INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 7 de abril de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.(*)

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 7 de abril de 2016 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, relativo a la cobertura universal de banda ancha e internet en las regiones geográficas habitadas del territorio nacional, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, para que atraiga la investigación de la fosa clandestina de la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional (Fonregión), así como el proceso de su ejecución y/o aplicación, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de sus instituciones y las autoridades que considere pertinentes, diseñen e implementen mecanismos que permitan intensificar y mejorar la prevención, atención y vigilancia de la diabetes y enfermedades relacionadas con la misma, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a fijar un arancel de 30% a productos importados de acero, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y al INE, a investigar las incidencias presentadas en las elecciones federales y estatales del año 2012, y crear una Comisión Especial de seguimiento, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que en coordinación con el Inadem, se brinde mayor difusión y publicidad de su plataforma Inadem Crowdfunding, y se amplíen los tipos de financiamiento, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena los hechos perpetrados contra civiles, el 22 de marzo en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y el 27 de marzo en la ciudad de Lahore, Pakistán, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que atienda la problemática que se presente en el AICM, referente a la asignación de franjas horarias, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, para que legislen lo relativo a la desincorporación del patrimonio municipal, sin mayor requisito que el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento respectivo, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas, a fin de armonizar su legislación penal y se tipifique como un delito el maltrato animal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Ganadería, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT, para que difunda los detalles técnicos de la no disponibilidad espectral en la región de Cholula Puebla, suscrito por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a implementar acciones para consolidar un régimen de protección ambiental para el Bosque Colomos, en el estado de Jalisco, suscrito por los diputados Macedonio Salomón Tamez Guajardo y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inadem a integrar al portal del Observatorio Nacional del Emprendedor, guías y cursos online orientados para las Mipymes, así como a los emprendedores del país, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la Secretaría de Cultura, para que se proponga ante la UNESCO la inscripción del Fuerte de San Diego, ubicado en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmueble de México, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a proteger la especie totoaba de la pesca ilegal que se da en aguas de jurisdicción federal, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para vigilar el complimiento del programa Paisano, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a la Fepade y a la PGR, a fin de investigar presuntos ilícitos cometidos en materia electoral en el año 2012, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, difunda los resultados de la aplicación de los lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal, publicados el 17 de diciembre del 2014, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y al Inadem, a diseñar nuevas estructuras educativas con visión emprendedora y realizar campañas de información y foros sobre el Fondo Nacional del Emprendedor en el estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofece, a fin de sancionar y suspender a los establecimientos que de manera injustificada han aumentado el precio del kilogramo de la tortilla, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, para que consigne ante los tribunales competentes la averiguación previa concerniente al caso de los jóvenes asesinados en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Monterrey el 19 de marzo de 2010, suscrito por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que difunda las sanciones tomadas a las escuelas que incumplen los lineamientos generales para expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Gobernador del estado de Oaxaca, a fin de aplicar programas preventivos de tratamiento y control sobre la enfermedad de diabetes mellitus, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT, a fin de investigar para que en la investigación de los documentos referidos como ?Panama Papers?, se incluyan la procedencia y posible vinculación con actividades ilícitas de los recursos de ciudadanos y/o compañías mexicanas que se encuentren involucradas, suscrito por el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la Fiscalía General del estado de Veracruz y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para que investiguen si existe la comisión de delitos derivados del señalamiento que se hizo al empresario Omar Yunes Márquez, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Sagarpa, para que implementen las observaciones que realizó la ASF en el informe general 2014, para la adecuada integración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.»

INICIATIVAS                                                                                                                                                         LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federalesde la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87, 88, 90 y 91 de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 167 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguientes

A. Consideraciones

Los partidos de acuerdo a nuestra Carta Magna son entes de interés público con derechos y obligaciones expresas de acuerdo a su naturaleza, sin embargo, para poder entender la naturaleza de un partido político es preciso ahondar en su definición.

Para Max Weber, es la forma de socialización que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder a los dirigentes de una sociedad, y otorgar por ese medio a sus miembros activos, determinadas probabilidades, materiales o ideales.

Hans Kelsen, refiere que son formaciones que agrupan a los hombres de la misma opinión para asegurarles una influencia verdadera en los asuntos públicos.

Giovanni Sartori, refiere que partido político es cualquier grupo político identificable mediante un membrete oficial, que se presenta en las elecciones, y es capaz de colocar a candidatos en cargos públicos.

La definición de partidos políticos es muy amplia y a la vez ambigua; en lo único que coinciden es en tres referentes:

1. Se trata de  un grupo organizado con intereses  políticos;

2. Tienen como finalidad principal que sus ideológicas se reflejen a través de los candidatos que colocan en el ejercicio del poder;

3. Se enfrentan entre sí para poder detentar el poder.

Así las cosas, los partidos políticos, son la base de las democracias modernas en las cuales los ciudadanos se identifican con una corriente ideológica y emiten su voto a favor del partido que tiene un candidato para ejercer el cargo público por el cual se vota, o bien, los ciudadanos votan por un candidato y el mismo puede ser representado por uno o más partidos políticos.

Estos entes públicos se rigen por el principio de legalidad, sólo pueden hacer lo que expresamente les faculta la ley; por lo que en  nuestra legislación dentro de otros derechos y prerrogativas, tienen derecho a crear coaliciones electorales; es decir que dentro de sus derechos pueden unirse de manera total, parcial o flexible temporalmente dentro de un proceso electoral a otro partido político para contender de manera conjunta a un cargo de elección popular.

Las coaliciones electorales son los acuerdos tomados entre dos o más partidos políticos dentro de un proceso electoral con la finalidad de postular al mismo candidato a un cargo de elección popular, previa realización de convenios en cuanto a los derechos y obligaciones que asumen frente a esta forma de unión temporal. Sin embargo, las coaliciones electorales tienen un término muy limitado y definido; la validez de la elección, ya que una vez llegado el día de la jornada electoral, únicamente se mantiene para afrontar las responsabilidades contraídas y pronunciarse en caso de estimarlo adecuado en los órganos jurisdiccionales.

En este modelo de coalición, los partidos que formaron parte, tienen cada uno de ellos una plataforma de gobierno, así como una agenda de prioridades para ejercer los diferentes cargos de elección popular que fueron obtenidos, y en los cuerpos colegiados cada candidato electo suma a una bancada determinada que toma decisiones de manera diferenciada al margen de haya arribado al poder a través de una coalición electoral integrada por más de un partido político.

Otro modelo de coalición que en nuestro país en la normatividad vigente únicamente se encuentra como facultad del ejecutivo posterior a la integración del Congreso de la Unión, es la Coalición de gobierno; misma que puede ser definida como la alianza, unión o acuerdo realizado entre dos o más partidos políticos con la finalidad de tener una plataforma política, así como una agenda única en la cual se establecen las prioridades de la totalidad de partidos y finalmente se convierten en uno mismo en los órganos colegiados de toma de decisión.

La importancia de este último tipo de  coaliciones es que no es únicamente electoral sino que se trata de una coalición que durará la totalidad de tiempo para el cargo que se elige; lo cual recobra importancia en una democracia pluripartidista o multipartidista como la que actualmente tiene nuestro país.

El tener un sistema democrático, representado a través de más de tres partidos políticos, con ideologías divergentes y que no se está ante un escenario de partidos hegemónicos y partidos minoritarios representativos, sino por el contrario se trata de partidos políticos sólidos y consolidados  con fuerza política definida en determinados sectores de la población, se está ante un sistema democrático pluripartidista o multipartidista.

Este pluripartidismo genera innumerables beneficios tales como el análisis de las mejores iniciativas y plataformas para el país, un sistema de pesos y contrapesos muy eficiente en los diferentes poderes de la unión, el análisis a través de diferentes visiones y perspectivas de las iniciativas que son presentadas, etcétera. Sin embargo, también genera grandes conflictos de gobernabilidad y legitimidad en la toma de decisiones.

Derivado de que nuestro país transita por el escenario antes descrito, el establecer la posibilidad legal de que los partidos políticos generen coaliciones de gobierno permitiría lograr gobiernos y periodos legislativos en los cuales se garanticen mayorías que permitan el desarrollo, avance y consolidación de la nación.

Las coaliciones de gobierno son un mecanismo utilizado tanto en sistemas parlamentarios como presidenciales, teniendo como finalidades preponderantes:

1. Que el voto del ciudadano sea respetado de la forma más amplia y garantista posible, esto derivado a que en las coaliciones electorales cada uno de los partidos tiene su propia plataforma y temas de interés por lo que no siempre el candidato electo cumple con las iniciativas o propuestas planteadas por los partidos coaligados.

2. Se garantiza la continuidad y actividad de los órganos colegiados y legitimidad en la toma de decisiones ya que existen acuerdos previos para generar mayorías con un criterio respecto de las diferentes iniciativas, posiciones o temas a analizar.

Tanto la legitimidad como la continuidad de los trabajos se convierte en un tema fundamental en todo órgano colegiado de toma de decisión, ya que de ello depende la realización efectiva de acuerdos que conllevan a acciones de gobierno permanentes y constantes.

Otra de las virtudes de las coaliciones de gobierno aunado a las ya referidas es que se logra generar de manera más fácil agendas legislativas y políticas prioritarias definidas para el desarrollo de un gobierno ya que algunas de las fuerzas políticas que se encuentran coaligadas ya establecieron de manera previa y conjunta prioridades.

Este tipo de coalición de gobierno bajo las diferentes formas de Estado, se encuentra desde hace décadas en legislaciones tales como la de Gran Bretaña, España, Austria, Alemania, Italia y Grecia y más recientemente en Latinoamérica en países tales como Brasil y Chile; generando mayorías que permiten una mayor gobernabilidad y eficiencia en la toma de decisiones para el Estado.

B. Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objeto incorporar a nuestro marco normativo constitucional y legal una nueva forma de coalición entre los partidos políticos, misma que no únicamente guarda la naturaleza de ser electoral, que hasta hoy son las coaliciones que se encuentran reguladas en nuestra legislación, sino que se trata de una coalición de gobierno, la cual tiene como característica ser construida previo al inicio de la precampaña, durar a lo largo de la totalidad del proceso electoral, pero que sí los candidatos postulados por dicha coalición obtienen la confianza de la ciudadanía, en el ejercicio de su encargo tienen la obligación de tener como bandera a la totalidad de partidos que integraron la coalición, aunado a que la plataforma ideológica y agenda política se conjuntan en una misma donde están representados todas las corrientes que integraron la coalición.

Esto con la finalidad de que en caso de que así sea acordado por los partidos políticos, puedan generarse acuerdos previos respecto de las prioridades, temas de urgente resolución, directrices a tomar respecto de las diversas áreas del Estado, etc. De tal manera que en el caso que dichas formas de gobernar sean estimadas como adecuadas por la ciudadanía y emitan su voto a favor de dicha coalición de partidos, cuando se llegue a un órgano colegiado pueda de una manera más eficiente generar acuerdos.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 87, 88, 90 y 91 de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 167 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Se reforman los artículos 87, 88, 90 y 91 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 87.

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa.

2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.

4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición.

5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político.

6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente Capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley.

7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo.

8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos.

9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local.

10.Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición electoral  total, parcial o flexible.

11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición, salvo en caso de existir coaliciones de gobierno.

12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley.

13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, y serán distribuidos de manera igualitaria entre los partidos coaligados, sí después de distribuir los votos, existe un voto impar se asignara al partido más antiguo.

14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio.

15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.

Artículo 88.

1.Los partidos políticos podrán formar coaliciones electorales totales, parciales y flexibles; así como coaliciones de gobierno.

2.Se entiende como coalición electoral total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

3.Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados locales o de diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno.

4.Si una vez registrada la coalición electoraltotal, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin efectos.

5.Coalición electoral parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

6.Se entiende como coalición electoral flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

7. Se entiende como coalición de gobierno, aquella que los partidos políticos llevan a cabo dentro del proceso electoral y antes del inicio del periodo de precampaña, que no únicamente tiene validez y existencia para la campaña electoral sino que se mantendrá en el periodo del cargo para el cual fue generada.

Los partidos bajo una coalición de gobierno deberán de llevar a cabo una única plataforma electoral y programa de gobierno, documentos en los que estén debidamente representadas las ideológicas, prioridades y agendas políticas de cada uno de los partidos coaligados.

Los partidos que integren una coalición de gobierno en caso de no tener un precandidato único, podrán llevar a cabo válidamente una precampaña, teniendo dos o más precandidatos proveniente cada uno de ellos de un partido diferente integrante de la coalición, determinando en la convocatoria respectiva que llevarán a cabo los representantes de la coalición, la forma de elección del que fungirá como candidato de la coalición, dentro de los tiempos establecidos en esta Ley.

La propaganda de este tipo de coalición, podrá ser en conjunto o de manera separada entre los partidos coaligados, teniendo al igual que el resto de coaliciones un único responsable para todas las obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas, respecto de la coalición misma cada uno de los partidos deberán tener su propia representación.

(...)

Artículo 90.

1.En las coaliciones tanto electorales como de gobierno, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla.

Artículo 91.

1.El convenio de coalición contendrá en todos los casos:

a)Los partidos políticos que la forman;

b)El proceso electoral federal o local que le da origen;

c)El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición;

d)Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;

e)El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos,  en el caso de coaliciones de gobierno quedarán en un solo grupo parlamentario, cuyo nombre deberá estar precisado en la plataforma de gobierno.

f)Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quien ostentaría la representación de la coalición.

2.En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

3.A las coaliciones, tanto electorales como de Gobierno les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4.En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje.

5.Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución.

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 167 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 167.

(...)

2. Tratándose de coaliciones, lo establecido en el párrafo anterior se aplicará de la siguiente manera:

a) A la coalición electoraltotal  y a la coalición de gobierno le será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión establecida en esta Ley, en el treinta por ciento que corresponda distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido. Del setenta por ciento proporcional a los votos, cada uno de los partidos coaligados participará en los términos y condiciones establecidos por el párrafo dos anterior. El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de la coalición, y

A las coaliciones de gobierno, en cuanto a su tratamiento de radio y televisión se le dará el mismo trato en todos los aspectos que a una coalición electoral total.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor  a partir del día siguiente al que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación,

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputado: Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Iniciativa que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge Ramos Hernández, diputado de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona un numeral 3, al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La nueva Ley General de Cultura Física y Deporte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013. En ella se incluyeron preceptos que pretenden incrementar la participación de los estados, municipios y del Distrito Federal, en la consolidación del derecho que toda persona tiene, a la cultura física y a la práctica del deporte, tal como lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este precepto constitucional, también establece que corresponde al Estado la promoción, fomento y estímulo de la cultura física y el deporte, conforme a las leyes en la materia.

El artículo 73 Constitucional, en su fracción XXIX-J, concede al Congreso de la Unión la facultad “Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de la misma Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como la participación de los sectores social y privado”.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2010), México ocupa el primer lugar mundial en sobrepeso y el segundo en obesidad. Resulta incuestionable que la Cultura Física y el Deporte, son instrumentos insustituibles para lograr una vida más sana y en este caso para el control del sobre peso y la obesidad. Debemos tomar en cuenta que en nuestro país,  58 por ciento de la población mayor de 18 años, no realizan actividad  física, el 30 por ciento de este grupo nunca la han realizado.

Para lograr la activación física de los jóvenes y de la población en general, resulta necesario que las autoridades deportivas incluyan a los ciudadanos en sus estrategias y políticas públicas. Los promotores del deporte comunitario deben recibir el estímulo correcto y el reconocimiento justo, para que continúen realizando su labor e incorporen a más personas a las acciones de deporte social.

De acuerdo con la fracción VI del artículo 5o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, debe entenderse por deporte social: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación.

Tal como se prescribe en dicho precepto, el Deporte Social promueve actividades físicas, deportivas y recreativas que incluyen a toda la comunidad, sin discriminación de edad, sexo, condición física, social, cultural, étnica o racial.

El deporte promueve valores y hábitos, como herramienta de convocatoria e integración para acompañar a un crecimiento saludable de las personas de la comunidad en torno al desarrollo de un proyecto comunitario basado en la inclusión y la tolerancia.

Las cualidades inclusivas de la actividad física, la recreación, el juego y el deporte, requieren la articulación de trabajo interdisciplinario, es necesario incluir en ellas, mediante la activación física, por lo menos, tareas de alfabetización, de promoción de la salud, así como, actividades lúdicas encuadradas en un marco de disfrute, colaboración y desarrollo colectivo; por ello la función de los promotores de la salud resulta fundamental.

De acuerdo con el Fondo para la Infancia de la Naciones Unidas (UNICEF) por sus siglas en inglés, la obesidad infantil, siguen siendo un problema a solucionar en México, pues ha crecido de forma alarmante en los últimos años.

Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y en obesidad en adultos.

De acuerdo con el estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), titulado: “Obesidad y la economía de la prevención”, en México 30 por ciento de los adultos padecen obesidad y 69.5 por ciento  tiene sobrepeso .

Datos del Ensanut (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70 por ciento en la edad adulta y el sedentarismo. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros.

Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.  La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad.

Por otra parte, considero necesario que se reconozca a los deportistas destacados de nuestro país, por el esfuerzo que hayan realizado para lograr y conservar una trayectoria exitosa en el deporte, pues ellos se constituyen en figuras ejemplares para las generaciones presentes y futuras.

Aunque algunas veces la Cámara de Diputados ha reconocido a deportistas nacionales, ello solamente sucede en contadas ocasiones. Por ello consideramos necesario que se establezca de manera anual, que en sesión solemne, esta Cámara reconozca a los deportistas nacionales, pero también que lo haga con aquellos que se constituyen voluntariamente en promotores ciudadanos y comunitarios del deporte social.

La presente iniciativa pretende establecer en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que de manera anual,  en sesión solemne, se otorgue la medalla de reconocimiento al merito deportivo  a ciudadanos nacionales, destacados por su actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, o a aquellos ciudadanos destacados por el fomento, la protección o el impulso del deporte social.

Con base en los motivos aquí expuestos, me permito poner a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un numeral 3 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se adiciona un numeral 3, al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 261.

1.  ...

2.  ...

3. La Cámara otorgará anualmente la medalla de reconocimiento al merito deportivo a ciudadanos nacionales, destacados por su actuación y trayectoria en el deporte mexicano, o a aquellos destacados por el fomento, la protección o el impulso del deporte social, de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regula su entrega.

Transitorio

Único.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Jorge Ramos Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley General de Asentamientos Humanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En pleno siglo XXI, para la construcción de una ciudad buscamos que esta tenga tres características básicas:

a) Buen clima;

b) Vías para el comercio como: ríos y lagos principalmente; y

c) Buena tierra para el cultivo y producción.

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la creación y crecimiento de las ciudades hizo que los tres elementos señalados escasearan; y los nuevos espacios urbanos se desarrollaron sin orden ni planeación a nivel mundial, así como en zonas más alejadas de estos elementos. Por eso, durante la década de los años ochenta del siglo pasado, la Organización de Naciones Unidas, evidenció:

La humanidad estaba presionando excesivamente la red de seguridad natural de que depende la vida, sin llegar a garantizar una calidad de vida básica para todas las personas. El deterioro ambiental, el consumo y la población crecían en todo el mundo y al mismo tiempo se ampliaba la brecha entre ricos y pobres.

Las prácticas inadecuadas de las distintas naciones en relación con el medio ambiente podían percibirse a través de las fronteras y los mares. La degradación de la tierra, la contaminación y la pesca excesiva amenazaban seriamente la producción de alimentos, los cursos de agua internacionales y el vasto patrimonio mundial, nuestros océanos. La escala de destrucción del hábitat y la pérdida irreversible de especies animales y vegetales alcanzaron niveles alarmantes. Los hombres de ciencia señalaron manifestaciones inquietantes de las repercusiones de la actividad humana en la atmósfera y el clima. Las emisiones locales de agentes contaminantes que se acumulaban a nivel mundial agotaban la capa protectora de ozono y amenazaban con calentar la atmósfera. Esto último planteaba problemas potencialmente graves para el clima, la agricultura, el nivel de los mares, los ecosistemas y la salud humana.

El señalamiento derivó en lo hoy conocemos como Agenda 21 de Naciones Unidas, que es el instrumento legal en donde se establecen los compromisos de los países para generar políticas públicas y adecuaciones al marco legal de sus respectivos estados con el propósito de detener y revertir las consecuencias negativas de las actividades humanas sobre el medio ambiente y fomentar en todos los países el desarrollo urbano, económico, social y cultural sostenible.

La relevancia de la falta de planeación en el desarrollo de las ciudades y de los países fue claramente expresada por Kofi Annan quien siendo secretario general de Naciones Unidas señaló: “Hoy, el desarrollo es una preocupación mundial que trasciende las ideologías y los intereses inmediatos. Es ahora un reto tanto moral como político... Que demuestra que la estabilidad y la prosperidad son indivisibles”.

Ahora bien, derivado de la Agenda 21 y de los que fueron denominados los Objetivos del Milenio en 2015 durante su revisión fueron presentadas líneas de acción para los próximos 15 años en diversas áreas y temas como: igualdad de género, uso de energías limpias, cambio climático, educación, salud, entre otros. Siendo uno de estos temas el denominado “Ciudades y comunidades incluyentes”, en donde se establece como objetivo, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean: inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles.

Estos objetivos mundiales son el resultado del diagnóstico que ese organismo internacional realizó sobre la calidad de vida de las personas que viven en ciudades, y cuyos resultados fueron éstos:

• La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy día en las ciudades.

• Para 2030, casi 60 por ciento de la población mundial vivirán en zonas urbanas.

• De la expansión urbana en los próximos decenios, 95 por ciento se producirá en el mundo en desarrollo.

• En barrios marginales viven 828 millones de personas y el número sigue aumentando.

• Las ciudades ocupan apenas 3 por ciento del planeta, pero representan entre 60 y 80 por ciento del consumo de energía y 75 por ciento de las emisiones de carbono.

• La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las aguas residuales, los medios de vida y la salud pública.

Pero la densidad relativamente alta de las ciudades puede lograr un aumento de la eficiencia y la innovación tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de recursos y de energía.

El país no es ajeno a este problema internacional el cual se reproduce en las dos mil 457 áreas geoestadísticas municipales y delegacionales; ya que durante el último cuarto del siglo XX y los primeros 10 años del presente, la conformación y crecimiento de las ciudades ha derivado en la formación de asentamientos humanos irregulares y la aparición de una mayor cantidad de zonas metropolitanas que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía al año 2015 eran 58.

En México, el crecimiento de las ciudades ha sido un tema de estudio muy complejo de tipo económico y social muy relacionado con las políticas manejadas en el país. La aparición de los asentamientos humanos irregulares –núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra– y el desarrollo urbano de las ciudades sin planeación han derivado en la carencia de la infraestructura y los servicios básicos tales como: agua potable, drenaje, electricidad, y espacios de esparcimiento y áreas verdes, es decir, aparición e incremento de cinturones de miseria, ciudades perdidas o ciudades dormitorio.

Además, un fenómeno social y ambiental que se presenta en la expansión de las ciudades es la modificación de la vocación natural del suelo y la ocupación del mismo para la construcción de vivienda, lo que deriva en que los residentes vivan en un estado permanente de inseguridad legal, pues no cuentan con escrituras públicas que los legitimen como titulares de sus predios; y social ya que viven en terrenos sin el consentimiento de sus auténticos dueños y están sujetos a amenazas de desalojo y la negación de los servicios básicos, tales como: agua potable, recolección de basura, drenaje pluvial, pavimentación de calles y transporte público, e iluminación.

A todo ello debemos sumar que el crecimiento y formación de ciudades con una mayor superficie y un mayor número de habitantes también ha acarreado que en las colonias o fraccionamientos se ubiquen en zonas de riesgo sujetas a la degradación ambiental y peligros de delincuencia, así como al agotamiento de la capacidad de crecimiento físico de las ciudades, por la falta de suelo.

También el espacio público abierto se ha convertido en inseguro e insuficiente para las necesidades de la comunidad. Finalmente, la disparidad visible entre los asentamientos irregulares y las áreas circundantes ha incrementado la exclusión social y económica de sus habitantes.

Por todo ello, el gobierno de la república ha establecido como prioridad el tema de la planeación del desarrollo urbano nacional, pues además de ser uno los compromisos de México a nivel internacional y el cual fue ratificado por el licenciado Enrique Peña Nieto en septiembre de 2015 durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, de la cual el país es el actual presidente, ha derivado en la modernización del marco legal federal en materia de planeación del desarrollo urbano, asentamientos humanos y ordenamiento ecológico.

Una de las primeras acciones para dar cumplimiento al compromiso adquirido por gobierno federal para establecer una planeación del desarrollo urbano ordenado y nacional, quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, en el cual se indica entre otras cuestiones que: para la constitución de los objetivos del milenio relativo al crecimiento de las ciudades, las líneas de trabajo tienen que dirigirse a crear ciudades: compactas, seguras, resilentes, incluyentes y sustentables.

Los conceptos anteriores se explican de la siguiente manera:

1. Compactas: a través de un modelo que protege su contexto natural y busca hacer más eficientes los recursos económicos, sociales y ambientales de manera equitativa, para diversificar y mejorar de manera permanente la infraestructura pública que articule el empleo y los hogares a las redes de transporte público, busque una proximidad territorial que promueva estilos de vida más sanos y colectividad, es decir, una ciudad cercana con sus habitantes.

La importancia de estructurar ciudades compactas radica principalmente en el tema de la movilidad, por ejemplo, de acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de Comercio sobre la situación del tráfico en el valle de México señalan que anualmente se pierde 3.1 del producto interno bruto por los congestionamientos; además se pierden 83 mil millones de pesos por los retrasos que se generan por el tráfico, aunado a que el promedio de movilidad de casa al lugar de trabajo y viceversa es de seis horas promedio. En una ciudad compacta la movilidad no se realiza en vehículo automotor pues se utilizan medios alternos, como el transporte público o el uso de la bicicleta.

2. Seguras: la ciudad que se vive desde los espacios públicos consolida una vida pública activa, responsable, proactiva; genera nuevas actividades que compartimos habitantes y visitantes: ambientes donde todos convivimos; busca siempre estrategias que ofrezcan más opciones de vida y potencien las identidades múltiples que constituyen el concepto de ciudad.

De acuerdo con mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los años 2014 y 2015, el 67.7 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro; en consecuencia, las personas han cambiado, ya que se evita salir a la calle con joyas, dinero, tarjetas de crédito o de noche; además se ha reducido el permiso de salir de casa a los hijos; las visitas a parientes o amigos disminuyen; es decir, la calidad de vida se ha reducido por lo que la delincuencia se ha apropiado de los espacios públicos.

3. Resilentes: consiste en la capacidad de una ciudad para prepararse, resistir y recuperarse frente a una crisis de tipo natural, como desastres naturales, incendios, terremotos e inundaciones, o la problemática social derivada del desabasto de agua potable o la necesidad de transporte público. Es decir, se define como la capacidad de aprender de estas experiencias críticas y prevenir que se repitan, como una manera de promover el bienestar de los habitantes.

La resiliencia está relacionada con los efectos humanos en el ambiente, en consecuencia, el aplicar criterios de sostenibilidad al desarrollo es necesario tener claridad que determinados modelos de desarrollo sobre todo los que dan prioridad a la variable económico-social.

4. Incluyentes: de acuerdo con el programa Hábitat de Naciones Unidas, las ciudades se comportan como un organismo vivo y en transformación, en donde se aprovecha el diseño y el desarrollo urbano como herramientas de inclusión y equidad territorial. Es a través de la articulación de los sistemas de transporte público sustentable, el desarrollo y el diseño urbano integral, que se genera una sana competitividad espacial, se abren nuevas oportunidades de habitabilidad y se garantiza el acceso a la ciudad con el conjunto de servicios, oportunidades y experiencias que construyen ciudadanía e identidades en todo el territorio.

La Carta Mundial de Derecho a la Ciudad de 2004, plantea como derecho a la ciudad, la inclusión, la cual es el modelo para combatir la inequidad, la inseguridad, la exclusión y la segregación socio-espacial. Lo anterior, porque las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana en su mayoría, esta privada o limitada –en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad– para satisfacer sus más elementales necesidades, lo cual fue evidenciado durante la Cumbre Mundial Hábitat 2015 de Naciones Unidas.

5. Sustentables: Se ve a la ciudad como un ente que se desarrollará de manera articulada, coherente y flexible, orientada al crecimiento urbano ordenado no solo en su territorio urbano sino con el respeto y crecimiento de su suelo rural y de conservación, a partir de proyectos públicos y de inversión privada hacia la consolidación de ciudades compactas, seguras, incluyentes, resilentes y sustentables.

Estos cinco conceptos que integran el nuevo orden urbano internacional, ya se encuentran reflejados en tres objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018:

Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El desarrollo urbano en México se ha caracterizado por la expansión desordenada de sus áreas urbanas, lo que ha generado zonas marginadas, segregación habitacional y la ocupación irregular del suelo en las periferias.

Para combatir lo anterior y propiciar el desarrollo de ciudades densas, justas y sustentables es necesario reformar la legislación urbana, subordinar el interés privado a la función social del suelo, fomentar el uso intensivo del suelo intraurbano e incentivar la redensificación y el aprovechamiento de los predios intraurbanos baldíos y subutilizados.

Los desarrollos que se construyan en la periferia de las ciudades serán autorizados y financiados sólo de manera excepcional al seno de la Comisión Intersecretarial de Vivienda, mediante un mecanismo de certificación que garantice que cuenten con la infraestructura, servicios y empleos necesarios para ser sustentables.

Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental.

Para conseguir que las ciudades cumplan su función como centros de desarrollo y de bienestar es necesario que éstas sean sustentables. Debemos considerar a la sustentabilidad de una ciudad en un sentido amplio y no sólo como la convivencia armónica de ésta con su entorno; la ciudad es sustentable cuando considera factores sociales, económicos y ambientales.

Podemos hablar de una ciudad sustentable socialmente cuando su tejido social es fuerte, sus ciudadanos se apropian del espacio público y la estructura urbana facilita la convivencia armónica de una sociedad diversa; es sustentable económicamente cuando todos sus habitantes tienen acceso a oportunidades de desarrollo sin importar sus condiciones socioeconómicas y sus fuentes de empleo son robustas y diversas; y es sustentable ambientalmente cuando su desarrollo no compromete la disponibilidad de recursos naturales para las próximas generaciones y se da en armonía con el ecosistema.

Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales.

Año con año México está sujeto a diversos fenómenos naturales que pueden poner en riesgo a su población, por ello disminuir la vulnerabilidad de los mexicanos ante desastres naturales es una responsabilidad inalienable del gobierno de la república.

Es imprescindible que el gobierno de la república, a través de la Sedatu como rectora del territorio nacional y de los asentamientos humanos, realice acciones que disminuyan el riesgo de la población localizada en zonas de riesgo y evite el asentamiento de hogares en zonas susceptibles a fenómenos naturales y en las que sus moradores o su patrimonio pueden sufrir algún daño.

