciudad Juárez, 4.21.

El comportamiento de la inflación no ha cambiado, pues localidades fronterizas como Ciudad Acuña, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, La Paz y Matamoros se registró una inflación de 1.27, 2.98, 2.58, 0.26, 2.70 y 0.51 por ciento en el periodo julio de 2014-julio de 2015.

El incremento en la tasa del IVA en la zona fronteriza, ha creado un efecto Inflacionario, recesivo y de baja competitividad resultado de las fugas de consumidores y las transferencias de ingresos hacia mercados externos.

Más de 7.5 millones de ciudadanos radicados en la frontera norte (6.6 de la población del país) sufrieron un aumento de 45 por ciento en la carga fiscal.

En su momento, centros educativos como el Colef señalaron que “el efecto recesivo se daría por el aumento en precios ya que, con menor capacidad adquisitiva, se originaría una menor actividad económica”. El gobierno federal desestimó en su momento, las afirmaciones que hoy con datos duros, es posible confirmar.

Otros indicadores que han resaltado los efectos recesivos en las entidades fronterizas se relacionan con el gasto mínimo mensual para un hogar, la caída del comercio regional, el cierre de empresas, entre otros.

La misma Coparmex señala que el incremento del IVA en la región fronteriza de 11 a 16 por ciento mermó el poder adquisitivo de los habitantes pues según datos presentados por el Inegi, se observa que el gasto mínimo requerido mensual de un hogar promedio durante abril de 2014 en municipios como Tijuana fue de 5 mil 141 pesos, superior a los 4 mil 749.6 que se gastaban en 2013. Es decir, el gasto en los hogares creció 8.2 por ciento anual, superior al 3.8 mostrado a escala nacional.

El retraso en las devoluciones del IVA en 2014 se convirtió en uno de los principales problemas entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. Hoy, el problema se redimensiona y toma tintes aún más críticos pues dichos retrasos prevalecen durante el actual ejercicio fiscal.

De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las devoluciones del IVA durante el 2014 cayeron 9.5 por ciento en comparación con los recursos devueltos en el 2013, al pasar de 264 mil millones de pesos a 239 mil millones de pesos.

No todo está mal, pues dado el cumulo de demandas recibidas por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el patrón de devolución parece cambiar pues durante el primer semestre de 2015 el SAT apenas ha devuelto un total de 150 mil millones de pesos que representan 31 por ciento más con lo entregado durante el primer semestre de 2014.

Aunque el ejercicio fiscal aún no termina, el dato resulta preocupante si consideramos que faltan pocos meses para que termine el año, se realice el cierre del ejercicio fiscal y lo complicado que resulta el trámite de solicitud de devolución de acuerdo a la Prodecon que señalar que el SAT aplica procedimientos y criterios para retrasar injustificadamente la obtención de las devoluciones de IVA por parte de los contribuyentes.

Queremos ser reiterativos en que previendo los problemas que generaría el incremento en la tasa del IVA, en la pasada legislatura se aprobó por parte de los diversos grupos parlamentarios el Fondo para la Frontera cuyo presupuesto ascendió a 3 mil millones de pesos, esto con el objetivo de que las entidades Federativas pudieran hacer frente a los efectos negativos de la reforma.

No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no hizo entrega del recurso confirmando el nulo compromiso que el actual gobierno tiene para con las demandas legítimas de la sociedad mexicana.

En resumen, la homologación de la tasa del IVA con la del resto del país ha provocado que las empresas sean menos competitivas y que el impacto sea aún más severo en las finanzas personales de los residentes de esa zona.

Por ello, durante la presente legislatura, nuestro grupo parlamentario se compromete a seguir trabajando en el tema con el propósito de atender los problemas antes señalados, por lo que la presente reforma tiene como objetivo regresar a la de tasa de 11 por ciento aplicable en la región fronteriza del país recuperando el texto íntegro de la ley vigente hasta diciembre de 2013 en los artículos que así lo ameritan, cumpliendo así, con una de muchas propuestas que en nuestra agenda legislativa hemos planteado en materia fiscal para revertir los efectos tóxicos que la reforma fiscal planteada por Enrique Peña Nieto han generado.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones IV a VI del artículo 1p.-C, adiciona el artículo 2o., reforma el último párrafo del artículo 2o.-A y adiciona el último párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Primero. Se reformanlas fracciones IV a VI del artículo 1o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1o.-C. ...

...

I. a III. ...

IV.Cuando los adquirentes cobren los documentos pendientes de cobro, ya sea en forma total o parcial, deberán manifestar el monto cobrado respecto del documento correspondiente en el estado de cuenta que emitan, con el cual los cedentes de los documentos deberán determinar el impuesto al valor agregado a su cargo, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente. Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.16 o 1.11 según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa de 16 u 11 por ciento, respectivamente.El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro, sin que las cantidades reflejadas en dichos documentos se hayan cobrado por los adquirentes o un tercero directamente al deudor original y no sean exigibles al cedente de los documentos pendientes de cobro, este último considerará causado el impuesto al valor agregado a su cargo, en el primer día del mes siguiente posterior al periodo a que se refiere este párrafo, el cual se calculará dividiendo el monto pagado por el adquirente en la adquisición del documento, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero cobrado por el adquirente, entre 1.16 o 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa de 16 u 11 por ciento, respectivamente.El resultado obtenido se restará del monto pagado por el adquirente en la adquisición de los citados documentos, sin descontar de dicho valor el monto correspondiente al cargo financiero, y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

...

VI. Tratándose de recuperaciones posteriores al sexto mes de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos pendientes de cobro a que se refiere la fracción V anterior, de cantidades cuyo monto adicionado de las que se hubieran cobrado con anterioridad correspondientes al mismo documento sea mayor a la suma de las cantidades recibidas por el cedente como pago por la enajenación de los documentos pendientes de cobro, sin descontar el cargo financiero, e incluyendo los anticipos que, en su caso, haya recibido, el adquirente deberá reportar dichas recuperaciones en el estado de cuenta del mes en el que las cobre. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre 1.16 o 1.11, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 16 u 11 por ciento, respectivamente.El resultado obtenido se restará del monto total cobrado y la diferencia será el impuesto al valor agregado a cargo del cedente.

...

...

VII. ...

...

...

...

Segundo.Se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11 por ciento a los valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16 por ciento.

Para efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; así como los municipios de Nava, Morelos, Zaragoza, Villa Unión y Allende, hasta el kilómetro 53.5 todos en el estado de Coahuila, así como los municipios de Calalamul en el estado de Campeche y Anáhuac en el estado de Nuevo León.

Tercero.Se reformael último párrafo del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A.El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.La enajenación de

a) a i) ...

Se aplicará la tasa de 16 u 11 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

II. a IV. ...

...

Cuarto.Se adiciona el último párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 5o.Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. a IV. ...

V. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa de 0 por ciento, sólo por una parte de las actividades que realice el contribuyente, se estará a lo siguiente:

a) a d) ...

...

...

...

Cuando el impuesto al valor agregado en la importación se hubiera pagado a la tasa de 11 por ciento, dicho impuesto será acreditable en los términos de este artículo siempre que los bienes o servicios importados sean utilizados o enajenados en la región fronteriza.

Transitorio

Único. Los efectos fiscales de la presente iniciativa entrarán en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio fiscal de 2016.

Notas:

1 De acuerdo con estadísticas oficiales del SAT en http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2015.— Diputados: Jorge Ramos Hernández, Juan Corral Mier, Jacqueline Nava Mouett, María Luisa Sánchez Meza, Gina A Cruz Blackledge, José Teodoro Barraza López, José Alfredo Ferreiro Velazco, Luis Gilberto Marrón Agustín, Elías Octavio Íñiguez Mejía, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Rocío Matesanz Santamaría, Patricia García García, Herminio Corral Estrada, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Santiago Torreblanca Engell, Martha Cristina Jiménez Márquez, José Everardo López Córdova, Minerva Hernández Ramos, Mariana Arámbula Meléndez, Alfredo Miguel Herrera Deras, Eloísa Chavarrías Barajas, Román Francisco Cortés Lugo, Ximena Tamariz García, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Eloísa Talavera Hernández, Enrique Cambranis Torres, Kathia María Bolio Pinelo, Exaltación González Ceceña, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Sergio Emilio Gómez Olivier, Miguel Ángel Salim Alle, Karina Padilla Ávila, Lorena del Carmen Alfaro García, Jesús Antonio López Rodríguez, José Erandi Bermúdez Méndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, María Verónica Agundis Estrada, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Nadia Haydee Vega Olivas, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Juan Carlos Ruiz García, Ulises Ramírez Núñez, René Mandujano Tinajero, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, César Augusto Rendón García, Marko Antonio Cortés Mendoza, Luis Agustín Rodríguez Torres, Miguel Ángel Yunes Linares, Brenda Velázquez Valdez, Alejandra Gutiérrez Campos, Pedro Garza Treviño, Wenceslao Martínez Santos, María García Pérez, José Hernán Cortés Berumen, Javier Antonio Neblina Vega, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Gretel Culin Jaime, Genoveva Huerta Villegas, Juan Pablo Piña Kurczyn, Angélica Moya Marín, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Patricia Sánchez Carrillo, Lilia Arminda García Escobar, José Antonio Salas Valencia, Héctor Barrera Marmolejo, Emma Margarita Alemán Olvera, Gabriela Ramírez Ramos, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Juan Romero Tenorio, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Adriana Elizarraraz Sandoval, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Diputado Exaltación González, tiene la palabra.

El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Me permito solicitarle, pregunte usted al diputado Jorge Ramos, si está acuerdo en que otros diputados de todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso, nos sumemos a esta iniciativa.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Diputada Cinthya, ¿con qué objeto?

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Buenas tardes, felicito al diputado Jorge Ramos por esta iniciativa, misma que yo presenté hace dos semanas. Qué bueno que se sumen otras bancadas y qué bueno que fuimos, Movimiento Ciudadano, los primeros que la presentamos. Felicidades diputado Ramos.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Los diputados han expresado su interés en adherirse a la iniciativa presentada, si el proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión, la Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición la iniciativa.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Adelante.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado.

EXPIDE LA LEY DE RETIRO PARA LOS EX PRESIDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley de retiro para los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos.

Perdón, diputado, nada más para que se incorpore el texto de las modificaciones de su participación.

El diputado Francisco Martínez Neri:Muchísimas gracias, presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la seguridad social contempla diversos sistemas para proteger a los individuos de los riesgos que se van o que se ven expuestos.

Sin embargo, las prestaciones que se otorgan para compensar la pérdida de un ingreso regular obtenido en una relación de trabajo difícilmente cubren las necesidades mínimas de un trabajador o de sus beneficiarios.

La realidad de los pensionados y jubilados de nuestro país es de precariedad y carencias, las pensiones se encuentran por debajo de un nivel de subsistencia, y los servicios de salud y protección social son insuficientes y de baja calidad.

Frente a esta realidad que afecta a millones de adultos mayores, viudas y huérfanos subsisten sistemas de privilegio con beneficios injustificables y cuyo costo fiscal no es equivalente con las aportaciones que recibe.

Es el caso de las pensiones que reciben los ciudadanos que han sido presidentes de la República, de acuerdo a disposiciones discrecionales reciben pensiones millonarias y diversas prestaciones y servicios, como el pago de bonos, aguinaldo, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía, pago de servicio telefónico, automovilístico, y el pago de servicios domiciliarios.

Estas pensiones se otorgan desde el 31 de marzo de 1987, cuando se firmó el acuerdo por el que se establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente disfrutarán, mientras vivan, de una pensión equivalente al sueldo de un secretario de Estado. Este acuerdo ha prevalecido y se ha ratificado con la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En 2014 las prestaciones y los servicios que reciben los expresidentes de la República cuestan al erario 41.6 millones de pesos, de los cuales 7.4 millones corresponden al pago de pensiones.

Lo anterior contrasta con la penosa realidad que viven 3 millones, 382 mil pensionados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que reciben una pensión promedio por cesantía en edad avanzada, de 3 mil 777 pesos, luego de toda una vida de trabajo o incluso de privaciones.

La pensión de los expresidentes es 54 veces mayor que la pensión promedio que otorga el Seguro Social, esto es inequitativo y si bien puede justificarse la existencia de un régimen especial como éste, es inaceptable la discrecionalidad y el dispendio con que ha funcionado este sistema.

No existe una ley aprobada por el Congreso que justifique este tipo de beneficios para los expresidentes, sus cónyuges, viudas o hijos. Año con año, en la discusión presupuestal el PRD ha sido firme en su rechazo a entregar estos apoyos de carácter discrecional y nuestro grupo parlamentario ha hecho reservas al dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviando un claro mensaje político en favor de la equidad y la transparencia.

Desde 2003, el senador Armando Chavarría Barrera presentó iniciativa de Ley de Sueldos y Haberes por ejercicio del cargo. En el año 2006, el senador David Jiménez Rumbo, hoy diputado, presentó iniciativa con proyecto de Ley de Pensión y Seguridad Social por retiro de los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos.

En 2007 hizo lo propio el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, al presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido enunciado.

También el PRI ha presentado iniciativas en este sentido cuando no estuvo en el poder, entre 2000 y 2012. Esperamos que la discusión de la iniciativa que ahora presentamos sea congruente a los principios que sus legisladores enarbolaron en alguna ocasión.

La existencia de regímenes de privilegio incluso contraviene a la disposición del artículo 134 constitucional, según el cual los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

De ninguna manera se trata de reducir a los ex presidentes a una condición que pone en juego su integridad y seguridad, pero sí se busca que con transparencia y en un marco de respeto a la ley se les den apoyos y recursos suficientes, sin utilizar criterios discrecionales y sin que resulten ofensivos para millones de jubilados y pensionados que subsisten en la pobreza.

En la presente iniciativa se incluyen disposiciones para otorgar prestaciones y servicios de seguridad a los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se aclaran los requisitos para acceder a estos beneficios, su financiamiento y su monto, así como las condiciones en las que estos beneficios pueden suspenderse o perderse.

Se propone que al ciudadano o ciudadana que hayan desempeñado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con exclusión de quienes lo hayan ostentado, como el del carácter de presidente interino, se le otorgue la pensión mayor que otorga el Seguro Social de 25 salarios mínimos mensuales. La mitad de esa cantidad se entregará en caso de fallecimiento a quienes sean sus beneficiarios por viudez o por orfandad.

El financiamiento de estos beneficios debe aprobarse por la Cámara de Diputados en el presupuesto anual correspondiente.

Hay una lógica que subsiste detrás del otorgamiento de estos beneficios que existen en varios países del mundo. Se supone que quienes se han dedicado al servicio público en tan alta responsabilidad, difícilmente podrán reincorporarse al servicio público o seguir desempeñando servicios profesionales, y por los servicios prestados a la patria debieran ser retribuidos por el país al que sirvieron.

Esos principios lamentablemente contrastan con el ejercicio del poder Presidencial, caracterizado por los excesos del poder, la corrupción, con el uso patrimonial de los recursos públicos y porque en realidad han sumido a la nación en una situación cada vez más difícil.

Para el Grupo Parlamentario del PRD es necesario revisar todos los esquemas pensionarios en el país, y pensiones como las que autoriza la Cámara de Diputados año con año también deben ser evaluadas en ese sentido. No puede haber tanta inequidad ni se pueden mantener pensiones y apoyos de privilegio, habiendo tantas necesidades en nuestras instituciones de seguridad social.

Quiero agradecer, finalmente, a mis compañeros diputados, al diputado Julio Saldaña Morán, a la diputada María Luisa Beltrán Reyes, la coautoría para traer hoy al pleno esta iniciativa, que me parece que en estos tiempos de austeridad resulta ser sumamente indispensable. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La seguridad social considera diversos sistemas para proteger a los trabajadores de los riesgos a que se ven expuestos. Sin embargo, las prestaciones en especie y en dinero que se otorgan para compensar la pérdida de un ingreso regular obtenido en una relación de trabajo difícilmente cubren las necesidades mínimas de un trabajador o de sus beneficiarios.

La realidad de los pensionados y jubilados de nuestro país es de precariedad y carencias. Las pensiones se encuentran por debajo de un nivel de subsistencia mínimo y los servicios de salud y protección social son insuficientes y de baja calidad.

Frente a esta realidad que afecta a millones de adultos mayores, viudas y huérfanos, subsisten sistemas pensionarios de privilegio, con beneficios injustificables y cuyo costo fiscal no es equivalente con las aportaciones que recibe.

Es el caso de las pensiones que reciben los ciudadanos que han sido presidentes de la República, pero además de una pensión equivalente al sueldo de un secretario de Estado, de acuerdo con disposiciones administrativas, reciben pensiones millonarias y diversas prestaciones y servicios, como el pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía; pago de servicio telefónico (local, larga distancia y celular); automovilístico (para ex presidente, esposa, hijos y escoltas con sus respectivas cuentas de tenencia, verificación y mantenimiento); y servicios domiciliarios (predial, agua, luz, jardinería, etcétera).

Estas pensiones se otorgan desde el 31 de marzo de 1987 –durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado– cuando se firmó el acuerdo por el que se establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente disfrutarán, mientras vivan, de una pensión equivalente al sueldo total de los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado. Este acuerdo ha prevalecido y se ha ratificado con la aprobación anual de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por ejemplo, en el artículo 19 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 se incluye una disposición en este sentido:

El ramo administrativo 02, “Oficina de la Presidencia de la República”, a que se refiere el anexo 1, inciso B, de este decreto, incluye los recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo federal o, a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables sea su beneficiario, las que no podrán exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de secretario de Estado, así como las correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a los términos de este artículo. Asimismo, incluye los recursos que se asignan a la compensación que se otorga al personal militar del Estado Mayor Presidencial. Las remuneraciones del personal civil de apoyo deberán reportarse en los informes trimestrales y serán públicas en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

No hay una ley aprobada por el Congreso que justifique este tipo de beneficios para los ex presidentes, sus cónyuges, viudas o hijos.

