Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputadas y diputados, por tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:44 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 7 de abril de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

De las diputadas María Eloísa Talavera Hernández, María Antonia Cárdenas Mariscal, Claudia Sofía Corichi García, Julio Saldaña Morán Y Alejandro González Murillo

Con los que solicitan el retiro de iniciativas.

De la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de movilidad.

Protesta de diputada

De la diputada Ana Laura Rodela Soto.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y se reforman el primer párrafo y la fracción II y se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo 29 de la Ley de Migración.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por las diputadas Eloisa Chavarrias Barajas y Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 162 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 1o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 23 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Juan de Dios Bátiz Paredes”, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII al Título VII y el artículo 196 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o., 13 y 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Daniel Ordoñez Hernández y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. y 3-Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 66 de Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados y expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 203, 209 y 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 84 a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 209 Bis y 400 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona la fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, por el que se declara el 19 de abril, como el Día Nacional del Tequio, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 88 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado J.Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 2o., 42 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley que establece el derecho de recibir un apoyo económico a las madres solas, jefas de familia, de escasos recursos y residentes en México, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 16, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada María Ávila Serna y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 6o. y 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 19 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 109 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carolina Monroy Del Mazo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 21 y 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis1 a la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas para que incorporen en su legislación civil y familiar los más altos estándares en materia de derechos humanos.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las instancias e instituciones que tengan como objeto lograr la igualdad entre hombres y mujeres del país, para que en sus instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que realicen los estudios necesarios a fin de rehabilitar y reacondicionar el puerto pesquero de Santa Rosalita, en el Municipio de Ensenada, Baja California.

De la Comisión de Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para recuperar los espacios deportivos propiedad de los habitantes de la Ciudad de México.

De la Comisión de Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que realice acciones necesarias, a fin de que el día domingo el horario de servicio del metro sea de las 6:00 a las 24:00 horas.

De la Comisión de Distrito Federal, con punto de acuerdo relativo a los accidentes en las ciclovías del Distrito Federal.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que considere dentro del programa nacional contra el cáncer, acciones e indicadores específicos para el diagnóstico oportuno de cáncer de estómago.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Coahuila, para que precisen la situación que guarda el proyecto del Hospital de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la enfermedad de la diabetes en México.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que promuevan campañas ante los fabricantes de goma de mascar para evitar que los consumidores desechen el producto en la vía pública.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Oaxaca, a fin de dotar de personal médico y equipo técnico a la Unidad Médica Rural de la comunidad de Cerro Concha, Municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo al incremento de embarazos de adolescentes en México.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de fortalecer las campañas de difusión sobre la presencia de la araña violinista y los efectos de su picadura.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que incluyan en el catálogo universal de servicios de salud, los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y alzhéimer, así también se amplíe en el catálogo de diagnóstico y tratamiento de enfermedades cancerosas.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades en materia de salud de los distintos niveles de gobierno, a difundir mecanismos de prevención sobre el cáncer infantil.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de Caminos y Puentes Federales, de Ingresos y Servicios Conexos se repare el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95, asimismo, se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suspenda el cobro de peaje de dicho tramo hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la carretera, que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad al usuario.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se exente del pago en la caseta de cobro en playas de Tijuana, Estado de Baja California, a los residentes de los fraccionamientos que se han visto afectados al no existir vías de comunicación alternas libres de peaje.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Banco Nacional de Obras y Servicios, para que analice los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey, derivados de su falta de mantenimiento.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las Secretarías de Transportes u Órganos Competentes de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, a efecto de que los concesionarios de transporte público de pasajeros otorguen una tarifa preferencial a los enfermos oncológicos.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se tomen medidas de prevención e instalación de centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado, en diferentes carreteras del país.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales, para que implementen las medidas necesarias que atiendan la problemática del maltrato y explotación infantil.

De la Comisión de Asuntos Indígenas con punto de acuerdo relativo a la creación de un grupo de trabajo para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal en materia de Derechos Colectivos Indígenas.

De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que concluyan la construcción del libramiento carretero poniente de la Ciudad de Aguascalientes.

De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de Petróleos Mexicanos, reanudar los trabajos y finalizar la obra del puente De la Unidad, en el Municipio de Ciudad del Carmen, Campeche.

De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Oaxaca a efecto de que se coordinen y ejerzan oportunamente los recursos asignados para la conservación de infraestructura carretera y se solucione el deterioro de la misma en el Estado de Oaxaca.

De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las Secretarías de Medio Ambiente de los Estados, cumplan con la NOM 156, en ciudades con más de 500 mil habitantes.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de implementar las acciones que eviten que la empresa Citrofrut siga contaminando y en su caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Bahía de Banderas del Estado de Nayarit, para que ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de su demarcación.

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que considere al cambio climático como una amenaza real a la seguridad nacional y se implementen acciones para reducir su impacto en la población de nuestro país.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, en contra de la República de Cuba.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que designe al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de implementar medidas que contribuyan al desarrollo del cultivo e industria del Café, a cargo del diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados de diversos Grupos Parlamentarios.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, a que resuelva la problemática del incumplimiento del convenio firmado entre el gobierno estatal y la compañía KIA Motors de México, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que ejerza su facultad de atracción y se investigue la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad, en Acapulco, estado de Guerrero, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

A propósito de la elección presidencial en los Estados Unidos de América, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a la cobertura universal de banda ancha e internet en las regiones geográficas habitadas del territorio nacional, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que atraiga la investigación de la fosa clandestina de la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional (Fonregión), así como el proceso de su ejecución y/o aplicación, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de sus instituciones y las autoridades que considere pertinentes, diseñen e implementen mecanismos que permitan intensificar y mejorar la prevención, atención y vigilancia de la diabetes y enfermedades relacionadas con la misma, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a fijar un arancel de 30% a productos importados de acero, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y al INE, a investigar las incidencias presentadas en las elecciones federales y estatales del año 2012, y crear una Comisión Especial de seguimiento, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que en coordinación con el Inadem, se brinde mayor difusión y publicidad de su plataforma Inadem Crowdfunding, y se amplíen los tipos de financiamiento, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía condena los hechos perpetrados contra civiles, el 22 de marzo en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y el 27 de marzo en la ciudad de Lahore, Pakistán, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que atienda la problemática que se presente en el AICM, referente a la asignación de franjas horarias, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de los Estados, para que legislen lo relativo a la desincorporación del patrimonio municipal, sin mayor requisito que el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento respectivo, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Entidades Federativas, a fin de armonizar su legislación penal y se tipifique como un delito el maltrato animal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFT, para que difunda los detalles técnicos de la no disponibilidad espectral en la región de Cholula Puebla, suscrito por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a implementar acciones para consolidar un régimen de protección ambiental para el Bosque Colomos, en el estado de Jalisco, suscrito por los diputados Macedonio Salomón Tamez Guajardo y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inadem a integrar al portal del Observatorio Nacional del Emprendedor, guías y cursos online orientados para las Mipymes, así como a los emprendedores del país, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE y a la Secretaría de Cultura, para que se proponga ante la Unesco la inscripción del Fuerte de San Diego, ubicado en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmueble de México, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a proteger la especie totoaba de la pesca ilegal que se da en aguas de jurisdicción federal, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para vigilar el complimiento del Programa Paisano, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a la Fepade y a la PGR, a fin de investigar presuntos ilícitos cometidos en materia electoral en el año 2012, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con Punto de acuerdo por el que se solicita al Director de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, difunda los resultados de la aplicación de los lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal, publicados el 17 de diciembre del 2014, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y al Inadem, a diseñar nuevas estructuras educativas con visión emprendedora y realizar campañas de información y foros sobre el Fondo Nacional del Emprendedor en el estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofece, a fin de sancionar y suspender a los establecimientos que de manera injustificada han aumentado el precio del kilogramo de la tortilla, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que consigne ante los tribunales competentes la averiguación previa concerniente al caso de los jóvenes asesinados en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Monterrey el 19 de marzo de 2010, suscrito por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que difunda las sanciones tomadas a las escuelas que incumplen los lineamientos generales para expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Gobernador del estado de Oaxaca, a fin de aplicar programas preventivos de tratamiento y control sobre la enfermedad de diabetes mellitus, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, a fin de investigar para que en la investigación de los documentos referidos como “Panama Papers”, se incluyan la procedencia y posible vinculación con actividades ilícitas de los recursos de ciudadanos y/o compañías mexicanas que se encuentren involucradas, suscrito por el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a la Fiscalía General del estado de Veracruz y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para que investiguen si existe la comisión de delitos derivados del señalamiento que se hizo al empresario Omar Yunes Márquez, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y a la Sagarpa, para que implementen las observaciones que realizó la ASF en el informe general 2014, para la adecuada integración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo del 7 de abril, Día Internacional de la Salud, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 97 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 97 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes, sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente, nada más quiero hacer un señalamiento de parte del Grupo Parlamentario de Morena, en relación a la actitud del INE sobre el caso de Zacatecas, de nuestro compañero David Monreal.

El INE nos quiere avasallar, el INE quiere imponer una sanción inconstitucional. Es un ataque directo contra AMLO. Confiamos que el tribunal va a enmendar la plana, y sobre todo, Morena decirle al pueblo de Zacatecas que estamos listos, que vamos con David Monreal.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se registran sus expresiones, diputada.

La diputada Araceli Guerrero Esquivel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Araceli Guerrero, por favor, allá atrás. Ahí está.

La diputada Araceli Guerrero Esquivel (desde la curul): Muchas gracias, presidente. En relación a este tema yo creo que esto no es un asunto de partidos, es un asunto de la aplicación de la ley.

La presentación de los informes financieros, como bien lo dice una declaración el día de hoy no es opcional sino es un deber. Yo me atrevo a hablar a nombre de todos los priistas y nosotros no tenemos un solo inconveniente en que él sea candidato. Además, inclusive digan dónde firmo para que así sea.

Tenemos la seguridad de que en Zacatecas el próximo gobernador será Alejandro Tello y no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas.

Y creo que en este caso el alumno supera al maestro, porque realmente nosotros no mandamos al diablo las instituciones sino que nos apegamos a ellas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, con todo respeto porque ya me están levantando varios la mano. No estamos en un punto que corresponde a los temas que se han abordado. Quedan registradas desde luego debidamente las intervenciones en el Diario de los Debates, pero no vamos a abrir un punto de debate. Si quieren, prográmese en la orden del día y entonces lo tomamos ordenadamente con respeto a nuestros propios reglamentos.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido allá con el diputado Abdalá Martínez, por favor.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Dartigues, presidente. Gracias. Qué bueno que aclara la diputada que este es un asunto de ley, y como asunto de ley tenemos que tomar en cuenta que el derecho constitucional consagrado es principalmente el de votar y ser votado. Ese es uno de los derechos que se estarían violentando con este tipo de determinaciones.

Es solamente para hacer la observación, ya que qué bueno que dice que no es un asunto de partidos cuando al final de su posición lo manifiesta de esta manera, que su partido será el ganador de la elección. Principalmente, este es un asunto de legalidad, es un asunto en que se estarían violando derechos fundamentales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto, todo mundo entiende que hay vías jurisdiccionales por las cuales se debe conducir el reclamo que se ha expresado aquí y las instituciones tendrán, por lo tanto, que resolver al final de cuentas si estamos obligados a acatar lo que ellas resuelvan. Muy bien.

El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Salomón Rosales, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Con la finalidad de exhortar el tema de Ciudad Mujer en Mújica. El día de ayer fueron presas de la represión del gobierno del estado a través del propio presidente municipal, donde fueron trasladadas las mujeres a la ciudad de Morelia.

Las tienen detenidas por una causa noble, están exigiendo Ciudad Mujer para Mújica. Lo que no se vale es que en ese momento, cuando llegó la represión, una mujer de 60 años llamada Ofelia Morales Martínez falleció porque le subió la presión en el momento en que llegaron a detenerlas y en este momento la están sepultando.

No se vale que el gobierno actúe de esta manera. La mejor arma es el diálogo y creo que no lo han intentado. Por eso al día de hoy todavía sigue la presión en el municipio, se han adherido varios municipios a este tema. Y el tema, que el gobierno del estado están diciendo que es la delincuencia que está entrometida. No es cierto. El tema, están peleando por Ciudad Mujer y el propio presidente municipal no defiende esta causa noble. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sus expresiones, diputado, han quedado registradas en el Diario de los Debates.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Solo para precisar que esta Cámara, nosotros como diputados, etiquetamos más de 380 millones de pesos para Michoacán, para que en las escuelas se construyeran aulas, techos, pisos, se mejorara el drenaje, tomas de agua, etcétera. Todo esto en el Fondo de Aportaciones Múltiples, en el rubro de Infraestructura física educativa.

En este sentido, exhortamos de manera muy respetuosa al gobierno del estado de Michoacán, para que a través de la Secretaría de Educación del estado instruya al Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de Michoacán, para que contrate constructoras municipales y regionales de donde se va a hacer la obra, y que éstas a su vez contraten a los albañiles municipales y que también todos los insumos los compren en los negocios de los municipios o regiones donde se va a hacer la obra, con el único objetivo que los dineros que etiquetamos los diputados federales para el estado de Michoacán, se puedan manejar de manera óptima y se reactive la economía municipal y regional, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Han quedado registradas igualmente sus expresiones, diputado. Y yo creo que todo mundo estamos obligados a cuidar que los recursos y las resoluciones que se toman para que se beneficien un conjunto de programas deben aplicarse conforme a la ley.

La diputada Jacqueline Nava Mouett(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Jacqueline Nava, por favor.

La diputada Jacqueline Nava Mouett (desde la curul): Con el objeto de condenar enérgicamente, el lamentable asesinato de Francisco García Moreno, tricampeón olímpico en México 68, Múnich 76, Montreal 72, en el deporte de wáter polo. Salió a correr por la mañana el pasado sábado 26 de marzo en las calles de la Colonia Abraham Zepeda Tlaltenango, en el municipio de Cuernavaca, Morelos. El deportista al resistirse a un asalto, fue agredido con arma de fuego recibiendo tres disparos que le quitaron la vida.

Un atleta que durante más de 26 años se dedicó principalmente a fomentar el amor por el deporte de la niñez en Cuernavaca. Hemos perdido de manera irreparable un ejemplo de vida exitosa y de constancia. Desde esta curul exhorto a las autoridades en el estado de Morelos para que refuercen sus acciones y que Cuernavaca y todo el estado recuperen la seguridad en sus calles. Que descanse en paz nuestro querido Panchote.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nava. Igualmente han quedado registradas sus expresiones en el Diario de los Debates. Continuamos.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la unión, celebrada el martes cinco de abril de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veintitrés diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y un minutos del martes cinco de abril de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y nueve, numeral tres, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el centro de estudios y fortalecimiento municipal, presentada el veinticuatro de noviembre de dos mil quince. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la diputada María Eloisa Talavera Hernández, del Partido de Acción Nacional, y del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional, por las que informan su reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquense.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite:

• Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete.

• Los escenarios, sobre las principales variables macroeconómicas para el año dos mil diecisiete: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo.

• Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit.

• La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

d) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite comunicación del Presidente de la República, mediante el cual presenta el Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo dos mil trece-dos mil dieciocho. Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

– Por el que se solicita al titular de Petróleos Mexicanos, rinda un informe por escrito en el que se detalle la siguiente información; a) Razón por la que la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Saltillo, no ha sido considerada en los proyectos de reubicación, y b) Impacto económico que representa la reubicación de la TAR de Saltillo y el tiempo requerido para llevar a cabo dicho proceso. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

– Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua respetar en forma íntegra los montos aprobados por ese cuerpo colegiado para los programas federalizados de agua potable y saneamiento que ejecutan en forma directa las entidades federativas y que están establecidos en el anexo treinta y uno del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los medios diplomáticos conducentes, solicite a las autoridades norteamericanas competentes, una investigación pronta y eficaz que permita sancionar a quienes resulten responsables de los hechos ocurridos en la ciudad de Chicago, en los que perdieron la vida integrantes de una familia mexicana, originaria del municipio de Tarimoro, Guanajuato, y brinde las facilidades necesarias a los familiares de las víctimas para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

– Por el que se solicita a la Secretaría de Salud intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos evitando más contagios, así como regular el abasto del medicamento en el sector salud, para combatirla. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer y dar mayor difusión a los programas de atención a migrantes, así como asegurar la protección de sus derechos humanos durante el libre retorno de los mexicanos en el extranjero, con énfasis en los periodos vacacionales de semana santa, verano e invierno. Se remite al promovente.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a formular e instrumentar de forma incluyente, un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable que obedezca al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible. Se remite al promovente.

– Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informar sobre las acciones que se han tomado respecto del estudio emitido por el Instituto de Investigaciones Nucleares sobre la radiación en los pozos de agua en la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato. Se remite al promovente.

– Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar sobre los avances de las estrategias desarrolladas con los gobiernos de Estados Unidos de América y los países que integran la región de Centroamérica para brindar protección a las niñas, niños y adolescentes no acompañados que atraviesan nuestro país. Se remite al promovente.

e) Del Gobierno del estado de Michoacán, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para difundir la estrategia para la atención de la emergencia obstétrica. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

f) Del Sistema Desarrollo Integral de la Familia del estado de Querétaro, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

g) De la Consejería Jurídica del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las entidades federativas actualicen su atlas de riesgos. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

h) Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que remite el Informe de Actividades y Resultados dos mil quince; el Informe de resultados de la evaluación al dos mil quince del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica dos mil diez-dos mil treinta y cuatro; y el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

i) De la Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos, con la que remite el Informe Anual de los costos y gastos de Exploración y Extracción, por campo de Extracción de Hidrocarburos y tipos de hidrocarburos obtenidos durante el ejercicio fiscal dos mil quince. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

j) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el Pronunciamiento sobre la Racionalización de la Pena de Prisión. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

k) De la Cámara de Senadores, con la que remite Fe de Erratas a los artículos séptimo Bis, cincuenta y ocho-dos, y sesenta y ocho; y Transitorios Segundo, Tercero y Quinto del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Justicia. Intégrese al expediente respectivo.

En su oportunidad y desde sus curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados Javier Antonio Neblina Vega, del Partido de Acción Nacional; Abel Murrieta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional; y Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido de Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibieron oficios de los diputados:

• Janette Ovando Reazola, del Partido de Acción Nacional, por el que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la Tercera Circunscripción, a partir del veintinueve de marzo del año en curso.

• Adriana Terrazas Porras, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el Cuarto Distrito Electoral en el estado de Chihuahua, a partir de esta fecha.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

l) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se adicionan un párrafo segundo y tercero al artículo cincuenta y cinco del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Por el que se adiciona la fracción vigésima novena al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Por el que se adiciona una fracción cuadragésima segunda al artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

m) Del titular del Poder Ejecutivo Federal, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos ciento veintiuno y ciento treinta y cinco de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

n) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes Aduanera, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y Federal de Derechos, presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo ciento cuarenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, presentada por los senadores Jesús Casillas Romero, y Carlos Romero Deschamps, ambos del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

o) Del Congreso de Jalisco, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Mexicano del Mariachi. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• David Mercado Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Eva Florinda Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Federal del Trabajo, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

• Sofía González Torres, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, y reforma el artículo dos-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, que reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo trescientos veinticuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Bernardo Quezada Salas, de Nueva Alianza, que reforma los artículos ochenta y siete; y noventa y cinco de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

A las doce horas con cuarenta y cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta diputadas y diputados.

• Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo trescientos veintiuno Ter a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos trescientos veintiuno, trescientos veintidós, trescientos veinticuatro, de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Presidencia de la diputadaDaniela De Los Santos Torres

• Juan Manuel Celis Aguirre, y suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México, y Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma los artículos veintidós, y cuarenta y uno de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

– Que reforma el artículo sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, que reforma el artículo sesenta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Héctor Javier García Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos setenta y tres, setenta y cuatro, y setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución. Para presentarlas se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Juan Antonio Meléndez Ortega, y suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que considere el establecimiento de un programa de apoyo a los mineros afectados por el cierre de la mina en la comunidad de Naica, correspondiente al municipio de Saucillo, estado de Chihuahua. En votación económica se considera de urgente resolución y de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

• Arturo Álvarez Angli, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a la Comisión Nacional del Agua, para que vigile el cumplimiento de la normatividad y apliquen las sanciones correspondientes a quienes contaminen el Río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala. En votación económica se considera de urgente resolución y de la misma manera se aprueba. Comuníquese. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación al punto de acuerdo los diputados Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena; Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano; y Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática.

• Sergio René Cancino Barffuson, y suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, ambos de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las autoridades correspondientes, se atienda la situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz. En votación económica no se considera de urgente resolución, por lo que se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por el que se reforma la fracción octava del artículo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Domínguez Rex, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano; Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena; José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México; Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Partido de la Revolución Democrática; Leticia Amparo Gámez, del Partido de Acción Nacional; y Gabriel Casillas Zanatta, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y un votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción octava del artículo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia, solicita a la Presidencia dar el trámite correspondiente a la proposición con punto de acuerdo a su cargo, inscrita en el Orden del Día, por el cual se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a exentar del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México, el autotransporte de carga e impulsar en el Plan de Contingencias Ambientales Atmosféricas medidas de prevención de largo plazo que no afecten el sistema de abasto, realizado por dicho medio en el país. El Presidente obsequia la solicitud y la turna a la Comisión de Transporte, para dictamen. Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el punto de acuerdo los diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán, y Cecilia Guadalupe Soto González, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Turismo, por el que se reforma el artículo dieciocho de la Ley General de Turismo. Se concede el uso de la palabra a la diputada Gretel Culin Jaime, para fundamentar el dictamen y presentar propuestas de modificación en nombre de la Comisión, que en votación económica se aceptan y forman parte del proyecto de decreto. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza; Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano; María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Partido de Acción Nacional; y José Luis Toledo Medina, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecinueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo dieciocho de la Ley General de Turismo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y los diputados:

• Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Arturo Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cincuenta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Cándido Ochoa Rojas y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cincuenta y seis de la Ley de Instituciones de Crédito, cuarenta y cinco de la Ley de Uniones de Crédito, y doscientos uno de la Ley del Mercado de Valores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, y Omar Noé Bernardino Vargas, de los Partidos Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México, respectivamente, que reforma el artículo treinta y uno Bis uno de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México, que reforma los artículos diez, y cincuenta y uno Bis uno de la Ley General de Salud, y once de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Héctor Javier García Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en coordinación con los organismos públicos locales, vigile la aplicación de la ley en todas las etapas del proceso electoral, particularmente en cumplimiento de los requisitos que acrediten la calidad de independiente, representados en los datos o cédulas que respaldan estas candidaturas verificando su autenticidad por medios idóneos, tanto en las elecciones de gobernador señaladas para este año, como para la integración del constituyente de la Ciudad de México. En votación económica se aprueba. Comuníquese. En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el acuerdo los diputados Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; y Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente. El Presidente hace aclaraciones.

La Secretaría da cuenta con oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones con puntos de acuerdo registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobernador del estado de Querétaro, a fin de crear el Instituto del Migrante en esa entidad. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Ricardo Del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que las empresas prestadoras de servicios de telefonía celular, otorguen a sus usuarios un servicio eficiente y de calidad. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• María Elida Castelán Mondragón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de implementar un programa de pensión subsidiaria para las personas que padecen cáncer. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Leonardo Rafael Guirao Aguilar y por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta la creación de la comisión especial para la promoción e impulso del maíz. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que actúen conforme a derecho con respecto a las irregularidades detectadas en la red de carreteras y autopistas de cuota. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, y Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre, atender las observaciones y recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social y de la Auditoría Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades de transporte y vialidad para que, utilizando las herramientas tecnológicas, promuevan políticas eficientes para el emplacamiento de motocicletas en el momento de la compra de primera mano. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Rosalinda Muñoz Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el patrimonio cultural de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Marina, a fin actualizar y difundir en la página web, los Atlas de áreas sensibles a la presencia de hidrocarburos en las costas del Golfo de México, del Mar Caribe y del Pacifico. Se turna a la Comisión de Marina, para dictamen.

• Claudia Villanueva Huerta, y por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, para refuercen las medidas tendientes a procurar que las niñas, niños y adolescentes, no sean expuestos a ambientes con humo de tabaco. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Integrantes de Morena, por el que se por el que se solicita la creación de la comisión especial de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, e intersex (CLGBTI). Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, y Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que implementen mecanismos que corroboren la legalidad de las empresas contratadas y que dé seguimiento a los contratos asignados o licitados durante y hasta la conclusión de los servicios. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• José Bernardo Quezada Salas, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a definir un modelo educativo flexible y acorde a las necesidades de la educación, para el próximo ciclo escolar dos mil dieciséis-dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Tomás Roberto Montoya Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de incentivar el uso de vehículos automotores híbridos y eléctricos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a garantizar el acceso gratuito a internet en sitios públicos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de reconocer la labor de los defensores de Derechos Humanos y garantizar su seguridad. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública, y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que realicen el rescate económico, patrimonial y legal de las tiendas, farmacias y centros recreativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Gobernación, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de ampliar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la resolución del caso de la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes normalistas y el asesinato de siete personas, ocurridos en Iguala, Guerrero, o hasta que el propio grupo establezca la conclusión de sus labores. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen, y a la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, para su atención.

• Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a las autoridades educativas de las entidades federativas, para que incorporen en la modalidad de escuelas de tiempo completo a las escuelas indígenas de educación básica del país. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Edgardo Melhem Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, considerar un anexo en el Programa Inducción Productiva, a fin de incentivar la siembra de maíz amarillo. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los congresos de los estados, a fin de armonizar sus respectivos Códigos Civiles con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo relativo a la edad mínima para contraer matrimonio. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que difundan documentos de toxicología y estadística de los efectos nocivos de las plantas de las que impiden su comercialización. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a realizar una evaluación nacional sobre el uso de la imagen de pacientes con cáncer por parte de organizaciones no gubernamentales. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Yarith Tannos Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública, y a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de promover una estrategia conjunta para prevenir, tratar, controlar, detener y combatir el avance en la obesidad y sobrepeso infantil. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, para que difunda las causas del subejercicio de los recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo durante el ejercicio fiscal dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, relativo a las irregularidades detectadas en contra del presidente municipal de Ajalpan, estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que investigue la emisión de placas y engomados por parte de organizaciones a nivel nacional. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Próspero Manuel Ibarra Otero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de Comisión Nacional de Pesca, realice la difusión de los servicios que ofrecen las subdelegaciones y oficinas de pesca en las entidades federativas, y las dote de nuevas atribuciones y facultades para ofrecer atención pronta y expedita al sector pesquero y acuícola nacional. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de atender y resolver la problemática de los artesanos de las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Chichen Itzá. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento municipal de Yahualica, Hidalgo, para que atiendan y resuelvan el problema de desabasto de agua en la localidad de Tetla, perteneciente a ese municipio. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que tomen las medidas necesarias y sancionen a las personas que realicen la quema de gavilla en los estados de Sonora y Sinaloa, asimismo, para que ejecuten campañas de concientización acerca de los daños que provoca esta actividad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implementar una campaña de difusión en materia de prevención, control y atención de la Hepatitis C. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los congresos de los estados, a fin de armonizar sus respectivas sus leyes locales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, asimismo, se exhorta a los gobiernos de los estados a emitir los reglamentos que garanticen la operación adecuada de dicha ley. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que aplique un programa integral permanente de abasto de agua para aquellas zonas que carecen del abasto del vital líquido. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, se difunda la situación actual de la distribución de libros de texto gratuitos en sistema braille. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que en uso de sus facultades, para que presente denuncia penal por la manipulación del precio de venta de pollo. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas instancias, para que difundan los avances y resultados en torno a la recomendación cincuenta y uno/dos mil catorce, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa al caso Tlatlaya. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que difunda información sobre los linderos de las propiedades del Centro Ecológico de Akumal, e inicie un juicio de lesividad respecto a los certificados catastrales de medidas y colindancias que otorgaron distintas autoridades a favor de personas morales. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves siete de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con dos minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaria a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos con el capítulo de Comunicaciones Oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia informa que se recibió del ciudadano Sergio Leyva Ramírez, la iniciativa ciudadana de Ley para regular los Diversos Usos de la Cannabis, así como una caja cerrada y sellada que dice contener las firmas que la respaldan.

Con fundamento en el artículo 132, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se remitió al Instituto Nacional Electoral a efecto de que éste verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La asamblea ha quedado enterada.

Continúe la Secretaría.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Se informa que la ciudadana Katia Berenice Burguete Zúñiga, con fundamento en el artículo 16, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, rindió la protesta de ley como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal ante el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para la Inclusión Digital Universal, presentada por una servidora el 13 de enero del presente, sea retirada de las Comisiones de Comunicaciones, y de Gobernación para efecto de profundizar sobre su contenido y, en su caso, poder presentarla posteriormente.

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario Morena, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VII al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la suscrita ante el pleno el jueves 25 de febrero del presente año y turnada a la Comisión de los Derechos de la Niñez para el dictamen correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole mi respeto y consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente vengo a ejercer mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, presentada por la suscrita, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria, el 10 de noviembre de 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Palacio Legislativo, a 6 de abril de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo que me permito solicitarle con base al artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el retiro de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 12 de noviembre de 2016.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que sirva a dar a la presente, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2016.— Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo que me permito solicitarle, con base al artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el retiro de la iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, para incluir el tiempo libre, así como el disponible para el ocio educativo, y el trabajo doméstico, presentada el 10 de marzo del presente año.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que sirva dar a la presente, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2016.— Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jesús Zambra no Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Sirva esta misiva para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de los registros parlamentarios así como de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada y turnada el 3 de marzo de 2016, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2016.— Diputado Alejandro González Murillo, coordinador.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios. Continúa.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo.— Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal.

Distinguido diputado:

Con fundamento en los artículos 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, doy respuesta a su oficio DGPL-63-II-6-0462, mediante el cual comunicó al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el contenido del acuerdo de la Comisión de Protección Civil, sobre el particular adjunto el ocurso SSP/DGAJ/DLCC/1471/2016, signado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, por el que informa sobre lo exhortado; consecuentemente, pido a Usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con el comunicado.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo, reiterándole mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 15 de marzo de 2016.— Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica), consejero jurídico del Congreso del Estado.»

«Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres, consejero jurídico del Gobierno del Estado.— Presente.

En atención al oficio STPEE/G1/2016/123, de fecha 9 de febrero de 2016, signado por Luis Alejandro Cerda Figueroa, Secretario Técnico del Titular del Poder Ejecutivo, por medio del cual se remitió a esta Secretaría el oficio número D.G.P.L.63-II-6-0462, de 3 de febrero de la presente anualidad, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que hizo de conocimiento el punto de acuerdo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes”.

En este sentido, remito copia certificada de los similares SSP/DSR/DTE/CJ/380/2016, de 15 de febrero de 2016, signado por el licenciado Enrique Santos Pérez, coordinador Jurídico de Tránsito del estado y SSP/PE/DTE/CV/ 280/2016, de 13 de febrero de 2016, suscrito por el comandante Enrique Cruz García y su anexo, mediante los cuales, la Dirección de Tránsito del Estado rinde su informe correspondiente a las acciones que se realizan a efecto de garantizar la protección a la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Por otro lado, en relación a las acciones que se realizan, y en su caso, las que se podrían implementar, a efecto de perfeccionar el marco legal en materia de movilidad, así como para garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante oficios SSP/DGAJ/DLCC/808/2016, de 12 de febrero de 2016 y SSP/DGAJ/DLCC/1130/2016, de 24 de febrero de 2016, solicitó a la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado, remitiera dicha información, a efecto de estar en la posibilidad de dar debido cumplimiento al exhorto de referencia, no obstante, a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la misma.

Anexo copias simples de acuse:) de los oficios SSP/DGAJ/ DLCC/808/2016, de 12 de febrero de 2016 y SSP/DGAJ/ DLCC/1130/2016, de 24 de febrero de 2016, dirigidos al licenciado Carlos Alberto Moreno Alcántara: Secretario de Vialidad y Transporte, para los efectos correspondientes.

Derivado de lo anterior, respetuosamente solicito se tenga a esta Secretaría de Seguridad Pública, dando debido cumplimiento al exhorto de referencia; de conformidad con los artículos 27, fracción II, y 35, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 46, apartado A, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; 5, 1.0.2; 111, fracción XXII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le reitero mi disposición de trabajar juntos, en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña a la que estamos obligados a servir.

Respetuosamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 10 de marzo de 2016.— Licenciado Sergio Aspiroz García (rúbrica), director general de Asuntos Jurídicos.»

«Licenciado Sergio Aspiroz García, Director General de Asuntos Jurídicos de la S.S.P.O.— Presente.

En cumplimiento de su oficio SSP/DGAJ/DLCC/807/2016 (LGHP), fechado y recepcionado el doce de febrero del año en curso, relacionado con sus similares STPEE/G1/2016/123, suscrito por el Secretario Técnico del Titular del Poder Ejecutivo y D.G.P.L.63-II-6-0462, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; remito, adjunto, original del oficio SSP/PE/DTE/CV/280/2016 de fecha 13 de febrero del dos mil dieciséis, suscrito por el coordinador de Valles Centrales de la Dirección de Tránsito del Estado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 13 de febrero de 2016.— Licenciado Enrique Santos Pérez (rúbrica), coordinador jurídico de Tránsito del Estado.»

«Licenciado Enrique Santos Pérez, Coordinador Jurídico.— Presente.

En atención a su oficio número PE/DSR/DTE/CEA/00350/2016 de fecha 13 de febrero del 2016, deducido del oficio SSP/DGAJ/DLCC/807/2016 (LGHP, suscrito por el Director General de asuntos Jurídicos, por el que solicita que en un término no mayor de 48 horas informe a esa coordinación a su cargo, las acciones que se realizan a efecto de garantizar la protección a la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Sobre el particular le informo que con la finalidad de prevenir accidentes en la vía pública como peatón, pasajero o conductor, el titular de esta dirección, licenciado marcos fredy hernández lópez, instruyó a los coordinadores regionales y jefes operativos, fomentar una cultura de educación vial y de respeto en la sociedad, a través de la impartición de pláticas de educación vial, cursos de manejo defensivo y ley y reglamento de tránsito, parque vial infantil, así como el dispositivo viales carrusel y operativo alcoholímetro. Para con ello garantizar, la protección a la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Aunado a esto se difunde la cruzada denominada #PorUnOaxacaLibreDeAccidentes, en la que de una manera ilustrativas y con contenido preventivo se concientiza a los ciudadanos la manera correcta de conducirse en la vía pública.

Esta cruzada se difunde en Internet mediante las redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, así como en portales de noticias, informativos, medios impresos y de manera permanente en los talleres de educación vial y manejo defensivos dirigidos a la sociedad en general.

Se anexa mensajes preventivos impresos.

Lo que remito a usted, para los fines a que haya lugar.

Atentamente

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 13 de febrero de 2016.— Comandante Enrique Cruz García (rúbrica), coordinador de Valles Centrales.»

«El licenciado Sergio Aspiroz Garcia, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de seguridad Pública, con las facultades conferidas en los artículos 46, apartado A, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; 5, numeral 1.0.2, y 111, fracción XXXII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública,

Certifica

Que las presentes copias son fiel y exacta reproducción de su original, mismas que tuve a la vista y que constan de cuatro fojas útiles, solo por el anverso deducidas del oficio PE/DSR/DTE/CJ/380/2016, de quince de febrero de dos mil dieciséis, que obra en los archivos de ésta dirección general. Lo que hago constar para los efectos legales hay que haya lugar. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diez de marzo de dos mil dieciséis,

Conste.»

«Licenciado Carlos Alberto Moreno Alcántara, secretario de Vialidad y Transporte.— Presente.

En alcance al oficio SSP/DGAJ/DLCC/808/2016, de fecha 12 de febrero de 2016, por medio del cual se solicitó a la Secretaría a su digno cargo, que en el término de cinco días las hábiles informara a esta Dirección General, las acciones implementadas en dicha Institución, a efecto de dar respuesta al exhorto realizado al Gobierno del Estado, relativo a perfeccionar el marco legal en materia de movilidad, así como a realizar las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Toda vez que a la fecha, no se tiene respuesta alguna; respetuosamente solicito a la brevedad informe a esta Dirección General, las acciones que se realizan, y en su casa, las que podría implementar la institución a su digno cargo, para perfeccionar el marco legal en materia de movilidad, así como a realizar las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Lo anterior, a efecto de estar en la posibilidad de remitir a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, una respuesta integral al exhorto de referencia; de conformidad con los artículos 27, fracción II y 35, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 46, apartado A. fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; 5, 1.0.2; 111, fracción XXII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le reitero mi disposición de trabajar juntos, en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña a la que estamos obligados a servir.

Respetuosamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 22 de febrero de 2016.—Licenciado Sergio Aspiroz García (rúbrica), director general de Asuntos Jurídicos.»

«Licenciado Carlos Alberto Moreno Alcántara, secretario de Vialidad y Transporte.— Presente.

En atención al oficio STPEEG/G1/2016/123, de fecha 09 de febrero de 2016, suscrito por el licenciado Luis Alejandro Cerda Figueroa, secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo, mediante el cual remite diverso D.G.P.L. 63-II-6-0462, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por medio del cual hace de conocimiento el punto de acuerdo por el que se exhorta a realizar las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Respetuosamente solicito, que en el término de cinco días hábiles, informe a esta Dirección General, las acciones que se realizan, y en su caso, las que se podrían implementar en la institución a su digno cargo, a efecto de perfeccionar el marco legal en materia de movilidad, así como para garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Adjunto copia simple del oficio STPEE/G1/2016/123, suscrito por Luis Alberto Cerda Figueroa, secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y sus anexos.

Lo anterior, a efecto de remitir a la Consejería Jurídica, una respuesta integra al exhorto de referencia; de conformidad con los artículos 27, fracciones II y VII, 35 y 40, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Oaxaca; 45, de la Ley del sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; 5, numeral 1.0.2, 111, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le reitero mi disposición de trabajar juntos, en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña a la que estamos obligados a servir.

Respetuosamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 12 de febrero de 2016.— Licenciado Sergio Aspiroz García (rúbrica), director general de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

PROTESTA DE CIUDADANA DIPUTADA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Ana Laura Rodela Soto, diputada federal electa en el IV Distrito Electoral del estado de Chihuahua. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, diputado Julio Saldaña Morán, diputada María Ávila Serna, diputada Angélica Reyes Ávila y diputada Ana Guadalupe Perea Santos.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se pide a la comisión cumplir con el encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadana Ana Laura Rodela Soto. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

La ciudadana Ana Laura Rodela Soto: Sí, protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Felicidades, y bienvenida.

Continúe la Secretaría mientras recibe la diputada los abrazos correspondientes.

MINUTA

LEY DE MIGRACIÓN

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y se reforman el primer párrafo y la fracción II y se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo 29 de la Ley de Migración.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de abril de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de DecretoCS-LXIII-I-2P-55

Por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 11 y se reforman el primer párrafo y la fracción II y se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo 29 de la Ley de Migración

Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 11; y se reforman el primer párrafo y la fracción II y se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo 29 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

...

Durante el procedimiento por el cual el Instituto determina la condición migratoria de algún menor migrante, el Sistema Nacional DIF o el Sistema de la Entidad que corresponda, deberá brindar la protección que prevé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal, en coordinación con el Sistema Nacional, Estatal, Municipal y del Distrito Federal de Protección Integral:

I. ...

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de todas las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de esta Ley, así como lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

III. Coadyuvar con el instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes;

IV. Informar de manera inmediata al Sistema de Protección Integral de la entidad que corresponda, a fin de que informe al Sistema Nacional, de los menores que han recibido asistencia social habiendo sido canalizado por el Instituto, y

V. Las demás que señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Ciudad de México, a 5 de abril de 2016.— Senador Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Presidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

Bien. Pasamos ahora al capítulo de presentación de iniciativas de diputadas y de diputados.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Las reformas y adiciones de diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que hoy presentamos ante esta honorable asamblea, tienen por objeto ampliar los derechos y fortalecer la participación de los pequeños y medianos productores, de la agricultura campesina, indígena y familiar, en la esfera del diseño, aplicación y toma de decisiones de las políticas públicas, programas y acciones para el desarrollo sustentable en el campo mexicano.

La iniciativa plantea descentralizar el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios y el fortalecimiento de los consejos municipales de desarrollo rural sustentable, para que se conviertan, junto con los distritos de desarrollo, en la base territorial en donde inicie la planeación, gestión, información, seguimiento y aplicación de los incentivos del sector agropecuario, forestal y pesquero.

Proponemos en la iniciativa una distribución de los recursos públicos en donde también los ayuntamientos del país, mediante los convenios necesarios, estén en posibilidades de ejercer recursos federales y estatales en el marco de la ley y de los programas presupuestarios; asimismo, que en los programas de aplicación federalizada para el campo, al menos 70 por ciento se ejerzan en coejercicio con los gobiernos de las entidades federativas.

Argumentos

Convencidos de que no será posible resolver el problema del hambre y la pobreza en el sector rural, incrementar la producción y combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad, sin incorporar de manera efectiva a los pequeños y medianos productores y a la agricultura campesina, indígena y familiar, las adiciones y reformas que plantea la iniciativa hacen hincapié en darle centralidad y prioridad estratégica a este sector de la sociedad rural, así como a las regiones del país con menor desarrollo.

Tanto estudios comparativos sobre modelos agrícolas de prestigiados centros de investigación nacional y extranjeros, como las experiencias exitosas en diversos países del mundo y de América Latina, han demostrado la importancia fundamental de revalorar el papel de la pequeña producción agropecuaria, forestal y pesquera, para incrementar la producción, resolver el problema de los alimentos, sobre todo a nivel local, proteger la biodiversidad y reducir los efectos del cambio climático.

En México, esta pequeña agricultura compuesta por un sistema productivo, social y cultural que incluye a más de 3.5 millones de familias y productores organizados en ejidos, comunidades indígenas y de pequeños productores minifundistas, tienen en posesión más de 100 millones de hectáreas de vocación diversa, producen alrededor de 40 por ciento de la producción agropecuaria y, de acuerdo con los estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), genera 57 por ciento de los empleos en el campo y 80 por ciento de los bosques se encuentra justamente en ejidos y comunidades. No obstante ello, esta agricultura ha estado invisibilizada en las políticas e instrumentos de fomento del gobierno federal, en la idea de que es irrelevante cuando no un peso muerto de la economía nacional.

Nos parece a nosotros que ha llegado el momento de cambiar la visión y la estrategia para enfrentar los graves problemas que padecemos en el campo mexicano. Tres décadas de apostarle con recursos y políticas públicas a la gran producción orientada a las exportaciones, han demostrado de manera fehaciente que por esta vía los problemas no se superan sino que se seguirán agravando. La necesidad de cambiar el rumbo en la política para el sector agropecuario es urgente.

Fundamento legal

Por lo expuesto y fundado, los suscritos diputados Felipe Reyes Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz, y Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o., numeral 1, fracción I; y 77, numerales 1 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único: se reforman los artículos 5, fracciones I, III y V; artículo 7, párrafo primero; artículo 9, párrafo primero; artículo 13, fracciones V, VII y VIII; artículo 18, párrafos primero y segundo; artículo 21, párrafo cuarto; artículo 23, párrafo cuarto; artículo 27, párrafos segundo y tercero, y la fracción IX; artículo 52, fracción IV; artículo 134, párrafo segundo; artículo 188, párrafo tercero. Se adicionan:al artículo 3, las fracciones IV y V; al artículo 24, los párrafos segundo y tercero; artículo 27, la fracción IV; artículo 28, un segundo párrafo; artículo 31, fracciones II y III; artículo 32, un párrafo tercero y a la fracción I, un párrafo segundo; artículo 37, una fracción IV; artículo 62, un párrafo segundo; artículo 105, una fracción III; artículo 188, un párrafo cuarto, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a III.

IV. Agricultura Campesina. La pequeña agricultura, ganadería, forestería y otras actividades de ejidos, comunidades y pequeñas y pequeños productores minifundistas, que constituyen un sistema productivo biodiverso y complejo.

V. Agricultura Familiar. Actividades agropecuarias, de forestería, ecoturismo, pesca y de explotación acuícola en pequeña escala, donde la fuerza de trabajo es mayoritariamente familiar y que es parte de una forma de vida y cultura en el medio rural.

VI. a XXXV.

Artículo 5. En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquéllas que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente ley, mediante la atención preferente a la agricultura campesina, indígena y familiar, así como la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;

II. ...

III. Contribuir a la autosuficiencia alimentaria local, así como a lasoberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país;

IV. ...

V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional; especialmente de la agricultura campesina, indígena y familiar.

Artículo 7. Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como a través de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. En estas políticas tendrá prioridad la inversión y capitalización en las regiones del país con mayor rezago, las unidades productivas de los pequeños y medianos productores y aquellas de la economía campesina, indígena y familiar.

Artículo 9.Los programas y acciones para el desarrollo rural sustentable que ejecute el gobierno federal, así como los convenidos entre éste y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, especificarán y reconocerán la heterogeneidad socioeconómica y cultural de los sujetos de esta ley, por lo que su estrategia de orientación, impulso y atención deberá considerar tanto los aspectos de disponibilidad y calidad de los recursos naturales y productivos como los de carácter social, económico, cultural y ambiental. Dicha estrategia tomará en cuenta asimismo los distintos tipos de productores, en razón del tamaño de sus unidades de producción o bienes productivos, así como de la capacidad de producción para excedentes comercializables o para el autoconsumo. En todo caso para compensar las desigualdades y estimular el desarrollo de los sectores rezagados, se dará prioridad a los pequeños y medianos productores y a la economía campesina, indígena y familiar.

...

Artículo 13. De conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, se formulará la programación sectorial de corto, mediano y largo plazo con los siguientes lineamientos:

I. a IV.

V. A través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable y de los Distritos de Desarrollo Rural, se promoverá la formulación de programas a nivel municipal y regional o de cuencas, con la participación de las autoridades, los habitantes y los productores en ellos ubicados. Dichos programas deberán ser congruentes con los programas sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo;

VI. ...

VII. La planeación nacional en la materia deberá propiciar la programación del desarrollo rural sustentable de cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo; para tal efecto, en la elaboración de éste se considerarán los planes de desarrollo rural estatal y municipal de las entidades federativas.

VIII. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Planeación, la participación social en la programación sectorial se realizará a través de los consejos municipales, distritales y estatales de desarrollo rural sustentable y de las organizaciones nacionales integradas en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, a que se refiere el artículo 17 de la presente ley; y

IX. ...

Artículo 18. El Consejo Mexicano, los consejos estatales y los consejos municipales de desarrollo rural sustentable, y los demás organismos e instancias de representación de los diversos agentes y actores de la sociedad rural, serán los encargados de promover que en el ámbito de las entidades federativas, los municipios y regiones, se tenga la más amplia participación de las organizaciones, ejidos, comunidades, y demás agentes y sujetos del sector, como bases de una acción descentralizada en la planeación, seguimiento, actualización y evaluación de los programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable a cargo del gobierno federal.

Para cumplir con sus funciones el Consejo Mexicano, los consejos estatales y los consejos municipales de desarrollo rural, contarán con el apoyo institucional de los tres niveles de gobierno y podrán formar comisiones de trabajo en los temas sustantivos materia de la presente ley.

Artículo 21. ...

...

...

La Comisión Intersecretarial, tomando en cuenta las propuesta y opiniones de los consejos municipales, distritales y estatales de desarrollo rural sustentable, así como del Consejo Mexicano y de las organizaciones y demás agentes del sector, propondrá al Ejecutivo federal las políticas y criterios para la formulación de programas y acciones de las dependencias y entidades del sector público y evaluará, periódicamente, los programas relacionados con el desarrollo rural sustentable. En su caso, la Comisión Intersecretarial someterá a la aprobación del Ejecutivo federal nuevos programas de fomento agropecuario y de desarrollo rural sustentable para ser incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente.

Artículo 23....

...

...

Las dependencias y entidades de la administración pública federal darán curso a sus acciones con base en lo previsto igualmente en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial Concurrente con atención prioritaria a las zonas de mayor rezago económico y social, ajustándose a lo que ordena la presente ley y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos legales vigentes.

Artículo 24.Con apego a los principios de federalización, se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en los distritos de desarrollo rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la secretaría con los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos consejos, los cuales serán además, instancias para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento.

Del total de los recursos convenidos entre la federación y las entidades federativas, al menos 50 por ciento se ejercerán mediante los convenios respectivos, a través de los ayuntamientos municipales. La secretaría participará, a través de los distritos de desarrollo rural, en la formulación y firma de dichos convenios como instancia normativa.

Los convenios que celebren las dependencias y entidades del sector público federal con los gobiernos de las entidades federativas, y éstas con los ayuntamientos, deberán prever la constitución de mecanismos y, en su caso, figuras asociativas para la administración de los recursos presupuestales; así como disposiciones para la entrega directa de los apoyos económicos a los beneficiarios.

Los consejos estatales de varias entidades federativas que coincidan en una región común o cuenca hidrológica, podrán integrar consejos regionales interestatales en dichos territorios.

Artículo 27. El gobierno federal, celebrará con los gobiernos de las entidades federativas con la participación de los consejos estatales correspondientes, los convenios necesarios para definir las responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas sectoriales. En estos convenios se establecerá la responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas para promover la oportuna concurrencia en el ámbito estatal de otros programas sectoriales que, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sean responsabilidad de las diferentes dependencias y entidades federales.

Los convenios a que se refiere este capítulo establecerán los lineamientos conforme a los cuales las entidades federativas y los Ayuntamientos respectivamente realizarán las actividades y dictarán las disposiciones necesarias para cumplir los objetivos y metas del programa sectorial.

Dichos convenios establecerán, en el nivel respectivo, las bases para determinar las formas de participación de (ambos) los tres órdenes de gobierno, incluyendo en lo que corresponda, entre otras, las siguientes:

I. a III.

IV. El compromiso de ejercer mediante convenios con los ayuntamientos, cuando menos 50 por ciento del total de los recursos convenidos con la federación;

V. a XI.

XII. La participación de los gobiernos de las entidades federativas y los ayuntamientos en la administración y coordinación del personal municipal, estatal y federal que se asigne a los distritos de desarrollo rural, en el equipamiento de los mismos y en la promoción de la participación de las organizaciones sociales y de la población en lo individual en el funcionamiento de los consejos municipales y de los distritos, de tal manera que éstos órganos constituyan de manera coordinada la instancia inicial e inmediata de atención pública al sector.

Artículo 28. Los convenios que celebren las dependencias y entidades del sector público federal con los gobiernos de las entidades federativas, deberán prever la constitución de mecanismos y, en su caso, figuras asociativas para la administración de los recursos presupuestales que destine el gobierno federal a los programas de apoyo, en los que participen también los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; así como disposiciones para la entrega directa de los apoyos económicos a los beneficiarios, quienes serán los responsables de llevar a cabo la contratación o adquisición de los bienes y servicios que requieran para la realización de las inversiones objeto de los apoyos.

En los programas de ejercicio federalizado, al menos 70 por ciento de los recursos serán ejercidos por las entidades federativas mediante convenio.

Artículo 31. Los distritos de desarrollo rural coadyuvarán a la realización, entre otras, de las siguientes acciones:

I. Articular y dar coherencia regional a las políticas de desarrollo rural sustentable, tomando en consideración las acciones de dotación de infraestructura básica a cargo de las dependencias federales, estatales y municipales competentes;

II. Promover y coadyuvar en la constitución y funcionamiento de los consejos municipales de desarrollo rural sustentable de acuerdo con su demarcación territorial.

III. Participar como instancia normativa en la formulación y firma de los convenios que celebren entre los ayuntamientos y las entidades federativas.

IV. a XV.

Artículo 32. El Ejecutivo federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural.

Las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores; a generar condiciones favorables para ampliar los mercados agropecuarios; a aumentar el capital natural para la producción, y a la constitución y consolidación de empresas rurales.

En el diseño y ejecución de estas acciones se considerarán invariablemente políticas diferenciadas favorables a las regiones con mayor rezago y hacia las y los pequeños y medianos productores de alta y muy alta marginación.

Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante:

I. El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de tecnología a los productores, la inducción de prácticas sustentables y la producción de semillas mejoradas incluyendo las criollas;

La implementación de un programa de investigación participativa, de apropiación e intercambio de saberes, mejora y adaptación de tecnologías, validación y transferencia de acuerdo con la escala y vocación de las pequeñas unidades de producción, con los valores de la población local, con el sistema agro-diverso de la economía campesina, indígena y familiar y con las condiciones agroecológicas regionales; el cual tendrá prioridad en el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable y en las actividades en la materia de los organismos públicos competentes.

II. a XIV.

Artículo 37. El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las demandas de los sectores social y privado en la materia, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes:

I. a III.

IV. Fomentar la investigación participativa, el desarrollo tecnológico y de los conocimientos tradicionales en la economía campesina, indígena y familiar.

V. a XIX.

Artículo 52. Serán materia de asistencia técnica y capacitación:

I. a III.

IV. En el marco de esta ley y del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural tendrá prioridad la preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicionales vinculados al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la capacitación de campesino a campesino, y entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y las formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costumbres, tradición y tecnologías en el caso de las comunidades indígenas.

Artículo 62. Los apoyos para la capitalización fomentarán el desarrollo de procesos tendientes a elevar la productividad de los factores de la producción, la rentabilidad, la conservación y el manejo de los recursos naturales de las unidades productivas. Además, el gobierno federal otorgará estímulos complementarios para la adopción de tecnologías apropiadas, reconversión de procesos, consolidación de la organización económica e integración de las cadenas productivas.

En el programa señalado en el artículo 15 de esta ley, los apoyos del gobierno federal para personas físicas tendrán como límite máximo en el fomento de la agricultura hasta 20 hectáreas en tierras de riego o sus equivalentes; y 35 cabezas de ganado mayor o sus equivalentes en ganado menor en fomento de la ganadería, a lo que estarán las reglas de operación.

Artículo 105. ...

I.-II.

III. Promover el fortalecimiento de los mercados locales y regionales, fomentando el acopio, la transformación y la comercialización de los excedentes de la agricultura campesina, indígena y familiar.

IV. a XI. ...

Artículo 134. Con objeto de proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicio, el gobierno federal implantará el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, con componentes económicos, de estadística agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, servicios técnicos, industrial y de servicios del sector, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con base en lo dispuesto por la Ley de Información Estadística y Geográfica.

En el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable se integrará información internacional, nacional, estatal, municipal y de distrito de desarrollo rural relativa a los aspectos económicos relevantes de la actividad agropecuaria y el desarrollo rural; información de los volúmenes de producción de la agricultura de autoconsumo y de la agricultura comercial;información de mercados en términos de oferta y demanda, disponibilidad de productos y calidades, expectativas de producción, precios; mercados de insumos y condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas. Asimismo, incluirá la información procedente del Sistema Nacional de Información Agraria y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y otras fuentes.

Artículo 188.

...

...

Los diversos programas e instrumentos que se requieran para cumplir con los lineamientos definidos en el artículo 22 de esta ley, estarán previstos dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Tomando en cuenta de manera efectiva la opinión de los consejos municipales, estatales y del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, así como de las organizaciones y de los agentes de la sociedad rural, la normatividad para la operación de estos programas será propuesta por la Comisión Intersecretarial, por medio de la secretaría y demás dependencias que concurren en el fomento agropecuario y en el desarrollo rural sustentable.

Las reglas de operación deberán ser simples, precisas y de fácil acceso para los beneficiarios; los programas de apoyo focalizados a la agricultura campesina, indígena y familiar y, en general, a los pequeños productores y productoras, tendrán reglas homogéneas únicas, y para su gestión habrá ventanillas físicas en los consejos municipales, en las delegaciones estatales y en los distritos de desarrollo de la secretaría, sin menoscabo de que el trámite pueda realizarse opcionalmente vía internet.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Felipe Reyes Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Carolina Monroy Del Mazo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Carolina Monroy Del Mazo: Con su permiso, señor presidente de esta Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, gobernar, decía Adolfo López Mateos, es atender, es servir y es cumplir puntualmente con expectativas de la gente, con sus exigencias que son también las nuestras, porque no podemos olvidar que además de servidores públicos somos ciudadanos.

Hoy, que es tan necesaria la reivindicación de la política, debemos exigirnos más que nunca una actuación honrosa, eficaz y auténtica con plena conciencia de que el servicio público retribuye a quien lo merece con la aprobación del pueblo mandante, o si por el contrario se desoye un reclamo siempre justo, con la censura del mismo.

En tal virtud, es necesario establecer las bases constitucionales que hacen falta para subsanar las lagunas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, incluidos los de elección popular.

La iniciativa con proyecto de decreto que someto a consideración de esta soberanía a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone adicionar un párrafo tercero a la fracción III del artículo 109 de la Carta Magna, a fin de sentar las bases constitucionales que permitan dar paso a una legislación secundaria que establezca con toda claridad las particularidades que en materia de responsabilidades administrativas deben observarse, tratándose de los servidores públicos del Poder Legislativo.

La sociedad mexicana está cansada de ver imágenes de sus representantes populares insultándose o, como en este caso, ignorando la ponencia o mofándose de sus correligionarios o durmiendo en pleno camaral, o lo que es peor, en estado de ebriedad amedrentando en la calle a policías o haciendo ostentación del cargo o liados a golpes entre las curules.

A este recinto han ingresado personajes auspiciados por representantes populares a golpe de mazados y a lomo de caballo, que encabezan y azuzan a grupos encolerizados con el único propósito de dar la nota, sin importarles gran cosa la destrucción del patrimonio, que es de todos. Y, lo más grave, la falta de respeto a esta institución, y todo ello enarbolando la bandera de la libertad de expresión.

El artículo 61 de nuestra Constitución señala que los diputados y senadores somos inviolables por las opiniones que manifestamos en el desempeño de nuestro cargo y que jamás podremos ser reconvenidos por ellas. Pero, no confundamos, una cosa es el derecho a expresar nuestra opinión y otra muy distinta querer atropellarlo todo, enarbolando esa bandera.

En nombre de esa libertad de expresión se ha cometido un exceso tras otro en varios recintos parlamentarios del país. En nombre de la libertad de expresión se ha abusado del mandato que los electores nos dieron y, en ocasiones, se ha llegado a situaciones inauditas.

En nombre de esa libertad que la Constitución nos otorga para ejercer nuestro cargo se han vulnerado una y otra vez esos principios fundamentales a los que ella nos obliga: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

La libertad para manifestar la opinión propia no puede degenerar en libertinaje, al abusar de un derecho sagrado. El fuero no alcanza para proteger ningún tipo de tropelías ni es licencia amplia para comportarse con desdoro, deslealtad, ineficiencia y deshonestidad. Antes bien, aprovechemos plenamente las bondades que nos brinda el poder bien entendido, el de crear en el presente el más brillante futuro para todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa se inscribe en la impostergable necesidad que tenemos de ser dignos depositarios del mandato que hemos recibido y de ser todos los días merecedores de una cotidiana ratificación.

Es mi firme convicción que debemos poner un alto a cualquier exceso que pueda implicar afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia. Hace siglos Séneca lo anticipaba: Considérense felices los servidores públicos cuando puedan vivir a la vista de todos. Así pues, aquel servidor público que haya cumplido su trabajo, al dar la cara con orgullo y rendir cuentas con satisfacción recibirá de los ciudadanos no sólo aprecio, sino un invaluable respeto.

Hagamos que los mexicanos se enorgullezcan y no se avergüencen de quienes tenemos la obligación de servirles. Realicemos el mayor esfuerzo para conciliar y coincidir. Pongámonos una vez más de acuerdo en lo fundamental, para que en la vida pública volvamos a enaltecer los valores de la honestidad y el patriotismo por los que lucharon los padres que fundaron esta, nuestra gran casa, nuestra patria. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 109 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carolina Monroy del Mazo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Carolina Monroy del Mazo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, fracción I, del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 109 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Legislativo, con base en las siguiente

Exposición de Motivos

En los años recientes, la creación de normas, instituciones y mecanismos para dar mayor transparencia al ejercicio de la función pública, así como para prevenir y sancionar conductas inapropiadas de los servidores públicos, ha tomado una enorme fuerza en nuestro país, de suerte que las leyes, órganos y mecanismos para sancionar responsabilidades administrativas ha ido especializándose de tal manera, que al día de hoy prácticamente ningún servidor público escapa a la acción preventiva y sancionatoria prevista para este régimen de responsabilidades.

I. Régimen constitucional de responsabilidades de los servidores públicos

El artículo 108 de la Constitución establece que para los efectos de las responsabilidades previstas en el Título Cuarto de la misma, se considera como servidores públicos a “los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

En el caso de los servidores públicos de las entidades federativas, el propio artículo 108 constitucional establece las bases que deberán tomar en cuenta las constituciones locales para precisar el carácter de servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los órganos de gobierno de la entidad federativa, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como las responsabilidades en las que pueden incurrir –además de las previstas en el párrafo tercero de dicho numeral– por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Así, en términos llanos, esta disposición constitucional no establece distinción alguna entre servidores públicos que lo son merced a un mandato democrático (los de elección popular) y los que lo son merced a un contrato administrativo.

El régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el texto original de la Constitución de 1917, consistente en faltas oficiales y delitos comunes imputables a legisladores federales, magistrados de la Suprema Corte, secretarios de Estado y procurador general de la República –y que concedía acción popular para denunciarlos–, fue modificado por vez primera en 1982 para ampliar el tipo y alcance de las responsabilidades que les son imputables, quedando previstas en el artículo 109 constitucional con tres variantes: política, penal y administrativa. Cada una de estas responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos tiene sus particularidades en relación con las causas que la originan, sanciones, sujetos, procedimientos y autoridades, como sigue:

1. Fracción I. Responsabilidad política. Es aplicable exclusivamente a los servidores públicos señalados en el primer párrafo del artículo 110 constitucional y se incurre en ella por actos u omisiones que “redunden en perjuicio de “los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, estableciendo como sanciones la “destitución e inhabilitación del servidor público para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el sector público”, y quedando a cargo de las Cámaras del Congreso de la Unión la investigación y substanciación del procedimiento, así como la determinación de las sanciones.

2. Fracción II. Responsabilidad penal. Es aplicable a todos los servidores públicos y particulares; será determinada en los términos de la legislación penal aplicable, misma que define las conductas sancionables, los órganos investigadores y sancionadores, así como el procedimiento específico. Dos consideraciones aplican:

a.Tratándose de delitos imputables a los servidores públicos –enriquecimiento ilícito, cohecho, etcétera–, las sanciones deben graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios de carácter patrimonial causados por la conducta ilícita, además del decomiso y la privación de la propiedad de los bienes cuya legal procedencia no puedan acreditar.

b.Tratándose de los servidores públicos a que se refiere el artículo 111 constitucional, existe un impedimento temporal –el llamado fuero– que imposibilita a la autoridad competente a proceder de inmediato en su contra, lo que no implica merma alguna en el alcance de la eventual responsabilidad penal. Este impedimento puede removerse mediante el procedimiento previsto en dicho artículo, el cual debe ser substanciado por la Cámara de Diputados. De resolver positivamente la solicitud este órgano camaral, el servidor público quedará de inmediato a disposición de las autoridades competentes para ser procesado penalmente.

3. Fracción III. Responsabilidad administrativa. Es aplicable a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Las sanciones aplicables a este tipo de responsabilidad pueden consistir en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, las cuales deberán determinarse de acuerdo “con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones”. Los actos u omisiones que eventualmente den lugar a responsabilidad administrativa serán investigados y substanciados por la Auditoría Superior de la Federación o por el órgano de control interno del ente público donde labore el servidor público de que se trate, y será resuelta por el Tribunal de Justicia Administrativa competente o por el órgano interno de control, según corresponda. A diferencia de la responsabilidad política y de lo relativo a la inmunidad procesal en materia penal que aplica para determinados servidores públicos, para el fincamiento de responsabilidades administrativas, la Constitución no especifica un régimen especial, salvo el aplicable al titular del Ejecutivo federal.

Como se puede apreciar, cada una de estas responsabilidades que pueden ser imputables a los servidores públicos es de carácter autónomo, puesto que cada una obedece a causas distintas, es substanciada por órganos distintos, mediante procedimientos distintos y amerita sanciones distintas. Así lo establece el propio artículo 109, en su párrafo segundo, en el sentido de que los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes a cada tipo de responsabilidad deberán desarrollarse de manera autónoma y que no podrán imponerse dos veces sanciones de la misma naturaleza por una sola conducta. Esto quiere decir que si un servidor público, por ejemplo, cae en actos u omisiones que conlleven responsabilidad penal y dichos actos u omisiones también implican responsabilidad administrativa, la primera será conocida y sancionada en los términos de la legislación penal aplicable, y la segunda será investigada y substanciada con base en la LFRASP; la primera podría implicar una pena privativa de libertad y sanción económica, y la segunda podría implicar destitución del cargo, inhabilitación para desempeñar un cargo público por un tiempo determinado y sanción económica, distinta a la impuesta por la vía penal.

II. Leyes Reglamentarias en materia de responsabilidades de los servidores públicos

El artículo 113 constitucional, antes de su reforma en mayo de 2015, disponía que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos habrían de determinar sus obligaciones, las sanciones aplicables, los procedimientos y las autoridades que las aplicarían. Con base en esta disposición, el Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) –publicada en diciembre de 1982–, la cual reglamentaba los tres tipos de responsabilidades imputables a los servidores públicos: política, penal y administrativa. Años más tarde, en marzo de 2002, el apartado relativo a la responsabilidad administrativa fue sacado de la LFRSP para crear la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), quedando desde entonces la LFRSP como reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 109 constitucional y la LFRASP como reglamentaria de la fracción III de este mismo artículo.

Enseguida abordaré al análisis de los ordenamientos que desarrollan lo relativo a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los tres Poderes de la Federación y cómo aplican a cada uno de éstos:

1. Para el Poder Ejecutivo y órganos constitucionales autónomos. El ordenamiento aplicable es la LFRASP. Si bien este ordenamiento señala a las Cámaras del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre las autoridades que pueden aplicar sus disposiciones, lo cierto es que sus definiciones, conceptos, conductas sancionables, procedimientos, órgano sancionador y sanciones están referidos fundamentalmente a los servidores públicos de las dependencias y organismos de la administración pública federal, APF, lo que resulta comprensible considerando que la función administrativa es la que fundamentalmente identifica a este último Poder. De esta forma, la LFRASP es actualmente norma específica para los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal y órganos constitucionales autónomos, y norma paraguas para los Poderes Legislativo y Judicial de la federación.

2. Para el Poder Judicial. Los ordenamientos aplicables son la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y el Acuerdo 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 28 de marzo de 2005, “relativo a los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este alto tribunal y del seguimiento de la situación patrimonial de éstos y de los servidores públicos a que se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación”, el cual establece los sujetos a quienes aplica, el procedimiento, las sanciones y los órganos sancionadores en dicho Poder. Dicho Acuerdo tiene como fundamento las facultades que la LOPJF otorga a la SCJN para establecer los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos, y los procedimientos que deben seguirse para identificar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones previstas en su artículo 131, así como imponer las sanciones respectivas. También aplica la LFRASP en lo que no se oponga a la LOPJF.

3. Para el Poder Legislativo. La reglamentación relativa a las conductas, procedimientos, órganos sancionadores y sanciones aplicables a los servidores públicos del Poder Legislativo federal se encuentra un tanto en la indefinición, puesto que se rige por la LFRASP solamente “en lo aplicable”. Esta ley, como ya señalé, no es una norma específica para el Poder Legislativo, como sí lo es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), la cual, en materia de responsabilidades administrativas se limita a señalar:

a. Para la Cámara de Diputados

• Artículo 20. Facultad de la Mesa Directiva para “Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria”, sin que esta norma defina en disposición alguna lo que debe entenderse por “disciplina parlamentaria”, aunque puede colegirse que está referida a las conductas y sanciones previstas por los artículos 62, 63 y 64 y 108 último párrafo de nuestra ley fundamental.

• Artículo 23. Facultad del presidente de la Mesa Directiva para “Requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales, sanciones que, como se verá más adelante, son de aplicación automática.

• Artículo 53. Procedimiento para nombrar al titular de la Contraloría Interna y las funciones que realizará, las cuales equivalen a las que la LFRASP asigna a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la APF.

b. Para la Cámara de Senadores

• Artículo 67. Facultad del Presidente de la Mesa Directiva para “requerir a los senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y aplicar, en su caso, las medidas y sanciones procedentes conforme a lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de la Constitución”.

• Artículos 112 y 113. Procedimiento para designar al titular de la Contraloría Interna, coordinar la recepción de sus declaraciones de situación patrimonial de los sujetos obligados, así como las funciones que realizará, mismas que la LFRASP asigna a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la APF.

La LOCGEUM remite a la LFRASP para la substanciación de los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que realizan labores de esta naturaleza en las Cámaras; pero no contiene disposiciones que definan las conductas sancionables imputables a sus propios servidores públicos –incluidos los de elección popular–, ni tampoco disposiciones que reglamenten los procedimientos, órganos y sanciones aplicables. Vale aclarar que cada una de las Cámaras se rige por un Reglamento propio que, en tanto emitidos con base en lo dispuesto por la fracción I del artículo 77 constitucional, no tienen rango de ley y sus disposiciones aplican estrictamente al régimen interior de cada una de ellas. En efecto, ni el Reglamento de la Cámara de Diputados ni el Reglamento del Senado de la República pueden considerarse como normas reglamentarias de las disposiciones constitucionales en materia de responsabilidades administrativas, según se deduce del contenido de la fracción III el artículo 109, que en distintos momentos hace referencia a la ley que reglamentará esta materia.

4. Para las entidades federativas. En tanto que el modelo institucional de la federación es reproducido en las entidades federativas para el efecto de proveer a un cumplimiento consecuente e integral de la función pública y a una adecuada coordinación tanto en el ejercicio de las facultades que éstas y la Federación tienen, como en el desempeño de los servidores públicos en los empleos, cargos y comisiones que tienen encomendados, cada órgano legislativo local ha emitido su propia ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos básicamente en los mismos términos en los que está concebida la norma federal. Lo mismo ocurre con la legislación estatal relativa a los servidores públicos del Poder Judicial local y su régimen de responsabilidades. Pero, como en el caso de la Federación, las entidades federativas carecen, en general, de una norma específica para sancionar responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Legislativo.

Algunas entidades federativas relacionan, en la ley orgánica de su Poder Legislativo, ciertas conductas y sanciones aplicables a los servidores públicos de elección popular, mismas que representan un buen punto de partida en términos de la reglamentación sobre el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de elección popular de este Poder.

5. Para los municipios. En este ámbito de gobierno sí se hace distinción entre los servidores públicos de elección popular y los que lo son merced a un contrato administrativo, para efectos de la determinación de las responsabilidades administrativas. En efecto, corresponde a los órganos legislativos de las entidades federativas incoar los procedimientos sancionatorios en contra de los integrantes de los ayuntamientos por incurrir en responsabilidad en el ejercicio de su cargo. Las legislaturas locales tienen así la facultad para suspender ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, por causas graves que establezca la legislación local. Llama la atención que la mayoría de las legislaturas locales han catalogado algunas faltas administrativas como causa grave para suspender o revocar el mandato de uno o varios ediles, por ejemplo: 1) faltar a un determinado número de sesiones del cabildo sin causa justificada; 2) pretender, con sus actos u omisiones, que el ayuntamiento deje de cumplir sus funciones; 3) provocar conflictos internos que hagan imposible el ejercicio de las atribuciones del ayuntamiento, etcétera.

Llama igualmente la atención que sea legalmente válido suspender o revocar el mandato democrático de un servidor público del ámbito de gobierno municipal –un presidente, un síndico o un regidor– por no cumplir con su deber de asistir a las sesiones del Cabildo o por provocar conflictos internos que hagan imposible el ejercicio de las atribuciones del Ayuntamiento, y que no lo sea tratándose de los legisladores locales que tienen un mandato democrático de idéntico origen. La misma consideración aplica en relación con los legisladores federales.

En resumen, en el ámbito federal se cuenta con la normatividad específica para incoar procedimientos sancionatorios en contra de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, y una normatividad incompleta en lo tocante al Poder Legislativo.

En el ámbito de las entidades federativas ocurre básicamente lo mismo: cuentan con normatividad específica en esta materia respecto de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, y de la administración pública municipal, incluida la aplicable a los servidores públicos de elección popular de este ámbito de gobierno; pero carecen de una normatividad específica y suficiente respecto de los servidores públicos del Poder Legislativo.

El régimen de responsabilidades de los servidores públicos, las causas que le dan origen, las sanciones, así como la legislación, órganos y procedimiento aplicables en el ámbito federal, puede expresarse en el siguiente cuadro:

III. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos

Para los efectos de la presente iniciativa, abordaré las particularidades que, en términos constitucionales, determinan la responsabilidad administrativa, así como los sujetos a quienes obliga y las lagunas legales que presenta nuestra legislación secundaria en términos de las conductas y procedimientos sancionatorios aplicables a los servidores públicos de elección popular, específicamente a los del Poder Legislativo que es a la que me referiré.

Si bien la función administrativa no es la que identifica el quehacer fundamental del Poder Legislativo ni del Judicial, no puede desconocerse que quienes en dichos Poderes ostentan un empleo, cargo o comisión, también la llevan a cabo –si bien para propósitos distintos de los que corresponden a la administración pública– y que también pueden afectar, con sus actos u omisiones, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del mismo.

Nuestra Constitución define de manera muy específica algunas de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y en otros casos lo hace de manera más general, señalando que la ley desarrollará el mandato constitucional. Algunos de estas responsabilidades las encontramos en los siguientes artículos:

1. Artículo 62, imputable a diputados federales y senadores. Consistente en desempeñar una comisión o empleo de la federación o de los estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva. Conlleva una sanción automática: pérdida del carácter de diputado o senador.

2. Artículo 63, párrafo primero, imputable a diputados federales y senadores. Consistente en no presentarse a rendir protesta del cargo de diputado federal o senador en los términos de este artículo. Conlleva una sanción automática: declaración de vacancia y pérdida del cargo.

3. Artículo 63, imputable a diputados federales y senadores. Consistente en la inasistencia durante 10 días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia de la Cámara respectiva. Conlleva una sanción automática: inhabilitación del cargo para el periodo de sesiones correspondiente.

4. Artículo 64, imputable a diputados federales y senadores. Consistente en no concurrir a una sesión sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva. Conlleva una sanción automática: la pérdida de la dieta correspondiente al día de la ausencia.

5. Artículo 108, último párrafo, imputable a los servidores públicos. Consistente en presentar su declaración patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las autoridades competentes, en los términos que señale la ley. En este caso la LFRASP, prevé las sanciones aplicables.

6. Artículo 109, fracción III, imputable a todos los servidores públicos . Consistente en no afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con los actos u omisiones relacionados con el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; las sanciones a las que pueden hacerse acreedores son la amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas, en los términos que señale la ley.

Las responsabilidades administrativas que nuestra ley fundamental atribuye específicamente a los legisladores federales –contenidas en sus artículos 62, 63 y 64— se encuentran escasamente reglamentadas en la LOCGEUM, pues en ella solamente se faculta al Presidente de la Mesa Directiva de cada Cámara para establecer las sanciones correspondientes. Por otra parte, si bien el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Reglamento del Senado de la República establecen las obligaciones que tienen las y los diputados y senadores –incluidas algunas de carácter administrativo—, dichas disposiciones no podrían considerarse como reglamentarias de la fracción III del artículo 109 constitucional, puesto que ambos ordenamientos tienen el carácter de resoluciones económicas de cada cámara, en los términos de la fracción I del artículo 77 constitucional. Es decir, carecen del rango de ley puesto que cada uno fue aprobado autónomamente por la Cámara a la que aplica en lo concerniente a su régimen interior.

El Reglamento del Senado de la República prescribe que, con base en lo dispuesto por el artículo 11 de la LFRASP y de lo dispuesto por la LOCGEUM “los grupos parlamentarios, la Mesa y el Pleno, con la participación que corresponda, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen a su cargo los procedimientos relativos para la aplicación de sanciones administrativas a los senadores”. Sin embargo, al no existir una norma con rango de ley que describa los actos y omisiones por los que los senadores incurren en responsabilidad administrativa, ni las sanciones aplicables, este mandato parlamentario queda en la nada jurídica.

En la LFRASP se ha reglamentado la responsabilidad administrativa a que se refieren los artículos 108, último párrafo, y 109, fracción III, fundamentalmente en lo tocante a los servidores públicos de la APF. Y si bien algunas de las conductas descritas en el artículo 8 de esta ley podrían ser perfectamente atribuibles a los servidores públicos del Poder Judicial y a los del Poder Legislativo –incluidos los de elección popular—, lo cierto es que como las obligaciones previstas en dicho numeral están descritas en términos de las funciones específicas que corresponden al Ejecutivo, están ausentes un gran número de obligaciones de carácter administrativo que están relacionadas con el cumplimiento de las funciones que tienen a cargo los otros dos Poderes, como ausentes están las disposiciones específicas sobre el procedimiento, órganos sancionadores y sanciones aplicables a sus propios servidores públicos. Se trata, como dije antes, de una ley específica para el Poder Ejecutivo y ley paraguas para los Poderes Legislativo y Judicial en materia de responsabilidades administrativas.

En el caso del Poder Judicial de la Federación, lo relativo a las conductas que conllevan responsabilidad para sus servidores públicos, sanciones, procedimientos y órganos responsables de desahogarlos, se encuentra reglamentado en el Título Octavo de la LOPJF y en el Acuerdo 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionado líneas arriba.