El nuevo modelo que impulsa el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, está dirigido al aprovechamiento de todos los factores y ventajas que ofrecen las ciudades. La utilización eficiente del territorio nacional contribuirá a elevar la calidad de vida de las familias y a detonar la productividad.

La planeación adecuada de ciudades compactas y habitables; con opciones de vivienda bien localizada y adecuadas para los distintos ingresos de la población; con más y mejor espacio público, y con soluciones integrales de movilidad que dan prioridad al ciudadano y al medio ambiente contribuirán a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

El nuevo modelo de desarrollo urbano promoverá la sustentabilidad económica mediante el fomento de actividades económicas al interior de las ciudades, sus barrios y colonias, para que en la medida en que la población satisfaga sus necesidades de consumo básicas al interior de ellos, se disminuya la necesidad de movilidad, el gasto en transporte y se contribuya al fortalecimiento económico del país.

En materia ambiental, la sustentabilidad será promovida mediante convenios de colaboración con la Conagua y la Semarnat, estos convenios tienen el propósito de generar instrumentos de regulación ambiental en los asentamientos humanos, así como la alineación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano con los programas de ordenamiento ecológico. En el caso de la vinculación con Conagua, se busca promover el reconocimiento del ciclo integral del agua en los programas de desarrollo urbano municipales y de centro de población.

Ahora bien, las ciudades del país se encuentran en un proceso de transformación, los cambios urbanos necesitan de estrategias que den como resultado un reordenamiento compacto que proteja el espacio natural, amplíe el espacio público y las opciones de movilidad sustentable para la nueva estructura social: jóvenes y adultos mayores requieren lugares y actividades que los inviten a la consolidación de una cultura urbana activa y proactiva.

Por ello es impostergable generar las condiciones que permitan articular el interior de las ciudades mexicanas en todas sus escalas: el resguardo de las áreas naturales protegidas, el suelo rural y de conservación; el reciclamiento del suelo urbano e industrial que ha generado un deterioro y pérdida de suelo rural y de conservación al cambiar su vocación natural dando paso a las zonas metropolitanas.

Adicionalmente, no debemos perder de vista que nuestro país está comprometido con la Agenda 21, e introdujo en un principio como garantía individual, hoy un derecho humano, el contar con un medio ambiente sano; derecho al acceso al agua potable; además a los ya existentes como derecho a una vivienda digna; de la propiedad privada, y la participación ciudadana en la planeación demográfica del país, derechos consagrados en la Carta Magna en los artículos 4o., 5o., 26 y 27, respectivamente.

El marco legal en que se sustenta la planeación del desarrollo urbano del país se encuentra en los artículos 26 y 27 constitucionales, los cuales preceptúan en lo conducente:

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

El artículo 26 establece textualmente en el Apartado A:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

La Ley General de Asentamientos Humanos establece en el artículo 1o., fracción II, que las disposiciones de aquélla son de orden público e interés social y tienen por objeto el fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Por último, incluso el más alto tribunal nacional, ya se ha manifestado en diversas tesis jurisprudenciales sobre el tema de la planeación del desarrollo urbano, por lo que a continuación se cita la siguiente controversia constitucional que generó tesis jurisprudencial:

Facultades concurrentes en materia de asentamientos humanos y de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Los programas de desarrollo urbano municipal deben ser congruentes con los de ordenamiento ecológico federales y locales.

Tanto la materia de asentamientos humanos como la de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico son constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones se desarrollan a través de leyes generales, esto es, los tres niveles de gobierno intervienen en ellas. Así, la Ley General de Asentamientos Humanos tiene por objeto fijar las normas conforme a las cuales los estados y los municipios participan en el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos; además, establece las normas bajo las que dichos órdenes de gobierno concurrirán, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y en el desarrollo sustentable de los centros de población. Por su parte, el objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la protección del medio ambiente en el territorio del país. En este sentido, cuando los planes de desarrollo urbano municipal incidan sobre áreas comprendidas en los programas de ordenamiento ecológico federales o locales, si bien es cierto que los municipios cuentan con facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, interviniendo incluso en actos de planeación, ordenación, regulación, control, vigilancia y fomento del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población en la entidad, también lo es que los programas de desarrollo urbano municipal deben ser congruentes con los de ordenamiento ecológico federales y locales, pues no debe perderse de vista que los municipios no cuentan con una facultad exclusiva y definitiva en las materias de asentamientos urbanos y de protección al ambiente, ya que ambas son de naturaleza constitucional concurrente, por lo que este tipo de facultades municipales deben entenderse sujetas a los lineamientos y a las formalidades que se señalan en las leyes federales y estatales, y nunca como un ámbito exclusivo y aislado del municipio sin posibilidad de hacerlo congruente con la planeación realizada en los otros dos niveles de gobierno.

Por todo lo señalado, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta esta iniciativa, cuyo objetivo es

a) Reformar y adicionar la Ley General de Asentamientos Humanos para que los conceptos de planeación, programación y diseño del desarrollo urbano sean también uno de los objetivos de esta ley.

b) Incorporar la agenda internacional que el gobierno de la república ha emprendido en materia de desarrollo urbano para la creación de ciudades compactas, seguras, resilentes, incluyentes y sustentables, principalmente en el programa nacional, estatales y general de la Ciudad de México, así como en los municipales y delegacionales respectivamente.

c) Otorgar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la facultad de proyectar y coordinar la planeación del desarrollo urbano.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Asentamientos Humanos

Único.Se reforma el artículo 1o., fracción II; se adiciona al artículo 3o. una fracción XX; se reforma el artículo 7o., fracción I; y se reforma el artículo 32, fracción V, de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto

I. ...

II. Fijar las normas básicas para planear , programar, diseñar y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

III. a IV. ...

Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante

I. a XIX. ...

XX. El desarrollo de ciudades compactas, seguras, incluyentes, resilentes y sustentables.

Artículo 7o. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las siguientes atribuciones:

I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo nacional yregional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales;

II. a XVI. ...

Artículo 32. La legislación estatal de desarrollo urbano señalará los requisitos y alcances de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y establecerá las disposiciones para

I. a IV. ...

V. La construcción de vivienda, infraestructura y equipamiento de los centros de población, con criterios de ciudades compactas, seguras, incluyentes, resilentes y sustentables;

VI. y VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los gobiernos de los estados deberán realizar las adecuaciones a los programas de desarrollo urbano estatales en un lapso de 365 días hábiles a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.Los gobiernos municipales deberán realizar las adecuaciones a los programas de desarrollo urbano municipal en un lapso de 120 días hábiles a la entrada en vigor de los programas de desarrollo urbano estatal correspondiente.

Cuarto.El jefe del gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones al programa general, programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano en un lapso de 365 días hábiles a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Véase www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF. Contributions.to_.Agenda.Spanish.pdf

2 Véanse Objetivos del Desarrollo Sostenible. Objetivo 11 de Naciones Unidas.

3 Véase Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2014, sección tercera.

4 Décima época; pleno; SJF y su Gaceta; libro I, octubre de 2011, tomo 1; página 288.

Pleno.Controversia constitucional 31/2010. Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 5 de abril de 2011, mayoría de ocho votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El tribunal pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 38/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil once.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

LEY GENERAL PARA EL ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

“Una mujer, con apenas 23 años ha sido ya víctima de violencia extrema. En la entrevista dice que su pareja la ha agredido con cuchillo, la ha golpeado y en varias ocasiones ha intentado ahorcarla. Una vez escapo?, pero él la amenazo? con quitarle a su hijo y le dijo que si no regresaba la iba a matar a ella y al niño. Tiene seis meses de haber regresado con el esposo. Se le proporciono? la tarjeta con direcciones donde podía solicitar ayuda... la entrevistada me toma de las manos y me pregunta: ¿estás segura que me van a ayudar? ¿me acompañas?“

Testimonio de entrevistadora en la Encuesta de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh), 2003. INEGI, 2003. Zacatecas, Zacatecas.

La violencia de género es uno de los principales problemas sociales del país, no sólo se inscribe como una relación entre víctimas femeninas y victimarios masculinos, sino se inscribe dentro de cualquier relación social, económica, política y cultural. “La resistencia que existe en reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica o doméstica sino de género. Se trata de una variable teórica esencial para comprender que no es la diferencia entre los sexos la razón del antagonismo, que no nos hallamos frente a una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por quien ostenta una superioridad (física) hombre sobre el sexo más débil (mujer), sino que es consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal”.

Ampliando este concepto se cita lo siguiente: “Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos.”

Más aún la construcción de una sociedad con patrones y formas androcentristas, insertadas incluso en el lenguaje mismo, es un factor directo del estado de desarrollo en el que se encuentran los países y las comunidades al interior de ellos. La violencia contra las mujeres debe considerarse como un serio problema de derechos humanos que impide el empoderamiento y la inclusión de las mismas en los procesos económicos, políticos, culturales, académicos y sociales, segregando y marginando a través de una diferenciación sexista a las mujeres de los hombres.

“El desarrollo humano es un concepto amplio, dinámico y multidimensional que comprende distintos aspectos de la vida de las personas. Esta? referido a la libertad, a la ampliación del espectro de cosas que las personas pueden ser y querer hacer, lo que implica contar con habilidades para realizarlas. En otros términos, envuelve el progreso y bienestar humanos vividos con libertades sustanciales, es decir, poder hacer las cosas que se valoran y se desearía hacer, teniendo opciones para realizarlas.” La violencia contra las mujeres impide el libre ejercicio de la personalidad y la dignidad humana propia e indispensable en la vida de las personas, el continuo acto de la agresión sistemática despersonaliza a las mujeres retirándoles atributos y capacidades para “poder hacer las cosas que se valoran y se desearía hacer”, retirándoles la oportunidad incluso de vivir.

Este precepto está perfectamente identificado en la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde establece que la discriminación es “un obstáculo para la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de sus países, que constituye una dificultad para el aumento del bienestar de la sociedad y la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,”

El enfoque actual sobre derechos humanos, conceptualizado desde el Informe Mundial para el Desarrollo de 2000, describe una mutualidad indispensable entre los derechos humanos y el desarrollo tal que, “Los derechos humanos y el desarrollo humano consisten ambos en velar por las libertades básicas. Los derechos humanos expresan la idea audaz de que todos están facultados para reclamar medidas sociales que los protejan de los peores abusos y privaciones, y que garanticen la libertad para vivir una vida digna.

El desarrollo humano, a su vez, es un proceso de realce de la capacidad humana, para ampliar las opciones y oportunidades de manera que cada persona pueda vivir una vida de respeto y valor. Cuando el desarrollo humano y los derechos humanos avanzan juntos se refuerzan recíprocamente, aumentando la capacidad de la gente y protegiendo sus derechos y libertades fundamentales”.

Para conciliar esta relación el derecho internacional ha suscrito diversos tratados que promuevan el acceso a los derechos y el desarrollo humanos; en materia de la Iniciativa es importante citar los siguientes:

I. La Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer. (CEDAW),  promulgada por la ONU el 18 de diciembre de 1979, basada fundamentalmente en el principio de igualdad ante la ley, sin distinción de género o sexo, reafirma las obligaciones de los estados parte a garantizar el acceso pleno a todos los derechos humanos consagrados en su legislación interna y en los tratados internacionales sobre derechos humanos que hayan ratificado.

II. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará” (CBDP), promulgada el 1º de abril de 1996, se ha convertido en el referente principal en las acciones contra la violencia de género, destaca principalmente porque reconoce que la violencia de género trasciende a todos los ámbitos sociales, culturales y económicos; lesionando la vida y la dignidad de las mujeres. Es preciso señalar que la Ley sujeta a reforma toma como referencia básica la CBDP, apropiando su espíritu.

La primera obligación del Estado es garantizar, promover, proteger y respetar los derechos humanos, de acuerdo a lo expresado en el artículo 1º Constitucional. Más aún de acuerdo a lo expresado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Estado se atribuye diversas obligaciones, para la garantía a este derecho; citando el texto del artículo 2º se lee:

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competenciasexpedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

En este contexto es prudente afirmar que tanto la Constitución como las Convenciones citadas, entre otros tratados sobre derechos humanos rigen el accionar del Estado Mexicano, el cual ha reiterado su compromiso por atender estas exigencias. Particularmente después de recibir sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al caso denominado “Campo Algodonero”, donde se le declaró responsable de no proteger debidamente a las víctimas contra la violencia de género que derivó en feminicidios.

Una de las acciones relevantes para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales de acuerdo a la descripción proporcionada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), responden a diversas recomendaciones recibidas por el Estado Mexicano en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, actualmente según datos de Conavim, existen 26 centros repartidos en 19 entidades federativas. Los cuales brindan diversos servicios tales como: Atención psicológica, jurídica y médica; albergues temporales; Ludoteca con expertas/os en temas de desarrollo infantil, y talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia.

Sin embargo todos estos servicios no están disponibles en los 26 centros y su aplicación no está estandarizada y regulada en la Ley, y por ende su aplicación es discrecional. Por lo que el objetivo de la Iniciativa es incorporar dentro de la LGAMVLV, la normatividad necesaria para una operación igualitaria en los Centros de Justicia para las Mujeres, asignado atribuciones a los diversos niveles de gobierno para garantizar su existencia en todas las entidades federativas con un modelo de atención acorde a las necesidades de la comunidad y las usuarias.

El modelo de atención propuesto de acuerdo al documento titulado “Programa de Necesidades para el diseño de un Centro de Justicia para las Mujeres (CJM)”, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,

“Los CJM se inspiran en un modelo denominado “Family Justice Center” que comenzó? en 1992 en San Diego, mediante el que se conjuntaron diversas agencias gubernamentales y de la sociedad civil para ofrecer, bajo un mismo techo, servicios multi-disciplinarios a las víctimas de violencia..., El Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres se desarrolla desde el enfoque de la seguridad ciudadana y el respeto a los Derechos Humanos, en el marco de sus programas orientados al cumplimiento de los objetivos nacionales de seguridad pública. En este modelo, además de la seguridad del Estado o de la seguridad del orden político actual, las personas y específicamente las mujeres víctimas y su seguridad son el centro de las políticas públicas.

La atención se brinda en un espacio agradable, cómodo y seguro para las mujeres y sus hijas e hijos y se centra en las necesidades de las víctimas para que puedan acceder a la justicia. Además, se ofrece un servicio que las asiste de forma integral (refugio, acceso laboral, cuidado de menores, créditos, servicios legales, servicios psicológicos, órdenes de protección, etc.); para salir del círculo de la violencia. Todo ello con el objetivo de reducir la perpetuación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, prevenir feminicidios e incidir en la disminución de factores sociales y familiares que pueden propiciar el desarrollo de conductas delictivas.

Adicionalmente, la concentración de servicios en un solo lugar evitara? que las mujeres tengan que acudir a múltiples instancias lo cual conlleva una serie de dificultades que pueden disuadir las para buscar ayuda o continuar con los procesos.”

Es importante destacar que aunque el modelo se encuentra reflejado en las acciones que realizan cotidianamente los centros, no siempre se cuenta con todos los servicios y por ende la atención es desigual.

La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que ha sido cuantificado y calificado por diversos instrumentos estadísticos, en particular y para los fines que persigue la iniciativa se citan diversos datos recabados por diversas investigaciones:

• La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (INEGI, 2008) señala que, del total de mujeres de 15 años y más edad, el 43.2% sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja. Sufrieron, violencia emocional (37.5%), violencia económica (23.4%), violencia física (19.2%), violencia sexual (9%).

• Las mujeres de 15 años y más en otros ámbitos fuera de la relación de pareja y en algún momento de su vida, el 39.7% de ellas tuvieron incidentes de violencia comunitaria, el 15.9% incidentes de violencia familiar, el 5.8% tuvieron incidentes de violencia patrimonial; el 15.6% incidentes de violencia escolar y el 29.9% incidentes de violencia laboral. En resumen el 67% de las mujeres de 15 años y más sufrieron incidentes de violencia de alguno de los tipos anteriormente mencionados.

• En el año de 2006 se contabilizaron 20,238 mujeres que sufrieron lesiones por violencia intrafamiliar destacando los grupos de edad de 20 a 29 años, con 6,216 incidentes y de 30 a 49 años con 7,707.

• De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en los Hogares de 2011, las mujeres casadas o unidas que tuvieron al menos un incidente de violencia física en el hogar contabilizaron 1, 569,744 personas.

• De igual forma 704,428 mujeres casadas o unidas reportaron haber sufrido un incidente de violencia sexual.

• Entre 2005 y 2009 los asesinatos de mujeres aumentaron en un 43% y un número significativo de las víctimas de feminicidios fueron asesinadas por su propia pareja o ex pareja. De hecho, cada día mueren 6 mujeres por violencia y el 40% de los asesinatos de mujeres ocurren en su propio hogar.

• Finalmente los feminicidios representan el 4.37% de las defunciones totales en el año de 2013.

Este panorama estadístico sobre la violencia contra las mujeres, reafirma la necesidad de que la LGAMVLV, incorpore debidamente las competencias y atribuciones de las autoridades para garantizar la existencia y funcionamiento integral de los Centros de Justicia para las Mujeres de acuerdo al modelo anteriormente señalado.

Actualmente la Ley en comento, en su Capítulo V del Título Tercero, establece la normatividad que deberá regir a los “Refugios para las Víctimas de Violencia”; sin mencionar a los Centros de Justicia para las Mujeres, pero compartiendo algunas atribuciones de acuerdo al modelo propuesto.

En este sentido la Iniciativa se pronuncia por agregar un Capítulo VI al Título Tercero de la LGAMVLV, denominado “De los Centros de Justicia para las Mujeres”,con la finalidad de describir la normatividad necesaria y suficiente para su operación, que garantice los derechos humanos a las mujeres víctimas de violencia, de acuerdo con lo estipulado en la Convención de Belem do Pará. De igual forma, propone distribuir competencias entre las autoridades señaladas en la Ley, que concurran en la creación y operación de los Centros de Justicia.

Finalmente, y con el objeto de contribuir con el proceso de dictamen del presente asunto legislativo, se adiciona el siguiente comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción X del artículo 49 y se adicionan recorriéndose al inmediato posterior las fracciones XX del artículo 41, las fracciones XV, XVI y XVII del artículo 42 y el Título V, “De los Centros de Justicia para las Mujeres”, a la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Único.Se reformala fracción X del artículo 49 y se adicionan recorriéndose al inmediato posterior las fracciones XX del artículo 41, las fracciones XV, XVI y XVII del artículo 42 y el Título V “De los Centros de Justicia para las Mujeres” todos de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

I. a XIX. ...

XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley ;

XX.- Promover la creación en las entidades federativas de los Centros de Justicia para las Mujeres y,

XXI.Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. a XIII. ...

XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia ;

XV.- Diseñar el modelo de atención y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres;

XVI.- Vigilar y coordinar con las entidades federativas la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres;

XVII. Financiar la Construcción y Equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres; y

XVIII.Las demás que le confiera esta ley.

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a IX. ...

X. Impulsar la creación de refugios  para las víctimas y Centros de Justicia para las Mujeres,conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

XI. a XXV. ...

...

Título VDe los Centros de Justicia para las mujeres

Capítulo Único

Artículo 61. Corresponde a los Centros de Justicia para las Mujeres, desde la perspectiva de género.

I. Diseñar y ejecutar políticas orientadas a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres;

II. Proporcionar orientación, asesoría y atención a las mujeres víctimas de violencia, procurando salvaguardar en todo momento su integridad y la de sus hijas e hijos;

III. Facilitar a las mujeres víctimas de violencia, el acceso pleno a la justicia;

IV. Fomentar la denuncia ante las autoridades competentes, de los incidentes de violencia contra las mujeres;

V. Diseñar políticas y acciones que eviten la revictimización de las mujeres;

VI. Capacitar a los Agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales para atender e investigar los delitos cometidos contra las mujeres por razones de violencia de género de manera libre de toda forma de discriminación. Impulsando la creación de agencias especializadas en violencia de género;

VII. Capacitar a los Defensores Públicos o de Oficio, para brindar la atención necesaria a las mujeres víctimas de violencia;

VIII. Vigilar que se tomen las medidas provisionales necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres y sus hijas e hijos de acuerdo a lo estipulado en la Ley. Incluyendo la solicitud y renovación de las órdenes de protección;

IX. Proporcionar asesoría jurídica a las víctimas de violencia;

X. Velar por los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia que se encuentren en los refugios descritos por la Ley;

XI. Facilitar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a los servicios de salud necesarios para atender lesiones físicas o de tipo emocional; y

XII. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren dentro de los Centros de Justicia para Mujeres.

Artículo 62. Los Centros de Justicia para las Mujeres deberán proporcionar los siguientes servicios:

a) Atención Médica y Psicológica;

b) Asesoría Jurídica de tipo Penal y Civil;

c) Representación Legal;

d) Servicios de Cuidado y Atención Infantil;

e) Servicios de Trabajo Social; y

f) Acceso a la Justicia a través de Ministerios Públicos especializados en Violencia de Género.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Maqueda A., Ma. Luisa, La violencia de género, concepto y ámbito, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/familia/pdf/15-189s.pdf

2 Rico, N., Violencia de Género un Problema de Derechos Humanos, CEPAL, 1996, pp. 8, disponible en: http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf

3 López B, Ma. de la Paz, Desarrollo Humano y Violencia contra las Mujeres, en Zacatecas, PNUD, ONU, 2003, pp. 27, disponible en:  http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/desarrollo.pdf

4 Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer, CEDAW; ONU, 1978, disponible en: http://www.un. org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

5 Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD; ONU, 2000, pp. 2, disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2000_es.pdf

6 Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer, CEDAW; ONU, 1978, disponible en: http://www.un. org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

7 Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF 20/01/2009, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf

8 Disponible en:  http://www.conavim.gob.mx/es/Conavim/Casas_de_ justicia, última modificación 8 de diciembre de 2015.

9 Disponible en: http://secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resou rce/1143/1/images/PROGRAMA%20DE%20NECESIDADES_PLECA.pdf

10 Zamudio Sánchez, F.; Núñez Vera M., “Genero, Inequidad y Medición”, Universidad Autónoma Chapingo, 2011, 1ed. pp. 48

11 Ibídem. Pp. 48

12 Anuario Estadístico de la Secretaría de Salud, 2006. Consultado en: http://sinais.salud.gob.mx

13 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050, actualizadas por CONAPO en abril de 2013. Disponible en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador.php? cve_indicador=294&Switch=1&Descripcion2=Prevalencia &indicador2=293&original=0&fuente=294.pdf&IDNivel1=

14 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050, actualizadas por CONAPO en abril de 2013. Disponible en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador.php? cve_indicador=292&Switch=1&Descripcion2=Prevalencia &indicador2=290&original=0&fuente=292.pdf&IDNivel1=

15 Programa para el Diseño de un Centro de Justicia para Mujeres de Necesidades, Disponible en: http://secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/ work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1143/1/images/PROGRAMA%20DE%20NECESI DADES_PLECA.pdf

16 Inmujeres, Inegi. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Mortalidad. Muertes accidentales y violentas. Conapo. Proyecciones de la Población de México 2010-2050. Disponible en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/muestra_indicador.php? cve_indicador=1125&Switch=0&Descripcion2=NULL&indicador2=0 &original=0&fuente=1125.pdf&IDNivel1=

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados, a los 7 días del mes de abril de 2016.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

PROPOSICIONES                                                                                                                                      COBERTURA UNIVERSAL DE BANDA ANCHA E INTERNET EN LAS REGIONES GEOGRÁFICAS HABITADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la cobertura universal de banda ancha e internet en las regiones geográficas habitadas del territorio nacional, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

José Hugo Cabrera Ruiz, diputado a la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relacionado con alcanzar la cobertura universal de banda ancha e internet en las regiones geográficas habitadas del territorio nacional, en beneficio de todos los mexicanos, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como derecho de los mexicanos el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Señala en su artículo 28 párrafo décimo quinto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un “órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales...”

Establece también en su artículo 73 fracción XVII que el Congreso tiene facultad para “dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.”

Por su parte, y con fecha once de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

El decreto referido, en el último párrafo del artículo décimo cuarto transitorio establece que el “Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Mientras que las entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia”.

Asimismo, en su artículo décimo quinto transitorio, establece que la “Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de México (organismo público descentralizado) su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando al organismo citado el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos.

Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

En su artículo décimo sexto transitorio se señala además que el “Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado B, fracción II del presente Decreto...”.

Finalmente, el artículo décimo séptimo transitorio, establece que “en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones: I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de este Decreto, ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la población; II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal; III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura”.

Respetable asamblea:

El acceso a internet gratuito para todos los mexicanos es una prioridad que debe partir de un principio, si bien es importante continuar con los avances en conectividad tradicional, la actual infraestructura y aquella por instalar debe ser competitiva bajo parámetros internacionales, es decir, tiene que ser moderna.

La generación de acciones para incentivar que se lleve fibra óptica y telecomunicaciones a todos los rincones de México es nuestra propuesta, con la perfecta coordinación y colaboración entre los sectores público y privado de nuestro país, en la búsqueda de este noble y tan necesario objetivo que permitirá detonar a profundidad y sin la menor duda, el crecimiento rumbo al desarrollo de nuestra población.

Se trata de un avance generacional hacia tiempos mejores; lo mismo para el mexicano que necesita una consulta médica en una comunidad apartada; que para el campesino que necesita asesoría para la siembra de sus semillas; lo mismo para los estudiantes que pueden acceder a clases internacionales sin moverse de sus lugares de origen; o el acceso ilimitado al conocimiento para cualquier persona. Las posibilidades son infinitas.

Es tiempo de formularnos sin retraso la misma pregunta que se realizaron los países líderes en conectividad mundial: ¿qué cantidad de recursos estamos dispuestos a invertir para el acceso a internet de nuestra población?

La respuesta es simple: los que se necesiten.

Ahora bien, procurar mejores leyes que aseguren un entorno apto para las actividades de cada uno de nosotros, es el gran objetivo del Congreso de la Unión.

Es preciso que sus integrantes apoyemos el establecimiento de las condiciones necesarias para que se pueda impulsar de manera más adecuada el internet a todos los mexicanos.

Es en este orden de ideas, que durante el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, presenté dos productos legislativos en materia accesibilidad a internet gratuito para la población, el primero fue el “Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas”, con el objeto de dotar a las bibliotecas públicas de conexión gratuita a internet de banda ancha, para beneficio de los usuarios; El segundo fue un “Punto de Acuerdo relativo al impulso de conexión de Internet para sitios públicos y lugares comunitarios”.

En este sentido, dentro de la agenda legislativa que he desarrollado con la voz de mis representados a mis espaldas para el año 2016, sobresale la demanda por una infraestructura moderna y con excelentes condiciones de mantenimiento; que siga propiciando y derramando el crecimiento, sin distingo.

Para precisar el enfoque del presente punto de acuerdo y acorde con el Glosario de México Conectado y del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), a continuación procederemos a definir algunos conceptos y presentaremos algunos beneficios para la población producto de experiencias y prospectiva en diferentes países, relacionadas con el tema de cobertura universal planteada en nuestra Ley Fundamental.

Se entenderá por:

Banda Ancha: Acceso a internet con una capacidad mínima de transferencia de información mayor o igual a 256 Kbit/s de descarga, a través de medios alámbricos o inalámbricos.

Cobertura universal: Implica que al menos existe una red de acceso de banda ancha en todas las regiones geográficas habitadas del territorio nacional.

Conectividad: La forma a través de la cual uno o varios dispositivos se conectan a una red de transmisión de datos.

Educación a distancia: Sistema que utiliza las TIC para mejorar y apoyar los procesos educativos, la información que pueden o no darse dentro de las instalaciones educativas o a distancia.

Expediente clínico electrónico: Conjunto de información almacenada en medios electrónicos centrada en el paciente, que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud con arreglo a las disposiciones sanitarias, dentro de un establecimiento de salud. El sistema por el que se administra un Expediente Clínico Electrónico es un Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud.

Fibra Óptica: Medio de transmisión de datos y caracteres mediante pulsos de luz, utilizado en telecomunicaciones debido a su capacidad para enviar una gran cantidad de datos a grandes distancias.

Internet: Conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen internet funcionen como una red lógica única.

Sitio público: Aquél espacio que pertenece a la administración pública federal, estatal y municipal, el cual provee servicios de conectividad a la comunidad o para la mejor prestación de servicios públicos; por ejemplo: escuelas, universidades y en general, inmuebles destinados a la educación; clínicas, hospitales, centros de salud, y en general inmuebles para la atención de la salud; oficinas de los distintos órdenes de gobierno; centros comunitarios; espacios abiertos tales como plazas, parques, centros deportivos y áreas públicas de uso común para la población en general, cuya construcción y conservación está a cargo de autoridades federales, estatales, municipales; aquellos que participen en un programa público; los demás que se consideren sitios públicos de acuerdo a la legislación vigente .

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Medios de información y canales de comunicación integrados en una misma herramienta tecnológica que permiten una comunicación interactiva, capaz de generar información y compartir conocimiento.

Usuario de computadora: Individuo de seis o más años que tiene el conocimiento o habilidad necesaria para que, de manera autónoma, encienda, realice alguna actividad en la computadora y la apague. Las actividades pueden ser de carácter escolar, que atiendan situaciones laborales, como medio de comunicación, de entretenimiento, de compra o pago de bienes y servicios, entre otros.

Usuario de Internet: Individuo de seis o más años que en forma eventual o cotidiana, y de manera autónoma, ha accedido y realizado alguna actividad en internet en los últimos seis meses. Las actividades pueden ser, entre otras, para realizar tareas escolares; las relacionadas con el trabajo; de comunicación, incluyendo correos electrónicos o conversaciones escritas (chat); de capacitación, adiestramiento o formación a distancia mediante videoconferencias; de entretenimiento, como son las de bajar o jugar videojuegos o programas de computadora en la red, como son los de música.

Usuario de teléfono móvil celular: Individuo de seis o más años que se comunicó con otra persona mediante un teléfono celular, durante los últimos 12 meses, ya sea como emisor o receptor de una llamada. Incluye envío o recepción de mensajes, así como consulta de información.

Con fecha tres de marzo del 2009, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el “Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y centros SCT correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quedando adscrita a la Subsecretaría de Comunicaciones, la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento”.

La misión de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) es “Conducir de manera efectiva la transición del país hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, integrando los esfuerzos que realizan diversos actores públicos y privados en esta tarea y atrayendo a todos los mexicanos para que se incorporen a este proceso”.

Su visión al 2025 es vivir “en una nueva estructura de organización social, la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en donde todos los mexicanos se desarrollarán en un entorno de igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento, aprendizaje y educación, a través del uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, las cuales estarán al servicio de la sociedad”.

