Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 290 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:38 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 12 de abril de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con modificación de turno de minuta.

De las diputadas Alicia Barrientos Pantoja y Kathia María Bolio Pinelo

Con los que solicita el retiro de iniciativas y proposición.

De la Secretaría de Gobernación

Con los que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y Comisión Permanente.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla

Con los que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

De la Auditoría Superior de la Federación

Con el que remite el informe del estudio general sobre la situación que guarda la gobernanza en el sector público federal.

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con el que remite el informe anual que contiene el listado e información de las concesiones emitidas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

De la Cámara de Senadores

Por el que comunica que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la Fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada.

Solicitud de licencia

Del diputado Ricardo David García Portilla.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma el Primer Párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación.

Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua

Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posicionamiento con motivo del 80 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional, a cargo de los grupos parlamentarios

Agenda política

A propósito de la elección presidencial en los Estados Unidos de América, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o., 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis1 a la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se Expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido RevolucionarioG Institucional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por las diputadas Eloisa Chavarrias Barajas y Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 162 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Juan de Dios Bátiz Paredes”, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII al Título VII y el artículo 196 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o., 13 y 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Daniel Ordoñez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 3o. y 3-Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 203, 209 y 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 84 a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 209 Bis y 400 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona la fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, por el que se declara el 19 de abril, como el Día Nacional del Tequio, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 88 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado J.Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 2o., 42 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley que establece el derecho de recibir un apoyo económico a las madres solas, jefas de familia, de escasos recursos y residentes en México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 6o. y 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 19 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 21 y 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General que establece el Derecho a Recibir un Apoyo Económico a los Enfermos en Situación Terminal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 32 y 57 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, suscrita por los diputados María Concepción Valdés Ramírez y Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley General de Justicia Integral para Adolescentes, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto, por el que se crea el reconocimiento “Hermila Galindo Acosta” y, reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, por el que declara el 10 de agosto como el Día Nacional de las y los Jóvenes Indígenas de México, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Civil Federal; del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del Artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial y de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Vitalicio Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 63 de la Ley de Aeropuertos, y 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 127 y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o. y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a fin de realizar programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la subsistencia de las mismas, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se excluya al CONACYT y al Programa Nacional de Becas de la SEP, del “ajuste preventivo al gasto para mantener la estabilidad macroeconómica” para el año 2016, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a elaborar un diagnóstico respecto al uso actual de la medicina tradicional en nuestro país, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a fin de reforzar las medidas para el combate de la plaga de la mosca de la fruta, que afecta los cultivos de naranja en el estado de Veracruz, suscrito por el diputado Edgar Spinoso Carrera y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a la inclusión de diversas enfermedades crónico degenerativas al Seguro de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral de Tamaulipas, a solicitar la colaboración y asistencia de las fuerzas federales de seguridad, para garantizar el orden y el desarrollo pacífico de la contienda electoral que se llevará a cabo el día 5 de junio en esa entidad, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE y a la Secretaría de Cultura, para que en coordinación con el Gobierno y el Congreso del estado de Guerrero, realicen las acciones necesarias ante la Unesco a fin de solicitar la inclusión en el inventario del patrimonio cultural e inmueble a los clavadistas y la Quebrada, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados de la federación y a los presidentes municipales, para que blinden la entrega de los programas sociales y suspendan la entrega de los mismos en actos masivos, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, y a la Comisión de Mejora Regulatoria, a retirar el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los tres niveles de gobierno, a fin de realizar en las escuelas de educación secundaria, campañas de concientización sobre los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Profeco, a fin de concientizar sobre el consumo y la venta de bebidas energizantes, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, a los municipios y a la PROFECO, a fin de establecer normas y reglamentos que permitan otorgar el servicio de estacionamientos públicos de manera gratuita, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que incluya y refuerce los contenidos en materia de educación ambiental, en los nuevos planes y programas de estudio de educación básica e inicial, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo en materia de especificaciones sobre leche, fórmulas lácteas, publicidad y consumo informado, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo a fin de realizar una Sesión Ordinaria con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la zona metropolitana del Valle de México, para que resuelvan la problemática del transporte público, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a las autoridades federales y del estado de Morelos, a fin de restaurar los recursos naturales afectados por el incendio en el Bosque de Tepoztlán, perteneciente al corredor Ajusco - Chichinautzin, así como realizar una investigación exhaustiva de las causas que dieron origen al mismo, a cargo del diputado Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a la Coordinación para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a la Instancia Coordinadora Nacional y a las Mesas de Coordinación Estatal, a fin de instalar más puntos de acceso a internet de banda ancha gratuito en espacios públicos, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SEP y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que difundan las razones del conflicto magisterial vinculadas a la presunta retención de la nómina de profesores en el estado de Oaxaca, asimismo, para establecer una mesa de diálogo y conciliación que dé solución a dicha problemática, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT, difunda el desglose al recorte en materia de programas y proyectos de inversión 2016 en dicha dependencia, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a fin de realizar las reformas pertinentes en sus legislaciones en materia civil o familiar que permitan el acceso al reconocimiento de la identidad de género a las personas, a cargo del diputado Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que difunda los avances de la integración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que difunda las causas que provocaron que se implemente un recorte al gasto público, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, de la SRE y de la PGR, realice las acciones necesarias para prorrogar la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sagarpa, de la Sedesol y de la SE, para que garanticen el cumplimiento de los acuerdos con los productores agropecuarios, y se establezca un programa de compras de productos del campo que permita aprovechar el esfuerzo de los mismos, suscrito por los diputados Juan Romero Tenorio, Miguel Alva y Alva y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados, a efecto de armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de multas electorales, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de revocar la negativa de recibir la visita del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU en nuestro país, a extender el plazo del Acuerdo para la Incorporación de Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de Derechos Humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y para que cese el hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la CIDH, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que expida la Convocatoria para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana, y le dote de los recursos presupuestales que le correspondan en términos legales, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz, para que consigne la indagatoria 5492/15/1ESO/VER/05, a fin de que los imputados puedan ser sometidos ante la justicia mexicana, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García y Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la solicitud de recursos federales hecha por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con el objeto de mejorar el transporte público, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a fin de aclarar la controversia generada por las acusaciones hacia un servidor público de esa casa de estudios por transportar grandes cantidades de dólares en una avioneta propiedad de la Universidad, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Con motivo del 12 de abril, Día internacional de los Vuelos no Tripulados, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas, ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Sobre el orden del día me quiero referir al tema de que me parece muy grave que el presidente de la república haya decidido no asistir a la reunión extraordinaria de Naciones Unidas sobre Drogas, la UNGASS, que el propio gobierno mexicano propuso y en la cual el país que más ha sido afectado por la guerra contra las drogas, hay 52 mil muertos sólo en esta administración, no vaya a fijar una postura.

Esta Cámara tampoco la ha fijado, el Senado lo hizo, no habrá diputados en los cuartos de lado del gobierno mexicano y todo el Estado mexicano está perdiendo una enorme oportunidad para fijar una posición en el mundo sobre el tema que más afecta al país.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. No se encuentra agendado en el orden del día, quedan registradas sus expresiones.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Ariel Juárez, ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidente, solamente para dirigirme a usted y a su vez lo voy a hacer a la Junta de Coordinación Política, porque hace ocho días precisamente estábamos hablando de los problemas que se originan cuando se le dan las preferencias a los privados para la apertura de minas, de carreteras y que se van desalojando, se van afectando a poblaciones y comunidades.

Tal es el caso de ayer lunes, en donde alrededor de 600 policías estatales del estado de México, entraron a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, en donde, no obstante, de tener una suspensión del Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales y de Amparo del estado de México, donde les concede la suspensión definitiva de un expediente que tiene que ver con un tema de índole carretero de Naucalpan a Toluca, no obstante de ello, se brincaron este resolutivo de la instancia federal y fueron desalojados con lujo de violencia por 600 policías estatales, en donde golpearon a la señora Isabel Fernández García y al compañero Armando García Salazar, en donde fue derrumbada una de esas viviendas que habrán construido para poder estar al pendiente de que no talaran y cometieran un ecocidio.

Entonces, solicitarle, reitero, lo haré a través de la Junta de Coordinación Política, porque no puede ser que siga habiendo gobiernos represores que se brinquen las instancias para favorecer a particulares.

Eruviel Ávila se brincó este resolutivo federal para privilegiar al constructor favorito de este gobierno corrupto que es del Grupo Higa. Ese mismo que aparece en los papeles de Panamá. Entonces, quiero dejar asentado que no puede seguir prevaleciendo el interés de unos cuantos por encima de los mexiquenses. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Han quedado registradas sus expresiones, diputado Juárez, y desde luego, como usted bien lo establece, el conducto es el que usted ha señalado, a efecto de que pudiera inscribirse para una sesión próxima de esta Cámara de Diputados.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Para precisar, presidente, que de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad, en el estado de Michoacán los delitos de fuero común han aumentado, comparados con enero y febrero de 2015 y enero y febrero de 2016, delitos de fuero común como robo a casa habitación, como delitos sexuales, lesiones y robos en carreteras.

En ese sentido exhortamos al gobierno del estado de Michoacán a que redoble esfuerzos para reducir estos delitos que tanto laceran a los ciudadanos de Michoacán porque les pega directamente en el bolsillo, afectándolos también psicológicamente.

También quiero reconocer, en otro sentido, al propio gobierno del estado, pero en especial al general Felipe Gurrola, titular del Grupo de Coordinación Michoacán, por su oportuna respuesta y despliegue operativo en los bloqueos carreteros y quema de camiones en diversos puntos del estado de Michoacán, especialmente en Tierra Caliente, hechos suscitados este fin de semana, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, han quedado igualmente registradas sus expresiones.

El diputado Erik Juárez Blanquet(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido aquí en la curul del diputado Erik Juárez, por favor. Sí, diputado.

El diputado Erik Juárez Blanquet (desde la curul): Sí, presidente, solamente para refutar la participación de mi compañero michoacano, el diputado Omar Noé. Fíjense ustedes que el propio Osorio Chong, en Michoacán, y el gabinete de seguridad han reconocido los avances que hay en la entidad en materia de seguridad; tanto en delito del fuero común como federal. Entonces, creo que aquí estamos hablando de un noble discurso.

Y sobre los bloqueos y lo que ocurrió el día de ayer, creo que fundamentalmente los que somos michoacanos y todos en general debemos evitar ser mediáticos, debemos evitar hacer más ruido de lo que en realidad sucedió.

Además, quiero decir que lo del día de ayer merece un reconocimiento no solo para el general, sino para el gobierno de Michoacán; obviamente para la PGR y para la Sedena porque son operativos conjuntos los que han venido trabajando desde siempre en este acuerdo por la seguridad integral en Michoacán.

Así que la reacción del día de ayer, el operativo que se dio y los resultados creo que es de reconocerse que es de manera conjunta con el gobierno de Michoacán. Solamente, presidente. Muchas gracias.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez.

A ver, ya me volvió a pedir otra vez la palabra el diputado Omar Bernardino sobre un asunto que no está a debate. ¿Quieren que se debata, que se discuta el asunto? Ya saben cuál es la vía reglamentaria correspondiente. Búsquese incorporar en el orden del día a través de sus respectivos coordinadores parlamentarios.

Ya lo hemos establecido aquí, porque no vamos a abrir un debate sobre el tema. Ya se escucharon distintas posiciones. Me han pedido incluso la palabra, entiendo que por tratarse de una diputada michoacana y usted van a referirse al mismo tema y vamos a entrar en una polémica.

Yo les pido, con todo respeto, que hagamos las gestiones correspondientes. Pero no puedo dejar de obsequiarle la palabra si usted insiste en tomarla. A ver ahora ¿con qué propósito, diputado Omar Bernardino?

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Seré muy breve. Al compañero diputado decirle que los datos no los está inventado su amigo El Vale Bernardino. Solamente son datos del propio Sistema Nacional de Seguridad e hice un comparativo. Y de los bloqueos también hice un reconocimiento al gobierno del estado, porque yo siempre seré una oposición crítica, pero responsable y constructiva. Eso es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Igual ahí en la curul de la diputada Alicia Álvarez, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones (desde la curul): Buenos días. Saludarles. Y estoy en la misma sintonía que mi compañero Noé Bernardino. Michoacán ahorita está muy caliente y no nada más para tierra caliente, es en todo el estado de Michoacán, la zona occidente, la zona oriente, la zona de tierra caliente por los dichosos supuestos comunitarios que supuestamente ya no existían. Entonces, yo también estoy en ese...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido ahí. Restituyan el sonido. Yo no indiqué nada, para que no me vaya a echar bronca de allá para acá. Sonido ahí, se fue el sonido en la curul de la diputada Álvarez.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones (desde la curul): No se vale, eh.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No fui yo.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones (desde la curul): Más que nada, yo quiero también expresarme mi sentir y el sentir de la ciudadanía. Es una situación muy crítica que tenemos que estar todos en común aquí para poder resolver esta situación de Michoacán.

El diputado Erik Juárez Blanquet(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De nueva cuenta sonido en la curul del diputado Erik Juárez, por favor. A ver, ya están dialogando ahí por lo pronto. A ver. Porque están buscando conciliar cifras y apreciaciones. Sonido en la curul del diputado Erik Juárez, por favor.

El diputado Erik Juárez Blanquet (desde la curul): Sí estaba mostrando algunos datos, mi amigo el diputado Omar Noé. Pero entonces habría que actualizar al secretario de Gobernación, insisto, Osorio Chong, porque va a Michoacán y nos presenta una realidad distinta con números, con datos, también del Sistema de Seguridad.

No se vale que aquí se diga una cosa, e insisto, Michoacán nos duele a todos, es nuestra tierra y no entiendo la actitud de mis compañeros diputados de estar denostando la labor conjunta con su secretario de Gobernación, con el gobierno federal. No está aquí de por medio el gobierno de Michoacán solamente, sino en realidad la estrategia que están trabajando de manera conjunta por la seguridad integral todos los órdenes y niveles de gobierno. Nada más para dejar bien en claro eso, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Yo les reitero, les subrayo, que si quieren que se agende el tema de la situación de Michoacán, que se justifique y que se haga por los conductos reglamentarios correspondientes. Ya hemos escuchado cinco o seis intervenciones referidas al mismo tema, sin estar agendado en el orden del día. La diputada Araceli, por favor, sonido en su curul por favor, y luego sonido en la curul del diputado Noble y luego sonido en la curul de la diputada Ochoa, en ese orden.

La diputada Araceli Saucedo Reyes(desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente, decirles que estamos dispuestos al debate con cifras. Creo que Michoacán por muchos años se ha visto envuelto en muchas situaciones difíciles gracias a los gobiernos que estaban hace algunos años. Creo que el PRI ha sido responsable de la administración que tuvo en sus manos.

Hoy el estado de Michoacán, gracias al esfuerzo que nuestro gobernador ha venido realizando en estos últimos días, lo único que ha hecho en este tiempo es restablecer el orden y la paz de todos los ciudadanos.

Creo que debemos de ser responsables todos, tanto los diputados federales como los propios ciudadanos, en los comentarios que se realizan en torno a la entidad de Michoacán. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Noble, por favor.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio(desde la curul): Presidente, con todo respeto, para pedirle a usted que en una moción conduzca esta asamblea como lo marca el Reglamento. Que encauce los planteamientos como marcan precisamente nuestras disposiciones reglamentarias.

Hoy debemos respeto –desde luego–, como lo hemos dicho en sesiones anteriores, al propio recinto, al propio quehacer legislativo y desde luego hoy tenemos invitados muy especiales y no es el procedimiento.

No hay debate, no tiene por qué haber debate si desde la Presidencia nos ayuda a detener esa confusión. Respetuosamente se lo pido, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Noble. Ojalá todos asuman el llamado que usted está haciendo, que subraya lo que desde esta Presidencia se ha convocado desde hace ya varios minutos.

Yo les sugeriría que continuáramos en todo lo que tenemos en el orden del día, todavía ni siquiera entramos a lo que tiene que ver con la aprobación del acta y ya estamos instalando aquí un debate que se entiende que haya un interés específico en que así suceda, pero yo les pido con todo respeto que terminemos de sacar esta parte del orden del día y ahorita vemos lo que sigue, por favor, atendiendo a este último exhorto. Insiste la diputada Candelaria Ochoa, a ver, diputada. Sonido en su curul, por favor.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Gracias, presidente. Compañeras, compañeros. Creo que el día de hoy tenemos una responsabilidad y tenemos que manifestarlo.

Es reprobable el uso de la fuerza en contra del grupo otomí en Xochicuautla. Creemos que tenemos como Congreso una responsabilidad fundamental para defender a los grupos y a las personas, y el estado de México, el gobernador, ayer reprimió a estas personas. Así que les pido de favor, que nos pronunciemos porque el uso extremo de la fuerza no se utilice como el arma única para dialogar. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, vamos a continuar, con todo respeto, vamos a continuar a sacar esta parte del orden del día y ahorita vemos qué sigue con las demás peticiones de uso de palabra desde la curul, que me han formulado.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves siete de abril de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos nueve diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del jueves siete de abril de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Norma Rocío Nahle García de Morena; Araceli Guerrero Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional; Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena; Salomón Fernando Rosales Reyes, del Partido Revolucionario Institucional; Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México; y Jacqueline Nava Mouett, del Partido de Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• Por la que comunica que se recibió del ciudadano Sergio Leyva Ramírez, la iniciativa ciudadana de Ley para regular los Diversos Usos de la Cannabis, así como una caja cerrada y sellada que dice contener las firmas que la respaldan. La Asamblea queda enterada.

• En relación con la protesta de Ley de la ciudadana Katia Berenice Burguette Zúñiga ante la Presidencia de la Mesa Directiva. De enterado. Comuníquese.

b) De las diputadas:

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido de Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Comunicaciones, y de Gobernación, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal, presentada el trece de enero de dos mil dieciséis.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Derechos de la Niñez, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cincuenta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos diecisiete de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y noventa y uno de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el once de noviembre de dos mil quince.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retiren de los registros de las Comisiones de Desarrollo Social, y de Trabajo y Previsión Social, respectivamente, las iniciativas con proyecto de decreto:

– Que reforma el artículo treinta y seis de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el primero de marzo del año en curso.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada el doce de noviembre de dos mil quince.

• Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo sexto de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada el tres de marzo del año en curso.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Consejería Jurídica del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de movilidad. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones la ciudadana Ana Laura Rodela Soto, diputada federal electa en el Cuarto Distrito Electoral del estado de Chihuahua. El Presidente designa una comisión que la acompaña en su ingreso al Salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Se da cuenta con oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo once, se reforman el primer párrafo y la fracción segunda, y se adiciona una fracción cuarta, recorriéndose en su orden la actual y la subsecuente del artículo veintinueve de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la diputada y los diputados Felipe Reyes Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Carolina Monroy Del Mazo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento nueve, y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo octavo del Reglamento de la Cámara de Diputados y expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Erik Juárez Blanquet, y suscrita por la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática que reforma los artículos primero, y veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Ávila Serna, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos dieciséis, veintidós, y veintiséis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, que reforma el artículo veintinueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, y suscrita por la diputada Verónica Delgadillo García, ambas de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

A las doce horas con cuarenta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y cinco diputadas y diputados.

• Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, que reforma el artículo diez de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo ciento doce de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adiciona un numeral tercero al artículo doscientos ochenta y tres del Reglamento de la Cámara de Diputados.

b) De Economía:

• Por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

c) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Por el que se reforman y adicionan los artículos cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, ciento veintidós, y ciento veintisiete de la Ley General de Vida Silvestre.

• Por el que se reforma el primer párrafo del artículo treinta y nueve de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

• Por el que adiciona un segundo párrafo al artículo sesenta Bis Uno a la Ley General de Vida Silvestre.

d) De Cultura y Cinematografía, por el que se adicionan un artículo doscientos trece Bis, y un segundo párrafo al artículo doscientos quince de la Ley Federal del Derecho de Autor.

e) De Población, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo ciento uno de la Ley General de Población.

f) De Transparencia y Anticorrupción, por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria. Se concede el uso de la palabra al diputado Óscar García Barrón, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

No habiendo más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos trece votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de ilustración el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido de Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Álvarez Angli, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano; María Chávez García, del Morena; Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Emilio Gómez Olivier, del Partido de Acción Nacional; y José Ignacio Pichardo Lechuga, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos quince votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de diversos dictámenes con puntos de acuerdo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las Comisiones:

a) De Igualdad de Género:

• Por el que se exhorta a todas las instancias e instituciones que tengan como objeto lograr la igualdad entre hombres y mujeres del país, para que en sus instrumentos jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad.

• Por el que se exhorta a los Congresos de los Estados a implementar las acciones legislativas necesarias para armonizar su legislación en materia de igualdad de género.

b) De Pesca, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que realicen los estudios necesarios a fin de rehabilitar y reacondicionar el puerto pesquero de Santa Rosalita, en el Municipio de Ensenada, Baja California.

c) De Distrito Federal:

• Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para recuperar los espacios deportivos propiedad de los habitantes de la Ciudad de México.

• Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que realice acciones necesarias, a fin de que el día domingo el horario de servicio del metro sea de las seis a las veinticuatro horas.

• Relativo a los accidentes en las ciclo-vías del Distrito Federal.

d) De Salud:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que considere dentro del programa nacional contra el cáncer, acciones e indicadores específicos para el diagnóstico oportuno de cáncer de estómago.

• Por el que se exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Coahuila, para que precisen la situación que guarda el proyecto del Hospital de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila.

• Relativo a la enfermedad de la diabetes en México.

• Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que promuevan campañas ante los fabricantes de goma de mascar para evitar que los consumidores desechen el producto en la vía pública.

• Por el que se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca, a fin de dotar de personal médico y equipo técnico a la Unidad Médica Rural de la comunidad de Cerro Concha, Municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca.

• Relativo al incremento de embarazos de adolescentes en México.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de fortalecer las campañas de difusión sobre la presencia de la araña violinista y los efectos de su picadura.

• Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que incluyan en el catálogo universal de servicios de salud, los síndromes de Prader-Willi, Parkinson, y Alzhéimer, así también se amplíe en el catálogo de diagnóstico y tratamiento de enfermedades cancerosas.

• Por el que se exhorta a las autoridades en materia de salud de los distintos niveles de gobierno, a difundir mecanismos de prevención sobre el cáncer infantil.

e) De Transportes:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de Caminos y Puentes Federales, de Ingresos y Servicios Conexos se repare el tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del kilómetro noventa y cinco, asimismo, se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suspenda el cobro de peaje de dicho tramo hasta en tanto no se restablezca el estado óptimo de la carretera, que permita ofrecer un servicio de calidad y seguridad al usuario.

• Para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que se exente del pago en la caseta de cobro en playas de Tijuana, estado de Baja California, a los residentes de los fraccionamientos que se han visto afectados al no existir vías de comunicación alternas libres de peaje.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Banco Nacional de Obras y Servicios, para que analice los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey, derivados de su falta de mantenimiento.

• Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a las Secretarías de Transportes u órganos competentes de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, a efecto de que los concesionarios de transporte público de pasajeros otorguen una tarifa preferencial a los enfermos oncológicos.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se tomen medidas de prevención e instalación de centros de verificación de peso y dimensiones, así como rampas de frenado, en diferentes carreteras del país.

f) De Derechos de la Niñez, por el que se exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales, para que implementen las medidas necesarias que atiendan la problemática del maltrato y explotación infantil.

g) De Asuntos Indígenas, relativo a la creación de un grupo de trabajo para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal en materia de Derechos Colectivos Indígenas.

h) De Infraestructura:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del estado de Aguascalientes, para que concluyan la construcción del libramiento carretero poniente de la ciudad de Aguascalientes.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de Petróleos Mexicanos, reanudar los trabajos y finalizar la obra del Puente de la Unidad, en el municipio de Ciudad del Carmen, Campeche.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del estado de Oaxaca a efecto de que se coordinen y ejerzan oportunamente los recursos asignados para la conservación de infraestructura carretera y se solucione el deterioro de la misma en el estado de Oaxaca.

• Por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

i) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las secretarías de medio ambiente de los estados, cumplan con la NOM 156, en ciudades con más de quinientos mil habitantes.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de implementar las acciones que eviten que la empresa CITROFRUT siga contaminando y, en su caso, inicie los procedimientos sancionadores correspondientes.

• Por el que se exhorta al ayuntamiento de Bahía de Banderas del estado de Nayarit, para que ordene el retiro de los anuncios espectaculares dentro de su demarcación.

j) De Cambio Climático, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que considere al cambio climático como una amenaza real a la seguridad nacional y se implementen acciones para reducir su impacto en la población de nuestro país.

k) De Relaciones Exteriores, relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, en contra de la República de Cuba.

l) De Atención a Grupos Vulnerables, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que designe al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución. Para presentarlas se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de implementar medidas que contribuyan al desarrollo del cultivo e industria del Café. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al punto de acuerdo a la diputada y a los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

Miguel Alva y Alva, de Morena; Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Exaltación González Ceceña, del Partido de Acción Nacional; y Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Sin más oradores registrados en votación económica se aprueba. Comuníquese.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

• Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, a que resuelva la problemática del incumplimiento del convenio firmado entre el gobierno estatal y la compañía KIA Motors de México. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al punto de acuerdo a la diputada y a los diputados: Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México; David Jiménez Rumbo, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido de Acción Nacional; y Ramón Villagómez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

• David Jiménez Rumbo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que ejerza su facultad de atracción y se investigue la posible operación sistemática de algún grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad, en Acapulco, estado de Guerrero. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al punto de acuerdo a las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Irma Rebeca López López, de Morena; Paloma Canales Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática; Mariana Arámbula Meléndez, del Partido de Acción Nacional; y Julieta Fernández Márquez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Veracruz, a establecer los mecanismos de coordinación que permitan emprender acciones urgentes para reforzar la seguridad, así como garantizar la paz pública y el cumplimiento del Estado de derecho en esa entidad federativa. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido de Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y de las proposiciones con puntos de acuerdo, registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos sesenta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo.

• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la cobertura universal de banda ancha e internet en las regiones geográficas habitadas del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que atraiga la investigación de la fosa clandestina de la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional (Fonregión), así como el proceso de su ejecución y/o aplicación. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de sus instituciones y las autoridades que considere pertinentes, diseñen e implementen mecanismos que permitan intensificar y mejorar la prevención, atención y vigilancia de la diabetes y enfermedades relacionadas con la misma. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a fijar un arancel de treinta por ciento, a productos importados de acero. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral, a investigar las incidencias presentadas en las elecciones federales y estatales del año dos mil doce, y crear una Comisión Especial de seguimiento. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que en coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor, se brinde mayor difusión y publicidad de su plataforma Inadem Crowdfunding, y se amplíen los tipos de financiamiento. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que esta soberanía condena los hechos perpetrados contra civiles, el veintidós de marzo en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y el veintisiete de marzo en la ciudad de Lahore, Pakistán. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Jorge Enrique Dávila Flores, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que atienda la problemática que se presente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, referente a la asignación de franjas horarias. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, para que legislen lo relativo a la desincorporación del patrimonio municipal, sin mayor requisito que el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento respectivo. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las entidades federativas, a fin de armonizar su legislación penal y se tipifique como un delito el maltrato animal. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que difunda los detalles técnicos de la no disponibilidad espectral en la región de Cholula Puebla. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen.

• Macedonio Salomón Tamez Guajardo y José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a implementar acciones para consolidar un régimen de protección ambiental para el Bosque Colomos, en el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor, a integrar al portal del Observatorio Nacional del Emprendedor, guías y cursos online orientados para las Mipymes, así como a los emprendedores del país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Ricardo Taja Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a la Secretaría de Cultura, para que se proponga ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la inscripción del Fuerte de San Diego, ubicado en el Puerto de Acapulco, Guerrero, como patrimonio cultural inmueble de México. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a proteger la especie totoaba de la pesca ilegal que se da en aguas de jurisdicción federal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Enrique Zamora Morlet y por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la creación de la comisión especial para vigilar el complimiento del programa Paisano. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Integrantes de Morena, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y a la Procuraduría General de la República, a fin de investigar presuntos ilícitos cometidos en materia electoral en el año dos mil doce. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita al director de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, difunda los resultados de la aplicación de los lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal, publicados el diecisiete de diciembre del dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Rosalinda Muñoz Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y al Instituto Nacional del Emprendedor, a diseñar nuevas estructuras educativas con visión emprendedora y realizar campañas de información y foros sobre el Fondo Nacional del Emprendedor en el estado de Tlaxcala. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Integrantes de los Partidos Verde Ecologista de México, y Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, a fin de sancionar y suspender a los establecimientos que de manera injustificada han aumentado el precio del kilogramo de la tortilla. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Jesús Emiliano Álvarez López y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que consigne ante los tribunales competentes la averiguación previa concerniente al caso de los jóvenes asesinados en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Monterrey el diecinueve de marzo de dos mil diez. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que difunda las sanciones tomadas a las escuelas que incumplen los lineamientos generales para expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Gobernador del estado de Oaxaca, a fin de aplicar programas preventivos de tratamiento y control sobre la enfermedad de diabetes mellitus. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria, a fin de investigar para que en la investigación de los documentos referidos como “Panama Papers”, se incluyan la procedencia y posible vinculación con actividades ilícitas de los recursos de ciudadanos y/o compañías mexicanas que se encuentren involucradas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General del estado de Veracruz y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que investiguen si existe la comisión de delitos derivados del señalamiento que se hizo al empresario Omar Yunes Márquez. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implementen las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación, en el informe general dos mil catorce, para la adecuada integración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes doce de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con dieciséis minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

A ver, me había solicitado por acá, desde su curul, la diputada Margarita Alemán, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solamente para comentarle, al final de la sesión pasada, el jueves, mi amigo, compañero diputado Bolaños hizo mención sobre un punto de acuerdo del estado de Morelos respecto a la exhumación de cadáveres en el pueblo de Tepetzingo. Quiero pedirle de favor, presidente, este tema ya también tratado en la Comisión Permanente, se acordó que se le enviaría al maestro Javier Pérez Durón, fiscal del estado de Morelos, enviara a esta soberanía un informe. El informe se envió y se solicitó, perdón, desde el día 20 de enero y el fiscal no ha respondido; tema importante para que se agregue a lo solicitado por mi compañero diputado Bolaños. Quisiera pedirle nada más, presidente, que se solicite nuevamente al fiscal la información que ya está soberanía ha aprobado. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tomamos nota con toda responsabilidad, diputada Alemán, del tema, para darle el curso correspondiente. Gracias. Sonido aquí en la curul de la diputada Norma Xochitl Hernández.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín(desde la curul): Con su venia, diputado presidente. Morena externamos nuestra preocupación por la situación que vive la comunidad de San Francisco Xochicuautla, por el derrumbe de casas que se encuentran en el tramo de la autopista Toluca-Naucalpan, obra edificada por el grupo filial de Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, cuyas finanzas –hay que aclararlo– están relacionadas con el escándalo de papeles Panamá.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada...

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Solicitamos no se violen los amparos y exigimos suspensión definitiva de la obra. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, es la tercera intervención que hay sobre el tema, que sin estar agendado se hace.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Cristina Gaytán. ¿Con qué propósito, diputada? Y ya vamos a continuar. Es la última que vamos a dar la palabra para entrar a los temas que nos han convocado para el día de hoy en el orden del día.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Agradeciendo, presidente. El día de hoy presento punto de acuerdo en el que se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, prorrogue el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que están atendiendo los hechos relativos al caso Iguala-Ayotzinapa, debido a que la Comisión Especial Ayotzinapa de este Congreso de la Unión ni siquiera permitió que se presentara en el orden del día de la sesión anterior. Es por ello que a nombre del Grupo parlamentario del PRD y del propio, se presenta este exhorto al Ejecutivo federal.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Al final de la propia sesión, de acuerdo con orden del día, que está todo lo correspondiente a los puntos de acuerdo, están los turnos correspondientes, y ahí se le dará el curso a lo que usted ha formulado.

Continúe la Secretaría, por favor, con el capítulo de Comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

• Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, remitida el 27 de octubre de 2015.

“Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.”

• Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. y adiciona los artículos 43 Bis y 45 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, remitida el 1 de febrero de 2016.

“Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.”

Ciudad de México, a 12 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio, me permito informar que el 1 de diciembre de 2015 presente la iniciativa que reforma la fracción VI, del artículo 42 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la cual fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con la finalidad de dotar con mayores elementos la mencionada iniciativa, me permito solicitarle sea retirada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Fraternalmente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputada Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio, me permito informar que el 3 de febrero de 2016, presenté el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para considerar dentro del marco federal de combate a la corrupción pública descentralizada, el Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción desarrollo por la Universidad Autónoma de Querétaro y reconocido por el Banco Mundial. La cual fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con la finalidad de dotar con mayores elementos, me permito solicitarle sea retirado el punto de acuerdo citado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Fraternalmente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputada Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

A través del presente, con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito sea retirada la iniciativa presenté con proyecto de decreto que modifica el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación, de la cual soy promovente, por así convenir a mis intereses.

Agradezco de antemano la atención prestada a mi solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: De la Secretaría de Gobernación, con los que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y Comisión Permanente:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-0261, signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/652/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Momoy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar las revisiones en las autorizaciones para la importación de salmón destinados a la alimentación y proceder en consecuencia, a fin de evitar la entrada de salmón transgénico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 6 de abril de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, ttitular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2575/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas precautorias necesarias para evitar la entrada de salmón transgénico a nuestro país.

”Segundo. Asimismo se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar las revisiones en las autorizaciones para la importación de salmón destinados a la alimentación y proceder en consecuencia.”

Al respecto, me permito acompañar oficio CGJC/1/OR/178/2016, suscrito por el licenciado Leonardo Menes Solís, coordinador general Jurídico y Consultivo, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 4 de abril de 2016.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.

Con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis, fracción II, de la Ley General de Salud; 2, inciso C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3, fracción I, y 18, fracciones II y XVI, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en atención a su oficio número UCVPS/223/2016, mediante el cual solicita la opinión de esta Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta a esta comisión federal a reforzar las revisiones en las autorizaciones para la importación de salmón destinados a la alimentación y proceder en consecuencia, le comento:

En materia de organismos genéticamente modificados (OGM) para uso o consumo humano, sujetos a autorización a efecto de que se pueda realizar su comercialización e importación para su comercialización, esta comisión federal realiza la evaluación de la inocuidad de dichos OGM con base en lo estipulado en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y en su respectivo Reglamento.

Asimismo, es importante señalar que el trámite para la autorización para comercialización e importación para comercialización de organismos genéticamente modificados a cargo de esta comisión federal es el Cofepris-09-013, “Solicitud de autorización para comercialiación e importación para su comercialización de organismos genéticamente modificados (http://cofrepis.gob.mx//Documents/LoMasReciente/Salud2a28ene11.pdf), enfatizando que a la fecha, esta comisión federal no ha recibido solicitud alguna para la evaluación de salmón genéticamente modificado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 14 de marzo de 2016.— Licenciado Leonardo Menes Solís (rúbrica), coordinador general Jurídico y Consultivo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-5-330, signado por la diputada María Bárbara Botella Santibáñez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.01.-037/2016, suscrito por el licenciado Luis Alfonso Velázquez Mezta, director de Enlace con Cámara de Diputados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de su anexo, mediante los cuales responde el acuerdo donde se solicita destinar mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detección, prevención y erradicación de las plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SELAP/UEL/311/2406/15, de fecha 2 de diciembre del 2015, mediante el cual la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, remite punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria celebrada el l de diciembre del 2015, mismo que a continuación transcribo:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en coordinación con los diversos organismos, estatales de sanidad e inocuidad destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detención, prevención y erradicación de las plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria.”

Sobre el particular me permito hacer llegar los comentarios que sobre el tema envía el Senasica, con lo cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 1o. de abril de 2016.— Licenciado Luis Alfonso Velázquez Metza (rúbrica), director de Enlace con la Cámara de Diputados.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales.— Presente.

Me refiero a su oficio número 112.2.01085/2015, relacionado con la solicitud de comentarios sobre el punto de acuerdo en la mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentado en la sesión del 01 de diciembre del 2015, que contiene el siguiente resolutivo:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en coordinación con los diversos organismos, estatales de sanidad e inocuidad destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detención, prevención y erradicación de las plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria.”

Sobre el particular, adjunto al presente oficios números B00.04.02.04.-1075.-7252 y B00.02.-095/2016, mismos que contienen la opinión de las áreas técnicas y operativas con injerencia en el tema (Dirección General de Salud Animal e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera).

Aseguro a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2016.— Luis Escobar Aubert (rúbrica), director general Jurídico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Luis Escobar Ubert, Director General Jurídico del Senasica.— Presente.

Hago referencia al número de oficio B00.05.-0423/2015 de fecha 9 de diciembre del año en curso, mediante el cual solicita la opinión técnica en relación a emitir los comentarios sobre el punto de acuerdo citado:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en coordinación con los diversos organismos, estatales de sanidad e inocuidad destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detención, prevención y erradicación de las plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria.”

Al respecto, me permito comunicarle que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a través de la Ley’ Federal de Sanidad Animal y Ley Federal de Sanidad Vegetal contempla medidas para la prevención, control y erradicación de enfermedades que afectan a los productores agropecuarios. Asimismo, en el ámbito de nuestra competencia, esta dirección general, en materia de inocuidad considerará el incremento de recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos solicitado, una vez designados los incrementos presupuestales correspondientes en apoyo al sector.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 21 de diciembre de 2015.— Médico Veterinario Zootecnista Hugo Fragoso Sánchez (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Doctor Luis Escobar Aubert, Director General Jurídico del Senasica.— Presente.

En atención al número de oficio B00.05.-0424/2015, de fecha 9 diciembre de 2015, donde hace referencia a la solicitud formulada por el director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Coordinación General de Enlace Sectorial, para emitir los comentarios sobre el punto de acuerdo en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en coordinación con los diversos organismos, estatales de sanidad e inocuidad destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detención, prevención y erradicación de las plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria.”

Sobre el particular informo a usted, revisando los antecedentes del punto de acuerdo mencionado encontramos que surge a partir de una “emergencia sanitaria que afectó los cultivos de sorgo y ajonjolí del estado de Sinaloa...” en septiembre de 2015, tal y como se expresa en el dictamen. Inclusive, el fundamento estadístico se refiere a cifras del SIAP, con los millones de hectáreas sembradas con sorgo a nivel nacional.

Para lo anterior se anexan argumentos de la opinión al punto de acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2016.— Médico veterinario zootecnista Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Anexo

(Comentarios al punto de acuerdo autorizado en el Palacio Legislativo el 25 de septiembre de 2015)

Debido a que la Secretaría de Gobernación, por medio del Consejo de Seguridad Nacional, reconoce al Senasica como instancia de Seguridad Nacional, le permite a este órgano desconcentrado de la Sagarpa contar con las herramientas necesarias para responder con mayor eficiencia ante las emergencias que pudieran presentarse en materia de sanidad vegetal, animal, acuícola y pesquera; por lo que el punto de acuerdo referido en la parte de “... detección, prevención y erradicación...” se está atendiendo con las acciones y proyectos que el Senasica tiene encomendados, ya que en las bases de colaboración a la letra dice “ ...priorizar y fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria para proteger la salud de la población, así como la calidad de los productos para elevar la competitividad del sector...la determinación y ejecución de las políticas nacionales, acciones y programas en materia de Seguridad Nacional... Participar en los equipos de respuesta a emergencias, y centros conjuntos de operación de emergencias que se acuerden en el Consejo de Seguridad Nacional...”

Dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el eje IV, México Próspero, objetivo 4.10., estrategia 4.10.3., que a la letra dice “Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos”, donde se mandata “...priorizar y fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria para proteger la salud de la población, así como la calidad de los productos para elevar la competitividad del sector...”, el punto de acuerdo es atendido en su totalidad.

Por último, en la parte que dice “...exhorta a la destinen mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos...”, se debe promover un punto de acuerdo adicional para ajustar las partidas presupuestales de recursos humanos y no verse afectada la operatividad de las campañas y las emergencias sanitarias. Por lo que el punto de acuerdo deberá ser dirigido a las instancias presupuestales y a los gobiernos estatales para incrementar dichos recursos; ya que actualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria sólo cuenta con 2,278.6 millones de pesos etiquetados a las diferentes entidades federativas y este servicio nacional está impedido para transferir recursos de una entidad a otra.

Contar con mayores recursos económicos emanados del Presupuesto de Egresos de la Federación, nos ofrecería mejores oportunidades para la contratación de personal técnico calificado y la compra de equipo con tecnología de punta, fortaleciendo los programas de prevención y en su caso, la detección oportuna de enfermedades y plagas que afectan la producción agropecuaria, activando su control y erradicación en el menor tiempo; por lo que, se requiere que la Cámara de Diputados asigne mayor cantidad de recursos al programa en comento.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-8-1045, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPMAR/ 093/2016 suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita realizar las gestiones necesarias para brindar la asistencia consular del connacional Gustavo Castro Soto, garantizando el pleno respeto a sus derechos humanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de abril de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención a su oficio número SELAP/300/695/16, recibido el pasado 1 de abril de 2016, remito para los fines procedentes, copia del similar INM/CAS/23/2016, suscrito por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que solicita se realicen las gestiones necesarias para brindar la asistencia consular del connacional Gustavo Castro Soto, garantizando el pleno respeto a sus derechos humanos.

Con mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— (Rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Manuel García García, coordinador de asesores de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

Me refiero a su oficio número SPMAR/COORDAS/188/2016, mediante el cual solicita usted información a este Instituto para atender el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión que señala: Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en cumplimiento al tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal que vincula a los Estados Unidos Mexicanos y a la República de Honduras, realicen las gestiones necesarias para brindar la asistencia consular del connacional Gustavo Castro Soto, garantizando el pleno respeto a sus derechos Humanos, al respecto, le informo que la asistencia consular fue brindada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no obstante, este instituto mantuvo comunicación y coordinación con la citada dependencia para otorgar facilidades al connacional de referencia y al personal de cancillería para su reingreso al país, toda vez que no se identificó alerta migratoria en el sistema

Sin otro particular, le reitero mis permanentes atenciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2016.— Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-1-0464, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SCR/ 071/ 2016, suscrito por el licenciado Francisco Maass Peña, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a informar puntualmente sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que le fue otorgada para las construcciones en el malecón de Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Turismo.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP 300/235/2016, mediante el cual informa que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió el punto de acuerdo que a continuación se transcribe para pronta referencia:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a exhibir la manifestación de impacto ambiental presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y rendir un informe pormenorizado de los términos y las condicionantes de la autorización del proyecto citado en relación con la prohibición en materia de mangle prevista en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre; y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que informe puntualmente sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que le fue otorgada.

Al respecto, y toda vez que en el marco de las atribuciones encomendadas a la Subsecretaría de Calidad y Regulación se ha designado a esta área como enlace para la debida atención de las solicitudes de carácter legislativo que sean competencia de la Sectur, le adjunto fotocopia del oficio número DGEyEI/ SHR/ 031/ 2016, con fecha 16 de febrero de 2016, suscrito por el licenciado Sergio Holguín Román, director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), e informe sobre las medidas de rescate y protección de fauna silvestre en el malecón Tajamar realizadas por el Fonatur al amparo de las autorizaciones otorgadas por la Semarnat para dicho proyecto, así como copia de los informes de cumplimiento que rindió el Fonatur ante dicha autoridad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar1e un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de abril de 2016.— Licenciado Francisco Maass Peña (rúbrica), subsecretario de Calidad y Regulación.»

«Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Licenciado Francisco Maass Peña, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SCR/ 050/ 2016, recibido el 5 de febrero del año en curso, por el cual solicita la evidencia documental que permita atender el siguiente punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que exhiba la manifestación de impacto ambiental presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, correspondiente a la construcción en el malecón de Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y rinda un informe pormenorizado de los términos y las condicionantes de la autorización del proyecto citado en relación con la prohibición en materia de mangle prevista en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre; y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que informe puntualmente sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que le fue otorgada (sic).

Al respecto, me permito adjuntar informe sobre las medidas de rescate y protección de fauna silvestre en el malecón Tajamar, realizadas por el Fonatur al amparo de las autorizaciones otorgados por la Semarnat para dicho proyecto, así como copia de los informes de cumplimiento que rindió el Fonatur ante dicha autoridad.

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita dicha información a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016.— Licenciado Sergio Holguín Román (rúbrica), director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional.»

«Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Licenciado Sergio Holguín Román, Director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional.— Presente.

Hago referencia a su oficio número DGEyE/ SHR/ 016/ 2016, del pasado 2 de febrero, por medio del cual solicitó de la dirección a mi cargo información para dar respuesta al informe solicitado por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente “sobre las medidas de rescate y protección a la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que fue otorgada” (sic).

En razón de lo anterior, le hago llegar el informe sobre las medidas de rescate y protección de flora y fauna realizadas por el Fonatur al amparo de los permisos otorgaos por la Semarnat para el proyecto de malecón Tajamar. Esperando que con esta información se pueda dar respuesta al interesado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2016.— Licenciado Franco J. Carreño Osorio (rúbrica), director de desarrollo.»

«Fondo Nacional de Fomento al Turismo

En atención del acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mediante el cual se solicita al Fondo Nacional de Fomento al Turismo que informe puntualmente de las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que le fue otorgada se informa lo siguiente:

Introducción

En febrero de 2005 se presentó ante la Semarnat la manifestación de impacto ambiental (MIA), siendo obtenida la autorización de la misma el 28 de julio de 2005, a través del oficio número SGPA/ DGIRA.DEI.1855.05, con vigencia de un año para la construcción de vialidades e introducción de servicios y 5 años para la lotificación, que fue ampliada hasta el 16 de febrero de 2016.

En septiembre de 2005 se presentó el estudio técnico justificativo a la Semarnat (ETJ), para solicitar la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, siendo otorgada el 7 de febrero de 2006 a través del oficio SGPA/ DGGFS/ 712/ 0196/ 06, con una vigencia de 5 años, que fue ampliada y feneció el 6 de febrero de 2016. Es importante mencionar que se ejerció el derecho establecido en dicha autorización y se concluyó la remoción de vegetación correspondiente.

El 22 de mayo de 2006 se presentó ante la Semarnat el aviso de inicio de las actividades correspondientes y autorizadas del proyecto.

En febrero de 2007 se publicó el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe la remoción de manglar.

Rescate de flora y fauna

Para cumplir lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en el resolutivo en materia ambiental SGPA/ DGIRA.DEI. 1855.05, de fecha 28 de julio de 2005, se contrató en 2006 a técnicos de la carrera de biología de la Universidad Autónoma de Yucatán para realizar e implantar el Programa de Rescate de Vegetación y Reubicación de Fauna para el proyecto Malecón Cancún en Quintana Roo, que fue validado por la Semarnat a través del oficio número SGPA/ DIRA.DEI.1144.06, del 8 de junio de 2006.

(2005-2007)

Se rescataron los siguientes ejemplares:

Éstos se reubicaron en las áreas verdes y jardineras que se encuentran dentro del proyecto.

Fauna

La Universidad Autónoma de Yucatán señaló: “En el área donde se ubica el proyecto de distribuyen especies de pequeños mamíferos, reptiles y gran variedad de aves. Sin embargo, durante los trabajos de rescate de vegetación no se visualizó algún individuo. Lo anterior podría deberse al impacto ocasionado por el crecimiento urbano que rodea al predio del proyecto”.

Esto coincide con lo señalado en la verificación del predio realizada el 8 de diciembre de 2005 por la delegación de Semarnat en Quintana Roo, donde no se logró visualizar ninguna especie de fauna silvestre en el predio, lo que se debe al paso del huracán Wilma, que afectó en gran medida la vegetación aún existente.

(2007-2008)

Flora

Se rescataron los siguientes ejemplares:

Éstos fueron entregados al vivero Kabah.

Fauna

Con relación a la remoción de la cubierta vegetal, ésta se realizó de manera gradual, debido a que se ejecutó conforme al avance en la colocación de terracerías, lo cual permitió el desplazamiento de la fauna que pudiera estar presente en las áreas contiguas. Estos trabajos se llevaron a cabo con motosierras y machetes para el troceo de los troncos evitando totalmente el uso de fuego y productos químicos que pudiera afectar a la fauna existente.

Todos los días previos al inicio de los trabajos se encendían los motores de la maquinaria para calentarla y, a la vez, ahuyentar a la fauna que se pudiera encontrar en los alrededores. Hasta ese momento no se encontraron individuos catalogados en estatus de protección por la NOM-059-SEMARNAT-2001 que requirieran ser rescatados.

Asimismo, para evitar el atropellamiento de fauna, los vehículos y la maquinaria presentes en el área del proyecto circulaban a una velocidad inferior a los 20 kilómetros por hora.

(2008 a 2009)

Flora

Se mantenía un total de 270 ejemplares rescatados anteriormente, los cuales fueron depositados provisionalmente en los viveros a cargo del Fonatur, donde se les brindó mantenimiento y se informó a la autoridad correspondiente que, una vez que fueran concluidos los trabajos de urbanización, se identificarían los sitios más adecuados para su trasplante. Fueron reubicados en las áreas verdes y jardineras del proyecto.

Fauna

La campaña de ruidos y la prohibición a los trabajadores de dañar a los organismos que pudieran encontrarse en el predio, había funcionado adecuadamente, por lo que no fue necesario implantar acciones de rescate, toda vez que no existían ejemplares

(2009-2010)

Flora

Se utilizaron los ejemplares de Conocarpus erectus para reforestar el área verde en la punta norte del predio.

Fauna

La campaña de ruidos y la prohibición a los trabajadores de dañar a los organismos que pudieran encontrarse en el predio habían funcionado adecuadamente, por lo que no fue necesario implantar acciones de rescate, toda vez que no existían ejemplares.

(2010-2011)

Flora

Las especies de Palma chit fueron integradas en las jardineras del proyecto, entre otras especies nativas.

Fauna

No se encontraron ejemplares.

(2011-2014)

No hubo actividades que reportar, en virtud de que las obras de urbanización ya habían sido realizadas.

(2014-2015)

Flora

Como parte del cumplimiento de las autorizaciones otorgadas, fueron rescatadas y entregadas un total de mil 149 plántulas, que fueron entregadas al vivero de Kabah.

Fauna

Se encontró poca fauna, en virtud de que ya era un sitio urbanizado.

(2015-2016)

Flora

Se realizó un rescate aproximado de 11 mil 423 ejemplares, incluidas especies enumeradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, las que se encuentran en el vivero temporal ubicado en el lote 2, manzana 31, del fraccionamiento El Álamo, en Cancún, Quintana Roo, para posteriormente entregarse a un vivero de la Dirección General de Ecología del municipio, como se estableció en los permisos de chapeo y desmonte.

Fauna

Se realizaron campañas de ahuyentamiento antes de cada jornada de trabajo y se contó con el apoyo de biólogos y personal de la Profepa, que antes y durante la remoción de vegetación rescató especies que requerían reubicación. Tales actividades fueron reportadas en los informes de cumplimiento de términos y condicionantes.

Las actividades se realizaron en los lotes intervenidos en este periodo, no se incluyeron los lotes de la empresa Bi&Di, ya que presentaban sellos de clausura por la Profepa, así como otros lotes que ya se encontraban desmontados.

Asimismo, se encontraron en el sitio aproximadamente 12 perros, 2 de ellos comiendo ejemplares de fauna silvestre (iguana), ocasionando el desplazamiento de ésta a sitios de menor contacto.

Cabe mencionar que el 20 de enero de 2016 se programó continuar el rescate y la reubicación de fauna, pues tiende a regresar a su hábitat, por ser instintiva y territorial. Sin embargo, dicha actividad fue limitada por un grupo de personas que impidieron su ejecución. Lo anterior se acreditó con la fe de hechos realizada por el notario público número 10, licenciado Francisco Edmundo Lechón Rosas, con la fecha mencionada.

Como parte del procedimiento administrativo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el 29 de enero de 2016, como medida de urgente aplicación, solicitó instaurar las actividades de rescate y reubicación de fauna que habitan en el malecón Tajamar, por lo que el 5 de febrero se intentó ingresar en el predio. Sin embargo, como se describe en la escritura pública número 46290, del notario público número 10, licenciado Francisco Edmundo Lechón Rosas, del 5 de febrero de 2016 dicho acto fue impedido por los manifestantes.

Es importante mencionar que el Fonatur ha presentado todos los informes de cumplimiento de términos y condicionantes, establecidos en las autorizaciones otorgadas por la Semarnat a través de los siguientes oficios:

Conclusión

El predio fue intervenido desde 1992, antes de la realización del proyecto, por lo que no había muchos ejemplares de fauna que requirieran reubicación.

Se considera que al implantar las medidas de mitigación en materia de impacto ambiental, se mejoraron las condiciones del sitio como se tenía previsto, por lo que empezaron a establecerse especies silvestres. Sin embargo, no se presentaba un ecosistema natural como tal sino, más bien, una zona urbana.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-4-459, signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/1942/2016, suscrito por el ciudadano Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita llevar a cabo las acciones para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los centros educativos del país, tomando en cuenta el mobiliario escolar, la infraestructura de protección civil, el uso en igualdad de condiciones de todas las áreas escolares y el entorno perimetral, incluyendo el diseño de mecanismos de evaluación, supervisión y participación social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de abril de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/UEL/311/171/16, por el cual remitió el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el que solicita al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, entre otros institutos, lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los centros educativos del país, tomando en cuenta el mobiliario escolar, la infraestructura de protección civil, el uso de igualdad de condiciones de todas las áreas escolares y el entorno perimetral, incluyendo el diseño de mecanismos de evaluación, supervisión y participación social.

Al respecto, adjunto copia simple del oficio número Conadis/AJU/0055/2016, signado por el licenciado Juan Eduardo Reyes Retana Cavazos, director general adjunto de Armonización Legislativa y Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de abril de 2016.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

Me refiero al oficio número DG.510.11/0598/2016, de fecha 3 de febrero de 2016, en el que solicita se formulen los comentarios pertinentes al dictamen de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Institutos de Infraestructura Física Educativa de las Entidades Federativas (Inifed) y al Consejo Nacional para el De arrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) a considerar acciones e accesibilidad universal en las instalaciones por rehabilitar mediante el programa Escuelas al Cien.

Al respecto, me permito informar que el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad contempla, entre sus objetivos, Objetivo 4: “Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y la especial, la cultura, el deporte y el turismo”, y Objetivo 5: “Incrementar la accesibilidad y el diseño universal en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad”, con estrategias y líneas de acción específicas en la accesibilidad universal.

Para cumplimiento al acuerdo parlamentario citado, se buscar la vinculación con el coordinador general del programa Escuelas al Cien, licenciado Óscar Pimentel González, para que a través de su gestión se lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los centros educativos del país, tomando en cuenta mobiliario escolar, infraestructura interna y externa, protección civil y tecnologías de la información y comunicación, para que su uso y aprovechamiento se realice en igualdad de circunstancias, incluyendo el diseño de mecanismos de educación, supervisión y participación social, cultural y deportiva, con lo que el Conadis y el Inifed darán seguimiento y cumplimiento a la solicitud de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016.— Licenciado Juan Eduardo Reyes Retana Cavazos (rúbrica), director general adjunto de Armonización Legislativa y Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: De la Secretaría de Gobierno del estado de Puebla, con los que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

«Escudo.— Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla.

Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al oficio número DGPL-63-II-6-0462 que contiene el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 3 de febrero del año en curso, con el que se exhortó a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes; al respecto, me permito remitir copia del oficio número SSP/07/02592/2016 de fecha 22 de febrero del actual suscrito por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.

En tal virtud, ya efecto de que se tenga a esta Entidad Federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerle llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.

Sin más que el particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

José Montiel Rodríguez (rúbrica), encargado de despacho de la Subsecretaría Jurídica.»

«Escudo.— Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Maestra Laura Elisa Morales Villagrán, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno de Puebla.— Presente.

Con fundamento en lo previsto en los artículos 3, fracción I, Apartado 1.2. en su punto 1.2.2., 8 fracción XV y 55, fracciones XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública; y en relación a su oficio SGG/ SJ/ DGAJ/DPL/206/2016 de fecha quince de febrero del presente año, por el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que por se exhorta: “...Único: A los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público, particularmente jóvenes.”

Al respecto, hago de su conocimiento que esta Dirección General a mi cargo solicitó la información a la Dirección de Vialidad en razón de que es el área encargada de realizar todas aquellas acciones tendentes a garantizar la seguridad vial en el estado de Puebla, quien remitió el diverso DVE/J­1127/2016 el cual se anexa en copia simple para pronta referencia, mismo que solicito se tenga por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias, con el que se da cumplimiento a lo ordenado en el citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Puebla, Puebla, a 22 de febrero de 2016.— Maestro en Derecho Marco Antonio Olivares Trejo (rúbrica), director general de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo.— Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Maestro Marco Antonio Olivares Trejo, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 8o., fracciones XIII, XV y XVI, del Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, y en cumplimiento de su Oficio:SSP/07/02407/2016, de fecha 18 de febrero de 2016, similar mediante el cual solicita a esta unidad administrativa se informe a esa Dirección General a su digno cargo, las acciones que se han llevado a cabo para garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público, particularmente jóvenes, derivado del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados:

Sobre el particular me permito hacer de su conocimiento que por parte de esta dirección de conformidad con lo establecido en el artículo 4o., fracción XV, del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla ya través del Área de Servicios de Seguridad Vial de esta Unidad Administrativa, para garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, se vienen realizando talleres de educación vial y manejo defensivo a alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidades, empresas y público en general, con el propósito de que los estudiantes conozcan y experimenten los principales conceptos, derechos y obligaciones de los usuarios, así como los componentes de la vía pública, esto para fomentar en la sociedad una buena cultura vial. Cabe hacer mención que es un programa permanente que de igual forma se trabaja en colaboración con la Coordinación Académica de Programas Federales de la Secretaria de Educación Pública, el cual hasta el momento se lleva el siguiente conteo del Ciclo Escolar 2015-2016:

Número de escuelas: 60

Número de alumnos: 17 mil 833

Número de profesores 563

Número de padres de familia: 157

Grupos atendidos: 548

Talleres impartidos: 541

Lo que comunico a usted, para los efectos legales a que haya lugar.

Respetuosamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de febrero de 2016.— Licenciado Rodolfo Hernández Gaspar (rúbrica). Encargado del despacho de la Subdirección de Operación Vial en delegaciones, por ausencia del capitán Adrián Rafael Campos Sánchez, director de Viaidad, de conformidad con lo establecido por el artículo 57, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo.— Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla.

Honorable Congreso de la Unión.— Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, Venustiano Carranza. CP 15969, México, DF.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención del oficio número DGPL 63-II-7-500, que contiene el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 3 de febrero del año en curso, con el que se exhortó a los gobernadores de las 31 entidades federativas, al jefe del gobierno del Distrito Federal, al secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y a los Consejos para la Prevención de Accidentes de las Entidades Federativas, para que respectivamente en el ámbito de sus competencias, implementen, si es que no lo han hecho o, en su caso, refuercen las que sí cuentan con campañas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol o por el uso de aparatos de comunicación móvil, sin estimarse que los mismos representen un impacto presupuestario; al respecto, me permito remitir copia del oficio número SSP/07102593/2016, de fecha 22 de febrero del actual, suscrito por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

En tal virtud, y a efecto de que se tenga a esta entidad federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerle llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.

Sin más que el particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 3 de marzo de 2016.— José Montiel Rodríguez (rúbrica), encargado de despacho de la Subsecretaría Jurídica.»

«Escudo.— Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Maestra Laura Elisa Morales Villagrán, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno de Puebla.— Presente.

Con fundamento en lo previsto en los artículos 3o., fracción I, apartado I.2, 6o., fracciones IV, VII, XVII y XVIII, 9o., fracciones V y XIX, y 55, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y con relación al oficio número SGG/ SJ/ DGAJ/ DPL/ 207/ 2016, de fecha 15 de febrero del presente año, por el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se exhorta: “Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas, al jefe del gobierno del Distrito Federal, al secretariado técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y a los Consejos para la Prevención de Accidentes en las Entidades Federativas para que respectivamente en el ámbito de sus competencias, implementen, si es que no lo han hecho o, en su caso, refuercen las que sí cuentan con campañas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo del alcohol o por el uso de aparatos de comunicación móvil, sin estimarse que los mismos representen un impacto presupuestario”.

Al respecto, hago de su conocimiento que la dirección general a mi cargo solicitó la información a la Dirección de Vialidad, en razón de que es el área encargada de realizar las acciones tendentes a garantizar la seguridad vial en Puebla, que remitió el diverso DVE/ J-1128/ 2016, el cual se anexa en copia simple para pronta referencia, que solicito se tenga por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias, con el que se da cumplimiento a lo ordenado en el citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, a 22 de febrero de 2016.— Maestro en Derecho Marco Antonio Olivares Trejo (rúbrica), director general de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo.— Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Maestro Marco Antonio Olivares Trejo, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 8o., fracciones XIII, XV y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública de Puebla, y en cumplimiento de su oficio número SSP/ 07/ 02406/ 2016, de fecha 18 de febrero de 2016, mediante el cual solicita a esta unidad administrativa que se informe a la dirección general a su digno cargo sobre las acciones llevadas a cabo para prevenir accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol o por el uso de aparatos de comunicación móvil, derivado del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados:

Sobre el particular me permito hacer de su conocimiento que por parte de esta dirección se han venido implantando operativos preventivos y de seguridad vial para evitar que conductores de vehículos manejen bajo el influjo de bebidas alcohólicas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como la repartición de trípticos a la ciudadanía, a fin de salvaguardar la integridad física de los conductores, así como de la sociedad en general, como se acredita con las estadísticas que se anexan al presente.

No obstante lo anterior, se reforzarán dichos operativos a fin de seguir dando cabal cumplimiento al acuerdo emitido por la Cámara de Diputados.

Asimismo, se informa que de conformidad con lo establecido en los artículos 1o. de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 4o., fracción III, y 19, fracción XX (utilizar teléfonos celulares u objetos que dificulten la conducción), del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a través de los policías viales adscritos a esta unidad administrativa se ha puesto especial énfasis en detectar personas que al manejar utilizan aparatos de comunicación móvil, a fin de evitar que participen en la comisión de algún hecho de tránsito, como se acredita con la lista que se anexa al presente.

Lo que comunico a usted para los efectos legales a que haya lugar.

Respetuosamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de febrero de 2016.— Licenciado Rodolfo Hernández Gaspar (rúbrica), encargado del despacho de la Subdirección de Operación Vial en Delegaciones.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente:

«Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Me refiero al dictamen de la Primera Comisión de Trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–, con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentar informe sobre la conveniencia y alcances para establecer una base de datos de la viudez, con la finalidad de crear indicadores que permitan la construcción de políticas específicas e integrales a favor de este sector, aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en la sesión celebrada el pasado 21 de enero de 2015.

Al respecto, el citado dictamen establece en su punto de acuerdo único, lo siguiente:

...

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45, numerales 1 y 3; y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentar informe a esta soberanía sobre la conveniencia y alcances para establecer una base de da tos de la viudez, con la finalidad de crear indicadores que permitan la construcción de políticas públicas específicas e integrales a favor de este sector vulnerable de la población.

En este sentido, le comento que, desde el punto de vista técnico (se anexa), se considera factible además de conveniente como lo establece el punto de acuerdo, la generación de una base de datos sobre la viudez, toda vez que este instituto recopila información a través de las herramientas de captación tradicionales, como son el censo nacional de población, encuestas en hogares y registros administrativos.

En adicción al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica determina que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Licenciado Gualberto José Garza Cantú (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero al dictamen de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al grupo interinstitucional formado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de Población a realizar el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar y evaluar con los criterios del propio grupo si Cabo Corrientes es susceptible de incorporarse a la zona metropolitana de Puerto Vallarta.

Al respecto, el citado dictamen establece en su resolutivo único lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al grupo interinstitucional formado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de Población a realizar el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar y evaluar bajo los criterios del propio grupo si el municipio de Cabo Corrientes es susceptible de incorporar a la zona metropolitana de Puerto Vallarta.

En ese tenor, en opinión de este instituto, compete a la Sedatu como la dependencia responsable de la definición y reconocimiento de las zonas metropolitanas, coordinar la atención de la solicitud planteada en el dictamen de referencia, en atención de la atribución prevista en la fracción X del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los siguientes términos:

Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ...

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

...

Por lo anterior, este instituto participaría en el análisis del dictamen para incluir Cabo Corrientes en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, en el marco del grupo interinstitucional, una vez que sea convocado por la Sedatu, conforme el ámbito de competencia de cada institución, atendiendo a su marco jurídico de referencia.

Finalmente, anexo copia simple del oficio número 400/ 72/ 2016, dirigido al director general de Coordinación Metropolitana de la Sedatu, en relación con el tema.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Licenciado Gualberto José Garza Cantú (rúbrica), director general adjunto de Vinculación con el Poder Ejecutivo.»

«Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán, director general de Coordinación Metropolitana de la Sedatu.— Presente.

Con atención en los requerimientos que recibe el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el tema la delimitación de las zonas metropolitanas de México, informo a usted que se recibió la solicitud del Senado de la República para la incorporación de Cabo Corrientes a la zona metropolitana de Puerto Vallarta.

Por lo anterior, solicito que por su conducto se convoque a reunión del grupo interinstitucional Sedatu-Conapo-Inegi, que usted dignamente coordina, y sea revisado el caso.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, a 11 de febrero de 2016.— Geógrafo Carlos Guerrero Elemen (rúbrica), director general de Geografía y Medio Ambiente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Auditoría Superior de la Federación.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 15, fracción XX; 88, fracciones I y XIV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 2 Y 7, fracciones IV, VIII y XXXII, 10, fracción VII y 27, fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, realizó el Estudio General sobre la Situación que Guarda la Gobernanza en el Sector Público Federal, estudio número 1640, como parte de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, cuyo resultado se entregó a la Cámara de Diputados el pasado 17 de febrero.

Este estudio tuvo por objeto analizar, con base en las mejores prácticas, la situación de los elementos de gobernanza, procesos, estructuras, disposiciones formales y valores que guían y controlan las actividades, en las instituciones de los tres Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos, a efecto de identificar posibles áreas de oportunidad, así como sugerir acciones de mejora.

La realización del estudio se alineó con los objetivos de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene el propósito de coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de Gobierno encargados de la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, hechos de corrupción, fiscalización y control de los recursos públicos.

Cabe señalar que la gobernanza pública comprende diversos elementos relacionados con el apego al estado de derecho, la administración de los riesgos y la evaluación del desempeño, mediante un control interno robusto y una gestión financiera sólida; la participación de la sociedad, a través de un gobierno abierto; el comportamiento de los servidores públicos, acorde con los valores y principios éticos institucionales y la integridad; la implementación de buenas prácticas de transparencia, y la rendición de cuentas efectiva.

Organismos de relevancia internacional como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Banco Mundial, The Institute of Internal Auditors, el Comité Cadbury, The HM Treasvery, el Tribunal de Cuenta de la Unión e International Federation of Accountants, entre otros interesados en el concepto de gobernanza y señalado que el control interno, la administración de riesgos y la integridad figuran como elementos indispensables de ésta.

Como resultado del estudio la ASF conceptualizó a la gobernanza pública como el conjunto de principios, procesos, estructuras, disposiciones formales y valores, que dirigen y controlan las actividades y el comportamiento institucional, con la finalidad de que las instituciones públicas alcancen sus objetivos y metas de manera eficaz y eficiente, en apego al marco jurídico que regula su actuación y a los principios éticos y normas de conducta que deben imperar en la actuación del servicio público, y que generen la información confiable, oportuna y pertinente sobre su gestión que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, la ASF determinó que los principios indispensables que deben estar presentes en las instituciones del sector público son integridad, responsabilidad, acceso a la información pública, informe de resultados, eficacia y eficiencia, y legalidad.

También se identificaron los elementos que se considera deben regir las actividades y el desarrollo de las instituciones del sector público, a fin de asegurar una, buena gobernanza que contribuya a un desempeño eficaz y eficiente de las mismas: a) ética e integridad; b) órgano de gobierno/consejo de administración/titular; c) planeación estratégica; d) control interno; e) administración de riesgos; f) evaluación del desempeño; g) auditoria interna; h) comité de auditoría; i) auditoría externa, y j) transparencia y rendición de cuentas.

Adicionalmente se elaboró una visión general con el objetivo de determinar la perspectiva de la ASF respecto de cada uno de los elementos de gobernanza, en lo relativo a sus objetivos, así como las características que deben observarse en su práctica. Esta visión general tiene como finalidad mostrar la asociación entre dichos elementos y los atributos mínimos que cada uno de ellos debe poseer, haciendo énfasis en la relevancia, beneficios, uso, y aplicación que los mismos pueden tener con su adopción, elaboración o adecuación para las instituciones gubernamentales.

Por lo que respecta a la Cámara de Diputados, si bien cuenta con elementos esenciales de la gobernanza institucional, no se identifica en el marco legal aplicable, una instancia responsable de concentrar las directrices de la gobernanza para su debido análisis y evaluación, que apoye con mayor alcance al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a efecto de consolidarla con el propósito de orientar los esfuerzos y recursos hacia la consecución de su misión y mandato constitucional, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Para el fortalecimiento de la gobernanza en la Cámara de Diputados se sugiere llevar a cabo las acciones siguientes:

• Actualizar o establecer las disposiciones que rigen el marco ético y de conducta institucional que incluyan programas de integridad y prevención, con acciones concretas de detección y controles anticorrupción.

• Emitir acciones efectivas por parte de los órganos de gobierno y titulares de las instituciones, que incluyan la obligación de establecer mecanismos para la captación de denuncias o atención de los temas éticos y de conducta.

• Establecer funciones de verificación y evaluación de cumplimiento de las disposiciones críticas para el impulso y sostenimiento de la integridad.

• Implementar las acciones necesarias para contar con una administración de riesgos enfocada, entre otros aspectos, en los procesos por los que se logran los objetivos y metas, alineados al mandato institucional, incluidos los riesgos de integridad.

Establecer la instancia especializada de apoyo al órgano de gobierno, para coordinar la implementación de las estrategias y programas de administración de riesgos, control interno y prevención de la corrupción, en concordancia con la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y demás disposiciones aplicables.

A efecto de apoyar estas acciones, adjunto envío un ejemplar del informe del Estudio General sobre la Situación que Guarda la Gobernanza en el Sector Público Federal, número 1640, con el propósito de compartir con usted el enfoque que daremos a estos temas en futuras revisiones tanto a la institución a su digno cargo, como a las restantes del sector público federal. (1)

El responsable del grupo encargado de la realización del estudio en comento, fue el contador público Fernando Cervantes Flores, auditor especial de tecnologías de información, comunicaciones y control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez (rúbrica), Auditor Superior de la Federación.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión del Palacio Legislativo de Sán Lázaro.— Presente.

Aunado a un cordial saludo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31, fracción I y VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, que impone a las dependencia administradores de inmuebles federales la obligación de presentar un Informe Anual a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente.

Al respecto, por este conducto me permito hacer formal entrega del informe anual que contiene la lista e información de las concesiones emitidas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, durante e1 periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. (2)

Atentamente

México, DF, a 28 de marzo de 2016.— Licenciada Mariana Boy Tamborrell (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo.

SOLICITUD DE LICENCIA

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido, a partir del 12 de abril del año en curso.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad conlo dispuesto en ell artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2016.— Diputado Ricardo David García Portilla (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría someter a la consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Están a discusión los siguientes:

Puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Ricardo David García Portilla, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el tercer distrito del estado de Tlaxcala, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

MINUTAS

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIII-I-2P-56

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 35, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 35, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIII-I-2P-57

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, 51, 53 Y 69 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción III del artículo 13; el artículo 51; el segundo párrafo del artículo 53 y el inciso a) del tercer párrafo del artículo 69 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 13.-...

I.- y II.- ...

III.- Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado por la Secretaría para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

IV.- a IX.- ...

Artículo 51.- La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos.

Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables.

Artículo 53.-...

La autoridad educativa de cada entidad federativa publicará en el órgano informativo oficial de la propia entidad, las autorizaciones de ajustes al calendario escolar determinado por la Secretaría.

Artículo 69.- ...

...

...

a)Opinará sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y conocerá las metas educativas, así como el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización;

b)a o) ...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La implementación de las modificaciones al calendario escolar surtirá efectos a partir del ciclo lectivo inmediato posterior a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- La Secretaría de Educación Pública, previa opinión del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, emitirá los lineamientos a que se refieren los artículos 13, fracción III, y 51, segundo párrafo, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica) , vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 794/2016 II P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, envía al Honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto a efecto de reformar los artículos 27 y 115, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de establecer la concurrencia del municipio con la asamblea ejidal y/o comunal para efectos de regularización de la tenencia de la tierra y determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con fines de asentamientos urbanos.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Chihuahua, Chihuahua, a 15 de marzo de 2016.— Diputada María Elvira González Anchondo (rúbrica), Presidenta del Honorable Congreso del Estado.»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Acuerdo No. 794/2016 II P.O

La Sexagésima Cuarta Legislatura delHonorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su segundo período ordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Chihuahua envía al Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto a efecto de adicionar un párrafo sexto recorriendo el contenido de los subsecuentes, a la fracción VII del párrafo décimo del artículo 27, así como un segundo párrafo al inciso e) de la fracción quinta del artículo 115, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 27. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

I. a VI. ...

VII. ...

Los municipios de manera concurrente con la asamblea ejidal y de las comunidades, podrán, regularizar el régimen de tenencia de la tierra y determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con fines de asentamientos urbanos en los términos que para el efecto establezca la Ley.

...

...

VIII. a XX. ...

Artículo 115. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) a d)...

e) ...

Los municipios de manera concurrente con la asamblea ejidal y de las comunidades, podrán regularizar el régimen de tenencia de la tierra y determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con fines de asentamientos urbanos en los términos que para el efecto establezca la Ley.

f) a i)...

...

VI. a X. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo y del dictamen que le da origen, al Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Sexagésima Cuarta Legislatura exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas y a la de la Ciudad de México, para que tengan a bien sumarse a la propuesta de adición de los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de establecer la concurrencia del municipio con la asamblea ejidal y/o comunal para efectos de regularización de la tenencia de la tierra y determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con fines de asentamientos urbanos.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.— Diputados: María Elvira González Anchondo (rúbrica), presidenta; Ana Lilia Gómez Licón (rúbrica), Juan Eleuterio Muñoz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

POSICIONAMIENTO CON MOTIVO DEL 80 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con motivo del 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional. Y en virtud de ello saludamos la presencia con mucho orgullo, del doctor Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional, así como a invitados especiales que están hoy aquí presentes; del doctor Julio Mendoza Álvarez, secretario general del Instituto; del ingeniero Miguel Ángel Álvarez, secretario académico; de la maestra Mónica Torres León, secretaria de Servicios Educativos; de la ingeniero Jimena Saldaña, directora del Canal 11 de televisión, y también por supuesto del doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, ex director general del Instituto Politécnico Nacional y coordinador del Programa Politécnico para la Sustentabilidad.