En lo tocante a las responsabilidades administrativas a que se refieren los artículos 108, último párrafo, y 109, fracción III, de los servidores públicos del Poder Legislativo, como ya señalé, la legislación aplicable es precaria, lo que pudiera resultar entendible –aunque no justificable– merced a las particularidades que definen el origen de los empleos, cargos o comisiones que allí se desempeñan y que presento enseguida.

Los servidores públicos del Poder Legislativo lo son:

a. Por mandato constitucional, aplicable a los 500 diputados y 128 senadores que son electos democráticamente, quienes duran en su encargo tres y seis años, respectivamente; y

b. Por disposición de ordenamientos secundarios, aplicable a los secretarios generales, tesoreros, contralores internos y demás personal.

Dadas estas particularidades en el Poder Legislativo –y otras circunstancias histórico-políticas que no corresponde analizar en esta exposición de motivos–, el régimen de responsabilidades administrativas de sus servidores públicos ha carecido de una reglamentación que las atienda en su cabal dimensión, para que puedan ser sancionables por responsabilidades administrativas relacionadas con las funciones que dicho Poder tiene encomendadas, incluidos los servidores públicos de elección popular, quienes actualmente sólo son sancionables con base en lo dispuesto por los artículos 62, 63, 64 y último párrafo del artículo 108 de la Constitución. Valga señalar que las facultades que la LOCGEUM otorga a los órganos de control interno de cada una de las Cámaras, aun con la remisión a la LFRASP, no alcanzan para incoar procedimientos sancionatorios en contra de los servidores públicos de elección popular por la comisión de conductas que pudieren implicar responsabilidad administrativa.

En resumen, la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos está reglamentada en lo específico tratándose de los Poderes Ejecutivo y Judicial; pero no lo está para los del Poder Legislativo, circunstancia que amerita una revisión a detalle y, por supuesto, su atención procedente.

IV. La reforma constitucional de 2015 para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción

Como es de todos conocido, el 27 de mayo de 2015 fue publicado el decreto de reformas y adiciones a la Constitución por el que, entre otros:

1. Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción;

2. Se establece que en lo relativo a la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observarán las disposiciones constitucionales aplicables a dicho Poder, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización y aplicación de los recursos públicos; y

3. Se establece la facultad del Congreso de la Unión para emitir la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Estos dos ordenamientos deberá aprobarlos el Congreso de la Unión y ser publicados antes del 27 de mayo del año en curso, momento en el cual entrarán en vigor las reformas y adiciones a nuestra ley fundamental en esta materia, de acuerdo con el régimen transitorio de dicho decreto.

Nos encontramos en un momento histórico crucial para establecer las bases constitucionales que hacen falta para subsanar las lagunas constitucionales en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Legislativo, incluidos los de elección popular. Esta circunstancia amerita una revisión a fondo y conlleva un compromiso de nuestra parte para sentar estas bases constitucionales que permitan dar paso a una legislación secundaria que establezca, con toda claridad, las particularidades que en materia de responsabilidades administrativas deben observarse tratándose de los servidores públicos del Poder Legislativo, propuesta que plantearé en el proyecto de Decreto que someto a consideración de esta Soberanía con la presente iniciativa.

V. Bases constitucionales para sancionar responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Legislativo

El fundamento constitucional que hace falta para que también nosotros, legisladores federales y locales, respondamos por los actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa, debe partir del hecho de que nuestro cargo tiene un origen democrático, a diferencia del que tienen el resto de los servidores públicos del Poder Legislativo, y que a partir de esta diferencia sustancial, las conductas sancionables, el órgano sancionador, las sanciones aplicables y el procedimiento respectivo, también deben ser diferentes.

1. Conductas sancionables. En la diferenciación que hagamos sobre las obligaciones que competen a los servidores públicos del Poder Legislativo, compañeras y compañeros, no debemos omitir que todos los actos y omisiones deben apegarse a:

• La legalidad, que implica el cumplimiento puntual, verídico, fiel y recto de las obligaciones derivadas del empleo, cargo o comisión que se desempeñe.

• La honradez, que es la calidad que distingue a quien sabe respetar y tiene honra; que tiene estima y respeto de la dignidad propia, además de buena opinión y fama adquiridas por la virtud y el mérito.

• La lealtad, que es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad, del honor, de la entereza y de la probidad.

• La imparcialidad, que es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.

• La eficiencia, que es un talento fundamental en términos de responsabilidad administrativa, consistente en la capacidad para disponer de algo o de alguien para hacer las cosas bien, siguiendo un sistema de pasos y procedimientos para garantizar la calidad en el cumplimiento de un mandato o un deber, utilizando la menor cantidad posible de recursos.

2. Órgano sancionador. Las conductas sancionables, tal como establece la Constitución, pueden ser graves y no graves. En este sentido, la propuesta consiste en que las conductas no graves de los servidores públicos de elección popular sean conocidas por el órgano interno de control de cada Cámara y resueltas por el Pleno de esta última, según recomendación de dicho órgano interno de control, considerando que su titular es electo por mayoría calificada de cada Pleno. La investigación y substanciación de los procedimientos incoados por conductas graves en que incurran los servidores públicos de elección popular, debe recaer en un órgano colegiado integrado por servidores públicos que tengan un mandato democrático derivado, es decir, aquéllos cuyo nombramiento debe ser realizado por alguna de las cámaras del Congreso de la Unión; desahogado el procedimiento, este órgano colegiado emitiría una recomendación sobre la sanción aplicable al servidor público de elección popular que sería determinada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En caso de que la sanción consistiere en destitución o inhabilitación, ésta tendría que ser aprobada por el Pleno camaral correspondiente.

3. Sanciones aplicables. Deberán definirse en la legislación secundaria y corresponder a las que la propia Constitución determina: suspensión, inhabilitación, destitución y sanciones económicas. Deberán compadecerse, además, con la conducta atribuible a los servidores públicos, el origen de su cargo y la posición que ocupan en cada Cámara.

4. Procedimiento. Deberá desarrollarse en la legislación secundaria y dependerá de la gravedad del acto u omisión y del órgano competente.

5. Régimen especial. En el caso de los servidores públicos de elección popular, convendrá establecer que si de la conducta atribuible pudiere presumirse la comisión de un delito, no será necesario solicitar la Declaración de Procedencia si se hubiere aprobado previamente su destitución como diputado/a o senador/a.

VI. Conclusiones

El llamado fuero, que tiene el objetivo fundamental protegernos contra detenciones eventualmente derivadas de acusaciones falsas, no debe ser salvoconducto a favor de quienes ostentamos un cargo de elección popular para cometer atropellos. Y no lo es, tratándose de los actos u omisiones que puedan implicar responsabilidad administrativa. Para este tipo de actos no existe ni debe existir inmunidad alguna.

¿Y en qué consiste un acto u omisión por el que un legislador federal puede incurrir en responsabilidad administrativa? Eso tendremos que trabajarlo a detalle en la ley que nos demos para reglamentar la fracción III del artículo 109 constitucional en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Legislativo.

La sociedad mexicana está cansada de ver imágenes de sus representantes populares insultándose, o mofándose de sus correligionarios, o durmiendo a pierna suelta en el Pleno camaral, o en estado de ebriedad amedrentando a policías, o haciendo ostentación de su cargo, o liados a golpes entre las curules. A este recinto han ingresado personajes auspiciados por representantes populares, a golpe de mazazos y a lomos de caballo, que encabezan y azuzan a grupos encolerizados, con el único propósito “dar la nota”, sin importarles gran cosa la destrucción del patrimonio que es de todos. Y todo ello, enarbolando la bandera de la libertad de expresión.

Es cierto, el artículo 61 de nuestra Carta Magna señala que los diputados y senadores somos inviolables por las opiniones que manifestemos en el desempeño de nuestro cargo, y que jamás podremos ser reconvenidos por ellas. Pero no confundamos: una cosa es nuestro derecho a expresar nuestra opinión y otra muy distinta querer atropellarlo todo enarbolando esta bandera.

En nombre de esa libertad de expresión se han cometido un exceso tras otro en varios recintos parlamentarios del país; en nombre de la libertad de expresión se ha abusado del mandato que los electores nos dieron y en ocasiones se ha llegado a excesos inauditos. En nombre de la libertad que la Constitución nos otorga para ejercer nuestro cargo, se vulneran, una y otra vez, esos principios fundamentales a los que ella nos obliga: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

La libertad para manifestar la opinión propia no debe degenerar en libertinaje para abusar de un derecho sagrado. El fuero no alcanza para proteger ningún tipo de tropelías ni es licencia amplia para comportarse con desdoro, patanería, deslealtad, ineficiencia y deshonestidad.

Nuestra ley fundamental nos considera sujetos sancionables por responsabilidad administrativa, que no es otra que la omisión o comisión de conductas que atenten contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Ha faltado ponerle nombre a estas conductas y describirlas; ha faltado señalar quién debe conocerlas, investigarlas y sancionarlas; ha faltado establecer el procedimiento a seguir. Ha faltado, en suma, reglamentar todo lo relativo a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de elección popular del Poder Legislativo.

¿Cómo sancionar los episodios de violencia física o verbal entre dos o más legisladores, que con tanta frecuencia ocurren en los recintos camarales del país? Tendremos que analizarlo a detalle, porque a nosotros habrá de aplicar.

¿Cómo sancionar a quien, bajo el mismo argumento de la libertad para emitir su opinión, destruye puertas, mobiliario o la infraestructura de los edificios propiedad de las Cámaras del Congreso de la Unión? ¿Cómo sancionar a quien, en nombre de su libertad para opinar sin ser reconvenido, se despoja de su ropa y se exhibe prácticamente desnudo en el recinto parlamentario? Por supuesto que un legislador es inviolable por las opiniones que manifieste en el desempeño de su cargo y jamás podrá ser reconvenido por ellas; pero no confundamos manifestación de una opinión con conductas indecorosas, bravuconas, insolentes, intolerantes, violentas o ultrajantes.

¿Cómo sancionar a quien se presenta en estado de ebriedad o con aliento alcohólico a las sesiones del Pleno o de las comisiones? ¿O a quien trata con descortesía y prepotencia a quienes aquí laboran o asisten a realizar alguna gestión? ¿O a quien se comporta de forma descortés y altanera, exigiendo trato preferencial en instituciones públicas o privadas, en establecimientos comerciales, o en cualquiera otra circunstancia? ¿O cuando se profieren palabras insultantes, o se arrojan objetos o se exhiben letreros insultantes con el propósito de humillar al adversario, o se falta a la disciplina parlamentaria que todas y todos protestamos cumplir y hacer cumplir, bajo el pretexto de que se está ejerciendo la libertad de expresión?

¿Cómo sancionar a quienes realizan gestiones en las comisiones camarales para lograr, por ejemplo, que se asignen recursos a entidades federativas o municipios, a cambio de recibir un favor determinado? ¿O a quien destina para uso personal los recursos públicos que debieran aplicarse a fortalecer la atención a la ciudadanía y las relaciones con esta última, las cuales están íntimamente relacionadas con la función representativa que tienen los legisladores?

Es momento de poner un alto a cualquier exceso que pueda implicar afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y elaborar ese catálogo de conductas sancionables imputables a las y los legisladores, y que no tienen nada que ver con las funciones que el Poder Legislativo tiene encomendadas para servir a la ciudadanía con la emisión de normas justas, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública o la designación de servidores públicos que deberán cumplir tareas sensibles para el adecuado funcionamiento de las instituciones del país.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción III del artículo 109 y la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción III del artículo 109, y un párrafo segundo a la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. ...

II....

III....

...

La investigación y substanciación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de elección popular del Poder Legislativo, derivadas de conductas graves, estará a cargo de un órgano colegiado integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Comité de Participación Ciudadana a que se refiere la fracción II del artículo 113 de esta Constitución. La ley establecerá las conductas sancionables, graves y no graves, los procedimientos, sanciones y recursos. Corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponer las sanciones correspondientes tratándose de conductas graves, debiendo atender a la recomendación que emita el órgano colegiado que ha substanciado el procedimiento; si la recomendación consistiere en la destitución o inhabilitación del servidor público de elección popular y el Tribunal así lo acordare, dicha resolución deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara correspondiente. A los órganos de control interno de cada Cámara corresponderá lo conducente respecto de las conductas no graves y formular recomendación al Pleno camaral respectivo sobre la sanción aplicable para su aprobación.

...

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

I. ...

II....

III....

IV....

V....

La investigación y substanciación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de elección popular del Poder Legislativo de las entidades federativas, derivadas de conductas graves, estará a cargo de un órgano colegiado que deberá estar integrado, al menos, por el titular de la entidad de fiscalización local, el titular del organismo garante a que se refiere la fracción VIII del presente artículo, un representante del Consejo de la Judicatura local y un representante del Comité de Participación Ciudadana que formen parte del sistema local anticorrupción a que se refiere el último párrafo del artículo 113 de esta Constitución. La ley establecerá las conductas sancionables, señalando las que serán consideradas graves, los procedimientos, sanciones y recursos. Corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa local imponer las sanciones correspondientes tratándose de conductas graves, atendiendo a la recomendación que emita el órgano colegiado que ha substanciado el procedimiento; si la recomendación consistiere en la destitución o inhabilitación del servidor público de elección popular y así fuere resuelto por el tribunal, dicha resolución deberá ser aprobada por el Pleno de la legislatura local correspondiente. A los órganos de control interno de las legislaturas locales correspondera lo conducente respecto de las conductas no graves y formular recomendación al pleno sobre la sanción aplicable para su aprobación.

...

VI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La legislación secundaria a que se refiere el presente decreto deberá ser aprobada dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. El órgano colegiado a que se refiere el párrafo segundo adicionado a la fracción III del artículo 109 constitucional, deberá constituirse formalmente una vez publicada la legislación secundaria a que se refiere el artículo transitorio inmediato anterior.

Cuarto. Las denuncias de conductas graves eventualmente atribuidas a un legislador federal antes de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que se refiere el artículo segundo transitorio del presente decreto, serán recibidas por el órgano interno de control de la Cámara respectiva, debiendo integrar el expediente respectivo y reservarlo junto con la documentación y pruebas aportadas, para su entrega al órgano colegiado responsable de la investigación y substanciación del procedimiento, una vez que éste se haya constituido formalmente.

Quinto. Las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a sus textos constitucionales y emitir la legislación reglamentaria correspondiente dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente decreto

Notas:

1 El régimen especial aplicable al presidente de la República quedó establecido en el texto original de la Constitución de 1917 (artículo 108), y consiste en que durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser sancionado por traición a la patria y delitos graves del orden común, mediante procedimiento que debe substanciarse ante el Senado de la República en los términos del artículo 110 constitucional.

2 La reforma constitucional sobre responsabilidades de los servidores públicos, publicada el 27 de mayo de 2015, trasladó el contenido fundamental del artículo 113 a la fracción III del artículo 109 constitucional, para que en ella quedara prescrito todo lo relativo a las responsabilidades administrativas. En el nuevo artículo 113 quedó previsto todo lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción. Esta reforma constitucional deberá entrar en vigor a más tardar en mayo de 2016, de acuerdo con el régimen transitorio del decreto.

3 Llama la atención la responsabilidad a que alude el párrafo cuarto del artículo 63 constitucional, imputable a los diputados y/o senadores, así como a los partidos políticos que los hubieren postulado, por no presentarse, sin causa justificada, a desempeñar el cargo dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se hubieren instalado formalmente cada una de las cámaras. Este tipo de responsabilidad, así como la sanción aplicable, procedimiento, órgano sancionador, etcétera, no ha sido abordada, ni reglamentada en ninguna ley. La LOCGEUM, que en este caso reglamenta todo lo relativo a la legal instalación de cada una de las cámaras para que puedan “ejercer su cargo” –de acuerdo con el artículo 63 constitucional—, solamente previene el procedimiento, condiciones y requisitos para llevar a cabo la sesión constitutiva de cada una de ellas, así como para la realización de la sesión de Congreso General para la apertura formal de los periodos ordinarios de sesiones –en los términos de los artículos 65 y 66 constitucionales—; pero se deja en el vacío reglamentario el supuesto previsto por dicho párrafo cuarto del artículo 63 constitucional. En la LOCGEUM se da por sentado que este supuesto nunca ocurrirá, pues se limita a señalar que los diputados y senadores rendirán la protesta constitucional ante el Presidente de la Mesa Directiva de la respectiva Cámara, y que los que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, lo harán con posterioridad a la sesión constitutiva.

4 Con la excepción prevista en el párrafo segundo de su artículo 108.

5 Estas sanciones no son automáticas, como en el caso de las previstas por los artículos 63 y 64 ya señalados, y deben ser conocidas, investigadas, substanciadas y resueltas en los términos previstos por la ley de la materia, en este caso la LFRASP.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Carolina Monroy del Mazo,Abel Murrieta Gutiérrez, Alejandro Juraidini Villaseñor, Alfredo Bejos Nicolás, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana Laura Rodela Soto, Andrés Aguirre Romo, Ángel Rojas Ángeles, Antonio Tarek Abdala Saad, Daniela De Los Santos Torres, David Mercado Ruiz, Delia Guerrero Coronado, Enrique Rojas Orozco, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Fabiola Guerrero Aguilar, Felipe Cervera Hernández, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Hugo Daniel Gaeta Esparza, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Jorge Enrique Dávila Flores, José Erandi Bermúdez Méndez, José Máximo García López, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Marco Polo Aguirre Chávez, María Bárbara Botello Santibáñez, María Gloria Hernández Madrid, María Hadad Castillo, Mariana Benítez Tiburcio, Maricela Emilse Etcheverry Aranda, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Miguel Ángel Salub Caamal, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ramón Bañales Arambula, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sofía Del Sagrario De León Maza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Monroy. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado...

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Ramírez Nieto, por favor.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitarle a la diputada Carolina Monroy si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Monroy, solicita el diputado Ramírez Nieto adherirse a su iniciativa.

La diputada Carolina Monroy del Mazo (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia para que esto pueda suceder. Igual diputadas que están acá también al frente, y por lo tanto está, como lo hemos estilado, a disposición de quienes quieran suscribirla aquí la iniciativa en la Secretaría de la Mesa Directiva.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, y expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión.

El diputado Jorge Triana Tena:Con su permiso, diputado presidente. La ética y la integridad son a todas luces pilares sobre los que se fundamenta el ejercicio público, ya que gracias a ellos se garantiza la credibilidad en el sistema y se dota de legitimidad a las acciones que se toman, precisamente, en el desempeño de un cargo público.

No es posible sentar las bases de todo un sistema armónico, cuyo objetivo sea el eficaz combate a la corrupción sin un conjunto preestablecido de valores y principios que todos conozcan, respeten y promuevan. Y por los que exista la posibilidad real de discernir claramente entre lo que es un beneficio para todas y todos, y lo que únicamente representa un beneficio parcial y con ello un perjuicio para la mayoría.

La crisis de confianza de las instituciones públicas en México no es fortuita. En su descripción vemos extensa y detallada literatura que da cuenta del déficit de credibilidad de las mismas frente a casos donde lo cotidiano, lo común es la cultura del beneficio personal, de lucro, de lo público y frente a lo patrimonial de los recursos.

La ciudadanía cada vez otorga las más bajas calificaciones al desempeño de los funcionarios públicos. Es en este sentido que el establecimiento de catálogos deontológicos en el cumplimiento de acciones ya no son una opción de manera graciosa que debe atender el gobernante o legislador en turno, a manera de concesión o favor al ciudadano.

Hoy el cumplimiento de la ética es una condición indispensable si lo que pretendemos es la recuperación de la confianza ciudadana hacia la institución a la que representamos y hacia la política y a nuestro país en lo general.

En el Congreso de la Unión, la relevancia que actualmente tiene, fortalece y consolida la democracia mexicana, está comprobado que existe una relación directa entre los índices de democratización de un país con los índices de democratización de un parlamento.

A mayor democracia parlamentaria, mayor democracia de Estado. Y es que cuando genuinamente los parlamentos cumplen con las funciones que les son encomendadas se convierten en verdaderas cajas de resonancia, es decir, en los lugares indicados en donde se debaten y discuten los problemas que aquejan al conjunto de la sociedad. El futuro de los sistemas democráticos es en gran medida el futuro de los parlamentos.

Pero al mismo tiempo, no es posible hacer a un lado el hecho innegable del desencanto que se tiene por la democracia en muchos países, por supuesto incluyendo al nuestro.

La razón es clara, no se puede creer en la democracia si no es garantía de desarrollo y mejoramiento en las condiciones de vida de la propia población.

Entonces, una clave para la subsistencia de la democracia y que entra en la decadencia y convoca los tambores de autoritarismo cada vez que decepciona al pueblo, es a que los tres órdenes de gobierno, pero en especial el Poder Legislativo, se les exija una condición y al mismo tiempo calidad, acreditar sus eficacias y su legitimidad.

Por ello, la ética de todo legislador se convierte en un elemento indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un régimen democrático. Y en consecuencia, resulta trascendente que el Congreso mexicano cuente con un código de ética que oriente el desempeño de sus servidores públicos que forman parte de él para el beneficio de la sociedad.

Cuando asumimos el cargo manifestamos nuestro compromiso y vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo tiempo una responsabilidad. El trabajo legislativo implica responsabilidades que derivan de las funciones inherentes al cargo. No nos engañemos, los legisladores tenemos la capacidad para elegir y optar en el ejercicio de nuestras funciones entre lo que es deseable para la colectividad y aquello que puede resultar dañino para la misma.

Son precisamente estos propósitos los que animan a impulsar la creación de este código, como un valioso instrumento normativo interno que sea clave para garantizar en esta Cámara la función legislativa para que sea realizada por las diputadas y diputados en quienes se concentre la confianza, la calidad técnica y la ética.

Este documento se formula con el propósito de ayudar a los legisladores a resolver los conflictos éticos que con motivo de su trabajo se presentan. Será exclusivamente la conciencia de cada uno de ellos, el intérprete y aplicador del código, en tanto que la sociedad será quien califique los aspectos observables a su conducta.

El objetivo es conformar un referente deontológico a través del cual no solo se guíe la conducta de los legisladores, sino que además sea una herramienta básica para la reflexión y el debate acerca de la ética legislativa.

Compañeras y compañeros, la necesidad de un instrumento de autorregulación ética en el desempeño legislativo es precisamente porque el comportamiento de cada uno de nosotros debe regirse en relación a la finalidad del compromiso ciudadano que justifica la propia existencia de este órgano legislativo, siendo la ética pública de especial interés, pues determina la moralidad de los actos de quienes tienen la potestad de lo público.

Por ello, la incorporación de una norma deontológica al orden legal que rige los trabajos de la Cámara constituye un avance no solo en el reconocimiento de aspectos que ha dejado de supervisar, sino en la posibilidad de que sea la propia Cámara y sus integrantes quienes seamos capaces de regir nuestra conducta en beneficio de la sociedad, como representantes. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados y expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, pone a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX, recorriendo la actual a XXI, del numeral 1 del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados y se emite el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que sustentan

Son muy pocas las etapas en los casi 200 años de historia del México independiente, en los que el Poder Legislativo mexicano ha cumplido su función como real contrapeso del Poder Ejecutivo. La guerra de caudillos que caracterizó la primera mitad del siglo XIX, la dictadura porfirista de finales del XIX y principios del XX, y el presidencialismo autoritario que se desarrolló durante tres cuartas partes del siglo XX, fueron largos lapsos en los cuales el Poder Legislativo mexicano ocupó el limitado papel de cumplir con las funciones constitucionales formales, aprobando todo aquello que viniera dictado desde la Presidencia de la República.

La relevancia que actualmente tiene el Congreso de la Unión, fortalece y consolida a la democracia mexicana, pues existe una relación directa entre los índices de democratización de un país con los índices de democratización de un parlamento: a mayor democracia parlamentaria, mayor democracia de un Estado. Y es que, cuando genuinamente los parlamentos cumplen con las funciones que le son encomendadas, se convierten en verdaderas cajas de resonancia, es decir, en los lugares indicados en donde se debaten y discuten los problemas que aquejan al conjunto de la sociedad; el futuro de los sistemas democráticos es en gran medida el futuro del parlamento.

Pero al mismo tiempo, no es posible hacer a un lado el hecho innegable del desencanto que se tiene por la democracia en muchos países, incluyendo el nuestro; la razón es clara: no se puede creer en la democracia si ésta no es garantía de desarrollo y mejoramiento en las condiciones de vida de la propia población.

Entonces, una clave para la subsistencia de la democracia, que entra en decadencia y convoca los tambores del autoritarismo cada vez que decepciona al pueblo, es que a los tres poderes de gobierno, pero en especial al Poder Legislativo, se les exija una condición, que es al mismo tiempo calidad: acreditar su eficacia y su legitimidad.

No se trata de un tema menor para el Poder Legislativo mexicano, comprometido con la ciudadanía que le depositó su confianza, al sostener el prestigio de este órgano de poder, así como cumplir a cabalidad sus responsabilidades. El éxito del parlamentarismo en el futuro dependerá de su capacidad de auto legitimación, de la tolerancia política y especialmente de su ejercicio en la vida parlamentaria cotidiana.

Hoy el Congreso de la Unión en México, debe asumir la doble responsabilidad que corresponde a los parlamentos democráticos: su papel de gran legislador (que no tuvo durante los años del presidencialismo autoritario) y su papel de controlador y fiscalizador de Poder Ejecutivo; sobre este respecto, se atribuye al control parlamentario como un control de tipo político que se ejerce a través de todas las actividades parlamentarias o legislativas, con especial interés de las minorías, y cuyo objeto es la fiscalización de la acción general del gobierno.

Y este nuevo y trascendente papel que desempeña el Poder Legislativo en México ha dado vigencia a los valores de la democracia sustentados en la representatividad de las mayorías y de las minorías. Hoy, esos representantes de la nación son mucho más portadores de las necesidades sociales de lo que eran antes, y tal representatividad hace patente la confianza social depositada en el Congreso de la Unión, así la importancia de la actividad legislativa obliga a este poder público a actualizar los sistemas de trabajo y actitudes ante esas nuevas exigencias.

Al asumir su cargo, toda legisladora y todo legislador manifiestan su compromiso y vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo tiempo una responsabilidad por sus actos que se refleja en la satisfacción de las necesidades colectivas. El trabajo legislativo implica responsabilidades que derivan de las funciones inherentes al cargo que se desempeñan. Cada uno se enfrenta día a día con la toma de decisiones a menudo complejas, en las que está en juego el bienestar de la sociedad. Los legisladores, como individuos libres, tienen la capacidad para elegir y optar en el ejercicio de sus funciones, entre lo que es deseable para la colectividad y aquello que le puede resultar dañino.

Por ello, la ética de todo legislador se convierte en un elemento indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un régimen democrático y, en consecuencia, resulta trascendente que el Congreso mexicano cuente con un Código de Ética que oriente el desempeño de los servidores públicos que forman parte de él, hacia lo que es benéfico para la sociedad.

Estos son los propósitos que animan la presente iniciativa de contar con un Código de Ética como nuevo y valioso instrumento normativo interno, que coadyuve a garantizar que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en su función legislativa sea realizada por diputadas y diputados en quienes se concentren la confianza, la calidad técnica y la ética.

Si bien la ética se traduce en un comportamiento humano que se caracteriza en ser unilateral, inherente a la conciencia del sujeto y solo imperativo para él, resulta vital para la sana convivencia dentro de una colectividad, y particularmente importante en la función legislativa por la trascendencia social que adquiere, pues en este quehacer debe imperar en el legislador o legisladora un sentido ético que equilibre el poder que el Estado deposita en su persona, para que al tener en sus manos la decisión de crear o reformar una ley, o controlar una acción de gobierno, tal decisión se emita conforme a la técnica legislativa y los principios éticos, procurando ser justo desde el derecho.

Este documento se formula con el propósito de ayudar a los legisladores a resolver los conflictos éticos que con motivo de su trabajo se les presentan. Será exclusivamente la conciencia de cada uno de ellos, el intérprete y aplicador del Código, en tanto que la sociedad será quien califique los aspectos observables de su conducta. El objetivo es conformar un referente deontológico, a través del cual no solo se guíe la conducta de los diputados federales, sino que además sea una herramienta básica para la reflexión y el debate acerca de la ética legislativa.

Por otra parte, el autor de la presente Iniciativa, toma en consideración, que el Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores; y que el artículo 3o., numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.

Por lo tanto, esta iniciativa de adición al Reglamento de la Cámara de Diputados, así como la emisión del Código de Ética que se proponen, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, sin la intervención de la otra Cámara, conocer, dictaminar y en su caso, aprobar a la luz de los fundamentos jurídicos invocados. En consecuencia, también en el supuesto de ser aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, será aplicable a las y los diputados.

Ahora bien, respecto de los contenidos del referido Código de Ética, es pertinente señalar que el Westminster Fundation for Democracy y la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción emitieron un Manual de Ética y Conducta Parlamentarios en el cual se hace hincapié en que la norma ética del legislador necesariamente debe implicar, para su eficacia, que se sancione a los que dejan de observar ese código deóntico.

Al respecto, el artículo 20, numeral 2, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Mesa Directiva para que imponga sanciones por violación a la disciplina parlamentaria; igualmente, el artículo 8, numeral 1, fracción XIX del Reglamento de la Cámara de Diputados ya prevé como obligación de las diputadas y los diputados “Acatar las sanciones que establece este Reglamento y otros ordenamientos aplicables”.

De lo anterior se concluye que la Cámara sólo requiere para completar el marco normativo que regule la conducta ética de sus integrantes, la emisión del Código de Ética, que incluya las obligaciones y su correlación, así como el procedimiento para el establecimiento de las sanciones que ya establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como se ha señalado.

Aunque existen diversas propuestas doctrinales para establecer los principios que deben regular la conducta de las y los diputados federales, el autor de esta Iniciativa considera que deben alinearse a lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, en el artículo 109 fracción III de la Carta Magna se establecen los principios que regulan la actuación de todos los servidores públicos de la Federación, de la cual las y los diputados del H. Congreso de la Unión no son ajenos. Por ello, se determinó alinear las diversas obligaciones éticas de los legisladores a dichos principios constitucionales.

Igualmente, se propone la adición de una fracción al numeral 1 del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados para darle sustento jurídico al Código de Ética que, como se mencionó, ya se encuentra delineado, aunque no con esa denominación expresa, tanto en la Ley Orgánica como en el propio Reglamento.

Respecto al Código de Ética, se proponen tres capítulos, el primero relativo a las generalidades, contiene el objetivo del Código, su ámbito de aplicación y las definiciones que se emplearán a lo largo del mismo.

En el capítulo segundo se desarrollan los diferentes imperativos éticos de las y los diputados federales, debidamente alineados con los principios constitucionales del servicio público.

En el tercer capítulo se desarrollan los procedimientos y disposiciones que reglamentan la actual facultad legal de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para imponer sanciones a legisladoras y legisladores que vulneren la disciplina parlamentaria.

II. Fundamento legal de la iniciativa

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su calidad de Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de ley

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX, recorriendo la actual a XXI, del numeral 1 del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados y se emite el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

IV. Ordenamientos a modificar.

a) Del numeral 1 del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados: se adiciona una fracción XX, recorriendo la actual a XXI; y

b)Se emite el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

V. Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XX, recorriendo la actual a XXI, del numeral 1 del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 8.

1. Serán obligaciones de los diputados y las diputadas:

I. a XIX. ...

XX. Acatar las disposiciones y procedimientos del Código de Conducta de la Cámara de Diputados; y

XXI. Las demás previstas en este Reglamento.

2. ...

Artículo Segundo. Se expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en los siguientes términos:

Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Capítulo I
Generalidades

Artículo 1. Objeto.

1. Este Código tiene por objeto establecer las normas éticas que regirán la actuación de las diputadas y los diputados del Honorable Congreso de la Unión y los procedimientos para la imposición de sus sanciones.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Este Código será obligatorio para las diputadas y los diputados del Congreso.

Artículo 3. Definiciones.

1. Para los efectos de este Código, se entenderá por:

I. Actividades parlamentarias: Las actividades reguladas en el Reglamento, conforme a su artículo 1;

II. Cámara: Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión;

III. Código: Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión;

IV. Congreso: Honorable Congreso de la Unión;

V. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Legisladores: Las diputadas y los diputados del Honorable Congreso de la Unión;

VII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y

VIII. Reglamento: Reglamento de la Cámara de Diputados.

Capítulo II
Principios del servicio público de legisladores

Artículo 4. Principios rectores.

1. Las diputadas y los diputados del Congreso están constreñidos al cumplimiento de los siguientes principios de que deben observar en el desempeño de su encomienda pública, de conformidad con el artículo 109 constitucional:

I. Legalidad;

II. Honradez;

III. Lealtad;

IV. Imparcialidad; y

V. Eficiencia.

2. El cumplimiento de estos principios se materializa a través del acatamiento a las obligaciones de las diputadas y los diputados contenidos en la Ley Orgánica, en el Reglamento y en este Código.

Artículo 5. Principio de legalidad.

1. El principio constitucional de legalidad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las diputadas y los diputados del Congreso:

I. Dan cumplimiento a las obligaciones que les imponen, en su calidad de legisladores, la Constitución, la Ley Orgánica y las demás disposiciones legales aplicables;

II. Cumplen funciones destinadas a satisfacer el interés público y el bien común;

III. Denuncian ante las autoridades correspondientes, los actos de los que tuvieran conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito o violaciones a cualquier disposición legal;

IV. Preservan el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia;

V. Previenen e investigan los hechos que atentan contra la ética pública; además, velan por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público del Estado y denuncian la violación de las normas de interés público y en especial aquellas que atenten contra los derechos humanos; y

VI. Se abstienen de difundir toda información que hubiera sido calificada como reservada o confidencial conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 6. Principio de honradez.

1. El principio constitucional de Honradez, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las diputadas y los diputados del Congreso:

I. Se abstienen de incurrir en actos de corrupción o conflicto de interés, en términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en la Federación y de la legislación penal federal;

II. Omiten efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, salvo aquellas que se prevean en la Ley Orgánica;

III. Declinan regalos, donaciones, ventas a un precio menor del que le corresponde en el mercado o situaciones semejantes, siempre que puedan ser medio para interferir en el desempeño de sus funciones;

IV. Mediante el uso de su cargo, no pretenden obtener beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros;

V. Evitan actitudes que denoten abuso de poder;

VI. Guardan el justo medio entre los extremos y evitan actos de ostentación que vayan en demérito de la respetabilidad de su cargo;

VII. Se abstienen de realizar o prestar asesoramientos, consultorías, estudios u otro tipo de actividades relacionadas con las actividades del Congreso de la Unión, que les signifiquen un beneficio patrimonial;

VIII. Informan a la sociedad mexicana, que en cualquier circunstancia es su representada, cuando deben participar en la discusión de temas, en investigaciones, en el debate o en aprobación de leyes o proposiciones con punto de acuerdo, en las cuales se encuentren involucrados intereses económicos directos personales o familiares, excusándose de intervenir en ellos. Este informe y la excusa correspondiente se deberán hacer del conocimiento público:

a) En la página web de la Cámara;

b) En forma oral, antes de participar en las discusiones o debates de que se trate; y

c) En los informes que rinda la o las comisiones respectivas, ante las cuales se informó esta circunstancia;

IX. Protegen y conservan los bienes del Estado, utilizando los que les fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento; tampoco emplean o permiten que otros lo hagan para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados;

X. Se abstienen de realizar trabajos o actividades, remuneradas o no, fuera de sus funciones, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, cuyo ejercicio pueda dar lugar a dudas sobre su imparcialidad frente a las decisiones que les compete tomar en razón de sus labores;

XI. Se abstienen de participar en campañas publicitarias sobre determinado producto, o permitir que su nombre sea usado por una firma, asociación, sociedad, corporación o cualquier otra entidad para fines comerciales; y

XII. Se abstienen de utilizar en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al servicio, información de la que tengan conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no sea pública.

Artículo 7. Principio de lealtad.

1. El principio constitucional de lealtad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las diputadas y los diputados del Congreso:

I. Mantienen un trato solidario, de respeto, de consideración, de cooperación y de lealtad mutua acorde con su investidura, y en todo momento desempeñarán una conducta intachable y transparente tanto en su vida pública como privada, en consonancia con la ética y las buenas costumbres, enalteciendo el buen nombre del Congreso;

II. Deben lealtad al pueblo, a las instituciones y al mandato constitucional por el cual han sido elegidos y actúan con responsabilidad, protegiendo los intereses nacionales;

III. Tributan al Estado mexicano el honor y servicio debidos, defendiendo el conjunto de valores que representan como legisladores federales del Estado mexicano; y

IV. Aceptan los vínculos implícitos en su adhesión a la Cámara, de tal modo que refuerzan y protegen, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla representa.

Artículo 8. Principio de imparcialidad.

1. El principio constitucional de Imparcialidad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las diputadas y los diputados del Congreso:

I. Se abstienen de pretender trato preferencial alguno al realizar trámites personales o familiares ante entidades públicas o privadas;

II. Emplean criterios de equidad para la formulación de leyes y la toma de decisiones en general;

III. Otorgan a todas las personas, a través de la presentación de iniciativas y de la supervisión de la fiscalización superior, igualdad de trato en igualdad de situaciones;

IV. Se abstienen de realizar actos discriminatorios en su actividad legislativa ni con las personas en general;

V. Al tomar sus decisiones, buscar siempre la realización del bien común frente a cualquier beneficio o ventaja personal; y

VI. Observan una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con servidores públicos y ciudadanos en general, deben conducirse en todo momento con respeto y corrección.

Artículo 9. Principio de eficiencia.

1. El principio constitucional de Eficiencia, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las diputadas y los diputados del Congreso:

I. Tienen permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones legislativas, pues a través de éstas, otorgan a cada mexicano lo que le es debido;

II. Se presentan a desempeñar oportunamente sus funciones;

III. Asisten a las reuniones y participan en los trabajos de las comisiones;

IV. Se abstienen de ausentarse sin justificación de las sesiones;

V. Se abstienen de obstruir el desarrollo normal de las sesiones del pleno o de las comisiones a través de:

a) La interrupción a los oradores que estén en uso de la palabra;

b) La usurpación de los lugares o las funciones de los integrantes de la Mesa Directiva;

c) La alteración del orden a través de exclamaciones soeces o altisonantes; o

d) Cualquier otra que pretenda obstruir u obstruya el desarrollo normal de las sesiones a que se refiere esta fracción;

VI. Usan el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus quehaceres

VII. Mantienen la adecuada organización y planificación en el trabajo a su cargo;

VIII. Realizan un ejercicio adecuado del cargo, hecho que involucra el cumplimiento personal del presente Código;

IX. Cumplen eficientemente la función parlamentaria, en la forma y condiciones que determinen la Ley Orgánica y el Reglamento;

X. Cumplen en el tiempo previsto y de manera apropiada con las actividades y responsabilidades que les sean encomendadas; y

XI. Cumplen diligentemente sus obligaciones de legislador.

Artículo 10. Normas conductuales.

1. Además de los principios contenidos en la Ley Orgánica, en el Reglamento y en el presente capítulo, y en cumplimiento a la ética parlamentaria a que están sujetos las diputadas y los diputados del Congreso, éstos deben:

I. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su condición; y

II. Observar, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de una persona que no ejerce un cargo público.

Capítulo III
De la disciplina parlamentaria

Artículo 11. Disciplina parlamentaria.

1. La inobservancia de cualquiera de los imperativos contenidos en el capítulo II de este Código se constituye en violación a la disciplina parlamentaria.

2. La violación a la disciplina parlamentaria debe ser sancionada en términos del artículo 20 numeral 2, inciso g) de la Ley Orgánica.

Artículo 12. Autoridad competente.

1. Corresponde a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten o violen la disciplina parlamentaria.

Artículo 13. Sanciones.

1. Las sanciones que puede imponer la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a los legisladores que violen la disciplina parlamentaria son:

I. Amonestación pública o privada; o

II. Suspensión de la dieta por un periodo de un día hasta sesenta días.

Artículo 14. Noticia de presuntas violaciones a la disciplina parlamentaria.

1. Cualquier persona puede informar al presidente de la Mesa Directiva de conductas de los legisladores que presuntamente violen las obligaciones y principios a que están constreñidos en su carácter de servidores públicos.

2. La Mesa Directiva puede conocer de forma oficiosa de cualquiera conducta presuntamente irregular de las y los diputados.

3. El presidente de la Mesa Directiva podrá realizar cualquier investigación que considere procedente, a efecto de allegarse de elementos de convicción que permitan precisar la verdad de los hechos.

Artículo 15. Procedimiento.

1. Las diputadas y los diputados, al igual que toda persona que se encuentre en el territorio nacional, goza del derecho de audiencia, por lo cual la Mesa Directiva emplazará al legislador correspondiente a una audiencia ante la Mesa Directiva que tendrá verificativo en día y hora hábil no menor a cinco días posteriores a que surta efectos el emplazamiento.

2. En el escrito inicial se le hará saber los hechos que se le imputan, su derecho a presentar su defensa y a ofrecer los medios de prueba que considere procedentes.

3. En la audiencia, se recibirá su defensa y se admitirán las pruebas conducentes, desechando las que no lo sean, ordenando su preparación cuando se requiera o bien su desahogo. No se admitirán las confesionales ni testimoniales a cargo de las autoridades, sino sólo su informe por escrito.

En caso de no comparecer a la audiencia, se resolverá el procedimiento con los medios de prueba que integran el expediente.

4. La Mesa Directiva contará con un plazo de seis meses para resolver en definitiva el asunto, por mayoría de votos de sus integrantes, y ordenar que se aplique la sanción, en caso de corresponder, conforme a lo establecido en el artículo siguiente.

5. Para determinar la sanción a imponer, la Mesa Directiva tomará en cuenta las condiciones particulares de la comisión del hecho, la gravedad de la conducta, la condición socioeconómica del legislador y la reincidencia en este tipo de conductas.

6. En el procedimiento no se admitirán incidentes ni más de tres testigos por cada hecho controvertido.

Artículo 16. Aplicación de la sanción.

1. La suspensión de la dieta impuesta por la Mesa Directiva será aplicada por el área administrativa de la Cámara que corresponda.

2. La amonestación impuesta por la Mesa Directiva será impuesta por el coordinador del grupo parlamentario al que esté integrado la o el diputado o bien, por el presidente de la Mesa Directiva cuando aquél se encuentre ausente o se trate de diputados independientes.

Artículo 17. Transparencia.

1. El presidente de la Mesa Directiva ordenará que toda la información relativa a las sanciones impuestas por violación a la disciplina parlamentaria se encuentre en un lugar visible de la página oficial de la Cámara de Diputados.

2. Esta información se actualizará los primeros tres días hábiles de cada mes.

Artículo 18. Prescripción.

1. La Mesa Directiva tendrá facultades para imponer la sanción correspondiente a las y los diputados por violaciones a la disciplina parlamentaria, hasta en tanto esté vigente la legislatura de que se trate.

Artículo 19. Supletoriedad.

1. Para lo dispuesto en el presente capítulo será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VI. Artículos transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Greg Power, “Manual de Ética y Conducta Parlamentarios”, Coed. Westminster Fundation for Democracy y Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Jorge Triana Tena,Alejandro Gutiérrez Campos, Angélica Moya Marín, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Enrique Pérez Rodríguez, Exaltación González Ceceña, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gretel Culin Jaime, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez,José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Pablo Piña Kurczyn, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Nadia Haydee Vega Olivas, Patricia García García, Pedro Garza Treviño, Ricardo del Rivero Martínez, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Ulises Ramírez Núñez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Triana. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul del diputado Macedonio Tamez, por favor. ¿Sí, diputado?

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero pedirle al diputado Jorge Triana Tena me permita adherirme a su iniciativa.

Quiero expresar que en Movimiento Ciudadano estamos tan convencidos de la necesidad de someter todas nuestras actividades a la ética universal, que desde el principio de esta legislatura hicimos nuestro propio código de ética y lo tenemos vigente en esta fracción. Es por eso que celebro esta iniciativa, me sumo a ella y estoy seguro que, de aprobarse, nos llevará a todos a hacer un uso correcto del poder, de acuerdo con los preceptos de la ética universal. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Diputado Triana. ¿Dónde anda? ¿Escuchó la solicitud de adhesión a su iniciativa?

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia. Entonces, aquí está a disposición para quienes quieran suscribirla. Gracias.

Saludamos la presencia de alumnos de Bachillerato del municipio de Villa del Carbón, estado de México. Invitados por el diputado Raúl Domínguez Rex. Bienvenidas, bienvenidos amigos, a este recinto parlamentario de San Lázaro.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Erik Juárez Blanquet, a nombre de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Con la venia de la Presidencia, diputadas y diputados, como es sabido nuestro país en el contexto de la comunidad internacional, pero particularmente de los organismos como la Comisión Interamericana de los derechos humanos u organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, han reconocido ciertos avances de nuestro país en materia de derechos humanos.

Pero de igual manera, han puesto especial relevancia en focos rojos como lo es la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, la situación de periodistas defensores y defensoras de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de la violencia en nuestro país.

En este sentido, urge la necesidad de que como legisladores impulsemos una armonización de nuestra legislación como construcción de políticas públicas en base a los estándares de organismos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Pero de igual manera, reconocer plenamente la incidencia jurisdiccional de los tribunales regionales e internacionales o del sistema de las Naciones Unidas.

En lo tocante al reconocimiento pleno y jurisdiccional de ciertos tribunales y organismos internacionales en nuestro país, actualmente nuestra Carta Magna hace un reconocimiento limitativo de la Corte Penal Internacional, contraviniendo la esencia misma del Estatuto de Roma que se ve sujeto a la reserva de la aprobación del Senado de la República para la intervención de esta corte en cada caso concreto.

Por lo señalado –compañeras y compañeros– el reconocimiento jurisdiccional de la Corte Penal Internacional, debe de ser pleno, tal y como lo demuestran las experiencias constitucionales comparadas de Francia, Irlanda y Portugal, entre toras, y no contravenir la normativa internacional de los derechos humanos. En este sentido el reconocimiento pleno de este órgano jurisdiccional internacional, vendría a abrir la puerta para juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.

Asimismo –compañeras y compañeros– en lo referente a un tribunal de carácter regional como lo es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es de vital importancia dotar del mismo reconocimiento pleno como de sus propias resoluciones, por el papel que desempeña en la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas que se encuentran bajo su protección, tal y como han sido los casos de Jorge Castañeda, contra México; González y otras, contra México; Radilla Pacheco, contra Estados Unidos Mexicanos; Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, contra México; y Cabrera García y Montiel Flores, contra México, por mencionar las más relevantes y que han sentado bases sin precedentes.

Por el momento en el derecho interno de nuestro país la efectividad y la obligatoriedad del Estado mexicano de acatar las sentencias de este órgano interamericano, se encuentra difuso en la jurisprudencia, por lo que es menester dar coherencia y elevar a rango constitucional su obligatoriedad.

Por lo referido tanto en lo relativo a la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es de suma importancia ante el adecuado encauce que debe darse de la normativa internacional y nuestro reconocimiento pleno de estos órganos internacionales como parte del funcionamiento, del andamiaje de un Estado constitucional de derecho, aún lejano de alcanzar.

En ese sentido la presente iniciativa con proyecto de decreto pretende adicionar un párrafo tercero al artículo 1, recorriendo los subsecuentes, así como se reforma el párrafo octavo del artículo 21, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al reconocimiento pleno de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y a la Corte Penal Internacional como otros organismos internacionales en los que México es Estado parte. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 1o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

Del balance anual que hace Amnistía en materia de derechos humanos en el mundo, nuestro país aparece en la lista de los 11 países de mayor alarma. Y ante las cifras alarmantes que no varían en términos de desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios, es imperante que dejemos de lado la postura de evadir las críticas de organismos internacionales y pasemos a implementar acciones de gobierno que sí ayuden en éstos temas.

Lo alarmante es que cualquier opinión o práctica internacional en ésta materia es minimizada por el gobierno. Y aunque en el discurso se implementan miles de programas encaminados en atender la protección y promoción; en la práctica, para éste ejercicio fiscal fueron sacrificados miles de millones de pesos de programas que no eran, según el análisis correspondiente, necesarios para su implementación.

Lo más destacable, es que siguen sucediendo eventos como las crisis en el sistema penitenciario en nuestro país, por mencionar alguno; para voltear a mirar y poner nuevamente atención en lo que estamos obligados a cumplir.

Lo que pretende esta iniciativa, es de acatar las observaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos; y dejar de lado el discurso de que estamos trabajando en ello.

Argumentos

Actualmente, México reconoce la participación de la Corte Penal Internacional a través de la reforma al Artículo 21, Párrafo Octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 4 de mayo de 2005, y publicada para sus efectos constitucionales en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de junio del mismo año, al quedar el párrafo en referencia de la siguiente manera y que a la letra estipula: “El Ejecutivo Federal, podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

Posteriormente, dicha reforma motivó al Ejecutivo Federal a enviar el 21 de junio de 2005, el Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a la Organización de las Naciones Unidas, para posteriormente ser aprobado por el Senado de la República del H. Congreso de la Unión conforme a sus facultades constitucionales conferidas, y publicado dicho instrumento el 7 de septiembre del citado año mediante decreto presidencial y para sus efectos conducentes.

Consecuentemente, la reforma constitucional en comento, derivó a la presentación por parte del Ejecutivo Federal hacia la Cámara de Senadores de una Iniciativa de Decreto que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo, del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El proyecto legislativo en mención, conocido como Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, se aprobó el 15 de diciembre de 2009 por el Senado de la República, y se remitió para sus efectos correspondientes a la Cámara de Diputados. El 2 de febrero de 2010 fuera dicho proyecto turnado a la Comisión Justicia para su discusión y análisis, y que al momento no existen avances en su proceso de dictaminación al interior de esta representación.

Aunado a este proceso, se presentaron dos proyectos legislativos al interior de la Cámara de Diputados que pretendieron realizar una serie de reformas y adiciones a diversos ordenamientos jurídicos, esto, como parte de una serie de adecuaciones de nuestro marco jurídico para con la reforma constitucional en comento y los alcances del Estatuto de Roma. Proyectos legislativos relativos a ordenamientos como el Código Penal Federal, del Código de Justicia Militar, la Ley General de Salud y del Código Federal de Procedimientos Penales, entre otros, para lo relativo a los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

El primer proyecto fue presentado durante la LX Legislatura por parte de las diputadas Omeheira López Reyna y Esmeralda Cárdenas Hernández de Grupo Parlamentarios del Partido de Acción Nacional; y el segundo, dado en la LXI Legislatura por el Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Ambos Proyectos de Decreto se encuentran en espera aun de ser dictaminados.

En este contexto, la reforma constitucional para con el reconocimiento de la Corte Penal Internacional por parte del Estado mexicano es bastante desafortunada desde la óptica del derecho internacional. Como se puede apreciar en la reforma ya citada, no se trata de un reconocimiento pleno de este organismo y su jurisdicción como incidencia en nuestro marco jurídico, esto, en virtud de que la aplicación del Estatuto de Roma se ve sujeto a la reserva de la aprobación del Senado de la República en cada caso como se menciona.

Podemos deducir que esta multicitada reforma desde la perspectiva del derecho internacional se puede calificar con una reserva encubierta que no se permite en el mismo ordenamiento internacional, pero particularmente, menos desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, esto, desde el análisis riguroso de académicos en la materia.

Por otro lado, cabe mencionar que en la experiencia internacional para con la adherencia al Estatuto de Roma, pero particularmente, en el reconocimiento en las Cartas Magnas de otros países, casos como el de Colombia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Madagascar y Portugal, contemplan sin reserva alguna la jurisdicción de la propia Corte Penal Internacional como lo alcances del propio estatuto en cuestión.

La reforma en materia en nuestro país, se traduce en un primer momento desde su presentación por parte del Poder Ejecutivo en 2001, como un avance en la voluntad política de reconocer a la Corte Penal Internacional, además de otros organismos como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, la visión limitada en su momento, los intereses y coyunturas, como el desconocimiento o la abnegación de no analizar experiencias constitucionales comparadas de otros países para con el reconocimiento pleno de este organismo, nos llevó a un avance malogrado de reforma.

Desde la presentación del Proyecto de Decreto que motivara al reconocimiento parcial de la Corte Penal Internacional en 2001, se han presentado a la fecha un poco más de 12 Iniciativas con Proyecto de Decreto de carácter constitucional que han pretendido realizar modificaciones a dicha reforma, a fin de armonizar la misma con los contenidos y alcances del Estatuto de Roma, presentados por diversas fuerzas políticas como el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México, y el propio Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior, sin contar con otros y diversos proyectos parlamentarios que han pretendido reglamentar la reforma en cita, cómo la modificación de otros ordenamientos federales.

Para organizaciones no gubernamentales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional, el Centro Estratégico de Litigio Latinoamericano, el Centro para el desarrollo de la Justicia Internacional, la Comisión Mesoamericana de Juristas, AC, Amnistía Internacional, entre otras, han externado la necesidad de que el Estado mexicano reconozca plenamente a la Corte Penal Internacional a más de otros organismos o tribunales internacionales en su Carta Magna, tal y como lo demuestra la experiencia internacional ya citada, pero por sobre todo, sin contravenir el espíritu del Estatuto de Roma.

Ahora bien, en otro orden de ideas, la Corte Penal Internacional no únicamente es el organismo internacional que es un menester contemplar en el texto constitucional, sino de igual manera, de otros organismos en los que México sea Estado parte tal y como lo es la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto, ante la necesidad de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados en la materia los cuales se somete el llamado sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Lo anterior, no únicamente derivado de las obligaciones del Estado mexicano como miembro de dicho órgano judicial, sino de igual manera, de los precedentes que ha marcad la Corte para con sentencias condenatorias y sus efectos en el sistema jurídico mexicano, tales y como lo son los casos de: Jorge Castañeda vs. México, González y otras vs. México, Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú vs. México, y Cabrera García y Montiel Flores vs. México, por mencionar los más relevantes.

En este sentido, la a importancia de dotar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus resoluciones de una validez en el ámbito internacional, reside en el importante papel que la misma está jugando en la protección de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran bajo su protección.

Tras un amplio andamiaje de instrumentos internacionales con los que México se encuentra obligado, se ha dado una especial protección a los derechos humanos, mismos que han sido dotados de un rango convencional de protección, maximizando de esta forma el derecho al recurso judicial efectivo.

Por el momento en el derecho interno de nuestro País la efectividad y obligatoriedad del Estado mexicano de acatar las sentencias de éste órgano interamericano se encuentra difuso en la jurisprudencia, por lo que es un menester de coherencia elevar a rango constitucional su obligatoriedad.

Lo referido tanto para lo relativo a la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de suma importancia ante el adecuado encauce que debe darse de la normativa internacional y nuestro reconocimiento pleno de estos órganos internacionales como parte del fortalecimientos del andamiaje de un Estado constitucional de derecho, aún lejano a alcanzar.

Finalmente, el quidde la iniciativa con proyecto de decreto aquí planteada se viene a sumar al conjunto de proyectos parlamentarios afines y que a lo largo de 15 años no se han podido concretar. Asimismo, se puntualiza que dicha propuesta viene a coadyuvar a la agenda de prioridades legislativas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al seno de las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión.

Fundamento legal

Por todo lo expuesto y con fundamento en los artículos en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, Diputada Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1o., recorriendo los subsecuentes; y se reforma el párrafo octavo del artículo 21, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1o. recorriendo los subsecuentes, y se reforma el párrafo octavo del artículo 21, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos...

...

El Estado mexicano se compromete a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo caso en que sea parte.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias...

...

...

Artículo 21.La investigación de los delitos...

...

...

...

...

...

...

El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos de lo dispuesto en el Estatuto de Roma, así como de aquellos tribunales internacionales establecidos en tratados donde el Estado sea parte, en los términos y conforme a los procedimientos establecidos en los instrumentos internacionales.

La seguridad pública...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.— Diputados y diputada: Erik Juárez Blanquet,María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Ávila Serna, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 22 y 26, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada María Ávila Serna:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. “En cada niño nace la humanidad”. Jacinto Benavente.

En 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por los 78 Estados miembros de la ONU, estableciendo que el niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad.

Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia, y es que aunque reconocemos que mucho se ha avanzado en esta materia, todavía queda bastante por hacer para erradicar de manera definitiva el maltrato contra los menores, evitando que sean expuestos al peligro, y obligando a los adultos a que protejan en todo momento la integridad física, mental y emocional de nuestros niños.

Existen casos como el de la pequeña ecuatoriana Noemí Álvarez Quillay, quien murió sola y asustada con tal solo 12 años de edad en un refugio en nuestro país, tratando de llegar a Nueva York, para encontrarse con su familia.

Pueden imaginar lo que esta menor llegó a experimentar para tomar la decisión de quitarse la vida. Desgraciadamente la muerte de Noemí no es la primera ni será la última, ya que el número de menores que viajan solos hacia los Estados Unidos y que son capturados en el intento ha ido en aumento en los años recientes, registrándose dramáticos casos de niños de apenas 5 años.

Las niñas y los niños que emprenden la travesía hacia el vecino país del norte, lo hacen porque creen que ahí podrán encontrar mejores condiciones de vida, y porque muchos de ellos tienen en territorio estadounidense por lo menos a un familiar, padre, madre, hermanos, tíos, etcétera.

Para llegar a la frontera de Estados Unidos viajan por semanas enteras e incluso meses, el viaje está lleno de peligros extremadamente graves, se han documentado desgarradoras experiencias de toda clase de abusos, como: extorción, violaciones sexuales, violencia física, secuestros, mutilaciones, prostitución, obligación para transportar drogas para traficantes e incluso asesinatos.

No obstante lo riesgoso de estos viajes las familias continúan enviando a menores de edad solos, dejándolos en un estado de total indefensión y exponiéndolos a merced de gentes sin escrúpulos que los utilizan con los más diversos y obscuros fines.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México impulsa una reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se pretende frenar esta situación al tiempo de concientizar a los padres de familia o tutores de los menores, para que no envíen solos a sus pequeños en travesías hacia otros países en aras de alcanzar el llamado sueño americano, pues lamentablemente es altamente probable que sufran toda clase de abusos o, bien, terminen encontrando la muerte.

En este sentido consideramos que las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos en primera instancia desde el seno familiar, lo cual es en esencia el principal objetivo de la reforma plateada a los artículos 16, 22 y 26 de la citada ley. Es cuanto, diputado presidente. Y, por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Iniciativa que reforma los artículos 16, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada María Ávila Serna e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, María Ávila Serna y diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 20 de noviembre de 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por los 78 Estados miembros de la ONU. Ésta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 1386 (XIV).

Contenido de la Declaración de los Derechos del Niño:

“El niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad”.

La Declaración de los Derechos del Niño establece diez principios:

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.

2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño.

3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.

4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados.

5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física.

6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad.

7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.

8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.

9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.

10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.

Es mucho lo que se ha avanzado en esta materia, pero es aún más lo que falta por hacer, para erradicar de manera definitiva el maltrato en contra de los menores, evitando que sean expuestos al peligro y obligando a que los adultos protejan en todo momento su integridad física, mental y emocional.

En marzo de 2014, una niña pequeña murió asustada y sola en un refugio en México. Perdida en una arriesgada travesía desde las montañas de Ecuador para encontrase con su familia en Nueva York, a más de tres mil millas de distancia.

La muerte de Noemí Álvarez Quilloy de 12 años de edad, pone una trágica cara humana al fracaso de aprobar una importante reforma inmigratoria en Estados Unidos. También señala lo innecesariamente peligroso que se ha convertido para las familias en ambos lados de la frontera de Estados Unidos estar “unidas”.

Desgraciadamente, la muerte de Noemí no es la primera, ni será la última. De acuerdo con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de los Estados Unidos, se espera que el número de menores que viajan solos y que son capturados incremente año con año.

En casos como el de Noemí, los padres pagan a los llamados “coyotes” para llevar a sus hijos a Estados Unidos. El camino es peligroso, ilegal y costoso: de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el pago a los traficantes ha aumentado, entre los 3.000 y los 10.000 dólares para los inmigrantes de origen latinoamericano, quienes suman un 70% de todos aquellos que intentan cruzar la frontera desde México, según datos reportados por la Subsecretaria de Relaciones Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sostiene que los niños que migran se enfrentan a menudo a abuso y violencia a manos de coyotes y de tantos otros personajes oscuros que se cruzan en sus largas y desgarradoras travesías. En el caso de Noemí, tanto el hombre que sus padres contrataron para llevarla a los EE.UU. como la niña fueron detenidos en México. Su muerte por ahorcamiento en un refugio para niños fue considerado un suicidio.

Pero el problema va más allá de Ecuador. De hecho, la mayoría de las estadísticas gubernamentales de Estados Unidos sitúan a Ecuador entre los países que tienen menor número de inmigrantes indocumentados. De acuerdo con el Proyecto de Tendencias Hispanas del Centro PEW, hay aproximadamente 11.7 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos, 6 millones de estas personas, que equivale al 52%, son provenientes de México. Aproximadamente 100.000 son ecuatorianos.

La promesa de una vida mejor en Estados Unidos es una de las principales razones por las cuales familias enteras emprenden el peligroso viaje a la frontera, poniendo en peligro su vida o la de sus hijos.

No obstante lo riesgoso de este viaje, en ocasiones se envía a esta difícil travesía a menores de edad solos, dejándolos en un estado de total indefensión y exponiéndolos a merced de los llamados polleros, así como de todos los involucrados en los traslados hacia la frontera.

Con estas reformas se pretende frenar esta actividad y concientizar a los padres de familia o tutores de los menores, para que no envíen solos a sus pequeños para alcanzar el llamado sueño americano, pues muchos de ellos se encuentran con toda clase de abusos e incluso la muerte. Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos en primera instancia desde el seno familiar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado presentamos ante esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 16, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforman los artículos 16, 22 y 26 de la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar redactados de la siguiente manera:

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Capítulo Primero
Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser expuestos a ningún tipo de riesgo, a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.

Título Segundo
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Capítulo Cuarto
Del Derecho a Vivir en Familia

Artículo 22. (...)

(...)

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia, sin exponerlos a ningún tipo de riesgos y provean su subsistencia.

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial, así como a las niñas, niños y adolescentes migrantes en los cruces fronterizos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de abril de 2016.— Diputadas y diputados: María Ávila Serna,Daniela De Los Santos Torres, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ávila. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos de la carrera de derecho de la FES Aragón, invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández. Bienvenidas, bienvenidos, amigos, a este recinto parlamentario.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:En Morena los diputados cooperamos con el 50 por ciento de nuestra dieta para la educación. Municipio que gobierna Morena ya tiene universidad. Con su permiso, señor presidente.

En los últimos años la Cámara de Diputados ha sido cuestionada severamente por la opinión pública respecto de la opacidad en el manejo, uso y destino de los recursos públicos y en específico por el manejo de las subvenciones.

En ese orden de ideas, es necesario hacer un frente común en la lucha contra la impunidad y corrupción en el ejercicio y destino de los fondos de carácter público, donde el pueblo demanda una nueva etapa en la transparencia y la rendición de rendición de cuentas no sólo de la Cámara de Diputados, sino en todas las instancias de gobierno del país que manejan recursos de origen público.

Por su parte, uno de los objetivos de la Auditoría Superior de la Federación es fiscalizar la cuenta púbica mediante auditorías que se efectúen a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo los particulares conforme a su mandato legal.

El propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público, así como las atribuciones conferidas por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, aunado a la crisis económica que vive el país se une la crisis de credibilidad en las instancias gubernamentales, consecuencia de la impunidad, la falta de transparencia y la rendición de cuentas respecto del uso de recursos públicos.

Un claro ejemplo lo vemos en la publicación realizada por la Auditoría Superior de la Federación respecto del rubro Denuncias Penales presentadas por la ASF de las cuentas públicas 1998-2013, así como las relacionadas con la simulación de reintegros donde se puntualiza, y a la vez resulta inexplicable que de 664 denuncias presentadas sólo se hayan consignado 21 denuncias desde el año de 1998 al 31 de 2015.

En días pasados se hizo el señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación, quien informó que los recursos ejercidos en subvenciones y otros conceptos relacionados con la actividad legislativa en 2014, fueron de mil 869 millones, 250 mil 800 pesos, lo que representa una cuarta parte del total del presupuesto, señalando que subsiste una limitada rendición de cuentas, sin pasar por desapercibido que en 2013 la ASF ya había hecho una observación a la Cámara de Diputados por opacidad en subvenciones.

Es necesario que los diputados, como representantes del pueblo, realicemos las modificaciones a las leyes correspondientes que mejoren los controle internos para transparentar la aplicación de los recursos asignados a los grupos parlamentarios.

Lo anterior se contempla en el artículo 16 de la Norma para regular la transferencia y control de recursos financieros asignados a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Pero tratándose de una norma que no tiene el rango de ley, es susceptible del manejo discrecional, lo que obstaculiza su aplicación, razón por la cual es necesario, en abono a la transparencia y a la rendición de cuentas, elevar esta disposición a rango de ley, dándole al mismo tiempo la facultad a la Auditoría Superior de la Federación de intervenir para realizar lo que a ella competa, en el caso de las observaciones que no se hayan subsanado ante la Contraloría Interna.

En ese orden de ideas, la presente iniciativa pretende que por ley y no por norma administrativa se haga la revisión por parte de la Contraloría Interna de la H. Cámara de Diputados, en qué y cómo se gastan los recursos de los diversos tipos de subvenciones, dando la facultad y obligación también a la Junta de Coordinación Política para que después de conocer los resultados correspondientes dé vista a la Auditoría Superior de la Federación para que esta a su vez realice lo que a ella competa en el caso de las observaciones que no se hayan subsanado ante la Contraloría Interna, sin perjuicio de que esta última continúe con los procedimientos de responsabilidades establecidos para el caso. Gracias, presidente.

Para señalar lo que está pasando por los malos manejos de recursos que diversas administradoras de Afores están llevando a cabo, a quienes la Comisión Federal de Competencia Económica les ha iniciado procedimiento de juicio por prácticas monopólicas.

Recuerden que en Morena advertimos con nuestras reservas y ahora confirmamos, que se cometió un error cuando votaron recientemente la forma para convertir al Pensionissste en administradora, como las que ahora están siendo juzgadas. Por lo que es urgente echar atrás esta reforma y regresar de manera urgente al esquema del Pensionissste. Asimismo solicitamos a la Cofece, por actuar de forma eficiente y consignar los hechos antes referidos. Gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 en su numeral 2 adicionando un segundo, tercero y cuarto párrafos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años la Cámara de Diputados ha sido cuestionada severamente por la opinión pública respecto de la opacidad en el manejo, uso y destino de los recursos públicos y en específico por el manejo de las subvenciones.

En ese orden de ideas, es necesario hacer un frente común en la lucha contra la impunidad y corrupción en el ejercicio y destino de los fondos de carácter público, donde la sociedad demanda una nueva etapa en la transparencia y la rendición de cuentas no sólo de la Cámara de Diputados, sino en todos las instancias de gobierno del país que manejan recursos de origen público.

Por su parte la finalidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público, así como las atribuciones conferidas por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que aunado a la crisis económica que vive el país, se une la crisis de credibilidad en las instancias gubernamentales consecuencia de la impunidad, la falta de transparencia y la rendición de cuentas respecto del uso de recursos públicos, un claro ejemplo lo vemos en la publicación realizada por la Auditoría Superior de la Federación respecto del rubro: Denuncias Penales Presentadas por la ASF de las Cuentas Públicas 1998-2013, así como las relacionadas con la simulación de reintegros, donde se puntualiza y a la vez resulta inexplicable que de 664 denuncias presentadas sólo se hayan consignado 21 denuncias desde el año de 1998 al 31 de diciembre de 2015.

En días pasados se hizo el señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación, quien informó que los recursos ejercidos en subvenciones y otros conceptos relacionados con la actividad legislativa en 2014 fueron de mil 869 millones 250 mil 800 pesos, lo que representa una cuarta parte del total de presupuesto, señalando que “ subsiste una limitada rendición de cuentas”, sin pasar por desapercibo que en 2013 la ASF ya había hecho una observación a la Cámara de Diputados por opacidad en subvenciones.

En ese sentido los medios de comunicación durante años han informado a la opinión pública respecto de la opacidad en el manejo de los recursos públicos en las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, sin que pase nada.

Para nadie es desconocido que anualmente vemos miles de notas sobre el mencionado tópico, sin que verdaderamente haya un cambio en las leyes y reglamentos que rigen la vida interna de la Cámara de Diputados.

Es necesario subrayar que las miles de opiniones por parte de la sociedad en general, así como de connotados investigadores y de los propios legisladores, son un reflejo del malestar generalizado de las mexicanas y de los mexicanos por el manejo discrecional que se hace de los recursos públicos.

En razón de ello, es necesario cambiar la mala percepción que tiene la sociedad de las y los políticos mexicanos en especial de las y los diputados, aprobando y cumpliendo las leyes que nosotros mismos aprobamos, luchando en un frente común contra la impunidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas, para el bien del país.

No obstante que el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, además de que la faculta entre otras cosas para promover las denuncias de responsabilidad que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, vemos con gran desazón que los esfuerzos se ven neutralizados consecuencia de la impunidad que prevalece en las instancias encargadas de la investigación, prosecución e impartición de justicia.

Es necesario que los diputados, como representantes del pueblo, realicen las modificaciones a las leyes correspondientes que busquen mejorar los controles internos y transparentar la aplicación de los recursos asignados a los grupos parlamentarios, para lo cual se debe facultar a la Contraloría Interna de la Cámara a través de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que revise, semestralmente, a cada uno de los grupos parlamentarios, la contabilidad de los ingresos recibidos por concepto de subvenciones y los gastos realizados, mismos que deberá analizar e informar de manera directa al coordinador del grupo, respecto de los resultados preliminares de cada revisión, con el propósito de que, en el término de cuarenta y cinco días naturales, el coordinador presente la información y documentación que aclare y solvente las observaciones.

Así como para que agotado el plazo anterior, la Contraloría Interna disponga de hasta cinco días naturales para presentar a la Junta de Coordinación Política, los resultados finales de su revisión, sin alusiones específicas por grupo, con las observaciones que no hayan sido aclaradas o solventadas, para que esta a su vez dé vista a la Auditoría Superior de la Federación para que actué en el ámbito de sus facultades, sin perjuicio de que la contralaría realice de igual manera las funciones que son de su competencia.

Ello favorece a inhibir, en su caso, el desvió de recursos, contribuyendo a una mayor transparencia y rendición de cuentas al interior de la Cámara de Diputados y aporta un mayor control en la revisión de los recursos públicos designados a los grupos parlamentarios por concepto de subvenciones.

Parte de lo antes mencionado se encuentra señalado en el artículo 16 de la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, aprobada en el año 2009, sin embargo al tratarse de normas administrativas aprobadas por la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados, las mismas son susceptibles de modificaciones vía acuerdos, circulares, etcétera, sin la intervención y conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados, razón por lo cual es necesario en abono de la transparencia y la rendición de cuentas, elevarlo a rango de ley, dándole al mismo tiempo la facultad a la Auditoría Superior de la Federación de intervenir para realizar lo que a ella competa en el caso de las observaciones que no se hayan subsanado ante la Contralaría Interna, ello permitirá tener certeza y un seguimiento puntual del ejercicio de los recursos por concepto de subvenciones y los gastos realizados, sin menoscabo de que la contraloría interna actúe en consecuencia, esto es, dos instancias vigilarán el uso y destino de los recursos públicos por concepto de subvenciones.

Las subvenciones de acuerdo a la Normatividad Administrativa de la Cámara de Diputados señala que “...son los recursos financieros que se asignan a los grupos parlamentarios para apoyar el desarrollo de sus actividades legislativas, así como las actividades complementarias y de gestoría que, en su carácter de representantes de la nación, realizan de manera permanente, durante su periodo en funciones como legisladores integrantes de la Cámara.

Las Subvenciones que se otorgan se definen a continuación:

I. Subvención Ordinaria Fija, se refiere a una asignación fija de recursos financieros a los grupos parlamentarios, de carácter general e idéntica para cada uno de ellos, que se entrega mensualmente, para el desarrollo de sus actividades complementarias.

II. Subvención Ordinaria Variable, es una asignación variable de recursos financieros a los grupos parlamentarios, calculada en función del número de legisladores que conforman cada grupo, destinada a apoyar el desarrollo de la función legislativa y que se entrega mensualmente.

III. Subvención para Apoyos Logísticos, es una asignación de recursos financieros a los grupos parlamentarios, destinada a apoyar actividades de gestoría, que se calcula en función del número de legisladores que conforman cada grupo, la cual se entrega mensualmente.

IV. Subvención de Honorarios, es una asignación de recursos financieros a los grupos parlamentarios, calculada en función del número de legisladores que conforman cada grupo, que se entrega mensualmente, destinada a los apoyos económicos del personal que auxilia a los legisladores en sus funciones.

En ese orden de ideas, la presente iniciativa pretende que por ley y no por norma administrativa se haga la revisión por parte de la Contraloría Interna de la Honorable Cámara de Diputados, ¿en qué y cómo? se gastan los recursos de la Subvención Ordinaria Fija; de la Subvención Ordinaria Variable; de la Subvención para Apoyos Logísticos y de la Subvención de Honorarios, dando la facultad también a la Junta de Coordinación Política después de conocer los resultados que dé vista a la Auditoría Superior de la Federación de intervenir para realizar lo que a ella competa en el caso de las observaciones que no se hayan subsanado ante la Contralaría Interna, sin perjuicio de que ésta última continúe con los procedimientos establecidos para el caso.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 en su numeral 2 adicionando un segundo, tercer y cuarto párrafos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo Único.Se reforma el artículo 29 en su numeral 2 adicionando un segundo, tercer y cuarto párrafos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 29.

1. ...

2. ...

La Contraloría Interna de la Cámara de Diputados revisará semestralmente a cada grupo parlamentario la contabilidad de los recursos recibidos por concepto de subvenciones y los gastos realizados, los analizará e informará de manera directa al coordinador del grupo parlamentario, los resultados preliminares de cada revisión, con el propósito de que, en el término de cuarenta y cinco días naturales, el coordinador presente la información y documentación que aclare y solvente las observaciones.

Agotado el plazo anterior, la Contraloría Interna dispondrá de hasta cinco días naturales para presentar a la Junta de Coordinación Política, los resultados finales de su revisión, sin alusiones específicas por grupo.

La Junta de Coordinación Política con las observaciones que no hayan sido aclaradas o solventadas dará vista a la Auditoría Superior de la Federación para que actúe en el ámbito de sus facultades, sin perjuicio de que la contraloría interna actúe en términos del artículo 53 de la presente ley.

3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.asf.gob.mx/Section/65_Denuncias_penales

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5336635&fecha=12/03

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos y maestros de la escuela primaria Efraín Huerta, de la colonia El Molino, delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Claudia Sofía Corichi García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal del trabajo, suscrita también por la diputada Verónica Delgadillo García, ambas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso, el día de hoy presentamos, a nombre mío –estoy aquí– y de mi compañera la diputada Verónica Delgadillo, esta iniciativa sobre licencias de maternidad y paternidad, que no sólo marca un nuevo capítulo en leyes, sino que es un avance estratégico en la garantía del goce de derechos para padres y madres.

Con esta propuesta pretendemos llevar la legislación mexicana en la materia a estándares internacionales, que hasta hoy no son de observancia en la realidad laboral de nuestro país.

Las políticas orientadas a la corresponsabilidad y a la distribución igualitaria de las tareas del cuidado del hogar, son un eje fundamental para avanzar hacia la equidad, y por ello, las licencias de maternidad y paternidad son dos políticas públicas útiles en la conciliación de la vida laboral y doméstica de hombres y mujeres.

En México, como en todo el mundo, se han establecido legislaciones que tienen por objeto proteger a las mujeres y hombres en el ámbito laboral. Sin embargo, la brecha entre géneros es una realidad en diversas formas, dobles jornadas, salarios asimétricos, violencia sistémica.

El derecho laboral vigente no ha podido reflejar la realidad social del país, lo que imposibilita la protección y garantía del ejercicio de la maternidad y paternidad, por lo que tenemos que impulsar las reformas necesarias para poder conciliar vida familiar y profesional.

Los fallos de las licencias de maternidad y paternidad y de la política en general, se han hecho evidentes en dos fenómenos al menos altamente preocupantes. Por una parte, como varios han mencionado, en las últimas semanas la baja tasa de lactancia en nuestro país que apenas llega al 14 por ciento del total de mujeres en condiciones de amamantar.

Por otra parte, los altos índices de discriminación laboral hacia las mujeres por encontrarse embarazadas. Imagínense que según datos de la Conapred, colocan a la maternidad hoy en día como el principal motivo de discriminación para las mujeres en el ámbito laboral.

Hace un par de meses presentamos un punto de acuerdo para que se exhortara al Ejecutivo a adherirse al Convenio 183 de la OIT y al Senado a ratificarlo, ya que a través de este compromiso México se vería obligado a ampliar las licencias de maternidad.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara lo aprobó el pasado 15 de diciembre, por lo que espero que pronto podamos discutirlo en este pleno.

En esta iniciativa proponemos primero reformar la fracción V al artículo 123 de la Constitución Política para hacer referencia a que las semanas de descanso quedarán establecidas en la Ley Federal del Trabajo, y hacer posible, de verdad, una igualdad.

Segundo. La derogación de diversas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, integrando así un nuevo Capítulo Primero al Título Quinto, en el que estableceríamos a detalle las características de las licencias de maternidad y paternidad.

Sobre licencias de maternidad, a grandes rasgos serían los siguientes puntos:

Primero. Será un descanso obligatorio para las mujeres trabajadoras embarazadas de al menos 14 semanas como lo marcan los estándares internacionales.