Año con año, en la discusión presupuestal el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha sido firme en su rechazo a entregar estos apoyos discrecionalmente y nuestro grupo parlamentario ha hecho reservas al dictamen del decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo con su facultad reglamentaria, para destinar esta partida millonaria a otros requerimientos urgentes que, aunque mínimos en el contexto de un presupuesto billonario envía un claro mensaje político en favor de la equidad y la transparencia.

De la misma forma, el PRD ha propuesto sendas iniciativas para regular las pensiones de los ex presidentes mediante leyes expresas.

Desde 2003, el senador Armando Chavarría Barrera presentó iniciativa de Ley de Sueldos y Haberes por Ejercicio del Cargo; en 2006, el senador David Jiménez Rumbo (hoy diputado) presentó iniciativa con proyecto de Ley de Pensión y Seguridad Social por Retiro de los Titulares del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos; en 2007, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido enunciado.

También el PRI ha presentado iniciativas en este sentido cuando ya no fue el partido en el poder, entre 2000 y 2012. Esperamos que en la discusión de esta iniciativa sea congruente..

A ello se suma la pensión que reciben Paloma Delia Margarita Cordero, viuda de Miguel de la Madrid, quien recibe 50 mil 829 pesos mensuales, y Alejandra Acimovic Popovic, viuda de José López Portillo, a quien dan 40 mil 747 pesos mensuales.

De acuerdo con información obtenida al amparo de las disposiciones en materia de transparencia, en 2014 las prestaciones y los servicios que reciben los ex presidentes de la República cuestan al erario 41.6 millones de pesos, de los cuales 7.4 millones corresponden al pago de pensiones.

Esta realidad contrasta, por ejemplo, con 3 millones 382 mil pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social que reciben una pensión promedio por cesantía en edad avanzada de 3 mil 777 pesos, luego de toda una vida de trabajo, e incluso de privaciones.

La pensión de los ex presidentes es 54 veces mayor que la pensión promedio del Seguro Social. Esto es inicuo y si bien puede justificarse la existencia de un régimen especial es inaceptable la discrecionalidad y el dispendio con que ha funcionado este sistema.

Argumentación

Hay una lógica que subsiste detrás del otorgamiento de estos beneficios que se otorgan en otros países del mundo. Se supone que quienes se han dedicado al servicio público en tal alta responsabilidad difícilmente podrán reincorporarse al servicio público o seguir desempeñando servicios profesionales y por los servicios prestados a la patria debieran ser retribuidos por el país a que sirvieron.

Una remuneración digna prevendría además de que estos servidores públicos puedan utilizar información privilegiada al servicio de intereses privados e incluso extranjeros.

Estos principios lamentablemente contrastan con el ejercicio del poder presidencial caracterizado por los excesos del poder, la corrupción, con el uso patrimonial de los recursos públicos y porque en realidad, han sumido a la nación en una situación cada vez más difícil.

La existencia de regímenes de privilegio incluso contraviene la disposición constitucional contenida en el artículo 134, según el cual los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

De ninguna manera la presente iniciativa busca reducir a los ex presidentes a una condición que ponga en juego su integridad y su seguridad. Pero sí se busca que con transparencia y en un marco de respeto de la ley se le den apoyos y recursos suficientes sin necesidad de utilizar criterios discrecionales y sin que resulten ofensivos para millones de jubilados y pensionados que subsisten en la pobreza, e incluso para una inmensa mayoría de personas adultas mayores que carecen de la más elemental protección.

En la presente iniciativa se incluyen disposiciones para otorgar prestaciones y servicios de seguridad a los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se aclaran los requisitos para acceder a estos beneficios, su financiamiento y su monto, así como las condiciones en las que estos beneficios pueden suspenderse o perderse.

Para el Grupo Parlamentario del PRD, es necesario revisar todos los esquemas pensionarios del país y pensiones como las que autoriza la Cámara de Diputados año con año también deben ser evaluadas en este sentido. No puede haber tanta iniquidad ni se pueden mantener pensiones y apoyos de privilegio habiendo tantas necesidades en nuestras instituciones de seguridad social.

Por lo expuesto proponemos a esta asamblea la siguiente iniciativa:

Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos.

Ordenamientos por modificar

Único. Se expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. Esta ley es de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto establecer las bases sobre las cuales se otorgarán pensiones y servicios de seguridad con fondos del erario federal para los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. Beneficiario. El ciudadano o la ciudadana que hayan desempeñado el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del capítulo III del título tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normas aplicables, con exclusión de quienes lo hayan tenido con el carácter de presidente interino.

II. Familiares. El o la cónyuge supérstite, o en su ausencia la persona con quien el beneficiario haya vivido como si fuera su cónyuge durante los últimos cinco años, o con quien tuviese uno o más hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio; los hijos menores de dieciocho años, los menores de veinticinco años que realicen sus estudios en escuelas públicas o quienes sufran una enfermedad crónica o discapacidad que les impida mantenerse por su trabajo.

III. Ley. La presente Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Pensión por retiro. El beneficio económico que se otorga en los términos de la presente ley.

Artículo 3. El beneficiario tendrá derecho a una pensión mensual por retiro equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. El pago de esta pensión incluirá una gratificación de fin de año por el mismo monto.

Artículo 4. El Estado mexicano proporcionará el personal estrictamente necesario para la seguridad del beneficiario y sus familiares, siempre y cuando sea solicitado a la dependencia y se justifique a juicio de esta autoridad la prestación del servicio.

Artículo 5. La pensión por retiro y los beneficios otorgados por esta ley podrán ser suspendidos en caso de que el beneficiario reciba ingresos derivados del desempeño de algún empleo, cargo o comisión de la federación, de los estados, del gobierno del Distrito Federal, de los municipios, así como de empresas productivas del estado, empresas u organismos desconcentrados o descentralizados del gobierno federal o que de alguna forma tengan participación estatal o de cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, incluidos los pagos en especie, o de cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, incluidos los pagos en especie.

Artículo 6. El derecho del beneficiario a recibir la pensión por retiro y los beneficios otorgados por esta ley se pierde en los siguientes casos:

I. Por ser por algún delito grave que merezca como pena la privación de la libertad;

II. Por realizar algún acto que atente contra la seguridad, las autoridades o las instituciones nacionales;

III. Por renuncia expresa; o

IV. Por fallecimiento.

Artículo 7. En caso de fallecimiento del beneficiario, los familiares tendrán derecho, según el caso, a pensiones por viudez o por orfandad equivalente a cincuenta por ciento de la pensión por retiro en el siguiente orden:

I. El o la cónyuge supérstite, o en su ausencia la persona con quien el beneficiario haya sido como si fuera su cónyuge durante los últimos cinco años, o con quien tuviese uno o más hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio;

II. A falta de cónyuge, los hijos menores de dieciocho años, los menores de veinticinco años que realicen sus estudios en escuelas públicas o quienes sufran una enfermedad crónica o discapacidad que les impida mantenerse por su propio trabajo.

La cantidad total a que tengan derecho los familiares a que se refiere la anterior fracción se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de la pensión por orfandad y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los restantes.

Artículo 8. El derecho a las pensiones a que se refiere el artículo anterior se pierde en los siguientes casos:

I. Por contraer matrimonio el o la cónyuge;

II. Por alcanzar los hijos dieciocho años de edad, con las salvedades expuestas en la fracción II del artículo 5 de esta ley; o

III. Por fallecimiento.

Artículo 9. Los recursos para el pago de la pensión por retiro, así como las pensiones por viudez y por orfandad, se otorgarán con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.

Artículo 10.La interpretación de esta ley, para efectos administrativos, corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, supletoriamente, se aplicarán la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y derecho civil que sean aplicables.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan los acuerdos y todas las demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el encargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal posterior a la entrada en vigor de este decreto se harán los ajustes necesarios para el cumplimiento de la presente ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2015.— Diputados: Francisco Martínez Neri,Guadalupe Acosta Naranjo, Omar Ortega Álvarez, Ángel II Alanís Pedraza, Leonardo Amador Rodríguez, Hortensia Aragón Castillo, Tania Victoria Arguijo Herrera, Natalia Karina Barón Ortiz, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, María Luisa Beltrán Reyes, Erika Irazema Briones Pérez, Ana Leticia Carrera Hernández, María Elida Castelán Mondragón, Maricela Contreras Julián, Eva Florinda Cruz Molina, Óscar Ferrer Ábalos, Lluvia Flores Sonduk, María Cristina Teresa García Bravo, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Carlos Hernández Mirón, Rafael Hernández Soriano, Karen Hurtado Arana, Sergio López Sánchez, Araceli Madrigal Sánchez, Lucía Virginia Meza Guzmán, Francisco Xavier Nava Palacios, Tomas Octaviano Félix, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Daniel Ordoñez Hernández, Evelyn Parra Álvarez, Héctor Peralta Grappin, Candelario Pérez Alvarado, Isaura Ivanova Pool Pech, Karen Orney Ramírez Peralta, Felipe Reyes Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz, Julio Saldaña Moran, Arturo Santana Alfaro, José Santiago López, Araceli Saucedo Reyes, Cecilia Guadalupe Soto González, Miriam Tinoco Soto, Victoriano Wences Real (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas de este país, me permito saludarlos en nombre del pueblo de la costa de Chiapas que orgullosamente represento.

Decidí subirme a la tribuna el día de hoy para manifestar mi preocupación para emprender acciones concretas por esta enfermedad que ha penetrado por el sureste del país, denominada chikungunya.

Hoy, en concreto, someto a consideración de esta honorable asamblea esta iniciativa con proyecto de decreto en el cual se reforma el artículo 134 en su fracción VI de la Ley General de Salud, para que de manera obligatoria los estados de la República y la federación incorporen en sus actividades de vigilancia epidemiológica a esta fiebre africana chikungunya, o chincongunya, como lo han manifestado en la Organización Mundial de la Salud, para que sea tratado con la seriedad que representa.

En Chiapas el problema es serio. Yo no conozco a una persona que no sepa por un familiar, por un amigo, por un vecino de alguien que esté enfermo de esta fiebre.

Y no debemos minimizar los alcances de esta enfermedad, porque las condiciones climatológicas y geográficas de nuestro país lo hacen factible para su proliferación.

Por eso, desde aquí hago un llamado que trascienda las paredes de este Palacio Legislativo, que haga eco en la Secretaría de Salud federal para que redoble sus esfuerzos y se trabaje de manera aún más decidida en el tratamiento y combate de esta fiebre.

Que este llamado llegue a cada uno de los estados de la República para que de manera inmediata, los señores gobernadores incorporen campañas de información y de prevención para toda la ciudadanía. Pero sobre todo, para toda la gente, para cada municipio, para cada ejido, para sus hogares porque es ahí, en esos terrenos abandonados, en esas llantas tiradas donde se reproducen los mosquitos que transmiten que transmiten el dengue y la chikungunya.

Por eso hoy les garantizo, compañeros, que esta iniciativa, hacerlo en este momento y no esperar a que esto pueda crecer es lo más responsable y será menos oneroso para las finanzas públicas.

Les agradezco, señoras y señores legisladores, que asumamos juntos esta responsabilidad que va más allá de los colores y de las fracciones partidistas. Hoy nos une la tarea de adecuar nuestro marco jurídico a las realidades que están moviendo a nuestro país. Su voto en esta ocasión es la mejor vacuna. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Diego Valente Valera Fuentes, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 134 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados, se describió por vez primera durante un brote acontecido en la zona meridional de Tanzania en 1952, la palabra chikungunya, es una voz del idioma kimakonde que significa doblarse, esto debido a que uno de los síntomas de la enfermedad es el aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares.

Además de fiebre y de intensos dolores articulares, produce otros síntomas, como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

Debido a la falta de un tratamiento curativo efectivo, su curación se centra en el alivio de los síntomas, entre ellos el dolor articular mediante antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos.

Como mencionamos anteriormente dicha enfermedad es endémica de África, Asia y el subcontinente indio, sin embargo en diciembre de 2013, Francia notificó dos casos autóctonos confirmados en la parte francesa de la isla caribeña de St. Martin. Este fue el primer brote documentado de fiebre chikungunya con transmisión autóctona en América. Hasta abril de 2015 se habrían contabilizado 1 millón 379 mil casos sospechosos de chikungunya en las islas del Caribe, los países de América Latina y los Estados Unidos de América.

El primer caso de chikungunya en nuestro país se presentó en una mujer de 39 años, la cual había viajado al Caribe, en este sentido y debido a la alta infestación por el mosquito Aedes aegypti y la presencia detectada de Aedes albopictus en gran parte de nuestro territorio nacional significa que la llegada de casos importados se convierten en un peligro potencial para que el vector (mosquito) adquiera el virus de chikungunya y, a su vez, infecte a más seres humanos de manera local.

De esta manera, la ausencia previa de esta enfermedad en nuestro país nos hace susceptibles a una virulencia elevada, a esto hay que añadir que una parte de los casos son asintomáticos o con síntomas semejantes a los de otras enfermedades comunes de nuestro territorio, como el dengue. Lo anterior vuelve complicado la detección oportuna y favorece la posibilidad de que se incremente el número de mosquitos con capacidad de adquirir el virus a partir de los individuos infectados y así, sucesivamente, se crea un círculo vicioso el cual está ocasionando una epidemia considerable de rápida diseminación.

En solo un año el virus chikungunya pasó de un caso a 3 mil 306 casos, extendiéndose a 16 estados de la República Mexicana, esto según datos de la Secretaria de Salud Federal.

La cifra puede ser más elevada, ya que, según el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, existe un subregistro del contagio y seguramente el virus ya se encuentra en todo el país.

Un caso preocupante es el estado de Guerrero, que cuenta con mil 161 casos, seguido de Oaxaca con 646, Chiapas con 576, Michoacán con 416 y Veracruz con 249.

A pesar de los datos anteriormente vertidos, el Secretario de Salud en Guerrero, Edmundo Escobar Habeica, informó que en el estado hay 17 mil casos sospechosos de chikungunya, pero por falta de recursos económicos la dependencia a su cargo no puede hacer las pruebas necesarias para determinar cuántos son realmente.

Lo anterior es extremadamente alarmante ya que a pesar de que la tasa de morbilidad del virus es del 0.45%, no existe vacuna o tratamiento efectivo alguno y su atención genera erogaciones de 57 millones de pesos por incapacidades.

Aunado a esto, el hecho de que esta endemia afecte a los estados más pobres de nuestro país los cuales apenas cuentan con recursos para cubrir las necesidades básicas debe impulsarnos a tomar acciones inmediatas para paliar las afectaciones que esta enfermedad está ocasionando.

Por lo tanto y ya que el virus de chikungunya es nuevo en las Américas y en nuestro país, los medios de comunicación, la población y las autoridades tendrán que recibir la educación sobre la enfermedad, su forma de transmisión, la falta de tratamiento específico, las formas de tratamiento sintomático y la adopción de medidas de control.

De igual manera tenemos que ajustar nuestro marco jurídico para agregar dicho padecimiento y de esta manera contemplar sus posibles efectos y soluciones.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 134 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 134, fracción VI, de la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 134.La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I.a V. ...

VI.Fiebre amarilla, dengue, fiebre chikungunya y otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos;

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes septiembre de 2015.— Diputado Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Virgilio Caballero Pedraza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Compañeras diputadas, compañeros diputados. El Movimiento de Regeneración Nacional, considera urgente un cambio de régimen, que confirme su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, al pueblo y retirarles el mandato cuando violen las leyes.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto que presentaremos en esta Legislatura, que incluirá la creación de un órgano autónomo de combate a la corrupción y modificaciones en materia de fuero constitucional.

En Morena promovemos la democracia plena que significa democracia participativa, en la que los ciudadanos deciden directamente los asuntos más importantes de la nación. Bien puede decirse que la democracia es en esencia la posibilidad de cambiar al gobierno en forma pacífica. Si permitimos que sea la propia clase gobernante quien tome la decisión del momento oportuno para que esos cambios de gobierno existan, entonces no tenemos democracia.

La revocación de mandato es una institución fundamental y no solo un procedimiento para separar y reemplazar a un servidor público de su encargo. Con la revocación se aplica la necesidad popular de separar a los funcionarios públicos cuando dejan de inspirar confianza a quienes los eligieron.

Según el informe País, sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014 realizado por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México, en los últimos 18 años se ha reducido 12 por ciento el apoyo de la ciudadanía al sistema político. La confianza en los partidos es de 19 por ciento, mientras que solo 17 por ciento de las 19 personas encuestadas, las 19 mil, confía en los diputados.

Este lamentable panorama es ocasionado, entre otros factores, por la ausencia de una democracia real en todo el país, ya que frecuentemente se despoja a los ciudadanos de las vías legales para ser escuchados e incidir en las decisiones que toman los grupos de poder económico y político., quienes garantizan la continuidad de un sistema social de exclusión y de pobreza.

La ejecución del derecho de reemplazarlos en cualquier momento, como lo señala el artículo 39 constitucional, es un mecanismo para una democracia verdadera que opere como correctivo de las deficiencias de las instituciones de representación popular.

Ciertamente el Código Político de 1917 solo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y política, pero no contempla la revocación de mandato. Por ello planteamos elevar a rango constitucional un nuevo sistema de responsabilidad que introduzca la revocación de mandato para el presidente de la República, los gobernadores, el jefe de gobierno, los presidentes municipales, los fejes delegacionales, los senadores, los diputados federales, estatales y de la Asamblea Legislativa.

Estos cargos públicos podrán concluir en cualquier momento, pues en el ejercicio de su soberanía el pueblo puede y debe impedir los actos de corrupción e impunidad como los que hoy en día asfixian la vida del país.

La República padece una crisis provocada por quienes se ostentan como nuestros representantes que lejos de ver por la prosperidad de la nación, medran en el desorden y se hacen con frecuencia de fortunas escandalosas.

La revocación debe ser un freno democrático que coloque al pueblo en condiciones de intervenir real y directamente en sus propios asuntos sin perpetuar el poder en manos irresponsables.