El día de hoy celebramos el 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional que es orgullo para todos los mexicanos y que fue fundado gracias a la visión de uno de los más grandes estadistas que ha tenido nuestro país, el general Lázaro Cárdenas del Río.

El Politécnico es un pilar fundamental de nuestro sistema educativo, que a lo largo de estas ocho décadas de su existencia ha formado a miles y miles de destacadas y destacados y reconocidos profesionistas que han contribuido al desarrollo y la grandeza de México.

Coincidimos plenamente con las expresiones hechas por el director general del Instituto Politécnico Nacional, de que el México de hoy no podría entenderse sin las valiosas aportaciones de esta gran institución a nuestro país.

Sus profesionistas gozan del mayor prestigio en ramas como ingeniería, física, química, biología, medicina, ciencias sociales y administrativas, entre muchas otras áreas del conocimiento. Son, desde luego, el resultado de la capacidad, creatividad, talento y, sobre todo, de la responsabilidad y compromiso de sus egresados, que con orgullo han hecho realidad el lema del Politécnico: La técnica al servicio de la patria.

Por todo ello, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su más amplio reconocimiento a toda la Comunidad Politécnica, a quienes nos acompañan también acá en la parte superior.

Integrada esta comunidad por sus más de 180 mil alumnos de los niveles medio superior, superior y postgrado, a sus 28 mil 400 trabajadores académicos y administrativos en todas las unidades y planteles del país, cumplen a cabalidad con su responsabilidad para enaltecer y dar prestigio y renombre el Instituto Politécnico Nacional.

Enhorabuena y que siga con larga vida y merecidos éxitos al Politécnico. Muchas felicidades.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se han registrado para fijar el posicionamiento de sus respectivos grupos parlamentarios, al respecto, ya compañeras y compañeros diputados.

De entrada, le vamos a dar la palabra al diputado José Bernardo Quezada Salas, en su carácter de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que fue uno de los impulsores para la realización de este evento el día de hoy, con la presencia de nuestros amigos Politécnicos.

El diputado José Bernardo Quezada Salas:La técnica al servicio de la Patria. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, doctor Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional, nos honra su presencia, señor, en este recinto. Doctor Julio Mendoza Álvarez, secretario general del Instituto Politécnico Nacional; nos da mucho gusto tener la presencia del doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, coordinador político para la sustentabilidad del instituto y ex director general del Instituto Politécnico Nacional, gracias, señor, por su presencia. Unidades y ex directores generales y comunidades en general del instituto, invitados todos.

Yo quisiera, antes de iniciar mi intervención, pedirles un huelum que no es muy usual, pero queremos que este recinto escuche las entrañas de una institución tan notable para el país. Gracias.

A nombre de todos los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología que me honro en presidir, así como al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, me presento ante ustedes como portavoz de un digno reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional por sus no fáciles 80 años de vida al servicio del progreso científico y tecnológico del país.

Este homenaje es para honrarlos y agradecerles su compromiso con el país, con sus jóvenes y con la sociedad, y es que está demostrado que la educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico son factores determinantes para el crecimiento, el progreso, la industria y economía de un país.

El Instituto Politécnico Nacional nos ha demostrado que su aporte en todos estos aspectos ha sido determinante para México. Fue un glorioso 1 de enero de 1936 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creó al Instituto Politécnico Nacional, firmado por el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México.

A partir de entonces, se iniciaron intensas gestiones y trabajos para poder dar inicio a las actividades educativas del instituto. El Poli, como cariñosamente le llamamos, ha dado enormes beneficios al país en la formación de estudiantes de alto nivel que contribuyen con la generación del conocimiento.

Egresados notables del Instituto han marcado el rumbo de la historia científica del país. Investigadores, rectores, renombrados ingenieros, directores de espléndidos centros de investigación en México y en el extranjero, gobernadores, secretarios o jefes de Estado, todos ellos han sido formados en el Poli.

El aporte del Instituto a México, a sus jóvenes, a su historia, a su desarrollo y a su futuro por medio de la educación ha sido inmenso.

El impacto que ha tenido está totalmente demostrado y tenemos el compromiso como mexicanos y como legisladores de potencializar estos alcances. Por ello debemos fortalecer la esencia del Instituto, que abarca desde la educación media superior, superior y de posgrado. El Instituto ha crecido de acuerdo a las necesidades del país, creando unidades académicas en diferentes entidades federativas.

Las vocacionales que en 1971 se transformaron en Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos son esenciales para la formación de los jóvenes. Esta característica ha sido propia del Instituto desde su creación y así debe permanecer. Fracturar su estructura sería un retroceso para el país. No a la desaparición ni a dos Polis. Existirá un solo Poli con sus vocacionales.

La importancia de esto quedó de manifiesto cuando se aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente, y se consideró en un transitorio que para la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación aplicables al personal docente, impartida por el Instituto Politécnico Nacional deberá considerarse la normatividad de dicho Instituto. Al reconocer esta capacidad del Estado mexicano está consolidada la importancia del Instituto Politécnico Nacional.

Actualmente, la matrícula total del Instituto es de más de 180 mil alumnos, de los cuales 66 mil 466 pertenecen al nivel medio superior, 106 mil 759 al nivel superior y 6 mil 947 se encuentran en posgrado. Todos estos alumnos son atendidos por una plantilla total de alrededor de 28 mil 400 trabajadores, los cuales 18 mil 200 son docentes e investigadores y 10 mil 200 son personal de apoyo y de asistencia a la educación.

Cabe resaltar que el instituto cuenta con más de mil investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. El personal que labora en el instituto es una de sus fortalezas primordiales, por lo que es importante también reconocerles y agradecerles el esfuerzo de trabajo arduo de su día a día.

En su aporte a la sociedad, no debemos dejar de considerar que el instituto cuenta con una estructura sólida para el desarrollo y fomento tecnológico y empresarial en pro del desarrollo de sus egresados y en beneficio de la sociedad mexicana.

Admiramos, felicitamos y reconocemos el gran trabajo que ha realizado el instituto. Gracias por los aportes a la sociedad. Gracias por su compromiso con la educación del país. Enhorabuena por estos 80 años. Felicidades y que vengan muchísimos, muchísimos más en beneficio de México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardo Quezada. Tiene ahora la palabra la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, para Encuentro Social trabajar en favor de la certidumbre educativa es uno de los grandes pendientes que México tiene con sus ciudadanos.

Construir un esquema a través del cual todos los mexicanos tengan la certeza de que si quieren estudiar y prepararse van a conseguirlo porque habrá una oportunidad. Por eso, es relevante festejar y recordar que hace 80 años inició sus actividades el Instituto Politécnico Nacional, piedra angular del desarrollo tecnológico y científico del país, que surgió por la necesidad de dar seguridad educativa a todo mexicano que tuviere el deseo y el tesón de estudiar una carrera técnica o profesional.

Una institución, que ha hecho aportaciones significativas en materia de mecatrónica y robótica. Ha revolucionado la industria del siglo XXI. Ha contribuido a la aeronáutica en México y es una de las instituciones de educación superior que más patentes registra año con año.

Como una muestra de innovación y desarrollo intelectual del país, a lo largo de su historia ha creado diferentes centros de investigación y laboratorios para atender las necesidades propias del progreso científico-tecnológico de México y ha incrementado el número y variedad de carreras técnicas y profesionales, diplomados, especialidades y postgrados con miras a preparar a las futuras generaciones de investigadores y tecnólogos mexicanos.

En este contexto de celebración por la existencia de una institución como el IPN, nos queda claro que si queremos podemos.

En el Partido Encuentro Social, hoy como hace 80 años sabemos que necesitamos trabajar para educar a los más desprotegidos, a los de menores oportunidades y recursos. Requerimos apoyar e impulsar a las instituciones de calidad para garantizar espacios para aquellos mexicanos que quieren cambiar su historia, aprender algún oficio o profesión que les permita mejorar su vida, la de su familia y la del país. No podemos dejar de lado que las instituciones como el Politécnico, si bien cuentan con altos estándares de calidad, que le permiten hacer importantes aportes al país, también se enfrentan a condiciones adversas del financiamiento que ponen en riesgo los avances científicos y técnicos, y en este sentido se requiere del compromiso de todos.

En Encuentro Social, estamos convencidos de que el combate a la pobreza comienza en las aulas, por eso nos identificamos con los postulados que son el cimiento del Politécnico y apoyamos la idea de impulsar programas de vinculación empresarial en las escuelas. Además, de que no tenemos miedo de importar modelos educativos exitosos de otros países, porque necesitamos gente preparada y comprometida.

Por eso, como partido político que vela por sus ciudadanos, estamos trabajando para que México tenga gente preparada y comprometida.

Diputadas y diputados de esta honorable asamblea, México requiere urgentemente de una fórmula para el desarrollo integral y sostenido del país, que proporcione a sus habitantes los elementos económicos, culturales, técnicos y legales para avanzar en materia de tecnología y fomentar la asociación academia-industria, tan necesaria para superar los pormenores en materias de política, social, económicas y de valores.

Por ello mi partido, Encuentro Social, los convoca a reflexionar sobre la profundidad del lema que identifica al politécnico. La técnica al servicio de la patria, porque ahí se concreta la contribución histórica de sus egresados al desarrollo de la nación. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Perea. Tiene ahora la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Mirza Flores Gómez:Muy buenos días. Compañeras diputadas, compañeros Diputados. Con su venia, señor presidente. Quiero hacer un reconocimiento y dar las gracias a quienes el día de hoy nos acompañan. No es un asunto menor estar el día de hoy celebrando y conmemorando 80 años del Instituto Politécnico Nacional.

Gracias al doctor Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional; doctor Julio Mendoza Álvarez, secretario general; ingeniero Miguel Ángel Álvarez, secretario académico; maestra Mónica Torres León, secretaria de servicios educativos; ingeniera Jimena Saldaña, directora del Canal 11 de televisión; doctor Mayagoitia Domínguez, exdirector general del Instituto Politécnico y coordinador del programa politécnico para la sustentabilidad.

También quiero saludar al maestro Filiberto Cipriano Marín, director de Economía, con quien trabajamos y hemos trabajado desde la fracción de los ciudadanos temas de presupuesto, así como con su antecesor, el maestro Horacio Sánchez.

Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a mi fracción que me permite ser la voz de poder expresar en estos micrófonos y en esta tribuna el honor a quien honor merece.

Fue el 1 de enero de 1936 que se creó el Instituto Politécnico Nacional, mediante un decreto presidencial firmado por Lázaro Cárdenas del Río. El presupuesto inicial para la construcción de las instalaciones, fue de 2 millones de pesos. La obra estuvo a cargo del ingeniero Juan Dios Bátiz Paredes.

El Instituto Politécnico Nacional se formó como una institución integrada por escuelas de diversos campos que hasta ese momento habían fungido de manera independiente, como la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Superior de Construcción, así como un bloque de escuelas del Antiguo Instituto Técnico Industrial. En sus inicios el Instituto Politécnico Nacional también contaba con seis pre vocacionales y cuatro vocacionales en el Distrito Federal, además de una Escuela Superior en Río Blanco, Veracruz, y 11 pre vocacionales en distintos estados de la República.

Es de notarse, y no es casualidad, que en la unidad conocida como Zacatenco, se encuentran las estatuas en honor a dos presidentes de este país con visión de Estado, con visión de educación, con visión de futuro, con visión de progreso real, sin que esta fuera una palabra, que solamente fuera un discurso.

El progreso implicaba en inversión a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Estos presidentes fueron: Lázaro Cárdenas del Río y López Mateos. Adolfo López Mateos, un hombre que siguió con los trabajos y la inversión que Lázaro Cárdenas hizo en este país y que de manera histórica marcaron el rumbo, puesto que invirtieron en dos fundamentales vías: la industria petrolera y la energética. Eran presidentes con visión con visión de una nación, presidentes que querían llevar a sus ciudadanos, a un lugar de dignidad en el mundo.

En los documentos de consulta, me encuentro siempre con el lema “La técnica al servicio de la patria”, y con sinceridad debo decir que esas palabras cimbran. La historia de este lema fue en el año de 1937, cuando entonces un alumno, Jesús Robles Martínez, puso y propuso que para representar los ideales del Frente Nacional de Estudiantes Técnicos, del cual era presidente, se utilizaría como corolario de todas sus propuestas, la frase “La técnica al servicio de una patria mejor”.

La importancia de invertir en estos rubros radica en que los conocimientos generados contribuyen genuinamente al desarrollo sostenible de la sociedad, en ese orden de ideas, desde la Comisión de Ciencia y Tecnología de la que me honro ser integrante, impulsamos destinar para el Presupuesto de Egresos de 2016, 200 millones de pesos en un recurso extraordinario destinado al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, del Instituto Politécnico Nacional.

Debemos de construir un ejército de mexicanas y mexicanos que estén perfectamente capacitados para aplicar la técnica al servicio de la patria. Es el arduo trabajo que ha realizado el Instituto Politécnico Nacional durante 80 años, y hoy la bancada de los diputados ciudadanos reconocemos ese esfuerzo, los que como yo, somos egresados de universidades o instituciones públicas, en mi caso la Universidad de Guadalajara, nos identificamos con el Politécnico porque son las instituciones educativas públicas quienes han tenido que soportar el embate de la disminución de sus recursos.

La educación es un derecho de todas y todos los mexicanos. Como secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología y como diputada ciudadana, fijo una postura clara: no quitaremos el dedo del renglón haciendo los máximos esfuerzos para que la juventud mexicana siga estudiando y siga preparándose, brindándole las herramientas necesarias para acceder a empleos mejor remunerados y puedan sacarle el máximo provecho a sus capacidades científicas y de innovación.

Quiero –para finalizar– subrayar el hecho de que el Politécnico Nacional es la primera institución en preparación técnica de América Latina, de donde egresan el 70 por ciento de todas las ingenierías del país.

Al Ejecutivo le solicitamos otorgarle el lugar que merece, todos siempre hemos reconocido que el Instituto Politécnico no es autónomo. Administrativamente lo encabeza la Secretaría de Educación Pública. Eso es correcto, pero de eso a reducir al Instituto Politécnico Nacional a una dirección escondida abona al retroceso, y no le da el lugar del emblema de educación y formación nacional. Que viva el Politécnico Nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Flores.

Saludamos la presencia de integrantes de la Escuela Primaria Gerardo Bruno Sevilla Hernández, de la colonia Presidentes de México, de la delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, invitados por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano. E igualmente a alumnos del Telebachillerato 209 de Indaparapeo, Michoacán, invitados por la diputada Daniela De Los Santos Torres. Bienvenidas, bienvenidos, todos, ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Y tiene ahora la palabra la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana:Señor presidente, diputados, diputadas, doctor Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional, distinguidos invitados especiales que nos acompañan, público en general, en 1978, en su último menaje a los politécnicos el fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional, Juan de Dios Bátiz, expresó que la creación y consolidación de esta institución era una respuesta a las legítimas inquietudes de superación del pueblo mexicano que había luchado incansablemente por alcanzar su grandeza.

Hoy, a 80 años, Morena en voz de la que suscribe conmemora con el pueblo de México la conjunción histórica que hizo posible construirlo durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que fue el periodo de plasmación de muchos ideales revolucionarios, proyecto nacional y soberano que integró el pensamiento de visionarios de formación científica, intelectual y alta responsabilidad ética, mexicanos con altitud de miras que tanto extrañamos en la actualidad: Roberto Medellín, Luis Enrique Erro, Narciso Bassols, Carlos Vallejo Márquez, Miguel Bernard, Estanislao Ramírez Ruiz, Wilfrido Massieu y, por supuesto, Juan de Dios Bátiz.

Fue así que desde 1936 el Instituto Politécnico Nacional se convirtió en una de las mayores construcciones científicas y tecnológicas que la inteligencia y cultura mexicana nos hayan podido legar.

Integró desde sus inicios escuelas en tres ramas del conocimiento: ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas en tres niveles: pre vocacional, vocacional y superior, así como investigación científica y tecnológica que desde la década de los años 30 había ya en su Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que festeja este mismo año su centenario.

El Politécnico es uno de los grandes orgullos nacionales que actualmente cuenta con más de 160 unidades académicas a nivel superior, medio superior, educación continua e investigación en todo el país, una matrícula que sobrepasa los 181 mil alumnos y cuenta con más de mil investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores.

Tiene en su haber gran número de premios nacionales de ciencia y arte, e internacionales como el Príncipe de Asturias, entre muchos más. Sus logros van de la televisión a color a proyectos nacionalistas para el manejo de los recursos pesqueros, de las exploraciones que egresados de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura hicieron en Cantarell, a la transformación de las telecomunicaciones en México; de sus aportaciones a Pemex a contribuciones infinitas a la CFE, desde hidroeléctricas a Laguna Verde, hoy olvidada.

El IPN ha tenido decenas de proyectos aeronáuticos y de micro satélites, miles de investigaciones sobre nuestra diversidad y ecosistemas. Contribuciones al sector salud, como el Sistema de Vacunación y Piernas Biónicas, de la tinta indeleble que utilizamos en las elecciones, a miles de construcciones de ingeniería civil a lo largo y ancho de nuestro territorio, millones de enfermedades de mexicanos curadas por sus egresados, millones de jóvenes a los cuales les ha dado la oportunidad de ser mexicanos de bien y forjadores de la patria.

El IPN nos ha dado aportaciones científicas, tecnológicas, culturales y artísticas incuantificables, apoyados en Canal 11, su Centro Nacional de Cálculo, su Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Cinvestav, así como la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas y el Patronato de Obra e Instalaciones.

Cabe recalcarlo, el IPN es orgullo de la grandeza mexicana. Su historia y legado pesan como pocas instituciones en el México contemporáneo. Y me es importante referir que desde su nacimiento en 1936 se asumió como producto de la revolución mexicana. Su orientación nacionalista y soberana estuvieron presentes desde su primera Ley Orgánica de 1949.

Hoy su Ley Orgánica vigente de 1981 establece que el IPN fue creado para consolidar a través de la educación la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política, para alcanzar el progreso social de la nación de acuerdo a los objetivos históricos de la Revolución Mexicana.

Desde 1982, los gobiernos liberales han buscado encubrir sus principios nacionalistas y soberanos. No les será fácil, como no les fue fácil aprobar en 2014 un reglamento interno con clara orientación neoliberal, el cual proponía dejar al Instituto maniatado a las reformas neoliberales, la educativa, la laboral, la energética, la fiscal y de telecomunicaciones.

Los y las diputadas de Morena estaremos pendientes de los avances del Congreso Nacional Politécnico, en donde el IPN y su comunidad dirimirán su futuro, que es también el futuro de la educación superior, la investigación científica y tecnológica, para lograr el mayor grado de desarrollo e independencia del Estado mexicano.

La técnica al servicio de la Patria. Enhorabuena a la Comunidad Politécnica. A todos los que están allá arriba, felicidades. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Aceves.

Aprovechamos para saludar la presencia de alumnos, docentes y padres de familia de la Escuela Secundaria Jesús Reyes Heroles, del municipio de Chicoloapan, Estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Sean bienvenidos, amigos, a este recinto parlamentario.

Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Alberto Torres Rivas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Adelante, diputado, por favor.

El diputado Francisco Alberto Torres Rivas:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Instituto Politécnico Nacional ha sido desde hace 80 años un actor estratégico de la construcción del México moderno que hoy tenemos.

Desde su fundación ha cumplido cabalmente con su misión: poner la técnica al servicio de la Patria, impulsando la producción industrial y el desarrollo nacional, proyectando y realizando grandes obras de ingeniería y arquitectura, innovando el ambiente de la ciencia y la tecnología y formando a muchas generaciones de mujeres y hombres, puntales para la transformación del país y, en suma, realizando un aporte significativo para el bienestar y el progreso de las y los mexicanos.

El Politécnico es una gran institución que nos heredó el régimen pos revolucionario, y es un ejemplo fehaciente que la educación pública y popular que demuestra claramente que las mejores causas ideales de nuestra sociedad no se encuentran en pugna con la calidad y la cobertura que requiere el país para su desarrollo.

Hoy, el Politécnico es el espacio donde se forman la gran mayoría de ingenieros y tecnólogos de México. En sus centros de investigación se realizan estudios y descubrimientos que ponen muy en alto el nombre de nuestro país en el ámbito internacional, y su adecuado funcionamiento resulta esencial para impulsar la construcción de una auténtica sociedad del conocimiento.

En una economía mundial completamente globalizada, como en nuestros días, centrada en la investigación científica y el desarrollo tecnológico, el progreso económico depende sustancialmente de la existencia de un amplio capital social, conformado por personas cada vez más instruidas y calificadas.

Ante la complejidad de los desafíos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, el desarrollo de energías limpias y la salud pública, la educación superior tiene la responsabilidad y el compromiso de dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para hacerles frente.

La matrícula del Instituto Politécnico Nacional está actualmente conformada por 64 mil alumnos de nivel medio superior, 107 mil alumnos de nivel superior, y 7 mil en posgrado, y cada año egresan de sus aulas 13 mil técnicos, 14 mil profesionales y un importante número de posgraduados, lo cual viene a constatar la gran calidad y la importancia que representa dicha institución para la sociedad mexicana.

Al hacer memoria, encontramos que la educación técnica en nuestro país tiene antecedentes remotos. Sin embargo, fueron los gobiernos emanados de la revolución quienes la organizaron con la finalidad de hacer en 1925, al crear el Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, cuya titularidad fue ocupada por distinguidos y brillantes personajes, poseedores de una visión a largo plazo, que permitió cimentar lo que hoy es un importante legado.

Dicho esfuerzo se cristalizó en 1936gracias a la destacada participación de don Juan de Dios Bátiz y del general Lázaro Cárdenas, quienes crearon el Instituto Politécnico Nacional, institución inspirada en los postulados de nuestra Revolución y que a la postre se convertiría en una de las más sólidas casas de estudios de nuestro país, pilar para el progreso y la movilidad social de cientos de miles de mexicanos.

No cabe duda que los retos que enfrenta el Instituto Politécnico Nacional de cara al futuro son complejos y exigen un gran esfuerzo para ser resueltos. Sin embargo, en el Partido Verde estamos seguros que la comunidad politécnica sabrá sortearlos con éxito gracias a la unidad, a la fortaleza, la solidaridad y la excelencia que han forjado a numerosas generaciones de profesionales comprometidos con México.

Al conmemorar el presente año ocho décadas de la fundación de tan ilustre institución, el Partido Verde queremos felicitar y reconocer a toda la comunidad politécnica, a sus autoridades, a sus estudiantes, a sus profesores e investigadores y a sus egresados, de quienes la sociedad mexicana espera que sigan siendo y poniendo su conocimiento al servicio de la construcción de una patria más justa y desarrollada, de un México más fuerte y competitivo, más libre y democrático.

Quiero comentarles, yo soy orgullosamente egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán y en el trabajo profesional he tenido la oportunidad de compartir las experiencias con muchos egresados del Politécnico. Créanme que me siento muy orgulloso de saber que contamos con una institución tan importante. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torres. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz:Muchas gracias, presidente. No hay mayor orgullo que un politécnico venga a hablar de su propia institución, y yo soy orgullosamente politécnico, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de la carrera de ingeniería en sistemas ambientales, y antes que ser diputado soy politécnico.

El día de hoy conmemoramos el nacimiento de una de las instituciones con mayor tradición histórica y compromiso con el crecimiento y desarrollo del país, de una institución que nació con sentido humano. A sus 80 años de que el general Lázaro Cárdenas del Río fundara el Instituto Politécnico Nacional, esta gran institución ha dado muestras de ser uno de los más grandes pilares del desarrollo tecnológico, científico y económico del país.

En sus inicios, el Instituto Politécnico Nacional se fundó bajo un objetivo claro: ser una opción educativa superior, laica, popular y gratuita dirigida a los hijos de los obreros y campesinos. Una opción para las y los jóvenes que tenemos menos ingresos.

El Politécnico abrió las puertas de la educación media y superior a miles de jóvenes con altas aspiraciones de crecimiento, aspiraciones que al mismo tiempo significaban poner su esfuerzo en impulsar el desarrollo de la industria petrolera y energética del país. De poner en marcha su conocimiento para forjar la edificación de presas y construcción de carreteras; de forjar especialistas en áreas como la economía. O bien, en sus aportaciones científicas y tecnológicas que significarían consolidar la participación democrática de la ciudadanía en procesos electorales como el desarrollo de la tinta indeleble usada en los comicios electorales.

De crear mujeres y hombres con los conocimientos necesarios para impulsar el funcionamiento y la regeneración de células en el cuerpo humano. De formar hombres y mujeres con alto sentido humano y amor a la patria.

Hoy, a 80 años de la creación del Instituto Politécnico Nacional, estos valores y aspiraciones con las que nació una de las instituciones que han forjado la historia de este país están más vivas que nunca.

Nuestra población se centra en las y los jóvenes. El futuro de México está en sus manos. Hoy, más que nunca debemos retomar los valores del Politécnico y reconstruir sus principios fundacionales.

El Instituto Politécnico Nacional debe seguir siendo uno de los pilares del futuro de la nación, debe abrir las puertas a las y los jóvenes en un México donde siete de cada 10 jóvenes no pueden acceder a la educación superior. Debemos lograr insertar a estos jóvenes en la educación superior que demanda grandes retos.

Por una parte, debemos dotar de mayor presupuesto a las instituciones de educación superior en México. Contradecir esta primicia significa ir en contra del desarrollo y del crecimiento de las y los jóvenes mexicanos, significa poner en riesgo nuestro propio futuro como país.

Para lograr esto el gobierno en turno o los gobiernos en turnos deben facilitar el desarrollo institucional del Politécnico, deben hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. Es fundamental que el Politécnico esté a las necesidades del siglo XXI, que esté a la altura de las mejores universidades y centros de enseñanza media y superior que están a nivel mundial.

Por ello, el orgullo de ser politécnico no está limitado a una fecha en el calendario, el orgullo de quienes formamos parte de la comunidad politécnica, lo llevamos en todas partes, todos los días. Todos los días nos enorgullece decir: somos orgullosamente politécnicos.

Ser politécnico es un gran honor para cada hombre y cada mujer que hemos sido formados de esa gran institución, las y los politécnicos defenderemos sus principios y valores, con el orgullo como solo los politécnicos lo podemos hacer, poner por encima de todo la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Amigos politécnicos, un saludo y es un orgullo para mí ser parte de la familia politécnica. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rubio.

Saludamos la presencia de mujeres líderes de diversas comunidades de Colón, Querétaro. Invitados por la diputada María García Pérez. E igualmente, a un grupo de mujeres y hombres, amigas y amigos. Invitados especiales de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, quienes nos visitan del estado de Coahuila. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes en este día especial, y como se han dado cuenta –o se darán cuenta– estamos aquí celebrando el 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional.

Tiene ahora la palabra el diputado vicepresidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Doctor Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional, bienvenido a esta tribuna, a este Congreso de la Unión. Decirle que la atribulada agenda parlamentaria no nos permitió estar más cercanos en la fecha de la fundación de este orgullo para nuestro país, pero lo hacemos con toda la seriedad y con todo el protocolo que esto demanda. Bienvenido nuevamente a esta su casa.

Y sí, comentaba yo hace un momento con el señor director –yo soy egresado de la ESIA, específicamente de ciencias de la tierra–, hace 30 años estábamos celebrando en el Palacio de las Bellas Artes el 50 aniversario del Politécnico y a mí me tocó como estudiante estar ahí y pronunciar un discurso, y hoy a 30 años tengo el honor de estar aquí frente a ustedes hablando de la casa que me abrió las puertas para poder estudiar y salir adelante.

Cuando una institución trasciende en la historia es porque quienes la crearon aportaron algo revolucionario y diferente. Así nació el Instituto Politécnico Nacional, como una institución de vanguardia para apoyar el desarrollo industrial de la nación, que celebra 80 años de su fundación como institución baluarte de nuestro sistema educativo.

Como ya lo dije, tengo el orgullo de ser egresado del Poli y este día tengo el honor, la oportunidad de expresar a nombre de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional nuestro reconocimiento a todos los politécnicos, a alumnos, trabajadores, maestros, investigadores y directivo en activo, egresados y jubilados, por estas ocho increíbles décadas poniendo la técnica al servicio de la patria.

No es posible pensar en el desarrollo nacional integral si no es con la base de un sistema educativo con cimientos en la formación ética de sus estudiantes, que garantiza el pleno respeto a la eminente dignidad de la persona humana. Por eso México no sería el mismo sin las aportaciones que las mujeres y los hombres del Instituto Politécnico Nacional le han dado a la patria.

Recordar estas ocho décadas, desde sus primeros directores como el ingeniero Juan de Dios Bátiz y el ingeniero Roberto Medellín Ostos, hasta, por supuesto, el doctor Enrique Fernández Fassnacht, es recordar los logros que los egresados han logrado para nuestro país, como Guillermo González Camarena, el inventor del primer sistema de transmisión por televisión a color, hasta la creación del Cinvestav, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

Es oportunidad de poner el acento que la institución pone en el deporte, las artes, y por supuesto, las que tienen que ver con la responsabilidad social y el apoyo a la comunidad.

Amigas y amigos diputados, a mí me parece que no se ha valorado todo lo que significa la aportación que el Politécnico ha dado a nuestro país. El Poli ha sido la casa, ha sido el hogar de un enorme número de estudiantes de bajos y muy bajos recursos, muy baja condición económica; de grupos vulnerables que veían en la educación el mejor camino para salir adelante, pero que se les cancelaba precisamente por carecer de recursos económicos para sufragarlos.

En el Politécnico encontraron oportunidad de alimento para el alma y alimento para el intelecto, pero sobre todo, alimento para el cuerpo, porque es bien sabido que con hambre el conocimiento nada más no entra.

Yo recuerdo que en el comedor del Poli nos costaba un peso, un peso el desayuno y la comida; un peso a precios de hoy, el desayuno y la comida. No nos daban de cenar porque seguramente nos quedaríamos ahí a dormir. No sé si hoy les estén dando cena también; daban desayuno y comida. A precios de hoy, el semestre nos costaba 30 pesos, no más, e inclusive los apoyos que recibíamos de los profesores se traducían en un compañerismo solidario y subsidiario.

Cómo no recordar los encuentros que teníamos en el Queso, cómo no recordar las visitas y las enseñanzas que recibíamos en el Planetario. El Politécnico, es cierto, ha sido cuna de grandes líderes y científicos que han aportado su conocimiento para el desarrollo de nuestro país. Ya hablé de Guillermo González Camarena, también el doctor Jesús Kumate, que fue un distinguido egresado politécnico, el ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos, también tenemos a gobernadores que fueron estudiantes del Politécnico como Héctor Mayagoitia, tenemos líderes reconocidos en el país de las izquierdas, por ejemplo Jesús Ortega.

Por supuesto en el PAN, Josefina Vázquez Mota, fue estudiante de la Voca 9. Bueno, hasta presidentes de la República hemos tenido egresados del Poli, como el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.

Todo esto nos habla de una institución que de veras es forjadora de hombres líderes, de personas que buscan cambiar el rumbo, la ruta de nuestra patria, pero la cultura también tiene mucho que ver con el Politécnico. Ahí está el Canal 11, que se distingue por la transmisión de contenidos de alto valor social y cultural, con un enfoque de pluralismo y tolerancia digno de nuestro entorno democrático, y si no lo han visto, les invito a que lo sintonicen para disfrutar un programa que se llama “Noche, boleros y son”, realmente una joya, una joya de la televisión mexicana.

La simiente que los fundadores del Poli hundieron en la tierra, no fue otra que el impulso de la técnica como valor central de la formación académica de los jóvenes mexicanos. Esto ha transformado a la institución en avanzar en la construcción de la ciencia, en donde se construyen tecnologías propias que nos libera de la excesiva dependencia y nos ponen en la línea correcta de la globalización del conocimiento.

Esta efeméride que el Congreso de México dedica durante esta sesión para honrar una institución como el Poli, nos permite reflexionar también sobre su futuro. Futuro que no se puede construir desde arriba, sino que debe partir del sentido y el decir crítico de la base que son sus estudiantes y sus trabajadores, pero que tampoco puede prescindir de la experiencia y del conocimiento de sus directivos.

En la construcción del politécnico todos sus integrantes están y estamos llamados a dejar huella, y todos tenemos la obligación de aportar algo, para que se mantenga como la institución educativa de vanguardia llamada a formar el capital humano, comisión global capaz de contribuir al desarrollo social de México.

Compañeras y compañeros, el octogésimo aniversario del Instituto Politécnico Nacional, es también una oportunidad para sentirnos alegres junto con quienes integran esta prestigiada institución educativa de México.

Señor director, estamos en la víspera de iniciar trabajos de análisis de criterios económicos que son la puerta para empezar a recibir los proyectos que habrán de conformar el presupuesto del próximo año.

Le pido aquí, frente a todos los diputados y diputadas que se encuentran en el pleno, que no son todos los integrantes del Congreso, le pido de manera formal nos haga llegar un proyecto específico que le interese al Politécnico, nos haga llegar una propuesta específica que tenga que ver precisamente con esa construcción del Poli.

Y aquí le dejo mi compromiso, que estoy seguro que el compañero que me antecedió, que escuché que también es egresado del Poli, habrá de abrazar también para cabildearlo con los señores coordinadores parlamentarios e inscribirlo como un proyecto específico en el presupuesto 2017 que habremos de aprobar en este Congreso de la Unión.

Esta es una ocasión. Exactamente, es tiempo de hacer algo de a de veras por el Politécnico y lo es también para expresar el orgullo de ser politécnico. Y sí, con mucho orgullo les pido que me ayuden a que resuene en este recinto nuestro grito de batalla: Huelum, Politécnico, Gloria. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bolaños. Y tiene ahora la palabra el diputado Bernardino Antelo Esper, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Bernardino Antelo Esper:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, doctor Enrique Fernández Fassnacht, director del Instituto Politécnico Nacional, autoridades del instituto que hoy nos acompañan, bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI tengo el honor de estar ante ustedes con motivo de reconocer el octogésimo aniversario del Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico es un referente en la educación del país. La creación del instituto por el general Lázaro Cárdenas del Río, en 1936, sentó un precedente en la educación profesional y técnica del país.

El gran trabajo de construir desde sus cimientos al instituto fue una tarea encomendada al ingeniero Juan de Dios Bátiz Paredes, distinguido sinaloense. El ingeniero Bátiz fue el primer director del Instituto Politécnico Nacional, y a él le debemos que se hayan fijado las bases para una educación técnica profesional, que era la demanda por el país, poniendo la técnica al servicio de la patria.

El Instituto Politécnico es actualmente una de las instituciones educativas de nivel medio superior y superior de mayor importancia en México y Latinoamérica. Agradecemos su aporte al desarrollo educativo, científico y tecnológico del país. Y como dato curioso, hoy, de quienes conformamos esta LXIII Legislatura, 36 diputados, algo más del 7 por ciento del pleno de la Cámara son egresados de este honroso Instituto Politécnico Nacional.

La experiencia internacional demuestra que existe una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países y la fortaleza de sus sistemas educativos, sobre todo de investigación científica.

Según estudios de la OCDE, un año adicional de escolaridad incrementa el producto interno per cápita del país entre un 4 y un 7 por ciento. Por ello es necesario fortalecer nuestro sistema educativo superando las barreras que puedan surgir en el camino.

En el PRI consideramos prioritaria la búsqueda de una mayor equidad y calidad educativa, por lo que reconocemos los esfuerzos realizados por el Instituto. La educación ha sido, es y debe seguir siendo un motor para el desarrollo del país. Ha sido uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las sociedades y posibilita la transición de la economía a la economía del conocimiento.

En las economías modernas el papel de la educación y el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes de la sociedad y una de las metas al alcanzar por sus gobiernos, y es que la educación posibilita el desarrollo científico y las innovaciones tecnológicas que a su vez hacen posible que la productividad y la competitividad del país se vuelvan una constante del crecimiento.

El día de hoy reconocemos el aporte del Instituto al desarrollo de México. Como mexicano me siento honrado de contar con una institución tan profesional, y es que el Instituto tiene un gran compromiso con la sociedad y tiene como misión institucional formar parte integral del capital humano, capaz de ejercer el liderazgo en los ámbitos de su competencia como una visión global para contribuir al desarrollo social y económico de México.

Además, la institución plantea como objetivo consolidarse como una institución de vanguardia, incluyente, transparente y eficiente que contribuya al desarrollo global a través de sus funciones sustantivas, con calidad ética, compromiso social que no dudamos lograrán consolidarse con este propósito.

A nombre del PRI y mío propio extiendo una calurosa y merecida felicitación el Instituto Politécnico Nacional por el 80 aniversario de su creación, así como la realización de actividades académicas, de investigación y formación científica y tecnológica.

Gracias a los aportes en estos 80 años, estamos seguros de que en el futuro el papel del Instituto en la educación profesional técnica del país será aún mayor, aunado a los esfuerzos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha realizado por la educación, la ciencia y la tecnología, mismos que han quedado manifiesto en la reforma educativa y en los impulsos presupuestales que se han dado en el sector año con año.

Con el trabajo conjunto de instituciones y el Ejecutivo federal, estamos seguros que podemos esperar grandes avances en la educación, desarrollo tecnológico e innovación. Enhorabuena y felicidades a sus profesores, sus investigadores y sobre todo a sus alumnos, quienes son el motor de la institución.

Aprovechando este marco histórico, en donde conmemoramos este LXXX Aniversario de la Fundación del Instituto Tecnológico, no quisiera dejar pasar una muy humilde propuesta que quisiéramos poner a consideración del pleno.

Tomando en cuenta que el ingeniero Juan de Dios Bátiz fue un distinguido miembro de esta institución y quien le dio lo más importante, el nacimiento a esta gran casa de estudios, quien además fue gobernador del estado de Sinaloa y gobernador del estado de Nayarit, quisiéramos poner a consideración la posibilidad de inmortalizar su nombre en esta honorable Cámara de Diputados y ver la posibilidad de que pudiera estar en alguno de estos muros su nombre inscrito en Letras de Oro, si es que así es considerado. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena para el Politécnico y muchas gracias. Es cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Antelo.

El diputado Jorge Álvarez Máynez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Álvarez Máynez, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Jorge Álvarez Máynez (desde la curul): Sobre el tema, presidente. Antes de darle vuelta a este punto del orden del día, quiero lamentar...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, permítame, permítame, no hemos concluido este punto. Si va a abordar otro tema que no esté considerado, que no tenga que ver con este, le pido por favor que me espere unos minutos.

El diputado Jorge Álvarez Máynez (desde la curul): Creo que no me escuchó, presidente, dije que era sobre el tema del Instituto Politécnico Nacional.

Creo que es oportuno lamentar que el regalo por el LXXX Aniversario del Instituto Politécnico Nacional por parte del gobierno federal sea relegarlo de su escala de prioridades y mediante un acuerdo tomado el 6 de abril por el secretario de Educación, plantear una interlocución, ya no directa con la Secretaría de Educación, sino dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior.

Ese es el regalo que el gobierno federal le ha dado al Instituto Politécnico Nacional en su LXXX Aniversario y es lamentable.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A continuación, la Cámara de Diputados hará entrega de un reconocimiento en ocasión de este LXXX Aniversario del Instituto Politécnico Nacional.

Para tal efecto, se invita a su director general, el doctor Enrique Fernández Fassnacht, pasar a esta Mesa Directiva para hacer la entrega correspondiente. Dice el reconocimiento: La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y la Comisión de Ciencia y Tecnología otorgan el presente reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional en el 80 aniversario de su fundación. Muchas, muchas felicidades.

AGENDA POLÍTICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la agenda política a propósito de la elección presidencial en los Estados Unidos de América, y ya tenemos integrada una lista de diputadas y diputados para hacer uso de la palabra, para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios.

Entre tanto, antes saludamos la presencia de alumnos y directivos del Cecytem, planta Nezahualcóyotl, del estado de México, invitados por el diputado José Santiago López.

Y también damos la bienvenida a amigos y amigas del estado de Coahuila, invitados por la diputada Karla Osuna Carranco, bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Y tiene, entonces, la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Nuestros distinguidos invitados del Politécnico si desean quedarse, el tiempo que deseen, por supuesto que seguirán siendo bienvenidos. Diputado.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Honorable asamblea. Autoridades que nos honran con su presencia, del Politécnico Nacional. A los amigos del Congreso o a la televisión del Canal del Congreso, la relación México-Estados Unidos es amplia y profunda, no solo porque se comparte una frontera física de 3 mil kilómetros, que generan aproximadamente en lo comercial, pero sobre todo en los cruces, más de un millón de personas diarias y 300 mil vehículos diarios, en esos 3 mil kilómetros de frontera, de este a oeste.

Para que tengamos una idea, compañeros diputados y diputadas, del origen hispano en Estados Unidos los mexicanos somos el 63 por ciento y aportamos al producto interno bruto de Estados Unidos aproximadamente el 8 por ciento.

Por tanto, la agenda bilateral es amplia e incide de manera puntual en la vida cotidiana de los mexicanos y los estadounidenses. Los lazos económicos y comerciales son fundamentales. Estados Unidos es el primero socio comercial de México, y éste, a su vez, su segundo socio fundamental.

Su transacción comercial, las principales economías que generan California, Arizona y Texas producen aproximadamente 6 millones de empleos en Estados Unidos, de tal suerte que el comercio por cada minuto genera aproximadamente un millón de dólares.

En los últimos años el comercio bilateral ascendió a 472.9 mil millones de dólares. De estos, 287. 8 mil millones son derivados de las exportaciones de México a Estados Unidos, y 185 millones de dólares de México, importaciones a Estados Unidos, es decir, un claro superávit comercial.

Más todavía, amigas diputadas y amigos diputados, actualmente radican en Estados Unidos 34.6 millones de mexicanos, y de estos, 11.7 millones nacieron en Estados Unidos, son de segunda, de tercera generación, que podían votar en las elecciones, aproximadamente 11.7 millones podrían votar el 8 de noviembre en ese país.

El voto hispano es clave, es trascendente. El impacto electoral, social, político de los mexicanos radicados en Estados Unidos, ciudadanos, puede incidir en la vida política de ese gran país.

Por tal motivo y por estas razones, solo por citar algunos datos generales, no podemos estar al margen del proceso electoral porque en los debates de los precandidatos a la Presidencia de Estados Unidos ha quedado de manifiesto que hay una población estadounidense, pese a su jerarquía y hegemonía política y económica en el mundo, hay una fobia al terrorismo y hoy actualmente una fobia a su clase inmigrante, paradójicamente, siendo este segmento de inmigrantes los que han construido la gran fortaleza de esa gran nación.

En ese contexto, el Partido Encuentro Social ha notado, la sociedad en su conjunto ha corroborado que algunas voces y expresiones políticas republicanas han hecho para abonarse a ellos mismos a su favor, denostando una relación histórica constructiva que se ha caracterizado por el diálogo México-Estados Unidos, ha denostado a los mexicanos, a sus inmigrantes.

Para el Partido de Encuentro Social este tipo de personas desconocen la realidad profunda del tema bilateral México-Estados Unidos. Por eso nosotros, como Partido de Encuentro Social, a ese candidato republicano demente, Donald Trump, le decimos: no a los muros.

Los muros dividen, discriminan, ofenden causan esclavismo, se caen, no trascienden. Ahí está el Muro de Berlín, ahí está la Muralla China. Sabida histórica, ha ocasionado a la visión mundial humanista que tenemos la razón los que pensamos que tenemos que respetar irrestrictamente el sentido de derechos humanos a los inmigrantes y, por supuesto, a nuestros connacionales.

Todo mundo reclama respeto a los derechos humanos y nosotros hoy en esta agenda política, como Partido de Encuentro Social decimos: los mexicanos, los hispanos, los inmigrantes del mundo le han aportado a ese país una gran reserva económica y un gran desarrollo financiero, político y social.

Por tanto, reclamamos respeto y que la política exterior de este país sea más enérgica, sea más precisa y a esos dementes como Donald Trump, los pongan en cintura, porque los mexicanos y los inmigrantes del mundo merecemos respeto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guizar. Tiene ahora la palabra, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Gracias, amigo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Por los derechos y la dignidad de los mexicanos y mexicanas. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. El tema que nos ocupa el día de hoy es de la más alta prioridad en la agenda internacional, pues se trata de un tema trascendente para nuestro país y el futuro de las relaciones con los Estados Unidos de América.

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y protección de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional, son los principios sobre los que se debe conducir la política exterior del país y están claramente establecidos en la fracción X del artículo 89 constitucional.

Quiero recordar esos fundamentos para subrayar, que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es profundamente respetuoso del estado de derecho y de los principios que rigen la política exterior del país. Sabemos, por supuesto, que la decisión respecto a quienes contenderán por la Presidencia de los Estados Unidos, compete solamente al pueblo norteamericano.

Sin embargo, consideramos necesario manifestar nuestra preocupación ante la posibilidad de que una persona que aspira a ser candidato presidencial del vecino país y con el que compartimos las más altas relaciones comerciales, sociales, diplomáticas y consulares amenace la cordialidad de nuestras relaciones y se refiera a nuestros connacionales de una forma, no solamente peyorativa, sino francamente racista.

Es fundamental recordar y reconocer los lazos que unen a nuestros países. No podemos permitir que el respeto, la paz y la armonía que ha caracterizado a la relación entre nuestras naciones se pongan en riesgo. Hoy más que nunca resulta imprescindible detener los discursos de odio que conducen a la violencia.

De acuerdo con cifras del Pew Hispanic Center, hasta 2012 había 33.7 millones de hispanos de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos de América. De estos, 11.4 millones nacieron en México y 22.3 millones nació en aquel país. Cabe señalar que el 11 por ciento de la población de los Estados Unidos es de origen mexicano.

La importancia de nuestra relación con Estados Unidos va más allá de lo económico, político y comercial, es por ello que seguiremos con interés y respeto el resultado de estas elecciones.

La obligación del gobierno mexicano, como lo ha manifestado la Cancillería, es reivindicar los intereses de nuestro país, los derechos y la igualdad y, sobre todo, vigilar y ser garante de la dignidad de las mexicanas y los mexicanos y buscar una forma de trabajar por el bien de ambos países con quien resulte ganador de las elecciones presidenciales.

En Nueva Alianza queremos aprovechar este espacio para agradecer y reconocer el esfuerzo de todos los connacionales que se han visto obligados a salir del país y quienes mediante su trabajo cotidiano con esfuerzo, con responsabilidad han conseguido no solo ayudar a sus familias, sino que han contribuido decididamente al progreso de México, al progreso de esta nación y de la nación que los ha acogido.

La protección de sus derechos será nuestra prioridad. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Tiene ahora la palabra el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El uso de los denominados discursos de odio se inscribe en los episodios que más han lastimado al mundo y que más han servido para atropellar los derechos fundamentales a lo largo de la historia.

Los discursos de odio son el caldo de cultivo de la violencia, de la discriminación y de la intolerancia. Debilitan las relaciones entre grupos sociales, entre naciones, entre ciudadanos.

Este tipo de expresiones tienen el peligroso potencial de justificar la exclusión social, la discriminación y las violaciones a los derechos fundamentales al identificar como enemigos a quienes simple y sencillamente son diferentes.

A lo largo de los últimos meses los mexicanos hemos seguido con preocupación las elecciones primarias de Estados Unidos, en donde el precandidato republicano Donald Trump ha hecho uso sistemático de lo que podía inscribirse como un discurso de odio contra los mexicanos y contra otros grupos sociales que también forman parte de dicho país.

No es necesario recapitular las múltiples expresiones discriminatorias y ofensivas que con un telón demagógico ha esgrimido el precandidato republicano contra México y contra los mexicanos. Estas son del dominio público. De lo que se trata aquí, es de hacer un llamado puntual para que se atienda esta situación sin caer en simplismos ni en el juego de vulgaridad, demagogia y discriminación.

Por ello en primer lugar es preciso aclarar que estamos convencidos de que la libertad de expresión es un pilar central de la vida democrática y que su salvaguarda constituye la base del entendimiento y del respeto. Sin embargo un discurso de odio que alienta el racismo, la exclusión y la violencia, no puede equipararse a cualquier otra opinión o expresión legítima.

El discurso de odio no es una simple opinión que se pueda sostener al amparo de la libertad porque el discurso en sí mismo tiene efectos negativos que son los que debemos prevenir y los que debemos atender desde aquí. Así lo señala el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU en su artículo 19 y 20 establece la obligación de los Estados miembros, a limitar y contener todo tipo de discurso de odio.

Más aún, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, garante de este pacto, ya se ha pronunciado al respecto señalando que “las expresiones discriminatorias pueden ser restringidas cuando sea necesario proteger un fin legítimo como es el respeto a los derechos humanos y a la reputación de los demás”.

Por ello en Movimiento Ciudadano creemos que México no puede esperar más tiempo para manifestarse al respecto, porque no es necesario esperar a que el señor precandidato republicano sea candidato oficial o peor, si se quiere, sea presidente de Estados Unidos, ya que un discurso de odio genera efectos desde el momento en el que irrumpe con fuerza en la discusión pública, porque dicho sea de paso, este discurso de odio no es exclusivo de Donald Trump, sino de una agenda que avanza sistemáticamente en Estados Unidos.

Por ello hace unos días en el Parlamento Latinoamericano, varios legisladores mexicanos de distintas fuerzas políticas, propusimos a este órgano de representación supranacional, que también fijara una postura en torno a las expresiones de odio del precandidato republicano.

Por eso, en este mismo sentido, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propondrá en esta misma semana, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que esta Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores acudir ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para denunciar el discurso de odio y discriminación del precandidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump.

Hoy debe quedar claro que el discurso de odio del mencionado precandidato no sólo atenta contra la dignidad y la reputación de los mexicanos, sino que al promover el desprecio, la hostilidad y la discriminación los expone a situaciones de vulnerabilidad y de violencia.

De esta manera es responsabilidad del Estado mexicano hacer lo posible para garantizar el respeto a los derechos de todos los mexicanos, incluidos los que viven en territorio nacional, por cierto y a propósito de la crisis de derechos humanos que también vive nuestro país.

Hoy, esta Cámara de Diputados tiene la oportunidad, no sólo de pronunciarse respecto a proceso electoral en Estados Unidos, sino de ser partícipe en la defensa permanente de los derechos y la dignidad de los mexicanos. Esperemos que el gobierno federal esté a la altura para enfrentar con determinación y con responsabilidad esta amenaza directa a la dignidad de todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castañeda.

Saludamos la presencia de amigas y amigos del estado de Querétaro, invitados por el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, y también de integrantes del Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, CADI, primaria, invitados por la diputada Lorena Corona Valdés. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora la palabra el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues:Buenas tardes a todos, diputadas, diputados. Ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso.

En 1929, desde que tomó posesión el presidente Franklin Roosevelt en Estados Unidos, este le declaró la guerra a los banqueros, responsables de la crisis de ese mismo año. Controló la especulación con la Ley Glass-Steagall y fue el inicio del periodo de mayor crecimiento económico en Estados Unidos, de la mano del estado de bienestar. Y este presidente, Roosevelt, desde su campaña fue tildado de ser radical y socialista.

Ante la elección presidencial de Estados Unidos hay un precandidato demócrata que ha recibido los mismos calificativos, este se llama Bernie Sanders. Sanders es senador progresista de Vermont y es el único que ha denunciado púbicamente la grotesca desigualdad en Estados Unidos, grotesca desigualdad es una frase de él, en la que un pequeño grupo de familias controlan la economía y el sistema político de Estados Unidos.

En este escenario político de infames desigualdades, sociales y económicas en Estados Unidos, y en general en el mundo, Bernie Sanders es el precandidato que ha delineado un conjunto de estrategias para nulificar los intereses corruptos que mantienen ese orden establecido.

Esas estrategias son: subir el salario mínimo, igualar salarios entre hombres y mujeres, hacer grandes inversiones en infraestructura, ampliar la seguridad social, establecer un sistema público de sanidad, luchar frontalmente en contra del cambio climático, y, en el terreno económico, romper a los bancos demasiado grandes para caer y establecer un impuesto a las transacciones especulativas en Wall Street, para financiar universidad públicas gratuitas.

Todos los demás candidatos proponen una plataforma de trabajo propia del establishment, en donde no cambie absolutamente nada, donde se sigan privilegiando intereses corporativos a costa del abandono social.

Es ahí, y ojalá pongamos atención, donde emerge una figura que combate esos mismos grandes e intocados privilegios y que antepone realmente un proyecto social y de oportunidades en nuestro país. Esa figura en este país se llama Andrés Manuel López Obrador.

De esta manera tenemos que atender la importancia de la elección presidencial en Estados Unidos, en donde estos privilegios han sido señalados como los principales causantes de la crisis financiera mundial, y en donde privilegiemos y prioricemos políticas públicas de verdad.

En lugar de estarnos desgastando pensando en el radicalismo del discurso de Donald Trump, pensemos que ese mismo radicalismo es propio del Estado conservador también de Hillary Clinton para mantener el orden que no cambia absolutamente nada.

En Morena entendemos que privilegiar la política social en contra de mantener un régimen en donde se prioricen los intereses de las corporaciones nacionales y privadas, es el camino a seguir. Ese, diputados, diputadas, ciudadanos y ciudadanas, es la ideología de Morena. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abdala. Tiene ahora la palabra el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Emilio Enrique Salazar Farías:Buenas tardes, compañeros. Tiene razón el diputado Abdalá cuando dice que ojalá pongan atención. De por sí es un tema importante que 499 pudiéramos defender a los millones de mexicanos en Estados Unidos, como para que estemos menos de esos en un tema tan importante.

Es cierto, compartimos una frontera grande y geográfica con Estados Unidos y hay quienes pretenden ponerle muros. Pero compartimos no solamente frontera, sentimientos, intercambio comercial y muchas otras cosas y nadie le podrá poner barreras jamás a lo que pensamos, a lo que sentimos, nadie puede ponerle barreras ni a nuestra alma ni a nuestro corazón.

Estados Unidos se ha hecho de migrantes, se ha hecho con el trabajo de todos y cada uno de los migrantes, muchos, millones de ellos mexicanos; gente que ha dejado su casa, si querencia, su familia y ha aportado a aquel país talento, esfuerzo, ganas.

¿Por qué lo comentamos? Porque hay un candidato que se ha encargado solamente de lanzar un discurso de odio. Su nombre, su nombre no vale ni la pena, tiene él plena libertad de expresión de decir lo que él quiera, sin embargo, debe recordar que quien es líder tiene responsabilidad, pues sus palabras tienen consecuencias y las de él incitan a la violencia, incitan al odio.

Pareciera que le perjudicamos, que lo lastimamos y lo único que hemos hecho es contribuir a la grandeza de ese país con mucho trabajo y con mucho esfuerzo.

Si bien tiene derecho a decir lo que él quiera, aún tonterías, no le podemos permitir la estupidez de decir que los mexicanos somos menos que cualquiera. Es más, ahora son los mexicanos, pero también las mujeres, pues es misógino, ¿Y al rato quién? ¿Al rato los árabes, o al rato los africanoamericanos? Al rato cualquiera.

Hoy ya es tiempo de decir ya basta a una gente como él, hoy es tiempo de unir fuerzas, de decir no a la xenofobia, no al racismo, no a la misoginia, no a la falta de atención y a la ausencia. Sí a la patria, sí a México.

Hay un compañero chiapaneco tuxtleco del distrito que represento que fue a poner una bandera en un edificio de este señor. Ojalá terminando esto nos tomemos una foto después de las intervenciones con nuestra bandera, para que sepan nuestros compatriotas allá que acá hay 500 gentes, unas presentes y otras a través del Canal que quieren trabajar por ellos, que quieren defenderlos, que no se van a callar, que jamás nos vamos a quedar callados.

Señores, creo muchísimo en mi patria, creo en México, creo en todos ustedes y que lo haremos así, los de cualquier partido. Mi coordinador me dice que está muy puesto conmigo, pero creo que el discurso hoy para todos es igual. Desde el PAN, desde el PRI, desde el Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y, por supuesto, de Nueva Alianza, todos y cada uno, pero lo mostremos, nos unamos, estemos presentes y luchemos por la patria. Que viva México. Es cuanto, señores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Salazar. Tiene ahora la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me parece que es insuficiente que cada uno de los partidos políticos aquí representados vengamos a esta tribuna a hacer un pronunciamiento en contra de las expresiones xenofóbicas y racistas que ha hecho Donald Trump contra nuestro país y con nuestros connacionales. Ya dirigentes partidarios, ya personalidades, ya artistas, ya mucha gente ha condenado de manera enérgica las actitudes de Donald Trump. Lo que es necesario, es que esta soberanía popular emita una declaración y una resolución formal en respaldo a nuestros connacionales y en repudio a esta actitud.

No bastan declaraciones individuales, no bastan declaraciones partidistas, este es un tema de la mayor importancia. Cuando Donald Trump comenzó su campaña, mucha gente lo tomó como una broma, se pensó que esas declaraciones irracionales no tendrían consecuencias para nuestro país ni él tendría éxito electoral, pero hoy es el casi seguro candidato presidencial del Partido Republicano.

Y sus dichos, claro que han dañado la imagen del país y claro que ya han dañado a nuestros conciudadanos. Se ha generado odio, racismo, actitudes que lastiman a nuestra patria y el Congreso de la Unión, y particularmente la Cámara de Diputados no puede quedarse con las manos cruzadas ante estos hechos.

Si el Ejecutivo federal no lo hace es su problema, pero la representación popular tiene la obligación ética y moral de defender a nuestros hermanos mexicanos que están en Estados Unidos sufriendo estas agresiones.

Por esa razón es que propongo formalmente que la Junta de Coordinación Política elabore una declaración que sea presentada en la próxima sesión de esta honorable Cámara de Diputados para que sea aprobada formalmente. Una declaración que ataje y que fije la postura de la soberanía popular.

No puede ser que se diga que ésa es una facultad del Ejecutivo. Sí lo es, pero no exclusiva. La Cámara de Diputados tiene facultades en materia internacional. Tenemos grupos de amistad, intercambios, formamos parte de organismos multilaterales, parlamentarios, no podemos excusarnos en que éste es un tema solo del Poder Ejecutivo.

No se puede decir que le vamos a hacer el juego a Donald Trump al traer ese tema aquí. ¿Qué no se han dado cuenta que es ya prácticamente el candidato presidencial de los republicanos?

No se puede decir que sería intervenir en la vida de otro país, eso es un absurdo. Los temas de derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional no está subordinada a ningún juego geopolítico que esté por encima de esta materia. Por esa razón es que debemos actuar.

Yo les hago un llamado a las y los compañeros diputados para que acordemos aquí que la Junta de Coordinación Política haga una resolución y el conjunto de la Cámara se exprese en rechazo a esas actitudes xenofóbicas, y el respaldo a nuestros hermanos que con su sudor y su trabajo construyen también la grandeza de Estados Unidos. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Acosta.

Saludamos la presencia de amigos líderes migrantes del estado de Guanajuato, invitados por la diputada Alejandra Reynoso Sánchez. Igualmente, saludamos la presencia de alumnos de la Facultad de Derecho del centro universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, valle de Teotihuacán. Del municipio de Axapusco, estado de México, invitados por la diputada Cristina Sánchez Coronel. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora la palabra la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN. Usted siga con su caminar parsimonioso.

La diputada María Verónica Agundis Estrada:Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Señoras legisladoras, señores legisladores, el ejercicio de la política exterior representa un sinónimo de buen gobierno en el ánimo fomentar lazos y relaciones bilaterales y multilaterales que se traduzcan en el desarrollo y en el crecimiento de los Estados.

Por tanto, su ejercicio debe estar concentrado en un cuerpo diplomático debidamente preparado y acreditado, en aras de defender y promover siempre y en todo momento los intereses de los connacionales en el exterior, objetivo que, desafortunadamente, se ha perdido a lo largo de la presente administración, en gran parte por la falta de una diplomacia efectiva que vele por los intereses de los mexicanos que radican en el extranjero y, por supuesto, de nuestra nación.

Para muestra basta un botón, la relación de México con el vecino país del norte se ha visto mermada al no contar con una representación a la altura para hacer frente a los retos que presenta la relación bilateral más importante para nuestro país.

Recordemos que la Embajada de México en los Estados Unidos, encabezada únicamente por escasos siete meses por Miguel Basáñez, después de haber estado cinco meses sin un embajador, brilló por su opacidad frente a muchos asuntos, entre los que se encuentra la falta de respeto hacia nuestros connacionales del precandidato republicano Donald Trump, cuyas declaraciones rebasan el límite de lo ridículo, como la amenaza de guerra a nuestro país o el bloqueo del envío de remesas en caso de no querer pagar por la construcción del muro fronterizo, consecuencia clara y evidente de la falta de experiencia política y diplomática.

En aras de cuidar la integridad de nuestros connacionales en el vecino país del norte, o los cambios constantes en la dirección del Instituto de los Mexicanos en el exterior. Pareciera que este gobierno no entiende a nuestros migrantes.

La comunidad mexicana en Estados Unidos esperó en vano que el embajador en Washington, respondiera las críticas de Trump. Pero a Basáñez, jamás se le vio promoviendo la importancia de la relación bilateral o manifestándose en contra de aquellos discursos que denigran o amenazan a nuestro país. Y los mexicanos también nos quedamos esperando una respuesta contundente por parte del gobierno mexicano.

Ahora, ante la propuesta de un nuevo embajador de México en los Estados Unidos, esperamos que se abra un espacio de oportunidad para hacer frente a esta torcida ola de odio y violencia en perjuicio directo de nuestros connacionales, que tanto han dado la estabilidad al crecimiento y al desarrollo de ambos países.

Señoras y señores legisladores, es por lo anteriormente expuesto que aprovechamos el uso de la tribuna parlamentaria, el máximo espacio de liberación y debate en beneficio del pueblo de México, para manifestar nuestro más profundo rechazo, indignación y enérgica condena en contra de quienes para posicionar sus intereses han menospreciado la imagen de México.

Convocamos al titular del Ejecutivo federal a que manifieste la postura de México ante esta situación. El presidente de la República se ha limitado a señalar que no emitirá una nota diplomática respecto a las declaraciones que el precandidato republicano ha hecho sobre el muro fronterizo, por tratarse de un particular.

Sin embargo, quisiéramos recordar aquél episodio en el que los presentadores de un programa británico de televisión sobre automóviles, denostaron y denigraron a los mexicanos en enero de 2011. De manera inmediata, el Ejecutivo a través del embajador de nuestro país ante el Reino Unido, emitió una carta de protesta ante los comentarios vergonzosos, inaceptables e incomprensibles hacia los mexicanos y hacia el propio embajador por parte de los presentadores de este programa.

México no se puede quedar callado, defendamos desde cualquier trinchera nuestra soberanía y los derechos de nuestros connacionales que tanto le han dado al vecino país del norte y a nuestras propias comunidades aquí. Por supuesto defendamos nuestros intereses como país en relación con los Estados Unidos.

Tanto Estados Unidos como México, solo avanzaremos de manera exitosa, en la medida en que afrontemos nuestros vínculos de cooperación bajo el más absoluto de los respetos, y en el entendido de que en el ejercicio político y diplomático tenemos como tarea principal garantizar el crecimiento y el desarrollo de ambas naciones.

A todos nuestros connacionales, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional queremos decirles que no están solos, que desde esta tribuna vamos a exigir el respeto a sus derechos y el respeto a esta gran nación que es México.

Compañeros y compañeras, no podemos olvidar por un solo momento que nosotros somos la voz y la representación de todos los mexicanos, de los que vivimos aquí y de los que por alguna razón se van buscando un sueño. No permitamos que por omisión este sueño pueda convertirse en una terrible pesadilla. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención a todos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Agundis.

Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Europea de Cuernavaca de las carreras de Derecho, Administración, Sicología y Publicidad, invitados por el diputado vicepresidente Javier Bolaños Aguilar. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes.

Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI. A ver si corresponde con la porra.

El diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez:Honorable asamblea. La democracia como baluarte de convivencia pacífica y expresión plural en los Estados Unidos de América, enfrenta el día de hoy un gran reto.

El actual proceso para la elección del próximo presidente de aquel país, los candidatos y partidos políticos, en ese marco, debaten su propuesta de visión de Estado para conquistar la voluntad popular.

Contrastan las posiciones asumidas. Mientras que unos entienden a los Estados Unidos desde su origen y riqueza pluricultural y parten de la idea de la inclusión de las minorías y de la importancia de la colaboración internacional, otros alientan el encono, la xenofobia, el odio, la intransigencia y la ignorante denostación.

Respetuosos de los procesos de autodeterminación de otras naciones, la fracción del PRI expresa su más hondo rechazo por las ideas formuladas por el aspirante republicano Donald Trump. Sus diatribas caminan en sentido contrario de la historia que hemos construido entre ambas naciones. Nos lastiman y ofenden a los mexicanos y dejan ver un halo de intolerancia, radicalización y racismo contra nuestros connacionales que han contribuido al progreso del vecino país.

Sus planteamientos nos alcanzan como nación al fincar su visión reduccionista de prosperidad en el deterioro y estrangulamiento de mayores posibilidades de desarrollo de los mexicanos. Su idea es fiel reflejo de pensamientos arcaicos donde se privilegia el proteccionismo y la cerrazón a ultranza como elemento de bienestar de las naciones.

Donald Trump está muy lejos de ser un agente proactivo de cambio y muy cerca de ser un actor disruptivo de la paz y la concordia mundial. Sus aspiraciones de liderazgo social no admiten ni la más mínima comparación con hombres de la talla de Adenauer, de Charles de Gaulle, de Gandhi, de Luther King y Mandela, líderes que han transformado el mundo.

Por ello los legisladores del PRI nos pronunciamos porque en un marco de unidad, de reflexión y prudencia los ciudadanos de aquel país opten por refrendar su tradición democrática donde se aprecien los valores del respeto a los derechos humanos y las libertades como lo han venido, como lo hicieron, y por las que tanto lucharon George Washington y Abraham Lincoln.

México siempre ha demostrado capacidad y liderazgo para construir puentes de entendimiento, para generar sinergias internacionales, para luchar por causas comunes y afrontar retos globales sin claudicar en la defensa de nuestros principios y en la protección de los mexicanos, cuanto más si ellos se encuentran allende en las fronteras.

Nuestros hermanos migrantes están acompañados en lucha, en la reivindicación del reconocimiento de sus derechos y en la legítima aspiración para gozar de la protección y beneficios de las leyes del país y la sociedad a la que han entregado su esfuerzo, dedicación, inteligencia y talento.

Por ello, legisladoras y legisladores, más allá de colores partidarios, los convoco a solidarizarnos con nuestros connacionales y a pronunciarnos radicalmente en contra del discurso de odio que tanto daño ha hecho a la humanidad.

El futuro lo concebimos sin barreras, en completa libertad, con cimientos sólidos de entendimiento, colaboración, integración y justicia con todos los pueblos del mundo, y en particular con el de Estados Unidos; hagamos causa común. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Giorgana.

Me informan que como resultado de estos posicionamientos, la Junta de Coordinación Política procesará en los próximos días un pronunciamiento muy responsable, muy cuidadoso, que recoja lo esencial del planteamiento de los distintos grupos parlamentarios. Se traerá para la próxima sesión. Gracias.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido a la curul del diputado Pedro Noble, por favor.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Gracias, presidente. Derivado de todos los posicionamientos y para, precisamente, abundar y que también pueda ser tomado en cuenta por la Junta de Coordinación Política, convocar, motivar a todos los legisladores, legisladoras por supuesto, de esta Cámara, de la colegisladora, del Senado y de los homólogos legisladores de los Congresos locales, estatales, para que animen a nuestros paisanos residentes en los Estados Unidos de América y que puedan adoptar la doble nacionalidad; y que oportunamente puedan ellos tener la atribución de emitir el voto en favor de la libertad y en contra de la discriminación. Todos tenemos amigos, paisanos, conocidos que están radicando allá en la frontera. Muchas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Noble.

Saludamos la presencia de amigos de la escuela primaria particular Colegio Pestalozzi, del estado de México, invitados por el diputado Enrique Zamora Morlet. Bienvenidos, amigos, amigas, a este recinto parlamentario.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Deporte, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta ante el Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN:

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 5 de abril de 2016, El Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Honorable Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. El documento fue turnado por la Mesa Directiva para análisis y dictamen, a la Comisión de Deporte, el 5 de abril de 2016, a través del oficio No. D.G.P.L.63-II-7-737, mediante el número de expediente 2435.

3. La Comisión de Deporte aprobó el dictamen en su reunión ordinaria de fecha 7 de abril de 2016.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La reforma que se somete a consideración de esa Soberanía, tiene por objeto establecer que el Comité Nacional Antidopaje sea la única autoridad facultada para la recolección de muestras biológicas y para iniciar la gestión de investigación de resultados analíticos adversos y/o atípicos e infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje, así como para llevar a cabo el procedimiento disciplinario hasta su terminación, el cual concluirá con el pronunciamiento de la resolución respectiva.

A. ANTECEDENTES.

En 1999 se creó la Agencia Mundial Antidopaje, como una organización internacional independiente, con la finalidad de promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje.

El 5 de marzo de 2003, en la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, celebrada en la ciudad de Copenhague, Dinamarca; se adoptó como resolución final, entre otros asuntos, la aceptación por parte de dicha conferencia y de la Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje, del Código Mundial Antidopaje como fundamento de la lucha contra el dopaje en el deporte a nivel mundial.

El 19 de octubre de 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aprobó la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, con la finalidad de promover la prevención del dopaje en el deporte y la lucha contra éste, con miras a su eliminación; la cual fue ratificada por el Senado de la República en sesión del 10 de diciembre de 2006 y promulgada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2007.

El artículo 3 inciso a) de la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, establece como una de las medidas encaminadas para la realización de los objetivos de dicho instrumento internacional, la obligación de los Estados a adoptar medidas apropiadas, en el plano nacional e internacional, acordes con los principios del Código Mundial Antidopaje.

En noviembre de 2013, en el seno de la Cuarta Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, se reformó el Código Mundial Antidopaje, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 2015, y estableció diversas obligaciones para los Signatarios, dentro de las que destacan:

a) Como roles y responsabilidades de las Federaciones Internacionales, el exigir a las Federaciones Nacionales que comuniquen cualquier infracción de sus normas antidopaje a su Organización Nacional Antidopaje y que cooperen con las investigaciones realizadas por cualquier Organización Antidopaje con potestad para realizar la investigación.

b) Como roles y responsabilidades de las Organizaciones Nacionales Antidopaje, el ser independientes en sus decisiones y actividades, y perseguir con firmeza cualquier posible infracción de las normas antidopaje de su jurisdicción y garantizar la adecuada ejecución de las consecuencias.

c) Poner en práctica las disposiciones aplicables del Código Mundial Antidopaje, a través de políticas, leyes, normas y reglamentos, en función de su capacidad, dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

Como se desprende de las obligaciones anteriormente señaladas, es necesario que México cuente con una Organización Nacional Antidopaje, independiente, imparcial en la toma de decisiones, que cuente con facultades claras y precisas para la emisión y ejecución de sus decisiones.

En este sentido, con las reformas al Código Mundial Antidopaje se generó la obligación vinculante de homologar todos los códigos y leyes que regulan el control del dopaje en el deporte de las naciones signatarias, con los nuevos criterios jurídicos; adicionalmente, se establecieron fechas concluyentes para el cumplimiento de tales compromisos de acuerdo a las regiones geográficas de los países miembro.

Para México, el plazo concluyente para ingresar sus reformas y cumplir puntualmente con las recomendaciones de la Agencia Mundial Antidopaje de preparar, aprobar, expedir, promulgar y publicar sus reformas, es antes del 18 de marzo de 2016.

Por su parte, El Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, en su meta nacional denominada “México con Educación de Calidad”, establece como objetivo, entre otros, el promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, a través de la práctica deportiva sin fines selectivos, con un enfoque que promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.

En ese sentido, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, tiene como objetivo, entre otros, implementar un sistema más eficaz de gestión de alto rendimiento para mejorar el desempeño del país en competencias internacionales, mediante el combate al dopaje en el deporte, a través de ajustar o emitir la legislación específica en la materia; y diseñar un sistema de educación, prevención y control contra el uso de sustancias dopantes, así como mejorar la infraestructura y equipamiento del laboratorio antidopaje de acuerdo con las especificaciones de la Agencia Mundial Antidopaje.

Por lo anterior, cumplir con tales compromisos internacionales, permitirá a nuestro país estar a la vanguardia de las normas antidopaje, así como fortalecer y mejorar el desempeño de los deportistas mexicanos.

B. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

Comité Nacional Antidopaje

La Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) tiene por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia y tiene, entre otras, la finalidad de promover las medidas necesarias para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje.

De conformidad con la citada ley general, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), es un órgano descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, que tiene como una de sus atribuciones, proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y del deporte en todas sus manifestaciones, así como definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje y la prevención de la violencia en el deporte.

La CONADE, en términos de dicho ordenamiento, promoverá la creación de un Comité Nacional Antidopaje que involucre a todas aquellas instancias públicas o privadas que a través de sus respectivas competencias puedan formar parte del Comité.

Por su parte, el artículo 121 de la referida ley, dispone que el Comité Nacional Antidopaje será, junto con las asociaciones deportivas nacionales, la instancia responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas en el territorio nacional.

Dicha disposición, al establecer que el Comité se integra por asociaciones deportivas nacionales, puede comprometer la imparcialidad de sus resoluciones por las infraccionas a las normas antidopaje, ya que puede llevar procedimientos contra deportistas, agremiados o asociados de dichas asociaciones, lo cual puede contravenir lo dispuesto por el Código Mundial Antidopaje reformado en 2015, que establece que las Organizaciones Nacionales Antidopaje deberán ser independientes de sus decisiones y actividades.

Por ello, se propone reformar el artículo 121 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para establecer que el Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación para los resultados analíticos adversos y/o atípicos, y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje, así como para ser la única autoridad que dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva en dicha materia.

Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje

El artículo 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece que el laboratorio central antidopaje tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país, obligándose las asociaciones deportivas nacionales a enviar a dicho laboratorio para su análisis, todas las muestras biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter nacional o internacional que se realicen en el país.

Como se desprende del artículo referido, las asociaciones deportivas nacionales, actualmente instancias responsables de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas en el territorio nacional, en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pueden enviar muestras biológicas al laboratorio central para su análisis y conocer los resultados de las mismas; lo cual no es compatible con la propuesta de reforma al artículo 121 que se propone, ya que de aprobarse esta última, quedará establecido el Comité Nacional Antidopaje como la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación, para los resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para fortalecer al laboratorio central nacional y denominarlo como Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, así como señalar como única autoridad facultada para recolectar y enviar muestras biológicas a dicho laboratorio nacional al Comité Nacional Antidopaje.

Con la reforma a dicho artículo, además de cumplir con los compromisos asumidos por México ante la Agencia Mundial Antidopaje, permitirá que el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, que actualmente es considerado como uno de los 7 mejores en América, conserve su acreditación y certificación, evitando con ello, que deportistas mexicanos realicen sus exámenes de dopaje en el extranjero.

Por todo lo anteriormente expuesto, la propuesta de reformas a los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte obedecen a que la Agencia Mundial Antidopaje consideró que las Organizaciones Nacionales Antidopaje deben ser instancias independientes de otras organizaciones deportivas, considerando como un conflicto de interés el caso de que las federaciones nacionales sean las que realizan la gestión de resultados antidopaje, la toma de decisión y las resoluciones de los asuntos, tal y como se encuentra previsto en nuestra legislación actual.