Segundo. Se deberán tomar al menos cuatro semanas anteriores y seis posteriores del parto, teniendo siempre la opción de que la trabajadora que no haya gozado de esas semanas anteriores las pueda acumular después del parto para solicitar este goce de semanas restantes hasta tres meses después del alumbramiento.

Tercero. Se podrán prorrogar por el tiempo necesario, en el caso de las trabajadoras que se encuentren imposibilitadas para laborar a causa del embarazo o del parto.

Cuarto. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta doce semanas posteriores al parto.

Es muy importante porque hasta ahora, si un niño nace con algún problema, alguna discapacidad o prematuro no tienen ningunas condiciones, las madres, para atender a estos pequeños, y tampoco los padres.

En el caso del fallecimiento del pequeño o pequeña, la trabajadora podrá gozar de las seis semanas de descanso y duelo. Cosa que hoy no existe en nuestra legislación.

En el caso de adopción disfrutarán de un descanso de ocho semanas con goce de sueldo posteriores al día que reciban a su pequeño o pequeña, y esto es importante por el proceso de adaptación que al día de hoy no se contempla.

Séptimo. Durante los periodos de descanso regulares las trabajadoras recibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga tendrán derecho al 80 por ciento de su salario en los términos que establecerá la ley.

Octavo. Las trabajadoras tendrán derecho a regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto. Sobre el término de licencias de paternidad destaca en esta iniciativa que presentamos la diputada Verónica Delgadillo y una servidora, que comprenderá de un descanso obligatorio de al menos 10 días posteriores inmediatos al parto, y son 5. Y una prestación de otros 15 días que podrán repartirse durante los primeros 4 meses de vida, sin exceder de un día por semana.

En casos de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, como ya comentábamos en el caso de las mujeres, el descanso podrá ser de hasta seis semanas posteriores al parto de las mujeres. Los hombres también pueden y deben vivir su duelo.

En caso de adopción disfrutarán también de un descanso de hasta 20 días de goce de sueldo posteriores al día en que reciban a su pequeño o pequeña.

Hace dos meses más o menos me convertí nuevamente en madre. Trabajar y lactar no es una tarea fácil, quienes han sido madres y trabajadoras lo saben perfectamente. También para quienes han sido padres y acompañan esto, requiere respaldo social e institucional. Pero también para nuestras parejas gozar de ese derecho y ser un factor de apoyo durante las primeras semanas del nacimiento de un pequeño o pequeña resulta un tema esencial y fundamental en el siglo XXI y en un país con la descomposición social que se vive.

Gozar de nuestros hijos e hijas, así como garantizar que estos cuenten con nuestro apoyo no es solo un derecho que debemos promover, sino uno por el que seremos recompensados –estoy segura– de por vida y en el que espero que ustedes, compañeros y compañeras, se puedan sumar.

La iniciativa de ley que presentamos el día de hoy la diputada Verónica Delgadillo y yo plantea una nueva visión en el derecho laboral sobre maternidad y paternidad sin exceso, sino simplemente para generar condiciones que atiendan a la igualdad pero, sobre todo, a fortalecer los vínculos afectivos y por supuesto las necesidades de un recién nacido. También es un tema de justicia social. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se deroga la fracción XXVII Bis del artículo 132, modifica el nombre del título quinto, se derogan las fracciones II, II Bis, III, V, VI y VII del artículo 170, se reforma el artículo 172, se adiciona el capítulo I al título quinto y se recorren los artículos subsecuentes, de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Las políticas orientadas a la corresponsabilidad y a la distribución igualitaria de las tareas de cuidado son un eje fundamental para avanzar hacia sociedades con mayor igualdad de género. Sin embargo, dichas políticas no son suficientes.

II. La licencia de maternidad y paternidad son dos políticas públicas útiles en la conciliación de la vida laboral y la doméstica de hombres y mujeres. Estas medidas se han adoptado buscando no solamente subsanar las brechas de género provocadas por una cultura que ha privilegiado el espacio público para los hombres, mientras que el privado –con sus consecuentes responsabilidades inherentes a la crianza de los hijos- ha sido asignado desde las sociedades tradicionales y patriarcales, a las mujeres. El Estado ha sentado en las últimas décadas las bases para institucionalizar ambas políticas con el fin de -eventualmente- provocar cambios culturales en la sociedad que se traduzcan en nuevos esquemas de corresponsabilidad y ejercicio de los derechos para los hombres y las mujeres.

III. La presente iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones de igualdad laboral entre mujeres y hombres, con la finalidad de llegar a incidir en la arraigada percepción de los roles de género, particularmente en aquellos que se desarrollan en torno al cuidado del hogar y de los hijos. De igual forma incidir en una de las grandes barreras que definen la propia contratación de mujeres y el crecimiento laboral que pueden llegar a tener dentro del ámbito profesional, siendo únicamente su calidad de mujer la causa que define ambas circunstancias.

IV. Es fundamental hacer énfasis en que la licencia de paternidad no debe ser concebida como un simple periodo de descanso vacacional, o de una etapa parental enfocada a crear un vínculo más cercano entre padre e hijo, sino que el objetivo principal de este tipo de licencias y que se ha tratado de dar a conocer en la presente iniciativa es, redistribuir las actividades no remuneradas que se realizan tanto en el cuidado de los hijos como en las del hogar, así como eliminar grandes barreras laborales a las que deben enfrentarse las mujeres. “El hecho de consagrar en la legislación nacional un derecho legal a la licencia de paternidad sería un indicador del valor que la sociedad atribuye al trabajo de cuidado de las mujeres y de los hombres, y propiciaría la igualdad de género.”

V. En México, como en todo el mundo, se han establecido legislaciones que tienen por objeto proteger a las mujeres y hombres en los ámbitos laborales. Sin embargo, la brecha entre géneros es en extremo visible en la materia. Nos referimos a salarios asimétricos, dobles o triples jornadas, acoso sexual, entre otras cosas las que tienen que soportar las mujeres en los trabajos, sino que también el hecho de que su calidad de mujeres sea la razón de esa discriminación.

El derecho laboral vigente en México, sin embargo, no ha podido reflejar la realidad social del país, lo que hasta la fecha imposibilita la protección y garantía del ejercicio de la maternidad y paternidad, toda vez que las medidas tendientes a otorgar y garantizar el goce de estos derechos no son funcionales a la luz de las dinámicas sociales modernas, por lo que como políticas públicas han fallado en reflejar las necesidades de su población objetivo.

Esto último se ha hecho evidente en dos hechos principalmente, la baja tasa de lactancia materna en México, que duramente supera al 14 por ciento del total de mujeres en condiciones de amamantar, y los altos índices de discriminación laboral hacia las mujeres por encontrarse embarazadas,que según cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) colocan a la maternidad como el principal motivo de discriminación para las mujeres en el ámbito laboral, ya sea para ingresar a un empleo o de permanecer en éste.

VI. Las mujeres son soporte fundamental de la familia, contribuyen con sus actividades al bienestar de la misma y al desarrollo de la sociedad, por lo que la maternidad y el papel que éstas realizan en la procreación de los hijos no deben ser causa de su discriminación. La Observación General número 18 del Comité DESC, en el marco de las Naciones Unidas señala que “los embarazos no deben constituir un obstáculo para el empleo ni una justificación para la pérdida del mismo”.

VII. El empleo representa para cualquier persona una fuente de desarrollo en el ámbito individual, cultural, social y económico, lo que implica por lo tanto, un medio de realización personal. El Banco Mundial señala que el empleo, representa una transformación, al menos, en tres dimensiones: a) nivel de vida, b) productividad, y c) cohesión social.

VIII. La violencia laboral que viven las mujeres en México vulnera su situación económica y con ello la de las personas que dependen de su ingreso. Las afectaciones se incrustan en un esquema de discriminación interseccional, en el que confluyen otros elementos como pobreza, nulo acceso a oportunidades de desarrollo profesional y personal, entre otros; mismos que contribuyen negativamente en el acceso a garantías como lo son servicios de salud pública y gratuita, y que por ende propician condiciones de mayor vulnerabilidad a las mujeres durante el parto y puerperio.

IX. Las prestaciones laborales más importantes para las madres trabajadoras en México se reducen a la protección de la salud de la madre y su hijo durante la gestación; un periodo pre y posparto de doce semanas con goce de sueldo; el periodo posparto sin goce de sueldo (desde las seis semanas después del parto hasta el cumplimiento del primer año de vida del infante), así como a la no discriminación por embarazo, la cual incluye la prohibición expresa de exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Estos derechos nacieron como resultado de la lucha feminista y debido a la incorporación de las mujeres al campo laboral; sin embargo, en la actualidad, en las sociedades desarrolladas estos derechos se han expandido hacia el derecho que le asiste a los varones como resultado del ejercicio de su paternidad y en muchos casos se han transformado en derechos laborales para las familias y no ligados a las mujeres.”

X. La desigualdad entre los permisos de padres y madres para la atención infantil (llámense de paternidad, de maternidad o parentales) es una pieza clave en todo el engranaje que consolida las desigualdades entre hombres y mujeres. Esta importancia se deriva de que los permisos inciden en ese momento crucial en el que se instalan los roles de género en el seno de la pareja, se conforman (o no) las relaciones de apego con un recién nacido y se ofrece un determinado modelo al resto de los niños/as de la familia y del entorno.

XI. La Organización Internacional del Trabajo señala sobre las licencias de paternidad, que las investigaciones indican una relación entre la licencia del padre, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares, y el desarrollo infantil. Los padres que hacen uso de la licencia, en especial los que toman dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades de interactuar con sus hijos/as pequeños/as.

Diversos estudios señalan que la licencia para los padres es más habitual en las Economías Desarrolladas, África y Europa Oriental, y Asia Central, lo que sitúa a América lejos de los estándares de protección y goce de la paternidad.

XII. “Los 10 países con mayor igualdad de género son Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Nicaragua -único país de Latinoamérica y el Caribe- Ruanda -único país de África y recién incorporado en 2014-, Irlanda, Filipinas y Bélgica. A lo largo de 9 años en los que el Foro Económico Mundial ha hecho la medición de las brechas de oportunidades entre hombres y mujeres en los distintos países del mundo, algunos han permanecido entre los 10 mejores lugares y otros se han movido de manera sorprendente, como es el caso de Nicaragua que en 2006 se encontraba en el lugar 62 -incluso llegó a estar en el lugar 90 en 2007- hasta ocupar el sexto lugar en 2014. Por otro lado, los países que se han mantenido dentro de los 10 mejores lugares a lo largo de los 9 años de medición son los nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Esto se debe a que dichos países tienen una larga tradición en el fomento de la igualdad de género.”

Consideraciones

I. Que con la reforma constitucional de 2011, la discriminación por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil quedó expresamente prohibida en todo México. Asimismo, es de destacar que el artículo 4o. de la Carta Magna garantiza la igualdad entre mujeres y hombres.

II. Que la igualdad laboral está fundamentada en el artículo 5o. constitucional, donde señala que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode” y debe entenderse en tres modalidades principales, las oportunidades, el trato y el pago.

III. Que desde un enfoque de derechos humanos la negación del trabajo a una mujer por encontrarse embarazada atenta contra su derecho al trabajo y a no ser discriminada, ya que dicha condición forma parte de la identidad femenina y no puede ser motivo de diferenciación en perjuicio de sus derechos laborales.

IV. Que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, toda distinción por condición de embarazo que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas es un acto discriminatorio.

V. Que la igualdad de oportunidades es el derecho de hombres y mujeres a exigir trabajo bajo condiciones equitativas, sin menoscabo de su clase social, edad, estado civil, situación familiar, o cualquier otro motivo y siempre dignificando su calidad de persona.

VI. Que el artículo 2, párrafo 2, de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajo digno es “aquel en el que (...) no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil”. El mismo artículo señala en los párrafos 4 y 5 que la igualdad sustantiva es un derecho de las y los trabajadores frente al patrón, y que ésta se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

VII. Que en el ámbito internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que México suscribió y ratificó, señala en el artículo 11, numeral 1: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular”. El inciso f, numeral 2, del mismo artículo indica: “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para...Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales”.

El artículo 12 de la citada convención señala en el numeral 2: “Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto...”.

VIII. Que el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la seguridad social, ratificado por México establece que “la obligación de brindar atención médica-obstétrica a la trabajadora debe cubrir cualquier contingencia, cualquiera que fuere su causa, durante el embarazo”, y que la asistencia médica deberá comprender por lo menos:

a) La asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y b) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

IX. Que México tienen pendiente como Miembro de la Organización Internacional del Trabajo, adherirse al Convenio 183 de ésta, por el que establece medidas de avanzada en la protección de las mujeres embarazadas en sus trabajos. En este se establece un mínimo de 14 semanas de prestaciones de maternidad· para las mujeres a las que se aplica el instrumento.

El convenio dispone que los Estados parte deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las embarazadas o a las madres en periodo de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud o la de su hijo, y establece la protección contra la discriminación basada en la maternidad.

La norma prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo y con sus consecuencias o la lactancia.

Se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Asimismo, otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

Si México reforma desde ahora sus ordenamientos legales, una vez que el Convenio sea ratificado, no será necesaria una nueva discusión sobre el tema.

X. Que el pasado 15 de diciembre de 2015, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura en un ejemplo de solidaridad con la mejora y perfeccionamiento de un marco jurídico que garantice la protección de las mujeres durante la maternidad, aprobó un Punto de Acuerdo suscrito por la Diputada Federal Claudia Sofía Corichi García por el que se asentaron los siguientes resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo. Así mismo, esta Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República, para que una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado.

XI. Que durante la reunión de líderes globales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, encabezada por los cuatro países sede de las Conferencias Internacionales de la Mujer (México, Dinamarca, Kenia y China), junto con ONU-Mujeres, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, compartió que se haría promoción a una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la carga del trabajo en el hogar; y se intensificarían las acciones para prevenir la violencia en contra de las mujeres, el embarazo en adolescentes y la mortalidad materna; por lo que este anuncio refuerza el compromiso de México con garantizar el goce de plenos derechos a las mujeres.

XII. Que durante la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, se adoptó el Consenso de Quito , en cuyo numeral 25, inciso xiii) se acordó: “Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera equitativa y superando estereotipos de género se crean condiciones propicias para la participación política de la mujer en toda su diversidad.

XIII. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, establece los requisitos para obtener la certificación y el emblema que comprueban que las prácticas laborales de las organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad laborales entre mujeres y hombres.

La norma incluye indicadores, prácticas y acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; asimismo, busca la igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado con capacitación, con seguridad, libre de toda discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la realización plena de mujeres y hombres. Uno de los reactivos que contiene dicha norma es “Contar con el esquema de licencia de paternidad” y entre las evidencias de dicho reactivo está la: creación de estrategias, difusión y promoción de la participación masculina en el cuidado y educación de los hijos.

Lejos de las medidas unilaterales adoptadas por algunos gobiernos locales y estatales, en México las licencias de maternidad y paternidad permanecen muy por debajo de los estándares internacionales y de derecho comparado. La Cámara de Diputados en el marco de su compromiso con la igualdad de género y por la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos debe promover cambios positivos en la materia que coadyuven a materializar ésta ampliación y garantía del goce de derechos para padres y madres. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado sometemos a consideración del pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Por el que se reforma la fracción V, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

...

V.Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de las semanas de descanso que establezca la Ley Federal del Trabajo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

Segundo. Por el que se deroga la fracción XXVII Bis del Artículo 132, modifica el nombre del título quinto, se derogan las fracciones II, II Bis, III, V, VI y VII del artículo 170, se reforma el artículo 172, se adiciona el capítulo I al título quinto y se recorren los artículos subsecuentes, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. ...

...

XXVII Bis. Se deroga

Título Quinto
Protección en la Maternidad

Artículo 170. ...

...

II. Se deroga

II Bis. Se deroga

III. Se deroga

...

V. Se deroga

VI. Se deroga

VII. Se deroga

Artículo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener el mobiliario necesario, en condiciones óptimas y a disponibilidad, para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres trabajadoras durante la gestación o lactancia.

Capítulo I. Licencias de maternidad y paternidad

Artículo 173. Las modalidades que se consignan en este Capítulo tienen como propósito establecer los lineamientos sobre los que las mujeres u hombres trabajadores podrán acceder a las licencias de maternidad o paternidad.

Artículo 174. La licencia de maternidad comprenderá de un descanso obligatorio otorgado por los patrones a las mujeres trabajadoras embarazadas de al menos catorce semanas.

I. Se deberán tomar al menos, cuatro semanas anteriores y seis posteriores del parto. En caso de que la trabajadora no haya gozado de las catorce semanas obligatorias, al término de las seis posteriores al parto, podrá optar por solicitar el goce de las semanas restantes hasta cuatro meses después del alumbramiento.

Los periodos de descanso a que se refiere esta Fracción se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que las trabajadoras se encuentren imposibilitadas para laborar a causa del embarazo o del parto.

II. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta doce semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Posterior a las seis semanas obligatorias podrá por solicitar el goce de las semanas restantes hasta seis meses después del alumbramiento.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora y del hijo.

II Bis. En caso de fallecimiento del hijo, la trabajadora podrá gozar de las seis semanas de descanso a las que se refiere la Fracción I de este Artículo.

III. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de ocho semanas con goce de sueldo posteriores al día que lo reciban.

IV. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción I, las trabajadoras percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción II, tendrán derecho al ochenta por ciento de su salario en los términos que establece este Artículo.

V. Las trabajadoras tendrán derecho a regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto; y

VI. A que se computen en su antigüedad el tiempo que dure la licencia de maternidad.

Artículo 175. La licencia de paternidad comprenderá de un descanso obligatorio otorgado por los patrones a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos, de al menos cinco días anteriores y veinte días posteriores al parto.

I. Los trabajadores tendrán al menos diez días consecutivos de descanso posteriores al parto. Los días restantes de descanso deberán ser otorgados a los trabajadores a solicitud de éstos dentro de los primeros cuatros meses de vida del recién nacido, y no podrán superar los cuatro días por mes. Los trabajadores deberán haber gozado de los veinticinco días que señala este artículo al cumplirse los primeros cuatros meses de vida del recién nacido.

II. En caso de que no haya gozado de los cinco días anteriores al parto, podrá solicitar el goce de los mismos hasta cuatro meses después del alumbramiento.

III. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta seis semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente, dentro de los cuatro primeros meses después del alumbramiento.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la madre y del hijo.

III Bis. En caso de fallecimiento del hijo, el trabajador podrá gozar de los veinte días de descanso a los que se refiere este artículo.

IV. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de hasta veinticinco días con goce de sueldo posteriores al día que lo reciban.

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere este artículo los trabajadores percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción II, tendrán derecho al ochenta por ciento de su salario en los términos que establece este artículo.

VI. Los trabajadores tienen derecho a que se computen en su antigüedad el tiempo que dure la licencia de paternidad.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Sobre este tema la constitucionalista y especialista en temas de derechos fundamentales y equidad de género, Geraldina González de la Vega, hace un gran reflexión a las licencias de paternidad, donde se comparte la opinión respecto que “la licencia no es una vacación para ver al recién nacido, la licencia tiene como objetivo la distribución de tareas en el hogar y del cuidado de los hijos” “#ReformaLaboral: La licencia de paternidad, un tema importante” Animal Político, 28 de septiembre 2012, www.animalpolitico.com

2 La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, Organización Internacional del Trabajo OIT, 2014, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org.

3 México, según datos del Reporte global de brecha de género, del Foro Económico Mundial, cayó a la posición 80 desde el lugar 68 en 2014 por la baja presencia de mujeres en espacios de decisión.

4 De acuerdo con el Global gender gap report 2014, del Foro Económico Mundial, México se encuentra en la posición 118 de 142 países en la escala de equidad laboral.

5 México se encuentra en el último lugar de Latinoamérica con ese índice, según análisis de Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

6 Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que se refieren a la gestión de Felipe Calderón, revelan que de 2007 a 2012 llegaron a ese órgano un total de 255 quejas (contra particulares) y 63 reclamaciones (contra servidores públicos) respecto de este rubro.

7 Datos de la ENDIREH señalan la alta vulnerabilidad de las mujeres en los espacios laborales. La mayoría de las agresiones contra las mujeres se da por los jefes. Es decir, 820 mil 772 casos de violencia en el trabajo al año son por los superiores y 398 mil 655 provienen de los compañeros laborales.

8 El Fondo Monetario Internacional señala que a pesar de los avances de las últimas décadas, el mercado laboral sigue estando dividido por géneros y parece haberse estancado el avance hacia la igualdad de género, por lo que la participación de mujeres en la fuerza laboral se ha mantenido por debajo de la participación masculina.

9 En México, 30.1 por ciento de las mujeres ocupadas reporta violencia laboral; de ellas, 23.8 es víctima de discriminación y 12.5 de acoso laboral. En el país, a 35.9 de las mujeres ocupadas violentadas en el trabajo se pidió la prueba de embarazo como requisito para contratarlas; 31.3 dice tener menores oportunidades que los varones para lograr un ascenso, 30.9 mencionó que se le paga menos que a un hombre que hace lo mismo, 21.8 recibe menos prestaciones que un hombre, según cifras de Conapred.

10 Banco Mundial, Empleos y desarrollo [en línea]. Disponible en http://www.bancomundial.org/es/topic/jobsanddevelopment/overview

11 Datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en 2010, de las mujeres de 15 años y más, 71.6 por ciento había tenido al menos un hijo nacido vivo. En 2011, de las defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica, en mujeres de 15 a 49 años, 31 de cada 100 eran por hemorragias posparto, mientras que de las mujeres de 12 años y más que declararon tener al menos un hijo, 45.9 por ciento se encuentra en situación de pobreza multidimensional y de éstas 20.2 presentan pobreza extrema. De las mujeres con hijos pertenecientes a la población económicamente activa, 96.3 participa en la producción de bienes y servicios; 35 trabaja en el sector informal, 33.5 en empresas y 17.4 en instituciones. Cerca de 30 por ciento de las mujeres ocupadas y con hijos trabajan por cuenta propia; mientras que 3 por ciento trabaja como empleadora; 8.1 no recibe remuneración por su trabajo y la mayoría (6 de cada 10) son trabajadoras subordinadas y remuneradas. De éstas, 81.4 no cuenta con acceso a guardería; 18.7 trabaja más de 48 horas a la semana; 45 gana menos de dos salarios mínimos y un porcentaje muy similar no tiene acceso a servicios de salud por su trabajo (44.7) y labora sin tener un contrato escrito (44.9).

12 García Delgadillo, Juan; Mendizábal Bermúdez, Gabriela. Revista Latinoamericana de Derecho Social, Núm. 20, enero-julio de 2015, pp.31-59

13 Esto además, puede tener efectos positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser indicio de cambios en las relaciones y en la percepción de los roles de los progenitores, así como en los estereotipos predominante.

14 La duración de la licencia de paternidad varía, pero solo cinco países (Eslovenia, Finlandia, Islandia, Lituania y Portugal) ofrecen periodos de licencia que superan las dos semanas. En casi todos los países que la conceden, el padre tienen la posibilidad de decidir si gozar o no de su derecho. Esta licencia solo es obligatoria en Chile, Italia y Portugal.

15 “Global Gender Gap Report”, Foro Económico Mundial, 2014.

16 Con su entrada en vigor el 7 de febrero de 2002, se adhirieron a 29 países miembros especialmente europeos como Portugal, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía, Países Bajos, Macedonia, Luxemburgo, Chipre, Italia, Hungría, Bulgaria y Austria así como algunos países africanos como Burkina Faso, Mali y Marruecos, mientras que en el continente han hecho lo propio Cuba, y Belice en el continente americano. En países como Perú se aprobó ampliar el periodo de licencia de maternidad, como consecuencia de haber suscrito y ratificado el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.

17 La directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes, señaló en junio de este año que es fundamental que México ratifique el Convenio 183 de la OIT para responder a las demandas de las trabajadoras del país, quienes se encuentran en una situación de desventaja.

18 El gobierno del entonces Distrito Federal resolvió de manera unilateral que desde el 17 de noviembre de 2013 la licencia por paternidad para funcionarios que laboran en bajo su administración sería de 15 días naturales con goce de sueldo y aplica para quienes se convierten en padres o madres, por consanguinidad o adopción, en trabajadores de órganos centrales, desconcentrados y paraestatales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Claudia Sofía Corichi García,Emma Margarita Alemán Olvera, Jacqueline Nava Mouett, Jonadab Martínez García, Ma. Victoria Mercado Sánchez, Marbella Toledo Ibarra, María Bárbara Botello Santibáñez, María del Rosario Rodríguez Rubio, Mario Machuca Sánchez, Moisés Guerra Mota, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Tania Victoria Arguijo Herrera, Verónica Delgadillo García, Victoriano Wences Real (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Laura Plascencia, por favor.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar a la proponente y para pedir también que el dictamen sea en Comisiones Unidas de Trabajo y de Igualdad de Género.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Plascencia. Le ofrezco que revisamos su petición y en el curso de los próximos minutos le daremos una respuesta. Yo, de entrada, compartiría en lo personal; pero mejor vamos a hacer una revisión de la petición, con todo respeto.

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul de la diputada Margarita Alemán, por favor.

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera (desde la curul): ¿Si se oye? Ah, ya. Buenas tardes. Primero felicitar a la diputada, no solamente como diputada sino como Mamá. Mil felicidades, diputada. Y solicitarle si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Corichi.

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aceptación y entonces está por lo tanto a disposición de quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad, de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. El mundo está cada vez más globalizado y se hace más presente el intercambio internacional de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. Todo ello requiere ajustes y plantea desafíos en el Estado mexicano, que se debe asumir y aprovechar para generar ventajas competitivas que permitan obtener los mayores beneficios de la globalización económica.

Es indispensable impulsar y fortalecer el emprendimiento, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipyme, ya que ello constituye la columna vertebral de la economía nacional por el alto impacto en la generación de empleos y la producción nacional.

Con este propósito, pongo a consideración de este pleno, la presente iniciativa que reforma el artículo 10, fracción VII de la Ley del Desarrollo de la Competitividad, de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de establecer que los instrumentos de apoyo a las Mipyme que son diseñados con base en las tendencias internacionales, sean actualizados ante la firma de tratados comerciales que se suscriban con otros países.

El objetivo es que las empresas tengan conocimiento de las nuevas condiciones de los mercados a los que se enfrentan y que puedan competir satisfactoriamente.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, en México existen aproximadamente cinco millones de unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son Mipyme, que generan un 52 por ciento del producto interno bruto y un 72 por ciento del empleo en el país.

En Nueva Alianza hemos enfatizado la necesidad de apoyar y fortalecer a este importante sector desde diversos ámbitos como: apoyos económicos, fiscales, tecnológicos y de asesoría.

Desafortunadamente la mayoría de las mipyme no participa activamente en el comercio internacional e inversiones, debido a que no pueden competir con las grandes empresas multinacionales. Si bien es cierto que los apoyos para la creación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las mipyme ha ido en aumento a través de diferentes instrumentos y apoyos financieros, aún no son suficientes para hacer frente a la realidad de un mundo globalizado en el que la integración económica posibilita que los países abran su economía a la inversión y al comercio con el resto del mundo. Este proceso sólo se logra a partir del desarrollo del conocimiento de los mercados extranjeros a los que se enfrenta y a los que hay que acceder.

No olvidemos que estamos frente a un reto enorme con la firma del Tratado de Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, mejor conocido como TPP, el cual abarca un mercado de 800 millones de personas y representaría el 40 por ciento del producto interno bruto mundial.

En Nueva Alianza somos partidarios de una política económica, por lo que observamos de manera positiva la inclusión de nuestro país en acuerdos que favorezcan el intercambio comercial y tecnológico. En este sentido las mipyme cuentan con un potencial para desenvolverse exitosamente en el plano internacional, pero requieren más y mejores herramientas para mejorar sus estrategias de mercado y el conocimiento para tomar las decisiones correctas que las coloquen en una buena posición de competencia.

Compañeras y compañeros diputados, la competitividad de una nación es medida en la relación de los bienes y servicios que coloca puede colocar en el mercado nacional e internacional. Propiciemos las condiciones que proyecten a nuestras mipyme en los mercados internacionales y fortalezcamos la importancia como motor fundamental de nuestra economía mexicana. Queremos resultados, hagamos algo para conseguirlos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Carmen Victoria Campa Amaral, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10, fracción VII, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Se entiende por “empresa” el ente u organismo integrado por recursos humanos, elementos materiales y técnicos que tienen el objetivo de generar una utilidad a través de la oferta de bienes y/o servicios, haciendo uso de los factores productivos.

En el mundo se considera a las empresas, principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), como una parte importante de la estructura económica por ser una significativa fuente generadora de empleos, principalmente a nivel regional y local, debido a su gran participación en el funcionamiento de las cadenas productivas y en la producción nacional.

Según los resultados del Censo Económico 2014, en México había un total de 5 millones 654 mil 12 establecimientos, de los cuales las microempresas conformaban aproximadamente 94.3 por ciento del total.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) informó “que la identificación de la población objetivo la realiza considerando la población atendida con recursos del programa Fondo Nacional Emprendedor en 2013. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) verificó que la población objetivo cuantificada por el Inadem en 2014 fue de 80 mil emprendedores y 112 mil 877 Mipymes”.Adicionalmente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)en suDirectorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2015 ,presentado en enero de 2015, dio a conocerque en México había un total de 4 millones 926 mil empresas.

Las Mipymes tienen una importante participación en la actividad económica; sin embargo, la mayoría no participa activamente en el comercio internacional e inversiones, debido a que el comercio internacional está generalmente asociado con las grandes empresas multinacionales.

Consideramos que las Mipymes deben contribuir y beneficiarse del comercio internacional, ya que forman parte de la cadena de valor de grandes exportadoras locales, además de proveer servicios de soporte en la cadena de transacciones del comercio internacional (logística, despachos, etcétera).

El número de empresas y personas que desean iniciar un nuevo negocio se incrementa año con año, y ante la realidad económica nacional e internacional, surge la preocupación de que las Mipymes cuenten con instrumentos actualizados que les permitan hacer frente a la realidad de un mundo globalizado y con mayor competencia, más aún cuando México se suma a nuevos tratados o acuerdos comerciales internacionales, que de manera directa o indirecta afectarán la actividad de las empresas.

Argumentación

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fue promulgada en el año 2002, con el objetivo de “promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, así como para incrementar su participación en los mercados en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional” 3.

A trece años de la promulgación de dicha ley, los apoyos a las Mipymes a través de diferentes instrumentos y apoyos financieros han ido en aumento, así como el número de empresas que desean dichos apoyos. Así lo demuestran las solicitudes que recibe el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) por parte de los emprendedores para postularse a alguna de las convocatorias que emite dicho instituto y poder beneficiarse de los recursos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE).

A pesar de que se ha dado prioridad a los apoyos a las Mipymes, es difícil para ellas poder crecer: ante la inminente globalización, las empresas han tenido que luchar por subsistir, crear estrategias de mercado que les permitan permanecer, así como implementar nuevas tecnologías y procesos que conllevan participar en la globalización de los mercados.

El modelo de Internacionalización de Uppsala predice que la empresa incrementará de forma gradual sus recursos comprometidos en un país concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades que se realizan en dicho mercado(Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975) .Dicho modelo es conocido como la Teoría de Internacionalización por Etapas, la cual plantea que cuando las empresas se enfrentan con mercados desconocidos y cuentan con una información incompleta, se encuentran en un estado de incertidumbre, motivo por el cual las empresas que se desarrollan en los mercados extranjeros tienen que adoptar un proceso de evolución por etapas, siendo punto clave el conocimiento completo del mercado.

Es decir, dichas empresas pasan de una etapa a la otra a medida que adquieren mayor experiencia internacional. En pocas palabras, el proceso de internacionalización evoluciona a partir del desarrollo del conocimiento del mercado extranjero y los recursos que la compañía compromete en el mercado.

Reiteramos que, en el campo empresarial, las tendencias mundiales actuales identifican en las Mipymes una parte primordial de la economía, ya que más de 90 por ciento del universo de empresas formales e informales en los distintos países del mundo se sitúan en este grupo, participando de forma importante en las ventas totales, las exportaciones, el producto interno bruto (PIB) y el empleo. Cualquier dificultad en las empresas incide de manera negativa en los indicadores macroeconómicos y sociales del país. Las Mipymes forman parte de la articulación productiva del sistema mundial y son un factor en los cambios estructurales modernos, así como un elemento esencial en la política económica.

En México, la modernización empresarial no ha llegado de manera oportuna y pertinente, como sí ha sucedido en los países considerados como potencias económicas. Así, encontramos empresas mexicanas con un alto desempeño empresarial; sin embargo, muchas otras adolecen de la innovación de productos e inversión en tecnologías y estrategias. Además, se identifican puntos débiles como la falta de asesoría empresarial, una deficiente administración, plantilla laboral no calificada, desconocimiento de mercados y sistemas de calidad, lo que repercute en su crecimiento y solidez empresarial.

Precisamente son en estas áreas en las que se debe trabajar, por lo que es importante adecuar el marco jurídico e institucional a fin de promover su desarrollo y expansión. Una de las mayores demandas de las Mipymes es el acceso al financiamiento para sacar adelante sus ideas de negocio o de innovación de sus productos.

No obstante, sabemos que a través de los años han existido esfuerzos para llegar a este sector empresarial. Un ejemplo del incremento en el financiamiento ocurrió en el 2009, con el Fondo Pyme por parte de la Secretaría de Economía, el cual aumentó en 40 por ciento la ayuda financiera para las empresas. Es preciso seguir apoyando a los sectores económicos de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como al desarrollo de la ciencia y la tecnología, las comunicaciones, la biotecnología, entre otros.

En Nueva Alianza somos partidarios de una política económica abierta, por lo que observamos de manera positiva la inclusión de nuestro país en acuerdos que favorezcan el intercambio comercial y tecnológico.

Sin embargo, consideramos que es menester que la Secretaría de Economía actualice continuamente los programas de capacitación e información a los emprendedores y empresarios. Es necesario que las empresas tengan el conocimiento veraz de los mercados a los que se enfrentan. Como un ejemplo podemos mencionar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, mejor conocido como TPP, del cual no se ha difundido la información que requieren los pequeños y medianos empresarios, y si bien ha estado involucrado el sector de las grandes empresas del país, los pormenores del acuerdo son desconocidos para la mayor parte de los mexicanos.

El TPP fue promovido por Estados Unidos durante 2002, para impulsar la liberación del comercio y la inversión, mismo que abarca un mercado de 800 millones de personas y que representaría 40 por ciento del producto interno bruto mundial. En él se plantea la eliminación de barreras en áreas como las compras del sector público, la fijación de estándares para derechos laborales, propiedad intelectual y protección al ambiente, además de otros aspectos como la apertura en regulaciones, Pymes, tecnologías digitales, cadena de suministros e integración de zonas.

Respecto a las repercusiones de dicho tratado, la Secretaría de Economía ha comentado que el tratado ofrece nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo nacional, pero no ha sido clara respecto a dichas oportunidades, ni a cómo las empresas lograrán hacer frente a los retos de los nuevos mercados y relaciones comerciales internacionales.

Por lo anterior, consideramos necesario que se establezca en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que los instrumentos de apoyo a las Mipymes que son diseñados con base en las tendencias internacionales sean actualizados ante la firma de tratados comerciales que se suscriban con otros países, con el objetivo de que las empresas tengan conocimiento de las nuevas condiciones de los mercados a los que se enfrentarán y puedan competir satisfactoriamente.

Fundamento legal

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Único. Se reforma la fracción VII del artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipymes debe atender los siguientes criterios:

I. a VI. ...

VII. Propiciar nuevos instrumentos de apoyo a las Mipymes considerando las tendencias internacionales de los países con los que México tenga mayor interacción, así como actualizar los existentes de acuerdo con lo previsto en los instrumentos internacionales en los que México sea estado parte, a fin de que las Mipymes puedan tener conocimiento de los mercados a incursionar y competir satisfactoriamente en los mismos.

VIII. a IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/28/aumentan-comercios-en-mexico-el-9 4-son-microempresas-inegi-9993.html

2 Instituto Nacional del Emprendedor. Apoyo al Desarrollo Empresarial. Auditoría de Desempeño: 14-0-10E00-07-0235 DE-111 Grupo Funcional Desarrollo Económico, 2014.

3 Artículo 1° de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

4 http://www.digitpro.co.uk/2012/06/21/the-uppsala-internationalization-model-and -its-limitation-in-the-new-era/

5 http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/06/25/que-es-el-acuerdo-transpacifico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputada Carmen Victoria Campa Almaral(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa. Túrnese a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento a ustedes la iniciativa que tiene como finalidad el derogar la fracción V del artículo 112 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que cada estado, cada municipio y la Ciudad de México, puedan hacerse responsables en forma local de su política y control de emisiones contaminantes que abarquen su territorio.

Como lo hemos dicho desde su formación, Encuentro Social es un partido conformado por ciudadanos que pretendemos ser la voz de los que no la tienen. Para Encuentro Social el tema del medio ambiente ocupa 10 de las 100 razones que le hemos presentado a la ciudadanía desde su creación, y en las cuales mostramos más ampliamente el compromiso hacia éste.

Hemos decidido abordar este tema justamente escuchando la inconformidad que los ciudadanos han manifestado por diferentes medios al no haberse tomado en cuenta hologramas de verificación al establecer medidas para controlar la emisión de contaminantes, resultando en una política pareja para todos, sin distinción de aquellos que hacen un esfuerzo por mantener a sus vehículos en buenas condiciones para poder tener la oportunidad de un libre tránsito.

Es difícil el ver que políticas reactivas repercutan y afecten la vida, el libre tránsito y la economía de los ciudadanos y sus familias ante la falta de opciones viables de movilidad. Hoy en día, el Valle de México, que es la circunscripción a la que represento, enfrenta una emergencia que pone en riesgo la salud de sus habitantes.

Éste es un problema que sigue escalando, el aumento en las concentraciones de ozono continua, como lo vivimos el día de ayer, en donde tuvieron que ser adoptadas medidas extraordinarias que incluyeron el que dejara de circular el 40 por ciento de los vehículos, sin importar si la emisión de contaminantes de los mismos pertenecía a un holograma nivel 2 o se trataba de un vehículo nuevo, como lo son aquellos vehículos con holograma doble cero. Nuestros ciudadanos merecen medidas de fondo que garanticen su salud. Los ciudadanos demandan un transporte público eficaz, rápido, seguro y no contaminante.

Por todo ello es que se revisaron las disposiciones federales aplicable, considerando que debería ser justo y viable el que cada gobierno de los estados y municipios puedan adoptar su propia responsabilidad para emprender aquellas acciones que consideren pertinentes para evitar la contaminación de agua, tierra y aire, por lo que este es el argumento principal que sostiene mi iniciativa.

Los gobiernos locales seguirán teniendo la facultad dentro del establecimiento de su política ambiental integral, para poder mantener el Programa de Verificación si así lo quieren, asumiendo la responsabilidad de ello.

Al derogarse la fracción que propongo considero que, en un marco de corresponsabilidad, los municipios y la Ciudad de México se harán responsables no solo de las políticas ambientales que se necesiten, sino de utilizar también sus propios recursos.

Cada estado tiene una problemática distinta y, por lo tanto, requiere soluciones diferentes. De la forma como quedaría la ley los estados y municipios tendrán que emprender acciones que les generen una responsabilidad con el entorno y con enfoque de salud pública. Por lo tanto, es necesario hacer un llamado a cada estado y municipio para que cada uno asuma las políticas públicas que se requieren.

En Encuentro Social estaremos revisando los siguientes meses la propuesta de presupuesto para el año 2017, a fin de poder orientarlo a prevención de la salud a causa de afectaciones del medio ambiente y para cuestiones que ayuden a mitigar la contaminación, así como otras medidas que habremos de proponer desde el Congreso.

Si somos, todos, parte del problema también debemos ser parte de la solución. Debemos estar a la altura para discutir juntos las mejores opciones para hacer de nuestro México un país más habitable para todos y para todas. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción V del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia del establecimiento y operación de sistemas de verificación vehicular, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en nuestro país se estima que 38 mil personas murieron entre 2001 y 2005 a causa de la contaminación atmosférica; de éstas, aproximadamente 5 mil fueron niños.

Este problema se generalizado a escala mundial. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 1.5 millones de personas murieron en 2004 debido a cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias relacionadas con la exposición a la contaminación atmosférica en zonas urbanas. En los países de ingresos medios y bajos del continente americano, como México, el 2 por ciento de todas las muertes registradas en 2004 se relacionó con la contaminación atmosférica.

El Programa de Acción Específico de la Comisión contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, en su plan de acción específico para el presente sexenio, ha planteado que el sector salud sufrirá los impactos de los cambios climáticos y la infraestructura de la Secretaría de Salud para atender los casos que hoy en día se derivan por esa causa resultaría insuficiente para atender los padecimientos que se generen.

Ante ello, la Secretaría de Salud trabajó una Estrategia Nacional de Cambio Climático, elaborándose el Programa Especial de Cambio Climático 2013-2018, en el cual participaron el Instituto Nacional de Salud Pública, la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, la Dirección General de Promoción de la Salud y la Dirección General de Planeación y Desarrollo y la Cofepris.

Dentro de este Programa, se contempla la evaluación de los impactos en la salud tanto a mediano como a largo plazo, vinculados con el cambio climático por lo que dentro de las estrategias que se plantean para prevenir y mitigar los efectos que se causen a la población, se considera el desarrollo de un sistema nacional de vigilancia epidemiológica ambiental; el fortalecimiento de las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno; la comunicación de riesgos sanitarios por efectos del cambio climático en la salud en grupos vulnerables, entre otros.

Ante este problema de salud que ya nos afecta actualmente y la ausencia de medidas y políticas que realmente atiendan la problemática de la contaminación atmosférica, es que surge la necesidad de revisar el contenido de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en particular en el capítulo relativo a la Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera (capítulo II), ubicado en su Título Cuarto que se refiere a la Protección del Ambiente, ya que a raíz de los recientes pronunciamientos por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en el sentido de modificar el programa Hoy No Circula, de forma temporal para reducir la presencia de contaminantes atmosféricos que afectan a la salud, estableciendo que todos los vehículos, sin distinción de holograma (0, 00, 1 o 2), dejan de circular de acuerdo con el color de su calcomanía y terminación de placa que le corresponda, incluyendo un sábado al mes, contraviene, justamente, lo que algunos investigadores y expertos de la UNAM señalan, en el sentido de que los estudios demuestran que “la disminución homogénea de emisiones provocada al retirar indiscriminadamente vehículos en circulación puede incrementar la formación de ozono”.

La verificación vehicular, es descrita por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como una actividad de control de emisión de contaminantes la atmósfera, a través de la inspección-mantenimiento de los vehículos automotores, y se realiza en diversos países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Japón, países europeos y de Sudamérica.

En México, los programas de verificación vehicular tienen como meta principal certificar que los vehículos automotores en circulación no rebasen los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera, establecidas en las normas oficiales mexicanas aplicables. Por ello, se ha constituido como una de las principales acciones de control de emisiones vehiculares al medio ambiente.

Se ha establecido, que los programas de verificación, tienen como beneficios, el que el dueño del vehículo, lo mantenga en buenas condiciones; se incentive la introducción de tecnologías y combustibles más limpios y, sobretodo, que salvaguarde la salud y el bienestar de las personas, tal y como lo establece el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con atribuciones técnicas y normativas en materia de ecología.

Sin embargo, ante las condiciones de afectación al medioambiente que prevalecen hoy en día, resulta complicado establecer medidas más severas para evitar las contingencias ambientales, sumado a ello, que la verificación automotriz como tal, no está resultando útil, para contar con vehículos que empleen tecnología y uso de combustibles más limpios, al no ser considerada, ya, la verificación como un criterio definitorio para la restricción en la circulación vehicular a partir del holograma obtenido.

Incluso, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que tal como está estructurado el programa de verificación vehicular de la zona metropolitana es contrario al Derecho Fundamental de Igualdad en la medida que la restricción para obtener la constancia de verificación con holograma cero “0” a los vehículos matriculados y/o que circulen en el territorio del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y los que porten placas metropolitanas, atendiendo a su año-modelo, viola tal derecho, ya que lo objetivamente congruente “es que el acceso a la constancia de verificación dependa del nivel de contaminantes emitidos por cada automóvil, obtenido como resultado de las pruebas practicadas al efecto y no que atienda a la antigüedad del automotor, pues éste no es un elemento apto y determinante para fijar el grado de afectación al ambiente generado con su circulación, de manera que no existe justificación en la diferencia de trato dependiendo del año-modelo del vehículo, pues la protección del ambiente constituye un criterio básico para la producción normativa.” (Jurisprudecia PC.I.A. J/44 A, Décima Época, Registro 2010032 , Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, página 1345).

Para México, el objetivo de contar con programas de verificación para los vehículos, tiene, a decir de la misma dependencia, la meta de certificación a fin de que los vehículos automotores no rebasen el límite de emisión de contaminantes hacia la atmósfera, los cuáles se rigen por Normas Oficiales Mexicanas.

Sin embargo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, a pesar de las reformas que ha sufrido a lo largo de los años, hoy representa, en materia de verificación vehicular, que tiene su sustento en el artículo 112, al precisar que los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-, y de los Municipios, de conformidad con sus atribuciones, así como la legislación local de la materia, “establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación” y que sirve de base para la creación de los programas como el descrito, un impedimento para los gobiernos locales de regular de manera plena el problema de la contaminación del aire causada por vehículos automotores.

Por ello, se hace necesaria una revisión de la misma sobre el particular, en virtud de que las condiciones medioambientales, se han visto altamente modificadas por la creciente contaminación de la atmósfera, sumada a la falta de actualización de normas oficiales mexicanas y sobretodo, el tema específicamente de la verificación vehicular, ha tenido un impacto negativo ante la opinión pública, sumado a la evidente corrupción que ha generado en los estados en donde resulta obligatoria la misma, en donde no solo se logra “pasar la verificación”, sino que además, por una cantidad de dinero puede elegirse la opción de obtener un holograma que les permita la libre circulación por algunos estados que mantienen como obligatorio, un programa permanente como el “Hoy No Circula”.

Este, es un evidente ejemplo de corrupción que no podemos permitir que siga prevaleciendo porque merma el cuidado y la protección al medioambiente que se requiere, sumado a medidas anunciadas en días recientes, por ejemplo, en las que el portar un holograma de verificación 0, 00, 1 y 2, no es ya una medida que permita la restricción o la libre circulación, sino que obedece a decisiones unilaterales que desconoce el objeto para el que fue creado.

Esto hace que se convierta en una medida innecesaria, ante los nuevos retos que representa el poder contribuir, de una manera distinta, al control de las emisiones de contaminantes, de una manera que sin afectar el libre tránsito de los mexicanos, pueda fomentar e incentivar el uso de vehículos particulares que contaminen menos o que no contaminen como lo es el caso de los vehículos eléctricos e híbridos, así como el poder modificar las políticas de sanciones a fin de que aquellos que contaminen el ambiente, reciban sanciones más severas.

Ante esto, se propone derogar la fracción V del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para que sólo sean los estados y municipios, así como la Ciudad de México, los responsables, de formular, conducir y evaluar la política ambiental estatal (artículo 7) y municipal (artículo 8), así como el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- (artículo 9) para que, de acuerdo a las características, necesidades, condiciones geográficas, recursos, entre otros elementos, puedan definir sin ningún tipo de aparente restricción legal el manejo de una política de control de emisiones contaminantes.

Lo anteiror, ya que la facultad para para legislar en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, es un facultad concurrente (artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución) que en este caso, verifiicación vehicular, de acuerdo con lo establecido con el artículo 124 de nuestra Carta Magna, la tendrán de manera plena.

Ante esta situación, y la gravedad que representa el no contar con alternativas de movilidad en situaciones de contingencias ambientales, y ante medidas restrictivas que no distinguen la diferencia entre un vehículo que emite menos emisiones contaminantes, como lo es el caso de aquellos con hologramas 0 y 00, con vehículos con hologramas 1 y 2, sumado a que no se está realmente atendiendo las posibles consecuencias en salud pública que ocasiones la proliferación de transporte público.

Para atender a todos los dueños de vehículos particulares que dejen de circular y de carga contaminante, empresas contaminantes, entre otras fuentes que provocan que se eleven los índices de contaminación, es que considero que la verificación vehicular, ha perdido su razón de ser, motivo por el cual, si no contribuye a crear políticas diferenciadas para mitigar los efectos contaminantes, no debiera estar contemplada en una ley general cuyos objetivos son, entre otros, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, sino dejarlo directamente a las autoridades locales y que no represente una restricción a la definición de sus políticas ambientales.

Con base en lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción V del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia del establecimiento y operación de sistemas de verificación vehicular:

“ Artículo Único. Se deroga la fracción V del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 112.

...

V. Derogada.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Notas:

1 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/652/introduccion.pdf

2[1] http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_208.html

3 http://www.inecc.gob.mx/dica/587-calaire-verificacion

México, DF, a 7 de abril de 2016.— Diputada y diputado Melissa Torres Sandoval,Jonadab Martínez García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Torres. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul del diputado Jonadab Martínez, por favor.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Quería pedirle, quiero pedirle permiso y su venia a la diputada ponente de suscribir su iniciativa, pero antes también quiero hacer una observación.

Lamentablemente, como bien lo pronunció la diputada, no hay presupuesto para una agenda verde y tampoco para proyectos de movilidad sustentable en México, a pesar de que sí existe un fondo para agenda verde y para temas de movilidad en el P007, pero que lamentablemente en el Presupuesto 2016 tiene cero pesos ese fondo.

Creo que es algo que debemos de revisar, y bien lo puntualizó la diputada, revisar qué fondos tiene esta movilidad sustentable para beneficio no solamente de la Ciudad de México, sino para todo nuestro país a favor de una movilidad y de un ambiente sano para nosotros y para todos los mexicanos y mexicanas. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Diputada Torres, solicita su permiso para adherirse a la iniciativa. Manifiesta ella su aquiescencia y por lo tanto está aquí a disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva.

Saludamos la presencia de estudiantes de secundaria y bachillerato de La Salle, Colegio Simón Bolívar, invitados por el diputado Santiago Torreblanca Engell. Sean todas y todos ustedes bienvenidos, amigas y amigos.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, recibió en turno para su análisis y estudio, la Iniciativa que reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a través de la cual se propone la creación de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario.

De conformidad con lo que dispone el contenido de los artículos 39 numeral 1, 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 numeral 1, fracción II; 84, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracciones IV y XII del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Dictaminadora, somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.Con fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO.Con fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante Oficio número D.G.P.L. 63-II-7-655, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

TERCERO.Mediante oficio número CRRPP/225-LXIII de fecha jueves 17 de marzo de 2016, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió la información de identificación, para la obtención de una copia electrónica de la Iniciativa turnada; a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO.A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el día jueves 31 de marzo de 2016, para discutir el Dictamen a la iniciativa en comento, con la finalidad de enviarla a la Mesa Directiva de esta soberanía, y someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA.Que la Iniciativa tiene como propósito crear la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario, la cual funcionará como plataforma de fortalecimiento, preparación y actualización profesional para legisladores y servidores públicos.

TERCERA. Como antecedentes, los Diputados autores de la Iniciativa que se dictamina, señalan que con el advenimiento del pluralismo en la vida política mexicana, en el Congreso se procesan las leyes pero también se dirime el debate político, en el que se contrastan las opciones y, en democracia, se construyen los acuerdos fundamentales de nuestro país.

Que en la Cámara de Diputados, la práctica parlamentaria se encuentra regulada por el Reglamento. El ejercicio de la función legislativa requiere cada vez más de conocimientos y apoyos técnicos especializados que trasciendan a los representantes electos así como a sus equipos de trabajo y al personal de los Centros de Estudios. Tal actividad demanda a los parlamentarios y demás actores involucrados con la actividad, a trabajar de manera constante en la investigación y actualización, así como en la profesionalización del personal de apoyo camaral.

De acuerdo con los diputados Camacho y Guerra, la tendencia de la gestión parlamentaria contemporánea es establecer escuelas de formación de cuadros o academias que permitan tanto la formación de personal como el intercambio de experiencias, adscritas a los distintos órganos de gobierno o a los Centros de Estudios disponibles, aprovechando en todo momento la convergencia de los ámbitos académico, parlamentario y social en el diseño de los programas curriculares a desarrollar, considerando las características específicas del funcionamiento de un Parlamentario.

Que no se trata de replicar lo que eficazmente realizan las Universidades o Instituciones de Educación Superior, como tampoco el de sustituir el trabajo de organizaciones de investigación independientes o ciudadanas, sino de vincular horizontal y transversalmente el trabajo que desde estas perspectivas se desarrolla en el ámbito parlamentario, en beneficio de las actividades legislativas que requieren productos de investigación, análisis, estudio, contrastación de ideas y conocimientos.

Que una escuela o academia de gobierno se inscribe en el derecho parlamentario y la actividad legislativa, contribuyendo en su gestión al fortalecimiento de los valores democráticos, a la cultura del diálogo y la construcción de acuerdos entre los diferentes grupos políticos representados o independientes.

Refieren como ejemplo útil de profesionalización y especialización, la creación de la Escuela Judicial en el Instituto de la Judicatura Federal, la cual ha permitido la formación de los funcionarios de la carrera judicial.

Que en el ámbito internacional, existen instituciones con tales características; en España, la institución de los funcionarios de las Cortes Generales, así como en el ámbito local, la Escuela de Gobierno de las Cortes de Aragón en donde se da sustento a la figura de los Letrados, que son servidores públicos tanto gestores administrativos de las Cámaras, bajo la dirección de los Presidentes y las Mesas de las mismas; como a la vez los guardianes del procedimiento y de la calidad de las leyes. Este último aspecto condensa la razón de ser del Cuerpo de Letrados de las Cortes; en ciertos casos debe haber un referente que recuerde a los legisladores las reglas que ellos mismos se dieron en el Reglamento.

En Argentina y Uruguay, los Congresos disponen de Escuelas de Gobierno que le permiten formar y capacitar a los legisladores o funcionarios públicos, fortaleciendo en todo momento la concepción de la democracia representativa, deliberativa y participativa. Los cursos se dictan en formatos no escolarizados, pero respetando una concepción docente, dinámica y pragmática, valiéndose de la ejemplificación y el intercambio de experiencias entre instituciones nacionales o internacionales precedidos de una introducción general formulada por los ponentes de los casos de estudio y análisis.

En palabras de los Diputados proponentes, resulta conveniente que en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se establezcan las bases que permitan la creación de una Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario en sede legislativa, la cual sirva como plataforma de fortalecimiento, preparación y actualización profesional de los representantes populares y servidores públicos que la integran.

Que en la Cámara de Diputados existen diversos Centros de Estudio especializados para apoyar la función legislativa, se propone que la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario se encuentre adscrita al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, cuyo objeto previsto en el artículo 35 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados consiste en la prestación de forma objetiva, imparcial y oportuna, de los servicios de apoyo técnico y la información analítica indispensables en materia de estudios de Derecho para el trabajo legislativo.

Refieren que el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, fue creado en 1999, año en el cual fue aprobada la Ley Orgánica del Congreso General, en donde se previó su existencia como principal centro de investigaciones en las materias parlamentaria y jurídica en la Cámara de Diputados. Se constituyó entonces en un órgano de apoyo técnico institucional para generar y proveer información y conocimientos especializados para los legisladores y comisiones legislativas, siendo el Centro de Estudios más apropiado jurídica y teleológicamente para tener a su cargo la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario.

Finalmente se propone también que la Academia en comento pueda llevar a cabo sus actividades contando con la colaboración de otras instituciones públicas y privadas, así como con órganos del Estado Mexicano y de otros países, a fin de asegurar la formación o capacitación de cuadros de la más alta calidad.

CUARTA.Para el estudio de la presente iniciativa, es necesario tener presente los centros de estudio con los que cuenta la Cámara de Diputados, así como los objetivos y/o funciones bajo los cuales trabajan.

1. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

OBJETIVO: Proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico y la información analítica en materia de finanzas públicas que les sean requeridos por los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y legisladores, para el cumplimiento de las atribuciones de la Cámara de Diputados y en lo que corresponda a la de Senadores, así como apoyar técnicamente a las Comisiones del Congreso de la Unión con estudios de impacto presupuestario en Iniciativas de Ley que se dictaminen.

2. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

ATENDER:

• Consultas Jurídicas en todos los campos del conocimiento técnico, incluido el Derecho Parlamentario.

• Análisis y Opiniones de carácter histórico, comparativo y socio jurídico sobre cualquier rama o disciplina afín al derecho que contribuyan al ejercicio de las funciones legislativas.

• Información Jurídica de relevancia para el funcionamiento de la cámara, los Grupos Parlamentarios y los Diputados.

• Opiniones Jurídicas fundadas sobre iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo y otros documentos legislativos.

• Solicitudes de datos, estadísticas jurídicas y documentación especializada.

Las consultas constituyen un trabajo estrictamente técnico-jurídico, objetivo e imparcial; el Centro es apartidista en el desempeño de sus actividades, en consecuencia desahoga las consultas y emite opiniones técnicas siempre fundadas, motivadas y sin sesgo o preferencia ideológica del tema que aborda. Estas consultas no se publican ni se difunden.

3. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

OBJETIVO: Proporcionar a las comisiones legislativas y a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados información analítica y apoyo técnico en materia social y de opinión pública es el objetivo fundamental del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)

4. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

OBJETIVO: Apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo mediante la información analítica y servicios de apoyo técnico que contribuya a promover el adelanto de las mujeres y la equidad de género.

5. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

OBJETIVO: Que los Diputados particularmente aquellos vinculados con el sector rural, dispongan de un soporte de información oportuna, objetiva y veraz, que les permita tomar las mejores decisiones sobre su actividad parlamentaria.

Una vez revisado esto, podemos afirmar que la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario que se propone crear, no duplicaría funciones con ninguno de los Centros de Estudios. En este sentido, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, se enfoca principalmente en la emisión de estudios, análisis jurídicos, realizar investigaciones a fin de emitir datos y estadísticas y principalmente a brindar información que ayuden y faciliten al legislador en la elaboración de sus funciones.

QUINTA.La Dictaminadora coincide con la iniciativa en que no se trata de duplicar funciones o tareas, más bien se pretende fortalecer el trabajo de investigación y principalmente en la formación de profesionales en el ámbito legislativo.

Ya se ha analizado la función de los Centros de Estudios con los que cuenta la Cámara de Diputados, sin embargo, la Dictaminadora considera importante señalar en qué consiste o con qué debe cumplir una Academia.

De acuerdo con la Real Academia Española, el término significa Sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública; Establecimiento docente público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente práctico.

Con lo anterior, podemos señalar que el órgano que se propone crear, tiene no sólo como finalidad la investigación parlamentaria, sino la creación de cuadros y perfiles especializados en la labor legislativa. Esta Academia no sólo sería de utilidad para el legislador, también lo sería para aquellos colaboradores y asesores que a la par del legislador día a día realizan el trabajo parlamentario.

La labor legislativa, no se limita en la creación de leyes, se trata de acuerdos y toma de decisiones que definirán el rumbo del país. Es por ello, que la Dictaminadora coincide con los diputados Camacho y Guerrero, en que la formación de los profesionistas parlamentarios debe ir más allá de los estudios universitarios, se requiere de una educación especializada en el tema, que permita a los legisladores y sus equipos de trabajo, contar con la capacitación y bases que le permitan realizar un trabajo de alta calidad para la construcción de reglas adecuadas de convivencia.

SEXTA. Esta Dictaminadora considera a la legislación como un arte, que no debe ser tomado a la ligera, o como un trabajo pasajero. Debe de contar con la habilidad, talento, sensibilidad y creatividad en la aplicación de reglas y métodos.

Asimismo, debe ser vista como el conjunto armonizado de métodos, sistemas, conocimientos jurídicos y de la realidad social, para construir reglas, proposiciones, pronunciamientos o posicionamientos que contribuyan al respeto de los derechos humanos, a una mejor convivencia social y a organizar y optimizar las tareas de los legisladores, requiere de una serie de condiciones y requisitos en, la o el legislador, en el técnico legislativo y en el andamiaje y contenidos del producto que se elabora.

Es por ello, que la labor legislativa no puede limitar sus fuentes de información y es indispensable que para una mayor profundidad en los trabajos que se realicen, cuente con la mayor cantidad de expertos y áreas especializadas en el tema.

También, es indispensable enriquecer dichos conocimientos mediante el intercambio de ideas no sólo con otras instituciones nacionales, también con centros, institutos y parlamentos de otros países.

Con lo anterior, esta Comisión considera que la creación de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario facilitará no solo la labor de los legisladores y funcionarios públicos, sino que permitirá la profesionalización de los mismos y mejorará su desempeño.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 283.

1. a 2. ...

3. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en el ámbito de sus atribuciones, podrá crear y organizar una academia de formación de cuadros y personal parlamentarios que se denominará Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario que podrá actuar interinstitucionalmente con instancias afines, cuyos programas se establecerán tomando en cuenta las observaciones y opiniones de las Instituciones Nacionales Públicas de Educación Superior.

TRANSITORIOS

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La implementación del presente decreto no comprometerá la erogación de mayores recursos que los presupuestados a la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 y por tanto se recurrirá a ajustes, ahorros y reasignaciones para ello.

Tercero.Se derogan las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Notas:

1 http://www.cefp.gob.mx/institucion/organizacion.pdf

2 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CEDIP/Principa l/El-CEDIP-atiende

3 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Conoceno s/Organizacion

4 http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_cen tro_de_estudios_para_el_adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_de_genero/01a_quie nes_somos

5 http://www.cedrssa.gob.mx/?id=663

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha jueves 31 de marzo de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputados: Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, Marko Antonio Cortés Mendoza, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona uno quinto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman el primer párrafo y adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección a la Consumidor, enviada por la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80,81,82,84,85,157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de la Minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión del 4 de noviembre de 2014, fue presentada la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por las Senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz, marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

3. El 15 de octubre de 2015, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con modificaciones a la iniciativa por el que se reforman el párrafo primero y se adiciona un párrafo quinto del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

4. El 12 de enero de 2016, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-309, se recibió en la Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta antes señalada, para efectos de dictamen.

IV. Consideraciones de la Comisión

Primera.Esta Comisión Dictaminadora, comparte con la Colegisladora la necesidad de salvaguardar el derecho Constitucional que tutela el Artículo 28 Constitucional, mismo que dispone en su párrafo tercero, la protección a los consumidores. Por lo tanto, la veracidad de la información y publicidad sobre los productos y servicios que se negocian en el mercado mexicano merece ser garantizada por parte del Estado.

Segunda.La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) tiene por objeto, promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Así mismo establece como uno de los principios básicos que rigen las relaciones de consumo, que la información deberá ser adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen.

Tercera.El artículo 32 de la LFPC,establece que “La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. ...”

Con la finalidad de fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor, esta Comisión hace suyas las consideraciones de la Colegisladora, y estima conveniente, facultar a la PROFECO, para que, en el análisis y verificación, pueda comprobar, que la información y publicidad sea veraz, comprobable, clara y apegada a la Ley.

Cuarta.En el ámbito de sus facultades, esta Comisión de Economía, solicitó a la Secretaria de Economía, opinión respecto de la Minuta en comento, y a través de su Unidad de Enlace Legislativo manifiesta lo siguiente:

“...esta SE comparte el interés de la legisladora de fortalecer las disposiciones contenidas en la LFPC y concuerda con el texto propuesto en la Minuta, a efecto de que se adicione un párrafo quinto al 32 de la LFPC, otorgándole a Profeco, la atribución para que, en el análisis y verificación, compruebe que la información y publicidad sea veraz, comprobable, clara y apegada a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las demás disposiciones aplicables. ...”

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la Minuta del Senado de la República y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Único. Se reforman el primer párrafo y adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables clarosy exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

...

...

...

En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría comprobará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a esta Ley y a las demás disposiciones aplicables.

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Economía, diputados:Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla, Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección a la Consumidor, enviada por la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80,81,82,84,85,157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de la Minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

Primero.- En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el pasado 10 de octubre de 2013, correspondiente a la LXII Legislatura, los Secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al Pleno de esta Soberanía de la Minuta con Proyecto de Decreto que se menciona en el exordio del presente dictamen.

Segundo.-El Presidente de la Mesa Directiva en turno, acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisión de Economía para dictamen”

Tercero.- Los antecedentes históricos de la Minuta de referencia son los siguientes:

1.- En la sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del 25 de septiembre del 2008, fue presentada la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el Senador Tomás Torres Mercado, durante la LX Legislatura.

2.- En la misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera.

3.- El 8 de octubre de 2013, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con modificaciones a la iniciativa por el que se reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

4.- El 12 de enero de 2016, mediante oficio D.G.P.L.-62-II-3-1049, se recibió en la Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta antes señala, para efectos de dictamen.

5.- El 14 de octubre de 2015, se recibió en la Comisión de Economía el oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-0103, mediante el cual se da a conocer los asuntos correspondientes a las LXI y LXII Legislara que se encuentran pendientes de dictamen en dicha Comisión.

IV. Consideraciones de la Comisión

Primera.-Esta Comisión dictaminadora, comparte con la Colegisladora la preocupación en el sentido de que, en materia de publicidad engañosa a pesar de los esfuerzos que el Congreso de la Unión ha realizado al regular éstas prácticas y las múltiples acciones emprendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor, aún falta un camino por recorrer, por lo que es indispensable realizar adecuaciones jurídicas que garanticen la protección integral de los consumidores.

Segunda.- La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) tiene por objeto, promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Así mismo establece como uno de los principios básicos que rigen las relaciones de consumo, que la información deberá ser adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen.

Tercera.-El artículo 32 de la LFPC,establece que “La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. ...”

En este sentido, el referido artículo, determina que se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa que se presenta.

Cuarta.-Esta Comisión dictaminadora considera que es necesario establecer reglas claras que le permitan al consumidor, conocer los beneficios reales de un producto y acotar el mecanismo de promocionar productos con el uso de avales expedidos por sociedades e individuos profesionales, para evitar abusos.

A su vez reconoce, que el uso responsable y ético de este mecanismo publicitario, otorga un beneficio importante al consumidor.

Quinta.-No obstante que se coincide plenamente con la intención del iniciante y la propia Colegisladora, es necesario reconocer, que no todo aval versa sobre cuestiones técnico-científicas, y en este sentido no todo el sustento necesariamente puede tener estas características, existirán casos en los que el soporte tendrá que basarse en revisión de características, documentación o prácticas que se realicen al producto o servicio.

Sexta.-En el ámbito de sus facultades, esta Comisión de Economía, solicitó a la Secretaria de Economía, opinión respecto de la Minuta en comento, y a través de su Unidad de Enlace Legislativo manifiesta lo siguiente:

“...La Secretaría de Economía (en lo sucesivo la “SE”) emite opinión a favor con modificaciones de la Minuta por las siguientes consideraciones:

La SE en un inicio consideraba adecuada la adición del precepto en el Capítulo III, “De la Información y Publicidad”, por lo que propuso cambios en la modificación del artículo 32 del ordenamiento mencionado respetando la intención del legislador habiendo quedado como sigue:

“ARTÍCULO 32.-...

...

...

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, para acreditar las cualidades o propiedades avaladas, aprobadas o certificadas del producto o servicio.”

De lo anterior y para precisar la intención del legislador la SE reitera su opinión en el sentido de modificar la redacción anterior, con el fin de dar congruencia al método para la verificación de la publicidad que se utilice, proponiéndose lo siguiente:

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de esta Asamblea, para efectos de la fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Artículo Único.-Se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 32.-...

...

...

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente, las cualidades o propiedades del producto o servicio, o cualquier otro requisito señalado en las leyes aplicables para acreditar las mismas.

...

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Economía, diputados:Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla, Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53 a 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con expediente número 1001, le fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, enviada por el Senado de la República.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esa Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

Primero.-En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 9 de diciembre de 2014, el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Segundo.-En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

Tercero.-En sesión de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, celebrada el 27 de octubre de 2015, se aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Cuarto.-En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 27 de octubre de 2015, se presentó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, quedando de primera lectura.

Quinto.-En sesión plenaria del Senado de la República, celebrada el 18 de noviembre de 2015, se dio la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, el cual se discutió y aprobó en votación nominal, y se remitió a la Cámara de Diputados mediante la minuta correspondiente, para los efectos de la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto.-En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, efectuada el 24 de noviembre de 2015, se dio cuenta con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Séptimo.-En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dictó trámite al asunto en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Octavo.-Con fecha 11 de enero de 2016, por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria de la misma, comunicó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la autorización de prórroga para dictaminar la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, una vez analizada la Minuta objeto del presente dictamen, exponen el siguiente

II. CONTENIDO DE LA MINUTA:

El Senado de la República estima necesario reconocer los antecedentes que motivan la prohibición del comercio del marfil y explicar la forma en que dicha prohibición, ampliada a la no importación, exportación y reexportación así como la preocupación por el uso de ejemplares de vida silvestre exóticos, sus partes y derivados en la industria del vestido y el calzado, actividades que atentan contra la conservación de la diversidad biológica.

Señalan que en el mundo existen dos especies de elefantes: el elefante africano y el elefante asiático; asimismo, que la especie de elefante africano existen dos subespecies, el elefante de sabana y el elefante de selva; por su parte, de la especie del elefante asiático existen tres subespecies: el elefante de Sirilanka (Sri Lanka), el de Sumatra y el del continente asiático.

Refieren que estos animales con trompa, particularmente el elefante africano y el asiático tienen, entre otras características, las siguientes: su longevidad es de hasta 70 años de vida; son los mamíferos terrestres más grandes del mundo y de su continente, respectivamente, y sus colmillos, en el caso del elefante africano, son de forma curveada, están compuestos por múltiples capas de marfil y alcanzan hasta 3.5 metros de longitud y un peso máximo de 142.7 Kgs. En cuanto al elefante asiático, sólo los machos tienen colmillos, aunque a la mayoría les son extraídos en razón de su relación cultural-religiosa con el ser humano.

Reconocen los estatus de vulnerabilidad y de peligro de extinción que tienen, respectivamente, cada una de estas especies, conforme a información de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recabada por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos naturales, y de estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República.

Con apoyo en datos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), Documentan su aseveración de que en los años 70’s del siglo XX, ambas especies fueron diezmadas en su población, debido a la pérdida de su hábitat y/o porque su población fue devastada para, entre otros, obtener el marfil de sus colmillos, en especial, del elefante africano. Hacia 1975, se calcula que la población de elefante asiático fluctuaba entre 25 mil y 36 mil ejemplares, mientras que a principios del siglo XX, rondaba los 200 mil ejemplares.

En el caso de la especie elefante africano cuya población a principios del siglo pasado, se calcula era de entre cinco y diez millones de especímenes, población que para mediados de la década de los 70´s, se estima era de 1 millón 340 mil ejemplares.

La subsistencia de las condiciones prevalecientes de pérdida del hábitat y el peligro de extinción, y no obstante los esfuerzos realizados para la protección de ambas especies de elefantes, el Senado de la República estima lamentable la caída del número de ejemplares de las poblaciones de ambas especies.

Afirman que la alarmante pérdida de ejemplares de elefantes, representaba una tendencia hacia la posible extinción de ambas especies; decremento en las poblaciones causado principalmente por la caza comercial inmoderada para obtener marfil de manera legal o ilegal, así como la carne y la piel de los especímenes sacrificados.

Señalan que antes de 1989, la demanda de marfil alcanzó más de mil toneladas al año; en consecuencia, en ese año el comercio legal de marfil en África alcanzó las 59 toneladas, provenientes de 4 mil 166 elefantes. En ese año, el precio más alto pagado por Kilogramo de marfil fue de 300 dólares americanos.

En 1989, a propuesta de Austria, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, aprobó una enmienda a su Apéndice 1, para incorporar en él al elefante africano. A partir de dicha enmienda, el comercio de las especies, subespecies, sus partes y sus derivados se sujetó a una regulación más estricta que prohibió el comercio de marfil.

Refieren que con las diversas enmiendas a los Apéndices I y II de la referida Convención, hacia el período comprendido de 1997 a 1999, se regularon las cuotas de exportación de los inventarios de colmillos sin esculpir; del comercio internacional de trofeos de caza, y del comercio internacional de animales vivos a destinos apropiados, entre otros cuyo país de destino era Japón, para tres naciones africanas: Botswana, Nambia y Zimbadwe.

A dichas enmiendas se sumó la propuesta por Sudáfrica en el año 2000, con cuya aprobación se permitió la comercialización de una cuota de 30 toneladas de colmillos; el comercio de animales vivos para su reintroducción en áreas protegidas; el comercio de productos de cuero y pieles, y el comercio de trofeos de caza para fines no comerciales.

Señalan que en reuniones posteriores de la Conferencia, se presentaron enmiendas en las que es notorio el grado de especificidad de productos cuya comercialización internacional se permite. El Senado de la República reconoce que el comercio ilegal de marfil está reduciendo los esfuerzos por la conservación de las especies de elefantes. En el comercio ilegal de marfil participan, además de los artesanos y joyeros, el crimen organizado y grupos guerrilleros que venden el marfil para financiar sus actividades. La corrupción y la pobreza persisten en naciones donde los elefantes perviven de manera natural.

Según cifras reportadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 2014, Sudáfrica tenía una población aproximada de 350 mil ejemplares de elefante africano; el Este de África, más de 100 mil 500 ejemplares; África Central, más de 100 mil especímenes, África Occidental con menos de 10 mil elefantes.

Asumen que en 2011, el comercio ilegal de marfil se triplicó en relación con el registro de 1998, y representó el doble de lo asentado en 2010.

Con información de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, el Senado señala que durante el período comprendido de 2000 a 2008, las principales rutas del comercio ilegal de marfil se originaron en puertos de África Central y Oriental, particularmente, en Camerún, Nigeria, Ghana y la República Democrática del Congo; asimismo, se detectó tráfico ilegal entre Sudán y Egipto, así como en Tanzania, Kenia y Mozambique. El destino final del marfil objeto del comercio ilegal era China y Japón.

En el lapso de 2009 a 2011, el destino final de los cargamentos ilegales de marfil procedentes de Tanzania, fue china. El marfil ilegal de Kenia estaba destinado a Tailandia y China, y el de Sudáfrica se envió a Malasia.

Entre 2012 y 2013, la ruta del comercio ilegal de marfil se modifica de tal manera, que los embarques se originan principalmente en Kenia; con Malasia como el principal país de tránsito, y China como destino final, aunque surgen también España y Turquía, entre otros.

El Senado reconoce que en México no se tiene conocimiento de tráfico ilegal de marfil, y que la importancia de la reforma planteada se basa en los estudios sobre el comercio ilegal de marfil, cuyas previsiones indican que las medidas aplicadas al amparo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, no inciden en las disposiciones internas contra el criminal tráfico con las especies de la vida silvestre, sus partes y derivados; asimismo, proponen que cada país adopte las medidas para coadyuvar en los esfuerzos internacionales, incluso las de carácter jurídico.

Mencionan que en México no se reexporta marfil; sin embargo, entre 2010 y 2014 se importó 1 tonelada 590 kilogramos del producto bajo el rubro de polvo y desperdicios, con valor de 65 mil 412 US dólares, procedente de nueve países, entre los cuales se encuentran Tanzania, Zambia, Camerún y Sudáfrica, naciones involucradas en el tráfico ilegal de marfil.

Observan que nuestro país no es importador o exportador de cantidades significativas de marfil; además, no se comprobó que las importaciones de México se hayan realizado con apego a las especificaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, pues no hay constancia del aviso al Secretariado de la propia Convención, sobre la cantidad de marfil que ingresó a nuestro país en el período señalado en el párrafo anterior.

Por ello, consideran importante establecer la previsión legal de la prohibición de la importación, exportación y reexportación, así como la de la comercialización ilegal de marfil.

Con las disposiciones legales respectivas, se dará impulso a la recuperación de las poblaciones de las dos especies de elefante y, adicionalmente, estiman pertinente especificar que dicha prohibición operará cuando no se observen las disposiciones convencionales de los instrumentos en que México sea parte.

Consideran conveniente adicionar sendas fracciones a los artículos 122 y 127 de la propia Ley general de Vida Silvestre, pera establecer sanciones por incumplimiento de la hipótesis normativa planteada en la iniciativa de reformas a los artículos 53, 54 y 55 del mismo ordenamiento jurídico.

El Senado de la república estima que la importación legal de ejemplares exóticos de vida silvestre, así como sus partes y derivados para su aprovechamiento en las industrias textil, del vestido y el calzado, no es la causal de su incorporación en alguna categoría de riesgo, ni para limitar su uso o aprovechamiento en las ramas industriales aludidas; por ello, la importancia de dicha industria en la economía nacional y la legalidad con que se importan las especies señaladas, así como sus partes y derivados, hacen innecesaria la adopción de medidas legislativas más estrictas. Adicionalmente, la Cámara de Senadores considera que el comercio legal de especies exóticas no es causal significativa de la pérdida de la biodiversidad.

Coincidentes con lo anterior, refieren que las restricciones a las actividades económicas específicas no concuerdan con los principios rectores de la Ley General de Vida Silvestre, cuyo Artículo 1°. , prevé que “el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo”.

Con apoyo en las apreciaciones referidas, la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 53, 54 y 55, y la fracción II del Artículo 127 y se adiciona una fracción XXII Bis al Artículo 122, todos de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículos 1o. a 52. ...