En este punto, podemos ya ir distinguiendo parámetros de vital importancia para nuestro objetivo: que los esfuerzos públicos y privados sean siempre coordinados, es decir, el objetivo es común, que todo México se encuentre conectado; y que la meta al 2025 antes descrita, se acelere en la medida de lo posible producto de esa colaboración efectiva.

La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), define adicionalmente a las tecnologías de la información como el “conjunto de redes, equipos computacionales, aplicaciones y dispositivos electrónicos para almacenar, transmitir y manipular información; e informa que el lanzamiento del Internet al público en los noventas expandió las posibilidades de comunicación y creación de contenidos, productos, servicios y nuevos modelos de negocios, a tal punto que ahora vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento.”

También señala que las tecnologías de la información “siguen revolucionando el mundo y acelerando la velocidad a la que se mueve; pero aún queda mucho trabajo por hacer para que toda la población tenga acceso a ellas y las aproveche.”

Ahora bien, en lo específico y partiendo de nuestro marco jurídico vigente que ya hemos descrito, ¿qué otros mecanismos podríamos explorar para fortalecer la meta que hoy nos ocupa?

El doctor Joao Bernardo Vieira, ministro de Transportes y Comunicaciones de Guinea-Bissau “hizo hincapié en la importancia del papel que desempeña el Estado en el fomento de la innovación en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pues afirmó que los gobiernos deberían crear incentivos, ayudar a movilizar capitales y limitar la reglamentación a la que se someten los innovadores del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”.

Es por tal que en la presente proposición exhortaremos también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que proponga al Congreso de la Unión mecanismos fiscales y administrativos adicionales, en todo lo que tenga que ver con la dotación de infraestructura para la conectividad en las localidades de nuestro país por parte de privados; o bien, incentive la generación de convenios entre gobiernos estatales y municipales con operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes y con esto incrementar los usuarios de internet, en complemento a todas las acciones institucionales anteriormente descritas y fundadas en la ley.

Lo primordial en este aspecto, es tener lo antes posible la mayor cantidad de sitios públicos dotados de fibra óptica que a su vez otorguen banda ancha con todos los beneficios que esto implica para la población beneficiada, y se trate de un paso más en nuestra búsqueda de la cobertura universal.

Enfocándonos ahora en algunos ejemplos de beneficios relacionados con un acceso moderno a internet, quisiera esbozar uno que me atrajo mucho en mi calidad de Diputado integrante del sector campesino; Mario G. Montejo, Secretario del Departamento de Ciencia y Tecnología en Filipinas, explicó que la consideración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) “como elemento fundamental... a favor del desarrollo...” Asimismo, presentó como ejemplo práctico el programa de “Agricultura inteligente, que orienta a los agricultores sobre el momento adecuado para la siembra, el fertilizado y la cosecha, con base a datos meteorológicos específicos del lugar, siendo que los resultados de dicho programa mostraron que se necesitaba menos cantidad de agua y de fertilizantes y que los agricultores podrían reducir sus gastos, mejorando con ello su productividad y su eficiencia.”

Imaginemos el impacto que traería a nuestra agricultura tradicional, aquella que otorga manutención a través del autoconsumo a campesinos y sus familias en los lugares más remotos de nuestro país, si les otorgamos acceso en tiempo real al conocimiento más avanzado relacionado con su actividad primaria principal. Creo que la modernización del campo puede ser más exitosa si relacionamos de alguna manera a nuestra población rural, con herramientas tecnológicas que eficienten sus procesos.

Continuando, “se estima que en el año 2020 se conectarán a Internet entre 20 y 50 mil millones de -cosas-, incluyendo dispositivos móviles, parquímetros, termostatos, monitores cardíacos, neumáticos, carreteras, automóviles, estanterías de supermercados y otros muchos tipos de objetos y dispositivos... El gran crecimiento de la Internet de las -cosas- está siendo impulsado por la rápida reducción de los costos de las tecnologías de sensores, el procesamiento de datos y la red”.

Un documento preparado por el Profesor Ian Brown del Instituto de Internet de Oxford, Universidad de Oxford, Reino Unido, describe “que el mayor impacto de los dispositivos de la Internet de las Cosas se producirá cuando se utilicen en grandes sistemas interconectados, incluyendo las ciudades inteligentes, las redes eléctricas inteligentes y las redes de transporte y distribución de agua. Como algo más próximo a la vida de las personas, los automóviles conectados incorporarán cientos de sensores que permitirán un transporte más seguro y fiable. Dispositivos tales como bombas de insulina y esfingomanómetros o tensiómetros digitales para la vigilancia de la presión sanguínea, permiten advertir signos de posibles enfermedades, como la diabetes y enfermedades del corazón.”

Podemos apreciar, que la nueva época en la historia de la humanidad se encuentra relacionada con el acceso moderno a internet, no podemos quedarnos rezagados ante esta dinámica global que beneficia a la población sin duda. Nuestra propia Constitución ya reconoce este derecho y resulta urgente que actuemos en consecuencia y con total contundencia.

Las posibilidades son tan grandes como nos las propongamos, hagamos un repaso de lo que hemos presentado:

1. Necesitamos que todos los mexicanos tengan acceso a internet;

2. qué la conectividad sea moderna, con banda ancha a través de la mejor infraestructura (fibra óptica, aunque ya se encuentran desarrollándose en el mundo otras tecnologías, como el acceso wi-fi a través de la red de electricidad);

3. que se reconozca este objetivo común, y que el sector público y privado trabajen de manera coordinada con base en la ley;

4. que se priorice el crecimiento de los sitios públicos, como primer paso para dotar de conectividad a quién no la tiene e ir avanzando hacia la cobertura universal.

Respecto de este último punto, la Dra. Sharifah Zarah Syed Ahmad, Secretaria General del Ministerio de Comunicaciones y Multimedios de Malasia, hizo referencia al programa “Conectar a quienes no lo están” implementado en su país. Declarando que siempre se planteaban la misma pregunta: “¿Hasta qué punto respaldamos la conexión y participación de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? No hay punto, el respaldo debe ser total.”

Coincidimos.

Hablando de un acceso moderno a internet, permítanme definir qué es la banda ancha: se trata de internet de alta velocidad, que permite descargar más datos a menor tiempo, por ejemplo las fotografías de 1 MB con la banda ancha tardan en descargarse 5 segundos y con métodos tradicionales como el dial up el tiempo es de 2 min a 30 segundos; las canciones de 1.5 MB con banda ancha se descargan en 8 segundos, con dial up 3 minutos a 40 segundos; presentaciones de Power Point de 6 MB con banda ancha 32 segundos con dial up 15 minutos; Videos de 20 MB con banda ancha de 1 min a 47 segundos y con dial up 50 minutos; películas de alta definición de 3 GB con banda ancha de 36 minutos a 4 horas, y con dial up 130 horas.

En la decimotercera reunión en pleno la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en el mes de marzo del presente año en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), “los miembros de la Comisión convinieron en que los servicios, redes y aplicaciones de banda ancha ofrecen un grandísimo potencial para obtener resultados espectaculares en la enseñanza, la salud y el crecimiento socioeconómico. Una reciente reunión informal de los miembros de la Comisión en el Foro Económico Mundial de Davos insistieron en que conectar a los que no lo están y generar suficientes oportunidades de inversión para el despliegue universal de redes, servicios y aplicaciones de banda ancha será fundamental para alcanzar los 17 objetivos mundiales”.

Chang-Gyu Hwang, Director Ejecutivo de KT Corp, en una entrevista señaló que “la atención ha pasado de estar centrada en la conectividad a dirigirse al valor y las oportunidades que ésta brinda, pues podrían ayudar a solucionar problemas sociales tales como la desigualdad entre las zonas rurales y urbanas en materia de educación, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados” Explicó también que “en mayo de 2014, Korea Telecom (KT) anunció su Estrategia Gigatopia, que enlaza una red fija de velocidad giga con la banda ancha móvil en cinco áreas principales: medios de comunicación, energía, seguridad, atención sanitaria y transportes; compartió que el objetivo de KT es mejorar la calidad de vida fundamental mediante la potenciación de la banda ancha en las regiones remotas y aisladas gracias a la instalación de infraestructuras de velocidad giga y servicios tecnologías de la información y la comunicación (TIC) convergentes”.

Como podemos apreciar, tenemos a la mano experiencias exitosas de otros países para avanzar en la materia, hagámoslas nuestras.

Por su parte, la Revista Actualidades de la International Telecomunication Unión (ITU) publicó el ensayo “Mediación del Desarrollo de las TIC: Nuevas tendencias nuevos desafíos”, señalando que “la banda ancha móvil se ha convertido en el segmento más dinámico del mercado de las telecomunicaciones, con tasas de crecimiento de dos cifras en el número de abonos durante los últimos ocho años”. El informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2015, publicado en la revista citada revela también que “gracias a la competencia, no sólo ha aumentado la variedad de paquetes disponibles, sino que también han disminuido los precios. Este informe también recalca la necesidad de disponer de conectividad de banda ancha fija y de grandes anchuras de banda para aprovechar todas las posibilidades que ofrece la Internet de las cosas. Teniendo en cuenta las limitadas infraestructuras de algunos países en desarrollo, se trata de un reto que requiere de una atención especial en materia de políticas.”

Sabemos entonces que el primer paso relacionado con dotar de internet a quién no lo tiene es mejorar la infraestructura, de ahí la necesidad de la coordinación entre sectores señalada y el estímulo público para los privados y gobiernos que así lo realicen; en etapa posterior estaríamos en condiciones de acceder a discusiones en materia de competencia y sus beneficios.

Belinda Exelby, Jefa de Relaciones Internacionales de la Asociación GSM (GSMA), expuso en una charla que “los gobiernos comparten con el sector privado la responsabilidad de crear un futuro digital para todos, y que este futuro depende de la conectividad de banda ancha móvil y de los servicios de valor añadido que mejorarán las condiciones de vida de los que no están suficientemente atendidos, unos servicios que pueden propiciar su adopción y transformar la sociedad.”

De acuerdo con la información vertida por el proyecto del Gobierno de la República “México Conectado” en su página oficial, la penetración de banda ancha en México se incrementó de 15.3 a 20.3 suscripciones por cada cien habitantes para junio de 2012.

“El incremento de la banda ancha móvil conseguido por México hasta junio del 2014 es alentador y coincide con la tendencia internacional, al ser éste uno de los servicios más dinámicos en el sector de las industria de las telecomunicaciones a escala global. Sin embargo, si a México se le compara con el resto de América Latina, la penetración de banda ancha móvil todavía se encuentra por detrás de lo conseguido por naciones como Costa Rica, Brasil, Chile y Venezuela, consideró la agencia de consultoría Mediatelecom Consulting & Law.”

Asimismo, en este artículo publicado por el periódico El Economista, también se señala que “En un desglose, la penetración de la banda ancha inalámbrica se compone de un 0.8% para los servicios vía satélite, 1.11% para los accesos fijos inalámbricos y del 98.8% para la banda ancha móvil, estimó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).” Explicando también que “este crecimiento se da como resultado de nuevas ofertas de prepago en Internet móvil y paquetes comerciales que incluyen servicios gratuitos para uso de redes sociales como Twitter, Facebook y WhatsApp.”

Es decir, debemos considerar un manejo diferenciado de la política pública en materia de conectividad, uno como ya se mencionó, relacionado con conectar a la población que no lo está; y el otro, que a través de que la competencia se mejoren las condiciones de los usuarios ya conectados.

Entonces nuestra lista de repaso presentada en páginas anteriores, se viene a enriquecer con un punto 5, a saber:

1. Que se priorice la competencia entre proveedores, como paso siguiente para modernizar la conectividad de quién ya la tiene.

Continuando con los ejemplos de beneficios de la conectividad total para una sociedad, podemos señalar sin temor a equivocarnos que el acceso a internet es un medio para la evolución social, la consecución del desarrollo económico y su consecuente disminución de la pobreza y la ignorancia.

En lo general, cambia también el paradigma de comunicación entre gobernantes y gobernados y propicia más y mejores servicios públicos y privados; del mismo modo, se está convirtiendo en una herramienta vital para una mayor equidad, igualdad y respeto a los derechos entre la población.

Es por ello que la “Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se esfuerza de manera permanente en encauzar el poder del conocimiento y la información, en particular por conducto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para transformar economías, crear sociedades del conocimiento integradoras y emancipar a las comunidades locales aumentando el acceso a la información y el conocimiento, así como su conservación y divulgación... Para la UNESCO, esas sociedades del conocimiento deben fundamentarse en cuatro pilares: libertad de expresión, respeto de la diversidad cultural y lingüística, enseñanza de calidad para todos y, acceso universal a la información y el conocimiento.”Este último postulado es sobre el que hoy nos enfocamos, puesto que se trata de unos de los mayores catalizadores para el desarrollo en los tiempos modernos y agiliza sin duda el buen término de los otros pilares de una sociedad del conocimiento.

Honorable pleno:

Con base en estadísticas del proyecto del Gobierno Federal “México Conectado”, para diciembre de 2014 ya se encontraban conectados 65 mil 149 sitios y espacios públicos alrededor de la República Mexicana. Querétaro por ejemplo, entidad que represento, tuvo en el 2014, 956 sitios y espacios públicos con acceso a internet, de los cuales 437 sitios se encuentran ubicados en zonas rurales.

La información publicada por el proyecto en su página oficial indica en una de sus gráficas que el sistema educativo es el más beneficiado, lo que a todas luces se trata de un acierto que debemos fortalecer, lo anterior se puede ver reflejado en la siguiente tabla:

Y en otra de sus gráficas, informa que para finales del 2014, 28 mil 142 sitios públicos en México, generaban acceso público a internet a través de una antena Wi-Fi exterior, lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla:

También sobresale que “internet se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestra vida cotidiana, (siendo) hasta ahora, nuestra forma más común de conectarnos por medio de una computadora o un dispositivo móvil”.

Quisiera abordar ahora un poco las estadísticas del estado de Querétaro, especialmente de su ciudad capital, que bien podrían ser un parámetro de referencia para seguir con el análisis de la situación nacional del acceso a internet. Los siguientes datos de la Ciudad de Querétaro, fueron recogidos a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015, y publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi):

• 174 855 (70.01%) hogares cuentan con computadora, y 74 565 (29.9%) no cuentan con computadora;

• 162 579 (65.2%) hogares cuentan con conexión a internet y 86 841 (34.8%) hogares no cuentan con conexión a internet;

• 599 857 (74.6%) son usuarios de internet, 203 827 (25.4%) no lo son; 281 600 (46.9%) de esos usuarios de Internet son hombres y  318 257 (53.1%) son mujeres;

• 262 153 (60.7%) usuarios usan conexión móvil a internet mediante un teléfono inteligente, 167 367 (38.7%) usuarios no usan conexión móvil a internet mediante un teléfono inteligente, 2 445 (0.6%) usuarios no saben usar la conexión móvil a internet mediante un teléfono inteligente;

• 682 494 (84.9%) usa teléfono celular, 121 190 (15.1 %) no usa teléfono celular.

Ahora la información estatal:

• 275 135 (51.01%) hogares cuentan con computadora, y 264 448 (49.0%) no cuentan con computadora;

• 234 029 (43.4%) hogares cuentan con conexión a internet y 305 554 (56.6%) hogares no cuentan con conexión a internet;

• 950 722 (52.4%) son usuarios de computadora; 1 041 074 (57.4%) son usuarios de internet, 771 865 (42.6%) no lo son; de esos usuarios de Internet 525 486 (50.5%) son hombres y 515 588 (49.5%) son mujeres;

• 478 085 (64.1%) usuarios usan conexión móvil a internet mediante un teléfono inteligente, 262 751 (35.2%) usuarios no usan conexión móvil a internet mediante un teléfono inteligente;

• 1 370 038 (75.6%) usa teléfono celular, 442 901 (24.4 %) no usa teléfono celular.

Para finalizar, la información nacional:

• 3 881 140 hogares con computadora que no cuentan con conexión a Internet, 2 142 908 es por falta de recursos económicos, 420 552 porque no saben usarlo, 76 513 porque no tienen el equipo suficiente, 610 331 porque no hay proveedor o infraestructura en su localidad.

• 55 735 713 (51.3%) son usuarios de computadora, 77 711 203 (71.5%) son usuarios de teléfono móvil celular y 62 448 892 (57.4%) son usuarios de Internet.

• De los usuarios de Internet, se pueden distinguir diferentes formas simultáneas de usos: 55 402 799 (88.7 %) lo utilizan para obtener información, 52 527 087 (84.1 %) para comunicarse, 44 583 969 (71.4 %) para entretenimiento, 35 360 315 (56.6 %) para apoyar la educación/ capacitación, 44 664 699 (71.5 %) para acceder a redes sociales, 5 817 554 (9.3 %) para operaciones bancarias, 13 000 074 (20.08%) para interactuar con el Gobierno, 47 853 907 (76.6 %) para acceder a contenidos, 19 449 837 (31.1%) para descargar software, 6 076 390 (9.7 %) para ordenar o comprar un producto, 26 779 326 (42.9%) para leer periódicos o revistas, 184 002 (0.3 %) otros.

• 7 262 555 (11.6 %) son usuarios de internet de 6 a 11 años de edad, 12 081 698 (19.3 %) son usuarios de Internet de 12 a 17 años de edad, 12 231 881 (19.6 %) son usuarios de internet de 18 a 24 años de edad, 12 455 007 (19.9%) son usuarios de internet de 25 a 34 años de edad, 9 634 118 (15.4 %) son usuarios de internet de 35 a 44 años de edad, 5 541 946 (8.9 %) son usuarios de internet de 45 a 54 años de edad, 3 241 687 (5.2 %) son usuarios de internet de 55 años y más.

• En el 2015, 34 250 013 (61.5%) usuarios tienen acceso a la computadora en su hogar, 13 806 725 (24.8%) tenían acceso a la computadora en la escuela, 22 817 829 (40.9%) tenían acceso a la computadora en un sitio público, 16 346 987 (29.3%) tenían acceso a la computadora en el trabajo, 14 990 166 (26.9%) tenían acceso a la computadora en casa de otra persona, 5 897 535 (10.6%) tenían acceso a la computadora en cualquier lugar con una portátil.

• 28 301 198 (50.8%) son hombres los que usan la computadora, y 27 434 515 (49.2%) son mujeres las que usan la computadora. Es decir, las personas con acceso a internet no se conectan en su mayoría a través de un solo dispositivo.

En el país en el 2015 se contaba en el hogar con el siguiente equipamiento de tecnología de información y comunicaciones:

• 14 685 210 (44.9%) hogares contaban con computadora, 12 810 487 (39.2 %) hogares contaban con conexión a internet, 30 580 591 (93.5%) hogares contaban con televisión, 14 303 987 (43.7 %) hogares contaban con televisión de paga, 29 188 249 (89.3 %) hogares contaban con servicio de telefonía,  1 363 546 (4.2%) hogares contaban solamente con línea fija, 16 490 677 (50.4%) hogares contaban con solamente telefonía celular, 11 334 026 (34.7%) hogares contaban con telefonía fija y celular, 21 530 737 (65.8%) hogares contaban con radio, 32 421 988 (99.2%) hogares contaban con energía eléctrica.

• También 29 846 188 (67.1%) son los usuarios de un teléfono inteligente con conexión móvil a internet, y 14 588 708 (32.8%) son los usuarios de un teléfono inteligente sin conexión móvil a internet; 38 173 833 (49.1%) son hombres los que usan la telefonía celular, y 39 537 370 (50.9%) son mujeres las que usan la telefonía celular.

• Asimismo, 3 238 620 (40.5%) son los usuarios de internet que han realizado compras y pagos vía internet, 2 837 770 (35.5%) son los usuarios de internet que han realizado sólo compras vía Internet, 1 916 048 (24.0%) son los usuarios de internet que han realizado sólo pagos vía internet.

La información descrita nos confirma lo siguiente, el uso de internet y sus beneficios impacta en casi todos los aspectos de la vida moderna, no obstante aún nos encontramos lejos de una cobertura universal. Mucho por hacer sin duda, pero también cuantioso potencial por aprovechar. Nuestro país con suficientes niveles de conectividad puede dar un gran paso hacia su definitivo desarrollo.

Continuemos analizando el cómo nuestro país se encuentra conectado.

Las redes instaladas se dividen en tres: satelitales, terrestres y de gran ancho de banda.

El Proyecto de “México Conectado” “ utiliza dos tipos de tecnología, la tecnología satelital que se utiliza para llevar internet a localidades rurales en donde no hay acceso a otras redes de telecomunicaciones. Donde los sitios y espacios públicos conectados con esta tecnología se encuentran principalmente en comunidades de entre 500 y 2,500 habitantes, con niveles de alta o muy alta marginación y en localidades de difícil acceso; las redes terrestres de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) utilizan la infraestructura desplegada por los operadores de telecomunicaciones para brindar acceso a internet. Los sitios y espacios públicos conectados a través de estas redes se ubican generalmente en localidades urbanas del país.”

El principio es adecuado, debemos fortalecerlo y como ya se mencionó, acelerarlo.

Por su parte, “Los Proveedores de Servicio de Internet (PSI) utilizan una gran cantidad de tecnologías para permitirle a cada usuario conectarse a sus redes”.

“Las conexiones a internet típicas para usuarios residenciales son:

• Dial-up (Banda estrecha)

• Red Digital de Servicios Integrados (ISDN)

• Módem

• Banda ancha

• DSL (normalmente del tipo Asymmetric Digital Subscriber Line o ADSL)

• Banda Ancha Móvil

• Banda Ancha Inalámbrica (Wi-Fi)

• Cable módem

• Fiber To The Home (FTTH)

Las conexiones típicas para empresas medianas o grandes son:

• DSL

• Ethernet, Metro Ethernet o Gigabit Ethernet

• Frame Relay

• ISDN

• ATM

• Internet por satélite

• Red Óptica Sincrona (Sonet)”

La fibra óptica “es uno de las tecnologías más viables para transmitir datos vía Internet. El proceso de comunicación por medio de un hilo de fibra óptica consta de 5 pasos, el primero es el Codificador/Modulador que traduce los datos a un lenguaje de impulsos de luz, el segundo es el Transmisor que procesa los datos de una señal electrónica a una óptica y los envía por la fibra, el tercero es Repetidores que amplifican la señal periódicamente a lo largo de su paso por cable para evitar que esta pierda u fuerza, el cuarto es el Detector que recibe la señal en el punto de destino y la reconvierte a una señal electrónica, el quinto paso es el Decodificador/Módem que decodifica la estructura de la señal original y la envía a dispositivos como computadoras o teléfonos”.

“Algunos Proveedores de Servicio de Internet (PSI) en México son Enlace TPE, Axtel, Izzi Telecom (Cablemas, Cablevisión, Cablecom), Megacable, Prodigy Internet de Telmex.”

“Actualmente, el Internet es de vital importancia para las personas y el gobierno; esta red requiere de los Proveedores de Servicio de Internet (PSI) para funcionar y continuar desarrollándose. Sin embargo los Proveedores de Servicio de Internet (PSI) sólo se ven impulsados a mantener estos servicios e incluso invertir en su crecimiento, si el régimen jurídico es sencillo, fiable y no impone cargas innecesarias y onerosas para ellos.”

Con lo anterior, fortalecemos nuestro argumento de la necesidad de sectores coordinados e incentivados entre sí.

El sociólogo Francesc Núñez, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), define al Internet como un “instrumento que se pone al servicio de diferentes comunidades y que nos posibilita hacer cosas que antes no estaban a nuestro alcance, y ensancha nuestros límites humanos.”

El antropólogo Joan Mayans, del Observatorio para la Cibersociedad, comenta que “lo cierto es que ya nos resulta difícil concebir nada sin internet. Se ha imbricado de tal manera en nuestras vidas, se ha enrededado en nuestros días, en el trabajo, en casa, en el ocio, que cuesta recordar cómo era todo antes de que llegara. Pensemos por un instante en cómo nos comunicamos, en nuestro entorno, en las relaciones financieras, en el ocio: las principales actividades económicas, sociales, políticas y culturales de todo el planeta se estructuran ya por medio de internet”; “El internet nos ha dado acceso a la información y conocimiento a lo que antes era complicado llegar, o bien elitista o, simplemente, no era posible.”

Joseph María Gili, Profesor de Investigación del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona del CSIC, comentó por su parte que el “internet nos ha facilitado el acceso a la información, pues anteriormente tenía uno que ir a bibliotecas y a museos a buscar literatura, que muchas veces no podía uno fotocopiar y se tenía que consultar allí mismo. Sin embargo ahora todo está en internet, ya se puede consultar el material al momento, y además es un material ampliado, ya no es sólo el texto escrito de la revista, que tiene que tener unas dimensiones concretas, sino que incluye documentación gráfica y otros enlaces a la web, lo que también permite contactar con otros científicos sin problemas y de forma inmediata. El hecho de tener acceso a la información también hace que se produzca menos repetición, sobre todo en el campo de las ciencias experimentales”.

Mariebel Torres, doctora en medicina especialista en radiología, del Hospital La Paz de Madrid, dijo que el Internet “ha revolucionado la medicina, ha abierto el campo de la ciencia, que anteriormente toda la documentación estaba en revistas escritas, de manera que tenías que ir a bibliotecas especializadas para consultarlas y, además, llegaban con meses de retraso. Y cuando necesitabas alguna que no tenían, había que solicitar un ejemplar a través del correo convencional. El acceso a la información no era instantáneo, podían pasar incluso dos o tres meses hasta que conseguías lo que necesitabas. Ahora, todas las publicaciones tienen versión on line y se puede acceder a los artículos y a las investigaciones a la vez que un médico de Estados Unidos.”

Para finalizar, en recientes fechas el Partido Revolucionario Institucional a través de su presidente, promueve la iniciativa “Internet para todos”; compartimos el espíritu de la misma, y nos sumamos a ella.

El presente punto de acuerdo trata de avanzar ahora en el “cómo sí”. En el cómo hacer realidad esta imperante necesidad social; camino para el desarrollo que no podemos, que no debemos ignorar por nuestro propio bien.

Coincidimos en la iniciativa para que en todo el país tenga acceso a las tecnologías de la información y banda ancha, lo anterior para reducir la desigualdad, generar oportunidades para empresarios, hacer crecer pequeñas y medianas empresas, llevar los servicios de salud a los lugares en donde no lo hay, etcétera.

Ha sido una demanda recurrente de nuestros electores sin distinción partidista y hoy, debemos asumir como Diputados y Senadores, incluir en nuestras agendas, la permanente presencia y consecución de una especia de agenda legislativa digital. Impostergable por cierto.

Como el acuerdo que se ha presentado lo señala, por supuesto que estamos de a favor de generar condiciones para que las empresas ofrezcan servicios de acceso a las tecnologías de la información y banda ancha en más lugares y más económicos. “(Con el objeto de que) se cumpla la ley para que los mexicanos puedan integrarse a la revolución digital”.

Por lo anteriormente expuesto, respetable y soberana asamblea, es que someto a la consideración de todos ustedes, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia, generen un programa de estímulos fiscales o administrativos a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión que inviertan en la dotación de infraestructura para la conectividad de localidades y su población sin acceso a internet, basándose en las facultades que posee el Poder Ejecutivo Federal para hacer crecer la red troncal ya sea mediante inversión pública, privada o mixta.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia promuevan y homologuen convenios de colaboración entre gobiernos municipales y estatales con operadores de telecomunicaciones y radiodifusión, que tengan el objeto de proveer de infraestructura para el acceso a internet a la población.

Notas:

1 Telecomunicaciones de México es un organismo público descentralizado que forma parte del sector de las Comunicaciones y Transportes que ofrece servicios modernos, eficaces y seguros para atender las necesidades de comunicación y financieros dirigidos a las personas, privadas y entidades gubernamentales a través del rendimiento de los procesos de calidad, tecnología de punta y precios razonables.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

http://www.telecomm.net.mx/index.php?option=com_content &view=article&id=181&Itemid=217

2 BETA.gob.mx. (s/d). “Misión y Visión de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC).” Ver. http://www.sct.gob.mx/informacion-general/areas-de-la-sct/coordinacion-de-la-so ciedad-de-la-informacion-y-el-conocimiento/mision-y-vision-de-la-csic/

3 Ídem.

4 International Telecomunication Union ITU. Revista N°1 2016. “Medición del Desarrollo de las TIC: Nuevas tendencias, nuevos desafíos.” P. 13. Ver. http://www.itu.int/es/itunews/Pages/default.aspx

5 Ídem.

6 International Telecomunication Union ITU. Revista N°4 2016. “Atención a la Brecha Digital” P. 12. Ver. http://www.itu.int/es/itunews/Pages/default.aspx

7 Ibídem, 12.

8 International Telecomunication Union ITU. Revista N°1 2016. “Medición del Desarrollo de las TIC: Nuevas tendencias, nuevos desafíos.” P. 13. Ver. http://www.itu.int/es/itunews/Pages/default.aspx

9 ITU. (2016). “La Comisión de la Banda Ancha de las Naciones Unidas dice a los gobernantes: la banda ancha puede ser el mayor catalizador de su desarrollo.” Recuperado en fecha 27 de marzo. Ver. http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/11-es.aspx#.Vvh2Yu98PIU

10 International Telecomunication Union ITU. Revista N°4 2016. “Atención a la Brecha Digital” P. 37. Ver. http://www.itu.int/es/itunews/Pages/default.aspx

11 International Telecomunication Union ITU. Revista N°4 2016. “Atención a la Brecha Digital” P. 19. Ver. http://www.itu.int/es/itunews/Pages/default.aspx

12 El Economista. 2 de marzo de 2015. “México crece en banda ancha, pero no al ritmo de AL” Ver. http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/03/02/mexico-crece-banda-ancha-no-ri tmo

13 Ídem.