Que a efecto de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se encuentre en posibilidad de actualizar la normatividad relativa a la lucha contra el dopaje, armonizándola con las disposiciones de carácter internacional que se encuentran vigentes, es necesario modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En virtud de los motivos ya expuestos, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

“Artículo 121.El Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación, paralos resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje. Asimismo, dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva, en los términos establecidos en el Código referido en el presente párrafo.

Artículo 135.El laboratorio central antidopaje denominado Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje,tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país. El Comité Nacional Antidopaje deberáenviar a dicho laboratorio o en su caso al laboratorio homologado,para su análisis, todas las muestras biológicas que recolecte en los eventos deportivosy competiciones de carácter nacional e internacional que se realicen en el país.

Cuando se trate de eventos internacionales y la autoridad de gestión de los resultados tenga el carácter internacional, se deberá observar el mandato del Código Mundial Antidopaje.”

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente de esa Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la seguridad de mi distinguida consideración.

Dado en la Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PEÑA NIETO

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte, establecen que la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Federal, presenta congruencia y armonía con el marco normativo vigente.

Hablar de dopaje en el campo del deporte, entendido éste como la administración o el uso por parte de un individuo sano, de cualquier agente o sustancia fisiológica que no está presente de forma normal en el cuerpo, introducida en cantidades adicionales a las normales, por una ruta anormal y/o de manera anormal, con el propósito y el efecto de un aumento artificial y una manera injusta del funcionamiento de ese individuo durante el periodo de competición; es referirse a uno de los temas que más afectan la imagen de los atletas y los valores del deporte.

El dopaje es un asunto que atenta contra una visión que implica la trascendencia del cumplimiento de las reglas deportivas de cualquier disciplina deportiva y que coloca al atleta en una actitud de respeto, consideración y transparencia de su actuar hacia el otro competidor, mediante un compromiso de competir de forma ética.

Este compromiso que dentro del entorno deportivo se conoce como “fair play” o juego limpio, es la causa genera diversas acciones alrededor del mundo contra prácticas negativas en el deporte, como la lucha contra el dopaje, las medidas para la prevención de la violencia física y verbal dentro de los eventos deportivos así como las prácticas para erradicar el engaño, la discriminación y la corrupción.

En los últimos años, las prácticas de dopaje son una constante que los medios de comunicación sacan a relucir, lo que trae como consecuencia la visión de la población, sobre la falta de un modelo eficaz que permita tener la seguridad dentro del ámbito deportivo, en torno a la honestidad de los resultados obtenidos producto del esfuerzo, la preparación y la experiencia de las y los atletas.

No obstante lo anterior, la práctica del dopaje no se generó en tiempos modernos, la literatura mitológica noruega, señala el uso de algunas sustancias que incrementaban la fuerza entre la tribu de los Berserker Asimismo, la tribu Kaffir Africana llamó con el término “dop”, a una bebida alcohólica primitiva que era usada en ceremonias religiosas como estimulante.

Existen investigaciones sobre las tribus Zulú, en Sudáfrica y el uso frecuente de una bebida alcohólica hecha de la piel de la uva y bebida de cola, llamada también “dop”, asimismo en África Occidental algunas tribus usaban la accuminata de cola y nitida de cola durante la competición de paseos o carreras.

En Grecia también se conoce del consumo de ingredientes nutricionales que aumentaban la resistencia física de los atletas, algunos manuscritos antiguos describen estas prácticas como legales y consistían en una dieta a base de diferentes clases de carnes o testículos antes de comenzar las competencias. Existen también testimonios referentes a los Juegos Olímpicos del siglo III A. C., que describen el uso de setas para aumentar la resistencia de los atletas, así como el consumo de un tipo de pan con características analgésicas y una bebida herbaria para aumentar su fuerza y ser capaces de resistir acontecimientos de larga duración.

En Roma también fueron encontrados testimonios registrados, los corredores de cuadrigas alimentaron a sus caballos con varias mezclas para hacer que corrieran más rápido y los gladiadores también son descritos utilizando agentes dopantes fortalecedores.

El término “dop” fue difundido por todo el mundo gracias al columnista holandés Boers quien describió con esa palabra, cualquier bebida estimulante; con este hecho la palabra fue adoptada a nivel mundial, para referirse de forma general al uso de sustancias y deportes, el uso de esas sustancias fue descrito como “dopping” y fue en 1889 el año en el que por primera vez apareció la definición en un diccionario inglés.

El uso de sustancias para incrementar la efectividad de los deportistas en competencias, ha sido una práctica que ha prevalecido a lo largo de la historia hasta la actualidad, los casos comenzaron a ser documentados durante el siglo XX, cuando el deporte comenzó a ser valorado en función de las medallas de oro y la necesidad de éxito que los deportistas experimentaron debido a la comercialización del deporte. Fue en el año de 1910, en Austria, la primera vez que se probó científicamente el uso de sustancias dopantes por el químico ruso Bukowski, que aisló los alcaloides en la saliva de caballos, después de varios resultados inesperados en las carreras de caballos.

En 1928 la Federación Atlética Aficionada Internacional (IAAF) se convirtió en la primera Federación Internacional Deportiva en prohibir el dopaje en acontecimientos de atletismo. Muchas otras Federaciones Internacionales la siguieron, a la par que crecía el número de casos de dopaje, lo cual llevó a pensar que el uso de sustancias entre los atletas era una práctica aceptada.

Esta razón, aunada al gran número de acontecimientos en los que el uso de sustancias ha estado presente, obligó a las autoridades internacionales a hacer público el daño que causan las drogas no sólo al individuo, también al espíritu deportivo. En 1960, tras saber de las primeras muertes de atletas por estas causas, el Consejo Europeo presentó una resolución contra el uso de sustancias dopantes en el deporte. La primera legislación antidopaje surgió en Francia en 1963, mientras que Bélgica la siguió en 1965. En 1967, el Comité Olímpico Internacional (COI) estableció la Comisión Médica del COI.

Los controles de drogas fueron primero introducidos en los Juegos Olímpicos de 1968 en México y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble. Por primera vez el COI estableció una Lista de Sustancias y de Métodos Prohibidos, no obstante no se contaba con el equipo técnico de detección y los procedimientos eran todavía inadecuados.

Durante la década de los años setenta, la mayoría de Federaciones Internacionales introdujeron métodos de control. Al mismo tiempo que los esteroides precedían al uso de anfetaminas extendido en los años cincuenta y sesenta, por lo que éstos también fueron incluidos en la Lista de Sustancias Prohibidas del COI. No fue hasta 1974 cuando fueron introducidos métodos confiables para la detección del uso de anabólicos en las competencias.

Como resultado de este incremento, se extendió el número de descalificaciones debidas al uso de sustancias ilícitas a finales de los años setenta, especialmente aumentó en deportes relacionados con la fuerza. Sin embargo, los récords mundiales continuaron mejorando mientras que las suspicacias sobre el dopaje patrocinado por el Estado en algunos países no fueron verificadas hasta hace poco tiempo.

El año de 1983 fue importante para el control antidopaje, con la introducción de elementos como la cromatografía de gases y de espectrometría de masa se lograron pruebas antidrogas más eficaces y al mismo tiempo el dopping fue motivo de escándalo durante los Juegos Panamericanos de Caracas, ya que numerosos atletas dieron positivo en el uso de drogas prohibidas y muchos otros dejaron los Juegos sin competir, los nuevos métodos fueron una prueba de la eficacia de los nuevos métodos de control.

Los años setentas, también presentaron casos de dopaje sanguíneo, especialmente en deportes de resistencia, el COI declaró el dopaje sanguíneo como método prohibido en 1986, ya que era una práctica utilizada para aumentar el hematocrito y la concentración de hemoglobina. Sin embargo, también se alcanzaron los mismos efectos con drogas como eritropoyetina, misma que también fue declarada como prohibida por el COI en 1990. Sin embargo, esta sustancia fue imperceptible durante un largo período de tiempo puesto que no había métodos de control fiables, hasta el año 2000 en los Juegos Olímpicos de Sydney, cuando por primera vez existió una prueba sólida para su detección.

En febrero de 1999, a raíz de los acontecimientos del Tour de Francia en 1998, el COI convocó la Conferencia Mundial sobre el Dopaje Deportivo llevada a cabo en Lausanne. El resultado principal de esa Conferencia fue que en el mes de noviembre de ese mismo año, se estableció la Agencia Mundial Antidopaje conocida por sus siglas WADA (World Anti-Doping Agency), este organismo se crea con base en la representación de igualdad en el movimiento olímpico y con autoridades públicas.

Con la creación de esta agencia, se implementaron sistemas que unificaron los estándares para la lucha contra el doping y coordinaron los esfuerzos de las organizaciones deportivas y de las autoridades públicas.

En el año 2003, en la Segunda Conferencia Mundial sobre el “Doping” en el Deporte, alrededor de mil 200 delegados que representaban a ochenta países, el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Internacional Paraolímpico (CIP), las federaciones deportivas, los Comités Olímpicos y Paraolímpicos nacionales, atletas, organizaciones nacionales antidopaje, y agencias internacionales, acordaron unánimemente adoptar el Código Mundial Antidopaje, como la base para la lucha contra el “doping” en el deporte. La resolución de Copenhague expresa la aceptación del Código Antidopaje Mundial y fue publicada en la Segunda Conferencia Mundial. El Código y los Estándares Internacionales entraron en vigor el 1 de enero de 2004.

El contexto histórico ampliamente abordado en los párrafos anteriores, hace patente la existencia de un consenso unánime a nivel mundial a favor de la lucha contra el dopaje en el ámbito del deporte.

Este consenso tiene sus bases, por un lado en la protección de los derechos de todo deportista, particularmente enfocados en su derecho a la cultura física y al cuidado de su salud y por otro lado; al considerar como un interés colectivo el hecho de proporcionar una ventaja injusta a un competidor en razón con el contrincante que participa dentro de la justa. En otras palabras, el dopaje rompe con las reglas del juego limpio y constituye una merma en la confianza del espectador, en torno a la transparencia y a la integridad de las competencias.

El prestigio internacional de México resiente también las consecuencias negativas de este fenómeno, hemos saltado a la escena mundial como un lugar en donde se consume carne contaminada con clembuterol, que es una sustancia anabólica utilizada en medicamentos para personas con asma o con graves problemas de respiración, ya que permite la apertura de los bronquios y con ello la entrada del oxígeno al cuerpo de formas mucho más directa.

Por esta razón, el clembuterol es considerado como una sustancia prohibida para los deportistas por la Agencia Mundial Antidopaje, dadas sus características estimulantes y anabolizantes que actúa sobre el metabolismo de lípidos y proteínas aumentando la masa muscular y disminuyendo la acumulación de grasa.

Sin embargo, esta misma sustancia es utilizada en México de forma ilegal para la engorda de ganado, cuyo uso se ha generalizado de manera alarmante durante los últimos años, a pesar de que está prohibido en la industria cárnica por sus efectos negativos en la salud humana.

En el ámbito deportivo, existe el riesgo además de que la carne contaminada lleve a los atletas mexicanos a dar positivo en los exámenes antidoping que se practican en las diversas competencias, tanto nacionales como internacionales. Esto repercutiría en suspensiones, borrado de récords e incluso, en el retiro de medallas.

Adicionalmente a estos hechos, el 17 de octubre de 2011, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) señaló que durante el Mundial de Futbol Sub-17, celebrado en México entre junio y julio, 109 de 208 jugadores examinados presentaron concentraciones del anabólico. Según el jefe médico de la FIFA, Jiri Dvorak, sólo cinco equipos participantes no tuvieron integrantes que dieran positivo en las pruebas.

Apenas unos días antes, la WADA acordó no imponer sanciones en contra de cinco futbolistas mexicanos que dieron positivo por clembuterol en los exámenes previos al inicio de la Copa Oro 2011 de la CONCACAF en Estados Unidos, al establecer que el resultado derivó de la situación sanitaria que existe en nuestro país.

Estos hechos resultan contradictorios con el gran esfuerzo que se ha hecho en nuestro país por cuidar a sus atletas del doping, ya que México cuenta con estrategias para combatir este fenómeno que afecta la imagen y la calidad de las y los deportistas mexicanos, desde el año 2006; como parte de la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte. En este mismo contexto, se han implementado varios esfuerzos que han sido reconocidos a nivel internacional, prueba de ello; fue la inversión en millones de dólares para la creación de un Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje de alta especialidad y calidad internacional, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, el cual, con un costo de 24 millones 786 mil pesos invertidos en aparatos de alta tecnología y otros 11 millones 984 mil pesos en personal especializado para su operación, reactivos, gases y validación de procesos en los análisis contra el dopaje, forma parte de los 35 laboratorios existentes en el mundo certificados por la WADA.

Este importante ejercicio que muestra la voluntad del Gobierno Mexicano para poner fin a este tipo de prácticas que afectan la integridad de las y los competidores y atentan contra los principios éticos del deporte, podría perder la certificación internacional de no cumplirse con los preceptos recientemente aprobados y que ya son norma vigente en el Código Mundial Antidopaje.

Para revertir esta situación, nuestro país como estado parte de dicha Convención, debe modificar la legislación en materia deportiva, a efecto de lograr que el Comité Nacional Antidopaje, sea la única instancia facultada para conocer de los casos de doping que se den en los eventos deportivos y que sus decisiones y se basen en los resultados que para el efecto expida el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje el cuál será considerado como el único facultado para recoger y analizar todo tipo de muestras biológicas derivadas de cualquier evento deportivo, de conformidad con lo dispuesto con el Código Mundial Antidopaje.

De esta forma, nuestro país estará en condiciones de cumplir a cabalidad con los preceptos establecidos en el documento signado, incluidas las reformas de las que fue objeto en el año 2013 y que son derecho vigente a partir de enero de 2015, las cuales consisten en la obligación de los estados parte, en relación a contar con una Organización Nacional Antidopaje independiente en sus actividades y en las decisiones que tome con respecto a esta materia.

México es un país caracterizado por su compromiso con el deporte, los programas y estrategias implementados en las últimas décadas; han tenido la constante de mejorar la capacidad y el rendimiento de las y los atletas, de otorgar los apoyos necesarios e implementar las acciones que se requieran para distinguirnos como nación en el contexto global.

En este orden de ideas, los esfuerzos de nuestro país no deben solamente enfocarse en tratar la persecución de quienes insisten en el dopaje como alternativa en las competencias de alto nivel, la prevención de estas prácticas y muy en especial, la protección de la salud de las y los deportistas, debe ser el primer propósito de los métodos que se implementen para erradicar esta práctica que tanto daña el prestigio de la juventud y de nuestro país. Por lo tanto, la información y la educación del deporte mundial son las armas más eficaces en la lucha en contra el doping.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte coinciden en la necesidad de modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de cumplir con los compromisos internacionales que nuestro país ha adquirido en razón de las estrategias para combatir el dopaje alrededor del mundo, por lo que sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 121.El Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación, paralos resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje. Asimismo, dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva, en los términos establecidos en el Código referido en el presente párrafo.

Artículo 135.El laboratorio central antidopaje denominado Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje,tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país. El Comité Nacional Antidopaje deberáenviar a dicho laboratorio o en su caso al laboratorio homologado,para su análisis, todas las muestras biológicas que recolecte en los eventos deportivosy competiciones de carácter nacional e internacional que se realicen en el país.

Cuando se trate de eventos internacionales y la autoridad de gestión de los resultados tenga el carácter internacional, se deberá observar el mandato del Código Mundial Antidopaje.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Notas:

1 info.doping@sp.tum.de

2 Los berserker (también ulfhednar) eran guerreros vikingos que combatían semidesnudos, cubiertos de pieles. Entraban en combate bajo cierto trance de perfil psicótico, casi insensibles al dolor. Existe la teoría de que su resistencia e indiferencia al dolor provenían del consumo de hongos alucinógenos como la amanita muscaria o por la ingesta de pan o cerveza contaminados por cornezuelo del centeno, con alto contenido en compuestos del ácido lisérgico, precursor del LSD.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de abril de 2016.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secretarios; Rosa Alicia Álvarez Piñones, María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ximena Tamariz García, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez, Claudia Villanueva Huerta, Erika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Ramírez Peralta Karen Orney.»

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de homologación de normatividad interna.

Esta Dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 numeral 1, fracción II; 84, 85, 92, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracciones IV y XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Con fecha 27 de enero de 2016, la Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 15 numeral 9; 22 numeral 2; 23 numeral 3, y 40 numeral 3; así como la reforma a los artículos 9 fracción IV; 12 fracción II, y 59 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

2.Con fecha 27 de enero de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente mediante Oficio No.: D.G.P.L. 63-II-06-0415, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su estudio y elaboración del respectivo dictamen.

3.Mediante oficio número CRRPP/169-LXIII/16 de fecha viernes 29 de enero de 2016 la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió la información de identificación, para la obtención de una copia electrónica de la Iniciativa turnada; a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

4.A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el día jueves 31 de marzo de 2016, para discutir el Dictamen a la iniciativa en comento, con la finalidad de enviarla a la Mesa Directiva de esta soberanía, y someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

I.Que la Iniciativa busca homologar el marco jurídico-normativo aplicable, con el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, de manera que la denominación de la actual Comisión del Distrito Federal, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México” y, sea homologada la normatividad interna con base en el contenido constitucional.

II.Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo, no escapa a esta Dictaminadora, tomar en cuenta que se trata de una Iniciativa de reformas y adiciones, a dos Ordenamientos normativos sujetos a distintos trámites dentro de su proceso legislativo.

a) El primero, que son reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que requiere en el supuesto de ser aprobado por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, ser turnada a la Cámara de Senadores, en su calidad de Colegisladora para que continúe su Proceso Legislativo, y una vez aprobada por la Revisora, instruir su correspondiente envío al Ejecutivo de la Unión para su Sanción, y Publicación en su caso.

b) El segundo trámite, consiste en las reformas y adiciones que propone la Diputada promovente de esta Iniciativa, al Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo procedimiento legislativo es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados sin la intervención de la Cámara de Senadores, es decir, se trata de un procedimiento unicameral, por tratarse de una normatividad que rige exclusivamente la vida parlamentaria interna de esta Cámara. Razón por la cual, se divide en dos dictámenes.

III.La Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina, señala que en el Congreso de la Unión las comisiones legislativas pueden tener diversas denominaciones de acuerdo a su naturaleza, función y temporalidad, estas se dividen en ordinarias, permanentes, transitorias, especiales, mixtas, y de investigación.

La comisión ordinaria tiene una competencia delimitada y conoce los asuntos a que se refiere su propia denominación, tienen cierto número determinado de miembros y se conforman de acuerdo a las necesidades de la Cámara.

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece la competencia de las comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, de acuerdo con la denominación y clasificación de las mismas. En relación a su naturaleza, las comisiones se clasifican en tipos de dictamen legislativo, de vigilancia, de investigación y jurisdiccionales. Para los fines que hayan sido creadas, se denominan “especiales”; y “ordinarias” son las que se derivan de su denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la administración pública federal.

Refiere que como antecedentes de la tan esperada reforma política del Distrito Federal, para crear la Ciudad de México, fue aprobada en el Senado de la República en sesión ordinaria el pasado 15 de diciembre de 2015; que fue después de años de trabajo, estudio, dedicación y gracias a que el presidente Enrique Peña Nieto asentó en el punto 5.4 del Pacto por México su voluntad política y el compromiso de impulsar la culminación de este proyecto. Al respecto transcribe párrafos de dicho Pacto:

“5.4. Reforma del Distrito Federal.

Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: (Compromiso 91)

• Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la República.

• Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.

• Se revisarán las facultades del jefe de gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.

• En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.

• Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la república.”

La Diputada Cuenca Ayala comenta en la exposición de motivos de su Iniciativa, que el sueño se culminó y fue que el pasado 20 de enero, la Comisión Permanente hizo la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma Política de la Ciudad de México, con la aprobación de 23 Congresos Estatales, de las siguientes Entidades Federativas que integran la República: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; y hasta el momento se suma San Luis Potosí.

Que a partir de este logro, el estatus del Distrito Federal fue modificado para beneficio de sus ciudadanos, habitantes y visitantes.

Que esta reforma permite un cambio estructural de la Ciudad de México como ente jurídico-político, con particularidades propias de una entidad federativa, pero también deberá asumir a plenitud su responsabilidad como integrante del Pacto Federal.

La Diputada autora de la Iniciativa, refiere que se constituye a la Ciudad de México como una entidad federativa, en sustitución del Distrito Federal. Y que entre lo propuesto, destaca:

• Será la entidad número 32 del país, con autonomía propia y seguirá siendo capital de la República y sede de los Poderes de la Unión;

• Se establecerá la Asamblea Constituyente que analizará, discutirá y aprobará el proyecto de Constitución Política que envíe el jefe de gobierno;

• La Asamblea Constituyente deberá aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero de 2017;

• Se transforman las delegaciones políticas en alcaldías con lo que los ciudadanos se verán beneficiados con la prestación de un número importante de servicios públicos;

• Deroga la facultad del Senado de remover al jefe de gobierno de la Ciudad de México;

• Esta reforma trae la tan anhelada autonomía presupuestal; corresponderá al Poder Legislativo aprobar el presupuesto de la entidad;

• Legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión, entre otras.

Que el siguiente paso es la expedición de su Constitución Política, con base en las previsiones de nuestra Carta Magna y garantizar el pleno desarrollo de sus funciones en el asiento físico de sus poderes y sus organismos autónomos.

Asimismo, que la reforma contempla en el artículo 44 constitucional, que la Ciudad de México es una entidad federativa, otorgándole facultades constitucionales que serán de su competencia, según lo establece el artículo 135 constitucional. Pero también seguirá siendo la sede en donde se asientan los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, lo que la ha caracterizado por ser el centro político del país.

Que de esta manera, es indispensable homologar el marco jurídico-normativo de la Cámara de Diputados ante la implementación de dicha reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que atendiendo al papel tan relevante que tiene la Ciudad de México en nuestro país, la Comisión del Distrito Federal es creada, para el estudio, análisis, dictaminación y desahogo de los asuntos que le competen al Congreso de la Unión con fundamento en el párrafo tercero apartado B del artículo 122 de nuestra Carta Magna ya con la reforma aprobada, así como lo establecido en el artículo 40 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que resulta impostergable que la denominación de la actual Comisión de Distrito Federal de la Cámara de Diputados, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México”, y se homologue la normatividad con base en el contenido constitucional.

IV.Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales en las diversas esferas de la vida político-administrativa del país, con el propósito de elaborar productos legislativos que respondan a las necesidades fundamentales de la sociedad.

V.Por ello esta Comisión Dictaminadora, coincide con los propósitos que animan la Iniciativa, en el sentido de que es fundamental la armonización de las disposiciones normativas, a efecto de hacerlas acordes con la reciente reforma en materia política de la Ciudad de México. Sin embargo, es necesario establecer la viabilidad jurídica de las propuestas de la Iniciativa de la Diputada Cuenca Ayala, a partir de los contenidos y razones por las que las legisladoras y legisladores incorporaron en la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de las Comisiones de Dictamen, a la Comisión del Distrito Federal; así como las razones por las que con el Decreto de reformas y derogaciones a la Carta Magna para crear la Cuidad de México, ahora ameritarían adecuaciones y a qué artículos.

Para efectos del correspondiente análisis se debe considerar que el marco jurídico Constitucional para el Distrito Federal, antes de la Reforma a la Carta Magna, en materia de reforma política de la Ciudad de México, establece en el artículo 122, Constitucional que el gobierno del Distrito Federal estará a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. Y en el Apartado A, fracción I, que corresponde al Congreso de la Unión, legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De tal manera, que conforme a esta fracción el Congreso Federal -antes de la reforma de 2016-, es también el poder legislativo local para el Distrito Federal, estableciendo facultades expresas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que permanece como órgano local. Por eso, cuando la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contempló en su artículo 40, numeral 3, como Comisión ordinaria para funciones específicas a la del Distrito Federal, con tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara, previstas en el apartado A del artículo 122 constitucional, incorporó materias correspondientes al Congreso de la Unión, como Congreso Local para el entonces Distrito Federal; además de las que en materia del Distrito Federal le corresponden al Congreso de la Unión.

Ahora bien, entre las modificaciones fundamentales contenidas en el Decreto de reformas y derogaciones en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para efectos del presente Dictamen, la Constitución General establece que la Ciudad de México, es la Entidad Federativa sede de los Poderes Federales y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la distingue de los Estados de la República que son libres y soberanos frente a la autonomía constitucional que se le otorga a la Capital. Sin embargo, al igual que los 31 Estados, le reconoce a la ahora Ciudad de México, el estatus de Entidad Federativa.

Otro aspecto relevante para establecer la viabilidad jurídica de los contenidos de la Iniciativa que se dictamina, es que en esta última reforma, la Ciudad de México tendrá poderes locales propios, por tanto ya no será el Congreso de la Unión el poder legislativo local para dicha Ciudad. Aunado a ello, ahora también como producto de la reforma Constitucional, las facultades que no estén expresamente concedidas al Congreso de la Unión, se entienden reservadas al poder legislativo local de la Ciudad de México.

VI.Conforme al análisis de la Consideración anterior, esta Dictaminadora estima procedentes las reformas a los artículos 15 numeral 9; y 23 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y las reformas a los artículos 9, fracción IV; 12, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, relacionados con el concepto entidades federativas.

Asimismo, la Dictaminadora estima procedentes con modificaciones, los artículos 22 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Artículo 59 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para homologarlos en su correspondiente redacción con la referencia a poderes federales y poderes municipales, para que en lugar de autoridades locales de la Ciudad de México, diga poderes locales de la Ciudad de México.

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 40 numeral 3, relacionada con el cambio de nombre de la anterior Comisión del Distrito Federal, por Comisión de la Ciudad de México, por los argumentos planteados por esta Comisión Dictaminadora, se estima improcedente; ya que el Pleno de esta H. Cámara, ha aprobado su incorporación al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión del día martes 29 de marzo de 2016.

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, y debidamente fundados y motivados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se reforman los artículos 15, 22, y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral 9. del artículo 15; el numeral 2. del artículo 22, el numeral 3. del artículo 23, así como el numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 15.

1. a 8. ...

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las Entidades Federativas.

10. ...

ARTÍCULO 22.

1. ...

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y los poderes locales de la Ciudad de México. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3. a 4. ...

ARTÍCULO 23.

1. a 2. ...

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los Estados, de la Ciudad de Méxicoy de los Municipios.

4. ...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha jueves 31 de marzo de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputados: Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engel (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino (rúbrica), Rogeiro Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, Marko Antonio Cortés Mendoza, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Óscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposicionesde la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de homologación de normatividad interna.

Esta Dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 numeral 1, fracción II; 84, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracciones IV y XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Con fecha 27 de enero de 2016, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 15 numeral 9; 22 numeral 2; 23 numeral 3, y 40 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la reforma a los artículos 9 fracción IV; 12 fracción II, y 59 numeral 1 .

2. Con fecha 27 de enero de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente mediante Oficio No.: D.G.P.L. 63-II-06-0415, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su estudio y elaboración del respectivo dictamen.

3. Mediante oficio número CRRPP/169-LXIII/16 de fecha viernes 29 de enero de 2016 la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió la información de identificación, para la obtención de una copia electrónica de la Iniciativa turnada; a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

4. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el día jueves 31 de marzo de 2016, para discutir el Dictamen a la iniciativa en comento, con la finalidad de enviarla a la Mesa Directiva de esta soberanía, y someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Que la Iniciativa busca homologar el marco jurídico-normativo aplicable, con el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, de manera que la denominación de la actual Comisión del Distrito Federal, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México” y, sea homologada la normatividad interna con base en el contenido constitucional.

II. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo, no escapa a esta Dictaminadora, tomar en cuenta que se trata de una Iniciativa de reformas y adiciones, a dos Ordenamientos normativos sujetos a distintos trámites dentro de su proceso legislativo.

a) El primero, que son reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que requiere en el supuesto de ser aprobado por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, ser turnada a la Cámara de Senadores, en su calidad de Colegisladora para que continúe su Proceso Legislativo, y una vez aprobada por la Revisora, instruir su correspondiente envío al Ejecutivo de la Unión para su Sanción, y Publicación en su caso.

b) El segundo trámite, consiste en las reformas y adiciones que propone la Diputada promovente de esta Iniciativa, al Reglamento de la Cámara de Diputados,cuyo procedimiento legislativo es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados sin la intervención de la Cámara de Senadores, es decir, se trata de un procedimiento unicameral, por tratarse de una normatividad que rige exclusivamente la vida parlamentaria interna de esta Cámara. Razón por la cual, se divide en dos dictámenes.

III. La Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina, señala que en el Congreso de la Unión las comisiones legislativas pueden tener diversas denominaciones de acuerdo a su naturaleza, función y temporalidad, estas se dividen en ordinarias, permanentes, transitorias, especiales, mixtas, y de investigación.

La comisión ordinaria tiene una competencia delimitada y conoce los asuntos a que se refiere su propia denominación, tienen cierto número determinado de miembros y se conforman de acuerdo a las necesidades de la Cámara.

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece la competencia de las comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, de acuerdo con la denominación y clasificación de las mismas. En relación a su naturaleza, las comisiones se clasifican en tipos de dictamen legislativo, de vigilancia, de investigación y jurisdiccionales. Para los fines que hayan sido creadas, se denominan “especiales”; y “ordinarias” son las que se derivan de su denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la administración pública federal.

Refiere que como antecedentes de la tan esperada reforma política del Distrito Federal, para crear la Ciudad de México, fue aprobada en el Senado de la República en sesión ordinaria el pasado 15 de diciembre de 2015; que fue después de años de trabajo, estudio, dedicación y gracias a que el presidente Enrique Peña Nieto asentó en el punto 5.4 del Pacto por México su voluntad política y el compromiso de impulsar la culminación de este proyecto. Al respecto transcribe párrafos de dicho Pacto:

“5.4. Reforma del Distrito Federal.

Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: (Compromiso 91)

• Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la República.

• Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.

• Se revisarán las facultades del jefe de gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.

• En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.

• Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la república.”

La Diputada Cuenca Ayala comenta en la exposición de motivos de su Iniciativa, que el sueño se culminó y fue que el pasado 20 de enero, la Comisión Permanente hizo la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma Política de la Ciudad de México, con la aprobación de 23 Congresos Estatales, de las siguientes Entidades Federativas que integran la República: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; y hasta el momento se suma San Luis Potosí.

Que a partir de este logro, el estatus del Distrito Federal fue modificado para beneficio de sus ciudadanos, habitantes y visitantes.

Que esta reforma permite un cambio estructural de la Ciudad de México como ente jurídico-político, con particularidades propias de una entidad federativa, pero también deberá asumir a plenitud su responsabilidad como integrante del Pacto Federal.

La Diputada autora de la Iniciativa, refiere que se constituye a la Ciudad de México como una entidad federativa, en sustitución del Distrito Federal. Y que entre lo propuesto, destaca:

• Será la entidad número 32 del país, con autonomía propia y seguirá siendo capital de la República y sede de los Poderes de la Unión;

• Se establecerá la Asamblea Constituyente que analizará, discutirá y aprobará el proyecto de Constitución Política que envíe el jefe de gobierno;

• La Asamblea Constituyente deberá aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero de 2017;

• Se transforman las delegaciones políticas en alcaldías con lo que los ciudadanos se verán beneficiados con la prestación de un número importante de servicios públicos;

• Deroga la facultad del Senado de remover al jefe de gobierno de la Ciudad de México;

• Esta reforma trae la tan anhelada autonomía presupuestal; corresponderá al Poder Legislativo aprobar el presupuesto de la entidad;

• Legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión, entre otras.

Que el siguiente paso es la expedición de su Constitución Política, con base en las previsiones de nuestra Carta Magna y garantizar el pleno desarrollo de sus funciones en el asiento físico de sus poderes y sus organismos autónomos.

Asimismo, que la reforma contempla en el artículo 44 constitucional, que la Ciudad de México es una entidad federativa, otorgándole facultades constitucionales que serán de su competencia, según lo establece el artículo 135 constitucional. Pero también seguirá siendo la sede en donde se asientan los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, lo que la ha caracterizado por ser el centro político del país.

Que de esta manera, es indispensable homologar el marco jurídico-normativo de la Cámara de Diputados ante la implementación de dicha reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que atendiendo al papel tan relevante que tiene la Ciudad de México en nuestro país, la Comisión del Distrito Federal es creada, para el estudio, análisis, dictaminación y desahogo de los asuntos que le competen al Congreso de la Unión con fundamento en el párrafo tercero apartado B del artículo 122 de nuestra Carta Magna ya con la reforma aprobada, así como lo establecido en el artículo 40 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que resulta impostergable que la denominación de la actual Comisión de Distrito Federal de la Cámara de Diputados, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México”, y se homologue la normatividad con base en el contenido constitucional.

IV.Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales en las diversas esferas de la vida político-administrativa del país, con el propósito de elaborar productos legislativos que respondan a las necesidades fundamentales de la sociedad.

V.Por ello esta Comisión Dictaminadora, coincide con los propósitos que animan la Iniciativa, en el sentido de que es fundamental la armonización de las disposiciones normativas, a efecto de hacerlas acordes con la reciente reforma en materia política de la Ciudad de México. Sin embargo, es necesario establecer la viabilidad jurídica de las propuestas de la Iniciativa de la Diputada Cuenca Ayala, a partir de los contenidos y razones por las que las legisladoras y legisladores incorporaron en la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de las Comisiones de Dictamen, a la Comisión del Distrito Federal; así como las razones por las que con el Decreto de reformas y derogaciones a la Carta Magna para crear la Cuidad de México, ahora ameritarían adecuaciones y a qué artículos.

Para efectos del correspondiente análisis se debe considerar que el marco jurídico Constitucional para el Distrito Federal, antes de la Reforma a la Carta Magna, en materia de reforma política de la Ciudad de México, establece en el artículo 122, Constitucional que el gobierno del Distrito Federal estará a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. Y en el Apartado A, fracción I, que corresponde al Congreso de la Unión, legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De tal manera, que conforme a esta fracción el Congreso Federal -antes de la reforma de 2016-, es también el poder legislativo local para el Distrito Federal, estableciendo facultades expresas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que permanece como órgano local. Por eso, cuando la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contempló en su artículo 40, numeral 3, como Comisión ordinaria para funciones específicas a la del Distrito Federal, con tareas de dictamen legislativo y de información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara, previstas en el apartado A del artículo 122 constitucional, incorporó materias correspondientes al Congreso de la Unión, como Congreso Local para el entonces Distrito Federal; además de las que en materia del Distrito Federal le corresponden al Congreso de la Unión.

Ahora bien, entre las modificaciones fundamentales contenidas en el Decreto de reformas y derogaciones en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para efectos del presente Dictamen, la Constitución General establece que la Ciudad de México, es la Entidad Federativa sede de los Poderes Federales y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la distingue de los Estados de la República que son libres y soberanos frente a la autonomía constitucional que se le otorga a la Capital. Sin embargo, al igual que los 31 Estados, le reconoce a la ahora Ciudad de México, el estatus de Entidad Federativa.

Otro aspecto relevante para establecer la viabilidad jurídica de los contenidos de la Iniciativa que se dictamina, es que en esta última reforma, la Ciudad de México tendrá poderes locales propios, por tanto ya no será el Congreso de la Unión el poder legislativo local para dicha Ciudad. Aunado a ello, ahora también como producto de la reforma Constitucional, las facultades que no estén expresamente concedidas al Congreso de la Unión, se entienden reservadas al poder legislativo local de la Ciudad de México.

VI.Conforme al análisis de la Consideración anterior, esta Dictaminadora estima procedentes las reformas a los artículos 15 numeral 9; y 23 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y las reformas a los artículos 9, fracción IV; 12, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, relacionados con el concepto entidades federativas.

Asimismo, la Dictaminadora estima procedentes con modificaciones, los artículos 22 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y Artículo 59 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para homologarlos en su correspondiente redacción con la referencia a poderes federales y poderes municipales, para que en lugar de autoridades locales de la Ciudad de México, diga poderes locales de la Ciudad de México.

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 40 numeral 3, relacionada con el cambio de nombre de la anterior Comisión del Distrito Federal, por Comisión de la Ciudad de México, por los argumentos planteados por esta Comisión Dictaminadora, se estima improcedente; ya que el Pleno de esta H. Cámara, ha aprobado su incorporación al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión del día martes 29 de marzo de 2016.

Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, y debidamente fundados y motivados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se reforman los artículos 9, 12, y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 9, la fracción II del numeral 1 del artículo 12 y el numeral 1 del artículo 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 9.

1. ...

I. a III. ...

IV. Desempeñe una comisión o empleo de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios o cualquier empleo remunerado del sector público, sin la licencia previa de la Cámara, con excepción de las actividades que desempeñen en instituciones y asociaciones docentes, científicas, culturales y de investigación;

V. a VI. ...

Artículo 12.

1. ...

I. ...

II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo de la Federación, de las Entidades Federativas, y de los Municipios, por el que se disfrute de sueldo;

III. a V. ...

2. ...

Artículo 59.

1. La Mesa Directiva integrará el proyecto del Orden del día de las sesiones que dará a conocer al Pleno con las propuestas que reciba oportunamente de la Junta, los dictámenes y resoluciones que le turnen las comisiones, así como los asuntos que reciba de la Cámara de Senadores, los otros dos Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados, los poderes locales de la Ciudad de México, los Municipios y los organismos públicos o en su caso, de los particulares.

2. a 3. ...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha jueves 31 de marzo de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Firmamos para constancia el presente decreto, las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

Diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engel (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino (rúbrica), Rogeiro Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, Marko Antonio Cortés Mendoza, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Óscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto. Antes saludamos a amigos estudiantes de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, invitados por el diputado Miguel Ángel Huepa Pérez. Bienvenidos a este recinto parlamentario, amigas y amigos.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, recibió en turno para su análisis y estudio, la Iniciativa que reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a través de la cual se propone la creación de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario.

De conformidad con lo que dispone el contenido de los artículos 39 numeral 1, 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 numeral 1, fracción II; 84, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracciones IV y XII del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Dictaminadora, somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.Con fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO.Con fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante Oficio número D.G.P.L. 63-II-7-655, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

TERCERO.Mediante oficio número CRRPP/225-LXIII de fecha jueves 17 de marzo de 2016, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió la información de identificación, para la obtención de una copia electrónica de la Iniciativa turnada; a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO.A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el día jueves 31 de marzo de 2016, para discutir el Dictamen a la iniciativa en comento, con la finalidad de enviarla a la Mesa Directiva de esta soberanía, y someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA.Que la Iniciativa tiene como propósito crear la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario, la cual funcionará como plataforma de fortalecimiento, preparación y actualización profesional para legisladores y servidores públicos.

TERCERA. Como antecedentes, los Diputados autores de la Iniciativa que se dictamina, señalan que con el advenimiento del pluralismo en la vida política mexicana, en el Congreso se procesan las leyes pero también se dirime el debate político, en el que se contrastan las opciones y, en democracia, se construyen los acuerdos fundamentales de nuestro país.

Que en la Cámara de Diputados, la práctica parlamentaria se encuentra regulada por el Reglamento. El ejercicio de la función legislativa requiere cada vez más de conocimientos y apoyos técnicos especializados que trasciendan a los representantes electos así como a sus equipos de trabajo y al personal de los Centros de Estudios. Tal actividad demanda a los parlamentarios y demás actores involucrados con la actividad, a trabajar de manera constante en la investigación y actualización, así como en la profesionalización del personal de apoyo camaral.

De acuerdo con los diputados Camacho y Guerra, la tendencia de la gestión parlamentaria contemporánea es establecer escuelas de formación de cuadros o academias que permitan tanto la formación de personal como el intercambio de experiencias, adscritas a los distintos órganos de gobierno o a los Centros de Estudios disponibles, aprovechando en todo momento la convergencia de los ámbitos académico, parlamentario y social en el diseño de los programas curriculares a desarrollar, considerando las características específicas del funcionamiento de un Parlamentario.

Que no se trata de replicar lo que eficazmente realizan las Universidades o Instituciones de Educación Superior, como tampoco el de sustituir el trabajo de organizaciones de investigación independientes o ciudadanas, sino de vincular horizontal y transversalmente el trabajo que desde estas perspectivas se desarrolla en el ámbito parlamentario, en beneficio de las actividades legislativas que requieren productos de investigación, análisis, estudio, contrastación de ideas y conocimientos.

Que una escuela o academia de gobierno se inscribe en el derecho parlamentario y la actividad legislativa, contribuyendo en su gestión al fortalecimiento de los valores democráticos, a la cultura del diálogo y la construcción de acuerdos entre los diferentes grupos políticos representados o independientes.

Refieren como ejemplo útil de profesionalización y especialización, la creación de la Escuela Judicial en el Instituto de la Judicatura Federal, la cual ha permitido la formación de los funcionarios de la carrera judicial.

Que en el ámbito internacional, existen instituciones con tales características; en España, la institución de los funcionarios de las Cortes Generales, así como en el ámbito local, la Escuela de Gobierno de las Cortes de Aragón en donde se da sustento a la figura de los Letrados, que son servidores públicos tanto gestores administrativos de las Cámaras, bajo la dirección de los Presidentes y las Mesas de las mismas; como a la vez los guardianes del procedimiento y de la calidad de las leyes. Este último aspecto condensa la razón de ser del Cuerpo de Letrados de las Cortes; en ciertos casos debe haber un referente que recuerde a los legisladores las reglas que ellos mismos se dieron en el Reglamento.

En Argentina y Uruguay, los Congresos disponen de Escuelas de Gobierno que le permiten formar y capacitar a los legisladores o funcionarios públicos, fortaleciendo en todo momento la concepción de la democracia representativa, deliberativa y participativa. Los cursos se dictan en formatos no escolarizados, pero respetando una concepción docente, dinámica y pragmática, valiéndose de la ejemplificación y el intercambio de experiencias entre instituciones nacionales o internacionales precedidos de una introducción general formulada por los ponentes de los casos de estudio y análisis.

En palabras de los Diputados proponentes, resulta conveniente que en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se establezcan las bases que permitan la creación de una Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario en sede legislativa, la cual sirva como plataforma de fortalecimiento, preparación y actualización profesional de los representantes populares y servidores públicos que la integran.

Que en la Cámara de Diputados existen diversos Centros de Estudio especializados para apoyar la función legislativa, se propone que la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario se encuentre adscrita al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, cuyo objeto previsto en el artículo 35 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados consiste en la prestación de forma objetiva, imparcial y oportuna, de los servicios de apoyo técnico y la información analítica indispensables en materia de estudios de Derecho para el trabajo legislativo.

Refieren que el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, fue creado en 1999, año en el cual fue aprobada la Ley Orgánica del Congreso General, en donde se previó su existencia como principal centro de investigaciones en las materias parlamentaria y jurídica en la Cámara de Diputados. Se constituyó entonces en un órgano de apoyo técnico institucional para generar y proveer información y conocimientos especializados para los legisladores y comisiones legislativas, siendo el Centro de Estudios más apropiado jurídica y teleológicamente para tener a su cargo la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario.

Finalmente se propone también que la Academia en comento pueda llevar a cabo sus actividades contando con la colaboración de otras instituciones públicas y privadas, así como con órganos del Estado Mexicano y de otros países, a fin de asegurar la formación o capacitación de cuadros de la más alta calidad.

CUARTA.Para el estudio de la presente iniciativa, es necesario tener presente los centros de estudio con los que cuenta la Cámara de Diputados, así como los objetivos y/o funciones bajo los cuales trabajan.

1. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

OBJETIVO: Proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico y la información analítica en materia de finanzas públicas que les sean requeridos por los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y legisladores, para el cumplimiento de las atribuciones de la Cámara de Diputados y en lo que corresponda a la de Senadores, así como apoyar técnicamente a las Comisiones del Congreso de la Unión con estudios de impacto presupuestario en Iniciativas de Ley que se dictaminen.

2. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

ATENDER:

• Consultas Jurídicas en todos los campos del conocimiento técnico, incluido el Derecho Parlamentario.

• Análisis y Opiniones de carácter histórico, comparativo y socio jurídico sobre cualquier rama o disciplina afín al derecho que contribuyan al ejercicio de las funciones legislativas.

• Información Jurídica de relevancia para el funcionamiento de la cámara, los Grupos Parlamentarios y los Diputados.

• Opiniones Jurídicas fundadas sobre iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo y otros documentos legislativos.

• Solicitudes de datos, estadísticas jurídicas y documentación especializada.

Las consultas constituyen un trabajo estrictamente técnico-jurídico, objetivo e imparcial; el Centro es apartidista en el desempeño de sus actividades, en consecuencia desahoga las consultas y emite opiniones técnicas siempre fundadas, motivadas y sin sesgo o preferencia ideológica del tema que aborda. Estas consultas no se publican ni se difunden.

3. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

OBJETIVO: Proporcionar a las comisiones legislativas y a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados información analítica y apoyo técnico en materia social y de opinión pública es el objetivo fundamental del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)

4. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

OBJETIVO: Apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo mediante la información analítica y servicios de apoyo técnico que contribuya a promover el adelanto de las mujeres y la equidad de género.

5. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

OBJETIVO: Que los Diputados particularmente aquellos vinculados con el sector rural, dispongan de un soporte de información oportuna, objetiva y veraz, que les permita tomar las mejores decisiones sobre su actividad parlamentaria.

Una vez revisado esto, podemos afirmar que la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario que se propone crear, no duplicaría funciones con ninguno de los Centros de Estudios. En este sentido, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, se enfoca principalmente en la emisión de estudios, análisis jurídicos, realizar investigaciones a fin de emitir datos y estadísticas y principalmente a brindar información que ayuden y faciliten al legislador en la elaboración de sus funciones.

QUINTA.La Dictaminadora coincide con la iniciativa en que no se trata de duplicar funciones o tareas, más bien se pretende fortalecer el trabajo de investigación y principalmente en la formación de profesionales en el ámbito legislativo.

Ya se ha analizado la función de los Centros de Estudios con los que cuenta la Cámara de Diputados, sin embargo, la Dictaminadora considera importante señalar en qué consiste o con qué debe cumplir una Academia.

De acuerdo con la Real Academia Española, el término significa Sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública; Establecimiento docente público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente práctico.

Con lo anterior, podemos señalar que el órgano que se propone crear, tiene no sólo como finalidad la investigación parlamentaria, sino la creación de cuadros y perfiles especializados en la labor legislativa. Esta Academia no sólo sería de utilidad para el legislador, también lo sería para aquellos colaboradores y asesores que a la par del legislador día a día realizan el trabajo parlamentario.

La labor legislativa, no se limita en la creación de leyes, se trata de acuerdos y toma de decisiones que definirán el rumbo del país. Es por ello, que la Dictaminadora coincide con los diputados Camacho y Guerrero, en que la formación de los profesionistas parlamentarios debe ir más allá de los estudios universitarios, se requiere de una educación especializada en el tema, que permita a los legisladores y sus equipos de trabajo, contar con la capacitación y bases que le permitan realizar un trabajo de alta calidad para la construcción de reglas adecuadas de convivencia.

SEXTA. Esta Dictaminadora considera a la legislación como un arte, que no debe ser tomado a la ligera, o como un trabajo pasajero. Debe de contar con la habilidad, talento, sensibilidad y creatividad en la aplicación de reglas y métodos.

Asimismo, debe ser vista como el conjunto armonizado de métodos, sistemas, conocimientos jurídicos y de la realidad social, para construir reglas, proposiciones, pronunciamientos o posicionamientos que contribuyan al respeto de los derechos humanos, a una mejor convivencia social y a organizar y optimizar las tareas de los legisladores, requiere de una serie de condiciones y requisitos en, la o el legislador, en el técnico legislativo y en el andamiaje y contenidos del producto que se elabora.

Es por ello, que la labor legislativa no puede limitar sus fuentes de información y es indispensable que para una mayor profundidad en los trabajos que se realicen, cuente con la mayor cantidad de expertos y áreas especializadas en el tema.

También, es indispensable enriquecer dichos conocimientos mediante el intercambio de ideas no sólo con otras instituciones nacionales, también con centros, institutos y parlamentos de otros países.

Con lo anterior, esta Comisión considera que la creación de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario facilitará no solo la labor de los legisladores y funcionarios públicos, sino que permitirá la profesionalización de los mismos y mejorará su desempeño.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se reforma el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 283.

1. a 2. ...

3. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en el ámbito de sus atribuciones, podrá crear y organizar una academia de formación de cuadros y personal parlamentarios que se denominará Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario que podrá actuar interinstitucionalmente con instancias afines, cuyos programas se establecerán tomando en cuenta las observaciones y opiniones de las Instituciones Nacionales Públicas de Educación Superior.

TRANSITORIOS

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La implementación del presente decreto no comprometerá la erogación de mayores recursos que los presupuestados a la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 y por tanto se recurrirá a ajustes, ahorros y reasignaciones para ello.

Tercero.Se derogan las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Notas:

1 http://www.cefp.gob.mx/institucion/organizacion.pdf

2 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CEDIP/Principa l/El-CEDIP-atiende

3 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Conoceno s/Organizacion

4 http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_cen tro_de_estudios_para_el_adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_de_genero/01a_quie nes_somos

5 http://www.cedrssa.gob.mx/?id=663

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión de fecha jueves 31 de marzo de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputados: Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, Marko Antonio Cortés Mendoza, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen, de conformidad con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Triana Tena:Con el permiso de la Presidencia. La profesionalización del trabajo ejercido por autoridades y representantes ha sido a lo largo de las últimas dos décadas un clamor de la sociedad que requiere de la prestación de servicios eficaces, así como de sensibilidad de la clase gobernante. Es una constante que a mayor profesionalización en el servicio público mejores son las condiciones en las que se desenvuelve, al tiempo que se eliminan aspectos como ineficacia, opacidad y corrupción en sus distintas escalas.

Por ello surge desde el Congreso de la Unión la necesidad de que se erijan instituciones, centros de investigación y academias especializadas en la capacitación y preparación de quienes con verdadera vocación de servicio aspiran a ejercer las labores de gobierno, ya sea como mando medio, superior, como asesor parlamentario, secretario técnico o incluso también como legislador.

Precisamente esta fue la razón por la que en su momento se crearon los seis centros de estudios especializados en la Cámara de Diputados, como coadyuvantes en el ejercicio del cargo legislativo, para que desde la perspectiva académica y con rigor metodológico y de investigación, los proyectos legislativos contaran con el soporte y la opinión de expertos en la materia, lo que le otorga una solidez al trabajo legislativo nunca antes vista en términos de la precisión técnica y la especialización de nuestro trabajo en este recinto.

Con la evolución y dinámica plural de este Congreso se vuelve fundamental que las y los legisladores no solamente contemos con un cuerpo de apoyo especializado y constituido por estos centros de estudio, sino también contemos internamente con una sociedad del conocimiento especializado y focalizado en nuestra labor legislativa. Lo anterior sin pretender suplantar la labor de las universidades, centros e institutos tecnológicos en cada rubro.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias considera loable la propuesta de los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Braulio Mario Guerra Urbiola, con el propósito de crear la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario, la cual funcionará como plataforma de fortalecimiento, preparación y actualización profesional para legisladores y servidores públicos de esta Cámara de Diputados.

Se trata de una academia de gobierno que se incorpore a la vida legislativa diaria de esta soberanía, a través de la búsqueda de las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de eficiencia parlamentaria, técnica legislativo y mecanismos procedimentales que catalicen el desahogo de los vitales asuntos que están por legislarse.

Esta Comisión dictaminadora considera conveniente la adición al artículo 283, numeral 3, en el sentido de adscribir esta academia al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, pues es en dicho espacio académico legislativo en donde resulta más fructífera la formación de cuadros y personal parlamentario.

Igualmente consideramos que ese centro de estudios es el idóneo para vincular a esta Cámara con organismos de la sociedad civil en materia y con las instituciones de educación superior, con el objeto de formar un ecosistema de profesionalización legislativa y de gobierno en nuestro país. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias al que dicha academia quedaría adscrito está por cumplir su mayoría de edad.

En su momento se previó su existencia como principal centro de investigaciones en las materias parlamentaria y jurídica de la Cámara de Diputados. Se constituyó entonces en un órgano de apoyo técnico institucional, para generar y proveer información y conocimientos especializados para las legisladoras y los legisladores, para sus comisiones legislativas, siendo el centro de estudio más apropiado jurídica y teleológicamente para tener a su cargo la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario que nos trae a esta tribuna.

Cabe señalar que la academia de gobierno vendrá a sumares al cúmulo de acciones e instituciones con las que cuentan otros Poderes de la Unión, como el Judicial, que cuenta con la Escuela Judicial en el Instituto de la Judicatura Federal, la cual ha permitido la formación de funcionarios en la carrera judicial.

Podemos afirmar que este dictamen que crea la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario no duplicaría funciones con ninguno de los centros de estudios, al tiempo que se fortalece el trabajo de investigación y, principalmente, la formación de profesionales en el ámbito legislativo a través de la creación de cuadros y perfiles especializados en la labor legislativa y la labor de gobierno.

Desde luego, esta academia no sólo será de utilidad para las y los diputados, también lo será para aquellos colaboradores, técnicos legislativos y asesores, que a la par nuestro como legisladores día a día realizan trabajo legislativo junto con nosotros.

La legislación es un arte que no debe ser tomado a la ligera o como trabajo pasajero, debe contar con la habilidad, talento, sensibilidad y creatividad en la aplicación de reglas y métodos.

Por ello la labor legislativa no puede limitar sus fuentes de información en esta era digital, por lo que resulta indispensable que para una mayor profundidad en los trabajos que se realicen contemos con la mayor cantidad de expertos y áreas especializadas en la técnica del trabajo que desempeñamos en beneficio de nuestros representados. Enhorabuena por la creación de esta academia. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Triana.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Ya se han registrado para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios diversos compañeros, compañeras, diputadas y diputados. En consecuencia tiene la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, ya viene para acá.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Derivado del pluralismo ideológico imperante en la Cámara de Diputados, los legisladores tenemos cada día una participación más activa en la vida económica, política y social de nuestro país. En este sentido, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social sabemos de la urgente necesidad que tenemos como diputados federales de profesionalizar la actividad parlamentaria que desempeñamos.

Toda labor legislativa exige un grado de conocimiento técnico especializado en las más variadas disciplinas, tal situación supera las capacidades de los diputados, sus equipos de trabajo y el de los propios centros de estudios con los que cuenta nuestra Cámara.

Como consecuencia a lo anterior, resulta inevitable fomentar la preparación, actualización y profesionalización de los legisladores y de los equipos encargados de apoyar su labor legislativa.

Al respecto, resulta muy loable y oportuna la iniciativa de los diputados César Camacho Quiroz y Braulio Mario Guerra Urbiola, de establecer una academia de formación de cuadros y personal parlamentario, donde se posibilite la preparación de personal especializado en el trabajo legislativo y el intercambio de experiencias en el ámbito legislativo.

Las y los diputados de Encuentro Social coincidimos con los proponentes y la comisión dictaminadora, en el sentido de que la academia habrá de servir de plataforma para el fortalecimiento, preparación, actualización y profesionalización de los que integramos la Cámara de Diputados.

Con la reforma propuesta a nuestro Reglamento, la creación y la organización de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario estarán a cargo del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Igualmente, se establece que la academia podrá actuar interinstitucionalmente con otras instancias afines, tomando en cuenta las observaciones y opiniones de las instituciones nacionales públicas de educación superior.

En el PES estamos comprometidos con la profesionalización de la actividad legislativa, entendemos la urgencia que existe por dotar a nuestros legisladores y su personal de apoyo de más y mejores habilidades, talento, sensibilidad, creatividad y conocimientos para el mejor desempeño del quehacer parlamentario en beneficio de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Torres. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Promover el conocimiento y la especialización del trabajo parlamentario es una labor que deben hacer en la propia Cámara de Diputados.

Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. En esta ocasión me dirijo a esta asamblea para hablar a favor del dictamen por el que se adiciona un numeral tres al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de crear la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza la educación es un eje estratégico de nuestro trabajo legislativo, es lógico y congruente con nuestros principios manifestarnos a favor de la creación de una academia que otorgue los elementos y conocimientos para quienes laboran y buscan desarrollarse en la labor parlamentaria.

El artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su numeral 3 que la Cámara contará con centros de estudios, entre los que se encuentra el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, mejor conocido como CEDIP. Se ha hablado en múltiples ocasiones de la necesidad de profesionalizar el trabajo legislativo.

En este sentido, el artículo 55 de la Ley Orgánica establece en su numeral 1 que el órgano técnico responsable de la formación, actualización y especialización de los candidatos a ingresar y de los funcionarios de carrera únicamente es la unidad de capacitación y formación permanente de los integrantes de los servicios parlamentario, administrativo y financiero de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que la Cámara establecerá un servicio de carrera tanto en el área parlamentaria, conforme lo establecen la ley y el Estatuto. En congruencia con lo anterior, el Estatuto para la Organización y Funcionamiento de las Secretarías y de los Servicios de Carrera tiene como uno de sus objetivos la organización y funcionamiento de los centros de estudio.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 35 del propio Estatuto, los centros de estudio se integran por funcionarios del servicio de carrera, especialistas en investigación, manejo, sistematización y análisis de información sobre los problemas sociales, de cultura nacional, jurídicos, de finanzas públicas y otros de interés para el desarrollo de la función parlamentaria. Lamentablemente, la Cámara no cuenta con una institución que se dedique a la formación de profesionales especializados en las tareas parlamentarias, cuyo grado de especialización exceda el ámbito de lo que ofrecen las instituciones de educación superior.

La práctica parlamentaria es sui géneris y este es el centro de la actividad legislativa. Por esta razón se requiere crear una academia de formación de cuadros y personal parlamentario, que podrá actuar institucionalmente con instancias afines.

La propuesta señala también que las observaciones y opiniones de las instituciones nacionales públicas y educación superior serán integradas en los planes y programas de nuestra institución.

Es necesario entender que la labor legislativa no solo se constriñe a la creación de leyes, se trata de lograr acuerdos y crear políticas públicas que definirán el rumbo del país. Tener la certeza de que quienes laboran en la Cámara de Diputados han tenido un aprendizaje constante y que poseen los fundamentos que les permitan realizar un trabajo de alta calidad.

De acuerdo con la estructura ocupacional y recursos de servicios personales para la Cámara de Diputados de 2016, este órgano legislativo cuenta con 3 mil 326 plazas entre mandos medios...

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya por favor, diputado.

El diputado Carlos Gutiérrez García: ... y superior, así como personal de honorarios. En Nueva Alianza estamos convencidos de que podemos mejorar a la Cámara de Diputados. Para lograrlo lo más sensato es partir desde la formación de sus cuadros. La educación es la respuesta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Tamiz. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Movimiento Ciudadano.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Gracias. Con su venia, señor presidente. No es fácil, no es fácil compañeros y compañeras a que nos pongamos de acuerdo 503 humanos, 500 hombres y mujeres de orígenes tan diferentes, de pensamiento tan distinto, de intereses tan encontrados muchas veces.

Esta diferencia por un lado enriquece la labor parlamentaria, porque expresa el sentir de todos los mexicanos, sin embargo también cuando no se le da el debido cauce entorpece la toma de decisiones y hace lento el proceso legislativo, tanto en lo que refiere a la configuración de leyes como a los acuerdos políticos.

Es por eso que celebro o celebra la fracción a la que pertenezco de Movimiento Ciudadano, esta iniciativa porque ayuda a dar cauce a todas las propuestas que aquí se hacen.

La labor parlamentaria necesita tener reglas, procedimientos, metodologías para darle el cauce adecuado a todo lo que los mexicanos llegan a proponer a través de sus representantes, desde las más nobles y elevadas iniciativas que provienen de profundas convicciones, hasta este carrusel de ocurrencias que de repente vemos por aquí y que no tiene otra fuente que esta feria de vanidades, sin embargo a todo se le debe dar cauce y trámite. Por eso es bueno que haya a partir de ahora una academia de gobierno de derecho parlamentario.

Es bueno también que se llame academia, me recuerda a Platón. Platón decía en la República, que el gobierno debe estar en manos de los filósofos y sin serlo, por lo menos debemos intentar acercarnos a esa personalidad para hacer mejor las cosas, tal y como se merece este país.

Qué bueno que ahora se hace esta propuesta que es noble en sí, que es inteligente y que va a ayudar a que esta Cámara de Diputados, a través de la formación de cuadros, a través del estudio, a través de la formulación de una doctrina parlamentaria sea más ágil y más eficaz en dar a este país el marco legislativo que necesita y a que se tomen los acuerdos que habrán de llevarlo hacia las alturas que se merece. Es cuanto tengo que decir, muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Tamez. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Buenas tardes, diputadas y diputados. Para el Grupo Parlamentario de Morena es de suma importancia apoyar la educación superior. Tan es así que Morena dona la mitad de su salario para construir ocho universidades en todo el país.

Por eso respaldamos la creación de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario, cuyas funciones serán las de dar consistencia, fortalecimiento, preparación y actualización profesional de nuestros legisladores y servidores públicos para la correcta toma de decisiones y el buen desempeño legislativo. Este centro de estudios sentará las bases de colaboración con instituciones de educación superior pública y privada.

En este sentido quiero reconocer a todos los grupos parlamentarios por apoyar –aunque ya venía en el dictamen en la exposición de motivos– y quisimos dejar en claro que para la elaboración de los programas de estudio se tomara en cuenta a las instituciones de educación superior para opinión, y quiero reconocer que apoyaron la propuesta que hizo un servidor en la Comisión de Régimen y Reglamentos para que quedara en el dictamen.

El derecho parlamentario, tema que nos reúne, debe tener como base el análisis jurídico y la investigación permanente con el objetivo de tener indicadores confiables que coadyuven a la óptima toma de decisiones del legislador.

Para Morena es vital que esta academia sienta los precedentes para que puedan discutirse y abordarse los problemas por los que atraviesa nuestro país. Es necesario que este recinto parlamentario tenga entre sus prioridades discutir cómo combatir la pobreza en la que se tienen sumidos a más de 60 millones de habitantes.

Que sea materia de debate cómo atender la problemática que rezaga a más de 300 mil estudiantes al año que no tienen acceso a la educación superior en nuestro país. Que sea este el centro en el que tenga este centro de estudios.

Asimismo, consideramos que esta tarea debe de estar acompañada de perfiles profesionales que atajen desde una perspectiva el contexto tan complejo que persiste en nuestro país y que se profundiza cada vez más en la escala global.

Por otro lado este espacio podrá contar con la incorporación de perfiles jóvenes con un compromiso cabal por el saber y la visión para transformar nuestra realidad, formando así un profesional íntegro con virtudes críticas, creativas y propositivas capaz de ofrecer soluciones viables a los grandes problemas nacionales.

Es importante recuperar la legitimidad de nuestras instituciones públicas que se han contaminado por fenómenos como la corrupción que impera actualmente en nuestro país. En este sentido nuestra posición es firme: para ser legislador principalmente se necesita ser honesto y amar al país, tener amor al pueblo para no lastimarlo con decisiones que afectan el interés nacional, y al mismo tiempo creo que nuestra gente debe superarse, tener un grado académico, sobre todo el superior, debe llegar a todos, pues el saber nos ayudará a formar hombres libres y reducir la enorme brecha de la ignorancia. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Tiene ahora la palabra el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes:Hace siete meses diputados electos de todo el país nos dimos cita en este recinto legislativo, cada uno representando a su región, con amplios deseos, aspiraciones, buenas intenciones.

La agenda legislativa nacional en muchas ocasiones no permite que los temas, que para nosotros son prioritarios, puedan tener la celeridad que deseáramos. Sin embargo sin importar los perfiles, los conocimientos, los oficios, las actitudes, tenemos que entrarle, todos, a todos los temas.

Y, compañeros, México exige más de sus legisladores; no quiere hombres ni mujeres que simplemente ocupen una silla o levanten la mano; quiere legisladores que se den la oportunidad de meterse a los temas, que se den la oportunidad de capacitarse, de tomar por las riendas y de frente los temas que ocupa esta nación, que se den la oportunidad de involucrase con ánimo a la realidad, y aunque no podemos ser expertos en todas las materias, sí podemos capacitarnos y también, por qué no, también podemos ayudarnos con asesoría profesional en donde se requiera necesario.

Se nos ha criticado mucho a diputados y a diputadas que a pesar de sus buenas intenciones perdieron el tiempo y le hicieron perder el tiempo a México cuando tuvieron esta oportunidad. Por eso, en la cimentación de un México fuerte y de instituciones sólidas, en la cimentación de gobiernos responsables, la especialización y la formación profesional juegan un papel fundamental en esta labor.

Creo firmemente que la educación es una, y es la más importante herramienta del cambio. Por eso considero que este dictamen abraza el espíritu de elevar nuestros estándares de profesionalismo desde la pluralidad que somos y dándole al quehacer legislativo una oportunidad de incorporar a la academia el trabajo diario de todos nosotros.

Represento a una nueva generación de jóvenes legisladores que nos debe unir el compromiso, pero no el compromiso de cumplir con una cuota de jóvenes, sino el compromiso de no cometer los mismos errores que tanto queremos erradicar. Debemos de ser jóvenes con la madurez de asumir la tribuna como la palestra de expresión nacional, que antepongamos a nuestros intereses personales y de grupo el servicio a nuestro país y a nuestra gente, con capacidad, con información y con talento, promoviendo el conocimiento y la profesionalización.

Es por ello que hoy defendemos y respaldamos que se adicione un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de esta Cámara para la creación de la academia de gobierno y de derecho parlamentario, porque no hay secretos para el éxito, éste se alcanza con trabajo, con estudio y con valor. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valera. Tiene ahora la palabra le diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Francisco Martínez Neri:Con su permiso, presidente. Vengo a esta tribuna a posicionar a mi grupo parlamentario en favor de la propuesta de reforma al artículo 283 del Reglamento de la Cámara, propuesto en el dictamen a discusión.

La reforma consiste en establecer que el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias podrá crear una academia de formación de personal parlamentario, denominada Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario.

La académica funcionará como plataforma de fortalecimiento, preparación y actualización profesional para legisladores y servidores públicos conforme a experiencias internacionales y que el propio Poder Judicial Federal.

Para nuestro grupo parlamentario es fundamental respaldar todo esfuerzo que implique la profesionalización del trabajo parlamentario y, más aún, la profesionalización de los cuadros que dedican su actividad profesional al ámbito del Poder Legislativo, tanto diputados y diputadas como el resto de las servidoras públicas y servidores públicos que aquí laboran.

Es por ello que vemos con beneplácito esta reforma y votaremos sin duda a favor del presente dictamen. Sin embargo, también nosotros, nuestros grupos parlamentarios de las últimas tres o cuatro legislaturas hemos insistido en aterrizar el proyecto de servicio de carrera que está congelado en esta Cámara de Diputados desde hace 15 años. Y esperamos que esta nueva instancia retome ese noble proyecto.

Recordemos que con las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de septiembre de 1999, se ordenó la instrumentación del servicio de carrera en la Cámara de Diputados.

El 26 de abril de 2000 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, vigente a partir de ese mismo año, con el objeto de regular y establecer las bases de organización y funcionamiento de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos y Financieros, la Coordinación de Comunicación Social y la Contraloría Interna, así como del personal de carrera de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el estatuto el servicio de carrera tiene como cometido la formación de funcionarios de alta calidad que apoyen de manera profesional y eficaz el cumplimiento de las atribuciones y funciones de la Cámara.

A la fecha, el servicio de carrera en la Cámara de Diputados no se ha instrumentado ni se estableció la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, órgano técnico de la Cámara, que se propuso establecer para efectuar el reclutamiento, la selección, la formación, la actualización, la especialización, la evaluación, la promoción y el ascenso de los funcionarios del servicio.

Tampoco la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias ha revisado el estatuto para adecuarlo y armonizarlo con la Ley y el Reglamento. Qué mejor ocasión para culminar con este pendiente que la aprobación de este dictamen y la puesta en marcha de la Academia, para que esta abrace como uno de sus cometidos principales el desarrollo del servicio de carrera de esta Cámara de Diputados. Votaremos desde luego a favor. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Santiago Torreblanca Engell:Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado, muchas gracias a los ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso.

Yo les hago una pregunta, ¿Acaso ustedes se subirían a un avión piloteado por una persona sin el mayor conocimiento de aeronáutica, es más, que ni siquiera sabe manejar una bicicleta? ¿Ustedes acaso dejarían que el carnicero de la cuadra realizara una operación quirúrgica en su cuerpo? Lo más seguro es que no. entonces, ¿Por qué permitimos muchas veces que las personas que redacten las leyes no tengan una preparación específica en la materia?

Con esta reforma vamos a estar a la altura de muchos países del mundo, de los mejores de Europa. Con la creación de la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario este Congreso entra a una nueva etapa de prestigio. El prestigio va a versar no únicamente en la preparación que esta academia dé a los diputados, asesores, secretarios técnicos y demás personal que labora en esta Cámara de Diputados, sino el prestigio vendrá, porque estoy seguro de que así será, del nivel académico que tendrán sus docentes, el cual tendrá tal nivel que llegará el momento en que gente externa a la Cámara de Diputados, gente estudiosa, académicos, decidan cursar alguna licenciatura, alguna maestría o incluso algún doctorado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, porque dé un prestigio internacional.

En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que la educación es el mecanismo para igualar el piso. Únicamente cuando el piso en materia de educación y salud sea equitativo para todos los mexicanos, va a ser cuando cada quien, con base en su talento y en sus posibilidades, pueda salir adelante sin importar el accidente de cuna, sin importar en dónde haya nacido.

Enhorabuena a los diputados promoventes, a Braulio Guerra, César Camacho; enhorabuena al presidente de la Comisión de Reglamentos, Régimen y Prácticas Parlamentarias, el diputado Jorge Triana, y enhorabuena a ustedes, diputados, que van a votar a favor esta iniciativa. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torreblanca. Por último, tiene la palabra el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola:Con la venia de la Presidencia. Compañeros, compañeras, también saludo a los amigos queretanos que nos visitan esta tarde.

Debo decirles que el día de hoy se abre una puerta a la luz del conocimiento. Esta iniciativa que plantea la reforma al Reglamento, no tengo ninguna duda que será valorada por muy distintas y variadas generaciones.

Aprobar en esta Cámara de Diputados la Academia de Gobierno y de Derecho Parlamentario alimenta el espíritu del Estado de derecho, del legislador y de la fuente formal de lo jurídico en México por excelencia, que es la ley.

Nos brinda herramientas, habilidades, nos dota de sapiencia para poder tomar mejores decisiones. Es un instrumento que a través de la validez oficial podrá reconocer el trabajo académico del personal de la Cámara, de ciudadanos y de quienes aquí legislan.

Pero, ¿Por qué crear una suerte de universidad parlamentaria, si existe una gran gama y diversidad de instituciones de educación superior en el país? La primera respuesta está en que en muy diversas latitudes del mundo este ejercicio ha tenido un rotundo éxito, le limpia la cara y permite que quienes trabajen en sus Congresos puedan dar mejores resultados.

En segundo término, nos permite la focalización en la especialización de lo que llamamos y denominamos la vocación por el gobierno parlamentario. Esta especialización ya se ve reflejada aquí en la Cámara. Debo reconocer, por ejemplo, el impulso que las mujeres de esta LXIII Legislatura le han dado a la creación de la maestría para legislar con perspectiva de género, para muestra un botón.

Existen políticos que desde la academia legitiman aún más, refuerzan aún más su liderazgo, por ello debo reconocer la visión y agudeza de mi coordinador César Camacho, quien me ha distinguido con la coautoría y suscripción de esta importante iniciativa.

Del Centro de Estudios de Derecho Parlamentario, que encabeza el doctor Sadot Sánchez, y de los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que encontramos este espacio neutral y apartidista para mejorar como legisladores.

Sin duda, la exigencia de todos, como representantes sociales, se encuentra en este sitio para levantar la voz por las causas que los ciudadanos esperan respecto a los problemas que habremos de solucionar, pero también es obligación de todos y cada uno de nosotros adentrarnos más, profundizar más en los contenidos del derecho y del significado de la legislación y de un parlamento y todo lo que implica.

Dice Atienza y Carbonell, que incluso las aulas significan una meta-garantía. Es decir, que transforman y permiten, mediante el debate académico, el perfeccionamiento y la crítica y la evolución de las leyes.

Desde el episteme de los griegos, la prudencia, la jurisprudencia de los romanos, encontramos que los diputados que visualicen su reelección en lo futuro, también podrán tener herramientas para poder perfeccionar una carrera legislativa eficaz.

Se trata esta academia, finalmente, de cultivar sabiduría y cosechar el discernimiento en la tarea legislativa. Esta academia es el ágora de la actividad legislativa de nuestra Cámara de Diputados. Dice el latinajo: si quieres aprender, enseña. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guerra. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Allá va llegando una diputada barriéndose a su curul. Dos. A ver, parece que ya no se mueve acá la numeralia del tablero. ¿Allá tiene problema con la huella o no? Ya votó. Bien, parece que ya está estable, diputada.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 419 votos a favor y una abstención. Ninguno en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos, es decir por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Economía: uno con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y el segundo con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32, de la misma Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona uno quinto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman el primer párrafo y adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección a la Consumidor, enviada por la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80,81,82,84,85,157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de la Minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión del 4 de noviembre de 2014, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por las senadoras Graciela Ortiz González, Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

3. El 15 de octubre de 2015, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con modificaciones a la iniciativa por el que se reforman el párrafo primero y se adiciona un párrafo quinto del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

4. El 12 de enero de 2016, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-309, se recibió en la Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta antes señalada, para efectos de dictamen.

IV. Consideraciones de la Comisión

Primera.Esta Comisión Dictaminadora, comparte con la Colegisladora la necesidad de salvaguardar el derecho Constitucional que tutela el Artículo 28 Constitucional, mismo que dispone en su párrafo tercero, la protección a los consumidores. Por lo tanto, la veracidad de la información y publicidad sobre los productos y servicios que se negocian en el mercado mexicano merece ser garantizada por parte del Estado.

Segunda.La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) tiene por objeto, promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Así mismo establece como uno de los principios básicos que rigen las relaciones de consumo, que la información deberá ser adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen.

Tercera.El artículo 32 de la LFPC,establece que “La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. ...”

Con la finalidad de fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor, esta Comisión hace suyas las consideraciones de la Colegisladora, y estima conveniente, facultar a la PROFECO, para que, en el análisis y verificación, pueda comprobar, que la información y publicidad sea veraz, comprobable, clara y apegada a la Ley.

Cuarta.En el ámbito de sus facultades, esta Comisión de Economía, solicitó a la Secretaria de Economía, opinión respecto de la Minuta en comento, y a través de su Unidad de Enlace Legislativo manifiesta lo siguiente:

“...esta SE comparte el interés de la legisladora de fortalecer las disposiciones contenidas en la LFPC y concuerda con el texto propuesto en la Minuta, a efecto de que se adicione un párrafo quinto al 32 de la LFPC, otorgándole a Profeco, la atribución para que, en el análisis y verificación, compruebe que la información y publicidad sea veraz, comprobable, clara y apegada a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a las demás disposiciones aplicables. ...”