Artículo 53. La exportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, requerirá de autorización expedida por la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

No será necesario contar con la autorización a la que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de:

a)Trofeos de caza debidamente marcados y acompañados de la documentación que demuestre su legal procedencia.

b)Material biológico de vida silvestre de colecciones científicas o museográficas debidamente registradas, con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o como donativo, acompañado de la constancia correspondiente expedida por la institución a la que pertenece la colección, de conformidad con lo establecido en el reglamento; siempre y cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología.

c)Los artículos de uso personal, siempre y cuando no excedan de dos piezas del mismo producto.

Queda prohibida la exportación de marfil, en cualquiera sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

Artículo 54.La importación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, requerirá de autorización expedida por la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

No será necesario contar con la autorización a la que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de:

a)Material biológico de vida silvestre de colecciones científicas o museográficas debidamente registradas, con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o como donativo, acompañado de la constancia correspondiente expedida por la institución a la que pertenece la colección, de conformidad con lo establecido en el reglamento; siempre y cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología.

b)Los artículos de uso personal, siempre y cuando no excedan de dos piezas del mismo producto.

Queda prohibida la exportación de marfil, en cualquiera sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

Artículo 55.La importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se llevarán a cabo de acuerdo con esa Convención, lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones que de ellas se deriven; quedando prohibida la importación, exportación, reexportación y comercialización del marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

Artículos 56.a 121. ...

Artículo 122.Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

I. a XXII. ...

XXII Bis. Importar, exportar, reexportar y comercializar marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

XXIII.Realizar actos que contravengan las disposiciones de trato digno y respetuoso a la fauna silvestre, establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que de ella se deriven.

XXIV. Realizar actos que contravengan las disposiciones de conservación de vida silvestre fuera de su hábitat natural, establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que de ella se deriven.

Se considerarán infractores no sólo las personas que hayan participado en su comisión, sino también quienes hayan participado en su preparación o en su encubrimiento.

Artículos 123.a 126. ...

Artículo 127.La imposición de las multas a que se refiere el artículo 123 de la presente Ley, se determinará conforme a los siguientes criterios:

I.Con el equivalente de 20 a 5000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente Ley, y

II.Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII , XXII Bis y XXIV del artículo 122 de la presente Ley.

La imposición de las multas se realizará con base en el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto.

La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción a que se refiere el párrafo final del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, si éste se obliga a reparar el daño cometido mediante el restablecimiento de las condiciones anteriores a su comisión o a realizar una inversión equivalente en los términos que se establezcan, en cuyo caso se observará lo previsto en esa disposición.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado contenido de la Minuta Proyecto de Decreto objeto del presente dictamen, expresamos las siguientes

III.- CONSIDERACIONES

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidimos con el Senado de la República, en su preocupación por reconocer los antecedentes que han motivado la prohibición de la comercialización del marfil, ampliada a su importación, exportación y reexportación, entre otras actividades que atentan contra la conservación de la diversidad biológica.

Reconocemos también, el estado de vulnerabilidad y peligro de extinción que padecen tanto el elefante africano como el elefante asiático, especies de mamíferos terrestres distinguidos como los mamíferos terrestres más grandes del mundo y del continente asiático, respectivamente, según información de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, ha demostrado que la población de ambas especies de elefantes fueron diezmadas en la década de los 70’s del siglo pasado, ambas especies fueron diezmadas en su población, habida cuenta de la pérdida de su hábitat o por el sacrificio de que han sido objeto, sin más interés que obtener el marfil de sus colmillos, en particular, del elefante africano.

Consideramos aberrante el hecho de que la población del elefante asiático, a mediados de la década referida, oscilaba entre los 25 y los 36 mil ejemplares, población drásticamente reducida frente a los 200 mil especímenes que la integraban a principios del siglo XX.

Estimamos que la suerte de la población de elefante africano no ha corrido con mejor suerte; en su caso, al inicio del siglo anterior, se presume la existencia de entre cinco y diez millones de ejemplares, población reducida a alrededor de un millón 340 mil especímenes existentes a mediados de la década de los años 70’s.

Ante el alto riesgo de extinción de ambas especies, a pesar del denuedo con que se ha procurado su protección, estimamos deplorable la subsistencia de las condiciones de pérdida del hábitat y el peligro de extinción de estos admirables mamíferos terrestres.

Apreciamos insaciable la demanda de marfil que para 1989 alcanzó una cantidad superior a las mil toneladas anuales, comprensiva de un comercio legal en África por una cantidad de 59 toneladas, a un precio que alcanzó los 300 dólares americanos por kilogramo.

Reconocemos los esfuerzos por sujetar a una regulación estricta el comercio del marfil, mediante las enmiendas a los apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres; con ellas, el comercio de dichas especies se reguló con mayor rigor, prohibiendo en principio el comercio del marfil, y luego regularon las cuotas de exportación de los inventarios de colmillos sin esculpir, entre otros.

Apreciamos la aprobación, a propuesta de Sudáfrica, de la autorización o permisión de la comercialización de una cuota de 30 toneladas de colmillos, entre otros, como el comercio de cuero y pieles, y el de trofeos de caza con fines no comerciales.

Coincidimos con la Colegisladora, en el sentido de reconocer que el comercio ilegal de marfil está reduciendo los esfuerzos por la conservación de las especies de elefantes, así como el grado de especificidad de los productos permitidos en el comercio internacional.

Reconocemos válida la preocupación de la Cámara de Senadores, por ilustrar de manera exhaustiva la situación prevaleciente en entorno global, en relación con las actividades regulares e irregulares del comercio internacional del marfil, señalando los países involucrados en dichas actividades, participando como países de origen, de tránsito o de destino, en las rutas utilizadas para el comercio internacional del marfil.

Compartimos el reconocimiento del Senado de la República, en torno a que en nuestro país no se tiene conocimiento de tráfico ilegal de marfil, y que la reforma que nos ocupa se sustenta en previsiones que no inciden en las disposiciones internas contra el criminal tráfico con las especies de la vida silvestre, sus partes y derivados; además, proponen que cada país adopte las medidas que estime pertinentes, incluso las jurídicas, para favorecer los esfuerzos internacionales en el tema.

Sabemos que México no reexporta marfil; sin embargo, admitimos que entre 2010 y 2014, importó 1 tonelada 590 kilogramos del producto bajo el rubro de polvo y desperdicios, con valor de 65 mil 412 dólares americanos, procedente naciones involucradas en el tráfico ilegal de marfil.

Coincidimos en que México no es importador ni exportador de marfil; además, no hay constancia del aviso al Secretariado de la propia Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, en cuanto a la cantidad de marfil que ingresó a nuestro país en el período señalado en el párrafo anterior.

Por ello, coincidimos en el reconocimiento de la importancia de establecer, mediante la reforma que se plantea, la prohibición de la importación, la exportación y la reexportación de marfil, así como su comercialización ilegal.

Consideramos que con el proyecto legislativo que nos proponemos, se impulsará la recuperación de las poblaciones de las dos especies de elefante y, adicionalmente, estimamos que las disposiciones constitucionales y legales de nuestro país, al lado de las previstas en instrumentos internacionales, son Ley Suprema de toda la Unión; de tal manera, la prohibición planteada en el Proyecto de Decreto que nos ocupa, operará con independencia de la observancia o inobservancia de las disposiciones de los instrumentos internacionales en que México sea parte.

Coincidimos en la consideración del Senado sobre la conveniencia de adicionar sendas fracciones a los artículos 122 y 127 de la propia Ley General de Vida Silvestre, con el propósito de establecer las sanciones por el incumplimiento de las hipótesis normativas planteadas en las propuestas de reforma a los artículos 53, 54 y 55 del mismo ordenamiento legal.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 53, 54, 55, 122 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículo Único.-Se reforma el artículo 55 y la fracción II del artículo 127 y se adicionan un último párrafo al artículo 53; un último párrafo al artículo 54 y una fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 53. ...

...

a)a c) ...

Queda prohibida la exportación de marfil, en cualquiera de sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

ARTÍCULO 54. ...

...

a)y b) ...

Queda prohibida la importación de marfil, en cualquiera de sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

ARTÍCULO 55.La importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se llevarán a cabo de acuerdo con esa Convención, lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones que de ellas se deriven; quedando prohibida la importación, exportación, reexportación y comercialización del marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

ARTÍCULO 122. ...

I.a XXII. ...

XXII Bis. Importar, exportar, reexportar y comercializar marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

XXIII.y XXIV. ...

...

ARTÍCULO 127. ...

I. ...

II.Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXII Bisy XXIV del artículo 122 de la presente Ley.

...

...

...

Transitorio

Único.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con expediente número 6585, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que reforma se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esta Comisión Dictaminadora con atribuciones que le confiere los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 80 numeral 1 fracción I, 81 numeral 1, 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Senadores, celebrada el día 25 de noviembre de 2014, la senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, integrante del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. En esa misma fecha, la misma fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

Tercero. Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, del Senado de la Republica, con fecha 25 de marzo de 2015, aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que reforma se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuarto.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 21 de abril de 2015, la Mesa Directiva, dio cuenta con la Minuta Proyecto de Decreto por el que reforma se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Quinto. En la misma sesión la Presidencia de la Mesa Directiva dicto el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Sexto. La Mesa Directiva en atención a solicitud y con fundamento en el artículo 95, numeral2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, autorizó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, prórroga para que dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Una vez analizado el contenido de la minuta proyecto de decreto objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proceden a exponer el siguiente contenido de la minuta:

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta de referencia, en resumen tiene por objeto fortalecer la legislación marco ambiental, para incorporar temas de desarrollo sostenible, la prevención al cambio climático y la valoración y protección del ambiente en los diversos ciclos educativos en el nivel básico por lo que la iniciativa propone reformar el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

La colegisladora argumenta que en nuestro país se encuentra protegido Constitucionalmente en el artículo cuarto párrafo quinto, que menciona que el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, garantizando el acceso al agua, la preservación de los ecosistemas con que contamos, así como aquellas políticas públicas que logren la disminución de contaminantes en la ciudad y en zonas rurales.

La Senadora iniciadora, confirma que es notable el avance del conocimiento científico y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación que como país hemos tenido, lo que ha permitido conocer las problemáticas ambientales que prevalecen en todo el planeta casi de manera instantánea. Sin embargo, estos avances no han sido utilizados para crear una conciencia ambiental ni han logrado solucionar los problemas que amenazan la sobrevivencia del ser humano.

Comenta la colegisladora que aunque se encuentra contemplado en el marco legal internacional, nacional e incluso en diversas políticas públicas, el derecho humano a un medio ambiente sano, y aún faltan recursos financieros y humanos, a efecto de propiciar que los educadores ambientales, impulsen de manera efectiva la educación ambiental sostenible.

Es por ello que la senadora considera que las mexicanas y los mexicanos deben adquirir, conocimientos, herramientas y valores que incidan en el cuidado del medio ambiente, por lo que se debe fortalecer los elementos necesarios para que se les permita afrontar y solucionar las diversas problemáticas que se generan por las diversas afectaciones al ambiente que son la consecuencia de las actividades humanas, para lograr menores pasivos ambientales. Es por ello que propone la siguiente reforma:

Se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, como el desarrollo sostenible, prevención al cambio climático, valoración y protección del medio ambiente conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

ARTÍCULO TRANSITORIO

El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

En atención a dicha solicitud la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados procede a la revisión y análisis del presente Dictamen bajo las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coinciden con el loable propósito de las complejas interacciones que realiza la sociedad y el ambiente que orientan a la mejora de las acciones individuales para evitar pasivos ambientales, en virtud de que en ella se exponen preocupaciones relacionadas con la problemática ambiental. Esta Comisión estima que la propuesta legislativa tiene por objeto fortalecer un tema de interés público que debe atenderse para evitar poner en riesgo, además de la integridad y la vida de los seres vivos, el orden social y la estabilidad política y económica en que deba basarse el desarrollo sustentable del país, así como de la protección al ambiente.

La preocupación por el tema del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, mediante la promoción de valores y competencias en la sociedad, no es reciente, tiene ya más de tres décadas de estar presente en las políticas ambientales y educativas de los gobiernos de distintos países, así como de diversos organismos nacionales e internacionales.

Es pertinente observar que con base en una recomendación de la cumbre de Estocolmo, sobre el medio Humano, celebrada en 1972, se estableció que “Los organismos de las Naciones Unidas, en particular la UNESCO y las otras instituciones internacionales interesadas, adoptaran de común acuerdo, las disposiciones necesarias para establecer un Programa educativo internacional de enseñanza interdisciplinaria, escolar y extraescolar, relativo al medio ambiente, cubriendo todos los niveles de enseñanza y dirigido a todos, jóvenes y adultos, con el objetivo de hacerles conocer la acción simple que ellos pueden realizar, dentro de sus limitaciones, para generar y proteger su medio ambiente”.

En este sentido, es preciso reconocer el esfuerzo de diversas Instituciones educativas, entidades, organizaciones de carácter no gubernamental educadores que han contribuido, de forma voluntaria, no sólo a la conceptualización de la educación ambiental sino, sobre todo, a la puesta en marcha de acciones de formación sobre esta temática central para el desarrollo de los seres vivos; por lo tanto, debemos sumar a efecto de crear una mejor visión de armonía y respeto entre los individuos y el ambiente, esto con la finalidad de crear en el presente y futuro un ambiente integro.

Es importante confirmar que la correcta educación ambiental es una estrategia para el desarrollo sustentable, esto a partir de considerar que la educación es una práctica social en donde los ciudadanos pueden tomar conciencia de la necesaria protección, preservación y conservación de los sistemas de soporte vital del planeta, constituyendo así la sustentabilidad de los recursos.

Es por ello, que coincidimos plenamente con el senado de la Republica, en donde... “se reconoce que la Educación Ambiental es una herramienta que tiene un impacto positivo en diversos ámbitos de la educación. En ese sentido, la reorientación de la misma hacia el desarrollo sustentable es fundamental porque incide directamente en el ámbito educativo formal y no formal, además de repercutir en la conducta de los ciudadanos, la cultura, los estilos de vida a favor de la conservación de la riqueza ambiental y la participación en la solución a los grandes problemas ambientales”.

Coincidimos con la Colegisladora en el sentido de que “la reforma propuesta incide en la sección VII Investigación y Educación Ecológicas del capítulo IV sobre los Instrumentos de Política Ambiental y se considera viable ya que permitirá robustecer las disposiciones relativas a la educación ambiental, pero además expandirá su enfoque al incorporar la sustentabilidad y el cambio climático. Ello permitirá dar cumplimiento a los compromisos que nuestro país ha asumido a nivel internacional, en particular a: (1) la implementación del párrafo 233 de la Resolución de la Asamblea General A/RES/66/2885 aprobada en el año 2015, (2) la declaración Ministerial sobre la Educación y la Sensibilización adoptada en el marco de la 20 Conferencia de las Partes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebradas en diciembre de 2014 en la ciudad de Lima Perú, cuyo contenido guarda relación e incluso responde a las recomendaciones emanadas de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebrada en las ciudades de Aichi y Nagoya, Japón en noviembre de 2014 y (3) los compromisos que habrán de adoptarse en el marco de la celebración de la Cumbre de las Naciones Unidas dedicada a la aprobación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015, celebrada en septiembre de este año”.

A efecto de lograr un mejor entendimiento y técnica legislativa, coincidimos con la Colegisladora de modificar la redacción de la reforma propuesta, en el sentido de eliminar la palabra “como” al referirse al desarrollo sostenible, ya que se entiende que este no es un concepto que pertenezca a la rama de la ciencia denominada ecología; también se sustituye las palabras “prevención al cambio climático” por las palabras “mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático”; la palabra “sostenible” por “sustentable” y por último las palabras “medio ambiente” por “ambiente”.

Lo anterior a efecto de que la redacción de la reforma sea congruente con lo dispuesto en las fracciones V del artículo 2o; III del artículo 3o; XXI del artículo 5o; XXI del artículo 7o; XXI del artículo 8o; IV del artículo 15 y los artículos 1º y 41, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y también con lo dispuesto por las fracciones V del artículo 2o; VI y XI del articulo 22; VI del artículo 30 y IV del artículo 82, todos de la Ley General de Cambio Climático.

Por lo anterior, debemos observar oportuno que se podrá dar inicio a proyectos sustanciales en el tema de la competencia ambiental, ya que se encuentra vinculado con los derechos humanos de la tercera generación, que busca fomentar un desarrollo sustentable y que, en resumen, resultara vital para los seres vivos, por lo que se coincide con la Colegisladora en el sentido de señalar las modificaciones que se requieran para dar fortalecimiento a la educación ambiental en nuestro país, para lograr una mejor armonía con el ambiente y así también evitar generar omisiones que pudieran crear pasivos ambientales.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

...

...

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Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con expediente número 760, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, Y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1 fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Primero.En fecha del 9 de diciembre de 2014, el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Segundo párrafo al Artículo 60 bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, para la protección de tiburón, la cual en fecha 11 de diciembre de 2014, fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

Segundo.- El dictamen de las Comisiones Unidas, fue presentado en primera lectura el día 28 de abril de 2015 y con fecha 27 de octubre de 2015, el Pleno del Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto contenido en el dictamen.

Tercero.-En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 04 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva, dio cuenta al Pleno de esta Soberanía con la minuta Proyecto de Decreto, enviada por el Senado, que reforma el artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 1° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La minuta de referencia, en resumen propone adicionar un Segundo Párrafo al Artículo 60 bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, para la protección del tiburón, esto a efecto de que en la ley se contenga la protección del tiburón como una de las especies que se encuentran protegidas dentro de la NOM-059SEMARNAT-2010, la cual otorga Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres, señalando las Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.

Por lo que el Senador proponente sugiere la siguiente redacción:

ARTÍCULO 60 Bis 1. Ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados.

Queda prohibido, el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comercial, de las especies de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) tiburón ballena (Rhincodon typus), tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), pez sierra peine (Congresox talabonoides) y pez sierra de estero (Pristis pectinata). Sólo se podrá autorizar la captura para actividades de restauración, repoblamiento y de reintroducción de dichas especies en su hábitat natural.

En atención a dicha solicitud la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales proceden a la revisión y análisis del presente Dictamen bajo las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

La propuesta de adición antes mencionada guarda relación y es concordante con lo establecido en la NOM-059-SEMARTNAT-2010 como especies vulnerables y prohibidas a la pesca en la norma NOM-029-PESC-2006. Lo que otorga rango de ley a esa protección y prohibición señaladas en las Normas Oficiales Mexicanas.

Las rayas, peces sierra y tiburones se encuentran dentro de los elasmobranquios que son peces muy antiguos, con esqueleto cartilaginoso, poseen lóbulos olfatorios muy desarrollados, son generalmente depredadores y carroñeros ubicándose en lo más alto de la cadena alimenticia.

Este grupo de peces tienen generalmente cinco pares de branquias. La carencia de opérculos que controle la entrada y salida del agua obliga a estos peces a permanecer en continuo movimiento para obligar al agua a penetrar en las branquias. Poseen un órgano sensitivo a lo largo del cuerpo llamado línea lateral que les permite percibir las vibraciones del agua e incluso el sabor de sus presas.

Los tiburones son indispensables para la vida en el océano, ya que se alimentan de animales enfermos, viejos o débiles. Así mismo desempeñan un papel ecológico muy importante al ser los principales depredadores mantienen en equilibrio las poblaciones que se encuentran debajo en la cadena alimenticia. Si los tiburones desaparecen, otras especies se propagan sin control depredando a las que están debajo en la cadena.

Anualmente muere más gente por ataques de perros, picaduras de mosco o electrocutados con luces navideñas que por ataques de tiburones. Por el contrario, los seres humanos matamos para cortarles las aletas y exportarlas al Mercado asiático, causándoles una muerte lenta, cruel y dolorosa.

El miembro de la organización Pew Charitable Trusts (PEW), Luke Warwick en un informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas señaló que en la última década se han capturado cerca de mil millones de tiburones, principalmente en Indonesia, España y Japón, mientras que en América destacan países de mucha biodiversidad como México, Argentina y Brasil. En los últimos cincuenta años la matanza de tiburones se ha incrementado en 400%.

Debemos considerar que debido a la acción del ser humano, estos animales, que han sobrevivido a las principales extinciones masivas, se enfrentan ahora a los mayores retos de su historia: la sobrepesca, el cercenamiento de aletas y las capturas accidentales.

Las especies de tiburón tienen un crecimiento lento, maduración tardía, extensos ciclos reproductivos, baja fecundidad y vida relativamente larga, características que los hacen vulnerables a prolongados e intensos regímenes de pesca, que pudieran provocar una disminución considerable en sus poblaciones.

Como grandes depredadores, los tiburones desempeñan un papel especial a la hora de mantener la salud de los ecosistemas marinos, ya que sirven como indicador de la salud de los océanos. Los tiburones tienen un crecimiento muy lento, maduran tarde y tienen pocas crías, lo que los hace muy vulnerables a la sobrepesca.

De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional del Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), existen 400 especies de tiburones en el mundo. En la Convención los tiburones fueron incluidos por primera vez en sus listados de comercio en febrero de 2003, durante la reunión de la conferencia de las partes decidieron incluir a dos especies de tiburón en el Apéndice II, lo cual no indicaba que estas especies estaban en peligro de extinción.

Datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, señalan que la captura de tiburones y rayas ocupa el décimo lugar en la producción pesquera nacional. En estas pesquerías, más del 90% de la producción se destina al consumo nacional, proporcionando carne de bajo costo a amplios sectores de la sociedad, con lo cual adquiere gran importancia alimentaria.

La pesca de tiburón se realiza en lo largo de los dos litorales marinos, por tres unidades de pesquería: ribereña, la de mediana altura y la pesca de altura en aguas costeras como en aguas oceánicas dentro de la Zona Económica Exclusiva del Océano Pacífico.

La problemática de la conservación de los tiburones en México surge porque en el país no existen programas de manejo pesquero ni reglamentos que controlen o evalúen las capturas comerciales, como sucedió con la pesca desmedida de tiburones para la obtención del aceite de su hígado (que contiene grandes cantidades de vitamina A). En la actualidad, esta práctica ha sido remplazada por la conocida pesquería del “aleteo”, en la que se colectan tiburones sin importar la especie para conseguir las aletas que se exportarán a países principalmente orientales donde su consumo es una tradición.

Para la protección de tiburones la NOM-059-SEMARTNAT-2010 otorga Protección ambiental a especies nativas de México de flora y fauna silvestres, señalando sus Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio y la NOM-029-PESC-2006 la cual establece los lineamientos para la realización de pesca responsable de tiburones y rayas.

Con los argumentos presentados podemos señalar que la inclusión de la protección del tiburón a la Ley General de Vida Silvestre fortalece y abona en sentido positivo a tener una protección más eficaz y se le da un rango de ley sin contravenir lo señalado ya en las Normas Oficiales Mexicanas y va en concordancia con los esfuerzos que a nivel mundial se están llevando a cabo para proteger a dicha especie, la cual día con día se ve amenazada por la acción del ser humano.

En consecuencia las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos con el criterio del colegislador, en el sentido de incorporar un segundo párrafo al Artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre.

Por lo anterior expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Artículo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo del artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 60 Bis 1. ...

Queda prohibido, el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comercial, de las especies de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) tiburón ballena (Rhincodon typus), tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), pez sierra peine (Squalus pristis) y pez sierra de estero (Pristis pectinata). Sólo se podrá autorizar su captura para actividades de restauración, repoblamiento o de reintroducción de dichas especies en su hábitat natural.

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.costasalvaje.com/programs/7-tiburones

2 http://eu.oceana.org/es/tiburones

3 La Convención es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, tiene como finalidad velar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia

4 Tiburón Ballena y Tiburón Peregrino

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Población le fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 82; 85; 157, numeral 1, fracción 1; 176 numeral 1, fracción I; 177; 180, numeral 1 y numeral 2, fracción II; 182, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

a. En el apartado “Antecedentes de la Iniciativa”, se deja constancia de las acciones realizadas por la proponente para la elaboración de la Iniciativa, los trámites del proceso legislativo, la recepción y turno para el dictamen, así como las acciones realizadas por esta comisión dictaminadora.

b. En el apartado “Objeto y Descripción de la Iniciativa” se reproducen en términos generales, los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

c. En los apartados “Consideraciones de la Comisión” se expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y los motivos que sustentan el sentido de su resolución.

d. Finalmente, se presenta el proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo a la Ley General de Población.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico y a la votación que realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA:

1. El 7 de septiembre de 2015 fue remitida, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, copia del acuerdo número 622/2015 II D.P., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual el Honorable Congreso del estado de Chihuahua formula Iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, para adicionar un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población, relativo a la comprobación de supervivencia.

2. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus atribuciones, acordó turnar la Iniciativa en comento a la Comisión de Población, para su estudio y análisis.

3. La Comisión de Población dio trámite de recibido a la Iniciativa e inició su discusión, estudio y dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

La Iniciativa presentada por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua tiene como objeto establecer que la comprobación de supervivencia para personas que reciban una pensión, jubilación o beneficios económicos de programas sociales, se podrá realizar mediante el procedimiento de confronta a que se refiere el primer párrafo del artículo 101 de la Ley General de Población.

En los considerandos de la Iniciativa en comento se establece que la adecuada conducción de una política poblacional constituye un elemento estratégico para el desarrollo social de toda nación, abriendo una gama de oportunidades que permiten la optimización del trabajo que se realiza desde el ámbito gubernamental.

Se señala que la función de la Clave Única del Registro Nacional de Población (CURP), ha sido brindar seguridad jurídica, ya que para su otorgamiento y asignación resulta indispensable que se origine a partir de un documento fehaciente como fuente de identidad.

Que conforme lo establece la Ley General de Población, la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y acreditación de la identidad de la totalidad de las personas residentes en el territorio nacional, así como de los nacionales que radiquen en el extranjero, que se establece en el artículo 85 de la mencionada Ley.

En el mismo sentido, en los considerandos de la Iniciativa en comento, se plantea que el Registro Nacional de Población (RENAPO) tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad, especificando que los mexicanos mayores de dieciocho años habrán de inscribirse mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y quienes no han llegado a dicha edad, a través del Registro de Menores de Edad, especificando que la incorporación de una persona al (RENAPO), conlleva la asignación de la Clave Única del Registro de Población.

En la Iniciativa se señala que en el proceso de registro de la población juegan un papel preponderante las autoridades de las Entidades Federativas, pues se constituyen en auxiliares de la Secretaría de Gobernación en cuanto a las funciones que le competen en materia de registro de población, más aún al momento de celebrar los convenios de colaboración respectivos, ya que asumen la obligación expresa de recabar y transmitir la información relativa a los nacimientos y defunciones de las personas, con el propósito de mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población.

También se menciona que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) incorporó, en beneficio de sus derechohabientes, el procedimiento relativo a la denominada confronta, previsto en el artículo 101 de la Ley General de Población, sustituyendo con ello la comprobación de supervivencia presencial. De esta manera, actualmente se realiza una verificación electrónica mensual entre los datos que obran en el Registro Nacional de Población, y los existentes en su padrón de pensionados y jubilados, permitiéndole dar de baja inmediatamente a las personas que aparecen en el listado de defunciones.

De esta manera, la Iniciativa concluye que tal acción será en beneficio de las personas que tienen que hacer frente a los estragos derivados de enfermedades o accidentes que les impiden movilizarse de manera autónoma, así como a las adultas mayores, en ambos casos con derecho a recibir una pensión o jubilación, pues actualmente ya no es necesario que acudan personalmente a comprobar la vigencia de derechos, evitándoles con ello poner en riesgo su salud.

Con las anteriores consideraciones expuestas en la Iniciativa, el Honorable Congreso de Chihuahua, propone la adición de un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley de Población para quedar en los siguientes términos:

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Primera. Con fundamento en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Honorable Congreso de Chihuahua, está facultado para promover la adición de un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

Segunda. Esta Comisión de Población es competente para conocer y resolver respecto a la Iniciativa en comento, con fundamento en lo establecido en los artículos 73, fracciones XXIX-T y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;39 y 45, numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 68; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 85; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercera. Es importante reconocer el espíritu claramente federalista; la labor legislativa y particularmente la gran preocupación de los legisladores del Honorable Congreso de Chihuahua, por adecuar nuestro sistema legal en beneficio de los derechohabientes de los distintos sistemas de pensiones, de los jubilados y de aquellos ciudadanos que reciben beneficios económicos de programas sociales y que tienen graves dificultades para realizar físicamente los trámites para mantener la vigencia de sus derechos.

Cuarta. La Comisión dictaminadora, considera importante incluir la perspectiva de control de convencionalidad en la adición que se propone. En este sentido, es importante resaltar que el 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la cual tiene como objeto “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

De esta manera se establece asimismo que las personas pueden presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas mayores reconocidas por ese instrumento.

México, como país integrante de la OEA, y como parte del control de convencionalidad, deberá adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de los adultos mayores, incluyendo la ampliación de las facilidades en la realización de trámites oficiales.

Por tanto, resulta de la mayor pertinencia la adición de un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población, para brindar mayores facilidades a las personas adultas mayores en el ejercicio de sus derechos.

Quinta. Esta Comisión Dictaminadora, considera viable la adición propuesta en la Iniciativa, toda vez que tanto en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya operan la confronta electrónica de sus bases de datos la base del Registro Nacional de Población para validar la vigencia de derechos entre sus afiliados.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Acuerdo ACDO.AS1.HCT.220715/148P.DPES. Publicado el 23 de octubre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, autorizó como mecanismo de comprobación de supervivencia para los pensionados y asignatarios que residen en el territorio nacional, el uso de datos derivados de trámites y servicios del Estado, así como de otras fuentes de información.

En este sentido, la adición propuesta brindaría mayor certeza jurídica en la comprobación de la vigencia de derechos por supervivencia para las personas que reciban una pensión, jubilación o beneficio económico de programas sociales. Lo anterior disminuirá los inconvenientes a los que se han enfrentado por años, aquellos derechohabientes que tenían que presentarse físicamente a realizar los trámites para mantener la vigencia de sus derechos.

Es importante señalar, que no se prevé impacto presupuestal alguno, toda vez que los procedimientos de registro y confronta, son procedimientos ya contemplados y que se realizan cotidianamente.

Sexta. La Comisión Dictaminadora propone realizar dos modificaciones a la redacción de la Iniciativa en cometo, a fin de dotarla de claridad en la definición de términos. En primer lugar, se propone precisar el trámite específico de “vigencia de derechos por supervivencia”. En segundo término, se propone incluir la utilización de la Clave Única de Registro de Población, como el medio de confronta y evitar así una redundancia jurídica con el primer párrafo del artículo 101 de la Ley de Población.

De esta manera, se propone modificar la redacción de la Iniciativa en comento para quedar como se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f); de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción 11; 84; 85; 102, numeral 1; 182, numeral 1; y 191, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; esta Comisión somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

DECRETO POR El QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 101 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 101.- ...

...

La comprobación de la vigencia de derechos por supervivencia para las personas que reciban una pensión, jubilación o beneficio económico de programas sociales, podrá realizarse a través de la validación de la información de la Clave Única de Registro de Población que sea requerida por las dependencias y entidades de la administración pública federal, para el ejercicio de sus funciones, mediante los procedimientos que para tal efecto ponga a su disposición la Secretaría de Gobernación.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 31 días del mes de marzo de dos mil dieciséis.

La Comisión de Población, diputados:Adolfo Mota Hernández (rúbrica), presidente; Alejandro Armenta Mier (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Yarith Tannos Cruz (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica), secretarios; Miguel Alva y Alva (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge, Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), Rubén Alejandro Garrido Muñoz (rúbrica), María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbrica), Heidi Salazar Espinosa (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN III

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Voto particular respecto al dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se Expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentado por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

VOLUMEN IV

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY AGRARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Reforma Agraria con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida iniciativa.

II. En el capítulo correspondiente al “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del proyecto de decreto en estudio.

III. En el capítulo “CONSIDERACIONES” la Comisión de Reforma Agraria expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones.

IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, la Comisión emite su decisión respecto de la proposición analizada.

I. ANTECEDENTES

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

1. El nueve de febrero del dos mil dieciséis, el diputado Oscar García Barrón, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

2. Con fecha 10 de febrero del dos mil dieciséis, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-1-0536, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, turnó para estudio y análisis a la Comisión de Reforma Agraria, el expediente número 1554, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

3. La Comisión de Reforma Agraria, integrada a través de su Secretaria Técnica, las opiniones de sus diputados integrantes, entra al estudio de la Iniciativa con fundamento en el cual, formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

4. Establecidos los antecedentes, con fecha 16 de marzo del 2016, se reúnen en pleno los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y en su caso aprobarlo.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El diputado proponente expone que el campo en México es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra economía nacional.

El artículo 27 de su texto fundacional es la columna vertebral de toda la legislación agraria en nuestro país y en él se establecen principios generales que tratan de dar orden a los recursos naturales, a la propiedad y la tenencia de los mismos, donde sobresale el papel que el Estado mexicano juega en esas relaciones económicas, política y jurídicas.

De ese precepto constitucional han surgido diversas leyes que han regulado la actividad agraria. La primera que surgió fue la Ley de Ejidos y tuvo como autoridad reguladora a la Comisión Nacional Agraria. Para noviembre de 1921 se promulgó un decreto que abrogó la Ley de Ejidos, el cual arrojó al presidente de la República la facultad de emitir un Reglamento Agrario, el cual pretendía entre otras cosas acelerar la reforma agraria que, desde 1927 buscó repartir la tierra productiva en los ejidos y comunidades rurales. Para 1927 se crea la Ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas, y en el año de 1925 se estipuló la Ley Reglamentaria sobre repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio parcelario ejidal, la cual, en 1927 se derivó en una Ley de Patrimonio Ejidal. Todos estos ordenamientos buscaron la repartición de tierras y la constitución de un patrimonio que beneficiara a las colectividades agrarias. Pero, no fue sino hasta el 9 de enero de 1934 cuando se estableció el Departamento Agrario, el cual atrae al ámbito de la administración pública federal la política en materia Agraria. El instrumento legal de apoyo al Departamento Agrario lo fue el Código Agrario.

Con el establecimiento de la Ley Federal de Reforma Agraria en 1971 surge un nuevo orden jurídico que buscó fortalecer la injerencia del Estado mexicano en los procesos productivos, por lo cual fue creada la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual tuvo que enfrentar graves problemas de desigualdad, debido, sobre todo, al aumento poblacional.

Es por eso el Estado mexicano trató, en una gran reforma en el año de 1992, de reorientar y dar dinamismo al desarrollo rural, y combatir la pobreza, el atraso y la marginación, para lo cual se reforma del artículo 27 constitucional y se dictan las leyes agrarias, principalmente la Ley Agraria y la Ley Forestal.

La política agraria, con el nuevo marco jurídico, la llevó a cabo la misma Secretaría de la Reforma Agraria, pero, en razón de los problemas económicos del país y debido, sobre todo a políticas de austeridad se pensó en su desaparición en el año 2008. Para el presente régimen, el gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, trató de asignarle nuevas tareas y aplicar criterios ahora enfocados al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. Es por eso que el 2 de enero de 2013 se publicó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria y establecer la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para cumplir con esta histórica función agraria con una óptica acorde a los lineamientos del gobierno en funciones y la modernización del Estado mexicano.

Por las consideraciones expuestas el diputado Oscar García Barrón, propone la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47, 94, 132, 134, 143, 148, 160 y 161 de la Ley Agraria, para quedar en los siguientes términos:

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Primera.El dos de enero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre las diversas reformas, se modificaron el nombre y facultades de la Secretaría de la Reforma Agraria para ser Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entre sus atribuciones se asignaron facultades relativas al desarrollo urbano, agrario y de vivienda realizada, así como el despacho de la planeación y el ordenamiento del territorio nacional.

Segunda. A juicio de esta Comisión dictaminadora las reformas planteadas a las diversas disposiciones por el legislador iniciante, se consideran procedentes al valorar las aportaciones introducidas en su iniciativa por coincidir en la armonización para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sea actualizado en la Ley Agraria, a fin de que dicho órgano de la Administración Pública Federal tenga la certeza jurídica para desempeñar sus atribuciones, facultades y obligaciones.

Tercera. Esta Comisión al examinar las consideraciones del Diputado, estima viable la iniciativa en comento, además de hacer suyas las consideraciones del mismo, en virtud de que, al haber sido reformada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil trece, diversos órganos de la administración centralizada fueron reformados y sus atribuciones distribuidas en nuevas secretarías; asimismo, es de explorado derecho que, a fin de otorgar certeza jurídica, se realice la actualización de diversas disposiciones normativas al establecer la congruencia y consistencia del marco jurídico aplicable a la Secretaria a fin de garantizar el desarrollo integro en materia Agraria.

Cuarta. El artículo 161 de la legislación en comento actualmente señala lo siguiente:

Artículo 161. La Secretaría de la Reforma Agraria estará facultada para enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de la Reforma Agraria igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.

En el artículo se observa que se nombra en dos ocasiones a la extinta Secretaría de Reforma Agraria, por lo cual es conveniente reformar en dos oraciones distintas el artículo 161 con la finalidad de que sea congruente en su totalidad las reformas planteadas por el diputado promovente.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y para los efectos de la fracción A, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforman los artículos 47, segundo párrafo; 94, primer párrafo; 132; 134; 143; 148; 160, primer y cuarto párrafo y 161 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará al ejidatario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 80 de esta ley.

Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V del Artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

...

...

Artículo 132. Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año fraccione, en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 124.

Artículo 134. La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 143. Los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría, también serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.

Artículo 160. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe. El deslindador formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier interesado para su consulta. Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la entidad federativa en que se encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los diarios de mayor circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al mismo terreno. En este último caso, al aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los límites y colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que se consideren afectados por el deslinde, tendrán un plazo de treinta días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga.

...

...

En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal al interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su domicilio.

Artículo 161. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará facultada para enajenar a título oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Jesús Serrano Lora (rúbrica), presidente; Antonio Amaro Cancino, José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica), Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Patricia García García (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez (rúbrica), secretarios; Efraín Arellano Núñez, Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Iveth Bernal Casique (rúbrica), Osvaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Lilia Arminda García Escobar (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), David Mercado Ruiz (rúbrica), Cirilo Vázquez Parissi (rúbrica), Fernando Galván Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Óscar García Barrón, para fundamentar el dictamen.

El diputado Óscar García Barrón:Hace tres años, tres meses, el 2 de enero de 2013, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 41 y desaparece en esa reforma, la ley así lo manifestó en su reforma, la Secretaría de la Reforma Agraria y emerge la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a esta tribuna en nombre de los diputados y diputadas que integramos la Comisión de Reforma Agraria, para hablar a favor del dictamen que reforma los artículos 47, 94, 132, 134, 143, 148, 160 y 161 de la Ley Agraria.

A migas y amigos diputados, para resolver los grandes y graves problemas que enfrenta el campo mexicano, se requiere del trabajo y la conciencia comprometida de los legisladores para elaborar un marco legal agrario, armonizado y encaminado responsablemente a entregar resultados tangibles, para lograr un campo competitivo, productivo, rentable y que le dé certeza jurídica a la tenencia de la tierra.

Si entendemos el término agrario como el todo para hacer producir la tierra, esa tierra que de todo nos provee, me permito hacer la siguiente reflexión, amigos diputados. La Ley Agraria es reglamentaria del artículo 27 constitucional en el tema agrario, es el único, el único ordenamiento jurídico legal que le da certeza a la tenencia de la tierra en ejidos y comunidades.

No es cosa menor, señores diputados, 3.5 millones de productores viven laborando la parcela y el uso común en 32 mil 15 unidades de producción, que representan el 51 por ciento de la superficie del territorio nacional. Ahí, en ese espacio de nuestra patria, se encuentran grandes riquezas, como son nuestros bosques, con sus maderas y su oxígeno, minerales metálicos y no metálicos.

El 70 por ciento del agua que consumimos se cosecha en el suelo ejidal y en el suelo comunal. Además, el ejido y la comunidad son el espacio donde la gente del medio rural produce los alimentos de las familias de México, a través de la actividad ganadera y la actividad agrícola. El ejido y la comunidad en México han sido a través del tiempo contraste de riqueza, abundancia, pero también de pobreza y de marginación.

Se tiene todo, absolutamente todo en este espacio para generar bienestar, prosperidad y desarrollo, hagamos, amigos diputados, de esta circunstancia un compromiso social y proporcionémosle al campo mexicano las políticas públicas que potencialicen esas riquezas naturales. Así lo demanda la propia Ley Agraria en su artículo 6.

Señoras y señores diputados, por lo antes mencionado valoro y reconozco el trabajo y compromiso de los diputados que integramos la Comisión de Reforma Agraria por dictaminar a favor esta iniciativa, en la conciencia que la tierra es origen y la tierra es vida. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García.

Y en virtud de que no hay oradores inscritos, en virtud de los consensos previamente logrados entre los grupos parlamentarios e integrantes de la Comisión, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Sí, señor presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de estudiantes y docentes de la Universidad Valle de Santiago, de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, invitados por el diputado Yerico Abramo Masso. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

(Votación)

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Saludamos la presencia de jóvenes provenientes del estado de Querétaro, invitados por el diputado Hugo Cabrera Ruiz. Bienvenidas y bienvenidos.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:¿Algún diputado, alguna diputada falta para emitir su voto? Adelante, adelante. Estamos esperándolos, no hay problema.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero no por mucho tiempo. Sigue abierto el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Adelante, adelante. Otro llamado y ya. ¿Todavía falta otro diputado, otra diputada por votar? Adelante, adelante, diputadas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y entran jubilosas, como si les fuéramos a aplaudir. ¿Alguien más por ahí que nos falte? Que venga entrando barriéndose. Parece que ya no.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 413 votos por la afirmativa, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos, unanimidad, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul, del diputado Piña Kurczyn.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Gracias, presidente. Los diputados del PAN celebramos esta reforma, en la que cuatro años después estamos corrigiendo el error que cometió el consejero jurídico del presidente, que al redactar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se le pasó un pequeño detalle, desde 1971 la Ley de la Reforma Agraria habla de la Secretaría de la Reforma Agraria. Qué bueno que estamos hoy corrigiendo ese error. Es todo. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Piña.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con expediente número 1864, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que reforma se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esta Comisión Dictaminadora con atribuciones que le confiere los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 80 numeral 1 fracción I, 81 numeral 1, 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 22 de septiembre de 2015, la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona, diversos Artículos a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita además por legisladores integrantes del mismo Grupo Parlamentario.

Segundo. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Tercero. La Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales, con fecha 26 de noviembre de 2015, aprobó dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Cuarto. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 1 de diciembre de 2015, fue aprobado el Proyecto de Decreto con 415 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

Quinto. Con fecha 3 de diciembre la Cámara de Diputados remitió a la Cámara de Senadores, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversos Artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; en la misma fecha, la Minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, para dictamen.

Sexto. En sesión de la Cámara de Senadores, celebrada el 23 de febrero de 2016, en segunda lectura, se presentó el dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversos Artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cual fue adicionado con la propuesta de modificación para utilizar el referente de la Unidad de Medida y Actualización, en el texto de la fracción III del Artículo 165 de la propia Ley, siendo aprobado en conjunto con el Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversos Artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, contenido en el Dictamen de las comisiones Unidas dictaminadoras. En la misma fecha, el Senado de la Republica envió a la Cámara de Diputados la Minuta Proyecto de Decreto correspondiente.

Séptimo. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 1 de marzo de 2016, se presentó la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversos Artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; acto seguido, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Una vez analizado el contenido de la minuta proyecto de decreto objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proceden a exponer el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta de referencia, en resumen tiene por objeto fortalecer la legislación marco ambiental, dando mayores facultades a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para mejorar la implementación de mecanismos que puedan generar acciones de preservación y protección respecto de los bosques del territorio nacional, en particular aquellos que se ven afectados por la disminución de los inventarios boscosos por el incendiados, así como lograr un mejor control en la prevención por el manejo incorrecto del fuego en ellos y lograr la disminución de pasivos ambientales.

Para ello, la Minuta propone que se reforme el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) para que solo se autorice el cambio de uso del suelo en terrenos incendiados hasta que hayan transcurrido 20 años y después de que se acredite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que el ecosistema se ha regenerado.

De forma complementaria, se propone añadir como posible causa de veda forestal la finalidad de regeneración de terrenos incendiados en el artículo 128 de la LGDFS, así como añadir en el listado de infracciones del artículo 163 de la LGDFS la realización en terrenos incendiados cualquier actividad o uso distintos a la restauración dentro de los 20 años siguientes a que haya transcurrido un incendio. Finalmente, se reforma el artículo 165 para sancionar dicha actividad y se aumenta el monto de las multas en diversas disposiciones relacionadas con el manejo de fuego en terrenos forestales.

La colegisladora a efecto de fundamentar lo anterior, señala que México es uno de los países catalogados como megadiverso debido a su riqueza biológica, especialmente debido a sus ecosistemas forestales, además, nuestro país cuenta con la mayor cantidad de selvas tropicales y amplios bosques de coníferas.

Por otra parte la Minuta objeto del presente dictamen plantea el problema de que el mal manejo del fuego y su uso doloso para clarear bosques y abrir espacios para otros usos de suelo, ha generado grandes costos para los sistemas forestales, además se puntualiza que en los últimos 10 años se han registrado 87,544 incendios forestales que han afectado un área aproximada de 3’234,041.88 hectáreas. Por lo que se propone un marco jurídico mejor definido, más efectivo y más estricto en materia de lucha contra la generación de incendios foréstales.

Las Comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera, coinciden con la Minuta en el sentido de que es necesario reforzar el marco legal forestal, a efecto de implementar acciones de protección y preservación de los suelos forestales incendiados, así como prever y sancionar el mal uso del fuego, lo anterior, con el fin último de proteger el patrimonio forestal de nuestro país.

La colegisladora confirma que entre las principales causas de la deforestación en México, está el cambio de uso de suelo para destinarse actividades como la agropecuaria, el desarrollo urbano y la infraestructura, entre otros. Adicionalmente, la tala clandestina y los incendios forestales vuelven más susceptibles a los predios forestales de sufrir dicho cambio de uso de suelo.

Informa la colegisladora que la perdida de superficie forestal es grave ya que trae consigo costos económicos y de servicios ambientales; al respecto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estima que el costo total del agotamiento y degradación ambiental represento el 5.7% del PIB en el 2014.

Considera el Senado de la Republica aprobar en sus términos la iniciativa de reforma del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, inclusive ésta, apoya el cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional Visión 10-20-40 de Cambio Climático.

Estima la colegisladora oportuno y necesario aprobar en sentido positivo la adición de la fracción cuarta al artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, debido a que es pertinente el supuesto de regeneración de terrenos incendiados como una de las causas para que se decrete una veda forestal y tomando en cuenta los demás requisitos señalados en el artículo 128 de la LGDFS.

Respecto de la propuesta de adición de la fracción XXII del artículo 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que la propuesta de redacción de la Diputada promovente es más apropiada ya que el concepto de manejo forestal sustentable es más acertado ya que éste incluye actividades de ordenamiento, cultivo, protección, conservación, restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal.

Respecto a los argumentos de redacción, la propuesta de la Diputada iniciadora es acorde con la propia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en virtud de que a lo largo de su texto se define “terrenos incendiados” en vez de “superficies afectadas por incendios”.

Por lo que las Comisiones dictaminadoras estimamos acertadas y aprobamos con modificaciones, la propuesta de adición de la fracción XXII del artículo 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 163. Son infracciones a lo establecido en esta ley:

I. a XXI. ...

XXII. Realizar en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable, dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido un incendio;

XXIII. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación o sistemas de control establecidos para el transporte o comercialización de recursos forestales;

XXIV. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente forestales, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello; y

XXV. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente ley.

Las Comisiones dictaminadoras del Senado de la Republica, informan que es pertinente distinguir entre los incendios provocados por la actividad antropogénica y los que se denominan naturales; al respecto, la Comisión Nacional Forestal reporta que, en nuestro país, el uso del fuego no controlado en las actividades agropecuarias genera aproximadamente el 39% de los incendios forestales anualmente, siguiéndole en orden de importancia, las fogatas para proveer de luz, calor y para la cocción de alimentos con 11% y los fumadores con 11%.

La colegisladora con base en lo anterior reconoce que gran parte del problema de los incendios forestales se pueden prevenir, debido a que es por causas antropogénicas, por lo tanto, las dictaminadora concordamos con la propuesta de reforma del artículo 165 y así como la adición de una fracción III al mismo.

En atención a dicha solicitud la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados procede a la revisión y análisis del presente Dictamen bajo las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, concuerda con los argumentos presentados como soporte de las reformas y adiciones propuestas en la iniciativa. Sabemos que México es uno de los cinco países más ricos en diversidad biológica del mundo. Esta biodiversidad genética y de especies se alberga en la diversidad de sus ecosistemas, y en gran medida en sus ecosistemas forestales; es importante señalar que nuestro país ocupa un lugar destacado en el ámbito internacional por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad de recursos mismos que se reflejan en una gran variedad de ecosistemas; cuenta con el privilegio de albergar en su territorio y litorales a más del 10% de la diversidad biológica del mundo, es por ello que tenemos la gran responsabilidad y de enfrentar retos de trascendencia para el majeo sustentable de su capital natural, a efecto de crear el desarrollo de bienestar y equidad para su sociedad y para el mundo.

Sabemos que nuestros bosques y selvas nos proveen de todos los servicios ecosistémicos que requerimos para contar con una buena calidad de vida: conservan los suelos y evitan su erosión y deslaves; ayudan al mantenimiento sano de los cuerpos superficiales y subterráneos de agua, así como a la recarga por infiltración de los acuíferos; absorben dióxido de carbono y son reservorios del mismo gas, lo que denota su importancia en las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático; son albergues de innumerables especies de flora y fauna, mucha de la cual aún desconocemos; y son hogar de muchos de nuestros pueblos indígenas.

En virtud de que México se encuentra en la confluencia de las regiones Neártica y Neotropical, contamos con ecosistemas forestales y selvas únicos en el planeta. En nuestro país tenemos la mayor cantidad de selvas tropicales más al norte del Ecuador y a altitudes mayores; asimismo, México cuenta con amplios bosques de coníferas alejados de los trópicos, con menor altitud.

Ahora bien, el mal manejo de fuego, así como el uso doloso del mismo para clarear bosques y abrir espacios para otros usos de suelo, tiene grandes costos para la correcta conectividad de los ecosistemas y los corredores biológicos que son fundamentales para la biodiversidad y la productividad de los ecosistemas.

Por lo establecido anteriormente y en adición a las acertadas consideraciones expuestas por la colegisladora, esta Comisión dictaminadora estima favorables las observaciones planteadas en las reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, observó y es coincidente con la anotación realizada por la colegisladora, previa la corrección al intríngulis del Proyecto de Decreto planteado en la iniciativa, en cuanto a la necesidad de complementar el artículo 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con la adición de una fracción XXII, enfocada a priorizar y determinar las actividades que pueden permitirse dentro de un terreno que ha sido siniestrado por fuego en un periodo determinado.

Generando también mejor claridad en la aplicación de los términos establecidos en dicho artículo, logrando enriquecer la técnica legislativa en virtud de que la propuesta de redacción de la diputada iniciadora es más apropiada ya que el concepto de manejo forestal sustentable es más acertado ya que éste incluye actividades de ordenamiento, cultivo, protección, conservación, restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, para quedar como sigue:

XXII. Realizar en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable, dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido un incendio;

En vez de:

XXII. Realizar en superficies afectadas por incendios, cualquier actividad, uso y/o aprovechamiento, distintos a la restauración, dentro de los 20 años siguientes a aquel en que hayan sufrido un incendio;.

Por lo anterior, debemos observar oportuno que se podrá dar inicio a proyectos sustanciales en el tema de la competencia ambiental, que busca preservar así como el de fomentar un desarrollo sustentable y que, en resumen, resultara vital para los seres vivos, por lo que se coincide con la Colegisladora en el sentido de señalar las modificaciones que se requieran para robustecer el fortalecimiento al Desarrollo Forestal Sustentable en nuestro país, para lograr una mejor armonía con el ambiente y así también evitar generar omisiones que pudieran crear considerables pasivos ambientales.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

ÚNICO. Se reforman los artículos 117, párrafo tercero; 165, fracciones I y II; y se adiciona una fracción IV al artículo 128; una fracción XXII, recorriéndose las fracciones subsecuentes, del artículo 163 y una fracción III al artículo 165 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

ARTICULO 117. ...

...

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.

...

...

...

...

ARTICULO 128. ...

I. ...

II. Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que se declaren como de zonas de restauración ecológica;

III. Tengan como finalidad la conservación, repoblación, propagación, diseminación, aclimatación o refugio de especies forestales endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, o

IV. Tengan como finalidad la regeneración de terrenos incendiados.

...

...

...

...

...

ARTICULO 163. ...

I.a XXI....

XXII. Realizar en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable, dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido un incendio;

XXIII. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación o sistemas de control establecidos para el transporte o comercialización de recursos forestales;

XXIV. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente forestales, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello, y

XXV. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

ARTICULO 165. ...

I. Con el equivalente de 40 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones V, VI, XII, XV, XVI, XX y XXV del artículo 163 de esta Ley;

II. Con el equivalente de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXIII y XXIV del artículo 163 de esta Ley, y

III. Con el equivalente de 150 a 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones IX, XIX, XXI y XXII del artículo 163 de esta Ley.

Para la imposición de multas servirá de base la Unidad de Medida y Actualización prevista en el párrafo sexto del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de cometerse la infracción.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdéz (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Arturo Álvarez Angli, para fundamentar el dictamen, y no se nos desbalaguen porque va a haber votaciones nominales en el tablero.

El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa, el dictamen que venimos a fundamentar en este momento retoma una mayor importancia dadas las circunstancias y condiciones que estamos justamente en estos últimos días viviendo, padeciendo y comentando en todo el país con referente a la calidad del aire que estamos sufriendo en el Valle de México.

México es uno de los cinco países más ricos en diversidad biológica del mundo, esa diversidad genética y de especies que alberga, en gran medida se encuentra en sus ecosistemas forestales.

Sabemos que nuestros bosques y selvas nos proveen de todos los servicios ecosistémicos que requerimos para contar con una buena calidad de vida, así como conservar los suelos, y evita también erosiones y deslaves, ayuda, por supuesto, al mantenimiento de lo sano de los cuerpos superficiales y subterráneas de agua, a la recarga de los acuíferos, pero principalmente, y a eso me refería con la importancia de este tema, absorbe el dióxido de carbono y son los reservorios del mismo gas, lo que denota por supuesto, la importancia de recuperar las áreas forestales y ecosistemas entre las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático que estamos padeciendo, tales como albergues también, que estos mismos son y debemos de reconocer de innumerables especies de flora y fauna.

Con tal actitud hemos destruido una gran cantidad de nuestros recursos forestales en aras, generalmente, de darle un uso diverso al suelo, principalmente en actividades productivas o simplemente con el propósito de mantener ociosas las superficies siniestradas para justificar el cambio del uso del suelo para aprovechamiento o explotación de otro tipo de recursos diversos de los forestales.

Las prevenciones legales que actualmente existen, son por supuesto insuficientes, y es por eso que la comisión que me honro en presidir ha dictaminado de manera positiva la reforma al artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en la cual se prevé que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años al menos, que se acredite fehacientemente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezca en el reglamento correspondiente.

La modificación pareciera menor, pero busca precisar que además de los 20 años que se cuentan a partir de la fecha del incendio, del predio del que se trate, se retire la salvedad de los casos en que se demuestre de manera fehaciente la regeneración del suelo para proceder a autorizar el cambio del uso de suelo.

Para el espíritu de la iniciadora, es que deba transcurrir el período de 20 años, y además, como parte central se demuestra la regeneración del ecosistema que fue afectado. Se trata de hacer más precisa la medida legal para lograr el objetivo de regenerar el suelo siniestrado.

Con esta pequeña reforma que en realidad está enfocada a velar por el cumplimiento de la regeneración de los predios afectados mediante la autorización del cambio de uso de suelo, siempre y cuando transcurran los 20 años y posterior a estos 20 años se certifique la regeneración del mismo.

Finalmente la comisión de la infracción que se incorpora se califica también en la ley para ser sancionada en la fracción III con el equivalente de 150 hasta 30 mil veces la unidad de medida y actualización a quien comenta las infracciones señaladas.

Para tal efecto, estimadas diputadas y diputados, consideramos importante la aprobación del presente dictamen de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que previamente había sido aprobada, pero ahora contiene mejor claridad de efectos de técnica legislativa en las fracciones 22 del artículo 163, y con esto poder abonar a la regeneración de nuestros bosques y selvas, de esta manera poder enfrentar las inclemencias del cambio climático que nos ha afectado por el mal manejo de fuego, así como del uso doloso para clarear los bosques de abrir espacios de usos de suelos no autorizados.

Finalmente, con esa reforma de ley se pretende erradicar las nocivas prácticas de incendio deliberado a los predios que generan un pasivo ambiental considerable en las áreas forestales del territorio nacional. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, ya tenemos aquí integrada una lista de diputadas y diputados.

Antes queremos dar la bienvenida a estudiantes de derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por el diputado Norberto Antonio Martínez Soto. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, a este recinto parlamentario.

Bien. Tiene entonces la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Amigas diputadas y amigos diputados, hoy venimos como Partido Encuentro Social a dar un voto a favor a esta reforma que hoy esperemos cuente con el apoyo y el respaldo de todas las fracciones parlamentarias porque son transcendentes.

Sin duda el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable abarca muchas cosas. Para que tengamos una idea, diputadas y diputados, somos el quinto país más rico, decía nuestro ponente hace unos momentos, tenemos derecho y tenemos las condiciones naturales por bendición de tener oxígeno puro y no sucede en este país, hoy vemos la contingencia, es un reflejo inverso de la gran diversidad ecológica que posee México para gozar de tranquilidad, de paz y de salud en el medio ambiente. No es así por motivos desde luego de corrupción.

En este país se practican nocivas y depredatorias, como le uso de fuego para incendiar bosques y selvas con la finalidad de clarear el terreno. Ha generado esto grandes daños a nuestros ecosistemas forestales. Por tal razón se hace necesario armonizar el marco jurídico que nos permita a nosotros, los ciudadanos, los representantes populares, tomar decisiones para ellos y adecuarlo.

Este tema de incendios de bosques ha propiciado una gran voracidad en los empresarios de las construcciones de inmobiliarias, d edificios, de fraccionamientos. Es decir, actualmente se quema una gran cantidad de hectáreas, al tercer día, al quinto día, al mes se cambia el uso de suelo por la autoridad competente y se construye un gran fraccionamiento. Con esta reforma ya no podría hacerse eso, se tiene que someter 20 años para poder demostrar que el uso de suelo puede dar rentabilidad principalmente para lo cual fue creado por la misma naturaleza.

Es decir, se acaban los abusos, se acaba la voracidad y aquellos malévolos que provocan incendios para hacer grandes negocios a través de construcción de viviendas y fraccionamientos se les acabo el negocio, por eso Encuentro Social tiene como prioridad votar a favor de este dictamen.

Aquí en este país tiene un gran impacto social además esta reforma. Miren, los bosques permiten la subsistencia de alrededor de mil millones de personas en situación de pobreza extrema y proporcionan empleos remunerados a poco más de 100 millones de personas en todo el mundo.

En 2014 se registraron un total de 5 mil 325 incendios forestales principalmente en los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California. Amigas y amigos diputadas y diputados, con mucho gusto venimos hoy a decir que vamos a favor de esta gran reforma de un gran impacto social, y por supuesto para detonar los ingresos en muchas direcciones a las familias que más lo requieren. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El presente dictamen versa sobre una reforma que el día 1 de diciembre del año pasado aprobamos en esta Cámara, pero que ahora la discutimos como una minuta del Senado de la República.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es reformar los artículos 117, 128 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y es que los terrenos que sean incendiados no puedan ser cambiados en su uso de suelo y de esta forma sean utilizados con fines distintos a la conservación de los bosques. Con esta medida, en la Comisión de Medio Ambiente se ha estimado que se desincentiva la quema furtiva de selvas y bosques.

México es un país con grandes recursos forestales, un 70 por ciento de su territorio, es decir, poco más de 140 millones de hectáreas tienen el potencial ecológico para sostener recursos forestales, gracias a nuestro clima, suelo y características topográficas. Sin embargo, todos estos recursos se encuentran en grave peligro y tienden a desaparecer a una velocidad vertiginosa de 600 mil hectáreas por año.

Un ejemplo muy lamentable, compañeras y compañeros, es el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de donde soy originaria. Un municipio en donde hay bosques que fueron lamentablemente dañados por actitudes irresponsables, con la finalidad de mercantilizar con el bosque.

Se llegó a vender a 46 pesos un árbol, cuyo crecimiento tenía 300 años o más, sin que hubiera una tasa de reemplazo o sin que se plantaran árboles pequeños para garantizar la sustentabilidad del bosque.

Estos intereses mezquinos prevalecen en la mayoría de los bosques del país. Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta, pues además de ser una parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire, regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima, proporcionan alimento, medicina, refugio a los seres vivos y son fuente de materia prima en muchas de las actividades humanas.

Un incendio forestal adquiere dimensiones imprevisibles, no solo en la esfera local, sino también a escala regional, nacional y global, con daños a la naturaleza, que son difíciles de cuantificar, no solo en el medio ambiente, sino también en temas de carácter económico y social.

Como legisladores tenemos la responsabilidad de asumir las medidas más urgentes que estén a nuestro alcance, a fin de controlar, subsanar y prevenir los factores que destruyen nuestros recursos forestales y con ello nuestra propia existencia.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la sustentabilidad y la responsabilidad ecológica son temas que hemos impulsado de manera firme y comprometida, conforme a uno de los ejes fundamentales de nuestra agenda legislativa siempre hemos estado incidiendo de manera constante en gran parte de las iniciativas que hemos presentado y aprobado desde las últimas cuatro legislaturas.

Por ello, coincidimos plenamente con la comisión, pues al establecer mejoras sustanciales en la norma que regula nuestro desarrollo forestal sustentable, se establecen las condiciones para disfrutar de un medio ambiente más sano y dejar un futuro sustentable a las próximas generaciones. Ese es el punto central y lo relevante de las reformas y adiciones.

La colegisladora introdujo una modificación sustituyendo el término superficies afectadas por término terrenos incendiados. Nuestras leyes deben ser precisas en los conceptos, por lo que la modificación refuerza el contenido de lo aprobado por las diputadas y los diputados.

Compañeras y compañeros diputados, el cuidado de nuestros recursos naturales es un asunto fundamental para la vida de los que habitamos este planeta. No es un asunto menor y requiere que tomemos decisiones con visión de futuro, pues el bienestar de millones dependerá de lo que hagamos el día de hoy. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la palabra la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres:Muy buenas tardes tengan, compañeras y compañeros. Hoy, como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, quisiera compartir la experiencia que viví el día de ayer durante mi traslado a Amecameca, lugar donde resido y todos ustedes tienen su casa, recordándoles que es un municipio enclavado en la región de los volcanes del estado de México y para mayor referencia donde la leyenda del amor del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl tiene su origen.

En el momento en que la contaminación nos permitió observar el horizonte pudimos percibir, yo y mis acompañantes, varios incendios forestales en las laderas de los majestuosos edificios volcánicos.

Mi reacción inmediata fue, ¿Qué es lo que puede causar un incendio en esta zona? La respuesta no se hizo esperar por parte de mi asesor y me comenta: el estiaje, la temperatura, el azimut, la variación atmosférica, la radiación, la falta de humedad, la incidencia y muchos términos técnicos más que en este momento se me van de la memoria resultaron en una sorprendente, mágica combustión atmosférica espontánea. Ah caray, me dio mucho gusto y satisfacción tener gente tan preparada en mi equipo.

Es increíble cómo la naturaleza a través de la sabiduría logra contar con ciclos de renovación constante y abrirse paso en la evolución de las especies. Mayor fue mi sorpresa cuando otro de los acompañantes, originario de la región y campesino nos interrumpió y dijo: medio comprendo lo que aquí el señor explicó, pero yo sé que las chambusquinas en su mayoría son provocadas por el hombre malo y no por la madre tierra. Y lo hacen con la visión de ocupar terrenos deforestados como paso de buey y trasladar mercancías que el gobierno no acepta. O a veces, para sembrar maíz, y a sabiendas de que no habrá cosecha cobrar los apoyes e incentivos del gobierno. Y otras ocasiones para repartir lotes entre los comuneros y vender a los citadinos terrenos campestres a muy buen precio.

A partir de ese momento me di cuenta que lo que aquí analizamos lo hacemos con el estricto sentido de la ética y la moral, perdiendo de vista que en la aplicación de la justicia enfrentamos a personas con el más mínimo compromiso con la ciudadanía y respeto por la vida y los demás. Y es así como permitimos el abuso de la más sensible y vulnerable situación.

Es justo conocer y reconocer el comportamiento de la naturaleza en sus procedimientos de recuperación y saneamiento, pero es imperdonable solapar y condonar al que lastima premeditadamente.

Por esta enseñanza de vida hoy, la bancada de los ciudadanos, votaremos a favor la decisión de no permitir el cambio del uso de suelo a los terrenos en los veinte años posteriores de haber sufrido un incendio.

Es momento de proteger nuestro destino como especie. Si la naturaleza ya dio de sí y los ciudadanos responsables estamos dispuestos a participar.

Es nuestro compromiso como representantes de los verdaderos soberanos de este país otorgar herramientas legales, severas y concretas para garantizar que nadie abuse de nuestra casa en común, evitando que la voracidad y falta de escrúpulos de unos cuantos dañen y pongan en riesgo la vida de todos. Es cuanto y muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hauffen. Tiene ahora la palabra la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Chávez García:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, según nos advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, desde 1990 nuestro planeta ha perdido alrededor de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie que equivale a la de Sudáfrica.

Los bosques del mundo siguen disminuyendo a medida en que la población aumenta. Las áreas forestales se reconvierten para la agricultura y otros usos. A nivel mundial, sin ser nuestro país la excepción, la deforestación es uno de los problemas más graves, ya que la pérdida de bosques y selvas, además de ser atentado contra la biodiversidad, potencializa otros problemas ambientales de gran magnitud.

La deforestación representa un gran riesgo para nuestro abasto de agua y, por si fuera poco, contribuye con aproximadamente la quinta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático.

Los bosques representan, por tanto, un recurso vulnerable, cuya conservación, manejo y restauración ofrecen una gran oportunidad para generar beneficios; tanto por la reducción de emisiones derivada de la deforestación y la degradación, como por la conservación de los bienes y servicios ambientales de los que dependemos todos.

Para el caso de nuestro país, de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, nosotros cada año perdemos alrededor de 500 mil hectáreas de bosques, como pasa en la mayor parte del mundo.

Entre las principales causas de la deforestación en México se encuentran los cambios de uso de suelo para destinarse a actividades como las agropecuarias, así como para el desarrollo urbano de infraestructura.

Adicionalmente, la tala clandestina y los incendios forestales hacen más susceptibles a los predios forestales de sufrir cambios de uso de suelo; por lo que vemos necesaria la incorporación en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de preceptos que eviten que la quema de estos ecosistemas sea motivo para que se le dé otro uso al terreno, eliminando el incendio como incentivo perverso para este fin.

Preservar nuestros bosques, selvas y humedales es impulsar nuestro bienestar. Los bosques juegan un papel fundamental en la lucha contra la pobreza rural, para la seguridad alimentaria y en proporcionar a las personas medios de subsistencia.

La incorporación a la ley de los preceptos contenidos en el presente dictamen son necesarios, pero no suficientes para evitar la pérdida de nuestros valiosos ecosistemas forestales. Es solo un paso que debemos tomar, pese que todavía perdemos al año una buena parte de nuestra riqueza natural.

México se ubica en el lugar número 12 en cuanto a la superficie forestal mundial. Nuestro país cuenta con más de 33 millones de hectáreas de bosques, 32 millones de hectáreas de selvas, dos millones de hectáreas de vegetación hidrófila y 12 millones de hectáreas de pastizales.

Nuestro país ocupa el primer lugar del mundo en el manejo comunitario de bosques certificados como sustentables, tanto en zonas templadas como en tropicales. Existe una superficie certificada de más de 792 mil hectáreas acreditadas por el Consejo de Manejo Forestal y una producción certificada también de 1.23 millones de metros cúbicos de madera.

Opciones reales de trabajo digno y bien remunerado para gente de nuestro campo, para nuestros ejidatarios. Los pueblos originarios que premie bien la conservación de estos ecosistemas y su aprovechamiento sustentable, que haga compatible la conservación y desarrollo a partir de colocar la sustentabilidad como principio central.

Si bien falta mucho por hacer, el presente dictamen nos acerca un poco más a la meta de tener deforestación para el año 2020, por lo que nuestro Grupo Parlamentario, Morena, votará a favor del mismo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chávez.

Saludamos la presencia de un grupo de vecinos de la delegación Coyoacán, de la Ciudad de México. Invitados por el diputado Héctor Barrera Marmolejo.

Igualmente, de amigos integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana de Tultitlán, estado de México. Invitados por la diputada Sandra Méndez Hernández. Así como de jóvenes de la Facultad de Derecho de la Universidad Contemporánea de las Américas, de Morelia, Michoacán. Invitados por la Vicepresidenta Daniela De Los Santos Torres.

Y también, de artesanos de Tonalá, Jalisco. Invitados por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco. Bienvenidas, bienvenidos, todas y todos ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Norberto Antonio Martínez Soto:Presidente, diputadas, diputados, estamos un paso adelante en la construcción de un México sustentable, la construcción de un México que desde el inicio de esta Legislatura hemos venido construyendo.

Particularmente la fracción parlamentaria del PRD acompañó con su voto a favor, conscientes de que el daño que se le ocasiona a todo un ecosistema en el uso doloso de los incendios forestales, para clarear bosques y abrir espacios para otros usos del suelo.

Manifestamos con énfasis que el cuidado del medio ambiente, el uso sustentable de los recursos naturales, el fomento al sector primario, la detonación de la economía por medio de la silvicultura, la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el aprovechamiento y manejo integral de los recursos forestales, es una preocupación que nació con nosotros, con la izquierda, en las zonas rurales y en las universidades públicas.

El lema de la Universidad Autónoma Chapingo es “Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre”. Se refiere al uso sustentable de los recursos naturales, significa racionalidad, significa desarrollo económico, logrando crecimiento de los capitales en el tiempo y en el espacio, significa tener actividades de ordenamiento, cultivo y protección, conservación y restauración; significa, en suma, manejo integral.

Hoy discutimos el dictamen en sentido positivo de la minuta proveniente del Senado, en la cual proponen nuevas consideraciones con las que estamos convencidos, ya que guardan el espíritu y fortalecen lo aprobado originalmente.

Coincidimos en que se reforme el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para que se autorice el cambio de uso de suelo en terrenos incendiados, hasta que no hayan transcurrido 20 años, y después de que se acredite ante la Semarnat, que el ecosistema ha sido regenerado.

De igual forma resulta favorable añadir, como causa de veda forestal, la finalidad de regeneración de terrenos incendiados en el artículo 128 de dicha ley, así como añadir en el estado de infracciones del artículo 163, la realización en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la restauración dentro de los 20 años siguientes a la que haya transcurrido el incendio.

Finalmente, en la modificación, el artículo 165 en materia de sanciones y multas, enfatizamos que se deben garantizar los mecanismos idóneos para comprobar fehacientemente las conductas relacionadas con el manejo de fuego en terrenos forestales. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier:Con su permiso, señor presidente. Nuestro país cuenta con un millón 972 mil 547 kilómetros cuadrados, es decir, 192 millones de hectáreas, y de las cuales, el 70 por ciento son bosques, o sea, 130 millones de hectáreas.

Desgraciadamente perdemos 155 mil hectáreas deforestadas, unas por el pastoreo, otras por incendio, otras por la tala, y los bosques, digo, yo he oído aquí diferentes términos, pero realmente bosques se identifica desde las selvas caducifolias bajas, de selvas tropicales, bosque húmedos, bosques tropicales, bosques de cactáceas, de nolina, nolina cissus, crecen un centímetro por año, por ejemplo la pata de elefante conocida de la columna trajano, que crece 2.4 centímetros por año, agavaceae, nolina, nolina cissus, rosetofilas, y finalmente llegamos a los bosques húmedos que son las partes, los más elevados que captan el agua que se genera en la humedad en el golfo, que es atraída por los vientos del norte, y es la que permite la lluvia.

Pero no sólo se pierden los bosques, se pierde la canopia, que es la parte donde se cruzan las ramas y donde viven los reptiles, donde viven los roedores, donde viven los depredadores, donde viven las águilas y, por supuesto donde ya no hay terrenos, pues ya no hay conejos, ya no hay roedores, ya no hay zorras, no hay zorrillos, no hay coyotes, no hay linces, no hay ningún tipo de felino, y no sólo eso, cuando se deforesta un bosque, pues sueltan al ganado.

Tenemos casi 30, 40 millones de cabezas de ganado bovino; 7.3 de ganado ovino y 4.3 –si no recuerdo mal– de caprino, que no sólo no permiten que vuelva a crecer lo que está germinando, no hay una reforestación natural y la arrancan; y se comen porque tienen preferencia por las platas verdes, lo que está creciendo. Y no solo eso, producen bióxido de carbono y también producen metano, que es lo peor, que recrudece el sobrecalentamiento global.

Es triste ver cómo hemos ido perdiendo nuestros bosques y, como lo he dicho muchas veces acá, cuando el ganado arranca las plantas pues lógico que la tierra se afloja, y más cuando son laderas aluviales, es decir, con pendiente, cuando viene la lluvia se lleva toda esa tierra. Tierra que tarda en promedio 14 o 15 mil años para generar un metro, se pierden unos cuantos años por la erosión.

Desgraciadamente tenemos 50 millones de hectáreas en nuestro país totalmente deterioradas por el pastoreo, por la deforestación, y le agregaría, ¿verdad?, para evitar no solo el cambio de uso de suelo, evitar el pastoreo, porque el pastoreo es el que nos está destruyendo aún más nuestra tierra.

Y entonces quedan, cuando ustedes caminan, van por las carreteras y ven los cerros que están pelones o que son de roca, en su momento tuvieron bosques o material orgánico xerófilo, que son arbustos, y que desgraciadamente se han perdido por el pastoreo y hemos así ido perdiendo nuestro territorio, y un territorio vale por lo que tiene, es así como ha venido la miseria.

Ya no tiene bosques Grecia, ni Roma, que Heródoto mencionaba que tenían bosques, países de África, donde la gente emigra porque sus tierras están totalmente erosionadas, son estériles, o gente que ha venido de España, que se viene a vivir a México, porque ya no hay donde vivir, hasta hay canciones que hablan de esta tragedia y pues eso aunado por supuesto va incremento el problema del cambio climático.

Entonces, aquí, en el Partido Acción Nacional, digo, a mí me encanta ese tema, tengo 30 años reforestando de forma particular y tengo gente dedicada a eso a tiempo completo, apoyamos este dictamen porque es justo y necesario. Y pues estamos de acuerdo en el Partido Acción Nacional, y muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gómez. Tiene ahora la palabra el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, provengo de una de las zonas más hermosas del estado de México. Una zona forestal, rural, donde se encuentra el sistema de potabilización de agua más grande de Latinoamérica, el famoso Sistema Cutzamala.

Ahí se capta, se potabiliza el agua para darle el recurso al valle de Toluca y a la zona metropolitana del valle de México. Esto es posible gracias a las fábricas de agua, los bosques. Por eso solicité al Grupo Parlamentario del PRI poder tomar la palabra en este posicionamiento.

México es uno de los países catalogados como mega-diversos por su riqueza biológica. En próximos días vamos a ser sede de la COP número 11 de biodiversidad en el país. En los últimos 10 años se han registrado 87 mil 544 incendios forestales que han afectado a un número aproximado de 3 millones, 234 mil hectáreas, por lo que hoy se propone un marco jurídico mejor definido, más efectivo y más estricto en materia de lucha contra la generación de incendios provocados.

El objeto del presente dictamen es regular el mal manejo del fuego, así como el uso doloso del mismo para clarear bosques y abrir espacios para otros usos de suelo. Por ejemplo en la tierra de donde vengo, Valle de Bravo, para el uso de carácter urbano y la frontera agrícola. Esto tiene grandes costos para la correcta conectividad de los ecosistemas y los corredores biológicos que son fundamentales para el país y la productividad en los ecosistemas.

México está ubicado a nivel internacional como la onceava potencia mundial forestal. Somos un país que podría vivir de sus bosques. Desafortunadamente también se ubica como uno de los países con mayor tasa de deforestación.

En las últimas dos décadas, según datos de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en las trayectorias ambientales México posee una de las tasas más altas de deforestación en el mundo. En este sentido, la degradación ambiental provoca pérdidas anuales equivalentes al 8 por ciento del producto interno bruto del país.

Una de las principales causas de la deforestación son los incendios forestales. Para atender esta problemática México cuenta con el Programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales, el cual opera a través de la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, además de las organizaciones civiles y los voluntarios regionales.

También la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable contiene diversas disposiciones en la materia, destacando el Capítulo III en su Título Quinto, a regular la prevención y combate y control de incendios.

Infortunadamente se advierte que este problema no se ha resuelto y al parecer es creciente en el número de incendios, es decir, han sido pocas y eficientes las normas jurídicas en la materia. Esto se ha reflejado en los graves daños a nuestros recursos forestales.

Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen. Se deben castigar a quienes realicen en los terrenos incendios, cualquier actividad o uso distinto a la restauración o al manejo forestal sustentable.