14 ITU. (2016). “La Comisión de la Banda Ancha de las Naciones Unidas dice a los gobernantes: la banda ancha puede ser el mayor catalizador de su desarrollo.” Recuperado en fecha 27 de marzo. Ver. http:// www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/11-es.aspx#. Vvh2Yu98PIU

15 México Conectado. Discovery News. 13 de febrero de 2014. “¿Que es el Internet de las cosas?”. Ver http://www.mexicoconectado.gob. mx/notas.php?id=172&cat=67

16 Inegi. 2015. “Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015” Recuperado en fecha 26 de marzo de 2016. Ver. http://www3.inegi.org. mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabniveles.aspx?c=33734

17 México Conectado. (13 de febrero de 2014). “Tecnologías utilizadas para la conectividad” Ver. http://mexicoconectado.gob.mx/notas. php?id=167&cat=60

18 El rincón de la Informática. Ruíz Día H. (2013). “Tipos de conexiones de los ISP.” Recuperado en fecha 27 de marzo de 2016. Ver. http://informaticaintheschool.blogspot.mx/2013/06/tipos-de-conexiones-de-los-is p.html

19 México Conectado. (9 de abril de 2014). “¿Cómo viajan los datos por fibra óptica?” Ver. http://www.mexicoconectado.gob.mx/ notas.php?id=186&cat=83

20 Wikipedia La Enciclopedia Libre. (). “Proveedor de servicios de Internet.” Recuperado en fecha 27 de marzo de 2016. Ver. https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet

21 Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Garzón G. (s/f). “El Derecho de Autor en Internet y Responsabilidades de los Proveedores de Servicio de Internet”. P. 241. Ver. http://www.bing.com/search?q=Proveedo+de+servicios+de+internet+%28UNAM%29 &qs=n&form=QBRE&pq=proveedo+de+servicios+de+internet+%28unam%29 &sc=0-36&sp=-1&sk=&cvid=BA9CDF8416134902B31ACEF1B622424B

22 Sáez C. (15 de noviembre de 2008). “La vida antes de Internet”. Recuperado en fecha 27 de marzo de 2016. P. 19. Ver. http://www.bing.com/search?q=la+vida+antes+del+internet&qs=n &form=QBRE&pq=la+vida+antes+del+internet&sc=1-26&sp=-1 &sk=&cvid=D27E4BDFFEF74C9D96EE9309A5716718

23 Ibídem, 18

24 Ibídem, 19

25 Ibídem, 22.

26 Ibídem, 20.

27 Partido Revolucionario Institucional. (2016) “Internet para todos” Ver. http://pri.org.mx/JuntosHacemosMas/

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Diputado José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

ATRAIGA LA INVESTIGACIÓN DE LA FOSA CLANDESTINA DE LA COMUNIDAD DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer la investigación de la fosa clandestina de Tetelcingo, en Cuautla, Morelos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal a la LXIII Legislatura  del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación del gobierno de la República en base a las siguientes consideraciones .

“Lamento que el clamor de las familias que han sido presas de la inseguridad y violencia no sean escuchadas por la administración local y por el contrario, sean las mismas instituciones las que cometen abusos y actos ilegales como la inhumación de cuerpos en la fosa común de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla.”

Así se expresó el Padre Alejandro Solalinde, apenas el día 28 de marzo del año en curso, durante su visita a Morelos para la conmemoración del día estatal de la víctima.

Lo que está ocurriendo en Morelos es sumamente grave, en mi estado la delincuencia no tiene freno, se vive en el mayor ambiente de incertidumbre y dolor,  producido por lamentables y continuos acontecimientos de violencia, apoyados por la incompetencia y corrupción de quienes ostentan los mandos de seguridad y el poder.

Uno de ellos y que ha conmocionado a nuestra sociedad,  es el lamentable homicidio del medallista mexicano Francisco García Moreno, seleccionado nacional de waterpolo en tres competencias olímpicas, que fue privado de la vida cuando hacia ejercicio a plena luz del día y en la vía pública el sábado pasado. Desde aquí expreso mis sentidas condolencias a toda su familia.

La fosa clandestina encontrada en Morelos a penas en el mes de noviembre pasado, es otro de esos hechos graves que  puso al descubierto la ilegalidad con que se conduce el Poder Ejecutivo de la entidad.

Fueron 150 cadáveres los depositados por la Fiscalía General del Estado sin ninguna identificación, sin la práctica de exámenes de genética, sin aplicación de los  protocolos vigentes, en un espacio que carecía de permisos municipales y de salubridad.

Por eso la fosa era un  lugar clandestino, porque nadie hubiera conocido de ese espacio de dolor y de la práctica macabra de sepultar sin identificación, si no hubiera sido por la tenaz y valiente posición de la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, vecino de Cuautla, Morelos, quien fue victimizado por delincuentes y autoridades; primero cuando fue secuestrado y asesinado y después sepultado clandestinamente por un error de la Fiscalía General del Estado.

¿Sabían el Gobernador y el Fiscal de la existencia de la fosa clandestina? Tal vez nunca tengamos esa respuesta. Aún más podríamos dar a ambos el beneficio de la duda; pero eso no les exime de su responsabilidad, precisamente porque en el servicio público la omisión también es grave y genera consecuencias.

A este día son más de cien cuerpos humanos sin identificación los que permanecen enterrados en este lugar, debido a la negativa y tozudez del Poder Ejecutivo para permitir a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con su equipo científico llevar a cabo las pruebas clínicas y en particular las de ADN y otras más.

Esta actitud del gobierno de Morelos lo único que genera son sospechas y fundada inconformidad en la sociedad, porque la delincuencia sin freno ha dejado en estos tres años de gobierno, cientos de desaparecidos que podrían estar en este lugar.

¿Por qué el Gobernador se opone a que se descubra la verdad sobre la identidad de estos 100 seres inhumados de forma clandestina?

¿Por qué desprecia la intervención de la Universidad? ¿Por qué no solicita la intervención de la Procuraduría General de la República si no estima suficiente la aportación de nuestra Universidad Pública?

En Morelos el 28 de marzo se conmemora “Día Estatal de las Víctimas” y más allá de los colores partidistas estamos frente a un hecho deplorable que constituye una violación flagrante de los derechos humanos.

Yo les pregunto, ¿si esta Cámara levanto la voz por la fosa clandestina encontrada en San Fernando, Tamaulipas en 2011, perpetrada por la delincuencia organizada, tendría derecho a permanecer callada ante una fosa clandestina cavada y manipulada por un Gobierno?

¿Más aun cuando en el lugar persisten cien cuerpos sin identificación?

Permitir que la posición política de un Gobernador este sobre el derecho de cientos de personas, es una violación grave de los derechos humanos,  que significa destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano.

Por tales motivos, con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra no solo los derechos humanos, sino el principio pro persona para  el favorecer en todo tiempo y lugar la más amplia protección para la persona, presento a Ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que en ejercicio de sus atribuciones, atraiga la investigación de la fosa clandestina localizada en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, y asimismo proceda a la identificación de los 100 cadáveres inhumados en ese lugar sin la observación de los protocolos correspondientes, fincando las responsabilidades a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

TRANSPARENTAR LOS RECURSOS OTORGADOS MEDIANTE EL FONDO REGIONAL (FONREGIÓN)

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, y a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional y su proceso de ejecución o aplicación, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional (Fonregión), así como el proceso de planeación y ejecución de los programas, para lograr el cumplimiento del objeto para el que fueron destinados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el año 2007, surge como una fuente de recursos adicionales, un fondo que tenía por objeto apoyar a los diez estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento, actualmente establecido en el artículo 10, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en estadísticas sociales, compuestas por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno y fue creado para hacer hincapié en que las personas y sus capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país.

El Fondo Regional, como fue nombrado, tuvo un monto inicial de $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos), mismo que año con año ha ido creciendo hasta llegar a los $7,192,666,338.00 (siete mil, ciento noventa y dos millones, seiscientos sesenta y seis mil, trescientos treinta y ocho pesos) que fue aprobado para el PEF 2016, montos que respecto a las reglas de operación publicadas año con año por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, deben ser utilizados preferentemente mediante programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, inversión en salud y/o en educación.

Probablemente, una de las deficiencias más importantes de dicho fondo, es que carece de una definición clara sobre los objetivos que persigue, pero si partimos del supuesto de que fue creado para apoyar a los Estados con menor índice de desarrollo humano, resulta claro que los recursos del Fonregión deben ser empleados en programas y/o proyectos que coadyuven a incrementar los índices de desarrollo humano de las entidades beneficiadas.

En cuanto a la medición de los índices de desarrollo humano de las entidades, debemos dejar en claro que contempla los siguientes rubros:

a) Salud

• Mortalidad infantil.

• Índice de salud,

• Índice de salud incorporando la desigualdad de género.

b) Educación

• Tasas de alfabetización en jóvenes y adultos.

• Asistencia escolar de niños y jóvenes.

• Índice de educación.

• Índice de educación reduciendo la desigualdad de género.

c) Ingreso

• Ingreso per cápita.

• PIB total.

• Índice de ingreso.

• Índice de ingreso reduciendo la desigualdad de género.

• Población económicamente activa.

• Distribución de género en la representación política, de funcionarios y directivos públicos, y de profesionistas y técnicos.

• Índice de participación política reduciendo la desigualdad de género.

• Índice de empleo reduciendo la desigualdad de género.

Los recursos asignados al Fonregión, año con año han visto un incremento considerable, mismo que paradójicamente no se ve reflejado en el Índices de Desarrollo Humano de los municipios y los Estados, por lo que resulta por demás evidente, que dichos recursos no han sido empleados de la manera eficiente, ni mucho menos han cumplido con el objeto planteado.

Consideraciones

Si bien es cierto, los recursos del Fonregión, han sido utilizados en su mayoría, para obras de infraestructura vial, estas obras no han sido parte de un programa integral que ataque directamente los bajos índices de desarrollo humano de los municipios con mayor rezago del país, por lo cual los gobiernos de los Estados deben contar con organismos específicos que le permitan plantear objetivos y criterios claros, orientados a tener un impacto directo sobre el desarrollo regional.

Diversos informes y estudios realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, han arrojado en sus documentos algunas coincidencias.

Uno de los principales problemas es la distribución inequitativa de los recursos en los estados, donde en su mayoría se concentran en zonas urbanas y zonas que no tienen los menores niveles de Índice de Desarrollo Humano, lo que mantiene a los municipios rurales sin mejoras tangibles.

Otro problema que se mencionó con anterioridad, es que el fondo no tiene un objetivo específico y delimitado, lo que lo hace poco transparente y lo deja a merced de los intereses de los gobiernos estatales, por lo que su principal objetivo debería estar orientado al desarrollo humano territorial.

Aunado a lo anterior, las carteras de proyectos están integradas por propuestas pequeñas, que lejos de causar un impacto regional que incremente los índices de desarrollo, representan complementos de otros programas, inversiones sin planeación, ocurrencias de los gobiernos estatales y sobre todo inversiones en municipios con menores necesidades, respecto del Índice de Desarrollo Humano.

Po otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe realizar una reestructuración integral de los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, donde se especifique de manera clara lo que representa el Desarrollo Regional, donde se delimite el campo de acción de los recursos del fondo, se establezcan mecanismos especiales de planeación y transparencia que permitan un mejor manejo de los recursos y sobre todo que se cumpla el objeto para el que fue creado, el Desarrollo Humano.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional (Fonregión), así como el proceso de planeación y ejecución de los programas, para lograr el cumplimiento del objeto para el que fueron destinados.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario, realice las previsiones necesarias a fin de modificar de manera integral los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, para que funja realmente como un fondo destinado a incidir directamente en los índices de desarrollo humano.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que verifique que se cumplan cabalmente los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, y se cumpla con los resultados, objetivos y avances del programa, así como los proyectos que han sido beneficiados y el impacto directo que ha tenido en la sociedad, a fin de detectar las deficiencias y omisiones de carácter normativo y ejercite sus funciones correspondientes, en el caso de inobservancia de los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí.

Notas:

1 Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología. Marzo de 2014. Danda Diseño e Impresión.

2 Iracheta Cenecorta, Alfonso e Iracheta Carrollo José A. Evaluación de los Fondos Metropolitano y Regional del Gobierno Federal Mexicano., Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, 1a. edición, 2014.

3 Iracheta, Alfonso X., Evaluación del Fondo Regional 2007-2009. Consultoría para realizar evaluaciones de Fondos Metropolitanos y Fonregión. Banco Interamericano de Desarrollo. México. Diciembre 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 7 de abril de 2016.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

INTENSIFICAR Y MEJORAR LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIABETES Y ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA MISMA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a diseñar e implantar por sus instituciones y las autoridades que considere pertinentes medios para intensificar y mejorar la prevención, atención y vigilancia de la diabetes y enfermedades relacionadas con ella, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben,diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 1945 las Naciones Unidas crearon la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya finalidad primordial es trabajar para mejorar la salud física y mental de los individuos, a través de la definición de líneas de acción y mecanismos eficientes que garanticen prevenir, conservar o restituir la salud, como parte de las políticas exitosas en la materia.

En concordancia con lo anterior, el 7 de abril de cada año fue elegido como el Día Mundial de la Salud, cuya finalidad es sensibilizar a la población sobre temas relacionados con la salud y así, generar acciones que favorezcan un mayor y mejor acceso a ésta en todo el mundo.

Como cada año, la Organización Mundial de la Salud define un tema; para este 2016, se eligió la “diabetes” como tema central para su conmemoración.

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce.

Existen dos tipos de diabetes: el tipo 1 que afecta generalmente a los organismos que no producen insulina y el tipo 2, que representan el 90% de los casos, y se diagnóstica a aquellos organismos que suelen producir su propia insulina, pero la cantidad es insuficiente o no la pueden utilizar apropiadamente. Las causas que originan este segundo tipo están fuertemente asociadas con el sobrepeso y la obesidad.

Con el tiempo, la hiperglucemia puede poner en peligro a todos los órganos principales del cuerpo humano y provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, neuropatías, insuficiencia renal, ceguera e infecciones que pueden derivar en una amputación.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calificó a la diabetes como una enfermedad devastadora en nuestro país, ya que provoca una de cada 14 muertes, representando la primera causa de defunción entre la población de 45 a 64 años de edad y cuya incidencia en la población adulta es del 10 al 15 por ciento, lo que representa más del doble del promedio de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Como se refirió, una de las principales causas que dan origen a la diabetes tipo 2, es el sobrepeso y la obesidad, enfermedades que sufrieron un incremento de 62 por ciento entre los años 2000 y 2012, colocando al 71% de la población adulta y a uno de cada tres niños en dicha condición; por lo que según previsiones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de defunción para 2030.

Por este motivo urge hacer un llamado a la población para que se tomen medidas encaminadas a su erradicación. Por cuanto hace a la Organización Mundial de la Salud, prestará particular atención a la diabetes, en virtud de que:

1. La epidemia de diabetes está aumentando rápidamente en muchos países, y de manera extraordinaria en los países de ingresos bajos y medios;

2. Una gran proporción de los casos de diabetes son prevenibles. Algunas medidas simples relacionadas con el modo de vida se han revelado eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2. El mantenimiento del peso normal, la realización de actividad física periódica y una dieta sana pueden reducir el riesgo de diabetes;

3. La diabetes se puede tratar. La diabetes se puede controlar y tratar para prevenir complicaciones. El mayor acceso al diagnóstico, la educación sobre el control personal de la enfermedad y el tratamiento asequible son componentes fundamentales de la respuesta; y

4. Los esfuerzos por prevenir y tratar la diabetes serán importantes para alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 consistente en reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en una tercera parte para 2030. Muchos sectores de la sociedad tienen una importante función que desempeñar, en particular los gobiernos, empleadores, docentes y fabricantes, así como la sociedad civil, el sector privado, los medios informativos y cada uno de nosotros, en lo particular.

Nuestro país no es ajeno a la implementación de dichas acciones, es por ello que con el propósito de instrumentar una política efectiva para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes, en materia de salud pública, se instaló el Consejo Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles, el cual registra el comportamiento de la diabetes y evalúa el impacto de las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Asimismo, en Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas, se atendieron a 30 mil 137 pacientes de alto riesgo, logrando control metabólico en 38 por ciento de ellos con diabetes y en 66 por ciento de pacientes con hipertensión arterial. Y en Unidades Móviles de Orientación Alimentaria y Actividad Física se realizaron en todo el país eventos educativos de promoción de alimentación correcta, consumo de agua simple potable, fomento de la actividad física y estilos de vida saludable.

Lo anterior, sin duda, es ejemplo del trabajo que se han venido desarrollando con éxito para combatir la diabetes, sin embargo, no se puede decir que los mismos sean mecanismos exclusivos y definitivos para su tratamiento, pues aún persiste una realidad innegable de enfermos que va en aumento.

Por ello, se deben impulsar acciones conjuntas que permitan fortalecer las ya implementadas y diseñar nuevos mecanismos que permitan seguir dando una lucha frontal a la diabetes.

Por todo lo manifestado, el Partido Verde Ecologista de México se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Salud 2016, haciendo un exhorto en relación con la diabetes, por tratarse de una enfermedad que impacta sensiblemente en nuestra población. La diabetes en uno de sus tipos es prevenible y en general, es una enfermedad que puede tratarse para mejorar la condición de vida de quienes la padecen.

Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de sus instituciones y las autoridades que considere pertinentes, diseñen e implementen mecanismos de acción que permitan intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia en materia de diabetes y enfermedades relacionadas con la misma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de abril del año 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

FIJAR UN ARANCEL DE 30 POR CIENTO A PRODUCTOS IMPORTADOS DE ACERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a fijar un arancel de 30 por ciento a productos de acero importados, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo al artículo 34, inciso V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la Secretaría de Economía determinar los aranceles:

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los Artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior;

2. Durante los últimos años, el sector acerero ha sufrido prácticas desleales por parte de ciertos mercados. Un ejemplo de ello ocurrió en 2014, cuando después de llevar a cabo una investigación preliminar antidumping sobre las importaciones de placa de acero en hoja, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia, La Secretaría de Economía impuso una cuota compensatoria provisional de 33.98 por ciento a las importaciones de placa de acero en hoja, originarias de China, que ingresan por las fracciones arancelarias 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03, 7208.52.01, 7225.40.01 y 7225.40.02 de la TIGIE, o por cualquier otra, independientemente del país de procedencia.

De igual manera, en octubre pasado, debido a prácticas de dumping la Secretaría de Economía impuso un impuesto de 15% a 97 productos acereros.  En ese momento, la Secretaría afirmó:

“Que el mercado mundial del acero presenta factores que inhiben una sana competencia derivado de países que comercian con producción subsidiada contra aquellos que no cuentan con incentivos de exportación; las denuncias ante la Organización Mundial del Comercio por la competencia desleal que han enfrentado diversos países miembros de dicho organismo internacional han aumentado considerablemente al representar daños a la industria nacional de cada uno de los países;

Que la industria siderúrgica en México no ha sido la excepción a esta coyuntura internacional, observándose una variación porcentual del 49% del valor de las importaciones de enero a julio de 2015 contra el mismo periodo del año anterior de los productos más sensibles en función de su participación en la producción de la industria nacional, como son el planchón, lámina rolada en frío y rolada en caliente, placa en hoja y en rollo, así como el alambró”.

De hecho, se ha documentado que, pese al crecimiento de la demanda en dichos productos, la producción nacional de acero ha decrecido, a causa del enorme crecimiento de las importaciones en condiciones desleales.

3. Recientemente, distintos expertos en la materia, han recomendado imponer un arancel de 30% al acero, esto como medida para proteger a la industria siderúrgica mexicana. En el documento “Desarrollo de las industrias metálicas básicas para el fortalecimiento del crecimiento económico de México”, publicado en marzo de este año por el Instituto para el Desarrollo industrial y el Crecimiento Económico A.C. (IDIC) y el Centro de Estudios Económicos (CEE), del Colegio de México, varios investigadores se propusieron evaluar que los efectos de la posible aplicación de un arancel a la importación de productos vinculados con industrias metálicas básicas tendrían en la economía mexicana. Los resultados fueron por demás alentadores.

Por un lado, en cuanto a los efectos en el sector real, dice el estudio, dicho arancel generaría efectos positivos sobre el crecimiento de la economía mexicana en su conjunto. En concreto, un arancel del 30 por ciento en dichos productos, traería consigo un aumento de 4.63 por ciento en el valor agregado nacional. Por otro lado, respecto a los efectos en precios, ese arancel no causaría inflación.

Así, los autores concluyeron que: “la aplicación de un arancel de 30% a las importaciones de productos vinculados con las industrias metálicas básicas propicia un incremento del valor agregado de la economía nacional sin generar presiones inflacionarias. El resultado es producto de los efectos positivos de los rendimientos crecientes a escala que tienen los sectores productivos”. Además, este arancel permitiría usar la capacidad subutilizada del sector, de aproximadamente 40 por ciento.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a fijar un arancel de 30 por ciento a productos importados de acero.

Notas:

1 DOF 31-01-2014 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5331368 &fecha=31/01/2014

2 DOF 07-10-2015 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410812 &fecha=07/10/2015

3 DOF 07-10-15 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410812 &fecha=07/10/2015

4 “Desarrollo de las industrias metálicas básicas para el fortalecimiento del crecimiento económico de México. Disponible en: http://idic. mx/wp-content/uploads/2016/03/Acero-final.pdf, p. 9

5 Op. Cit. http://idic.mx/wp-content/uploads/2016/03/Acero-final.pdf

6 Op. Cit. http://idic.mx/wp-content/uploads/2016/03/Acero-final.pdf, p. 5

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen.

INVESTIGAR LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LAS ELECCIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL AÑO 2012

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y el INE a investigar las incidencias presentadas en las elecciones federales y estatales de 2012, y crear una comisión especial de seguimiento, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich, René Cervera García, Jorge Álvarez Máynez y Verónica Delgadillo, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Procuraduría General de la República el inicio de investigaciones relacionadas con la probable comisión de delitos dirigidos a alterar los resultados de las elecciones federales y estatales del año 2012; se exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar sobre la incidencia de estos delitos en las mismas, y se crea la “Comisión Especial para Investigar la probable comisión de delitos dirigidos a alterar los resultados de las elecciones federales y estatales del año 2012”, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Este 31 de marzo la revista Bloomberg Businessweekpublicó un reportaje titulado “Cómo hackear una elección”, en el cual el pirata informático o hacker, el colombiano Andrés Sepúlveda, revela su participación en una extensa y compleja red de probables delitos electorales, fiscales y de violación a la privacidad dirigidos a alterar los resultados de las elecciones federales y estatales del año 2012, con la intención de beneficiar al entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto:

«Con un presupuesto de US$600.000, el trabajo realizado para la campaña de Peña Nieto fue por lejos el más complejo. Encabezó un equipo de seis hackers que robaron estrategias de campaña, manipularon redes sociales para crear falsos sentimientos de entusiasmo y escarnio e instaló spyware en sedes de campaña de la oposición, todo con el fin de ayudar a Peña Nieto».

La capacidad de espionaje desplegada por Sepúlveda –quien se encuentra preso en Colombia debido a la comisión de similares delitos durante la campaña presidencial colombiana de 2014–, era de tal envergadura que tenía acceso inmediato a las actividades de los equipos de sus principales adversarios en la campaña electoral, así como a las propias comunicaciones personales de los candidatos:

«El equipo de Sepúlveda instaló malware en enrutadores en el comando del candidato del PRD, lo que le permitió interceptor los teléfonos y computadores de cualquier persona que utilizara la red, incluyendo al candidato. Realizó acciones similares contra Vázquez Mota del PAN. Cuando los equipos de los candidatos preparaban discursos políticos, Sepúlveda tenía acceso a la información tan pronto como los dedos de quien escribía el discurso tocaban el teclado. Sepúlveda tenía conocimiento de las futuras reuniones y programas de campaña antes que los propios miembros de cada equipo.»

Las anteriores revelaciones de la Revista Bloomberg Business implican que durante 2012 existió una compleja red de espionaje que utilizaba amplios recursos de dudosa procedencia y que no sólo estaba dirigida a alterar los resultados de la elección presidencial, sino que también había sido desplegada para influir negativamente en comicios estatales como los de Tabasco o Jalisco:

«Sepúlveda y su equipo proveían casi cualquier cosa que las artes digitales oscuras podían ofrecer a la campaña de Peña Nieto o a importantes aliados locales. Durante la noche electoral, hizo que computadores llamaran a miles de votantes en el estratégico y competido estado de Jalisco, a las 3:00a.m., con mensajes pregrabados. Las llamadas parecían provenir de la campaña del popular candidato a gobernador de izquierda Enrique Alfaro Ramírez. Esto enfadó a los votantes —esa era la idea— y Alfaro perdió por un estrecho margen.»

El probable hecho de que los equipos de campaña del actual Presidente de la República y del actual Gobernador de Jalisco, hayan contratado los servicios del hacker Andrés Sepúlveda, además de constituir posibles delitos, evidenciaría por parte de los mismos y de dichos gobernantes, una grave falta de responsabilidad política y social, pues dichas acciones además constituir la mayor perversión de nuestra democracia, pudieron haber llevado a la deriva institucional y al estallido social. Por lo que resulta claro que esta Soberanía, en tanto que representante popular, debe tomar todas las acciones necesarias a su alcance para investigar de manera exhaustiva la responsabilidad en el hackeo de las elecciones federales y estatales del año 2012.

II. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas establece en su artículo 12 lo siguiente:

«Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.»

Igualmente, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que:

«1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.»

En el mismo sentido, el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece en sus párrafos duodécimo y décimo tercero lo siguiente:

«Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.»

Es según lo anterior que los artículos 177, 211 Bis y 211 Bis 1, correspondientes a los Títulos Quinto y Noveno del Código Penal Federal, denominados “Delitos en Materia de Vías de Comunicación y Correspondencia” y “Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática” respectivamente, establecen a la letra lo siguiente:

«Artículo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.»

«Artículo 211 Bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.»

«Artículo 211 bis 1.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.»

Delitos como los contemplados por el Código Penal Federal y que presumiblemente se constituyeron en las actividades realizadas por el hacker Andrés Sepúlveda, no pueden permanecer en la impunidad sin contribuir gravemente a la persistencia de un círculo vicioso en que la privacidad y la seguridad personales son entendidas como monedas de cambio sacrificables en la consecución de cuestionables resultados electorales.

III. Las revelaciones de la revista Bloomberg Business, sobre la utilización de abundantes recursos para realizar operaciones de espionaje y piratería informática, con el objeto de alterar los resultados electorales del año 2012, pueden también llevar a la identificación de graves delitos electorales.

En tal sentido, el artículo 11, fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece a la letra lo siguiente:

«Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

[...]

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;»

Por ello, resulta primordial que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, comience a la brevedad las averiguaciones correspondientes tendientes a determinar el origen de los recursos utilizados por Sepúlveda para alterar el desarrollo de los comicios. Así lo señala también el ex consejero electoral Alfredo Figueroa, quien durante 2012 fue integrante del Consejo General del extinto Instituto Federal Electoral:

«Desde el punto de vista jurídico, sí que es posible iniciar una investigación en distintos ámbitos, uno en el ámbito estrictamente electoral, hay que recordar que se habla ahí de 600 mil dólares y en todo caso habría que advertir si son gastos que emitió el PRI y que están reportados en los gastos de campaña de Peña Nieto.»

IV. La comisión de delitos encaminados a la alteración de resultados electorales representa para una democracia constitucional el summum de la corrupción y una de las más graves perturbaciones del orden y la vida públicos, máxime cuando se evidencia la persistencia de un patrón de actuación que fue utilizado en múltiples procesos electorales y a lo largo y ancho de la República, como el presentado por la investigación periodística de Bloomberg Business.

En un país que padece una grave escalada de desapariciones y homicidios en el marco una grave crisis de derechos humanos, los ejercicios electorales representan para la población la única esperanza de cambio mediante la vía institucional. Sin embargo, la lamentable persistencia a gran escala de delitos electorales en nuestra joven democracia, puede comprometer la viabilidad del pacto social, máxime cuando campañas como las desplegadas por el Partido Acción Nacional en 2006, o por el Partido Revolucionario Institucional en 2012, no pretenden posicionar la mejor política para nuestra nación, sino únicamente denostar y sembrar el germen de la violencia mediante la llamada guerra sucia, que fue precisamente una de las actividades principales de Sepúlveda:

«Mi trabajo era hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores, en fin, toda la parte oscura de la política que nadie sabe que existe pero que todos ven».

La intencional contaminación y enrarecimiento del clima político durante los procesos electorales, tendiente a favorecer a determinado candidato, y realizada mediante la comisión de delitos, constituye un grave atentado a la vida pública nacional, y no puede permanecer en la impunidad sin que estemos contribuyendo a perpetuar un círculo vicioso de corrupción e impunidad que amenaza con descarrilar nuestra joven democracia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Procuraduría General de la República el inicio de las investigaciones correspondientes que amerita el caso relacionado con las revelaciones contenidas en el artículo de la revista Bloomberg Businessweek, titulado “Cómo hackear una elección”, del 31 de marzo de 2016; para determinar la probable comisión de delitos electorales, de violación a la privacidad y los que resulten, dirigidos a alterar los resultados de las elecciones federales y estatales del año 2012; así como para que determine la probable responsabilidad del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, de su equipo de campaña, y de quienes resulten responsables, en la comisión de dichos delitos. Igualmente, se le exhorta solicitar a las autoridades de Colombia su estrecha colaboración en el caso, considerando que el principal testigo se encuentra detenido en tal País.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión crea la “Comisión Especial para investigar la probable comisión de delitos dirigidos a alterar los resultados de las elecciones federales y estatales del año 2012”, con las facultades suficientes para realizar una investigación escrupulosa sobre el caso relacionado con la investigación periodística de la revista Bloomberg Businessw eek; de forma que se encuentre en condiciones de aportar datos para una probable investigación ministerial mediante la presentación de las denuncias correspondientes.

Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional a Electoral a realizar según sus competencias las investigaciones correspondientes para determinar escrupulosamente y según criterios científicos, la incidencia específica de los hechos denunciados por la investigación de la revista Bloomberg Businessweek, en los resultados de las Elecciones Federales y Estatales que tuvieron lugar durante el año 2012; así como a allegarse de mayores elementos en la medida en que lo determinen sus facultades y en su caso a presentar las denuncias correspondientes ante los órganos competentes.

Notas:

1 “Cómo hackear una elección”, Bloomberg Business, 31 de marzo de 2016,  http://www.bloomberg.com/features/2016-como-manipular-una-eleccion/

2 Ídem.

3 Ídem.

4 “Plantean revisar gasto del PRI en 2012”, Reforma, 31 de marzo de 2016,

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/ default.aspx?id=807192&v=3

5 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE SU PLATAFORMA INADEM CROWDFUNDING, Y SE AMPLÍEN LOS TIPOS DE FINANCIAMIENTO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a dar con el Inadem mayor difusión y publicidad a su plataforma Inadem Crowdfunding y ampliar los tipos de financiamiento, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El diputado Mariano Lara Salazar, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

El término crowdfunding es conocido internacionalmente, se trata de un instrumento contemporáneo de financiamiento que integra mini fondeos realizados por muchos inversionistas o donadores para impulsar nuevas ideas, proyectos y a emprendedores en todo el mundo. Dicho procedimiento, se efectúa principalmente a través de una plataforma digital, en la cual se presentan proyectos de diversas índoles y los recursos monetarios necesarios para su implementación. De este modo, emprendedores, donadores e inversionistas se ponen en contacto sin necesidad de la intermediación bancaria y financiera.

El crowdfunding nace como una alternativa de financiamiento para los emprendedores que no cuentan con los recursos suficientes, ni con el historial y prestigio que exigen las instituciones bancarias para ser sujetos de crédito.