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la Minuta del Senado de la República y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Único. Se reforman el primer párrafo y adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

ARTÍCULO 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables clarosy exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

...

...

...

En el análisis y verificación de la información o publicidad, la Procuraduría comprobará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a esta Ley y a las demás disposiciones aplicables.

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Economía, diputados:Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla, Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se informa a la asamblea, que la fundamentación de los dos dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Y tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar los dos dictámenes, de acuerdo con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Enrique Dávila Flores:Muy buenas tarde. Con su venia, señor presidente. A nombre de la Comisión de Economía, que me honro en presidir, vengo a presentar dos dictámenes a las minutas enviadas por la colegisladora, las cuales reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad.

Es importante señalar, que ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Economía de esta Cámara. Aprovecho esta oportunidad y esta tribuna para hacer un reconocimiento a todos los diputados integrantes de la Comisión de Economía, por su trabajo y profesionalismo.

La Procuraduría Federal del Consumidor es la institución que protege y promueve los derechos de las y los consumidores garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalecen la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos. Estos, reconocidos precisamente para la población consumidora.

El artículo 32 de la Ley de Protección al Consumidor establece que la publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

En este sentido el artículo en mención determina que se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionada con algún bien, producto o servicio que, pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa que se pudiera presentar.

La Comisión de Economía considera que es necesario establecer reglas claras que le permitan al consumidor conocer los beneficios reales de un producto y acotar el mecanismo de promocionar productos con el uso de avales expedidos por sociedades e individuos, para evitar abusos en este sentido.

Es una realidad que en la actualidad los proveedores de bienes y servicios se valen de estrategias publicitarias diseñadas para que las y los consumidores, al momento de decidir su compra, se inclinen por su producto o servicio.

Es común que al encender el televisor seamos testigos de campañas publicitarias en las que se afirma que determinado producto o servicio es avalado por la asociación, certificado por el colegio de, recomendado por la sociedad mexicana de, etcétera, etcétera.

Sin lugar a dudas este es un método publicitario que funciona muy bien para los fines comerciales de algunas compañías y empresas al otorgarles ventajas competitivas que difícilmente podrían alcanzar de otra manera.

A su vez es importante reconocer que el uso responsable y ético de este mecanismo publicitario, otorga un beneficio importante al consumidor. Repito, el uso responsable y ético de este mecanismo publicitario, otorga un beneficio importante al consumidor.

El problema entonces radica en que este tipo de avales que en algunos casos carecen de la documentación apropiada que soporte las cualidades o propiedades del producto o servicio, por lo que las marcas comerciales que hacen uso de ellos y las asociaciones que prestan su nombre, podrían presentar información engañosa a los consumidores.

Es por ello que la Comisión de Economía coincide con el espíritu de las minutas enviadas por el Senado para fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor, otorgándole la facultad de prohibir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando estas carezcan de la documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente, las cualidades o propiedades del producto o servicio, o cualquier otro requisito señalado en las leyes aplicables para acreditar las mismas cualidades.

En el mismo sentido la segunda minuta adiciona un párrafo al artículo 32 de la Ley de Profeco para que la procuraduría en el análisis y verificación de la información o publicidad, pueda requerir la documentación adecuada para comprobar que la misma sea veraz, clara y apegada a derecho.

Con la finalidad de proteger los derechos de las y los consumidores y de las empresas y empresarios respetuosos de la ley, solicito a todos ustedes, compañeros diputados, su voto a favor de los presentes dictámenes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Dávila.

Está en consecuencia a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario ya tenemos integrada una lista de compañeras diputadas y de compañeros diputados.

Antes, saludamos la presencia de estudiantes de la Universidad de La Salle Bajío, campus San Francisco de León, Guanajuato, invitados por el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario, amigas y amigos.

Tiene la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Compañeras diputadas, compañeros diputados. No nos cabe la menor duda que este es el tipo de dictámenes que van a consolidar el trabajo legislativo de nosotros como diputados ante la sociedad.

El derecho que tienen los consumidores es un derecho trascendental. En algunas legislaciones mundiales forma parte de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Por eso es que nos congratulamos de ambos dictámenes producidos por la Comisión de Economía.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares en México en el 2014, en nuestro país hay 31 millones 622 mil 892 hogares que consumen al mes un promedio mensual de hasta 8 mil 835 pesos, de los cuales, 50 por ciento se dirigen a la alimentación, el vestido, los cuidados personales y la salud.

Este consumo tuvo un retroceso de 3.7 respecto de los registrados en el 2012. En ese contexto las empresas que venden productos milagro se ven en la necesidad de imaginar y promocionar sus bienes y servicios muchas veces con publicidad falsa, llamada a tocar las emociones de los consumidores para que sean sus productos comprados por los consumidores.

Ha llegado el momento y qué bueno, porque esto es el sentido justamente de los dictámenes que hoy nos ocupan, de otorgar a la Procuraduría Federal del Consumidor facultades para que compruebe que la información –o la publicidad de los bienes y servicios que se ofertan en el mercado nacional– sea veraz, comprobable, clara y apegada a la ley.

Por ello también en este dictamen es que, en la información o publicidad de los productos, se ponga la leyenda que son avalados, recomendados o certificados por asociaciones o sociedades de profesionales cuando estas no cuenten con el soporte científico necesario.

En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, sabiendo que el derecho a la información es uno de los principales derechos que se debe tutelar por la Ley Federal de Protección al Consumidor, es que anunciamos nuestro voto favorable a las reformas que hoy nos ocupan, insistiendo en que ha llegado el momento que en este país uno d los principales derechos sea el que tengan los consumidores nacionales. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza subo a esta tribuna a expresar la opinión favorable sobre los dictámenes que reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En primer lugar me referiré al dictamen que reforma el primer párrafo y adiciona un quinto párrafo al citado artículo, a fin de facilitar a la Profeco para comprobar la veracidad de la información y publicidad de los productos que se comercializan en el país.

Cuando empresarios, ejecutivos de mercadotecnia y publicidad quieren posicionar en el mercado un producto desarrollan campañas impactantes originales y por demás persuasivas, a fin de incrementar sus volúmenes de ventas.

Mediante estas campañas se destacan los aspectos positivos del producto y se proporciona la información sobre su contenido, los beneficios y en muchas ocasiones hasta su precio.

Sin duda esta publicidad es la principal fuente de información que los consumidores, quienes eligen entre decenas de opciones y ofertas, en función de lo que han visto y han escuchado sobre el producto del servicio. Desafortunadamente en muchas ocasiones la publicidad proporciona información ambigua y engañosa que no coincide con la realidad del producto, lo que pone en riesgo la seguridad de los consumidores.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con salvaguardar el bienestar de los consumidores, por lo que votaremos a favor del presente dictamen, cuyo objetivo es facilitar a la Procuraduría Federal del Consumidor para que mediante el análisis y verificación compruebe que la información o publicidad relativa a bienes y productos sea veraz, sea comprobable, clara y sobre todo apegada a las disposiciones de la ley. Recordemos que el artículo 28 constitucional consagra la producción a los consumidores y que es el Estado quien debe garantizar ese derecho.

En cuanto a la adición de un cuarto párrafo del artículo 32 de la Ley Federal del Consumidor, que faculta a la Profeco referente a las leyendas sobre el cual organizaciones profesionales, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará también a favor del mismo.

Con frecuencia vemos y escuchamos anuncios publicitarios en donde se nos asegura que determinados productos o servicios han sido aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales. Esta es una herramienta muy utilizada por los publicistas para que los consumidores nos inclinemos a comprar determinado producto con la tranquilidad que proporciona el respaldo de especialistas.

En Nueva Alianza observamos con preocupación que esta estrategia publicitaria es muy utilizada para ofrecer productos y servicios en la rama de la salud y la alimentación infantil. No obstante, en muchas ocasiones se trata de publicidad engañosa que pone en riesgo a la población.

En este sentido, el dictamen prohíbe incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o un servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y eficiente las cualidades o propiedades de un producto o un servicio.

Compañeras y compañeros legisladores, entendemos que la publicidad es una herramienta poderosa para incrementar las ventas en un mercado competitivo y en un principio básico de las relaciones de consumo. No obstante, también es nuestra obligación regular la publicidad para evitar prácticas engañosas y abusivas que lesionen la integridad física, económica y moral de los consumidores.

Con la aprobación de estos dictámenes Nueva Alianza asume su compromiso de velar por los derechos de los consumidores, garantizando que la publicidad de los productos sea persuasiva y no engañe a las personas que los adquieren. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños:Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeros, los ciudadanos que día a día laboran y perciben un ingreso para lleva a sus familias los satisfactores suficientes para el desarrollo de su hogar.

Es de entenderse que tenemos que cuidar que el gasto que realizan los ciudadanos mediante el pago de tarjetas bancarias, sea de débito o de crédito, entre otras, que este sea claro, real y sin engaños, sin abusos, sin malas prácticas financieras, o publicidad engañosa.

Es por ello que esta Legislatura tenga por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, a través de mecanismos trasparentes, claros y precisos, tanto de los consumidores como proveedores de servicio.

Esto nos llevaría a fomentar la inclusión, por lo menos de aquellas gentes de escasos recursos en el sistema financiero y proteger a los usuarios de los servicios financieros, si nos diera como resultado que la información que recibe el público acerca de las comisiones sea clara y transparente, expresada en un lenguaje sencillo y comprensible y que dicha información esté contenida en los contratos, una información indispensable para cualquier acto comercial, donde las comisiones se apliquen exclusivamente por los servicios y en operaciones efectivamente realizadas.

Por otra parte, que se elimine el pago de comisiones o cualquier práctica que no esté debidamente establecida al ser un beneficio para los ciudadanos, donde la ley actúe y procure que en todo momento la protección de sus derechos y, sobre todo, de su economía familiar.

Por ello, votaremos a favor los dictámenes que el día de hoy se presentan, ya que estos generan reglas claras para el pago de comisiones, para que el ciudadano no se vea sorprendido y pague más del precio pactado, esto va a transparentar la relación de comercio entre los ciudadanos y los prestadores de servicio, quienes se verán favorecidos y protegidos por la ley.

Que el ciudadano tenga la certidumbre que su economía está debidamente protegida por la Procuraduría Federal del Consumidor, quien será responsable de cuidar los intereses de los consumidores para que no se le cobren comisiones que no estén debidamente establecidas o que sean excesivas.

Es por ello, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está a favor de dicha iniciativa que hoy se vota, ya que son en beneficio de los ciudadanos quien diariamente ve afectada su economía, siendo que en México el pago de comisiones es muy alto a diferencia de otros países por el uso de las tarjetas.

Que es necesario que las autoridades financieras actúen a favor de la economía de los mexicanos para proteger el dinero que con tanto esfuerzo obtienen los ciudadanos y que llevan a sus familias. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lomelí. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso del diputado presidente. A mí me parece muy bien el que avancemos en el tema de que el consumidor tenga información más precisa sobre lo que él adquiere o ella adquiere en el mercado, y me parece que el Estado debe tener instrumentos que intervengan en el mercado y generen ese tipo de incertidumbres. Quiero aprovechar esta ocasión, porque entiendo que hay un consenso en el tema, para buscar también el consenso en algo muy importante.

Hoy el Fondo Monetario Internacional baja el pronóstico de crecimiento en la economía mexicana a 2.4, la CEPAL lo hizo la semana pasada y todas las instituciones. Es decir, bajar el pronóstico de crecimiento en México es un deporte nacional.

Básicamente tenemos una economía que crecerá muy poco. Tenemos una propuesta muy clara que hicimos a esta Cámara, que es establecer un arancel de 30 por ciento a los productos de acero importados.

Serán productos obviamente importados de países que tienen una enorme reserva de acero como China y como Corea y que están acabando con la industria acerera nacional, una industria que genera importantes empleos.

De acuerdo con un estudio hecho por el Colegio de México y nosotros establecemos este arancel, la economía podrá crecer hasta .5 más y se generará valor agregado en México de más de 6 por ciento.

Yo de verdad quiero aprovechar esta oportunidad porque creo que hacer política industrial y usar la política arancelaria de manera correcta es responsabilidad del gobierno de la República.

Desgraciadamente, esta soberanía no opina sobre el tema arancelario, abundaré sobre alguna iniciativa del PRI en ese sentido, que no fue votada en esta asamblea, y creo que es muy importante que podamos tener alternativas para que el país crezca, y un arancel a los productos importados de acero, que básicamente será un arancel contra productos de China y contra productos de Corea sí será una posibilidad para que la economía nacional crezca.

Ojalá podamos sumarnos y podamos apoyar esto, que es una demanda muy sentida de la industria nacional. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Lorena Corona Valdés:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, es común ver anuncios publicitarios en los que se afirma que las características de determinado producto o servicio son avaladas o certificadas por una asociación o sociedad profesional, otorgando ventajas competitivas a un producto o servicio solo para que el consumidor, a toda costa y sin importar el beneficio para nosotros los consumidores, sea consumido.

Este tipo de avales no tienen sustento técnico-científico, lo que va en contra del derecho de todos los consumidores a acceder a información adecuada y verás sobre los diferentes productos y servicios que se comercializan en el mercado.

Atendiendo a esta realidad, en la Comisión de Economía aprobamos con modificaciones una minuta por la que se adiciona el cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer reglas claras que le permitan al consumidor conocer los beneficios reales de un producto o servicio y acotar el mecanismo de promocionarlos con el uso de avales expedidos por sociedades o asociaciones profesionales.

Con esta reforma tendremos la garantía de que cuando un producto o servicio sea avalado por sociedades profesionales siempre contarán con la documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente las cualidades o propiedades del producto o servicio que se comercializa.

Estamos convencidos de que con esta reforma legal otorgamos mayor certeza a los consumidores respecto a las condiciones reales de los bienes o servicios que se anuncian, y así estaremos en condiciones de poder tomar decisiones inteligentes de los productos que consumimos.

Por lo que se refiere al segundo dictamen, es conveniente señalar que cuando la información y la publicidad no son veraces, comprobables y precisas los consumidores tomamos decisiones equivocadas.

Bajo esta circunstancia, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor realiza monitoreos de la información desplegada en los medios masivos de comunicación y, en el ejercicio de sus facultades de verificación, requiere a los proveedores la documentación que sea necesaria que acredite las características que se atribuyan a los productos o servicios publicitados.

No obstante dichas atribuciones y los esfuerzos que la Profeco realiza, hemos considerado conveniente aprobar la adición de un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que en el análisis y verificación de la información o publicidad la Procuraduría comprobará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a la ley.

La aportación de esta adición consiste en que se establece que la información, además de ser veraz y comprobable, deberá ser clara y apegada a la ley; lo que dará lugar a que la información de cualquier producto o servicio sea fácil de comprender y no deje lugar a duda.

Con esta reforma legal la Profeco contará con mayores facultades que favorecerán la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Por lo expuesto, en el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México votaremos a favor de ambos dictámenes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corona.

Saludamos la presencia de estudiantes de la escuela primaria Amado Nervo, del estado de México, invitados por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes aquí a este recinto parlamentario. Tiene ahora la palabra, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Waldo Fernández González:Gracias. Con su venia, diputado presidente. Acudo a esta tribuna a fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con relación a un par de dictámenes de la Comisión de Economía, a igual número de minutas por las que se reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El artículo de referencia regula la llamada Publicidad engañosa. Al respecto, se establecen las características con que debe cumplir la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, para evitar que en efecto se engañe a los consumidores.

Mediante el primero de los dictámenes de esta discusión, se modifica la minuta del Senado, para adicionar un párrafo cuarto al artículo 32 de la Ley de Protección al Consumidor a efecto de establecer la prohibición de incluir en la publicidad, información sobre supuestos avales, recomendaciones o certificaciones, cuando se carezca del soporte científico, objetivo o fehaciente que respalde esta afirmación.

Mientras que en el segundo de los dictámenes se aprueba en sus términos la minuta, por lo que se reforma el párrafo primero, para prever que la información deba de ser clara y se adiciona un párrafo quinto al mismo para establecer que en el análisis que la Procuraduría Federal del Consumidor haga de la publicidad, deberá comprobar que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a la ley.

Se trata de pequeños avances, pero al final de cuentas avances, a favor de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad mexicana, como es el de los consumidores.

En el marco de la discusión sobre el derecho a la información está de todo ausente de la agenda el derecho de los consumidores, a conocer la realidad sobre los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Esa es una veta que debemos de explorar, y a partir de ello encaminar nuestros esfuerzos a la protección y defensa del verdadero derecho a la información de los consumidores.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reitera su compromiso con la mayoría de los mexicanos, por lo que votaremos a favor de los dictámenes en discusión. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Ricardo Del Rivero Martínez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la protección de los derechos al consumidor siempre han representado un tema de gran interés, por lo que coincide en la necesidad de velar por el perfeccionamiento de las normas que regulan la protección del consumidor, ya que el mismo es considerado un bien jurídico tutelado de mayor valía.

En este sentido, y antes de entrar al fondo del asunto consistente en que los dos dictámenes que emite la Comisión de Economía de esta Cámara de Diputados respecto a las dos minutas procedentes del Senado de la República, con las cuales se reforman y adicionan los diferentes párrafos del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de veracidad de la información y publicidad engañosa, es necesario hacer mención del objeto de algunas facultades que en la materia establece precisamente la Ley Federal de Protección al Consumidor, sujeta a modificación y adecuación.

La ley toral es del orden público e interés social y de observancia en toda la República mexicana y sus disposiciones son irrenunciables, y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de la ley en la materia es promover y proteger los derechos de la cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza, seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

En este sentido estarán obligados a su cumplimiento los proveedores y consumidores, y la Procuraduría Federal del Consumidor deberá fomentar, de forma permanente, una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén la posibilidad de realizar una nueva toma de decisiones suficientemente informada al respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo y los derechos que lo asisten.

Conforme al objeto y a las facultades anteriormente establecidas, es prudente indicar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, comulga con la necesidad y la pertenencia de llevar a cabo las adecuaciones contempladas en los dos dictámenes emitidos por la Comisión de Economía, ya que con los mismos se concederá mayor protección, certeza jurídica de los consumidores al disponer las siguientes adecuaciones normativas: se coincide en el hecho de insertar o contemplar en el primer párrafo del artículo 32 de la ley en la materia, que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios, se difundan por cualquier medio o forma también debe ser muy clara.

Comulgamos con la inserción de un nuevo párrafo, el cual establece que a Procuraduría Federal del Consumidor en análisis y verificación de la información o publicidad, comprobará que la misma sea veraz, comprobable, clara y apegada a la ley y a las demás disposiciones aplicables.

Por último, estimamos adecuado al insertar un nuevo párrafo que establezca la prohibición de incluir en la información o publicidad de un producto o servicio, que los mismos han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales cuando carezcan de la documentación necesaria que les acredite las cualidades o propiedades del producto de este servicio.

Por lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consciente de la necesidad de adecuar nuestro marco jurídico en beneficio de los consumidores, votará a favor de estos dictámenes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rivero. Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Fernando Uriarte Zazueta:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, es una realidad que hoy en día con los alcances y la penetración que tienen los medios en sus distintas plataformas, el mundo publicitario cuenta con extraordinarias y muy poderosas herramientas para la persuasión.

En ese caso, los consumidores nos ponemos en una situación en donde tenemos que elegir productos con las mismas características, y es ahí donde la información que se nos proporcione juega un papel fundamental, son verdaderos bombardeos publicitarios, cañonazos que tienen como propósito fundamental algo muy pragmático, frío y descarnado, enganchar a la gente en muchas ocasiones, que la gente compre sus productos, y en no pocas ocasiones lo hacen con prácticas que inducen al engaño o que provocan la confusión.

El pasado 15 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Consumidor. Se instituyó este día para alertar a la gente, parar recordarle que tienen derechos, que tienen derecho a elegir, que tienen derecho a la representación, que tienen derecho a la reparación, y uno muy importante, que tienen derecho a recibir una información que sea veraz, que sea comprobable y como hoy sugieren los dictámenes de la comisión, que sea clara.

Nuestra ley, la Ley de Protección al Consumidor tiene como objetivo fundamental el alertar y el proteger los derechos y cultura de los consumidores, que haya certeza, que haya equidad, que haya seguridad jurídica en las relaciones entre compradores y vendedores. Por ello hay que legislar para que la información que se reciba sea la adecuada y, por supuesto, que sea lo más clara posible.

El defender los derechos de recibir una información que sea veraz, que sea comprobable y que hoy se aclara y a la vez también proteger contra las prácticas abusivas de una publicidad engañosa, de combatir estas prácticas perniciosas, constituye un gran reto para la autoridad, y me refiero en específico a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco.

Por tanto, y tratándose del tema de esta publicidad que involucra a organizaciones, a profesionales, a gente inclusive, que avalan uno u otro producto, sí es importante dotar a la Profeco de las herramientas necesarias y suficientes para que pueda informar, para que pueda verificar y para que pueda comprobar que estos avales cuentan con la documentación requerida.

Por tanto, el Grupo Parlamentario del PRI, los diputados que conformamos este equipo, y en concordancia con la alta prioridad de proteger siempre a la gente, sin vulnerar los derechos a la creatividad y al ingenio que son consustanciales en toda mercadotecnia, coincidimos y vamos a apoyar el par de dictámenes que nos presenta hoy de manera muy clara la Comisión de Economía.

Proteger, fortalecer, robustecer a la Profeco para que siga brindando un servicio, para que cumpla a cabalidad con el cometido que tiene de defender a los compradores y de tener un consumo más responsable. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Uriarte. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Y se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún compañero o compañera diputada que falte por emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sigue abierto el sistema, pero ya lo vamos a cerrar. Parece que ya no se mueve.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 423 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 423 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección a la Consumidor, enviada por la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80,81,82,84,85,157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de la minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

Primero.- En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el pasado 10 de octubre de 2013, correspondiente a la LXII Legislatura, los Secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al Pleno de esta Soberanía de la Minuta con Proyecto de Decreto que se menciona en el exordio del presente dictamen.

Segundo.-El Presidente de la Mesa Directiva en turno, acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisión de Economía para dictamen”

Tercero.- Los antecedentes históricos de la Minuta de referencia son los siguientes:

1.- En la sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión del 25 de septiembre del 2008, fue presentada la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el Senador Tomás Torres Mercado, durante la LX Legislatura.

2.- En la misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera.

3.- El 8 de octubre de 2013, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con modificaciones a la iniciativa por el que se reforman el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

4.- El 12 de enero de 2016, mediante oficio D.G.P.L.-62-II-3-1049, se recibió en la Comisión de Economía, el expediente que contiene la Minuta antes señala, para efectos de dictamen.

5.- El 14 de octubre de 2015, se recibió en la Comisión de Economía el oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-0103, mediante el cual se da a conocer los asuntos correspondientes a las LXI y LXII Legislara que se encuentran pendientes de dictamen en dicha Comisión.

IV. Consideraciones de la Comisión

Primera.-Esta Comisión dictaminadora, comparte con la Colegisladora la preocupación en el sentido de que, en materia de publicidad engañosa a pesar de los esfuerzos que el Congreso de la Unión ha realizado al regular éstas prácticas y las múltiples acciones emprendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor, aún falta un camino por recorrer, por lo que es indispensable realizar adecuaciones jurídicas que garanticen la protección integral de los consumidores.

Segunda.- La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) tiene por objeto, promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Así mismo establece como uno de los principios básicos que rigen las relaciones de consumo, que la información deberá ser adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen.

Tercera.-El artículo 32 de la LFPC,establece que “La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. ...”

En este sentido, el referido artículo, determina que se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa que se presenta.

Cuarta.-Esta Comisión dictaminadora considera que es necesario establecer reglas claras que le permitan al consumidor, conocer los beneficios reales de un producto y acotar el mecanismo de promocionar productos con el uso de avales expedidos por sociedades e individuos profesionales, para evitar abusos.

A su vez reconoce, que el uso responsable y ético de este mecanismo publicitario, otorga un beneficio importante al consumidor.

Quinta.-No obstante que se coincide plenamente con la intención del iniciante y la propia Colegisladora, es necesario reconocer, que no todo aval versa sobre cuestiones técnico-científicas, y en este sentido no todo el sustento necesariamente puede tener estas características, existirán casos en los que el soporte tendrá que basarse en revisión de características, documentación o prácticas que se realicen al producto o servicio.

Sexta.-En el ámbito de sus facultades, esta Comisión de Economía, solicitó a la Secretaria de Economía, opinión respecto de la Minuta en comento, y a través de su Unidad de Enlace Legislativo manifiesta lo siguiente:

“...La Secretaría de Economía (en lo sucesivo la “SE”) emite opinión a favor con modificaciones de la Minuta por las siguientes consideraciones:

La SE en un inicio consideraba adecuada la adición del precepto en el Capítulo III, “De la Información y Publicidad”, por lo que propuso cambios en la modificación del artículo 32 del ordenamiento mencionado respetando la intención del legislador habiendo quedado como sigue:

“ARTÍCULO 32.-...

...

...

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación idónea que contenga las pruebas técnico-científicas practicadas, para acreditar las cualidades o propiedades avaladas, aprobadas o certificadas del producto o servicio.”

De lo anterior y para precisar la intención del legislador la SE reitera su opinión en el sentido de modificar la redacción anterior, con el fin de dar congruencia al método para la verificación de la publicidad que se utilice, proponiéndose lo siguiente:

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de esta Asamblea, para efectos de la fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Artículo Único.-Se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 32.-...

...

...

Queda prohibido incluir en la información o publicidad en la que se comercialice un producto o servicio, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente, las cualidades o propiedades del producto o servicio, o cualquier otro requisito señalado en las leyes aplicables para acreditar las mismas.

...

Transitorio

Único.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Economía, diputados:Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla, Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora de nueva cuenta se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto, por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 141, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Diputada Teresa Lizárraga, ¿cuál es el sentido de su voto?

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañera diputada que falte por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 409, 0 en contra y 0 abstención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 409 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

El siguiente punto del orden del día es el de la presentación de iniciativas de diputadas y diputados.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El objetivo de esta iniciativa es reformar diversos preceptos legales de la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de crear el Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social el cual tiene como propósito, garantizar una mayor articulación, transparencia y rendición de cuentas de los programas y acciones para el desarrollo social de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo al inventario nacional de programas y acciones de desarrollo social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) existen 6 mil 751 programas y acciones en el ámbito federal, estatal y municipal. En los estados y municipios existen 3 mil 788 y 2 mil 730 programas y acciones, respectivamente; de los cuales no existe información completa y suficiente, relativa a cuánto, dónde y cómo se gasta. Como legisladores, tenemos la obligación de fortalecer el marco normativo e institucional a fin de erradicar la opacidad existente en la gestión de los programas sociales.

Sin considerar los programas sociales municipales, el 55.0 por ciento reportaron que hacen público su presupuesto. En dependencias federales lo hacen 93.3 por ciento de los programas sociales y, en entidades federativas 53.6 por ciento. De los programas sociales a nivel nacional, 58.2 por ciento reportan que hacen público un informe sobre el ejercicio del gasto. En dependencias federales, 86.7 por ciento de los programas sociales lo hacen y 57.1 por ciento en entidades federativas. Uno de cada dos (50.7 por ciento) programas sociales en el país, reportaron contar con evaluaciones. De los programas sociales federales, 97.3 por ciento tienen evaluaciones, a diferencia de 48.9 por ciento, en entidades federativas (IPRO, 2013).

Lo anterior significa que al gran número de intervenciones públicas, se asocia con incidencias dispersas y fragmentadas en la resolución del problema público que buscan resolver, la evaluación local se vuelve débil y propicia la descoordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y de dispersión de información, lo que resta eficacia y eficiencia a la política pública, con resultados poco satisfactorios, asimismo dificulta la posibilidad de identificar errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos.

Por ello, a pesar del gasto anual destinado al desarrollo social, estimado en más de 2.1 billones de pesos anuales, los niveles de pobreza en el país se mantienen prácticamente en los mismos niveles históricos.

Por lo anterior, consideramos necesario reducir los altos niveles de opacidad y falta de rendición de cuentas de los programas y acciones para el desarrollo social, a través de fortalecer el marco normativo e institucional.

Argumentación

La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos (Haughton & Khandker, 2009).

La pobreza, ha sido identificada y definida como problema público, para lo cual la autoridad ha implementado medidas de política pública para su solución. El Coneval, define como programas y acciones para el desarrollo social, a aquellas intervenciones gubernamentales que son responsabilidad de una dependencia o entidad a nivel federal, que cuentan con clave presupuestal y que se encuentran contenidos dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) correspondiente.

Al respecto, es preciso considerar que en los últimos 25 años, el gasto social en México (educación, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales; protección social, salud, vivienda y servicios a la comunidad, así como en protección ambiental) creció poco más de cuatro veces, al pasar de 500 mil millones de pesos en 1990 a 2.1 billones de pesos el año pasado, cifra que representó el 45.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Sin embargo, el avance en la disminución de la pobreza en nuestro país y el acceso efectivo de la población a los derechos sociales, no corresponde a los miles de millones destinados año con año a este rubro (Castañeda, 2016).

La pobreza multidimensional pasó de 52.8 millones de personas (46.1 por ciento de la población) en 2010, a 55.3 millones de personas (46.2 por ciento de la población) en 2014. La pobreza extrema pasó de cerca de 13 millones de personas (11.3 por ciento de la población) en 2010, a 11.4 millones de personas (9.5 por ciento de la población) en 2014, de acuerdo con cifras del Coneval.

La población con ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, quienes no pueden adquirir los satisfactores básicos, se ha incrementado a 63.8 millones de personas. Es más de la mitad de la población (53.3 por ciento). Son 3.2 millones de personas más que hace dos años.

Pero este aparente avance palidece frente a los miles de millones de pesos que destinan los gobiernos estatales y municipales a programas sociales, que se ejercen sin ningún tipo de control.

En ese mismo sentido, de acuerdo a los datos reportados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el documento “Panorama Social de América Latina” del año 2015, cuya metodología de medición usa los ingresos de las personas, la tasa de pobreza en el país, creció en 2.9 por ciento en el periodo 2008-2014. En contraparte, destaca que la tasa de pobreza cayó en la gran mayoría de los países latinoamericanos en el periodo 2010-2014, según las estimaciones propias de la CEPAL las mayores variaciones se registraron en Uruguay (-14.9 por ciento), Perú (-9.8 por ciento), Chile (-9.1 por ciento) y Brasil (-7.9 por ciento). En todos estos casos, no solo descendió la pobreza, sino que además mejoró la situación general de las personas de menores ingresos entre los pobres.

Así, de acuerdo a la metodología multidimensional empleada por el Coneval y, establecida en la Ley General de Desarrollo Social, la pobreza se mantiene en los niveles históricos; por otra parte, conforme a la metodología empleada por la Cepal que utiliza los ingresos de las personas, la pobreza aumentó y, comparativamente con otros países, estamos en una situación aún más desfavorable.

Los resultados de la política de combate a la pobreza en México, obliga a los actores políticos involucrados a repensar la estrategia de atención a este problema. Lo más relevante de este debate es empezar a tomar medidas sobre el consenso de lo que no funciona. Así pues, un buen primer paso sería dejar de hacer lo que ya sabemos que no funciona: opacidad y espacios para la corrupción con el gasto público y, la dispersión de los programas.

A fin de propiciar el desarrollo de políticas públicas más eficaces en el otorgamiento de los apoyos que proporciona el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, así como para transparentar y rendir cuentas claras a la ciudadanía, es necesario establecer un sistema, con la participación de los tres niveles de gobierno, que contenga información integral de los programas.

La opacidad y la dispersión de programas, están en la base de la falta de efectividad de políticas destinadas a generar ingreso o, a garantizar derechos sociales, porque no se cuenta con elementos para saber a dónde van a dar, sí produce resultados o, sí empeora la situación, pues no cuentan con reglas de operación o lineamientos claros y disponibles públicamente.

Particularmente, los programas derivados de los fondos del Ramo 23 son los más oscuros. La falta de transparencia en este Ramo y, en otros similares, no solo hace imposible determinar la efectividad y la eficiencia del gasto, sino que también abre espacios para el clientelismo y perpetúa la corrupción. Si no sabemos a quién se entregan los recursos, qué resultados tienen los programas y con qué reglas se distribuyen, es imposible definir todo esto.

En México se han multiplicado por miles los programas públicos que atomizan el gasto, no logran resultados y fomentan un círculo vicioso de malas prácticas. De acuerdo con el Coneval hay registrados 6 mil 751 programas y acciones de los gobiernos estatales, municipales y federal. Tan solo en materia de inclusión económica, es decir, apoyo a programas productivos, emprendimientos y empleabilidad, hay 48 programas federales dispersos e inconexos con un presupuesto de 120 mil millones de pesos.

Sin embargo, existen iniciativas que como el Inventario de Programas Federales Estatales y Municipales o de la Alianza para el gobierno Abierto (OGP-Open Government Partnership) que busca proveer una plataforma para que sus gobiernos miembros rindan cuentas, sean más abiertos y mejoraren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. En este sentido, gobierno y sociedad civil trabajan para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto. No obstante, la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa con carácter totalmente voluntaria.

En este contexto, es que se desarrolla el Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, que tiene como finalidad la constitución del Catálogo de Programas y Acciones Federales y Estatales para el Desarrollo Social, mismo que ha sido impulsado principalmente por el Coneval, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Transparencia Mexicana, AC. Sin embargo, la participación de las 31 entidades federativas y de 11 dependencias federales, es solamente voluntaria.

Asimismo, con la iniciativa para el fortalecimiento de la institucionalidad de los programas sociales en México, desarrollada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y Transparencia Mexicana, se convocó a las 32 entidades federativas del país y a dependencias federales que cuentan con programas sociales para que, de manera voluntaria, registren los programas sociales que están llevando a cabo.

En suma, estos esfuerzos del Coneval de constituir un inventario de programas, de la Alianza para el Gobierno Abierto, así como la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales en México, son esfuerzos unilaterales que no tiene correspondencia de los gobiernos estatales y municipales, debido a que no existe una normatividad que faculte a los primeros y obligue a los gobiernos de los estados y municipios, a proporcionar la información de sus programas o acciones de desarrollo social implementados.

Es por ello que se propone un mecanismo para mejorar la transparencia, el control y la rendición de cuentas, así como para contribuir a la construcción de una política social integral y coordinada de los tres niveles de gobierno.

En ese sentido, a fin de avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Programas Sociales articulado y coordinado, se propone crear un Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social a cargo del Coneval, a fin de dar mayor solidez a la política social y con ello prevenir la discrecionalidad y arbitrariedad en la operación de los programas sociales. Con ello, los gobiernos federal, estatales y municipales participarán de manera obligatoria, incorporando la información de sus programas sociales en la plataforma. Esta base de datos concentrará información actualizada sobre los programas sociales en operación a nivel nacional, lo que permitirá conocer la oferta de programas sociales que existen en el país y cómo funcionan en tiempo real.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada federal Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan a la Ley General de Desarrollo Social al artículo 5, la fracción XI; al artículo 43, la fracción XI, así como el artículo 43 Bis

Artículo Único. Se adicionan a la Ley General de Desarrollo Social, la fracción IX al artículo 5; la fracción XI al artículo 43, así como el artículo 43 Bis, recorriéndose las demás, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I a X...

XI. El Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social. Relación oficial de los programas de desarrollo establecido en una plataforma de información que sistematiza y ordena la información de los programas sociales en el país provenientes del gobierno federal, de los estados y municipios.

Artículo 43. Corresponde al gobierno federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:

I a X...

XI. Establecer el Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social, y

XII. Las demás que le señale esta ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 43 Bis. El Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social contendrá la información de los programas sociales, que incluirá de manera no limitativa los siguientes rubros:

a) Nombre del programa

b) Dependencia ejecutora del programa

c) Reglas de Operación

d) Población Objetivo

e) Tipo de apoyo

f) Cobertura

g) Corresponsabilidad

h) Año de inicio

i) Entidad federativa

j) Municipio

k) Sector

l) Vigencia

m) Número de beneficiarios

n) Presupuesto

o) Informe de ejercicio del gasto

p) Informe de resultados

q) Mecanismos para la presentación de quejas y denuncias

r) Medios para la presentación de quejas o denuncias de tipo electoral

s) Evaluaciones

La información de los programas sociales, así como cualquier información que se estime pertinente, se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan la consulta pública de la información.

Las dependencias y organismos de la administración pública federal, así como de las entidades federativas y los municipios, están obligados a proporcionar al Coneval la información que se requiera para el cumplimiento de este objetivo.

La inobservancia a esta determinación será motivo de la aplicación de lo previsto en la Ley Federal y en las Leyes Estatales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y aquellas que se relacionen con esta materia.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que expide la Ley General de Justicia Integral para Adolescentes, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Hernán Cortés Berumen, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Integral para Adolescentes, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En el año 1989 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño con la cual se da el surgimiento de la doctrina de la “protección integral de los derechos de la infancia”, concibiendo a los niños, hasta la edad de 18 años, como sujetos plenos de derechos, surgiendo así un nuevo modelo de justicia para menores de edad, basado en la idea de la “responsabilidad penal”. Dicha Convención fue ratificada por México el 10 de agosto 1990.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de Menores, conocidas como Reglas de Beijing, siendo adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985, las cuales fueron incluidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, como parte del control de protección del sistema de derechos humanos en el área ex officio para la impartición de justicia.

El 12 de diciembre de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la justicia penal para menores de edad en nuestro país, no lograba cumplir con los objetivos para los cuales fue diseñada y, por tanto, no había podido satisfacer las altas aspiraciones y reclamos de la sociedad frente al problema de la delincuencia protagonizada por niños y adolescentes.

El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas establecieron un nuevo sistema de procuración e impartición de justicia penal acusatorio, obligando tanto a la Federación como a las entidades federativas a realizar las adecuaciones legales que fueren necesarias para la aplicación de dicho sistema.

El 2 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y se reforma el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

“ Artículo 18. ...

...

...

La Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

...

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.

...

...

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) ...

...

b) ...

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

...

...

XXII. a XXX. ...”

De dicha reforma se desprende que el Congreso de la Unión está facultado para establecer la legislación única en materia procedimental de justicia penal para adolescentes, y en atención al artículo segundo transitorio de dicha reforma que establece un plazo para expedir dicha legislación, se propone la presente iniciativa para expedir una Ley General de Justicia Integral para Adolescentes que adopte los principios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, tomando en consideración que, como ya lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones, en el caso de la justicia integral para adolescentes ésta debe tener carácter penal educativo, con una especificidad propia y distintiva en razón del sujeto activo de las conductas ilícitas, con las características del proceso penal que lo revisten, en relación con el correlativo principio de legalidad. Esta propuesta no incluye la posibilidad del juicio abreviado para adolescentes, en virtud de que dicha figura requiere la aceptación de la conducta por parte del adolescente, es decir, una confesión, acción que va en contra de las garantías del adolescente. De igual forma, tampoco se incluye la posibilidad de realizar acuerdos probatorios, ya que éstos pueden ser violatorios de los derechos de los adolescentes.

No se omite señalar, que con motivo de la reforma del 2 de julio de 2015 previamente citada, mediante el Artículo Transitorio Segundo, mandata a este Congreso de la Unión para que a partir de la publicación, en un término de 180 días naturales, se expidiera la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren. En razón de lo anterior, se abrogará la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Justicia Integral para Adolescentes

Artículo Único. Se expide la Ley General de Justicia Integral para Adolescentes, para quedar como sigue:

Ley General de Justicia Integral para Adolescentes

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. Ámbito de aplicación según los sujetos.

Esta Ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, y se aplica a todo adolescente a quien se le atribuya un hecho tipificado como delito en las leyes generales de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos penales federal o locales.

Para los efectos de esta Ley se considera adolescente a toda persona mayor de doce años cumplidos y menor de dieciocho años de edad.

Una persona mayor de edad no podrá ser juzgada en el régimen penal general como adulto por su presunta responsabilidad en la comisión de una conducta tipificada como delito cometida cuando era adolescente.

Artículo 2. Especialidad.

Un adolescente a quien se atribuya un hecho tipificado como delito en las leyes penales no podrá ser juzgado como adulto.

El adolescente declarado responsable de un hecho señalado como delito, responderá por éste en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada de la de los adultos. La diferencia radica en el sistema especial y sanciones previsto por esta Ley.

Artículo 3. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto:

I. Garantizar los derechos humanos de los adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos;

II. Establecer los procedimientos y mecanismos que han de observarse en la investigación y para determinar la responsabilidad penal de los adolescentes a quienes se les atribuya la realización de un hecho señalado como delito por las leyes penales; y

III. Determinar la aplicación de las medidas de tratamiento a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales.

Artículo 4. Menores de doce años.

Los menores de doce años a quienes se atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito, están exentos de responsabilidad penal y no serán sujetos de esta Ley ni de sus procedimientos y órganos especializados.

En caso de que la autoridad que intervenga advierta la comisión de un hecho tipificado como delito, deberá remitir el asunto a las autoridades encargadas por la ley de la materia, las que adoptarán las medidas pertinentes bajo la supervisión de su padre, madre, o ambos, o de su representante legal.

Toda medida que se adopte respecto de menores de doce años es susceptible de revisión judicial en un proceso contradictorio en el que se garantice, por lo menos, su derecho a ser oído, la asistencia y orientación de quien esté autorizado conforme a la ley de la materia para ejercer el derecho, así como la aportación y recepción de pruebas.

En ningún caso puede adoptarse medida alguna que implique internamiento en los términos de esta Ley.

Artículo 5. Grupos de edad.

Para los efectos de la aplicación de esta Ley, se distinguirán tres grupos etarios:

I. Entre doce años cumplidos y menos de catorce años;

II. Entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años; y

III. Entre dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho años.

Artículo 6. Comprobación de edad e identidad.

Para comprobar la edad e identidad del adolescente, se recurrirá a:

I. El acta de nacimiento;

II. Dictamen médico rendido por perito;

III. Prueba testimonial; o

IV. Cualquier otro medio idóneo a juicio del juez.

La comprobación podrá realizarse aún contra la voluntad del adolescente, respetando su dignidad y derechos fundamentales. En ningún caso se podrá decretar el internamiento para efectos de comprobación de su edad.

La insuficiencia, duda o error sobre datos personales del adolescente, no alterará el curso del procedimiento y los errores podrán ser corregidos aun durante la etapa de ejecución de la medida.

Artículo 7. Presunción de edad.

Si existe duda de que una persona es adolescente, se le considerará como tal y quedará sujeta a esta Ley hasta que se pruebe lo contrario.

Si existe duda de que una persona es menor de doce años, se le estimará como tal y se procederá de conformidad con el artículo 4 de esta Ley hasta que se pruebe lo contrario.

Si la duda se refiere al grupo de edad al que pertenece el adolescente, se presumirá que forma parte del grupo etario más joven.

Artículo 8. Adolescentes con trastorno mental.

Los adolescentes que al momento de realizar el hecho tipificado como delito, padezcan de algún trastorno mental que les impida comprender la trascendencia y las consecuencias de la conducta realizada,quedan exentos de responsabilidad. En este supuesto o cuando el trastorno se presente durante el procedimiento o en la fase de ejecución, la autoridad judicial competente podrá entregar al adolescente a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de él.

El proceso que se instruya al adolescente infractor con trastorno mental, será el que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para inimputables.

Si el trastorno se presenta en la fase de ejecución, el juez podrá resolver sobre la adecuación de la medida impuesta, considerando las características del trastorno y las necesidades del tratamiento.

Artículo 9. Mayor de dieciocho años que cumple medida de tratamiento como adolescente.

Los derechos y principios establecidos en esta Ley se aplicarán a quienes hayan alcanzado la mayoría de edad y se encuentren cumpliendo la medida de tratamiento impuesta; así como a quienes después de haber cumplido la mayoría de edad sean procesados por una conducta tipificada como delito cometida siendo adolescentes.

Artículo 10. Interpretación y aplicación supletoria.

La interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley deberán hacerse en armonía con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta Ley, sus principios rectores, y con la doctrina.

En lo no previsto en este ordenamiento, si no se opone a sus principios, derechos y garantías, se aplicarán el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Artículo 11. Salvaguarda de derechos.

En el caso de adolescentes a los que se les atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito, que no cuenten con madre, padre o tutor, o estos no sean localizables, el Ministerio Público deberá dar aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes competente para la salvaguarda de los derechos del adolescente.

Asimismo, aunque el adolescente cuente con madre, padre o tutor, cuando se advierta que los derechos del adolescente al que se le atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito se encuentran amenazados o vulnerados, deberá darse aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes competente para la protección y restitución de sus derechos.

Artículo 12. Definición de internamiento.

El internamiento es toda forma de detención en un establecimiento público o privado, del que no se permita salir al adolescente por su voluntad, debido a una orden decretada por una autoridad.

En ningún caso se podrá imponer medida cautelar o de tratamiento en internación a los adolescentes menores de catorce años.

La estancia domiciliaria sin custodia no podrá ser considerada como internamiento.

Artículo 13. Medida cautelar o de tratamiento en internación en centro especializado para adolescentes.

El internamiento se utilizará siempre como medida cautelar o de tratamiento de último recurso y por el plazo más breve posible. Además, se ejecutará en centros especializados exclusivamente destinados para adolescentes.

Artículo 14. Plazos.

Los plazos comenzarán a correr al día siguiente de la notificación y se contarán en días hábiles, con excepción de los casos en que exista privación de la libertad, en que los términos se computarán por horas y de momento a momento aún en días inhábiles.

Los plazos procesales serán improrrogables y su vencimiento hará precluir la facultad a ejercer por la autoridad correspondiente. Si el adolescente se encuentra en libertad, los plazos serán prorrogables según lo establecido en la presente Ley.

Artículo 15. Duración del proceso para adolescentes.

Desde la vinculación a proceso, hasta el dictado de la sentencia, no podrá transcurrir un plazo mayor de un año.

Artículo 16. Incompetencia.

Si en el transcurso del proceso se comprobare que la persona a quien se le imputa el delito es mayor de edad al momento de su comisión, inmediatamente se declarará la incompetencia del juez en razón de los sujetos y remitirá el proceso a la autoridad competente, para que determine el Juez de Control de la jurisdicción penal ordinaria que conocerá del caso.

Si en el transcurso del procedimiento se comprueba que la persona a quien se le imputa la realización del hecho era menor de doce años de edad al momento de realizarla, se destruirán las actuaciones y aquella quedará al cuidado de quien legalmente corresponda, debiendo notificarse a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes competente para la protección y restitución de sus derechos.

Artículo 17. Validez de las actuaciones.

Las actuaciones que se produzcan tanto en el sistema de justicia para adolescentes, como en la jurisdicción penal para adultos, serán válidas para su utilización en cada uno de los procesos, siempre que no contravengan los fines y principios de la legislación aplicable al caso.

Artículo 18. Separación de procesos en distintas jurisdicciones.

Cuando en la comisión del hecho típico participen adolescentes y mayores de edad, las causas serán tramitadas separadamente, cada una en la jurisdicción que corresponda.

Artículo 19. Procedimiento abreviado.

No procederá el procedimiento abreviado para los sujetos que esta Ley prevé.

Título Segundo
Principios, Derechos y Garantías

Capítulo I
De los Principios

Artículo 20. Principio general.

En todo el proceso se respetará al adolescente la garantía del debido proceso y los principios, derechos y garantías contemplados en este Título.

Se asegurará un sistema de enjuiciamiento acusatorio, oral, contradictorio, continuo, concentrado y expedito.

Artículo 21. Presunción de inocencia.

Todo adolescente debe ser considerado y tratado como inocente hasta que no se compruebe, por los medios legalmente establecidos, su responsabilidad en el hecho típico que se le atribuye.

Artículo 22. Única persecución y juzgamiento.

Ningún adolescente podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se aporten nuevas evidencias.

Artículo 23. Ley más favorable.

En el caso de concurso aparente de normas, se aplicará la más favorable para el adolescente.

Artículo 24. Defensa en juicio.

Desde el inicio y hasta la conclusión del proceso, el adolescente debe estar asistido por un abogado o licenciado en derecho, en todas las etapas del proceso y será nula la declaración que se le reciba por autoridad distinta de la judicial o sin presencia de su defensor.

En caso de que el adolescente no elija su propio defensor, el juez designará a un defensor público especializado en justicia para adolescentes.

Mientras no se haga nueva designación de defensor, éste deberá continuar la defensa del adolescente por todas las etapas del procedimiento a que haya lugar.

Artículo 25. Formación integral y reinserción.

Se entiende por formación integral del adolescente, toda actividad dirigida a fortalecer el respeto por su dignidad y por los derechos fundamentales de todas las personas y a que asuma una función constructiva en la sociedad.

Se entiende por reinserción, toda actividad encaminada a garantizar el ejercicio de los derechos del adolescente infractor, en el seno de su comunidad y de su familia, conforme a las previsiones de esta Ley.

Artículo 26. Interés superior del adolescente.

Para los efectos de esta Ley se entiende por interés superior del adolescente el principio dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos y garantías.

Para determinar el interés superior del adolescente en una situación concreta se debe valorar:

I. Su condición específica como persona en proceso de desarrollo;

II. Su opinión;

III. Su grado de instrucción o asistencia a algún centro escolar; y

IV. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías del adolescente y sus deberes, el interés público y los derechos de las personas.

Artículo 27. Principio de especialización del sistema integral de justicia para adolescentes.

Desde el inicio del proceso todas las actuaciones y diligencias estarán a cargo de órganos especializados en materia de justicia integral para adolescentes. Todas las referencias que esta Ley haga a los representantes del Ministerio Público, defensor, jueces, tribunales de apelación federales y locales, se entenderán hechas a servidores públicos y órganos especializados en justicia para adolescentes.

Artículo 28. Principio de no discriminación.

Son titulares de los derechos y garantías reconocidos en esta Ley todos los adolescentes, por lo que está prohibida toda discriminación por razones de su estado civil, condiciones de salud, género, preferencia sexual, origen étnico, condición social o económica, religión, opiniones o cualquier otro motivo semejante propio o de sus familiares u otras personas responsables o que les tengan bajo su cuidado.

Durante la investigación, la tramitación del proceso y la ejecución de las medidas de tratamiento, se respetarán al adolescente sus creencias, su religión, sus prácticas culturales y las necesidades propias de su género.

Artículo 29. Justicia restaurativa.

Para la solución de las controversias materia de la presente Ley, se adoptará el principio de justicia restaurativa, entendido como todo proceso en el que la víctima u ofendido, el adolescente y su padre, madre, o ambos, o representante legal, participan conjuntamente, en forma activa y en busca de un resultado restaurativo en la resolución de las cuestiones derivadas de la conducta típica.

El resultado restaurativo tiene como presupuesto un acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la integración de la víctima u ofendido y del adolescente en la comunidad en busca de la reparación del daño, la restitución y el servicio a la comunidad.

Las autoridades, con la finalidad de lograr la justicia restaurativa, utilizarán la mediación y la conciliación, entre otros medios.

Artículo 30. Derecho de abstenerse de declarar.

Todo adolescente tiene derecho a abstenerse de declarar y no incriminarse. Su silencio no puede ser valorado en su contra.

Si consintiera en prestar declaración, deberá hacerlo ante el juez o Tribunal respectivo, en presencia de su defensor debidamente acreditado para el ejercicio profesional y previa entrevista o consulta en privado con éste.

En ningún caso se le exigirá protesta de decir verdad.

Está prohibido el uso de cualquier medio para hacerle declarar en su contra, o en contra de otra persona, así como formulársele cargos evidentemente improcedentes con el propósito de que se incrimine.

Artículo 31. Validez de reconocimiento de hechos.

El reconocimiento de hechos por parte del adolescente sólo tendrá valor probatorio cuando lo haga ante el juez o Tribunal, con la presencia de su defensor, y previa entrevista con este último en privado, y que a la vez se encuentre corroborado con otros elementos de prueba.

Artículo 32. Participación del padre, de la madre o del representante legal en el proceso.

El padre, la madre, el representante legal o personas con las que el adolescente tenga lazos afectivos, pueden intervenir en el proceso como auxiliares en la defensa, si éste así lo requiere.

Artículo 33. Privacidad.

Todo adolescente tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su familia. Queda prohibido divulgar:

I. Su identidad, aún en la ejecución de las medidas cautelares impuestas;

II. El nombre de sus padres o de la persona bajo la cual se encuentre a su cuidado; y

III. Cualquier otro dato que permita su identificación pública.

Los órganos especializados deben garantizar que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad consagrado en esta Ley.

Salvo lo dispuesto para la suspensión del proceso a prueba, los antecedentes y registros relacionados con adolescentes sometidos a proceso o sancionados conforme a esta Ley, no pueden ser utilizados en otro juicio y serán tratados de acuerdo con la Ley en la materia.

Artículo 34. Actuación de los elementos de policía o de seguridad pública.

Los agentes de las policías o elementos de seguridad pública, que en el ejercicio de sus funciones tengan contacto con niñas, niños o adolescentes presuntamente involucrados en conductas tipificadas como delito, deberán ejercer sus funciones conforme a los siguientes deberes y atribuciones:

I. Apegarse a los principios, derechos y garantías previstos en esta Ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos o convenios internacionales aplicables en la materia, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en los protocolos de actuación que en forma especializada emita el Ejecutivo;

II. Poner al adolescente ante el Ministerio Público que corresponda sin dilación alguna, transmitiéndole los datos con que hasta ese momento se cuente;

III. En los casos de duda acerca de la edad de la persona detenida en flagrancia, presumir que se trata de adolescentes o niñas o niños, según sea el caso; y

IV. Salvaguardar la vida, la dignidad e integridad física de niñas, niños y adolescentes que estén bajo su custodia, en tanto sean puestos a disposición del juez o autoridad que conozca del caso.

Artículo 35. Constancia de detención.

Toda autoridad que lleve a cabo la detención de un adolescente, deberá hacer constar en el informe respectivo:

I. Las medidas y procedimientos que se hayan adoptado para llevar a cabo la detención;

II. Los procedimientos adoptados si el adolescente detenido no habla español o es extranjero;

III. La forma de llevar a cabo su traslado al lugar de custodia y registro de la duración de traslado;

IV. Hacer constar la identidad de quienes hayan intervenido en la detención o prestado auxilio para lograrla;

V. Hacer constar el estado de salud del adolescente sujeto a detención en forma inmediata;

VI. Establecer un registro en el que conste la fecha, hora y lugar de custodia en que se halle en cada momento; y

VII. Los demás datos que señalen otras disposiciones aplicables.

Los agentes de policía evitarán y por ningún motivo permitirán la exposición pública de los adolescentes detenidos, así como publicar o divulgar toda grabación, filmación, imagen y cualquier otra información relacionada con los mismos.

Artículo 36. Información de la detención.

Es obligación de la autoridad que participe en la detención de un adolescente proporcionar información a los padres, defensor o persona bajo la cual se encuentre bajo custodia o a quien el adolescente solicite, sobre la detención, además de proporcionar el nombre de la autoridad que llevó a cabo la detención, el lugar donde se realizó, el lugar donde se encuentra en custodia y la autoridad ante la cual se encuentra a disposición, reservando la causa o motivo de ella, la cual se hará saber únicamente por el adolescente.

Capítulo II
De los Derechos

Artículo 37. Derechos fundamentales de los adolescentes.

Los adolescentes sujetos a las medidas previstas en esta Ley, tienen derecho a:

I. No ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos humanos y garantías, sino como consecuencia directa o inevitable de la medida impuesta;

II. En cualquier caso que implique su internamiento, tienen derecho a ser alojados en lugares exclusivos y especializados, de acuerdo con su edad y género, totalmente separados de los adultos;

III. Conocer el propio interesado, sus padres, tutores, quienes ejerzan la patria potestad o la custodia o representantes legales, el objetivo de la medida impuesta, el contenido del Programa Individualizado de Ejecución y lo que se requiere del adolescente para cumplir con lo que se le exija en el mismo;

IV. No ser trasladados injustificadamente. Cuando proceda el traslado, deberá hacerse a centros de internamiento ubicados lo más cerca posible del lugar de residencia habitual de su familia o de quienes ejerzan la patria potestad, tutoría o custodia;

V. Ser informados desde el inicio de la ejecución de la medida de internamiento por lo menos sobre el contenido del Programa Individualizado de Ejecución de la medida que se les haya determinado; las disposiciones de las normas y reglamentos que regulen sus derechos, prerrogativas, beneficios y obligaciones; el régimen interno del centro de internamiento en el que se encuentren y las medidas disciplinarias en éste, así como el procedimiento para su aplicación e impugnación;

VI. Recibir visitas y supervisión de organismos protectores de los derechos humanos;

VII. Inmediatamente después de su detención, tiene derecho a establecer una comunicación efectiva, por vía telefónica o por cualquier otro medio, con su familia, su defensor o con la persona a quien desee informar sobre su situación;

VIII. Tener acceso a los medios de comunicación e información escritos, de radio y televisión, que no perjudiquen su adecuado desarrollo;

IX. Salir del centro de internamiento para:

a) Recibir atención médica especializada, cuando ésta no pueda ser proporcionada en el mismo; y

b) Acudir a cualquier acto familiar que resulte de importancia y trascendencia para su desarrollo emocional.

En ambos casos, las salidas serán bajo vigilancia especializada de la autoridad competente;

X. Cursar el nivel educativo que le corresponda y recibir instrucción técnica o formación práctica sobre un oficio, arte o profesión; recibir o continuar con la enseñanza e instrucción en otras áreas del conocimiento y, en su caso, recibir terapia o educación especial;

XI. Ser formado en un ambiente propicio para el desarrollo de hábitos de higiene personal y de convivencia armónica libre de adicciones;

XII. Las madres adolescentes tendrán derecho a permanecer con sus hijos menores de seis años mientras dure la medida de internamiento, en lugares adecuados para la madre y su descendiente;

XIII. Realizar actividades recreativas, artísticas, culturales, deportivas y de esparcimiento, bajo supervisión especializada;

XIV. Recibir o continuar con atención médica preventiva y correctiva y cualquier otro tipo de atención vinculada con la protección de su salud, siempre en razón de su género y circunstancias particulares. Este derecho será extensivo a los hijos menores de edad que permanezcan con sus madres adolescentes en los centros de internamiento;

XV. Recibir en todo momento una alimentación nutricional adecuada y suficiente para su desarrollo;

XVI. Tener una convivencia segura y ordenada en el interior de los centros de internamiento;

XVII. No recibir medidas disciplinarias colectivas ni castigos corporales o cualquier tipo de medida que pueda poner en peligro o que vulnere sus derechos o garantías. El adolescente solo podrá ser controlado con fuerza o instrumentos de coerción para impedir que lesione a otros adolescentes, cause daños materiales o exponga su vida o integridad corporal. En todo caso, el uso de la fuerza deberá ser proporcional y tendiente a minimizar dichas lesiones o daños y nunca con el empleo de armas de fuego o aquellas que por su naturaleza puedan producir una incapacidad física o mental en él.

De forma inmediata, en su caso, se deberá proporcionar al adolescente la asistencia médica que sea necesaria;

XVIII. No ser aislados, salvo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario para evitar o resolver actos de violencia grave, generalizada o amotinamiento en los que el adolescente esté directamente involucrado. En ningún caso el aislamiento implicará incomunicación.

La aplicación de esta medida deberá ser notificada de forma inmediata a la autoridad ante la que se encuentre a disposición el adolescente; y

XIX. Los demás previstos en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables.

Capítulo III
De las Garantías

Artículo 38. Legalidad y lesividad.

Ningún adolescente puede ser procesado ni sancionado por actos u omisiones que, al tiempo de su realización, no estén definidos como delitos en las leyes generales de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los ordenamientos penales federal o locales. Así mismo, no puede ser objeto de una medida de tratamiento si su conducta no daña o no pone en peligro un bien jurídico tutelado.

Artículo 39. Humanidad.

Ningún adolescente puede ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes ni a métodos o técnicas que induzcan o alteren su libre voluntad, su estado consciente o atenten contra su dignidad y derechos fundamentales.

Artículo 40. Racionalidad, proporcionalidad y determinación de las medidas de tratamiento.

Las medidas de tratamiento que se impongan a los adolescentes sujetos a esta Ley, deben ser racionales y proporcionales a la conducta típica.

No pueden imponerse medidas de tratamiento indeterminadas.

Artículo 41. Derecho a optar por modalidad de juicio.

Por regla general las audiencias relativas a los adolescentes sujetos a la presente ley serán públicas. El adolescente, su padre, madre, ambos, su representante legal o su defensor, podrán solicitar que la audiencia sea reservada y el juez o Tribunal resolverá su petición.

La autoridad judicial correspondiente vigilará en todo momento que no sea vulnerado el derecho del adolescente a la privacidad.

Artículo 42. Garantías de la detención.

Todo adolescente deberá ser presentado, sin demora alguna, ante el Ministerio Público especializado en adolescentes, el cual en forma inmediata lo presentará a las autoridades jurisdiccionales correspondientes de acuerdo al procedimiento establecido en esta Ley y no debe ser detenido ni conducido en forma que dañe su dignidad o se le exponga a peligro.

Título Tercero
De la Prescripción

Capítulo Único

Artículo 43. Prescripción de la acción por conductas tipificadas como delitos atribuidas a adolescentes.

La acción penal para perseguir a adolescentes a quienes se atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito, y las medidas de tratamiento dictadas sobre la misma, se extinguen, además de las causas previstas en los ordenamientos penales federal o locales, por la prescripción regulada en este Título.

Artículo 44. Plazos de prescripción de la acción.

Para el cómputo de los plazos de prescripción, se seguirán las reglas que para tal efecto establecen los ordenamientos penales federal o locales.

Artículo 45. Inicio de la prescripción.

Los términos para la prescripción de la acción serán continuos, y empezarán a correr de la siguiente forma:

I. En la conducta tipificada como delito instantáneo, a partir del momento en que se consumó;

II. En la conducta tipificada como delito en grado de tentativa, a partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida;

III. En la conducta tipificada como delito continuado, desde el día en que se realizó la última conducta; y

IV. En la conducta tipificada como delito permanente, cuando cese su consumación.

Artículo 46. Efectos de la prescripción.

La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma individual, para cada uno de los sujetos que intervinieron en la conducta tipificada como delito.

En caso de que el adolescente esté sujeto a proceso por la comisión de varias conductas típicas, las acciones que resulten prescribirán separadamente en el término señalado para cada una .

Artículo 47. Causas de interrupción de los plazos de prescripción.

La prescripción de la acción se interrumpe con la detención del adolescente, o con su comparecencia ante la autoridad judicial, si con ello queda a su disposición.

El plazo de prescripción volverá a correr:

I. A partir del día en que el adolescente se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de su libertad; y

II. Si el adolescente se encuentra en libertad:

a) Una vez transcurrido el plazo de la medida cautelar impuesta;

b) En un plazo de dos meses, si la medida cautelar impuesta no estuviera determinada en tiempo; o

c) A partir de la última comparecencia, si no se hubiese decretado medida cautelar.

Artículo 48. Suspensión del cómputo de la prescripción.

El cómputo de la prescripción se suspenderá:

I. Durante el trámite de extradición internacional o con entidades federativas o el Distrito Federal; y

II. Cuando se toma un criterio de oportunidad, por la suspensión del proceso a prueba y por formas alternativas de justicia que no extingan la acción penal.

Artículo 49. Prescripción de la medida de tratamiento.

Las medidas de tratamiento prescriben en un término igual al ordenado para cumplirlas, sin que pueda ser inferior a un año.

Estos plazos empezarán a contar desde la fecha en que la resolución que imponga la medida de tratamiento ha causado ejecutoria o bien, desde que comenzó el incumplimiento.

Título Cuarto
De las Garantías Judiciales

Capítulo Único

Artículo 50. Jurisdicción.

La jurisdicción de la primera instancia en materia de justicia especializada para adolescentes infractores, estará a cargo de un Juez de Control y un Tribunal de Enjuiciamiento; y la de segunda instancia, los tribunales de apelación federales o locales especializados.

Artículo 51. Conocimiento de la imputación.

El juez que conozca de la detención informará, en forma clara y precisa, sobre la causa de ésta, su naturaleza, la autoridad que la realiza y, en su caso, la autoridad que la ordenó, así como sus derechos. Asimismo, solicitará la presencia inmediata de su padre, madre, o ambos, y su representante legal.

Artículo 52. Derecho a ser oído.

Todo adolescente tiene derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso, desde el inicio de la investigación hasta que cumpla con la medida de tratamiento que, en su caso, le sea impuesta. En caso de que no comprenda ni pueda darse a entender en idioma español, deberá ser provisto de un traductor o intérprete idóneo en su idioma a fin de que pueda expresarse.

Si se trata de un adolescente indígena, aun cuando hable o comprenda el español, se le nombrará un traductor o intérprete.

Si se trata de un adolescente con discapacidad del habla, se le harán oralmente las preguntas y las responderá por escrito; si ésta fuere del habla y auditiva, las preguntas y respuestas serán escritas; si no supiere leer y escribir, las preguntas y respuestas se harán oralmente.

La autoridad judicial adoptará las medidas que considere adecuadas para efectos de garantizar este derecho.

Artículo 53. Derecho a impugnar.

Todo adolescente tiene derecho a impugnar, en los supuestos previstos por esta Ley, cualquier resolución definitiva o provisional que le cause un agravio, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 54. Derecho de la víctima u ofendido.

La víctima podrá participar en el proceso e interponer los recursos correspondientes. Podrá constituirse en coadyuvante del Ministerio Público.

La víctima deberá ser informada del trámite del proceso, en caso de que así lo solicite, desde su primera intervención o en las sucesivas.

Toda decisión sobre el no ejercicio de la solicitud de sanción podrá ser impugnada por la víctima.

El Ministerio Público deberá hacer saber a la víctima los derechos que la amparan al entrar en contacto con ella, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, y demás leyes aplicables.

Artículo 55. Autoridad judicial natural.

El adolescente será juzgado por jueces en materia de control y tribunales de enjuiciamiento imparciales e independientes pertenecientes al Poder Judicial Federal o local.

El Tribunal de Enjuiciamiento podrá estar integrado por uno o por tres jueces, de los cuales ninguno podrá haber intervenido con antelación al procedimiento.

Título Quinto
De las Formas Alternativas de Justicia

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 56. Uso prioritario.

Las autoridades aplicarán de forma prioritaria las formas alternativas de justicia contenidas en este Título.

Artículo 57. Obligaciones del Ministerio Público y del Juez.

Desde su primera intervención, el juez exhortará a los interesados a utilizar las formas alternativas de justicia en los casos en que procedan, y les explicará los efectos y los mecanismos disponibles.

Artículo 58. Representante del Estado.

Cuando un ente público sea víctima, para los efectos de este Título, será representado por la autoridad que disponga la Ley respectiva.

Artículo 59. Requisitos especiales para la procedencia.

Procederán las formas alternativas de justicia previstas en este Título, con excepción de los delitos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta antes de dictarse sentencia definitiva.

No procederán estas formas alternativas de justicia cuando exista oposición fundada y motivada del Ministerio Público, la víctima, ofendido o su representante legal.

Para la procedencia de las formas alternativas de justicia, además de la solicitud del adolescente, es indispensable el consentimiento de su padre, madre, de ambos, o del representante legal de aquél. Si no existe quien ejerza la patria potestad o la tutela en el adolescente, se desconoce quiénes son dichas personas o su paradero, o cuando su localización sea difícil, el juez o Tribunal, analizando las circunstancias del caso y los términos del acuerdo reparatorio o plan de reparación del daño, convalidará el consentimiento otorgado por el adolescente.

En el caso de adolescentes emancipados, bastará su solicitud suscrita en conjunto con su defensor o representante legal.

Salvo en el caso de convalidación de consentimiento, durante la audiencia en la que se resuelva sobre la procedencia de las formas alternativas de justicia, deberán estar presentes el Ministerio Público, la víctima u ofendido, el adolescente, su defensor, su padre, su madre, ambos, o su representante legal.

Capítulo II
De los Acuerdos Reparatorios

Artículo 60. Principios.

Los acuerdos reparatorios se regirán por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad, así como por el interés superior del adolescente.

Artículo 61. Requisito de validez.

Todo acuerdo reparatorio deberá ser aprobado por un juez. El juez no aprobará los acuerdos reparatorios cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no está en condiciones de igualdad o ha actuado bajo coacción o amenaza.

Artículo 62. Restauración de la víctima u ofendido.

La restauración a la víctima u ofendido consiste en una obligación de hacer, de no hacer o de dar, por parte del adolescente, a favor de la primera.

La finalidad de la restauración a la víctima u ofendido es infundir en el adolescente el respeto a los derechos de las personas, así como el valor estimativo de los bienes privados.

Artículo 63. Prevención y sobreseimiento.

Siempre que se conceda una salida alterna, el juez prevendrá al adolescente para que cumpla con las condiciones impuestas y al padre o la madre o su representante legal para que, en su caso, coadyuven con la vigilancia.

Cumplido que sea el acuerdo reparatorio por parte del adolescente imputado, el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento deberán decretar el sobreseimiento de la causa.

Capítulo III
De la Suspensión del Proceso a Prueba

Artículo 64. Solicitud de suspensión del proceso a prueba y condiciones por cumplir durante el período.

A solicitud del Ministerio Público, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá solicitar la suspensión del proceso a prueba.

El juez o Tribunal fijarán el plazo de suspensión del proceso a prueba, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a un año, y determinará imponer al adolescente una o varias de las condiciones que deberá cumplir.

El Ministerio Público y la víctima u ofendido o su representante legal, podrán proponer al juez las condiciones a que debe someterse el adolescente.

Artículo 65. Condiciones prioritarias.

El juez o Tribunal podrán imponer al adolescente, cualquiera de las medidas siguientes:

I. Residir en un lugar determinado;

II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, así como abstenerse de establecer comunicación con las mismas por cualquier medio;

III. Abstenerse de consumir drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas y, en su caso, sujetarse a un plan de rehabilitación;

IV. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones;

V. Comenzar o finalizar la escolaridad básica, capacitación técnica, aprender un oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez;

VI. Integrarse, con apoyo de los padres, en programas de formación en derechos humanos, escuela para padres, talleres de educación familiar o cualquier otro programa similar;

VII. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública, siempre que el adolescente sea mayor de catorce años;

VIII. Someterse a tratamiento médico o psicológico en instituciones públicas;

IX. Someterse a la vigilancia que determine el juez;

X. No poseer ni portar armas;

XI. No conducir vehículos;

XII. Abstenerse de viajar al extranjero; y

XIII. En caso de conductas tipificadas como delitos sexuales, la obligación de integrarse a programas de educación sexual que incorporen la perspectiva de género.

Cuando se acredite plenamente que el adolescente infractor no puede cumplir con alguna de las condiciones anteriores, por ser contrarias a su salud, sus creencias religiosas o alguna otra causa de especial relevancia, el juez podrá sustituirlas, fundada y motivadamente, por el cumplimiento de otra u otras análogas que resulten razonables.

El juez o Tribunal preguntarán al adolescente si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrán sobre las consecuencias de su inobservancia.

Artículo 66. Revocación de la suspensión.

Si el adolescente se aparta considerablemente y en forma injustificada de las condiciones impuestas, no cumple con el plan de reparación, o posteriormente se le inicia nuevo proceso por delito doloso o es condenado en forma ejecutoriada por conducta tipificada como delito doloso, cuando el proceso suspendido a prueba se refiera a un hecho típico de esta naturaleza, el juez, previa petición del Agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la revocatoria y resolverá de inmediato, fundada y motivadamente, acerca de la reanudación de la persecución de la conducta típica. En lugar de la revocatoria, el juez podrá ampliar el plazo de la suspensión a prueba hasta por seis meses más. Esta extensión del término puede imponerse sólo por una vez.

Si la víctima u ofendido ha recibido pagos durante la suspensión del proceso a prueba que posteriormente es revocada, ellos se destinarán a la indemnización por daños y perjuicios que le pudiere corresponder.

Artículo 67. Efectos de la suspensión del proceso a prueba.

Transcurrido el plazo que se fije sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, se extinguirá la acción penal, debiendo el Juez de Control o Tribunal dictar de oficio o a petición de parte, el sobreseimiento.

Título Sexto
De las Medidas Especiales

Capítulo I
Derechos Generales

Artículo 68. Detención cautelar.

La detención cautelar de un adolescente es una medida de carácter excepcional, sólo se utilizará si no fuere posible aplicar otra menos grave.

Será aplicada por los períodos más breves posibles y no podrá exceder de un año.

Además podrá, en cualquier momento, ser revocada o sustituida por otra medida menos grave y se ejecutará en centros especializados para adolescentes, separados de adolescentes que hayan sido sancionados con medida de tratamiento en internación.

Artículo 69. Máxima prioridad.

A fin de que la detención cautelar sea lo más breve posible, el juez y los órganos de investigación deberán considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los casos en que un adolescente se encuentre detenido.

Artículo 70. Características de la declaración.

Los procesos en los que se ven involucrados adolescentes, son prioritarios y de especial importancia.

Salvaguardando plenamente el derecho que tienen los adolescentes a ser escuchados, su declaración debe ser, bajo pena de nulidad:

I. Rendida ante el juez o Tribunal que corresponda;

II. Voluntaria y previa consulta con su defensor; y

III. Asistida, de modo que se realice con la presencia de su defensor y con la de un profesional capaz de detectar daños psicológicos en el adolescente, en cuyo caso, se suspenderá ésta, y se reanudará a la brevedad posible.

Artículo 71. Competencia del Ministerio Público.

Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a los elementos operativos de las instituciones policiales y a los servicios periciales durante la investigación, en la forma establecida por la ley y, en su caso, solicitar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 72. Deber de información.

El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones.

Artículo 73. Deber de objetividad y debida diligencia.

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso.

Al concluir la investigación puede solicitar el sobreseimiento del proceso.

Artículo 74. Carga de la prueba.

La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal.

Artículo 75. Obligaciones del Ministerio Público especializado en adolescentes.

Para los efectos de esta Ley, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:

I.Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país;

II.Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito, sobre hechos que puedan constituir algún delito;

III.Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a los elementos operativos de las instituciones policiales y a los peritos durante la misma;

IV.Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento;

V.Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación;

VI.Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan;

VII.Ordenar a los elementos operativos de las instituciones policiales y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;

VIII.Instruir a los elementos operativos de las instituciones policiales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación;

IX.Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba;

X.Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma;

XI. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y se proporcione el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, su vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente;

XII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias;

XIII.Solicitar las medidas cautelares aplicables al adolescente imputado y promover su cumplimiento;

XIV. Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías del adolescente imputado;

XV .Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento;

XVI.Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente;

XVII.Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

XVIII .Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Capítulo II
De las Diligencias que Requieren Intervención Judicial

Artículo 76. Diligencias que requieren autorización judicial.

Si durante la etapa de investigación preliminar el Ministerio Público requiere realizar alguna prueba que requiera control judicial, la solicitará en ese momento al Juez de Control, quien resolverá lo procedente.