No es posible que en México el presidente de la República solo pueda ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Lo que hoy en día ocurre en Guatemala donde el presidente y la vicepresidenta fueron sometidos a investigaciones que los vinculan con redes de corrupción, es el ejemplo de una sociedad hasta de la impunidad de sus servidores públicos, tanto que en Guatemala los retiraron incluso de sus puestos.

Por ello planteamos revocar en cualquier tiempo, por medio del sufragio libre, directo y secreto, el mandato popular conferido en elecciones libres, auténticas y periódicas, a miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, federales, estatales, municipales y del Distrito Federal que incurran hasta que se elimine el pudor frecuentemente en actos de abuso de poder, de corrupción e impunidad.

En suma, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena proponemos modificar las actuales formas de relación política entre gobernados y gobernantes y abrir espacios para que la ciudadanía se involucre efectivamente en las decisiones que afectan su vida. Gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Las y los que suscriben, diputadas y diputados a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Ley Fundamental y 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Exposición de Motivos

Movimiento de Regeneración Nacional considera urgente un cambio de régimen que confirme a la ciudadanía su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, pero sobre todo, su derecho a decidir sobre todos los asuntos vitales para la regeneración de la vida republicana.

Esta iniciativa forma parte de un paquete que presentaremos en esta Legislatura, que incluye la creación de un órgano autónomo de combate a la corrupción y modificaciones en materia de fuero constitucional.

Promovemos la democracia plena, que significa democracia participativa, en la cual los ciudadanos decidan directamente los asuntos más importantes de la nación.

Revocar el mandato popular conferido al Presidente de la República, gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, presidentes municipales, jefes delegacionales, senadores, diputados federales, estatales y de la Asamblea Legislativa es una de nuestras propuestas.

La revocación del mandato es una institución democrática fundamental y no solo un procedimiento para separar y reemplazar a un servidor público de su encargo; con la revocación se aplica la necesidad popular de separar a los funcionarios públicos cuando dejan de inspirar confianza a quienes los eligieron, es un control permanente sobre ellos.

La ejecución del derecho de reemplazarlos en cualquier momento como lo señala el artículo 39 constitucional es el mecanismo de una democracia verdadera que opere como correctivo de las deficiencias de funcionamiento de las instituciones de representación popular.

Ciertamente, el código político de 1917 sólo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y política y no contempla la revocación de mandato. Por ello planteamos elevar a rango constitucional un nuevo sistema de responsabilidad que introduzca la revocación del mandato para el Presidente de la República, los gobernadores, el jefe de Gobierno, los presidentes municipales, los jefes delegacionales, los senadores, los diputados federales, estatales y los diputados de la Asamblea Legislativa.

Estos cargos públicos podrán concluir en cualquier momento, pues en el ejercicio de su soberanía, el pueblo puede y debe impedir los actos de corrupción e impunidad como los que hoy en día asfixian la vida del país.

La República padece una crisis provocada por quienes se ostentan como nuestros representantes, que lejos de ver por la prosperidad de la nación, medran en el desorden y se hacen con frecuencia de fortunas escandalosas.

Secretarios de despacho y servidores públicos que han perdido la fuerza moral para representar a la sociedad.

No es posible un poder público que se ejerce sin el control de la ciudadanía.

La democracia de fondo, verdadera, no se puede entender sin el derecho de la ciudadanía a revocar los mandatos que ella decide.

La revocación debe ser un freno democrático que coloque al pueblo en condiciones de intervenir real y directamente en sus propios asuntos sin perpetuar el poder en manos irresponsables.

El exceso del poder y la contención del mismo son preocupaciones de la sociedad.

No es posible que en México el Presidente de la República sólo pueda ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común; lo que hoy en día ocurre en Guatemala donde el Presidente y la vicepresidenta fueron sometidos a investigaciones que los vinculan con redes de corrupción, es el ejemplo de una sociedad harta de la impunidad de sus servidores públicos; tanto, que en Guatemala los retiraron incluso de sus puestos.

Por ello planteamos revocar en cualquier tiempo, por medio del sufragio libre, directo y secreto el mandato popular conferido en elecciones libres, auténticas y periódicas a miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, federales, estatales, municipales y del Distrito Federal que incurren hasta sin el mínimo pudor en actos de abuso de poder, de corrupción e impunidad.

Para proceder a la revocación de mandato se requerirá al menos el 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores a nivel nacional, estatal o municipal.

Al Instituto Nacional Electoral le corresponderá en forma directa la verificación del requisito antes señalado, así como la organización, el desarrollo, el cómputo y la declaración de resultados.

También proponemos que cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será definitivo e inatacable.

El cargo de Presidente de la República no solo es renunciable por causa grave, será también renunciable por revocación de mandato.

Así mismo, el Presidente de la República podrá ser acusado por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, por el manejo y la aplicación indebidos de fondos y recursos federales, y será sujeto de juicio político para proceder penalmente en su contra.

Finalmente, establecemos que las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regularán la revocación de mandato.

Por todo ello, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, proponemos modificar las actuales formas de relación política entre gobernados y gobernantes y abrir espacios para que la ciudadanía se involucre, efectivamente, en las decisiones que afectan su vida, por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforman, los artículos 73, fracción XXIX-Q; 86, párrafo segundo; 108, párrafo segundo; 110, párrafo primero; 111 párrafo primero; 116, fracción II, último párrafo; 122, fracción V, inciso p), y se adicionan, el 35, fracción IX, con cuatro párrafos; 39, párrafo segundo; 41, párrafo segundo y se deroga, el párrafo cuarto del 111, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35...

I. a la VIII...

Artículo 39...

Artículo 41...

...

I a la VI...

Artículo 73.El Congreso tiene la facultad

I. a XXIX-P...

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, consultas populares y

XXX...

Artículo 86.El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia o

Artículo 108...

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado

...

...

...

Artículo 110.Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

...

...

...

...

...

Artículo 111.Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 112...

Artículo 116...

...

I...

II...

...

...

...

...

...

...

...

Las legislaturas de los estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley y revocación de mandato ante el respectivo Congreso.

III a la IX...

Artículo 122...

I a la IV...

V...

a) a la o)...

p)Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativaante la propia Asamblea; y

q)...

H...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente decreto a los artículos 35, fracción IX, 39 y 73, fracción XXIX-Q, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular la revocación de mandato.

Tercero. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de 180 días naturales, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de septiembre del año dos mil quince.— Diputados: Virgilio Dante Caballero Pedraza,Norma Rocío Nahle García (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

EXPIDE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra el diputado Clemente Castañeda, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley que crea la comisión de la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, suscrita por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Con su venia, diputada presidenta. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el derecho a la verdad es irrenunciable, que el derecho a la justicia es una aspiración a la que los mexicanos nunca debemos renunciar.

Por ello el día de hoy estamos presentando una iniciativa para expedir la ley de la comisión de la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El Estado mexicano a través de sus instituciones ha demostrado que no puede con el caso Ayotzinapa; ha caído en contradicciones y simulaciones; ha ofendido a las víctimas y ha generado una indignación nacional que no sólo genera desconfianza e incertidumbre, sino que ofende a México, porque cada caso de impunidad lesiona nuestras instituciones, y porque cada caso de negligencia ante las víctimas, denigra nuestra historia.

Estos errores del Estado se evidenciaron con el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contradijo la verdad histórica de la Procuraduría General de la República.

Así pues, el Estado no se ha comportado a la altura de los mexicanos para resolver el caso Ayotzinapa. Por esta falta de certidumbre y porque los mexicanos merecen verdad, y merecen justicia, es que la bancada de Movimiento Ciudadano propone una comisión de la verdad para Ayotzinapa, propone una instancia que pueda superar los errores y omisiones de nuestras propias instituciones.

No creemos, si lo quiero hacer en un acto de responsabilidad, no creemos que una fiscalía especial a cargo de la misma PGR sea una solución o una respuesta idónea para atender este caso. Creemos que debemos ir un paso más adelante y plantear soluciones de fondo, innovadoras y que estén a la altura de la circunstancia.

Esta comisión de la verdad tampoco es igual que la comisión especial que hace unos días aprobamos en esta Cámara de Diputados y que tendrá objetivos muy concretos y en donde todas las fracciones parlamentarias tendremos una importante responsabilidad.

Estamos convenidos que cualquier esfuerzo para esclarecer la verdad en el caso Ayotzinapa y para dignificar a las víctimas y reparar el daño, es loable y bienvenido. Y hoy los diputados de Movimiento Ciudadano, estamos planteando un instrumento diferente que podrá contribuir de manera crucial a estos objetivos.

Queremos una comisión de la verdad para Ayotzinapa, para reforzar los esfuerzos y hallazgos del Grupo Interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para establecer un panorama completo de lo ocurrido en Ayotzinapa y para recoger la perspectiva de las víctimas, para contribuir a la restauración de la dignidad de las víctimas y reconocer el derecho a la verdad que merecemos todos los mexicanos, pero también queremos una comisión para deslindar responsabilidades y hacer justicia en torno a estos hechos, para generar medidas de reparación integral del daño, para evitar la doble victimización de los padres, de los estudiantes de Ayotzinapa y, sobre todo, para contar con un mecanismo que contribuya a la no repetición del daño de hechos tan lamentables como este.

Queremos una instancia que trabaje con autonomía presupuestal y de gestión, con independencia de las instituciones para realizar una investigación exhaustiva y profesional, con capacidad para emprender acciones que permitan llevar a la justicia a los responsables con compromisos e instrumentos que permitan reparar el daño de manera integral a las víctimas y que permitan dar con el paradero de los 43 estudiantes.

Esta iniciativa está inspirada en ejemplos exitosos de justicia transicional, encaminados al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.

Y tomamos casos emblemáticos, como la Comisión de la Verdad de Argentina, encabezada por Ernesto Sábato; la de Sudáfrica, encabezada por Desmond Mpilo Tutu, que ha sido las más exitosa en su tipo y contribuyó a la reconciliación nacional en dicho país; o para no ir muy lejos, de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, que en días pasados logró consignar a una exautoridad de dicha entidad por violaciones graves a los derechos humanos entre 2006 y 2007.

A través de esta iniciativa estamos planteando que la Comisión de la Verdad sea integrada por cinco comisionados, tres de ellos expertos en derechos humanos y dos de ellos representantes de los padres de familia y las víctimas, mismos que deben ser elegidos en consenso con los padres de los 43 normalistas, el Poder Ejecutivo y esta Cámara de Diputados.

Que dicha comisión cuente con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para la investigación. Que se integren tanto un comité para la búsqueda de los 43 estudiantes como un comité para la reparación del daño de las víctimas. Y que esta comisión trabaje bajo el principio de máxima publicidad y exposición, para que los mexicanos tengan acceso en todo momento a la información que se genere en torno a la investigación y a sus resultados.

Quiero dejar claro que el objetivo de esta Comisión de la Verdad no será duplicar los trabajos que ya han hecho instancias como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; sino, por el contrario, trabajar a partir de sus hallazgos para perseguir cuatro objetivos muy concretos:

1. Garantizar el derecho a la verdad en torno a este caso,

2. Continuar la búsqueda de los 43 estudiantes,

3. Asegurar la reparación integral del daño para las víctimas, así como la no repetición de hechos como este, e

4. Impulsar las investigaciones y acciones jurídicas necesarias para deslindar responsabilidades, y garantizar que se haga justicia en torno al caso Ayotzinapa.

Hemos solicitado respetuosamente que esta iniciativa sea turnada directamente a la Junta de Coordinación Política, y por ello aprovecho para hacer un llamado desde esta tribuna para que sea atendida de manera expedita y con responsabilidad, para que esta Cámara de Diputados siga contribuyendo con soluciones al esclarecimiento del caso Ayotzinapa.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que con una instancia como esta Comisión de la Verdad, integrada por especialistas y expertos en la materia, y sobre todo por representantes de las víctimas, podemos aspirar a reclamar el derecho a la verdad y el derecho a la justicia que desgraciadamente le han sido negados a los mexicanos y a los padres de los 43 desaparecidos. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 Estudiantes de Ayotzinapa, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La noche del 26 de septiembre de 2014, una caravana de autobuses que transportaba a estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, fue atacada indiscriminadamente con armas de fuego por parte de policías municipales del ayuntamiento de Iguala, Guerrero, y otros sujetos desconocidos, resultando muertas seis personas. Posteriormente, y durante toda la madrugada, los estudiantes que lograron escapar fueron perseguidos, criminalizados los heridos, y finalmente fueron desaparecidos 43 de ellos, quienes continúan hasta la fecha en esa condición. Los hechos anteriores despertaron una ola de indignación nacional, pocas veces vista en la historia reciente de nuestro país, germinando alrededor de los mismos un movimiento nacional que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes desparecidos.

La Procuraduría General de la República encabezó la investigación sobre este caso, y el 12 de noviembre de 2014, el Estado mexicano suscribió un acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para complementar las investigaciones por estos hechos. A raíz de dicho acuerdo, la CIDH nombró a cinco expertos que conforman el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI.

No obstante, en enero de 2015, el entonces procurador general de la República señaló que la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa consistía en que los 43 estudiantes habían sido calcinados en el basurero de Cocula, y posteriormente sus cenizas esparcidas en el río San Juan, por lo que la PGR concluía la investigación del caso.

El 6 de septiembre del presente año, el GIEI presentó los resultados de sus investigaciones a través del “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, concluyendo que se debe hacer un “replanteamiento general de la investigación”, dadas las inconsistencias y contradicciones detectadas; además de que extiende al Estado Mexicano 20 recomendaciones sobre la investigación y sobre las probables violaciones a los derechos humanos. El Informe presentado por el GIEI echaba por tierra la versión gubernamental de que sobre el caso ya existía una incontrovertible “verdad histórica”.

Vale la pena destacar que el equipo argentino de antropología forense, EAAF, ya había entregado un informe en febrero de este año estableciendo la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 normalistas desparecidos hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula: “Hasta el momento, el EAAF aún no tiene evidencia científica para establecer que, en el basurero de Cocula, existan restos humanos que correspondan a los normalistas”. Sin embargo, la PGR se apresuró a desmentir a los peritos mediante un comunicado oficial que decía respecto de las conclusiones de los peritos que “parecerían más especulaciones que certezas”. En este sentido, cabe también señalar que el “Informe Ayotzinapa” presentado por el GIEI recomienda a las autoridades mexicanas realizar segundas investigaciones en compañía de peritos del EAAF.

El ya histórico Informe también reporta que algunas pruebas e indicios fueron destruidos sin ser analizados, que no se permitió al grupo de expertos interrogar a los militares que fueron testigos, entre otras anomalías. Ante estas circunstancias es urgente integrar una nueva indagatoria con medios de convicción auténticos que arrojen respuestas fidedignas y se sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el caso Ayotzinapa y los hechos constitutivos de delitos.

Las conclusiones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han generado una ola de cuestionamientos e interrogantes en torno al desempeño de la Procuraduría General de la República en las investigaciones del caso Ayotzinapa; incluso, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han señalado que la “verdad histórica” ofrecida por el gobierno mexicano es una “mentira histórica”.

Frente a los antecedentes que han envuelto a la investigación de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la desconfianza de los ciudadanos ante las autoridades crece día con día, sin que deje de generarse un clima de miedo e inseguridad. Ante ello, consideramos que el pueblo de México no depositaría su confianza sobre el esclarecimiento de la verdad en una Fiscalía Escpecial creada ex professo para el caso, debido a las graves deficiencias en la investigación, señaladas anteriormente.

II. Según el Informe “Derecho a la Verdad en las Américas”, elaborado y aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de agosto de 2014, el derecho a la verdad se originó específicamente a partir de las obligaciones de los estados de esclarecer la verdad sobre casos de desaparición forzada:

“El derecho a la verdad tuvo sus orígenes en el DIH (derecho internacional humanitario) al establecerse la obligación de los Estados de buscar a las personas desaparecidas en el marco de conflictos armados internacionales o no internacionales. Asimismo, se resaltó la existencia del derecho de los familiares a conocer la suerte de las víctimas en dichos contextos.

En el ámbito del sistema interamericano, el derecho a la verdad se vinculó inicialmente con el fenómeno extendido de la desaparición forzada. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han establecido que la desaparición forzada de personas tiene un carácter permanente o continuado que afecta una pluralidad de derechos, tales como el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica. De esta forma, se ha se ha indicado que el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos.”

Ahora bien, según el artículo 2 de la “Convención Internacional para la Protección de todas las peronas contra las desapariciones forzadas”, de la Organización de las Naciones Unidas:

se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

De lo anterior se deriva que puesto que existen sobradas evidencias de que los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa fueron detenidos en su mayoría por policías adscritos al municipio de Iguala, el caso se inscribe dentro del concepto de la desaparición forzada y corresponde por tanto al Estado mexicano la responsabilidad de los hechos, como lo señaló también en su momento Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.

Por otro lado, la CIDH también señala que la desaparición forzada es “una manifestación tanto de la incapacidad del Gobierno para mantener el orden público y la seguridad del Estado por los medios autorizados por las leyes, como de su actitud de rebeldía frente a los órganos nacionales e internacionales protección de los Derechos Humanos”; lo que acusa la necesidad de diseñar mecanismos independientes y ciudadanos en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos en que se señala un patrón de desaparición forzadas, como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La desaparición forzada de los 43 normalistas ha abierto en la conciencia pública nacional una profunda herida que deja gravemente en entredicho el estado de derecho en nuestro país, y ha mermado radicalmente la confianza pública de la ciudadanía en las instituciones públicas, especialmente en los cuerpos de seguridad del Estado. De ahí que el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa afecte en general a la sociedad mexicana; por ello, la CIDH ha establecido que el derecho a la verdad corresponde a la sociedad en su conjunto:

forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la privación del derecho a la verdad supone para los familiares de las víctimas desaparecidas, una forma de trato cruel e inhumano:

La Corte ha tomado en cuenta que el esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre respecto del destino de su familiar desaparecido. Además, para los familiares es de suma importancia recibir los cuerpos de las personas que fallecieron, ya que les permite sepultarlos de acuerdo a sus creencias, y aporta un cierto grado de cierre al proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años. Por ello, la Corte ha establecido que la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, por lo cual dicha violación del derecho a la integridad personal puede estar vinculada a una violación de su derecho a conocer la verdad.”