Al principio la mayoría de los proyectos financiados por crowdfunding fueron de índole social o comunitaria, siendo básicamente donativos realizados de forma desinteresada, aunque este concepto evolucionó y se convirtió en un instrumento importante para los emprendedores en todas partes del mundo. El caso más conocido de crowdfunding en Estados Unidos es Kickstarter, que desde abril de 2009, consiguió financiamiento colectivo por más de 77 millones de dólares para 60 mil 228 proyectos.

Actualmente, existen dos tipos de crowdfunding: el No Financiero y el Financiero. El Crowdfunding No Financiero se realiza mediante donaciones, a través de aportaciones filantrópicas sin esperar recibir beneficios tangibles, generalmente se financian proyectos sociales o comunitarios. Mientras que el Crowdfunding Financiero funciona de forma similar a una deuda bancaria, es decir, el préstamo debe ser devuelto a los inversionistas con un porcentaje de ganancia, normalmente inferior a la tasa de interés que pagaría en una institución bancaria, también se puede financiar el proyecto mediante un sistema de entrega de acciones, el cual consiste en que el inversionista recibirá un porcentaje de participación accionaria en la empresa.

En Nueva Alianza, estamos comprometidos con el desarrollo económico nacional, y estamos preparados para revisar y legislar sobre instrumentos contemporáneos que fomenten el desarrollo de los emprendedores y las MIPYMES en nuestro país. Al respecto, en un estudio elaborado en 2015 por Fundación Idea, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se identifica el acceso al financiamiento como uno de los mayores obstáculos que enfrentan las MIPYMES y emprendedores en México.

La disponibilidad de recursos monetarios es fundamental para la creación, desarrollo y evolución de las empresas, permite que buenas ideas se conviertan en negocios, en tiempos turbulentos es vital para su supervivencia, y en mejores condiciones facilita el crecimiento de los negocios ya establecidos. Hoy en día, existen variadas opciones de financiamiento, desde capital semillas, subsidios a fondo perdido y hasta el denominado crowdfunding.

No obstante, en nuestro país el acceso al financiamiento es limitado en comparación con otros países. Según información del Banco Mundial en 2014, el crédito provisto por el sector bancario como porcentaje del PIB fue de 50 por ciento. Sin embargo, en diversos países latinoamericanos el nivel de crédito bancario fue mayor al nuestro: Colombia registró 71 por ciento; Panamá 83%; Brasil 108 por ciento; y Chile 120 por ciento como proporción de su PIB.

Esto también, se refleja en la forma en cómo se fondean las empresas y emprendedores mexicanos. Resultados del estudio antes mencionado señala que los familiares y amigos son la principal fuente de financiamiento para las empresas mexicanas, alrededor de 30 por ciento; seguidos por las cajas o sociedades de ahorro, con un 26 por ciento; mientras que a la banca comercial sólo recurren el 25 por ciento de los empresarios, y 13 por ciento se financia a través de sus proveedores. Por su parte, los emprendedores solicitan financiamiento a familiares o amigos y a la banca comercial en la misma proporción 34 por ciento a cada fuente, seguidos por cajas de ahorro en 21 por cientoy 9 por ciento por los proveedores (Fundación Idea, 2015).

El Gobierno Federal hace esfuerzos para que la denominada banca de desarrollo expanda los servicios de inclusión financiera, mediante programas de financiamiento dirigidos a la población no atendida por la banca comercial, los cuales son realizados a través de Nafin, Banobras, Bancomext y la Sociedad Hipotecaria Federal. Desafortunadamente, todavía se perciben rezagos al respecto, según la calificadora Moodys, mientras que el promedio del crédito otorgado por la banca de desarrollo en países latinoamericanos es de aproximadamente 52 por ciento del PIB, en México dichos financiamiento sólo representan solo el 22 por ciento del PIB nacional.

Por lo anterior, es imperante proporcionar más opciones de financiamiento para nuestros emprendedores y Mipymes. El crowdfunding puede ser un instrumento que puede ampliar las ofertas de financiamiento en nuestro país. Lo anterior, es actualmente explorado incluso por el mismo Inadem, ya que construyó un portal denominado www.inademcrowdfunding.mx. Aunque en Nueva Alianza reconocemos el esfuerzo realizado, consideramos que el potencial de este instrumento de financiamiento del Inadem es gigantesco, y no solo para apoyar a un par de proyectos, como es la situación actual del portal.

Es por estas razones que ponemos a consideración de esta honorable asamblea las siguientes proposiciones con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que en coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor diseñen e implemente mejores estrategias de difusión y publicidad del portal www.inademcrowdfunding.mx.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité Asesor del Observatorio Nacional del Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor para que amplíe los tipos de financiamiento crowdfunding, a efecto de permitir el ingreso de proyectos que ofrezcan rendimientos monetarios a los inversionistas y no solo recompensas simbólicas.

Nota:

1 http://www.cnnexpansion.com/economia/2016/01/21/banca-de-desarrollo-requiere-ma s-recursos-moodys

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Mariano Lara Salazar (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen.

CONDENA LOS HECHOS PERPETRADOS CONTRA CIVILES, EL 22 DE MARZO EN LA CIUDAD DE BRUSELAS, BÉLGICA, Y EL 27 DE MARZO EN LA CIUDAD DE LAHORE, PAKISTÁN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena los hechos perpetrados contra civiles el 22 de marzo en Bruselas, Bélgica, y el 27 del mismo mes en Lahore, Pakistán, suscrita por integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones I, II, III y VI; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados condena enérgicamente los atentados ocurridos el pasado 22 de marzo de 2016, en la ciudad de Bruselas, Bélgica; el 25 de marzo en la ciudad de Alejandría, Irak, y el pasado 27 de marzo del presente, en la ciudad de Lahore, Pakistán.

Consideraciones

El martes 22 de marzo del año en curso, la ciudad de Bruselas, Bélgica, sufrió dos atentados; uno en las instalaciones del concurrido aeropuerto internacional de Zaventem, muy cerca de las instalaciones de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), y otro más en la estación del metro Maalbeek, a unos metros del complejo de edificios que resguardan a distintas instituciones de la Unión Europea, como la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. En dicho atentado, en la capital belga, fallecieron 35 personas y aproximadamente otras 200 resultaron heridas.

Tres días después, el 25 de marzo, en la ciudad de Alejandría, Irak, un ataque suicida perpetrado en un estadio deportivo, ocasionó la pérdida de más de 25 personas y casi 100 resultaron heridas, entre ellas, mujeres y niños.

Asimismo, el domingo 27 de marzo del presente, en la ciudad de Lahore, Pakistán, ocurrió un atentado terrorista en el parque Gulshan-e-Iqbal, donde 72 personas perdieron la vida y más de 350 resultaron heridas. Entre las víctimas de este deplorable hecho se hallan decenas de niños y mujeres.

Con este, son ya varios atentados ocurridos en Europa y en Medio Oriente en los últimos meses, donde cientos de civiles han fallecido y otros tantos han resultado heridos. Lo anterior, lleva a la comunidad internacional, en su conjunto, a reforzar al máximo las medidas de prevención y seguridad, y a colaborar de manera estrecha con los organismos internacionales que correspondan para afrontar de manera efectiva esta amenaza internacional.

Esta Honorable Cámara de Diputados, en representación del pueblo mexicano, condena enérgicamente y se suma al rechazo de estos deleznables acontecimientos en el corazón de Europa, en Irak y en Pakistán. Por ello, desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados desaprobamos firmemente todo acto terrorista, y cualquier acto de violencia indiscriminada, en cualquiera de sus formas, convencidos de que es imperante redoblar los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra este flagelo.

Desde esta soberanía, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los pueblos de Bélgica, de Irak y de Pakistán, al tiempo que reiteramos nuestra solidaridad con los familiares y amigos de las personas acaecidas con motivo de estos atentados.

Asimismo, desde la Cámara de Diputados solicitamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se refuercen los protocolos de protección a nuestros connacionales en el exterior, a través de las representaciones diplomáticas de México alrededor del mundo, especialmente de aquellas que se encuentran en Europa y en Medio Oriente.

Finalmente, solicitamos también a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se realice una amplia difusión del Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior a fin de que todos los viajeros mexicanos se registren en dicho sistema antes de salir de nuestro país para que, en caso de alguna emergencia, pueda facilitarse la ubicación y comunicación entre el gobierno de México y sus ciudadanos en el exterior, y para que puedan recibir información sobre cualquier condición adversa que se presente en el país en el que residan o se encuentren viajando.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los actos terroristas perpetrados el 22 de marzo de 2016, en la ciudad de Bruselas, Bélgica; el 25 de marzo en la ciudad de Alejandría, Irak y el 27 de marzo, en la ciudad de Lahore, Pakistán, así como todo acto de violencia indiscriminada, en cualquiera de sus formas, en contra de la sociedad civil. Desde este órgano legislativo hacemos un llamado para mantener la unidad en contra de todo acto que atente contra la paz y la estabilidad internacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados expresa sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas, y su solidaridad con los pueblos y gobiernos del Reino de Bélgica, de la República Islámica de Pakistán y de la República de Irak, así como con todos los afectados de cualquier parte del mundo por estos ataques.

Tercero. Invitamos a esta honorable asamblea de la Cámara legislativa a que guardemos un minuto de silencio por las víctimas de los atentados terroristas en Bruselas, Bélgica, y en Lahore, Pakistán, como muestra de solidaridad y respeto por los acaecidos en los mismos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputados: Alfredo Anaya Orozco, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Francisco Escobedo Villegas, Héctor Javier García Chávez, Jasmine María Burgarín Rodríguez, Jorgina Gaxiola Lezama, Leydi Fabiola Leyva García, Lilian Zepahua García, María Guadalupe Alcántara Rojas, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Marcela González Salas y Petricoli, Marisol Vargas Bárcena, Melissa Torres Sandoval, Sandra Luz Falcón Venegas, Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ATIENDA LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE EN EL AICM, REFERENTE A LA ASIGNACIÓN DE FRANJAS HORARIAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a atender la problemática que ocurra en el AICM respecto a la asignación de franjas horarias, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Jorge Enrique Dávila Flores, diputado Federal de la LXIII Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo el 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición por la cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a la brevedad atienda la problemática que actualmente se presenta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM); referente a la asignación de franjas horarias; considerando utilizar las propuestas y recomendaciones que se derivan del estudio elaborado por la comisión federal de competencia económica (Cofece).

I. Antecedentes

El servicio de aerolíneas en nuestro país, se inició oficialmente en el año 1921, al crearse la Compañía Mexicana de Transportación Aérea en la Ciudad de México, compañía que posteriormente se conoce como Mexicana de Aviación; quien fue la cuarta aerolínea más antigua del mundo y que dejó de volar el 28 de agosto de 2010. En 2009, volaba a más de 11 millones de pasajeros, 6.6 millones de rutas domésticas; ofreciendo varios destinos internacionales a Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, y Europa y compartía códigos de varias rutas con Aeroméxico.

En la actualidad, la aerolínea mexicana de mayor importancia es Aeroméxico (Aerovías de México, SA de CV.), fundada en 1934 bajo en nombre de aeronaves de México, opera rutas nacionales e internacionales, controla más de 40% de los vuelos en México y casi el 80% de los vuelos internacionales desde México; el servicio de aerolíneas en nuestro país también cuenta con la asistencia de Volaris que es considerada la segunda aerolínea Mexicana, con una participación de aproximadamente 14% del mercado doméstico; también se encuentra Interjet, Viva Aerobús, Aeromar y Magnicharters.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es el aeropuerto más ocupado de México y el segundo más ocupado de Latinoamérica por operaciones aéreas; actualmente su capacidad operativa se encuentra rebasada por algunos factores.  Sabemos que esta capacidad operativa se evalúa al tiempo que una aeronave ocupa una zona del aeropuerto y su área terminal para efectuar las operaciones de aproximación y aterrizaje o despegue y subida inicial. Históricamente este tiempo, denominado slot en inglés o franja horaria en castellano, es asignado a las compañías aéreas mediante un proceso administrativo.

En México éste proceso está determinado y definido en el Manual General de Organización de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios por la Subgerencia de Asignación de Slots; cuyo objetivo principal es asignar con oportunidad y de acuerdo a las necesidades operacionales y a las peticiones de los transportistas aéreos, la administración de estas franjas horarias, favoreciendo la plena utilización de la capacidad instalada de las plataformas de la terminal aeroportuaria, contribuyendo así a la eficacia y eficiencia operacional; supervisando y programando la aplicación de los lineamientos en la asignación de los horarios de aterrizaje y despegue; observando que ésta se realice en base al número máximo de operaciones por hora utilizado.

Estos criterios de asignación deben de privilegiar la seguridad operativa de la industria aeronáutica; observando siempre; la capacidad autorizada por los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

II. Planteamiento del problema

Observamos, que en la medida en que ingresan nuevos transportistas a nuestra terminal y hay más rutas y frecuencias de quienes operan en el AICM, se amplía la necesidad de mejorar y hacer más eficiente la normatividad asociada a la asignación de horarios de aterrizaje y despegue.

Ahora bien; al acercarse los aeropuertos a su máxima capacidad, el correcto reparto de estas franjas se convierte en un factor clave para optimizar la eficiencia de la operación aeroportuaria, a veces afectada por la saturación y las redes de rutas de las distintas compañías aéreas, existiendo un significativo exceso de la demanda de slots.

El crecimiento en el tráfico aéreo del AICM en los últimos años ha implicado una constante saturación desde 2005. Esto significa que la demanda de las aerolíneas ha rebasado el número máximo de pasajeros que puede atender por hora en más de 25 ocasiones en el año y la asignación de horarios tiene un impacto en las condiciones de competencia del AICM y el bienestar de los consumidores que usan este aeropuerto.

Atendiendo esta problemática de crecimiento de rutas; de control en la asignación de franjas horarias; de la necesidad de contar con una amplia competencia con la incorporación de aerolíneas e innovación de rutas y destinos; es así como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha realizado una investigación a fondo de la problemática en comento; estableciendo medidas correctivas a esta gran saturación y a la concentración de slots.

El pasado 19 de febrero de 2016, la Cofece presentó documento que contiene la investigación que esta autoridad investigadora realizó en el mercado de los servicios de transporte aéreo que utilizan el AICM para sus procedimientos de aterrizaje y/o despegue.

En dicho documento; la Cofece puntualiza lo siguiente:

• Existen elementos de convicción suficientes para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado investigado, derivado de la posible existencia de insumos esenciales que generan efectos anticompetitivos.

• Este dictamen no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la existencia o realización de alguna de las conductas anticompetitivas y no es una determinación de la existencia de agentes económicos con poder sustancial dentro del mercado investigado.

• Existe un bajo número de participantes en el mercado estudiado.

• Existen ineficiencias en la asignación de horarios y baja disponibilidad de éstos, que impiden la entrada de empresas nacionales e internacionales en detrimento del crecimiento de la industria; esto ocasiona precios elevados y escasa innovación en rutas.

• Los horarios del AICM se han concentrado en pocas aerolíneas, en 2014 dos aerolíneas controlaron el 65% de los horarios. Esta saturación de horarios limita la competencia entre aerolíneas.

• Existe falta de acceso adecuado a la infraestructura del AICM

• Propone un paquete de medidas remediales con dos objetivos principales:

1. Facilitar el acceso a la información y establecer criterios claros para que el acceso al insumo esencial fomente la competencia. Al respecto, se propone crear una instancia técnica autónoma para ejercer todas las funciones relacionadas con los horarios para aterrizaje y despegue en el AICM.

2. Crear, mantener y asignar un Fondo de Reserva de horarios, que reduzca las barreras a la entrada y asegure un acceso competitivo al insumo esencial.

III. Consideraciones

A la luz de esta situación, es claro que los operadores aeroportuarios del AICM deberán buscar y definir políticas que mejoren el uso de la capacidad disponible como:

• Mejorar y hacer más eficiente la normatividad asociada a la asignación de horarios de aterrizaje y de despegue en los aeropuertos de nuestro país.

• Mejoras en los aspectos operacionales y/o tecnológicos, en colaboración con fabricantes de aviones, compañías aéreas y autoridades aeronáuticas.

• Regularizar la condición de todas las aerolíneas que operan en el AICM, mediante la adopción de criterios internacionales.

• Elaborar un plan que permita mayor oferta aérea para ayudar a recuperar cifras en materia de pasajeros.

• Impulsar nuevos criterios pro-competitivos y transparentes en asignación de slots y rutas.

IV. Proposición con punto de acuerdo

Primero. Por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a la brevedad atienda la problemática que actualmente se presenta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, referente a la asignación de franjas horarias; considerando utilizar las propuestas y recomendaciones que se derivan del estudio elaborado por la comisión federal de competencia económica.

Notas:

1 014 Aerolíneas Mexicanas www.aerolineas mexicanas.mx

2 Ídem.

3 Alternativas de mercado en la asignación de slots aeroportuarios.

4 Manual General de Organización del AICM.

5 10. Impulsar criterios pro-competitivos y transparencia en asignación de slots.- Acciones cruciales.

6 Dictamen preliminar.-. Expediente IEBC-001-2015. Comisión Federal de Competencia Económica.

Salón de sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a 7 de abril de 2016.— Diputado Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, SIN MAYOR REQUISITO QUE EL VOTO FAVORABLE DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los congresos locales a legislar sobre la desincorporación del patrimonio municipal sin mayor requisito que el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento respectivo, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 fracción I, 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales de Chiapas, Coahuila, Guerrero, México, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Tlaxcala, y Zacatecas, así como a aquellos que, como los mencionados expresamente, prevean dentro de su legislación, la obligación de los municipios de contar con la autorización de los Congresos de los estados al que pertenecen; a modificar sus legislaciones de tal suerte que no exista mayor o adicional requisito para la desincorporación del patrimonio municipal, por parte de los municipios, que la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de su ayuntamiento, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que el municipio libre, punto de partida del federalismo, es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de las entidades federativas.

Segundo. Que el ayuntamiento es el órgano público y político más cercano a la población, por lo que el primer contacto ciudadano con el quehacer público se desenvuelve a través de la relación individuo-municipio, por medio de los servicios que ofrecen sus funcionarios públicos.

Tercero. Que el patrimonio municipal es el conjunto de bienes, derechos que el municipio ha acumulado y posee a título de propietario; que los bienes municipales forman parte de la hacienda como activos del municipio; y que la fracción IV del artículo 115 precisa que los municipios administrarán con libertad su Hacienda, formada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

Cuarto. Que una mala gestión de los inmuebles municipales puede redundar en perjuicio directo de las finanzas del municipio.

Quinto. Que la satisfacción de la ciudadanía y la calidad de los servicios públicos que el municipio brinda en el ámbito de sus competencias, depende entre otras cosas del estado de las finanzas municipales.

Sexto. Que de acuerdo a diversas definiciones, la desincorporación implica la separación de un inmueble del régimen de dominio público; mientras que la enajenación, por su parte, es el acto mediante el cual se transmite la propiedad de un inmueble en posesión de órgano, autoridad o ámbito de gobierno por licitación pública o adjudicación directa a otra dependencia, institución o particular que pague determinada cantidad por su posesión.

Séptimo. Que de lo anterior se desprende que para que un bien inmueble de dominio público pueda pasar a dominio privado a través del acto de enajenación, es necesaria la previa desincorporación del mismo.

Octavo. Que el patrimonio municipal es el conjunto de bienes, derechos e inversiones que el municipio y sus entidades paramunicipales han acumulado y poseen a título de dueño o propietario. Los bienes muebles e inmuebles, como parte de los activos del municipio, se consideran como el primer elemento de la hacienda pública municipal. La administración o control ineficiente puede redundar en detrimentos directos a sus finanzas.

Noveno. Que el libre manejo y libre afectación del patrimonio municipal por parte de los municipios yacen previstos en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde además se establece en su párrafo segundo que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia (...)

Décimo. El artículo 115, fracción II, tercer párrafo, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece de manera expresa que las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas de los Estados tendrán por objeto establecer, entre otros tópicos, “... los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal...”, por lo que la desincorporación del patrimonio inmobiliario municipal no debe estar sometida a mayor requisito que la aprobación con mayoría calificada del cabildo correspondiente, por una parte, y en cuanto a la desincorporación del patrimonio municipal no inmobiliario, con mayoría de razón no se justifica que las leyes locales aplicables establezcan mayores requisitos al referido.

Undécimo. Que las legislaciones correspondientes de los estados de: Chiapas, Coahuila, Guerrero, México, Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Tlaxcala y Zacatecas,  establecen la obligación de contar con autorización del congreso para desincorporar el patrimonio municipal previa petición de los ayuntamientos, debilitando el federalismo y la descentralización en favor de los municipios; y

Duodécimo. Que la mayoría de los estados, a partir de sus Constituciones y legislación correspondientes, permiten a sus municipios la desincorporación del patrimonio municipal sin mayor requisito que el del voto favorable de la mayoría calificada de los miembros del ayuntamiento.

Se somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las legislaturas de los estados para que las leyes de su jurisdicción establezcan que la desincorporación del patrimonio municipal debe ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento respectivo, en términos de lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin requisito que sujete la desincorporación del patrimonio municipal a la autorización o aprobación de las legislaturas estatales.

Nota:

Auditoría General del Estado de Guerrero, Manual para el Control del Patrimonio Municipal,

http://www.auditoriaguerrero.gob.mx/PDFs/entfisc/ manual_control_patrimonio_municipal.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

ARMONIZAR SU LEGISLACIÓN PENAL Y SE TIPIFIQUE COMO UN DELITO EL MALTRATO ANIMAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades a armonizar su legislación penal y tipificar como delito el maltrato animal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el paso de los años, la concepción de los animales como seres vivos incapaces de sentir dolor ha ido disminuyendo, sin embargo, aún seguimos siendo testigos de múltiples muestras de maltrato hacia estas especies.

No existe una definición homogénea sobre maltrato animal, pero no resulta complicado deducir que todo acto que atente contra la integridad física, ponga en peligro la salud e incluso la vida de los animales, representa una clara muestra de la existencia de maltrato hacia la fauna.

Como hemos venido refiriendo en nuestras distintas propuestas en materia de bienestar animal, desde hace algunos años ha surgido la pregunta de si el sufrimiento es un atributo único del hombre y existen cada vez más evidencias científicas de que no es así.

Lamentablemente, las cifras de animales maltratados van en aumento, y aun cuando no existen números oficiales que permitan conocer el panorama real de los casos de maltrato, extraoficialmente se tiene conocimiento de que en México, al menos un millón de mascotas sufre maltrato por golpes, abandono y mala alimentación, situándonos en el lugar número tres en cuanto se refiere a la crueldad hacia los animales.

Al respecto, los animales de compañía son las víctimas más comunes de la crueldad; mientras que el mayor porcentaje de casos de maltrato animal es en contra de perros, seguidos por los pollos y gallinas, los caballos, gatos, focas, toros, ratones y primates.

Los esfuerzos tanto nacionales como internacionales por erradicar dicha situación son numerosos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, actualmente contamos con legislación federal en materia ambiental, así como diversas normas que contemplan en alguno de sus preceptos o apartados, lo relacionado a la protección de la naturaleza y en específico, a la fauna sea esta silvestre o doméstica.

Por lo que hace a la legislación estatal, todas las entidades de nuestro país cuentan con una ley de protección animal, o bien, alguna ley ambiental que haga referencia a dicho concepto; sin embargo, y ante la evidencia de que no hemos logrado erradicar o al menos disminuir las prácticas dolosas en contra de los animales, resulta necesario tipificar como delito el maltrato animal, de modo tal que la ocurrencia de este tipo de conductas tenga una consecuencia penal que resulte en la inhibición de las mismas.

Lo anterior no representa un trabajo incipiente, pues actualmente son 15 los estados de la República que ya contemplan en su Código Penal el maltrato animal como un delito; Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, deben servir como ejemplo para lograr que nuestra nación sea mucho más respetuosa con su entorno natural, concretamente, animales no humanos.

No se trata de criminalizar, simplemente proponemos crear un mecanismo que por un lado logre armonizar las legislaciones estatales en una materia, y por el otro, el más importante, logre exitosamente desincentivar la comisión de actos de maltrato en contra la fauna.

Tenemos el compromiso de generar conciencia para ser más respetuosos con los animales, y ello implica dar cumplimiento no sólo por ser propietario de algún animal, sino como parte de una sociedad que trabaje en conjunto al no ser omiso ante el sufrimiento de un ser vivo.

Como poder legislativo, nuestro deber es actualizar la legislación conforme a las necesidades de la vida cotidiana, por ello, y por ser nuestro partido un instituto político preocupado y comprometido con la preservación y cuidado de todas las manifestaciones de vida en nuestro planeta, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas que aún no armonizan su legislación penal en materia de protección animal, a efecto de realizar un ejercicio de homologación, integren en el cuerpo de los diferentes Códigos Penales estatales, la tipificación del maltrato animal como un delito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

DIFUNDA LOS DETALLES TÉCNICOS DE LA NO DISPONIBILIDAD ESPECTRAL EN LA REGIÓN DE CHOLULA, PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a difundir los detalles técnicos de la no disponibilidad espectral en Cholula, Puebla, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En febrero de 2015, la comunidad nahua de San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, Puebla, inició el proceso ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, para obtener una concesión de radiodifusión de uso social para prestar el servicio de radiodifusión. Dicha estación realizó una solicitud de interés sobre el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia 2015 (Programa 2015).

2. El 6 de abril, el IFT emitió el acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2015 (Programa 2015), en el que informa que no existe disponibilidad espectral en dicha zona sin justificar de manera técnica y clara la razón de su resolución.

3. Ante esta negativa, la comunidad de Tlaxcalancingo promovió un juicio de amparo con número de expediente 1312/2015, ejerciendo y argumentando su derecho fundamentado en el artículo segundo constitucional y en el derecho de audiencia, solicitando se hiciera un peritaje para comprobar la “no disponibilidad espectral” que pretextó el IFT para no continuar con el proceso de otorgamiento de la concesión.

4. Ante el amparo, la autoridad judicial pidió un peritaje para comprobar la no disponibilidad de espacio espectral para la concesión de uso social, el IFT designó un  perito propio. Por su parte  la comunidad de Tlaxcalancingo no pudo ofrecer un perito particular por falta de recursos económicos.

5. En el peritaje presentado por el IFT se menciona que existen dos estaciones reservadas, la 90.9 FM y la 104.3 FM, sin ofrecer detalle del o los concesionarios. La comunidad de Tlaxcalancingo afirma que el IFT aplica la sección 9.4 de separaciones mínimas requeridas de la disposición técnica IFT-002-2014 para justificar que no existe disponibilidad espectral para la región cholulteca con el objeto de proteger a otras frecuencias de uso comercial.

Por su parte, el perito oficial designado por la Procuraduría General de la República, a petición de la autoridad judicial, se negó a realizar los estudios y cálculos correspondientes argumentando que los mismos corresponden a la parte quejosa o en su caso al IFT.

6. El Primer Juzgado en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones determinó que el perito oficial debe aclarar “la forma de llegar a sus resultados o en su caso ampliar el estudio y el dictamen”.

7. Hasta la fecha no se han ofrecido los resultados de la ampliación del dictamen solicitado por el Primer Juzgado en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, por parte del perito oficial. Y se espera la resolución que recaiga a la audiencia constitucional celebrada el 1 de abril de 2016.

8. Por su parte, en noviembre de 2015 el pueblo de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, también perteneciente a la región Choluteca, comenzó el trámite de inclusión al Programa 2016.

9. Tanto en el “Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2016”, publicado el 21 de enero del año en comento, como en el documento “Valoración de solicitudes presentadas por los interesados para el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias 2016”, el IFT informó de las solicitudes de concesiones asignadas y negadas. Por medio de los cuales el pueblo de Santa María Zacatepec se enteró de la negativa a su solicitud de concesión de uso social.

10. El 27 de noviembre de 2015 la comunidad nahua de San Bernardino Tlaxcalancingo y el pueblo de Santa María Zacatepec ingresaron un expediente de manera conjunta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 85 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para obtener una concesión de uso social indígena, mismo que se encuentra en trámite actualmente.

Consideraciones

Las radios comunitarias e indígenas son una herramienta para la organización social, para el fomento de la cultura, lengua y tradiciones. No obstante, desde el 14 de julio de 2014, fecha en que entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, decenas de radios comunitarias han sido desmanteladas y amedrentados sus locutores bajo el pretexto de operar en la ilegalidad.

Los casos de la comunidad nahua de San Bernardino Tlaxcalancingo y del pueblo de Santa María Zacatepec son un ejemplo del freno a la libertad de expresión, al derecho a la información y al derecho a comunicar impuesto por la autoridad competente.

La serie de requisitos técnicos, así como la falta de recursos económicos son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las comunidades indígenas y mestizas para operar institucionalmente.

Las radios de uso social de las comunidades de Santa María Zacatepec y San Bernardino Tlaxcalacingo en Cholula, Puebla, radios de uso social, han sido utilizadas, entre otras cosas, para informar a sus habitantes del impacto medioambiental y social del Plan Integral Morelos (PIM). Dichas radios han sufrido tres ataques por diferentes operativos “policíacos” con el objeto de cerrarlas.

Actualmente llega a la región Choluteca la señal de 17 estaciones de radio en frecuencia modulada, de las cuales 12 son comerciales, cuatro públicas, una religiosa y ninguna comunitaria o indígena.

En la disposición técnica IFT-002-2014 se contempla que para establecer nuevas concesiones de radio en la frecuencia modulada debe existir una distancia de 800 khz entre una estación y otra. El 17 de marzo de 2016, bajo el comunicado 32/2016, el IFT anunció que el pleno de la institución resolvió aprobar la nueva Disposición Técnica IFT-002-2016 “Especificaciones y Requerimientos para la Instalación y Operación de las Estaciones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en la Banda de 88 a 108 MHz”, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 5 de abril, en la que se contempla la reducción de separación mínima de frecuencias a 400 kHz entre estaciones de radio en FM que operen en una misma localidad, lo que –en teoría– facilitaría jurídica y técnicamente la disposición espectral en la región cholulteca.

El IFT, como menciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), al resolver lo conducente respecto a concesiones, deberá basar su decisión en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales. Dado que por lo general las comunidades indígenas viven en situación de vulnerabilidad, la progresiva efectividad de estos derechos, requiere medidas diferenciales que se ajusten a sus circunstancias específicas, y que no les limiten el pleno ejercicio de sus derechos.

La existencia de estaciones con concesiones de uso social es un derecho enmarcado en el artículo 2o. constitucional. En dicho artículo, en su apartado 2, inciso b), fracción VI, se establece la obligación de los diferentes órdenes de gobierno de: “extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.”

Es por esos derechos recíprocos de rango constitucional que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impone al IFT la obligación de reservar el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz, para las concesiones de uso social como lo son las radios comunitarias e indígenas.