Se requiere de autorización previa del Juez de Control para todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los siguientes:

I. La exhumación de cadáveres;

II. Las órdenes de cateo;

III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia;

IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma;

V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada; y

VI. Las demás que señalen las leyes aplicables.

En estos casos será aplicable el procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Título Séptimo
Casos de Detención

Capítulo I
De la Detención por Caso Urgente

Artículo 77. Supuestos.

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de un adolescente, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en la legislación local aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión;

II. Exista riesgo fundado de que el adolescente pueda sustraerse de la acción de la justicia; y

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el adolescente pueda evadirse.

Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aun tratándose de tentativa punible.

Los elementos de seguridad que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al adolescente ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el adolescente sea presentado sin demora ante el Juez de Control.

El Juez de Control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de esta disposición será sancionada conforme a las disposiciones aplicables y el adolescente detenido será puesto en inmediata libertad.

Para los efectos de este artículo, el término medio aritmético es el cociente que se obtiene de sumar la pena de prisión mínima y la máxima del delito consumado que se trate y dividirlo entre dos.

Capítulo II
De la Detención en Flagrancia

Artículo 78. Supuestos de flagrancia.

Se encuentra en situación de flagrancia respecto a un hecho delictivo quien fuere sorprendido al cometerlo o fuere detenido inmediatamente después de la comisión del mismo, tomando en cuenta para ello el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar, las circunstancias del caso y, en su caso, el señalamiento del ofendido.

Para efectos del presente artículo, la comisión del hecho delictivo se entenderá en relación con las formas de consumación del delito en los términos de los ordenamientos penales federal o locales.

Artículo 79. Notificación de la detención.

La detención se notificará inmediatamente a su padre, madre, representante legal o tutor.

En el supuesto de detención por flagrancia, además de notificar a las anteriores personas, si es voluntad del adolescente, éste designará defensor, y en caso de no hacerlo, la autoridad judicial le designará uno de oficio especializado en justicia para adolescentes.

Artículo 80. Medidas de auxilio al adolescente en detención.

Si el adolescente detenido muestra lesiones o señales de maltrato físico o psicológico, el Ministerio Público en materia de adolescentes, de oficio, dispondrá su traslado a un establecimiento de salud y, en su caso, dará vista a la autoridad ministerial del orden común para que se sirva abrir la investigación para determinar la causa y tipo de las lesiones y sus responsables.

Artículo 81. Detenido menor de doce años.

Si el detenido es menor de doce años, el Ministerio Público o el Juez de Control, lo pondrá inmediatamente en libertad entregándoselo a sus padres o responsables. En ausencia de éstos o en caso de que resulte notoriamente perjudicial entregárselo a sus padres por ser ello contrario a los derechos del menor, se lo remitirá a la institución encargada por ley de la protección de las niñas y niños.

Artículo 82. Información de la detención.

La autoridad que lleve a cabo la detención hará del conocimiento del adolescente:

I. Los hechos o causas que motivan su detención y la autoridad que la practica;

II. El derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio;

III. Que tiene derecho a una defensa adecuada por abogado de su elección y, en caso de no querer o no designarlo, se le designará un defensor público;

IV. El derecho a denunciar en cualquier momento los malos tratos a que sea sujeto; y

V. Que tiene el derecho a comunicarse con algún familiar, abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita.

Artículo 83. Competencia para calificar la flagrancia.

Una vez que el adolescente haya sido puesto a disposición del Ministerio Público, sin demora alguna, deberá realizar la calificación de la detención realizada y, en caso de proceder, poner de forma inmediata en libertad al adolescente.

Lo anterior no extingue la responsabilidad que, en su caso, tenga el adolescente respecto al ilícito atribuido a él.

Artículo 84. Determinación de la detención.

En caso de que el Ministerio Público determine que la detención del adolescente fue hecha en flagrancia o caso urgente y no le haya sido otorgada su libertad deberá, en forma inmediata, solicitar la vinculación a proceso del mismo, ante el Juez de Control respectivo, señalando con claridad los hechos y la imputación que se realiza al adolescente.

Artículo 85. Vinculación a proceso.

Si de los elementos de prueba con los que se cuente hasta ese momento se aprecia que la detención del adolescente fue hecha en flagrancia o caso urgente y que de la imputación y medios probatorios con que cuenta el Ministerio Público se desprende la posible existencia de un hecho considerado como delito, el Juez de Control fijará hora y lugar para que tenga verificativo la audiencia de control respectiva y, en su caso, dictará la vinculación a proceso de ser procedente o la libertad inmediata del adolescente.

Artículo 86. Aplicación de medidas en delitos no graves.

En caso de haber sido otorgada la libertad por delito que no sea calificado como grave en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales o la legislación local aplicable, el Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de las siguientes medidas de protección:

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;

III. La entrega inmediata de objetos, bienes o documentos de la víctima que tuviera en su posesión el adolescente imputado;

IV. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;

V. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; o

VI. Protección policial de la víctima u ofendido.

El Juez resolverá sobre la aplicación de una o más de ellas y el plazo por el cual se encontrará vigente.

Capítulo III
De la Inexistencia de Flagrancia

Artículo 87. Medidas a adoptar.

Tratándose de delitos calificados como graves por el Código Nacional de Procedimientos Penales o la legislación local aplicable, el Ministerio Público podrá solicitar al juez correspondiente las medidas cautelares que estime pertinentes, incluida la detención del adolescente. La autoridad judicial resolverá, en su caso, la aplicación de las medidas solicitadas.

La ley establecerá la autoridad competente en materia de supervisión y vigilancia de las medidas cautelares.

Artículo 88. Comparecencia del adolescente.

En aquellos delitos no considerados como graves por el Código Nacional de Procedimientos Penales o la legislación local aplicable, el Juez citará al adolescente a quien se realice la imputación a efecto de que comparezca ante él, sujetándolo en su caso, al proceso respectivo.

Título Octavo
Del Proceso

Capítulo I
De la Imputación

Artículo 89. Determinación de la detención cautelar.

En la hora fijada para tal efecto, el Juez de Control llevará a cabo la audiencia de control de detención y, en su caso, determinará la vinculación a proceso del adolescente imputado, debiendo analizar en forma prioritaria la flagrancia de la detención o la existencia del caso urgente.

Artículo 90. Procedimiento para formular la Imputación.

El Juez de Control preguntará al adolescente si conoce sus derechos dentro del procedimiento y si estos le fueron explicados por su defensor. En caso de negativa los hará de su conocimiento.

A continuación se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al adolescente el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica como delito, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de Control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por otras leyes.

El Juez de Control, a petición del adolescente o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.

Acto seguido el Juez de Control preguntará al adolescente si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el adolescente manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en esta Ley. Cuando se trate de varios adolescentes imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.

Artículo 91. Imputación en delitos calificados como no graves.

En caso de delitos calificados como no graves en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales o la legislación local aplicable y que comparezca el ofendido o su representante legal, exhortará a las partes a optar por formas alternativas de justicia y, en su caso, formular acuerdo reparatorio, de conformidad con el procedimiento previsto por esta ley, o aplicando la suspensión del procedimiento a prueba.

Capítulo II
De la Audiencia de Vinculación

Artículo 92. Audiencia de vinculación a proceso.

Si las partes manifiestan su negativa en forma expresa de no optar por formas alternativas de justicia, o se trata de delito considerado como grave en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales o la legislación local aplicable, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

El Juez de Control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia o dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas y, en su caso, si solicita la ampliación de dicho plazo.

En caso de que el adolescente no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público podrá solicitar y motivar la vinculación del adolescente a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de Control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del adolescente.

Si el adolescente manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el juez deberá señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga.

La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el Ministerio Público formuló la imputación definitiva, o que el adolescente compareció a la audiencia de formulación de imputación.

Si el adolescente requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso.

El Juez de Control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el adolescente si éste continúa en internación preventiva y el plazo por el cual continuará en la misma.

Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de Control no informa a la autoridad en donde se encuentre el adolescente la resolución respectiva, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al adolescente en libertad.

Artículo 93. Requisitos para vincular a proceso al adolescente imputado.

El juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del adolescente imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que se haya formulado la imputación correspondiente;

II. Que el adolescente imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar;

III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión;

IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación; y

V. Que el adolescente y su defensor hayan contado con un plazo mínimo de setenta y dos horas para conocer la imputación y, en su caso, aportar los elementos de prueba que considere oportunos o su deseo de no acogerse a éste.

El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación, ya sea que así lo advierta o considerando los argumentos plateados por el defensor del adolescente, las constancias de prueba y la naturaleza de la nueva clasificación.

En ningún caso la nueva clasificación que en su caso se realice, será superior a la formulada por la autoridad ministerial.

Capítulo III
De la Etapa Intermedia

Artículo 94. Objeto de la etapa intermedia.

La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio y tendrá una duración máxima de sesenta días.

Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio.

Artículo 95. Contenido de la acusación.

Si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el adolescente imputado, presentará la acusación.

La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa:

I. La individualización del adolescente o adolescentes acusados y de su defensor;

II. La identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico;

III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica;

IV. La relación de las modalidades del hecho constitutivo de delito que concurrieren;

V. La autoría o participación concreta que se atribuye al adolescente;

VI. La expresión de los preceptos legales aplicables;

VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación;

VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo;

IX. La medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo, en su caso, la correspondiente al concurso de delitos;

X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y, en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma;

XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; y

XII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda.

La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacerse del conocimiento de las partes.

Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido, ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios.

Artículo 96. Acuerdos probatorios.

En materia de justicia para adolescentes no se admitirán acuerdos probatorios.

Artículo 97. Actuación de la víctima u ofendido.

Una vez presentada la acusación, el Juez de Control ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Se entregará copia de la acusación al adolescente y su defensor, así como a la víctima u ofendido, en forma directa o por conducto de su asesor jurídico.

Para estar en condiciones de señalar fecha de audiencia intermedia, el Ministerio Público deberá poner a disposición de las demás partes todos los antecedentes acumulados durante la investigación.

Artículo 98. Descubrimiento probatorio.

El descubrimiento probatorio a cargo del Ministerio Público consiste en la entrega material a la defensa de copia de los registros de la investigación, así como del acceso que debe dar a la defensa respecto de las evidencias materiales recabadas durante la investigación. La entrega de las copias solicitadas y el acceso a las evidencias materiales referidas, deberá efectuarlo el Ministerio Público inmediatamente que le sea solicitado por la defensa.

Por su parte, el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa consiste en la entrega material al Ministerio Público de copia de los registros con los que cuente y que pretenda ofrecerlos como medios de prueba para ser desahogados en juicio. La defensa sólo estará obligada a descubrir aquellos medios de prueba que pretenda llevar a juicio como prueba.

Para los efectos de este artículo se entenderá por registros de la investigación, todos los documentos que integren la carpeta de investigación, así como fotografías, videos con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales y pruebas periciales que obren en cualquier tipo de soporte o archivo electrónico. Con el objeto de obtener copia de registros que obren en soportes electrónicos, la defensa proporcionará al Ministerio Público los medios necesarios para ello.

Tratándose del acceso a las evidencias materiales que obren en la carpeta de investigación, ello implicará el derecho de la defensa de obtener imágenes fotografiadas o video filmadas de las mismas, así como la práctica de diligencias a cargo de peritos de la defensa, o a petición de la misma si no los hubiere, la práctica de diligencias a cargo de peritos oficiales sobre dichas evidencias.

El Ministerio Público deberá efectuar en favor de la defensa su descubrimiento en un plazo de cinco días, contados a partir de que se hubiere formulado la acusación. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del Ministerio Público de dar acceso al imputado y su defensor del contenido de la carpeta de investigación cuando así lo soliciten.

Artículo 99. Coadyuvancia en la acusación.

Dentro de los tres días siguientes a la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán, mediante escrito, constituirse como coadyuvantes en el proceso.

Así mismo, podrá señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección, ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público debiendo hacerlo de su conocimiento por conducto del Juez de Control. En tal caso, el Ministerio Público, a más tardar dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de que haya recibido el ofrecimiento de medios de prueba de la víctima, deberá comunicarlo al Juez de Control, quien a su vez citará al adolescente y a su defensor para que comparezcan ante su presencia en un plazo que no deberá exceder de cuarenta y ocho horas contadas a partir del día siguiente de haberse efectuado la notificación, a tomar conocimiento de ello y, en su caso, para que, de así convenir a sus intereses, soliciten la expedición de copia de los mismos o su acceso según lo que proceda. La entrega de las copias respectivas y del acceso, en su caso, a las evidencias materiales, deberá hacerse inmediatamente que sea solicitado por la defensa.

Una vez que el Juez de Control entregue copia al adolescente o a su defensa de dichos registros o les dé acceso a ellos y, siempre y cuando la defensa no haya solicitado dentro de los tres días siguientes a que ello aconteciere que se dé acceso a sus peritos para la toma de fotografías, videos o práctica de alguna pericial, notificará a la defensa el cierre del descubrimiento probatorio.

En caso de que la defensa haya solicitado el acceso con peritos a los medios probatorios ofrecidos por la víctima u ofendido dentro del plazo señalado, contará con un nuevo plazo de tres días contados a partir del día siguiente de su solicitud para presentarlos ante el Ministerio Público, a fin de que en presencia del mismo lleven a cabo la toma de fotografías, videos o muestras, en su caso, o la práctica de pericia respectiva, hecho lo cual, el Ministerio Público hará constar en la carpeta de investigación el cierre del descubrimiento probatorio a su cargo notificándolo a la defensa.

En todos los casos podrá solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto.

Artículo 100. Reglas generales de la coadyuvancia.

Si la víctima u ofendido se constituyera en coadyuvante del Ministerio Público, le serán aplicables en lo conducente las formalidades previstas para la acusación de aquél. El Juez de Control deberá correr traslado de dicha solicitud a las partes.

La coadyuvancia en la acusación por parte de la víctima u ofendido no alterará las facultades concedidas por esta ley y demás legislación aplicable al Ministerio Público, ni lo eximirá de sus responsabilidades.

Si se trata de varias víctimas u ofendidos podrán nombrar un representante común, siempre que no exista conflicto de intereses.

Artículo 101. Actuación del adolescente y su defensor en la fase escrita de la etapa intermedia.

Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al Juez de Control o bien en audiencia intermedia:

I. Podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante, y si lo consideran pertinente, requerir su exclusión;

II. Deberá descubrir los medios de prueba que pretenda desahogar en juicio para tal efecto, a partir de este momento y hasta en un plazo máximo de diez días deberá entregar física y materialmente a las demás partes dichos medios de prueba, con salvedad del informe pericial, el cual deberá ser entregado a más tardar el día de la celebración de la audiencia intermedia, sin perjuicio de que se anuncie en este momento; y

III. El escrito del adolescente o su defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las veinticuatro horas siguientes a su comparecencia.

Artículo 102. Citación a la audiencia.

El Juez de Control señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a diez ni exceder de veinte días a partir de que fenezca el plazo establecido en el artículo anterior para el descubrimiento probatorio de la defensa.

Previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de Control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento.

Artículo 103. Inmediación en la audiencia intermedia.

La audiencia intermedia será conducida por el Juez de Control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del Juez de Control, del Ministerio Público, y del defensor durante la audiencia.

La víctima u ofendido o su asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si ésta fue injustificada, se tendrá por desistida su pretensión en el caso de que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público.

Artículo 104. Desarrollo de la audiencia.

Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan.

Desahogados los puntos anteriores, el juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia, abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente.

En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaren una prueba favorable a la defensa el juez, en el caso del Ministerio Público, procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. Esta prueba será declarada nula de oficio por el Juez de Control.

Artículo 105. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate.

Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de Control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser:

a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones;

b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos; o

c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos;

II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales;

III. Por haber sido declaradas nulas; o

IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en esta Ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales para su desahogo.

En el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio.

La decisión del Juez de Control respecto a la exclusión de medios de prueba es apelable.

Capítulo IV
De la Apertura a Juicio

Artículo 106. Resolución de apertura del juicio.

El Juez de Control hará llegar la resolución de apertura del juicio al Tribunal de Enjuiciamiento competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación. También pondrá a su disposición a los adolescentes sujetos a medida cautelar privativa de la libertad u otras personales.

Artículo 107. Juicio.

El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la vinculación a proceso.

Artículo 108. Fecha, lugar, integración y citaciones.

El Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de su emisión. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos, con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia.

Artículo 109. Apertura de la audiencia de juicio.

En el día y la hora fijados, el Tribunal de Enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida, verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él.

Declarada abierta, el juez que presida el Tribunal, hará saber al adolescente los derechos y garantías con que cuenta, si comprende estos y si le han sido explicados de forma tal que llegue a comprenderlos. En caso de ser necesario el Tribunal se los hará saber de manera tal que estos sean comprensibles para el adolescente.

El juzgador que presida la audiencia de juicio señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de su apertura y el derecho que le asiste de declarar o no respecto a los hechos materia de la causa.

Cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado y se tenga la certeza de que comparecerá a la misma, la audiencia podrá iniciarse.

Artículo 110. Libertad probatoria.

Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 111. Legalidad de la prueba.

La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de esta ley.

Artículo 112. Oportunidad para la recepción de la prueba.

La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate.

Artículo 113. Valoración de la prueba.

El Tribunal de Enjuiciamiento deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional.

Sólo se podrá condenar al adolescente si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al mismo.

Artículo 114. Incidentes en la audiencia de juicio.

Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal de Enjuiciamiento, salvo que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.

Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno.

Artículo 115. Emisión de fallo.

Inmediatamente después de concluida la audiencia de debate o dentro de los tres días siguientes, el tribunal citará a las partes a la audiencia de comunicación del fallo.

Artículo 116. Audiencia de comunicación de la sentencia.

En la audiencia en que se comunica la sentencia, deberán concurrir el Ministerio Público, el adolescente, su defensor y, en su caso, podrán asistir su padre, madre, ambos, o su representante legal. La ausencia de estos últimos no suspenderá la audiencia.

En caso de que la sentencia sea condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento explicará al adolescente las medidas impuestas, los motivos de su decisión, las características generales de la ejecución de la medida y las consecuencias de su incumplimiento.

En particular, le hará saber sobre la posibilidad de que la medida se pueda agravar, al grado de aplicar el internamiento de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Estas prevenciones formarán parte integral de la sentencia.

Capítulo IV
De la Sentencia

Artículo 117. Tipos de sentencia.

Para efectos de esta ley, se distinguen dos tipos de sentencias:

I. La que resuelve sobre la vinculación a proceso del adolescente, que será considerada interlocutoria; y

II. La sentencia definitiva, que resuelve la responsabilidad del adolescente en los hechos imputados.

Artículo 118. Requisitos de las sentencias.

Tanto la resolución de vinculación a proceso, como la sentencia definitiva, deben estar fundadas y motivadas, escrita en un lenguaje accesible al adolescente y deberá contener, además de los requisitos generales, la medida que en su caso llegue a imponerse, su duración y lugar de aplicación y ejecución, así como la medida de mayor gravedad que se impondría en caso de incumplimiento.

Capítulo V
De la Individualización de la Sanción

Artículo 119. Disposiciones de las medidas.

Las medidas de tratamiento se sujetarán a las siguientes disposiciones:

I. Serán proporcionales a las circunstancias y gravedad de la conducta realizada por el adolescente; y

II. Tomarán en cuenta, a su favor, sus necesidades particulares y las posibilidades reales de cumplirlas.

Artículo 120. Criterios para la individualización de la medida de tratamiento.

Para la determinación de la medida de tratamiento y a fin de lograr una correcta individualización, el tribunal debe considerar:

I. Los fines establecidos en esta Ley;

II. La edad del adolescente y sus circunstancias personales, familiares y sociales, así como su vulnerabilidad;

III. La forma y grado de participación del adolescente en el hecho;

IV. La gravedad del hecho;

V. La posibilidad de que la medida de tratamiento impuesta sea cumplida por el adolescente;

VI. El daño causado por el adolescente y sus esfuerzos por repararlo; y

VII. Cualquier otro supuesto que establezcan los ordenamientos penales federal o locales, siempre que no sea contrario a los principios y fines de esta Ley.

Título Noveno
De los Recursos

Capítulo Único

Artículo 121. Determinación de los recursos.

Los recursos aplicables para el Sistema de Justicia Especial para Adolescentes, serán en lo conducente, los que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, sujetos a las reglas especiales establecidas en esta Ley.

Artículo 122. Autoridades.

El recurso de apelación será resuelto por el Tribunal Unitario Especializado Federal o la Sala Especializada Unitaria o Colegiada de los Supremos Tribunales de Justicia de las entidades federativas.

Artículo 123. Apelación.

Serán apelables las siguientes resoluciones dictadas por el juez o el Tribunal:

I. Las que pusieren término al procedimiento o hicieren imposible su prosecución;

II. Las que se pronunciaren sobre las medidas cautelares;

III. Las que concedieren, negaren o revocaren la suspensión del proceso a prueba;

IV. El auto que resuelva sobre la vinculación del adolescente a proceso;

V. La negativa de orden de detención;

VI. Las resoluciones denegatorias de prueba dictadas hasta en el auto de apertura de juicio oral;

VII. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios; y

VIII. Las resoluciones que, con posterioridad al dictado de la sentencia, se pronuncien sobre una modificación, sustitución o revocación de las medidas de tratamiento impuestas.

Título Décimo
De las Medidas de Tratamiento

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 124. Finalidad de las medidas de tratamiento.

La finalidad de las medidas de tratamiento es la formación integral, la reinserción social y familiar, y el pleno desarrollo de las capacidades de los adolescentes mediante su orientación, protección y tratamiento.

Es deber de la autoridad responsable de la ejecución de medidas para adolescentes velar porque el cumplimiento de ésta satisfaga dicha finalidad.

Artículo 125. Tipos de medidas de tratamiento.

Comprobada la responsabilidad de un adolescente en un hecho típico y tomando en cuenta los principios y finalidades de esta Ley, el Tribunal aplicará al adolescente en forma simultánea o alternativa, las siguientes medidas de tratamiento:

I. Amonestación;

II. Libertad asistida;

III. Prestación de servicios a la comunidad;

IV. Reparación del daño;

V. Estancia domiciliaria sin custodia; y

VI. Medidas de tratamiento en internación:

a) Internamiento domiciliario con presentaciones periódicas ante la autoridad judicial; e

b) Internamiento en centros especializados para adolescentes.

Artículo 126. Deberes de la comunidad, del Estado y de las instituciones en la ejecución de las medidas.

En ningún caso se podrá atribuir responsabilidad al adolescente por el incumplimiento de las medidas de tratamiento cuando esto se deba a la falta de apoyo de la persona o institución obligada a asegurar el cumplimiento de dichas medidas, o bien cuando sea el Estado quien haya incumplido en la creación y organización de los programas para el seguimiento, supervisión y atención integral de los adolescentes.

Capítulo II
De la Definición de las Medidas de Tratamiento

Artículo 127. Amonestación.

La amonestación es la llamada de atención verbal, clara y directa que en audiencia hace el juez al adolescente, exhortándolo para que en lo sucesivo se acoja a las normas de trato familiar y convivencia social que el mismo establezca expresamente.

La finalidad de la amonestación es la de exhortar al adolescente para que evite la futura intervención en la ejecución de conductas tipificadas como delitos, así como advertirle que, en caso de reincidir, se le podrá aplicar una medida más severa.

Cuando corresponda, el juez deberá advertir al padre, a la madre o a su representante legal sobre la conducta infractora del adolescente y les solicitará intervenir para que el amonestado respete las normas legales y sociales de convivencia.

Artículo 128. Libertad asistida.

La libertad asistida consiste en sujetar al adolescente a programas educativos y a recibir orientación y seguimiento del juez encargado de la ejecución, con la asistencia de especialistas en la ejecución de medidas para adolescentes.

La finalidad de la libertad asistida es que el adolescente continúe con su vida cotidiana e infundir en él, el aprecio por la libertad y la importancia que en la convivencia común tiene el respeto a los derechos de los demás.

El plazo de esta medida no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años.

Artículo 129. Prestación de servicios a la comunidad.

La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar, de modo gratuito, tareas de interés general en las entidades de asistencia pública o privadas sin fines de lucro orientadas a la asistencia, siempre que esta medida no atente contra la integridad física o psicológica del adolescente. La determinación del lugar en el que se prestará el servicio deberá tomar en cuenta el bien jurídico afectado por la conducta.

Artículo 130. Plan Individual de Ejecución.

El órgano responsable elaborará un Plan Individual de Ejecución para su cumplimiento, que debe contener, por lo menos:

I. El lugar donde se debe realizar este servicio;

II. El tipo de servicio que se debe prestar;

III. El horario y modalidades de prestación; y

IV. La persona encargada del adolescente dentro de la entidad donde se va a prestar el servicio.

En todos los casos, el servicio deberá estar acorde con las aptitudes y habilidades del adolescente y deberá fortalecer en éste los principios de convivencia social y otros establecidos en esta Ley.

Las actividades podrán ser cumplidas durante un horario que no perjudique la asistencia a la escuela o, en su caso, a la jornada normal de trabajo.

La prestación de servicio a la comunidad no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año.

Artículo 131. Acreditación de las instituciones beneficiarias.

Las personas responsables de entidades sin fines de lucro, interesadas en colaborar en el apoyo de la ejecución de medidas de tratamiento en internación, deben dirigirse al órgano administrativo competente, el que deberá comprobar su idoneidad y programas que ofrecen antes de darles su aprobación.

Tendrán preferencia los programas comunitarios del lugar de origen o domicilio del adolescente.

Artículo 132. Reparación del daño.

La reparación del daño se entenderá en términos de los ordenamientos penales federal o locales.

Artículo 133. Órdenes de orientación y supervisión.

Las órdenes de orientación y supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el Tribunal para promover y asegurar la formación integral y reinserción social del adolescente. Dichos mandamientos y prohibiciones no podrán ordenarse por un plazo menor a tres meses ni superior a dos años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar diez días después de ordenados.

En caso de que esta medida de tratamiento no pueda cumplirse por imposibilidad económica, la autoridad responsable de la ejecución deberá contribuir con los gastos de traslado y cualquier otro, según las posibilidades y necesidades del adolescente.

El Tribunal podrá modificar las órdenes impuestas, cuando el adolescente las incumpla.

Artículo 134. Estancia domiciliaria sin custodia.

La estancia domiciliaria sin custodia consiste en la permanencia del adolescente en su domicilio a cargo de los padres, representantes legales, tutores o la persona responsable del lugar, sin perjuicio del monitoreo que realice la autoridad competente. De no poder cumplirse en dicho domicilio por razones de inconveniencia o imposibilidad, se llevará a cabo en casa de cualquier familiar o, en su defecto, en vivienda de persona diversa que se ocupe de cuidarlo, o institución pública o privada de comprobada idoneidad.

La estancia domiciliaria no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al centro educativo al que concurra el adolescente sancionado.

El juez prevendrá al adolescente para que cumpla con las condiciones de esta medida, y al padre, madre o representante legal para que, en su caso, coadyuven con la vigilancia.

El plazo de esta medida no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año.

Capítulo III
De las Medidas de Tratamiento en Internación

Artículo 135. Procedencia.

El internamiento es una medida de tratamiento de carácter excepcional que deberá aplicarse como última opción.

Artículo 136. Internamiento domiciliario con presentaciones periódicas ante la autoridad judicial.

El internamiento domiciliario con presentaciones periódicas ante la autoridad judicial se ejecutará mediante la permanencia del adolescente en un domicilio fijo, a cargo de quienes ejerzan la patria potestad del mismo, con la obligación de comparecer ante la autoridad en materia de ejecución de sanciones las fechas y horas que para ello se le indiquen.

La autoridad responsable de su ejecución podrá practicar los exámenes y reconocimientos médicos, psicológicos o psiquiátricos para determinar su adecuada reinserción social y el desarrollo de sus capacidades.

La duración de esta medida no podrá exceder de los plazos correspondientes al internamiento en un centro especializado.

Artículo 137. Internamiento en un centro especializado.

La medida de tratamiento en internación se ejecutará en centros especializados para adolescentes, que serán diferentes a los destinados para la población penitenciaria adulta, con la salvedad que se prevé en el último párrafo del presente artículo y solo podrá aplicarse a los comprendidos de los catorce años de edad hasta a los menores de veinticinco años de edad.

Deben existir secciones separadas para albergar a mujeres y hombres.

En los centros especializados no se podrá admitir a adolescentes sin orden previa de autoridad judicial competente. En aquéllos, los adolescentes deben estar separados según los grupos etarios definidos en esta Ley. Así mismo, se separarán los que se encuentren con medida de detención cautelar de aquellos que estén cumpliendo una medida de tratamiento definitiva.

Cuando los adolescentes cumplan la mayoría de edad, antes o durante la ejecución de la medida de tratamiento, serán separados de los adolescentes y no se podrá ubicarlos conjuntamente con adultos. El organismo competente proveerá los medios necesarios para asegurar un centro especializado dentro del complejo de reinserción social más cercano al lugar en el que se procesa al infractor o en la etapa de ejecución al lugar de residencia habitual, en el que podrán ser ubicados quienes se encuentren en estos supuestos. Lo anterior, sin perjuicio de los principios, derechos y garantías que correspondan de conformidad con la legislación aplicable o el derecho internacional.

Artículo 138. Catálogo de delitos.

El internamiento en centro especializado para adolescentes deberá ser aplicada únicamente en los casos de hechos típicos de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales o los ordenamientos penales locales.

Artículo 139. Medida de tratamiento en internación.

La medida de tratamiento correspondiente al internamiento en centro especializado, aplicable a los adolescentes infractores, será:

I. De seis meses a cinco años, cuando tengan entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años; y

II. De uno a siete años, cuando tengan dieciséis años cumplidos o más.

En caso de concurso de delitos se impondrá la sanción correspondiente a la conducta que merezca la mayor penalidad, la que podrá aumentarse hasta por el mínimo de la sanción que corresponda a cada una de las conductas ejecutadas, sin que exceda de quince años.

Al aplicar esta medida de tratamiento, el Tribunal debe considerar el período de detención cautelar al que fue sometido el adolescente.

Artículo 140. Prohibición de imponer la prisión por incumplimiento del Estado.

No podrá atribuirse al adolescente el incumplimiento de las medidas de tratamiento que se le hayan impuesto cuando sea el Estado quien haya incumplido en la creación y organización de los programas para el seguimiento, supervisión y atención integral de los adolescentes sentenciados.

Artículo 141. Evasión del adolescente.

Se podrá detener al adolescente sin orden judicial cuando se haya fugado de un centro especializado de internamiento en el que estaba cumpliendo una medida cautelar o de tratamiento.

Los elementos operativos de las instituciones policiales que detengan a un adolescente en cualquiera de los supuestos anteriores, están obligados a remitirlo, inmediatamente, al juez o tribunal que corresponda.

Cuando la detención la realice cualquier otra persona, ésta debe entregarlo de inmediato a la autoridad más próxima, la que procederá en la forma señalada en el párrafo anterior.

Capítulo IV
De la Ejecución y Cumplimiento de las Medidas de Tratamiento

Artículo 142. De los centros o establecimientos para cumplir la medida.

Los centros o establecimientos destinados a cumplir una medida de tratamiento deberán estar especializados con personal, áreas y condiciones adecuadas para el cumplimiento de la medida; y estarán en los lugares más cercanos a la comunidad donde reside el adolescente.

Artículo 143. Servidores públicos de los centros especializados.

Los servidores públicos de los centros especializados deben contar con aptitudes e idoneidad para ejercer la función, perspectiva de género y conocimiento en el tema de derechos humanos, así como estar especializados en el trabajo con adolescentes en internamiento.

Artículo 144. Prohibición de portar armas de fuego en el interior de los centros especializados para adolescentes.

Al interior del centro especializado para adolescentes, la portación y uso de armas de fuego está terminantemente prohibida.

Se podrá recurrir al uso de instrumentos de coerción, en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y fracasado todos los demás medios de control. Estos instrumentos no deben causar humillación ni degradación y se emplearán en forma restrictiva y sólo por el lapso estrictamente necesario.

Artículo 145. Reglamento interno.

En los reglamentos internos de los centros o establecimientos especializados que emitan los Poderes Ejecutivos Federal y de las entidades federativas se regularán los procedimientos y mecanismos necesarios para la ejecución de medidas de tratamiento privativas de libertad, asegurando el cumplimiento de los preceptos de esta Ley.

Artículo 146. Egreso del adolescente.

Cuando esté próximo a egresar del centro especializado, el adolescente deberá ser preparado para su salida con la asistencia del equipo multidisciplinario, y si ello fuera posible, con la colaboración del padre, madre, o ambos, o de su representante legal o familiares.

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el 18 de junio de 2016, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012 y se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Tercero.Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto que se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación, de conformidad con la legislación aplicable al momento de iniciados los mismos.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de abril del año 2016.— Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 127 y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Antonio Tarek Abdala Saad:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, me alegra mucho que esta soberanía haya votado por unanimidad, dos dictámenes a favor de la protección al consumidor. Esta iniciativa que presento va en el mismo sentido, enfocada a cuidar el abuso por parte de prestadores de servicio y por proveedores.

La dinámica veloz de los mercados refleja una alta demanda en el consumo de bienes y servicios, esto ha generado nuevos esquemas comerciales. Sin embargo, estos esquemas comerciales no siempre respetan los derechos del consumidor.

Los compradores de bienes y servicios deben sentirse salvaguardados contra los abusos del poder por parte del proveedor, en particular, contra los contratos de adhesión que son establecidos unilateralmente.

El consumidor debe ser protegido contra los daños a sus intereses económicos causados por un producto defectuoso o un servicio deficiente. Desafortunadamente y cada vez más frecuentemente el consumidor mexicano se encuentra sujeto a relaciones contractuales inequitativas con sus proveedores.

Es fundamental prestar mayor atención a los programas y a las políticas públicas que apoyen el desarrollo de una cultura del buen proveedor. También es sumamente importante la consolidación de acciones concretas en defensa de los derechos establecidos ya en la ley.

Por ello y buscando salvaguardar los intereses de los consumidores mexicanos, presento hoy una iniciativa para reformar dos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Un ejemplo recurrente de lo que queremos evitar, es la existencia de cualquier diferencia en el texto del contrato de adhesión registrado ante la Profeco y el utilizado en perjuicio de los consumidores. Es esta la práctica que les será considerada como un caso particularmente grave y podrá ser sancionado con una clausura parcial o total hasta por 90 días y una multa de 3 millones y medio de pesos, dependiendo el caso, solamente así lograremos disminuir el abuso de los prestadores de servicios en perjuicio del consumidor, así le daremos más fuerza a la legislación de la materia.

Compañeras y compañeros diputados, es nuestra responsabilidad adaptar las leyes a la velocidad de las problemáticas actuales. Hoy muchos consumidores mexicanos se han visto afectados por contratos de adhesión injustos. Estamos hablando de mujeres, de jóvenes, de hombres que ven afectadas sus finanzas personales y que son víctimas de lamentables situaciones que pudieron haber sido evitadas con un marco normativo más estricto.

A través de esta iniciativa evitaremos que sigan dañándose los intereses de los consumidores. No podemos permitir el abuso de algunas compañías y que sigan perjudicando a nuestros ciudadanos.

Es nuestro deber poner un alto. Es nuestro deber establecer el orden. Es nuestro deber dar certeza jurídica y protección a los derechos de los consumidores. Para ello fuimos elegidos por los ciudadanos. Es nuestra labor con ellos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 127 y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Antonio Tarek Abdala Saad, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa por la que se reforma el artículo 127 y se adiciona la fracción IX del artículo 128 ter de La Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La velocidad de los mercados derivado del crecimiento demográfico acelerado ha generado la masificación de la producción de bienes y servicios de consumo generando que los nuevos esquemas de comercialización de productos y servicios sometan a los consumidores a grandes presiones. Por ello, las instituciones de gobierno tienen la obligaciones de mantener el paso y adaptarse rápidamente a estas circunstancias cambiantes para garantizar la protección de los derechos a los consumidores.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su meta “México Próspero” establece como parte de sus estrategias proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a las operaciones comerciales claras y seguras mediante reglas que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.

La Procuraduría Federal del Consumidor es una Institución con un gran dinamismo y operatividad que tiene como objetivo fundamental promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y garantizar las relaciones comerciales equitativas.

Todas las actividades de la institución van encaminadas a proteger a la población consumidora. Sin embargo, esta labor es una tarea continua que busca mejorarse en todo momento.

Los compradores de bienes y servicios deben de ser salvaguardados contra los abusos del poder del proveedor, en particular contra los contratos establecidos unilateralmente como son los de adhesión. El consumidor debe ser protegido contra los daños generados a su interés económicos por un producto defectuoso o un servicio deficiente.

Las normas reguladoras en el ámbito de los consumidores son de orden público e interés social, por tanto se requieren de mecanismos que garanticen las relaciones de consumo equitativas y así fomentar los mercados sanos.

Como resultado de las acciones de verificación de Profeco de 2014, se iniciaron 16,266 Procedimientos Administrativos en contra de los proveedores de bienes y servicios que incumplían con la Ley y normatividad. Asimismo se emitieron 11 mil 782 resoluciones administrativas por las que se impusieron sanciones económicas.

En 2014 la Profeco recibió 133 mil 562 quejas las cuales fueron atendidas en procedimiento conciliatorio para la solución de controversias entre personas consumidoras y proveedoras. De igual manera recibió 270 denuncias, de las cuales el 56 por ciento corresponde del sector de telecomunicaciones, sector obligado por ley a registrar sus contratos de adhesión ante la Procuraduría.

Es fundamental prestar mayor atención a programas y políticas públicas que inciden en el desarrollo de la cultura del buen proveedor, así como en la consolidación de acciones en defensa de los derechos establecidos en la ley.

La vigente Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 85 señala que se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.

En este sentido, el artículo 86 señala que la Secretaría de Economía, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Profeco cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento, entre los princípiales giros que tienen esta obligación son: telecomunicaciones, casas de empeño, compra venta de bienes inmuebles, compraventa, arrendamiento y mantenimiento de vehículos, servicios funerarios, eventos sociales, tintorerías y lavanderías.

Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto precio.

Así el artículo 86 Quáter, prevé que cualquier diferencia entre el texto del contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el utilizado en perjuicio de los consumidores, se tendrá por no puesta.

Por su parte el segundo párrafo del artículo 87 establece que los contratos que deban registrarse conforme a esta ley, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y no se registren, así como aquéllos cuyo registro sea negado por la Procuraduría, no producirán efectos contra el consumidor.

Ahora bien, el Capítulo XIV del citado ordenamiento legal en su artículo 127 señala que al incurrir en diferencia entre el texto del contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el utilizado en perjuicio de los consumidores será sancionada con multa de 411.61 a 1 millón 317 mil 141.34 pesos.

La iniciativa que se presenta a esta soberanía procura que dicha conducta abusiva y en perjuicio de los consumidores sea elevada a la categoría de particularmente grave y esté prevista en el artículo 128 ter para que entonces conforme al 128 Bis sea sancionada con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de 123 mil 482.00 a 3 millones 457 mil 496.04 pesos, logrando así disminuir el abuso en perjuicio del consumidor por parte de los prestadores de bienes y servicio, dándole mayor fuerza a la legislación de la materia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la siguiente iniciativa por la que se reforma el artículo 127 y se adiciona la fracción IX del artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 127 y se adiciona la fracción IX del artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 Bis, 13, 17, 18 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 87 Bis, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de 473.10 a 1 millón 513 mil 916.80 pesos.

Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

I – VIII.

IX. Cuando exista cualquier diferencia entre el texto del contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el utilizado, en perjuicio de los consumidores.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Antonio Tarek Abdala Saad,Adolfo Mota Hernández, Alfredo Bejos Nicolás, Carlos Sarabia Camacho, Edith Yolanda López Velasco, Enrique Rojas Orozco, Erick Alejandro Lagos Hernández, José Luis Sáenz Soto, María Bárbara Botello Santibáñez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abdala. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

VOLUMEN II

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia:Señoras y señores diputados, en Acción Nacional siempre hemos impulsado medidas que fortalecen el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad.

Estamos convencidos que para fortalecer nuestra democracia es indispensable garantizar a toda persona el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Ello incluye los derechos de las niñas y los niños.

La Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992, sin duda ha sido una herramienta fundamental en la construcción de un México más incluyente y más justo. Sin embargo, aún quedan pendientes, más aun cuando se trata de los derechos humanos de las personas recluidas en algún centro de rehabilitación social, particularmente de la situación en la que viven los hijos de las madres reclusas.

De acuerdo al censo del Inegi de 2015, en nuestro país hay más de 549 infantes viviendo en reclusorios con sus madres. Quienes tenemos el honor de integrar esta honorable Cámara estamos obligados a atender a estas niñas, niños y adolescentes para garantizar que sus derechos no se vean restringidos por las rejas.

Los niños tienen derecho a la convivencia familiar, a la lactancia materna, a recibir cuidados y a tener todas las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo.

Hasta la fecha no se han llevado a cabo políticas efectivas para mitigar los efectos negativos que tiene la reclusión de una madre sobre su hija o hijo. Ello exige un análisis profundo de nuestra legislación vigente, así como de nuestra capacidad como país para velar por sus derechos humanos.

En respuesta a esta necesidad, la presente iniciativa busca adicionar una fracción al artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de supervisar el respeto a los derechos humanos de los hijos de mujeres recluidas en algunos de los centros que conforman nuestro sistema penitenciario.

Este problema se ha investigado poco y mucho menos se ha monitoreado, por lo tanto, se propone elaborar un diagnóstico anual sobre el estado de los derechos humanos de esta parte de la población, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.

El diagnóstico será con el conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que, considerando las opiniones de la comisión, estas elaboren políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los hijos e hijas de las reclusas.

Señoras diputadas, señores diputados, es tiempo de actuar para evitar que se apliquen medidas discrecionales y arbitrarias en los centros que conforman el sistema de reinserción social de nuestro país.

En Acción Nacional estamos convencidos de que todas las mujeres, todos los hombres y todas las niñas y niños, sin importar su condición, deben tener garantizada la protección a sus derechos humanos, porque sin respeto cabal a los derechos humanos no hay democracia ni habrá futuro para México.

Por eso, respetuosamente pido su adhesión y apoyo para esta iniciativa. El Estado mexicano debe saldar la deuda en materia de derechos humanos y esta iniciativa representa un paso importante hacia ese objetivo. Es cuanto, presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Mónica Rodríguez Della Vecchia, integrante del GPPAN de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad inherente de la persona, dignidad anterior y superior al derecho positivo. Su respeto y garantía constituyen requisitos para el desarrollo integral de los individuos, de las personas, para la justicia en la sociedad, para la paz entre los ciudadanos y para la construcción de una verdadera democracia. A mayor respeto de la dignidad de las personas mejor será, de mayor calidad será nuestro Estado democrático, en donde se puedan ejercer de manera más libre, más justa y más igualitaria tales derechos humanos. El Estado no otorga graciosamente los derechos humanos a los ciudadanos. Si el Estado otorgase graciosamente estos derechos a los ciudadanos, también podría retirarlos de manera parcial o total, temporal o definitiva. El Estado tiene la responsabilidad de reconocer, a través de los órganos legislativos que se ha dado, de garantizar, a través del ejercicio del poder político, y de promover, a través del desarrollo de la cultura ciudadana de los derechos humanos, estos derechos fundamentales anteriores y superiores al Estado mismo.

Nuestro país, al ratificar en 1991 la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN), adquirió diversos compromisos entre ellos el de velar por que las instituciones públicas o privadas, de bienestar y asistencia social, de salud, de educación y justicia, al momento de tomar decisiones que conciernan a niñas y niños, garanticen el reconocimiento y el respeto de sus derechos, el criterio orientador para garantizarle al niño o niña la plenitud de todos sus derechos reconocidos en la CDN es el “interés superior de la infancia” o “ interés superior de la niñez”.

Posteiormente el 29 de junio de 1992 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicha Ley es la encargada de regular la actuacion, organización y atribuciones de la CNDH.

En los centros que conforman el sistema de reinserción social de nuestro país, existe una realidad que para muchos es extraña o desconocida, me refiero a la situación en la que viven las madres reclusas y sus hijos, una situación que no debe ser tolerada y mucho menos ignorada por quienes tenemos el altisimo honor de ser representantes de los ciudadanos en esta Cámara.

Se estima que alrededor del 80 por ciento de la población femenina recluida en centros penitenciarios de nuestro país tiene hijos; en el año 2011 habían en nuestro país 6 mil 591 mujeres internas, que en promedio tenían tres hijos, dicho lo anterior se puede concluir que en la fecha citada habrían aproximadamente 19 mil 773 niñas y niños hijos de reclusas.

Los niños tienen derecho a la convivencia familiar, a la lactancia materna, a recibir los cuidados de ambos progenitores, a conocer su identidad, a su integridad fisica y psíquica, a tener las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo, a la educación y a la salud.

Sin embargo los derechos de las niñas y niños se ven es riesgo cuando sus madres son recluidas en centros que en muchos de los casos son incapaces de respetar sus propios derechos, como mujer y como ser humano.

La Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados establece en su artículo 3o. que “las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, hasta los seis años de edad cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia. El Ejecutivo federal deberá cumplir esta disposición y para ello podrá celebrar convenios con las entidades federativas del país”; esta norma no ha demostrado capacidad para atender efectivamente el problema que se plantea en párrafos anteriores, por lo que se considera pertienete la reforma que se plantea en este acto.

La falta de una normatividad que brinde protección efectiva a estas niñas y niños, exige un análisis profundo de nuestra legislación viegente, así como de nuestra capacidad como país para velar por los derechos humanos, necesitamos generar instrumentos jurídicos, políticas públicas y ordenamientos capaces de atender esta penosa realidad, debemos dotar a las autoridades competenetes en el tema de las herramientas necesarias para actuar con apego a la legalidad e inhibir con esto la aplicación de medidas discrecionales y arbitrarias en los centros que conforman el sistema de reinserción social de nuestro país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos como Organismo Constitucional Autónomo según lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con las atribucioness conferidas por el artículo 6 de la Ley de la Comisón Nacional de Derecho Humanos, pero dichas atribuciones tienen que modificarse en relación con la realidad que vive nuestro país, por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se adiciona una fracción XIII y se recorren las subsecuentes del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único.Se adiciona una fracción XIII y se recorren las subsecuentes del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I a XII...

XIII. Supervisar el respeto a los derechos humanos de los hijos de mujeres en estado de reclusión que habiten con ellas en alguno de los centros que conforman el sistema de reinserción social del país, lo anterior mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden en relación con las necesidades de los infantes que ahí habiten, lo anterior privilegiando en todo momento el interes superior de las niñez.

En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número de niñas, niños y adolecentes que habiten en dichos centros, su edad, las condiciones de vida a las que están expuestos, si el centro cuenta con los requerimientos especiales en materia de educación, salud y sano esparcimiento, así como de los abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales contra estos infantes o sus madres.

El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que habiten en dichos centros;

XIV a XVII...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Carlos Abascal Carranza. Discurso pronunciado como secretario de Gobernación durante la Presentación del Segundo Informe de Ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos 2006, en la Secretaría de Gobernación, el 22 de noviembre de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Mónica Rodríguez Della Vecchia, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Daniel Adrián Sosa Carpio, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Enrique Pérez Rodríguez, Gabriela Ramírez Ramos, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Jorge Ramos Hernández, José Antonio Salas Valencia, José Hernán Cortés Berumen, José Máximo García López, Juan Pablo Piña Kurczyn, Katia Berenice Burguete Zúñiga, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luis Agustín Rodríguez Torres, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Luisa Sánchez Meza, María Verónica Agundis Estrada, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Nadia Haydee Vega Olivas, Rocío Matesaenz Santamaría, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame un momento, diputada. Sonido ahí en la curul del diputado Piña, por favor.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Gracias, presidente. Le pido autorización a la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, para suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia(desde la curul): Sí.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (desde la curul): Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aceptación. Entonces, está aquí para quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada Flores Sonduk, por favor.

La diputada Lluvia Flores Sonduk: Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados. En el marco del 30 de abril, como Día de la Niñez en México, presento la siguiente iniciativa para evitar el matrimonio forzado.

Sin duda, uno de los graves problemas que afecta a las mujeres jóvenes en nuestro país, a las niñas y a nuestros niños es lo que se refiere al matrimonio forzado y este tiene consecuencias graves el resto de sus vidas.

El matrimonio forzado, según la ONU, es una de las formas contemporáneas de esclavitud, y en efecto se trata de una modalidad de delito de trata de personas que viola los derechos humanos de las víctimas, que ahora no está tipificado en nuestra legislación nacional y que afecta a los sectores más vulnerables.

El matrimonio forzado se manifiesta en el tipo de matrimonio precoz de ambos sexos, quienes no deciden quiénes serán sus parejas y como consecuencia llevan sus espaldas una vida de servidumbre que generalmente van acompañadas de violencia física, psicológica.

Se trata de una práctica arraigada en nuestro país, en virtud de la cual una mujer o menor sin que le asista el derecho de oponerse es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie.

En tal sentido, en el matrimonio forzado no se tiene el derecho de elegir a la pareja y se le obliga a tener hijos en contra de su voluntad. Esta iniciativa propongo que se reconozca esta realidad lacerante en nuestra Carta Magna, con el objeto de prevenir y sancionar este delito y evitar la violación de los derechos humanos de las mujeres y particularmente la de las niñas y adolescentes en nuestro país.

Estamos ante una situación en la que tanto la autonomía y el libre consentimiento se encuentran gravemente amputados. Tampoco podemos negar que se trata de una práctica que está extendida y para justificarlo se aducen a valores culturales, usos costumbres del núcleo comunitario, pero que además se utiliza como estrategia de sobrevivencia económica donde los padres optan por casar a sus hijas en edades muy tempranas a cambio de una dote. No podemos ser ajenos a este destino fatal. No puede haber matrimonio a primera vista. Debemos terminar con la cultura de la subordinación.

El Fondo Nacional de las Naciones para la Infancia y el Comité de los Derechos del Niño, establecen que el matrimonio infantil es una práctica nociva que debe erradicarse. Entre los graves problemas que genera algunos de ellos son: Contribuye a la deserción escolar, genera embarazos prematuros, violenta la integridad y dignidad, alienta las brechas de desigualdad de género.

Reproduce roles tradicionales de subordinación y servidumbre doméstica y sexual, afecta la vida, la salud y la integridad de las menores y relegan a la mujer a la obediencia servil y cuidado abnegado de la familia.

De tal manera que prácticas, usos y costumbres que funcionen como normas, no hace más que reproducir reglas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos. Esto es inadmisible e injusto. Es una práctica que sigue presentándose en nuestro país, tanto por usos y costumbre como por la falta de armonización en nuestras leyes.

La oficialía del alto comisionado para los Derechos Humanos en México, citando a la encuesta nacional de la dinámica demográfica de 2014 del Inegi, dice que en México al menos una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años. Hoy en día destaca que 6.8 millones entre los 15 y 54 años, se unieron conyugalmente antes de los 18 años. Entre 2005 y 2012, los matrimonios infantiles aumentaron seis por ciento, por lo que es necesario la armonización de nuestra ley con los estándares internacionales.

Por ello reconocer la realidad sería un avance sustantivo para acabar con la subordinación de las mujeres indígenas y rurales. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, recomienda que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años, y establece que sean nulos los matrimonios entre niños y niñas menores a esa edad. En este sentido esta iniciativa de reforma responde al alto interés de todas y todos a humanizarnos con los derechos de las mujeres y niñas adolescentes que no significa otra cosa que humanizarnos con la vida misma; las mujeres que no pueden seguir viviendo una vida sin dignidad y sin libertad.

Por lo que propongo reformar y adicionar al artículo 1o., párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quede de la siguiente manera: “quedan prohibidas todas las formas de esclavitud, incluido el matrimonio forzado y prácticas análogas; en los Estados Unidos Mexicanos los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, alcanzarán por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes”. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

Uno de los graves problemas que afecta a las mujeres y que tiene consecuencia por el resto de sus vidas es lo que se denomina el matrimonio forzado, como una de las formas contemporáneas de esclavitud reconocido por las Naciones Unidas en diferentes convenios, tratados, protocolos y declaraciones, pero que no es reconocido por los estados nacionales, como es el caso de México.

Lo grave es que se trata de una modalidad del delito de trata de personas que viola los derechos humanos de las víctimas, que afecta a sectores más vulnerables como lo son las niñas y adolescentes.

El matrimonio forzado se manifiesta en el tipo de matrimonio precoz de ambos sexos, quienes no deciden quiénes serán sus parejas y como consecuencia llevan una vida de servidumbre que generalmente van acompañadas de violencia física, psicológica y cultural.

Esto obliga a realizar cambios en nuestra Carta Magna y demás leyes secundarias concomitantes en la materia, con la idea de prevenir y sancionar estos delitos, y evitar la violación de los derechos humanos de las mujeres, particularmente de niñas y adolescentes.

Argumentación

Las mujeres en México, particularmente niñas y adolescentes, enfrentan un grave problema que afecta sus vidas para siempre, que es el matrimonio forzado.

El matrimonio forzado es una práctica en virtud de la cual una mujer o menor sin que la asista el derecho de oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres o a su tutor, a su familia o cualquier otra persona o grupo de personas. Así lo define la Ley modelo de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Se trata de una modalidad del delito de trata de personas, y esta se caracteriza por el traslado al interior o fuera del país de una persona con fines de explotación que pueden ser sexuales, laborales, mendicidad ajena, entre otros.

En tal sentido el matrimonio forzado debe considerarse como un delito que afecta tanto personas del sexo femenino como masculino, quienes se casan sin permitirles elegir, y se les obliga a llevar vidas de servidumbre que frecuentemente van acompañadas de violencia física.

Es nuestro interés que nuestras leyes, particularmente nuestra Carta Magna, reconozcan esta realidad lacerante para que generemos normas y tipificaciones sobre el matrimonio forzado, con el propósito de regular y prevenir esta problemática, donde se obliga a la mujer a tener hijos e hijas en contra de su voluntad.

Las diferentes formas de matrimonio forzado, son aceptadas socialmente, porque se considera que la mujer está al servicio del hombre y debe hacer lo que se le indique, debe dar descendencia —preferentemente hijos varones y criar a las niñas para ser “buenas mujeres” y estar al servicio del marido, y a los varones para ser “machos como el padre”

La Ley modelo de la UNODC, define a las Prácticas similares a la esclavitud, como aquellas análogas a la esclavitud, que abarcan la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba, el matrimonio servil y la explotación de niñas y adolescentes.

El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en el Artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que concede que el consentimiento no puede ser libre y completo cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa de su pareja. En el caso del matrimonio forzado, se produce sin el consentimiento válido de los contrayentes y se valida por la intervención de terceras personas del entorno familiar, que menudo se trata de los progenitores, que otorgan la facultad de decisión y presionan porque esta práctica se produzca.

Este problema es global y afecta particularmente a las mujeres, niñas y adolescentes. En su artículo sobre Matrimonios forzados, Ana Isabel Vargas Gallego, indica que esta práctica “estuvo muy extendida entre las clases altas europeas hasta el año 1900, y, ya inmersos en el siglo XXI, sigue, lamentablemente, produciéndose. La mayoría de contrayentes forzados son mujeres, las cuales son raptadas y obligadas a casarse con el secuestrador; aunque hay casos en los que las víctimas son varones, a los que se fuerza a casar para limpiar la honra de la familia de la mujer. Esta práctica está muy extendida geográficamente: África subsahariana, Norte de África, Oriente Próximo y Oriente Medio, Asia Meridional y América Latina. La influencia del fenómeno puede ser bastante más amplia, ya que, a la práctica, las disposiciones legales sobre la materia son simbólicas y esta conducta, en muchos países de los territorios citados, no se penaliza.”

Vargas Gallego, señala, que esta práctica, sin duda, es una manifestación de la violencia hacia las mujeres y su libre consentimiento, y agrega, que el matrimonio, como otros contratos presupone un sujeto autónomo y en caso de los matrimonios forzados estamos ante situaciones en las que tanto la autonomía como el libre consentimiento se encuentran gravemente amputados.

Entre las familias indígenas y rurales en México, especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, estado de México, entre otros; está práctica está muy extendida y se aducen valores culturales, usos y costumbres del núcleo comunitario, y se utiliza como estrategia de sobrevivencia económica, donde los padres optan por casar a sus hijas en edades tempranas a cambio de una dote que resulta altamente oneroso sin incluir los gastos que se generan por la fiesta matrimonial.

Como se ha documentado en múltiples publicaciones, se ha constatado que la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas y rurales, que se reducen al nivel más mínimo. Los supuestos derechos que tienen se convierten en obligaciones, el descanso en trabajo permanente. La violencia verbal y física es una constante. Lejos de la justicia y la igualdad, las mujeres ocupan un lugar secundario y subordinado frente al hombre. Su papel es preponderantemente doméstico y su lugar en la vida social y económica está invalidada, condición tal que merma su desarrollo y su calidad de vida.

Por ejemplo, en las comunidades del Alto Balsas de Guerrero, la mujeres suelen afirmar de forma cruda: “Aquí se nos dice que las mujeres nacimos para hacer el quehacer del hogar” “El hombre es el fuerte” “A la mujer se le otorga permiso” “Descanso cuando lavo en el río, cuando tejo cintas de sombrero y servilletas” “Descanso cuando estoy enferma” “Voy a descansar sólo cuando me muera”.

Básicamente a la gran mayoría de las mujeres indígenas el tiempo las consume en sus quehaceres domésticos y la atención de por vida a sus hijos, inclusive, nietos. La mayor parte del trabajo familiar recae en ellas, entre criar animales de traspatio, y en épocas de siembra acompañan al marido a las labores agrícolas, lo que las obliga levantarse mucho más temprano e irse a descansar altas horas de la noche, siempre que no tengan hijos recién nacidos.

De esta manera, el matrimonio forzoso parece ser un destino fatal de las mujeres indígenas y rurales, y en muchos casos en las zonas urbanas, en virtud que, uno de los problemas que enfrentan a menudo es el rapto, considerado por algunos penalistas como un “delito contra la honestidad”, que consiste en llevarse a una mujer del hogar de sus padres. La adolescente, es seducida con engaños o promesas, que no tiene otro propósito que abusar de ella y posteriormente logar el matrimonio forzoso; que en apariencia este delito es consentido en las comunidades, cuando presuntamente los padres no dan su consentimiento para el casamiento formal de la hija.

En las comunidades indígenas suele decirse que las mujeres se casan a “primera vista” y sólo por la iglesia, y no se acostumbra el casamiento por las leyes civiles, situación que acarrea problemas para tener plena ciudadanía y derechos civiles, económicos, sociales, jurídicos y políticos. La mujer no tiene decisión plena para decidir quién será su pareja en matrimonio, todo es arreglado entre los padres, fruto de formas patriarcales de organización.

Como bien lo señalan algunas especialistas en género, mientras persista la denominada división sexual del trabajo que socialmente asigna el trabajo en la esfera pública a los hombres y el trabajo doméstico a las mujeres, y sigan enfrentando la doble o múltiple jornada, como responsables principales del empleo doméstico y la crianza y educación de los hijos; inevitablemente serán pocas las mujeres que tendrán la posibilidad de aspirar a un desarrollo con dignidad.

La subordinación es estructural y forma parte de la vida de las mujeres. Según las referencias del Inegi, XIII Censo de Población y Vivienda, 2010. Inmujeres, estimaciones con base en Enadid 2009, nos presentan los siguientes datos que dan sustento a lo argumentado.

“De las mujeres de 15 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena y están casadas o unidas con su pareja: 26.4 por ciento sufrió violencia emocional por parte de su pareja 17.0 por ciento sufrió violencia económica 10.8 por ciento física 6.1 por ciento violencia sexual

Más datos que permiten identificar otras formas de violencia entre las mujeres hablantes de lengua indígena casadas o unidas son los siguientes:

31.7 por ciento de las entrevistadas recuerda que había golpes entre las personas con las que vivía en su infancia

38.8 por ciento de las entrevistadas recuerda que le pegaban cuando era niña

25.2 por ciento recuerda que la insultaban u ofendían cuando era niña

11.8 por ciento considera que cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene derecho a pegarle

7.8 por ciento no está de acuerdo en que las mujeres tengan el derecho a vivir una vida libre de violencia

Finalmente, se presentan datos que dan cuenta de la falta de autonomía y la persistencia de roles tradicionales entre la población femenina unida hablante de lengua indígena:

74.2 por ciento considera que una buena esposa debe obedecer en todo lo que su esposo ordene

85.7 por ciento considera que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia

55.5 por ciento considera que una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero

19.8 por ciento considera que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo aunque ella no quiera

32.4 por ciento no está de acuerdo en que las mujeres y los hombres tengan la misma libertad

19.1 por ciento no está de acuerdo en que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos para tomar sus decisiones”

De tal forma que con estos penosos datos, debemos transitar para reconocer estas formas contemporáneas de esclavitud, que nos obliga además a combatir la cultura de la violencia que se impone por igual en las comunidades indígenas, como lo indica la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, que recomendó “eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada”. Esto obliga realizar cambios en la legislación constitucional, penal y civil, y leyes procesales de forma concomitante, reconociendo que la violencia contra la mujer surge de la desigualdad de poder en las relaciones entre mujeres y hombres, lo que no es un problema privado, es y debe ser un asunto de interés público.

Reconocer esta realidad sería un avance sustantivo para acabar con la subordinación de las mujeres indígenas y rurales que son la parte más sensible porque más de la mitad de la población indígena en México, son mujeres.

Mujeres que reclaman leyes específicas de protección a sus derechos humanos, porque de lo contrario, seguirá la tolerancia, reproducción y legitimación de la violencia estructural y privada contra la parte fundamental de la reproducción de vida material, espiritual e intelectual de las mujeres indígenas y no indígenas.

En la actualidad, como bien lo señala la abogada Ana Isabel Vargas Gallego, existen grandes dificultades para detectar los matrimonios forzados que pueden dejar en situación de vulnerabilidad la población joven mayor o menor de edad que esté en un núcleo familiar de riesgo. Enfrentarse y evitar un matrimonio forzado, organizado por los padres y muchas veces por la familia extensa tiene un costo en el ámbito relacional familiar. En este contexto familiar puede reaccionar negativamente contra lo que considera un “comportamiento occidentalizado” de la mujer que cuestiona el código de las costumbres tradicionales de la cultura de origen.

Por supuesto, que estos usos y costumbres son severamente injustos que relegan a la mujer a la obediencia servil y el cuidado abnegado de la familia. Además, otros de los problemas que genera es el embarazo prematuro que aumenta la mortalidad infantil y se pone en riesgo la vida de la propia madre.

Se trata de un problema invisibilizado toda vez que resulta difícil calcular cuántos matrimonios forzados se producen porque de éstos no suele informarse y, por tanto, no existen datos oficiales sobre ellos. La violación a los derechos humanos de las víctimas, quedan en el silencio.

Lo grave del matrimonio forzado, es que puede ser antecedente de situaciones de esclavitud, esclavitud sexual, trabajo forzado y servidumbre por deudas de mujeres y niñas, o que conducen a estos contextos, por lo que las leyes deben tener en cuenta para no hacerse pasar por un matrimonio de derecho o de hecho. Asimismo las leyes deben garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas atrapadas en una situación de esclavitud en una unión de hecho que carece reconocimiento oficial, tomando en consideración que la situación vulnerable en que se encuentran las víctimas, puesto que carecen de la condición jurídica que otorga el matrimonio para hacer valer sus derechos. El matrimonio forzado conlleva condiciones de esclavitud sexual o trabajo forzado, como ha sucedido en Sierra Leona, por el conflicto interno armado.

Así es como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio. La edad recomendada por el comité sobre la eliminación de discriminación contra la mujer es de 18 años.

En resumen el matrimonio forzado es un delito que va contra la libertad de la persona de las relaciones familiares y comunitarias, que debe ser penado por existir coacción, violencia, intimidación, engaño, y un delito de tipo gravado cuando la víctima sea menor de edad.

Del mismo modo, se debe prohibir y penar cuando el Matrimonio forzado se produce en un contexto cultural o sociológico en la que la mujer queda abocada a quedar reducida a la servidumbre doméstica o sexual, que es el caso de las mujeres indígenas y rurales que las familias aducen como un acto derivado de sus usos y costumbres, incluso, se puede invocar formas de cosmovisión de la convivencia comunitaria.

En este sentido, esta Iniciativa de reforma responde al alto interés de todos y todas a humanizarnos con los derechos de las mujeres, que no significa otra cosa que humanizarnos con la vida. Las mujeres no pueden seguir viviendo una vida sin dignidad y sin libertad.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Proyecto de Decreto

Decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo cuarto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona el artículo 1o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. (...)

(...)

(...)

Quedan prohibidas todas las formas de esclavitud, incluidos, el matrimonio forzado y prácticas análogas, en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

(...)

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades de la Federación, contarán con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones a las leyes correspondientes. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán establecer los mecanismos para cumplir con este fin.

Fuentes

Análisis de algunos conceptos básicos del Protocolo contra la trata de personas. Grupo de Trabajo sobre la trata de personas. Viena, 27 a 29 de enero de 2010 Tema 3 del programa provisional* Análisis de algunos importantes conceptos del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/ CTOC_COP_WG_4_2010_2_S.pdf

Sobre los matrimonios forzados. Ana Isabel Vargas Gallego. http://www.elderecho.com/penal/matrimonios_forzados-registros_civiles-matrimoni os-forzados_11_641305002.html

Cameras Selvas, Claudia C., Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Inacipe, México.

Badilla, Ana Elena, La Discriminación de Género en la Legislación Centroamericana.http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_documen tospub/Estudios por ciento20Basicos por ciento204/9. por ciento20La por ciento20Discriminacion por ciento20de por ciento20Genero.pdf

Dios Vallejo, Delia Selene de, Sociología de género, México D.F. Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, México D. F. 2004 p. 176.

Marta García. El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México y Germán A. Zárate Hoyos. State University of New York at Cortland, U.S. Las mujeres Nahuas en el Alto Balsas de México: Administradoras y Generadoras de Remesas para el Desarrollo Human.

Good Eshelman, Catherine; Barrientos López Guadalupe, Nahuas del Alto Balsas. México. D. F. CDI –PNUD. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo.

Ruiz Medina, María del Carmen, Los Derechos de la Mujeres http://72.14.253.104/search?q=cache:oJwIKwDkEIIJ:www.viep.buap.mx/ viep_files/RuizMedinaMariadelCarmen.doc+los+derechos+de+las+mujer &hl=es&ct=clnk&cd=9&gl=mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Lluvia Flores Sonduk,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Delfina Gómez Álvarez, Erik Juárez Blanquet, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, María Luisa Beltrán Reyes, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Sergio René Cancino Barffusón (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Cuata.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Por favor, diputada, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Flores, diputada Lluvia Flores, diputada Lluvia Flores Sonduk, le preguntan si...

La diputada Lluvia Flores Sonduk (desde la curul): Sí, con gusto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia. Está muy entusiasmada allá abajo saludando, recibiendo parabienes. Bien, entonces está aquí a disposición de quienes quieran suscribirla, la iniciativa presentada por la diputada.

EXPIDE LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN APOYO ECONÓMICO A LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Wendolin Toledo Aceves, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Económico a los Enfermos en Situación Terminal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Wendolin Toledo Aceves:Con la venia de la Presidencia. Un enfermo en situación terminal es la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible, y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses. Esto significa que padece una enfermedad terminal, la cual es definida por la Ley General de Salud como todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente es menor a seis meses.

Hoy sabemos que enfermedades como el cáncer, diabetes, VIH, Alzhéimer, el mal de Parkinson, artritis reumatoide, por citar sólo algunas, obligan a quienes las padecen a abandonar sus empleos en un primer momento, y después de esos tratamientos con la falta de recursos económicos para su debido seguimiento. Asimismo, se conoce como un número cada vez mayor de personas económicamente activas que se encuentran en este grupo de enfermos en situación terminal.

Por otra parte, el VIH, Sida diabetes y cáncer tiene como una incidencia cada vez mayor en adultos jóvenes que son económicamente activos y que en muchos casos representan el principal sostén de sus hogares.

No podemos soslayar que la expectativa de vida en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas se reduce dramáticamente cuando se abandonan los tratamientos por falta de recursos económicos, o bien, por la necesidad de continuar trabajando para dejar protegida en lo patrimonial a la familia. Especialmente cuando no se cuenta con alguna pensión otorgada por alguna institución de salud.

Ante este panorama es que nace la preocupación del Partido Verde para ampliar la cobertura de protección a la salud, para que las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas en aras de otorgarles un apoyo económico cuando ya han sido declaradas en fase terminal del padecimiento.

Es importante resaltar que con este tipo de apoyos económicos, nuestro país se suma a un movimiento de solidaridad con los enfermos en situación terminal que ha iniciado a nivel internacional.

Un claro ejemplo de ello es la República de Argentina, en donde a través de la ley 7054 relativa al cobro diferenciado de servicio de electricidad para usuarios con enfermos terminales o crónicos.

En este sentido, por lo que se refiere a nuestro país sobre el tema de la protección de la salud consagrado en el artículo 4o de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado la obligación del estado de observar el principio de progresividad. Esto significa que el derecho humano a la protección de la salud de las personas no debe ser solamente visto solamente como la atención médica y entrega de medicamentos, sino como un campo de acción que debe ampliarse para otorgar otro tipo de apoyos a los enfermos, principalmente cuando éstos se encuentran en fases terminales del desarrollo de la enfermedad o cuando las mismas son incapacitantes.

Si bien, el Estado mexicano cuenta con una andamiaje de protección social para las personas a través de las pensiones por incapacidad o enfermedad, lo cierto es que no toda la población puede acceder a las mismas.

Es por ello que la propuesta que presenta el Partido Verde va más allá del subsidio en algunos servicios básicos, pues proponemos crear una ley para entregar un apoyo alimentario a los pacientes terminales, equivalente a 30 unidades de medida y actualizaciones.

En este punto es importante señalar que el dinero se entregará a través de una tarjeta, la cual generará un historial de uso para así vigilar que los recursos económicos que se otorgan sean utilizados para la compra de comida y medicinas.

Lo anterior será posible por medio de la creación de un padrón de enfermos en situación terminal para dar seguimiento médico y entrega de apoyo económico hasta su fallecimiento. La cantidad económica que se está proponiendo deberá alcanzar para adquirir una canasta básica de alimentos, cuyo costo en promedio es de 2 mil 500 pesos.

Cabe señalar que la alimentación del enfermo es fundamental para alcanzar una mejor calidad de vida durante los meses que le quedan de existencia. En este sentido consideramos que debemos trabajar para darle los elementos mínimos indispensables para morir con dignidad a los enfermos en situación terminal. Es cuanto.

«Iniciativa que expide la Ley General que establece el Derecho a recibir un Apoyo Económico a los Enfermos en Situación Terminal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Económico a los Enfermos en Situación Terminal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La previsión social gubernamental se encarga de brindar protección a aquellas personas que están imposibilitadas de obtener un ingreso, ya sea de manera temporal o permanente, a través de la entrega de apoyos económicos o en especie. Ejemplo de lo anterior son las pensiones para adultos mayores, la atención médica gratuita a personas de bajos ingresos económicos o los seguros de desempleo. Estos servicios sociales otorgados por el estado contribuyen a la atención de las principales problemáticas sociales como la pobreza, la salud, el desempleo, la discapacidad o la vejez.

Respecto al tema de la protección de la salud consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado la obligación del estado de observar el principio de progresividad. Lo anterior significa que el derecho humano a la protección de la salud de las personas no debe ser solamente visto solamente como la atención médica y entrega de medicinas, sino que su campo de acción debe ampliarse para otorgar otro tipo de apoyos a los enfermos, principalmente cuando estos se encuentran en fases terminales del desarrollo de la enfermedad o cuando las mismas son incapacitantes.

Si bien el Estado mexicano cuenta con un andamiaje de protección social para las personas a través de las pensiones por incapacidad o enfermedad, lo cierto es que no toda la población puede acceder a las mismas.

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el acceso a la seguridad social es uno de los derechos con mayor rezago en México, ya que 61.2 por ciento de la población carece de la misma. Tan sólo en el año 2012 se estimaba que poco más de 31 millones de personas que laboraban en la economía informal no contaban con ningún tipo de seguridad social; razón por la cual el Seguro Popular ha tenido gran éxito en nuestro país.

A pesar de la existencia del Seguro Popular, el cual ha permitido que el derecho humano a la protección de la salud sea una realidad para millones de personas, lo cierto es que la mayoría de los mexicanos no cuenta con acceso a esquemas más amplios de seguridad social, pues se encuentran al margen del amparo que brindan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), o los sistemas de seguridad social de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, instituciones todas ellas que en caso de enfermedad, vejez o invalidez otorgan a sus derechohabientes no sólo atención médica sino una pensión económica.

Ante este panorama, nace la preocupación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de establecer un apoyo económico para las personas que no reciben una pensión en caso de enfermedad en fase terminal como sí ocurre con aquellas que cuentan con la protección de alguno de los mencionados esquemas de seguridad social pública.

Debemos reconocer la existencia de padecimientos crónico-degenerativos que antes de llegar a su fase terminal se convierten en incapacitantes para quienes los padecen, por ejemplo el cáncer; la diabetes; el VIH-Sida; el Alzheimer; el mal de Parkinson; la artritis reumatoide; y la arteriosclerosis múltiple.

Ahora bien, la Ley General de Salud establece que una enfermedad en estado terminal es todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses; mientras que un enfermo en situación terminal es la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses.

Aunque en México existe atención a las personas con enfermedades en estado terminal, ésta se refiere a los cuidados paliativos que reciben dichos pacientes, como lo señala la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2007, Criterios para la Atención de Enfermos en Fase Terminal a través de Cuidados Paliativos.

Con referencia a las enfermedades citadas, de manera enunciativa más no limitativa, se presentan tres padecimientos incapacitantes aún antes de que sean considerados en fase terminal; y que por el grado de conocimiento y progresos médicos que se tiene de ellos, es donde existe una mayor incidencia de personas en situación terminal.

Cáncer

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS): “El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana”.

Datos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Enfermedades No Contagiosas establecieron que cada año 14 millones de personas en todo el mundo se enteran de que tienen cáncer y ocho millones fallecen como consecuencia de la enfermedad.

Por su parte, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer afirmó que en el año 2012, los cánceres diagnosticados con más frecuencia a nivel mundial fueron los siguientes:

• Cáncer de pulmón (13 por ciento de todos los diagnósticos de cáncer, lo que significa 1.8 millones de personas);

• Cáncer de mama (12 por ciento de todos los diagnósticos de cáncer, lo que significa 1.7 millones de personas);

• Cáncer colorrectal (diez por ciento de todos los diagnósticos de cáncer, lo que representa 1.4 millones de personas).

Respecto a las causas más comunes de muerte por cáncer a nivel mundial en el año 2012 fueron:

• Cáncer de pulmón, con 1.6 millones de personas;

• Cáncer de hígado, con 800 mil personas;

• Cáncer de estómago, también con 800 mil personas.