Reafirmamos nuestro compromiso de proveer y promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación y restauración y aprovechamiento del patrimonio nacional. Estos son instrumentos económicos y financieros y de política pública acorde a las necesidades de la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pichardo. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Por lo tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Se pregunta nuevamente si alguien falta por emitir su voto, el sistema aún se encuentra abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 415 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 415 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Saludamos la presencia de la Asociación de Mujeres Cuidadoras, provenientes de varios estados de la República, invitadas por la diputada Emma Margarita Alemán Olvera. Bienvenidas amigas a este recinto parlamentario de San Lázaro. Y sigan cuidando bien.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO

SUSTITUYA SISTEMÁTICAMENTE LA PALABRA EQUIDAD POR LA PALABRA IGUALDAD

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las instancias e instituciones del país centradas en lograr la igualdad entre mujeres y hombres a sustituir sistemáticamente la palabra equidad por igualdad en sus instrumentos jurídicos, sociales y culturales, planes y programas, y ejercicio cotidiano del lenguaje

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

1. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento:

• En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de los puntos de acuerdo.

• En el apartado “Contenido del punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de los referidos puntos de acuerdo en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

• En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 11 de febrero de 2016 la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco e integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las instancias e instituciones que tengan como uno de sus objetivos lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para que en todos los instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque esta última garantiza el acceso hacía la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse en el clima social, cultural y jurídico del país.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido del punto de acuerdo

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco presenta proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a todas las instancias e instituciones que tengan por objeto lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para que en todos los instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque de esta forma se garantiza el acceso hacía la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse en el clima social, cultural y jurídico del país.

IV. Consideraciones

Primera: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, y comparte la importancia que significa cambiar el uso de la palabra equidad, sustituyéndola por la palabra igualdad, en virtud de que esta última posibilita el acceso a la igualdad sustantiva.

Segunda: Coincidimos en que el debate en torno al uso indiscriminado de ambos vocablos, ha presentado momentos de amplio debate, como el experimentado durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Pekín en 1995, donde hubo una acalorada discusión en torno a los conceptos de igualdad y equidad. Finalmente la posición del Caucus de Derechos Humanos en dicha conferencia fue la que prevaleció, consiguiendo que en la mayoría de los párrafos de la Plataforma de Acción se mantuviera el término igualdad.

Tercera: Es de resaltarse que los términos igualdad y equidad son semánticamente distintos y traen aparejadas diferencias jurídicas que los hacen ampliamente diferentes, tal como lo señala la proponente al referir que la equidad es a lo sumo una meta social de la cual los gobiernos pueden excusarse aludiendo a toda clase de justificaciones, mientras que la igualdad es un derecho humano y poir lo tanto una obligación jurídica de la que no se pueden sustraer los Estados.

De esta forma y citando a Garretón, la proponente indica que:

En tanto la equidad apunta a la igualdad de oportunidades’ individuales para la satisfacción de un conjunto de necesidades básicas o aspiraciones definidas socialmente, la igualdad apunta a la distancia entre categorías sociales respecto del poder y la riqueza, o si se quiere del acceso de instrumentos que determinan el poder sobre lo personal y el entorno. Una sociedad puede ser a la vez equitativa y desigual.

Así la proponente refiere que la equidad entonces significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece, según lo asignado socialmente, mientras que la igualdad implica tener los mismos derechos ante la ley; el derecho humano a la igualdad siempre va aparejado al derecho humano a la no discriminación, tal como se puede apreciar en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y todos los otros instrumentos legales internacionales de derechos humanos, ya que estos garantizan la igualdad y prohíben la discriminación por cualquier causa. Mientras que con la equidad no sucede lo mismo porque la equidad no está aparejada a la no discriminación, de manera que según se entienda lo que es justo para las mujeres, así será la equidad que se les otorgue.

Cuarta: Un punto importante de la proposición materia de este dictamen y con el cual estamos de acuerdo, lo constituye la visión de las diferencias entre equidad e igualdad desde la perspectiva de los derechos humanos, de esta forma la proponente, refiriendo a Alda Facio, nos dice que desde la referida teoría, la igualdad exige tratamiento no discriminatorio en todos los sentidos, es decir; exige un tratamiento que redunde en el goce pleno de los derechos humanos por ambos géneros de todas las edades, de cualquier origen étnico, no importando nacionalidad, etc. Para poder cumplir con esto, el principio de igualdad requiere que a veces se les dé un tratamiento idéntico a mujeres y hombres, ya veces un tratamiento distinto. En virtud de que uno de los principios fundamentales del derecho constitucional y de la teoría de los derechos humanos establece que es discriminatorio tratar a diferentes como si fuera idénticos y en consecuencia, el principio de igualdad exige que el derecho y las políticas públicas no traten a mujeres y hombres como si fueran idénticos.

Quinta: Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la proponente en que el uso del término igualdad, procura el acceso a la llamada igualdad sustantiva, y compartimos con Ferrajoli cuando señala que dicha igualdad no es otra cosa que la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los y las titulares somos entre sí diferentes.

Sexta: Derivado del análisis teórico-práctico que la proponente realiza de los términos ya citados, y resultado de su revisión histórica ésta plantea usar la definición de igualdad de Facio, para quien dicha igualdad puede ser definida como trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación contra las mujeres por ser mujeres, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos. Definición que deja claro que la igualdad requiere tratamiento en ocasiones idéntico y en otras ocasiones diferenciado entre mujeres y hombres, lo que permite entender la conceptualización de las acciones afirmativas. Por ello consideramos que dicha definición es adecuada para el planteamiento de este punto de acuerdo.

Séptima: Enseguida la proponente menciona que la CEDAW, recomendó al Estado mexicano realizar el cambio que se propone en su punto de acuerdo en el sentido de emplear el término igualdad en sustitución del término equidad, porque ambos transmiten mensajes distintos y el empleo indiscriminado de ellos, sólo-producen confusión-conceptual, que no abona al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Para reafirmar lo anterior la proponente refiere lo establecido por el Instituto Nacional de las Mujeres cuando mencionan que: La igualdad, tal como está establecida en la CEDAW; no se propone hacer iguales a mujeres y hombres, sino garantizar la igualdad en el goce y el ejercicio de los derechos de ambos; en pocas palabras, se trata de que en nuestras sociedades haya igualdad de trato, igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de resultados.

En virtud de ello, esta comisión coincide plenamente con el planteamiento anterior ya que nos permite dar cumplimiento a una de las observaciones de la CEDAW.

Octava: Finalmente la proponente señala que nuestro país ha demorado en realizar este cambio en los diversos instrumentos normativos, por ejemplo: en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 6 estados (lo que corresponde al 18.7 por ciento del total) no distinguen entre igualdad y equidad; y 22 estados (lo que corresponde al 68.7 por ciento del total) denominan aún como “Comisión de Equidad de Género” a la comisión encargada de esta temática dentro de su Congreso local. Lo que no coadyuva en el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Lo que deja e claro que es prioritario y urgente atender esta recomendación de la CEDAW.

Por las consideraciones expuestas y en virtud de que la sustitución de la palabra equidad por la palabra igualdad representa consecuencias jurídicas que garantizan el pleno acceso a la igualdad sustantiva de las mujeres, la Comisión de Igualdad de Género propone el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la gobernadora y a los gobernadores de las entidades federativas del país, a los Congresos Estatales, a todas las instancias de mujeres de las entidades federativas, a todas las instancias de mujeres de municipios de los estados, así como a todas las instancias de mujeres de la Ciudad de México, y en general a todas las instancias que tengan como uno de sus objetivos lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para que en todos los instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque esta última garantiza el acceso hacía la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse en el ámbito social, cultural y jurídico del país.

Notas:

1 Facio Alda, Superando obstáculos para la transversalidad de Género en América Latina y el Caribe. Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, AC. Disponible en http://www.cidem-ac.org/

2 Garretón Manuel Antonio, La sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo, Chile, LOM Ediciones, segunda edición 2000.

3 Facio Alda, La igualdad substantiva un paradigma emergente en la ciencia jurídica. Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, AC. Disponible en http://www.cidem-ac.org/

4 Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías, la ley del más débil, Madrid, Trota, 1999, página 82.

5 Facio Alda, obra citada.

6 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México, CEDAW/C/MEX/CO/6, 7 a 25 de agosto de 2006, párrafos 18 y 19.

7 Instituto Nacional de las Mujeres, Disponible en www.inmujeres. gob.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González (rúbrica).»

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA ARMONIZAR SU LEGISLACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a implantar acciones legislativas para armonizar sus ordenamientos de igualdad de género

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento:

• En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de los puntos de acuerdo.

• En el apartado “Contenido del punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

• En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 11 de febrero de 2016 la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos de los estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido del punto de acuerdo

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco presenta proposición con punto de acuerdo, para que se exhorte respetuosamente a los Congresos de los estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género.

IV. Consideraciones

Primera: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, y comparte la preocupación en torno a la falta de armonización de la legislación en materia de igualdad de género del país.

Segunda: La comisión dictaminadora está de acuerdo en que a pesar de los esfuerzos por reflejar la igualdad de género en las diversas legislaciones mexicanas, aún existen instrumentos jurídicos que no contemplan dicha igualdad.

Tercera: En el punto de acuerdo materia de este dictamen, se describen y explican los instrumentos jurídicos internacionales en los que nuestro país está suscrito, para constatar que la igualdad jurídica entre hombres y mujeres es un compromiso mundial. Con lo que queda suficientemente fundamentada la importancia de la armonización legislativa que nos conducirá a la consecución de la referida igualdad. Los instrumentos que cita la proponente son los siguientes:

• Carta de las Nacional Unidas, donde quedó consagrado el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en junio de 1945.

• Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, donde se reafirmó el principio de igualdad y no discriminación en función del sexo, y se estableció el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos.

•.Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954, donde se propuso poner en práctica el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 mediante la que se propone una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas.

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales del mismo año, donde los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma, sexo, nacionalidad, religión, lengua, opinión política, entre otras.

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde se establecen una serie de disposiciones que los estados deben observar a partir de obligaciones como:

- Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

- Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra—todo acto de discriminación;

- Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

- Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

- Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará). Esta Convención plasma el derecho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley y a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, por lo cual el Estado mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias, entre ellas las de carácter legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer o la violación de sus derechos.

• Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, donde se señala como uno de estos objetivos, la igualdad entre los géneros.

• El documento de la ONU denominado “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, que busca erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promoverla prosperidad mediante 169 metas y 17 objetivos. En esta agenda se señala como objetivos 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, con lo que queda constatado el interés mundial por lograr la igualdad de la mujer y el hombre.

Como se puede apreciar en los instrumentos anteriormente citados, es fundamental que los países logren armonizar su legislación en materia de género, para eliminar cualquier tipo de discriminación en contra de la mujer, promover su pleno acceso a la justicia, garantizar el goce de sus derechos humanos y coadyuvar en su empoderamiento en todos los ámbitos de la vida social.

Cuarta: Respecto de la armonización como proceso eminentemente jurídico, la proponente señala que en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la Constitución será ley suprema de la Unión, junto con las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con ésta, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado. Por lo que el Estado mexicano se ha dado a la tarea de incorporar los contenidos de dichos instrumentos en su legislación nacional.

La proponente pone especial énfasis en que dicha armonización debe trasladarse a todas las entidades federativas del país, lo que esta comisión coparte.

Quinta: Para el Instituto Nacional de las Mujeres, nos dice la proponente, la armonización legislativa es el “procedimiento que tiene a unificar el marco jurídico vigente de un país, conforme al espíritu y contenido de los instrumentos internacionales de los derechos humanos”. Por ello, a partir del inicio de la vigencia de un tratado internacional de derechos humanos, surgen para los Estados parte diversos deberes en orden de su aplicación. Los órganos del Estado, ya sea en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial –tanto en el orden federal como de las entidades federativas– deben abstenerse de determinadas conductas y, por el contrario, en otras ocasiones debe realizar actos positivos de protección, adecuaciones legislativas, modificación de prácticas administrativas o la tutela jurisdiccional de los derechos que el Estado se ha obligado a respetar.

Sexta: Vinculado a lo anterior se señala que el ejercicio de armonización legislativa en materia de derechos humanos no debe ser considerado como una simple actividad optativa para las autoridades federales y las entidades federativas, pues es un deber jurídico derivado de los propios tratados que han sido incorporados al orden jurídico nacional, por lo que el incumplimiento u omisión de dicha obligación, representa entonces una responsabilidad para dichas autoridades.

Séptima: Enseguida la proponente menciona que la armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria aplicación por el Congreso federal y los Congresos locales en el ámbito de sus respectivas competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el formato a la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y personal y, por último, y tal vez en efecto negativo más grave de no atenderse la armonización legislativa, que es generar una responsabilidad por incumplimiento para el Estado mexicano.

Con lo que queda claro que la falta de armonización tiene efectos negativos para la actividad legislativa, para el mismo derecho, para el Estado y sobretodo, para las mujeres, por lo que coincidimos plenamente con el argumento presentado.

Octava: Finalmente la proponente nos indica la falta de armonización legislativa –que nuestro país presenta actualmente– en el siguiente cuadro:

Legislación:Ley de Planeación.

Porcentaje de estados en falta: 56.2

Observación: No contienen explícitamente la perspectiva de género.

Legislación:Ley de Presupuesto.

Porcentaje de estados en falta: 56.2

Observación: No se refiere explícitamente a presupuestos con perspectiva de género.

Legislación:Presupuestos de Egresos.

Porcentaje de estados en falta: 40.6

Observación: No considera el enfoque de género en los presupuestos.

Legislación:Leyes normativas de planeación.

Porcentaje de estados en falta: 59.3

Observación: No considera el enfoque de género en la evaluación de los programas.

Legislación:Constitución Política.

Porcentaje de estados en falta: 15.6

Observación: No contiene disposiciones explícitas en materia de género, ni incluye reforma en derechos humanos.

Legislación:Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Porcentaje de estados en falta: 6.2

Observación: No cuenta con una Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Legislación:Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Porcentaje de estados en falta: 18.7

Observación: No distingue entre igualdad y equidad de género.

Legislación:Denominación de la de la comisión de género del congreso estatal.

Porcentaje de estados en falta: 68.7

Observación: Se denominan aún Comisión de Equidad de Género.

Legislación:Comisiones de Género en Cámaras de Diputados.

Porcentaje de estados en falta: 90.6

Observación: En sus funciones no alude a los presupuestos públicos con perspectiva de género.

Donde se aprecia la urgencia de llevar a cabo dicha armonización y, aunque hemos realizado esfuerzos para armonizar la legislación en materia de igualdad de género, aún tenemos grandes pendientes que son urgentes de atender. En virtud de ello y considerando que dicha armonización nos llevará a vivir en una sociedad más igualitaria, con verdaderas oportunidades de desarrollo humano de las mujeres, libre de discriminación y de violencia, la Comisión de Igualdad de Género propone lo siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género.

Notas:

1 Carta de las Naciones Unida. Disponible en http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html.

2 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/

3 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodríguez y Rodríguez Jesús, compilador, Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. ONU-OEA, Tomo II, página 1157.

4 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. En: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/ scripts/doc. php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0018

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, obra citada.

6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en: http://www.inmujeres.gob. mx/index. php/ambito-internacional/cedaw

7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará). Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

8 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas. 2015, disponible en http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030­esp.pdf.

9 Especialmente a partir del reconocimiento de la obligatoriedad de los tratados internacionales, con la reforma en derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

10 Inmujeres, Glosario de Género, México, 2007, Disponible en www.inmujeres.gob.mx

11 Centro de Estudio para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, La armonización Legislativa en las entidades federativas. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/documentos/CEAMEG/1. %20La%20armonizacion.pdf

12 Ídem.

13 Estadísticas tomadas del Instituto Nacional de Mujeres. Disponible en: http://www.gob.mx/inmujeres/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016

La Comisión de Igualdad de Género, diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Érika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González (rúbrica).»

REHABILITAR Y REACONDICIONAR EL PUERTO PESQUERO DE SANTA ROSALITA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a realizar estudios para reacondicionar el puerto pesquero de Santa Rosalita, en Ensenada, Baja California

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-7-520, el expediente número 1567, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el fin de que realice los estudios necesarios para que se lleve a cabo la rehabilitación y reacondicionamiento del Puerto de Santa Rosaliíta en el municipio de Ensenada Baja California, presentada por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria efectuada el día 9 de febrero de 2016, el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de que realice los estudios necesarios para que se lleve a cabo la rehabilitación y reacondicionamiento del Puerto de Santa Rosaliíta en el municipio de Ensenada Baja California.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca, recibiéndose en la Comisión el 9 de febrero del 2016.

Contenido

El diputado proponente expone que antes de que se llevara a cabo la zonificación, las flotas pesqueras de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, realizaban de forma tradicional su pesca de Pelágicos Menores en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el golfo de California sin limitaciones geográficas para cada estado.

Y que de esta forma las embarcaciones de Baja California podían pescar 5 meses en su propio estado que es el periodo que dura la temporada de sardina en esta región y otros 5 meses en los estados de Baja California Sur o en el golfo de California.

Que lo anterior permitía que la flota tuviera oportunidad de trabajar 10 meses al año en promedio, el mismo tiempo que tienen la flota de las otras regiones.

En la actualidad, las zonas pesqueras se encuentran determinadas por regiones, donde Baja California se encuentra en la Región 1, que a su vez está dividida en dos zonas.

Destaca que en el tema económico, la sardina, así como la mayoría de los pelágicos, puede ser comercializada de acuerdo a la calidad con la que es entregada, por lo que revierte especial importancia el tiempo de traslado de la misma.

Explica que en el caso específico de la sardina que no es apta para consumo humano, tiene un precio significativamente menor al costo al que puede ser comercializada cuando es apta para consumo humano.

Esto debido a que actualmente la zona de pesca predominante se encuentra en la Zona 2, es decir, a más de veintiséis horas del puerto de embarque que es Ensenada, ocasiona que, por las horas de navegación, el 90% de la captura no resulte apta para el consumo humano, ya que el producto capturado al ser sometido a travesías largas como la anterior (de Santa Rosaliíta a El Sauzal) éste tiende a golpearse por el movimiento de las embarcaciones, físicamente el pescado se revienta, y así deja de ser apto para consumo humano.

Recalca que a lo anterior, se le deben sumar los altos costos de los insumos propios de las embarcaciones como salarios, diesel, aceite, comida, mantenimiento y reparaciones.

Informa que esta situación provocó que los ingresos de los armadores sardineros disminuyeran por el orden de los 10 millones de dólares tan sólo en 2014.

El diputado Ibarra recalca la importancia de que actualmente ya existe infraestructura en el Puerto de Santa Rosaliíta, la cual no ha sido aprovechada, por encontrarse inconclusa, lo que ocasiona un rápido deterioro por falta de uso y mantenimiento.

Por lo que el promovente manifiesta la importancia de que la SAGARPA, mediante los órganos que corresponda realice los estudios necesarios para que, de resultar procedente, se lleve a cabo la rehabilitación y reacondicionamiento del Puerto Pesquero de Santa Rosaliíta, lo que beneficiaría enormemente al Sector, en la disminución de horas para llegar a un puerto de embarque con productos aptos para consumo humano.

Considerandos

Primero.Actualmente en Baja California, en el Pacífico, el único Puerto Pesquero en más de mil kilómetros es el Sauzal, lo que le resta competitividad al sector ya que al ejercer la pesca cerca del paralelo 28, el producto pierde calidad al tener que ser trasladado hasta ensenada para su procesamiento. La falta de un puerto en esa zona, generó que en 2013, por la baja calidad del producto, al no poder procesarlo debidamente en tiempo y forma, no ingresaron cuando menos 15 millones 400 mil dólares, al no poder aprovecharse las capturas para consumo humano.

En 2014, la lejanía de las zonas de captura y al no llegar el producto en condiciones para el consumo humano generó que las plantas procesadoras de Ensenada tuvieran disminución en sus procesos en un 80 por ciento provocando pérdida de empleos, cierre de plantas y una baja en sus ingresos de hasta 21 millones de dólares.

Segundo. El proyecto consiste en la habilitación de un puerto pesquero en Santa Rosaliíta, el cual, se calcula generaría para la entidad más de 60 millones de dólares anuales en divisas para el estado. Además permitiría que la flota tenga oportunidad de trabajar 10 meses del año en promedio, el mismo tiempo que trabajan las flotas de otras regiones.

Después de las modificaciones realizadas a la NOM-003- PESC-1993, en las que se regionaliza la pesca de pelágicos menores en el país, la flota de Baja California tuvo menos oportunidad de realizar su actividad, ya que se acotó la región en la que podría pescar, por lo que la habilitación del puerto de Santa Rosaliíta, al encontrarse en un punto estratégico, permitirá el aprovechamiento de la captura hasta en un 100 por ciento, ya que en este punto podrían descargar los barcos de Baja California y Baja California Sur, pudiendo llegar a descargar hasta 154,000 toneladas de producto.

Lo anterior aunado a la facilidad de transportar el producto vía terrestre a las plantas procesadoras de Ensenada, el Puerto de Santa Rosaliíta le daría al sector industrial un incremento sustancial en su planta laboral e ingresos adicionales, que se calcula podrían rebasar los 38 millones de dólares por temporada.

A mediano plazo, estarían instalados en esa región, talleres y empresas proveedoras de servicios diversos para el avituallamiento y mantenimiento de las embarcaciones, lo que sería un detonador del desarrollo de la región.

Tercero.Consideramos que adecuar la infraestructura portuaria que hoy existe en Santa Rosaliíta a puerto pesquero, generaría para el sector industrial y de pesca de pelágicos menores de Baja California, ingresos adicionales por 59 millones de dólares anuales, generaría empleos, empresas, creación de un nuevo polo de desarrollo al sur del estado.

Adicionalmente este proyecto generaría acciones contundentes en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, al ofrecer al consumidor nacional, productos del mar de la más alta calidad proteínica a bajo costo.

Cuarto.Los integrantes de la Comisión de Pesca de LXIII Legislatura, consideramos que es importante solicitar los estudios de viabilidad solicitados en la propuesta original, y considerar que se atienda la problemática que han manifestado los productores de la pesquería de sardina, al informar que no existe un ordenamiento ni regulación de los permisos otorgados para esta especie en el litoral de la península de Baja California; Por lo que es preciso exhortar a la misma instancia con la finalidad de que ejecute políticas de ordenamiento pesquero en la región.

Congruentes con nuestra responsabilidad tenemos la firme decisión de impulsar proyectos regionales y nacionales que permitan el desarrollo del sector pesquero y acuícola por lo que consideramos favorable se realicen los estudios pertinentes y de resultar procedente la adecuación del Puerto de Santa Rosaliíta.

Con base en las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos y ordenamientos citados en el proemio del presente dictamen, las y los diputados de la Comisión de Pesca, quienes suscribimos el presente dictamen emitimos el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, realice los estudios necesarios para que, de resultar procedente se lleve a cabo la rehabilitación y reacondicionamiento del Puerto de Santa Rosaliíta en el municipio de Ensenada, Baja California, y efectúe el ordenamiento de la pesquería de sardina en el litoral de esta península.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.

La Comisión de Pesca, diputados:Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), presidente; Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, José Luis Toledo Medina (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica), secretarios; Fidel Calderón Torreblanca (rúbrica), David Aguilar Robles, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (rúbrica), Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Jisela Paes Martínez, Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

RECUPERAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS PROPIEDAD DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a recuperar los espacios deportivos propiedad de los habitantes de la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción III, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión del 1 de febrero de 2016 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. La Comisión del Distrito Federal recibió el 2 de febrero de 2016 el oficio número DGPL 63-II-7-484, con el duplicado del expediente número 1498.

II. Consideraciones

1. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina argumenta sobre la situación jurídica de “un predio ubicado en el Canal Nacional y Calzada de la Virgen, en la colonia CTM, delegación Coyoacán, con una superficie aproximada de 6 mil 300 metros cuadrados”, utilizada desde su expropiación como cancha de futbol infantil, para lo cual solicita que se apruebe la siguiente proposición:

Único. Esta representación nacional, con pleno respeto de las atribuciones constitucionales y legales, exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que instruya al consejero jurídico del gobierno del Distrito Federal e inicie las acciones legales para la recuperación del predio y salvaguardar el derecho al deporte de las y los niños, así como de sus habitantes.

Asimismo, tenga a bien, solicitar a la Contraloría General del gobierno del Distrito Federal inicie un procedimiento administrativo de ser el caso, en contra de los servidores públicos que por acción u omisión o coalición realizaron una defensa inadecuada del bien inmueble que forma parte del patrimonio del GDF y que de existir presuntamente actos constitutivos de delitos lo haga del conocimiento de la autoridad competente.

De igual forma, instruya al procurador de Justicia del Distrito Federal a fin de que inicie una investigación a los servidores públicos que realizaron una defensa inadecuada del inmueble ya referido. Así como también y de manera paralela se inicie una investigación a la ciudadana Rosa Carrillo Dagda por fraude procesal y delitos que resulten.

Además, que instruya al director general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del DF a la no inscripción de la sentencia del juicio de prescripción positiva dictada por el juez décimo sexto de lo Civil del Distrito Federal, bajo el expediente 52/2012, por no coincidir el domicilio de la sentencia con el domicilio real de la cancha de fútbol soccer infantil. Lo anterior, en virtud de que no existe identidad entre el predio en mención.

También, que difunda las medidas y acciones que su gobierno tomará para la defensa del predio antes indicado y proporcionar un padrón de los predios que son propiedad del gobierno del Distrito Federal y que actualmente están destinados para canchas deportivas, expresando el estado que guardan los mismos.

2. La comisión dictaminadora al analizar los antecedentes que el diputado promovente señala en su exposición no encuentra elementos de sustento suficientes que puedan conducir a esta comisión a exhortar a diversas autoridades el gobierno de la Ciudad de México como lo plantea en su propuesta de punto de acuerdo.

3. Al indagar respecto a que había una invasión al predio referido, la información que se obtuvo de parte de la autoridad local es que tanto la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y la Dirección General de Servicios Legales, consideraron el año pasado cuando se les solicitó atender este caso, que la señora Rosa Carrillo Dagda demandó la prescripción del predio bajo número de expediente 59/2012, del que tocó conocer al juzgado 16 en materia civil. La sentencia emitida en primera instancia negó la procedencia de la acción, por lo que la parte actora promovió la apelación en que se confirmó la sentencia apelada. En ese sentido, la promovente interpuso un amparo que se le concedió y, en consecuencia, se emitió una nueva sentencia.

Es pertinente señalar que la prescripción fue aceptada porque el bien en litigio no era parte de los bienes de dominio público del GDF sino del dominio privado, por lo que la Dirección General de Servicios Legales y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario consideran que se agotó el proceso jurídico sin que se tenga acción pendiente por ejercer.

4. En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal considera modificar el punto de acuerdo para que en primera instancia se solicite a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad de México toda la información con que cuente sobre el caso que motiva a esta proposición para contar con mayores elementos y se pueda dar seguimiento a esta situación y conocer las distintas razones de los diversos actores involucrados y se preserve la realidad jurídica, toda vez que ni el diputado promovente aporta suficientes elementos ni esta comisión tiene toda la información para poder exhortar al consejero jurídico a que inicie la recuperación del predio.

Tampoco puede esta soberanía solicitar a la Contraloría General que inicie procesos administrativos ni mucho menos al procurador de Justicia del DF que inicie investigación alguna como sugiere el punto de acuerdo referido toda vez que no tenemos competencia para intervenir en asuntos jurisdiccionales; en caso de existir un presunto delito en ello, el diputado o los ciudadanos afectados pueden recurrir a presentar denuncia o querella a las autoridades correspondientes.

De igual forma, no podemos solicitar al Registro Público de la Propiedad y el Comercio que no inicie una inscripción a la que está obligado, pues invadiría competencias del órgano judicial que ya emitió sentencia.

Por otro lado, esta comisión considera pertinente solicitar a la misma autoridad, con las reservas que considere la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, un listado de predios propiedad del gobierno de la Ciudad de México en los términos que solicita el diputado promovente.

En virtud de lo anterior, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y social que guarda el predio ubicado en el Canal Nacional y Calzada de la Virgen, lotes 1 y 2 de la manzana 2, en la colonia Unidad CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, así como proporcionar un listado de predios propiedad del gobierno de la Ciudad de México destinados para canchas deportivas, atendiendo las reservas que les sean aplicables por la legislación sobre transparencia y protección de datos personales.

Dado en el salón de comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), presidenta; María de la Paz Quiñones Cornejo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), René Cervera García (rúbrica), José Bernardo Quezada Salas, Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), secretarios; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz, Fernando Navarrete Pérez, Matías Nazario Morales, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán, Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Jesús Zúñiga Mendoza, Sandra Méndez Hernández.»

REALICE ACCIONES NECESARIAS, A FIN DE QUE EL DÍA DOMINGO EL HORARIO DE SERVICIO DEL METRO SEA DE LAS 6:00 A LAS 24:00 HORAS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local y al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar acciones para que los domingos éste preste servicio de las 6:00 a las 24:00 horas

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción III, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión del 18 del mes de febrero de 2016 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. La Comisión del Distrito Federal recibió el 19 de febrero de 2016 el oficio número DGPL 63-II-5-670, con el duplicado del expediente número 1737.

II. Consideraciones

1. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina comenta en su motivación que el Metro de la Ciudad de México es el transporte público más usado y el que goza de la mejor opinión, y que actualmente el horario de servicio de esta modalidad de transporte es el siguiente: días laborales, de las 5:00 a las 24:00; sábado, de las 6:00 a las 24:00; y domingo y días festivos, de las 7:00 a las 24:00.

Señala que las personas que requieren utilizar el STC Metro el domingo se dedican al comercio, a la construcción, a las áreas de servicios, por lo que sugiere incrementar el horario de servicio para dicho día. En tal virtud, el punto de acuerdo que promueve es el siguiente:

Único. Por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México y al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para realizar las acciones necesarias a fin de que el horario de servicio el domingo, de esta modalidad de transporte, sea de las 6:00 a las 24:00 horas.

2. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen para lo cual consideró modificar el punto de acuerdo toda vez que no es prudente exhortar a ampliar el horario sin un estudio previo realizado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro para que se evalúe costos económicos y laborales.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro que evalúe, a través de un estudio de diagnóstico de todas las líneas del sistema, la pertinencia de incrementar el horario de servicio de dicho transporte los domingos, identificando impactos en costos económicos y laborales, y que dicho estudio sirva para reconocer otras áreas de oportunidad para el mejoramiento del Metro.

Dado en el salón de comisiones del Palacio Legislativo, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), presidenta; María de la Paz Quiñones Cornejo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), René Cervera García (rúbrica), José Bernardo Quezada Salas, Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), secretarios; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz, Fernando Navarrete Pérez, Matías Nazario Morales, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán, Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Jesús Zúñiga Mendoza, Sandra Méndez Hernández.»

ACCIDENTES EN LAS CICLOVÍAS DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo relativo a los accidentes en las ciclovías capitalinas

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción III, y 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen

I. Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este dictamen fue presentada por la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión del día tres del mes de febrero de 2016 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. La Comisión del Distrito Federal recibió el día cuatro de febrero de 2016, el oficio DGPL 63-II-7-505 con el duplicado del expediente número 1533.

II. Consideraciones

1. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina argumenta sobre la pertinencia de contar con una campaña de educación vial y medidas de protección para ciclistas, así como aplicar rigurosamente las disposiciones reglamentarias para quienes no respeten al ciclista, toda vez que en el último año se han incrementado los accidentes. En concreto la diputada promovente solicita lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a promover una campaña permanente de educación vial para ciclistas, conductores y peatones.

Segundo. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal para que gire las instrucciones al personal a su cargo para que puedan darle mantenimiento preventivo y correctivo a las ciclovías y haya un diseño óptimo de éstas.

Tercero. Se exhorta al jefe de gobierno a endurecer y aplicar sanciones ejemplares para quien no respete los carriles designados.

2. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen para lo cual consideró aprobarlo con modificaciones toda vez que observó que existen diversas acciones vinculadas al tema de campañas sobre educación vial, como el caso del programa “Ecobici” que ofrece cursos gratuitos para la conducción de las bicicletas. En el 2011 la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal publicó el “Manual del Ciclista Urbano”, documento sumamente didáctico que informa de los asuntos más importantes que todo ciclista debe tener en cuenta. Aparte de lo anterior, existe el programa “Conduce sin alcohol” que, desde 2003, ha buscado reducir los accidentes viales y crear conciencia en los conductores para que eviten manejar si han bebido alguna bebida espirituosa.

También destaca que desde el 15 de diciembre de 2015 entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal que ha tenido como objetivo reducir, a tasas históricas, el número de accidentes viales que ocurren en la Ciudad de México. La publicación de este se ha visto acompañada de una campaña de educación vial.

Además, por lo que se refiere a las sanciones por obstaculizar e invadir las ciclovías, el reglamento citado en su artículo 11, numeral III, inciso b), impone una sanción entre 20 y 30 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigentes, remisión al corralón, y tres puntos de penalización en la licencia de conducir, y en su artículo 23, numeral III, señala que los vehículos de transporte público colectivo que permitan el ascenso o descenso sobre vías ciclistas exclusivas, tendrán una sanción que se encuentra entre 100 y 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. Lo anterior permite entender que sí existen normas ejemplares para aquellos conductores que invadan los carriles para ciclistas.

En virtud de lo anterior, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados solicita a las Secretarías de Movilidad, de Seguridad Pública y del Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, a promover una campaña permanente de educación vial para ciclistas, conductores y peatones, así como, en el ámbito de sus respectivas competencias, informar sobre los avances y pendientes en el despliegue de ciclovías de acuerdo al plan maestro de movilidad, las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas, así como las acciones que realizarán en éste y los próximos años de la administración, incluyendo el presupuesto que se considera para esta encomienda.

Dado en el salón de comisiones del Palacio Legislativo, el día nueve del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), presidenta; María de la Paz Quiñones Cornejo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), René Cervera García (rúbrica), José Bernardo Quezada Salas, Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), secretarios; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz, Fernando Navarrete Pérez, Matías Nazario Morales, Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán, Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), J. Jesús Zúñiga Mendoza (rúbrica), Sandra Méndez Hernández.»

CONSIDERE DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER, ACCIONES E INDICADORES ESPECÍFICOS PARA EL DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE CÁNCER DE ESTÓMAGO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el Programa Nacional contra el Cáncer acciones e indicadores específicos para el diagnóstico oportuno de cáncer de estómago

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 85, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Salud le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

I. Antecedentes

1. El 9 de febrero de 2016, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que considere, dentro del Programa Nacional Contra el Cáncer, acciones e indicadores específicos para el diagnóstico oportuno de cáncer gástrico.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 1568/XLIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

La diputada proponente señala que, en México, el cáncer gástrico es uno de los más comunes y el segundo cáncer más mortal; según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, de 2000 a 2013 se registraron 72 mil 758 muertes a causa de esta enfermedad, por encima del cáncer de próstata, mama y cervicouterino.

De igual forma, la proponente señala que una de las causas del diagnóstico tardío y equivocado del cáncer gástrico, se debe a que los pacientes confunden los síntomas con enfermedades acido pépticas o de la gastritis, además se auto medican con fármacos de libre prescripción, lo que reduce su posibilidad de sobrevida global ya que 65 por ciento de los pacientes de cáncer gástrico, se presentan con una enfermedad avanzada, por lo que apenas 4 de cada 10 sobreviven.

La legisladora hace referencia al artículo 2 numeral III del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de publicidad que menciona “al mensaje dirigido al público o algún segmento del mismo, con el propósito de informar sobre la existencia o características de un producto, servicio o actividad para su comercialización y venta, o para motivar alguna conducta”. Dicho esto, es sumamente importante que estos fármacos cuenten con una leyenda que indique al paciente que si persiste el malestar por un periodo prolongado, debe acudir a su médico, ya que puede ser síntoma de cáncer gástrico.

La proponente, debido a lo ya mencionado, señala que el cáncer gástrico, debe ser priorizado en la agenda de salud en dos vertientes:

1. La incorporación de acciones específicas para la detección oportuna y atención del cáncer en todas sus etapas.

2. La cobertura de la atención del cáncer gástrico para todas las personas sin seguridad social en el Sistema Nacional de Salud, a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

La promovente hace mención de diferentes iniciativas en otras naciones con altas tasas de mortalidad similares a la de nuestro país, quienes han implementado esquemas para la prevención, detección y atención del cáncer gástrico, con buenos resultados.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud, cubre las patologías de alto impacto para la población de estas características en nuestro país, sin embargo, este tipo de cáncer no está considerado por el Seguro Popular.

Finalmente, formula los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que considere, dentro del Programa Nacional Contra el Cáncer, acciones e indicadores específicos para el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer gástrico.

Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, conforme a sus atribuciones respectivas, consideren la incorporación del cáncer gástrico en el fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, para que incluya una leyenda en los medicamentos de libre prescripción para síntomas estomacales que advierta el riesgo de cáncer gástrico.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. Conforme al artículo 4o. constitucional, en su párrafo cuarto, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.

2. Por lo anterior, los diputados de esta comisión consideramos necesario implementar campañas de información que faciliten a la sociedad la detección oportuna de este padecimiento, toda vez que en la actualidad no existe información respecto de este tema, como sí acontece con la de cáncer de mama y cervicouterino, entre otros, por lo que sería conveniente respaldar la propuesta del legislador para incluir este padecimiento en el Programa Nacional Contra el Cáncer. El cáncer gástrico tiene una tasa en México de 4.8 por 100 mil habitantes, es la novena causa de egresos hospitalarios, pero en mortalidad, como en el resto del mundo, es el segundo motivo de fallecimientos por cáncer con una tasa de 5.2 por 100 mil habitantes.

3. Coincidimos que es indispensable incorporar al cáncer gástrico en la atención de la población sin seguridad social. El Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud cubre las patologías de alto impacto para la población de estas características en nuestro país, no obstante resulta crítico que el segundo cáncer más mortal de México no esté considerado por el Seguro Popular, cuya cobertura corresponde al 50 por ciento de la población de México.

4. En lo concerniente al tercer resolutivo que establece en el punto de acuerdo la legisladora, los diputados de esta Comisión de Salud consideramos que no es de aprobarse, toda vez que los medicamentos para el tratamiento de enfermedades gástricas, tienen diversas reacciones secundarias, además, en la norma oficial mexicana NOM-072-SSA1-1993, Etiquetado de Medicamentos, ya está contemplado en su apartado 6.2.1.7, en el que se señala que “si persisten las molestias consulte a su médico”, con lo que se cubre lo pretendido por la iniciante, incluyendo no sólo la posibilidad de que la persona sufra de cáncer estomacal, sino de cualquier otra enfermedad o reacción secundaria.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, dentro del Programa Nacional contra el Cáncer, acciones e indicadores específicos para el tratamiento y diagnóstico oportuno del cáncer gástrico con el fin de disminuir la tasa de mortalidad de este padecimiento, en beneficio de la sociedad.

Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Salud, Consejo de Salubridad General y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, conforme a sus atribuciones respectivas, consideren la incorporación del cáncer gástrico en el fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

PRECISEN LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL PROYECTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN TORREÓN, COAHUILA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al delegado de éste en Coahuila a precisar la situación que guarda el proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón

Honorable Asamblea:

A ésta Comisión de Salud fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que la Honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al delegado en Coahuila para que precise la situación que actualmente guarda el proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón, así como para que en las medidas de sus posibilidades y en el ámbito de sus respectivas atribuciones tomen las medidas necesarias para realizar las acciones y gestiones pertinentes para tramitar un posible proyecto ante las autoridades competentes para la construcción y equipamiento del hospital de Torreón con sujeción a la Ley de Asociaciones Público Privadas y los lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada, presentada por el Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Ésta dictaminadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 numeral 1 fracción III, 80 numeral 1 fracción II, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la proposición de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a “Contenido de la proposición” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones” la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar la propuesta en análisis.

II. Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 3 de febrero de 2016, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Delegado en Coahuila para que precise la situación que actualmente guarda el proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón, así como para que en las medidas de sus posibilidades y en el ámbito de sus respectivas atribuciones tomen las medidas necesarias para realizar las acciones y gestiones pertinentes para tramitar un posible proyecto ante las autoridades competentes para la construcción y equipamiento del hospital de Torreón con apego a la Ley de Asociaciones Público Privadas y los lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada.

2.En la misma fecha, la Mesa Directiva de éste órgano legislativo mediante oficio número DGPL 63-II-4-519, turnó el citado punto de Acuerdo a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 1523.

III. Contenido del punto de acuerdo

En su exposición de motivos el diputado propone señala que:

• El 21 de noviembre de 1964 se inauguró en la ciudad de Torreón, Coahuila la unidad médica “Francisco Galindo Chávez”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.

• Según testimonios la citada unidad médica actualmente atiende todo tipo de pacientes, tales como: diabéticos, hipertensos, con enfermedades crónico degenerativas, de disfunción renal, y con cáncer.

• De acuerdo con diarios de circulación local en Torreón: “...El área de urgencias se encuentra muy por encima de su capacidad: las salas de espera y consultorios se habilitan con sillas donde los pacientes son colocados sistemáticamente para una revisión ambulatoria, para la aplicación de un suero, una inyección o un antibiótico o en su caso para una valoración de ginecoobstetricia... ”

• Continua señalando que se han dado casos donde pacientes de la tercera edad pasan hasta 72 horas en el área de urgencias y obtener acceso a una cama en piso.

El promovente plantea que:

...De acuerdo con un estudio técnico médico elaborado por la delegación del ISSSTE en Coahuila, desde 2011 fue establecida la necesidad de que Torreón contara con un nuevo hospital de alta especialidad o de tercer nivel, debido al sobrecupo de derechohabientes, que es casi siete veces más de la capacidad instalada del actual hospital, al tener un registro de 120 mil usuarios...

Asimismo, concluye el promovente que la salud es de vital importancia para todos los seres humanos, y que la falta de la misma deteriora las capacidades físicas, mentales y sociales.

...El derecho humano a la salud es una prerrogativa reconocida por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además la Organización Mundial de la Salud reconoce que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente...

La proposición con punto de acuerdo considera exhortar al director general del ISSSTE y a su delegado en Coahuila, para que:

1) Señalen la situación que actualmente guarda el proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón; y

2) Que en ámbito de su competencia gestionen ante las autoridades competentes un proyecto para la construcción y equipamiento del hospital de Torreón con apego a la Ley de Asociaciones Público Privadas y los lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada.

III. Consideraciones

Primera. El ISSSTE es una Institución de seguridad social que protege a los trabajadores del Estado y sus familias a través de cuatro seguros obligatorios: salud, de riesgos del trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de invalidez y vida, de acuerdo con el artículo 3° de su propia Ley; y ha establecido metas a largo plazo, con la siguiente visión y misión:

Visión: Posicionar al ISSSTE como la institución que garantice la protección integral de los trabajadores de la administración pública federal, pensionados, jubilados y sus familias, de acuerdo al perfil demográfico de la derechohabiencia, con el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de conformidad con la normatividad vigente, bajo códigos normados de calidad y calidez, con solvencia financiera, que permitan generar valores y prácticas que fomenten la mejora sostenida de bienestar, calidad de vida y el desarrollo del capital humano.

Misión: Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores de la administración pública federal, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia.

Segunda. Atendiendo lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esta Institución cuenta con Unidades de Medicina Familiar, Clínicas de Medicina Familiar, Clínicas de Especialidades, Clínica Hospital, Hospital Regional y General y un Centro Médico Nacional.

Tercera. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del ISSSTE, la Dirección de Administración es la encargada de coordinar el manejo de los recursos humanos, materiales, servicios generales y obra pública del Instituto, basándose en criterios de racionalidad, eficacia, transparencia y disciplina presupuestal; y es responsable de los inmuebles del Instituto.

En esa virtud, es la Dirección Médica la encargada de determinar las necesidades de obra y equipamiento de las unidades médicas del Instituto, así como validar su ejecución y adquisición, de acuerdo con las políticas establecidas en materia de salud, protección civil y protección del ambiente.

Cuarta. Asimismo, en el instrumento jurídico antes referido, el artículo 75 establece que:

Artículo 75. El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y los hospitales regionales tienen por objeto, respectivamente, otorgar atención médica de alta especialidad y de tercer nivel a los derechohabientes del instituto. Son las unidades médicas de más alto rango técnico, resolutivo y operativo dentro del sistema institucional de servicios de salud.

Quinta. El promovente en su resolutivo señala la existencia de un proyecto del hospital de alta especialidad en Torreón, por lo que ésta dictaminadora realizó una búsqueda exhaustiva del mismo, encontrando la siguiente información:

• Mediante el Informe Delegación Estatal Coahuila 2012-2013, presentado el 14 y 15 de marzo de 2013 por la licenciada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (entonces delegada estatal) se señala la autorización del proyecto medico arquitectónico para la construcción de un hospital de alta especialidad en la comarca lagunera en sustitución del actual inmueble del hospital general (Torreón).

Sexta. Una vez analizadas las facultades del Instituto, en relación con su objetivo, y de acuerdo con el Estatuto Orgánico del ISSSTE, en la Sección Tercera, De la Dirección de Finanzas se establece lo siguiente:

Artículo 59. La Dirección de Finanzas es la encargada de la administración de los recursos financieros del Instituto, conforme a la planeación financiera y de inversiones institucionales y en estricto apego a las prioridades y criterios de eficiencia, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

La Dirección de Finanzas tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XIV. ...

XV. Promover la utilización de los esquemas de Asociación Público Privadas para la construcción de infraestructura hospitalaria y prestación de servicios;

XXXI. ...

Por las anteriores consideraciones, y atendiendo a la importancia que representa para los trabajadores de la administración pública federal que viven en Torreón, contar con un hospital regional que garantice sus derechos de acuerdo con la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que ésta dictaminadora considera de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente instrumento, realizando las siguientes modificaciones a fin de dotar la proposición de una redacción que garantice la pronta atención de las autoridades a exhortar, los integrantes de ésta comisión proponen lo siguiente:

Se exhorta respetuosamente al director general y al delegado estatal de Coahuila, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que:

1. Informen la situación que guarda el proyecto del hospital regional en Torreón.

2. En el ámbito de su competencia gestionen con las autoridades correspondientes el proyecto para la construcción y equipamiento del hospital regional en Torreón.

Por lo expuesto y fundado ésta dictaminadora aprueba y somete a consideración del pleno de ésta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Se exhorta respetuosamente al director general y al delegado estatal de Coahuila, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que:

Primero. Informen la situación que guarda el proyecto del hospital regional en Torreón.

Segundo. En el ámbito de su competencia gestionen ante las autoridades correspondientes el proyecto para la construcción y equipamiento del hospital regional en Torreón.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica).»

ENFERMEDAD DE LA DIABETES EN MÉXICO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la diabetes en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de febrero de 2016 la diputada Edith Anabel Alvarado Valera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la enfermedad de diabetes en México.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con número de expediente 1784/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

La diputada promovente plantea en su exposición que la diabetes es una patología crónica que afecta a millones de mexicanos y que se ha incrementado tanto en la población adulta como en la población de temprana edad.

Ante dicha problemática, en 2013, el gobierno de la República presentó la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, cuyo objetivo es desacelerar el incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

Así como promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que mantengan la salud de las personas; detectar oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para garantizar su adecuado control y manejo; generar una plataforma que permita contar con recursos humanos capacitados e insumos suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud.

Sin embargo, los datos que refieren al número de padecimientos de estos males en nuestro país, siguen señalando que falta mucho por hacer en esta materia. Se considera que las consecuencias no sólo desgastan la salud y la economía de los pacientes y sus familias, sino también las finanzas y la productividad del Estado mexicano, ya sea en el mediano o largo plazo, pues se requiere mayor presupuesto para una infraestructura adecuada en los centros de atención, personal capacitado, e investigación y tratamientos especiales.

Dentro de este escenario, se debe ampliar la prevención, la cual es resultado de una atención organizada y coordinada de las instancias de salud en nuestro país, de acuerdo con el artículo 6o de la Ley General de Salud, su tarea es diseñar y ejecutar políticas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Los resolutivos planteados en la proposición son los siguientes:

Primero: Se exhorta al Sistema Nacional de Salud, a que redoble esfuerzos en materia de campañas de cuidado a la salud, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste el sobrepeso y la obesidad, a fin de evitar enfermedades como la diabetes.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Salud, a que dé a conocer los avances que ha tenido la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, así como las metas en el corto plazo.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. México vive una epidemia de obesidad, en total 60.6 millones de personas (el 52 por ciento de los mexicanos) sufren de esta condición, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. El sobrepeso y la obesidad son el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos; aunado a ello, se generan altas pérdidas económicas y reduce la competitividad del país en tanto que se elevan los costos al erario público para tratar enfermedades asociadas, hay menor productividad laboral, mayores gastos para la población y pérdida de calidad de vida del enfermo.

2. La Ley General de Salud, determina en su artículo 6 cuáles son sus principales objetivos, entre los que destacan proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. A su vez, la fracción XI señala la obligación de la Secretaría de Salud de diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.

3.La Comisión de Salud considera que la obesidad es un problema de salud prioritario que debe ser neutralizado eficientemente mediante el redoble de esfuerzos en materia de campañas de cuidado a la salud y alimentación nutritiva, a fin de salvaguardar la salud de la población.

4.La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Aspen Institute Mexico, desarrollaron un Sistema de Indicadores para Monitorear los Avances de la “Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” para un mejor control y monitoreo de los padecimientos ligados al sobrepeso.

5.Ésta comisión considera que la Secretaría de Salud ha realizado los esfuerzos necesarios, en concordancia con otros institutos, a fin de conocer los avances que ha tenido la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” en cada uno de los estados de la República para poder establecer correlaciones, metas en el corto plazo y hacer conjeturas razonables para detonar conversaciones de política pública mejor informadas con respecto a la epidemia de sobre peso y obesidad, por lo que no es necesario aprobar el resolutivo número dos propuesto por el legislador, ya que el gobierno federal ha informado oportunamente sobre dichos avances, los cuales pueden ser consultados en el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco.org.mx)

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único:Se exhorta al Sistema Nacional de Salud, a que redoble esfuerzos en materia de campañas de cuidado a la salud, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarresten el sobrepeso y la obesidad, a fin de evitar enfermedades relacionadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo del 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

PROMUEVAN CAMPAÑAS ANTE LOS FABRICANTES DE GOMA DE MASCAR PARA EVITAR QUE LOS CONSUMIDORES DESECHEN EL PRODUCTO EN LA VÍA PÚBLICA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a promover ante los fabricantes de goma de mascar campañas destinadas a evitar que los consumidores desechen el producto en la vía pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 11 de febrero de 2016, la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que promuevan campañas ante los fabricantes de goma de mascar para evitar que los consumidores desechen el producto en la vía pública.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 1617/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

La diputada promovente plantea en su exposición que en el año 2012, el Departamento de Bioquímica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) determinó que cada goma de mascar (chicle) depositado en el espacio público es un foco de infección y un riesgo para la salud de la población, ya que al desechar el chicle en el piso, las bacterias y microorganismos de quien lo masticó, se esparcirán en el aire.

Aunado a esto, debe considerarse que los equipos utilizados para desintegrar y remover la goma de mascar, representan un gasto público muy alto y estas labores son insuficientes debido al exceso de residuos. En síntesis representa un alto riesgo sanitario y ambiental que implica altos costos de limpieza y disminuye la salud de la población y la imagen urbana.

El resolutivo planteado en la proposición es el siguiente:

Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, con fundamento en la Ley General de Salud, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, promuevan ante los fabricantes de goma de mascar (chicle), la inserción de una leyenda en el empaque para concientizar al consumidor, para desechar el producto y aprovechar la envoltura para arrojar el producto a la basura, así como la realización de campañas publicitarias alusivas a lo anteriormente expuesto, para evitar riesgos sanitarios y ambientales que representa arrojar el producto al piso, en beneficio de la salud de la población e imagen urbana, aunado al alto costo de su limpieza.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1.Esta comisión considera que el punto de acuerdo es viable, toda vez que de conformidad con la Ley General de Salud, la cual estipula en su artículo 402 que cuando se detecten riesgos para la población, se habrán de considerar medidas de seguridad sanitaria y lo establecido en el artículo 404 fracción IX, donde se fija que deberán emitirse mensajes publicitarios que adviertan sobre los peligros de daños a la salud, por lo que la intención de la promovente se encuentra dentro de los parámetros señalados por la ley.

2.Aunado a lo establecido en la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, en los artículos 134, 136 y 141, en los que se estipula que deben tomarse medidas para evitar la contaminación por las implicaciones, riesgos y problemas que representan para la salud;

3.Por otra parte, en concordancia con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en sus artículos 1, 2, 3, 6 y 7, fundamentan el presente punto de acuerdo, toda vez que se establecen los conceptos y las competencias de la Federación, estados y municipios para que, en el ámbito de sus atribuciones, se fijen las medidas para el control y manejo de desechos sólidos.

4.La Comisión de Salud coincide con la proponente en que es imprescindible se implementen campañas para concientizar al consumidor de goma de mascar (chicle) para desechar el producto en la basura y reducir el alto riesgo sanitario y ambiental.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único: Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a crear campañas para concientizar al consumidor de goma de mascar (chicle), para desechar el producto en la basura, aprovechando su envoltura, con la finalidad de evitar riesgos sanitarios y ambientales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

DOTAR DE PERSONAL MÉDICO Y EQUIPO TÉCNICO A LA UNIDAD MÉDICA RURAL DE LA COMUNIDAD DE CERRO CONCHA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca a dotar de personal médico y equipo técnico a la unidad médica rural de Cerro Concha, en Santa María Jacatepec

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 18 de febrero de 2016 la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a dotar de personal médico y equipo técnico la unidad médico rural de Cerro Concha, Santa María Jacatepec.

2. En la misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva turnó a esta Comisión, con número de expediente 1731/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La promovente señala que la comunidad de Cerro Concha en el municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca, tiene 480 habitantes, de los cuales 219 son hombres y 261 mujeres; el porcentaje de analfabetismo entre los adultos es de 20 por ciento y el grado de escolaridad es de 3.72 años; y el 80.83 por ciento de los adultos habla alguna lengua indígena.

La diputada manifiesta que es necesario apoyar y ayudar a las comunidades indígenas para no permitir la exclusión en el goce de sus derechos especialmente en los referidos a la protección de la salud. Es lamentable que, en comunidades apartadas del estado de Oaxaca, la infraestructura médica no se encuentre disponible o bien no exista personal médico suficiente, mismo que no goza de los sueldos y prestaciones que le permitan desahogar con profesionalismo el desarrollo de sus actividades.

La diputada subraya que es de suma importancia que el gobierno de Oaxaca dote de personal médico y equipo técnico a la unidad médica rural de la comunidad Cerro Concha, Santa María Jacatepec, Oaxaca, dadas las deficiencias que se tienen en materia de salud.

Finalmente, formula el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, a través de la Secretaría de Salud del estado, doten de personal médico y equipo técnico a la unidad médica rural de la comunidad Cerro Concha, municipio de Santa María Jacatepec, distrito de Tuxtepec, del estado de Oaxaca.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1) En México, el derecho a la protección de la salud es una garantía constitucional (una obligación del Estado para con los ciudadanos en forma individual o colectiva) declarada en el tercer párrafo del artículo 4o., y debe ser ejercida con base en los principios de igualdad y no discriminación. “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

2) El municipio de Santa María Jacatepec, posee una población de 8,936 habitantes, según el II Conteo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2005. Ahora bien como lo señala la legisladora, la comunidad de Cerro Concha tiene 480 habitantes, lo que implica una cantidad considerable de indígenas, que en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos necesarios para subsistir, debido a la situación económica que se vive en estas zonas del país, ya que la mayoría se dedica al cultivo del café, además que estas zonas están consideradas de alta y muy alta marginación.

3) La infraestructura de la unidad médica rural Cerro Concha se encuentra descuidada, además de la carencia de personal médico, lo que trae como consecuencia que los integrantes de los pueblos indígenas que recurren al servicio de dicha unidad médica rural, no puedan recibir una atención médica de calidad, conforme lo mandata el artículo 4o. de la Carta Magna.

4) En atención a dicha situación esta comisión considera viable la proposición del punto de acuerdo presentada por la promovente, toda vez que existen comunidades que se encuentran rezagadas en el tema de salud y que es de vital importancia que se atiendan.

Por las consideraciones que anteceden y con base en el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a dotar de personal médico y equipo técnico a la unidad médica rural de la comunidad Cerro Concha, Santa María Jacatepec, distrito de Tuxtepec, Oaxaca, a fin de combatir el rezago y las carencias en materia de salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

INCREMENTO DE EMBARAZOS DE ADOLESCENTES EN MÉXICO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo al incremento de embarazos de adolescentes en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de febrero de 2016, los diputados Mariana Trejo Flores y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron proposición con punto de acuerdo relativo al incremento de embarazos en adolescentes en México.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión con número de expediente 1579/LXIII, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que representa un problema de bienestar sexual y reproductivo, de desarrollo humano y de salud. En nuestro país existen 22.4 millones de personas entre 10 y 19 años. Según el Consejo Nacional de la Población y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la proporción de sujetos de 12 a 19 años con vida sexual pasó de 15 por ciento en 2006 a 23 por ciento en 2012.

Para 2012 la muerte materna se incrementó de 32 a 37 por ciento por cada 100 mil niños y niñas nacidos vivos en 2013, este problema tiene resonancia en la esfera proponente, desde el nivel básico hasta el superior.

Lo que los diputados Mariana Trejo Flores y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez proponen es que, por medio de campañas permanentes sobre educación sexual dirigida hacia los adolescentes, se evite la maternidad temprana y las infecciones de transmisión sexual.

El resolutivo propuesto en la proposición es el siguiente:

Único: Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud del Gobierno federal para que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, refuerce las campañas de prevención e información sobre salud sexual y reproductiva para niñas y adolescentes en todas y cada una de las jurisdicciones sanitarias del país, así como en medios masivos de comunicación, electrónicos y tradicionales.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con su discusión en reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. La Comisión de Salud considera que el embarazo en adolescentes es un problema que debe ser atendido de manera inmediata, ya que no es materia únicamente de salud pública, siendo este el más importante, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales.

2.En México, cada año, un promedio de 400 mil adolescentes, entre 10 y 19 años, quedan embarazadas, estas cifras no han disminuido desde 2006. La Coordinación de la Clínica del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), admite que hay una barrera entre médicos y menores de edad. “El adolescente necesita llegar a un centro de salud en donde sepa que va a encontrar gente amigable y no un doctor o una enfermera que lo va a estar cuestionando sobre su sexualidad”, por lo que se requiere que existan canales de comunicación más abiertos entre los adolescentes y el personal de salud que los atiende.

El gobierno federal anunció en enero de 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), con el objetivo principal de reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad entre menores de 19 años, mediante acciones interinstitucionales coordinadas con políticas y planes nacionales, estatales y municipales.

La implantación de la ENAPEA estará a cargo de un Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) que tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación que permitan la implantación de la estrategia. El GIPEA está integrado, a invitación del secretario de Gobernación, por una coordinadora, que será la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Conapo, una secretaria técnica, que será la presidenta del Inmujeres, así como por vocales, los cuales serán servidores públicos de alto nivel de las siguientes secretarías y dependencias de la administración pública federal: Secretaría de Gobernación, Segob, a través de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Instituto Mexicano de la Juventud, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Salud Pública e invitados de la sociedad civil, organismos internacionales e integrantes de la academia.

A nivel estatal se constituyó el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), tomando como modelo de referencia el Nacional, que podrá adecuarse respetando los arreglos institucionales en los estados. En el ámbito estatal se considera prioritario apoyar a los contextos municipales y locales con procesos de capacitación y el asesoramiento para establecer los mecanismos de articulación con las demás dependencias, así como las gestiones que permitan destrabar obstáculos y mejorar el rendimiento local.

3.Uno de los aspectos importantes de esta estrategia es que el Estado reconoce a los adolescentes como sujetos titulares de derechos humanos, particularmente de derechos sexuales y reproductivos, así como el impacto negativo que tiene un embarazo a temprana edad en el desarrollo físico y psicológico de las jóvenes, así como en su proyecto de vida. En este sentido, la Estrategia tiene acciones específicas enfocadas en garantizar y mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, que incluyan el acceso a consejería, en espacios confidenciales y a métodos anticonceptivos, sin la necesidad de contar con la presencia o autorización de los padres o tutores.

4.Además de la implementación de la ENAPEA, se están creando acciones por medio del Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, recientemente emitido por el Centro Nacional de Equidad y Género. Un punto importante que se propone es la elaboración de un programa de educación en salud sexual y su distribución gratuita en las instituciones educativas públicas y privadas del país. Para ello se contempla la capacitación de personal docente en técnicas de pedagogía para trasmitir la información sobre salud sexual a los alumnos.

5.La Secretaría de Salud emitió el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-047-SSA2-2014, para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de julio de 2014, por medio de la cual se establecen los criterios que deben seguirse para brindar la atención médica integral, la prevención y el control de las enfermedades prevalentes en el Grupo etario y la promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales.

6.El asesoramiento en adolescentes puede reducir los embarazos en adolescentes y mejorar la capacidad para reconocer los síntomas de las infecciones de transmisión sexual (ITS), con lo que aumentarán las probabilidades de que soliciten atención o alienten a sus parejas sexuales a hacerlo, lamentablemente la falta de sensibilidad del público, la falta de capacitación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado, dificultan el acercamiento de este grupo a los programas públicos que ofrece el gobierno.

Si bien es cierto que el Estado mexicano está trabajando para erradicar el embarazo en adolescentes y para otorgar educación sexual en este grupo, consideramos que es necesario que se fortalezcan dichos programas para hacerlos llegar a toda la población adolescente del país, hasta los que se encuentran en zonas marginadas, ya que en la mayoría de los casos los embarazos e infecciones de transmisión sexual se da en este sector de la población, por el desconocimiento de sus derechos y de los programas que se crean en apoyo a los distintos problemas a los que se enfrentan.

Los que integramos esta comisión, consideran aprobar la propuesta hecha por el legislador, toda vez que es necesario reforzar la información que se da a los jóvenes en materia de salud sexual y reproductiva, para que cuenten con información oportuna y puedan desarrollarse como ciudadanos.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretarías de Salud, y de Educación Pública de los gobiernos federal y estatales en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan las campañas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

Nota:

1 http://www.issste.gob.mx/images/downloads/home/ENAPEA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones, Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LA PRESENCIA DE LA ARAÑA VIOLINISTA Y LOS EFECTOS DE SU PICADURA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer las campañas de difusión sobre la presencia de la araña violinista y los efectos de su picadura

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 25 de febrero de 2016 la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer las campañas informativas sobre la presencia de la araña violinista y los efectos de su picadura.

2. Con la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó a esta Comisión, con número de expediente 1823/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La araña violinista, o también denominada “araña del rincón”, tiene como característica, el dibujo de un violín. De color marrón, aunque negras, crema o grises, es común que la población no las reconozca e identifique fácilmente, debido a esta capacidad de poder combinarse con el medio en donde se encuentran.

En el caso particular de la Ciudad de México, señala la legisladora que no hay una alerta sanitaria ni epidemiológica sobre la presencia de la araña violinista. Sin embargo, a través de medios, redes sociales e inclusive de experiencias de personas cercanas se ha conocido de un número creciente de casos en diversas zonas de la Ciudad. En otros estados, tampoco ha sido decretada una alerta sanitaria ni epidemiológica, a pesar de que se ha detectado la presencia de la araña en territorio nacional y, cuya mordedura ha ocasionado por lo menos, 200 mil muertes a nivel mundial en 2015.

La Secretaría de Marina, a través de su Dirección General de Sanidad Naval, ha difundido un tríptico, en el cual, se encuentra la información básica sobre el tema, desde la imagen de la araña, hasta los síntomas y el veneno.

En este sentido y con la convicción de que la prevención es la mejor forma de hacer frente a problemas de salud pública, es indispensable que las autoridades de Salud, tanto federales como locales, difundan información acerca de la llamada “araña violinista”, la forma de hacerle frente, las precauciones que hay que tomar y las recomendaciones ante una eventual picadura a fin de evitar escenarios fatales.

Finalmente, formula el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a los organismos de salud de cada entidad federativa, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las campañas de difusión acerca del arácnido conocido como “araña violinista”; sus características físicas, los lugares en donde hay mayor posibilidad de encontrarla, así como los síntomas ante una posible mordedura y la importancia de acudir en el menor tiempo posible ante una institución de salud, a fin de que pueda ser atendido y salve su vida.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

1. Los integrantes de esta comisión coincidimos con el punto de acuerdo propuesto por la legisladora, toda vez que aunque el gobierno federal ha emitido una advertencia para toda la población al señalar que la “araña violinista” se encuentra en México, no se le ha dado un seguimiento constante, ni la difusión mediática para que la sociedad esté alerta respecto de este tema.

2. Por otra parte, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que hasta el momento no existe antídoto contra su veneno, por lo que señala que en caso de sufrir una picadura de esta especie, se atienda en plazo un máximo de 12 horas.

La dependencia también informó que, en coordinación con el gobierno federal, ha implantado módulos especiales en diferentes unidades médicas para que las personas que son mordidas se atiendan de manera exclusiva.

3. Puede considerarse que el veneno de este tipo de araña, es de los más peligrosos y venenosos del mundo. La atención debe recibirse en las primeras horas de haber sufrido la mordedura, ya que la piel y músculo en donde se dio la picadura, inicia un proceso de descomposición, como reacción alérgica grave.

4. Si bien es cierto que hasta el momento se descarta una emergencia sanitaria por la mordedura de esta araña, también lo es que la sociedad debe estar informada a fin de evitar que incremente el número de mordeduras por este arácnido, por lo que esta comisión considera viable la proposición del punto de acuerdo presentada por la promovente, en virtud de que se ha detectado la presencia de la araña en territorio nacional cuya mordedura, ha ocasionado por lo menos 200 mil muertes a nivel mundial en 2015.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen campañas de difusión acerca del arácnido conocido como “araña violinista”, para que la población esté enterada de los alcances de su mordedura, síntomas y tratamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones, Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

INCLUYAN EN EL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD, LOS SÍNDROMES DE PRADER-WILLI, PARKINSON Y ALZHÉIMER, ASÍ TAMBIÉN SE AMPLÍE EN EL CATÁLOGO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CANCEROSAS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud y al comisionado nacional de Protección Social en Salud a incluir en el catálogo universal de servicios de salud los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y alzhéimer; y ampliar el catálogo de diagnóstico y tratamiento de enfermedades cancerosas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 11 de diciembre de 2015 el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que incluyan en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y Alzhéimer, así también se amplíe en el catálogo el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cancerosas.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta comisión, con número de expediente 1613/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

El diputado promovente plantea en su exposición que el gobierno mexicano ha hecho un importante esfuerzo en el sector de las políticas públicas, con el objetivo de otorgar mejores servicios a la población en materia de salud. Además, que su actuación se encuentra acorde con lo estipulado en el artículo 4o. de la Carta Magna.

Ahora bien, las enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, son cada vez más comunes y no sólo deben ser prevenidas y diagnosticadas, sino atendidas oportunamente. El Catálogo Universal de Servicios de Salud 2015 (Causes) ya contempla diagnósticos y tratamientos de algunos tipos de cáncer; sin embargo, este catálogo de enfermedades debería ser ampliado ante las estadísticas de la Organización Mundial de Salud que indican el incremento de defunciones por algún tipo de cáncer.

Por lo que el legislador señala que es importante que la Secretaría de Salud federal a través de un análisis técnico y presupuestal, considere el diagnóstico y tratamiento en el Causes del cáncer de pulmón, estómago, páncreas e hígado.

Asimismo, el síndrome de Prader-Willi (PW) se encuentra en aumento y, actualmente se estima que una de cada 12 o 15 mil personas nace con esta patología. Ante estas estadísticas, se considera de vital importancia incluir su tratamiento en el Causes.

Por otra parte, el Síndrome de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo y afecta, sobre todo, a personas mayores de 60 años; aunque ello no implica que la población joven esté exenta de padecerla, Asimismo, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud, alrededor de 350 mil personas padecen Alzhéimer en México.

Con la finalidad de atender este tipo de enfermedades e incluir cada vez a más sectores de la sociedad que padecen alguna enfermedad degenerativa, se considera impostergable establecer acciones concretas que beneficien a la población dentro de un corto, mediano y largo plazo.

El resolutivo planteado en la proposición es el siguiente:

Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que se incluyan dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) el diagnóstico y tratamiento de los Síndromes de Prader-Willi, Parkinson y Alzhéimer, así también se amplíe en dicho Catálogo el diagnóstico y tratamiento de un mayor número de enfermedades cancerosas.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. En septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto acudió a la Asamblea General de la ONU donde se adoptó la Agenda 2030 en la que el Estado mexicano se compromete a garantizar, entre otras cosas, una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades.

2.La Carta Magna en el artículo 4o. determina que la protección a la salud es un derecho humano, aunado a esto el estado mexicano ha firmado una serie de tratados con relación a este tema, en los cuales se establece que el derecho a la salud debe otorgarse en términos de disponibilidad y accesibilidad, bajo los principios de no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud.

3.Esta Comisión de Salud considera que las cifras arrojadas por la Organización Mundial de Salud y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud, son alarmantes en lo que respecta al incremento de las enfermedades crónico degenerativas –síndrome de Prader-Willi, Parkinson, Alzhéimer, cáncer– y las defunciones consecuentes.

Actualmente el gobierno federal realiza esfuerzos notables para salvaguardar el derecho a la salud y, prioriza el presupuesto de dicho sector (527 mil 230 millones de pesos, incluidos 75.5 mil millones para el Seguro Popular, para el ejercicio fiscal 2016), es necesario que se redoblen esfuerzos a fin de prevenir y diagnosticar oportunamente enfermedades crónico degenerativas.

Esta comisión considera viable el punto de acuerdo del promovente, al considerar imprescindible incluir dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) el diagnóstico y tratamiento de los Síndromes de Prader-Willi, Parkinson y Alzhéimer, así como ampliar el diagnóstico y tratamiento de un mayor número de enfermedades cancerosas como obligación del Estado mexicano proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho de protección a la salud, cumpliendo con las necesidades que la sociedad requiera, así como la implementación de programas en igualdad de condiciones, y medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud con la finalidad de garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas y todos los mexicanos.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta Honorable Asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que se incluyan dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) el diagnóstico y tratamiento de los síndromes de Prader-Willi, Parkinson y Alzhéimer, así también se amplíe en dicho catálogo el diagnóstico y tratamiento de un mayor número de enfermedades cancerosas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

DIFUNDIR MECANISMOS DE PREVENCIÓN SOBRE EL CÁNCER INFANTIL

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades respectivas de los distintos niveles de gobierno a difundir medios para prevenir el cáncer infantil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 16 de febrero de 2016, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a los niños de nuestro país, lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar un diagnóstico prematuro y un tratamiento adecuado.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a esta comisión, con número de expediente 1682/LXIII para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

II. Planteamiento del problema y contenido de la proposición

El diputado promovente señala en su exposición que en México existen anualmente entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. Siendo, el cáncer infantil la principal causa de muerte por enfermedad en menores de 5 y 14 años de edad, representando un promedio anual de 2,150 muertes en la última década, conforme a lo reportado por la Secretaría de Salud y por el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED).

El legislador considera que no existen capacidades médicas, técnicas y económicas para combatir esta enfermedad ni para ampliar las posibilidades de subsistencia a todos aquellos que padecen cáncer infantil. Nos encontramos ante un escenario en el que no se diagnostica a tiempo, donde el desarrollo de la farmacoterapia en el cáncer infantil ha disminuido y los costos de los medicamentos son muy elevados.

Se propone hacer un llamado especial a través de dos vías, uno hacía la sociedad para que se informe y conozca de los síntomas de los cánceres con mayor prevalencia en niños, para que de esta forma se esté a tiempo de diagnosticar e implementar un tratamiento; y, por otro lado, diseñar políticas públicas en materia de salud, que incentiven a los profesionales de la salud a especializarse en el tema de cáncer infantil.

De igual manera, estima de vital importancia impulsar la creación de hospitales que garanticen el tratamiento de los niños ya que las esperanzas de recuperación disminuyen por la falta de infraestructura y atención médica.

El resolutivo planteado en la proposición es el siguiente:

Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a los niños de nuestro país, lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar un diagnóstico prematuro y un tratamiento adecuado.

III. Proceso de análisis

La Comisión de Salud examinó los méritos de la proposición con base en la revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció con la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones

1. La Carta Magna en el artículo 4o. determina que la protección de la salud es un derecho humano por lo que el Estado mexicano debe proteger, respetar y cumplir progresivamente este derecho, garantizándolo en igualdad de condiciones, tomando medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud, con la finalidad de garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas y todos los mexicanos.

2.De acuerdo con datos aportados por la Secretaría de Salud, en nuestro país existen anualmente entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. El gobierno actualmente cuenta con 54 unidades médicas acreditadas para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer, así como 135 oncólogos pediatras, ya que los cánceres infantiles no siempre se tratan como los cánceres en adultos. La oncología pediátrica es una especialización médica que debe ser promovida para poder realizar un diagnóstico prematuro del padecimiento y un tratamiento adecuado del mismo.

3.El diagnóstico oportuno del cáncer infantil aumenta la probabilidad de su curación. En 2015, la Organización Mundial de la Salud, en su manual “Diagnóstico temprano del cáncer en la niñez”, hace hincapié en que es necesario mejorar el conocimiento médico de los síntomas y tratamiento del cáncer pediátrico, a fin de que ningún niño con cáncer llegue tarde al diagnóstico y reciba el tratamiento que lo pueda salvar.

4.Finalmente, esta Comisión de Salud considera viable el punto de acuerdo materia de éste dictamen, ya que a pesar de que se está trabajando para detectar esta enfermedad a tiempo y el gobierno está redoblando esfuerzos para disminuir el cáncer infantil, aún falta mucho por hacer. Las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno tienen la obligación de diseñar e implementar campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a las niñas y niños de nuestro país, a fin de detectar a tiempo este mal y poder brindar un tratamiento oportuno. Asimismo, esta comisión estima imprescindible la necesidad de diseñar políticas públicas en materia de salud, que incentiven a los profesionales de la salud a especializarse en el tema de cáncer infantil.

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal que las sustenta, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que refuercen campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a los niños de nuestro país; e incentiven a los profesionales de la salud a especializarse en el tema del cáncer infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolin Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

REPARE EL TRAMO DE LA CARRETERA ESCÉNICA TIJUANA-ENSENADA, A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 95

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la SCT a reparar por Capufe la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95; y a la SHCP, a suspender el cobro de peaje ahí hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la vía que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reparar por Caminos y Puentes Federales el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a suspender el cobro de peaje ahí en tanto no se reestablezca el estado óptimo que permita ofrecer un servicio de calidad y seguro, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44, 45 numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado.

Metodología

En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado “Análisis de la proposición con punto de acuerdo” se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 27 de enero de 2016, la diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reparar por Caminos y Puentes Federales el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a suspender el cobro de peaje ahí en tanto no se reestablezca el estado óptimo que permita ofrecer un servicio de calidad y seguro.

2. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 63-II-3-432, acordó que se turnase a la Comisión de Transportes para el análisis y dictamen correspondientes, asignándole el expediente número 1469, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. En el punto de consideraciones, la diputada proponente señala lo siguiente:

a) California cuenta con gran variedad de recursos y atractivos turísticos que hacen que se posicione como una de las entidades del país con mayor potencial en ese sector, destacando su vocación y las oportunidades para seguir abonando y construyendo un mejor destino turístico en México.

b) En 1967 comenzó a operar la autopista escénica Tijuana-Ensenada, considerándola una vía de cuota federal de 95 kilómetros, concesionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

c) Dicha carretera se construyó para impulsar y hacer crecer el turismo de la región pero, afirma la proponente, desde su apertura hasta la fecha ha presentado serias afectaciones y deslizamientos en diversos puntos de la carretera, lo cual ha llevado al cierre de la autopista, como ocurrió en 1997, por lo cual se realizó la reconstrucción total de un tramo debido a un desplazamiento. También pone ejemplo, otro deslizamiento, ocurrido el 28 de diciembre de 2014 en el kilómetro 93, donde se presentó un deslizamiento de 30 metros de profundidad por 300 de largo, movimiento que se aceleró debido a varios temblores y a las intensas lluvias registradas en la zona, y que su reparación se estima tuvo un costo de 900 millones de pesos para su reconstrucción.

Lo anterior, afirma, trajo consigo grandes afectaciones a la ciudadanía y a la economía regional, ya que es una de las principales vías de comunicación primordial entre el norte y sur del estado, además de ser una ruta importante de exportación de productos marítimos.

d) Hace énfasis en que, con el fenómeno de El Niño, se han presentado nuevas afectaciones, como grietas y deslizamientos a la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95, lo cual preocupa y pone en peligro la integridad de los usuarios y sus familias, considerando el uso continuo y el intenso tránsito que presenta esta vía, así como en caso de un derrumbe provocaría grandes afectaciones a la economía regional.

e) Infiere que investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California han señalado que el kilómetro 95 es uno de los puntos identificados como activos, y que, si continuaba la lluvia durante este invierno, también continuaría el proceso de movimiento o de asentamiento de masa, pues el agua es un promotor del fenómeno.

Éstas son las razones por las que la proponente menciona que es objeto de la proposición que nos ocupa exhortar a la SCT y a Capufe para que tomen las medidas necesarias para reparar de la mejor manera posible la zona afectada del tramo carretero, así como para que los trabajos se realicen en el menor tiempo posible para afectar lo menos posible a los que transitan por esa vía de comunicación.