Ésa es sólo una de las razones por las cuales los familiares de los desaparecidos y en general todas las personas de su entorno afectivo y personal, pueden ser consideradas como víctimas, como lo señala el GIEI en su “Informe Ayotzinapa”. Los familiares y amigos de los desaparecidos deben en tal sentido ser igualmente resarcidos de su condición de víctimas, y uno de dichos procesos de resarcimiento consiste en conocer la verdad de los hechos ocurridos en torno a la desaparición; pues el desconocimiento sobre el paradero de los seres queridos constituye un auténtico cuadro de tortura psicólgica, como señala uno de los familiares en el citado informe:

“Mire hasta la fecha. Le digo, no sé, la mente no puede descansar. Mi mente aunque... no vengo, pero mi mente no puede descansar. Le digo, yo quiero que regrese como sea, le digo, total, lo que Dios decida. Yo digo que tenemos derecho a morirnos pero no en esa forma. Imagínese, sufrió aquí, no les daban de comer, los trataban bien mal. Aquí hay mucha violencia. Así estuve como un mes, dos meses, tres meses. Desde entonces ya no siento nada. A veces siento que llega corriendo a la casa. En la tarde le dejo la puerta abierta y nunca llega. Pero siento que él está vivo y que él va a regresar. No. Y siento que sí está vivo”

Debido a esta victimización que causa la privación del derecho a la verdad es que el “Informe Ayotzinapa” del GIEI señala que sobre el caso puede considerarse la existencia de cuando menos 700 vícitmas, entre los que además de encontrarse los 43 normalistas desaparecidos, se encuentran sus familiares, amigos y compañeros, y en general todo su entorno afectivo.

Es por ello que resulta urgente diseñar mecanismos del Estado con amplias facultades para llevar a cabo el esclarecimiento de lo ocurrido a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, con el objetivo de garantizar el irrenunciable derecho a la verdad y resarcir así en gran medida la condición de víctimas en que se mantiene a centenares de personas.

En tal sentido, la presente Iniciativa contempla la creación de una Comisión de la Verdad como organismo público con autonomía y con facultades extraordinarias para investigar todo lo relacionado con las violaciones a los derechos humanos, y los hechos delictivos que rodearon a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dicha Comisión de la Verdad contará a su vez con un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas del Caso Ayotzinapa, encargado de dar atención, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a todas las víctimas de los hechos y resarcir en la mayor medida posible el daño padecido.

III. Las comisiones de la verdad son instrumentos de justicia transicional encaminados al esclarecimiento sobre hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, en situaciones de vulnerabilidad de las instituciones públicas o pérdida de la confianza de la ciudadanía en las mismas, respecto a las garantías que éstas puedan ofrecerle sobre el ejercicio de su derecho a la auténtica verdad histórica. Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“Las Comisiones de la Verdad (en adelante “CdV”) son “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”. Al respecto, tanto la Comisión como la Corte han resaltado la importancia de las CdV como un mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. En ese sentido, en múltiples ocasiones ambos órganos se han valido de la información proporcionada por los informes finales de las CdV como fuente de información y elementos de prueba en relación con casos tramitados ante el sistema de casos y peticiones.”

En tal sentido, cabe señalar que las comisiones de la verdad deben investigar también por ello las pautas de actuación o patrones sistemáticos de las violaciones a los derechos humanos en torno a los hechos de que se ocupa, con la finalidad de que los Estados eliminen en el futuro las posibilidades de que hechos similares vuelvan a ocurrir. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado, como uno de los elementos que conducen al cumplimiento del derecho a la verdad, el siguiente:

iii) tomar en cuenta el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos (...) con el objeto de que los procesos y las investigaciones pertinentes sean conducidos en consideración de la complejidad de estos hechos y el contexto en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación con base en una correcta valoración de los patrones sistemáticos que dieron origen a los hechos que se investigan.”

Ello se debe a que las graves violaciones a los derechos humanos se encuentran generalmente inscritas en un marco de descomposición de la vida pública, que genera condiciones para el surgimiento de pautas o patrones de conducta que posibilitan esas mismas violaciones a los derechos humanos. En pocas palabras, se trata de un círculo vicioso que debe ser atajado, por lo que las investigaciones deben considerar los hechos investigados como inscritos en un patrón sistemático que los posibilita y asimismo señalar la forma en que el mismo debe ser eliminado.

En efecto, los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa, se inscriben en una escalada generalizada de la violencia y de trágicos sucesos en los que se han sido asesinadas indiscriminadamente decenas o centenares de personas, desde la masacre de 193 personas en San Fernando, Tamaulipas, en el año 2011; la masacre de 22 personas en Tlatlaya, también en el estado de Guerrero, en junio de 2014; o el más reciente asesinato de menores de edad en el municipio de Santa María Ostula, Michoacán, en julio del presente año.

Todo ello coloca a la desaparición de los 43 normalistas en el marco de un aciago panorama en materia de derechos humanos, una crisis de derechos humanos que viene confirmada por las recientes afirmaciones del relator especial contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, quien señaló que la tortura en nuestro país es “generalizada”, así como por el propio “Informe Ayotzinapa” del GIEI, que coloca a la Procuraduría General de la República en la incómoda situación de tener que aceptar un “replanteamiento general” de su investigación sobre uno de los hechos más dramáticos de la historia de México en materia de violaciones a los derechos humanos.

La doctora Priscilla Hayner, una de las principales expertas internacionales sobre comisiones de la verdad y cofundadora del International Center for Transitional Justice, define así los motivos para la existencia de una comisión de la verdad, cuyas características parecerían encajar a la perfección en la actual crisis de derechos humanos que padece nuestro país:

En parte por el alcance limitado de los tribunales y en parte por el reconocimiento de que ni siquiera los procesos que llegan a buen término resuelven el conflicto y el dolor que conllevan los abusos del pasado, las autoridades de transición se han orientado cada vez más a la busca oficial de la verdad como elemento clave de su estrategia de responder a las atrocidades del pasado. Estas amplias pesquisas de los abusos generalizados cometidos por las fuerzas del Estado, y que a veces también buscan los cometidos por la oposición armada, han adquirido el nombre genérico de “comisiones de la verdad”, término que implica un determinado tipo de investigación, y que si bien da cabida a una considerable variedad de comisiones yo empleo el término para referirme a organismos que comparten las siguientes características: 1) las comisiones de la verdad se centran en el pasado; 2) investigan un patrón de abusos cometidos a lo largo de un periodo, en vez de un suceso concreto; 3) son un organismo temporal, que en general funciona durante seis meses a dos años y termina su labor presentando un informe, y 4) tienen el aval, la autorización y el poder oficial que les concede el Estado (y a veces también la oposición armada, como sucede tras un acuerdo de paz). Este carácter oficial concede a las comisiones de la verdad un mejor acceso a las fuentes de información oficial, más seguridad para llevar a cabo investigaciones delicadas, y más posibilidades de que las autoridades tomen en serio su informe y sus recomendaciones.”

Como se observa, para el adecuado funcionamiento de una comisión de la verdad éstas deben gozar de las suficientes atribuciones investigadores para el esclarecimiento de los hechos con el objetivo de garantizar de forma plena el derecho a la verdad para el que fueron creadas, así como tener un amplio acceso a la cualquier información en poder de los órganos del estado, que lleve al mejor cumplimiento de sus objetivos.

IV. En orden al esclarecimiento de hechos relacionados con desapariciones forzadas de personas o de violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el deber de los estados a realizar investigaciones exhaustivas que lleven a garantizar el derecho inalienable a la verdad tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, las investigaciones en torno a los hechos deben ser emprendidas con todos los medios legales al alcance del Estado y no como una “simple formalidad” que eluda la responsabilidad que por definición tiene todo Estado en una desaparición forzada:

La Corte ha establecido que si bien el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, ello no significa que la investigación pueda ser emprendida como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Por el contrario, la Corte ha precisado que “cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los hechos”. En ese sentido, la investigación debe ser realizada con todos los medios legales disponibles y debe comprender la responsabilidad tanto de los autores intelectuales como materiales, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.”

Sin embargo, el hecho de que la Procuraduría General de la República se haya apresurado a pocos meses de los hechos, a afirmar que su versión sobre los mismos constituía una “verdad histórica”, así como que haya pretendido desacreditar las conclusiones del equipo argentino de antropología forense, EAAF, unos de equipos de expertos en la materia más reconocidos a nivel internacional, deja en evidencia que las actuaciones de la máxima instancia investigadora en nuestro país para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan, no utiliza “todos los medios legales” a su alcance en la búsqueda de los 43 normalistas de la escuela normal de Ayotzinapa; como lo muestra el hecho de que la PGR haya declinado sus facultades para realizar indagaciones que los expertos señalan de gran importancia en la investigación, específicamente en lo relacionado con el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero:

Si los integrantes del 27 Batallón, incluido el comandante JMC, tuvieron conocimiento de que los jóvenes normalistas habían sido detenidos por la Policía Municipal de Iguala, hecho que fue informado por EM a “su mando”, y luego corroboraron que no se encontraron detenidos en la comandancia, ¿qué hicieron con esta información? ¿Qué acciones urgentes tomaron? ¿Informaron en ese momento a las más altas autoridades del Estado? ¿Qué instrucciones recibieron? En caso contrario, ¿Por qué no informaron? ¿Por qué manejaron información restringida en el C4 esa noche? Éstas eran parte de las preguntas que el GIEI deseaba hacer a los miembros del 27 Batallón y son parte de las indagaciones que hasta la fecha no ha realizado la PGR.

Las omisiones de la Procuraduría General de la República parecen mostrar que antes que realizar una exhaustiva investigación con todos los medios legales a su alcance y los mayores recursos a sus disposición, para garantizar el derecho a la verdad, puede estarse produciendo la investigación “como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, en el sentido en que lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo anterior, resulta de crucial importancia que sea designado un organismo con autonomía y amplias facultades investigadoras, para garantizar el derecho irrenunciable a la verdad sobre los hechos que rodearon a la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal de Ayotzinapa, entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

V. Las comisiones de la verdad, por sus características de origen, tienen un alcance limitado tanto en términos de temporalidad como respecto de los hechos que les ocupan, pero sus acotaciones realmente graves se deben sobre todo al status jurídico que posean según el acto de autoridad mediante el que son creadas. Así, la mayoría de las comisiones de la verdad han surgido a partir de decretos presidenciales o de comisiones parlamentarias, teniendo mayor o menor éxito en la medida en que puedan o no incorporar a la sociedad civil organizada en la misma, y en las facultades jurídicas que se les atribuyan.

Uno de los casos que mejor ejemplifican el impacto social logrado por la integración ciudadana de las comisiones de la verdad, quizá sea el de Argentina, cuya comisión fue encabezada por el escritor Ernesto Sábato, y cuyo informe final tuvo amplios alcances en la conciencia pública argentina:

Después de nueve meses, la comisión entregó al presidente un informe completo, Nunca más. Una editorial privada, en cooperación con el gobierno, publicó una versión abreviada en forma de libro. El informe se convirtió de inmediato en un éxito de ventas: el primer día se vendieron 40 mil ejemplares y en las primeras ocho semanas se llegó a los 150 mil. Hasta ahora ha habido más de 20 reimpresiones, ha vendido más de 300 mil ejemplares y es uno de los mayores éxitos de venta en la historia de Argentina. Después de 15 años de su publicación, el informe todavía puede encontrarse en muchos quioscos callejeros de todo Buenos Aires.

Lo anterior evidencia que las sociedades contemporáneas se encuentran ansiosas de ejercer su derecho a la verdad, de conocer exhaustivamente las razones reales de determinados hechos sociales que influyeron notablemente en la conciencia pública, como es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

Sin embargo, el impacto anterior proviene de la credibilidad generada entre la población hacia la integración y funcionamiento de la comisión, que a pesar de haber sido creada por decreto presidencial y de no contar con muchas facultades investigadoras debido en parte a leyes de amnistía y reticencias militares, logró cohesionar a amplios sectores de la sociedad, al verse representados activamente en la comisión: la comisión poseía legitimidad ciudadana.

El caso más exitoso en la historia de las comisiones de la verdad es probablemente el de Sudáfrica. La comisión creada fue encabezada por el reconocido arzobispo Desmond Tutu; y sus alcances extraordinarios se deben sobre todo a que no se originó mediante un decreto presidencial, ni como una comisión especial parlamentaria, sino que fue creada a través de una iniciativa de ley que “establecía un cuidadoso equilibrio entre sus facultades y una amplia capacidad investigación”. Dicha ley, la Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995, creaba la Truth and Reconciliation Commission, una comisión de la verdad que funcionaría como organismo oficial:

La ley, redactada en un preciso lenguaje legal y que ocupaba más de 20 páginas escritas a un espacio, daba a la comisión capacidad de otorgar amnistías individuales, registrar instalaciones y confiscar pruebas, citar testigos a declarar y poner en práctica un complejo programa de protección de testigos. Con un equipo de 300 personas, un presupuesto de unos 18 millones de dólares anuales durante un periodo de dos años y medio, y cuatro grandes oficinas en diferentes puntos del país, la magnitud y el alcance de esta comisión eclipsaron los de las comisiones de la verdad previas. La ley establecía que la comisión iba a trabajar en tres comités interconectados: el Comité de Violaciones a los Derechos Humanos era el responsable de recibir declaraciones de víctimas y testigos, y también de registrar la magnitud de las grandes violaciones a esos derechos; el Comité de Amnistía gestionaría todas las solicitudes de amnistía y decidiría sobre ellas, y el Comité de Reparaciones y Rehabilitación concebiría y propondría recomendaciones para un programa de reparación.

Según lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa de ley contempla la creación de una Comisión de Verdad que sea un órgano de investigación con plenos poderes y facultades para investigar los hechos, y cuya composición sea eminentemente ciudadana. Igualmente, la iniciativa contempla los esquemas de coordinación que la Comisión de la Verdad habrá de establecer con el resto de organismos del Estado, así como no gubernamentales, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus objetivos.

VI. Se debe señalar que la Comisión de la Verdad que la presente iniciativa de ley crea, tiene en la historia reciente por lo menos dos antecedentes en dos entidades federativas, a saber, una en Oaxaca y otra en Chiapas.

La Ley que crea Comisión de la verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, fue publicada el 19 de octubre de 2013 y tiene por objeto garantizar el derecho a la verdad a través de la creación de una comisión de la verdad que investigue los hechos que nombra.

Dicha comisión de la verdad está integrada por el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde, quien la encabeza; así como por la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez, y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González.

La comisión de la verdad de Oaxaca ha informado en días recientes que tras sus investigaciones, y luego de un trabajo en conjunto con la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, se ha logrado la consignación de los responsables de la ejecución extrajudicial del activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Arcadio Hernández Santiago, ocurrida el 2 de octubre de 2006.

Por otro lado, la ley que crea la “Comisión de la verdad para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta del estado de Guerrero”, fue publicada el 20 de marzo del año 2012, y tiene como finalidad esclarecer la verdad sobre el fenómenos de la guerra sucia en Guerrero, que también involucró la desaparición forzada de personas.

La comisión de la verdad sobre la guerra sucia en Guerrero, entregó el 15 de octubre de 2014 un informe final en que llegaba a la conclusión de que existió una política de Estado generalizada para aniquilar segmentos de la población guerrerense que las fuerzas del Estado consideraban peligrosas, política que después sería conocida como “guerra sucia”, y en el marco de la cual se produjeron torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas.

Dada la experiencia exitosa en los años recientes sobre la creación de comisiones de la verdad para esclarecer la verdad sobre hechos tan escabrosos como los relacionados con la guerra sucia en Guerrero, o los relacionados con el virtual estallido social en Oaxaca en los años 2006 y 2007, debe considerarse la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, que tenga poderes extraordinarios de investigación, y que pueda estar en condiciones de dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y de establecer las circunstancias de su desaparición.

Finalmente, cabe señalar que la presente iniciativa toma en consideración la experiencia de las comisiones de la verdad de los Estados de Guerrero y Chiapas, así como de la Truth and Reconciliation Commission sudafricana, y adecua algunos de sus instrumentos jurídicos.

Es por lo anterior, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través de la presente, plantea una Ley que crea la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 Estudiantes de Ayotzinapa, con la que se busca generar instrumentos jurídicos idóneos para garantizar el derecho a la verdad y el derecho a la justicia.

Por lo expuesto, nos permitimos presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Ley que crea la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 Estudiantes de Ayotzinapa

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general, y tiene como finalidades las siguientes:

I. Garantizar al más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la búsqueda con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, o el conocimiento de la verdad material sobre el último destino de los cuerpos de cada uno de ellos;

II. Garantizar el derecho irrenunciable a la verdad de las víctimas y del pueblo de México sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en torno a la desaparición de dichos estudiantes, entre los días 26 y 27 de septiembre del año 2014, en el Municipio de Iguala, Guerrero; y

III. Garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas de los hechos anteriores.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Comisión de la Verdad: la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 Estudiantes de Ayotzinapa;

II. Comisionado: cada de uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad;

III. Comités: el Comité para la Búsqueda de los 43 Estudiantes Desaparecidos y el Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas del Caso Ayotzinapa;

IV. Escuela normal de Ayotzinapa: la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”;

V. Pleno: el órgano colegiado de la Comisión de la Verdad; y

VI. Presidente: el comisionado que preside el pleno de la Comisión de la Verdad.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, el derecho a la verdad implica el conocimiento y divulgación de las causas, motivos, modos y circunstancias que rodearon las violaciones a los derechos humanos y los delitos ocurridos en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Este derecho a la verdad material no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser suspendido.