En México el cáncer es la tercera causa de muerte, siendo el de próstata; de mama; el cervicouterino; pulmón y estómago los que mayor incidencia de muerte presentan.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las estadísticas de mortalidad, establecen que el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó entre los años 2004 y 2013 en casi 20 por ciento, al haber pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia a una suma de 78 mil 582 en el segundo.

También se observa que la tasa de mortalidad observada por cáncer de mama no ha mostrado grandes variaciones; de forma general, de 2007 a 2011, 14 de cada 100 mil mujeres de 20 años y más han fallecido por esta enfermedad, mientras que para 2012, hay un ligero incremento (15 de cada 100 mil mujeres).

Sobre las muertes a causa de cáncer en las mujeres, es importante señalar que son la mayoría demográfica en el país y que la mortalidad por este padecimiento se presenta cuando se encuentran económicamente activas.

El segundo tipo de tumor maligno que por sí genera mayor mortalidad es el cáncer de próstata, con 52 mil 343 defunciones en el año 2012.

A todo esto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tratamiento que se tiene que seguir para la atención del cáncer es:

“El tratamiento del cáncer requiere una cuidadosa selección de una o más modalidades terapéuticas, como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. El objetivo consiste en curar la enfermedad o prolongar considerablemente la supervivencia y mejorar la calidad de vida del paciente. El diagnóstico y el tratamiento del cáncer se complementan con el apoyo psicológico.

Tratamiento de cánceres que pueden detectarse tempranamente

Algunas de las formas más comunes de cáncer, como el mamario, el cervicouterino, el bucal o el colorrectal, tienen tasas de curación más elevadas cuando se detectan pronto y se tratan correctamente.

Tratamiento de cánceres potencialmente curables

Algunos tipos de cáncer, a pesar de ser diseminados, como las leucemias y los linfomas en los niños o el seminoma testicular, tienen tasas de curación elevadas si se tratan adecuadamente.

Cuidados paliativos

Van dirigidos a aliviar, no a curar, los síntomas del cáncer.Pueden ayudar a los enfermos a vivir más confortablemente; se trata de una necesidad humanitaria urgente para las personas de todo el mundo aquejadas de cáncer u otras enfermedades crónicas mortales. Se necesitan sobre todo en lugares donde hay una gran proporción de enfermos en fase avanzada, que tienen pocas probabilidades de curarse. Los cuidados paliativos pueden aliviar los problemas físicos, psicosociales y espirituales de más de 90 por ciento de los enfermos con cáncer avanzado.

Estrategias de cuidados paliativos

Las estrategias eficaces de salud pública, que abarcan la asistencia comunitaria y en el propio hogar, son esenciales para ofrecer alivio del dolor y cuidados paliativos a los enfermos y a sus familias en los entornos con pocos recursos.

El tratamiento del dolor moderado a intenso causado por el cáncer, que aqueja a más de 80 por ciento de los enfermos oncológicos en fase terminal, requiere obligatoriamente una mejora del acceso a la morfina por vía oral.

Por cuanto hace al costo del tratamiento de la enfermedad en nuestro país, de acuerdo a la revista médica española ELSEVIER, en 2011 la atención del cáncer de mama en tres hospitales en México (Hospital Siglo XXI; Instituto Nacional de Cancerología y el Centro Universitario contra el Cáncer Doctor José Eleuterio González) promediaba en la etapa primaria 122.00 pesos mensuales; mientras que en las etapas avanzadas su atención podía llegar a costar en promedio 51 mil pesos al mes. Lo anterior nos da una pequeña visión del impacto en el presupuesto de las familias que este padecimiento genera en sus etapas más avanzadas.

Diabetes

La OMS, la define como: “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos”.

En 2014, a nivel mundial el nueve por ciento de los adultos tenía diabetes y en 2012, fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia directa de esta enfermedad, de las cuales 80 por ciento se registraron en países de ingresos bajos y medios.

Las proyecciones de la OMS, establecen que para el año 2030 esta enfermedad será la séptima causa de mortalidad, siendo la diabetes tipo 2 la que mayor incidencia tendrá.

Respecto a las consecuencias en la salud y calidad de vida de quienes padecen diabetes, el multicitado organismo internacional señala que:

“Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral (AVC). 50 por ciento de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular (principalmente cardiopatía y AVC). La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última instancia, amputación. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con diabetes, aproximadamente un dos por ciento de los pacientes se quedan ciegos, y un diez por ciento sufren un deterioro grave de la visión. La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor que en las personas sin diabetes. La neuropatía diabética se debe a lesión de los nervios a consecuencia de la diabetes, y puede llegar a afectar a 50 por ciento de los pacientes. Aunque puede ocasionar problemas muy diversos, los síntomas frecuentes consisten en hormigueo, dolor, entumecimiento o debilidad en los pies y las manos.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se puede establecer tempranamente con análisis de sangre relativamente baratos. El tratamiento de la diabetes consiste en la reducción de la glucemia y de otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. Para evitar las complicaciones también es importante dejar de fumar.

Entre las intervenciones que son factibles y económicas en los países en desarrollo se encuentran:

• El control moderado de la glucemia. Los pacientes con diabetes de tipo 1 necesitan insulina, y los pacientes con diabetes de tipo 2 pueden tratarse con medicamentos orales, aunque también pueden necesitar insulina.

• El control de la tensión arterial.

• Los cuidados podológicos.

Otras intervenciones económicas son:

• Las pruebas de detección de retinopatía (causa de ceguera).

• El control de los lípidos de la sangre (regulación de la concentración de colesterol).

• La detección de los signos tempranos de nefropatía relacionada con la diabetes”.

México, ocupa el octavo lugar a nivel mundial en prevalencia de diabetes; solamente en el año 2013 registró 75 mil amputaciones y el costo de tratamiento total pasó de dos mil 970 millones de pesos en el 2003 a ocho mil 836 millones en el 2010 en la red del sector salud federal.

Sobre este punto, la Clínica de Obesidad de la Ciudad de México informó que hasta el año 2014 atendió a niñas y niños que van de los nueve hasta los 15 años de edad con diabetes tipo 2; es decir, aquella que está relacionada a la mala alimentación. De acuerdo a especialistas internacionales el número de personas con este tipo de padecimiento nos ubicará en los próximos años en el sexto o séptimo lugar mundial en dicha categoría.

Por otra parte, no podemos pasar por alto que la diabetes cuando no es tratada de manera regular, es la primera causa de ceguera en las personas en edad productiva y que el pie diabético mal atendido termina frecuentemente en la amputación de la extremidad. En consecuencia, la diabetes es una enfermedad altamente incapacitante.

Además, el impacto que tiene esta enfermedad en la economía no sólo del país sino de la familia es alto. Como botón de muestra, en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud local señala que hasta noviembre de 2013, realizó 380 mil pruebas para detectar diabetes, de las cuales aproximadamente el 20 por ciento tuvieron un diagnostico positivo, que representó un gasto de entre mil 500 y dos mil pesos al mes en su atención a cargo de los enfermos, pues la red de salud de la ciudad aporta la atención médica y medicinas que se encuentran en el cuadro básico del Seguro Popular federal, el cual tiene un costo aproximado de 780 millones de dólares anuales.

En el caso de la atención médica para personas que cuentan con seguridad social, por ejemplo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se estima que en el año 2010, el costo de la atención a pacientes con diabetes tipo 2, fue de $452,064,988 dólares correspondiente a 3.1 por ciento del gasto de operación. Mientras que el costo promedio anual por paciente fue de $3,193.75 dólares correspondiendo $2,740.34 dólares para el paciente sin complicaciones y $3,550.17 dólares para el paciente con complicaciones, siendo los días/cama en hospitalización y en unidad de cuidados intensivos los servicios de mayor costo.

VIH-Sida

En vísperas del Día Mundial del SIDA 2015, Onusida señaló que 9.7 millones de personas con la enfermedad reciben tratamiento con antirretrovirales, lo que significó un aumento de casi 20 por ciento en un año en países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, el financiamiento para la atención se ha reducido y el número de decesos se ha incrementado por diversos factores.

Como sabemos, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario. En las primeras fases de la infección, la persona no muestra signos visibles de enfermedad pero, pasado algún tiempo, se manifestarán los múltiples síntomas del Sida; en particular el adelgazamiento, fiebre, diarrea e infecciones oportunistas (como el dolor de garganta y la tuberculosis).

En México, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, reportó lo siguiente:

Respecto al costo del tratamiento de los pacientes con VIH-Sida, el Instituto Nacional de Salud Pública informó:

“Fase retrospectiva

En esta fase se revisaron 704 expedientes en diez hospitales; de los que 553 fueron hospitalizados por lo menos una vez para su tratamiento, y 151 fueron vistos exclusivamente en consulta externa.

93 por ciento de la muestra fue del sexo masculino. De entre los hombres, 72 por ciento era soltero y/o separado y 66.4 por ciento afirmó ser homosexual o bisexual. El mecanismo de infección entre los pacientes fue por contacto sexual en 63 por ciento de los casos, por transfusión en 11 por ciento y se ignoró en el restante.

Se encontró que los pacientes con Sida tienen en promedio dos ingresos hospitalarios al año, con una estancia de 20 días cada uno, lo que representa 11 por ciento del año. Por lo que se refiere a la atención a través de los servicios de consulta externa, los pacientes reciben un promedio de 15.6 consultas al año.

El costo promedio anual del tratamiento hospitalario y de consulta externa por paciente varió entre 3.3 y 16.9 millones de pesos, con un promedio de 7 millones. En estos pacientes, el costo de la atención ambulatoria fue de 770 mil pesos, incluido en el costo anual. El financiamiento de la consulta externa de quienes fueron atendidos exclusivamente en este servicio alcanzó un costo promedio anual de un millón de pesos.

El promedio de gasto que destinó la familia al tratamiento del paciente fue de 2.5 millones de pesos, que representa 52 por ciento de su ingreso familiar anual. De éste, 42.3 por ciento corresponde a la disminución en el ingreso económico familiar mensual debido a incapacidades y desempleos.

Los gastos más importantes fueron en dieta (17.3 por ciento) y en medicamentos (15.5 por ciento). Los estudios para el diagnóstico y los gastos de atención médica absorben 19 por ciento. Por último, los gastos de transportación del paciente y sus familiares constituyeron 4.2 por ciento.

Por lo que se refiere a los gastos de consulta externa efectuados por los pacientes en la fase de seguimiento, las familias con seguridad social cubren 23.8 por ciento del costo y el restante la institución, a diferencia del 92.8 por ciento que pagan las familias que no tienen seguridad social. Así, las primeras destinan al tratamiento del paciente 21 por ciento de su ingreso económico anual, mientras que las segundas gastan 66 por ciento. Al comparar el gasto efectuado en atención para la salud por las familias con un enfermo de Sida, se observó que las primeras invierten en promedio 52 por ciento de su ingreso económico anual en salud, mientras que las segundas destinan sólo 6 por ciento”.

Como se puede observar con estos tres ejemplos de enfermedades, un alto porcentaje de los recursos económicos que el enfermo y/o la familia tiene que erogar son para la atención y tratamiento de las mismas.

Al respecto, es importante establecer que si bien una persona en situación terminal tendrá un lapso de vida no mayor a seis meses, esta expectativa se reduce dramáticamente cuando se dejan los tratamientos por falta de recursos económicos; o bien, para continuar trabajando una mayor cantidad de tiempo, con el fin de dejar protegida en lo patrimonial a la familia, principalmente a los hijos y pareja, pues con el fallecimiento del enfermo dejarán de existir los recursos económicos que aportaba.

Claro ejemplo de ello se observa en la Ciudad de México, en donde el titular de la Secretaría de Salud local informó que al mes de septiembre de 2014 respecto a los resultados de las brigadas de salud del programa Médico en Tu Casa, señalan que de las 5 mil 418 personas a quienes se habían atendido, 130 de ellas se encontraban postradas y 24 enfermos en etapa terminal.

Mientras que para agosto de 2015 se habían visitado por esa misma dependencia del gobierno de la Ciudad de México más de un millón 126 mil viviendas, brindado atención médica a 98 mil 839 personas en situación vulnerable, 7 mil 647 discapacitados y 383 personas postradas, de las cuales 94 eran enfermos en fase terminal.

Por último, a través de esta iniciativa de ley, el Partido Verde Ecologista de México, se suma a un movimiento internacional de solidaridad con las personas enfermas, principalmente en situación terminal, como es el caso de la República de Argentina, la cual ha desarrollado desde el legislativo una agenda al respecto al aprobar la Ley 7054, relativa al cobro diferenciado del servicio de electricidad para usuarios con enfermos terminales o crónicos, madres solteras y usuarios con hijos con capacidades especiales. Con esta ley la previsión social en Argentina no sólo abarca los cuidados paliativos sino que se ha adiciona un componente económico a la atención integral de las personas con enfermedades en fase terminal.

Impacto presupuestal

En el Partido Verde Ecologista de México estamos conscientes que el crear una ley que tenga como objetivo entregar un apoyo económico a las personas enfermas en situación terminal tiene un impacto en el presupuesto federal.

Sin embargo, dada la tendencia favorable de recaudación que en los últimos años ha tenido el gobierno federal y la eficacia en el cobro de impuestos ha generado que en la actualidad se cuenten con remanentes que ascienden a 221 mil millones de pesos. Más aún, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya ha señalado que para 2016 recibirá del Banco de México una cantidad adicional de remanentes, dinero que no está presupuestado y aún no se define su uso, incluso sólo se tiene contemplado que 70 por ciento de ellos se destine para el pago de la deuda y así disminuir la misma.

En consecuencia, de lo reportado por la Secretaría de Hacienda y Cuenta Pública, se observa la existencia de remanentes lo que posibilita la viabilidad financiera para la expedición de esta iniciativa de ley, cuyo objetivo fundamental es entregar un apoyo económico equivalente a 30 unidades de medida y actualización las personas enfermas en situación terminal, la cual será aumentada año con año para la compra de alimentos y medicinas que no sean incluidas en el cuadro básico de atención.

En síntesis, la iniciativa de ley que presenta el Partido Verde a esta Cámara de Diputados, tiene como objetivos:

a) Crear una ley para entregar un apoyo alimentario a los pacientes terminales, equivalente a 30 unidades de medida y actualización, a través de una tarjeta, la cual genera un historial del uso de la misma.

Así, la autoridad podrá vigilar que el dinero que se entrega sea utilizado para la compra de comida o medicinas que no se incluyen en el cuadro básico.

b) Que sea la Secretaría de Salud federal la autoridad encargada de entregar el apoyo a los pacientes en situación terminal, toda vez que la atención médica y seguimiento a los pacientes se realiza en la red de salud federal que está a su cargo.

c) La creación de un padrón de enfermos en situación terminal para su seguimiento médico y entrega del apoyo económico hasta su fallecimiento.

d) La asignación de recursos económicos por parte de esta Cámara de Diputados durante la discusión del Presupuesto de Egresos para que año con año se otorgue a la Secretaría de Salud federal, el dinero suficiente de conformidad con el índice nacional de consumo para la entrega del apoyo económico a los pacientes en situación terminal.

Lo anterior representa la posibilidad de las personas en situación terminal de abandonar sus tratamientos por una cuestión de falta de recursos para la compra de los mismos o, incluso de los mismos alimentos mismos, tomando en cuenta que de acuerdo a información del Inegi el costo promedio de una canasta básica es de 2 mil 500 pesos. Por lo que el monto del apoyo que se propone se encuentra en este rango.

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General que establece el Derecho a Recibir un Apoyo Económico a los Enfermos en Situación Terminal

Único. Se expide la Ley General que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Económico a los Enfermos en Situación Terminal, para quedar como a continuación se presenta:

Ley General que Establece el Derecho a recibir un Apoyo Económico a los Enfermos en Situación Terminal

Artículo 1. Los enfermos en situación terminal tienen derecho a recibir un apoyo económico mensual no menor al equivalente a treinta unidades de medida y actualización vigente en la República Mexicana.

Esta unidad de medida y actualización vigente en la República Mexicana se ajustará anualmente de conformidad con la variación observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Se entiende como enfermo en situación terminal, a la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses, tal y como lo establece la Ley General de Salud.

Artículo 2. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, la Cámara de Diputados deberá incluir la asignación presupuestal a la Secretaría de Salud, que garantice efectivamente el derecho al apoyo económico a que hace referencia esta ley.

Artículo 3.La Cámara de Diputados deberá aprobar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda los recursos suficientes para hacer efectivo el derecho al apoyo económico a que se refiere esta ley.

Artículo 4. La forma como se hará valer el apoyo económico será a través de una tarjeta electrónica, que será expedida a cada beneficiario por la Secretaría de Salud, a través de la unidad que en el reglamento de esta ley se determine.

La tarjeta podrá ser utilizada en los establecimientos mercantiles autorizados por las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México.

Artículo 5. La verificación de supervivencia, elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás procedimientos para cumplir con los requisitos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley; así como la autoridad que deberá dar seguimiento se fijarán en el Reglamento correspondiente.

Artículo 6. La operación, implementación y aplicación del apoyo económico contenido en esta ley estará a cargo de la Secretaría de Salud.

Artículo 7. Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta ley que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 8. Cuando se proporcione información falsa o documentos apócrifos con el objeto de simular o evadir el cumplimiento o satisfacción de los requisitos establecidos en la presente ley, se hará del conocimiento de las autoridades correspondientes y se impondrán las sanciones correspondientes atendiendo al tipo de acción penal, fiscal, sanitaria que se haya violentado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El reglamento de la presente ley deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a los 120 días naturales de su entrada en vigor.

Tercero. La Secretaría de Salud deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la elaboración del padrón de beneficiarios y firma de convenios con las entidades federativas y de la Ciudad de México para la entrega de información de los pacientes en situación terminal que serán beneficiados por esta ley.

Notas:

1 Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidos en la Constitución Federal. Representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales.

El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Amparo directo 4/2012. Instituto Motolinía, A.C. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Amparo directo 100/2012. Olga Canavati Fraige viuda de Tafich y otro. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza.

Amparo directo 223/2012. Rodolfo Guadalupe González Aldape. 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1946; se publica nuevamente con las modificaciones en rubro, texto y precedentes que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.

Época: Décima Época; Registro: 2003881; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2; Materia(s): Constitucional; Tesis: IV.2o.A.15 K (10a.); Página: 1289

2 Artículo 166 Bis1 fracciones I y IV de la Ley General de Salud.

3 http://www.who.int/topics/cancer/es/

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

5 Diabetes Mellitus tipo 1

Se presenta principalmente en jóvenes, en su mayoría, durante la infancia. En los pacientes afectados el páncreas pierde la capacidad de producir Insulina, la cual debe ser administrada diariamente para que la persona pueda metabolizar la glucosa de los alimentos. No se conoce con exactitud las causas de pérdida de funcionalidad del páncreas, pero juegan un papel importante determinados virus, y factores genéticos autoinmunes.

Diabetes Mellitus tipo 2

Se caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal es el déficit relativo de producción de insulina y una deficiente utilización periférica por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina). Se desarrolla a menudo en etapas adultas de la vida, es muy frecuente la asociación con la obesidad y el sedentarismo, mostrando una pronunciada agregación familiar.

Diabetes Gestacional

Alteración del metabolismo de los hidratos de carbono que aparece durante el embarazo. Las variaciones hormonales que se producen en la mujer durante este periodo de su vida provocan, en algunos casos, alteraciones importantes en los niveles de glucosa en la sangre materna lo que estimula en alto grado la producción de insulina por el feto. Esta anomalía conlleva un aumento exagerado del tamaño de distintos órganos fetales. Es importante conseguir un diagnóstico adecuado y precoz que permitan un correcto tratamiento y prevención de las complicaciones.

Diabetes tipo Mody

Se denomina de este modo a la diabetes de la edad adulta que aparece en pacientes jóvenes. Se trata de una entidad hereditaria. Para su tratamiento no es necesario el aporte de Insulina, al menos durante los primeros años tras su diagnóstico.

Otros tipos de diabetes mellitus

Otros tipos de diabetes mellitus menores (< 5% de todos los casos diagnosticados). Se conocen cono Diabetes secundarias ya que aparecen como consecuencia de enfermedades tales como Síndrome de Cushing, Acromegalia, Hipertiroidismo, extracción quirúrgica del páncreas, toma prolongada de corticoides. Forman un grupo heterogéneo de etiologías que condicionarán la diabetes con o sin dependencia de Insulina.

6 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

7 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/ RN_2do_trim_2014_2.pdf

8 Véase. RN_2do_trim_2014_2.pdf

9 Information obtenida en http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo. php?id=001197

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Wendolin Toledo Aceves,Daniela De Los Santos Torres, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Toledo. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Les recuerdo que los diputados de Morena aportamos el 50 por ciento de nuestras prerrogativas para la educación superior. Con su permiso, diputado presidente.

El derecho a una defensa adecuada no es una institución novedosa ni mucho menos un ingrediente esencial o exclusivo del sistema penal acusatorio, pues al analizar el contenido de la reforma constitucional de 2008 se concluye que dicha defensa fue regulada en el texto constitucional, el cual únicamente se modificó para determinarse que esta solo cumple su objetivo cuando se lleva a cabo por un abogado, no por una persona de confianza, motivo por el cual su entrada en vigor es conforme al artículo primero transitorio. Es decir, al día siguiente de su publicación y por consecuencia debe aplicar en beneficio de todos los indiciados, procesados o sentenciados.

Así, con la reforma quedó definitivamente conformado el derecho a contar con una debida asistencia jurídica que tiene toda persona acusada de una infracción penal, estableciéndose así en el artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo anterior, ya que sólo un profesional del derecho cuenta con la formación técnica para orientar a la persona detenida o sujeta a proceso.

Por tanto, el derecho a la defensa deviene en un derecho fundamental reconocido, como ya se dijo, por nuestra Constitución, y se encuentra plasmado en diversos tratados internacionales de los que formamos parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 fracción III, el 10 de diciembre de 1948, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros.

Ahora bien. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 17 establece claramente el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata de la siguiente forma: La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su defensor o a través de éste. El defensor podrá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional.

Como se puede observar, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 17 refiere de manera por demás clara y sin lugar a interpretaciones, en el sentido de que el derecho a la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado.

Sin embargo, al realizar un análisis sistemático, lógico y jurídico del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra una contradicción con el artículo 66 del mismo, al señalar en su parte conducente, entre otras cosas, que en las audiencias el imputado podrá defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un licenciado en derecho o abogado titulado, que haya elegido o se le haya designado como defensor.

Hecho que no puede pasar por desapercibido, ya que en este artículo se precisa que el imputado podrá defenderse por sí mismo, lo que representa una imprecisión que abre la posibilidad a la interpretación, y contradice lo dispuesto en el artículo 17 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Situación que implica un retroceso en el modelo penal acusatorio y, además, es contraria a lo dictado por el artículo 20 de nuestra Carta Magna, que como ya se mencionó señala que toda persona tendrá derecho a una defensa adecuada.

Por lo anterior, de aprobarse la presente iniciativa estaremos salvaguardando el derecho de los imputados a una defensa adecuada, que no se preste a interpretaciones que puedan violar los derechos consagrados en nuestra Constitución Política y en los tratados internacionales, así como en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, entrañando una prohibición al Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho a la defensa del gobernado y un deber de actuar para no violar los derechos del acusado. Es cuanto, señor presidente.

Que viva Zacatecas. Hagamos respetar la democracia. Las elecciones se ganan con votos, no con vetos.

«Iniciativa que reforma el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a una defensa adecuada no es una institución novedosa, ni mucho menos un ingrediente esencial o exclusivo del sistema penal acusatorio, pues al analizar el contenido de la reforma constitucional de 2008, se concluye que dicha defensa, fue regulada en el texto constitucional, únicamente se modificó para determinarse que ésta sólo cumple su objetivo cuando se lleva a cabo por un abogado, y no por persona de confianza; motivo por el cual su entrada en vigor es conforme al artículo primero transitorio, es decir, al día siguiente de su publicación y, por consecuencia, debe aplicar en beneficio de todos los indiciados, procesados o sentenciados.

Así, con la reforma quedó definitivamente conformado el derecho a contar con una debida asistencia jurídica, que tiene toda persona acusada de una infracción penal, estableciéndose así en el artículo 20 apartado B. fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cito:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. ....

I a X...

B. De los derechos de toda persona imputada:...

I a VII...

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y...

Lo anterior, ya que sólo un profesional del derecho cuenta con la formación técnica para orientar a la persona detenida o sujeta a proceso.

Por tanto, el derecho a la defensa deviene en un derecho fundamental reconocido como ya se dijo por nuestra Constitución y se encuentra plasmado en diversos tratados internacionales de los que formamos parte como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en su Resolución 217 (III) el 10 de diciembre de 1948, que establece:

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Lo anterior, constituye un derecho fundamental irrenunciable, ya que justamente la defensa de los derechos del individuo imputado de algún delito en materia penal se debe concebir a través de un profesional del derecho (abogado).

Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, establece en su artículo 8º lo siguiente:

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 17 establece claramente:

Artículo 17.Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata

La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional.

Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo.

La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.

Corresponde al órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado.

Como se puede observar, el Código de Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 17 refiere de manera por demás clara y sin lugar a interpretaciones en el sentido de que el derecho a la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, sin embargo, al realizar un análisis sistemático, lógico y jurídico del propio Código de Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra una contradicción con el artículo 66, al señalar en su parte conducente que en las audiencias, el imputado podrá defenderse por sí mismo, cito:

Artículo 66. Intervención en la audiencia

En las audiencias, el imputado podrá defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un licenciado en derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como Defensor.

El Ministerio Público, el imputado o su Defensor, así como la víctima u ofendido y su Asesor jurídico, podrán intervenir y replicar cuantas veces y en el orden que lo autorice el Órgano jurisdiccional.

El imputado o su Defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el Órgano jurisdiccional que preside la audiencia preguntará siempre al imputado o su Defensor, antes de cerrar el debate o la audiencia misma, si quieren hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo.

Hecho que no puede pasar por desapercibido, ya que el mismo a pesar de que señala posteriormente la frase: y deberá estar asistido por un licenciado en derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como Defensor, proporciona la posibilidad de la interpretación, misma que no se puede ni debe dar en el caso concreto, ya que el artículo 17 es claro en el sentido de que es un derecho irrenunciable, por lo que se rompe el procedimiento acusatorio por eso existe la figura de defensor de oficio y es contrario al artículo 20 de nuestra carta magna que como ya se mencionó, que señala que toda persona tendrá derecho a una defensa adecuada, lo que implica un retroceso en el modelo penal acusatorio.

Motivo por el cual, es que se propone la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 66. Intervención en la audiencia

En las audiencias, el imputado podrá defenderse por sí mismo y debiendo estar asistido por un licenciado en derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como Defensor.

...

...

Por lo anterior, de aprobarse la presente iniciativa, estaremos salvaguardando el derecho de los imputados a una defensa adecuada, que no se preste a interpretaciones que puedan violar los derechos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones, así como en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, entrañando una prohibición al estado, consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho a la defensa del gobernado y un deber de actuar, para no violar los derechos del acusado.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 66. Intervención en la audiencia

En las audiencias, el imputado podrá defenderse debiendo estar asistido por un licenciado en derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como Defensor.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ spn.pdf

2 Ídem 1

3 ww.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.ht m

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Delgadillo García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Verónica Delgadillo García:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, señoras y señores, México es un país de contrastes, cuando cerca de la mitad de la población no le alcanza para tener una vida digna, cuando más de 50 millones de personas viven por debajo de la línea de bienestar, muy pocas personas en nuestro país concentran cerca de 9 por ciento de la riqueza de nuestra nación.

Es de contrastes, porque cuando se habla de legalidad, de transparencia, de rendición de cuentas, de eficacia en el gasto público, las personas que están involucradas en tomar estas decisiones y estas medidas están envueltas en escándalos de corrupción y en un mal manejo del recurso del dinero de todos los mexicanos.

De la misma manera, cuando la mayoría de los mexicanos tienen que trabajar y cotizar por más de mil 250 semanas en el IMSS para poder acceder a una pensión, aquellos que ocuparon el cargo de presidente de la república por seis años acceden automáticamente a una pensión privilegiada, que además resulta ser totalmente ilegal por carecer de fundamento en nuestra Constitución.

La pensión que reciben los ex presidentes en nuestro país no tiene fundamento legal, es una prerrogativa ilegal, y no sólo eso, es una gran fuente de despilfarro del dinero público, es una fuente de excesos que se maneja en total opacidad y que se maneja por discreción total del Ejecutivo. Hay una plena falta de rendición de cuentas y la gente ante esta situación se siente indignada.

Ante la grave situación económica y social que vive México se han hecho replanteamientos y reajustes presupuestales, y se ha dicho que es momento de recortar el dinero y apretarse el cinturón, y la sociedad mexicana lo ha hecho, se ha apretado el cinturón y no sólo eso, ha hecho muchísimos sacrificios para poder enfrentar esta crisis económica.

Mientras que eso hacen los mexicanos, las altas esferas de la clase política se niegan a renunciar a sus privilegios, se niegan a apretarse el cinturón y a mostrar verdaderos ajustes que modifiquen la dinámica de privilegios que prevalece para ellos en todo el país.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que las pensiones para ex presidentes no sólo son indignantes, injustificadas, sino que también son insostenibles. México no puede ir por el rumbo correcto, mientras que sus políticos se aferren a sus privilegios y permanezcan ciegos ante la realidad que experimentan millones y millones de mexicanos en nuestro país.

Por ello, el día de hoy mi compañero Clemente Castañeda y su servidora presentamos una iniciativa para reformar la Constitución y agregar un segundo párrafo en el artículo 83, para prohibir todo tipo de pensión a los ex presidentes, así como los privilegios que gozan al terminar su cargo.

Nuestra intención no es demeritar el trabajo que hayan hecho los ex presidentes, para ello lo van a juzgar los mexicanos. Nuestra intención es, como al haber sido el máximo representante del Estado mexicano tiene que mostrar su sensibilidad con la nación y también demostrar que haber ocupado ese cargo no justifica para que se hagan llegar de privilegios excesivos y exorbitantes.

Por ello, también estamos enviando una carta a los ex presidentes para que renuncien de manera voluntaria a sus pensiones y a todos los privilegios que son pagados por los mexicanos.

Cabe mencionar que esta iniciativa se suma a una serie de propuestas que han hecho otras fracciones parlamentarias en distintos momentos, pero hoy, con la crisis que enfrentamos representa un momento inmejorable para que esta Cámara represente su compromiso con la gente para ponerle un alto al despilfarro y para dignificar la política.

Por ello queremos dejar claro que para todos los políticos servirle a la gente no debe ser sinónimo de servirse de la gente.

Por ello, hacer lo correcto es eliminar los privilegios y los excesos que son pagados por el recurso de todos los mexicanos. Por ello, los invitamos a que nos apoyen y que no haya más pensiones a ex presidentes. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputada Verónica Delgadillo García y diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensiones de expresidentes, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El ámbito económico del país no presenta del todo un escenario alentador, y basta con observar los recientes recortes a la administración pública federal y medidas que fueron anunciadas recientemente por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer un ajuste preventivo en el gasto de la Administración Pública Federal por un monto cercano a los 132 mil millones de pesos, dentro de los ajustes se contemplan reducciones a viáticos, alimentación del personal, telefonía entre otros.

Si bien la situación económica actual del país depende en gran medida de la volatilidad en el mercado internacional, no debe ser justificación alguna para caer en una deficiente administración de los recursos públicos, ya que la política de gasto se vuelve trascendental y de suma importancia.

Incluso la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 primer párrafo establece las características en que los recursos públicos deben ser administrados:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”

Segundo.La dinámica que ha venido presentando el desarrollo económico en el mundo sigue beneficiando a quien más tiene y perjudicando a quien menos tiene, y la brecha salarial se vuelve cada vez más amplia entre las personas que siguen ganando cada vez menos y aquellos más ricas.

México se encuentra dentro de los países con mayor desigualdad salarial, ya que el 10% de la población más rica se encuentra 30.6 veces por encima del 10% más pobre. Una desigualdad que indudablemente genera, de forma inmediata, una desaprobación social y que puede verse agravada cuando se incluyen abusos de poder, casos de injusticia o simplemente cuando el 21.4% de nuestra población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.

“La capacidad adquisitiva de los mexicanos ha caído tres cuartas partes en los últimos 40 años. En 1976, con un salario mínimo, una familia podía comprar hasta casi cuatro veces más de lo que puede adquirir ahora. Los niveles de pobreza se han mantenido estables en los últimos 20 años, sin embargo, la tasa de crecimiento del PIB per cápita mexicano ha sido de más de un 1% anual en esos mismos años.”

Pareciera que el fenómeno de la desigualdad se ha convertido en algo común, y que ha logrado llegar a un punto donde es irremediable, por lo tanto provoca una aceptación resignada. “Hay una naturalización de la desigualdad, siempre se ha vivido en una sociedad desigual y hay una altísima tolerancia que explica también la ostentación que los ricos hacen en este país”

Aunado a lo anterior nuestro país se caracteriza por tener trabajadores pobres, donde el 19% tiene un ingreso por debajo de la línea de la pobreza; por una desigualdad laborar entre hombres y mujeres; por menores oportunidades laborales para las mujeres; y por una brecha de género donde las remuneraciones de las mujeres se encuentran por debajo de lo que ganan los hombres.

Tercero.El escenario desalentador que presenta nuestro país, que deja marcada una tendencia de gran desigualdad social y económica, es una realidad tangible para millones de personas, siendo indispensable atender y corregir el rumbo hacia donde nos dirigimos. Por lo que el gasto responsable de los recursos públicos es inminentemente, así como constitucionalmente establecido, prioritario si es que queremos llegar hacer frente a la desigualdad.

Por lo que una pregunta obligada sería: ¿cómo justificar la existencia de pensiones millonarias que reciben servidores públicos?, en particular la de aquellos que se desempeñaron como Presidentes de la República, cuando gran parte de la población mexicana no puede acceder a una jubilación digna o a un retiro que le permita vivir sin preocupaciones económicas.

La presente iniciativa con proyecto de Decreto establece adicionar un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de eliminar las pensiones de retiro que reciben los ex presidentes, así como tener asignados servidores públicos o personal a su cargo para protección o servicio y que generen una gasto presupuestal.

Cuarto. Solamente dentro del periodo comprendido del 1º de enero al 30 de septiembre del año 2013 fueron destinados cerca de 8 millones de pesos a tres expresidentes, (Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada y Luis Echeverría Álvarez), a lo cual faltaría sumar los salarios del numeroso personal con el que cuentan los diferentes expresidentes.

La información que fue emitida por parte de la unidad de transparencia de la Presidencia de la República, también hace mención que los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari renunciaron a dicha percepción, pero el gasto que generan no proviene de su pensión como retiro sino del personal que se encuentra a su cargo.

Para poder llegar a dimensionar el gasto dirigido a los expresidentes, se presenta la siguiente información:

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa con 19 personas a su servicio, 812,547 pesos mensuales. Vicente Fox Quezada con 20 personas, 471,724 pesos. Ernesto Zedillo Ponce de León con 5 personas 77,308 pesos mensuales. Carlos Salinas de Gortari, con 10 personas, 249,018 pesos mensuales. “Por lo que sólo para 2013, fueron destinados para los expresidentes mexicanos un total de 40.6 millones de pesos.”

Quinto. Como se mención en uno de los puntos anteriores, ¿cómo puede ser razonable un gasto de tales dimensiones millonarias como las que representan las pensiones de expresidentes? cuando la inmensa mayoría de los mexicanas y mexicanos no cuenta con un empleo digno, que pueda traducirse en una seguridad laboral y social estable para su retiro.

Es necesario contextualizar la situación de seguridad social que tenemos en México respecto al retiro, ya que en estudios recientes por parte del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que “más del 70 por ciento de los mexicanos cercanos a la edad de jubilación no tendrán una pensión suficiente”

Sólo uno de cada cuatro mexicanos tiene posibilidad para ahorra para tener un retiro, “56% de los mexicanos ahorra poco o nada para su retiro, mientras que 18% lo hace de manera esporádica y 24% lo hace de manera formal o constante.”

“Cuando no existe una pensión justa no hay manera de dejar de trabajar. Se trata de un ciclo que perpetua la pobreza y la desigualdad”

En la encuesta que realizó la Asociación Mexicana de Afores a mediados del año 2013, denominada “Ahorro y Futuro: ¿Cómo viven el retiro los mexicanos?” arrojó que “sólo el 39% de los mayores de 65 años recibe alguna pensión, mientras que el 41% debe seguir trabajando [...] incluso el 20% de la población mayor de 80 años también debe seguir trabajando.”

“El panorama no luce alentador: de las poco más de 50 millones de cuentas de ahorro para el retiro administradas por las Afore, sólo alrededor de 20 millones están activas” Lo cual vuelve a plantear el sentido de la presente iniciativa, cómo justificar una pensión mensual de 200 mil pesos mensuales a expresidentes contra una pensión de 1,100 pesos para personas mayores de 65 años que se aspira llevar a cabo con una Pensión Universal. La situación merece su pronta atención y más si se considera el ritmo de envejecimiento en México, de lo contrario seguiremos teniendo a cuatro de cada diez adultos mayores trabajando paras poder mantenerse, por el simple hecho de que su pensión no es suficiente para sobrevivir.

Sexto. Podemos llegar a afirmar que existe un consenso político, o por lo menos éste puede llegar a ser interpretado de esa forma, si analizamos las diferentes iniciativas que se han presentado sobre el tema de pensiones a expresidentes, ya que la intención de regular los beneficios que reciben aquellas personas que desempeñaron el cargo de Presidente de la República, han provenido de diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión.

En el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 mayo del 2015, es posible identificar el Tabulador mensual de sueldos y salarios con curva salarial de sector central aplicable a los puestos de mano de las dependencias y entidades.

En dicho tabulador se encuentra la percepción total mensual que recibe aquella persona que se desempeñe como Presidente de la República, con un sueldo base bruto de 40, 766 pesos más una compensación de garantizada de 167, 804 pesos, siendo un salario total de 208, 570 pesos mensuales.

Sería cuestión de simple cálculo deducir que el Presidente de la República recibirá más de 15 millones de pesos al finalizar su administración de seis años, esto sin incluir aguinaldo y bonos, además cabe mencionar que el gasto durante ese periodo se reduce considerablemente ya que no tendrá la preocupación, como la tenemos millones de mexicanos, por pagar una renta, gasolina, alimentación y demás servicios que se contemplan en el momento de encabezar una de las máximas representaciones populares.

Séptimo. Es fundamental tener muy presente que en un país como el nuestro, con los mayores índices de desigualdad de América Latina, en donde habitan más de 55 millones de personas en situación de pobreza, en donde casi a la mitad de la población no le alcanza para tener una vida digna, no podemos permitir que el dinero de la gente sea malgastado y desperdiciado en cosas que no atiendan a esa gran mayoría de los mexicanos.

En un país donde cerca de la mitad de la población vive por debajo de la línea de bienestar, no podemos permitir que el dinero de la gente se malgaste en las pensiones y los servicios que se otorgan a los expresidentes. La presente iniciativa busca ser un ejemplo que permita iniciar un cambio de rumbo en la forma en que se utilizan los recursos públicos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:

Artículo 83. ...

El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, bajo cualquiera de las modalidades que menciona el párrafo anterior, no gozará de pensión por retiro ni de prerrogativas que representen erogación de recursos públicos.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente decreto.

Notas:

1 Hacienda se previene: anuncia recortes al gasto; Banxico aumenta la tasa de interés a 3.75%, Animal Político, febrero 12 del 2016, www.animalpolitico.com

2 La información respecto a la desigualdad salarial, fue consultada en el informe de la OECD intitulado “Todos juntos: ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? (In It Together, Why Less Inequelity Benefits All) 2015, del cual diferentes medios nacionales replicaron a través de diferentes notas periodísticas, principalmente por Animal Político así como por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

3 OECD Distribución del Ingreso, Base de Datos www.stats.oecd.org/

4 La distribución del ingreso, cuestión de vértigo. Junio 23, 2015, Animal Político, Majo Siscar, www.animalpolitico.com

5 Ibídem.

6 OECD Distribución del Ingreso, Base de Datos www.stats.oecd.org/

7 Unidad de Enlace para la Transparencia de la Presidencia de la República, información por parte de la Presidencia de la República conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, “INFOMEX”, folio 0210000145813, 2013.

8 En dicha fuente hace referencia a la respuesta emitida por parte de la Presidencia de la República por una solicitud de transparencia, de la cual también el periódico nacional Reforma hace mención y elaboró investigación, ¿Cuánto cuesta a los mexicanos la pensión de expresidentes? ADN Político, noviembre 2 3013, www.adnpolitico.com

9 Ibídem.

Nota: La información presentada puede ser corroborada bajo los datos proporcionados por parte de la Presidencia de la República de forma reciente, ya que se emitió una respuesta respecto a las pensiones de expresidentes en enero del 2015, en la cual incluye las siguientes dos preguntas “1. ¿Cuántas pensiones y/o jubilaciones otorga el Gobierno Federal a ex Presidentes de la República y/o familias de éstos? Tres expresidentes y dos cónyuges supérstites. 2. ¿Cuál es el monto monetario neto mensual de cada una de esas pensiones y/o jubilaciones que paga el Gobierno Federal a ex Presidentes y/o sus familias? Importe total de sueldos y salarios brutos: 205, 122.06 pesos. Ya que remite al Tabulador mensual de sueldos y salarios con curva salarial de sector central aplicable a los puestos de mano de las dependencias y entidades. Grupo G grado A nivel 1, y que se encuentra en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. DOF 29/05/2015 - Unidad de Enlace para la Transparencia de la Presidencia de la República, información por parte de la Presidencia de la República conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, “INFOMEX”, folio 0210000174214, 2015.

10 Gran mayoría de mexicanos, sin pensión suficiente: BID, El Financiero, 28 de abril 2015, www.elfinanciero.com.mx

11 México, el país menos preparado para el retiro, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 21 de octubre 2014, www.forbes.com.mx

12 Opinión por parte de Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias . México, el país menos preparado para el retiro, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 21 de octubre 2014, www.forbes.com.mx

13 Sin pensión 60% de los mexicanos mayores de 65 años, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 26 de septiembre de 2013, www.forbes.com.mx

14 Los 20 millones de mexicanos que morirán trabajando, Forbes México, Viridiana Mendoza Escamilla, 28 de febrero 2016, www.forbes.com.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Verónica Delgadillo García, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Concepción Villa González, Daniel Adrián Sosa Carpio, Delfina Gómez Álvarez, Ernestina Godoy Ramos, Guadalupe Hernández Correa, Ma. Victoria Mercado Sánchez, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Marbella Toledo Ibarra, María Candelaria Ochoa Avalos, Mirza Flores Gómez, Patricia Elena Aceves Pastrana, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Rene Cervera García, Rosa Alba Ramírez Nachis, Salvador Zamora Zamora, Sergio René Cancino Barffusón, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Mariano...

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul del diputado Virgilio Caballero, por favor. Sonido.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Para pedirle a la compañera Delgadillo que me permita sumarme a su iniciativa, tan importante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Delgadillo. Manifiesta su aquiescencia, entonces está a disposición acá, para quienes quieran suscribirla.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. También la fracción ciudadana quiere pedirles al coordinador y a la diputada Verónica si nos permiten firmar su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Pues dice que también del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano acepta que se sumen a su iniciativa.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Ramírez Nachis, por favor.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Felicitar a nuestra compañera Verónica Delgadillo, a nuestro coordinador de la fracción, y puntualizar que en este momento que vive nuestro país, creo que es la mejor oportunidad de llamar a la sensibilidad de todos estos legisladores para que aniquilemos estas condiciones de privilegio que han tenido los presidentes a través del tiempo en la historia de nuestro país.

Gracias, presidente y creo que es el clamor de toda la fracción de Movimiento Ciudadano el que por hoy le hagamos justicia a ese obrero que viene viviendo con un salario mínimo. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Patricia Aceves.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana(desde la curul): Para pedirle a la diputada su aprobación para que todo el Grupo Parlamentario de Morena se una a esta iniciativa. Ya es momento de que cesen estos privilegios a los que tienen acceso los expresidentes, después de tanto daño que han hecho y tanto que han saqueado al país. Gracias.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Delgadillo ha manifestado, como proponente, su aceptación para que eso suceda. Sonido en la curul del diputado Erik Juárez, por favor.

El diputado Erik Juárez Blanquet (desde la curul): Gracias, presidente. De igual forma, para solicitarles a la diputada Delgadillo y al diputado Clemente la posibilidad de suscribir junto con ellos esta iniciativa. Es un tema que a muchos nos interesa por la importancia. Creo que estamos en un momento coyuntural en nuestro país, en donde sería muy importante que finalmente pudieran dejar de existir esas pensiones millonarias para los expresidentes. Gracias.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Sí.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ambos proponentes manifiestan desde allá, desde sus curules donde están ahorita, que están desde luego aceptando esta suscripción.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Adelante, diputado.

El diputado Mariano Lara Salazar:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, México atraviesa una crisis de productividad y competitividad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ocupamos el último lugar en productividad laboral. Tan solo 20 de los 100 puntos de su escala es lo que nos da esa evaluación.

Por su parte, el Índice Global de Competitividad 2014-2015, elaborado por el Foro Económico Mundial, coloca a nuestro país en el número 60 de 144 economías evaluadas.

Si bien la competitividad es un efecto integral de las acciones de muchos agentes, una de las principales causas de la baja productividad es la escasa preparación y capacitación de la fuerza laboral conforme a las necesidades del sector productivo.

México requiere incrementar su competitividad de manera urgente, para ello es necesario fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas; ya que constituyen la columna vertebral de la economía nacional a través de la incorporación de personal altamente capacitado.

Para lograr este propósito es necesario que desde las universidades e instituciones de educación superior se imparta la instrucción para la formación, administración y gestión de negocios a fin de que exista una vinculación entre los jóvenes que egresan y la creación y el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

En este sentido pongo a consideración y a consideración de esta soberanía, una iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 3o. y el párrafo primero y fracción XXI del artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El objetivo es fortalecer el vínculo entre las universidades e instituciones de educación superior y las empresas. Al garantizar su participación en el Consejo Nacional de la Competitividad de las Mipyme, que es el encargado de promover y analizar y dar seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las Mipyme.

En Nueva Alianza tenemos la firme convicción de que la educación de calidad es la base fundamental para el crecimiento y desarrollo de una nación, y consideramos que es urgente que se empiece a cerrar la brecha entre el sector productivo y el sector educativo.

Debemos reconocer que la escasa vinculación de las universidades con las empresas, es un factor que limita el desarrollo tecnológico y productivo de las Mipyme.

En México las Mipyme generan el 72 por ciento del empleo en el país, pero su participación en la producción bruta total, es tan solo del 34.7 por ciento, lo que significa un grave desequilibrio. Peor aún, únicamente el cinco por ciento de las Mipyme nacionales exporta directamente sus productos, mientras que el promedio de América Latina es del 13.4 por ciento.

Para afrontar la competitividad a nivel mundial es fundamental promover, fortalecer y respaldar el emprendimiento de los jóvenes como un objetivo clave para el desarrollo de México.

Para Nueva Alianza, la participación de la juventud en la dinámica de competitividad del país es un mandato imperativo. Asumimos el compromiso de tomar acciones que promuevan el desarrollo de actitudes y aptitudes que les permitan a los jóvenes que se encuentren en las universidades y centros de educación superior concretar sus metas con éxito, implementando así su eficiencia.

Experiencias internacionales demuestran que vincular a las universidades con el sector productivo permite crearle el ecosistema propicio para la creación de nuevas empresas, con mejor tecnología y recursos humanos altamente capacitados que generan cadenas de valor que inciden en el crecimiento económico.

En México, a pesar de que algunas universidades cuentan con incubadoras, son pocos los programas educativos en el ramo de negocios y solamente el 0.6 por ciento de las empresas cuentan con un convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior.

Compañeras y compañeros, México requiere transformar la formación de su capital humano, por lo que debemos transitar hacia mecanismos integrales que permitan un mayor involucramiento del sector productivo en la formación de las nuevas generaciones.

En Nueva Alianza asumimos nuestra responsabilidad de brindarles las herramientas para que sus acciones vayan encaminadas a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que detone el desarrollo y crecimiento sostenible de México, ubicándolo como un país altamente competitivo y nos ayudan a cambiar las cosas. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Mariano Lara Salazar, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 3 y párrafo primero y fracción XXI del artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Nuestra economía es considerada desde hace varios años como una economía emergente, la cual actualmente se encuentra en un proceso de consolidación que, en teoría, le permitirá desarrollar todo su potencial.

Sin embargo, hoy en día aún nos encontramos con una serie de paradigmas a resolver, uno de ellos es lograr integrar los sectores de la economía doméstica para que incentiven los niveles de producción y detonen mayores tasas de empleo, dando como resultado mayores niveles de ingreso y una mejor distribución de la riqueza.

Uno de los principales factores que determina el ingreso es la productividad, la cual lamentablemente en nuestro país es baja. En el ranking de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, somos el último lugar en productividad laboral; según datos de esa organización, México está por debajo de la media que es de 50 puntos, el organismo nos sitúa con 20 en una escala de 100 puntos, una de las principales causas es debido a que existe una mala preparación de la fuerza laboral y baja calidad educativa.

Por otra parte, el rezago educativo que presenta el país es preocupante. Según datos del Diagnóstico 2014 al Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, en el sistema de educación superior 3 sólo se atiende a 28.6 por ciento de los jóvenes entre los 18 y 22 años de edad, es decir, la cobertura en educación superior sólo acoge a 3 de cada 10 jóvenes en edad escolar para ese nivel.

Por lo anterior, el nivel de jóvenes que no estudia ni trabaja ha aumentado en los últimos años, según la OCDE México ocupa el tercer lugar con más jóvenes que ni estudian ni trabajan. Dentro de la organización, el primer y segundo lugar lo ocupan Turquía e Israel.

Distintas fuentes señalan que en nuestro país existe una correlación baja entre las habilidades de los egresados de educación técnica, media superior y superior y las necesidades de las empresas.

Por ejemplo, una encuesta realizada por Manpower, cuya metodología se basó en 192 encuestas a distintos empleadores y 27 encuestas al propio personal de esa empresa, buscaba revelar las necesidades de talento técnico que requiere el mercado laboral; de acuerdo con su encuesta denominada Escasez de Talento, los diez puestos más difíciles de cubrir son:

1. Representante de ventas.

2. Secretaria, asistentes administrativos y personal de apoyo en oficina.

3. Trabajadores certificados en algún oficio.

4. Ingenieros.

5. Operadores de maquinaria/producción.

6. Técnicos.

7. Personal de contabilidad y finanzas.

8. Gerentes de venta.

9. Gerentes/Ejecutivos (Dirección/Corporativo).

10. Personal de Tecnología de la Información.

También dentro de la citada encuesta se encontró que cuando la empresa contrata egresados de bachillerato técnico, se les preguntó: ¿cuentan con el conocimiento requerido para el puesto que desempeñan?, los resultados fueron que de los recién egresados 47 por ciento tenía conocimiento regular, 39 por ciento en gran parte de los casos y 6 por ciento dijo que nada.

Por otra parte, la misma pregunta se realizó pero para los egresados con nivel de técnico superior universitario, los resultados fueron: 41 por ciento cuentan con conocimiento regular, 30 por ciento en gran parte de los casos y 16 por ciento, nada.

Los resultados nos dicen que al menos más de la mitad de los egresados de ambas modalidades técnicas tienen deficiencias en cuanto al conocimiento técnico para desempeñar el puesto para el cual serían contratados, lo cual evidentemente repercute de manera negativa en la productividad y competitividad.

Tal es el caso de que como lo señala el Índice Global de Competitividad 2014-2015 elaborado por el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa el lugar número 60 de 144 economías evaluadas, lo que significa que estamos por debajo de Chile (33), España (35), Turquía (45), Panamá (48), Costa Rica (51), Filipinas (52) y Brasil (57), entre otros.

Por otra parte, en 2014 se presentó un diagnóstico realizado por la Secretaría de Economía, el cual hace un recuento de las fortalezas y debilidades del Programa Fondo Nacional del Emprendedor, FNE. El Fondo se ha transformado en los últimos años. La Secretaría ha venido ajustando los alcances y los objetivos de los recursos destinados a las Mipyme.

El diagnóstico señala que las Mipyme aportan 74 por ciento de los empleos a la economía. La participación en la producción bruta total, PBT, es tan sólo de 34.7 por ciento, es decir, el nivel de PBT es bajo debido a la baja productividad y con relación al nivel de empleos que genera. Además, la productividad de las grandes empresas es 6.3 veces mayor en comparación con la productividad que presentan las Mipyme.

Otro de los problemas principales que enfatiza el diagnóstico es que a las Mipyme les falta financiamiento, 70 por ciento de las empresas que solicitan financiamiento no lo obtienen. Los que acceden a crédito es a través de los socios, seguido de los bancos, proveedores, familiares y prestamistas. Esto sin duda es una falla del mercado financiero, si no hay crédito es difícil impulsar proyectos productivos.

Según el diagnóstico FNE, y es aquí donde Nueva Alianza pone mayor atención, la mayoría de los empresarios inician con conocimientos limitados en el negocio por no haber sido expuestos a la actividad empresarial durante su vida escolar o bien, por no haber recibido algún tipo de formación educativa de cómo iniciar un negocio.

Además, señala el estudio, no llevan registros contables regulares, no buscan asesoramiento profesional para mejorar su rendimiento y por ende, mejorar su productividad.

Existen pocos programas educativos en el ramo de negocios, por lo que las habilidades de gestión empresarial son insuficientes para desarrollar de forma contundente sus empresas.

Únicamente 5 por ciento de las Mipyme nacionales exporta directamente sus productos, mientras que el promedio de América Latina es de 13.4 por ciento.

Los productos y servicios también enfrentan un claro golpe frente a los extranjeros, toda vez que muchos de los bienes y servicios nacionales no pueden competir con los precios del exterior, sobre todo ante los productos chinos.

Así, la pérdida de competitividad tiene que ver con la falta de diseño, terminado, escala, utilización de nuevos materiales, así como a la falta de adaptación de sus productos y servicios al mercado interno y externo, en precio, volumen y la calidad que se exige.

Por último, la escasa vinculación universidad-empresa es un factor que limita el desarrollo tecnológico y productivo de las Mipyme, solamente 0.6 por ciento de las empresas cuentan con un convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior.

Con esas cifras es imposible que crezca y se desarrolle cualquier economía del mundo y se combata la pobreza y la desigualdad, es por ello que en Nueva Alianza consideramos que debe existir una mayor participación y vinculación entre las universidades e instituciones de educación superior, el Estado y las Mipyme.

Argumentación

Es imperativo revertir la tendencia negativa de la baja productividad que presenta nuestro país. Por ello, es importante reforzar las acciones en concreto para lograr que, por una parte, se eleve la productividad y, por otra, lograr que se fortalezcan los lazos entre las universidades e instituciones de educación superior, el mercado laboral y el Estado mexicano.

Dicha relación será por medio de sus programas, en este caso principalmente, a través del Fondo Nacional Emprendedor a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, estableciendo una mayor participación de los tres actores mencionados en la implementación de acciones por parte del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

En 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se dedicó a realizar un foro denominado Transformación: Habilidades para la Productividaden toda América Latina, cuyo objetivo fue el saber cuáles son las necesidades del sector productivo y la formación de recursos humanos que satisficieran esas necesidades.

En la experiencia internacional, los modelos de transformación expuestos por Corea, Australia, Reino Unido, Alemania y Chile muestran que “cuando los sistemas educativos están mejor vinculados al mundo laboral, se presentan mejores resultados en empleo juvenil, cuando se logran los vínculos en la formación de mano de obra se generan cadenas de valor que inciden en el crecimiento económico”.

Para el caso de México, concluye el foro del BID que:

• Es preciso trabajar en una agenda común de desarrollo de habilidades alineada a las prioridades de crecimiento económico del país.

• El sistema de habilidades se beneficiaría de un enfoque en sectores productivos estratégicos para el crecimiento económico.

• El desarrollo de habilidades debe ser considerado una política pública prioritaria.

• El monitoreo y la medición de resultados son críticos para la toma de decisiones. La empleabilidad, la trayectoria laboral y la productividad de los beneficiarios de un proceso de formación son los mejores indicadores para medir los resultados de las iniciativas de desarrollo de habilidades.

• Es recomendable transitar hacia mecanismos integrales de orientación vocacional para guiar las decisiones profesionales de la fuerza laboral y balancear el desequilibrio entre la demanda de los jóvenes por ciertas carreras y las necesidades del sector productivo.

• Mayor involucramiento del sector productivo y mayor pertinencia en la formación. Una estrecha colaboración entre el sector público y el sector productivo es la mejor manera de lograr una formación pertinente, dinámica y de valor agregado para empresas y trabajadores.

• Por medio de pilotos de capacitación en sectores/regiones específicos y análisis sobre su impacto se podría forjar una nueva política de capacitación de trabajadores activos.

• Se requiere impulsar alianzas entre instituciones académicas, grandes empresas y proveedores de capacitación privados, para asegurar que la infraestructura de los centros y proveedores de capacitación sea la adecuada a los procesos de formación y crear una red de conocimiento compartido.

• El desarrollo de las habilidades no puede esperar. México requiere transformar la formación de su capital humano.

Por su parte, en un estudio publicado en 2015 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, denominado Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimiento de los mexicanos para la productividad y la innovación, se hace una valoración de las reformas estructurales que se han realizado en los últimos años en nuestro país.

En dicho estudio se realiza una serie de recomendaciones muy puntuales para lograr un mejor impacto económico en materia de productividad. Aquí se destacan las más importantes:

- Que la reforma educativa sea transexenal, de largo plazo y que cuente con el respaldo de autoridades federales y estatales y que se involucre al sindicato de maestros, académicos, sociedad civil y padres de familia.

- Reducir los índices de deserción en educación media superior a través de programas como Construye-T y reforzar las competencias blandas.

- Fortalecer el sistema de certificación de competencias que ya opera.

- Hacer más atractiva la educación media superior, aumentar las oportunidades de aprendizaje durante su trayectoria educativa.

- Forjar alianzas entre la educación vocacional y capacitación, universidades, empleadores y la Comisión Nacional de Productividad, con el objetivo de crear centros de excelencia que formen profesionales competentes y tengan acceso a las tecnologías de punta y conocimiento especializado que demanda el mercado laboral.

- Crear un sistema de financiamiento entre los estudiantes y el Estado a pagar en el futuro derivado de sus ingresos como profesionistas, con el objetivo de que los alumnos no abandonen los estudios por motivos monetarios.

Hasta aquí podemos observar cómo nuevamente la relación tripartita (Estado-universidades-educación) es la clave para elevar los niveles de productividad y convertirnos en una economía eficiente.

Para reforzar lo anterior, otro estudio de la OCDE realizado en 2015 denominado El Futuro de la Productividad, indica que desde 2001 se presentó una desaceleración en las tasas de productividad, por lo que el futuro de la productividad es incierto.

Por una parte, los países deberán aprovechar el potencial de difusión del conocimiento en general y por otra, existe un amplio margen para reforzar la productividad y reducir las desigualdades mediante una mejor concordancia entre competencias y puestos de trabajo, por lo cual recomiendan lo siguiente para promover la productividad:

• Mejoras regulatorias en el mercado para que las empresas puedan experimentar, que no penalicen excesivamente el concurso de acreedores; i) los incentivos de las empresas para experimentar, ii) la asignación de los recursos (por ejemplo, las competencias), y iii) los beneficios potenciales de la participación en cadenas de valor mundiales.

• Que no obstaculice la movilidad laboral para reducir el desajuste de competencias.

• Es necesaria la inversión pública en investigación básica, con objeto de respaldar la aparición continua de innovaciones revolucionarias. Tanto en el sector público como en el privado se están destinando menos fondos a investigación básica. Se requieren mecanismos de difusión del conocimiento para transferir esa investigación a otros operadores.

Como se dijo, esta iniciativa busca fortalecer el vínculo jurídico entre las universidades e instituciones de educación superior y las empresas, a través del Consejo Nacional de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La relación universidad-empresa se inició en los años 50 en Estados Unidos. Comenzó en Nueva York en el Centro Industrial Batania, después en la Universidad de Silicon Valley, California.

A partir de las iniciativas de Stanford, se fundó un parque industrial con el objetivo de promover la transferencia de tecnología desarrollada en la universidad hacia la empresa y para la creación de nuevas empresas tecnológicas.

De ahí se expandió a todo el mundo, por ejemplo, a Inglaterra con la British Steel Corporation, que estimuló la creación de pequeñas empresas en el sector del acero.

En la década de los 80 América Latina ingresó a esta modalidad, Brasil y Chile fueron los precursores. Desde hace algunos años se incorporaron a esta lista mundial México y Argentina.

Actualmente en todo México se encuentran incubadoras, como lo muestra la información del Inadem, tanto privadas como las que se forman dentro de las universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas, cuya finalidad es contribuir en cierta medida a la transferencia del conocimiento de la escuela a los sectores productivos. Mencionaremos algunos de los casos más sobresalientes.

La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, cuenta con incubadoras en diferentes campus y facultades; sin embargo, sólo señalaremos los servicios que se ofrecen a través de la Coordinación de Innovación y Desarrollo:

- Identificar áreas de oportunidad para la innovación con ventajas comparativas de la UNAM.

- Establecer unidades virtuales de innovación entre la academia, la industria en sectores y temas especializados.

- Detectar e impulsar el desarrollo de tecnología, servicios y conocimiento que resuelva problemas o atienda necesidades relevantes.

- Estimular la creación e incubación de empresas de la UNAM y de universitarios.

- Coordinar la presencia y actividades de la UNAM en parques tecnológicos.

- Promover el desarrollo profesional del sector productivo y social en la innovación y emprendimiento.

- Contribuir al desarrollo de una cultura y actitud a favor de la innovación y el emprendimiento en la UNAM y el país.

- Facilitar la capacitación de la comunidad universitaria en innovación y emprendimiento.

- Establecer vínculos efectivos con el sector productivo, social y académico, nacional e internacional, en innovación y emprendimiento.

- Facultar la transferencia de conocimiento, tecnología y la prestación de servicios y asesorías, con la participación de académicos y alumnos de la UNAM.

- Transferencia del conocimiento y propiedad intelectual.

El Instituto Politécnico Nacional también cuenta con diferentes espacios en los que se brindan los servicios enfocados a las incubadoras, señalamos solamente el del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica que busca:

- Impulsar el crecimiento y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas con capacidad de innovación.

- Que la mayoría de las empresas que nacen en la incubadora contribuyan al desarrollo económico de su región.

- Reducir los índices de fracaso de las empresas incubadas, ofreciendo un ambiente en el que puedan desarrollarse con más seguridad que estando directamente en el mercado.

- Las empresas incubadas pueden obtener asistencia especializada. Fomenta el desarrollo de verdaderos emprendedores que tengan la capacidad de ser parte de la fuerza innovadora de nuestro país.

Los servicios que ofrece:

- Asesoría en el desarrollo del plan de negocios.

- Asesoría en el área de administración.

- Asesoría en el área de mercadotecnia.

- Diseño gráfico e industrial.

- Asesoría en el área de procesos productivos.

- Asesoría en el desarrollo del producto final.

- Asesoría financiera.

- Vinculación tecnológica.

- Asesoría legal y de propiedad intelectual.

- Acercamiento a fuentes de financiamiento.

- Servicios de informática y computación.

- Servicios administrativos.

En el caso del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, este busca a través de la Red de Incubadoras de Empresas del Tecnológico de Monterrey:

- Ofrecer a los alumnos y a los egresados emprendedores un modelo de desarrollo de nuevas empresas.

- Formar empresarios y empresas competitivas en el ámbito nacional e internacional, que contribuyan al desarrollo social de la comunidad.

- Propiciar la contribución de los campus del Tecnológico de Monterrey al desarrollo de la región de influencia.

- Red de incubadoras de base tecnológica de alto valor agregado: agrobiotecnología, biotecnología, desarrollo de tecnologías de información, farmacéutica, ingeniería biomédica, energía, aeroespacial y automotriz.

- Red de incubadoras de tecnología intermedia que atiende empresas en: consultoría, telecomunicaciones, desarrollo de franquicias, servicios de software, construcción, agronegocios y comercio, entre otros.

- Red de incubadoras sociales: impulsa la creación y el fortalecimiento de microempresas a través de la capacitación y asesoría de los emprendedores, para que puedan llevar a cabo proyectos productivos, que al mismo tiempo sean generadores de fuentes de trabajo e impulsen el crecimiento de sus comunidades. Adicionalmente se ofrecen programas educativos que desarrollan y complementan las capacidades empresariales de las personas.

Un caso más a comentar es el de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID, por sus siglas en inglés) creada junto con 7 de las más prestigiadas universidades estadounidenses, la USAID aprovecha a los catedráticos y estudiantes para investigar el desarrollo de enfoques en ciencia, tecnología e ingeniería para el desarrollo mundial.

La USAID promueve la iniciativa empresarial para sostener estos enfoques y aprovechar el entusiasmo de los estudiantes para el desarrollo de las regiones, aplicando la ciencia y la tecnología para resolver problemas en áreas clave como la salud mundial, la seguridad alimentaria y los conflictos crónicos.

En México existen algunos casos de éxito en donde la vinculación entre las instituciones educativas, el gobierno y la empresa han funcionado, tal es el caso del clúster de Querétaro, situado en el aeropuerto internacional de ese estado que ofrece numerosas ventajas para la localización de proveedores aeroespaciales que están en busca de alternativas más competitivas, mano de obra altamente calificada e infraestructura de clase mundial.

El parque ofrece una combinación de terreno e infraestructura, precios de renta competitivos y capacitación profesional, a través de la Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro.Este es un caso claro de la combinación de esfuerzos entre Estado-empresa-universidades.

Ya hemos expuesto cuáles son las necesidades que se presentan en el mercado laboral, y cómo los estudios nacionales e internacionales concluyen que hay poca vinculación entre las universidades y las empresas. Las ventajas son muchas, por lo que la presente iniciativa busca contribuir para que se fortalezcan los lazos entre el Estado, las universidades e instituciones de educación superior y las Mipyme.

Si bien, esta Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa señala en el artículo 18 fracción XXI que como integrantes del Consejo Nacional, los miembros de estos sectores, de conformidad al artículo tercero, pueden ser el privado, social y del conocimiento.

Lo que la iniciativa busca dejar en claro es que en la conformación del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa deben participar las universidades e instituciones de educación superior. Así, de manera clara, toda vez que, como se mencionó en el párrafo anterior, la redacción actual señala que participarán en el Consejo Nacional:

XXI. Tres miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, quienes serán designados por la secretaría.

En ese sentido, en Nueva Alianza estamos convencidos de que la ley debe ser precisa, por ello proponemos una fracción que incorpore de manera exacta y en la misma proporción, la participación de las universidades e instituciones de educación superior en la conformación del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Con dicho cambio, esperamos que se fortalezca la vinculación entre las universidades y las IES con las Mipyme.

Por último, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como estrategia general “elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial”, y establece que una de las cinco metas nacionales es lograr un “México con educación de calidad”, de eso se trata esta iniciativa, productividad-educación, por ello deben participar de manera más clara las instituciones de educación superior en el proceso de desarrollo del país a través del incremento de la productividad.

Por su parte, en el ciclo escolar 2013-2014, la matrícula registrada fue de 3 millones 882 mil 625 estudiantes, de los cuales 88 por ciento pertenece a la modalidad escolarizada y 12 por ciento a no escolarizada; de ellos: 4.3 por ciento se inscribieron en modalidad técnico superior o profesional asociado, 85 por ciento en licenciatura y 6.7 por ciento en programas de posgrado.

De la cifra anterior es importante mencionar que en licenciatura (3.3 millones de alumnos) 66.9 por ciento están inscritos en educación pública y 33 por ciento en escuelas particulares. Es muy bajo el porcentaje de alumnos que cursan una licenciatura, por ello es imperativo potencializar la vinculación entre universidades y empresas.

Todos los alumnos de educación superior tendrán que incorporarse al mercado laboral, en la medida en que fortalezcamos los vínculos universidad-mercado laboral, en esa medida contribuiremos al desarrollo y crecimiento económico de México.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 3, fracción VI del artículo 3 y párrafo primero y fracción XXI del artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 3 y párrafo primero y fracción XXI del artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a V. ...

VI. Sectores: Los sectores privado, social y universidades e instituciones de educación superior.

VII. a XVIII. ...

Artículo 18. El Consejo estará conformado por 34 integrantes.

I. a XX. ...

XXI. Tres miembros de los sectores privado y social; y tres de las universidades e instituciones de educación superior designados por el Inadem.

XXII. ...

...

...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Visto en http://www.oecd.org/std/productivity-stats/ y http://expansion.mx/mi-carrera/2015/05/19/mexico-ultimo-en-productividad-labora l-entre-33-paises

2 Visto en https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5012/1/images/diagnostico_prog rama_u079_2014.pdf

3 El Sistema de Educación Superior lo integran 3,369 instituciones públicas y particulares, ofrecen programas educativos de: técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, especializadles, maestría y doctorado.

4 Visto en https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5012/1/images/diagnostico_prog rama_u079_2014.pdf

5 Del total de los encuestados 91 por ciento son del sector privado y sólo 9 por ciento son del sector público... a su vez la mitad de la encuesta fue dirigida a empresas grandes 50 por ciento restante fue a Mipyme. Las principales entidades federativas en las que se realizó la encuesta fueron: DF, estado de México, Jalisco, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Guanajuato,, Baja California, Aguascalientes, y San Luis Potosí. Los ramos productivos fueron el automotriz 34 por ciento, metalurgia 14 por ciento, aeroespacial 12 por ciento, tecnología 12 por ciento, servicios 6 por ciento, plásticos 4 por ciento, servicios financieros 4 por ciento, comunicaciones 4 por ciento y otros (incluye petróleo, energético, alimenticio, construcción y transporte) con un 10 por ciento.

6 Visto en http://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/ Puestos_Tecnicos_2015.pdf

7 Visto en http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/

8 Visto en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/jul/12.DiagEco-20140711.pdf

9 El diagnóstico utiliza como medición la producción bruta total porque es el valor de todos los bienes y servicios emanados de la actividad económica como resultado de las operaciones realizadas por las unidades económicas, incluido el margen de comercialización de las mercancías revendidas de las firmas. Incluye: la producción realizada que no salió al mercado porque se encontraba en proceso de producción o en espera de clientes y la producción de activos fijos para uso propio. Valoración a precios de productor. Se define como el monto a cobrar por el productor al comprador, menos el impuesto al valor agregado (IVA), facturado al comprador.

10 Según el diagnóstico FNE la principal causa para solicitar préstamos es con el objetivo de adquirir mercancías, materias primas, materiales u otro tipo de insumos en el mercado nacional. En segundo lugar buscan el crédito para equipar o ampliar el negocio, seguido de la creación o apertura del negocio.

11 Visto en https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5012/1/images/diagnostico_prog rama_u079_2014.pdf

Por otra parte, la ANUIES cuenta con 180 instituciones de educación superior en todo el país. En dicha asociación están integradas las instituciones de mayor prestigio en México y a nivel mundial tanto públicas como privadas.

12 Visto en http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang= es&id=4470

13 Visto en http://habilidadesyproductividad.org/docs/onepager-mexico.pdf

14 Visto en http://www.oecd.org/mexico/mexico-politicas-prioritarias-para-fomentar-las-habi lidades-y-conocimientos-de-los-Mexicanos.pdf

15 Construye T es un programa del gobierno mexicano, diseñado e implementado a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en las y los estudiantes, y así mejorar el ambiente escolar en los planteles del nivel medio superior participantes. para más información http://www.construye-t.org.mx

16 Visto en https://www.oecd.org/eco/growth/El-futuro-de-la-productividad.pdf

17 Visto en https://incubacionempresas.wordpress.com/2007/09/25 /hola-mundo/

18 Las primera incubadoras de negocios se dieron en la UNAM en los años ochenta, peor no fue hasta la década pasada que tuvieron un mayo repunte tanto esa casa de estudios como en otras.

19 Visto en https://reconocimiento.inadem.gob.mx/resultados/ index.php?e=0

20 Visto en http://www.innovacion.unam.mx/nosotros.html

21 Visto en http://www.ciebt.ipn.mx/servicios/Paginas/incubacion. aspx

22 Visto en http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Emprendimien to/Red+de+Incubadoras+de+Empresas/Que+es+la+red+de+incubadoras+de+empresas/

23 Visto en http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012 /11/20121115138719.html#axzz449Qjjd6J Las primeras siete universidades que participan en la red son el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de California en Berkeley, que juntos han creado una nueva disciplina en ciencia e ingeniería de desarrollo. La Universidad Estatal de Michigan estudiará las tendencias como el crecimiento demográfico y el cambio climático. La Universidad Texas A & M se enfocará en mejorar la productividad agrícola y la universidad College of William & Mary usará datos y análisis para mejorar la toma de decisiones en el desarrollo. La Universidad de Makerere en Uganda desarrollará cursos en línea para ayudar a las personas a aprender acerca de la transparencia, la responsabilidad, la justicia y la igualdad. La Universidad Duke es la séptima universidad en la red.

24 Visto en http://queretaroindustrial.com/busquedamapa.php?idparque=12 además de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, también participan en el parque industrial la Universidad del valle de México campus Querétaro, la Universidad Contemporánea y el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. Por su parte las Cámaras Asociaciones que participan son la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Querétaro. Por parte del sector industrial se encuentra el Club de Industriales de Querétaro, AC.

25 Visto en https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5012/1/images/diagnostico_prog rama_u079_2014.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 abril de 2016.— Diputado Mariano Lara Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Túrnese a la Comisión de Competitividad para dictamen.

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Inicio con un reconocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que durante toda su vida institucional, pero esencialmente a partir de que adquiere su autonomía en el año de 1999 se ha consolidado como un sistema de protección no jurisdiccional a favor de la defensa de los derechos humanos, motivada desde sus inicios por la gran demanda nacional de un verdadero estado de derecho.

Actualmente tanto la CNDH como los organismos estatales de derechos humanos, son un modelo de gestión que consolida una cultura de respeto de los derechos humanos donde investigan y emiten recomendaciones apegadas estrictamente a la normatividad y que a pesar de que dichas resoluciones no tienen un carácter coercitivo para la autoridad responsable, sí lo obliga a responder conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de su no aceptación o incumplimiento.

Además la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente o las Legislaturas de las entidades federativas podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante ellos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Dentro de las atribuciones de la CNDH es también la de supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, y con ello el de conocer e investigar a petición de parte o de oficio presuntas transgresiones, así como de las de queja que por acción u omisión de las autoridades penitenciarias puedan ser violatorias de los derechos de los reclusos.

Para ello la comisión tiene la facultad de emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las indagatorias realizadas por los visitadores y en los casos que existan hechos legítimamente graves, el presidente de la Comisión Nacional podrá presentar a la opinión pública y a las autoridades correspondientes, un informe especial.

En este contexto es que se emite anualmente un diagnóstico de supervisión penitenciaria que con fundamento en el artículo 6, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH evalúa a cada uno de los centros de reclusión a través de visitas y recorridos, verificando las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando, ante todo, el respeto y la observancia a los derechos humanos.