El mismo Instituto en el Acuerdo expedido el 6 de abril de 2015, habla sobre la importancia del acceso al espectro a todos los actores sociales interesados en obtener una concesión, en la cual se incluye a los grupos indígenas.

Por otro lado, el IFT tiene la obligación de prestar asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de los requisitos a las estaciones que pretendan obtener una concesión de uso social, tal y como lo dicta la LFTR en su artículo 85.

Cabe destacar que en la expedición de disposiciones sujetas a consulta pública por parte del IFT, no se ha contemplado la composición social y económica de los pueblos indígenas, mismos que en muchas ocasiones no están completamente familiarizados con los tecnicismos que maneja la materia.

La falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas para la expedición de la norma IFT-002-2014, representa una afectación a sus derechos, toda vez que contempla la administración del espectro que se encuentra en el territorio donde ellos habitan, sin ser considerados de ninguna forma como lo establece el artículo 2o. constitucional y el Convenio 169 de la OIT, en el artículo 6o..

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que haga públicos los detalles técnicos en los que exponga de manera clara, fundamentada y motivada, las razones por las cuales no existe disponibilidad espectral en la región cholulteca que solicitaron la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, y de Santa María Zacatepec en Puebla.

Segundo. Se solicita respetuosamente al IFT revise la viabilidad técnica conforme a los principios de eficiencia espectral del capítulo 9, Áreas de servicio y procedimiento analítico para su pronóstico, sección 9.4 de separaciones mínimas requeridas de la norma IFT-002-2014, o en su defecto los correspondientes en la nueva disposición IFT-002-2016, para efecto de que no sea utilizado como un medio de restricción y discriminación a los pueblos indígenas para su acceso a los medios de comunicación.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al IFT a que haga valer los criterios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad, establecidos en el artículo 54, referentes a la atribución de bandas de frecuencias y la concesión del espectro y recursos orbitales, así como el artículo 90 en lo referente a la reserva del 10 por ciento del espectro radioeléctrico para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz.

Notas:

1 http://www.dof.gob.mx/copias.php?acc=ajaxPaginas&paginas=todas &seccion=SEGUNDA&edicion=263541 &ed=MATUTINO&fecha=06/04/2015

2 https://revistamanera.wordpress.com/en-cholula-solo-existe-libertad-de-expresio n-para-quien-puede-pagarla-y-censura-para-los-pueblos-indigenas/

3 https://revistamanera.wordpress.com/en-cholula-solo-existe-libertad-de-expresio n-para-quien-puede-pagarla-y-censura-para-los-pueblos-indigenas/

4 http://revoluciontrespuntocero.com/pueblos-indigenas-de-puebla-en-defensa-de-su s-radios-comunitarias/

5 http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/ es/el-ift-aprueba-disposicion-tecnica-en-frecuencia-modulada-que-contribuira-ap rovechar-eficientemente

6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5387867 &fecha=06/04/2015

7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358387&fecha= 01/09/2014

8 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/5390/docume ntos/acuerdodtift-002-2016finalclean17mar2016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril 2016.— Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen.

CONSOLIDAR UN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL BOSQUE COLOMOS, EN EL ESTADO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a implantar acciones para consolidar un régimen de protección ambiental del bosque Colomos, en Jalisco, suscrita por los diputados Macedonio Salomón Tamez Guajardo y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Macedonio Salomón Tamez Guajardo y Clemente Castañeda Hoeflich, diputados del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 59, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo federal a coordinarse con el gobierno del estado de Jalisco y los municipios de Guadalajara y Zapopan en la consolidación de un régimen de protección ambiental óptimo para el Bosque Colomos, secciones I, II y III, a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano de los pobladores de éste municipio y del área metropolitana de Guadalajara,con base en la siguiente  

Exposición de Motivos

El Bosque de los Colomos ha funcionado como un espacio de recreación familiar, cultural y deportiva por décadas para la población de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y se posiciona como uno de los principales pulmones y una de las pocas reservas ecológicas que quedan dentro de la ciudad.

Dentro del perímetro que abarca el área natural protegida denominada Bosque Colomos sección III, existe una fuerte presión inmobiliaria que ha generado una importante polémica en la población de la ciudad, pues al desarrollarse construcciones en el área, se afectarían severamente un elevado número de hectáreas del bosque, dañando especies endémicas y minimizando cada vez más este bien comunitario.

Los bosques otorgan diversos beneficios en diferentes áreas, especialmente en las urbes, pues enriquecen y mejoran el medio ambiente, además de proporcionar a las ciudades un mejoramiento en la calidad del aire, reducción de temperatura ambiental en el verano, protección en la calidad del agua, un notable retraso de cambio climático global y dotan a las ciudades un atractivo urbanístico natural incomparable. Específicamente el Bosque Colomos, sección III, genera servicios ambientales como la captura de carbono, recarga de mantos acuíferos, generación de oxígeno, regulación climática, paisajismo, aislante de ruido, entre otros.

Al respecto, el artículo cuarto constitucional en su párrafo quinto prevé el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y dispone la obligación del Estado mexicano de garantizar el respeto a éste derecho. Expresamente prevé que quien dañe o deteriore el medio ambiente incurrirá en responsabilidad.

Aunado a lo anterior, existen tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y protección al medio ambiente, así como leyes generales para la coordinación de autoridades en la materia, en los distintos ámbitos de gobierno, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es imprescindible para garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, los cuales son una condición mínima de dignidad humana. Por lo tanto, de acuerdo con los artículos primero y cuarto constitucional, la protección y respeto del medio ambiente es imprescindible para el cumplimiento de la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Sin embargo, la consolidación de un régimen de protección ambiental óptimo para un área natural protegida, en la que florezca el desarrollo de derechos humanos y ambientales, solo es posible a través de la adecuada cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales.

Antecedentes

I. La zona metropolitana de Guadalajara ha experimentado un importante desarrollo inmobiliario en los últimos veinte años, ocasionado impactos principalmente de tipo social, urbano y ambiental. Las principales reservas ambientales de la ciudad se mantienen en permanente riesgo de ser cercenadas por el creciente desarrollo de la ciudad. Tal ha sido el caso del Bosque Colomos III.

II. Desde hace más de veinte años, organizaciones de la sociedad civil, dentro de las que se encuentran el Colectivo del Bosque Pedagógico del Agua la Agrupación Ciudadanos por el Medio Ambiente, la Asociación de Colonos de Providencia, la Red Ciudadana, y el Fomento y Conservación del Bosque Los Colomos, han realizado acciones de conservación y educación ambiental.

III. Algunas organizaciones, a través de una acción de Habeas Data, advirtieron que 248 hectáreas, que habrían sido adquiridas por el Gobierno del Estado de Jalisco en 1918 para garantizar el abastecimiento de agua de la Ciudad, no habían estaban incluidas en la zona protegida del Bosque Colomos III.

IV. La subcuenca Colomos-Atemajac, a la cual pertenece el Bosque Colomos, tiene alrededor de ocho mil hectáreas y aporta cada año aproximadamente tres millones ochocientos mil metros cúbicos de agua a la ciudad, lo que la convierte en la cuenca natural más grande e importante de la zona. Por tal motivo se ha determinado que es un área natural de protección hidrológica. Aunado a lo anterior, en la cuenca de Atemajac hay presencia de especies endémicas como lo son el Sauce y el Colomos, especie propia del bosque.

V. En ese contexto, el Congreso del estado de Jalisco solicitó al gobierno del estado de Jalisco la delimitación del polígono de propiedad pública, así como la realización de acciones legales para recuperar las fracciones que hubieren sido invadidas por particulares. De igual forma se solicitó que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado tomara acciones para rescatar y restablecer el patrimonio público de invasiones.

VI. Pese a algunos procesos judiciales que se encuentran aún en curso, en los que particulares buscan se adjudique la propiedad de predios pertenecientes a la sección del Bosque Colomos III, el gobierno del estado de Jalisco otorgó en comodato al Municipio de Zapopan un área protegida que originalmente contó con 46 hectáreas, y  que actualmente representa una superficie de 28 hectáreas.

VII. En el año 2014, el Congreso del estado de Jalisco promulgó el decreto número 24920/LX/14 mediante el cual, tras realizar el estudio técnico justificativo, declaró el área municipal de Arroyo La Campana-Colomos III en el municipio de Zapopan, Jalisco como área de protección hidrológica. En ese momento, el predio estaba compuesto por 36 hectáreas.

El objeto principal del decreto es la protección, restauración, conservación, preservación responsable y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales del área, que favorecen y alimentan de recurso hídrico a toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. Forman parte del decreto el estudio técnico justificativo y el programa de aprovechamiento.

Ello encuentra su fundamento jurídico en los artículos 53 y 56 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales; los artículos 44, 45 y 54 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco; así como del Reglamento de Áreas Naturales Protegidas de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

VIII. El Programa de Aprovechamiento de la Declaratoria de Área Municipal de Protección Hidrológica Arroyo La Campana-Colomos III establece las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, con base en la gestión, investigación y diagnóstico de la situación actual, incluyendo además la problemática socioeconómica, con lo que se pretende generar un proceso de desarrollo integral y sustentable del área.

El artículo 13 de la declaratoria menciona la competencia del municipio de Zapopan a través de Dirección General de Ecología como actor principal encargado de la administración y vigilancia del área natural protegida.

El artículo 11 de la declaratoria hace hincapié en las condiciones a las que se sujetarán las zonas de protección hidrológica municipal en lo que concierne al uso de suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y la realización de cualquier tipo de obra o actividad.

Situación Actual

I. El 16 de enero de 2016 se registró un incendio forestal en una zona del polígono delimitado para el Bosque Colomos III, afectando gravemente la zona. El director general de Ecología del municipio de Zapopan giró oficios a diversas instituciones competentes para llevar a cabo las investigaciones derivadas del hecho.

Al director general de Delitos Ambientales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se giró el oficio número 1800/2016/0117 para hacer de su conocimiento el incendio forestal ocurrido dentro del área natural protegida Arroyo La Campana-Colomos III, destacando que, de los reportes realizados por servidores públicos adscritos a la Dirección del Medio Ambiente se advierte la posibilidad de que el incendio haya sido provocado, dañando 22 árboles de la especie cedro rojo, localizados en una superficie aproximada de 3 mil 500 metros cuadrados.

Al titular de la delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República se giró el oficio número 1800/2016/0069, mediante el cual se presentó una denuncia de hechos con motivo del incendio forestal presentado en Colomos III por actos antijurídicos constitutivos de delito a quien o quienes resulten responsables de iniciar o provocar el incendio. El titular de dicha dependencia remitió un dictamen en el que acredita la afectación a los recursos forestales y naturales de los predios incendiados.

Al director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se giró el oficio número 1800/2016/0071 en el cual se indicó que, del reporte técnico realizado por servidores públicos adscritos a la Dirección del Medio Ambiente de Zapopan, se advierte la posibilidad de que el incendio forestal haya sido provocado, por lo que se solicitó se realicen investigaciones de campo y de gabinete necesarias para la dictaminación pericial que en su caso acredite la posible provocación de manera intencional del incendio forestal, así como el uso de algún hidrocarburo o líquido inflamable, en caso de encontrarse residuos de ese material en el suelo.

Al titular de la delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se giró el oficio número 1800/2016/0116 en el cual se destacó el hecho de que el posible ilícito se realizó en terrenos ubicados dentro del polígono decretado como Área Natural Protegida, en una subzona clasificada como de preservación, en la que solo se permiten actividades de investigación científica, monitoreo del ambiente, educación ambiental y además actividades que no impliquen modificaciones sustanciales a las características o condiciones naturales, sujetándose a una supervisión constante por los posibles impactos negativos que se ocasionen.

Aunado a lo anterior, se señaló que las subzonas de preservación contemplan superficies que contienen ecosistemas relevantes o frágiles, en las que cualquier actividad que se desarrolle requiere de un cuidado y manejo específico para su preservación de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente. Además, solicitó que de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se determine no permitir ningún cambio de uso de suelo en los predios en los que ocurrió el incendio.

II. Organizaciones de la sociedad civil tomaron igualmente medidas para convocar a la ciudadanía a frenar las amenazas de la construcción de este proyecto inmobiliario dentro de la superficie del Bosque de los Colomos. La plataforma virtual change.org registra a la fecha alrededor de 30,000 simpatizantes que soportan esta posición. Por su parte, autoridades estatales de la Secretaría General,  Medio Ambiente, Desarrollo Social y Procuraduría Social han tomado igualmente medidas para frenar las amenazas de los desarrolladores.

III. Como resultado de la entrega de firmas y los esfuerzos del Gobierno Estatal y de 15 de sus dependencias, el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo concedió una suspensión provisional de la sentencia emitida por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, por lo que no puede realizarse una edificación o modificación alguna al status actual hasta que se concluyan los procesos judiciales.

IV. El gobierno del estado ha adoptado medidas cautelares con relación al asunto. En las circunstancias que rodean la posible construcción de condóminos en el Bosque de los Colomos se alude la falsificación de firmas por parte de funcionarios públicos para el otorgamiento de permisos, así como el robo de documentos, los cuales son hechos constitutivos de delitos y acciones de tipo administrativo.

Al respecto, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval señaló puntualmente que “el gobierno del estado es respetuoso de los poderes, pero si en la revisión que estamos haciendo merecen juicio político hasta el propio secretario general, éste se tiene que ir, así sea el TAE, sea quien sea, el estado de derecho debe prevalecer siempre y es la parte que se está trabajando”.

Fundamento Jurídico

Provocar un incendio intencional o imprudentemente constituye una infracción a la normatividad ambiental de acuerdo con el artículo 163 fracción XXI de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. A su vez, provocar un delito en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales que dañe sus elementos naturales constituye la comisión de un delito de acuerdo con lo establecido en el artículo 420 Bis fracción IV del Código Penal Federal.

La regulación de las zonas forestales es materia federal. Particularmente cabe mencionar las siguientes disposiciones:

I. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artículo 2, fracción III, define al daño ambiental como:

“III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta definición se estará a lo dispuesto en el artículo 6o. de esta Ley;”

II. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 117 señala lo siguiente:

“La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la autoridad deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. Dichas autorizaciones deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.

III. La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 clasifica las especies de flora y fauna en posible riesgo, dentro de las cuales se enlistan 4 especies endémicas que se localizan en Colomos III, siendo una de ellas, el sauce.

IV. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de que los perjuicios que ocasione la ejecución de los actos reclamados, aun cuando fueran de difícil reparación, deben ceder ante la mayor importancia del interés que tiene la sociedad en la conservación de los bosques, respecto del interés particular, ante un incidente de suspensión sobre la materia ambiental.

V. Toda vez que el Gobierno Municipal de Zapopan, a través de la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan, acreditó la afectación de recursos forestales en el Bosque Colomos , sección III, es indispensable se garantice la regeneración de esos terrenos y recursos forestales mediante el establecimiento a la brevedad de la prohibición de cambio de uso de suelo forestal.

En razón de lo anterior, se reitera la necesidad de exhortar a las autoridades federales, a coadyuvar con el gobierno de Jalisco y los municipios de Guadalajara y Zapopan en la consolidación de un régimen de protección ambiental óptimo para el Bosque Colomos, secciones I, II y III, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano de los pobladores de éste municipio y de la zona metropolitana de Guadalajara.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a coordinarse con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco y de los Municipios de Guadalajara y Zapopan de dicha entidad federativa, para consolidar un régimen de protección ambiental óptimo para el Bosque Los Colomos, secciones I, II y III, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, considerando decretar la veda por 20 años en la zona de Bosque Colomos III.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar operativos preventivos de Inspección y Vigilancia en el Bosque Los Colomos, secciones I, II y III en el Estado de Jalisco.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a realizar actividades de saneamiento forestal y campañas de prevención contra incendios en el Bosque Los Colomos, secciones I, II y III en el Estado de Jalisco.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a favorecer la concesión de los terrenos de propiedad federal del arroyo La Campana Colomos III al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

INTEGRAR AL PORTAL DEL OBSERVATORIO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, GUÍAS Y CURSOS ONLINE ORIENTADOS PARA LAS MIPYMES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inadem a integrar al portal del Observatorio Nacional del Emprendedor guías y cursos en línea orientados a las Mipyme y los emprendedores del país, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Ángel García Yáñez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las micro, pequeñas y medianas empresas, denominadas comúnmente Mipyme, son un pilar fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleos en el país. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las Mipyme representan 99.8 por ciento de las empresas y el 72 por ciento de las fuentes de empleo en México (OCDE, 2013).

Desafortunadamente, la productividad de las Mipyme en nuestro país es baja. Aunque la mayoría de las empresas en México se encuentran en dicha categoría, éstas sólo aportan 34.7 por ciento de la producción bruta total del país (PND 2013). Estudios internacionales muestran que la productividad de las empresas se encuentran altamente correlacionada con su tamaño, es decir que cuanto más grande sea la empresa, más productiva es (OCDE, 2013).

En Nueva Alianza estamos convencidos de que el país alcanzará las tasas de crecimiento económico añoradas por todos sólo en la medida en que se fomenten la creación, el fortalecimiento y la evolución de las Mipyme. Por tal motivo, en nuestra agenda legislativa presentada hace algunos días se estableció el desarrollo económico como uno de nuestros ejes estratégicos durante el segundo periodo ordinario de sesiones.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentará una serie de iniciativas, puntos de acuerdos y otros instrumentos legislativos, con el objetivo de atender y solucionar adecuadamente las necesidades y problemáticas de las Mipyme y los emprendedores en México. Lo anterior, con el objetivo de contribuir a consolidar un mayor crecimiento económico nacional.

En la actualidad, las Mipyme se enfrentan a un gran número de retos. En el estudio Construcción y generación de indicadores para medir el estado y evolución del ecosistema emprendedor en México, elaborado en 2015 por la Fundación Idea, en conjunto con la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, identificaron una serie de dificultades a las cuales se enfrentan los emprendedores y las Mipyme nacionales, tales como el acceso a financiamiento, el costo de la formalidad, el bajo desarrollo de capital humano y la innovación (Fundación Idea, 2015).

En el estudio mencionado, por ejemplo, se señala que en 2013 alrededor de 22 por ciento de empresarios y 26 por ciento de emprendedores reportaron haber solicitado algún tipo de financiamiento. Mientras, el resto de los empresarios y emprendedores expresaron como principales motivos para no solicitar financiamiento: 1. La falta de interés; 2. Es muy caro adquirirlo; y 3. Falta de información sobre a dónde y a quién acudir.

La falta de cultura e información empresarial representa un obstáculo para los emprendedores y las Mipyme no sólo en temas de financiamiento: únicamente 20 por ciento de los emprendedores en México ha recibido algún tipo de apoyo gubernamental distinto al financiamiento, como lo son capacitaciones o asesorías. El restante 80 por ciento de los emprendedores reportó diversas razones para no solicitar apoyo financiero al gobierno, siendo la falta de información la principal razón (Fundación Idea, 2015).

Aunque se reconoce la labor del gobierno federal desde hace años en la elaboración de programas y acciones efectuadas hacia los emprendedores y las Mipyme, todavía falta mucho por hacer. Existen esfuerzos como el Observatorio Nacional del Emprendedor (ONE), que potencialmente puede aportar mucho al fortalecimiento y desarrollo de las Mipyme, más que lo que actualmente representa.

En la misión del Observatorio Nacional del Emprendedor se menciona que es una plataforma de información completa, actualizada, interoperable, homogénea, confiable, accesible y abierta en temas, directa o indirectamente, relacionada con el ecosistema emprendedor para apoyar las oportunidades de éxito de las micro, pequeñas y medianas empresas.

No obstante, el portal www.one.inadem.gob.mx muestra poca información al respecto y exhibe algunos estudios internacionales, pero la estructura de la información del portal no conlleva un orden pedagógico que pudiese servir de guía para un emprendedor o microempresario. Lo anterior sitúa al ONE lejos de su objetivo principal, el cual es “Presentar información de utilidad para la toma de decisiones, diseño y mejora de programas a favor de los Emprendedores y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país”.

Por esas razones ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité Asesor del Observatorio Nacional del Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor a llevar a cabo las siguientes funciones, en términos del artículo 8o. de los Lineamientos del Comité Asesor del Observatorio Nacional del Emprendedor:

a) Integrar mayores recursos informativos, estudios, así como información relevante para dar cumplimiento a la misión y objetivos expuestos en el Observatorio Nacional del Emprendedor.

b) Integrar al Observatorio Nacional del Emprendedor guías y cursos especializados en línea de acceso abierto en temáticas de innovación, mejores prácticas, desarrollo de capital humano, financiamiento y formalidad en los negocios, orientadas a las micro, medianas y pequeñas empresas, así como a los emprendedores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

INSCRIPCIÓN DEL FUERTE DE SAN DIEGO, UBICADO EN EL PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y la Secretaría de Cultura a proponer ante la UNESCO la inscripción del Fuerte de San Diego, de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmueble de México, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Ricardo Taja Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo que se fundamenta en la siguiente

Exposición de Motivos

El patrimonio cultural de un país es una herencia de monumentos y lugares con una gran riqueza cultural que pertenece a toda la humanidad. Los Sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una función determínate como símbolos de la toma de conciencia de los estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y estandartes de su apego a la propiedad colectiva, así como de la herencia de ese patrimonio a las futuras generaciones.

La riqueza cultural de nuestro país es innegable, nuestra gran diversidad cultural es sin duda la más rica en América ocupando el primer lugar y sexto a nivel internacional con un listado de 31 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad, de los cuales 4 bienes son naturales y 27 bienes son culturales; siendo los bienes inmuebles los más representativos por su estructura, edificación, diseño e historia.

Derivado de lo anterior es necesario que el Fuerte de San Diego localizado en el municipio de Acapulco sea declarado Patrimonio Cultural Inmueble. Siendo el monumento histórico más importante de Acapulco con una antigüedad que data tiempos del virreinato, siendo el virrey Fernández de Córdoba en el año de 1615, quien dio la orden de construirla la primera fortaleza en el puerto de Acapulco con el fin de protegerlo  de los ataques de los piratas. La construcción de esta primera fortaleza estuvo a cargo por el ingeniero holandés Adrián Boot. Siendo severamente  dañada por un terremoto en abril de 1776

La reconstrucción de una fortaleza que protegiera el puerto de Acapulco fue fundamental para brindar seguridad al comercio con Filipinas, se ordenó una edificación en forma de pentágono regular con cinco baluartes agrupados alrededor de la plaza de armas en el año 1778. Durante el transcurso del virreinato el fuerte estuvo al servicio del gobernador militar y político de Acapulco siendo pieza fundamental para la defensa de los intereses comerciales gracias a su perfecta arquitectura, siendo de las avanzadas de su época. En los movimientos de la insurgencia fue parte de varios combates en los que destacan los encabezados por José María Morelos, en contra de las fuerzas españolas, resguardadas en el Fuerte de San Diego. Siendo esta la batalla más significativa de Morelos pues ahí se encontraba el comandante en jefe de las fuerzas realistas, Pedro Antonio Vélez, a quién logró derrotar luego de tres meses de mantenerlo sitiado, siendo el 20 de Agosto de 1813 la fecha de dicha hazaña. Esta victoria marco un preámbulo para la creación del congreso de Anáhuac el 14 de Septiembre de 1813.

Durante el tiempo de la Revolución el Fuerte de San Diego fue bombardeado por órdenes de Venustiano Carranza desde un cañonero de nombre Guerrero siendo este fuerte testigo de los movimientos armados más significativos de nuestra patria.

En el año de 1933 paso a convertirse en el Museo Histórico de Acapulco con el fin de salvaguardar el legado cultural que en se encuentra, en 1949 el inmueble fue entregado al INAH continuando con su tarea de heredar el conocimiento cultural y la grandeza histórica que el municipio de Acapulco tiene.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaria de Cultura, para que se proponga ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del fuerte de San Diego, en el puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmueble de México.

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de abril de 2016.— Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

PROTEGER LA ESPECIE TOTOABA DE LA PESCA ILEGAL QUE SE DA EN AGUAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger la totoaba de la pesca ilegal dada en aguas de jurisdicción federal, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Everardo López Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Ejecutivo federal a proteger a la especie totoaba de la pesca ilegal que se da en aguas de jurisdicción federal.

Exposición de Motivos

Estudios efectuados por el Instituto Nacional de la Pesca, que datan desde 1975, llevaron a establecer la veda permanente para la pesca de la especie totoaba ( Cynoscion macdonaldi) en las aguas de jurisdicción federal del golfo de California, con fines de protección, conservación y recuperación de las poblaciones de esta especie.

Hoy contamos con un marco normativo pesquero más completo, desde leyes, reglamentos, acuerdos y normas oficiales mexicanas, como la NOM-059-SEMARNAT-2010 que cataloga a esta especie en peligro de extinción.

Durante varios años, la labor realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, ha sido clave para investigar, ubicar y detener a presuntos traficantes de esta especie, lo que ha permitido que a la autoridad judicial contar con elementos de prueba para acreditar los delitos cometidos por la pesca furtiva.

Sin embargo, a pesar de la regulación y las acciones instrumentadas, la totoaba sigue siendo objeto de pesca ilegal y contrabando en el mercado negro asiático, principal comprador, al representar cada buche de totoaba ventas estimadas entre 4 y 5 mil dólares, toda vez que se le atribuyen supuestas propiedades afrodisiacas.

Como el pasado 29 de marzo, la Policía Federal gracias a la labor de la Profepa, pudo detener a un residente del Golfo de Santa Clara que se dirigía a Tijuana con 121 buches de totoaba, los cuales tenían entre 35 a 57 centímetros de tamaño, lo que indica que pertenecían a ejemplares de más de 30 años de edad, cuyo valor en el mercado negro es de 150 mil dólares.

De ahí que sea necesario exhortar al gobierno federal a intensificar las acciones de inspección, vigilancia y seguridad para evitar la captura de ésta y otras especies marinas en peligro de extinción en el Alto Golfo de California, al tiempo de buscar nuevas estrategias para evitar su tráfico y pesca ilegal.

Es importante destacar, que en un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2010 denominado Estudio social de la pesca en México: diagnóstico sobre la problemática social de los pescadores, su entorno y su visión sobre las posibles soluciones a los problemas que afectan la pesca, se registró que de las cinco regiones pesqueras que establece la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para el país, 26 por ciento de los pescadores considera las actividades de vigilancia e inspección como buena o muy buena mientras que 69 por ciento califica la responsabilidad de esta comisión como regular o mala.

A cuarenta años de la primera declaración de veda de la totoaba y de que el actual gobierno federal informa que está implementando estrategias “innovadoras” en el Programa Integral de Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal para evitar la pesca furtiva de esta especie, desafortunadamente dichas estrategias son insuficientes y no están dando resultado para protegerla.

Por lo que las acciones que instrumenta actualmente el Ejecutivo federal resultan claramente limitadas ante el tráfico de esta especie, que incluso ha llegado a sobrepasar al tráfico de drogas en la cuestión lucrativa, de ahí que las autoridades federales deben establecer nuevas formas de protección a la flora y fauna del Alto Golfo de California para evitar la captura y tráfico de las especies en peligro de extinción, por lo cual se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Defensa Nacional; Comunicaciones y Transportes; y Policía Federal, con los gobiernos estatales y municipales, para que fortalezca las acciones de coordinación y de inspección, vigilancia y seguridad que eviten la pesca ilegal y tráfico de la totoaba y otras especies marinas en peligro de extinción en el Alto Golfo de California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado José Everardo López Córdova (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAISANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para vigilar el cumplimiento del programa Paisano, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción I; y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a crear la comisión especial para vigilar el cumplimiento del programa Paisano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En materia de migración, México es un referente a nivel mundial, porque comprende una gran cantidad de factores y perspectivas de la migración: es país de origen y tránsito de migrantes cada año.

De acuerdo con las estadísticas obtenidas a través de las embajadas, 12 millones 356 mil 346 connacionales residen en el extranjero. De ellos, 99.39 por ciento, es decir 12 millones 178 mil 173 personas, radican en EU y casi 6 millones son indocumentados.

Cuando los connacionales regresaban para pasar tiempo con la familia, se encontraban con altos índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia de los servidores públicos en contra de estos mismos, al momento de ingresar a territorio nacional.

Por ese motivo se tomó la medida de presentar la iniciativa con la finalidad de crear del programa Paisano, en el cual se unieron organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-estadounidense que residen en Estados Unidos.

En consecuencia, se expidió el acuerdo mediante el cual se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país; este acuerdo lleva por nombre programa Paisano, el cual tiene como propósito garantizar un trato digno y apegado a la ley a los mexicanos que ingresen, transiten o salgan del país.

El objetivo se centra en la generación de mayores divisas a través del turismo, el fomento a las exportaciones y la adecuada transportación de personas y mercancía, también pretendía otorgar mayor seguridad al público usuario, un manejo honesto y eficiente de los bienes y recursos de la nación, la simplificación administrativa, la difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios y el fomento de sistemas de quejas y denuncias.

En dicho acuerdo se involucran ocho dependencias: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de la Contraloría General de la Federación Secogef (hoy Secretaría de la Función Pública), Sagar (hoy Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, así como la Procuraduría General de la República y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Originalmente la Contraloría General de la Federación era quien convocaba a las reuniones y evaluaba los avances.

En la actualidad, éste opera con la figura de la comisión intersecretarial, donde se coordinan esfuerzos con 21 dependencias, cuenta con dos comités técnicos, una dirección nacional, tres representaciones en Estados Unidos y 32 comités estatales a escala nacional; los cuales están dirigidos a brindar información y atención a los connacionales que visitan México.

El programa no ha obtenido los resultados que se esperaban en proporción al número de connacionales a su retorno al territorio nacional, en cierta medida se debe a la desigualdad presupuestal y la falta de una política que lo respalde.

Paisano se divide en tres etapas esenciales que son la temporada de semana santa, verano e invierno esto por ser de gran afluencia entre los connacionales.

Las estadísticas reflejadas por el Instituto Nacional De Migración, durante el periodo de Semana Santa de 2015, desprendió que viajaron a México más de 1 millón 940 mil 883 de connacionales; asimismo, en el verano se registró una llegada de más de 1 millón 200 mil paisanos al país y en invierno 3 millones 396 mil 72 connacionales.

El año pasado, los connacionales dejaron una derrama económica de 25 mil millones de dólares.

Pese a esta situación, los connacionales siguen padeciendo situaciones que en teoría Paisano tiene como propósito erradicar. Resulta necesario crear una instancia encargada de vigilar el cabal cumplimiento de los objetivos del programa.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados para que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine y someta a consideración del pleno la creación de la comisión especial para vigilar el cumplimiento del programa Paisano.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

INVESTIGAR PRESUNTOS ILÍCITOS COMETIDOS EN MATERIA ELECTORAL EN EL AÑO 2012

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, la Fepade y la PGR a investigar presuntos delitos electorales cometidos en 2012, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Diputada Norma Rocío Nahle García, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que un cambio verdadero supone el auténtico ejercicio de la democracia, el derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad; son uno de nuestros objetivos.