Capítulo II
De la Comisión de la Verdad

Artículo 4. Se crea la Comisión de la Verdad sobre la Desaparición de los 43 Estudiantes de Ayotzinapa, como un organismo de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Para el cumplimiento de sus atribuciones atenderá a lo dispuesto por los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5. Además del cumplimiento de las finalidades de la presente Ley, la Comisión de la Verdad tiene los siguientes objetivos:

I. Establecer un panorama lo más completo posible sobre las causas, naturaleza y extensión de las violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa entre los días 26 y 27 de septiembre; así como sobre las perspectivas de las víctimas, y sobre los motivos y perspectivas de los probables responsables; a través de investigaciones, careos, interrogatorios o confesiones;

II. Contribuir a la restauración de la dignidad humana y cívica de cada una de las víctimas de los hechos anteriores, atendiendo a su relato sobre la hechos de que fueron víctimas y sus recomendaciones para la implementación de medidas de reparación del daño padecido; y

III. Realizar recomendaciones exhaustivas al Estado mexicano sobre las medidas necesarias que éste debe tomar para eliminar la posibilidad de que hechos como los investigados por esta Comisión, vuelvan a ocurrir en territorio nacional.

Artículo 6. Esta ley faculta a la Comisión de la Verdad para investigar hechos de naturaleza jurídica, social, política, forense, documental o de cualquier otra índole, para conocer la verdad material que conduzca a la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Norma de Ayotzinapa o al conocimiento sobre el último destino de sus restos, así como para realizar la investigación de las violaciones a los derechos humanos y la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, incluidos los de lesa humanidad, cometidos contra las personas en los hechos que rodearon a la desaparición de los mismos estudiantes.

Artículo 7. Es obligación del Estado mexicano, a través de todos sus órganos y en sus tres órdenes de gobierno, brindar a la Comisión de la Verdad la información o el auxilio que ésta les solicite.

Artículo 8. La Comisión de la Verdad, para su funcionamiento elaborará y aprobará su Reglamento Interno, su plan de trabajo, su presupuesto de egresos y demás normatividad necesaria, asimismo podrá suscribir convenios de colaboración con organismos nacionales o internacionales para el cumplimiento de sus labores.

Artículo 9. La Comisión de la Verdad contará con recursos públicos regulados conforme a las leyes en la materia, el Congreso de la Unión establecerá el monto que le será asignado y los mecanismos de entrega de recursos a través del Poder Ejecutivo federal, salvaguardando en todo momento su autonomía de gestión.

Artículo 10. La Comisión de la Verdad tiene las siguientes atribuciones:

I. Recibir testimonios y establecer mecanismos para que las víctimas, ciudadanos y personas en general aporten información o pruebas que pudieran conducir a la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa, o al conocimiento sobre el último destino de sus restos; en todo tiempo protegerá estrictamente la identidad de los testigos, víctimas o denunciantes, que será clasificada y reservada en los términos de las leyes respectivas;

II. Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo de delitos cometidos durante los hechos en cuestión, las violaciones a los derechos humanos, y la probable responsabilidad de personas involucradas, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

III. Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios de los hechos investigados, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar;

IV. Ordenar a las autoridades correspondientes que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención o participación en algún procedimiento, diligencia, sesión o en general cualquier actividad de esta Comisión de la Verdad, o por su involucramiento en los hechos que la misma investiga;

V. Solicitar al órgano jurisdiccional correspondiente las órdenes de cateo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, y la protección de personas o bienes jurídicos;

VI. Practicar en coordinación con la Procuraduría General de la República, las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;

VII. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones. Es obligatorio proporcionar los informes que solicite la Comisión de la Verdad en el ejercicio de sus funciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule la Comisión de la Verdad será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable;

VIII. Investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las distintas instituciones del Estado que contribuyeron, con actuación u omisión a las posibles violaciones de los derechos humanos y/o la probable comisión de delitos de los servidores públicos;

IX. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de sus atribuciones y evitar la dilación en su desempeño;

X. Establecer convenios de colaboración con cualquier persona o entidad nacional o extranjera, incluyendo órganos del Estado mexicano, en orden a que le sea autorizada a esta Comisión la utilización de sus instalaciones, equipo o personal perteneciente o bajo el control de dicha persona o entidad;

XI. Denunciar cualquier hecho presuntamente constitutivo de delito o delitos a los órganos jurisdiccionales, administrativos y autónomos, para que implementen las acciones legales correspondientes en términos de ley;

XII. Solicitar la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las instancias de administración de justicia estatal y federal para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a las disposiciones legales aplicables, se obtenga la información de los hechos de la investigación objeto de esta ley que pudieran tener cualquier autoridad de gobiernos extranjeros, así como organizaciones civiles, medios de comunicación o particulares con residencia en el extranjero;

XIII. Contratar personas expertas en derechos humanos, investigación de restos forenses, o cualquier otra especialidad, para el logro de sus objetivos conforme a las disposiciones legales aplicables y el presupuesto disponible asignado;

XIV. Celebrar reuniones para la consecución de sus objetivos en cualquier lugar dentro o fuera del territorio nacional;

XV. Realizar consultas, cuando lo considere necesario, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en términos de este artículo; y

XVI. Coadyuvar en el establecimiento de las garantías de no repetición de los hechos, preservando las memorias y testimonios de las víctimas.

Artículo 11. Para ser comisionado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Ser de probada honorabilidad;

III. Poseer una trayectoria probada en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos o ser especialista en la materia de esta ley;

IV. Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; y

V. No ser ni haber dirigente o miembro de partido político u organización política y no estar vinculado con los hechos o los actores objeto de la investigación de la presente ley.

Artículo 12. La Comisión de la Verdad estará integrada por cinco comisionados:

I. Tres comisionados especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas, antropología forense, psicología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por universidades públicas y organismos nacionales o internacionales de derechos humanos;

II. Dos comisionados representando a las víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales y por los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, con reconocimiento público en la defensa de los derechos humanos.

Para integrar estas cinco ternas, el Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Diputados, previa convocatoria pública con las entidades señaladas en las dos fracciones precedentes, las propuestas por cada comisionado a elegir. La Cámara de Diputados elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes.

Para la elección de los comisionados, la Cámara de Diputados conformará una Comisión Plural integrada diputados de las distintas fracciones parlamentarias que se constituirá en la Comisión responsable de encabezar el proceso de selección y que recibirá las propuestas de comisionados.

Artículo 13. La Comisión de la Verdad será presidida por uno de sus comisionados, quien durará en su encargo hasta finalizar el periodo legal de la misma, y será elegido de entre los Comisionados, por mayoría calificada.

Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la Comisión de la Verdad las siguientes:

I. Ejercer la representación legal de la Comisión de la Verdad;

II. Presidir el pleno de la Comisión de la Verdad;

III. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión de la Verdad;

IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno;

V. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión de la Verdad, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

VI. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la Comisión de la Verdad;

VII. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones académicas, para el mejor cumplimiento de sus fines;

VIII. Solicitar a la Cámara de Diputados o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a colaborar con la Comisión de la Verdad, o las razones por las que obstaculiza, viola o interviene de cualquier manera sus funciones o atribuciones;

IX. Proponer al pleno la integración de los comités; y

X. Las demás que le señalen la presente ley y su Reglamento.

Artículo 15. La Comisión de la Verdad tomará sus decisiones de manera colegiada por mayoría de votos de sus integrantes.

Artículo 16. Son atribuciones del pleno de la Comisión de la Verdad las siguientes:

I. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión de la Verdad;

II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de la Verdad;

III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión de la Verdad;

IV. Aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;

V. Designar a los directores de los comités, así como al resto de especialistas que lo integran; y

VI. Conocer los informes de los comités.

Artículo 17. Las sesiones ordinarias de la Comisión de la Verdad se celebrarán cada sábado a las 17:00 horas en la sede que para tal efecto determine el presidente, serán públicas y deberán ser transmitidas en cadena nacional, y tendrán como finalidad desahogar los asuntos generales de la comisión, recibir los informes de los comités, e informar a la ciudadanía sobre el resultado de las investigaciones.

La Comisión de la Verdad podrá celebrar sesiones extraordinarias, mismas que podrán ser públicas o privadas, y podrán convocarse por el presidente o mediante solicitud que formulen por lo menos tres miembros de la Comisión de la Verdad, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.

Artículo 18. Las personas que integran la Comisión de la Verdad no podrán ser sujetos de responsabilidad civil o penal por las opiniones, observaciones y recomendaciones que formulen, o por los actos relativos a las investigaciones que realicen durante el tiempo de vigencia de la Comisión de la Verdad creada por esta ley.

Las personas que integran la Comisión de la Verdad serán responsables de la debida administración del patrimonio destinado para la realización de sus atribuciones.

Artículo 19. El personal que conforma la estructura administrativa para el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, será considerado personal de confianza y su relación laboral se regulará conforme a las disposiciones aplicables, con sujeción a los principios de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía y honradez.

Artículo 20. La Comisión de la Verdad contará con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será nombrado por la mayoría de votos de los comisionados, será responsable de dar seguimiento y cumplimiento a sus acuerdos para alcanzar los objetivos de la presente ley y su Reglamento.

Artículo 21. El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Gozar de buena reputación; y

III. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.

Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de la Verdad, con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, sobre la materia de esta ley;

II. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos;

III. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo informativo y documental de la Comisión de la Verdad; y

IV. Las demás que le sean conferidas por la presente ley y su Reglamento.

Artículo 23. La Comisión de la Verdad tendrá un periodo legal de funcionamiento de doce meses a partir de su instauración, y sus funciones podrán prorrogarse por seis meses más cuando ésta así lo solicite.

Para la prórroga a que se refiere al párrafo anterior, deberá contarse con la aprobación de la Cámara de Diputados, por lo que la Comisión de la Verdad deberá solicitarla con cuarenta días naturales previos al término de los doce meses referidos como periodo legal de vigencia.

Capítulo III
De la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos

Artículo 24. La Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Búsqueda de los 43 Estudiantes Desaparecidos, que tendrá como finalidad encabezar la búsqueda a nivel nacional e internacional de los 43 normalistas desaparecidos.

Artículo 25. El Comité para la Búsqueda de los 43 Estudiantes Desaparecidos estará presidido por un director e integrado por el número de especialistas y expertos que la Comisión de la Verdad estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Tanto el director como los expertos y especialistas serán designados por el pleno de la Comisión de la Verdad.

Artículo 26. El director del Comité para la Búsqueda de los 43 Estudiantes Desaparecidos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones derivadas de la búsqueda nacional e internacional de los estudiantes, así como informar a la Comisión de la Verdad sobre el inicio y resultado de cada una de las mismas;

II. Resguardar y clasificar toda la información relacionada con la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, así como brindar un informe semanal a la Comisión de la Verdad sobre dicha información;

III. Establecer relaciones de coordinación con el resto de comités;

IV. Las demás que sean dispuestas por el Reglamento de la presente ley.

Capítulo IV
De la reparación del daño a las víctimas del caso Ayotzinapa

Artículo 27. La Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas del Caso Ayotzinapa, que estará encargado de reparar en los más amplios términos el daño padecido por todas las víctimas de los hechos que rodean al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Artículo 28. El Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas del Caso Ayotzinapa estará presidido por un Director e integrado por el número de especialistas y expertos que la Comisión de la Verdad estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Tanto el director como los expertos y especialistas serán designados por el pleno de la Comisión de la Verdad.

Artículo 29. El director del Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones dirigidas a la reparación del daño a las víctimas, así como informar a la Comisión sobre el inicio y resultado de cada una de las mismas;

II. Resguardar y clasificar toda la información relacionada con las acciones encaminadas a la reparación del daño a las víctimas, así como brindar un informe semanal a la Comisión sobre dicha información;

III. Establecer relaciones de coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el cumplimiento de sus funciones;

IV. Solicitar a la Comisión de la Verdad medidas urgentes de protección a las víctimas o a cualquier persona involucradas en los hechos investigados o en su investigación;

V. Solicitar a la Comisión de la Verdad la erogación de partidas presupuestales específicas destinadas a la reparación del daño a las víctimas;

VI. Establecer relaciones de coordinación con el resto de comités;

VIII. Las demás que sean dispuestas por el Reglamento de la presente ley.

Capítulo V
Del informe final de la Comisión de la Verdad

Artículo 30. Para garantizar el derecho irrenunciable a la verdad, la Comisión de la Verdad, una vez terminada su investigación, redactará un informe final detallando las causas, motivos, modos y circunstancias por las cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos y los probables delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa; así como las recomendaciones sobre las medidas necesarias que debe tomar el Estado Mexicano en orden a eliminar la posibilidad de que hechos como los investigados por la Comisión de la Verdad vuelvan a ocurrir en territorio nacional.

Artículo 31. El informe final será entregado en la Cámara de Diputados, en sesión solemne, al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La entrega del informe final deberá ser transmitida en cadena nacional.

Artículo 32. La Cámara de Diputados establecerá los mecanismos para su difusión a efecto de que la sociedad mexicana e internacional conozca los resultados de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad.

Artículo 33. De los datos y hechos contenidos en el informe final, la Comisión de la Verdad dará vista a las instancias jurisdiccionales, administrativas y órganos autónomos del Estado Mexicano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, inicien las acciones legales a que haya lugar, en contra de quien o quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos y los hechos constitutivos de probables delitos, ocurridos en torno a los hechos investigados por esta ley.

Artículo 34. La información contenida en el informe final de la Comisión de la Comisión de la Verdad tendrá validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales en procesos judiciales futuros.

Artículo 35. Los comisionados, los directores de los comités, así como el resto de miembros de los últimos, guardarán estricta reserva y confidencialidad de los documentos y datos personales de las víctimas, testigos y de todo aquél que haya rendido su testimonio en el desarrollo de las investigaciones, así como de la demás información obtenida por la Comisión de la Verdad, en el cumplimiento de sus objetivos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de la Verdad deberá integrarse formalmente, dentro de los veinte días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley.

Tercero. La Comisión de la Verdad elaborará y emitirá su Reglamento Interno y demás normatividad necesaria para su funcionamiento, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los veinte días naturales siguientes a la integración formal de la misma.

Notas:

1 Carlos Martin Beristaín, miembro del GIEI, durante la presentación de su “Informe Ayotzinapa” el 6 de septiembre.

2 “Peritos argentinos denuncian irregularidades en el caso Ayotzinapa”, CNN México, 8 de febrero de 2015, http://mexico.cnn.com/nacional/2015/02/08/peritos-argentinos-denuncian-irregula ridades-en-el-caso-ayotzinapa

3 “La PGR responde a peritos argentinos: sus opiniones sobre Ayotzinapa: ‘más especulaciones que certezas’”, Animal Político, 9 de febrero de 2015, http://www.animalpolitico.com/2015/02/la-pgr-responde-cuestionamientos-de-perit os-argentinos-sus-opiniones-sobre-ayotzinapa-mas-especulaciones-que-certezas/

4 CIDH, Derecho a la verdad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.152 Documento 2, 13 agosto 2014, (http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf), páginas 25-26.

5 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Convención Internacional para la Protección de todas las personas contras las desapariciones forzadas, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

6 “Desaparición de normalistas de Ayotzinapa es responsabilidad del Estado mexicano: CIDH”, Animal Político, 20 de octubre de 2014, http://www.animalpolitico.com/2014/10/desaparicion-de-normalistas-de-ayotzinapa -es-responsabilidad-del-estado-mexicano-comision-interamericana-de-derechos-hum anos/

7 Obra citada, Derecho a la verdad en las Américas, página 27.

8 Ibíd. Página 59.

9 Ibíd. Página 30.

10 CIDH, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, página 259.

11 Ibíd. página 313.

12 Obra citada, Derecho a la verdad en las Américas, página 61.

13 Ibíd. Páginas 59-60.

14 Hayner, Priscilla, Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad. México, FCE, 2014.

15 Obra citada, Derecho a la verdad en las Américas, página 37.

16 Obra citada, Informe Ayotzinapa, página 194.

17 Hayner, Priscilla, Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad. México, FCE (edición electrónica), 2014

18 Ídem.

19 “Comisión de la Verdad logra consignación de homicida de policía comunitario en Oaxaca”, La Jornada, 8 de septiembre de 2015, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/08/comision-de-la-verdad-logra-consi gnacion-a-homicidas-en-oaxaca-9843.html

20 “Informe final de la comisión de la verdad del estado de guerrero”, Aristegui Noticias, 16 de enero de 2015, http://aristeguinoticias.com/ 1601/mexico/informe-final-de-comision-de-la-verdad-del-estado-de-guerrero-docum ento/

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2015.— Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Está pidiendo que se turne a la Junta de Coordinación Política, sin embargo se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión, ya que es de ellos la competencia.

Un momento por favor, diputado. Solicita la palabra el diputado Clemente Castañeda. ¿Con qué objeto?

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich(desde la curul): Para pedirle, presidenta, de manera respetuosa y atenta se revalore el turno de esta iniciativa.

Por ser un tema tan relevante y que además está en la discusión pública, yo le pediría en todo caso que consultara a los coordinadores o a la asamblea, si así lo decide, para que este tema pudiera turnarse a la Junta de Coordinación Política, en virtud de que todavía n tenemos comisiones y por supuesto que es un tema que apremia. Le agradezco mucho.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Le precisamos que la Junta de Coordinación Política no es un órgano dictaminador. Si usted gusta que se le dé el otro trámite tendría que presentarse de otra forma. Remita por favor su solicitud a la Mesa Directiva.

Continúe por favor, diputado Clemente Castañeda. Perdón, el diputado José Bernardo Quezada Salas. Adelante por favor, diputado Castañeda.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (desde la curul): Gracias, presidenta. Hay algunos antecedentes que ya tiene esta legislatura, donde cuando se trata de cuestiones de obvia o urgente resolución justamente la Junta de Coordinación Política les ha dado el tratamiento correspondiente. Por ello con mucho respeto le insisto para que este tema sea turnado a la Junta de Coordinación Política. Exclusivamente a la Junta de Coordinación Política.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Vamos a escuchar al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Adelante, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias, señora presidenta. Efectivamente, nosotros estaríamos secundando el trámite que propone Movimiento Ciudadano.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Vamos a pedir que se rectifique el trámite y se remita a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El diputado José Bernardo Quezada Salas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la volatilidad del entorno económico internacional nos obliga como país a establecer mecanismos internos que contribuyan a amortiguar los impactos de las presiones externas y, al mismo tiempo, a generar incentivos que fortalezcan nuestra economía.