El Reglamento Interno de este organismo establece que dicho diagnóstico se realizará a través de la tercera visitaduría, el cual deberá contener, como mínimo, los datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes y abusos y quejas, documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales, el cual hace del conocimiento de la sociedad y de los distintos órdenes de gobierno competentes.

El 29 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados recibió de la CNDH el pronunciamiento, la supervisión penitenciaria donde afirma que “el sistema penal mexicano enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir”. Asimismo se refiere que el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria pretende orientar las políticas para atender esta problemática y a su vez llama a analizar los resultados de este diagnóstico de forma integral con el propósito de utilizar realmente la información cuantitativa y cualitativa para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión.

A la vez plantea conforme a un proceso incluyente donde pueda participar con los organismos estatales de los derechos humanos y las propias autoridades relacionadas con el sistema de reinserción social. Por esta razón propongo que por ley se establezca la inclusión en los centros de readaptación social a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de manera directa atienda las problemáticas denunciadas en los distintos centros penitenciarios en materia de derechos humanos, a efecto de prevenir situaciones como las ya conocidas en el penal de Topo Chico, por señalar un ejemplo.

En la vigente ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, en su artículo 9o., se establece la creación de un Consejo Técnico Interdisciplinario que funge como un órgano consultivo, el cual tiene importancia en las acciones en pro del óptimo funcionamiento de los centros de readaptación social, no solo por la individualización del sistema progresivo, sino además, por las opiniones que emiten sobre la administración, organización y operación de quienes intervienen en el funcionamiento del centro de reclusión, mismas opiniones que podrán ser sugeridas a la autoridad ejecutiva para el buen desarrollo del mismo penal.

En este aspecto podemos afirmar que la legislación penitenciaria se orienta de manera clara a establecer una participación plural de responsabilidades para el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios; sin embargo, es necesario que en la conformación del consejo técnico interdisciplinario, exista la representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de los organismos estatales de derechos humanos para fortalecer al sistema penitenciario y como una institución pública autónoma al servicio de la sociedad, dé respuesta y seguimiento eficaz a las demandas que la misma sociedad le impone, y para ello debemos de dotar de una atribución inclusiva a la CNDH para que garantice los derechos humanos de los reclusos, principalmente cuando el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria arroja resultados críticos que ponen en riesgo la misma gobernabilidad del penal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una fracción XII-Bis, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

XII-Bis. Integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario o cualquier órgano consultivo de cada reclusorio, para la observancia y seguimiento del resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria vigente, conforme a la legislación aplicable.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Ana Guadalupe Perea Santos, Diputada Federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

La Comisión Nacional de los Derechos humanos, durante toda su vida institucional, pero esencialmente a partir de que adquiere su autonomía en el año de 1999, se ha consolidado como un sistema de protección no jurisdiccional a favor de la defensa de los derechos humanos, motivada desde sus inicios por la gran demanda nacional de un verdadero estado de derecho.

Actualmente, tanto la CNDH como los organismos estatales de derechos humanos, son un modelo de gestión que consolida una cultura de respeto de los derechos humanos, donde investigan y emiten recomendaciones apegadas estrictamente a la normatividad, y que a pesar de que dichas resoluciones no tienen un carácter coercitivo para la autoridad responsable, si lo obliga a responder, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de su no aceptación o incumplimiento; además, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante ellos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Dentro de las atribuciones de la CNDH es también la de supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país y con ello el de conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas transgresiones, así como de las quejas que, por acción u omisión de las autoridades penitenciarias, puedan ser violatorias de los derechos de los reclusos, para ello, la Comisión tiene la facultad de emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las indagatorias realizadas por los visitadores y en los casos que existan hechos legítimamente graves, el presidente de la Comisión Nacional podrá presentar a la opinión pública y a las autoridades correspondientes un informe especial

En este contexto es que se emite anualmente un Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria que con fundamentado en el artículo 6º, Fracción XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos, la CNDH evalúa cada uno de los centros de reclusión a través de visitas y recorridos, verificando las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando, ante todo, el respeto y la observancia a los derechos humanos.

El reglamento interno de éste organismo establece que dicho diagnóstico se realizará a través de la Tercera Visitaduría, el cual deberá contener como mínimo, los datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales el cual se hace del conocimiento de la sociedad y de los distintos órdenes de gobierno competentes

El 29 de marzo del presente año, la cámara de Diputados recibió de la CNDH el pronunciamiento “La Supervisión Penitenciaria”, donde afirma que el sistema penal mexicano enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir.

Asimismo se refiere que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) pretende orientar las políticas para atender esta problemática y a su vez, llama a analizar los resultados de éste diagnóstico de forma integral, con el propósito de utilizar realmente la información cuantitativa y cualitativa, para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión.

A su vez, ella misma propone conformar un proceso incluyente, donde pueda participar con los organismos estatales de derechos humanos y las propias autoridades relacionadas con el sistema de reinserción social

Por esta razón, es de considerarse que se establezca la inclusión en los Centros de Readaptación Social a la CNDH para que de manera directa atienda los problemas denunciados en los distintos centros penitenciarios en materia de Derechos Humanos, a efecto de prevenir situaciones como las ya conocidas en el Penal de Topo Chico por señalar un ejemplo.

En la vigente Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en su artículo 9°, se establece la creación de un Consejo Técnico interdisciplinario que funge como un órgano consultivo, el cual, tiene importancia en las acciones en pro del óptimo funcionamiento de los centros de readaptación social, no solo por la individualización del sistema progresivo, sino además, por las opiniones que emite sobre la administración, organización y operación de quienes intervienen en el funcionamiento del centro de reclusión, mismas opiniones que podrán ser sugerencia a la autoridad ejecutiva para el buen desarrollo del mismo penal; dicho Consejo es presidido por el Director del establecimiento o el sustituto, por miembros de superior jerarquía del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia, un médico y un maestro.

En este aspecto podemos afirmar que la legislación penitenciaria se orienta de manera clara a establecer una participación plural de responsabilidades para el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios, sin embargo, es necesario que en la conformación del consejo técnico interdisciplinario, exista la representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de los organismos estatales de derechos humanos, para fortalecer al sistema penitenciario y como institución pública autónoma al servicio de la sociedad, dé respuesta y seguimiento eficaz a las demandas que la misma sociedad le impone y para ello debemos de dotar de una atribución inclusiva a la CNDH para que garantice los derechos humanos de los reclusos, principalmente cuando el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria arroja resultados críticos que ponen en riesgo la misma gobernabilidad del penal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una fracción XII-Bis

Único. Se reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una fracción XII-Bis para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6o.La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

...

XII-Bis. Integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario o cualquier órgano consultivo de cada reclusorio, para la observancia y seguimiento del resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria vigente, conforme a la legislación aplicable.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Perea. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La diputada Beatriz Vélez Núñez:Muchas gracias, señor presidente. Me da mucho gusto estar aquí en esta alta tribuna y saludar a mi coordinador de mi partido, muchísimas gracias coordinador por estar todavía a esta hora aquí presente. Muchísimas gracias.

Desde luego que también saludo con mucho respeto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados del estado de Guerrero, de Coahuila y de todos los estados que aquí se encuentran presentes.

El día de hoy, compañeras diputadas y compañeros diputados, presente ante todos ustedes la iniciativa que reforma el artículo 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es tiempo de hacer conciencia de la importancia de esta reforma, pero sobre todo de preparar nuestro sistema de salud y hacerle frente al cambio demográfico que estamos y estaremos enfrentando en los siguientes años.

La salud de los adultos mayores en estos momentos es relevante, desde el 2010 a la fecha México se ha enfrentado a una serie aceleración en materia de envejecimiento que al día de hoy significa el 15 por ciento de la población total.

Quiero recalcar que no es un problema exclusivo de México, esto está pasando a nivel mundial. El aumento de adultos mayores ha pasado del 12 por ciento al 22 por ciento, y para el año 2050 se espera un incremento considerable.

Sin embargo, sí es nuestra responsabilidad atenderlo y darle las mejores soluciones antes de que esta situación se transforme en una problemática seria para nuestro país. Basta recordar que una población adulta impacta tanto en situaciones económicas como reparto de las pensiones, hasta la organización del espacio demográfico, pero sobre todo en salud.

Una población adulta aumenta niveles de frecuencia respecto a enfermedades graves, como las cardiovasculares, las renales, el cáncer, entre otras. Estas personas demandan más servicios con mayor frecuencia producto de su propia edad. Ello también es común, la OMS ha señalado que las personas de edad avanzada que viven en países de ingresos bajos y medianos soportan una carga de morbilidad más elevada.

Por lo mismo, es natural que una administración consciente de la problemática tenga dudas respecto al costo presupuestal que la atención conllevará. Pero también es necesario verlo como una inversión que permitirá a largo plazo poder enfrentarnos de manera efectiva a problemas que traen en futuro.

Hoy más que nunca es urgente que comencemos a planear estrategias que brinden servicios específicos para adultos mayores. Sobre todo fundamental que tomemos en cuenta la atención geriátrica que hasta ahora mantiene una visión limitada y atendida por políticas públicas locales. Urge revertir esta situación implementando un modelo de atención de adultos mayores con un abordaje de enfoque holístico y multidisciplinario, para detección oportuna, de prevención y control de las patologías propias de este grupo de edad.

Es importante este tipo de atención de calidad a los adultos mayores, que tengan un carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, así como psicología, nutrición con especialistas en medicina geriátrica.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona la fracción XII al artículo 3o y se reforma la fracción III del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por atención integral la atención médica integrada por especialistas en medicina geriátrica, de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, así como psicología, nutrición con especialistas en medicina geriátrica, incluyendo la atención de urgencias realizadas preferentemente en una sola consulta.

Artículo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud, garantizar a las personas adultas mayores la atención médica integral en las clínicas y hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel, públicas y privadas, las especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas adultas mayores, con la geriatría y la gerontología.

Transitorio.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Compañeras y compañeros diputados, muchos de los que hoy nos encontramos aquí en la Cámara ya estamos en una edad avanzada, otros vamos hacia esa edad; por eso hago un llamado respetuoso a que votemos esta iniciativa a favor, que sin lugar a dudas serán beneficiados todos los adultos mayores de México y en especial de mi estado de Guerrero y de mi distrito. Muchísimas gracias a todos, gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI

De la diputada, Beatriz Vélez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, tomando en cuenta la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el 2010 a la fecha México se ha enfrentado a una seria aceleración en materia de envejecimiento pues mientras que para ese año las personas con una edad de entre los 65 años representaba solamente el 6% de nuestra población total, para 2016 este segmento significará el 15%, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Lo anterior no es exclusivo de nuestro país, para 2050 la proporción de la población mundial con más de 60 años de edad pasará a ser de 2000 millones, lo que representa un aumento del 12% al 22%. Francia dispuso de casi 150 años para adaptarse a un incremento del 10% al 20% en la proporción de la población mayor de 60 años, pero países como Brasil, China y la India deberán hacerlo en poco más de 20 años.

El estado de Guerrero por su parte cuenta con 321,932 adultos mayores, este importante número corresponde cerca del 9.5% de la población del estado. Chilpancingo, que es la capital del Estado cuenta con una población por sí sola de 11,879 adultos mayores de 65 años.

No cabe la menor duda de que esta situación representa nuevos retos para la administración que lleva a cabo el Estado, hablo sobre distintos temas que van desde el reparto de las pensiones hasta la organización del espacio demográfico, pero sobre todo me refiero a este respecto en materia de Salud.

Al presentarse una mayor población adulta también se presentan mayores volúmenes de complicaciones que surgen tanto de manera natural por la edad, como por los riesgos de salud pública que actualmente enfrenta y enfrentará el país, como lo son las enfermedades cardiovasculares, renales o el cáncer de mama, entre otras.

De acuerdo con la OMS las personas de edad avanzada que viven en países de ingresos bajos y medianos soportan una carga de morbilidad más elevada causado por problemas como las cardiopatías, el accidente cerebrovascular (ictus) y las neumopatías crónica.

No obstante, existen otros rubros como las causas de discapacidad, como aquellos relacionados con el deterioro sensorial, problemas graves de dolor en el cuello y la espalda o enfermedades pulmonares.

La salud mental y el bienestar físico y emocional de estas personas tienen la misma importancia que las de cualquier otra edad y como podemos observar respecto al número de distintos problemas de salud que puede acarrear, la peor medida respecto a una política pública saludable es omitir este asunto o peor, utilizar la discriminación contra las personas de edad avanzada.

Constantemente la Administración en la materia ha considerado que el gasto sanitario dedicado al cuidado para los adultos mayores un costo que repercutirá de manera negativa en el reparto del presupuesto, sin embargo es al mismo tiempo una obligación por parte del Estado y una inversión que permitirá a largo plazo poder enfrentarnos de manera efectiva a los problemas que trae el futuro.

Cabe resaltar al respecto, que actualmente nuestro sistema de salud no se encuentra preparado para hacer frente al cambio demográfico que estamos sufriendo, ni estamos preparados para sostener una atención médica desproporcionada de varias enfermedades crónicas y síndromes geriátricos.

Es preciso, más que nunca, que comencemos a planear estrategias que brinden servicios específicos para los ancianos, como son adaptación de los edificios y los medios de transporte, evitar situaciones de pobreza, la falta de seguridad social, movilidad o atención que les permita contar con buenas condiciones de salud.

Esto último es lo que me importa en mayor medida, pues la atención médica geriátrica sigue siendo un problema a resolver en todo el mundo, es cierto que es atendida por políticas públicas locales, pero aun responden a las prioridades de cada responsable sin tomar en cuenta las necesidades a nivel nacional.

Es cierto también que tanto el IMSS como el ISSSTE y algunos Estados tienen un programa de atención al adulto mayor, pero sigue siendo gracias a la buena fe y al contexto de cada situación y no así por la necesidad de tomar cartas en el asunto.

Incluso cabe mencionar que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas prevé clínicas geriátricas, pero no contempla la atención integral que es fundamental para proteger de manera correcta la salud de las personas adultas.

Urge revertir esta situación que no sólo genera discriminación, sino que representa un problema de salud pública y violación a sus derechos, por esto propongo la siguiente reforma que intenta incluir la atención médica integral para los adultos mayores dentro de las clínicas geriátricas con equidad y justicia.

Hablo de implementar un modelo de atención de adultos mayores, con un bordaje de enfoque holístico y multidisciplinario para detección oportuna, prevención y control de las patologías propias de este grupo de edad, con personal capacitado, lo que permitirá diagnosticar de manera precoz alteraciones que puedan adoptar complicaciones severas en tiempos futuros.

Es importante este tipo de atención de calidad a los adultos mayores, que tenga un carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, así como psicología, nutrición, con especialistas en medicina geriátrica.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o.Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. ... a IX. ...

X.Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales;

XI.Instituto. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y

XII. Atención médica integral. La atención médica integrada por especialistas en medicina geriátrica, de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, así como psicología, nutrición, con especialistas en medicina geriátrica, incluyendo la atención de urgencias, realizadas preferentemente en una sola consulta;

Artículo 18.Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. ... a II. ...

III.La atención médica integrala las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel públicas y privadas. Las especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas adultas mayores, son la geriatría y la gerontología;

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Beatriz Vélez Núñez,Alfredo Bejos Nicolás, Carlos Sarabia Camacho, Edith Yolanda López Velasco, Enrique Rojas Orozco, Erick Alejandro Lagos Hernández, María Bárbara Botello Santibáñez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Vélez. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Adelante, diputada.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre:Muchas gracias. Saludo a mis compañeros que están todavía aquí estoicamente.

Con su aquiescencia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos días hemos sido testigos de las consecuencias por la falta de atención e interés de nuestras autoridades federales en los temas ambientales, especialmente hemos sufrido medidas reactivas sin ninguna previsión ni planeación, pero lo que es peor es que aun después de que en menos de una semana se evidenció lo incompleto de las medidas, no están dispuestos a aportar recursos para resolver el problema del fondo.

Si bien la fracción X del artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico faculta a la Semarnat a definir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes en la atmósfera para que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuentas atmosféricas y se cumpla con las normas oficiales de calidad del aire, no se cuenta con más herramientas para la correcta ejecución de dicha atribución debido a la falta de una adecuación de la legislación en la materia.

En el Partido Acción Nacional estamos buscando soluciones de fondo, pero además nos estamos adelantando para proponer la construcción de un modelo a largo plazo. Es así como presentamos hoy la iniciativa para generar la estrategia de gestión integral para la calidad del aire, que le agradezco a mi compañero, el diputado Döring, haya acompañado.

En nuestro país existen diversas zonas metropolitanas, ciudades y localidades con problemas severos de calidad del aire. Solo por mencionar algunos ejemplos, la zona metropolitana de la Ciudad de México rebasa más de 200 días al año la norma de Ozono, mientras que las concentraciones de partículas finas se exceden en más de un 70 por ciento de la norma.

En la zona metropolitana de Monterrey, la presencia de partículas de 10 micras ha rebasado la norma entre 150 y 200 días al año, durante los últimos cinco años. Monterrey se encuentra dentro de las cinco ciudades latinoamericanas con mayor contaminación de partículas, y lo mismo podría decir de Mexicali, incluso de la ciudad de Toluca que no ha habido contingencias porque sus mediciones no son correctas, pero si no les aseguro que ya hubiera habido contingencias ambientales.

Es necesario que el gobierno federal se plantee seriamente una agenda de prevención y control de la contaminación atmosférica, pero con mecanismos actualizados e innovadores.

Por lo tanto, esta iniciativa integra la visión de cuencas atmosféricas como un instrumento eficaz que prevenga, identifique, controle y restablezca las condiciones de calidad del aire necesarias para la población, para lo cual introduce la definición de cuenca atmosférica como un área cubierta por un volumen de aire con características meteorológicas y climáticas afines delimitada o parcial totalmente por patrones de tiempo y/o topográficos.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el impacto de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, puede ser predicho usando modelos de dispersión adecuados.

Esta iniciativa atribuye claramente a las funciones para cada uno de los tres niveles de gobierno, buscando que la concurrencia en la materia entre los diferentes órdenes sea eficiente, ya no podremos tener el problema de que se estén echando la pelotita entre un nivel de gobierno y otro, y permite atender las necesidades particulares de cada cuenca, ya que cada una se delimitará, diagnosticará y se establecerán medidas permanentes y extraordinarias.

Se trata de asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el desarrollo sustentable de nuestro país. No hay tiempo que perder, el destino ya nos alcanzó, nuestro futuro y el de nuestros hijos dependen en gran medida de las decisiones que afortunadamente hoy sí podemos tomar. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Se entiende como calidad del aire el estado que guarda la concentración de los contaminantes atmosféricos en un tiempo y lugar determinados con referencia a los niveles máximos permisibles establecidos en las normas correspondientes y la responsabilidad de tutelar que ésta sea idónea para la salud de sus habitantes, es desde luego del Estado.

Los altos índices de contaminación presentados en los últimos meses en la Ciudad de México han demostrado que las medidas hasta ahora implementadas han sido insuficientes y que por ello es necesario ir más allá de las acciones emergentes y reactivas derivadas de las contingencias ambientales.

El costo de una constante mala calidad del aire es alto; estudios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, demuestran que los daños a la salud van mucho más allá de los problemas respiratorios; enfermedades cardiovasculares e incluso muerte prematura, pueden presentarse e incrementarse derivado de ello. El incremento de las tasas de mortalidad y morbilidad es directamente proporcional al costo económico absorbido por el sector salud por consecuencia de ello; el ausentismo laboral generado por estos padecimientos en los empleados y en los hijos de estos, afecta también a la economía; con esta propuesta, se plantean un mínimo de acciones que permitirán prevenir, mitigar o evitar estas situaciones.

La Organización Mundial de la Salud, estima que la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca 3,7 millones defunciones prematuras cada año. Señala también, que 80% de éstas, se deben a cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, mientras que el 14% se deben a neumopatía obstructiva crónica o infección aguda de las vías respiratorias inferiores, y un 6% a cáncer de pulmón; un 88% se producen en países tanto desarrollados como en proceso de desarrollo, los principales afectados son los niños, los adultos mayores y los enfermos de pulmones y corazón.

En el 2013 mediante evaluación, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS, determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que dichas partículas del aire contaminado, están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el de pulmón.

El principal combustible de los vehículos de carga y transporte público es el diesel; y este es el principal origen de las partículas finas y ultra finas, que pueden ocasionar esta enfermedad.

Los contaminantes asociados con los problemas de salud son diversos, sin embargo, las partículas respirables (PM10 y PM2.5), ozono (O3), monóxido de carbono, bióxido de nitrógeno, y bióxido de azufre son los que impactan directamente el sistema respiratorio, causando estas afectaciones a la salud.

Actualmente las concentraciones de los contaminantes está en aumento, particularmente en zonas urbanas o de alta incidencia industrial o automotriz y continuará así debido al incremento de la población; ello implica un crecimiento industrial, comercial y de necesidades de transporte, provocando mayor contaminación del aire, misma que no disminuirá por sí sola, debido a que en esas zonas se ha sobrepasado capacidad de asimilación de dichos contaminantes, haciendo necesaria la participación del gobierno federal, creando mecanismos actualizados que controlen y disminuyan las emisiones generadas. En atención a lo anterior, la iniciativa integra la visión por cuencas atmosféricas como un instrumento eficaz que prevea identificar, controlar y restablecer las condiciones de calidad de aire necesarias para un desarrollo de población.

En nuestro país existen diversas zonas metropolitanas, ciudades y localidades con problemas severos de calidad del aire, algunos ejemplos son: La Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en la que la norma horaria de ozono (O3) se rebasa más de doscientos días al año y las concentraciones de partículas finas PM2.5 exceden en más de un 70% la norma anual, la Zona Metropolitana de Monterrey, en la que las partículas PM10 han excedido la norma de salud de 24 horas entre 150 y 200 días al año durante los últimos 5 años y las partículas PM2.5 han superado la norma de 24 horas entre 55 y 90 días al año. Además de que las normas anuales de ambos indicadores de calidad del aire se han superado entre el 100 y 200% durante los últimos años. La ciudad Fronteriza de Mexicali presenta también una severa contaminación por partículas PM10. Otro tipo de localidades con problemas severos de contaminación aire son aquellas donde se localizan instalación de generación de energía eléctrica cuyo uso principal es el combustóleo y las refinerías.

Los métodos de gestión de la calidad del aire definidos bajo condiciones físicas en lugar de delimitadas por división política, permite tomar decisiones de carácter preventivo soportadas técnicamente, ya que, como lo señala el proyecto “Identificación de Cuencas Atmosféricas en México” realizado por investigadores del INECC, el impacto de las emisiones de contaminantes a la atmósfera puede ser predicho usando modelos de dispersión apropiados.

Dicho documento señala que es conveniente la gestión por cuenca atmosférica en las siguientes condiciones: Cuando las fuentes de emisión y los impactos asociados están localizados en un área geográfica extendida; los problemas de calidad del aire se relacionan con patrones meteorológicos, topográficos y de emisión comunes a un área; el transporte atmosférico de los contaminantes hacia adentro y hacia fuera de un área definible, ocurre de manera regular; se requieren esquemas regionales de gestión complementarios a los definidos en la normatividad vigente y es necesaria la participación de tomadores de decisiones de más de una entidad federativa para atender integralmente el problema.

Menciona también algunos de los beneficios de la gestión de la calidad del aire bajo el esquema de cuencas atmosféricas, entre ellos que: Tiene carácter preventivo y permite contar con mayor información de manera oportuna, permite el aseguramiento de una buena calidad del aire a largo plazo (25 años aproximadamente), está basado en la dinámica atmosférica y no en fronteras políticas, contempla a todos los contaminantes al mismo tiempo y propicia el desarrollo de agendas ambientales conjuntas en varias entidades.

Consideramos que la mejor manera de medir y verificar los resultados de un mejoramiento de la calidad del aire en el país, es bajo este enfoque, pues se trata de áreas bien delimitadas con problemáticas atmosféricas específicas, lo que permitirá establecer políticas de gestión de la calidad del aire adecuadas para cada región del país, fortalecer los instrumentos de regulación proactiva y el uso de herramientas modernas de diagnóstico, la generación de capacidades locales de desarrollo en el registro y manejo de datos ambientales y finalmente, la coordinación entre los tres niveles de gobierno para el desarrollo de programas, acciones y medidas con lo que se logre una disminución de la concentración de contaminantes específicos de la cuenca, logrando avances en la calidad de vida de la población.

En algunos países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, este método ya ha sido aplicado con resultados exitosos.

Si bien la fracción décima del artículo 111 de la Ley General de Equilibrio Ecológico da a la Semarnat la facultad de definir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire, no se brindan mayores herramientas para la correcta ejecución de esta atribución, por carecerse de una adecuada legislación y reglamentación en la materia.

Los objetivos de la propuesta son: disponer de una normatividad actualizada en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica de observancia obligatoria en todo el territorio nacional; inducir una política de gestión de la calidad del aire a nivel nacional, bajo el enfoque de administración de cuencas atmosféricas, orientado a fortalecer instrumentos de regulación proactiva y fomento del uso de herramientas modernas para el diagnóstico de la gestión integral de la calidad del aire; establecer definiciones necesarias y suficientes para su propia comprensión que sean técnicamente correctas, así como clarificar algunos términos básicos enunciados en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; fortalecer las políticas de calidad del aire para que la concurrencia en la materia entre los órdenes de gobierno sea más eficiente en el desarrollo de programas, acciones y medidas que conlleven a una gestión integral de la calidad del aire en las principales cuencas atmosféricas del país. Se trata pues, de asegurar una calidad del aire satisfactoria para el desarrollo sustentable del país y el bienestar de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera

Artículo Único. Se reforman la fracción V del artículo 2o., la fracción III del artículo 8o., la fracción II del artículo 20 Bis 3, las fracciones II y III del artículo 20 Bis 4, la fracción I del artículo 36, las fracciones I, IV, V y XII del artículo 111, la fracción V del artículo 112 y el artículo 115 y se adicionan las fracciones V Ter, V Quater, VIII Bis y X Bis del artículo 3o., la fracción XII Bis del artículo 5o., la fracción III Bis y III Bis 1 del artículo 7o., la fracción VII del artículo 19, los artículos 111 Bis 1, 111 Bis 2, 111 Bis 3 y 111 Bis 4 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública:

I a IV. ...

V. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y el establecimiento de cuencas atmosféricas.

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a V Bis. ...

V Ter. Calidad del Aire: Estado que guarda la concentración de los contaminantes atmosféricos en un tiempo y lugar determinados con referencia a los niveles máximos permisibles establecidos en las normas correspondientes.

V Quater. Capacidad de asimilación de cuencas: Grado en el que las emisiones de contaminantes atmosféricos son transformados y reincorporados por las condiciones biogeoquímicas y físicas de la propia cuenca.

VI a VIII. ...

VIII Bis. Contingencia atmosférica: Es la situación de riesgo en una cuenca atmosférica en la que prevalecen concentraciones de uno o más contaminantes por arriba de la norma que ocasionen, o puedan provocar desequilibrios ecológicos, daños al ambiente o a la salud.

IX. ...

X. ...

X Bis. Cuenca Atmosférica: Área cubierta por un volumen de aire con características meteorológicas y climáticas afines delimitada parcial o totalmente por patrones de tiempo y/o topográficos donde la calidad del aire está influenciada por las fuentes internas de emisión y por el transporte de contaminantes provenientes de otras cuentas.

Artículo 5o. Son facultades de la Federación:

I a XII. ...

XII Bis. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera con base en cuencas atmosféricas.

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I a III.

III Bis. Formular e implementar, con la participación de la Secretaría y de los municipios según corresponda, programas de gestión de la calidad del aire y de contingencias atmosféricas, así como participar en la delimitación y caracterización de las cuencas atmosféricas.

III Bis 1. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de vehículos automotores en circulación conforme a las normas oficiales mexicanas que se expidan para tal efecto y conforme al programa de gestión de calidad del aire de la cuenca atmosférica.

Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como coadyuvar con el gobierno de la entidad federativa en el controlde emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal;

Artículo 19. En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los siguientes criterios:

VII. La delimitación y caracterización de las cuencas atmosféricas.

Artículo 20 Bis 3. Los programas de ordenamiento ecológico regional a que se refiere el artículo 20 Bis 2 deberán contener, por lo menos:

II. La determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, y la inducción de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos, considerando la delimitación y caracterización de las cuencas atmosféricas, y

Artículo 20 Bis 4. Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las autoridades municipales, y en su caso de la Ciudad de México, de conformidad con las leyes locales en materia ambiental, y tendrán por objeto:

II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos considerando la delimitación y caracterización de las cuencas atmosféricas, y

III. Tomar en cuenta en la elaboración de los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes, la delimitación y caracterización de las cuencas atmosféricas, así como la determinación de criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población.

Artículo 36. Para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto:

I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas atmosféricas, cuencas hidrológicas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en la producción, uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan la calidad ambiental de las distintas áreas, zonas, cuencas atmosféricas o regiones del territorio nacional, con base en los valores de concentración máxima permisible para la salud pública de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas;

IV. Formular y aplicar programas para la reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera, con base en la calidad del aire que se determine para cada área, cuenca atmosférica, zona o región del territorio nacional. Dichos programas deberán prever los objetivos que se pretende alcanzar, los plazos correspondientes y los mecanismos para su instrumentación;

V. Promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de programas de gestión de calidad del aire y de contingencias atmosféricas, que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable y, en términos de lo dispuesto en esta Ley, elaborar los programas de gestión de la calidad del aire y de contingencias atmosféricas.

XII. Aprobar los programas de gestión de calidad del aire y de contingencias atmosféricaselaborados por los gobiernos locales para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas respectivas;

XV. Delimitar y caracterizar las cuencas atmosféricas.

Artículo 111 Bis 1. En la delimitación de las cuencas atmosféricas se considerará la división política y los atributos naturales como: meteorología; fisiográficos; e hidrológicos.

Los acuerdos que establezcan la delimitación de las cuencas atmosféricas se deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 111 Bis 2. Una vez delimitada la cuenca atmosférica, se deberá determinar su capacidad de asimilación; para ello, la Secretaría, en coordinación con los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y los municipios, según corresponda, efectuará un estudio para la caracterización de las cuencas atmosféricas, el cual deberá considerar lo siguiente:

I. Los atributos naturales de la cuenca atmosférica que se consideraron para su delimitación;

II. Los datos históricos del monitoreo atmosférico existentes;

III. Los datos del último inventario de emisiones disponible para la cuenca atmosférica en estudio;

IV. Los resultados de la modelación de la calidad del aire, en su caso, y

V. La información de la calidad del aire disponible generada por los sectores gubernamental, académico o industrial.

Artículo 111 Bis 3. Si del estudio al que se refiere el artículo anterior, se identifica la presencia de uno o más contaminantes, que hayan excedido por tres años consecutivos, los valores de concentración máxima permisible establecidos en las normas de calidad del aire, en cualquiera de sus modalidades de tiempo y frecuencia, la Secretaría determinará que la cuenca atmosférica está saturada.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá que se han excedido los valores de concentración cuando se registre incumplimiento de los límites establecidos en las normas de calidad del aire conforme a lo siguiente:

I. En al menos dos estaciones, cuando en la cuenca existan sistemas de monitoreo de calidad del aire con menos de diez estaciones;

II. En al menos tres estaciones, cuando en la cuenca exista sistema de monitoreo de calidad del aire que cuente con diez o más estaciones, y

III. Cuando en la cuenca no existan sistemas de monitoreo de la calidad del aire se tomará en consideración la información de los inventarios y los resultados de la modelación realizada para el estudio a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 111 Bis 4. Cuando una cuenca atmosférica sea declarada como saturada por uno o más contaminantes, las autoridades de las entidades federativas, deberán establecer un programa de gestión de calidad del aire y un programa de contingencias ambientales atmosféricas, mismos que deberán ser aprobado por la Secretaría. Corresponde a las entidades federativas determinar los medios oficiales a través de los cuales se den a conocer los programas de gestión de calidad del aire y de contingencias ambientales de su competencia.

Si pasado un año de que se declaró como saturada la cuenca atmosférica, las autoridades de las entidades federativas no han implementado un programa de gestión de calidad del aire, la Secretaría deberá formularlo y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

Si pasado un año de que se publicó el programa de gestión de calidad del aire las entidades federativas no han publicado el programa de contingencias ambientales atmosféricas, la Secretaría deberá formularlo y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

Los programas de gestión de calidad del aire se elaborarán conforme a las guías que para tal efecto establezca Secretaría.

Artículo 112. En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios, de conformidad con la distribución de atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la legislación local en la materia:

I a IV. ...

V. Las entidades federativas con el apoyo de los municipios, establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de vehículos automotores en circulación;

Artículo 115. La Secretaría promoverá que en la determinación de usos del suelo que definan los programas de desarrollo urbano respectivos y los programas de ordenamiento ecológico, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría delimitará las cuencas atmosféricas de todas las zonas en donde la concentración de la población sea mayor a quinientos mil habitantes.

Tercero. En un plazo máximo de un año, deberá expedirse un nuevo Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

Cuarto. En un plazo máximo de un año, a partir de la publicación de la delimitación de las cuencas atmosféricas, la Secretaría deberá determinar la capacidad de asimilación de aquellas en donde la concentración de población sea mayor a dos millones de habitantes.

Quinto. Cuando en una cuenca no existan sistemas de monitoreo de la calidad del aire, estos se deberán implementar de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: María de los Ángeles Rodríguez Aguirre,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Enrique Pérez Rodríguez, Federico Döring Casar, Gabriela Ramírez Ramos, Gretel Culin Jaime, Hugo Alejandro Domínguez, Jacqueline Nava Mouett, Jorge Ramos Hernández, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Lilia Arminda García Escobar, Luis Agustín Rodríguez Torres, María Luisa Sánchez Mesa, Martha Cristina Jiménez Márquez, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Ximena Tamaris García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Arlette Muñoz, por favor.

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes (desde la curul): Gracias diputado presidente. Felicitar a la diputada Ángeles por su excelente trabajo y solicitarle, de la manera más respetuosa, me permita suscribirme a su iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada. Manifiesta su aceptación la diputada Rodríguez, proponente del tema. Y...

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputada, sonido en la curul de ahí de la diputada, por favor.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre(desde la curul): La ampliación de turno, si me permite, con la opinión de la Comisión de Cambio Climático.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, no la escuché bien.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): La ampliación de turno para la opinión de la Comisión de Cambio Climático.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Para opinión de Cambio Climático. Yo creo que no debiera haber objeción en que se obsequie la petición en esos términos en que usted lo solicita, diputada Rodríguez. Entonces, está aquí a disposición de quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 84 a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 209 Bis y 400 del Código Penal Federal, ambas en una misma intervención. Adelante, diputado Hernández.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Gracias, con la venia de la Presidencia. En obvio de tiempo solicito se integren las dos iniciativas en el Diario de los Debates en forma íntegra.

Compañeras y compañeros legisladores, la pederastia se presenta en el ambiente familiar, en los centros deportivos, en los centros de asistencia, como recordemos pasó en Casitas del Sur, en el centro llamado de Mamá Rosa. Se presenta también en los centros escolares de educación básica y en iglesias de diversos cultos.

A esta Legislatura se ha informado hace ya algunos meses, por parte del Comité de Derechos de la Niñez de la ONU, y también al Ejecutivo federal la preocupación porque en nuestro país, lejos de disminuir aumentan los casos de pederastia en diversos lugares, decía, pero particularmente en los centros de cultos religiosos.

Es así que cientos de niñas y niños han sido abusados sexualmente por años por ministros de culto y ha quedado en la impunidad, fundamentalmente porque en las estructuras jerárquicas hay una actitud de encubrimiento, como muchos casos en nuestro país lo han probado.

Es así que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha recomendado en el 2015 al Estado mexicano investigar y llevar a juicio a miembros de la Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas que hayan estado involucradas o hayan sido cómplices de abuso o explotación sexual contra niñas y niños.

A la vez, le ha solicitado que recopile toda la información referente a los casos de abuso sexual contra la niñez que involucren a clérigos de las diferentes corrientes y confesiones religiosas. Y que en su próximo informe bianual entregue una información detallada sobre condenas y sentencias pronunciadas, dado que al presentarse el delito no hay sanciones registradas algunas.

Respecto a la pederastia en centros de educación básica, hay cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que son alarmantes. Durante 13 años, de 2000 a 2012, en promedio se conocieron 10 quejas por esta comisión y se emitieron 6 recomendaciones. Sin embargo, el crecimiento fue exponencial en 2013 y 2014, en el que se recibieron 82 quejas. Es decir, 40 por año promedio y se emitieron 12 recomendaciones.

En forma reciente, hace algunos días en este tema también fue informada esta soberanía por parte del presidente del INE y algunos consejeros sobre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, en donde se signa que 94 mil 317 niños y adolescentes dentro de 10 y 17 años informaron en la consulta que han sufrido o sufren algún abuso sexual, y de estos arroja también la consulta que un tercio suceden en los centros de educación básica.

Es por ello que en las propuestas que estamos presentando de reformas y adiciones al Código Penal y de la Ley General de Servicios Profesionales Docentes, como aquí se ha informado, se toman diferentes medidas.

Respecto al Código Penal, estamos proponiendo equiparar el encubrimiento o el delito de pederastia. Así también que cuando participen en el delito más de dos personas la pena sea elevada en dos tercios. Y cuando haya una relación jerárquica entre el encubierto y quien cometa materialmente el delito, esta sea también penada con un incremento de medio más cuando se compruebe que hay la relación derivada de una relación laboral, o simplemente una estructura jerárquica que por la misma les da una autoridad moral superior.

Se pretende con esto, que el ámbito de impunidad por encubrimiento se termine, que las familias en las escuelas, en las iglesias o en los centros deportivos mandemos un mensaje muy claro, que los pederastas y los encubridores ya no deben callar y proteger con el halo de la impunidad, porque una agresión sexual contra niños y niñas, es una agresión contra todos los mexicanos, y que esto tiene un costo, un costo social desde luego, y un costo penal.

En cuanto a la Ley General del Servicio Profesional, estamos proponiendo que se haga una relación por parte de los centros educativos y órganos desconcentrados. Una relación de aquellos docentes que hayan sido sentenciados por el delito de pederastia y que se les impida ya volver a tener contacto alguno en el ejercicio de su profesión u otra actividad con la niñez.

Es decir, compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que estamos presentando es para evitar un flagelo que está aconteciendo en nuestro país que es importante acabar de tajo. Proteger a nuestra niñez es un principio constitucional y es lo que estamos proponiendo. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 209 Bis y 400 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema por resolver con la presente iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal Federal, que se propone ante ésta soberanía, se halla en el terreno de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues consiste en castigar severamente a las personas que cometen el delito de pederastia y a las que facilitan el traslado o remueven a otro lugar de trabajo a los sujetos activos que llevan a cabo la comisión del delito de pederastia. Asimismo, se propone castigar a los encubridores cuando tengan una relación de jerarquía derivada de relaciones laborales, docentes o de cualquier otra índole que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima menor de 18 años.

Argumentos

Pederastia, del griego paiderastía, es definida en el Diccionario de la Real Academia Española como “inclinación erótica hacia los niños” y “abuso sexual cometido contra niñas y niños”.

El abuso sexual infantil es ampliamente definido como toda conducta en la que un menor de edad es utilizado para la estimulación sexual por parte de una persona adulta. Las formas de abuso sexual infantil incluyen la participación en actividades sexuales, exposición indecente a un niño, preparar a un menor en producción, difusión o uso de la pornografía que implica imágenes de abuso infantil.

Así entonces, el abuso sexual infantil se refiere a cualquier y todo acto de índole sexual entre un adulto y un niño o niña, obviamente sin el consentimiento de ellos, y muchas veces con violencia física, aunque la mayoría de os casos es con violencia emocional.

La pederastia es un delito grave que se presenta en espacios educativos, albergues, hospitales, orfanatos, seminarios, lugares de culto religioso y centros de tratamientos contra adicciones y en el convergen no sólo la acción perniciosa del adulto y la vulnerabilidad del menor de edad, sino que además se presenta el poder intrínseco que posee el adulto sobre éste, envolviéndole por medio de diversas argucias con el único propósito de someterlo, a fin de satisfacer un deseo personal por encima del interés superior del infante.

La pederastia es un problema universal que necesita de medidas continuas de prevención y protección efectiva por parte del Poder Legislativo, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad, quienes usualmente no logran reponerse del sufrimiento durante muchos años o durante toda su vida, de ahí que el delito no se denuncie o se tarden muchos años en acumular fuerzas suficientes para hacer público su caso. Por este motivo, este delito es un punto pendiente en la agenda política y legislativa nacional.

La Convención sobre los Derechos del Niño, decretada por la Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1989 en Nueva York, México, igual que el Vaticano y muchos otros países, han ratificado voluntariamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y se han comprometido en informar regularmente al Comité de los Derechos del Niño sobre el cumplimiento de la Convención, ya que se trata de un documento vinculante en derecho internacional que ampara, entre otros, el derecho de los niños a protección frente a la violencia y los abusos sexuales, previstos en los artículos 16, 19 y 34, entre otros.

Si bien México, el Vaticano y todos los Estados adscritos a la Convención de los Derechos del Niño y como integrantes de la ONU tienen responsabilidades en el ámbito de los derechos humanos de los menores de edad y deben proteger a las y los niños de los abusos sexuales que contra ellos realice cualquier servidor público o miembro de la jerarquía católica o cualquier otro culto religioso.

En 2011, el país decretó elevar a rango constitucional el interés superior de la niñez. Este derecho humano de las niñas y los niños tiene como base el párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, que establece: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

De ahí que el Estado mexicano sea responsable cuando los derechos fundamentales de las y los ciudadanos son violados por los servidores públicos, pero también es responsable cuando, aun no siendo servidores públicos los agresores, las instituciones no previenen, no persiguen y no castigan a quienes cometen delitos que debe sancionar la ley penal federal.

El servidor público, clérigo de la Iglesia o cualquier otra persona derivada de parentesco con el menor de edad en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole que cometió el delito de pederastia debe ser encausado ante la justicia penal. Por ello, la investidura –en el caso del servidor público o ministro de culto religioso– no debe suponer impunidad, ni mucho menos la autoridad civil o la iglesia católica, como institución moral, debe seguir encubriendo a los pederastas.

Es importante que el legislador reconozca que esta iniciativa al Código Penal Federal tiene una larga historia, pues es bien sabido que en muchos países y en el nuestro han existido propuestas sobre este asunto. Por eso, se insiste en la importancia de contar con una reforma que castigue severamente a los pederastas y a los encubridores de este delito.

Para dar una idea de las trasformaciones que se han venido dando en el mundo respecto al delito de pederastia, podemos decir que, mucho es el tiempo y las décadas que habrían de pasar para que el Vaticano reconociera abiertamente la existencia de agresiones, abuso sexual y pederastia clerical contra miles de niños cometidos en muchas partes del mundo, incluido el país.

Como es sabido, en julio de 2013 el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó con base a los informes presentados por el Estado Vaticano una serie de recomendaciones, las que se incluyen en el documento; Lista de cuestiones relativa al segundo informe periódico del Vaticano (CRC/C/VAT/2) y donde en el punto 11 del mismo, se señala:

11. En vista del reconocimiento por parte de la Santa Sede de la violencia sexual contra niños cometida por clérigos, monjes y monjas en numerosos países de todo el mundo y vista la escala de los abusos, sírvanse dar información detallada de todos los casos de abusos sexuales de niños cometidos por clérigos, monjes y monjas o puestos en conocimiento de la Santa Sede durante el período que abarca el informe. En todos estos casos, rogamos informen detalladamente de

a) Las medidas introducidas para que ningún miembro del clero acusado actualmente de abusos sexuales pueda seguir en contacto con niños; los casos específicos en los que se adoptaron medidas inmediatas para evitar que siguieran en contacto con niños; y los casos en que los sacerdotes fueron trasladados a otras parroquias o a otros Estados donde siguieron teniendo acceso a niños y abusando de ellos.

b) Las instrucciones explícitas impartidas en todos los niveles del clero para que se cumpliera la obligación de notificar a las autoridades nacionales competentes todos los casos de abusos sexuales y los casos en que se dieron instrucciones de no denunciar esos delitos y en qué nivel del clero.

c) El tipo de apoyo y protección prestados por la Santa Sede a los niños víctimas de abusos sexuales que testificaron contra quienes habían abusado de ellos sexualmente y los casos en que se silenció a los niños para reducir al mínimo el riesgo de que saliera a la luz lo sucedido.

d) Las investigaciones y las acciones legales incoadas en virtud del derecho penal canónico contra los autores de delitos sexuales y sus conclusiones, así como la cooperación prestada por el Estado parte en las causas abiertas en los países en los que se cometieron abusos.

e) El número de niños víctimas que han recibido asistencia para su recuperación, en particular apoyo psicológico y para la reintegración social, y han obtenido una indemnización. En relación con el párrafo 98 del informe de la Santa Sede, rogamos aclaren si se impuso la confidencialidad de las acciones a los niños que habían sido víctimas como condición para recibir una indemnización.

f) Las medidas adoptadas para prevenir futuros casos de violencia sexual en las instituciones dirigidas por la Iglesia Católica y facilitar información sobre la prevención a los niños y sus familias.

Esta solicitud recibió atención de los medios, pero cuando se emitió la respuesta del Vaticano ante el Comité de la ONU en diciembre de 2013, este no proporcionó la información completa solicitada por el Comité. A pesar de afirmar que considera que la Convención sobre los Derechos del Niño es “el más importante entre las normas del derecho internacional”, se negó a proporcionar esta información, indicando que la cuestión no estaba comprendida en su jurisdicción y que esta “no es la práctica de la santa sede para divulgar información sobre la disciplina religiosa”.

Con base en lo anterior, hoy en todo el mundo, es notorio que los delitos cometidos en agravio de las y los menores de edad se han incrementado alarmantemente. Los abusos sexuales, la prostitución, la pornografía y la trata infantil conforman altos niveles delictivos, que en su mayoría quedan en la impunidad y, por tanto, las víctimas de estos actos viven una permanente demanda de justicia, cuando se animan a denunciar y pueden contar con una defensa de calidad para hacer efectivo un derecho humano fundamental.

La Iglesia católica es una de las protagonistas cuando se habla de escándalos por abusos sexuales a menores de edad. Para dar una idea de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, desde tiempo atrás, se ha documentado los diversos abusos sexuales de menores de edad por sacerdotes de la Iglesia católica o integrantes laicos de las diversas órdenes religiosas que imparten culto en el país.

En México se ha comprobado que el abuso sexual clerical es tan antiguo como la Iglesia misma. Las acusaciones de abuso en fechas recientes han sido constantes por lo menos desde la década de 1950. El caso más conocido fue, sin duda, el del fundador de Los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, del cual existen pruebas contundentes y documentos probatorios en manos del Vaticano respecto de los abusos sexuales cometidos contra niños por parte de este sacerdote en México y otros países desde la década de 1940. Sin embargo, las autoridades civiles encargadas de investigar y sancionarlo y las autoridades del Vaticano no cesaron del ministerio al sacerdote ni limitaron sus actividades, sino por el contrario lo protegieron y lo encubrieron sistemáticamente e incluso, posteriormente, fue reconocido y promovido públicamente por Juan Pablo II, lo cual le permitió continuar cometiendo delitos impunemente en contra de niños durante muchos años.

Los niños víctimas del abuso sistemático de Maciel pertenecieron a la congregación religiosa Los Legionarios de Cristo. Estos niños fueron separados de sus familias y llevados a países lejanos (controlando su correspondencia y visitas muy esporádicas), donde permanecían bajo el control casi absoluto del fundador y superior, que a su vez era su director espiritual, su director de disciplina y estaban obligados a través de un voto especial de silencio (llamado de caridad), a guardar absoluto respeto al superior, a no criticarlo por nada y ante nadie y, por lo mismo, a guardar el secreto de su pederastia y drogadicción.

Desafortunadamente no es sólo este personaje quien es reconocido como perpetrador de este tipo de daños contra cientos de niñas y niños mexicanos durante largo tiempo, sino también están los casos de otros sacerdotes como: Eduardo Córdova Bautista, quien abusó de decenas de niños, Francisco Javier Castillo, Guillermo Gil Torres, José de Jesús Cruz Rodríguez, Noé Francisco Estrada Hernández, todos de San Luis Potosí. Nicolás Aguilar en Puebla (acusado de abusar sexualmente de más de 90 niños y niñas en México y en Estados Unidos), Carlos López Valdés en el Distrito Federal (abusó de niños que fueron invitados a ser acólitos de la parroquia de San Agustín en la delegación Tlalpan), y Gerardo Silvestre Hernández (cura pederasta acusado de abuso sexual de al menos 45 niños indígenas de Oaxaca), Juan Cárdenas en Guanajuato (abusó sexualmente de varios menores, en la casa hogar Niño Don Bosco), Juan Carlos Moreno Loza, Nuevo León (fue acusado de embarazar a una menor, después fue trasladado a otras parroquias para evitar conflictos), Vicente Serrano Aparici, Baja California Sur (presunto responsable de haber abusado sexualmente de niños), Heladio Ávila Avelar, Jalisco (confeso de haber cometido abuso sexual en contra de tres menores de edad), Jonás Guerrero, Culiacán, Marcelino Hernández, Colima, y Raúl Vera, de Coahuila (presuntos responsables de haber abusado sexualmente de niños). Éstos son tan sólo algunos de los muchos sacerdotes acusados jurídicamente de estos hechos, quienes no han recibido ningún requerimiento ministerial ni castigo judicial para responder por los probables delitos cometidos de pederastia, más aun han sido protegidos por autoridades religiosas y civiles, lo que deriva en impunidad para estos delitos.

Asimismo, tenemos por ejemplo que, en septiembre de este año, la Iglesia católica admitió 620 casos de pederastia en Australia cometidos entre 1960 y 1980. Así también asumimos los abusos sexuales en la diócesis de Boston (Estados Unidos) en 2001, retratado con mucha maestría por la ganadora del Oscar, versión 2016 como la mejor película, Spotlight ( En primera plana, como se conoció en México), que trata sobre como un grupo de periodistas del periódico The Boston Globe destapó los casos de abuso sexual infantil causados por sacerdotes católicos. Parte de una historia real que durante años, líderes religiosos encubrieron los casos de pederastia y transfirieron a los sacerdotes a otras parroquias en lugar de castigarlos. En 2007, el arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos) pidió perdón a los afectados por los abusos sexuales infantiles por parte de sacerdotes. Dicho sea de paso, la arquidiócesis de Los Ángeles pagó más de 660 millones de dólares a víctimas de sacerdotes para evitar que los casos llegaran al Tribunal Superior del Estado. Cabe señalar que los arreglos extrajudiciales son indebidos, no son éticos ya que no hay sanción y el delito queda impune y sin reparación del daño para la víctima.

En junio de este año, el prelado de la arquidiócesis de Filadelfia, Willian Lynn, fue el primer alto cargo de la Iglesia en Estados Unidos condenado por abusos a menores. En 2010, el propio Benedicto XVI manifestó su arrepentimiento por el millar de casos de abusos sexuales y violaciones sufridos por niños y niñas, víctimas de curas católicos en Irlanda; en el mismo año el líder de la Iglesia católica alemana, Robert Zollitsch, pidió perdón tras una investigación en la que estaban implicados 46 jesuitas. La Conferencia Episcopal de Holanda también pidió perdón el pasado año por los casos de abusos sexuales a menores de edad. En tanto, en Chile, la polémica gira en torno al Obispo de Osorno, Juan Barros, acusado por los fieles de la diócesis de haber encubierto al sacerdote Fernando Karadima, condenado por Roma por abusos sexuales, entre otros países.

Entre 2004 –cuando se recibieron casi 800 denuncias– y la actualidad, la maquinaria canónica ha procesado miles de causas, y casi un millar de sacerdotes -848- han sido expulsados del sacerdocio, “reducidos al estado laical”, según datos de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, creada por el Jefe del Estado Vaticano, el papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, y que intenta coordinar la respuesta de la Iglesia frente a este cáncer.

Más de la mitad de las denuncias acaba llegando a juicio por la vía canónica y alrededor de tres de cada cuatro concluyen con la condena del acusado. Al margen del proceso religioso bajo las leyes canónicas del Estado Vaticano, hay casos por la vía civil en cada país. De las casi 6 mil denuncias presentadas ante el Vaticano, entre 2004 y 2013, la Congregación para la Doctrina de la Fe estudió “3 mil 420 casos creíbles de abusos a menores de 18 años”. Es decir, la mitad de las presentadas.

El año 2004 tiene muchas más demandas que el resto porque recogía conductas delictivas cometidas desde 1950. De estos más de 3 mil casos, se expulsó a 848 sacerdotes. En el resto de casos, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas, que el informe vaticano no especifica, pero que podrían ir desde una sanción temporal a un traslado, o a evitar su trato con menores de edad.

Ante estos hechos, el Jefe del Estado Vaticano, Francisco aprobó una reforma del Código Penal del Estado de la Ciudad del Vaticano que considera, entre otras, la introducción del delito de tortura, la supresión de la cadena perpetua y una amplia y mayor definición de los delitos de trata de personas, prostitución, violencia sexual, pornografía infantil, posesión de material de pornografía infantil y abusos contra menores.

También equiparó los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores e introdujo un nuevo delito por el que se castigaba la adquisición, posesión y difusión “por parte de un miembro del clero, en cualquier modo y con cualquier medio”, de imágenes pornográficas que tengan como objeto a menores de 14 años.

Si bien antes el reto era denunciar a los pederastas que abusaban de las niñas y los niños ante autoridades ministeriales o eclesiásticas, pero debido al esquema de protección de las autoridades federales y locales y el encubrimiento institucional por parte de las máximas autoridades del Estado Vaticano, incluyendo a los jefes del Estado Vaticano, Juan Pablo II y Benedicto XVI y, así como también, como en el caso de la Ciudad de México, por los Cardenales, ahora, las víctimas optaron por hacer sus denuncias ante los medios de comunicación, lo cual ha servido para que se la opinión pública conozca su historia como víctimas del delito de pederastia, no sólo por los daños a su integridad física y moral, sino por el permanente descrédito a sus denuncias, privilegiando la reiterada protección y encubrimiento del sacerdote y de sus actividades delictivas por parte de su propia congregación de cardenales.

Por otro lado, debemos reconocer que en el caso de México, los abusos sexuales de menores de edad que estudian en los centros escolares, tanto públicos como privados por parte de los docentes, sigue en aumento. Los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son conocidos, de ahí se desprende la recomendación general 21 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), Gobiernos de los Estados de la República y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre la prevención, atención, sanción de casos de violencia sexual en contra de niñas y niños en centros educativos públicos y privados, publicada el 21 de octubre del 2014, en el Diario Oficial de la Federación.

La recomendación en su numeral 24, señala que de enero de 2000 a agosto de 2014, la CNDH recibió un total de 190 quejas, en contra de la SEP y de secretarías de educación de diversas entidades federativas por casos relacionados con abuso sexual, acoso sexual y violación.

De las quejas (numeral 25), hicieron alusión a 210 agraviados de los 0 a los 17 años, de los cuales 146 fueron niñas y 64 niños; de los 233 considerados presuntos responsables señalados por las víctimas, 218 eran hombres y 15 mujeres, destacando que 107 eran alumnos y 126 forman parte del personal del centro escolar donde ocurrieron los hechos.

De dichas quejas (numeral 26), una fue presentada por un caso de educación inicial, 24 por casos suscitados en preescolar, 71 en primaria, 52 en secundaria, 37 en media superior y 5 en educación especial.

Asimismo, en el periodo 2000-2014 (numeral 27), la CNDH emitió 18 recomendaciones relacionadas con algún tipo de violencia sexual en centros escolares, de las cuales 14 fueron dirigidas a la SEP, una al gobierno del estado de Oaxaca, una al gobierno del estado de Michoacán, una al gobierno de Zacatecas y una a la Universidad Nacional Autónoma de México.

En las 18 recomendaciones (como se señala en el numeral 30) se documentó que eran 28 los agresores o servidores públicos involucrados en los hechos, de los que 21 eran hombres y 7 mujeres, quienes desempeñaban diferentes cargos en los centros escolares en los que ocurrió el abuso, quienes se desempeñaban como profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos. Tan sólo en el periodo 2010-2014 se emitieron 13 de estas recomendaciones. No obstante que dichas recomendaciones se han emitido de manera reiterada, los casos de violencia sexual continúan ocurriendo.

De igual forma, como se prevé en el numeral 36, los organismos defensores de derechos humanos en las entidades federativas recibieron del año 2000 al 2013, un total de 657 quejas? mientras, de año 2000 a 2013 se registraron mil 997 quejas relacionadas con violencia sexual en centros escolares públicos.

De las 28 entidades federativas que contestaron a la solicitud de información de la CNDH, se observó que del año 2000 al 2013, existió un registro de mil 997 quejas denunciadas ante las secretarías de educación relacionadas con violencia sexual en centros escolares públicos, de los cuales 6 fueron presentadas por casos de violencia sexual en educación inicial, 204 en preescolar, 722 en primaria, 849 en secundaria, 179 en educación media superior y 15 en instituciones de educación especial, mientras que en 22 casos no se especificó el nivel en el que se encontraban los alumnos agredidos.

En el numeral 205, se hace la recomendación de la CNDH, para que los delitos sexuales que son cometidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, abusando de su jerarquía y de su posición de suprasubordinación en relación con la víctima, se agrave la pena con la destitución e inhabilitación para ejercer encargos públicos.

De igual forma, en su numeral 206, se considera importante que exista un agravante para los delitos de índole sexual cometidos en contra de niñas y niños de todo el país.

Con estas bases, hoy nadie puede cerrar los ojos a lo evidente, pues la sociedad está evolucionando de modo que está pendiente de que se castigue severamente a los pederastas que abusan sexualmente de las niñas, niños y adolescentes y que, por ello el legislador de no puede pasar por alto estos compromisos y cambios en la sociedad.

Sin duda, el delito de pederastia contra las niñas, niños y adolescentes no sólo constituye un brutal ataque a la libertad, a la salud y al derecho de sano esparcimiento, sino también a la dignidad de los seres humanos. Los abusos a menores de edad se dan en todas las clases sociales, ambientes culturales o razas. También, en todos los ámbitos sociales, aunque la mayor parte ocurre en el interior de los hogares y se presentan habitualmente en forma de tocamientos por parte del padre, los hermanos o el abuelo (las víctimas suelen ser, en este ámbito, mayoritariamente niñas). Si a estos se añaden personas que proceden del círculo de amistades del menor de edad y distintos tipos de conocidos, como son los docentes, ministros de culto religioso e instructores de cualquier actividad deportiva, recreativa y cultural.

En efecto, pese a los avances referidos en el derecho internacional y nacional, esta conducta antijurídica se sigue incrementando a lo largo de todo nuestro país, sobre todo, por docentes y ministros de culto religioso. Sin embargo, la iglesia y el Estado al estar enterada de ello, en la mayoría de los casos únicamente se ha determinado el cambio de escuela, iglesia, estado o país del presunto responsable de la comisión del delito o la utilización del silencio como principal arma, pero nunca se ha determinado presentarlo ante la justicia penal para que sea juzgado y castigado con todo el peso de la ley.

Es importante decirlo con claridad, en México existe un inmovilismo absoluto por parte del Estado y de la Iglesia en el tema de los abusos sexuales por sacerdotes y educadores, razón por la cual los diferentes casos de abuso sexual continúan en la impunidad. La justicia defiende al victimario y no a las víctimas. Los jueces y los ministerios públicos actúan como cómplices de los delincuentes por el poder de la Iglesia y del Estado, lo cual coloca a las niñas, niños y adolescentes en estado de indefensión absoluto, ante el poder que ejercen las y los adultos quienes abusando de dicho poder, violentan sus derechos humanos sin importarles la grave afectación que ocasionan.

Hoy, en el país la pederastia ha aumentado en forma considerable, por lo que se debe priorizar el interés superior de la niña, niño y adolescente.

Según los datos del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano Mexicano, 30 por ciento (4 mil 200) de los 14 mil sacerdotes católicos que aproximadamente existen en México, comenten algún tipo de abuso sexual contra niñas y niños.

También destacó que hasta 2010 se calculaba que en México había aproximadamente 14 mil 618 presbíteros atendiendo una red de 6,101 parroquias. De acuerdo con datos publicados en medios de comunicación, se calculaba que de 2001 a 2010 el Vaticano abrió unos 100 procesos canónicos contra sacerdotes mexicanos acusados de abusos sexuales contra niñas y niños.

Con relación a los centros escolares del país, se destaca que de 2000 a la fecha, el país acumula al menos 2 mil 28 casos de ataques sexuales contra menores de edad en escuelas; una tercera parte nunca fue investigado, pese a ser denunciados; en el resto de los casos la sanción contra los agresores consistió en simples llamadas de atención, suspensiones temporales o la reubicación del atacante en otro plantel.

Como revela la Recomendación General 21 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –publicada el pasado 20 de octubre en el Diario Oficial de la Federación–, los centros educativos en donde más agresiones sexuales se cometen en contra de niños y niñas son las secundarias (con 42.5 por ciento de las denuncias), seguido de las primarias (36 por ciento), los planteles de educación preescolar (10 por ciento) y por último el nivel medio superior (con 9 por ciento); mientras, las entidades federativas con mayor incidencia de este tipo de delitos son Distrito Federal, Veracruz, estado de México, Jalisco y Guanajuato.

Ante estos hechos, resulta imperativo prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con el delito de pederastia cuando la víctima es menor de 18 años, ya que vulnera gravemente su esfera de protección para un pleno desarrollo integral y tomando en cuenta que estos actos ocasionan traumas para el resto de su vida y derivan en lesiones psíquicas que son un daño para la persona que es víctima de este delito, así como cambios de humor repentinos, problemas de sueño, pesadillas, hiperactividad, aislamiento, problemas para recibir cumplidos, rechazo al acercamiento físico, fobias, y en general conductas autodestructivas. Un proceso de este tipo deja secuelas psicológicos que pueden llegar hasta su vida adulta, e incluso, nunca ser superadas.

Sin duda, debemos reconocer que hoy la sociedad reclama un castigo más severo al sujeto activo del delito de pederastia y también a quien encubra al agente de este delito. Tan grave es el asunto de pederastia que Jorge Mario Bergoglio (Francisco) en el Vaticano tuvo que nombrar hace unos meses un tercer secretario adjunto de la Congregación para que se ocupara única y exclusivamente de estos delitos. Más aun, el mismo Francisco en el vuelo de vuelta de México, con base en una pregunta formulada por un periodista, dejó claro: “No hay lugar en la Iglesia para los abusadores y sus cómplices. Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastia es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito?”

Por tanto, discutir y en su caso aprobar la iniciativa de reforma al Código Penal Federal permitirá un cambio radical en la actitud de la iglesia y de las autoridades civiles del país, donde podrán incluir aspectos como los siguientes: procurar acciones eficientes de las autoridades civiles y ministros de culto religioso contra servidores públicos y sacerdotes pederastas.

Es clara la necesidad de que el legislador atienda esta realidad y tipifique más conductas, así como endurezca las penas para los agresores sexuales de menores de edad, pues es necesario que exista un delito equiparable al delito de pederastia, para sancionar severamente a las personas que cometen el delito de pederastia y a las que facilitan el traslado o remueven a otro lugar de trabajo a los sujetos activos que llevan a cabo la comisión del delito de pederastia, así como cuando teniendo conocimiento de esta conducta realizada por su subordinado no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho o no haya evitado la continuación de la comisión del acto; porque estas conductas son las nuevas formas de delinquir que están permitiendo que algunas acciones escapen a la justicia y desde luego queden impunes.

La finalidad de la iniciativa permitirá eliminar la política de silencio de los directores de escuelas y clérigos para que cumplan con sus obligaciones como ciudadanos denunciando y asumiendo ante el aparato de justicia los casos de pederastia, pero sobre todo ya no podrán esconder, trasladar o cambiar de sede cuando se trate de instituciones religiosas, educativas o culturales al delincuente, así como evitarán la continuación de la comisión del acto en contra de un menor de dieciocho años por parte de sus subordinados, a fin de que el encubridor o protector no acabe convirtiéndose en un pederasta más.

Tomando en consideración lo anterior, se propone aumentar la penalidad al delito de pederastia con una mitad de la penalidad de prisión, al que haga uso de violencia moral o cualquier otra circunstancia que hiciera más vulnerable a la víctima. Además de que el autor del delito tendrá la obligación de sujetarse a tratamiento médico integral hasta por el tiempo que dure la pena, más allá de una cuestión potestativa como está prevista en el Código Penal Federal.

Asimismo, con independencia de que el autor del delito de pederastia pierda, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil, en ningún momento cesará su obligación alimentaria para con ella, ya que a la víctima no se le puede dejar sin los recursos económicos suficientes para sufragar sus necesidades alimentarias y de salud.

También se propone aumentar en dos terceras partes la pena, cuando fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas o si se cometieran en contra de dos o más víctimas o cuando el autor del delito haya puesto en peligro la vida del menor de dieciocho años. Es decir, se insta a castigar la pederastia con penas más justas respecto a los casos más graves, como se han expuesto bajo estos tres supuestos normativos.

El espíritu de esta reforma y adición del Código Penal Federal es que también los ministros de culto religioso o los instructores de cualquier actividad deportiva, recreativa, cultural o de cualquier índole, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas cuando cometan el delito de pederastia, además de la pena de prisión antes señalada, sean inhabilitados, destituidos o suspendidos, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

Conforme a este supuesto, se requiere que el agente tenga la condición clerical o instructor de cualquier actividad deportiva, recreativa, cultural o de cualquier índole, en el momento de cometer el delito para ser sujeto de derecho penal.

Finalmente, además de las penas previstas en el delito de encubrimiento, se castigará al encubridor con una mitad más cuando tenga una relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes o de cualquier otra índole que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima menor de dieciocho años. Este delito que se propone, no sólo es para el delito de pederastia sino para cualquier delito, pero siempre y cuando el encubridor abuse de su jerarquía y de su posición de superior inmediato entre la persona agresora y la víctima menor de 18 años.

La iniciativa de reforma y adición del Código Penal Federal contribuye con el Estado en su papel protector del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el Código Penal Federal

Único. Se reforma y se adicionan dos párrafos al artículo 209 Bis y se adiciona un párrafo al artículo 400 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo VIIIPederastia

Artículo 209 Bis. ...

...

Si el agente hace uso de violencia física o moral o cualquier otra circunstancia que hiciera más vulnerable a la víctima, las penas se aumentarán en una mitad más.

El autor del delito deberá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil, pero en ningún momento cesará su obligación alimentaria para con ella.

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público, profesionista, ministro de culto religioso o instructor de cualquier actividad deportiva, recreativa, cultural o de cualquier índole, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

Las penas se aumentarán en dos terceras partes, cuando fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas o si se cometieran en contra de dos o más víctimas o cuando el autor del delito haya puesto en peligro la vida del menor de dieciocho años.

Se equipara al delito de pederastia y se sancionará con las mismas penas previstas en el primer párrafo del presente artículo, al servidor público, ministro de culto religioso o cualquier persona que tenga una relación jerárquica sobre el agresor en virtud de una relación laboral, docente o de cualquier otra índole, cuando después de la ejecución del delito y sin haber participado en él, traslade o remueva a otro lugar de trabajo dentro o fuera del territorio nacional al responsable del delito o cuando teniendo conocimiento de esta conducta realizada por su subordinado no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho o no haya evitado la continuación de la comisión del acto en contra de un menor de dieciocho años.

Capítulo I
Encubrimiento

Artículo 400. Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa al que

I. a VII. ...

...

Además de las penas previstas en el primer párrafo del presente delito, se incrementarán en una mitad cuando el agente tenga una relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes o de cualquier otra índole que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima menor de dieciocho años.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid, España, 2001.

2 Abuso sexual en niños y la Santa Sede, mimeo, traducción, junio de 2014.

3 Lista de cuestiones relativa al segundo informe periódico de la Santa Sede Comité de los Derechos del Niño, sexagésimo quinto periodo de sesiones, 13 a 31 de enero de 2014, tema 4 del programa provisional, “Examen de los informes de los Estados parte”.

4 Abuso sexual en niños y la Santa Sede, obra citada.

5 González, Fernando M. (2010). Maciel. Los Legionarios de Cristo. Testimonios y documentos inéditos. España: Tusquets.

6 En 1994, Karol Wojtyla, como representante de la Iglesia católica y jefe del Estado Vaticano-Santa Sede, nombró a Marcial Maciel como líder de la juventud.

7 González, obra citada, página 34.

8 http://www.sinembargo.mx. En una década, el Vaticano ha recibido 6 mil demandas por pederastia: informes internos, 6 de marzo de 2016.

9 Diario Oficial de la Federación. Recomendación general 21 sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centro educativos. 20 de octubre de 2014.

10 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2014). Boletín 016/2014: La CDHDF hace eco de la exigencia de la ONU para erradicar la pedofilia clerical. 7 de febrero de 2014, de la CDHDF. Sitio web: http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/boletines-2014/3655-boletin -0162014.

11 http://www.animalpolitico.com/2014/10/ataques-sexuales-en-escuelas-se-duplicaro n-en-los-ultimos-4-anos-segun-pesimista-informe-oficial/ 22 de octubre de 2014.

12 Díaz Rojo, José A., Pedofilia y Pederastia, CSIC, Valencia, España, 2002.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Rafael Hernández Soriano,Carlos Sarabia Camacho, Daniela De Los Santos Torres, Delfina Gómez Álvarez, Erik Juárez Blanquet, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Sergio René Cancino Barffuson, Tómas Octaviano Félix (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

El diputado Rafael Hernández Soriano:

«Iniciativa que reforma el artículo 84 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa

Es indispensable frenar la violencia sexual que sufren las niñas y los niños en las escuelas y en todo espacio donde interactúen, ya sea público o privado. En bien de su mejor desarrollo físico, mental, social y moral, se propone que, la Autoridad Educativa o el Organismo descentralizado, sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, no reincorpore en ningún empleo, cargo o comisión que permita relación con infantes o adolescentes, al docente o servidor público que haya cumplido con la sanción prevista en el artículo 209-Bis del Código Penal Federal. Lo anterior, implica que el Poder Legislativo Federal ponga toda la atención que requiere este problema en todas las escuelas del país y en todos los lugares donde participen las y los menores de edad, y por ende, legisle esta propuesta de adición para sancionar severamente a los docentes y servidores públicos que abusen sexualmente de las niñas, niños y adolescentes.

Argumentos

Una de las poblaciones que a nivel mundial es considerada como la demandante de mayor seguridad y garantía de sus derechos humanos es la integrada por las niñas, niños y adolescentes. Por esto y de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.

Esta consideración dio origen a la Convención sobre de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por México desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Este trascendental cuerpo normativo, que además es reconocido como el de mayor aceptación por las naciones integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), refiere un marco amplio de diversos derechos humanos efectivos hacia las niñas y los niños. De esta forma, en él, se identifican las necesidades que por derecho tienen las y los niños y legitima el reclamo social y las acciones del Estado para hacerlas cumplir.

Específicamente, en el artículo 19 de la Convención, se establece lo referente al derecho de la infancia en el tema de la educación, que a la letra señala;

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

...

También, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 57, 58 y 59 se sintetiza las principales normas que estipulan el derecho a la educación que imparte el Estado a favor de las niñas, niños y adolescentes.

Lo que significa que, de acuerdo con datos del censo de población emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el total de niñas y niños que residen en nuestro país, es de 32.5 millones, entre los cuales se encuentran 19.8 millones de niños de entre 6 a 14 años de edad, de este total, 95.2% asisten a la escuela, es decir, disfrutan del derecho a la educación.

Sin embargo, y pese a lo establecido en términos de lo jurídico y la responsabilidad del Estado, no es extraño conocer por los diversos medios de comunicación casos de agresiones contra niñas y niños que estudian en los centros escolares, tanto públicos como privados. Estas agresiones están incluidas en sus diversas manifestaciones, tanto verbales, psicológicas, físicas y también sexuales.

Como ejemplo incluiremos brevemente alguna de ellas; el pasado 9 de julio de 2015 una profesora impartía clase a un grupo de quinto grado en la escuela primaria Efraín Huerta, en Chimalhuacán, Estado de México, y su caso generó consternación luego de la difusión de un video en Youtube en el que insultaba a sus alumnas y alumnos con epítetos como: “imbéciles” y “retrasados” al noresponderadecuadamente a sus preguntas, dicha profesora fue galardonada como la Mejor Docente 2014, tras presentar un proyecto educativo destacado a nivel regional y estatal.

Otro caso es el señalado en la escuela primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en el centro de San Juan del Río, donde madres y padres de familia piden la destitución de una profesora, debido a que la señalan de agredir físicamente y verbalmente a alumnos de cuarto año. Se indica que en total son 35 niñas y niños los que están cursando el cuarto año y señalan las y los padres que la docente los insulta y en ocasiones ha llegado hasta la agresión física, por lo que ya no quieren a la ella continúe frente al grupo.

Sin duda dentro de las agresiones violentas contra las niñas y niños, particularmente las sexuales son las que necesariamente reclaman una gran previsión y atención por parte de las autoridades, ya que estas han ido en aumento, según la información difundida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH), indica que tan sólo en dos años, 2013 y 2014, fueron presentadas 82 quejas por agresiones sexuales y se emitieron 12 recomendaciones al respecto.

Mientras que los 13 años previos –de 2000 a 2012– hubo 112 quejas y fueron emitidas solo seis recomendaciones. Sin embargo, por parte de las autoridades federales no hay cifras actualizadas de quejas por ese tipo de agresiones. Así, lo que es más alarmante, es que aún no existen mecanismos efectivos para ayudar y proteger a las víctimas de estos delitos ni el castigo ejemplar para los agresores.

El dato más reciente se recogió en la Consulta Infantil y Juvenil organizada este año -2015- por el Instituto Nacional Electoral, según la cual 94 mil 367 niños y adolescentes de entre 10 y 17 años dijeron ser o haber sido víctimas de violencia sexual. De ellos, 29 mil 814 señalaron que esas agresiones sucedieron en la escuela.

Esto es de suma importancia, porque para coadyuvar en la solución de esta problemática la CNDH ha emitido diversas recomendaciones, encontrando entre ellas las siguientes;

Destaca la Recomendación General no. 21, sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos, publicada el 21 de octubre del 2014, en el Diario Oficial de la Federación. A continuación se resaltan tres puntos de tan relevante documento:

...

9.Al respecto, la presente recomendación se enfoca en el desarrollo del tema del violencia sexual infantil cuando se suscita en centros escolares tanto públicos como privados, siendo este tema de particular relevancia por los derechos de la infancia que se vulneran como resultado de este fenómeno, tales como la libertad sexual, la integridad personal, el trato digno, la educación y el desarrollo, y considera, sobre todo, la gravedad que implica que en centros donde deberá ser tratados con dignidad y formados, sean agraviados.