También propone que, mientras la autopista no cumpla el servicio eficiente y oportuno por el cual cobra, se suspenda el cobro de caseta, en tanto no la reparen y den garantías al usuario de transitar con seguridad. La atención de esta demanda social será un factor fundamental para contribuir al bienestar de los habitantes de la comunidad, lo que nos permitirá mejorar el tránsito y las actividades que realizamos.

4. En este sentido, y en razón de que la propuesta originalmente fue dirigida a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora formuló su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, repare el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender el cobro de peaje hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la carretera que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad al usuario.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

III. Consideraciones de la comisión

1. Esta dictaminadora considera que el sistema de carreteras y caminos del país requiere mantenimiento, ampliación y modernización constantes. Estamos de acuerdo en que las restricciones presupuestales limitan demasiado esta función estatal, lo cual obliga a recurrir al capital privado y, más aún por cuestiones de tipo económico que van concatenadas al costo de dicho mantenimiento vial, como lo es y lo ha sido la afluencia turística en Baja California, que es uno de los argumentos de la proponente.

La autoridad administrativa, ante esta situación no ejerce un criterio de equidad, sino ejerce criterios de otro tipo para poder otorgar una concesión o para hacer las reparaciones y las adecuaciones a las carreteras del país. Su omisión, a la luz de nuestro marco legal viola derechos humanos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes emanadas de ella. Pero no sólo eso: hay afectaciones económicas que merman la economía familiar de las poblaciones que dependen de esas vías de comunicación.

2. Pese a que desde 2015 se licitó a la empresa FERHEC la reparación de la carretera objeto de la proposición en estudio, datos proporcionados por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada señalan que el problema del mantenimiento de esa vía es latente, ya que por la estructura del suelo y la debilidad de la obra carretera, por las lluvias, el problema puede crecer. Ante esa situación, quienes dictaminamos consideramos que debe ponerse especial atención en las obras de mantenimiento.

Es más, históricamente se ha contratado a otra empresa, Aldesem, SA de CV, para que en 2013 reparara las zonas entre los kilómetros 92+460 y 93+480, lo cual implica que, mientras no se atienda integralmente la reparación de esa vía, con problemas desde 1976, según la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha reconocido, la problemática geológica de la zona se agravará.

3. Está reconocido por nuestro sistema jurídico, económico y financiero que se paga una contribución, un derecho por el uso de un bien público de uso común, como una vía de comunicación terrestre consistente en la carretera objeto de la proposición que se dictamina, por lo que el Estado mexicano está obligado a que esa contribución reúna las características que tiene todo impuesto y que señala la fracción IV del artículo 31 constitucional en el sentido de que es una obligación de todo mexicano contribuir para los gastos públicos (de la federación, de las entidades federativas y de los municipios en que residan), de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y obligar al concesionario a que adecue a la realidad esa cuota de peaje.

4. Esta dictaminadora considera que el punto de acuerdo que se aprueba debe también ser del conocimiento del Banco Nacional de Obras y Servicios, ya que esta institución tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.

5. Por esas razones, esta dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y al Banco Nacional de Obras y Servicios realicen las acciones necesarias dentro de sus ámbitos de competencia, a efecto de que se repare el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro 95.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender el cobro de peaje hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la carretera que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad al usuario.

Notas:

1 Véanse dos notas publicadas por El Vigía, en las siguientes páginas de internet, consultadas el 2 de marzo de 2016:

http://www.elvigia.net/general/2016/1/17/ reparan-escenica-tramo-riesgo-223744.html y

http://www.elvigia.net/general/2016/1/12/ surgen-grietas-escenica-223178.html

2 Véase la nota de Obrasweb, publicada en internet, según la página consultada el 2 de marzo de 2016:

http://www.obrasweb.mx/construccion/2014/01/ 06/tijuana-ensenada-una-autopista-con-cuatro-decadas-de-fallas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.

La Comisión de Transportes, diputados:Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González, Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles, Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica).»

EXENTE DEL PAGO EN LA CASETA DE COBRO EN PLAYAS DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LOS RESIDENTES DE LOS FRACCIONAMIENTOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la SCT, SHCP y Capufe a exentar de pago en la caseta de cobro de Playas de Tijuana, Baja California, a los residentes de los fraccionamientos afectados por la falta de vías de comunicación alternas libres de peaje

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales a exentar del pago en la caseta de cobro en playas de Tijuana, Baja California, a los residentes de los fraccionamientos afectados por la falta de vías de comunicación alternas libres de peaje, a cargo de la diputada federal María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1 , fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado.

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 27 de enero del 2016, la diputada federal María Luisa Sánchez Meza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales a exentar del pago en la caseta de cobro en playas de Tijuana, Baja California, a los residentes de los fraccionamientos afectados por la falta de vías de comunicación alternas libres de peaje.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 63-II-5-572, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Transportes, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 1474, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuestos por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. En el punto de antecedentes, la diputada proponente señala lo siguiente:

a) La Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 30 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizará una caseta libre de peaje cuando haya vías alternas. Menciona que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos y puentes, y que corresponde a esa Secretaría el construirlos y conservarlos.

b) Menciona que, en Baja California se tiene una problemática arraigada en el que se está afectando a los residentes de 16 fraccionamientos que se sitúan después de la plaza de cobro de playas de Tijuana, al no poder acceder a una vía de comunicación libre de peaje. Señala que dicha afectación perjudica a aproximadamente 12 mil residentes que tienen que pagar el peaje al entrar y salir de sus hogares y vincularse en la única vía que les proporciona conectividad y es la Autopista Traspeninsular que está perjudicando su economía familiar.

c) Por su ubicación la Autopista Traspeninsular es la única salida y entrada para los residentes de los fraccionamientos al transitar a los municipios aledaños, siendo el caso concreto de playas de Rosarito con el que se tiene una alta interacción económica, social y de esparcimiento. Los afectados que se distribuyen en 16 fraccionamientos suscribieron un convenio con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el Fideicomiso y el concesionario, para obtener un 50 por ciento de descuento respecto a la tarifa normal de 31 pesos pero aún con dicho descuento para acceder y salir de su domicilio gastan hasta 400 pesos a la semana por vehículo.

El hecho del cobro del peaje en la caseta de Playas de Tijuana ha representado un gasto excesivo para los habitantes desde hace más de 40 años, donde las familias afectadas usan la autopista para ir y venir de Tijuana a Playas de Rosarito como si fueran usuarios viales.

Ante este escenario es preciso que el gobierno federal garantice la existencia de vías alternas libres de peaje a las vías concesionadas, con el objetivo de facilitar el traslado y beneficiar la economía de las familias de esta región.

Los ciudadanos exigen que se les otorgue pronta solución al problema, ya que se les están violando sus derechos de igualdad, y libertad de tránsito.

Un dato importante es el hecho de que la jurisprudencia el Poder Judicial de la federación, estableció que la autoridad en todos sus niveles y funciones debe mantener el goce de los derechos humanos y garantizar su respeto.

Los residentes de los fraccionamientos afectados exigen que se les deba otorgar un trato igualitario como se presenta en otras entidades donde existen vías alternas de comunicación libres de peaje.

4. En este sentido, el proponente formula su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se exente del pago en la caseta de cobro en Playas de Tijuana, a los residentes de 16 fraccionamientos que se han vistos afectados al no haber vías de comunicación alternas de libre de peaje que comuniquen Playas de Tijuana con el municipio de Rosarito en el estado de Baja California.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes:

III. Consideraciones de la comisión

1. Esta dictaminadora considera que la economía familiar debe ser objeto de nuestra protección y tutela. En este sentido, hemos visto que académicos del El Colegio de la Frontera Norte se han pronunciado por la importancia de esa carretera, la cual es de vital importancia no solo para el Estado de Baja California, sino para el país. Quienes dictaminamos hemos considerado lo que los residentes gastan en el tránsito de esa vía terrestre, el cual asciende a un promedio anual de 230 millones 400 mil pesos, y por sólo un tramo de 18 kilómetros de la vialidad, por lo que el suspender el cobro de la caseta, favorecería en la economía regional y a la vez el libre tránsito a la zona San Antonio del Mar y Rosarito, cuya actividad principal es el turismo, comercio y los desarrollos habitacionales.

2. Han existido manifestaciones como la ocurrida el 28 de noviembre del 2015, donde, en apoyo a residentes de esa zona turística y que, reiteramos, pagan el peaje Tijuana-Rosarito para salir y regresar a sus hogares en Tijuana, diputados locales de Baja California tomaron las instalaciones de la caseta acompañados por los casi 12 mil afectados, quienes permitieron la circulación de los vehículos de manera gratuita.

En ese acto, los representantes del movimiento en favor de la exención del cobro en la caseta para residentes de la ciudad de Tijuana, quienes viven en los 16 fraccionamientos que están del otro lado de la caseta (en dirección a Rosarito), dijo que no les ha quedado otra opción dada la falta de voluntad de los tres niveles de gobierno, además de señalar que, actualmente, los ciudadanos están en proceso de un juicio de amparo que podría exentarles el pago. Señaló que, por este motivo, en el Congreso de Baja California e han presentado exhortos a la dependencia del Ejecutivo Federal, pero las opciones de la dependencia se limitan a un descuento del 50 por ciento, el cual los inconformes les ha parecido insuficiente.

3. Por esas razones es que esta dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por el diputado federal Jorge Enrique Dávila Flores, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se exente del pago en la caseta de cobro en Playas de Tijuana, a los residentes de 16 fraccionamientos que se han vistos afectados al no haber vías de comunicación alternas de libre de peaje que comuniquen Playas de Tijuana con el municipio de Rosarito en el estado de Baja California.

Notas:

1 Ver la siguiente nota periodística del San Diego Red, publicado en internet y consultado el día 26 de febrero del 2016: http://www.sandiegored.com/noticias/71377/Piden-eliminar-cobro-de-caseta­esceni ca-Tijuana-Rosarito-Ensenada

2 Véase la siguiente página de internet consultada el 26 de febrero del 2016: http://zetatijuana.com/2015/11/28/diputados-toman-caseta-tiiuana-rosarito

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.

La Comisión de Transportes, diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica).»

ANALICE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN LA CARRETERA SALTILLO-MONTERREY, DERIVADOS DE SU FALTA DE MANTENIMIENTO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y el Banobras a analizar los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey por falta de mantenimiento

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar de manera urgente los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey; derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así lograr contener los incrementos continuos de las cuotas de peaje, presentada por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado.

Metodología

En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado “Análisis de la proposición con punto de acuerdo” se examinan el contenido sustancial de la propuesta y los argumentos en que se sustenta, y se determinan el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado “Consideraciones” la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 3 de febrero de 2016, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar de manera urgente los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así lograr contener los incrementos continuos de las cuotas de peaje.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 63-II-2-459, acordó que se turnara para su dictamen a la Comisión de Transportes, para el análisis y dictamen correspondientes, asignándole el expediente número 1521, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. En el punto de antecedentes, el diputado proponente señala lo siguiente:

a) El proponente señala que el 18 de octubre de 2005, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria para concursar en la licitación de la concesión para construir el libramiento norponiente Saltillo y la autopista Saltillo-Monterrey. Menciona que el 17 de noviembre de 2006, el gobierno federal, por conducto de la SCT, otorgó la concesión a la empresa Isolux-Corsán para construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista federal que une Saltillo con Monterrey, incluyendo el libramiento de Saltillo (tramos I y II), dejando la construcción del tramo II del libramiento norponiente de Saltillo al gobierno federal.

b) Apunta el proponente que el 10 de noviembre de 2009, el presidente de la República inauguró oficialmente una de las tres etapas de un proyecto de lo que constituía una autopista de 126.1 kilómetros, la cual incluye el libramiento ya construido en Saltillo, para facilitar la convergencia de los trayectos México-Nuevo León-Laredo, con una ruta de mil 116 kilómetros, y otra vía de 223 kilómetros con dirección Mazatlán-Matamoros, las cuales desembocarían en la avenida Morones Prieto, en Santa Catarina, y el área metropolitana de Monterrey, justificando con ello los análisis económicos de la empresa calificadora HR Ratings.

Cita que los recursos para su financiamiento fueron a 25 años, con una concesión estimada en al menos 30 años. Dicha concesión contó con un contrato de tipo engineering, procurement and construction; es decir, por el mismo promovente, un instrumento jurídico que incluye el diseño, los suministros necesarios y la construcción, además de una serie de servicios adicionales necesarios para realizar esos tres objetivos principales de diseño, suministro y construcción. Refiere que la operación del proyecto está a cargo de la empresa Vial, con la que se firmó un contrato de prestación de servicios de operación, conservación y mantenimiento.

El legislador señala que el proyecto comenzó a operar de forma parcial en octubre de 2009 y se encuentra operando en su totalidad desde noviembre de 2011, habiéndose completado la etapa de construcción.

El proponente marca que el proyecto forma parte del corredor carretero México-Nuevo Laredo, el cual es el más importante del país por el volumen de carga de pasajeros y también del corredor Mazatlán-Matamoros que comunica la costa del Pacífico con el noreste del país, por lo que su construcción favorece la consolidación industrial y logística de la región. Menciona que la autopista Saltillo-Monterrey constituye una alternativa de circulación entre estas dos ciudades, debiendo mejorar la fluidez del tránsito, eliminando retrasos por ocurrencias de accidentes y aumentando la seguridad de los usuarios. La restricción de paso a vehículos de carga por Saltillo en febrero de 2011 ha inducido mayor tráfico en el libramiento, mejorando la mezcla vehicular.

2. En el planteamiento del problema, el proponente refiere:

a) Resulta que la siniestralidad de la autopista va en aumento, y menciona que en noviembre de 2014, en la autopista Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 80, ocurrió un derrumbe en el carril que conduce a Santa Catarina, por lo cual se cerró el paso a la circulación.

b) Además, menciona que la neblina, y la falta de advertencias y de señalamientos hacen de la vía primaria una carretera que no cuenta con retornos, paraderos de urgencia, etcétera, y que, a lo largo de los 95 kilómetros construidos por Isolux-Corsán no hay ninguna seguridad. Como referencia, indica que dicha constructora tiene el derecho de concesión de 2009 a 2054.

c) Refiere que en esa carretera se han presentado carambolas con decenas de vehículos que tuvieron choques por alcance, además de un sinnúmero de vehículos volcados, y que una de las causas estriba en el creciente aforo del tráfico proveniente del libramiento Zacatecas-Saltillo incorporado a principios de 2013, pero que inició un año después que los otros tres y presenta incrementos desmesurados desde su inauguración con un promedio de 80 por ciento respecto al mes inmediato anterior, situación que ya genera cifras de alerta.

d) También apunta que en los últimos años se ha incrementado el grado de inseguridad en la zona de influencia de este proyecto, el cual abarca San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

e) Menciona que la composición vehicular de la autopista está dispuesta mayormente por automóviles, pero ésta se redujo a partir de 2010, ya que la entrada en operaciones del libramiento indujo mayor afluencia de vehículos de carga en la autopista. Esta nueva mezcla de mayor aforo de transporte de carga, dice, refleja deficiencias técnicas y operativas, pues en la ubicación de las rampas de urgencia, como en el tamaño y peso de la carga de los autotransportes, aunado a la fuerte pendiente que presenta en el tramo de la autopista al cruzar la Sierra Madre Oriental (que tiene zonas de montaña muy accidentada y planicie donde los niveles de altura sobre el nivel del mar fluctúan entre mil 300 y mil 600 metros, además de considerar que Monterrey fluctúa en 537 metros) es propicia para altas velocidades.

f) Otro punto que refiere es que del día de la inauguración, ocurrida el 10 de noviembre de 2009, a la fecha, la concesionaria Isolux-Corsán ha modificado en 7 ocasiones el costo del peaje en la autopista Saltillo-Monterrey, teniendo incrementos de casi 100 por ciento respecto al precio inicial pactado, el cual era de 39 pesos, siendo dicho precio hoy de 77 pesos. Para esta alza, señala, no hay fundamento económico ni social que respalde estos incrementos desmesurados de las cuotas de peaje en el tramo carretero en comento, ya que son porcentualmente superiores a los niveles de inflación registrados en el país. En ese sentido, dicha tarifa es injusta, ya que no corresponde al servicio prestado ni al nivel de seguridad que una vía tan importante necesita.

3. En sus consideraciones, el legislador proponente apunta que:

a) En la autopista Saltillo-Monterrey, dos situaciones afectan a los usuarios: el alto costo de peaje y la serie de derrumbes, reparaciones, falta de señalamientos y mantenimiento deficiente, que se traducen en inseguridad.

b) Se requiere, por la SCT, que ésta realice las gestiones, los trabajos y las acciones que dentro de su competencia se encuentren para revisar el aumento tarifario en la autopista Saltillo-Monterrey y que de manera inaplazable se contengan los incrementos de las cuotas de peaje a fin de que no haya nuevos agregados.

Asimismo, dicha dependencia deberá revisar la labor de la concesionaria Isolux-Corsán y requerirle un informe circunstanciado en torno al caso y, en consecuencia, se apliquen las sanciones procedentes en caso de haber infringido las disposiciones referentes a la concesión.

El proponente señala que se requieren mejoras viales en la zona de influencia del proyecto y en la vía libre de competencia al libramiento, así como una revisión y control permanentes del tipo de dimensionamiento y tonelaje permitido, observación y, en su caso, modificación de los señalamientos de seguridad y recomendaciones en caso de urgencia, pues la pendiente mencionada es peligrosa, por lo que se tiene que implantar y adicionar rampa de frenado de urgencia previa a la caseta Saltillo-Monterrey.

4. El proponente formula su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar de manera urgente los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así lograr contener los incrementos continuos de las cuotas de peaje.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

III. Consideraciones de la comisión

1. Esta dictaminadora considera que la libertad de tránsito consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el derecho que toda persona tiene de entrar, salir y desplazarse libremente por su territorio. Es una libertad que garantiza un régimen liberal como el que garantiza el Estado mexicano.

Que la autoridad sea omisa y por no supervisar a quienes, por la vía de una concesión administrativa para construir y operar una carretera federal, están obligados a mantenerla en óptimas condiciones a cambio del pago de una tarifa justa por el uso de ese medio de comunicación, hace nugatorio ese derecho fundamental consagrado por el artículo 11 de la Constitución General de la República.

2. La Comisión de Transportes considera que una concesión es el otorgamiento gubernativo en favor de particulares o de empresas para construir y aprovechar una obra pública, la cual el Estado mexicano no puede realizar por sí, debido a las múltiples tareas que debe atender y que también se utiliza para desarrollar la economía nacional y que se vuelve un detonador en la generación de empleos. El Estado tiene la obligación de supervisar la labor de los concesionarios para que cumplan esos fines; si no lo hace, esto provoca malestar entre la población y se afecta seriamente la economía de la gente.

3. Pero que un concesionario detente la explotación de una obra pública por él construida, como lo es una carretera federal, no implica que sea de su propiedad y que la abandone, pero eso sí, cobre por su uso para recuperar esa inversión. Está reconocido en el sistema jurídico, económico y financiero que se paga una contribución, un derecho por el uso de un bien público de uso común, como una vía de comunicación terrestre consistente en la carretera objeto de este dictamen, por lo que el Estado mexicano está obligado a que esa contribución reúna las características que tiene todo impuesto y que señala la fracción IV del artículo 31 constitucional en el sentido de que es una obligación de todo mexicano contribuir para los gastos públicos (de la federación, de las entidades federativas y de los municipios en que residan), de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y obligar al concesionario a que adecue a la realidad esa cuota de peaje.

4. Esta dictaminadora considera que el punto de acuerdo que se aprueba debe también ser del conocimiento del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), ya que esta institución tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.

5. Por esas razones, la dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios para que analicen de manera urgente los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey derivados de la falta de mantenimiento en que se encuentra y así realizar las acciones de reparación necesarias a la vía y, además, lograr contener los incrementos continuos de las cuotas de peaje.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.

La Comisión de Transportes, diputados:Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica).»

CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS OTORGUEN UNA TARIFA PREFERENCIAL A LOS ENFERMOS ONCOLÓGICOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la SCT y sus homólogas u órganos competentes de las entidades federativas y de la Ciudad de México que los concesionarios de transporte público de pasajeros otorguen a los enfermos oncológicos una tarifa preferencial

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y a las Secretarías de Transporte u órganos competentes de las entidades federativas y de la Ciudad de México exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajeros, a que se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, del cincuenta por ciento de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen, suscrita por el diputado federal David Mercado Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1 , fracción IV, y 167, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de esta Honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado.

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 9 de febrero del 2016, el diputado federal David Mercado Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y a las Secretarías de Transporte u órganos competentes de las entidades federativas y de la Ciudad de México exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajeros, a que se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, del cincuenta por ciento de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen.

2. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 63-II-1-0537, acordó se turnará para su dictamen a esta Comisión de Transportes, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 1627, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuestos por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. En su exposición de motivos, los diputados proponentes señala lo siguiente:

a) En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala como uno de los objetivos de mayor trascendencia es asegurar los servicios de salud para todos los mexicanos a través de una estrategia consistente en avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. En ese sentido refiere que una de las líneas de acción es el garantizar el acceso y la calidad a los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición laboral. Pese a ello, y más aún que no se atiende a lo que dispone el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que en nuestro país se garantiza el derecho de toda persona a la protección de la salud y su incorporación en el Sistema Nacional de Salud, el acceso a los servicios de salud de la población todavía muestra un rezago considerable. Lo anterior se afirma considerando el indicador del año 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con relación a la pobreza, que registra un índice relacionado con la carencia de seguridad social, a casi el 60% de la población en esa condición, mientras que un 18% no tiene acceso a los servicios de salud.

b) En el mismo Plan Nacional de Desarrollo, señala el promovente, hay situaciones que atentan contra la salud, como son la pobreza y los estilos de vida poco saludables y de riesgo de los mexicanos, como por ejemplo la falta de actividad física, la nutrición inadecuada, consumo de tabaco, consumo de alcohol y drogas ilícitas, como principales factores que explican la alta incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y los tumores malignos.

c) Señala que en nuestro país el cáncer es un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte. La epidemiología, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y disminución de esta enfermedad es un problema de salud de dimensiones complejas que se encuentra dentro del “gasto catastrófico” de las familias, en la terminología del Seguro Popular. Además, menciona que, según datos del Instituto Nacional de Cancerología, en nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 120 000 nuevos casos de todos los tipos de cáncer y aproximadamente 80 000 personas mueren cada año en México a consecuencia del padecimiento.

d) El proponente se refiere, a continuación, al costo económico que enfrentan los pacientes oncológicos es considerable y en constante incremento, señalando que, en este caso, el aumento de la población y la transformación de la pirámide poblacional en nuestro país hacen del cáncer una enfermedad en crecimiento constante, y particularmente en México no se tiene un estudio económico oficial en el cual se defina cuál es el gasto total que enfrenta un paciente con cáncer, pero existen estudios realizados en diversos países, entre ellos, Holanda, Suecia y Estados Unidos que han señalado que el costo de un tratamiento contra este mal se estima entre un 5 y un 6% del presupuesto derivado del sector salud para el tratamiento y manejo de todos los cánceres.

e) El proponente menciona que existen dos tipos de costos. Los directos, que son aquellos caracterizados por los bienes y servicios otorgados por el sistema de salud de manera directa, o los gastos que pudieron haber sido desviados o utilizados por otro paciente de manera mediata o inmediata. Los indirectos son aquellos derivados de la enfermedad del paciente a través de horas-hombre perdidas, disminución de la productividad o carga para la sociedad por morbilidad o muerte. Evidentemente, cita, los costos indirectos son difíciles de cuantificar, pues éstos no son obtenidos de manera inmediata y, no obstante, en ocasiones son mucho más altos que los costos directos.

Refiere que, para cuantificar este tipo de costos se conocen dos métodos: El primero es conocido como el método descriptivo del capital humano, que hace una valoración del gasto que implica dejar de percibir dinero, ya sea por morbilidad o mortalidad, y el segundo es denominado el método de aceptación de pago, éste último evalúa el costo que está dispuesto a pagar un paciente con cáncer en aras de evitar la enfermedad, o bien, para afrontarla. Cabe señalar que, ambos métodos han sido fuertemente criticados puesto que en el análisis que se realiza se tiende a discriminar a aquellos pacientes que económicamente son improductivos.

Es, precisamente, la ausencia de un estudio oficial del costo económico total de este tipo de padecimientos en nuestro país lo que nos lleva a proponer un planteamiento que pueda disminuir la dificultad económica de los pacientes con cáncer y sus familias. Señala que uno de los grandes retos a los que se enfrentan los enfermos oncológicos que están recibiendo tratamiento es el desplazamiento en transporte público, éste supone un importante gasto económico, que se une al esfuerzo que se requiere para poder permanecer en el vehículo, trasladarse a los puntos de recogida del transporte o mantener la espera, cuando la capacidad física se ha mermado o se encuentra bajo los efectos secundarios de los tratamientos. La situación se dificulta cuando los pacientes se combinan con cualquier otro tipo de gasto ordinario como es el pago de un alquiler, hipoteca o aquellos derivados de la convivencia con hijos o adultos mayores a cargo. Además, si el paciente reside en algún punto alejado de la Ciudad de México, habría que considerar también el gasto ocasionado por el desplazamiento en transporte hasta este punto.

Por otro lado, destaca la incomodidad de viajar en un transporte público en el que el resto de pasajeros no entiende la situación física y emocional del enfermo oncológico. Además, los posibles efectos secundarios derivados del tratamiento como las náuseas, los mareos o los vómitos pueden hacerle experimentar un alto nivel de malestar en unas condiciones en las que no se le puede facilitar una respuesta por parte del transporte que le ayude a aliviarle.

Debemos tener presente que un enfermo con cáncer no requiere únicamente medicamentos, todo su entorno cambia, toda la familia debe cambiar. La necesidad de acudir acompañado cuando se hace uso del transporte público no es inusual por los motivos que ya se han mencionado relacionados con su estado físico, por lo que el costo se duplica y se produce un cambio en las actividades diarias de los miembros de la familia o del entorno cercano que puede afectar sus obligaciones laborales o familiares.

A las necesidades derivadas de la propia enfermedad se han sumado aquellas relacionadas con los efectos de la coyuntura económica del país. Por ello, estamos convencidos de que este punto de acuerdo representa una acción que se suma a los esfuerzos y al compromiso de esta Honorable Cámara de Diputados para facilitar el acceso a la salud a grupos vulnerables, será, asimismo, una ayuda importante en la esfera económica de los enfermos con cáncer y sus familias.

Así, considerando que es obligación del Estado Mexicano garantizar el derecho universal a la salud y el alto impacto que ocasiona a la economía de enfermos con cáncer y la difícil situación por la que atraviesa el país, es necesario mantener un equilibrio razonable, proporcional y equitativo entre los factores de la producción en el servicio del transporte y sus usuarios en condiciones de vulnerabilidad, de donde se concluye que es justificado una disminución en las tarifas de transporte público para los enfermos oncológicos.

2. En este sentido, los legisladores formularon su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y a las Secretarías de Transporte u órganos competentes de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajero, a que se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, del cincuenta por ciento (50%) de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen, siempre y cuando, demuestren su condición de salud con la acreditación debida del Centro de Salud correspondiente. Asimismo, se prohíba recargo alguno en la tarifa de transporte por concepto del acarreo de sillas de ruedas, andaderas, equipo médico u otras ayudas técnicas que precisen los pacientes enfermos con cáncer.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes:

III. Consideraciones de la comisión

1. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona gozará de los derechos y prerrogativas que la misma establece, y es el numeral que garantiza la aplicación, vigilancia y tutela de los Derechos Humanos a nivel internacional. Es en este marco donde se circunscribe el derecho que los enfermos con cáncer pueden tener acceso a una tarifa especial en el transporte público.

2. Al revisar el marco jurídico de nuestro país, nos encontramos con que la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, contempla en su artículo 19, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Dentro de ese contexto, la fracción V de ese numeral nos habla de que una de las acciones de dicha dependencia es la de promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.

3. En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 513 se contempla al cáncer como una enfermedad incapacitante. Con este argumento vemos que el cáncer es un padecimiento que hace que quien la padece no puede tener empleo y deja a la persona en un estado de vulnerabilidad.

4. Como ejemplo, en las tres principales ciudades del país, vemos que existen cierto tipo de excepciones en el cobro de tarifas por el uso del transporte público de pasajeros, es decir que en la Ciudad de México se autoriza la exención del pago de la tarifa respectiva a personas de 60 años de edad en adelante, así como a personas con discapacidad, y a menores de cinco años de edad. En Guadalajara se aplican distintos subsidios al transporte urbano a través de programas de vales dirigidos a estudiantes así como a personas adultas mayores y para personas con discapacidad, y en Monterrey se hace una tarifa diferenciada para estudiantes y adultos mayores. Lo mismo sucede en el Estado de Guanajuato, donde existe tarifa preferencial a niños, estudiantes y a personas adultas mayores.

5. Viendo, en la lógica de la serie de consideraciones que se pueden hacer en torno a la propuesta hecha por el proponente, esta dictaminadora considera viable la propuesta, ya que si han existido consideraciones para diversos sectores de la población, en base al principio jurídico de la igualdad distributiva donde se debe atender a la población de manera equitativa con base en sus diferencias. Además, los que suscribimos el presente dictamen estamos conscientes de que el cáncer es un padecimiento incapacitante, por lo cual de manera analógica, los consideramos sujetos de las normas y principios señalados en la legislación en materia de personas con discapacidad.

6. Quienes dictaminamos modificamos el contenido de la propuesta de punto de acuerdo para darle sentido a lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados vigente, concretamente en la fracción II del numeral 1 del artículo 79, que señala que los puntos de acuerdo que representen una posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios deberá referirse a éstas y no a dependencias de los estados y del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tal y como lo plantea el proponente.

7. Por esas razones es que esta dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por el diputado federal David Mercado Ruiz, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.

Puntos de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas, exhorten a los concesionarios del transporte público para pasajeros, a que se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, del cincuenta por ciento (50%) de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público terrestre y comercial que utilicen, siempre y cuando demuestren su condición de salud con la acreditación debida del Centro de Salud correspondiente. Asimismo, se prohíba recargo alguno en la tarifa de transporte por concepto del acarreo de sillas de ruedas, andaderas, equipo médico u otras ayudas técnicas que precisen los pacientes enfermos con cáncer.

Nota:

1 Para una muestra de esos datos se consultaron las siguientes páginas de internet consultadas el 25 de febrero del 2016: http://www.quanaxhuato.com/tarifa-de-transporte-en-guanajuato, http://elhorizonte. mx/finanzas/mas-noticias/586322/tiene-nltransporte-mas-caro-del-pais y http://www.informador.com.mx/mexico/2014/506022/6/gobierno-del-df-mantendra-tar ifas-en-transporte-publico.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a los 8 días del mes de marzo de 2016.

La Comisión de Transportes, diputados:Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lilian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González, Jonadab Martínez García (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez (rúbrica).»

TOMEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INSTALACIÓN DE CENTROS DE VERIFICACIÓN DE PESO Y DIMENSIONES, ASÍ COMO RAMPAS DE FRENADO, EN DIFERENTES CARRETERAS DEL PAÍS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la SCT y Capufe medidas preventivas e instalar centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado, en diferentes carreteras del país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales medidas de prevención e instalación de centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado en diferentes carreteras del país, suscrita por los diputados Ximena Tamariz García y Carlos Alberto de la Fuente Flores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado.

Metodología

En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado “Análisis de la proposición con punto de acuerdo” se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 11 de febrero del 2016, los diputados Ximena Tamariz García y Carlos Alberto de la Fuente Flores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales medidas de prevención e instalación de centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado en diferentes carreteras del país.

2. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 63-II-4-557, acordó que se turnase a la Comisión de Transportes, para el análisis y dictamen correspondientes, asignándole el expediente número 1627, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. En la exposición de motivos, los diputados proponentes señalan lo siguiente:

a) Señalan que, debido a su posición geográfica, Monterrey es una de las ciudades mexicanas más abarrotadas por los transportistas de carga; esto, por su cercanía a la frontera con Estados Unidos de América. Según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Nuevo León, tan sólo en la carretera Saltillo-Monterrey, 50 por ciento del tráfico vehicular es transporte de carga.

En este sentido hacen referencia a que dicha carretera, que desborda directamente en el centro de la ciudad de Santa Catarina, ha traído, lamentablemente, consecuencias graves, como aparatosos accidentes, donde los tráileres y camiones son los protagonistas, algunos de ellos con pérdidas de vidas humanas o el quebranto del patrimonio de un sinnúmero de ciudadanos. Al respecto, mencionan que, sólo en los 2 últimos meses de 2015, en Santa Catarina, Nuevo León, se han tenido 2 accidentes mortales donde se ven involucrados este tipo de transporte de carga.

b) La proponente enfatiza que lo anterior ocurre gracias a las condiciones mecánicas, pesos y dimensiones de los tráileres que circulan por estas carreteras, las cuales no son revisadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León, atribución que se establece en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Las autoridades atribuyen los accidentes a fallas mecánicas de las unidades o al estado físico y de salud del operador.

c) Debido a la gravedad de los accidentes, de los cuales señala algunos casos sobresalientes, es que, ante el riesgo de que sucedan más, la proponente se pronuncia para que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice operativos para verificar el estado mecánico de las unidades; el cumplimiento de las medidas autorizadas de peso y dimensiones, así como el estado físico y de salud de los operadores.

2. En este sentido, los legisladores formularon su propuesta de punto de acuerdo en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Capufe, a que vigilen el cumplimiento de leyes, programas, normas y reglamentos, especialmente sobre la correcta aplicación de criterios de seguridad y medidas de precaución en las carreteras, conforme a la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte, a fin de evitar percances automovilísticos.

Segundo. De la manera más atenta posible se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Nuevo León, a efecto de que instale un centro de verificación de peso y dimensiones en la entrada de Nuevo León en las carreteras de Saltillo-Monterrey y Monterrey-Nuevo Laredo, a fin de que verifiquen que los vehículos de carga cumplan las medidas preventivas de seguridad, acatando las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008.

Tercero. Se solicita exhortar respetuosamente a las diferentes regiones de Capufe, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a instalar en las diferentes entidades federativas rampas de seguridad para vehículos sin frenos y a dar mantenimiento a las existentes, así como el incremento de ubicaciones y frecuencias de los centros de verificación de peso y dimensiones en entradas y salidas de las diferentes ciudades del país.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la proposición, los miembros de la Comisión de Transportes, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

III. Consideraciones de la comisión

1. Esta dictaminadora considera que la libertad de tránsito consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el derecho que toda persona tiene de entrar, salir y desplazarse libremente por su territorio. Es una libertad que garantiza un régimen liberal como el que garantiza el Estado mexicano.

Que la autoridad sea omisa y por no revisar ni supervisar a quienes circulen por las distintas vías primarias del país, sobre todo en el respeto y cumplimiento, tanto de la ley como de los reglamentos que hacen que las disposiciones de ésta pasen al ámbito de su aplicación administrativa y directa, hace nugatorio ese derecho fundamental.

2. La Comisión de Transportes considera que el artículo 74 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares es claro en su mandato, el cual refiere que los autotransportistas deberán emitir por cada embarque de carga una carta de porte debidamente documentada, que deberá contener, entre otros requisitos, la designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, peso y marcas o signos exteriores de los bultos o embalaje en que se contengan y, en su caso, el valor declarado de éstos.

3. Es oportuno aclarar que la norma oficial que invoca la proponente está actualmente cancelada debido a la nueva norma publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 14 de noviembre de 2014, pero eso no resta valor a lo argumentado por la proponente, pero esta dictaminadora, en el ánimo de mejorar su proposición, hace la enmienda correspondiente en el punto resolutivo correspondiente.

4. Por esas razones, esta dictaminadora considera de aprobarse la proposición hecha por los diputados Ximena Tamariz García y Carlos Alberto de la Fuente Flores, haciendo las adecuaciones de estilo a su propuesta.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales, a que vigilen el cumplimiento de leyes, programas, normas y reglamentos, especialmente sobre la correcta aplicación de criterios de seguridad y medidas de precaución en las carreteras, conforme a la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, sobre el peso y las dimensiones máximas con que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, con la finalidad de evitar percances automovilísticos.

Segundo. De la manera más atenta posible se exhorta al gobierno de Nuevo León a efecto de que instale un centro de verificación de peso y dimensiones en la entrada de Nuevo León en las carreteras de Saltillo-Monterrey y Monterrey-Nuevo Laredo, con la finalidad de que verifiquen que los vehículos de carga cumplan las medidas preventivas de seguridad, acatando las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014.

Tercero. Se solicita exhortar respetuosamente a las diferentes regiones de Caminos y Puentes Federales, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a instalar en las diferentes entidades federativas rampas de seguridad para vehículos sin frenos y a dar mantenimiento a las existentes, así como el incremento de ubicaciones y frecuencias de los centros de verificación de peso y dimensiones en entradas y salidas de las diferentes ciudades del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.

La Comisión de Transportes, diputados:Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), presidente; José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Jorge López Martín (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbrica), Concepción Villa González (rúbrica), Jonadab Martínez García (rúbrica), secretarios; María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Héctor Javier Álvarez Ortiz (rúbrica), Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Pedro Garza Treviño (rúbrica), Alejandra Gutiérrez Campos (rúbrica), Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica).»

IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE ATIENDAN LA PROBLEMÁTICA DEL MALTRATO Y EXPLOTACIÓN INFANTIL

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y los ayuntamientos a implantar medidas para atender la problemática del maltrato y explotación infantiles

Honorable Asamblea

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y los municipales a implementar medidas para atender el maltrato y la explotación infantil.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos de la Niñez somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de la siguiente:

Metodología

La Comisión de Derechos de la Niñez encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado de “Consideraciones”, los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo motivo de este Dictamen fue presentada por el diputado Benjamín Medrano Quezada, en la Sesión del 9 del mes de febrero del 2016 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, para efectos de análisis y elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 82, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Consecuente con lo anterior, la Proposición mencionada en el proemio de este dictamen tiene por turno a la Comisión de Derechos de la Niñez, con carácter de Comisión única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Contenido de la proposición

El proponente señala que en el informe anual 2014, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, se menciona que este organismo aportó su experiencia técnica en el proceso convocado por el Poder Legislativo para enriquecer la Iniciativa preferente del Presidente de México, que derivó en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Destaca que, con esta ley se fortalecen los mecanismos que permiten garantizar todos los derechos a todos los niños y niñas en México, por ejemplo el de obtener gratuitamente su acta de nacimiento, acceso a servicios básicos de salud, asistir a la escuela y recibir protección jurídica para la restitución de sus derechos cuando éstos hayan sido violados.

Por otra parte señala que, la nueva ley establece la construcción del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca fortalecer a las instituciones que atienden y protegen a la niñez a nivel nacional, estatal y municipal, para que se coordinen en una “red”, en la que cada instancia (como el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los servicios de salud y el sistema judicial), responda eficientemente a las necesidades y problemáticas específicas de la infancia.

Asevera que en su contenido trata con puntualidad los siguientes Derechos: la Identidad, el vivir en Familia, la Igualdad, el no ser Discriminado, el Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, la Protección de la Salud y la Seguridad Social, entre otros.

En igual sentido, establece las obligaciones que tienen las personas que ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes.

Finalmente, trata el tema de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y determina las instituciones encargadas de brindar dicha protección.

Hay que tomar en consideración que a nivel internacional, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue ésta, el primer instrumento internacional que establece que todas la niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimento es obligatorio para todos los países que la han firmado, incluido México, que la ratificó en septiembre de 1990. Con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los niños, niñas y adolescentes dejan de ser simples beneficiarios de los servicios y la protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho.

Es de resaltar que en septiembre de 2015, la UNICEF en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaron un informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México, donde se destaca la necesidad de distribuir dicho gasto en desarrollo humano con equidad desde la infancia para promover el goce efectivo de los derechos y fomentar la igualdad de oportunidades.

Se puede mencionar que, como se consigna en diversos medios de comunicación, el maltrato infantil en el País ha repuntado en los últimos años, por ejemplo la periodista Liliana Alcántara del periódico El Universal, en una nota fechada el 6 de abril de 2015, reporta que de acuerdo con el registro anual de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales del DIF, en 2014 se comprobaron 27 mil 675 casos de abuso contra niños y niñas, señalando que, según este registro, las formas de violencia que tuvieron mayor incidencia son el abandono en primer lugar, seguido por las agresiones físicas y sexuales, así como la explotación sexual comercial.

Señala el proponente que el propósito del presente punto de acuerdo es realizar un respetuoso exhorto, a los gobiernos estatales y municipales, a efecto de que tomen medidas jurídicas y sociales, que impidan que el maltrato y la explotación infantil sean prácticas recurrentes en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones legales, implementen las medidas necesarias que atiendan la problemática de maltrato y explotación infantil que prevalecen en el país.

Consideraciones

Primera. La Comisión Dictaminadora de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Segunda.Es de suma importancia tomar en consideración que la naturaleza del presente Punto de Acuerdo está enfocado al maltrato y explotación infantil, ya que este es un problema que a nivel mundial afecta a las niñas, niños y adolescentes.

La violencia infantil compete a todos los sectores ya que constituye un problema serio y requiere de acciones conjuntas del gobierno y la sociedad, para disminuir el riesgo de que un menor se convierta en víctima. Ante esta premisa es necesario conocer los factores de riesgo de este sector, hay que destacar causas, características y efectos del fenómeno con el propósito de prevenirlo y así evitar consecuencias irreversibles para las niñas, niños y adolescentes.

Se considera que las principales causas del maltrato y explotación a menores son:

• Económicas: carencias monetarias, desempleo, subempleo, entre otras.

• Sociales: farmacodependencia o alcoholismo de los padres, abuso sexual en las familias, desintegración familiar, conflictos ocasionados por el nacimiento de hijos no deseados, prostitución, orfandad, etcétera.

• Biológicas: limitaciones físicas en el menor, daños neurológicos, malformaciones, entre otras.

• Emocionales: incapacidad de los padres para enfrentar problemas, inmadurez emocional, baja autoestima, falta de expectativas, inseguridad extrema y problemas entre pareja que conducen a maltratar al menor, omitiendo los requerimientos básicos para su formación y desarrollo.

Tercero.Atendiendo el propósito del Punto de Acuerdo referente a que los gobiernos estatales y municipales tomen medidas jurídicas y sociales que impidan que el maltrato y la explotación infantil sean prácticas recurrentes en nuestro país, es importante mencionar que en materia de protección de la niñez el Estado Mexicano ha implementado diversas acciones legislativas enfocadas a la atención de la problemática, las cuales se encuentran elevadas a rango constitucional, pues el artículo 4°, párrafo noveno de nuestra norma suprema, establece que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velaráy cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Por otra parte, a nivel internacional la “Convención sobre los Derechos del Niño”, establece:

Artículo 19

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Cuarto. Siguiendo en el mismo orden de ideas ésta dictaminadora no pasa por alto lo que establece la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, como ente protector de sus derechos y que en sus artículos consagra tal ideal, de los cuales hacemos mención:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

Aunado a lo anterior esta Ley contiene un apartado especial que habla sobre la prevención del maltrato y explotación infantil mismo que a la letra dice: “Capitulo Octavo - Derecho de Acceso a una vida libre de violencia y a la integridad Personal”.

Ponemos énfasis en lo que nos mencionan los artículos:

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen d erecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionarlos casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;

II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.

No obstante la protección a los menores siempre es uno de los elementos primordiales para el Estado tal es así que también lo regula la “Ley General de Victimas” en su artículo fracción V:

Artículo 116. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación y relaciones exteriores, de cada uno de los órdenes de gobierno, dentro de su ámbito de competencia, deberán:

V. Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

Quinto.Consideramos positivoel hecho de que exista un innegable interés por seguir impulsando la implementación de medidas necesarias para que atiendan la problemática de maltrato y explotación infantil, por tal motivo consideramos necesario el exhorto planteado a los Gobiernos Estatales y Municipales, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales que México forma parte y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras disposiciones legales, contienen preceptos que hablan sobre esta problemática, sin embargo, en muchas ocasiones no se cumplen con los objetivos de la ley.

Consecuentemente, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, consideramos que es procedente aprobar el punto de acuerdo toda vez que la materia del presente es en una problemática que deben atender los gobiernos estatales y municipales.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Derechos de la Niñez somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a los gobiernos estatales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones legales, implementen las medidas necesarias que atiendan la problemática de maltrato y explotación infantil que prevalecen en el país.

Nota:

1 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ITSGV002%20Violencia%20y %20maltrato%20a%20menores%20en%20Mexico%20(1).pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), secretarios; Jorge Álvarez Máynez, Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Paloma Canales Suárez (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez, Irma Rebeca López López, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes, María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Ximena Tamaris García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA EVALUAR, ANALIZAR Y DESARROLLAR PROPUESTAS DE INICIATIVAS RESPECTO DEL MARCO LEGAL EN MATERIA DE DERECHOS COLECTIVOS INDÍGENAS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo relativo a la creación de un grupo de trabajo para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas sobre el marco legal en materia de derechos colectivos indígenas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción V; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente a “Contenido de la proposición” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la proposición con punto de acuerdo en estudio.

III. En las “Consideraciones”, esta Comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

Antecedentes

1.En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 23 de febrero de 2016, los diputado federales Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Vitálico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presidentes de las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas, respectivamente, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se crea un Grupo de Trabajo coordinado por las Comisiones: Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva acordó el siguiente turno: “Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.”

3. Con fecha 23 de febrero de 2016, a través del expediente Núm. 1767, esta Comisión de Asuntos Indígenas recibió formalmente dicha proposición con punto de acuerdo.

Contenido de la proposición

Los diputados promoventes plantean que la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, ocurrida el 16 de febrero de 1996, constituyó un hecho trascendente en la lucha histórica de los pueblos indígenas de México por el reconocimiento de sus derechos. Esto así, porque en dichos Acuerdos el gobierno federal y los representantes del EZLN asumen el compromiso de reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampliar su participación y representación política, garantizar su acceso pleno a la justicia, respetar sus manifestaciones culturales, asegurar su acceso a la educación intercultural y plurilingüe de calidad, así como impulsar la producción y el empleo en las regiones indígenas.

Para dar cumplimiento a esos Acuerdos, los firmantes se comprometieron a enviar los Acuerdos a las instancias de debate y decisión nacional, a fin procesarlas como reformas legislativas por las que se reconocerían plenamente los derechos políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, así como su contribución fundamental en la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

En noviembre de 1996, ante las dificultades para construir el consenso en torno a la expresión legislativa de los Acuerdos de San Andrés, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (Cocopa), elaboró y presentó a las partes una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.

Los diputados promoventes refieren que, al no haber acuerdo entre las partes en torno a la iniciativa de la Cocopa, la realización de la reforma constitucional se postergó hasta abril de 2001 y los preceptos constitucionales quedaron plasmados, básicamente, en el Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los diputados Vitálico Cándido Coheto Martínez y Diego Valente Valera Fuentes, señalan como factor relevante, que diversos actores como el EZLN, algunos integrantes de la Cocopa, la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, numerosos presidentes municipales y representantes indígenas, entre otros, manifestaron su inconformidad con la reforma constitucional de 2001, por considerar que no incorporaba algunos temas fundamentales de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Afirman que algunos de los temas pendientes de legislar, siguen constituyendo un intenso reclamo de los pueblos indígenas de México, como lo son el derecho a ser reconocidos como sujetos de derecho público y el derecho a la consulta, entre otros temas relevantes.

Que diversos tratados e instrumentos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscritos por el Estado mexicano, reconocen derechos fundamentales de los pueblos originarios, razón por la cual constituyen referentes inequívocos para determinar los temas pendientes de legislar en México.

Finalmente, señalan los diputados promoventes que el contexto es favorable para llevar a cabo las reformas legislativas pendientes, toda vez que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestó en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas realizada en 2014, en Nueva York, que México se compromete a garantizar el proceso de armonización de la legislación nacional siguiendo el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por todo lo anterior, los diputados promoventes presentaron la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

Único. Por el que se crea un grupo de trabajo coordinado por las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, con la participación de representantes indígenas, expertos, organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, que el grupo de trabajo considere pertinentes.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta comisión coincide con la perspectiva de los diputados promoventes, en el sentido de que, a 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar es pertinente llevar a cabo una profunda revisión de los vacíos legales que existen en materia de derechos de los pueblos indígenas. Es importante investigar cuáles temas, de los que se discutieron durante las negociaciones de paz que culminaron con los acuerdos, no se incluyeron cabalmente en la reforma constitucional en la materia de 2001, a fin de valorar la viabilidad de realizar las reformas constitucionales y legales correspondientes.

En el mismo tenor, resulta imperativo reflexionar sobre el grado de ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos originarios consagrados en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de identificar las reformas legales específicas que se requieren para evitar que esos derechos sigan siendo “letra muerta”.

En función de lo anterior, esta comisión dictaminadora estima pertinente resaltar que, si bien los indígenas de Chiapas debieron recurrir a las armas para hacerse escuchar y expresar sus reclamos, los Acuerdos de San Andrés fueron el resultado de un intenso proceso de diálogo y negociación, característica que los coloca como un pacto surgido del proceso democrático que desde hace décadas se viene consolidando en México.

Es importante considerar que en el proceso de negociación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por senadores y diputados federales, jugó un papel destacado, toda vez que, ante las dificultades para lograr los consensos para redactar las reformas legislativas, esa comisión bicameral elaboró una iniciativa de reforma constitucional que recogía los temas fundamentales de los Acuerdos de San Andrés. Es decir, la Cocopa es un actor de la mayor importancia en el proceso de legislación en materia de derechos y cultura indígenas, razón por la cual esta comisión dictaminadora considera que su participación en el Grupo de Trabajo que se creará en virtud de la proposición con punto de acuerdo en comento, está plenamente justificada.

Esta comisión dictaminadora coincide con los diputados promoventes en la percepción de que la reforma constitucional del 2001, no incluyó temas cruciales que se discutieron durante las negociaciones de los Acuerdos de San Andrés, tales como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos público, el derecho a la consulta y los derechos de las mujeres indígenas.

Del mismo modo, se coincide con el planteamiento de que es necesario armonizar el marco jurídico mexicano en materia de derechos de los pueblos indígenas, con las disposiciones que contienen diversos tratados e instrumentos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscritos por el Estado mexicano.

En conclusión, esta comisión dictaminadora está plenamente convencida de la pertinencia de la creación del Grupo de Trabajo que plantean los diputados Vitálico Cándido Coheto Martínez y Diego Valente Valera Fuentes en la proposición con punto de acuerdo en comento.

El hecho de que este Grupo de Trabajo se constituido a partir de un mandato del Pleno de la Cámara de Diputados, vía el punto de acuerdo que se incluye en el presente dictamen, significa un respaldo significativo para que dicho grupo cumpla con su cometido de evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas.

Esta comisión dictaminadora considera que toda propuesta de trabajo con la finalidad de contribuir a la construcción de una relación de justicia y dignidad entre el Estado y los pueblos indígenas, debe apoyarse a plenitud. Tal es el caso del Grupo de Trabajo que coordinarán las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Indígenas, se permite someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, crea un Grupo de Trabajo coordinado por las Comisiones: Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, y de Asuntos Indígenas, para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, con la participación de representantes indígenas, expertos, organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, que el grupo de trabajo considere pertinentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de marzo de 2016.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), presidente; Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Luis de León Martínez Sánchez, Victoriano Wences Real (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Jorge Álvarez López (rúbrica), secretarios; Katia Berenice Burguete Zúñiga (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina, J. Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), María Elena Orantes López, Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).»

CONCLUYAN LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO CARRETERO PONIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Aguascalientes a concluir la construcción del libramiento carretero poniente de la capital del estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Infraestructura le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Aguascalientes, para que concluyan la construcción del libramiento carretero poniente de la ciudad de Aguascalientes, presentado por el diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 23 de febrero de 2016, el diputado Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que concluyan la construcción del Libramiento carretero poniente de la Ciudad de Aguascalientes.

2. El 23 de febrero de 2016, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Infraestructura de la LXIII Legislatura, con número de oficio DGPL 63-II-1-0602 y número de expediente 1761 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en comento se distribuyó a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios.

II. Contenido de la proposición

El proponente expone que el libramiento poniente de Aguascalientes, es una obra que se encuentra inconclusa a partir de la concesión que se otorgó para su construcción, indicando que la conclusión de la segunda etapa del proyecto es necesaria a efecto de dar una mayor seguridad vial a los habitantes.

Asimismo, señala que por la ciudad de Aguascalientes se estima que circulan 28.7 por ciento de transporte de carga pesada, que en ocasiones traslada materiales peligrosos. De igual modo, puntualiza que el crecimiento económico del estado se encuentra marcado por la industria automotriz, por lo que pertenece a un corredor industrial que transporta tonelaje determinado diariamente y que ingresa, sin la conclusión del libramiento carretero, por el tercer anillo periférico de la ciudad.

Comenta, que el no contar con este libramiento provoca deterioro a la infraestructura vial, riesgo en la seguridad de los demás vehículos privados y transeúntes que habitan la ciudad.

Expone, que el gobierno del estado ha dado poca garantía en el avance para la conclusión de la obra en comento, sin dar a conocer información sobre la concesión y la situación económica financiera, física y jurídica que guarda el Libramiento. Señala, que bajo un acuerdo de Reserva de Información con fecha 19 de agosto de 2015, el Gobierno del Estado por medio de la Dirección Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, dio a conocer que el título de concesión para el libramiento carretero poniente de la ciudad de Aguascalientes es información clasificada como reservada.

Menciona, que la conclusión de la construcción del libramiento poniente de la ciudad de Aguascalientes favorecerá a la región económicamente y permitirá que se prevengan mayores accidentes viales que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos, incluyendo el costo en infraestructura vial que provoca el alto tonelaje de autotransporte de carga.

III. Consideraciones

Primera. Que el 21 de febrero de 2008, el entonces gobernador constitucional del estado de Aguascalientes solicito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión del libramiento poniente para construir las obras de modernización y ampliación, así como para operar, explotar, conservar y mantener dicho tramo carretero, y asimismo solicitó que la concesión, que en su caso se le otorgara, este tuviera la facultad de contratar a un tercero para los fines mencionados. Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio número 3.648 de fecha 28 de marzo de 2008, manifestó no haber inconveniente para que el Ejecutivo federal, por su conducto, otorgara dicha concesión en términos de lo que dispone la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Segunda. Que con fecha 25 de marzo de 2009, se firmó el título de concesión por el que el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó al gobierno del estado de Aguascalientes para construir las obras necesarias de modernización y ampliación, así como para operar, explotar, conservar y mantener el libramiento poniente de la ciudad de Aguascalientes.

Tercera. Que en la cuarta condición de este título de concesión, se especifica que la concesionaria, en este caso el gobierno del estado de Aguascalientes, “reconoce y acepta ser la única responsable ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o ante cualquier otra autoridad del gobierno federal, de todas y cada una de las obligaciones a su cargo que deriven del marco legal descrito en esta condición”. Asimismo, en la séptima condición, se aclara que la concesionaria puede contratar con terceros los trabajos para construir, operar, explotar, conservar o mantener la Vía Concesionada, pero se aclara, que esta será la única responsable ante la SCT del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión.

Cuarta. Que con fecha 3 de octubre de 2011, el gobierno del estado de Aguascalientes a través de la Dirección General Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, determinó que la información contenida en el título de concesión con el tercero para la construcción y operación denominada libramiento poniente de la ciudad de Aguascalientes, emitió el acuerdo por el que clasificó la información como reservada, en virtud de que se encontraba en “proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa”, en virtud de que los trabajos de la obra no se habían concluido y existían obligaciones que deberían ser cumplidas entre las partes que intervenían, y que el proceso que en ese momento se pronunciaban, imposibilitaban a la dependencia para hacer pública la información, en base a lo establecido en los artículos 17 fracción VII y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Aguascalientes.

Quinta. Que la que dictamina, considera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumplió con la revisión y aprobación del proyecto ejecutivo y el programa de obras a los que debía de ajustarse las características de la construcción de dicha obra, por lo que, conforme al título de concesión otorgado la dependencia cumplió con la aprobación de las características, quedando a cargo del gobierno del estado la ejecución de las obras, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no podría aportar recursos para la conclusión del libramiento en mención.

Sexta. Que la seguridad de los habitantes y vehículos privados que circulan por la ciudad de Aguascalientes debe ser prioridad para el gobierno del estado, por lo que la circulación del transporte de altos pesos y dimensiones debería de circular por un libramiento que garantice la seguridad de los usuarios y el mantenimiento de la infraestructura urbana de la ciudad.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta de forma atenta y con pleno respeto a su autonomía al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Aguascalientes, informe a la opinión pública, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la situación económica, financiera, jurídica y avance físico que guarda la construcción del Libramiento Carretero Poniente de la Ciudad de Aguascalientes y, a su vez, concluya la construcción del mismo.

Así lo determinó el pleno de la Comisión de Infraestructura en la Honorable Cámara de Diputados, con fecha 16 de marzo de 2016.

Notas:

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGDC/Titulos/doctos/23.pdf

2 http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/TransparenciaSolicitudes/ solicitudes/archivos/ 00029273_19082015_RESB.PDF

La Comisión de Infraestructura, diputados:Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Wenseslao Martínez Santos (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Jorge Tello López, Cirilo Vázquez Parissi, Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica), Carlos Hernández Mirón, Victoriano Wences Real.»

REANUDAR LOS TRABAJOS Y FINALIZAR LA OBRA DEL PUENTE DE LA UNIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reanudar por Petróleos Mexicanos los trabajos y finalizar la obra del Puente de la Unidad, en Ciudad del Carmen, Campeche

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fue turnado para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Petróleos Mexicanos, se reanuden los trabajos y se termine la obra del Puente de la Unidad, en el municipio de Ciudad del Carmen, en Campeche, presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1, 2, numeral 2, fracción XXXI, y numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI; 82; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 182, numeral 3, y 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del punto de acuerdo; por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico y a la votación que realizaron los integrantes de esta comisión legislativa, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen, con base en lo siguiente

I. Antecedentes

1. En la sesión del pleno de la Honorable Cámara de Diputados celebrada el 23 de febrero de 2016, exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Petróleos Mexicanos, se reanuden los trabajos y se termine la obra del Puente de la Unidad, en el municipio de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, presentada por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados dispuso que la proposición citada se turnara a la Comisión de Infraestructura el 23 de febrero de 2016, mediante oficio número DGPL 63-II-2-534, correspondiente al expediente número 1769 para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.

3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en comento se distribuyó a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios.

II. Contenido de la proposición

La legisladora subraya la importancia del Puente de la Unidad para Campeche, siendo una obra que favorece la conectividad entre la isla Aguanda con la isla del Carmen.

Señala que el puente actual cuenta con 34 años de servicio al ser construido y puesto en operación en 1982, y que la nueva estructura que sustituirá a la antigua tienen como prioridad mantener de forma segura la conectividad entre la isla del Carmen y el macizo continental.

Indica que para la obra nueva fueron autorizados 850 millones de pesos y que se ejecutarían a través de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, hoy en día el proyecto se encuentra abandonado, no se tienen avances físicos tangibles y el puente actual presenta daños severos estructurales, especialmente en los pilotes y también en la carpeta de rodamiento.

Por lo tanto, la legisladora propone exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Petróleos Mexicanos, se reanuden los trabajos y se termine la obra del Puente de la Unidad, en el municipio de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche.

III. Consideraciones

Primera. Que de la revisión y análisis efectuado a la proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, esta Comisión de Infraestructura coincide en que el “nuevo Puente de la Unidad” favorece la conectividad entre la isla Aguada con la Isla del Carmen en Campeche, y que el proyecto de la nueva estructura tiene como objeto asegurar la conectividad de ambas islas sin riesgos para los habitantes.

Segunda. Que el actual “Puente de la Unidad” es la infraestructura estratégica que permite la interacción productiva y comercial interregional petrolera y no-petrolera entre el norte y centro del país con la península de Yucatán; es una vía concesionada desde 2005 al Gobierno del Estado; y en promedio diariamente circulan en éste más de 4,000 vehículos diarios, de los cuales más de 20 por ciento son tránsito pesado.

Tercera. Que el “Puente de la Unidad” presenta un marcado deterioro en su estructura general, lo que actualmente no garantiza las condiciones de operación y seguridad para los usuarios.

Cuarta.Que el actual “Puente de la Unidad” al ser la única alternativa para el tránsito continuo de la carretera federal Mex 180 Ciudad del Carmen-Campeche, en su tramo de Ciudad del Carmen a isla Aguanda, es jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, por lo que únicamente el proyecto técnico de la nueva estructura debe estar sujeto a las normas técnicas aplicables, las leyes y reglamentos que regulan las carreteras federales a cargo de SCT, por lo que el exhorto para que se reanuden los trabajos de construcción de la obra, no se considera que apliquen a dicha dependencia en virtud de que la ejecución de la obra está a cargo de recursos provenientes de Petróleos Mexicanos.

Quinta. Que conforme al Acuerdo Marco para una Relación Institucional y Productiva entre el estado de Campeche y Petróleos Mexicanos, cuyo objeto era renovar los mecanismos de coordinación y acuerdos de colaboración, se acordó llevar a cabo obras de beneficio mutuo y de Fortalecimiento Regional entre las que se encontraba la construcción del “Puente la Unidad”.

Sexta. Que el puente le permitirá a Petróleos Mexicanos expandirse en el mar en la Sonda de Campeche, teniendo como principal plataforma de operación la Isla, para lo cual el proyecto formaría parte de los centros de apoyo logístico, administrativo y de proveeduría de las operaciones de las instalaciones petroleras

Séptima. Que las obras inconclusas representan sobre-costos y riesgos para los habitantes, así como ineficiencia en la conectividad para la transportación de pasajeros y mercancías, por ello con el objeto de impulsar el uso eficiente de los recursos aplicados a obras públicas iniciadas es necesario que estas sean concluidas.

Por lo expuesto los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de Petróleos Mexicanos, para que a la brevedad se reanuden los trabajos y se termine la obra del Puente de la Unidad en el estado de Campeche.

Notas:

1 SCT. Datos Viales 2015. Obtenido de: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-2015/04_CAM PECHE. pdf

2 Conforme a lo señalado en la Justificación Técnica, Económica y Social para la Construcción del Puente de la Unidad; En los antecedentes del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, obtenido de: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0292_a.pdf ; y en los antecedentes del Testimonio del Testigo Social. Obtenido de: http://2006-2012.funcionpublica.gob. mx/unaopspf/doctos/tsocial/pf027_caso06-04-11_pep_04-11-11.pdf

Así lo determinó el pleno de la Comisión de Infraestructura en la Honorable Cámara de Diputados, con fecha 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Infraestructura, diputados:Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Wenseslao Martínez Santos (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Jorge Tello López, Cirilo Vázquez Parissi, Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica), Carlos Hernández Mirón, Victoriano Wences Real.»

COORDINEN Y EJERZAN OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y SE SOLUCIONE EL DETERIORO DE LA MISMA EN EL ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Oaxaca a coordinarse y ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación de infraestructura carretera y solucionar el deterioro de ésta en la entidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fueron turnadas para dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo, en la sesión celebrada el 23 de febrero de 2016 por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus atribuciones y por conducto de la dependencia Caminos y Autopistas de Oaxaca, desarrolle las acciones necesarias para solucionar el grave deterioro que presenta la infraestructura carretera de la región mixteca oaxaqueña; en la sesión del 25 de febrero de 2016 la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instruya a la unidad administrativa Centro SCT Oaxaca ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales en la región de la Mixteca en Oaxaca, ambos suscritos por el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y el 8 de marzo de 2016 un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, se coordinen y coadyuven para dar mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera; y concluyan la construcción de carreteras, caminos y puentes de la entidad, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca, presentado por la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, numeral 2, fracción XXXI, y numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI; 81 numeral 2; 82; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 182, numeral 3, y 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de los puntos de acuerdo; por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico y a la votación que realizaron los integrantes de esta comisión legislativa, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen, con base en lo siguiente:

I. Antecedentes

1. En la sesión del pleno de la Honorable Cámara de Diputados celebrada el 23 de febrero de 2016 el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Oaxaca a desarrollar, por Caminos y Aeropistas de Oaxaca, acciones para solucionar el deterioro de la infraestructura carretera de la Mixteca; en la sesión del 25 de febrero de 2016 presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a ejercer oportunamente los recursos asignados para conservación de carreteras federales en la Mixteca oaxaqueña; adicionalmente en la sesión del 8 de marzo de 2016 la diputada Edith Yolanda López Velasco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que a través de Dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, se coordinen y coadyuven para dar mantenimiento, rehabilitación y modernización a la infraestructura carretera; y concluyan la construcción de carreteras, caminos y puentes de la entidad, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca.

2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados dispuso que las proposiciones citadas se turnaran a la Comisión de Infraestructura, en el siguiente orden: el 23 de febrero de 2016, mediante el oficio con número DGPL 63-II-6-0535 correspondiente al expediente 1780; el 25 de febrero de 2016 con oficio DGPL 63-II-1-0614 y expediente 1820; y el 8 de marzo de 2016 con oficio DGPL 63-II-4-653 con expediente 2048, para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.

3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se distribuyó el proyecto de dictamen a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios.

II. Contenido de las proposiciones

El diputado Sergio López Sánchez señala que la región mixteca es una de las zonas más pobres y marginadas del país, donde, de sus 155 municipios, 46 tienen un muy alto grado de marginación, por lo que la falta de vías de comunicación adecuada representa un obstáculo para el desarrollo de la región. Asimismo, señala que las autoridades municipales han presentado a Caminos y Aeropistas de Oaxaca solicitudes de reconstrucción y conservación de caminos.

Indica que la red federal pavimentada en Oaxaca asciende a 2 mil 850.35 kilómetros, de los cuales no todos se encuentran en óptimas condiciones y señala que diversas carreteras federales son clave para el acceso a las comunidades de la Región Mixteca.

Adicionalmente la diputada Edith Yolanda López Velasco expone que en todas las regiones de Oaxaca es necesario ampliar los servicios de infraestructura carretera, ya que está permite la comunicación entre las comunidades y mejora la calidad de vida.

Asimismo, señala que muchos de los municipios que integran cada una de las regiones no cuentan con los recursos necesarios para modernizar, ampliar, construir y realizar obras carreteras, y que algunas de ellas de gran trascendencia regional, aún no son concluidas, como la ampliación, rehabilitación y rectificación de la carretera Juquila-Río Grande o la en la carretera 125-Alfonso Pérez Gazga en su tramo Yucudaa-Tlaxiaco y 190 en el tramo Nochixtlán-Huajuapan, además de aquellas que se encuentran en muy mal estado como la Huajuapan-México a la altura de la agencia Agua Dulce.

III. Consideraciones

Primera. Que de la revisión y análisis efectuado a las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los Diputados Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI, y Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, esta Comisión de Infraestructura coincide en que la infraestructura carretera en óptimas condiciones es un elemento importante para la conectividad de las zonas aisladas y punto fundamental para el desarrollo de las regiones más marginadas, como las ocho que integran el estado de Oaxaca.

Segunda. Que en Oaxaca hay una red carretera de 23 mil 396 kilómetros, de los cuales 7 mil 307 kilómetros están pavimentados, 13 mil 257 kilómetros son caminos revestidos y 2 mil 835 kilómetros solo son brechas mejoradas, pero 2 mil 854 kilómetros corresponden a la red federal de carreteras pavimentadas.

Tercera. Que conforme a los datos publicados de SCT, en la región mixteca existen tramos como el de Huajuapan de León-Oaxaca, en el cual en diversos subtramos se tiene un nivel de servicio cuyas condiciones no son las más óptimas.

Cuarta. Que las carreteras y caminos en mal estado no solo imposibilitan la comunicación, si no que representan mayores costos de operación vehicular, mayores tiempos de recorrido y poca seguridad vial.

Quinta. Que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con un programa para la conservación de carreteras federales, y que además, conforme al artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está dentro de su competencia llevar a cabo acciones de conservación, rehabilitación y mantenimiento de las carreteras federales.

Sexta. Que Oaxaca cuenta con un organismo público descentralizado denominado Caminos y Aeropistas de Oaxaca, cuya objeto es llevar a cabo acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y mantenimiento de la Infraestructura de la Red de Caminos, Aeropistas y en su caso, servicios auxiliares y conexos a los mismos, conforme al artículo 2 de la Ley de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

Séptima. Que para fortalecer la infraestructura carretera y la conectividad entre las regiones y comunidades en el estado de Oaxaca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal y Caminos y Aeropistas del Gobierno del estado de Oaxaca son instancias cuyas funciones, atribuciones y objetivos señalados en su propia normatividad les atribuye la realización de acciones para rehabilitar, conservar y modernizar la infraestructura carretera.

Octava. Que las ocho regiones de Oaxaca tienen una amplia necesidad de conectividad, ya que muchas de las comunidades que integran la entidad se encuentran aisladas o a distancias lejanas de los principales caminos y carreteras que les permitirían acercarse a los servicios básicos, como a instituciones de salud o educación, lo cual deja a la población en una situación de vulnerabilidad.

Novena. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, para Oaxaca se tienen programados 686.8 millones de pesos para la reconstrucción y conservación de carreteras federales.

Décima. Que con el objeto de consolidar infraestructura que impulse el Desarrollo, especialmente de las zonas marginas como en las diversas Regiones de Oaxaca, es fundamental que se lleven a cabo acciones coordinadas entre el gobierno federal y el gobierno del estado.

Por lo expuesto los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que instruya al Centro SCT Oaxaca a ejercer oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales en la región de la mixteca en el estado de Oaxaca.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, con pleno respeto a su autonomía, para que en el ámbito de sus atribuciones y por conducto de su órgano público descentralizado “Caminos y Aeropistas de Oaxaca” se implementen acciones para solucionar el deterioro que presenta la infraestructura carretera en la región mixteca oaxaqueña; y a su vez, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que junto con este organismo estatal lleve a cabo acciones para rehabilitar, mantener, modernizar y concluir las carreteras, caminos y puentes del estado, necesarios para la promoción del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades en las ocho regiones de Oaxaca.

Notas:

1 Conforme a la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT. Obtenido de: http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-conservacion-de-carretera s/longitud-red-federal/

2 Resultados del programa de Auscultación de la Red Carretera Federal 2012. Obtenido de: http://sctcloud.com.mx/suite//2012/porCarretera/345_V_CAP.pdf

3 Cifras programadas en el PEF 2016; Información obtenida conforme al Analítico de Claves Publicado por la SHCP, Obtenida de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

Así lo determinó el pleno de la Comisión de Infraestructura en la Honorable Cámara de Diputados, con fecha 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Infraestructura, diputados:Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Wenseslao Martínez Santos (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Jorge Tello López, Cirilo Vázquez Parissi, Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica), Carlos Hernández Mirón, Victoriano Wences Real.»

DICTAMINE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Infraestructura le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada por el Diputado Rafael Hernández Soriano integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 3 de febrero de 2016, el diputado Rafael Hernández Soriano integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2. El 3 de febrero de 2016, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Infraestructura de la LXIII Legislatura, con número de oficio DGPL 63-II-3-477 y número de expediente 1522 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición en comento.

3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en comento se distribuyó a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios.

II. Contenido de la proposición

El proponente expone la importancia de fortalecer los mecanismos para combatir la corrupción a través de modificaciones al marco legal en materia de obra pública, a fin de inhibirlas y castigar estas acciones. Por lo anterior, enfatiza en la trascendencia de agilizar el proceso de dictamen de la minuta por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 2014 y remitida al Senado de la República, turnándose el 10 de diciembre a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Productividad.

Menciona que a efecto de continuar la discusión y, eventualmente, realizar la expedición de las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Senado debe de agilizar el dictamen de la mencionada minuta, fortaleciendo así el Sistema Nacional Anticorrupción.

III. Consideraciones

Primera. Que la que dictamina reconoce que las contrataciones en materia de obra pública constituyen un área prioritaria de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en virtud de que pueden prestarse fácilmente actos de corrupción, ya que el sector de la construcción enfrenta vulnerabilidades donde la ocurrencia de prácticas como fraudes, sobornos o malos manejos de recursos públicos son susceptibles de suscitarse.

Segunda. Que con el objetivo de incentivar políticas públicas que ayuden a robustecer los mecanismos de planeación, contratación, ejecución y supervisión de obras públicas, el 4 de noviembre de 2014, el Titular del Ejecutivo Federal, envío a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual fue turnada a la Comisión de Infraestructura para su análisis y dictamen.

Tercera. Que la Comisión de Infraestructura aprobó el dictamen correspondiente el 3 de diciembre de 2014, turnándolo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su aprobación en el pleno de la misma. Dicho dictamen fue aprobado por el pleno el 9 de diciembre de 2014, enviándose la minuta al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Cuarta. Que con fecha 3 de febrero de 2015, el titular del Ejecutivo federal presentó las 8 acciones para prevenir la corrupción, entre las que mencionó la importancia de aprobar a la brevedad la iniciativa en comento, a efecto de “fortalecer los mecanismos legales para que los recursos públicos se administren con mayor eficacia y honradez”.

Quinta. Que hasta el momento las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Estudios Legislativos, y con opinión de la Especial de Productividad, sólo han emitido un segundo borrador como proyecto de dictamen con fecha 25 de agosto de 2015, sin que ello represente una fecha definitiva para la aprobación de dicho dictamen.

Sexta. Que en el Informe General de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación, señala entre los aspectos importantes a considerar para fortalecer la normatividad en materia de construcción, lo siguiente:

• “Definir la obligación para que los valores de los precios y costos que se incorporan en los contratos de obra estén referenciados a los parámetros existentes en el mercado.

• Incorporar la obligación de que los proyectos de obra pública cuenten con un área especializada en gerencia y seguimiento, y que ésta sea ocupada por personal con el perfil profesional adecuado.”

Aspectos que, de aprobarse la minuta se encuentran contemplados en la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Séptima. Que en tanto el dictamen no sea aprobado por las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Estudios Legislativos y con opinión de la Especial de Productividad y, en consecuencia por el pleno del Senado de la República, no se permite acelerar la aprobación de reformas que contribuirán a mejorar los mecanismos de eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación y ejecución de obras públicas.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Acuerdo

Único. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores a dirigir una excitativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, con la participación de la Especial de Productividad, para que emitan el dictamen correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibida por esa Cámara el 10 de diciembre de 2014.

Nota:

1 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/ InformeGeneral/ig2014.pdf

Así lo determinó el pleno de la Comisión de Infraestructura en la Honorable Cámara de Diputados, con fecha 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Infraestructura, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), secretarios; Yahleel Abdala Carmona (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Wenseslao Martínez Santos (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica), Daniel Adrián Sosa Carpio (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Jorge Tello López, Cirilo Vázquez Parissi, Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica), Carlos Hernández Mirón, Victoriano Wences Real.»

CUMPLAN CON LA NOM 156, EN CIUDADES CON MÁS DE 500 MIL HABITANTES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a cumplir federal por la Semarnat y homólogas estatales a cumplir la NOM 156 en ciudades con más de 500 mil habitantes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 11 de febrero de 2016, la diputada María Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario Morena, presento proposición con punto de acurdo por el cual se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal, para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretarias de Medio Ambiente de los Estados, cumplan con la NOM 156, en ciudades con más de 500 mil habitantes.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:

Con fecha 16 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-156, que establece la operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Las poblaciones con más de 500 mil habitantes deberán monitorear sistemáticamente la calidad del aire, con el propósito de que la población conozca en forma oportuna qué calidad de aire respira y pueda proteger su salud, ante los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a la contaminación del aire.

Sólo el valle de México, Guadalajara y Monterrey monitorean de manera consistente su calidad del aire y comunican los resultados a los habitantes a través de sitios web, aunque los sistemas de información son deficientes.

Otras ciudades presentan mayores rezagos, como Puebla, el valle de Toluca y Mexicali.

En Puebla, la población no sabe qué respira, pues el sistema de monitoreo no proporciona información por ningún medio, a pesar de que el programa estatal ProAire 2012-2020 reconoce que la contaminación del aire en las áreas urbanas está relacionada con el aumento de la mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares.

La Red de Monitoreo Atmosférico del Valle de Toluca fue evaluada por el Instituto Nacional de Ecología con “un desempeño mínimo aceptable” respecto a la confiabilidad de su información; además, cuenta sólo con 7 estaciones de monitoreo para los 22 municipios que integran la zona metropolitana. La página web oficial muestra vacíos de información, inconsistencia entre las maneras de presentar los registros (por concentraciones y por Imeca) y estancamiento de los datos por varias horas, lo cual impide una reacción rápida de la población que, según el ProAire Valle de Toluca 2012-2017, está expuesta a concentraciones crecientes de ozono y partículas menores a 10 micras (PM10).

Mexicali se encuentra entre las ciudades más contaminadas por partículas menores de 10 micras (PM10) y menores de 2.5 micras (PM2.5), según la Organización Mundial de la Salud. Pese a esto, la Red de Monitoreo Atmosférico de Mexicali comunica los registros de sólo 2 de sus 7 estaciones de monitoreo, y el sitio web de la Secretaría de Protección al Ambiente del estado no proporciona información acerca de los niveles de PM10.

La situación es aún más precaria en Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Celaya, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Culiacán, Durango, Hermosillo, Irapuato, La Laguna (Torreón), León, Mérida, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Poza Rica, Querétaro, Reynosa-Río Bravo, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Xalapa. Estas ciudades no cuentan con suficiente equipo de monitoreo ni con respaldo técnico, presentan vacíos de información, fallas en la validación de los registros, y la comunicación a la ciudadanía es nula. Veracruz es la zona metropolitana con mayor rezago en adoptar medidas para cumplir la nueva norma oficial.