Si bien las reformas estructurales son vía para impulsar el crecimiento económico del país, es necesario generar los cambios legales para fortalecer nuestra planta productiva y los sectores económicos, que son quienes crean las fuentes de empleo y dinamizan nuestra economía.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son precisamente quienes detonan nuestro crecimiento económico, ya que emplean el 72 por ciento de la población económicamente activa y generan el 52 por ciento del producto interno bruto.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que el desarrollo nacional transita necesariamente por la fortaleza de las empresas. Su rol en la economía es incuestionable, por lo que requiere de medidas efectivas que impulsen su crecimiento en los sectores productivos y de servicios.

Hoy más que nunca México requiere que sus empresas generen mayor valor agregado a sus productos y servicios, valor que se genera a partir de la innovación tecnológica y la formación del capital humano. Pero esto no es posible sin los recursos financieros para emprender proyectos de largo alcance.

La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas requieren de asesoramiento para lograr consolidar todo el problema que existe en el mercado. La competencia y la falta de profesionalización de quienes las dirigen, son factores que inciden en que la mayoría de ellas no logren consolidarse. A ello, habrá que sumar los costos de operación que conlleva emprender un negocio exitoso, desde los requisitos para abrir una empresa hasta las contribuciones que deben de hacer a las autoridades fiscales y los costos de seguridad social de sus trabajadores.

En esta circunstancia, el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad frente a aquellos quienes arriesgan parte de su patrimonio, a fin de crear empresas que den empleos a las mexicanas y los mexicanos.

Esta responsabilidad la asumimos en Nueva Alianza como parte de nuestro compromiso de generar las condiciones que impulsen el desarrollo nacional. Nuestra tarea, como legisladores, es modificar las leyes a fin de legislar e incentivar todo lo que sea necesario, para que las empresas mexicanas prosperen en un ambiente de competitividad global.

En consecuencia sometemos a esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con la finalidad de que las Mipyme tengan mejores condiciones de acceder al financiamiento, considerando su historial crediticio para tener tasas preferenciales en los créditos que soliciten.

Asimismo, consideramos que la autoridad competente debe crear los mecanismos propicios para que el sector público y gubernamental, que tiene acuerdos comerciales en este sector de las empresas, cumpla con un pago a los proveedores en un plazo no mayor de 30 días naturales.

Es lamentable ver cómo la mayor parte de estas empresas y las deudas que tienen los gobiernos municipales y los gobiernos estatales con ellas llegan a ser más de tres, cuatro o cinco años y si no pasan por el moche, para que les puedan pagar.

Cabe señalar que en materia de financiamiento, la encuesta de evaluación de la empresa, durante el trimestre abril a junio de 2015, señala que las fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas son los proveedores y la banca comercial.

Si aspiramos a que las Mipyme se conviertan en agentes de cambio estructural y aumenten la productividad, requerimos fortalecer las capacidades de las empresas para acceder a mejores condiciones crediticias.

Resulta necesario, por otra parte, que la autoridad genere las condiciones para el pago oportuno, por parte del sector público a los proveedores que sean Mipymes, ya que de ello depende capitalizar a las propias empresas.

El país concluyó, en 2014, con un saldo de deuda pública en los estados y municipios, de 509 mil 600 millones de pesos, 1.4 por ciento mayor a lo registrado en el 2013.

Si bien lo anterior es motivo de una rigurosa inspección es preocupante que una cuarta parte de estos recursos sean adeudados a proveedores de Mipymes, dado que el incumplimiento de pagos por parte de los estados y municipios cerró en el 2014 en más de 100 mil millones de pesos. Termino.

Muchos de estos proveedores del sector público son Mipymes y dependen del pago de su servicio o productos para mantener la liquidez de sus empresas. En el momento en el que el tiempo de pago se extiende, las empresas comienzan a dejar de contratar personal, invertir en tecnología y a expandir hacia otros mercados. En ello radica la importancia de impulsar su pago oportuno.

Compañeras y compañeros legisladores, en esta medida el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza refrenda su compromiso con el desarrollo del país, particularmente con los empresarios que generan empleos para las y los mexicanos.

Esperamos el apoyo de las diferentes bancadas para que estas medidas sean una realidad para las Mipymes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, José Bernardo Quezada Salas, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Pyme) constituyen un motor del desarrollo nacional. De acuerdo con el Inegi, las Pyme conforman el 99.8 por ciento de las unidades empresariales que existen en el país, emplean al 72 por ciento de la población económicamente activa (PEA) y generan el 52 por ciento del producto interno bruto. Su rol en la economía del país es fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida de millones de familias mexicanas.

La experiencia internacional revela que es difícil que un país mantenga un proceso continuo de desarrollo y de reducción de la pobreza si no se basa en una ampliación de sus capacidades productivas. A su vez, si se quiere avanzar en ese proceso es necesario crear las condiciones para que parte de las iniciativas creativas de la sociedad se transformen en emprendimientos productivos y empresariales, aptos para poner en uso los potenciales productivos del país, generar riqueza y empleo, aportando valor a la sociedad. El crecimiento económico se revela, por tanto, como una condición necesaria para avanzar de forma efectiva en la lucha contra la pobreza.

En tal sentido, adquiere importancia, la comparación entre economías avanzadas y de América Latina al arrojar un nítido contraste en materia del costo de entrada al mercado de nuevas empresas. La experiencia de los países más desarrollados indica que la fortaleza institucional, los programas de fomento al sector productivo, el sistema educativo y de ciencia y tecnología, las condiciones macroeconómicas, el tamaño del mercado y el acceso y calidad del financiamiento, entre otros elementos, inciden significativamente sobre las características y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (Pyme) (Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Lazonick, 2008).

Es así, como la interrelación virtuosa entre estos factores facilita la existencia de Pyme con capacidades para generar innovaciones radicales, que contribuyan al dinamismo de la economía. Aunque en los países de menor desarrollo relativo también se encuentra este tipo de empresas, su presencia es más esporádica, y en su remplazo suele surgir una actividad empresarial que se caracteriza por su escaso dinamismo y pocas innovaciones. Estas tienen mayores dificultades para contribuir a cerrar las brechas tecnológicas y de competitividad.

Porque, en la mayoría de los países, las Pyme, representan casi la totalidad de las empresas, y constituyen una parte sustancial del producto interno bruto (PIB) y de la fuerza laboral. Sin embargo, las Pyme generalmente se quedan atrás frente a las empresas más grandes en muchas dimensiones del desempeño. Principalmente, se cree que esto resulta de las restricciones que confrontan las Pyme, incluyendo el acceso al financiamiento, una débil capacidad gerencial y laboral, la falta de capacidad para aprovechar economías de escala en la producción y una mala información sobre oportunidades del mercado, nuevas tecnologías y métodos de organización del trabajo.

En muchos casos también son afectadas por tipos de cambio reales no competitivos, procedimientos burocráticos muy complicados para establecer, operar y hacer crecer un negocio, y por restricciones en el clima de inversiones que son más pesadas para ellos que para sus contrapartes más grandes. Consecuentemente, muchas Pyme siguen siendo pequeñas, no pueden exportar y tienen costos de transacción más altos y mayores tasas de fracaso en sus emprendimientos (Banco Mundial 2007).

De acuerdo con el índice de factibilidad de apertura de empresas del Banco de México, señala que en el país se requiere en promedio 11.5 días, 6.6 trámites y pagar 11.5 por ciento del ingreso per cápita para abrir una nueva empresa.

La relación entre crecimiento y reducción de la pobreza es de doble dirección, ya que no sólo la ampliación de las capacidades productivas, a través de un denso tejido económico y empresarial, puede contribuir a una más sostenible e intensa reducción de la pobreza, sino también la apertura de oportunidades de progreso material a los sectores más pobres y vulnerables, a través de una política redistributiva de ingresos y activos, puede amplificar las posibilidades de crecimiento. Al incrementar el número de sectores sociales que se implican en la promoción de emprendimientos productivos o que participan en la producción a través de un empleo digno, se estará haciendo un uso más pleno e integral de las potencialidades productivas de un país, alentando su crecimiento y bienestar social.

Por otra parte, los resultados de la encuesta Evolución del Financiamiento a las Empresas, durante el trimestre abril-junio de 2015 publicados por el Banco de México indican que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas fueron proveedores y banca comercial.

En particular, el financiamiento sigue siendo una de las principales problemáticas para las Pyme, y las principales fuentes de financiamiento calificadas por oferente reportadas a Banco de México por las empresas fueron: proveedores con 77.9 por ciento de las empresas, banca comercial con 36.9 por ciento de las empresas, otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz con 24.6 por ciento del conjunto, bancos domiciliados en el extranjero con 7.7 por ciento de las empresas encuestadas, emisión de deuda con 1.7 por ciento de las empresas, y bancos de desarrollo con 5.4 por ciento de las mismas (la suma de los porcentajes es superior al 100 por ciento, debido a que una empresa recurre a diferentes fuentes de financiamiento).

El Programa Cadenas Productivas a cargo de Nacional Financiera (Nafin) se creó para apoyar las necesidades de financiamiento de las Pyme proveedoras de grandes empresas (EPO), entidades del Gobierno Federal o Estatal, permitiendo reducir costos de transacción, una participación masiva de la Pyme y favoreciendo la competencia entre bancos. Se fundamenta en el financiamiento a través de factoraje. Entre el 2007 y 2010, Cadenas productivas representó más del 28 por ciento del total del saldo de crédito al sector privado, sin embargo es insuficiente dada la necesidad real de las Pyme.

Así pues, la relevancia de la calidad del gasto público por sus efectos sobre el desarrollo económico y social viene remarcada por el importante peso cuantitativo que tiene hoy el sector público en la economía, interfiriendo, correctamente o no, los procesos de creación y distribución de la riqueza, y uno de los grandes retos que existe para las políticas de competitividad es realmente evaluar el impacto que han tenido los diversos programas del gobierno federal sobre las empresas atendidas.

Finalmente, la evaluación permitirá: I) Incrementar el bienestar social permitiendo un mejor balance de las políticas económicas y sociales, II) propiciar el crecimiento económico y bienestar de los consumidores al alentar la competencia y la innovación, III) reducir o eliminar los costos innecesarios derivados de las regulaciones, IV) mejorar la eficiencia y eficacia de los tres órdenes de gobierno a través de reformas administrativas, V) organizar y clarificar los marcos legales y regulatorios, VI) la conveniencia de fortalecer, eliminar o modificar programas.

Argumentación.

El desempeño económico de México durante los últimos 20 años no ha estado a la altura de sus posibilidades, si se compara con el dinamismo de otras economías emergentes. Si México no consigue elevar de forma considerable su tasa de crecimiento a largo plazo, llevará varias generaciones lograr una convergencia con los niveles de vida de otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su visión México 2030, propugna por ser una economía altamente competitiva que crezca de manera dinámica y sostenida para generar empleos suficientes y bien remunerados.

En ese sentido, es urgente que las Pyme puedan transformarse en agentes importantes del cambio estructural y del aumento de la productividad. Un esfuerzo de esta naturaleza requiere de un cambio de enfoque en las políticas públicas hacia las mismas, y para que sean efectivas, se necesita una mayor coherencia, articulación y coordinación entre las políticas de infraestructura, la provisión de servicios y las políticas sectoriales. En particular, las políticas en los ámbitos de financiamiento, competencias y formación, sistemas de innovación y difusión tecnológica, y las políticas de articulación productiva pueden ayudar a las Pyme a superar sus barreras.

Para que un país tenga éxito en su desempeño competitivo en la economía global, requiere empresas y sectores que sean capaces de contender favorablemente en ella. En parte, el éxito de éstas deriva del clima de negocios que priva en la economía (leyes y regulaciones, las ventajas comparativas, la disponibilidad de insumos a costos competitivos, la estructura económica y de competencia dentro de los sectores, etcétera.), pero también deriva, de la escala, tecnología y destrezas de las mismas empresas y su capacidad para generar valor económico en los mercados en que participan. En suma, para definir el éxito de las empresas, cuentan tanto las condiciones del entorno como las capacidades de las empresas.

Como mencioné, el financiamiento sigue siendo una de las principales problemáticas para las Pyme, y propiciar un menor financiamiento (proveedores con 77.9 por ciento) y mejorar el flujo de las Pyme es indispensable para permitir la generación de mayor rentabilidad, proyectos y mejores empleos. Por lo que, considero conveniente crear un programa de reconocimiento a aquellas empresas públicas y privadas que cubran sus compromisos con proveedores Pyme en un lapso de 30 días naturales como máximo, en donde por lo menos el 30 por ciento de sus proveedores también sean Pyme.

Los emprendimientos dinámicos generan más y mejores empleos y aportan mayor crecimiento del PIB. Se trata de empresas nuevas de alto impacto para la economía, generalmente innovadoras, que necesitan junto a un ambiente de negocios apropiado, servicios financieros particulares. Éstos son aún incipientes en nuestro país. Tanto el sector público como el privado tienen que evolucionar constantemente para que los esfuerzos constituyan una verdadera diferencia que transforme vía el emprendimiento el panorama de nuestra sociedad.

En esa diferenciación de servicios financieros particulares, el buró de crédito integra y proporciona información previa al otorgamiento de crédito y durante la vigencia del financiamiento. De esa manera, da a conocer la capacidad y oportunidad de pago de personas y empresas, es decir, el historial crediticio positivo o negativo. Por lo que considero conveniente seguir fortaleciendo y mejorando el acceso al crédito por parte de las empresas, diferenciando el riesgo conforme al perfil de los mismos y su historial crediticio en las Sociedades de Información Crediticia, pues el riesgo de crédito y de contraparte se puede analizar en forma diferente y esta fuente de información serviría de base en el otorgamiento de una tasa de interés más cercana a la particularidad del riesgo implicado, exceptuando la generalidad.

Por otro lado, resulta necesario que la autoridad genere las condiciones para el pago oportuno por parte del sector público a los proveedores que sean Pyme, ya que de ello depende la capitalización de las propias empresas.

El país concluyó el 2014 con un saldo de deuda pública en los estados y municipios de 509 mil 690 millones de pesos, 1.4 por ciento mayor a la registrada en 2013.

Si bien lo anterior es motivo de una rigurosa inspección, es preocupante que una cuarta parte de estos recursos sean adeudos a proveedores Pyme, dado que el incumplimiento de pagos por parte de los estados y municipios cerró el 2014 en más de 100 mil millones de pesos.

Debido a que diversos estados y municipios no han cubierto sus deudas pendientes con más de 40 mil industrias, varias de éstas ya se han descapitalizado y si en el primer semestre de 2015, los industriales no sólo han tenido que hacer frente a la falta de ventas en el mercado interno, también deben afrontar el incumplimiento de pago por parte de estados y municipios del país.

Muchos de los proveedores del sector público son Pyme y dependen del pago de sus servicios o productos para mantener la liquidez de sus empresas. En el momento en que el tiempo de pago se extiende, las empresas comienzas a dejar de contratar personal, invertir en tecnología y a ampliar hacia otros mercados. En ello radica la importancia de impulsar el pago oportuno a las Pyme.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo Único. Se reforman los incisos c) y e) de la fracción II del artículo 4, el artículo 7, las fracciones V del artículo 10, el último párrafo del artículo 11, la fracción X del artículo 22; y se adicionan un inciso j) a la fracción II del artículo 4, una fracción X del artículo 10, un párrafo segundo a la fracción VI y las fracciones XI y XII del artículo 12, las fracciones XII y XIII del artículo 22 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. ...

a) a d) ...

II. ...

a)...

b)...

c) El acceso al financiamiento para las Mipyme, considerando mecanismos diferenciadores en tasa para su beneficio al tomar como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia, la capitalización de las empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes;

d)...

e) La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las MIPYMES por parte del Sector Público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, así como el pago oportuno a estos proveedores Mipyme, en el marco de la normativa aplicable;

f) a i) ...

j) Mecanismos de gobierno electrónico, simplificación administrativa y fiscal que propicien la reducción de costos para las Mipyme.

Artículo 7. La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipyme, considerando diferenciadores en tasa en su beneficio al tomar como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Artículo 10. ...

I. a IV ...

V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo y apoyo a las Mipyme, en específico mecanismos de gobierno electrónico, simplificación administrativa y fiscal que propicien la reducción de costos para las mismas.

VI. a VIII ...

X. Promover el pago a proveedores Mipyme dentro de los 30 días naturales

Con objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las Mipyme y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, en las entidades federativas donde exista el consejo estatal todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o del distrito federal, en donde no existan, la secretaria podrá firmar los convenios de manera directa con los municipios y los sectores.

Artículo 11. ...

I. a VIII ...

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las Mipyme, considerando mecanismos diferenciadores en tasa en su beneficio, al tomar como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo énfasis en garantizar el acceso financiamiento para las mujeres.

Artículo 12. ...

I. a X ...

XI. Considerar mecanismos diferenciadores en tasa en beneficio de las Mypime, al tomar como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia.

XII. Fomentar el pago oportuno a proveedores Mipyme.

Artículo 22. ...

I. a IX ...

X. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las Mipyme, considerando mecanismos diferenciadores en tasa en beneficio de las mismas, tomando como referencia el buen historial crediticio en las sociedades de información crediticia.

XI. ...

XII. Promover el pago oportuno a proveedores Mypime.

XIII. Promover la mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo y apoyo a las Mipyme, en específico mecanismos de gobierno electrónico, simplificación administrativa y fiscal que propicie la reducción de costos para las mismas.

Artículo Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor, el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2015.— Diputado José Bernardo Quezada Salas (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Competitividad para su dictamen.Ahora proceda la Secretaría...

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Diputada, adelante, con qué objeto. Sonido, por favor, en la curul de la diputada.

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): Quiero pedirle al diputado proponente si me permite suscribir su propuesta, dado que es una problemática que afecta gran parte de mi región, de mi distrito. ¿Habría algún inconveniente, diputado?

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Adelante, se pone a su disposición.