Lo aseverado, nos confirma que es una responsabilidad y un compromiso con las aspiraciones democráticas y las causas del pueblo mexicano.

Ahora bien, las declaraciones de Andrés Sepúlveda son reveladores de la guerra sucia utilizada por el PRI en las elecciones del 2012, pues este hacker, manifiesta y asegura que ayudó al presidente de México,Enrique Peña Nieto, a ganar las elecciones e intervino en los comicios de otros países, como Colombia, México, Panamá y Venezuela.

Que el mismo afirma que su trabajo era hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores, en fin, toda la parte oscura de la política que nadie sabe que existe, pero que todos ven”.

¿Cuál era su trabajo?

Manejar miles de cuentas falsas en redes sociales, intervenir teléfonos y propagar campaña sucia, realizar ciberataques contra Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez y posicionar a Enrique Peña Nieto.

En su entrevista con Bloomberg Businessweek, Sepúlveda asegura que el trabajo realizado para la campaña de Peña Nieto fue de lejos “ el más complejo” que hizo y que costó 600.000 dólares.

Que con el fin de ayudar a Peña Nieto a obtener la victoria, Sepúlveda supuestamente encabezó un equipo de seis hackers que robaron estrategias de campaña, manipularon redes sociales para crear falso entusiasmo e instalaron spyware (programa informático espía) en las sedes de campaña de la oposición.

En otro medio, relató al magazine estadounidense que tuvo un presupuesto de 600 mil dólares, dedicado a tareas como crear un ejército de 30 mil cuentas falsas en Twitter, para que operaran a favor de Peña Nieto.

Que además:

  “El equipo de Sepúlveda instaló software malicioso en los routers en la sede del candidato del PRD (Andrés Manuel López Obrador, en 2012), lo que le permitió acceder a los móviles y los ordenadores de cualquier persona que utilizara la red, incluyendo el candidato”, se lee en el texto de la revista, titulado How to Hack an Election (Cómo hackear una elección). “Él tomó medidas similares en contra de (Josefina) Vázquez Mota, candidata del PAN. Cuando los equipos de los candidatos preparaban discursos políticos, Sepúlveda tenía los detalles tan pronto como los dedos de un redactor de discursos golpearon el teclado. Sepúlveda vio reuniones futuras de los oponentes y los horarios de campaña antes de que sus propios equipos lo hicieran”, agrega el reportaje de la portada de Bloomberg.

Que por su parte, Alberto Escorcia, experto en redes sociales, confirmó que durante la campaña de 2012 ocurrieron “varias cosas extrañas” y que con el testimonio del hacker colombiano “se confirman”.

Que nuestro Grupo Parlamentario de Morena, tiene como compromiso combatir y denunciar la corrupción, así como los abusos del poder y es nuestro deber fortalecer nuestros principios y convocar al pueblo de México a un nuevo episodio de la lucha por su dignidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta Representación Nacional con pleno respeto a sus atribuciones, requiere al Instituto Nacional Electoral para que por su conducto, solicite a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, de ser el caso, inicie las averiguaciones previas a efecto de practicar las investigaciones que desentrañen si existe o no la comisión de delitos electorales y tomar la determinación que en derecho corresponda.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita la Procuraduría General de la República, con pleno respeto a sus atribuciones, que en el ámbito de sus competencias, tenga a bien investigar y perseguir los delitos del orden federal, de ser el caso, que se hayan cometido derivado de las declaraciones de Andrés Sepúlveda dadas a conocer a distintos medios de comunicación.

Notas:

1 http://www.el-carabobeno.com/noticias/articulo/122719/Hacker-detenido-asegura-q ue-ayud-a-Pea-Nieto-a-ganar-elecciones.

2 Así lo indico el hacker colombiano en una extensa entrevista con la revista estadounidense.

3 http://zetatijuana.com/2016/04/04/el-hacker-que-espio-para-el-pri-en-eleccion-2 012/

4 http://zetatijuana.com/2016/04/04/el-hacker-que-espio-para-el-pri-en-eleccion-2 012/

5 http://zetatijuana.com/2016/04/04/el-hacker-que-espio-para-el-pri-en-eleccion-2 012/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Gobernación, para dictamen.

APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADOS EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía que difunda los resultados de la aplicación de los lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal, publicados el 17 de diciembre de 2014, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea,la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al director de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía maestro en ciencias Odón de Buen Rodríguez, hacer públicos los resultados de la aplicación en el año 2015, de los “Lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal”, publicados en el 17 de diciembre del 2014, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 (PND) señala las políticas y los programas de la presente administración deben estar enmarcados en un Gobierno Cercano y Moderno. Al mismo tiempo, los esfuerzos emprendidos deben orientarse a resultados, optimizar el uso de los recursos públicos, hacer uso intensivo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas con base en un principio básico plasmado en el artículo 134 constitucional: “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”;

Señala a su vez, en la Meta Nacional IV. México Próspero en el Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo; correspondiendo la estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad estableciendo, entre otras líneas de acción, la de promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono;

Que en la estrategia 4.4.3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva sustentable, resiliente y de bajo carbono; correspondiendo la línea de acción relativa a promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero.

Que un gobierno cercano y moderno es aquel que evalúa y reconoce las acciones que generan los resultados que se requieren para atender las necesidades más apremiantes del País, y para ello, implementa acciones de mejora y reorienta los recursos a aquellas actividades que generen mayores impactos positivos;

Que en su objetivo 3, “Optimizar el uso de los recursos en la administración pública federal” (APF), referente a optimizar el uso de los recursos públicos mediante una adecuada racionalización de los mismos, y destinar los ahorros generados a fortalecer los programas prioritarios de la APF. El uso eficiente de los recursos se apoyará en analizar y orientar las estructuras programáticas de la APF hacia los objetivos estratégicos; realizar una calendarización del gasto congruente con las necesidades de los ejecutores del mismo y ajustada a la disponibilidad de recursos; observar de manera rigurosa la normativa en materia presupuestaria y organizacional, además de la emisión de disposiciones para optimizar el ejercicio de los recursos para asegurar el máximo valor para la inversión en las contrataciones públicas el uso responsable del patrimonio inmobiliario federal y de sus estructuras orgánicas;

El 28 de noviembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la cual instituyó a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y sus facultades;

Que la citada ley, en su artículo 7, fracción II, considera incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas tendientes a elaborar y ejecutar programas permanentes a través de las dependencias y entidades de la APF para el aprovechamiento sustentable de la energía en sus bienes muebles e inmuebles y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten

Además el artículo 8, último párrafo, del reglamento de la hasta ese momento vigente Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, publicado el11 de septiembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, encomienda a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la publicación cada dos años, en el referido órgano de difusión, de los lineamientos para la elaboración y ejecución de los programas permanentes de las dependencias y entidades de la APF para el Aprovechamiento sustentable de la energía, contemplados en la fracción II del artículo 7 de la ley.

Ahora bien derivado de que en mi actividad legislativa incluye mi presencia como integrante en la Comisión Ordinaria de Cambio Climático, para mi es de suma importancia saber la realidad del resultado de las acciones que el gobierno federal está realizando para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera, misma que es provocada por la actividad burocrática diaria de todas y cada una de las dependencias; datos que actualmente no se encuentran en ninguna de las plataformas que integran al gobierno federal.

Considerandos

Primero. Primero. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía  es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que fue creada a través de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008, y tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía.

Segundo. Que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía emitió el 17 de diciembre del 2014 los Lineamientos De Eficiencia Energética para la Administración Pública Federal.

Tercero.El 24 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética, misma que tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. abrogándose la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y las demás disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Las referencias hechas a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética en otros ordenamientos jurídicos deberán entenderse como realizadas a la ley materia de este decreto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita respetuosamente al director de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía maestro en ciencias Odón de Buen Rodríguez, hacer públicos los resultados de la aplicación en el año 2015, de los “Lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal” publicados en el 17 de diciembre del 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de abril de 2015.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Energía, para dictamen.

REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y FOROS SOBRE EL FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y el Inadem a diseñar nuevas estructuras educativas con visión emprendedora y realizar campañas de información y foros sobre el Fondo Nacional del Emprendedor en Tlaxcala, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rosalinda Muñoz Sánchez, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública y al Inadem para llevar las acciones necesarias con el objetivo de diseñar nuevas estructuras educativas con visión emprendedora, además de llevar campañas de información y foros sobre el fondo nacional del emprendedor en el estado de Tlaxcala, con base en la siguiente

Exposición de motivos

México ha contado con hombres de Estado que destacaron por su visión educadora como el señor Benito Juárez quien designó una comisión encargada de elaborar un plan general de instrucción pública que incluyera todos los niveles que brindara al país las leyes orgánicas de instrucción pública de 1867 y de 1869. En la Ley de 1867 se estableció uno de los más importantes acontecimientos para la educación pública en México, la organización de la Escuela Nacional Preparatoria.

Otro importante personaje fue José Vasconcelos, quien en 1920 presentó una propuesta para la creación de la Secretaría de Educación Pública donde, lanzó una gran campaña contra el analfabetismo, promovió las escuelas rurales y la educación media, realizó una difusión importante de las bibliotecas y se contó con un proyecto editorial.

Estos educadores y muchos más, desde las aulas y desde diversas trincheras, fueron conformando un proyecto educativo nacional con una identidad propia que dio cohesión a nuestra sociedad, estos personajes tuvieron algo en común que fue una visión de crecimiento y de avance en el eje educativo.

Con el paso del tiempo se ha buscado fortalecer nuestros sistemas principios y objetivos generales de nuestra educación y lo vemos plasmado en el artículo tercero constitucional donde estable que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - federación, estados, Ciudad de México y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La Ley General de Educación, amplia los principios anteriormente mencionados y señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Además de lo anterior se cuenta con otras normas fundamentales que entran en vigor en materia educativa como el Reglamento interior de la Secretaría de Educación, donde en conjunto con el gobierno federal regulan el funcionamiento de la educación.

Mediante el gobierno federal se logra un fácil acceso a la educación pero es necesario continuar avanzando en la materia ya que no debemos olvidar la importancia que representa puesto que entregara las herramientas necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad y en la economía.

Es momento de generar un cambio y por ello quiero proponer que seamos participes de un avance educativo con acciones sumamente sencillas, ajustándonos a la Ley General de Educación donde se cita lo siguiente:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;

Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y demás de formación de maestros de educación básica, la Secretaría también deberá mantenerlos acordes al marco de educación de calidad contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo nacional;

II. a V. ...

VI. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente;

VII. a XIV.

Tomando esto en cuenta resulta sencillo incluir en la actualización y formulación de los planes y programas de estudios una “visión emprendedora”.

Según el INJUVE, definimos a la visión emprendedora como los sueños en acción. La visión une los deseos, las expectativas y las metas que deseamos lograr en nuestra vida, en distintos órdenes y esferas, situados en el trabajo. Ubicados en el escenario diario de lo que hacemos. De la planificación de acciones que nos damos y sobre todo que ejecutamos.

Podemos fijarnos como la centralidad de la visión se enmarca dentro de una imagen de valores y cimientos que con el simple hecho de basarnos en saber utilizar un lenguaje emprendedor en la forma de enseñanza en cada nivel escolar, con el paso del tiempo se traducirá en acciones y planes de actuación.

Al concluir sus estudios con una visión emprendedora será más sencillo incluirlos en el mundo empresarial, donde encontraran diversos apoyos para lograrlo.

Para tales acciones se encuentra el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

Si juntos logramos que nuestra educación sea motivadora, que en lugar de escuchar en la escuela:

 -Cuando tengas trabajo demuéstrale a tu Jefe todos tus conocimientos;

Se modifique a la frase, -Al lograr tus metas y emprender tu negocio, aplicaras tus conocimientos; en ese momento habremos dado paso a una nueva era de emprendedores, se habrá fortalecido la preparación y educación de nuestros jóvenes, habremos activado nuestra economía con la formación de nuevas Empresas, se generarán nuevos empleos y sin duda se impulsaría la competitividad de mercados internacionales y nacionales.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la SEP, para que lleve a cabo las acciones necesarias, con el objetivo de diseñar nuevas estructuras educativas con visión emprendedora desde la educación básica hasta la superior.

Segundo. Se exhorta al Inadem, para que se lleve a cabo una campaña de información, talleres y foros a jóvenes emprendedores del estado de Tlaxcala sobre los apoyos que pueden recibir por parte del Fondo Nacional del Emprendedor.

Notas:

1 http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/ Text/00_06a.html

2 http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/ Text/00_06a.html

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_171215.pdf

5 http://www.sep.gob.mx

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_171215.pdf

7 https:///www.injuve.es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

SANCIONAR Y SUSPENDER A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE DE MANERA INJUSTIFICADA HAN AUMENTADO EL PRECIO DEL KILOGRAMO DE LA TORTILLA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco y la Cofece a sancionar y suspender los establecimientos que han aumentado de manera injustificada el precio de la tortilla, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y PRI

Los que suscriben, diputados Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón, Hersilia Córdova Morán, Edith Villa Trujillo, y Héctor Javier Álvarez Ortiz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la alimentación es un derecho universal y fundamental de todo ser humano, ya que sin los alimentos hombres, mujeres y niños sencillamente no podrían vivir. La alimentación es el derecho más vital de todo individuo, es un derecho donde se centra la dignidad de todo ser humano, ya que con ella se permite su desarrollo físico, mental y, en consecuencia, el desarrollo de todos sus potenciales y capacidades.

El hecho de que los estados en todas las naciones del mundo tengan que proporcionar alimentos a la población, no deriva de un compromiso moral sino que jurídicamente se ha convertido en obligación para satisfacer los problemas de nutrición de la gente. Esta obligación tiene orígenes en acuerdos internacionales, en particular en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que, de acuerdo al artículo 25, se precisa que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, esto implica el bienestar en salud, la asistencia médica, la vivienda, la protección social y en especial la alimentación.

En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1966, y que entró en vigor el 3 de enero de 1976, se reconoce que todo individuo tiene derecho a un nivel de vida adecuado, es decir, ese nivel de vida adecuado está vinculado con la alimentación. En el artículo 11 del pacto, se menciona:

“Artículo 11

1. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los estados parte en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (1. Véase Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1966, y que entró en vigor el 3 de enero de 1976).

Los estados firmantes del pacto, adquirieron el compromiso de garantizar el derecho a la alimentación de todo individuo de forma inmediata y suficiente, para ello puede disponer de todos los recursos necesarios para cumplir con este fin. El estado debe proteger a todo individuo para que no se le prive de una alimentación adecuada. El estado debe disponer de los medios, políticas y mecanismos a su alcance para que la suficiencia de alimentos esté disponible para toda persona, y entre esos medios está impulsar y promover una mayor producción de alimentos como medio eficaz para evitar su escasez.

Uno de los mayores desafíos que sigue enfrentando la humanidad en los últimos años es la falta de alimentos. Se estima que para las futuras cuatro décadas la falta de alimentos será un problema de serias dimensiones para la población de todas las latitudes y por lo tanto un reto mayor para los gobiernos de todas las naciones del mundo. De acuerdo con Fred Davies, asesor científico de la Oficina de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional de Seguridad Alimentaria (USAID), los asuntos de la alimentación a nivel mundial corren riegos de escasez, entre los factores que causarán este fenómeno será el aumento de la población y en consecuencia los recortes presupuestarios para rubros en investigación para la producción de alimentos.

Otro reporte, el del Instituto de Sustentabilidad Global de la Universidad Anglia Ruskin –Inglaterra– titulado Food System Shock ( Colapso del Sistema Alimentario), coincide en que la escasez de alimentos en el mundo obedecerá a la sobrepoblación, este factor implicará igualmente la falta de agua. Se estima que para el año 2040, el costo de los alimentos será cuatro veces mayor en relación al costo que tendría en el año 2000. Los efectos del cambio climático se suman a este problema mundial. Lamentablemente, se pronostica que en cincuenta años esta situación sea caótica, generando conflictos sociales que podrán derivar en guerrillas y terrorismo por subsistencia.

Ante estos escenarios adversos que se vislumbran, es necesario que tanto los gobernantes como la sociedad en su conjunto, generen conciencia sobre la preservación del medio ambiente, la promoción a la investigación científica y tecnológica que se enfoquen sobre nuevos sistemas y esquemas de producción para autoconsumo, y erradicar una de las prácticas más deshonestas que con frecuencia se repiten como la especulación en los precios de los alimentos propiciada por las comercializadoras y los intermediarios.

En el ámbito de la legislación mexicana se han impulsado reformas para que la población pueda contar con alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El antecedente data del 29 de abril de 2010, donde legisladores de las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, presentaron iniciativas para elevar el derecho alimentario a rango constitucional, considerando que toda persona tenga acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En dicha iniciativa igual se propuso que una de las funciones del desarrollo rural integral tendría entre sus fines que el estado garantice el abasto de alimentos de manera suficiente y oportuna.

Derivado de la propuesta señalada, las reformas a los artículos 4o. y 27 del texto constitucional, quedaron de la siguiente manera:

Artículo 4o. ...

...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará.(Párrafo adicionado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011). (1. Véase, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Artículo 27, fracción XX, segundo párrafo:

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.(Párrafo adicionado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011). (2. Véase, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Entre los argumentos de la iniciativa que propició dicha reforma, destaca que sería el estado el responsable de proteger el derecho a la alimentación de todos los mexicanos. También se obliga al estado a tomar las medidas necesarias que garanticen el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

La complicación para acceder a los alimentos básicos, lejos de poder obtenerlos en sus componentes ricos en nutrientes en suficiencia y calidad, tiene que ver en gran medida con sus elevados costos.

Ante esta realidad ¿Cómo puede el estado hacer valer el acceso de los mexicanos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad ante su difícil adquisición por los precios que los hacen inaccesibles para millones de mexicanos?

¿Cómo hacer efectivo este derecho alimentario ante la falta de legislación que regule los precios de los alimentos de la canasta básica necesaria para cada familia, cuando los precios sólo se supervisan mediante programas que se limitan a aplicar sanciones a quienes especulan con su costo?

Los altos índices de pobres en nuestro país han sido persistentes desde hace décadas. En 2012 se hablaba de 53.3 millones de personas en situación de pobreza, esto de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La pobreza según el Coneval no obedece sólo a medidas en cuanto al ingreso sino por la carencia que sufre la población en educación, alimentación, vivienda y seguridad social entre otros elementos.

Otros datos del Coneval, indican que entre 2012 y 2014, la población con dificultades económicas para adquirir la canasta básica pasó de 23.5 millones a 24.6 millones de mexicanos. El mismo consejo menciona que en el mes de junio de 2014, la canasta alimentaria en zonas urbanas costaba mil 281 pesos y en las zonas rurales 898.78 pesos.

Para 2015, el Coneval revela que el valor de la canasta alimentaria urbana pasó de mil 272.91 pesos en noviembre de 2014 a mil 297.65 pesos en noviembre de 2015 –1.9 por ciento de incremento–; y el valor de la canasta alimentaria rural pasó de 895.84 a 920.69 pesos, –2.8 por ciento más en el mismo periodo.

La canasta básica alimentaria de acuerdo al Coneval debe cumplir con tres objetivos principales:

1. Contener aquellos productos representativos de los hábitos de consumo de la población.

2. Que su ingesta permita alcanzar el valor requerido de energía.

3. Incluir todos los grupos de alimentos desde frutas hasta alimentos de origen animal.

La canasta básica –de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), es “un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso. La canasta básica mexicana contempla alrededor de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para la despensa y servicios”. (3. Véase, www.canasta-básica-mexicana).

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la canasta básica es el subconjunto de los productos incluidos en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, integrada por 82 productos, los cuales son determinados con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que elabora el Inegi.

La red de abasto social Diconsa, que es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tiene como objetivo erradicar la pobreza alimentaria en zonas rurales de alta y muy alta marginación mediante el abasto de productos básicos. Este organismo, igual cuenta con su propia canasta básica.

El Coneval cuenta con una lista de productos que sirve para determinar la línea más baja de ingreso para clasificación y evaluación de la pobreza, de acuerdo al área, sea ésta urbana o rural.

Es un hecho que millones de familias no tienen un ingreso suficiente que les permita adquirir los alimentos de la canasta básica, esta dificultad tiene consecuencias en las personas al no consumir alimentos ricos en nutrientes, ni en calidad, ni en abundancia, lo que provoca una mala alimentación que genera en la gente desnutrición y daños a la salud.

A inicios de este año, el alza del precio del dólar ante la caída de los precios del petróleo se ha traducido en efectos negativos en nuestra economía, ya que este factor ha generado una especulación en la guerra de los precios en los alimentos.

Ante estos efectos negativos la Profeco ha expresado que el aumento del dólar no debe ser un pretexto para aumentar los precios de la canasta básica. De haber especulación en el alza de los precios se harán operativos para evitar abusos en las tiendas y centros comerciales.

De acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, la Profeco no tiene facultades para establecer precios en los productos, por lo que sólo puede mediante operativos vigilar que éstos no se aumenten bajo la especulación y sancionar a los proveedores que no respeten los precios. De acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde hace 27 años los mexicanos hemos disminuido el consumo de alimentos, esto provocado por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores que ha caído en 65 por ciento. El análisis enfatiza que la pobreza de los mexicanos está anclada en condiciones paupérrimas ya que hoy con un salario mínimo sólo se puede adquirir 35 por ciento de la canasta básica, mientras que con ese mismo ingreso en 1987 se podían adquirir casi dos canastas básicas.

Como no existe un control sobre los precios, en los grandes centros comerciales como Walmart, Soriana, Chedrahui y Comercial Mexicana los productos de la canasta básica elevan su costo hasta en 16 por ciento más que en mercados púbicos.

Si bien es cierto que la Profeco está limitada legalmente para fijar precios, lo que sí debe hacer es tomar medidas más severas contra quienes abusan y especulan sobre los costos en los productos elementales para la alimentación de los mexicanos. Debe emitir sanciones económicas más severas y crear un historial de aquellos establecimientos que de manera recurrente especulen con el aumento de los precios y poner en esos comercios distintivos de sanción para que la gente sepa que han sido sancionados por no respetar los precios y que el público esté en condiciones de decidir si compra o no en ese establecimiento.

Ante el pretexto del aumento del dólar, desde inicios de 2016 se han dado en varias zonas del país especulaciones en el alza de los precios de varios productos de la canasta básica, entre ellos la tortilla, un alimento básico en la dieta de millones de mexicanos (lo consume 94 por ciento de la población). El precio del kilogramo de tortilla está fuera de control, pues alcanza precios que van desde los 16 hasta los 18 pesos en las tortillerías del norte y sur del país. En la Ciudad de México el kilo está en 17 pesos y en Hermosillo, Sonora, se vende hasta en 24 pesos. A este factor se agrega el incremento en los productos de la canasta básica, muchos de estos productos han dejado de ser parte de la alimentación de las familias por su difícil adquisición como la carne de res –molida, bistec, retazo–, carne de pollo, el pescado, la cebolla, jitomate, frutas frescas –manzana, pera, plátano tabasco, papaya, leche, crema, pan de caja. Los productos para higiene personal que igual forman parte de la canasta básica como papel higiénico, pasta de dientes y jabón tienen igualmente precios muy elevados.

Este aumento (el de la tortilla) que afecta seriamente la economía de los mexicanos obedece según los industriales de la tortilla a la alza del dólar y en consecuencia el aumento en los precios en la tonelada del grano que pasó de 3 mil 600 pesos hasta 5 mil 500 pesos, según su procedencia –Sinaloa, Durango o Jalisco–. El incremento en el maíz blanco se debe a que los precios en México se rigen por referentes extranjeros y en consecuencia por los precios internacionales fijados en dólares.

Es justamente en ese punto que debe vigilar la Profeco y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a las grandes empresas productoras y comercializadoras de maíz y harina como son: Grupo Industrial Maseca (Gruma), Minsa, Compañía Nacional Almacenadora, Cargill de México, quienes bajo la especulación de los precios de la tortilla obtienen generosos márgenes de ganancia que van desde cien hasta 200 por ciento. Este dato no coincide con los anuncios en días recientes del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, quien aseguró que no hay motivos ni elementos que propicien el incremento al precio del kilogramo de la tortilla, ya que México cuenta con autosuficiencia en maíz blanco. Lo que es un hecho es que la especulación sobre el alza en los precios de la canasta básica y de las tortillas siguen en aumento, afectando la economía de las familias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que sancione y suspenda a nivel nacional a los establecimientos que de manera injustificada han aumentado el precio del kilogramo de la tortilla, factor que afecta la economía de millones de mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que elabore un registro y coloque distintivos de sanción a los establecimientos comerciales que de manera injustificada especulen y aumenten los precios de los productos la canasta básica en perjuicio de la economía familiar.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que, en el ámbito de sus atribuciones, prevenga, investigue y sancione los acuerdos entre las empresas productoras y comercializadoras de maíz y harina para elevar los precios en el mercado del kilogramo de tortilla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen.

CONSIGNE ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES LA AVERIGUACIÓN PREVIA CONCERNIENTE AL CASO DE LOS JÓVENES ASESINADOS EN LAS INMEDIACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM)

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a consignar ante los tribunales competentes la averiguación previa concerniente al caso de los jóvenes asesinados en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, el 19 de marzo de 2010, suscrita por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Jesús Emiliano Álvarez López, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y los que suscriben, en su calidad de diputados federalesde la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. La madrugada del 19 de marzo de 2010 Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de maestría y doctorado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)-Campus Monterrey, respectivamente, fueron privados de su vida. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Campus, específicamente en la entrada de Av. Luis Elizondo esquina con Av. Eugenio Garza Sada, mientras supuestamente efectivos del Ejército Mexicano adscritos a la 7/a Zona Militar en Nuevo León y presuntos miembros del crimen organizado sostenían un enfrentamiento con armas de fuego.

Segunda. Los medios de comunicación, locales y nacionales, informaron durante las primeras horas de ese fatídico 19 de marzo de 2010, que con base en lo informado por el Ejército Mexicano a través de su comunicación oficial, el saldo del enfrentamiento habría sido de 2 delincuentes muertos, y el aseguramiento de una camioneta y armas pertenecientes al presunto grupo criminal.

La comunicación oficial del ITESM del día 19 de marzo de 2010 aseguró que ningún miembro de esta Institución había resultado herido a causa de la balacera, que en palabras del entonces Rector Rafael Rangel Sostmann, habían recibido la confirmación del titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, que los muertos habían sido sicarios. Sin embargo, 36 horas después del incidente los dos jóvenes serían identificados como alumnos del ITESM al ser reconocidos por sus padres. A ambos se les sustrajeron sus pertenencias e identificaciones escolares.

Tercero.- Ante estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León inició la averiguación previa AP/PGR/NL/ESC-III/628/D/2010, el cual fue posteriormenteenviado por incompetencia a la Procuraduría General de la Repúblicapara ser acumulado al expedienteAP/PGR/DGCAP/DF/027/2010. Paralelamente, la Procuraduría de Justicia Militar de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) inició la indagatoria 7ZM/28/2010.

A partir del asesinato de los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, comenzó una pesadilla para los padres de familia y familiares, que aún no termina:

1. El 19 de marzo de 2010 el Ejército Mexicano incauto las videograbaciones de seguridad del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, campus Monterrey, que grabaron los hechos.

2. El día 26 de marzo de 2010, la Subprocuraduría de Control Regional también se hizo del material videográfico de las cámaras de seguridad del Campus Monterrey.

3. El 1 de mayo de 2010, 42 días después de que ocurrieran los hechos, la PGR a través de su entonces vocero, Ricardo Nájera, afirmó que de acuerdo con dictámenes periciales de balística, en el cuerpo de Jorge Mercado se encontró un impacto de bala calibre .223, que corresponde al utilizado por el crimen organizado; mientras que, en el caso de Javier Arredondo, los fragmentos de ojivas no resultaron útiles para determinar el calibre. Esta información contrastaba con reportes gráficos de balística, que señalaban que Arredondo tenía siete impactos de bala, incluyendo aquella de calibre .223, mientras que Mercado presentaba seis impactos de disparos hechos desde diferentes distancias.

4. En septiembre de 2010, los padres de Jorge Mercado recibieron en su hogar a elementos de la Sedena. Desde este acercamiento, el Capitán Ricardo Alí Ramírez, elemento del Ejército Mexicano, fue designado como encargado de dar seguimiento personalizado a los padres sobre los avances que se presentasen en el caso. A partir de este mes, la Unidad de Vinculación Ciudadana, una coordinación entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ejército Mexicano, estableció una comunicación quincenal o mensual con los padres de Jorge.

5. La CNDH inició el 22 de Marzo del 2010 una investigación que concluiría en la recomendación 45/2010, fechada el 12 de agosto del mismo año. En ésta se reportó que los estudiantes no portaban armas, no viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada, lo cual contrasta con las declaraciones que la Sedena presentó en el informe oficial que rindió ante la propia CNDH. Además, Jorge Mercado presentó seis heridas de bala, dos de las cuales fueron realizadas a corta distancia; mientras que Javier Arredondo presentó siete. Ambos contaban con lesiones en el rostro no correspondientes a una caída, ya que no describían lesiones en regiones anatómicas salientes del cuerpo, lo que orientó la CNDH a concluir que fueron producidas por traumatismo directo, por un objeto romo de consistencia dura y de bordes lisos; infligidas estas lesiones cuando las víctimas aún estaban con vida (circunstancia que sería confirmada con posterioridad con los dictámenes emitidos por peritos de la PGR en 2014). El informe también denunció que la PGR, la PGJ y la Procuraduría de Justicia Militar presentaron obstáculos y poca colaboración para la investigación, razón por la que la CNDH declaró no contar con elementos suficientes para definir el autor de la privación a la vida de Jorge Mercado y Javier Arredondo.

6. No obstante, las evidencias recabadas por CNDH permiten afirmar el uso arbitrario de la fuerza pública por parte de la Unidad “Néctar Urbano 4”, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual omitió proteger la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento, teniendo como consecuencia de manera directa o indirecta la privación de la vida de ambos estudiantes. Asimismo, el informe de CNDH revela que las evidencias de balística que pudieron servir para determinar los hechos de la privación a la vida a ambos estudiantes fueron entregados por el Ministerio Público del Fuero Comúna personal militar de Sedena.

7. La recomendación 45/2010 atribuyó al caso violaciones a los Derechos Humanos a la legalidad y la seguridad jurídica; a la integridad y seguridad personal; al trato digno; a la información; al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública; tratos crueles e inhumanos; alteración de la escena de los hechos e imputaciones indebidas; así como ejercicio indebido de la función pública en perjuicio de ambos estudiantes, sus familiares, la comunidad del ITESM y la sociedad mexicana.