La NOM-156 plantea la importancia de contar con “información confiable y de calidad respecto a los niveles de contaminación del aire”, lo cual implica la urgente necesidad de instaurar y modernizar los sistemas de monitoreo. Contar con estos datos de cada región y sus tendencias provee de una “herramienta para desarrollar estrategias de prevención y control, planes de manejo de la calidad del aire y políticas ambientales integrales”.

Debido a que la exposición crónica a los contaminantes del aire está asociada con un incremento en afecciones cardiovasculares y respiratorias, con diversos tipos de cáncer, problemas nerviosos, problemas prenatales, muerte temprana y mortalidad infantil, contar con esta información relativa a la calidad del aire “es imperativo y fundamental para la toma de decisiones en materia de protección de la salud”.

Los datos con que cuenta la Organización Mundial de la Salud apuntan a que en México la cantidad de muertes prematuras asociadas a la contaminación del aire asciende a 14 mil 700 personas.

La legisladora proponente concluye con el siguiente proyecto de:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga públicas las razones relativas al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-156 en algunas entidades federativas.

III. Consideraciones

Para la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce que uno de los problemas que más afectan a las grandes ciudades con gran actividad antropogénica es la enorme concentración de contaminantes emitidos a la atmósfera, que pueden causar severos daños a la salud de la población que ahí habita.

Sin lugar a duda el problema de la mala calidad del aire no solo afecta las comunidades en las que se originan dichos contaminantes, sino que por su naturaleza, estos gases nocivos para la salud pueden desplazarse grandes distancias y generar afecciones en la población de comunidades o asentamientos aledaños.

Para reducir al mínimo las eventuales afectaciones a la salud ocasionadas por altas concentraciones de gases contaminantes, como ozono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, azufre, entre otros, es necesario contar un sistema eficaz y confiable de monitoreo de la calidad del aire que permita a las autoridades responsables, tomar decisiones y aplicar medidas que favorezcan la purificación del aire que respiramos.

En México entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-2012, para el Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Este lineamiento establece que los gobiernos locales y estatales deberán instaurar sistemas para la medición de la calidad del aire en aquellas demarcaciones que se encuentren dentro de su jurisdicción para generar información confiable que les permita generar políticas públicas que mejoren las condiciones ambientales.

Los indicadores de la calidad del aire son una herramienta esencial para saber el grado de contaminación del aire en las ciudades respecto a los límites establecidos en las normas. Las tendencias de los indicadores son útiles para inferir si la contaminación del aire se deteriora o mejora conforme pasa el tiempo. También permiten comparar los diferentes niveles de contaminación de distintas ciudades o localidades en donde se cuenta con redes de monitoreo atmosférico.

Conocer la calidad del aire de las ciudades es útil en la toma de decisiones tanto para el público en general como para las autoridades ambientales porque permite llevar a cabo acciones preventivas y correctivas para proteger la salud de la población.

La exposición crónica a la contaminación del aire se asocia con el incremento de problemas cardiovasculares y respiratorios como bronquitis y asma; con diversos tipos de cáncer, problemas del sistema nervioso, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga públicas las razones relativas al incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-156 en algunas entidades federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE EVITEN QUE LA EMPRESA CITROFRUT SIGA CONTAMINANDO Y EN SU CASO, INICIE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES CORRESPONDIENTES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar acciones para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 11 de febrero de 2016, el diputado Cándido Ochoa Rojas integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de implementar las acciones que eviten que la empresa Citrofrut siga contaminando y en su caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

Segundo.En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la Comisión instruyó su registro y el análisis para formular el dictamen.

II. Contenido de la proposición

A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:

El legislador proponente señala que la contaminación es un problema de salud pública que afecta preponderantemente a los seres humanos y a los recursos naturales que los rodea. Las causas que originan la contaminación del medio ambiente, desafortunadamente en su mayoría se deben a la intervención negativa del hombre, quien ha dañado severamente su entorno natural hasta su desaparición.

Dicha afectación, es decir, la contaminación de los recursos naturales como el aire, el agua o en general del medio ambiente, impactan negativamente contra la flora y fauna, como parte integral de un ecosistema.

La implementación de acciones para su protección debe ser una responsabilidad compartida, por un lado la sociedad que debe ser responsable con acciones sustentables desde el hogar que le permita preservar los recursos naturales que se encuentran a su alcance, y de las autoridades encargadas de garantizar la protección de lo que hoy es un derecho humano a un medio ambiente sano.

El caso que nos ocupa, es la contaminación que la empresa denominada Citrofrut, localizada en el municipio de Huehuetlán, en el estado de San Luis Potosí, quien desde enero de 2015, en el desarrollo de sus actividades, descarga aguas residuales y en ocasiones altamente contaminantes dentro del predio conocido como Dos Arbolitos en el municipio de Tancanhuitz, SLP.

No obstante, dicho predio afectado no es el único que sufre las consecuencias de la contaminación provocada por Citrofrut, pues a un perímetro de 10 kilómetros aproximadamente, se encuentran comunidades como San José Pequetzén y La Cuesta, pertenecientes a Tancanhuitz, San Luis Potosí. El Crucero en el municipio de Aquismón, quienes demandan nuestra intervención.

La contaminación a que se hace referencia consiste en el traslado por parte de Citrofrut, de pipas de agua contaminada para ser vertidas directamente a la tierra, en presas, estanques o en cualquier sitio que se posible, afectando inicialmente la calidad del aire y provocando un peligro latente de expansión provocado por la lluvia, lo que genera escurrimientos y desborde de las presas y estanques, terminando en arroyos y propiciando la muerte masiva de peces y la alteración de la salud humana, con presencia de daños en las vías respiratorias, problemas en la piel e infecciones en los ojos, por mencionar algunas.

El diputado, preocupado por esta situación, expone ante esta Asamblea la necesidad de hacer un exhorto a las autoridades ambientales, a efecto de que intervengan para poner un alto a los impactos ambientales provocados por la empresa Citrofrut.

EL Legislador proponente concluye con el siguiente proyecto de:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que en coordinación con las autoridades e instituciones que considere pertinentes, implemente las acciones necesarias para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando, así como de ser el caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

III. Consideraciones

Para las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es de suma importancia frenar la contaminación ambiental ya que, la contaminación ambiental no es algo del siglo XXI, siempre ha existido, pues es parte fundamental de la naturaleza. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un serio problema. Hasta hace pocas décadas no se consideraba un problema ya que apenas se ha logrado demostrar fehacientemente lo serio del asunto, considerando los efectos negativos que esta tiene sobre el ambiente y la salud.

En la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mostramos una preocupación por la empresa Citrofrut ya que trae consigo un historial de afectaciones al medio ambiente en diferentes regiones de San Luis Potosí, se tiene conocimiento que tan solo el año pasado esta empresa tuvo que pagar una multa por la cantidad de 318 mil 350 pesos, por haber vertido una gran cantidad de sosa cáustica, ocasionando la mortandad de miles de animales en el arroyo La Bacinica.

Otro de los antecedentes que ha tenido la empresa situada en el municipio de Huehuetlán, donde la extractora de jugos ha tenido una serie de problemas por estar contaminado el río de Huichihuayán.

En aquel municipio ha teniendo dos clausuras, siendo en el año 2011 y 2012 por haber estado contaminando el río Huichihuayán, y actualmente sigue realizando el mismo procedimiento de arrojar los desechos al río, por lo cual también la población de aquel lugar se ha quejado de la situación que viven con una empresa tan contaminante.

Ha habido denuncias sobre el asunto de la muerte de especies acuáticas, y hasta al momento no se han dedicado a realizar una averiguación a conciencia para saber de dónde proviene la contaminación que provoca la mortandad de especies y localizar a los principales culpables de tal hecho.

Aseguran los habitantes que la empresa Citrofrut no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que la extractora de jugo desde el 2005 se había comprometido a realizar tal obra para evitar que se siguiera dando la contaminación sobre el río, pero a casi 10 años la respuesta sigue sin ser favorable por parte de la empresa.

Esto incumple con la norma oficial mexicana nom-001-semarnat-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Las autoridades ambientales deben de conocer hacia donde se están vertiendo las aguas residuales en caso que se viertan al alcantarillado se debe de vigilar que la norma oficial mexicana nom-002-semarnat-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal

Se afirma que en los pozos de agua de la comunidad que tiene alrededor de 500 habitantes, han comenzado a notar que están contaminados, pues muchos de los tóxicos que vierte la empresa escurren a los mantos freáticos que alimentan a los pozos, y esa es el agua que ellos, la población, consume y de la que alimentan a sus animales.

Ante esta situación es importante que las autoridades encargadas de garantizar la protección del ambiente realicen las acciones que aseguren la restauración de los daños ocasionados y que estos no se vuelvan a suscitar.

Es necesario generar esfuerzos para mejorar las condiciones físicas de los ríos y arroyos, para preservar sus condiciones naturales.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que en coordinación con las autoridades e instituciones que considere pertinentes, implemente las acciones necesarias para evitar que la empresa Citrofrut siga contaminando, así como de ser el caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

ORDENE EL RETIRO DE LOS ANUNCIOS ESPECTÁCULARES DENTRO DE SU DEMARCACIÓN

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a ordenar el retiro de los anuncios espectáculares en su demarcación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 11 de febrero de 2016, el diputado Moisés Guerra Mota, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acurdo por el cual se exhorta respetuosamente al ayuntamiento de bahía de banderas, del estado de Nayarit, para que ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de su demarcación.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:

El legislador proponte menciona que nuestro entorno, se encuentra en una constante transformación; día a día, las costas, los valles y las montañas son alterados por la mano del hombre, estos cambios quedan plasmados en la calidad del paisaje: el urbano, el rural e, indudablemente, el de origen natural.

Esta metamorfosis ha alcanzado a Bahía de Banderas en Nayarit.

Ese mágico lugar que hace algunos años se caracterizaba por su paisaje natural, hoy, está siendo conquistado por intereses de inversionistas privados, bajo el cobijo de gobernantes corruptos que les han permitido edificar en suelos ricos para la agricultura o en terrenos no aptos para la construcción, haciendo un mal uso y distribución de la tierra.

Los atropellos cometidos en contra de Bahía de Banderas, han provocado la degradación del suelo, el agua, la atmósfera y, por supuesto, el paisaje.

Pareciera que el actual ayuntamiento de Bahía de Banderas, que se ha olvidado por completo del derecho a todo ser a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna, soslayando además, su propio Reglamento de Anuncios.

Los ideales que se establecen en el Reglamento de Anuncios para el municipio de Bahía de Banderas, en particular en su artículo 17, en el que se reconoce la problemática generada por la contaminación visual a causa de los anuncios espectaculares, entendida como una complicación que afecta, además de la percepción del ambiente, a la expresión de la trayectoria histórica de la región, a su manifestación de la riqueza y diversidad cultural que la caracteriza y al sentimiento de identidad colectiva de sus ciudadanos; han sido vulnerados por su administración municipal, permitiendo la instalación de anuncios espectaculares.

Estos ilegales anuncios publicitarios producen trastornos visuales al alterar el paisaje de la ciudad y deteriorar su imagen; sobre estimulando a quien los percibe; y desconcentrando la atención de los automovilistas, favoreciendo la posibilidad de accidentes de tránsito al prestar mayor atención a su lectura que al manejo.

De manera paradójica, esa misma administración municipal, se ha caracterizado por el incumplimiento de esta normativa ya que, en la práctica, sus disposiciones son transgredidas sin mayor consecuencia legal.

La degradación del entorno de Bahía de Banderas provocada por esta publicidad ilegal, ha deteriorado la calidad ambiental y, al ser ésta un parámetro fundamental de la calidad de vida, perjudica también a esta última.

Por ello, los diputados ciudadanos no descansaremos en esta lucha contra la polución visual, Nayarit merece conservar la riqueza natural que genera el placer visual y la belleza escénica de Bahía de Banderas.

El Legisladora proponente concluye con el siguiente proyecto de:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al honorable ayuntamiento constitucional de Bahía de Banderas, del estado de Nayarit, que en cumplimiento al artículo 17 del Reglamento de Anuncios para dicho municipio, ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de la demarcación municipal.

III. Consideraciones

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce que el problema paisajístico es uno de los muchos tipos de contaminación ya conocidos, menos evidente, llamativo o dañino quizás que otros pero no menos importante especialmente del punto de vista paisajístico. Se le denomina internacionalmente como contaminación visual y al igual que otros tipos de contaminación más del dominio público, como son las contaminaciones sonora, del aire, del suelo, térmica, etc. es un tipo de daño reconocido. El paisaje constituye un recurso patrimonial público y turístico-económico, que debemos preservar.

La contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan, a menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y otros elementos, que no provocan contaminación de por sí; pero mediante la manipulación indiscriminada del hombre (tamaño, orden, distribución) se convierten en agentes contaminantes. Todos estos elementos descriptos influyen negativamente sobre el hombre y el ambiente disminuyendo la calidad de vida. La contaminación visual no es tan sólo un problema de estética, puede afectar tanto a la salud psicofísica como al desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia laboral.

De acuerdo a lo expuesto vemos que la contaminación visual urbana es un fenómeno de polución de características singulares, debido a que no se transmite a través de un vector sobre el que se pueda actuar. Por lo tanto, consideramos que el trabajo de las autoridades debe orientarse principalmente hacia su origen, es decir, la descontrolada proliferación de publicidad. Es por ello que se cree que la solución a esta problemática debe basarse, principalmente, en un adecuado marco normativo, y en un eficiente ejercicio de las autoridades, que tienda a proteger a los habitantes y al patrimonio arquitectónico de los indiscriminados ataques de la cultura del consumismo y la competencia por el deprimido mercado local, que se manifiesta en una superposición permanente de anuncios de dudosa legalidad, y en muchos casos, de un igualmente dudoso gusto. No estamos, por supuesto, en contra de la publicidad, pero creemos que ella debe realizarse bajo una adecuada regulación que sirva para prevenir potenciales abusos, y al mismo tiempo sancionar las irregularidades, otorgándole adecuadas facultades y presupuesto al organismo de contralor. Es sin dudas la autoridad municipal la responsable de brindar una solución integral y efectiva a este tipo de problemas, los cuales inciden directamente sobre la población y el paisaje de la ciudad.

Creemos que es fundamental, además de la modernización del marco normativo impulsada por las autoridades municipales, una toma de conciencia por parte de la ciudadanía en general acerca del cuidado del espacio público.

Podemos concluir en que la contaminación visual no es tan sólo un problema de estética, como vimos puede afectar tanto a la salud psicofísica como al desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia laboral. En última instancia, tiene que ver con nuestra calidad de vida. Debe ser considerada definitivamente como un tema ambiental, y se debe legislar en concordancia. Se debe tomar conciencia de que no se trata solamente de intervenir sobre medidas y proporciones de carteles. El estado debe tener una política ambiental global con reglas claras y precisas cuya finalidad sea una mejor calidad de vida para todos. Así como la degradación es voluntaria y producida por el hombre también debe ser controlada y modificada por él.

Como consideración final dentro del Reglamento De Anuncios Para El Municipio De Bahía De Banderas, Nayarit en su Artículo 17 menciona que la instalación de anuncios espectaculares de cualquier tipo y material, fijos o móviles, están prohibidos en todo el municipio, ya que obstaculizan la visión y deterioran la imagen del lugar.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento constitucional de Bahía de Banderas, del estado de Nayarit, que en cumplimiento al artículo 17 del Reglamento de Anuncios para dicho municipio, ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de la demarcación municipal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

CONSIDERE AL CAMBIO CLIMÁTICO COMO UNA AMENAZA REAL A LA SEGURIDAD NACIONAL Y SE IMPLEMENTEN ACCIONES PARA REDUCIR SU IMPACTO EN LA POBLACIÓN DE NUESTRO PAÍS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a considerar amenaza real para la seguridad nacional el cambio climático e implantar acciones para reducir su efecto en la población del país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 9 de febrero de 2016, se presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a considerar el cambio climático una amenaza real a la seguridad nacional e implantar acciones para reducir su efecto en la población a cargo del diputado el diputado Javier Herrera Borunda integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados”.

3. Mediante oficio número DGPL-63-II-4-546, la Mesa Directiva hizo entrega del expediente a la Comisión de Cambio Climático.

II. Objeto y contenido de la proposición

El diputado Herrera plantea que la Honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al gobierno federal a contemplar el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, con la finalidad de reducir su efecto en la población del país.

En la exposición de motivos el diputado promovente manifiesta que ante las nuevas amenazas a la sociedad internacional, la seguridad se refiere a las condiciones de estabilidad que se suponen benéficas para el desarrollo de los individuos, de un país o de la comunidad internacional. Al respecto el efecto, la magnitud y la durabilidad de los fenómenos ambientales, sociales y económicos detonados por el cambio climático, convierten a este último en un asunto prioritario que afecta de manera directa en cada una de las esferas de seguridad, llegando a poner en riesgo las condiciones de vida en el planeta.

A decir del diputado promovente, es urgente plasmar en el marco jurídico el reconocimiento de dicho problema, diseñar las políticas públicas para disminuir los impactos generados por el fenómeno del cambio climático y por ultimo destinar y ejecutar los recursos disponibles para aplicar dichas políticas públicas. En este sentido el papel del Estado frente al cambio climático, es el de asegurar, proteger y proveerse de los recursos estratégicos necesarios para enfrentarse de manera óptima a los enormes retos traducidos en el acceso a las fuentes de energía, agua, disputas fronterizas, emergencias humanitarias, problemas de salud, migración, entre otros.

En relación con lo anterior, el diputado Herrera refiere que instancias gubernamentales de otros países, así como organismos internacionales, han reconocido la amenaza que representa para la seguridad y estabilidad mundial el fenómeno del cambio climático, tal es el caso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Centro para el Clima y la Seguridad de Estados Unidos.

En lo que concierne a México el diputado considera que se necesita implantar acciones para atenuar las consecuencias del cambio climático y fortalecer las acciones destinadas a enfrentar los efectos del fenómeno toda vez que provocarán graves repercusiones, probablemente irreversibles sobre la seguridad nacional e internacional.

En virtud de lo anterior, el diputado Javier Herrera somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a contemplar el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, con la finalidad de reducir su efecto en la población del país.

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y contenido de la proposición con punto de acuerdo que promueve el diputado Javier Herrera Borunda, la Comisión de Cambio Climático formula el presente dictamen con base en las siguientes:

III. Consideraciones

Primera.El diputado Herrera propone que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal a contemplar el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, con la finalidad de reducir su efecto en la población del país.

Al respecto los integrantes de la Comisión de Cambio Climático reconocen la loable intención de la propuesta contemplada en el punto de acuerdo en dictamen, planteamiento que busca ser una aportación a las acciones que emprende el gobierno federal en lo que respecta a la adaptación y mitigación al cambio climático.

Segunda. El concepto de seguridad nacional ha ido evolucionando en las últimas décadas y ha pasado de ser un concepto restringido a ser un concepto amplio que defina los intereses nacionales, que se vincule a la consecución de los objetivos plasmados en el proyecto nacional. Así lo han entendido las administraciones federales en los planes de desarrollo correspondientes hasta la administración actual y se han reconocido cuestiones ambientales y fenómenos climáticos en los documentos programáticos, como se verá más adelante.

Tercera.La Ley de Seguridad Nacional define en el artículo 3 que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Así mismo el artículo 5 de la referida ley refiere aquellos actos o circunstancias considerados como amenazas a la seguridad nacional a saber:

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

De la revisión de lo anterior, se observa que en la legislación en materia de seguridad nacional no se contempla la eventualidad de los fenómenos meteorológicos y, menos aún se mencionan los agravados por el cambio climático como una amenaza a la misma. Empero, se encuentra implícito en la fracción I del artículo 3 mencionado anteriormente.

Cuarta. Al hacer una revisión de los diferentes documentos de planeación del Estado mexicano, se encuentra lo siguiente:

En el Plan Nacional de Desarrollo se puntualiza que el concepto jurídico de Seguridad Nacional condensa una serie de objetivos e intereses estratégicos nacionales, tales como la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación de la unidad de las partes integrantes de la Federación; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y el desarrollo económico, social y político del país como ejes en la preservación de la democracia.

Asimismo en este documento de planeación se reconoce que la realidad de nuestro país precisa identificar, dimensionar y jerarquizar los efectos de los diversos factores internos y externos que, en virtud de su dinamismo, tienen el potencial para constituirse en una amenaza o riesgo para la Seguridad Nacional. Lo anterior con la finalidad de trazar las estrategias que permitan prevenirlos, o bien, plantear los mecanismos de coordinación de acciones y medidas –políticas presupuestales, sociales o militares– que neutralicen o minimicen sus efectos de manera oportuna y eficaz.

En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo se señala que es fundamental analizar y prever las condiciones globales, sociales, ambientales, económicas, políticas, de salud y tecnológicas que lo afectan, a fin de reducir sus efectos negativos, revertirlos gradualmente y establecer los mecanismos de corto y largo plazos que generen inercias favorables que se arraiguen, permanezcan y se consoliden en la sociedad, asimismo se señala a la letra lo siguiente “... al ampliar el concepto de Seguridad Nacional en el diseño de las políticas públicas de nuestro país, se podrán atender problemáticas de naturaleza diversa a las estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana.”

Este documento de planeación refiere que además de cumplir con la obligación de restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, a través del combate a toda manifestación de violencia y delincuencia de alto impacto, el Gobierno de la República debe transitar hacia un modelo de Seguridad Nacional más amplio y de justicia e inclusión social, de combate a la pobreza, de educación con calidad, de prevención y atención de enfermedades, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, de promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como de seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación.

Quinta.Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 Una política multidimensional para México en el siglo XXI, es el documento rector de la política de Seguridad Nacional del Estado mexicano, donde se expresan las prioridades y la visión del Gobierno de la República en la materia, así como los objetivos estratégicos que la definen.

La cuarta sección de este documento, denominada Una agenda para el futuro: los retos del Estado mexicano en materia de Seguridad Nacional, identifica una serie de tendencias globales de mediano y largo plazos que pueden incidir sobre la estabilidad del Estado mexicano. Fenómenos que pueden tener un impacto real sobre la seguridad de la nación y la gobernabilidad del sistema internacional,tales como el cambio climático, el desarrollo de tecnologías emergentes o la manifestación de nuevas tendencias demográficas, sociales y ambientales que deben considerarse como parte de los posibles desafíos que México enfrentará en las próximas décadas.

En lo que respecta a losriesgos y amenazas para la Seguridad Nacional, en este documento se consideran los desastres naturales y pandemias a los que México es vulnerable en razón de la ubicación geográfica, condiciones geológicas y el impacto de fenómenos globales. En efecto, la ocurrencia de desastres de origen natural vinculados con las condiciones de sismicidad del país, la actividad volcánica y los fenómenos hidrometeorológicos, especialmente aquellos derivados del cambio climático, así como la exposición a escenarios de riesgo de carácter antropogénico, como los incendios forestales, los derrames químicos y las emergencias radiológicas, pueden tener un impacto directo sobre la seguridad de las instalaciones estratégicas, la cohesión social de las comunidades y la integridad física, el bienestar y el patrimonio de la ciudadanía.

Sexta. Por otra parte, se revisaron los informes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, mas en ellos solo se reportan actividades como la preparación de programas de trabajo, la elaboración del reglamento de la comisión, designación de funcionarios, revisión de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la participación en la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático, pero no así acciones concretas de avance en la lucha al cambio climático y que sean medibles y evaluables.

Se revisó el documento Logros 2015 del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, en este documento hay información de avances en mitigación y adaptación; sin embargo la información es escueta y no se precisan cada una de las acciones, de modo que la información pueda ubicarse adecuadamente.

No obstante que en los principales documentos que rigen la política de seguridad nacional ya se han considerado los riesgos que pueden derivarse del cambio climático, es una necesidad imperiosa que el gobierno en sus tres órdenes, tome medidas más decididas para llevar a cabo acciones de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que los efectos de este fenómeno reduzcan la vulnerabilidad de la población y resguarden la infraestructura estratégica del país.

Varios han sido los compromisos planteados en leyes y programas, sin embargo hace falta decisión en el actuar de los gobiernos de todos los órdenes. El tomar medidas en este sentido reducirá las amenazas que eventualmente pueden incidir en la seguridad nacional.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión de Cambio Climático sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

IV. Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas para que se impulsen y coordinen medidas más decididas para llevar a cabo acciones firmes de mitigación y se incorporen las previsiones necesarias para que se apliquen medidas de adaptación, sobre todo dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población y resguardar la infraestructura estratégica del país frente a los efectos del cambio climático, dando el seguimiento adecuado y plasmándolas en los informes que la legislación dispone y asumiendo que este fenómeno es una amenaza real a la seguridad nacional.

Notas:

1 Ver Curzio, Leonardo, La seguridad nacional de México y la relación con Estados Unidos, México, CISAN-UNAM, 2014, edición electrónica.

2 Diario Oficial de la Federación, México, 20de mayo de 2013.

3 Diario Oficial de la Federación, México, 30 de abril de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Cambio Climático, diputados: María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Javier Octavio Herrera (rúbrica), César Flores Sosa, Laura Mitzi Barrientos (rúbrica), Alex Le Barón González (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), Cesar Augusto Rendón García (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera, Patricia Elena Aceves Pastrana, Olga María Esquivel Hernández (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga, Mirza Flores Gómez (rúbrica en abstención), Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica).»

BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DE CUBA

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra la República de Cuba

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, en contra de la República de Cuba.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, 82 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 9 de febrero de 2016, los diputados Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron a consideración de esta Honorable Asamblea, la proposición con punto de acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

2. En esa misma fecha, la Proposición fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Relaciones Exteriores por la presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía.

Contenido de la proposición

El legislador proponente señala expresamente en sus consideraciones:

“El bloqueo económico ha tenido consecuencias funestas para Cuba. De acuerdo a los indicadores presentados por Cuba en la ONU, se concluye que el daño económico ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba, asciende a 933 mil 755 millones de dólares.

El año pasado, 191 estados miembros de la ONU fueron testigos, mediante su voto a favor, del proyecto de resolución cubano: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial, y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Aunque ya desde 1982, Estados Unidos reconoció el éxito de Cuba en la esfera de la salud en un informe que aseveró que el sistema de salud cubano era superior al de otros países en desarrollo y competía con el de muchos países desarrollados; pese a todas las limitaciones materiales a las que se ha enfrentado, no ha sido consecuente con ponerle fin a este bloqueo.

En la actualidad Cuba es vanguardia en diferentes campos y tiene convenio con 67 países en materia de salud, deporte, educación, etc. Más de 65 mil cooperantes cubanos laboran en 89 países, sobre todo en las esferas de la salud y la educación. Se han graduado en la isla 68 mil profesionales y técnicos de 157 países; de ellos, 30 mil de la salud. Las brigadas cubanas han brindado atención médica al pueblo haitiano desde 1998 y su trabajo en la erradicación del cólera, el ébola y otras epidemias ha sido calificado como heroico por la ONU.

Por lo que se refiere a avances significativos, Cuba se ha convertido en el único país de América Latina y el Caribe que no presenta el grave problema de la desnutrición infantil severa, de acuerdo con el reporte Progreso para la infancia, un balance sobre la nutrición publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).2

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló, en 2014, que Cuba se ha convertido en un referente de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, ya que es uno de los ocho países de la región que han logrado erradicar el hambre. Raúl Benítez, representante regional de la FAO enfatizó que la experiencia cubana es un repositorio valioso para los demás países de la región y para el resto del mundo, no sólo debido al saber técnico y político que implica, sino por algo más fundamental: demuestra que el hambre sí puede ser superada si un pueblo entero, una nación, sus ciudadanos y el gobierno deciden decir no más hambre.”3

El sistema de salud cubano es mundialmente reconocido por su excelencia y su eficiencia. A pesar de los recursos sumamente limitados y el impacto dramático causado por las sanciones económicas que impone Estados Unidos desde hace más de medio siglo, Cuba ha logrado universalizar el acceso a la salud a todas las categorías de la población y conseguir resultados similares a los de las naciones más desarrolladas. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, elogió el sistema de salud cubano y se declaró impresionada por los logros en este campo. Declarando que Cuba es el único país que he visto que tiene un sistema de salud estrechamente relacionado con la investigación y el desarrollo de un ciclo cerrado. Es esta la dirección correcta, porque la salud humana no puede mejorar si no es con la innovación. Deseamos fervientemente que todos los habitantes del planeta puedan tener acceso a servicios médicos de calidad, como en Cuba.4

Si bien en estos días ya ondea la bandera de las barras y las estrellas en el malecón de La Habana y la representación de Cuba ha abierto sus puertas en Washington, el bloqueo económico y las medidas restrictivas para la isla, permanecen casi intactas. El acercamiento de ambos gobiernos ha generado expectativas y cambios que se consolidarán gradualmente; sin embargo, el tema no ha sido bien visto por algunos miembros de la política estadunidense, como aquel 1961 cuando el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower cortó las relaciones diplomáticas con Cuba.

El presidente cubano, Raúl Castro ha señalado en diversos espacios que El establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización. No obstante, esta normalización no será posible mientras exista el bloqueo, mientras no se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base militar de Guantánamo, no cesen las transmisiones radiales y televisivas violatorias de las normas internacionales, no haya compensación justa a nuestro pueblo por los daños económicos y humanos que ha sufrido.5

Por su parte François Hollande durante una visita de Estado de Raúl Castro en Francia en Febrero de 2016, ha reiterado y exhortado a los EU acabar ya con el vestigio de la guerra fría sobre Cuba y terminar con embargo que pesa sobre la Isla.

Asimismo las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en Quito Ecuador, en el marco de la IV cumbre de la CELAC (Cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños) celebrada a principios de este año, han hecho manifiesta en su Declaración Especial IV: Poner fin al bloqueo Económico, Comercial, y Financiero contra Cuba, reafirmando su rechazo ante las medidas coercitivas sin ningún sustento en el Derecho Internacional.

Por lo anterior resulta necesario, indispensable e impostergable, manifestarse en contra del daño humanitario que representa el bloqueo y que es una clara violación a los derechos humanos del pueblo cubano. EE.UU. ya eliminó a Cuba de la lista de los países terroristas, ha reestablecido relaciones diplomáticas y sería congruente que termine con este bloqueo comercial, económico y financiero, que además es una exigencia de la comunidad internacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados con pleno respeto a los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución: i) Principio de autodeterminación de los pueblos; ii) La no intervención; iii) La solución pacífica de controversias constitucionales; iv) La proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales; v) La igualdad jurídica de los Estados; vi) La cooperación internacional para el desarrollo; vii) La lucha por la paz y la seguridad internacional, se pronuncia en contra del bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por EU en contra de la República de Cuba.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados solicita a la SRE exprese por los conductos diplomáticos correspondientes, nuestra petición al congreso de Estados Unidos de ponerle fin al bloqueo económico en contra de la República de Cuba y sea consecuente con el Proyecto de Resolución Cubano “Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, de la Asamblea General de la ONU de fecha 27 de octubre de 2015.”

Consideraciones

• Las relaciones diplomáticas de México con la República de Cuba han pasado por importantes momentos; por ejemplo, México fue el único país que se opuso a la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las sanciones impuestas por los Estados Unidos de América hacia Cuba cuando Fidel Castro ascendió al poder en la isla.

• México estrechó relaciones con Cuba, a pesar de que este país fue expulsado de la OEA, para mantener un margen de independencia frente a los Estados Unidos en cuestiones concernientes al ámbito multilateral.

• A pesar de que en ciertos momentos ha habido distanciamientos, las relaciones bilaterales comerciales entre México y Cuba se han mantenido activas.

• México, bajo el mandato del ex presidente, Felipe Calderón, condenó el bloqueo económico injustificado por parte de los Estados Unidos hacia Cuba, e hizo referencia a que dicho bloqueo implicaba una clara violación a la Carta de las Naciones Unidas.

• El gobierno de México reconoció, mediante un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de fecha del 17 de diciembre de 2015, el “sentido histórico” de la decisión adoptada por Cuba y Estados Unidos de normalizar sus relaciones diplomáticas. En el mismo sentido, el gobierno mexicano mostró su apoyo a la decisión de abrir embajadas en ambos países y celebró las medidas anunciadas en los ámbitos del diálogo político y la apertura comercial.

• La Asamblea General de la ONU ha aprobado en numerosas ocasiones, propuestas relativas al rechazo al embargo unilateral de Estados Unidos hacia Cuba. En octubre de 2015 se aprobó en la Asamblea General, por abrumadora mayoría, una resolución que condena el embargo a Cuba, medida a la que sólo Estados Unidos e Israel se opusieron. Las resoluciones de la Asamblea no son vinculantes y no puede obligarse a los países a que las adopten, sin embargo, la votación exhibe el aislamiento estadounidense con respecto al tema.

• La postura de México ha sido muy crítica con la medida estadounidense, principalmente en el apartado donde el embargo cubano establece sanciones a terceros países en caso establecer relaciones comerciales con la isla. En este sentido, la exhortación de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la condena diplomática hacia el embargo estadounidense, se apega fielmente a los principios de Política Exterior consagrados en la Constitución Mexicana. A saber, (Artículo 89, numeral X: I) Principio de autodeterminación de los pueblos; II) La no intervención; III) La solución pacífica de controversias constitucionales; IV) La proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales; V) La igualdad jurídica de los Estados; VI) La cooperación internacional para el desarrollo; VII) La lucha por la paz y la seguridad internacional.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, someten a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a los principios de política exterior, consagrados en nuestra Constitución, se pronuncia en contra del bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba. Esto de manera congruente con la posición tradicional del gobierno de México de rechazo a medidas unilaterales que contradicen el derecho internacional y el sustento de las relaciones entre los Estados.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados expresa una respetuosa petición al Congreso de los Estados Unidos de América, de ponerle fin al bloqueo económico en contra de la República de Cuba y a que sea consecuente con el Proyecto de Resolución Cubano “Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, de la Asamblea General de la ONU, de fecha 27 de octubre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica), presidente, María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), María Guadalupe Alcántara Rojas (rúbrica), Maricela Emilse Etcheverry (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica), Claudia Sofía García (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, Héctor Javier García Chávez (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), secretarios; Lilian Zepahua García, Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Francisco Escobedo Villegas, Salomón Majul González, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge, Patricia García García, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica).»

DESIGNE AL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y; 80 numeral 1, fracción VI, 180 y 182 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en fecha 11 de febrero de 2016, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 1) al presidente de la República a designar de manera urgente al director general de Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 2) al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a emitir la convocatoria para integrar esa comisión a los representantes de la sociedad civil.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.

III. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables procedió al análisis del asunto y elaboró el presente dictamen, que se aprueba con modificaciones, para hacer posible el exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal.

Contenido de la Proposición

La diputada proponente expone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es el organismo que coordina e impulsa acciones para asegurar el ejercicio pleno y goce de cada uno de los derechos de las personas con discapacidad... actualmente el Consejo se encuentra acéfalo al no contar con el nombramiento del director general, el cual, por ley deberá ser designado por el presidente de la República.

Después explica que diversas organizaciones civiles promovieron un amparo argumentando irregularidades en los trabajos desarrollados en la Junta de Gobierno, por lo que ante esta acción y bajo resolución de un juez, fue que el consejo quedo impedido para sesionar mientras se resuelve la problemática... Las organizaciones civiles puntualizaron que fueron excluidas en las sesiones de la Junta, y por consecuencia de las decisiones, por tal motivo promovieron dicho recurso con lo que se suspendió la actividad del Consejo.

Finalmente, exponen un exhorto con dos acuerdos:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Presidente de la República, a designar de manera urgente al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que emita la Convocatoria correspondiente de acuerdo a su Estatuto Orgánico, a fin de que se nombre e integre a la brevedad a las sesiones de esa Comisión a los representantes de la sociedad civil.

Consideraciones

1. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conadis, debe ser administrado por una Junta de Gobierno y por un Director General, según lo establece el artículo 43 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, LGIPD.

La Junta de Gobierno está integrada por 16 representantes, cinco de ellos son de la Asamblea Consultiva del Conadis, (artículo 44 de la LGIPD). La asamblea, que está integrada por 42 representantes, uno de cada entidad federativa y diez personas más entre académicos y representantes de organizaciones electos por un comité (artículo 53 de la LGIPD).

La Dirección General del Conadis actualmente se encuentra encabezada por la maestr. Marcela Cuen Garibi, quien sustituyó al licenciado Jesús Toledano Landeros, y ocupa la plaza como encargada de despacho. La actual titular fungía anteriormente como directora general adjunta del Conadis, encargada de la planeación; la designación de un nuevo titular o la ratificación de la encargada, corresponden al titular del Poder Ejecutivo federal (artículo 49 LGIPD).

2. La diputada proponente expone sin precisar qué en la actualidad existe un amparo por el que la Junta de Gobierno no puede sesionar. Empero, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables no tiene conocimiento de un juicio de esta naturaleza o del amparo que se refiere. La comisión únicamente encontró registro del juicio 2007/15 del Juzgado Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se concedió un amparo que suspende lo relativo a la elección de la Asamblea Consultiva.

La Asamblea Consultiva, que fue electa según la convocatoria emitida e impugnada en 2014 y está en suspensión por un juez, es la que debió elegir de entre sus miembros a cinco representantes que formarán parte de la Junta de Gobierno de Conadis, El proceso de elección de los representantes de las 32 entidades federativas y los representes académicos y especialistas, no ha podido cumplir con su cuota del consejo y no lo hará hasta resolverse el juicio que llevan las autoridades judiciales en materia administrativa.

En la actualidad el asunto se encuentra en revisión en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el expediente 48/16, que debe resolver el recurso de revisión que promovieron ambas partes con respecto al amparo concedido y que suspender la instalación de la Asamblea Consultiva.

Hasta donde es conocimiento de esta comisión, la Junta de Gobierno puede sesionar sin impedimentos, en tanto cubra los requisitos de contar con más de la mitad de sus miembros y tomar sus decisiones por mayoría de votos (artículo 48 LGIPD). En cambio, hasta no ser concluida la Litis arriba expuesta, no se podrá constituir la asamblea ni elegir a los miembros de la misma que se integrarán a la Junta de Gobierno.

3. Al no existir impedimento alguno para la designación del director general del Conadis, por tratarse de una facultad del titular del Poder Ejecutivo federal establecida en el artículo 49 de la LGIPD, que no tiene más requisito que los marcados en las tres fracciones de ese artículo, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables no encuentra justificación para posponer la designación de un titular de la Dirección General del Consejo y por tanto es oportuno y necesario exhortar al presidente de la República para que designe a este funcionario.

4. Toda vez que el proceso de elección de representantes de la Asamblea General se encuentra sub judice y este proceso judicial es responsabilidad del Poder Judicial de la federación, no es atinado exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como plantea la proponente.

Igualmente, no resulta preciso el exhorto a fin de emitir la convocatoria, toda vez que esta ya fue emitida en 2014 y es este instrumento el que dio a lugar al proceso electivo impugnado y suspendido por la autoridad y que debe resolver el Poder Judicial.

Por lo tanto, se considera que la Honorable Cámara de Diputados debe emitir exhorto únicamente en lo relativo a la responsabilidad del titular del Ejecutivo federal; que exhorte respetuosamente al presidente de la República a designar de manera urgente al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura, someten a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la República a designar de manera urgente al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2016.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Brenda Borunda Espinoza (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloisa Chavarrias Barajas (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco, María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y en virtud de que se ha reservado el dictamen enlistado con el número uno para su discusión, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los otros 32.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo, excepto el dictamen número uno. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados, comuníquense.

Y ahora tiene la palabra el diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del Grupo Parlamentario... A ver, éste es el que corresponde al número uno, ¿Pero el número uno no lo vamos a discutir, qué va a pasar con él? No se discute. Entonces, queda ése reservado para una posterior sesión. Bien.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL CULTIVO E INDUSTRIA DEL CAFÉ

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y pasamos ahora a tratar proposiciones de puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución. Y tiene la palabra, ahora sí, el diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de implementar medidas que contribuyan al desarrollo del cultivo e industria del café. Suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Adelante, diputado Carvallo.

El diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín:Gracias, diputado presidente. La industria cafetalera es fundamental para millones de mexicanos. Con presencia en cerca de 960 municipios de 13 estados de la República. La tercera parte de todos los municipios de México tienen producción de café.

Es muy importante, si me permiten, ponerlo en la perspectiva adecuada. Los cafetales sembrados cubren una superficie aproximada de mil 800 kilómetros cuadrados en el país, que equivalen a la superficie total de un estado como Aguascalientes o Colima. Más de la mitad de la superficie de Querétaro o cuatro veces la superficie de la Ciudad de México.

Los mexicanos que viven de la siembra y el beneficio del café son más de 5 millones, el equivalente a toda la población completa de Chiapas o de Nuevo León. A pesar de la crisis que vive este sector, todavía generan 897 millones de dólares de exportaciones al año. De ese tamaño es la importancia del café en México. Esta es la dimensión y la trascendencia del tema que nos ocupa.

Perdón por la insistencia, los desafíos y la prosperidad del café en México deben entenderse como una prioridad y emergencia de la agenda de desarrollo rural en nuestro país. Debemos asumir el respaldo a los cafetaleros desde una visión de Estado. Actuar con estrategias integrales, multisectoriales, concurrentes, comprometidas y efectivas.

Un servidor vive en un estado cafetalero. He estado en esas montañas, los he saludado, he convivido con ellos, los he visto a los ojos. Ellos han compartido la desesperación de ver cómo su forma de vida, su cultura y el patrimonio de sus hijos se ha visto amenazado.

Me han dicho que en las últimas tres cosechas su producción ha bajado desde un 40 por ciento hasta un 70 por ciento, resultado de causas naturales. También de factores humanos y el cambio climático que alienta a un hongo llamado roya, pero además por quienes acaparan el mercado y manipulan los precios.

Sobre todo, es resultado de que falta una adecuada atención a sus problemas que, como dije, nos deberían preocupar y ocupar a todos. Ellos viven todos los días el drama de quien enfrenta un problema y se siente, se asume, se sabe solo. Ellos entienden lo que nos toca entender ahora a nosotros, que si las cosas siguen como van, será la última generación de cafetaleros.

Esta tribuna parlamentaria de la actual legislatura el año pasado aprobó esta soberanía puntos de acuerdo para atender con carácter de emergencia la plaga de la roya, pero tenemos que ir aún más allá. El año pasado concurrimos a una reunión para evaluar, para analizar esta situación que nos afecta a todos.

Y quiero saludar desde esta tribuna, desde la máxima tribuna de la nación, a los productores cafetaleros que hoy nos acompañan, de la CNC, de la CNPR, independientes y sistema productor. A ellos les debemos esta lucha.

Quiero continuar diciendo, que llegamos a una serie de conclusiones. Conclusiones frías, maduras, lúcidas, sin pasiones, sin afectos ni dogmas, sin banderas políticas ni agenda electorera. La síntesis de la coincidencia que llegamos todos los grupos parlamentarios en este Congreso, junto con todos los productores es impulsar la producción de planta en viveros tecnificados y debidamente certificados.

Adquirir planta para renovación de cafetales, hoy más que nunca requerimos acompañamiento técnico, incentivos económicos, paquetes tecnológicos subsidiados, infraestructura y equipamiento, generación de un padrón nacional cafetalero con nuevos indicadores y obviamente retomar la vinculación y participación de México en organismos de cooperación técnica internacional como es Promecafe.

Por lo mismo y para cerrar, estimados diputados y diputadas, exhortamos al gobierno federal a dar firme cumplimiento y seguimiento a la declaratoria de emergencia propuesta por esta soberanía al combate de la roya.

Proponemos implementar de manera urgente, una cruzada nacional interinstitucional y trasversal en favor de la cafeticultura, que se constituya el Consejo Nacional de Políticas Públicas.

Y para cerrar, estimados compañeros, con la importancia que representa el café, lo que hace falta es una política pública bien instrumentada. Vamos a caminar juntos con los productores. Estamos a tiempo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar medidas tendentes a desarrollar el cultivo y la industria del café, a cargo del diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, diputados Jorge Alejandro Carvallo Delfín, German Escobar Manjarrez, Noemí Zoila Guzmán Lagunés, Iveth Bernal Cabrera, José Hugo Cabrera Ruiz, Julián Nazar Morales, Felipe Cervera Hernández, Francisco Escobedo Villegas, Óscar García Barrón, Alex Le Barón González, Édgar Melhem Salinas, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Evelio Plata Inzunza, Francisco Javier Santillán Oceguera, Marco Antonio Aguilar Yunes, Sofía del Sagrario de León Maza, Adolfo Mota Hernández, Cirilo Vázquez Parissi, Lilian Zepahua García, integrantes del Grupo Parlamentario de PRI; Mariana Arámbula Meléndez, Exaltación Ceceña González, Eloísa Chavarrias Barajas, Adriana Elizarraraz Sandoval, Gerardo Federico Salas Díaz, Rafael Valenzuela Armas, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN; Natalia Karina Barón Ortiz, Fernando Galván Martínez, José Guadalupe Hernández Alcalá, Felipe Reyes Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD; Leonardo Rafael Guiaro Aguilar, Édgar Spinoso Carrera, Miguel Ángel Sedas Castro, Omar Noé Bernardino Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM; Miguel Alva y Alva, Blandina Ramos Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena; Daniel Adrián Sosa Carpio, integrante del Grupo Parlamentario MC; Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El café es una de las materias primas más importantes a las que se les da seguimiento en la economía mundial, teniendo su producción un alto valor económico y social, además la actividad desempeña un papel ambiental importante, ya que su producción se da bajo sistemas que mantienen una cubierta vegetal casi permanente sobre el suelo, reduciendo así los problemas de erosión. A nivel internacional, México ha ocupado el quinto lugar como productor de café, sólo después de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam, así como el primer lugar en producción de café orgánico.

Sin embargo, algunas organizaciones de productores mexicanos han manifestado que en los últimos años se han presentado caídas económicas de hasta 30 por ciento en su producción, debido al atraso en la entrega de apoyos, falta de rentabilidad para el productor y bajas cotizaciones, además de que algunas empresas internacionales lo han bursatilizado, lo que vuelve inestable el precio del café, llevándonos a ser el sexto productor a nivel internacional.

Su producción nacional tiene una gran importancia, se siembra en 680 mil hectáreas, participando 486 mil 339 jefes de familias, arrojando una producción promedio de 4.7 millones de sacos de 60 kilogramos; generando 4.5 millones de empleos, produciéndose en 960 municipios de 13 estados, entre los que se encuentran Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco y México, generando además 897 millones de dólares por año en exportaciones, puesto que es el principal productor de café orgánico del mundo, destinando a esta producción, 10 por ciento de la superficie sembrada a nivel nacional, vinculándose directa e indirectamente a cerca de más de 3 millones de personas; lo que en conjunto, en el mercado nacional, compone un valor de 20 mil millones de pesos por año.

Cabe hacer mención, que 84 por ciento de la producción nacional se encuentra en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, en tal virtud, el estado de Veracruz tiene el segundo lugar como productor a nivel nacional, llegando a producir más de un millón 200 mil quintales de café, aunque la crisis ha hecho que baje a 850 mil, de los que 100 mil son orgánicos, cifra menor de la que se producen en Chiapas y Oaxaca, sin embargo dicha producción se encuentra sumergida en una crisis en la que los grandes acaparadores y empresarios son los únicos beneficiados y los pequeños cafeticultores son quienes viven en la pobreza, siendo éstos los que se quejan de que la producción del café ya no es negocio y está en un momento crítico, por lo cual los especialistas sostienen que no se le ha dado la importancia estratégica y el valor agregado que el producto demanda, cuya producción ha bajado en más de 40 por ciento.

Cualquier política de fomento al café debe estar imperiosamente vinculada a una política pública que retome las formas de organización, las necesidades y preocupaciones de los productores; ya que representa el sostén de muchas familias y para los productores simboliza la inversión de toda su vida, lo que les pone en una situación igualmente vulnerable.

En las últimas tres cosechas, que abarcan de 2012 a 2015, el sector cafetalero se ha enfrentado a una severa crisis atípica por la roya del café, considerándose como una prueba de los próximos desafíos del sector, actuando como una advertencia para el país, ya que se deberán implementar acciones urgentes que ayuden a su salvación, y, al mismo tiempo, proporciona áreas de oportunidad para corregir estas debilidades; además representa un problema multicausal, aunado al cambio climático, adaptación y mayor virulencia del hongo, plantaciones viejas, falta de inversión en el estudio científico de nuevos métodos de mejoramiento, descuido y falta de manejo de las plantaciones, descapitalización crónica de los productores, entre otros factores que aumentan la crisis de mérito.

Es importante recordar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha destinado durante los últimos dos años un presupuesto anual de 700 millones de pesos, esto representa 15 por ciento del valor de la producción del café en verde en el país, cuyo impacto es muy limitado, aunado a que durante casi tres décadas hemos carecido de una estrategia y un diseño institucional estable, aunado a que dicha secretaría reconoce que cambiar las plantas existentes por variedades mejoradas y resistentes demanda un costo millonario, lo cual hace inviable esta alternativa, por lo que se deben implementar políticas públicas adecuadas de fondo, que lleven a un modelo de desarrollo del café sustentable.

Derivado de lo anterior, debe entenderse que el consumo y la producción sostenibles, consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficacia energética, así como infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, llevando a una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales, aumentando la competitividad económica y reduciendo la pobreza, lo que trae como resultado políticas publicas sostenibles y sustentables, que sólo requieran de su implementación y seguimiento constante, saneándose a sí mismas.

De igual forma, desarrollar e implementar por medio de una reingeniería administrativa, políticas públicas interinstitucionales y transversales, que ayuden y, en su caso, provoquen la transferencia de tecnología agrícola a los cafeticultores y además, se esté en posibilidades de proporcionarles apoyos económicos emergentes e indirectos a los productores del café.

No omito mencionar que el 24 de septiembre de 2015, los diputados Javier Octavio Herrera Borunda, Miguel Ángel Sedas Castro y Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron proposición con punto de acuerdo relativo a la implementación de acciones en beneficio de la cafeticultura para declarar zonas de emergencia de los estados afectados por la plaga de la roya, misma que fuera aprobada por el pleno de la Cámara el 1 de diciembre del 2015.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRD, representado por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Juan Fernando Rubio Quiroz, presentaron un punto de acuerdo para establecer un programa de apoyo a los cafetaleros afectados por la plaga de la roya del café, aprobado el 6 de octubre de 2015.

Asimismo el 15 de diciembre del año pasado, la Vicecoordinación de Enlace con los Gobiernos Locales del Grupo Parlamentario del PRI, llevó a cabo mesa de trabajo de alto nivel para combatir el problema de la cafeticultura y la roya con la Sagarpa, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (Cofupro); las Empresas Biocorder y Cultivos Veracruzanos In Vitro; participando la líder nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), el presidente de la Unión Nacional de Productores de Café, CNC, el presidente nacional de Productores de Café, CNPR, y el representante del Consejo Estatal de Veracruz, entre otras organizaciones de productores; con la finalidad de emitir una declaratoria de emergencia a la problemática que nos ocupa, para detener la caída de la producción de café, obteniéndose los siguientes planteamientos y propuestas:

1. Impulsar la producción de planta en viveros tecnificados y certificados: consistenteen producir plantas de café de alta calidad a un precio menor al que hay en el mercado, mediante la instalación y adaptación de viveros tecnológicos regionales (automatizados y con control de nutrientes), para la producción de plantas de café resistentes a la plaga de la roya y nematodos. Con esto se busca reducir afectaciones, aumentar la producción y productividad, por lo que para su desarrollo se requiere la vinculación con los productores, instituciones de investigación (públicas y privadas), municipios, estados y federación, a fin de promover la transferencia tecnológica, fortalecer la capacitación y ampliar las medidas de prevención de plagas y enfermedades.

2. Adquisición de planta para renovación de cafetales: sustituir plantas de bajo rendimiento por plantas de café resistentes a la enfermedad de la roya y de nematodos por medio de un plan nacional, lo que conduciría a incrementar la densidad de plantas propiciando estructuras productivas con más de 50 por ciento de tejidos sanos.

3. Acompañamiento técnico: crear una red de extensionistas en toda la cadena de desarrollo de la cafeticultura; capacitación a productores en el manejo de las plantaciones, elaboración de abonos, organización y administración; formación de grupos de experimentación e innovación; implementación de un programa de asistencia técnica permanente y continua. Proponiendo que los recursos federales sean coordinados y articulados a través de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (Cofupro) y vinculándose con las instituciones académicas públicas y privadas de investigación, las cuales serían las responsables de organizar y coordinar el servicio de acompañamiento técnico y extensión en el nivel local.

4. Incentivos económicos:implementar programas de empleo temporal para los 13 estados productores, con una política pública transversal, interinstitucional, sustentable y sostenible, de toda la administración pública, incorporando a los tres niveles de gobierno, productores y sociedad, para el combate a la pobreza, fomentando la producción de cafés diferenciados por calidad y propiciar incentivos a la productividad, desarrollo de proyectos económicos viables para que se incrementen y, en su caso, se reactiven las oportunidades de actividad económica de los productores de café.

Impulsar mediante incentivos adicionales a los apoyos, proyectos económicos con grupos como ejecutores de los mismos, que respondan a sus demandas e impacten significativamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida, sin afectar el medio ambiente, su cultura y sus derechos.

Promover la articulación con otros programas sociales que permitan diversificar la actividad económica cafetalera, para que los productores cuenten con ingresos económicos adicionales durante el proceso de renovación, y de acuerdo a su estrato productivo y de superficie disponible, así como con instituciones sociales y privadas que permitan sumar esfuerzos y recursos económicos, técnicos y humanos con el mismo fin.

Se propone apoyar la adquisición de instrumentos y herramientas tecnológicas a precios accesibles, de monitoreo y detección de agentes patógenos de fácil uso por los productores, para facilitar la transferencia tecnológica en las parcelas, como el propuesto por Biocorder

5. Paquetes tecnológicos:que sean subsidiados, adecuados y enfocados a las características propias de cada región y sistema de producción, que contengan insumos, previo análisis de suelo y diagnóstico de problema fitosanitario, a atender. (Fertilizantes químicos y orgánicos, fungicidas de contacto y sistémicos, utilización de microorganismos benéficos entre otros).

Promover que los desarrollos científicos y/o tecnológicos que se encuentren en las instituciones de educación superior, centros de investigación del sector público o privado, incluyendo los promovidos por investigadores independientes, puedan integrarse a paquetes tecnológicos por regiones cafetaleras, que faciliten su distribución comercial, ya sea a través de transferencia tecnológica o implementación en un proceso productivo.

6. Infraestructura y equipamiento: las instalaciones de beneficiado húmedo y seco, pueden considerarse suficientes, a partir de las capacidades totales en las regiones y estados. Sin embargo, existen dificultades de obsolescencia de equipos, distribución de los beneficios y tipo de propiedad de los mismos. Apoyar el mantenimiento de beneficios húmedos y secos para evitar el deterioro de infraestructura.

Generación, promoción y difusión de la tecnología de beneficiado, control de calidad y transformación final, para reducir la importación de equipo, sobre todo hacia las etapas finales de la cadena productiva, debiendo contar con un directorio de proveedores de insumos de bajo impacto ambiental.

Realizar convenios de abasto con las casas comerciales y los cafeticultores, o bien de estrategias y empresas de los grupos y organizaciones, para disponer de volúmenes, calidad y precios competitivos de insumos orgánicos o biológicos, y semilla de calidad.

Disponer de equipo y maquinaria de nueva adquisición, para la producción (chapeadoras-desbrozadoras, bombas motorizadas, barrenos cava-hoyos motorizados, motosierras, malacate, aperos de labranza, entre otros) y transformación primarias.

Se requiere de infraestructura de apoyo en el proceso de transformación primaria, caminos saca cosecha, centros de acopio, transporte y bodegas entre otros, así como capacidades diferentes para dar valor agregado al producto, requiriendo un diagnóstico agroindustrial para determinar la capacidad instalada y ubicación de la infraestructura de transformación e industrialización en cada estado, a través de incentivos para la transformación del producto.

7. Generación de un padrón nacional cafetalero nuevo y sistema integral de indicadores:el censo de productores, al igual que en otros cultivos perennes, busca lograr mayor certeza y transparencia en la canalización de los apoyos a los productores registrados. El registro de comercialización y folio por productor, son medidas que complementan el padrón nacional, con importancia en la operación anual de los apoyos.

Ante la ausencia de indicadores confiables es necesario el análisis estructural de la cadena y generación de una base confiable de registro e información del sector con acceso de todos los actores a través de internet, padrón de productores depurado, confiable y actualizado y criterios técnicos de plantaciones, padrón de organizaciones presentes en la cadena, comercializadores, industrializadores y exportadores, crear un departamento de información en el sector.

Generar y actualizar información de manera confiable de toda la cadena que permita proporcionarle seguimiento oportuno a la aplicación de los programas y proyectos. Asimismo, permita disponer de información actualizada del comportamiento de las condiciones climáticas, producción, transformación primaria, industria final, mercado, consumo, comercialización y situaciones sociales en las regiones cafetaleras.

8. Retomar la vinculación y participación de México en organismos de cooperación técnica regional como el Promecafe. Pese a ser uno de los países fundadores del Promecafe, desde la desaparición del Instituto Mexicano del Café, nuestro país suspendió su participación en dicho organismo dejando de lado la posibilidad de coordinar acciones conjuntas con los países de la región para atacar problemas técnicos comunes y generar desarrollo tecnológico en la materia.

Así, mientras países como Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, entre otros, por conducto de sus organismos cafetaleros han implementado importantes acciones en materia de combate a la roya del cafeto y mejoramiento genético, en México padecemos la infestación de dicha enfermedad y no contamos con suficiencia de semilla para atender las necesidades de plantas para renovación.

Es indispensable que la Sagarpa retome los procesos necesarios para que nuestro país se integre a este tipo de organismos y vincule sus actividades de investigación técnica en beneficio de los productores.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Con carácter de obvia y urgente resolución, los siguientes:

Primero.La Honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación dé seguimiento y cumplimiento al exhorto de fecha 1 de diciembre del año pasado aprobado por esta soberanía, a la Declaración de Emergencia al Combate a la Enfermedad de la Roya que afecta a la cafeticultura nacional.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar una cruzada nacional interinstitucional y transversal a favor de la cafeticultura en México. A través de medidas de apoyo en las actividades a desarrollar con el Programa de Empleo Temporal, para las actividades de infraestructura en el mejoramiento de caminos rurales y demás actividades inherentes al control y erradicación de las enfermedades que atañen a este cultivo, que fomenten la actividad económica de las regiones cafetaleras, a través de las siguientes vertientes propuestas 1. Impulsar la producción de planta en viveros tecnificados y certificados. 2. Adquisición de planta para renovación de cafetales. 3. Acompañamiento técnico. 4. Incentivos económicos: implementando programas de empleo temporal. 5. Impulsar incentivos adicionales a los apoyos, proyectos económicos. 6. Paquetes tecnológicos. 7. Infraestructura y equipamiento. 8. Generación de un padrón nacional cafetalero nuevo y sistema integral de indicadores. 9. Retomar la vinculación y participación de México en organismos de cooperación técnica regional como el Promecafe.

Tercero.La Honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a quese constituya el Consejo Nacional de Políticas Públicas para el Desarrollo del Café, con el objetivo de disminuir los índices de pobreza de sus productores, así como constituirlo en los 13 estados productores.

Cuarto.La Honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar proyectos integrales y diversificación de cultivos (con productos no tradicionales, hortalizas, plantas de ornato, especias, medicinales y nutricionales, entre otros), que incentiven el ingreso comunitario, sobre todo entre las familias y jornaleros cafetaleros, que inicien esquemas de renovación de cafetales con variedades tolerantes a la enfermedad de la roya.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Jorge Alejandro Carvallo Delfín,Adolfo Mota Hernández, Adriana Elizarraraz Sandoval, Alex Le Barón González, Ángel García Yáñez, Blandina Ramos Ramírez, Cirilo Vázquez Parissi, Édgar Melhem Salinas, Édgar Spinoso Carrera, Eloísa Chavarrias Barajas, Evelio Inzunza Plata, Exaltación Ceceña González, Felipe Reyes Álvarez, Fernando Galván Martínez, Francisco Escobedo Villegas, Francisco Javier Santillán Oceguera, German Escobar Manjarrez, Iveth Bernal Casique, José Guadalupe Hernández Alcalá, José Hugo Cabrera Ruiz, Julián Nazar Morales, Leonardo Rafael Guiaro Aguilar, Lilian Zepahua García, Marco Antonio Aguilar Yunes, Mariana Arámbula Méndez, Miguel Alva y Alva, Miguel Ángel Sedas Castro, Natalia Karina Barón Ortiz, Noemí Zoila Guzmán Lagunés (rúbrica). Omar Noé Bernardino Vargas, Óscar García Barrón, Rafael Valenzuela Armas, Sofía del Sagrario de León Maza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Carvallo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución. Y para hablar sobre el tema ya tenemos integrada una lista de diputadas y diputados de sus respectivos grupos parlamentarios.

Antes saludamos la presencia de representantes de uniones y coordinadores nacionales y estatales de productores de café de la República Mexicana, invitados por el diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín. Bienvenidos amigos, amigas que están aquí presentes en San Lázaro.

Tiene ahora la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Efectivamente consideramos importante, amigas diputadas y diputados, es un tema esencial. Para nosotros la siembra de café, la comercialización del café, la generación de riqueza de parte del café en estas etapas, es sumamente esencial, no solamente en Veracruz. Hay estados como: Chiapas, Oaxaca, Puebla, el 84 por ciento de su producción está en esas entidades federativas.

Para el Partido Encuentro Social y para mis amigos que nos acompañan aquí amablemente, invitados por el diputado Carvallo, es esencial estar con ustedes solidarios. Reconocemos la urgencia de implementar una política pública que vaya diseñada a implementar el estímulo económico, lo técnico, para poder ustedes con sus familias, enriquecer la mano de obra y la generación de empleos. Reconocemos como Partido Encuentro Social la oportunidad que nos da este punto de acuerdo de urgente resolución de cumplir un mandato ético moral, apoyar todo aquello que venga a fortalecer las economías de las familias.

Para nosotros es importante el concepto de familia, principios, valores, y esas acciones tienen que ver, precisamente, para el fortalecimiento de ustedes. Tienen familia, dependen de ustedes, y el café es un producto, que si lo sabemos impulsar como país, como en décadas pasadas, podemos generar un bienestar familiar, un impacto social en la generación de empleos y, por supuesto, una sustentabilidad en el manejo técnico de esta producción.

También quiero resaltar a ustedes que en esta agenda de desarrollo tenemos prioridades no solamente sustentables. Tenemos prioridades de impulsar la producción de plantas en viveros tecnificados y certificados. Creo que ahí está una demanda, la conocemos, la estamos atendiendo y nos estamos solidarizando con este gran gremio que reconocemos en Chiapas, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, son esenciales, es un segmento de la economía, es un segmento de la sociedad que tenemos que atender. Va por ustedes, va por la sociedad, va por el café a favor. Muchas gracias, muy amables.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Ángel García Yáñez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, para México la producción del café representa una actividad estratégica que lo sitúa como en el sexto lugar mundial en la producción del grano, después de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam; y el primer lugar en producción de café orgánico.

La cafeticultura es una industria de la que dependen directamente o indirectamente más de 3 millones de mexicanos entre productores, jornaleros, obreros de industrias, empleados de cafeterías y participantes en la comercialización, así como sus familias.

Desafortunadamente esta industria que genera alrededor de 897 millones de dólares por año en exportaciones, atraviesa una grave crisis derivada del brote de la roya, que ha golpeado los plantíos desde al menos tres ciclos, además de los problemas que padecen los productores por la falta de rentabilidad, la tardanza de la entrega de apoyos y la inestabilidad de los precisos. Todo ello ha generado pérdidas que representan el 30 por ciento de la producción, aunado a un desplome de las exportaciones y por consiguiente la entrada de divisas.

En Nueva Alianza somos sensibles ante los problemas de la población y entendemos la importancia de implementar acciones concretas para frenar el deterioro de este importante sector.

Con el firme compromiso de legislar a favor de los grupos en estado de vulnerabilidad votaremos a favor de este punto de acuerdo, que en primer lugar busca que se implementen las disposiciones aprobadas ya por esta Cámara en apoyo a la caficultura nacional.

Porque no es tema nuevo lo hemos abordado desde diferentes aspectos, en al menos tres ocasiones, que derivado de importantes resolutivos que permitan sumar esfuerzos técnicos, económicos y humanos, a fin de reimpulsar al sector del que estamos hablando.

Un sector que en el mercado nacional compone un valor de 20 mil millones de pesos por año al producir un promedio de 4.7 millones de sacos de 60 kilogramos de grano de café, sembrados en 680 mil hectáreas de tierra, con la participación de casi medio millón de hombres y mujeres, jefes, jefas de familia; y que además es el principal productor de café orgánico del mundo, desempeñando un papel ambiental mucho muy importante.

Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Colima, Jalisco, Tabasco, estado de México y una parte del estado de Morelos son los 14 estados donde se produce café y donde esta actividad es un elemento fundamental en sus economías locales.

En Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de atacar este problema de manera integral, a fin de que cualquier política de fomento al sector cafetalero esté posteriormente vinculada en una política pública que retome las necesidades y preocupaciones de los productores.

De ahí la importancia de constituir un consejo nacional de políticas públicas para el desarrollo del café, a fin de que se implementen de manera institucional y transversalmente los mecanismos que permitan a los caficultores superar esta crisis.

La importancia económica y social que la Cafeticultura para México tiene exige actuar de inmediato y sin más demoras. Dejemos los discursos y demos paso a los hechos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Tiene ahora la palabra el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Con la venia, señor presidente. Dos de las metas del Programa Nacional de Desarrollo 2012-2018 son las de un México Incluyente y la otra denominada México Próspero.

La primera meta, un México Incluyente, tiene como objetivo promover una mayor productividad mediante las políticas que faciliten un uso social y económicamente óptimo del territorio nacional. Además, impulsar programas que otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades sustentables y competitivas, con una línea de acción denominada eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país.

La otra meta, de México Próspero, que busca al menos, así queda plasmado en el papel, eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país y construir un sector agropecuario y pesquero productivo, que garantice la seguridad alimentaria del país. Pero me queda claro que este plan no se está tomando en cuenta y el punto de acuerdo que estamos hoy discutiendo es muestra de ello.

Este sector, el cafetalero, no es ajeno al abandono en el que está inmerso el campo mexicano. Las consideraciones vertidas en la proposición respaldan mi dicho, lamento que este sea el segundo llamado al Ejecutivo federal para atender la industria cafetalera del país.

No es la primera vez que desde esta tribuna se detalla la falta de apoyos al campo, sólo les recuerdo que el tema no es menor, la seguridad agroalimentaria contempla la autosuficiencia alimentaria, y el café es uno de los productos que más se consumen en nuestro país. Y no es solamente la autosuficiencia alimentaria lo que está en riesgo, es la subsistencia de compatriotas que tienen la noble labor de producir los alimentos que consumen nuestras familias.

Imploro a la sensibilidad de ustedes, compañeras y compañeros legisladores para aprobar este punto de acuerdo, pero invoco más a la sensibilidad de las autoridades encargadas de la política agroalimentaria en nuestro país.

Celebro escuchar en los medios de comunicación las acciones que realiza la autoridad para garantizar nuestra soberanía alimentaria, por aquellas amenazas provenientes del exterior, pero tenemos grandes amenazas al interior.

Es prudente y urgente promover apoyo para desarrollar un programa de empleo temporal, llevar a cabo el mejoramiento de caminos rurales y demás actividades inherentes al control y erradicación de las enfermedades que atañen al cultivo del café y, con ello, fomentar la actividad económica en las zonas cafetaleras.

Respaldo el posicionamiento para impulsar la producción de planta en viveros tecnificados y certificados, de adquisición de planta para la renovación de cafetales, el acompañamiento técnico a nuestros campesinos, además del otorgamiento de incentivos económicos, paquetes tecnológicos y la modernización de la infraestructura y el equipamiento del sector.

Nuestro voto, como ya ha quedado de manifiesto, será a favor de la presente propuesta, pero les pediría, compañeras y compañeros diputados, recordar que a fin de año nuevamente estaremos aprobando un Presupuesto de Egresos, en el que debemos reflejar nuestra sensibilidad con el campo, asignando mayores recursos que atiendan las carencias que no hemos podido abatir.

Necesitamos que el dinero que va a llegar para los cafetaleros, por favor, no se lo roben y no quede en manos de la corrupción. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Zamora. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Miguel Alva y Alva:Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras diputadas y diputados, el acuerdo que está por aprobarse deberá significar un impulso verdadero para las familias que dependen de la producción de café nacional, pero también deberá significar mejoras en los costos y la calidad de la oferta para millones de mexicanos consumidores de café.

El café es uno de los productos que tienen una penetración en la dieta diaria de millones de mexicanos, desde la frontera con los Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala y de las costas del Pacífico hasta el Golfo de México.

Más aún, el café ha logrado un prestigio debido a sus cualidades aromáticas, de cuerpo, de sabor, textura y nutrimentales, que le han hecho merecedor de los más altos reconocimientos a nivel internacional.

Es también un producto que por sus niveles de consumo puede encontrarse en las más variadas dietas de las familias, de todos los deciles económicos de nuestra realidad nacional. Sin embargo, dos hechos son de llamar la atención.

El primero, es que a pesar de su gran aceptación, sus altos niveles de consumo, su ramificación en mercados especializados y el sinfín de reconocimientos, especialmente el de ser una de las bebidas predilectas de los mexicanos, pese a todo ello, quienes se dedican a la producción de café, ven hoy con mucha dificultad que la producción de tan notable producto le sea redituable, rentable para su subsistencia.

Es bien sabido que en estos días quienes se dedican a la producción en el campo hacen un gran esfuerzo, no sólo físico, como lo demandan las tareas propias, sino también económico, invirtiendo buena parte de sus recursos para llevar a cabo la muy respetable labor de la agricultura.

En el contexto internacional, la bursatilización de los productos del campo y los insumos para la producción han encarecido el acceso a los productos básicos, como semillas, fertilizantes y energéticos para la producción.

Lo anterior se ha agravado debido a la falta de políticas públicas en el ámbito interno, cada vez se cierra más la lleve de los créditos, apoyos y subsidios para la producción, especialmente para los pequeños productores y en quienes lo hacen desde esquemas de agricultura familiar. El poder monopólico y monopsónico de Nestlé que cierra los canales de comercialización y distribución que afecta tanto a productores y consumidores.

De igual manera y como lo decía la consideración y es el mismo acuerdo, han sido insuficientes, prácticamente inexistentes, las acciones llevadas a cabo para combatir la plaga de la roya que afecta el cultivo del café, así como los programas de renovación de plantas para una mejor producción.

El presente es ya el segundo exhorto que se envía al Ejecutivo federal y esperamos, de verdad, que los productores no se queden soñando el sueño de los justos, a la espera de que Sagarpa especialmente atienda a la población, que es su objeto y razón de ser.

Le debemos mucho a quienes ponen sus manos en la tierra para llevar alimentos y, como en este caso, bebidas que forman parte de la dieta de nuestras familias. Le debemos mucho a los cafeticultores, apoyemos este acuerdo y no quitemos el dedo del renglón, en lo sucesivo mantengamos un respaldo y protección a los productores nacionales, que desde ya y a largo plazo significará la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía alimentaria que al pueblo de México tanto le hace falta. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Alva. Tiene el uso, hasta por tres minutos, de la palabra, el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista Mexicano.

El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar:Con su anuencia, presidente. Medio millón, 500 mil familias son las que dependen, las que cifran sus esperanzas en el desarrollo del café. Las que luchan y se arrastran y tienen la esperanza de un futuro mejor.

Doce estados de la República Mexicana. No estoy en contra del gobierno pero estoy a favor del pueblo cafetalero porque soy hijo del café.

Mencionarles que en Chiapas el primer generador de divisas es precisamente el café. Y que teníamos el primer lugar en producción de café orgánico, pero con el flagelo de la roya naranja, a pesar de variedades resistentes como es la gárnica y el cátimo, el desplome es de hasta un 80 por ciento.

Hago un llamado a la conciencia. Sé que la soberanía alimentaria y la grandeza del pueblo mexicano no solo versa en diferentes producciones y no solo en el café, sino que está sustentada en nuestra gente campesina.

Que en mi estado, del millón 423 mil indígenas, un millón indígenas, un millón 300 mil viven del café, y que nada más tienen una hectárea el 99 por ciento, y que su producción anteriormente, como un ejemplo, era de 20 bultos de café y ahora se desplomó hasta dos.

Que están sufriendo y están sufriendo mucho. Que existieron diferentes condiciones o causas de los levantamientos armados como el EZLN, pero una que incidió fue el desplome del café y las esperanzas de desarrollo de los pueblos indígenas de Chiapas.

Que no solo es la roya del café sino que son muchas las problemáticas inherentes que amenazan el derrumbe y el desplome del café. Que viene también, porque lo he leído, lo del Tratado de Transpacífico, en donde incurren y suscriben ese convenio o ese tratado países como Vietnam, que son segundos productores a nivel mundial y que nos dejan en serias desventajas.

Que es necesaria la tecnificación de los viveros, la rehabilitación de los cafetales, la asesoría técnica, pero el financiamiento que tanto se le ha pedido al gobierno federal. Que tal vez nosotros no lo veamos, como legisladores, y que esta encomienda será para las próximas generaciones venideras de legisladores.

Pero en 2018 hagamos un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que el Ejecutivo tienda a bien dentro del Plan Nacional de Desarrollo etiquetar, no como recurso extraordinario, un recurso que no solo pueda paliar sino enfrentar la problemática de una vez por toda de esta nación mexicana, en donde están implícitos los sueños, las esperanzas de más de medio millón de familias.

Les manifiesto que hay canales diferentes de contraataque para paliar lo del café, pero que es un patrimonio cultural, que es general, que es herencia ancestral y que el PH del suelo no da lugar y margen a la producción de otros cultivos.

Y me despido manifestándoles como comparación lírica que nos pongamos a pensar y a reflexionar que son tiempos de cambios, cambios que deben significar progreso, un progreso basado en la unión, pero una unión con conciencia mexicana.

¿Qué es un hecho? El café tiene aparejada la ejecución y está concatenado. Y eso no solo es una comparación lírica, que nosotros los mexicanos somos los hombres de bronce del café, que la tierra es color café y que nuestro Escudo nacional, véanlo bien, es de un glorioso color café.

Y va más allá, que nuestra bandera, que la mata del café que forma parte de la biodiversidad. Y el verde es vida, y sin vida no hay legisladores. Y no hablo por el Partido Verde. Que la planta es verde, que los frutos son rojos cuando se cosechan y que las flores son blancas.

Y me despido con esto. No es que el café me produzca insomnio, lo que pasa es que me hace soñar despierto. Y la peor pesadilla es la roya que aniquila los sueños de mi pueblo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Guirao.

Esta Presidencia le da la más calurosa bienvenida al presidente municipal de Chicomuselo, Chiapas, invitado por el diputado José Ignacio Avendaño Bermúdez, del Partido Verde Ecologista. Sea usted bienvenido.

Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz:Con su permiso, diputado presidente. Estimadas diputadas y diputados. El llamado de los cafetaleros que han estado solicitando el apoyo oficial se viene escuchando, cuando menos desde octubre de 2012, fecha en la cual se detectó la agresividad de una nueva variedad de roya del café, que subiendo desde Centroamérica hacia los estados del sur sureste del país, venía arrasando con los cafetales, incluso arriba de los mil metros de altura, algo completamente atípico.

Desde que la crisis se hizo patente, esta honorable Cámara de Diputados, a iniciativa de diversos grupos parlamentarios ha realizado no menos de 10 exhortos a las autoridades competentes, especialmente a la Sagarpa, exigiendo que se tomen medidas urgentes y concretas en apoyo a los cafeticultores, de todos los municipios y de los estados productores de café.

Debemos recordar también, que apenas en junio de 2015 los gobernadores de los estados productores de café, a través de la Conago, propusieron un catálogo de medidas urgentes y solicitaron públicamente el apoyo al gobierno federal para acudir al rescate de la cafeticultura, sin embargo, muy poco se ha realizado.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación esta honorable Cámara de Diputados, año con año aprueba 700 millones de pesos para este sector, cuando se requieren como mínimo inversiones anuales superiores a los cinco mil millones de pesos.

Aunque somos optimistas con este nuevo exhorto a las autoridades, al estar promovido por diputados de los diferentes grupos parlamentarios, lo cual me da muchísimo gusto, nos preocupa la falta de voluntad que observamos en el Ejecutivo federal, para emprender acciones de fondo, que ataquen de raíz los diversos aspectos que están afectando a esta rama de la economía nacional.

Lo decimos porque no solo se ha hecho caso omiso hasta ahora, también por los recortes anunciados para 2017, por el secretario de Hacienda, en el documento de Precriterios de Política Económica en donde también se prevén afectaciones sustanciales en el presupuesto de programas productivos fundamentales, como es el caso de apoyo a pequeños productores.

Y aquí hay que decir la verdad completa, también es urgente limpiar al sector de funcionarios ineptos y tramposos. No hay dinero que alcance para resolver los problemas, cuando todos se queda en enjuagues entre funcionarios y proveedores. Ya basta de corrupción y basta de bandidajes con los recursos del erario público.