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza (desde la curul): Gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Acuerdo...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Perdón. Antes de dar lectura, tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Con qué objeto? Sonido, por favor, a la curul del diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): En relación con el trámite dictado con la iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano.

En primer lugar, quiero darle gracias por la rápida aceptación que usted hizo de nuestra adhesión, lo cual favorece el consenso en esta Cámara. Pero comentarle, que en acuerdo con el señor coordinador de Movimiento Ciudadano, estaremos a las sugerencias de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva para darle el debido trámite. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Así será. Muchas gracias, diputado.

Adelante, por favor, con la lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, respecto el Día Mundial sin Automóvil.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso B), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la propuesta de conmemorar el “Día Mundial Sin Automóvil” a celebrarse el día 22 de septiembre del presente año.

Consideraciones

I. Que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó, a través de la diputada Verónica Delgadillo García, una proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para exhortar a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal a sumarse a la conmemoración del “Día Mundial Sin Automóvil”.

II. Que el 22 de septiembre de cada año se conmemora el “Día Mundial Sin Automóvil”, celebración con la que se busca posicionar en la agenda pública de las naciones, la importancia de replantear los esquemas de movilidad bajo perspectivas de sustentabilidad, ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora de la calidad de vida.

El “Día Mundial Sin Automóvil” es una conmemoración que busca la concientización en las personas para que conozcan y utilicen medios de trasporte alternativos al automóvil, no motorizados, difundiendo sus beneficios y ventajas para la calidad de vida, la calidad del aire, el medio ambiente y el ordenamiento urbano.

III. Que los integrantes de esta Junta de Coordinación Política coincidimos en la necesidad de impulsar una agenda vinculada a los esquemas de movilidad sustentable, que redunden en una mejor calidad de vida para los habitantes de las metrópolis mexicanas, y coincidimos en que cualquier esfuerzo para promover la movilidad sustentable debe ser atendido por esta Cámara de Diputados.

IV. Que la Junta de Coordinación Política es el espacio donde confluyen las fuerzas políticas para alcanzar entendimientos y convergencias políticas, así como consensos y acuerdos que permitan adoptar decisiones para avanzar en el trabajo legislativo, según se desprende de lo señalado en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anterior, la Junta de Coordinación Política, hace propia la propuesta de conmemorar el “Día Mundial Sin Automóvil” y somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se suma a la conmemoración del “Día Mundial Sin Automóvil” que se llevará a cabo el día 22 de septiembre del presente año, por lo que se instruye a la Secretaría General a que gire las circulares correspondientes para exhortar a los trabajadores de esta Cámara a no utilizar automóviles particulares durante ese día y optar por medios de trasporte público o no motorizado.

Segundo.Se exhorta a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal, a sumarse a la conmemoración del Día Mundial Sin Automóvil, exhortándoles emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales, que no estén destinados a labores operativas y las tareas de carácter indispensable, no circulen el día 22 de septiembre, y del mismo modo soliciten a sus trabajadores no utilizar automóviles particulares durante ese día y optar por medios de transporte público o no motorizado.

Tercero.Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.

Cuarto.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Atentamente

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2015.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Vamos a ceder la palabra, a la proponente de la iniciativa, a la diputada Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada Verónica Delgadillo García:Con su venia, presidenta. Compañeros diputados. Un gran número de metrópolis en nuestro país y en el mundo entero han apostado por la priorización del vehículo automotor sin asumir responsablemente los problemas colaterales que con ello se genera, y sin tener una visión sustentable e integral de ciudad.

Hoy en día resulta fundamental que se genere un análisis profundo y serio sobre las políticas públicas en torno a la movilidad de las ciudades entendiéndolas como un ente vivo, como un ente dinámico que sustenta el desarrollo y la propia convivencia de todos los seres humanos.

Bajo este contexto, en un esfuerzo internacional, desde hace algunos años el 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial Sin Automóvil, celebración con la que se busca posicionar en la agenda pública de las naciones la importancia de replantear nuestros esquemas de movilidad, bajo perspectivas de sustentabilidad y de mejoramiento de la calidad de vida.

El diseño urbanístico de cada ciudad debe tener una visión a largo plazo. Debe entender que la vida diaria, que la convivencia social, que el desarrollo y el mismo acceso a los derechos humanos, se encuentran condicionados a los sistemas de movilidad.

Lamentablemente el modelo auto-persona que impera en muchas ciudades de nuestro país y de Latinoamérica deja evidenciada esta falta de visión, pues en la vida pública y en los propios espacios públicos se privilegia el uso del automóvil por encima de los ciudadanos.

Además de buscar un replanteamiento de los sistemas de transporte y movilidad, esta conmemoración intenta iniciar un ejercicio de reflexión y de participación de la propia ciudadanía.

Bajarse del automóvil y utilizar los medios de transporte alternativo como la bicicleta y colectivos como el transporte público, representa una importante aportación a este ejercicio de concientización social.

Menos ciudades utilizando el vehículo, menos ciudadanos en el vehículo representa un impacto positivo directo en la reducción del volumen de tráfico, en la calidad de vida, en la calidad del aire, en el medio ambiente y también en el propio ordenamiento urbano de nuestras ciudades.

Por ejemplo, en la Ciudad de México a pesar de que el número de viajes que se realiza en el transporte público es doble al vehículo privado, se sigue fortaleciendo el utilizar el transporte privado porque por cada 250 automóviles, tenemos a mil habitantes. Es decir, está creciendo la utilización del vehículo privado.

El presente punto de acuerdo tiene como finalidad hacer una atenta invitación a las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y del propio Distrito Federal, a sumarse a la conmemoración del día sin automóvil, proponiendo que los vehículos oficiales que no estén asignados a las labores operativas, no circulen el 22 de septiembre; que los servidores públicos que obtén por utilizar un medio de transporte público o no motorizado, se sumen a este esfuerzo para trasladarse desde sus hogares, a sus fuentes de empleo.

Con esta medida se busca –en primer lugar– enviar un mensaje sobre el compromiso que tiene el Estado mexicano y sus instituciones en el marco de la construcción de un modelo de desarrollo sustentable, incluyente y que proteja al medio ambiente y la calidad de vida, y del mismo modo busca hacer un llamado para representar en este espacio los diferentes intereses de los ciudadanos y para repensar nuestros esquemas de movilidad, en donde podamos privilegiar esquemas que reconozcan a los derechos de todos los usuarios, independientemente de los medios de transporte que ellos utilicen.

Compañeros diputados, los invito a todos ustedes a que por un día nos bajemos del automóvil. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobado, comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Asimismo se invita a los proponentes de efemérides para que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para incorporación al Diario de los Debates.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 17 de septiembre de 2015, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 17 de septiembre de 2015 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2015.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNBV, difunda el resultado de la supervisión que ha realizado a las acciones de OHL que cotizan en la BMV, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de la Conade, para que difunda un reporte de la problemática existente con algunas federaciones del deporte confederado del país, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.»

PROPOSICIONES DIFUNDA EL RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN QUE HA REALIZADO A LAS ACCIONES DE OHL QUE COTIZAN EN LA BMV

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la CNBV que difunda el resultado de la supervisión realizada a las acciones de OHL que cotizan en la BMV, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Rocío Nahle García y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El interés de Morena de combatir la corrupción y la impunidad en sus diferentes manifestaciones, la ha conducido a encontrado más información que permite suponer la existencia de irregularidades en las relaciones de la empresa OHL con funcionarios del gobierno del estado de México, en la que se identifica una forma particular de hacer negocios de manera poco transparente, con altos costos para el país y para los usuarios de los servicios concesionado. El esquema es tan perverso para los usuarios y las finanzas públicas, que incluso cuestiona la ventaja de aplicar esquemas como los proyectos de prestación de servicios o de asociaciones público-privadas.

Lo más grave es que, como parecen confirmarlo los audios que en las últimas semanas se dieron a conocer a la opinión pública, para concretar ese tipo de acuerdos la empresa OHL dispone de la intervención cómplice, un tipo de cabildeo, por parte de ex altos funcionarios y de altos funcionarios del gobierno mexicano que podrían estar incurriendo en conflicto de intereses. De hecho, esperamos que se investigue al actual director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos; Enrique Ochoa Reza, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, y a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, por la mención que se hizo de ellos o por su intervención en los hechos a los que se hace referencia en esos audios. En ellos, se advierte que los directivos de OHL realizan esfuerzos por diversificar sus operaciones y exploran la posibilidad de beneficiarse de la apertura energética.

Ahora, en relación con OHL, tenemos como motivo de indignación, la decisión de los gobiernos para concesionar obras de infraestructura a inversionistas privados, en acuerdos en los que se minimiza el riesgo del concesionario y el costo que debe pagar, a cambio de tener el beneficio de un ingreso continuo durante el período que dure la concesión.

Las condiciones ventajosas que se otorgan a los concesionarios, o particularmente a OHL, se desprenden del informe anual correspondiente a 2014, que la empresa entregó en la Bolsa Mexicana de Valores. En el señala que “la principal fuente de ingresos en efectivo de la Compañía está representada por las cuotas de peaje que cobra en sus autopistas”. Y explica que dichos ingresos por cuotas de peaje dependen del volumen de vehículos que transita por dichas autopistas y la frecuencia con que los viajeros las utilizan. Esos ingresos se pueden ver afectados por una débil actividad económica, por la inflación y los aumentos en las tasas de interés, el precio de la gasolina, los impuestos de carácter ambiental o el consumo de combustible, así como los bajos niveles de desarrollo de vivienda en las regiones donde se ubican las concesiones.

No obstante, esos factores que en el esquema financiero original de la obra pública, representaban la justificación del inversionista para llevar a cabo o no una obra de infraestructura, en el caso de OHL encontramos que tiene una relación contractual que prácticamente le permite invertir sin riesgo alguno.

En su informe señala: “Algunas concesiones de la entidad (el estado de México) le otorgan el derecho a recibir, mediante una fórmula prestablecida en el título de concesión, la diferencia que existe entre la rentabilidad real, neta de impuestos, obtenida por la operación de dichas concesiones (“rentabilidad real”), contra la rentabilidad garantizada (“rentabilidad garantizada o tasa interna de retorno fija”), cuando esta última resulte mayor. La diferencia entre la rentabilidad real y la rentabilidad garantizada antes de impuestos, se reconoce en el estado de posición financiera como activo financiero y en el estado de resultados como otros ingresos de operación, conforme dicho derecho se devenga. La utilidad registrada mediante este cálculo lleva asociado el correspondiente efecto fiscal (gasto por Impuesto sobre la Renta “ISR”), teniendo como contrapartida la cuenta de impuestos diferidos a largo plazo”.

Con base en estimaciones anuales de rentabilidad que tiene determinadas la administración de la Entidad, “se estima que la rentabilidad garantizada reconocida será recuperada dentro del plazo normal establecido en cada concesión, y en caso de no presentarse los flujos estimados de vehículos que den dicha rentabilidad, el título de concesión permite alcanzarla mediante las prórrogas del plazo de vigencia que se requieran para ello. Algunos títulos de concesión limitan su determinación considerando el capital de riesgo que representan los recursos propios de financiación invertidos por la concesionaria en el proyecto y otros considerando los recursos totales que incluyen los recursos propios y financiamientos externos obtenidos por la concesionaria para la ejecución del proyecto. Adicionalmente, dependiendo de las ubicaciones geográficas, existen limitaciones en los plazos de extensión de los períodos de explotación los cuales limitan su extensión en un período máximo adicional al período otorgado, respectivamente” (informe anual de OHL México, SAB de CV, 2014. Páginas 79 y 80).

Eso tipo de acuerdos que le garantiza la obtención de ingresos suficientes para ser rentable, explica porque la estructura de los ingresos de OHL depende en gran medida de los recursos recibidos en el renglón “Otros ingresos de operación”. Por ejemplo, en 2013 los ingresos totales de OHL sumaron 19,692 millones de pesos; un año después, cayeron 16.6 por ciento, a 16 mil 911 millones de pesos. Sus ingresos por peaje pasaron de 3 mil 149 millones de pesos en 2013, a 3 mil 728 millones en 2014, aumentando 14.9 por ciento en términos reales. Es de suponer que debido a que aumentaron los ingresos por peaje, cayeron los “otros ingresos de operación” 11 por ciento, de 12 mil 785 millones de pesos en 2013, pasaron a 11 mil 714 en 2014 millones de pesos. En el primero de esos años los “otros ingresos de operación” representaron 64.9 por ciento del total, en el segundo 69.2 por ciento. Al final, la reducción en los ingresos totales se debió, sobre todo, a la caída de 63.6 por ciento en los ingresos por construcción, que pasaron de 3 mil 660 millones de pesos en 2013 a 1,371 millones de pesos en 2014.

De acuerdo con la información publicada en el portal www.ohlmexico.com.mx, OHL México, SAB de CV, filial de Grupo OHL, es una de las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México. La infraestructura carretera, en su mayoría urbana, están estratégicamente ubicadas en las zonas con mayor tránsito de vehículos en el Distrito Federal, el estado de México y el estado de Puebla, los cuales reúnen el 27 por ciento de la población nacional. Los proyectos generaron conjuntamente en 2010 el 31.22 por ciento del PIB nacional y concentran el 25 por ciento del número total de vehículos en México, que asciende a 7.4 millones. En el sector aeroportuario, participa con el segundo mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana de la capital mexicana. OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre de 2010. Hasta hace un par de meses se ha hecho pública información de que la compañía construye, administra, opera y mantiene 6 autopistas de peaje y 1 aeropuerto.

No obstante, los ingresos de OHL dependen de esos acuerdos abusivos, de la “rentabilidad garantizada”. Quizás la insostenibilidad de ese esquema, sea la razón por la cual, aprovechando la afinidad del actual director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien fue funcionario de OHL, se le utilice de cabildero para buscar diversificar sus actividades a áreas más rentables como la electricidad. Cabe recordar que hasta antes del ingreso de Emilio Lozoya Austin como director General de Petróleos Mexicanos, OHL no había ganado licitación alguna con la entonces paraestatal. Fue hasta marzo de 2013, tres meses después de asumir el cargo cuando Pemex otorga el primer contrato a OHL, por una cantidad mil 16 millones 881 mil 18.96 pesos. Lo que genera graves indicios de un posible conflicto de interés.

Y probablemente ese cabildeo le resulte más urgente a OHL, tomando en cuenta que su relación en el ramo de la construcción con el gobierno federal y del estado de México se ha convertido en un factor de riesgo y desprestigio, al grado que el precio de sus acciones se han visto afectadas.

De hecho, un nuevo escándalo se dio a conocer apenas el pasado 8 de septiembre, relacionado específicamente con la forma en la que OHL negocia sus concesiones. De acuerdo con la prensa nacional, en una reunión en la que se analizaría un problema entre OHL e Infraiber, la empresa responsable de fiscalizar el aforo de las concesiones, en la que habrían participado Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT; Juan Miguel Villar Mir, presidente mundial de Grupo OHL; Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de OHL México, se habría acordado que Ruiz Esparza informara al gobierno del Estado de México que se había llevado a cabo una reunión “con quien la hubo –¿el titular del Ejecutivo?– y que lo arreglaran porque lo arreglaran”.

Coincidentemente, un mes después, el gobierno mexiquense canceló en definitiva el contrato a Infraiber. Para formalizar el propósito de la reunión, Ruiz Esparza llamó a Wallentin para explicarle que OHL México no estaba obligada a someterse a la verificación de aforos. “OHL no tiene obligación con Infraiber. Infraiber no tiene nada que demandarle a OHL. Infraiber no tiene nada que demandarle al gobierno del estado y el gobierno tiene todo el derecho a defenderse de no tener nada con Infraiber. Según las notas relacionadas en el diario Reforma, la Presidencia a su vez se negó a informar de los posibles encuentros entre Peña y directivos de OHL.

De lo anterior se podría deducir que OHL buscó y logró que “con quien hablaron” les diera la razón en su objetivo de no permitir que su aforo, la medición de su peaje, fuera supervisado por Infraiber, aumentando las dudas acerca de su responsabilidad en la obtención de ganancias irregulares, reportando un aforo menor al real, ocultando los ingresos correspondientes, y por otra parte, bajo el supuesto de un aforo menor al programado, obtener un ingreso superior en el renglón de “otros ingresos de operación” bajo la cláusula de “rentabilidad garantizada”. La tensión ha llegado a tal extremo, que el abogado de Infraiber fue detenido ilegalmente, mediante el truco de sembrarle un arma.

Como se señaló anteriormente, Morena ha encontrado más de 25 contratos a favor de OHL, desde la administración de Peña como gobernador del estado de México y ahora como presidente de la República, los cuales suman más de 60 mil millones de pesos, sin contar los contratos otorgados por Pemex.

Morena considera el mandato constitucional, pues es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Y el pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que pueda, y lo que materialmente no pueda, es necesario que lo haga por delegación en sus gobernantes y representantes; imperativo que obliga a que las personas a quienes se les confía parte de la autoridad del pueblo –mayor aun tratándose de empresas productivas del estado-, tengan que ser de reconocida moralidad, que actúen con transparencia, honestidad y eficiencia, con sentido de equidad y responsabilidad social, que se conduzcan con objetividad y estén exentos de todo indicio de tráfico de influencias, conflicto de intereses, corrupción, deshonestidad y falta de transparencia, con sentido de equidad y responsabilidad social, que contribuyan al desarrollo nacional y mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos, rechazando todo vicio o conducta que atente contra el buen funcionamiento del estado y de su gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, haga público el resultado de la supervisión que ha realizado en uso de sus atribuciones legales, a las acciones de OHL que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al gobierno del Estado de México, haga público el estado que guarda la concesión del Circuito Exterior Mexiquense otorgada a la empresa OHL, de la deuda pendiente de la entidad con esta empresa; de las modificaciones al Título de Concesión, la ampliación del plazo, así como del monto en que se incrementó la inversión como producto de estas modificaciones y el costo que esto va a representar para los usuarios y el gobierno del estado; y la utilización de recursos públicos para financiar la concesión del museo y monumento Torre Bicentenario en el Estado de México a esta misma empresa.