8. Es importante destacar que, según la información emitida por CNDH, la Procuraduría General de Justicia Militar le refirió al organismo que ejercitó acción penal en contra del teniente perteneciente a la Unidad “Néctar Urbano 4” y adscrito a la 7/a Zona Militar en Nuevo León, a quien en el documento de CNDH se le nombra como AR2 para mantener su anonimato, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia, en su modalidad de alterar la escena del crimen. Por este motivo, la Procuraduría General de Justicia Militar libró orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada el 25 de junio de 2010.

9. El 8 de mayo de 2012, la CNDH se comunicó con los padres de Jorge Mercado para notificarles que habían sido recuperados los artículos personales de su hijo, haciendo referencia a su ropa y una cadena de plata. El padre de Jorge señaló que no estaba interesado en que les entregaran dichas pertenencias después de dos años del asesinato, puntualizando además que la cadena que utilizaba su hijo era de oro y no de plata.

10. En junio de 2012, los padres de Jorge Mercado recibieron un citatorio para acudir a la delegación de PGR en Saltillo, Coahuila. Durante el encuentro se les hizo llegar un oficio extraoficial en el que se les declaraba a ellos como víctimas de los hechos ocurridos la madrugada del 19 de marzo, sin mencionarse nada sobre la modificación del estado de Jorge Mercado dentro del expediente, por lo que no hubo avances ni encuentros posteriores que dieran fe de que había sido realizada una reivindicación oficial.

11. El 2 de Octubre del 2012 se presentó una solicitud formal ante CNDH firmada por más de 300 ciudadanos en la que se requerían los resultados de la averiguación previa, así como el status del proceso al teniente de la Unidad “Néctar Urbano 4” que participó de los hechos que llevaron a la privación de la vida de Jorge Mercado y Javier Arredondo. A raíz de este contacto con el organismo, se aclaró que, hasta el 11 de Octubre de aquel año, no se había dictado sentencia y que la PGR continúa siendo la institución encargada del seguimiento del caso.

12. De acuerdo a las declaraciones de la familia Arredondo Verdugo, el Ejército presentó una disculpa por el error cometido y ofreció servicios psicológicos para los familiares. Asimismo, los familiares declararon que no ha existido corrección en los archivos de la PGR, los cuales asumen a Javier como sicario. La familia Mercado no recibió disculpas por lo sucedido de parte de ninguna instancia.

13. En febrero de 2013, el Capitán Alí Ramírez notificó a los padres de Jorge Mercado que se llevaría a cabo el juicio contra el teniente que participó en los hechos del 19 de Marzo bajo los cargos de alteración de la escena del crimen. En abril de 2013, el Capitán Ramírez volvió a comunicarse con los familiares para informar que el teniente procesado fue declarado inocente por los cargos previamente citados, agregando que aún no había sido liberado debido a que lleva a cabo otro proceso judicial. En esa misma llamada telefónica, el Capitán Ramírez informó que había sido ascendido de puesto, por lo que el responsable de la comunicación entre el Ejército y la familia sería el Capitán Flores. Los padres de Jorge declaran que este elemento únicamente se comunicó únicamente dos o tres veces en ese mismo año para ofrecerles servicios médicos militares.

14. El 12 de Febrero del 2014, la PGR informó en comunicación directa con un miembro de la Asamblea Estudiantil Tec que en el expediente de dicha institución se les señala, actualmente, como víctimas de los hechos. No obstante, no existe evidencia de que esta corrección se haya replicado en el expediente de la Procuraduría de Justicia Militar.

15. En marzo de 2014, el caso fue asumido por Amnistía Internacional y la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), organizaciones que ayudaron a que la PGR continuara con la investigación e hiciera las diligencias necesarias para avanzar el expediente. Actualmente, lo único que falta es que se consigne el expediente a un juez para que este pueda dictar sentencia y se liberen las órdenes de aprensión correspondientes. Hace algunos meses el director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, acudió a una cita con la procuradora Arely Gómez, quien reconoció que lo único que faltaba para que el caso fuera consignado era su autorización, misma que se comprometió a otorgarla de manera inmediata, lo cual no ha sucedido.

16. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, los padres de Jorge Antonio Mercado han decidido tomar el caso en sus propias manos prescindiendo de los servicios de los abogados que puso a su disposición CADHAC. Con el apoyo de la licenciada Silvia Paredes Olguín, asesora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de Amnistía Internacional y jóvenes estudiantes y egresados del ITESM, los padres pusieron un ultimátum a la PGR para que consigne el caso, mismo que venció el día 26 de noviembre de 2015. Al no cumplirse su demanda, los padres de Jorge y familiares de Javier, acudieron a la oficina del subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo licenciado Gilberto Higuera Bernal, quien se comprometió a consignar el caso a principios del año 2016, después de que se llevaran a cabo unas últimas diligencias a cargo del fiscal Jorge Dosta Ramírez, e instruyó al Director General de Averiguaciones Previas Lic. Jorge Nader Kuri a dar celeridad al caso. Estas diligencias se llevaron a cabo en el mes de diciembre de 2015 y se concluyeron en enero de 2016, acorde a lo prometido por el subprocurador, pero hasta la fecha el caso sigue sin ser consignado.

17. A mediados de febrero de 2016, las familias de Jorge y Javier fueron notificadas de que el caso por fin sería consignado el día 22 de ese mes, pero dos días antes de esa fecha se les informó que la consignación había sido frenada por órdenes del subprocurador Higuera. Los familiares viajaron nuevamente a la Ciudad de México con la intención de hablar con el subprocurador, quien los recibió el día martes 23 de febrero. En ese encuentro, nuevamente se comprometió a consignar el caso antes del sexto aniversario luctuoso de Jorge y Javier, sin que hasta la fecha se tengan noticias al respecto.

Todo lo anterior ha impedido que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la impartición de justicia pronta y expedita tal y como marca el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos que señala:

“Artículo 17....

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

...”

En este mismo sentido, esta dilación por más de seis años para integrar la averiguación previa correspondiente violenta los derechos de las víctimas contenidos en el inciso C) del artículo 20 de la Carta Magna que a la letra señala:

“Artículo 20...

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.”

La tardanza para integrar y consignar el expediente evita que se reconozcan y garanticen los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano es Parte. Es decir, se revictimiza a los familiares de los jóvenes asesinados en abierta contraposición a lo señalado en la Ley General de Victimas que establece dentro de sus principios el de La Debida diligencia,considerada como una obligación en la que:

 “El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas”.

De igual manera se violenta lo señalado en los artículos 10 y 11 del mismo ordenamiento que a la letra expresan:

“Capítulo IIIDel Derecho de Acceso a la Justicia

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.

Capítulo IVDe los Derechos de las Víctimas en el Proceso Penal

Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales.

Por las razones arriba expuestas, proponemos ante esta soberanía, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República que consigne ante los tribunales competentes, de manera inmediata, la averiguación previa PGR/DGCAP/DF /027/2010 concerniente al caso de los jóvenes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados de manera extrajudicial por militares, en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)-Campus Monterrey el 19 de marzo de 2010.

Notas:

1 Ley General de Victimas, artículo 5 párrafo reformado DOF 03-05-2013.

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS ESCUELAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a difundir las sanciones aplicadas a las escuelas que incumplen los lineamientos generales para expender y distribuir alimentos y bebidas en los planteles, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, por los que la Cámara de Diputados convoca a la Secretaría de Educación Pública a hacer públicas las sanciones tomadas a las escuelas que incumplen los lineamientos generales para expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que Ley General de Educación dispone en el artículo 7o., fracciones I, IX y X, que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los relativos a contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas; fomentar la educación en materia de nutrición, desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud.

II. Que la Ley General de Salud establece en los artículos 112, fracción III, y 113 que la educación para la salud tiene por objeto orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, y que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

III. Que el 23 de agosto de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, cuyo objeto es promover que en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica se preparen y expendan alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta; encaminar los esfuerzos y las acciones para que en las entidades federativas se regule, de manera coordinada y unificada, la operación de los establecimientos de consumo escolar; impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables y una formación alimentaria que permita a niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica desarrollar aprendizajes hacia una vida más sana, y propiciar la reflexión y el análisis entre las autoridades educativas, y demás actores que participan en el quehacer educativo para reconocer a la salud como un componente básico en la formación integral de dicha población.

IV. Que los problemas de salud que actualmente enfrentan las alumnas y los alumnos de las escuelas del sistema educativo nacional, en parte se propician por la falta de consumo de alimentos y bebidas cuyos nutrimentos sean los adecuados para generar un desarrollo integral, el logro de mejores aprendizajes y la permanencia en las escuelas.

V. Que las escuelas del sistema educativo nacional deben promover una alimentación escolar correcta entre las alumnas y alumnos, que frene su rezago escolar y los beneficie en su salud, aprovechamiento y rendimiento escolar, y que logre condiciones de estabilidad en la matrícula, aumento en la asistencia y continuidad durante la jornada escolar y en el tramo educativo en el que se encuentren inscritos.

VI. Que la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de las escuelas del sistema educativo nacional, deben ser acordes a una alimentación correcta, con higiene y seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el aporte calórico adecuado a la edad y condición de vida de las alumnas y los alumnos.

VII. Que el 11 de septiembre de 2013, dentro de la “reforma educativa”, se adicionó el artículo 24 Bis de la Ley General de Educación, que dispone que la Secretaría de Educación Pública podrá establecer los lineamientos y prohibiciones para el expendio y distribución de alimentos en las instituciones educativas del país. El 16 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo emitido por los secretarios de Educación Pública (SEP) y de Salud (Ssa) por el que, entre otras cosas, prohibieron que en las escuelas se vendan alimentos con alto contenido de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio que no cumplieran los criterios nutrimentales de dicha disposición.

VIII. A casi un año de que (en el marco del Día de Niño), la Red por los Derechos de la Infancia (que agrupa 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad) y El Poder del Consumidor, lanzaron un portal donde los alumnos, maestros y padres de familia pueden denunciar a las escuelas que aún vendan comida chatarra, dentro de la estrategia “Mi escuela saludable”, las organizaciones indican que llevan a cabo este proyecto en respuesta a la falta de cumplimiento de las reglamentaciones impuestas por la SEP y Secretaría de Salud, para regular estos alimentos en las escuelas, puesto que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Obesidad 2014, 67 por ciento de padres de familia señala que en las escuelas se continúan vendiendo alimentos “poco o nada sanos”. En tanto que en México uno de cada tres niñas y niños, y 7 de cada 10 personas adultas tienen sobrepeso y obesidad, y bajo la perspectiva de derechos humanos es indispensable actuar.

IX. En 2010 se emitieron los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en escuelas sin embargo, estos no fueron implementados en gran parte de ellas debido a su desconocimiento y falta de compromiso por parte de las autoridades. Ahora, que son obligatorios a partir del ciclo escolar 2014-2015, faltan muchas cosas por hacer, entre ellas, que se establezca hacia quién se irían las sanciones o multas. De acuerdo con Fiorella Espinosa, investigadora en el área de salud alimentaria de El Poder del Consumidor, la figura del director es la más factible a señalar como responsable del cumplimiento.

X. Las organizaciones denunciaron que las autoridades correspondientes no han capacitado a las personas encargadas del cumplimiento, ni se han desarrollado programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad; tampoco han realizado campañas informativas para alumnos, personal docente y directivo, padres de familia que ignoran que de lunes a jueves las cooperativas sólo podrán ofrecer frutas, verduras y cereales integrales, y que existen criterios nutricionales establecidos para los productos que se pueden vender de manera exclusiva los viernes.

XI. El pasado 10 de marzo, la Alianza por la Salud Alimentaria dio a conocer los primeros resultados de la plataforma Mi Escuela Saludable: “Se han recibido más de 690 reportes de incumplimiento por presencia de comida chatarra y de refrescos, y ausencia de alimentos saludables en las escuelas. Entregamos a la Secretaría de Educación federal una lista de 366 escuelas con reporte de incumplimiento”.

XII. Los reportes provienen tanto de escuelas públicas como privadas, y desde preescolar hasta bachillerato. Los resultados obtenidos abarcan dos periodos: del 30 de abril al 5 de agosto 2015 para el ciclo escolar 2014-2015 y del 6 de agosto al 3 de marzo 2016 del ciclo escolar 2015-2016. De los 690 reportes recibidos, 90 por ciento indican la venta de comida chatarra todos los días de la semana y un 70 por ciento reporta que todavía hay venta de refrescos. Respecto a las frutas y verduras, únicamente 40 por ciento de los reportes indicó que se ofertan en forma continua y 87 por ciento puso en evidencia la falta del Comité de Establecimiento de Consumo Escolar, que de acuerdo con la normatividad se refiere al grupo de personas (especialmente madres y padres de familia) que se compromete y responsabiliza de la organización y el desarrollo de acciones en torno al expendio y distribución de alimentos y bebidas.

XIII. Actualmente, en el sitio web se leen los testimonios de alumnas y alumnos, madres y padres de familia, y otros miembros de la sociedad, mostrando su preocupación e interés para que la situación mejore en las escuelas, además de que son prueba de la permanencia de comida chatarra dentro de las escuelas.

XIV. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la #Redim Red por los Derechos de la Infancia en México –también integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria–, declaró: “Uno de los graves retos a los que nos enfrentamos como país es la epidemia de sobrepeso y obesidad, la cual deriva en enfermedades crónico degenerativas que cada vez son más frecuentes en la niñez y la adolescencia. El cumplimiento de la regulación propiciará un entorno saludable dentro de las escuelas, que permitirá garantizar el derecho a la salud y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes”.

Por todo lo expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados convoca a la Secretaría de Educación Pública a hacer públicas las sanciones tomadas a las escuelas que incumplen los lineamientos generales para expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas.

Segundo. Reforzar, por parte de las autoridades educativas y sanitarias federales y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, las acciones tendentes a la difusión del contenido de los lineamientos generales para expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, así como la capacitación de los principales actores en su ejecución, a fin de llevar a cabo su debida aplicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

APLICAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE TRATAMIENTO Y CONTROL SOBRE LA ENFERMEDAD DE DIABETES MELLITUS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y el gobernador de Oaxaca a ejecutar programas preventivos de tratamiento y control de la diabetes mellitus, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Edith Yolanda López Velasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca para que hagan efectivo el derecho fundamental a la salud, aplicando programas preventivos, de tratamiento y control sobre la enfermedad de diabetes mellitus, en todo el sistema nacional y estatal de salud de acuerdo con sus competencias, realizando acciones de difusión entre la población y en particular entre los pacientes diabéticos, previniendo que en los hospitales y clínicas cuenten con personal médico especializado, medicamentos y equipo necesario para brindar una atención oportuna y de calidad a estos enfermos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es un derecho humano garantizado a toda persona en nuestro país mexicano, en el artículo 4 de la Constitución Política, que señala:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

La salud no es únicamente ausencia de enfermedad, sino un adecuado equilibrio entre las condiciones físicas, mentales, culturales y sociales de los seres humanos.

Por salud debemos entender un estado de completo bienestar físico y mental del individuo.

Este 7 de abril celebramos el Día Mundial de la Salud, que se instituye para sensibilizar a la población sobre temas relacionados con la salud y generar acciones que favorezcan un mayor y mejor acceso a la salud en todo el mundo, creando las Naciones Unidas en 1945, la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada año, para celebrar el Día Mundial de la Salud, la OMS selecciona un nuevo tema. Para 2016 será la diabetes, estableciendo como objetivos principales de campaña:

1. Acrecentar la concienciación respecto del aumento de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y consecuencias, en particular en los países de ingresos bajos y medianos;

2. Impulsar un conjunto de actividades específicas, eficaces y asequibles para hacer frente a la diabetes, con medidas para prevenirla y para diagnosticar, tratar y atender a quienes la padecen; y

3. Presentar el primer informe mundial sobre la diabetes, que describirá la carga y las consecuencias de la diabetes y abogará por sistemas de salud más sólidos que aseguren una mejor vigilancia, una prevención reforzada y una atención más eficaz de la diabetes.

Con tristeza observamos el incremento de los casos de diabetes en personas jóvenes, por citar en Oaxaca, hay más de 150 mil oaxaqueños que tienen este padecimiento, ocupa el segundo lugar de mortalidad y quienes pierden la vida por esta enfermedad son jóvenes entre los 20 y 35 años de edad, por no llevar un control adecuado, a sus alteraciones de los niveles de glucosa en sangre y que es responsable del mayor número de muertes, ya sea por complicaciones del corazón o del cerebro, o por insuficiencia renal.

Por ello resulta indispensable la observancia de las normas oficiales mexicanas (NOM) relativas a la prestación del servicio de salud, en su calidad de instrumentos legales que contienen criterios fundamentales, cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan las instituciones del país. Tal es el caso de la NOM-015-SSA2-2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, al ser un padecimiento complejo que lleva implícito una serie de situaciones que comprometen el control en los pacientes, lo cual favorece el desarrollo de complicaciones, con los consecuentes trastornos en la calidad de vida, muertes prematuras e incremento en los costos de atención y tasas de hospitalización.

México enfrenta problemas para la contención de esta enfermedad, el insuficiente abasto de medicamentos, equipo adecuado, deficiencias en el sistema de referencia y contra referencia de pacientes, limitaciones de los servicios de apoyo psicológico, nutricional, nula promoción de actividad física, auto monitoreo y escasa supervisión de los servicios para alcanzar la adherencia terapéutica.

Por ello se exhorta a la Secretaría de Salud, como dependencia del Poder Ejecutivo federal, para que cumpla su objetivo central: la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población. Asimismo, para que la Secretaría de Salud estatal observe el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca, mejorando las condiciones de salud de la población oaxaqueña, disminuyendo la morbilidad y mortalidad a través de la sistematización de la información, acciones oportunas de los programas preventivos de salud y la revisión médico-curativa de calidad en las unidades aplicativas, con la finalidad de obtener un incremento en la esperanza de vida al nacer en Oaxaca.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y al titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca para que hagan efectivo el derecho fundamental a la salud, aplicando programas preventivos, de tratamiento y control sobre la enfermedad de diabetes mellitus, en todo el sistema nacional y estatal de salud de acuerdo con sus competencias, realizando acciones de difusión entre la población y en particular entre los pacientes diabéticos, previniendo que en los hospitales y clínicas cuenten con personal médico especializado, medicamentos y equipo necesario para brindar una atención oportuna y de calidad a estos enfermos.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Diputada Edith Yolanda López Velasco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

INVESTIGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS COMO “PANAMA PAPERS”

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al SAT a investigar para que en la pesquisa sobre los Panama Papers se incluyan la procedencia y posible vinculación con actividades ilícitas de los recursos de ciudadanos o compañías mexicanos involucrados, suscrita por el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Daniel Adrián Sosa Carpio, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El domingo 3 de abril se ha dado a conocer al mundo el Panama Papers, una investigación por parte del Consorcio Internacional de Investigaciones Periodísticas (ICIJ; por sus sigla en inglés), que consta de documentos que ponen en evidencia a la empresa Mossak Fonseca por contribuir a la evasión fiscal de jefes de estado, empresarios, compañías, deportistas y narcotraficantes, entre otros. Mediante la creación de empresas fantasma dentro de países que son mejor conocidos como “Paraísos Fiscales”, se han lavado miles de millones de dólares. Con estas acciones, los contratistas han desfalcado al fisco, pero también han desarrollado negocios que entre otras cosas han traficado con personas, drogas y armas, bajo un aparente marco de legalidad.

Cada año, la delincuencia organizada transnacional genera aproximadamente 870 mil millones de dólares, representando una amenaza para la paz y la seguridad humana, violando los derechos humanos y minando el desarrollo económico, social, cultural y político de las sociedades alrededor del mundo.

Las grandes cantidades de dinero que hay en juego pueden comprometer la economía legítima de los países y repercutir directamente en la gobernanza como resultado de la corrupción y la compra de votos. Problemas sanitarios relacionados con las drogas y casos de violencia, muertes provocadas por armas de fuego todo eso forma parte del fenómeno. Millones de víctimas se ven afectadas cada año por las actividades de los grupos delictivos organizados.

Muchos crímenes de guerra han sido documentados, sin embargo rara vez se llega a poner en evidencia el papel que juegan las finanzas extraterritoriales en proporcionar recursos para que estos actos se lleven a cabo. En la actualidad existen compañías que operan con el fin de facilitar la obtención de recursos tanto monetarios como materiales para organizaciones criminales, mismas que pagan sobornos, evaden impuestos, trafican armas, drogas y personas. Estas actividades generan una incalculable riqueza para los involucrados, pero detrás de los que muchas personas podrían calificar como simple enriquecimiento ilícito, existen millones de víctimas.

Gobiernos enteros se han visto afectados por maniobras financiera extraterritoriales que han permitido a compañías extranjeras evadir el pago de impuestos y otros derechos por la explotación de recursos naturales. Países como México donde existen altos niveles de pobreza y de corrupción pierden billones en recursos que podrían ser utilizados para mejorar el bienestar de su población.

En 2016, se estima que los cárteles mexicanos de la droga reciben ganancias anuales de entre mil y dos mil millones de dólares, lo que representa entre 15 y 26 por ciento de los ingresos totales de dichas organizaciones criminales.

De acuerdo con investigadores, en lo que refiere al lavado de dinero, las ganancias del crimen organizado por blanqueado de dinero oscilan entre los 10 mil y los 25 mil millones de dólares para los cárteles mexicanos, que obtienen ingresos brutos superiores a los 250 mil millones de dólares. Los especialistas afirman que los “blanqueadores de dinero” han hecho gala de creatividad al apoyarse en transferencias electrónicas, giros en efectivo, o depósitos en tarjetas de prepago en tiendas de conveniencia.

En México, las organizaciones criminales continúan operando gracias a sus grandes ganancias y la facilidad con la que pueden administrarlas y multiplicarlas. Son responsables por el sufrimiento y tragedia de millones de personas, dejan un saldo de miles de homicidios anuales y millones de personas con secuelas tanto físicas como psicológicas.

Por lo antes expuesto se propone ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Servicio de Administración Tributaria para que a la investigación que anunció estar realizando a los documentos referidos como Panama Papers, se incluyan la procedencia y posible vinculación con actividades ilícitas de los recursos de ciudadanos y/o compañías mexicanas que se encuentren involucradas y, en su caso, presente las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República, a fin de que las investigaciones no se limiten a sólo identificar y sancionar los delitos fiscales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica).»

Se remite a la Comisión Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INVESTIGUEN SI EXISTE LA COMISIÓN DE DELITOS DERIVADOS DEL SEÑALAMIENTO QUE SE HIZO AL EMPRESARIO OMAR YUNES MÁRQUEZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la Fiscalía General de Veracruz y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP a investigar si hay comisión de delitos derivados del señalamiento hecho al empresario Omar Yunes Márquez, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM

Los suscritos, diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México del estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El próximo 5 de junio se llevarán cabo las elecciones en varios estados de la República mexicana, en especial queremos hablar sobre el caso de Veracruz, donde se renovará el gobierno del estado y el Congreso local.

Una práctica recurrente es la denostación del Poder Ejecutivo estatal y de los funcionarios de gobierno, recientemente hemos visto como los actores políticos de otros partidos han manifestado la preocupación por investigaciones en causas penales.

Cabe señalar que, tanto a nivel federal como a nivel local, existe una división de poderes, que sirve a los ciudadanos; ellos son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y dentro de ellos existen muchos órganos autónomos, tal es el caso de la Fiscalía General del estado de Veracruz.

Es importante el equilibrio en las contiendas electorales del país, donde existe presión injustificada, sirve sólo al encono y no a los ciudadanos. Se debe respetar la institucionalidad y la división de poderes.

Lo que sí preocupa es que esos poderes hagan bien su trabajo, sobretodo en una entidad con fenómenos sociales importantes, donde la Procuraduría General de la República, Fiscalía General del estado y el Tribunal Superior de Justicia del estado, deben garantizar procesos claros, ágiles y firmes.

En el caso particular nos referimos a la que debe ser una nueva carpeta de investigación, en torno al caso del empresario Omar Yunes Márquez, el cual fue señalado de crear fideicomiso en Nueva Zelanda para poder ingresar dinero, el cual no se conoce si es de lícita o dudosa procedencia y con ello tener sus recursos amparados en los paraísos fiscales que proporciona el despacho Mossack Fonseca.

No es creíble, ni tiene fundamento, la defensa que hace en medios de comunicación, el padre Miguel Ángel Yunes Linares, quien es candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, porque siempre se han mantenido en el ejercicio del poder público y es conocido por los veracruzanos que disponen de muchos recursos económicos, de los cuales el origen no ha sido claro.

El señalado Omar Yunes Márquez, debe ser investigado y en su caso, al analizar la autoridad los hechos, objeto de la investigación, convertirse en imputado en la causa penal, ya que puede existir la comisión de delitos federales y del fueron común.

Es por lo expuesto, que elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Veracruz, y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que investiguen si existe la comisión de delitos del fuero federal y del fuero común, derivado del señalamiento que se hizo al empresario Omar Yunes Márquez; así como a sus hermanos de nombres Fernando y Miguel Ángel de mismos apellidos y su padre el diputado federal con licencia y candidato del PAN-PRD Miguel Ángel Yunes Linares.

Segundo. Se solicita a Instituto Nacional Electoral, de instrucciones para fiscalizar el origen y destino de los recursos con los que dispone el candidato PAN-PRD a la gubernatura del estado de Veracruz y diputado federal con licencia Miguel Ángel Yunes Linares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputados: Sofía del Sagrario de León Maza, Heidi Salazar Espinosa, Édgar Spinozo Carrera, Miguel Ángel Sedas Castro, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Adolfo Mota Hernández, Marco Antonio Aguilar Yunes, Antonio Tarek Ábdala, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Érik Alejandro Lagos Hernández, Cirilo Vázquez Parissi, José Luis Sáenz Soto, Oswaldo Cházaro Montalvo, Carlos Federico Quinto Guillén, Adriana Sarur Torre (rúbricas).»

Se remite a la Comisión Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

IMPLEMENTEN LAS OBSERVACIONES QUE REALIZÓ LA ASF EN EL INFORME GENERAL 2014, PARA LA ADECUADA INTEGRACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y la Sagarpa a atender las observaciones formuladas por la ASF en el informe general de 2014 para la adecuada integración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implementen las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación en el Informe General 2014, para la adecuada integración de los padrones de beneficiarios de los Programas Sociales a su cargo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Auditoria Superior de la Federación reportó que “en 12 programas federales de subsidios al campo se desviaron más de mil 500 millones de pesos a través de padrones con beneficiarios fallecidos, por doble entrega de apoyos a las mismas personas, justificaciones de gasto con facturas irregulares, subcontratación de empresas, recursos no comprobados y obras inconclusas”.

La Secretaría de Desarrollo Social a través de los programas sociales apoya a familias que viven en marginación y pobreza extrema, dando prioridad a hogares con integrantes menores de 22 años y mujeres en edad reproductiva.

En informes de la Cuenta Pública de la Auditoria Superior de la Federación, reportó que en el programa Procampo en Agricultura de Autoconsumo y Apoyo a Pequeños Productores, se detectó la entrega de un millón 41 mil pesos a 362 beneficiarios que fallecieron dos años antes a la fecha de solicitud de apoyo, en los estados Guerrero, Chihuahua, Durango, Chiapas y Tamaulipas.

Los programas sociales, van encaminados a una población objetivo, la cual deberá analizarse previamente para determinar los montos, periodicidad y tipo de apoyo que requiere; estos apoyos se determinan con base en la situación económica, zona geográfica, edad, género, entre otros.

Los mecanismos de integración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, deben estar estructurados en la medida de que puedan abarcar a la población que por sus características pueda acceder a estos beneficios.

La disciplina en la organización y elaboración de padrones de cada programa social, es indispensable para transparentar este ejercicio y evitar duplicidad de beneficiarios y malos manejos de los recursos. Sin embargo existen muchas deficiencias en el manejo de bases de datos que puedan ser útiles,  para cumplir con estos principios.

La realidad en el manejo y distribución de padrones de beneficiarios de programas sociales nos indican que hasta la fecha no cumplen con su principal objetivo, el cual es evitar el desvío y mal manejo de los recursos.

El Informe General de la Cuenta Pública 2014, indica que existen varios manejos inadecuados, falta de depuración, falta de transparencia en la recepción de recursos en varios programas, duplicidad de beneficiarios e inadecuado seguimiento o destino del recurso.

De acuerdo a la auditoría número 264 del “Programa de Fomento a la Agricultura-Componente Proagro Productivo”, encontraron que existe una grave falta de depuración en su padrón lo que ha permitido que se entreguen apoyos a personas que ya fallecieron, lo cual se logra ya que no cuentan con un método adecuado para tener la certeza de que los beneficiarios aún viven.

También se tienen auditorias que indican que existen personas registradas en varios padrones, lo cual les permite recibir varios apoyos al mismo tiempo, sobre todo en los programas del sector rural, lo cual deja fuera a un gran número de la población que no pueden integrarse al padrón por esta duplicidad.

La transparencia en el manejo de estos programas es indispensable para evitar que se genere una caja negra de opacidad y poder beneficiar a un mayor número de personas, por lo que el contar con padrones debidamente elaborados es una necesidad.

Considerandos

La Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la Auditoria 2014 y dentro de la información sobre beneficiarios de los Programas Sociales, vinculó 31 Auditorías a las que les hizo las siguientes recomendaciones para la integración de los padrones de beneficiarios de programas sociales:

• Posibilidad de comprobar que los datos corresponden exclusivamente a los integrantes del grupo objetivo;

• Actualización sistemática, oportuna y continua, para depurar su contenido;

• Compatibilidad con otros padrones o bases de datos que permitan hacer cruces, identificar duplicidades, o generar información que permita reorientar los programas sociales para optimizar sus resultados;

• Si se utilizan fuentes alternas o provenientes de organismos auxiliares para la integración del padrón, es indispensable poder verificar su exactitud y confiabilidad;

• El padrón debe permitir identificar, en cualquier momento, quién recibe el apoyo, qué le fue dado, a cuánto ascendió —en el caso de apoyos económicos—, y cómo, cuándo y dónde le fue entregado, y

• Medidas para la custodia de los padrones y el aseguramiento de la información y datos personales de beneficiarios para evitar su dispersión o uso con fines distintos a los del programa.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que implemente las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe General 2014, para la adecuada integración del padrón de beneficiarios de los programas sociales a su cargo.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implemente las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe General 2014, para la adecuada integración del padrón de beneficiarios de los programas sociales a su cargo.  

Notas:

1 http://www.animalpolitico.com/2015/02/en-los-programas-para-el-campo-hasta-los- muertos-reciben-dinero/

2 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/ guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf

3 http://www.animalpolitico.com/2015/02/en-los-programas-para-el-campo-hasta-los- muertos-reciben-dinero/

4 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/ InformeGeneral/ig2014.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Desarrollo Social, para dictamen.