Para salvar a la cafeticultura se necesita poner en marcha un plan estratégico integral y de largo alcance, se requiere de inmediato la declaratoria de emergencia al combate a la enfermedad de la roya, impulsar la producción de planta en viveros tecnificados y apoyos para la adquisición de planta resistente a la roya.

Sin duda el acompañamiento técnico también es importante, y los paquetes tecnológicos son fundamentales, al igual que el crédito, al igual que la infraestructura, y también el apoyo del empleo temporal en todas las zonas cafetaleras, ya que es importante para que subsistan las familias a raíz del reemplazo de esta planta y a raíz del reemplazo de los cultivos.

Hay que hacer un llamado, un diálogo propositivo, decirles a los productores y a las organizaciones cafetaleras que en el Congreso y en el Grupo Parlamentario del PRD estaremos en su favor, estaremos alzando la voz y estaremos diciendo ya basta, apoyemos a los cafetaleros. Por ello el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Barón. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Exaltación González Ceceña, del Partido Acción Nacional.

El diputado Exaltación González Ceceña:Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el sector agropecuario nacional reviste de gran importancia para nuestro desarrollo nacional. Es indispensable que el gobierno federal destine los recursos económicos necesarios y suficientes para apoyar a los productores del campo de todos los rincones de nuestro gran país.

Ahora estamos tratando el tema de la problemática de miles, miles de familias que viven del café. Saludamos a todas estas familias de los 13 estados de la República productores de café. Demandamos desde esta alta tribuna del país para que se apoye de manera urgente a los productores de café.

Cuenten amigos cafetaleros –y los saludamos desde esta tribuna– con el apoyo y el voto a favor de todas y todos los diputados del Partido Acción Nacional representados en esta legislatura, pero de la misma manera demandamos atención urgente para los productores de trigo, de maíz y de sorgo, pero además de todos los productores agrícolas de nuestro gran país.

Los diputados del PAN decimos: no más recortes económicos al presupuesto destinado al sector agropecuario nacional. Los 109 diputados panistas votaremos a favor de este punto de acuerdo presentado por nuestro amigo diputado Carballo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado González. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Julián Nazar Morales, del PRI.

El diputado Julián Nazar Morales:Amigas diputadas y amigos diputados. Con su venia, señor presidente.

La Fracción Parlamentaria del PRI, tiene en su ala campesina la obligación de defender a los productores del país. La Confederación Nacional Campesina, una de las organizaciones más grandes de México y de América Latina siempre trae la defensa del hombre y la mujer del campo. Por eso no podemos dejar pasar el día de hoy que con este punto de acuerdo donde se exhorta a las dependencias federales, que hagan suyas las demandas de los diputados federales y de los campesinos de México, con la relación de los productores del café, no hagan caso omiso a lo que el presidente instruyó.

El presidente de la República dijo que el mayor presupuesto debe destinarse a los pequeños productores, y en ello, recae precisamente la cafeticultura. Hoy hablar de la cafeticultura, estamos hablando de lo más sensible en lo social de la vida productiva del país.

Los cafeticultores que hacen el heroísmo de hacer producir el aromático viven en las regiones más pobres, allá en la sierra, donde se respira la pobreza, pero donde con cada año la ilusión del campesino está puesta en la floración del café para tener buenas cosechas.

Por ello es importante que este punto de acuerdo lo escuchen bien las dependencias federales, llámese Sagarpa, llámese Sedesol, llámese Economía y llámese la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque también se requieren caminos extraordinarios para poder sacar la cosecha porque está enclavada en las sierras más difíciles.

Por ello, los puntos que presentamos hoy de tener renovaciones de plantaciones tienen que ser con semillas de calidad. Y hoy ya lo está haciendo la Secretaría, aplaudimos que la Sagarpa ha entendido que tiene que poner gente que conozcan el tema. Y hoy se han comprado cientos de kilos de semillas certificadas que se les están haciendo llegar a los productores, y eso es por instrucciones del presidente.

De igual forma, hay un esquema diferente ahorita, que se va a atender a los productores, de darles 3 mil plantas y 5 mil pesos por paquete tecnológico para que puedan enfrentar el reto de hacer sus labores culturales, pero no es suficiente. Por ello es importante que pongamos puntual atención, los diputados federales, que nos toca jugar un papel importantísimo acá. En los recortes presupuestales no debe ser precisamente al que menos tiene al que se le debe castigar.

Y tenemos la responsabilidad en el 2017 de que asignemos mejor presupuesto. Este año se asignó 734 millones de pesos para el café, pero no es suficiente, necesitamos que crezca por encima del problema que traemos con la roya.

Es importantísimo que no perdamos de vista que este producto era generador de divisas, era generador de empleos, de integración familiar, pero sobre todo de paz social; y eso, compañeros, no lo compra ningún dinero.

Por ello exhorto a todos que aprobemos este punto de acuerdo y le digamos a las dependencias que tienen un compromiso con México y con los productores de México. Muchas gracias. Gracias, presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Nazar. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores, por favor. ¿Con qué propósito?

La diputada Mirza Flores Gómez(desde la curul): Presidente, muchas gracias. Primeramente felicitar al pleno por la aprobación de este punto de acuerdo de urgente y obvia, el tema de las cafetaleras nos tiene preocupado a todo el país. Asimismo, en este mismo sentido el día de hoy votamos el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto con el objetivo de establecer que no se podrá dar autorización para el cambio de uso de suelo a terrenos incendiados, en un plazo no menor de 20 años, con las especificaciones correspondientes de ley.

El día de hoy nos preocupa de manera muy grave, y quiero solicitar por este medio a la Junta de Coordinación Política que haga suyo un punto de acuerdo que voy a registrar en este momento, en donde solicitamos que con motivo del incendio que se está dando en Tepoztlán, en donde según el secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, el incendio de esta reserva ecológica el día de anoche perdió el control y lleva hasta ahorita más de 40 hectáreas perdidas en este incendio.

Quiero solicitar por medio de este honorable pleno y de usted, señor presidente, que por medio de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos se realice una investigación exhaustiva para investigar e indagar al responsable o a quienes resulten responsables de este ecocidio. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, yo le solicito respetuosamente que canalice su planteamiento a través de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que en este momento con toda seguridad la están escuchando. Gracias.

RESUELVA LA PROBLEMÁTICA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y LA COMPAÑÍA KIA MOTORS DE MÉXICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, a que resuelva la problemática del incumplimiento del convenio firmado entre el gobierno estatal y la compañía KIA Motors de México.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila:Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros diputados y diputadas, el día de hoy el tema que plantea un servidor en representación de los diputados de Acción Nacional del estado de Nuevo León, podría parecer en un principio un tema local. Conforme vayamos explicando nos daremos cuenta la importancia que tiene que esta máxima tribuna y el Congreso, la Cámara de Diputados se manifieste en esta problemática que sucede en mi estado, en el estado de Nuevo León.

México, a lo largo de muchos años ha tenido que luchar para atraer inversión extranjera a nuestro país y ha tenido que luchar con muchos países de todo el mundo, con los chinos, India, europeos, sudamericanos y ha logrado ir avanzando poco a poco y trayendo más y mejor inversión, lo que significa más y mejores empleos para los mexicanos, que es lo que todos los mexicanos quieren.

¿Qué ha tenido que hacer para mejorar y poder traer más inversiones? Ha tenido que mejorar en la mano de obra. Hoy México es reconocido a nivel mundial por una mano de obra calificada. Ha aprovechado esa ventaja competitiva de estar cerca del gigante de la industria, Estados Unidos. Y también ha tenido que mejorar fuertemente en la imagen a nivel mundial de que en México existe y se respeta el Estado de derecho.

En el año 2014, la empresa KIA Motors, una empresa que fabrica aproximadamente 3 millones de vehículos al año, pone en concurso a nivel mundial la creación de la planta más importante de esta marca, que se construiría en cualquier otro país.

En esta competencia entra el estado de Nuevo León, el estado de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, muchos estados de la República Mexicana y muchos otros países a nivel mundial.

KIA no ponía ninguna condición, simple y sencillamente ponía a concurso cuáles eran los ofrecimientos que hacían los distintos países o los distintos estados. El estado ganador de esta inversión fue el estado de Nuevo León, nuestro estado. La inversión más importante en la época moderna en nuestro estado, aproximadamente 75 mil millones de pesos se invertirán en nuestro estado y con una derrama de empleo de aproximadamente 10 mil empleos directos en Nuevo León. Hay que tomar en cuenta que son empleos que pagan muy por encima del promedio de salario que se paga en México, es muy codiciado traer ese tipo de empresas.

Pero hace seis meses hubo un cambio de administración en el estado de Nuevo León y al parecer, con este cambio de administración, un contrato firmado donde intervinieron despachos internacionales, acordado, ha habido manifestaciones del nuevo gobierno que fue un contrato ilegal, algo que a todas luces mancha la empresa KIA al estar insinuando que firmó un contrato ilegal y mancha también la imagen de México, no nada más de Nuevo León, al dar cuenta que los convenios firmados por las autoridades subnacionales o entidades federativas en nuestro país no se cumplen a cabalidad, que se mezcla la política con lo legal, que no hay Estado de derecho.

Por consiguiente, el Grupo Parlamentario del PAN, a través de un servidor, les pide su apoyo para exhortar al gobernador a que se involucre de forma directa en esta problemática, ya que la marca México como país está siendo deteriorada.

La inversión en nuestro estado, y estoy seguro que a nivel nacional, está siendo ahuyentada, porque no hay certidumbre jurídica, porque con un cambio de gobierno pareciera que todo lo que se firmó anteriormente ahora no es legal.

También solicitamos que intervenga el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que coadyuve. Entendemos que el gobierno federal lo ha estado haciendo bien y ha estado apoyando, pero no existe la voluntad a todas luces en el gobierno del estado de Nuevo León.

Es increíble que se haya hecho público, a través de las redes sociales, el convenio firmado con una cláusula de confidencialidad entre KIA y el gobierno del estado, incumpliendo también con la ley de los servidores públicos en el estado de Nuevo León y estando expuestos a que mi estado tenga que pagar una multa, porque incluso publicaron el plan de negocios de esta empresa.

Señores, se lucha mucha para traer inversión extranjera directa a nuestro país, para tener más y mejores empleos. No es correcto que se politice porque entró un gobierno nuevo que depende de otro gobierno, de otra afiliación partidista o política.

Por lo cual, les pido su apoyo al siguiente punto de acuerdo que presentamos, para ayudar a mejorar la marca país, no ahuyentar la inversión en nuestro estado y en nuestro país, y que el gobierno del estado reconozca la urgencia de poner fin a un conflicto que se ha dado a través de los medios de comunicación, que en nada ayuda a nuestro país.

Por tal motivo, les pedimos el apoyo para que se vote este punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución a favor de la propuesta de un servidor. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a resolver el incumplimiento del convenio firmado entre la administración estatal y la compañía Kia Motors de México, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El panorama económico de la industria automotriz, favorable para nuestro país, parce no quedarle claro al actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien en los 8 meses que lleva su administración, ha sido incapaz de resolver un problema que aparentemente es local pero que tiene repercusiones de índole nacional e incluso internacional.

Se trata de la incapacidad del gobierno estatal de brindar la certeza jurídica necesaria para cumplir los acuerdos firmados con la empresa Kia Motors.

Como es sabido, la industria automotriz en México se ha consolidado como uno de los sectores económicos que ha logrado mantener un crecimiento y una modernización constantes por más de una década, que además ofrece un ámbito laboral caracterizado por salarios por arriba del promedio nacional e impulsa el desarrollo de otros sectores económicos relacionados.

Kia Motors es una empresa coreana fabricante de vehículos, que hoy produce más de 3 millones de vehículos al año. Tiene plantas de fabricación y ensamblaje en 8 países, con una red de distribuidores que cubren 172 países. Esta empresa cuenta con más de 49 mil empleados en todo el mundo e ingresos anuales de 45 mil millones de dólares.

México y Nuevo León lograron brindar mejores condiciones que otros países y ha sido el destino seleccionado por esta empresa para instalar una de sus nuevas plantas, debido a su ubicación geográfica, además de ofrecer costos competitivos de fabricación, por ser parte de los acuerdos del TLCAN y, con un peso específico importante, las condiciones pactadas en el convenio en comento.

La inversión de la empresa en el superará 3 mil millones de dólares, de los cuales la inversión directa asciende a mil millones y los restantes serán invertidos por los proveedores. Éste es el monto más alto que la empresa ha asignado a la inversión de un país, superando (casi duplicando) la inversión realizada en China, la cual había sido la mayor hasta ahora.

Esta significativa inversión ha creado tal atmósfera de confianza, que hasta el momento 14 compañías coreanas ya han asegurado su participación en el país como proveedores.

Con la llegada de Kia Motors a Nuevo León se tiene proyectada la generación de 14 mil empleos, de los cuales 3 mil de ellos serán creados directamente por la empresa y los demás por los proveedores. De estos puestos de trabajo, se estima que al menos 93 por ciento será ocupado por mexicanos.

Adicionalmente, se prevé que se llegue a un total de 40 mil puestos de trabajo contando los empleos indirectos.

No obstante, la situación política actual, caracterizada por el cambio de administración estatal, ha devenido en una serie condenas públicas por la manera en que se negociaron las condiciones para atraer la inversión a Nuevo León. Estas condiciones y compromisos, sean o no cuestionables, fueron el instrumento determinante para que la inversión llegara a la entidad federativa, y que en su momento brindaron certeza jurídica y viabilidad al proyecto de la empresa.

Los cambios de gobernantes no eximen de los compromisos adquiridos por las instituciones. El desarrollo económico no puede regirse por los tiempos políticos de ningún país. Por lo que, si bien renegociar y firmar adendas al convenio vigente es una práctica aceptable, es inadmisible que se politicen temas que corresponden a un acto jurídico consumado.

Todos los incentivos enmarcados en el convenio están avalados por la ley de inversión del estado, la cual permite otorgar incentivos con montos como los negociados, siempre y cuando haya sido autorizado por un consejo de inversión, cual fue el caso.

Hay la posibilidad de que, de no cumplirse los compromisos establecidos en el convenio con la empresa, ésta demande al gobierno de Nuevo León en tribunales de arbitraje de Estados Unidos, por un monto de hasta un año de producción (alrededor de 600 millones de dólares en multas).

Asimismo, el gobierno estatal ha violado las cláusulas de confidencialidad al haber publicado el convenio suscrito con la empresa. La acción, además de develar secretos comerciales (y las consecuencias económicas que esto pudiera implicar), representa una violación de la ley de responsabilidades de servidores públicos.

Si bien muchos de los de los compromisos se han cumplido a la fecha, con recursos estatales y federales, otros, que aún no se han llevado a cabo, afectan directamente a la empresa y a la calidad del ambiente laboral de sus empleados: por ejemplo, la planta no cuenta con instalaciones de abastecimiento de agua potable y la infraestructura destinada a la movilidad de los empleados de y hacia su lugar de trabajo se encuentra incompleta.

Las obras de infraestructura para el transporte de insumos y para la logística (como carreteras y espuelas ferroviarias) no se han realizado, según lo acordado. Cabe señalar que el caso, además de afectar a los particulares, tiene consecuencias para los municipios aledaños que esperaban verse beneficiados con estas obras.

Sigue sin realizarse la infraestructura para el suministro de energía eléctrica, de instalaciones para aguas residuales y pluviales, así como la adecuación de los terrenos para la carga y almacenamiento de carros fabricados. Todas ellas, obras necesarias para operar la planta que, de no llevarse a cabo provocarán el retraso del inicio de sus actividades.

Los argumentos que a la fecha se han dado a conocer por los medios de comunicación van desde los que señalan distintos intereses de algunos funcionarios estatales por retrasar este proyecto, hasta los que apuntan a que algunos de los incentivos acordados por el gobierno anterior son ilegales y que afectan la hacienda pública.

Cuales sean las causas, la realidad es que hoy las instituciones públicas (locales y federales) están dando una pésima imagen a los inversionistas reales y potenciales, y están creando un ambiente donde pareciera que el estado de derecho no existe y que las instituciones no tienen la solidez para planear y actuar en el largo plazo.

De no llevar a buen puerto este conflicto unilateral, se podría generar un terrible daño al ámbito de desarrollo regional de la proveeduría, pero sobre todo causaría un daño permanente, por vulnerar el principio de certeza jurídica, a la imagen de un estado con una tradición favorable para la inversión, tanto nacional como extranjera.

Recordemos que este proyecto de inversión es el más importante en la historia reciente de Nuevo León, con una derrama económica estimada –para los próximos 3 años– en 75 mil millones de pesos.

Nuevo León es mucho más grande que un conflicto como éste, es un estado que se ha forjado por el trabajo y la visión de generaciones enteras, con una cultura del esfuerzo, trabajo y el emprendimiento, mismos que nos ha hecho el nodo de desarrollo económico del norte de México, y queremos que siga siendo así.

Por lo expuesto en las líneas anteriores, pongo a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Nuevo León, ciudadano Jaime Rodríguez Calderón, a que resuelva la problemática del incumplimiento del convenio firmado entre el gobierno estatal y la compañía Kia Motors, y evitar así repercusiones económicas de índole nacional e internacional, así como la vulneración del principio de certeza jurídica.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Economía, y de Comunicaciones y Transportes, y de acuerdo con sus facultades y atribuciones, coadyuven con el gobierno de Nuevo León en dar cumplimiento al convenio suscrito con la empresa Kia Motors de México a fin de impulsar un marco jurídico que propicie el desarrollo económico y social de la entidad y de la región, lo cual es en beneficio del pueblo mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia se considera de urgente resolución. Y para hablar sobre el tema ya se han registrado varias compañeras diputadas y diputados. Pero antes queremos felicitar a la diputada Ángeles Rodríguez Aguirre, que está por acá, por su cumpleaños el día de hoy. Está festejando de una manera rara, o como se debe, trabajando. Está muy bien. Felicidades, diputada.

Entonces, tiene la palabra el diputado Francisco Javier Pinto Torres de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, incrementar la calidad de vida de los mexicanos y generar un mejor desarrollo económico requiere crear más empleos y nuevas empresas.

En Nueva Alianza entendemos que atraer inversión nacional y extranjera depende en gran medida de un ambiente propicio para los negocios, sustentado en la legalidad y en la certeza jurídica. En ese sentido apoyamos el punto de acuerdo a fin de resolver el conflicto entre el gobierno del estado de Nuevo León y la agencia automotriz KIA.

Si bien hay voces encontradas respecto a los términos de legalidad y de algunos puntos del convenio, es menester hacer las negociaciones y adecuaciones pertinentes a fin de resolver el conflicto y dar continuidad a ese proyecto, que como lo decía nuestro compañero, Nuevo León lo exige.

Si hubiera algún tipo de responsabilidad por parte de los funcionarios de la administración anterior, pues que la autoridad investigue y sancione a los responsables. Pero lo que no puede seguir pasando es comprometer a las familias de esa entidad federativa por razones políticas.

Con la llegada de KIA Motors a Nuevo León se tiene proyectada la generación de 14 mil empleos, de los cuales 3 mil serán creados directamente por la empresa y demás. Los demás, por los proveedores. De estos puestos de trabajo se estima que 93 por ciento será ocupado por compatriotas mexicanos.

Asimismo, se espera que la inversión que llegará al estado por la creación de la planta supere los 3 mil millones de dólares, de los cuales la inversión directa asciende a mil millones. Este proyecto de inversión es el más importante en la historia reciente de Nuevo León, con una derrama económica estimada en 75 mil millones de pesos durante los próximos 3 años.

Mantener el conflicto pone en riesgo no solo la inversión, sino que abre la puerta a que la automotriz demande al gobierno estatal en tribunales de arbitraje de Estados Unidos. Es decir, no solo no se recibirá la inversión, sino que se podrían generar gastos derivados de un juicio.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, lo que México requiere es atraer inversión extranjera para que genere empleos y un crecimiento económico, aprovechando las ventajas competitivas de la apertura comercial. Sin duda la instalación de esta planta automotriz detonará la economía en el Estado y en la región, lo que permitirá elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Compañeros, hagamos que las cosas sucedan y que a México le pinte bien. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pinto. Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con el permiso de las compañeras diputadas y compañeros diputados. A quien este pleno debería estar llamando a cuentas es al delincuente que acaba de terminar como gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Y vamos a explicar por qué este punto de acuerdo no puede ser acompañado por Movimiento Ciudadano.

En principio, a mí lo que me parece increíble es que aquí venga a decir el proponente de la iniciativa que no puede creer que el contrato se haya hecho público y aduce una disposición reglamentaria. La Constitución le da a los mexicanos el derecho de conocer este tipo de acciones del gobierno. Es un derecho humano el acceso a la información.

Movimiento Ciudadano promovió en Nuevo León, a través del diputado Samuel García, que este contrato se hiciera público, lo justificó plenamente y nosotros celebramos que hoy los mexicanos podamos saber de qué estamos hablando cuando hablamos del tema de la instalación de esta empresa en Nuevo León.

Acabamos de hablar del tema del café y de que se necesitan recursos para millones de familias que están quebradas por la plaga que enfrenta la industria cafetalera. Si nosotros sumamos el conjunto de incentivos y estímulos que se le han dado a la empresa por parte del gobierno de Nuevo León, por cierto por fuera de la ley, porque la ley para la promoción de inversiones exige el cinco por ciento de la inversión, el máximo de estímulos.

Si nosotros sumamos el conjunto de estímulos son más de 10 mil millones de pesos, un millón de pesos por empleo que se promete que se va a crear, un millón de pesos. En ninguna industria y en ningún programa como el del rescate del campo se da un millón de pesos por empleo creado en estímulos fiscales, que además están prohibidos y son ilegales.

Sí les preocupa a los diputados proponentes el tema de los empleos, a nivel nacional como dicen, por qué no se dan cuenta que en Nuevo León, en lo que va de este año se han creado 26 mil empleos, según los registros formales de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras que en Puebla, por ejemplo, se han creado apenas cuatro mil, más de seis veces más los empleos creados en Nuevo León que en Puebla.

Sí les preocupa el tema de la legalidad y el cumplimiento del estado de derecho, por qué no investigan la compra de terrenos que está involucrada en esta transacción económica. En tan solo 15 meses esa compra de terrenos significó un negocio para los socios de Rodrigo Medina, de haber comprado los terrenos en 55 millones de pesos, en 15 meses se los vendieron al gobierno de Nuevo León para que se los donara a la empresa en 186. Se ganaron 130 millones de pesos con una empresa que crearon un mes antes, es decir, en 16 meses se ganaron 130 millones de pesos al amparo del poder público y el tráfico de información.

Se han encontrado 33 irregularidades en este contrato y violaciones a la ley, y además lo que está planteando el gobierno independiente de Nuevo León, no es que no suceda esta inversión, es que el contrato se ajuste a derecho y que se revise para proteger el patrimonio de los neoloneses.

Lo que impulsa a Movimiento Ciudadano es que haya desarrollo, que haya empleo, que haya creación de bienestar y no es un problema con la industria, es un problema con el gobierno que solapó al amparo y en beneficio de la corrupción, a un contrato que no puede sostenerse y que no podemos permitir que se ejecute en los términos en los que fue firmado por el gobierno corrupto de Nuevo León.

Y finalmente a los diputados proponentes de la iniciativa, hay un ensayo de Paul Krugman sobre la competitividad, el Premio Nobel de Economía, dice “Competitividad, esa peligrosa obsesión”. Ojalá lo lean y entiendan que a diferencia de las empresas que compiten, es una competencia pura entre sí por la inversión. Este modelo no funciona con los países. Es una tontería lo que están diciendo y no se sostiene desde el punto de vista de la teoría económica. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Tiene ahora la palabra la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Irma Rebeca López López: Con su venia, señor presidente. El gobierno federal invisibiliza la explotación sexual infantil. En México entre 16 mil y 20 mil niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente.

Según cifras de organizaciones no gubernamentales, el delito está entre los tres más lucrativos del crimen organizado. Sin embargo el problema es minorizado por el gobierno federal. No existen políticas públicas...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada López, permítame un momentito porque el tema del que se está discutiendo en este momento es el referido a un convenio entre el gobierno del estado de Nuevo León y la empresa ¿Perdón? Sí, entiendo que hubo por ahí alguna confusión porque en todo caso tendría que ver con el tema, si es que se acuerda que sea de urgente resolución, registrado por el diputado Jiménez Rumbo, sobre un tema al que usted había empezado a referirse, diputada, sobre problemas ahí de explotación sexual y cosas por el estilo. Entonces, hubo ahí alguna confusión, lamentablemente.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor. Sí, diputada.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente, hubo una confusión allá arriba en la mesa, del punto de acuerdo de KIA, de Nuevo León. Morena no va a presentar orador, nos vamos a abstener en ese tema.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. En consecuencia, tiene ahora la palabra la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza:Con su venia, diputado presidente. La postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde, sobre el tema de resolver la problemática en materia de certeza jurídica entre el gobierno del estado de Nuevo León y la compañía KIA Motors de México, es a favor.

Concordamos en que la industria automotriz de México es de vital importancia y trascendencia económica debido a la gran cantidad de cadenas de capital productivo, el número de empleos directos e indirectos que genera, así como ser el primer lugar en el valor de las exportaciones manufactureras de nuestro país en el año 2015.

Un proceso administrativo, legal y financiero bien realizado, es un círculo virtuoso que nos conviene a todos, servirá para producir un mayor control, mejores niveles de transparencia en el uso de los recursos públicos y la generación continua de proyectos productivos viables por parte del Estado.

Pero sobre todo, es valioso en su conjunto porque respeta los compromisos adquiridos por las instituciones públicas. Al seguir un camino institucional se busca mantener firme el andamiaje jurídico con el objetivo de crear un ambiente de certidumbre en el respeto de las leyes y acuerdos firmados.

Por ello, exigimos que esta cuestión sea tratada bajo los más estrictos estándares de transparencia para lograr resultados benéficos y positivos hacia la ciudadanía.

El gobierno de Nuevo León encabezado por el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón debe crear un ambiente de respeto y confianza para la participación de más actores estratégicos en su estado, porque cuenta con los recursos humanos y materiales para poner énfasis en términos de eficacia, eficiencia y honradez en el uso de los recursos públicos.

Exhortamos al Gobierno de Nueva León a dar un cause determinante a las obligaciones contraídas en administraciones anteriores, siempre en el marco de la ley, lo cual cimentará principios rectores que conduzcan un ejercicio equilibrado y muy responsable de las decisiones públicas.

El propósito es claro y simple, una administración moderna requiere cumplir los compromisos establecidos, pero siempre conduciéndose con criterios y reglas que aseguren una gestión respetuosa de la normatividad en materia legal que le corresponda.

Esto conducirá a la senda del crecimiento y nos guiará para avanzar con paso firme en la construcción de mejores leyes y mayor transferencia en futuras inversiones que puedan llegar a la entidad.

La ruta para que nuestras instituciones públicas propicien solidez es planear, ejecutar y actuar a largo plazo, sin vulnerar el principio de certeza jurídica de particulares, pero tampoco afectando los recursos financieros de la entidad.

Sabemos de la importancia de ampliar el progreso económico regional, que impacte de manera directa en el desarrollo social de los neoloneses, así como el efecto de atraer más inversión extranjera, fomentar la industria y crear mejores puestos de trabajo bien remunerados. Todo ello en beneficio del pueblo mexicano.

En el Partido Verde afirmamos que una administración apta para gobernar debe seguir un esquema de reglas claras de trabajo para tomar decisiones de alto calibre, en términos de responsabilidad financiera y legal, ser competente para encausar el interés colectivo, generar amplios beneficios en favor de la sociedad, y admitir su buen criterio en resolver conflictos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Tiene la palabra ahora el diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado David Jiménez Rumbo:Con su permiso, diputado presidente. Exponerte que a mí me parece que la inversión que debe llegar a este país debe ser con empleos de calidad, bien remunerados y, sobre todo, cumpliendo con las normas que aplica y que exige el Estado mexicano.

En este caso denoto, veo, observo pues la idea de que un gobierno que no tiene ni un año, que por cierto no tiene prácticamente diputados que vengan a fijar posición en favor de lo que hizo el gobernador de Nuevo León, a quien apodan el Bronco. Creo que es muy fácil en ausencia de una representación de ese gobierno, fijar posición en contra.

A mí me parece que un Congreso federal como es éste, y sobre todo por lo que señaló el diputado de Movimiento Ciudadano, que de inmediato y de manera emergente me toca venir a hacer este posicionamiento, donde están pidiendo los de la empresa de Corea del Sur exención de impuestos que va por rubro oscilando de un millón de pesos por cada empleo que puedan generar.

A mí me parece que este país está en la idea de que todo el que venga a invertir al país tendrá que venir a ayudar a participar en el desarrollo del mismo. Entonces quiero manifestar mi voto y posicionamiento como perredista, en contra de pedirle al gobierno de Nuevo León, con un gobernador independiente, de que acate las ocurrencias y disposiciones de esa empresa de Corea del Sur, en todo caso que se dé tiempo para que el Congreso revise a profundidad del tema y ver si conviene o no a los mexicanos la firma de esos convenios.

Ahí está un gobernador que emergió del pueblo, ahí está un gobernador que está haciendo su esfuerzo nos guste o no, entonces ahí está un gobernador que debe ser respetado. Por la autonomía y el federalismo mexicano, el voto va en contra. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Jiménez. Tiene ahora la palabra el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila:Con el permiso de la Mesa Directiva. Regreso a esta tribuna para hacer unas aclaraciones que creo que son muy importantes, precisamente por esos pensamientos chiquitos que en ocasiones se vierten en esta tribuna, y estoy seguro que de la misma forma piensa el gobierno del estado de Nuevo León, quien no pide absolutamente nada al gobierno del estado, fue un ofrecimiento.

Traen aquí versiones de políticas económicas, que la competitividad es un peligro obsesivo, y yo me pregunto, ¿entonces todos los países del mundo están mal, menos las personas que se suban a hablar en esta tribuna trayendo una teoría de un Premio Nobel? Porque todos los países del mundo están buscando estas inversiones precisamente para lo que dijo el diputado que me antecedió en la tribuna, que hay que traer más y mejores empleos. Todo mundo sabemos que los empleos que se generan en la industria automotriz en México están muy por encima de los salarios que se pagan en cualquier otra industria.

Que está fuera de la Ley de Inversión del Estado los convenios que tuvo para condonar algunos impuestos estatales en el gobierno del estado de Nuevo León. Es falso totalmente, la ley del estado habla que es ilimitado el número de aportaciones que puede hacer el estado, siempre y cuando sean votadas por el consejo en una sesión pública, lo cual sí ocurrió. Otro tema que es falso que se vino a traer a esta tribuna.

Que los terrenos fueron caros y que hubo una utilidad importante de parte de un grupo de particulares, según los medios cercanos al ex gobernador. Nosotros, un servidor como diputado local, solicitamos que se investigara y que se castigara ese acto. Pero qué tiene que ver eso con una empresa que tú le comprometiste algo y no le estás cumpliendo y la empresa está lista para inaugurarse en mayo y no tiene ni las escuelas ni el agua ni la electricidad suficiente para generar el empleo al cual se comprometió.

Por último, es falso que se condone impuesto sobre la renta en esos convenios, el único impuesto que se condona es el ISN, por un monto aproximado a través de 20 años de 109 millones de pesos, que puede ser excesivo o no, dependerá de la derrama económica que tenga esta empresa en Nuevo León.

Lo que sí es cierto es que la derrama económica que se tiene ya con 14 empresas coreanas instaladas en Nuevo León, supera por mucho cualquier otra inversión que haya tenido nuestro estado, con mayor empleo y mayor derrama económica en la historia moderna. Por eso votamos a favor de que se honre el Estado de derecho en Nuevo León y en México. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rodríguez. Tiene la palabra ahora el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Ramón Villagómez Guerrero:Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, mi estado, Nuevo León, tiene grandes retos y saben, qué bueno que así sea, porque Nuevo León es un estado que tiene mucho que aportar a México.

La nación demanda, los ciudadanos respondemos y lo hacemos con entusiasmo, porque lo que era para muchos problemas en otras partes, para nosotros los regios son oportunidades para seguir demostrando que juntos somos y seguiremos siendo la fuerza productora de nuestro país.

Fue con esta gran visión futura de crecimiento que la automotriz coreana eligió a Nuevo León y a México para invertir. Como ya lo mencionó el que me antecedió en la palabra Alfredo Rodríguez, hubo muchos lugares que ofrecieron diferentes propuestas importantes para que KIA se fuera, eligieron a Nuevo León, y eso hay que resaltarlo, no sólo por su ubicación geográfica, sino por su competente y calificado recurso humano, por su mano de obra.

También que durante los primeros dos años de este compromiso al que se le abrió la puerta para poder invertir en México, se han logrado importantes avances. Como por ejemplo, el próximo mes de mayo saldrá el primer auto fabricado en KIA Motors, que orgullosamente se producirá en México. Fue ese acuerdo de origen de 300 mil vehículos que serán fabricados anualmente en nuestro país, posicionando a México en el séptimo lugar en el mercado internacional.

De igual forma, merece mención especial los 3 mil millones de dólares que se invierten en esta mano de obra, y escúchenlo bien, más de 14 mil empleos directos y 40 mil indirectos, sin duda una oportunidad contundente de crecimiento del noroeste de México que detonará la economía de la región.

Sabemos que el acuerdo firmado con la armadora es parte del Plan Nacional de Desarrollo que nuestro presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado a través de políticas económicas claras, que ubican en todo momento la sustentabilidad y el mayor beneficio para el país, como los 19 mil millones que se han invertido en el ámbito automotriz desde el inicio del gobierno federal y que ha representado la creación de más de 40 mil empleos directos en este sector.

Es necesario brindar certeza jurídica para cumplir los acuerdos firmados con la empresa KIA Motors. Las condiciones y compromisos adquiridos con la armadora fueron un instrumento determinante para que la inversión llegara a Nuevo León.

El desarrollo económico y el cumplimiento de este contrato son fundamental y más cuando observamos que son miles de familias que verán sus sueños de progreso realizarse con esta inversión. Como partido en el poder hemos sabido contrarrestar la crisis económica internacional con este tipo de proyectos.

Atrás han quedado los años en que una crisis económica hubiera sido catastrófica y que al contrario de varias opiniones, en el PRI tenemos la seguridad y convicción de que las decisiones tomadas eran necesarias y siempre han tenido como fin primero y último a los habitantes de México.

Gracias a las acciones emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto es que nuestro estado se sigue posicionando y manteniendo como una de las opciones en la que las inversiones internacionales tienen la confianza para instalarse en otro estado y así generar más empleos para nuestros ciudadanos.

Porque sabemos que la mejor opción para un futuro es la que resuelve los problemas de ahora. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Villagómez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

INVESTIGUE LA POSIBLE OPERACIÓN SISTEMÁTICA DE ALGÚN GRUPO DELICTIVO DEDICADO AL COMERCIO SEXUAL CON MENORES DE EDAD, EN ACAPULCO, ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo parlamentario del PRD para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que ejerza su facultad de atracción e investigue la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad en Acapulco, Guerrero.

El diputado David Jiménez Rumbo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema ha sido muy ventilado. Por fortuna vivimos en la era de la comunicación y ustedes saben que la Fiscalía ventiló en medios, General del Estado de Guerrero, inició hace unos días la averiguación previa TAB/EBS/02/0272/ 2016 en contra del canadiense Walter Suk, quien tiene 68 años de edad y quien fue videograbado, acusado de besar a dos niñas de escasos 3 años de edad en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

La acusación por la que este canadiense está siendo procesado en Guerrero, compañeras diputadas y compañeros diputados, es por abuso sexual solamente porque el delito de pederastia no existe en nuestro Código Penal, No hay tipo legal, pues, como dicen los abogados.

Por lo tanto, aunque el gobierno, aunque la Fiscalía General quiera y aunque el juez quiera, no puede encuadrar la conducta del señor canadiense, extranjero, a ningún tipo penal exacto. Porque, una vez que el delito de abuso sexual en Guerrero no es considerado un delito grave, es propenso a salir bajo fianza.

Este caso nos recuerda mucho la acusación de pederastia que hizo la periodista Lidia Cacho, en su momento, en contra de Succar Kuri y Los demonios del edén, quien se encuentra sujeto a proceso para determinar su posible responsabilidad.

El comercio sexual es una actividad que genera 10 mil millones de dólares al año, es decir, estas cifras tan alarmantes solamente están por abajo del narcotráfico. Por lo tanto, en México hay investigaciones que nos están señalando que las redes de pederastas, y sobre todo de pederastas extranjeros, operan claramente en Cancún, Quintana Roo, en el puerto de Acapulco, Guerrero y también en Mazatlán, Sinaloa.

La pederastia es un fenómeno de criminalidad que opera casi siempre bajo el manto protector de la delincuencia organizada, que encuentra en el lucro y el turismo de carácter sexual, y sexual en contra de menores, de niños, para ser específico, y niñas, su segunda fuente de ingresos solo después y abajo del tráfico de drogas.

En ese sentido, los artículos 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 10 del Código Penal de Procedimientos Penales, y el 13, fracción VI de la Ley Orgánica de la PGR prevén que esta institución, la PGR tiene la facultad para atraer y conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o produzcan efectos en más de una entidad federativa.

Así pues, resulta oportuno solicitar a la PGR utilice esa facultad de atracción para que se investigue la relación a la detención del señor Walter Suk, la posible operación de un grupo de pederastas de carácter internacional.

Más aún, quiero motivar que es muy importante que la PGR ejerza su facultad de atracción, porque de no ser así en vía de amparo, este señor de 68 años que besó a dos niñas, por cierto indígenas y guerrerenses, salga en libertad vía amparo.

Más aún, me parece inverosímil que una fiscalía general esté en una Procuraduría de Guerrero, que es uno de los estados más pobres del país, esté llevando el caso de un extranjero, de una de las principales economías de este planeta. Señores, el primer mundo o un ciudadano del primer mundo está siendo juzgado en una de nuestras entidades más pobres del estado, con todas las carencias.

Por eso es menester, incluso para el bien y salud de la federación mexicana, que sea la PGR que lleve a cabo este procedimiento, toda vez que tiene toda la estructura para enfrentar procesos de carácter internacional. Compañeras y compañeros diputados, en función de lo anteriormente expuesto, solicito que se apruebe este punto de acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, para que ejerza su facultad de atracción, para investigar la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad, en la ciudad y puerto de Acapulco. De igual manera, que atraiga el proceso del canadiense Walter Suk, relacionado con la averiguación previa en mención.

Compañeras y compañeros diputados, agradezco la participación en la elaboración del documento a Ricardo Taja, del PRI de Guerrero, a Minerva Hernández, del PAN de Tlaxcala, a Jesús Valencia del PRD del Distrito Federal, a Erik Juárez, del PRD de Michoacán y Arturo Álvarez Angli, del Verde Ecologista de México. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer la facultad de atracción e investigar la posible operación sistemática de un grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores en Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III, IV, V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes

Considerandos

Como ha sido de conocimiento público, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, inició la averiguación previa TAB/EDS/02/0272/2016 contra el canadiense Walter Suk, de 68 años de edad, quien fue acusado de besar a dos niñas de aproximadamente tres años de edad. La acusación es por el delito de abuso sexual, ante la omisión legislativa del delito específico de pederastia.

Este caso, nos recuerda a la acusación de pederastia por la periodista Lidia Cacho, en contra de Zuccar Kuri, quien se encuentra sujeto a proceso, para determinar su responsabilidad.

El comercio sexual con niños, es actividad que genera 10 mil millones de dólares al año en el mundo, por lo que las cifras de dicho comercio son alarmantes. Esta situación se vive en el mundo entero, y en México, investigaciones señalan que las redes de pederastas operan en Cancún, Quintana Roo, el Puerto de Acapulco, Guerrero y Mazatlán, principalmente.

La pederastia es un fenómeno de criminalidad, no convencional, que funciona de manera general bajo el amparo de la delincuencia organizada, que obtienen grandes y jugosas utilidades económicas con los llamados comercio y turismo sexual que se practica principalmente con niños, niñas y adolescentes. Sabemos que también estas redes de delincuencia organizada tienen su más amplia manifestación en los delitos contra la salud y el narcotráfico y que después de este fenómeno del narcotráfico, el segundo negocio de las redes criminales que más altas ganancias produce es el turismo sexual que se practica con infantes y adolescentes.

En este sentido, los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y 13 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, prevén la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República para conocer delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando los delitos produzcan efectos en dos o más entidades federativas.

Así, resulta oportuno solicitar a la Procuraduría General de la República, utilice su facultad de atracción para que investigue si en relación a la detención del señor Walter Suk, existe la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad.

Formulo esta solicitud a la PGR para que respetuosamente le dé un impulso primordial a este asunto, ya que al no darle el seguimiento oportuno, se corre peligro de dejar la puerta abierta para la incursión de más bandas delictivas, dedicadas a los delitos mencionados.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República para que ejerza su facultad de atracción para investigar la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad, en la ciudad de Acapulco, Guerrero y de igual manera se atraiga el caso del canadiense Walter Suk relacionado con la averiguación previa número TAB/EDS/02/0272/2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016— Diputado David Jiménez Rumbo(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Jiménez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución. Y para hablar sobre el tema ya tenemos integrada una lista de diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios.

En consecuencia tiene la palabra, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro social. ¿Dónde anda? Ah, allá viene, rauda y veloz.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Gracias por lo de rauda y veloz, diputado presidente. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco por este espacio en un tema que es verdaderamente fundamental.

Para el Partido Encuentro Social la niñez no es sólo “el recurso más valioso de una nación”, como decía Kennedy, para nosotros lo es cada niño con su infinita dignidad trascendente en su estado más noble y digno de protección y cuidado.

Diversas instancias políticas y jurídicas actualmente han querido posicionar posturas ingenuas y poco realistas acerca de nuestros niños, han querido mentirnos, han querido persuadir a doctrinistas, a legisladores y engañar a gobernantes afirmando que la protección especial que requiere un niño en razón de su edad y de su desarrollo en ciernes, y de forma natural en su proceso evolutivo es un paradigma dominante de abuso, como si viviéramos aún en la dialéctica socialista de las estructuras enfrentadas, como si nuestros niños no hubieran sido ya suficientemente abandonados por muchas autoridades para que ahora vengan a decir que sus padres son un principal obstáculo y que cuidarlos y protegerlos es discriminarlos. Que mala hora para definir así la protección a la niñez. Que los padres y autoridades protejan, no es omnipresencia del adulto, es lógica elemental.

Parafraseando a entidades jurídicas de esta misma Cámara se ha llegado a afirmar que los cuidados especiales hacia los niños son paradigmas dominantes sobre la crianza que se basa en una noción pasiva y frágil y de incompetencia que privilegian la asistencia y la protección en detrimento de las posibilidades de participación activa y creativa.

Pues bien, este lamentabilísimo suceso de Acapulco en donde un extranjero abusó de dos niñas de tres años, es una prueba contundente, clara, obvia y de sentido común, que evidencia que los niños sí necesitan nuestra protección especial. Lo que menos necesitan es dejarlos a su propia fuerte bajo los falsos argumentos del libre desarrollo de la personalidad, su capacidad de ejercicio y titularidad de derechos y una criminal y falsa interpretación del interés superior del niño.

Exigimos justicia para estas niñas y para todos los niños de México. Por eso, estamos de acuerdo en votar a favor de este punto de acuerdo, pero también queremos que no se reinterprete ideológicamente el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos: todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Eso es lo que requieren nuestros niños, y protegerlos no es discriminarlos, proteger a nuestros niños es amarlos.

Si somos congruentes al hacer justicia condenando las acciones de este canadiense, tendremos que ser congruentes y condenar las acciones de aquellos políticos y legisladores que afirmen el libre desarrollo de la personalidad, pues bajo tal supuesto, estaríamos en el absurdo de aceptar las acciones de este canadiense si las niñas hubiera tenido tan solo 12 años de edad, y ellas habrían dicho que aceptaban el beso; es un absurdo.

Por ello, en el Partido Encuentro Social proponemos a cada uno de nuestros compañeros de esta Cámara lo siguiente: cuando legislemos, argumentemos u opinemos sobre los niños, hagamos algo antes, pensar que lo que afirmemos recaerá sobre nuestros propios hijos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Lo más preciado que tenemos son nuestras niñas y niños, y protegerlos debe ser una prioridad del Estado mexicano. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores.

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos pronunciamos a favor del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que ejerza su facultad de atracción para investigar la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, así como es el caso del canadiense Walter Suk.

En días recientes, se dio a conocer el caso de un ciudadano canadiense llamado Walter Suk quien fue acusado de besar a dos niñas de aproximadamente 3 años de edad en la Ciudad de Acapulco, Guerrero.

Derivado de lo anterior y ante la indignación que este caso provocó en la ciudadanía mexicana, la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una averiguación previa. En Nueva Alianza condenamos de manera tajante estas conductas lascivas que dañan la integridad de nuestras niñas y niños.

Según la Organización de las Naciones Unidas, cada minuto cuatro menores sufren abusos sexuales en América Latina, al menos tres son niñas y la mayoría no logrará recuperarse nunca de ese evento traumático.

De acuerdo con Unicef México, se estima que 62 por ciento de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida y 5.5 por ciento ha sido víctima de violencia sexual. Las estadísticas carecen de precisión debido a que estos delitos se cometen en total secrecía y se asocian con un miedo intenso que impide a nuestras niñas y niños que sufren estos actos solicitar ayuda.

La Organización Mundial de la Salud estima, de acuerdo con cifras de 2002, que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años han mantenido relaciones sexuales frazadas u otras formas de violencia y explotación sexual que implican contacto físico.

Se estima que para el año 2000 aproximadamente 1.8 millones de niños eran explotados sexualmente mediante prostitución y pornografía. Actualmente alrededor de 1 millón de niños caen en la prostitución todos los años.

Como lo refiere el punto de acuerdo, nuestro marco jurídico establece la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República para conocer delitos del furo común cuando estos tengan conexidad con delitos federales.

En este caso, y dado que existe la posibilidad de que haya una red delictiva dedicada al comercio sexual, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos pertinente que la PGR atraiga la averiguación previa de este ciudadano canadiense Walter Suk y la posible operación de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual en el estado de Guerrero.

Para erradicar la trata y abuso de las niñas y niños de nuestro país debemos actuar con toda fuerza. Compañeras diputadas y compañeros diputados, podrían ser nuestras niñas, nuestras hijas o nuestros nietos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Tiene ahora la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Buenas tardes. Gracias, presidente. En la primera iniciativa pasó la diputada Carolina Del Mazo, que no la veo por aquí, pero ella decía de repente que no ponemos atención, así que yo espero que hoy, aunque sea el último punto de acuerdo, pongamos atención porque lo que hoy venimos a hablar sobre este punto de acuerdo no es una excepción, sino es un tema común.

Según los datos de la Procuraduría General de la República, de 2008 a 2014 hubo un aumento de delitos contra niños y niñas sobre abuso sexual y trata, de más del 600 por ciento, y eso nos debe alarmar como sociedad, porque aquí se ha dicho mucho que tenemos una responsabilidad moral, pero entonces, ¿En dónde estamos trabajando?

El Consejo Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer en un informe que apenas el 7.2 por ciento de las averiguaciones federales y locales que se inician por trata de personas, terminan en una sentencia condenatoria. El sistema penal judicial no está funcionando y tenemos muchas leyes que pueden prevenir, erradicar y sancionar la trata y el abuso, pero tenemos que generar políticas públicas que los Ejecutivos en todos sus niveles y que el Poder Judicial verdaderamente haga un cumplimiento de la misma.

En el país tenemos apenas ocho estados que medio cumplen con los principios establecidos en el Protocolo de Palermo, pero hay 17 estados en donde no está legislada esta materia. Y sobre abuso sexual infantil, según la OCDE, somos de los países miembros el primer lugar en abuso sexual. Quizá no tenemos el primer lugar de la OCDE en educación, pero sí el primer lugar en abuso sexual infantil a niños y niñas y eso debería preocuparnos.

En este sentido también, cada año se registran 25 mil denuncias de niños y niñas abusados sexualmente en México. Es decir, 70 casos diarios y 3 cada hora según especialistas.

Solo quiero terminar diciendo: pues podemos tener las mejores leyes, pero si no generamos políticas públicas para la atención, erradicación y sanción del abuso sexual infantil y la trata, de nada nos servirán. Pero una cosa más, si los padres y madres de familia no asumen su responsabilidad ética y moral con sus hijos, tampoco tenemos futuro como sociedad.

Es el gobierno, es esta Cámara de Diputados, son buenas leyes, son los Poderes Ejecutivos y es el Poder Judicial. Pero también a familia tiene una gran responsabilidad en el cuidado y erradicación de la violencia y la trata hacia los niños y las niñas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Tiene ahora la palabra la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Irma Rebeca López López:Con su venia, señor presidente. El gobierno federal oculta la explotación sexual infantil. En México, entre 16 y 20 mil niñas y adolescentes son explotados sexualmente.

Según cifras de organizaciones no gubernamentales el delito está entre los tres más lucrativos del crimen organizado; sin embargo, el problema es minorizado por el gobierno federal.

No existen políticas públicas, un combate efectivo, legislación armonizada, atención a las víctimas y ni siquiera datos confiables. Los especialistas observan que la omisión refleja que los niños, niñas y adolescentes siguen sin ser considerados ciudadanos. La explotación sexual de niños y niñas adolescentes equivale a una forma contemporánea de esclavitud.

La Organización Internacional del Trabajo la define como una violación de derechos humanos y una forma de explotación, que ocurre cuando se engancha o utiliza a los menores en actividades sexuales, para satisfacer sus necesidades.

Las modalidades de la explotación sexual de niñas y niños y adolescentes son la prostitución y la pornografía infantil, el turismo sexual, el abuso sexual y la trata, y venta de niños y niñas adolescentes para actividades sexuales.

No se ha tomado con suficiente seriedad, porque los niños no cuentan en el presente, cuentan como futuro. Es una verdadera desgracia, porque quien no atiende a su presente, no tiene futuro. Un Estado que no ve por sus niños no tiene sentido de existir, se autoaniquila. Es absurdo que sea tan ciego a una problemática de tales dimensiones, señala la activista.

La ausencia de un sistema integral de protección de los derechos de los niños, un Estado que no reconoce la voz de sus niños y niñas, que inhibe la denuncia, la impunidad y actuación del crimen organizado, impiden saber cuál es el estado de esta situación, cómo afrontarlo, qué atacar y cómo prevenirlo.

Puesto que los menores de edad representan al 30 por ciento de la población del país, estamos ante la paradoja de no considerar a la tercera parte de la población como ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y por tanto invisibles, sin que se preste atención real a este problema más allá de los discursos.

Desde 2005 se reporta un aumento visible, pero difícil de cuantificar, de la explotación sexual en el país, esto se debe a la inexistencia de políticas integrales y de recursos públicos suficientes y específicos dirigidos a enfrentar y combatir el problema.

Datos aislados pueden dar una visión parcial del fenómeno. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, menciona que en 21 estados del país se han detectado actividades de turismo sexual infantil. La Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina, ubica a México en el quinto lugar a nivel mundial en esta modalidad.

Según Infancia Común, México tiene el segundo lugar en el mundo en producción de pornografía infantil. Tan solo en cinco años se detectaron en este país más de 4 mil sitios electrónicos dedicados a la pornografía infantil.

En Latinoamérica existen al menos 100 foros virtuales donde se intercambia este tipo de material. Un tercio de ellos se ubica en el país.

La dificultad de contar con cifras más precisas del número de niñas y niños envueltos en las diversas formas de explotación sexual tiene qué ver con las deficiencias en los marcos legales para tipificar adecuadamente los delitos que se cometen contra la infancia en este ámbito, describe la Redim.

Hace diez años se publicó el último informe oficial sobre explotación sexual infantil en México. El documento realizado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, la Unicef y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social sugería que 16 mil niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente en el país. La mayoría se ubican en seis ciudades: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana.

La prostitución, el tráfico y venta de niños, la pornografía y el turismo sexual predominan en estos destinos donde se cuentan 4 mil 600 niños explotados. Los menores de edad se prostituyen por igual en calles, plazas, mercados, parques, estaciones de autobuses, hoteles, moteles, prostíbulos y casas clandestinas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Busque concluir, diputada, por favor.

La diputada Irma Rebeca López López: Perseguir a las redes que utilizan a menores de edad para la explotación sexual y promueven el turismo sexual en el país es una prioridad para Morena. Por lo tanto, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada López. Tiene ahora la palabra la diputada Paloma Canales Suárez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Paloma Canales Suárez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, no obstante que en la actualidad existe un marco nacional y convencional vasto sobre los derechos de los niños en nuestro país, aún falta mucho por hacer en lo que respecta a su protección, puesto que los menores siguen siendo uno de los grupos más vulnerables que existen, presentando un alto riesgo de sufrir abusos y exposición a entornos violentos, tanto en el ámbito familiar como el escolar.

Esta Cámara de Diputados estableció el 19 de noviembre como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, bajo la premisa de luchar en contra de todo tipo de violencia sexual hacia los niños y niñas por ser este uno de los actos que más lastiman a nuestra sociedad.

Es indispensable que entendamos la importancia de asumir el compromiso para erradicar el tráfico de niñas y niños con fines de explotación sexual, ya que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en nuestro país existen más de 16 mil niños y niñas que ejercen la prostitución, siendo los destinos turísticos las zonas donde se presenta con mayor frecuencia.

Además, no debemos perder de vista que en 2014, en el ámbito del Día Internacional de la Prevención del Abuso Infantil, la Unicef advirtió que 150 millones de niñas y 73 millones de niños en todo el mundo han sido víctimas de algún abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad. Por ello, la importancia de trabajar en el combate a la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual.

Ante la contundencia de los datos internacionales y nacionales, como legisladores estamos obligados a implementar todas aquellas acciones legislativas necesarias para combatir este delito.

En este sentido, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de llevar a cabo todas aquellas que dentro del marco constitucional y legal se puedan llevar a cabo para combatir y erradicar la trata de personas.

El caso que nos ocupa ya está radicado ante el Poder Judicial del estado de Guerrero, incluso ya el Juzgado Quinto de lo Penal en aquella entidad dictó el auto de formal prisión por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en contra del individuo de nacionalidad canadiense que fue exhibido besando a una niña en Acapulco.

Sin embargo, estamos a favor de que la Procuraduría realice una investigación a fondo para descartar la posibilidad de que pudieran estar operando grupos del crimen organizado para la comisión de este delito de explotación sexual.

Es importante reiterar que el Partido Verde Ecologista de México, reprobamos de manera contundente todo tipo de conducta que se vincule directa o indirectamente al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, especialmente cuando se trata de niños y niñas y jóvenes, precisando de manera adicional que su combate debe llevarse a cabo dentro del cauce constitucional y legal aplicable, así como el permanente respeto de las atribuciones asignadas para cada autoridad en materia de impartición de justicia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Canales. Tiene ahora la palabra, el diputado Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD. No haga diálogo antes de que suba a la tribuna, diputado. Agradezca que le aplaudan todavía, a esta hora.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán:Se ve vacío el salón, pero bueno. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Con su permiso, señor presidente. El caso que aquí tocamos es de altísima relevancia en un estado donde priva una brutal violencia, donde todos los días nos amanecemos con muerte y más muerte.

Ahora también, en plena costera Miguel Alemán, la conocida costera Miguel Alemán, para ser más específicos en una de las zonas más transitadas del puerto de Acapulco, Oceanic 2000, nos enteramos por las redes sociales, que un ciudadano canadiense besa a una bebé de apenas tres años.

El punto de acuerdo que mi compañero David Jiménez, y firmado por otros diputados y diputadas de esta Cámara de Diputados, pedimos que se haga la facultad de atracción por parte de la Procuraduría General de la República.

Pero yo le aumentaría algo adicional, le pondría algo adicional a este punto de acuerdo, que inmediatamente de que lo atraiga la Procuraduría General de la República, inicie los trámites ante el gobierno de Canadá, para que sea extraditado, toda vez que en ese país su Código Penal establece que lo que hizo este personaje se puede llevar hasta 14 años de cárcel aun cometido el delito fuera de territorio canadiense, a petición –en este caso– del gobierno mexicano.

De tal manera que el punto de acuerdo pueda ser la atracción por parte de la PGR e inmediatamente la extradición para que purgue una condena de hasta 14 años, que en el estado de Guerrero no se puede llevar porque no está armonizado su Código Penal con el Código Penal Federal. Por ejemplo aquí en el Distrito Federal no saldría porque está catalogado como delito grave. De tal manera –para concluir– que también solicitarle respetuosamente al Congreso del Estado de Guerrero para que de inmediato armonice el Código Penal del estado respecto al Código Penal Federal, y que también se cumpla lo que establece el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia. Tiene ahora la palabra la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Mariana Arámbula Meléndez:Gracias. Buenas tardes. Señoras y señores legisladores, el abuso sexual infantil representa el crimen más detestable y nocivo que vulnera nuestro tejido social y del cual puede hacerse mención el día de hoy.

Recordemos que según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, y en violencia física y homicidio de menores de 14 años, donde hoy en día alrededor de 4.5 millones de niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país y únicamente no pasa nada.

Es esta situación la que ha fomentado el hecho de que nuestro país sea visitado con fines de turismo sexual infantil, casos tan deplorables como el del canadiense Walter Suk, es sólo una pequeña muestra de la terrible problemática a la que nos estamos enfrentando como nación, en donde se es evidente que la presencia delincuencial atrás de la promoción de dicho turismo económico por las cuantiosas ganancias que representa, así como del uso de niñas, niños y adolescentes en material pornográfico. Por tanto esta terrible problemática pone de manifiesto la urgente necesidad de llevar a cabo medidas más enérgicas en contra del abuso en explotación infantil.

En el PAN hoy estamos de acuerdo para que la PGR ejerza su facultad de atracción para investigar la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad en la Ciudad de Acapulco, Guerrero.

Pero es lamentable que México figure dentro de las primeros cinco destinos a nivel Latinoamérica para turismo y explotación sexual infantil. Casos como éstos, donde a través de redes sociales, donde a través de notas de periódicos nos enteramos y quedan impunes y no pasa nada. No podemos quedarnos callados, señores, es desde esta tribuna donde tenemos que pedir que los niños sean escuchados, que su derecho superior sea protegido, que no sean más revictimizados, porque cada que sale una nota, quién les da acompañamiento psicológico y emocional, quién les está diciendo cómo van a salir de ése shock que les causó y cómo van a poder socialmente volver a tener una vida en plenitud.

En días anteriores me tocó leer una nota, ahora que se aprueba el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, donde la ONU dice que está preocupada por la prescripción del delito en materia de la niñez, y hoy los invito a que esto no quede así, que pongamos un marco donde el delito de la prescripción en abuso sexual infantil no caduque porque estas personas son las que la sacan de esos países, de nuestro país y no pasó nada, y después de unos años no hubo delito que perseguir y los niños son los que están lamentablemente en esa situación y nadie los ha acompañado.

Acción Nacional exige políticas públicas, exige programas preventivos, exige que la Procuraduría tenga protocolos y acompañamiento para ellos y su familia en materia de la niñez, y que esto acabe, no en letra muerta, que hagamos algo y que nos demuestren que estas personas tiene que estar en la cárcel y que no le van a hacer nada a nuestros niños y mucho menos aquí en México. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arámbula.

Saludamos la presencia de alumnos de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del estado de Durango, invitados por la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, bienvenidas, bienvenidos amigos a este recinto parlamentario. Tiene ahora la palabra la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Julieta Fernández Márquez:Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional condena enérgicamente el caso específico del canadiense Walter Suk y está a favor de la protección y resguardo a toda costa de nuestros niños y niñas que son el futuro, el futuro de nuestro país a través de nuestras instituciones.

Sin embargo, ante este pronunciamiento nos resistimos a que un tema tan sensible e indignante en materia de turismo sexual y abuso sexual y corrupción de menores, el caso del canadiense Walter Suk, se enrarezca y se politice, ya que solo entorpecería el proceso.

La juez quinto del penal, Beatriz Fuentes Navarro, ya dictó auto de formal prisión y es de reconocer su actuación, al ciudadano canadiense Walter Suk. El proceso se tiene que tramitar en tiempo y forma para que no se violen los derechos de las víctimas, hay que recabar pruebas, investigar y fincar la responsabilidad.

Este caso en particular requiere de una atención puntual de todas las autoridades involucradas durante todo el proceso. El caso debe mantenerse en las instancias locales, también federales, pero sobre todo porque nunca ha habido un procesado y sentenciado en nuestro país, estos entran y salen de la cárcel o entran y salen del proceso, y sería el primer caso en México, y esto debe sentar precedentes a nivel nacional.

Una servidora se ha pronunciado enérgicamente ante este abominable caso en diferentes medios, porque la naturaleza del delito es en realidad lo que debemos erradicar. Sabemos que estos casos se practican todos los días en nuestro país, la complicidad de quienes cometen estas atrocidades está identificada por la sociedad y por las autoridades. Y, sin embargo, no hay denuncias, no hay un solo caso enjuiciado en nuestro país por este delito, tuvo que manifestarse dentro de las redes sociales para evidenciar este crimen indignante.

Es por tanto muy importante que las autoridades busquen e identifiquen los casos, que vayan a las calles, que busquen a los niños que están siendo abusados y que están siendo víctimas de la trata de personas. Que intercedan las redes de tráfico de personas y que tomen en cuenta no solamente a través de los medios, sino que se hagan este tipo de políticas públicas.

El caso del canadiense Walter Suk debe ser un estandarte para sentar el precedente por el delito de abuso sexual y turismo sexual comercial infantil, y que todos aquellos involucrados en esta actividad, incluidos también los padres tienen que ser investigados, juzgados, procesados y sentenciados.

Este desafortunado caso es un llamado inaplazable para que se siga legislando a favor de la protección de los niños y niñas, y con esto sigamos dotando de todas las herramientas posibles al sistema penal mexicano para prevenir, para castigar, para erradicar el turismo sexual comercial infantil, la pedofilia, la corrupción de menores, la pederastia, la trata de personas, la explotación sexual comercial de menores. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Fernández. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— XXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por lo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Veracruz a establecer los mecanismos de coordinación que permitan emprender acciones urgentes para reforzar la seguridad, así como garantizar la paz pública y el cumplimiento del estado de derecho en esa entidad federativa.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Veracruz al establecer los mecanismos de coordinación que permitan emprender acciones urgentes para reforzar la seguridad, así como garantizar la paz pública y el cumplimiento de estado de derecho en esa entidad federativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese. Continúe.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Cámara de Diputados.—Presente

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Ana Laura Rodela Soto cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que la diputada Ana Laura Rodela Soto cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Ana Laura Rodela Soto cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Karina Padilla Ávila cause baja como integrante de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Karina Padilla Ávila cause alta como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, la siguiente modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga cause alta como integrante en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga cause alta como integrante en la Comisión de Bicamaral de Dialogo y Conciliación para el Estado de Chiapas.

Reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, 7 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul en donde está ahorita el diputado Javier Bolaños, por favor. Adelante, diputado. ¿Con qué propósito?

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solo para dejar constancia que el día de hoy presenté y quedó inscrito en el orden del día un punto de acuerdo que tiene que ver con el hallazgo de una fosa oficial clandestina en el estado de Morelos.

Digo clandestina, porque nadie conocía y oficial, porque ahí el gobierno del estado depositó 150 cuerpos en calidad de desconocidos, sin cuidar ninguno de los protocolos que se exigen para este tipo de casos. De esos 150 cuerpos, dos ya fueron entregados a sus familias, 105 fueron ya identificados por la misma Fiscalía que ahí los depositó y hay todavía 43 cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos y sobre los cuales el gobierno del estado sistemáticamente ha bloqueado las intenciones de realizar análisis para su proceso judicial.

Insisto, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos solicitó oficialmente participar en la identificación de esos 43 cuerpos y ha sido bloqueado. Es por eso que estamos pidiéndole a la PGR que conozca del caso y lo atraiga, para que se deslinden las responsabilidades consecuentes. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bolaños, han quedado registradas sus expresiones.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan(*), publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

EFEMÉRIDE

DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD

«Efeméride con motivo del 7 de abril, Día Internacional de la Salud, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr” es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la comunidad internacional, y previsto en el artículo 4o. de la Carta Magna. Este derecho incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.

Como parte de la preocupación de la comunidad internacional para lograr la protección de este derecho, en diciembre de 1945 se presentó la propuesta de creación de un organismo internacional de salud, expuesta por las delegaciones de Brasil y China. Pero hasta julio del siguiente año, en Nueva York, no se aprobó la constitución de dicho organismo, que se denominó Organización Mundial de la Salud. Dicha constitución entró en vigencia dos años más tarde, el 7 de abril de 1948, cuando la ratificaron 26 de los 61 gobiernos signatarios.

La OMS desde su constitución fijó como parte de sus principios lograr que los gobiernos se responsabilicen de garantizar la salud de sus pueblos, mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas, como una de las condiciones para lograr la tranquilidad y la seguridad. De igual forma se estableció la salud no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social.

Como uno de los primeros actos de este organismo, se estableció el Día Internacional de la Salud, cuya primera observancia fue el 22 de julio de 1949, en el marco de la conmemoración de la constitución de la OMS. Posteriormente se decidió cambiar la fecha al 7 de abril, para fomentar la participación de los estudiantes, ya que en julio muchos planteles educativos se encuentran cerrados, celebrándose así en la fecha en que oficialmente se adoptó la constitución.

Desde 1950, como parte de esta celebración se utilizan un lema y una temática diferentes cada año. La selección del tema la hace el director general de la OMS, basado en las sugerencias de los gobiernos miembros y de sus funcionarios. En 2016, el objetivo es intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia de la diabetes.

Debemos hacer conciencia sobre la situación de esta enfermedad, pues se ha convertido en una epidemia que ha aumentado rápidamente en muchos países, y de manera extraordinaria en los de ingresos bajos y medianos. Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los casos de diabetes hoy es prevenible con medidas simples, y en su caso, tratables y controlables, lo que ayuda a prevenir complicaciones y a otorgar una buena calidad de vida.

Notas:

1 OMS. Centro de Prensa. Salud y derechos humanos, diciembre de 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ (Último acceso: abril de 2016.)

2 Organización Panamericana de la Salud. Historia del Día Mundial de la Salud, marzo de 2012. http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content &view=article &id=190:historia-del-dia-mundial-de-la-salud (Último acceso: abril de 2016.)

3 OMS. Centro de Prensa. Salud y derechos humanos, diciembre de 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ (Último acceso: abril de 2016.)

Referencias bibliográficas

OMS. Constitución de la OMS: principios, julio de 1946. http://www.who.int/about/mission/es/ (Último acceso: abril de 2016.)

OMS. Centro de Prensa. Salud y derechos humanos, diciembre de 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/ (Último acceso: abril de 2016.)

Organización Panamericana de la Salud. Historia del Día Mundial de la Salud, marzo de 2012.

http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content &view=article&id=190:historia-del-dia-mundial-de-la-salud (Último acceso: abril de 2016.)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica).»

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

«Efeméride con motivo del Día Mundial de la Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, como cada año la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en ciertos temas, este año prestará particular atención a la diabetes.

“Según las previsiones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de defunción para 2030” (OMS, 17 marzo 2016).

Este año la campaña para difundir esta conmemoración se enfocará en acrecentar la concienciación respecto del aumento de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y consecuencias, principalmente en los países de ingresos bajos y medianos.

Se estima que en 2008 unos 347 millones de personas en todo el mundo tenían diabetes, enfermedad cuya prevalencia va en aumento, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos.

“La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina, una hormona que regula el azúcar en la sangre, nos aporta la energía necesaria para vivir. Si no puede llegar a las células para convertirse en energía, el azúcar se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales.

Existen dos formas principales de diabetes. Las personas con diabetes de tipo 1 generalmente no producen insulina, por lo que necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir. Las personas con diabetes de tipo 2, que representan el 90% de los casos, suelen producir su propia insulina, pero la cantidad es insuficiente o no la pueden utilizar apropiadamente; por lo general tienen sobrepeso y son sedentarias, dos circunstancias que aumentan sus necesidades de insulina.

Con el tiempo, la hiperglucemia puede poner en peligro a todos los órganos principales del cuerpo y provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, neuropatías, insuficiencia renal, ceguera, impotencia e infecciones que pueden necesitar amputación.”

Estos hechos llevan a la OMS a enumerar los retos para intensificar, mejorar la atención y reforzar la vigilancia:

1. Acrecentar la concienciación respecto del aumento de la diabetes y de sus abrumadoras cargas y consecuencias, en particular en los países de ingresos bajos y medianos;

2. impulsar un conjunto de actividades específicas, eficaces y asequibles para hacer frente a la diabetes, con medidas para prevenirla y para diagnosticar, tratar y atender a quienes la padecen; y

3. presentar el primer informe mundial sobre la diabetes, que describirá la carga y las consecuencias de la diabetes y abogará por sistemas de salud más sólidos que aseguren una mejor vigilancia, una prevención reforzada y una atención más eficaz de la diabetes.

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, número 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948.”

“La salud es un elemento fundamental en la vida individual y colectiva de los sujetos. Asimismo, es un eje transversal que cruza todas las dimensiones y problemáticas de la existencia humana, por lo que conceptualizarla con la profundidad que se requiere es una tarea difícil”.

Sin embargo, estudiosos de la UNAM, “ante la férrea crítica e insostenibilidad del concepto de la OMS, proponen, utilizar en lugar de un concepto, una noción de salud, entendida como un complejo proceso histórico multidimensional condicionado y transformado por elementos materiales de vida, biológicos, culturales, sociales, económicos y políticos que impactan tanto de manera individual como colectiva.”

En México, como sabemos, el derecho a la protección de la salud está establecido en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Sin embargo, como mucho en nuestra Constitución, no ha sido cumplido a cabalidad “el Estado mexicano aún tiene que enfrentar distintos desafíos para cumplir con los elementos establecidos en la construcción y defensa de la salud como derecho universal, que garantice el pleno goce del derecho a la salud. Esto sin reducirlo, en tanto derecho social, a su resolución dentro de los marcos legislativos. Es necesario comprender que éste es mucho más extenso y complejo que lo que se explicita en las leyes”.

El estudio de la UNAM sentencia “El sistema institucional de salud está fragmentado y desordenado, además que está basado en un modelo de protección social ligado al trabajo formal, lo que fomenta la exclusión, con un sistema de seguridad social para algunos y medidas asistenciales para otros (Fleury, 1998).”

Hoy es un día propicio para reflexionar sobre esto y más importante aún, para seguir buscando mejores opciones y medidas eficientes contra este grave padecimiento que tanto afecta a nuestro país, la obesidad y la diabetes.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud, pág. web. Día Mundial de la Salud 2016.

2 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Área de Investigación Aplicada y Opinión, UNAM. “Los mexicanos vistos por sí mismos”, México, DF, agosto de 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de abril de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA

«Efeméride con motivo del 97 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Ángel García Yáñez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XI, y 62, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente efeméride con motivo del 97 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los movimientos sociales más importantes del Siglo XX fue la Revolución Mexicana de 1910, misma que ha sido considerada de tipo agrario al ser hombres y mujeres del sector campesino la mayoría de sus participantes y porque dio como resultado, para su tiempo, una de las legislaciones agrarias más adelantadas de América.

La estructura de clases en México, con base en los resultados del Censo General de la República Mexicana de 1895, dan muestra de la polaridad existente en los albores del siglo pasado, en donde, de casi 13 millones de habitantes, los campesinos que conformaban el 76.6%, se encontraban entre los más oprimidos, analfabetas, sin ascenso económico, ocupados principalmente como peones y particularmente, sin poseer su principal elemento de desarrollo y progreso: la tierra.

Justamente ellos, con su afán más o menos consciente de obtener o recuperar la tierra, se convirtieron en la principal fuerza motora de la Revolución Mexicana.

A la par de que a campesinos y comunidades se les iba quitando sistemáticamente la posesión de sus tierras, se daba la progresiva concentración de las mismas en manos de latifundistas, hacendados o sociedades extranjeras, principalmente norteamericanas.

Por ello no extraña que la consigna de “Tierra y Libertad” llegó a ser el símbolo y señal distintiva de una revolución que procuró resolver, al menos en la máxima expresión legislativa de nuestra historia, uno de los más graves problemas sociales que imperaba en la conformación del México moderno.

Tampoco extraña que el lema aglutinador y movilizador de los desposeídos haya sido forjado por uno de ellos: Emiliano Zapata Salazar.

Hijo de peones, nacido en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879, forjó desde su niñez un carácter sensible, honesto y solidario con los indígenas y contra la explotación que padecía la gente del campo.

Estas cualidades en él, permitieron que lograse rápidamente aglutinar en torno a su persona una guerrilla que adoptó y suscribió el Plan de San Luis del 5 de octubre de 1910, en el que se estipulaba que la tierra le sería restituida a sus antiguos propietarios, sintiéndose con ello convocados e incluidos, indígenas y campesinos que veían en Zapata a su líder natural y a la tierra, el motivo de su lucha.

Los zigzagueantes vaivenes de los grupos revolucionarios y el incumplimiento de los ideales de la Revolución Mexicana originan su rompimiento con el que fuera el iniciador del movimiento de 1910, Francisco I. Madero. Como consecuencia, y en un momento de suma trascendencia nacional, el 25 de Noviembre de 1911, Emiliano Zapata, proclama el “Plan de Ayala”, con el cual se sentaran las bases del movimiento social más grande de México y de América: el Agrarista.

Desde la proclamación del Plan de Ayala, Emiliano Zapata se mantuvo en pie de lucha y ninguno de los tres gobiernos que atraviesan esos años, los de Madero, Huerta y Carranza, lograron controlar esta lucha por el cumplimiento de las promesa hecha al pueblo, a fin de hacer realidad esa proclama de que “la tierra es de quien la trabaja”.

A partir del surgimiento del Plan de Ayala, los indígenas y campesinos, aglutinados en torno al zapatismo encontraron una guía para la acción; un sentido claro de la lucha y una identificación plena para la solución de sus problemas, logrando, desde su proclama, poner en el debate nacional el gravísimo problema de la tenencia de la tierra en nuestra Nación.

Emiliano Zapata no sólo era un guía moral e ideológico de la Revolución, también era congruente en la praxis al crear comisiones agrarias para distribuir la tierra morelense y pasar mucho tiempo supervisando su trabajo para asegurarse de que no mostraran ningún favoritismo y de que los propietarios de la tierra no corrompieran a sus miembros. Asimismo, consciente de que la posesión de las tierras no era la panacea del desarrollo de las comunidades campesinas, estableció un Banco de Crédito Rural, la primera organización crediticia agraria del país e impulsó la reorganización de la industria azucarera de Morelos en forma de cooperativas.

Sin embargo, Zapata no vería realizada su obra; al filo de las diez de la noche de ese 10 de abril de 1919, una noticia se reproducía en los diarios capitalinos: Emiliano Zapata, el líder de la revolución en el estado de Morelos había muerto. Los primeros reportes indicaban escuetamente que las tropas del general Pablo González, encargado de las operaciones militares en el estado, habían obligado a los zapatistas a entablar combate en la Hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos, cayendo en la acción el jefe rebelde.

Emiliano Zapata que siempre repudio la traición, murió víctima de ella, al apagarse la última nota del clarín que en la hacienda de Chinameca, presuntamente le rendía honores.

La violenta muerte de Zapata es sinónimo de traición a quien representa en el México moderno, la importancia de la lucha por la tierra, el espíritu de las comunidades campesinas y el reclamo inagotable de justicia.

En Chinameca se intentó poner fin a uno de los movimientos más profundos de la Revolución Mexicana, pero su herencia viva no puede perderse de vista. El campo y las comunidades campesinas siguen siendo un tema fundamental en el proyecto de justicia que está incorporado en nuestra Constitución.

A casi un siglo de la redacción del Artículo 27 Constitucional en 1917, herencia y consecuencia del agrarismo de Zapata, la conmemoración de su muerte, a 97 años de acaecida, nos obligan a replantear las relaciones de la Nación con el sustrato agrario de la sociedad.

Como morelense, los ideales de Emiliano Zapata son el cimiento de mi reflexión para retomar la discusión inaplazable de la inclusión social, lucha contra la desigualdad y desarrollo de las comunidades campesinas y de sus pobladores.

Es un deber que no puede olvidarse: las grandes carencias que prevalecen en el campo; su persistente clima de pobreza; la permanente migración de nuestros campesinos hacia el campo y las ciudades de los Estados Unidos de América y la inseguridad alimentaria del país nos recuerdan de manera dolorosa la deuda que tenemos con el Caudillo del Sur.

A 97 años de su muerte, día a día Zapata reivindica las causas campesinas, concentradas en la lucha por la tierra y sustanciales mejoras a sus derechos fundamentales, aspectos que aún no están del todo resueltos en la realidad social de 26 millones de mexicanos que viven y trabajan en el campo, entre ellos el sector más pobre de la población y casi la totalidad de los indígenas mexicanos.

Notas:

1 Particularmente en estados del centro del país esta proporción es mayor: en Morelos constituían el 99.5%; en Puebla llegaron a ser el 99.3% y en Hidalgo, el 98.7%.

Censo General de la República Mexicana 1895. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Tabuladores básicos.

Disponibles en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ ccpv/cpv1895/default.aspx.

2 Enrique Krauze. Biografía del poder: Emiliano Zapata. Fondo de Cultura Económica, 1987. México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de abril de 2016.— Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 16:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 12 de abril de 2016, a las 11 horas. Buenas tardes.

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