Tercero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga públicas las bases legales y la justificación económica y financiera que permitir que empresas extranjeras como Goldman Sachs International participen en diversos proyectos de inversión, con las características de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia, realice las auditorias correspondientes a la concesión del Circuito Exterior Mexiquense otorgada a la empresa OHL, y envié el reporte correspondiente a esta Cámara.

Referencias

1 https://www.youtube.com/watch?v=jkSxZrkZ6eI&feature=youtu.be.

2 http://www.ohlmexico.com.mx/Plantillas/SuperPlantilla.aspx?IdA =1&IdF=114&idM=182&nvl=13 http://portaltransparencia.gob.mx/ pot/ contrataciones/consultarContrato.do?method= consultaContrato&id.idContrato=ROPL00713P&_idDependencia=18576.

4 http://www.ohl.es/sala-de-prensa/noticias/2013/julio-2013/130715-ecolai re-espanna-construira-en-mexico-una-planta-de-hidrogeno-para-pemex-refi nacion/.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2015.— Diputados: Norma Rocío Nahle García, Juan Romero Tenorio (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DIFUNDA UN REPORTE DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON ALGUNAS FEDERACIONES DEL DEPORTE CONFEDERADO DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conade a difundir un reporte de la problemática existente con algunas federaciones del deporte confederado del país, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), es una institución del gobierno mexicano, encargada de desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión y que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. Es la conductora de la política nacional en materia de cultura física y deporte, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Asimismo, a través de la coordinación de políticas y acciones del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), debe promover el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales para el desarrollo deportivo. También compete a la Conade brindar alternativas y oportunidades para motivar la profesionalización de los organismos miembros del Sinade, con la intención de mejorar la calidad del trabajo comprometido y solidario que desarrollan, además de proporcionarles las herramientas de planeación, gestión y administración, con lo cual se beneficiará más a las comunidades deportivas del país.

Finalmente, a agilizar la gestión administrativa del deporte con la finalidad que las Federaciones Deportivas Nacionales y organismos nacionales afines al deporte brinden un mejor servicio a la población, con eficiencia, eficacia, transparencia, calidad y profesionalismo.

Las federaciones deportivas se agrupan en la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme). En la Codeme constan en la actualidad: 70 asociaciones deportivas, de las cuales 41 podemos considerar federaciones deportivas olímpicas, y el resto otro tipo de asociaciones o no olímpicas. Pertenecen al Comité Olímpico Mejicano (COM), 52 federaciones deportivas, de las cuales 30 son olímpicas y 22 no olímpicas. Su estructura, organización, actuaciones y funciones deben ajustarse a lo que la Ley General de Cultura Física y el Deporte de 7 del junio de 2013 les establece.

Por otra parte, los datos del número de deportistas no es uniforme. En el informe de Coneval se recoge que la Codeme tiene registrados 450.000 Deportistas, pero los datos que maneja la Conade son muy superiores y se habla de que en 2006 4,4, millones de deportistas participaron en eventos multideportivos nacionales, y 3,6 en centros deportivos populares. En Conade tienen registrados a 17.000 jóvenes talentos y 1.850 deportistas de alto rendimiento, mientras que 255 reciben becas económicos y académicas. En cuanto al número de licencias federativas la propia Conade reconoce que “no se cuenta con un registro del número de licencias (afiliados) otorgadas por las Asociaciones Deportivas Nacionales”.

Por otra parte, a través de acuerdo número 470 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte, se pretende alcanzar los objetivos trazados, a través de la Coordinación del Sinade, el apoyo a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, Organismos Deportivos Nacionales y Estatales, entre otras.

No obstante este mandato, recientemente se han presentado diferendos entre el responsable de esa institución y algunas federaciones deportivas del país.

De acuerdo a diversa información, Alfredo Castillo, ex-Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, y ahora máxima autoridad del deporte nacional, acusa a los presidentes de las federaciones de lucrar con los recursos públicos que reciben y de tomar decisiones técnicas que, lejos de llevar a la excelencia deportiva, van en detrimento de los resultados en competencias internacionales.

Por ello, determinó realizar auditorías a cada una de las Federaciones deportivas mexicanas, y “poner en orden” en ellas y a sus presidentes, ha solicitado el reembolso, del presupuesto asignado, a una cantidad importante de federaciones. Considera que están gastando mal, por lo que prepara una nueva estrategia.

Alfredo Castillo informó que la Conade inició un procedimiento para revocar el registro de la Federación Mexicana de Boxeo AC (Femebox), porque “presenta irregularidades en su documentación” y se detectaron “inconsistencias” en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), es decir, en el padrón donde deben inscribirse todos los participantes en el deporte nacional, de acuerdo con lo ordenado en la Ley General de Cultura Física y Deporte (LCFD).

Por su parte, las federaciones –máxima autoridad técnica de la disciplina que representan– y sus dirigentes, manifiestan que son asociaciones civiles, y se rehúsan a rendir cuentas sobre el dinero que reciben y generan.

Estos hechos alarmaron a los presidentes de las federaciones, y declaran que desde que Castillo asumió la dirección de la Conade, en abril de este año, comenzó a amedrentarlos con dejar de ministrarles dinero público ante la falta de comprobación de los recursos que recibieron en 2014.

Ante esta compleja situación, cuyos principales afectados son los deportistas, cabe hacer mención, que de acuerdo al documento Informes sectoriales del deporte mexicano elaborado en 2013, se menciona que la mayoría de las federaciones, según los datos recabados de Conade, existían serias deficiencias organizativas, y presentaban grandes retrasos en la comprobación de la documentación de los subsidios recibidos, así como incumplimiento en la regularización de su normativa; sin embargo, en dicho informe, se reconoce el interés y la presión de Conade sobre las mismas, lo que hizo que 44 de ellas se hayan puesto al día y sólo una queda en proceso de cumplir con lo que se le requiere.

En la siguiente tabla, y de acuerdo al mismo informe, se puede ver la calificación que la Conade dio al cumplimiento de las obligaciones administrativas de las federaciones:

Dentro de este conflicto, el Comité Olímpico Mexicano (COM), responsable de vigilar el cumplimiento de la Carta Olímpica, documento que contiene las reglas y principios del olimpismo, destaca respetar la autonomía de quienes integran este movimiento.

Todo lo anterior ha generado polémica y caos de indefinición jurídica en el que los atletas ya sufren los daños colaterales, a menos de un año de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Por su parte, algunos comunicadores preocupados por el tema, han manifestado que las medidas tomadas por Castillo no resuelven los problemas que aquejan al deporte nacional. Por el contrario, avivan la llama de un conflicto añejo, porque aunque la Conade desconozca a éstas y otras federaciones y no les entregue recursos, lo cierto es que mientras tengan el respaldo del COM y el reconocimiento de su respectiva federación internacional seguirán rigiendo sus deportes en México, según los preceptos del movimiento olímpico consagrados en la Carta Olímpica: Ocurre que el Comité Olímpico Internacional (COI) ordena que las federaciones nacionales sean independientes, y si los gobiernos de sus países interfieren con su soberanía, ese país es expulsado de las competencias internacionales correspondientes.

El daño colateral al final afecta a los atletas, por lo que es urgente encontrar una solución a esta problemática, pues muchos de ellos han tenido que detener su preparación y otros se han visto afectados por la falta de apoyo para asistir a diversas competencias deportivas.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados, exhorta al Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes, haga público un reporte detallado sobre la problemática existente con algunas federaciones del deporte confederado del país.

Notas:

1 http://www.conade.gob.mx/portal/?id=1959

2 http://conadeb.conade.gob.mx/Documentos/Conade/Documentos_ basicos/PNCFD_2008/PNCFD.pdf

3 Ibídem.

4 Informes Sectoriales del Deporte Mexicano, en página electrónica: http://www.dgb.sep.gob.mx/04-m2/02-programas/ESDM/Informes_ Sectoriales/3_Dep_asociativo_organizado.pdf

5 Ibídem.

6 Conade contra las federaciones, y el deporte, en el caos en http://www.diariodelyaqui.mx/secciones/pasion/104018-conade-contra-las-federaci ones-y-el-deporte-en-el-caos

7 http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2015/05/15/1024297

8 Conade contra las federaciones, y el deporte, en el caos en http://www.diariodelyaqui.mx/secciones/pasion/104018-conade-contra-las-federaci ones-y-el-deporte-en-el-caos

9 Conade contra las federaciones, y el deporte, en el caos en http://www.diariodelyaqui.mx/secciones/pasion/104018-conade-contra-las-federaci ones-y-el-deporte-en-el-caos

10 Informes Sectoriales del Deporte Mexicano, en página electrónica: http://www.dgb.sep.gob.mx/04-m2/02-programas/ESDM/Informes_ Sectoriales/3_Dep_asociativo_organizado.pdf

11 Ibídem.

12 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2015.— Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

SISMOS DE 1985

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se invita a todos los presentes a ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio por los hechos ocurridos en los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, en honor a las víctimas del siniestro, en particular por la diputada Concepción Barbosa y los diputados Alberto Mañueco Guzmán y Ricardo Hernández Casanova, integrantes de la LIII Legislatura.

(Minuto de silencio)

La diputada Claudia Sofía Corichi García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputada Corichi, ¿con qué objeto?

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Gracias, presidenta. Simplemente subrayar que una de las efemérides que habíamos presentado por parte de Movimiento Ciudadano, justamente era en honor a las víctimas del 19. Lamento –lo quiero expresar y dejar constancia en esta asamblea– que sea siempre complicado que esta Cámara sesione y haga el esfuerzo de sesionar más de cuatro horas al día. Ojalá reconsideremos, porque todos los temas son importantes, son de interés nacional, pero debería ser de interés nacional que si sesionamos sólo dos días a la semana, y además solamente en ciertos periodos, pudiéramos hacer en general un esfuerzo de agotar la orden del día aprobada en esta Cámara con anticipación, pero por supuesto y, sobre todo, hacer un esfuerzo de trabajar un rato más. No nos caería mal.

«Efeméride con motivo del trigésimo aniversario luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El próximo sábado se conmemora un año más del desastre más devastador que ha sufrido la Ciudad de México, hecho que dejó, no sólo cuantiosas pérdidas humanas y miles de damnificados, sino que puso en evidencia la impotencia del Gobierno Federal y local para enfrentar tal acontecimiento, tal fue la inoperancia del Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, que la gente, los ciudadanos fueron los héroes de la historia, ya que sin más tomaron palas y picos y empezaron a cavar ellos mismos entre los escombros para salvar a sobrevivientes que aún se encontraran con vida.

De ahí en adelante la sociedad organizada abrió los ojos y comenzó una serie de manifestaciones contra el gobierno de entonces y empezó a mirar otras opciones, esto tuvo efectos importantes porque no sólo surge una sociedad civil organizada que participa activamente, sino que esto ayudo a cambiar el mapa político electoral, el cual se manifestó claramente con las siguientes elecciones federales de 1988, y unos años adelante con las elecciones locales de 1997, donde el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas se erige como el primer Jefe de Gobierno de esta ciudad, desde entonces la capital nunca ha vuelto al régimen anterior.

Fue un jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana con 19 minutos, cuando se registró una de las tragedias más grandes en esta Ciudad, un sismo de 8.1 grados Richter, el sismo tuvo una duración de más de dos minutos y afectó a las zonas centro, sur y occidente de México, en particular al Distrito Federal, decenas de edificios en el Centro Histórico resultaron afectados.

Entre los edificios derrumbados o destruidos parcialmente más reconocidos, se encuentran el Hospital General de México, la unidad de ginecología y la residencia médica, donde fallecieron más de 200 personas, entre pacientes, residentes y médicos.

También se cayeron el edificio Nuevo León en Tlatelolco, y los edificios A1, B2 y C3 del Multifamiliar Juárez. Durante los meses siguientes doce de los edificios en Tlatelolco y nueve del Multifamiliar tuvieron que ser demolidos, en total fueron más de 150 en toda la ciudad. El número de estructuras destruidas fue aproximadamente de 30 mil y con daños parciales 68 mil.

El gobierno mexicano, en un principio, reportó el fallecimiento de entre 6 mil y 7 mil personas, años después el registro se calculó en 10 mil muertos. Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron más de 4 mil, hubo gente que incluso fue rescatada hasta diez días después.

Hacia el sur sobre la avenida Tlalpan fueron afectadas empresas de la industria textil, cerca del metro San Antonio Abad, donde cientos de costureras fallecieron entre los escombros, según la prensa fueron cerca de mil 600 costureras, en donde afirman sólo rescataron a 15.

Aunque la prensa de entonces reportó la destrucción de casi 800 talleres, la Cámara de la Industria del Vestido reconoció sólo 500; de éstos, 200 totalmente destruidos. Más de mil talleres de la zona quedaron inactivos, 800 de ellos destruidos totalmente, muchos eran empresas fantasma y no se responsabilizaron de las costureras que se quedaron sin sueldo. Además de trabajar 10 horas diarias y no ganar ni el salario mínimo se llevaban trabajo a su casa a destajo para hacerse de un poco más de dinero. Casi 40 mil costureras quedaron desempleadas; mientras que los empresarios organizaron el rescate de sus bienes sin poner atención de la situación de las fallecidas y damnificadas.

Evangelina Corona quién fundó, con otras compañeras, el Primer Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, y tiempo después incluso llegó a ser diputada por la LV Legislatura, afirma que 50 por ciento de la producción se hacía en talleres clandestinos, 51 por ciento de las trabajadoras tenía sólo contratos semanales y apenas 18 por ciento era de planta, 73 por ciento no sabía lo que era y para qué sirve un sindicato y 89 por ciento estaban convencidas de que el líder sindical estaba coludido con el dueño de la empresa.

También fue lamentable el caso de las Operadoras de Larga Distancia de Teléfonos de México ya que quedaron destruidos, total o parcialmente, 50 radios de microondas, 750 grupos de equipo múltiplex, seis centrales automáticas de larga distancia, dos centrales tándem y dos centrales locales. Los centros telefónicos de Victoria y San Juan - centro de trabajo de más de 2 mil operadoras - estaban totalmente inhabilitados. Un edificio se derrumbó y 24 tenían severos daños en su estructura. Hasta las 4 de la tarde de ese día, el ex presidente Miguel de la Madrid recorría por primera vez la zona de desastre, principalmente en el centro de la ciudad y hasta 3 días después, se dirigió por primera vez a la nación.

Ante la parálisis por parte del gobierno, la organización de la sociedad civil ante tal desastre tomó una fuerza que jamás se había manifestado. Se integraron espontáneamente brigadas de rescate y ayuda que esa misma tarde empezaron a remover los escombros del edificio Nuevo León en Tlatelolco, por poner un ejemplo, y así cadenas humanas armadas con cubetas para recoger el cascajo comenzaban a descubrir cuerpos y sobrevivientes.

Para el especialista en participación ciudadana, Elio Villaseñor, el terremoto de 1985, fue un parte aguas en la historia de la participación ciudadana. “La magnitud y las terribles consecuencias que este dejó, rebasaron la capacidad de reacción del gobierno, quien entendió que solo no podía atender a tiempo a todos los damnificados. Ante esto, la sociedad mexicana, de manera inusitada, ya que no contaba con aparentes antecedentes de organización, se movilizó y auxilio, en todos los ámbitos, a los afectados y trabajó de manera conjunta con las autoridades. Si bien el terremoto afectó principalmente el Distrito Federal, sus efectos sociales se dispersaron a lo largo del país. Según Villaseñor, este acontecimiento permeó muchos proyectos tanto sociales como civiles y cambio las actitudes de ciudadanos y ciudadanas que ya no permanecieron instalados en conductas y acciones solo de queja y pasaron a la elaboración de propuestas para solucionar, desde lo local, los problemas públicos”.

La destrucción que provocó el terremoto de 1985 cambió la fisonomía y la vida de la ciudad de México. En los escombros de la incompetencia gubernamental para atender la emergencia quedó sepultada la resignación de sus habitantes. La catástrofe natural arrasó inmuebles, cegó miles de vidas y precipitó el derrumbe del PRI en la capital. La solidaridad de millones en el rescate de víctimas y en apoyo a las familias afectadas, se transformó en un despertar de conciencias, en un movimiento que logró la reconstrucción de la ciudad desde abajo. Después del temblor ya nada fue igual, señala en un titular La Jornada.

Octavio Paz lo dijo así: “ante la respuesta popular ante los daños del terremoto de 1985, era evidente que en la profundidad de esta sociedad existían vivas las semillas democráticas. Estos gérmenes han sido el elemento esencial para la lenta, contradictoria y, aún inconclusa, transición a nuestra democracia.”

“Fueron días especiales. La ciudad era otra. Por donde quiera había personas llevando y trayendo ayuda. Al principio, los medios de comunicación ayudaron mucho a poner en contacto a las familias, informando de los daños; después pusieron en marcha la campaña oficial de que aquí no pasa nada. El gobierno quiso minimizar el problema y decía ‘quédense en casa, no salgan’, pero la gente no hizo caso”, rememora Leslíe Serna, fundadora de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán Sur.

Y así fue, la respuesta gubernamental de un gobierno local y federal monolítico y mezquino que se pasmó ante una grave realidad y que ayudo a emerger la organización de la sociedad civil, el cambio de sus preferencias electorales e incluso del sistema político de la capital del país que desde entonces no volvió a votar por los regímenes autoritarios.

A 30 años ¿podemos decir qué ha cambiado?

Por todo lo anterior, hoy quiero hacer memoria de este trágico acontecimiento y poner de manifiesto la necesidad de fortalecer la cultura de prevención de desastres en el país, políticas públicas eficaces y de gobiernos ciudadanos que permitan la inclusión de sus propuestas para enfrentar estos y otros muchos desastres que acontecen en nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de septiembre del 2015.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez(a las 15:21 horas): Gracias. Se levanta la sesión y se cita para que tenga lugar el próximo martes 22 de septiembre de 2015, a las 11 horas, y se les informa que el registro de asistencia se hará en los lectores biométricos que estarán disponibles de las 9:30 horas en el vestíbulo del salón de sesiones. Buena tarde, para todos.

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