10.En ese sentido, esta Comisión Nacional manifiesta su preocupación en cuanto al número de quejas registradas por parte de organismos protectores de derechos humanos, así como por organismos de educación pública, tanto a nivel nacional como estatal, en relación a este fenómeno, mismas que serán analizadas en la presente recomendación general. Al respecto, debe decirse que la violencia ejercida en contra de la infancia no se justifica bajo ninguna circunstancia, aunado a que por tratarse de violencia sexual la situación resulta de especial gravedad, toda vez que este fenómeno implica una amenaza para el proyecto de vida de las niñas y los niños, y un riesgo para la sociedad.

11.Esta Comisión Nacional ha observado que la violencia sexual infantil escolar es un fenómeno que ocurre de manera más frecuente de la que se piensa; sin embargo, en muchas ocasiones este fenómeno permanece oculto, debido a que su denuncia puede llegar a generar señalamientos hacia la persona agredida y por lo tanto una re victimización; tal situación resulta preocupante, ya que de acuerdo a lo advertido por esta Comisión Nacional, el ignorar este tipo de casos puede tener como consecuencia que el daño sea irreparable en la víctima, e incluso se propicie la reincidencia.

...

Así también se destaca la:

Recomendación: 4/2015

Lugar: Secundaria pública.

El maestro de matemáticas estuvo a punto de violar a una alumna. Lo evitó la llegada del director de la escuela.

Recomendación: 38/2014

Lugar: Jardín de Niños de Iztacalco.

El conserje abusa sexualmente de tres niños de 4 y 5 años cuando los acompaña al baño. La directora no les cree a los niños ni a los padres.

Recomendación: 70/2013

Lugar: Primaria pública.

Tres alumnos de primer grado denuncian la agresión sexual reiterada por parte de un alumno de sexto.

Recomendación: 69/2013

Lugar: Secundaria pública.

Una alumna de tercer año es abusada sexualmente por el maestro de artes plásticas. La directora pide a la madre de la víctima que no denuncie.

Recomendación: 66/2013

Lugar: Centro de Atención Múltiple de la SEP.

Dos alumnas con síndrome de Down son agredidas sexualmente por el maestro de computación.

Recomendación: 59/2015

Lugar: Secundaria pública.

Dos alumnas acusan al profesor de matemáticas de tocarse el pene mientras les calificaba el cuaderno o les pedía recoger la basura sin doblar las rodillas para verles los glúteos.

Recomendación: 55/2013

Lugar: Bachillerato público federal en Tamaulipas.

Un alumno denuncia abuso de un maestro en un viaje de trabajo, en el que alumnos y maestros comparten habitación y camas.

Recomendación: 51/2013

Lugar: Primaria pública.

Tres alumnas de cuarto denuncian que un maestro las sienta en sus piernas y les mete la mano debajo de la falda.

Recomendación: 48/2013

Lugar: primaria pública.

Dos alumnos de segundo grado denuncian que el maestro de inglés los besa y les toca los genitales.

Recomendación: 8/2013

Lugar: Secundaria pública “José Vasconcelos”, Tuxpan, Veracruz.

Diez alumnos denuncian abuso y acoso sexual del maestro en ciencias, adscrito también al servicio médico escolar.

Recomendación: 21/2015

Lugar: Bachillerato público.

Tras el extravío de un celular, un maestro revisa a los alumnos. A los hombres les pide quitarse la ropa y quedarse en ropa interior.

Recomendación: 39/2014

Lugar: Plantel de preescolar.

La directora agrede a niño de forma brusca, le da palmadas en la cara y le grita.

Con estas bases, estamos frente a un problema de violencia generalizada que comprende los distintos tipos de violencia, sin embargo, los hechos que se mencionan y que se han realizado en diversos estados del país, son los relacionados con el tema de delitos sexuales en contra de las y los menores de edad en las escuelas. Por eso, estamos en total disposición de coadyuvar con las autoridades educativas para resolver este grave problema del que no existen estadísticas oficiales y sobre el cual, algunas autoridades de las escuelas donde se cometen los hechos, siguen encubriendo e intentando que los probables delitos no sean denunciados. Aun cuando por existan suficientes evidencias para afirmar que se trata de un asunto sumamente delicado y un tema que lacera a la sociedad en su conjunto.

Debemos mencionar que las secuelas que se desprenden de estos delitos dirigidos contra las niñas y niños, son mayormente psicológicas y que les dañan de por vida, pues les han violado una serie de derechos humanos, encontrando entre ellos, el derecho a la integridad personal, la libertad sexual, la educación y el sano esparcimiento. Asimismo, la comisión de estos delitos puede ser considerada como motivo de deserción escolar, ya que al sentirse en peligro, las y los menores de edad prefieren no continuar en la escuela.

Por ello, asumir la violencia en las escuelas como un fenómeno generalizado en el país, implica que el Poder Legislativo Federal ponga toda la atención que requiere este problema y por ende legisle esta propuesta de reforma y adición para sancionar severamente a los docentes y servidores públicos que abusan sexualmente de las niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo y pese a que menudea la información sobre abusos de docentes, lamentablemente, esto no es privativo de esta área y también se puede dar en cualquier espacio de participación y/o servicio a donde acuden las y los menores de edad, quedando en riesgo ante médicos, entrenadores, conserjes y personal administrativo, entre otros personas que tienen la calidad de servidor público en las escuelas del país.

En este contexto para concluir, se debe considerar que no podemos permitir que estos delitos se sigan cometiendo en ningún sitio, ni mucho menos en las escuelas. Por ello, se hace necesario castigar severamente a las y los docentes y servidores públicos cuando abusen sexualmente de las niñas, niños y adolescentes.

Debe reiterarse que el delito de pederastia, no es privativo de docentes, tal como lo prevé el artículo 209 Bis del Código Penal Federal, que para el tema puntualmente señala;

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más.

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

Por ello, una de las sanciones administrativas que se propone es que la Autoridad Educativa o el Organismo descentralizado, sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, no reincorpore en ningún empleo, cargo o comisión que permita relación con infantes o adolescentes, al docente o servidor público que haya cumplido con la sanción prevista en el artículo 209-Bis del Código Penal Federal.

Además de lo anterior, el docente o servidor público debe ser incluido en una base de datos de la Autoridad Educativa o el Organismo descentralizado, para efectos de que no se le permita reincorporarse en ningún empleo, cargo o comisión que pueda tener de nuevo relación con infantes o adolescentes, tomando en cuenta que ha recibido una sentencia por cometer el delito de pederastia. Esta publicación de datos, servirá como un mecanismo de presión social y civil, para evitar la posible reincidencia en la comisión de hechos delictuosos, y se violenten los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Previendo el tema de datos personales, la legislación denominada, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, prevé:

Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando:

I. Esté previsto en una Ley;

II. -IV...

V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes;

VI...

VII. Se dicte resolución de autoridad competente.

Por ello, en materia de datos personales, el tratamiento de los datos, podrá ser que se publiquen libremente en el registro, pues solamente se hará mediante una resolución de autoridad competente, al mismo tiempo que se encontrará previsto en la ley. Por lo tanto no hay vulneración de derechos del docente o servidor público que haya sido inhabilitado, suspendido o destituido del empleo, cargo o comisión por la comisión del delito de pederastia en contra de niñas, niños y adolescentes.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 84 de la Ley General del Servicio Profesional Docente

Artículo Único. Se adiciona el artículo 84 a la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue:

Artículo 84. La Autoridad Educativa o el Organismo descentralizado, sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, no podrá reincorporar a ningún empleo, cargo o comisión que permita relación con infantes o adolescentes, al docente o servidor público que haya cumplido con la sanción prevista en el artículo 209-Bis del Código Penal Federal.

La Autoridad Educativa o el Organismo descentralizado publicarán en su página de internet, el nombre del docente o servidor público a que se refiere el párrafo anterior.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 ONU, Preámbulo de la Convención sobre los derechos de los niños, 1989.

2 ONU, Convención sobre los Derechos del Niño, New York, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990.

3 Inegi, datos del Censo General de Población 2010.

4 Página electrónica, http://www.24-horas.mx, 10 de julio, 2015.

5 Miguel, Miguel Ángel, ADN Político, Querétaro, 4 de noviembre, 2014.

6 Crece ataque sexual en las escuelas, diario Reforma, 28 diciembre 2015.

7 Ibídem.

8 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/ RecGral_021.pdf para la consulta integra del documento.

9 Datos de; diario electrónico latarde.com.mx y Mi País, Tamaulipas, diciembre, 2015.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputado y diputada: Rafael Hernández Soriano,Daniela De Los Santos Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen. Insértense los textos íntegros en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado proponente.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Cuata, por favor. Adelante.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Le pido al diputado, si me permite adherirme a su iniciativa, por favor. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Hernández Soriano.

El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul: Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aceptación, y entonces está a disposición de quienes quieran suscribirla y tengan ánimo todavía para hacerlo a estas horas, pero seguimos.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Mario Machuca Sánchez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Mario Machuca Sánchez:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados. De acuerdo con datos proporcionados por el informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, cada año los accidentes de tránsito causan alrededor de 1.3 millones de fallecimientos y 50 millones de heridos.

Dichas muertes y lesiones tiene graves consecuencias en las familias y en la comunidad, pues impactan de forma sensible a la vida de las personas tanto económicamente como emocionalmente.

Según las previsiones y tendencias actuales, de aquí al año 2030 los accidentes de tránsito pasarán a ser de la novena a la quinta causa de muerte en todo el mundo. La Secretaría de Salud registró tan solo en el año 2012 el fallecimiento de 17 mil personas por esta causa. Asimismo 150 mil personas resultaron con lesiones durante el mismo periodo, según las cifras del Inegi y la Policía Federal.

Los errores humanos constituyen el principal generador de los accidentes viales y es que según números de la Agencia de Seguridad Vial de Estados Unidos y el propio Inegi, el 96 por ciento de los accidentes son atribuibles a fallas del conductor.

En este sentido el consejo nacional de prevención de accidentes, menciona que las principales causas de siniestros viales en cuanto a error humano se refieren, son el exceso de velocidad, el consumo del alcohol y el uso de los dispositivos móviles.

Como el exceso de velocidad y el consumo del alcohol ya se encuentran normados en la ley a nivel nacional, nuestro objetivo con esta iniciativa es regular el uso de los dispositivos móviles ya que la distracción en la conducción es un importante factor de riesgo de tránsito en los accidentes.

En la actualidad podeos distinguir distintos tipos de distracción a la hora de conducir un vehículo. Por lo general estos se dividen en las distracciones al interior del automóvil. Por ejemplo podemos citar precisamente el celular, el estar sintonizando el radio, comer, beber o maquillarse; y las distracciones externas que son aquellas que están viendo los anuncios espectaculares o a la gente que transita por la calle.

Ahora bien, la distracción que más preocupa a las autoridades encargadas de la seguridad vial, es el incremento en la utilización de los dispositivos electrónicos entre los que se encuentran aquellos que no están integrados en el vehículo.

Existe una gran cantidad de información científica, la cual demuestra que las distracciones causadas por el teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico que cuente con pantalla, puede afectar la forma de conducir, de distintas maneras, y para ello también hay ejemplos como el entorpecimiento de la capacidad al mantenerse no en el carril adecuado, así como no tener la distancia pertinente entre los vehículos, que da la seguridad.

Un estudio llevado a cabo por el Instituto de Transporte en Virginia Tech, encontró que los conductores de vehículos pesados y camiones, tienen 5.9 veces más riesgo de sufrir un accidente al marcar un número de forma manual mientras conducen; 6.7 veces más riesgos al usar un dispositivo electrónico móvil y 23 veces el riesgo al escribir un mensaje de texto.

A la luz de lo anterior y que acabo de mencionar, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista proponemos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 36 a la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, la cual está destinada a evitar la utilización de los dispositivos electrónicos portátiles mientras los conductores manejan unidades de autotransporte, ya sea de pasajeros o de carga. Porque no podemos soslayar que la persona al volante de un transporte de carga o de pasajeros manipula un vehículo que pesa muchas toneladas, por lo tanto la falta de atención al maniobrar dicho vehículo, podría generar un accidente de proporciones considerables poniendo en peligro no sólo la vida de quien conduce, sino además de decenas de personas, quienes confían en su pericia y responsabilidad para manejar. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con los datos proporcionados por el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial (Organización Mundial de la Salud, 2013) cada año los accidentes de tránsito causan alrededor de 1 millón 300 mil muertos y 50 millones de heridos, dichas muertes y lesiones tienen graves consecuencias, tanto en las familias como en la comunidad, pues impactan de forma irremediable la vida de las personas, asimismo, además del coste emocional, dichas lesiones también provocan una pérdida económica considerable a las víctimas, a sus familias y a la nación.

Y es que según las previsiones y tendencias actuales, de aquí a 2030, los traumatismos causados por el tránsito pasarán de ser la novena causa principal de muerte en el mundo a ser la quinta.

En nuestro país, durante 2012 fallecieron 17 mil 102 personas por esta causa (Secretaría de Salud, 2012) y más de 150 mil personas resultaron con lesiones (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2012; Policía Federal, 2012).

Las causas de los accidentes viales no siempre son convencionales, pero la gran mayoría se pueden evitar, ya que según números de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, agencia de seguridad vial de Estados Unidos) y del Inegi, 96 por ciento de los accidentes son causados por errores humanos.

Según la Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Conapra, las principales causas de accidentes en cuanto al error humano son el exceso de velocidad, consumo de alcohol y el uso de dispositivos móviles.

Como el exceso de velocidad y el consumo del alcohol ya se encuentran regulados por la ley, nuestro objetivo es regular el uso de los dispositivos móviles, ya que la distracción en la conducción es un importante factor de riesgo de traumatismo por accidente de tránsito.

En la actualidad podemos distinguir distintos tipos de distracciones a la hora de conducir nuestro vehículo; por lo general estas de dividen en la distracciones que tenemos dentro del vehículo– como por ejemplo, utilizar el celular, la tableta o sintonizar la radio- y distracciones externas al vehículo- como mirar los anuncios espectaculares o a la gente que camina por la calle.

Como ya mencionamos, la distracción del conductor puede provenir de distintas fuentes que pueden estar tanto dentro como fuera del vehículo, sin embargo y para fines de la presente iniciativa nos enfocaremos en las distracciones proveniente del interior del vehículo.

Entre las distracciones que se producen al interior del vehículo encontramos la acción de comer, fumar, hablar, arreglarse, manipular equipos de audio o videos integrados al vehículo, o conversar con otros pasajeros.

Ahora bien, la distracción que más preocupa a las autoridades encargadas de la seguridad vial es el incremento en la utilización de los nuevos sistemas electrónicos, entre los cuales se encuentran los que no están integrados al coche, tales como los teléfonos celulares, los ordenadores portátiles, los dispositivos portátiles con pantalla (tabletas y videojuegos portátiles) y los sistemas de navegación no integrados. Las fuentes internas de distracción también incluyen el creciente número de tecnologías de la comunicación que ahora están integradas a los vehículos, por ejemplo las tecnologías bluetooth.

Y es que según estudios realizados en distintos países señalan que el porcentaje de conductores que utilizan el teléfono celular mientras conduce ha aumentado a lo largo de los últimos 5 a 10 años, y oscila entre un uno y un once por ciento. En diversos países se ignora el alcance del problema ya que cuando ocurre un accidente no es común que se recaben datos para medir la influencia que tiene la manipulación de estos aparatos en el desarrollo del accidente.

Es innegable que la manipulación del teléfono celular o de cualquier otro dispositivo portátil a la hora de manejar ocasiona que el conductor desvíe la mirada de la carretera, quite las manos del volante y aparte su concentración de la carretera y de la situación existente a su alrededor.

Existe una gran cantidad de información científica la cual demuestra que las distracciones causadas por el teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico que cuente con pantalla pueden afectar la manera de conducir de distintas formas, por ejemplo, aumentando el tiempo de reacción, entorpeciendo la capacidad de mantenerse en el carril adecuado, haciendo que no se respete la distancia de seguridad y, a grandes rasgos, obstaculizando el correcto manejo del vehículo.

Y si bien resulta complicado determinar los efectos del uso de dispositivos móviles con pantalla en el riesgo de accidentes, existen distintos estudios los cuales indican que los conductores que utilizan el teléfono celular u otros dispositivos móviles con pantalla durante la conducción corren un riesgo cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente.

A pesar de la dificultad que entraña establecer una relación directa entre el uso de dispositivos móviles y la incidencia de accidentes de tránsito, una serie de estudios nos da una posible respuesta. Y es que por ejemplo:

Según un estudio realizado en Australia para examinar el papel de las declaraciones en que los propios conductores admitían haberse distraído en los casos de accidente grave que requirieron atención hospitalaria, la distracción contribuyó al accidente en un 14 por ciento de los casos.

Según estudios realizados en Nueva Zelandia, la distracción es un factor importante al menos en el 10 por ciento de los accidentes mortales y en el 9 por ciento de los accidentes con heridos, lo que, en 2008, tuvo un costo social estimado en NZ de 413 millones de dólares neozelandeses (aproximadamente 311 millones de dólares americanos). Los jóvenes son especialmente propensos a verse involucrados en accidentes en que la distracción del conductor ha sido un factor que ha contribuido.

En España, se estima que el 37 por ciento de los accidentes de tránsito que se produjeron en 2008 estaban relacionados con distracciones del conductor.

En los Países Bajos, el uso del teléfono celular durante la conducción fue responsable del 8.3 por ciento del número total de víctimas mortales y de heridos en carretera en 2004.

En Canadá, según las estadísticas nacionales de 2003-2007, el 10.7 por ciento de los conductores que perdieron la vida o resultaron heridos estaba distraídos en el momento del accidente.

En los Estados Unidos, se estima que el 11 por ciento de los accidentes ocurridos entre 2005 y 2007 se debió a distracciones del conductor provocadas por distractores internos al vehículo, si bien según un estudio más reducido que englobaba a 100 conductores, en el 22 por ciento de los accidentes o accidentes fallidos el conductor estaba realizando tareas secundarias. En 2008, la distracción del conductor fue un factor confluente en el 16 por ciento de los accidentes mortales ocurridos en los Estados Unidos.

En otro orden de ideas, y a raíz de un estudio llevado a cabo por el Instituto de Transporte de Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, se encontró que los conductores de vehículos pesados y camiones tenían 23.2 por ciento más posibilidades de experimentar un choque o “casi ocasionar uno” al ir revisando su celular o cualquier otro dispositivo móvil, lo anterior es preocupante, ya que la distracción combinada con la operación de vehículos pesados representa un elemento que nos obliga a tener en cuenta.

Lo anterior es preocupante, debido a que la persona al volante de un autotransporte de carga manipula un vehículo que pesa varias toneladas, por lo tanto la falta de atención al maniobrar dicho vehículo podría generar un accidente de proporciones considerables, asimismo, la persona que conduce un autotransporte de pasajeros o turístico, no sólo pone en peligro su vida sino la de decenas de personas que confían en su pericia y responsabilidad al manejar.

Teniendo lo anterior en cuenta, es que presentamos la presente iniciativa, la cual está destinada a evitar la utilización de dispositivos portátiles mientras los conductores manejan autotransportes de turismo, de pasajeros y de carga.

Esta propuesta refuerza nuestro compromiso de hacer más seguras nuestras carreteras al reducir la amenaza de conducir distraído y evitar que terceras personas sufran de un percance por culpa de una persona descuidada.

Mediante esta iniciativa estamos enviando un fuerte mensaje en pro de la seguridad vial en las carreteras de nuestro país, ya que no sólo esperamos que las personas compartan las autopistas de manera responsable con otros conductores, sino que así lo exigimos.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se adiciona el artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la secretaría, en los términos que establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44.

El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos con vehículos o simuladores que se establezcan en el reglamento respectivo.

Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los conductores de sus vehículos cuentan con la licencia federal vigente.

La secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue.

Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo se abstendrán de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso, de conducir utilizando dispositivos electrónicos portátiles o rebasar los máximos de velocidad, establecidos por la secretaría.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Mario Machuca Sánchez, Daniela De Los Santos Torres, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Machuca. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Sergio René Cancino Barffuson, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson:Buenas tardes, presidente, buenas tardes, diputadas y diputados, hoy subo a tribuna a presentarles la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para asegurar el derecho de la educación a este grupo vulnerable. Agradezco mucho que aún se encuentren en este pleno. Saludo a todas las personas con algún tipo de discapacidad y a todos sus familiares y amistades.

Hace más de 40 años las naciones de la tierra afirmaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a la educación, sin embargo, pese a los importantes esfuerzos realizados en nuestro país, para asegurar este derecho con igualdad de oportunidades, persiste otra realidad que afecta sobre todo a uno de los grupos más vulnerables, las y los niños y jóvenes con discapacidad.

La Encuesta Intercensal del Inegi de 2015, nos muestra que en México habitan 119 millones 530 mil 753 personas, de la cuales 5 millones 739 mil 290 habitantes sufren algún tipo de deficiencia físico-motora, intelectual o sensorial.

Esto significa que el 5 por ciento de la población tiene alguna diferencia que impide su completo desarrollo ante la sociedad. De ellas, el 51.1 por ciento son mujeres y el 48.9 por ciento son hombres. Dos de cada diez personas con discapacidad tienen menos de 30 años, situación que hay que considerar dada la importancia de estas edades, porque son aquellas en que el ser humano se encuentra en el desarrollo de su intelecto y de habilidades para desenvolverse en condiciones adecuadas en el entorno social.

Es también este rango de edad en que las personas con discapacidad buscan integrarse al sistema educativo y se encuentran con una serie de dificultades, ya sea por falta de infraestructura para que puedan ser educados, porque no existen los planes de estudio adecuados o no se cuenta con personal capacitado para darles un correcto trato.

Aun y cuando en las leyes mexicanas se establece el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal, en la mayoría de los casos el Estado no cumple con su obligación de facilitar el acceso a la educación a las niñas y a los niños, y jóvenes que siguen siendo discriminados.

La Constitución Política de México, en su artículo 3o., establece el derecho a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; y que será obligación del Estado brindarla para todos los habitantes de la federación. Sin embargo, no existe un apartado, artículo o fracción que se encargue de asegurar un modelo de educación inclusiva para las personas que sufran algún tipo de discapacidad.

Fundamento mi iniciativa, y en esto agradezco a César Arturo Díaz Trejo su voluntad por la conformación de esta iniciativa. Esta iniciativa pues se fundamenta en los acuerdos internacionales firmados y ratificados por México, como lo es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en una convención de las Naciones Unidas, se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que señala un cambio paradigmático de las actitudes y enfoque respecto de las personas con discapacidad.

En nuestro país el 30 de mayo de 2011 se da un paso adelante en este tema, con la aprobación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En esta ley se establece que la Secretaría de Educación Pública será la promotora del derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del sistema educativo nacional, y se establecen las acciones a seguir.

Con todo esto hay que ir más allá en nuestro compromiso con este grupo, que hasta hoy sigue padeciendo la problemática de acceso a la educación. Convoco a este pleno a considerar esta iniciativa, ya que aquí se han dado votos a favor de manera muy importante para beneficio de los grupos vulnerables, como son las personas con algún tipo de discapacidad.

Esta propuesta de iniciativa tiene por objetivo atender las necesidades especiales de una minoría que se encuentra en el rezago educativo por la carencia de accesibilidad al derecho a la educación de las personas con discapacidad, y establecer la obligatoriedad a las instituciones encargadas de la educación a proveer la infraestructura necesaria para garantizar su inclusión.

En Morena queremos que el derecho a la educación para las personas con discapacidad se vuelva una realidad, es por eso que hoy presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto, que establece como mínimo un 1 por ciento de la matrícula escolar total para personas con discapacidad.

Esperamos que la respalden para que ahora sí se garantice su inclusión en las instituciones educativas. Es cuanto y muy buenas tardes.

«Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Sergio René Cancino Barffusón, Araceli Damián González, Patricia Elena Aceves Pastrana e Irma Rebeca López López, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12, numeral I, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hace más de 40 años, las naciones de la Tierra afirmaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos que “toda persona tiene derecho a la educación”. Sin embargo, pese a los importantes esfuerzos realizados en nuestro país para asegurar el derecho a la educación para todas y todos, persiste otra realidad que afecta sobre todo a uno de los grupos más vulnerables: las y los niños y jóvenes con discapacidad.

Los resultados que arroja la encuesta intercensal realizada por el Inegi en 2015 muestran que en México habitan 119 millones 530 mil 753 personas; de ellas, 5 millones 739 mil 290 sufren algún tipo de deficiencia físico-motora, intelectual o sensorial. Eso significa que 5 por ciento de la población tiene alguna diferencia que impide su completo desarrollo ante la sociedad.

El artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define:

Artículo 2.Para los efectos de esta ley se entenderá por

XXI. Persona con discapacidad.Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

El censo poblacional del Inegi de 2010 da los siguientes resultados:

De los 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, 51.1 por ciento corresponde a mujeres y 48.9 a hombres con alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana.

A continuación se muestra cuadro de los grupos de personas con discapacidad por edad:

Distribución porcentual de la población con discapacidad por grupo de edad

Grupo de edad Porcentaje

0 a 14 años 9.1

15 a 29 años 9.9

30 a 59 años 32.8

60 a 84 años 40.7

85 años y más 7.5

O sea, 2 de cada 10 personas con discapacidad tienen menos de 30 años, lo cual debe considerarse dada la importancia de estas edades porque en ellas ser humano se encuentra en el desarrollo de su intelecto y habilidades para desenvolverse en condiciones adecuadas en el entorno social.

En este rango de edad, las personas con discapacidad buscan integrarse en el sistema educativo, y se encuentran con una serie de dificultades, ya sea por la falta de infraestructura para que puedan ser educados, porque no existen los planes de estudio adecuados o no se cuenta con personal capacitado para darles el correcto trato.

Aun cuando en las leyes mexicanas se establece el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal, en la mayoría de los casos el Estado no cumple su obligación de facilitar el acceso a la educación de los niños y los jóvenes que siguen siendo discriminados.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona de forma amplia en el artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados de los que México forma parte, y en el artículo tercero menciona que será el derecho a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior obligación del Estado brindarla para todos los habitantes de la Federación, sin embargo, no existe un apartado, artículo o fracción que se encargue de asegurar un modelo de educación inclusiva para las personas que sufran algún tipo de discapacidad. Esto tanto en leyes secundarias como en leyes locales.

No hace falta decir que en un contexto social tan complejo y agresivo como en el que hoy nos encontramos no se puede restar importancia a temas como la educación, economía o seguridad social puesto que todos ellos son de gran importancia en el desarrollo sano de una sociedad como la nuestra.

México firmó también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la sede de Naciones Unidas. Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.

La convención reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.

El artículo 24 de dicha convención señala sobre la educación:

1. Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados partes asegurarán que

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. y 4. ...

5. Los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados parte asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

Con la convención como antecedente, en el país el 30 de mayo de 2011 se dio un paso adelante al respecto, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En ésta se define el tema de educación en el capítulo III, que a la letra dice:

Educación

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del sistema educativo nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer en el sistema educativo nacional el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad;

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar;

IV. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con discapacidad, al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica;

V. a XIV. ...

En esta ley se trata el tema de la educación como asunto toral para el avance en la igualdad y el acceso al sistema educativo de las personas con discapacidad. Aunque las obligaciones del Estado mexicano se enuncian en esta ley, no hay algún compromiso formal por el gobierno o las instituciones educativas para que este derecho se haga realidad y pese a que también en la convención ratificada se establece que el Estado debe garantizar la educación para todas las personas por igual.

Que haya algunos adelantos en la materia no exime al Estado mexicano de brindar dicho servicio que está consagrado y tutelado en los artículos 1o. y 3o. de la Carta Magna.

La igualdad entre todos los individuos integrantes de este país, y la educación de los mismos son principios rectores que nuestros constituyentes de 1917 tomaron como parte fundamental para establecer dicho ordenamiento primario, sólo demos un momento a la observancia y el razonamiento.

En el artículo 1o. se establecen las bases de la igualdad entre quienes viven en México y en el artículo tercero se establece el derecho a la educación. La importancia del derecho a la educación solamente está antecedida por la importancia de la unidad de nuestra madre patria. Tenemos que dar prioridad a la igualdad de acceso a la educación de todos los habitantes de este país sin distinción.

Sin embargo, satisfacer las necesidades básicas de educación de las personas con discapacidad exige algo más que la aprobación de leyes y tratados internacionales. Necesitamos la voluntad política del gobierno y las instituciones para que este derecho a la educación sin discriminación se haga efectiva.

Hay que ir más allá en nuestro compromiso con este grupo que hasta hoy sigue padeciendo la problemática de acceso a la educación. Se requiere ampliar nuestra visión, que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras institucionales, los programas de estudios y los sistemas tradicionales de instrucción, tomando como base lo mejor de las prácticas en uso. Esta visión amplia debe comprender el universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad; la educación debe de proporcionarse a todas las personas, con calidad, hay que tomar medidas coherentes para reducir las desigualdades existentes.

Para que la educación resulte equitativa debe garantizarse el acceso para todas las personas, y puedan tener una participación activa por igual.

Es necesario tomar medidas para garantizar a las personas con discapacidad su derecho de acceso a la educación, tomando en cuenta que las escuelas con orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos.

Esta propuesta de iniciativa tiene por objetivo

1. Atender las necesidades especiales de una minoría que se encuentra en el rezago educativo por la carencia de accesibilidad al derecho a la educación de las personas con discapacidad.

2. Establecer la obligatoriedad a las instituciones encargadas de la educación a proveer la infraestructura necesaria para esta inclusión.

En Morena queremos que el derecho a la educación para las personas con discapacidad se vuelva una realidad.

Por lo expuesto sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Único. Se reforma el artículo 12, fracción II, del capítulo III, “Educación”, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Capítulo IIIEducación

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del sistema educativo nacional. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. ...

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, garantizándoles uno por ciento de la matrícula total, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que aseguren su inclusión en las instituciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;

III. a XIV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/e i2015/doc/eic2015_resultados.pdf

2 http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/p oblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosVI.pdf

3 Tabla elaborada por el proponente con base en los resultados del Inegi, censo poblacional de 2010.

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipd.htm

5 UNESCO, 1994: 8.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Sergio René Cancino Barffuson, Araceli Damián González, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, María Bárbara Botello Santibáñez, María Chávez García, Patricia Elena Aceves Pastrana, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cancino. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada Cristina Jiménez.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (desde la curul): Gracias, señor presidente, con el interés de solicitarle poderme adherir a esta iniciativa. Creo que sí tenemos que trabajar más hacia una sociedad más noble, más incluyente con personas en esta condición.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Cancino. Manifiesta su aceptación, diputada, y entonces está aquí a disposición de quienes quieran suscribirla, en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul del diputado Ixtláhuac.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela(desde la curul): Gracias, presidente. Para adherirme a esta importante iniciativa que hoy nos ha presentado el diputado Cancino.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado proponente manifiesta, reitera su aquiescencia para que así pueda suceder para quienes quieran suscribirla. Gracias.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, las comisiones legislativas se definen tradicionalmente como los órganos internos mediante los cuales se organiza y distribuye el trabajo parlamentario de los Congresos, con el fin de atender de la forma más expedita los asuntos de su competencia.

En ese sentido, las comisiones legislativas suelen clasificarse según su naturaleza y temporalidad, en comisiones permanentes y comisiones especiales, siendo las segundas las que nos interesan para el fin de esta propuesta.

En la actualidad, en casi 100 años de vigencia de nuestra Carta Magna, el artículo 93 ha sufrido seis reformas, la primera de ellas en el año de 1974 y la última de ellas en el año 2014.

Prácticamente todas van en el mismo sentido: fortalecer el trabajo parlamentario en materia de rendición de cuentas, el control político y el control parlamentario respecto del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la doctora Judith Mora Donatto, el término control parlamentario ha estado en constante evolución, por las particularidades que tiene en cada uno de los sistemas políticos en los que el Parlamento ejerce una función inherente que le permite una mayor fiscalización y control a las actividades del Poder Ejecutivo.

En materia de derecho comparado vale la pena destacar lo señalado por la misma doctora Donatto, en su diversa obra relacionada con el tema que nos ocupa y que señala: es en Alemania donde existe prácticamente un acuerdo doctrinal generalizado en calificar a las comisiones de investigación como instrumentos de control.

Por su parte, en España, algunos autores como Santaolalla entienden que las comisiones de investigación constituyen un instrumento colegiado de información de las asambleas legislativas, que implican facultades especiales sobre terceros extraños a las mismas, o que no son más que instrumentos de información, puesto que sus efectos jurídicos se agotan en la obtención de una serie de datos, noticias o conocimientos.

Es importante destacar la existencia de casos relevantes y exitosos en otras partes del mundo, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde en 1976 se creó la Comisión Especial para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la cual funciona todavía a la fecha.

Dicha comisión tiene la facultad de citar a comparecer dentro del ámbito territorial norteamericano, tanto a funcionarios como a ciudadanos e incluso a testigos de otras naciones, para la realización de las investigaciones relacionadas con el ámbito de su competencia.

Cabe señalar que incluso se concede a dicha comisión la facultad de requerir so pena; es decir, bajo apercibimiento a cualquier persona, ciudadano o documento que considere imperativo para el desahogo de sus atribuciones de investigación.

En México, como ya se refirió, la primera reforma para fortalecer este artículo se presentó en el año de 64, apenas unos cuantos años después de los hechos que marcaron profundamente la historia de la libertad de expresión en nuestra nación, como lo fue el asesinato del 2 de octubre del 68 y el llamado Halconazo.

En dicha reforma el Constituyente Mexicano determinó facultar al Congreso de la Unión por primera vez en la historia, poder citar a los secretarios de estado y jefes de departamentos administrativos, así como jefes o directores de los organismos públicos descentralizados.

En este Congreso existen algunos precedentes de comisiones especiales, como es el caso Oceanografía y hoy la Comisión Especial de Ayotzinapa, de donde surge precisamente esta propuesta de reforma.

Creemos que es el momento que este Congreso no haga comisiones de membrete, haga comisiones que tenga facultades para investigar decididamente y a profundidad, de cara a los ciudadanos mexicanos, lo que realmente interesa e importa y que no exista más impunidad.

Es por lo anterior que la presente iniciativa tiene como objeto fortalecer las comisiones de investigación en los siguientes rubros concretos. Ampliar su rango de acción no sólo a organismos públicos descentralizados y empresas paraestatales, sino a cualquier dependencia pública del gobierno federal.

Incluir la potestad de citar, de manera obligatoria, a cualquier funcionario público o persona que se considere pudiera tener relación con el objeto de la investigación para el cual haya sido creada. Prever la facultad de que las comisiones de investigación puedan ser integradas por miembros de ambas Cámaras.

Reducir una cuarta parte de los senadores y una quinta parte de diputados, la potestad para crear una comisión de investigación. Y por último, incluir la facultad de que el Congreso de la Unión cree comisiones de investigación facultadas para invitar a integrarse a ellas a cualquier ciudadano.

Con ello se pretende dar una mayor relevancia a las comisiones parlamentarias de investigación y con ello acrecentar el control parlamentario, que aplicado de manera responsable es una forma de equilibrar la balanza de pesos y contrapesos, y darles una mayor voz y participación a los ciudadanos en los asuntos de relevancia del país, a través de sus representantes populares. Es cuanto, presidente

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que esto suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del partido político Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer el marco constitucional que rige la figura de las comisiones legislativas especiales y/o de investigación, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. Las comisiones legislativas se definen tradicionalmente como los órganos internos mediante los cuales se organiza y distribuye el trabajo parlamentario de los congresos, con el fin de atender de la forma más expedita los asuntos de su competencia. En ese sentido, las comisiones legislativas suelen clasificarse según su naturaleza y temporalidad en comisiones permanentes y comisiones especiales, siendo el segundo tipo el que interesa para los fines de esta propuesta.

Aunque no existe un completo acuerdo en la doctrina parlamentaria, se ha señalado que dentro de las comisiones especiales se puede a su vez identificar un sub-tipo de comisiones denominadas “de investigación” aunque existen teorías diversas que las identifican como un tercer tipo de comisiones independientes de las especiales. Independientemente de ello, cabe señalar que su marco normativo actual no se encuentra del todo desarrollado, y que actualmente el fundamento de su existencia lo encontramos fundamentalmente en los artículos 77, 78 y 93, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra disponen, en la parte concerniente:

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:

I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

II. Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su seno.

III. ...

IV. ...

Artículo 78.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I a II. ...

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 41.

1. Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

ARTICULO 42.

1. El Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.

II. Como un antecedente interesante de la reforma que propongo, cabe señalar que la redacción original del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la siguiente:

“Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio relativo a su secretaría.”

III. En la actualidad, en casi 100 años de vigencia de nuestra Carta Magna, dicho artículo ha sufrido un total de 6 reformas, la primera de ellas en el año de 1974, y la última de ellas en el año 2014, prácticamente todas ellas tendientes a fortalecer las potestades parlamentarias en materia de rendición de cuentas, control político y control parlamentario respecto del Poder Ejecutivo.

IV. De acuerdo a la Doctora Cecilia Judith Mora Donatto el término “control parlamentario” ha sido uno de los más polémicos en la doctrina “no solo porque es un concepto en permanente evolución, sino por las particularidades que tiene en cada uno de los sistemas políticos en los que el Parlamento lo ejerce como función inherente que le permite una mayor fiscalización y control de las actividades del Poder Ejecutivo.”

En ese sentido, es claro que este término de control parlamentario tiene una relación directa con los postulados referidos por el Barón de Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes” en la cual señaló la imperativa necesidad de la existencia de “pesos y contrapesos” entre los tres poderes en que propuso debía dividirse el ejercicio del poder del Estado, y por lo tanto, cobra especial relevancia en el contexto de nuestro México moderno, en el cual se siguen presentando casos en que es necesario que intervengan directa o indirectamente los representantes populares que conformamos las distintas cámaras del Congreso de la Unión.

V. Es lamentable, pero históricamente muchas otras naciones solo se dan cuenta de la importancia del debido control parlamentario hasta que suceden abusos, atropellos, tragedias, revoluciones y guerras que quizás pudieron haberse prevenido de haber existido una debida intervención e investigación oportuna por parte de los parlamentos, y como prueba de ello se recogen en épocas recientes eventos históricos como la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, todas seguidas de importantes reformas para fortalecer a los órganos parlamentarios no solo de las naciones que las protagonizaron, sino de muchas otras naciones de todo el Orbe.

VI. En materia de Derecho Comparado vale la pena destacar lo señalado por la Doctora Mora Donatto en su diversa obra relacionada con el tema que nos ocupa, en la cual señala:

“Quizá sea Italia el país en donde el desacuerdo en torno a la naturaleza de las comisiones de investigación ha sido mayor; los diversos conceptos oscilan entre lo que las califican como instrumentos de dirección política, de función inspectiva o como instrumentos cognoscitivos o cuyo carácter es esencialmente instrumental, hasta los que entienden que deben incluirse dentro de los medios de control....

Es en Alemania donde existe prácticamente un acuerdo doctrinal generalizado en calificar a las comisiones de investigación como instrumentos de control, si bien, para desarrollar éste ejercen una función informativa, la cual se reconoce como derecho de cada uno de los miembros de estas comisiones. Esto significa que la función de información de estas comisiones no es una función aislada que defina a este tipo de comisiones, sino que sólo es una parte de la misma, cuyo fin último es el control político. No sólo la doctrina reconoce a las comisiones de investigación dicho carácter, el Parlamento y el propio Tribunal Constitucional Federal así lo han manifestado, como tendremos ocasiones de ver más adelante.

En la doctrina española algunos autores como Santaolalla entienden que las comisiones de investigación, “constituyen un instrumento colegiado de información de las asambleas legislativas, que implican una facultades especiales sobre terceros extraños a las mismas” o que “no son más que instrumentos de información, puesto que sus efectos jurídicos se agotan en la obtención de una serie de datos, noticias o conocimientos.”

VII. Es importante destacar la existencia de casos relevantes y exitosos de Comisiones Especiales en otros lugares del Mundo, como los Estados Unidos de Norteamérica, que en el año de 1976 creó mediante Ley Pública No. 94-304, 90 Stat. 661, la “Comisión Especial para la Seguridad y la Cooperación en Europa”, la cual funciona todavía de manera regular hasta la fecha. Dicha comisión se encuentra integrada por 9 miembros de la Casa de Representantes (equivalente a diputados), 9 miembros del Senado y 3 miembros de sendos departamentos del Poder Ejecutivo, asignados directamente por el Presidente. Dicha comisión tiene la facultad de citar a comparecer dentro del ámbito territorial norteamericano tanto a funcionarios como a ciudadanos, e incluso testigos de otras naciones para la realización de las investigaciones relacionadas con el ámbito de su competencia. Cabe señalar que incluso se concede a dicha comisión la facultad de requerir “ subpoena” es decir, bajo apercibimiento, a cualquier persona, ciudadano o documento que considere imperativo para el desahogo de sus atribuciones de investigación.

VIII. En México, como ya se refirió, la primera reforma para fortalecer este artículo se presentó en el año de 1974, apenas unos cuantos años después de dos hechos que marcaron profundamente la historia de la libertad de expresión en nuestra nación, como lo fue el asesinato del 2 de octubre de 1968 y el llamado “halconazo” o “matanza de corpus christi” acaecido el día 10 de junio de 1971. En dicha reforma, el Constituyente Mexicano determinó facultar al Congreso de la Unión, por primera vez en la historia para poder citar a los Secretarios de Estado y jefes de los departamentos administrativos, así jefes o directores de los organismos públicos descentralizados y empresas paraestatales, cuando se estudiare una ley o discutiere un asunto concerniente al área que encabezaran, redacción que se conserva prácticamente intacta hasta la fecha desde hace más de 40 años.

IX. Posteriormente, con una reforma realizada en el año de 1977 se volvió a modificar el referido artículo 93 cuya reforma propongo en la presente iniciativa, con el objeto de adicionar una interesante nueva atribución a las cámaras del Congreso de la Unión, consistente en la posibilidad de que cualquiera de ellas pudiera crear comisiones especiales para investigar el funcionamiento de los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, lo cual trajo como consecuencia que en el mes de noviembre del año de 1979 se creara la primera de dichas comisiones denominada “Comisión Investigadora sobre Teléfonos de México”, con el objeto de determinar si dicha compañía -en ese entonces paraestatal- estaba interviniendo líneas telefónicas de manera ilegal con el objeto de realizar actos de espionaje, llegando en aquél entonces a las siguientes conclusiones:

Primero. Que esta Comisión Investigadora de Teléfonos de México fue integrada con base en lo dispuesto por el párrafo final del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50, 52 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de investigar denuncias públicas sobre interferencia ilegal de comunicaciones telefónicas.

Segundo. Que con datos obtenidos en la Empresa Teléfonos de México, S. A., y entrevistas con funcionarios y técnicos, se concluyó que existen infinidad de medios para interferir las comunicaciones telefónicas.

Tercero. Que la legislación que rige los aspectos relacionados con esta materia es deficiente.

Cuarto. Y que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 50 determina la naturaleza de la investigación encomendada a esta Comisión, y que conforme al artículo 52 de la misma Ley es de carácter transitorio y específico en sus funciones.

Los suscritos miembros de esta Comisión, atendiendo al propósito que le dio base y que radica en la conveniencia de que el Poder Legislativo coadyuve en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo, concluyen:

1. De la investigación practicada se desprenda que es real la posibilidad técnica de que las comunicaciones telefónicas sean interferidas por terceros.

2. Toda interferencia ilegal es reprobable, porque constituye una violación a la privacía a la que tienen derecho todas las personas.

3. Es imprescindible legalizar cuanto antes sobre la materia, por lo que esta Comisión recomienda que para este efecto se encargue el estudio respectivo a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para que presente el correspondiente proyecto legislativo, en el inmediato período de sesiones.”

Aunque pudiera pensarse que las conclusiones de dicha comisión investigadora no fueron tan contundentes o determinantes como la gravedad de los hechos investigados quizás lo ameritaba, la realidad es que fue un primer paso importante en la historia del parlamentarismo mexicano ya que, por primera vez desde la constitución revolucionaria, el Congreso de la Unión investigaba concretamente el funcionamiento de una empresa de carácter para-estatal, aunque desde ello hayan pasado ya casi cuatro décadas sin que lamentablemente existan verdaderas reformas de fondo para poder acrecentar las facultades de este tipo de comisiones.

X. En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer las comisiones de investigación en los siguientes rubros concretos:

• Ampliar su rango de acción no solo a organismos públicos descentralizados y empresas paraestatales, sino a cualquier dependencia pública del gobierno federal;

• Incluir la potestad de citar de manera obligatoria a cualquier funcionario público o persona que se considere pudiera tener relación con el objeto de la investigación para el cual haya sido creada;

• Prever la facultad de que las comisiones de investigación puedan ser integradas por miembros de ambas cámaras;

• Reducir a una cuarta parte de los senadores y a una quinta parte de los diputados la potestad para crear una comisión de investigación; e

• Incluir la facultad de que el Congreso de la Unión cree comisiones de investigación facultadas para invitar a integrarse a ellas a cualquier ciudadano que a juicio de la misma se justifique forme parte de la misma.

Con ello se pretende darle una mayor relevancia a las comisiones parlamentarias de investigación y con ello acrecentar el “control parlamentario” que aplicado de manera responsable, es una forma de equilibrar la balanza de pesos y contrapesos, y darle una mayor voz y participación de los ciudadanos en los asuntos de relevancia del país, a través de sus representantes populares.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adicionan nuevos párrafos cuarto y quinto, y se recorren los posteriores, reformándose el párrafo tercero y sexto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

...

Las Cámaras, a pedido de una quinta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de una cuarta parte, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de la administración pública federal, de los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento público

Las Cámaras también podrán integrar comisiones especiales en los términos de su reglamentación interna para la investigación de asuntos de interés público. Tanto las comisiones especiales, como de investigación podrán invitar a participar en su seno como miembro con derecho a voz, a cualquier persona que consideren justificable para la consecución de sus fines.

Las comisiones de investigación y las comisiones especiales podrán citar a rendir testimonio en su seno a cualquier servidor público o ciudadano que consideren tiene relación con el objeto de su investigación.

Las Cámaras y sus comisiones podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso deberá adecuar las leyes y reglamentos correspondientes en un plazo máximo de ciento veinte días contados a partir de la publicación del presente decreto.

Notas:

1 Varios. Derechos del Pueblo Mexicano.Tomo XIX. 7ma edición. Cámara de Diputados. México, 2006.

2 Mora-Donatto, Cecilia Judith. Las Comisiones Parlamentarias de Investigación como Órganos de Control Político. Cámara de Diputados LVII Legislatura. Comité de Biblioteca e Informática. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1998.

3 Consultado en Diario de Debates: http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/51/1er/CPerma/19800328.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Víctor Manuel Sánchez Orozco,Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Mirza Flores Gómez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores, por favor. Sonido en la curul, ahí está.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente, muy buenas tardes. Saludo a mis compañeras y compañeros que aún quedan en este recinto, y quiero solicitar por medio de usted que mi compañero Víctor Sánchez nos permita adherirnos a su iniciativa.

Consideramos, tanto el diputado Macedonio Tamez, el doctor Macedonio Tamez como una servidora, que es obligación de este órgano ser un contrapeso, pero sobre todo ejercer en las máximas expresiones las facultades otorgadas a los diputados como representación de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado proponente ha manifestado su aquiescencia para que pueda usted suscribir y quienes así lo deseen. Y está a disposición aquí, como lo hemos estilado.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Promete que serán menos de cinco minutos. Tómenle el tiempo. Adelante, diputado.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la seguridad social es un pilar fundamental de política pública de toda nación. Representa la máxima expresión de que el gobierno cumple con sus funciones de Estado y brinda un sistema de protección para su población en materia de servicios de salud de calidad, vivienda digna, una pensión suficiente para el retiro, entre otros servicios que brinda el Estado.

En Nueva Alianza tenemos la misión de vigilar que los servicios de seguridad social cumplan su mandato constitucional. En materia de pensiones buscamos que los fondos de ahorro para el retiro se administren con eficiencia, honestidad y transparencia, ya que son recursos generados por el esfuerzo y dedicación de los trabajadores mexicanos, los cuales deben garantizar una pensión digna para sus años de retiro.

De acuerdo con la información obtenida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el porcentaje de comisión cobrada por la administración de las cuentas individuales en México es una de las más elevadas a nivel internacional. México promedió una comisión de 1.28 por ciento durante 2013.

Cabe destacar que la comisión que cobran las Afore ha disminuido ligeramente los últimos cinco años, registrando una reducción de solo 0.47 puntos porcentuales. Sin embargo, el rendimiento promedio que han enterado las Afore a los trabajadores mexicanos se ha reducido en mayor medida, pasando de un rendimiento nominal promedio de 11 por ciento en 2010, a 1.4 en 2015.

Lo anterior implica que en los últimos años las Afore han ofrecido rendimientos cada vez menores a los trabajadores, pero el monto de la comisión que han cobrado por la administración de las cuentas individuales es similar o incluso mayor en varias ocasiones, generando ganancias a expensas del ahorro de los trabajadores.

Por lo anterior, Nueva Alianza propone reformar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro para establecer que las comisiones que cobran las Afore por manejo de cuenta no puedan ser iguales o mayores a las del año pasado.

Con este cambio normativo la Consar contará con un instrumento más fuerte y eficaz para lograr que las comisiones en el sistema de pensiones desciendan año con año, armonizándose con el cobro promedio que se realiza a nivel internacional en la materia, sobre todo en favor de una mayor pensión para los trabajadores mexicanos.

En el mismo sentido, la legislación actual en materia de pensiones incentiva a las Afore cuando generan rendimientos positivos, ya que al incrementarse el saldo del ahorro para el retiro del trabajador, la administradora cobrará un monto nominal de comisión más alto.

Esta disposición resulta de lo más justa, ya que tanto el trabajador como la Afore se benefician por los rendimientos positivos generados. Sin embargo, cuando se generan rendimientos bajos o incluso negativos no se lleva a cabo un reparto equitativo de las pérdidas o minusvalías.

En Nueva Alianza identificamos dicha simetría en el riesgo de las inversiones de las cuentas individuales, así como la responsabilidad directa que tienen las Afore sobre las pérdidas o minusvalía en los ahorros de los trabajadores.

Bajo dicho contexto se propone también que la comisión que percibe la Afore, cuando esta genere rendimientos negativos al trabajador, no se cobre íntegramente y una proporción se reintegre de nuevo al ahorro del trabajador.

Cabe señalar que no se pretende dañar las finanzas de las Afore, sino compartir de forma más justa y equitativa el riesgo de las inversiones entre los trabajadores y las administradoras de ahorro para el retiro.

Por tal motivo se propone que, ante cualquier rendimiento negativo imputable a la administradora, la Afore solo pueda cobrar 90 por ciento de la comisión autorizada por la Consar y el 10 por ciento restante se integre a la cuenta del ahorrador.

Para Nueva Alianza es necesario fortalecer y enriquecer el sistema de cuentas individuales, para poder garantizar que los instrumentos financieros en los cuales se invierten los ahorros de los trabajadores efectivamente generen un rendimiento real en beneficio del trabajador y sus dependientes económicos.

En Nueva Alianza seguiremos fomentando el desarrollo económico como eje para detonar el crecimiento, propiciando el ahorro de los trabajadores y un mejor bienestar para las familias mexicanas. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Planteamiento del problema

En el año 1997 el Congreso de la Unión aprobó una reforma estructural que transformó completamente el sistema de pensiones en México. En este año se crearon las cuentas individuales para los trabajadores, las cuales se asignan a cada trabajador para que acumule un porcentaje de su salario, es decir, su ahorro para su retiro, con el cual se pagará su pensión al momento de jubilarse.

Para tal fin se constituyó la figura de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), las cuales administran los ahorros de los trabajadores y los invierten en diversos instrumentos financieros a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore).

La Siefore determina un portafolio de inversión, el cual integra instrumentos financieros de renta fija y variable; tanto nacionales como extranjeros en diversas proporciones. Cada Afore dispone de al menos cuatro Siefores básicas, es decir, portafolios de inversión diversificados con diferentes niveles de rendimiento y riesgo. La asignación de Siefore se realiza con base en la edad del trabajador, conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), organismo encargado de regular el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Desde diciembre de 2008, la Junta de Gobierno de la Consar debe revisar y aprobar las propuestas de comisiones que las Afore cobrarán durante el siguiente año. De este modo, la Junta de Gobierno de la Consar está facultada para aprobar o rechazar las comisiones propuestas, para lo cual considera ocho aspectos fundamentales: (i) los ingresos de la Afore dada la cantidad de activos administrados; (ii) el uso de las economías de escala por parte de la Afore; (iii) la rentabilidad financiera; (iv) el esquema de competencia; (v) la capacidad de atraer cuentas nuevas; (vi) los resultados operativos; (vii) el desempeño; y (viii) los esfuerzos de la Afore para mejorar su futuro desempeño operativo y financiero (OCDE, 2015).

Si la propuesta hecha por la Afore es rechazada, entonces ésta deberá cobrar el equivalente al promedio del mercado autorizado para ese año. Aquellas Afores que no presenten ninguna propuesta estarán obligadas a cobrar la comisión mínima autorizada para el año siguiente.

La instrumentación de este mecanismo ha permitido reducir el porcentaje de comisión, pues entre 2010 y 2015 la comisión promedio simple se redujo de 1.58 a 1.11% de los activos en administración.

Sin embargo, el porcentaje de comisión cobrada por la administración de las cuentas individuales en México es de las más elevadas a nivel internacional. Prueba de ello, es que el promedio del cobro de comisiones en países como Corea fue de 0.7%; mientras que en Panamá de 0.3%; República Checa 0.6%; Macedonia 0.54%; Lituania lo ubicó entre 0.65 - 0.99%. Mientras que México promedió una comisión de 1.28 durante 2013.

Fuente: Datos de la OCDE

Asimismo, se observa que los activos financieros de los ahorros de los trabajadores ascendieron aproximadamente al 14.7% del PIB en México. Algunos países administran activos financieros similares a los de nuestro país, pero cobran un porcentaje de comisión menor a la mexicana. Por ejemplo, Polonia cuenta con activos financieros en pensiones equivalentes al 18% de su PIB y las administradoras cobraron en promedio 0.46% sobre el saldo acumulado; Eslovaquia de 9.8% de su PIB y una comisión de 0.3%, respectivamente.

Como se mencionó anteriormente, la comisión en tasa porcentual que cobran las Afores han disminuido ligeramente en los últimos 5 años (2010 -2015), registrando una reducción de 0.47 puntos porcentuales. Sin embargo, el rendimiento promedio que han entregado las Afores a los trabajadores mexicanos se ha reducido en mayor medida en el mismo periodo de tiempo, una caída en 9.68 puntos porcentuales. Incluso en 2015, la tasa de rendimiento anual (últimos 12 meses) fue similar a la tasa de comisión cobrada.

Cabe señalar, que los ingresos por comisión de las Afores representan aproximadamente el 90% de sus ingresos totales. Cabe destacar, que la disminución en la tasa porcentual de la comisión que cobran por el saldo del trabajador (ahorro acumulado), no ha reducido sus ingresos por comisiones, al contrario, entre 2010 y 2015 las Afores registraron un crecimiento de 14% de sus ingresos por comisiones, en términos reales. Sin embargo, en ese mismo lapso de tiempo, los rendimientos promedios que las Afores otorgaron a los trabajadores, tuvieron una disminución de 40.1%, en términos reales.

Argumentación

En Nueva Alianza hemos establecido al Desarrollo Económico y Sustentable como ejes rectores de nuestra Agenda Legislativa para el segundo periodo ordinario del primer año de la LXIII Legislatura. En este sentido, consideramos que es indispensable imprimir mayor dinamismo a nuestra economía propiciando el ahorro de los mexicanos, en el mismo sentido somos conscientes de que el Desarrollo sustentable no solo se encuentra orientado a las cuestiones del cuidado del medio ambiente, sino que contempla múltiples actividades del ser humano, entre ellas la seguridad social.

La seguridad social es un elemento vital de política pública de toda nación y representa la máxima expresión de que el gobierno cumple con sus funciones de Estado y de que efectivamente ofrece los servicios públicos, principalmente en el sector salud, vivienda, y retiro que todos los ciudadanos requieren.

En Nueva Alianza compartimos lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, al establecer que los derechos de seguridad social constituyen un derecho humano fundamental, por lo que, garantizar esos derechos a toda la población es un asunto de justicia y racionalidad política.

El fundamento constitucional de la seguridad social en México viene expresado por el artículo 123 de nuestra carta magna, disposición representativa de los derechos sociales y laborales de los cuales somos pioneros. Al respecto cito:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Apartado A.

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Apartado B.

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

Bajo dicho contexto, mandata el precepto constitucional a ofrecer seguridad social, tanto para los trabajadores del sector privado, como para los trabajadores al servicio del Estado. Por lo que respecta al sistema de pensiones como se mencionó anteriormente, en 1997 el Congreso de la Unión aprobó una reforma estructural que transformó completamente el sistema de pensiones en México, para migrar de un sistema de pensiones sostenido por las aportaciones de los trabajadores en activo, a un esquema de cuentas individuales para los trabajadores donde cada uno genera su propio esquema de ahorro para el retiro.

Cabe destacar que la doctrina nos refiere que “La pensión no es una concesión gratuita del Estado o del patrón, sino el derecho que adquiere un trabajador sobre las aportaciones que forman parte del salario y que son aumentadas con las que, por obligación legal, corresponden al patrón o al Estado; dichas aportaciones tienen como objetivo procurar medios de subsistencia necesarios en los casos de desempleo o interrupción voluntaria de trabajo, pero al mismo tiempo prever la incapacidad para el trabajador por vejez o invalidez y garantizar, aunque sea en parte, un ingreso al pensionado y su familia”.

Por lo tanto, es un derecho adquirido por el trabajador al momento de cotizar de acuerdo a la legislación nacional, bajo dicho contexto, nace la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro cuyo objeto es de orden público e interés social y regula funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes de acuerdo al marco legal de la seguridad social en México.

Por tal motivo, para Nueva Alianza es esencial que las pensiones a las que accedan los trabajadores al momento de su retiro, posean los recursos monetarios suficientes para brindar al trabajador un nivel de vida similar al que ostentó durante su vida productiva, en su etapa de jubilación.

Al respecto la OCDE ha publicado una serie de recomendaciones para el fortalecimiento del sistema mexicano de pensiones, entre otros aspectos señala que el cobro de las comisiones por parte de las administradoras de ahorro para el retiro son de las más altas en los países miembros.

Aunque es cierto que las disposiciones realizadas por la Junta de Gobierno de la Consar han propiciado que las comisiones sobre el saldo acumulado en la cuenta de ahorro para el retiro hayan disminuido, no se observa que la Ley en la materia brinde certeza sobre que no puedan aumentar en un futuro. La única disposición que guarda relación con la idea de orientar el cobro de comisiones a la baja, es la prevista por el artículo 105 fracción VI de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

Artículo 105. El Pensionissste tendrá las facultades siguientes:

VI. Cobrar comisiones a las Cuentas Individuales de los Trabajadores, con excepción de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. Estas comisiones estarán destinadas a cubrir los gastos de administración y operación del Pensionissste que sean inherentes a sus funciones.

En todo caso, las comisiones no podrán exceder del promedio de comisiones que cobren las Administradoras. La Junta Directiva podrá ordenar que se reinvierta el remanente de operación en las Cuentas Individuales de los Trabajadores del Pensionissste, favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos, una vez satisfechos sus costos de administración, necesidades de inversión y constitución de reservas;

Resulta evidente que la intención de la ley del ISSSTE es dejar perfectamente delimitado que las comisiones que cobre la afore pública, no podrán exceder del promedio de comisiones que cobren las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, lo que sin duda ha funcionado como presión indirecta para que las afores privadas reduzcan sus comisiones, no obstante, el PENSIONISSSTE no debe ser la única afore a la cual se le limite el cobro de comisiones, por lo tanto se debe extender el mandato a las demás administradoras de fondos para el retiro.

Por lo cual, Nueva Alianza propone reformar el párrafo quinto del artículo 37 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, en el cual se establezca que las comisiones que cobran las Afores por manejo de cuenta no puedan ser iguales o mayores a las del año pasado. Con este cambio normativo, la Consar contará con un instrumento más fuerte y eficaz para lograr que las comisiones en el sistema de pensiones desciendan año con año, convergiendo con el cobro promedio que se realiza a nivel internacional en la materia, y sobre todo en favor de una mayor pensión para los trabajadores mexicanos.

Por otro lado, el sistema de pensiones mexicano incentiva a que las Afores generen rendimientos positivos, porque al incrementarse el saldo del ahorro para el retiro del trabajador, la administradora cobrará una comisión nominal más alta. Esta disposición resulta de lo más justa, ya que tanto el trabajador como la Afore se benefician por los rendimientos positivos generados.

Sin embargo, cuando se generan rendimientos bajos o incluso negativos (el rendimiento promedio observado de las cuatro Siefores Básicas en enero de 2016 fue de -0.85 por ciento) el reparto de pérdidas o minusvalías es sumamente asimétrico. Ya que el impacto sobre los ingresos por comisiones de las Afores cuando se presentan pérdidas o minusvalías en los ahorro de los trabajadores es marginal, lo anterior debido principalmente a la constante entrada de nuevos trabajadores al sistema de pensiones, a las aportaciones obligatorias y voluntarias que realizan, lo cual hace que el saldo acumulado sobre el cual se ejerce el porcentaje de la comisión no se reduzca demasiado o incluso pueda crecer, brindando estabilidad a los montos de ingresos por comisiones de las Afores.

En Nueva Alianza identificamos que la estructura actual del sistema de pensiones brinda asimetrías en el riesgo de las inversiones de las Siefores, ya que al observarse rendimientos bajos o negativos el mayor impacto en pérdidas o minusvalía incide sobre los ahorros de los trabajadores y en menor medida sobre las Afores.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, reconoce que la única forma de forzar a las administradoras a realizar el trabajo que les fue encomendado bajo el derecho a un retiro digno, es obligarlas a que la comisión que cobren dependa de una variable entre menor haya sido el rendimiento que han ofrecido a sus cuentahabientes. A manera de ejemplo basta ver las estadísticas relacionadas con el cobro de comisiones que ofrece la Consar al cierre de Enero del presente año.

La gráfica anterior, sólo demuestra una realidad innegable, la afore pública, es decir la que no tiene fines de lucro, el PENSIÓNISSSTE, es la que cobra las comisiones baja, no obstante es importante revisar el rubro del rendimiento.

Inclusive, si nos vamos a datos históricos existen administradoras que llevan años ofreciendo muy bajos rendimientos y cobran las comisiones más altas, tal y como se demuestra en la siguiente gráfica:

Por todo lo expuesto anteriormente, se proponen dos cambios al artículo 37 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro: el primero como anteriormente se refirió, tiene que ver con el hecho de regular que las comisiones no podrán ser iguales o mayores a las autorizadas en el año anterior, la experiencia internacional señala que todavía puede bajar el porcentaje de comisión que se cobra por administrar las cuentas individuales sin afectar los ingresos de las Afores; el segundo, para que la comisión que percibe la Afore cuando ésta genere rendimientos negativos al trabajador, no cobre íntegramente el monto de la misma y una proporción se integre de nuevo al ahorro del trabajador.

Cabe señalar que esta última disposición no pretende dañar las finanzas de las Afores, sino compartir de forma más justa y equitativa el riesgo de las inversiones entre los trabajadores y las administradoras de ahorro para el retiro. Por tal motivo, se propone que cualquier rendimiento negativo que otorgue la Afore solo pueda cobrar un 90% de la comisión autorizada por la Consar y el 10% restante se integre a la cuenta del ahorrador. Debido a la hetoregeneidad de los montos de las cuentas, se considera que un rendimiento negativo que sea equivalente al 10% de los ahorros acumulados del trabajador no debe presentarse, la Afore que brinde esta minusvalía al ahorro del trabajador solo pueda cobrar la mitad de su comisión.

La Seguridad Social es un tema de suma importancia para el pueblo de México, la seguridad social tiene por finalidad garantizar una pensión digna al final de la vida laboral del trabajador. Para Nueva Alianza, es necesario fortalecer y enriquecer el sistema de cuentas individuales, para poder garantizar que los instrumentos financieros en los cuales se inviertan los ahorros de los trabajadores efectivamente generen un rendimiento real en beneficio del trabajador y sus dependientes económicos.

Fundamento Legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o. numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo Único: Se modifica el párrafo quinto y décimo segundo del artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para quedar como sigue:

Artículo 37. ...

...

...

...

Las administradoras deberán presentar a la Junta de Gobierno de la Comisión sus comisiones para autorización cada año dentro de los primeros diez días hábiles del mes de noviembre, para ser aplicadas en el año calendario siguiente, las cuales no podrán ser iguales o mayores que las aprobadas en el año inmediato anterior por la Junta de Gobierno de la Comisión, sin perjuicio de poder solicitar una nueva autorización de comisiones en cualquier otro momento. Las administradoras, en su solicitud, podrán incluir documentos o estudios sobre el estado de los sistemas de ahorro para el retiro que consideren relevantes para la consideración de la Junta de Gobierno.

...

...

...

...

...

...

Las nuevas comisiones comenzarán a cobrarse una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación cuando se trate de incrementos. En el caso de que se trate de una disminución de comisiones, éstas podrán aplicarse a partir de que se le notifique la autorización correspondiente a la administradora. Cuando las inversiones realizadas por la administradora generen un rendimiento negativo imputable a la administradora, en detrimento del ahorro para el retiro del trabajador en el periodo de tiempo en que se maneja su cuenta individual, una fracción de la comisión cobrada se integrará a favor de la cuenta individual del trabajador, de acuerdo con la siguiente tabla.

Por lo anterior, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro emitirá disposiciones de carácter general a efecto de regular la distribución de la comisión en caso de rendimientos negativos, en los términos del presente artículo.

...

Artículo Transitorio

Primero.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro publicará en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente Decreto, dentro de los siguientes seis meses contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

Notas:

1 Pension Markets in Focus (2015), OECD,

http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/ Pension-Markets-in-Focus-2015.pdf

2 La Consar no publica cifras sobre el saldo de los rendimientos que otorgan las Afores. No obstante, estas se estimaron considerando el cambio en los Recursos Administrados por las Afores (ahorro obligatorio y voluntario) con respecto al año anterior. Este cálculo sobreestima el valor de los rendimientos, ya que una parte de ese incremento en el ahorro total del sistema, es debido también a la incorporación de nuevos trabajadores.

3 Alemán Díaz, Germán, y Morales Ortega, Raymundo. Principios y fundamentos de la Seguridad Social. AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Y sí cumplió en que no consumió los cinco minutos, como nos lo ofreció. Bien.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Otra ronda.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Otra ronda de qué?

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 57 de la Ley General de Educación. Adelante, diputada Martínez.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino. Esto lo dijo: Confucio. Saludo a la Mesa Directiva y a mis compañeros diputados que hoy permanecen en este recinto.

La educación es un derecho absoluto, fundamental, universal e inderogable. Es exigible de forma absoluta ante cualquier estructura social, por cualquier persona, por el simple hecho de serlo. No depende de factores económicos, sociales, políticos, raciales, ni de cualquier otra índole, se trata de un derecho reconocido prácticamente en todos los tratados internacionales de derechos humanos, así como en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, la Constitución Política –y social también– de los Estados Unidos Mexicanos.

En México transitamos educativamente con un gran problema resuelto, a veces de facto pero sin resolver en la ley. La discriminación y cuasi-terrorismo económico llevado a cabo en algunas escuelas particulares.

Se trata de casos en los que padres de familia por diversas situaciones inesperadas, se ven en la imposibilidad de completar los pagos requeridos por la institución. Una vez avanzado el ciclo escolar correspondiente al que inscribieron a sus hijos. Son situaciones muy concretas de desempleo, fallecimiento, inclusive complicaciones de salud de miembros de la familia, situaciones coyunturales del mercado que influyen en la fuente de sustento de los padres de familia e inclusive otras situaciones extraordinarias.

Cabe resaltar que esta iniciativa también contempla candados a situaciones fraudulentas, de aquellos padres de familia que pudieran inscribir a sus hijos en dichas instituciones, sabiendo de antemano que no podrían cubrir los costos acordados en los documentos y contratos internos, y por supuesto desde luego la negativa de la reinscripción como opción para el colegio ante los adeudos, una vez finalizado el curso escolar.

Habiendo dejado en claro lo anterior con esta iniciativa, dejamos aquí ésta sentida llamada de atención a aquellos colegios que en lugar de ser la cuna y la caja fuerte de la educación y la incubadora de una sociedad más respetuosa y armónica, podríamos decir inclusive misericordiosa, se convierten en los protagonistas de medidas que van en contra del respeto más básico de la dignidad humana y del derecho humano fundamental a la educación.

Tales medidas van desde impedir al educando el acceso a las instalaciones o, una vez estando dentro, impedirle la entrada al salón de clases o sacarlo del salón de clases incluso en frente de todos, negándole la aplicación de exámenes o incluso el registro de sus calificaciones ante cuestiones como la negativa a entregarle sus respectivos documentos y constancias de estudio, a fin de continuar estos estudios –su derecho– que no puede ser restringido de ninguna manera por cuestiones económicas en otra institución.

En casos muy lamentables se dan situaciones de acoso institucional en contra de dichos educandos, evidenciándolos y exponiéndolos ante la burla de sus demás compañeros quienes, legitimados por los directivos escolares, se apresuran a discriminar al niño por su situación económica. Esto genera un daño tremendo en la afectividad de los niños.

Lo anterior, por sugerente o conflictivo que pudiera parecer como propuesta legislativa, está respaldado ampliamente en el derecho comparado teniendo por ello como ejemplo algunas legislaciones como la Ley 136-03 de República Dominicana o las disposiciones de oficios de la Junta Interventora de Honduras, la Sentencia T967 de 2007 de la Corte Constitucional de Colombia o la Ley 29947 de Perú, sólo por poner algunos ejemplos.

Por todo ello presento la iniciativa y la pongo a su consideración como una respuesta de dignidad humana que acogerán con sentido humano y con beneplácito todas aquellas instituciones educativas que están centradas en su verdadero papel y esencia: La educación del ser humano, de personas capaces de un profundo compromiso con el otro –instituciones con verdadera vocación.

Porque como dice el siquiatra estadounidense Karl Menninger: Lo que el maestro es, es más importante que lo que enseña. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 32 y 57 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 32 y se adicionan las fracciones III Bis y VI al artículo 57 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es un derecho absoluto, fundamental, universal e inderogable. Como todo derecho humano fundamental, es exigible de forma absoluta ante cualquier estructura social, por cualquier persona, por el simple hecho de serlo. No depende de factores económicos, sociales, políticos, etarios, raciales, ni de cualquier otra índole. Es una exigencia derivada de la naturaleza racional misma del ser humano que, en búsqueda de respuesta y objeto a su inteligencia, desarrolla en forma evolutiva un proceso constructivo y vivencial que a su vez convierte en un proyecto personal, vital y orientador de toda su existencia.

En los tratados internacionales este derecho está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, 2, 7, y particularmente el artículo 26, que a la literalidad afirma:

“Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”

A su vez el artículo 12.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, protege el derecho a la educación, al igual que el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que refiere:

“Artículo 28

1. Los estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

3. Los estados parte fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.”

Lo anterior en consonancia con el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contiene importantísimas disposiciones para el fin de la presente iniciativa:

“Artículo 13

1. Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. Los estados parte en el presente pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

3. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el estado.”

Y por supuesto, el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, la Constitución Política –y social– de los Estados Unidos Mexicanos.

Todo lo anterior referido a la problemática, ya resuelta en muchísimos países del mundo, pero particularmente en países latinoamericanos, de la discriminación y cuasi-terrorismo económico llevado a cabo en algunas escuelas particulares. La presente iniciativa ha querido ceñirse al tema de la justicia distributiva en casos muy específicos, de padres de familia que habiendo elegido para sus hijos la educación en colegios administrados y dirigidos por particulares, por diversas situaciones inesperadas se ven en la imposibilidad de completar los pagos requeridos por la institución, ya iniciado o avanzado el ciclo escolar correspondiente para el que inscribieron a sus hijos. Cabe recalcar que esta iniciativa no tiene como objeto ni puede considerarse manipulable para tales fines, en los casos de padres de familia que pudieran fraudulentamente inscribir a sus hijos en dichas instituciones, sabiendo de antemano que no podrían cubrir los costos acordados en los documentos y contratos internos.

Habiendo dejado en claro lo anterior, se dan situaciones en que, encontrándose los padres en incapacidad para cubrir los costos, ya iniciado el periodo escolar para el que fue inscrito su hijo, el colegio lleva a cabo medidas que van en contra de los principios de derecho y del derecho humano fundamental a la educación, enumerados arriba en este documento. Tales acciones van desde impedir al educando el acceso a las instalaciones, o ya estando dentro, impedirle –o sacarlo– la entrada del salón de clases, negársele la aplicación de exámenes o el registro de sus calificaciones, hasta cuestiones como la negativa a entregarle sus respectivos documentos y constancias de estudio, a fin de continuar sus estudios –su derecho, sin restricción por cuestiones económicas– en otra institución. En casos muy lamentables se dan situaciones de bullying institucional, en contra de dichos educandos, evidenciándolos y exponiéndolos ante la burla de sus demás compañeros, quienes legitimados por sus directivos escolares, se apresuran a discriminar al niño por su situación económica.

Lo anterior no significa que la institución educativa particular no pueda, previendo situaciones recurrentes y protegiendo su propia sustentabilidad, negarle la reinscripción para el siguiente ciclo escolar o impedirle el registro a más miembros de la misma fuente económica, pero ello es muy diferente a las acciones citadas en el párrafo anterior, cuya diferencia radical estriba en el respeto esencial al acceso a la educación, cuyo titular, el niño, niña o adolescente en esta situación, merece total respeto, no ser discriminado, y no ser impedido en su educación, hasta terminar el ciclo escolar, para el cual fue inscrito y aceptado. Es por ello que en la presente reforma, se cuida de incluir el adjetivo “inscrito”, considerando este elemento, el diferenciador entre el acceso o inclusión del educando en la institución. Se le puede negar la inscripción en el caso de las instituciones educativas particulares, para el ciclo siguiente a aquel en el que se dio la crisis de pago, pero una vez inscrito, no se le puede impedir el acceso hasta haber concluido dicho ciclo, y con la importante aclaración de que se le debe entregar y no se le puede negar a los padres, los documentos y constancias educativas comprobatorias de su hijo o sus hijos.

Lo anterior, por sugerente o conflictivo que pudiera parecer, como propuesta legislativa, está respaldado ampliamente en el derecho comparado, teniendo para ello como ejemplo, entre otras muchas legislaciones:

• La Ley 136-03 de República Dominicana

• Disposiciones y oficios de la Junta Interventora de Colegios Bilingües de Honduras

• Declaraciones del ministro de Educación de Ecuador, Augusto Espinosa, del 23 de septiembre de 2015

• Sentencia T-967 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda, de la Corte Constitucional de Colombia

• Ley 29947 de Perú, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 32 y se adicionan las fracciones III Bis y VI al artículo 57 de la Ley General de Educación

Único.Se adiciona un párrafo tercero al artículo 32 y se adicionan las fracciones III Bis y VI al artículo 57 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 32....

...

Las autoridades educativas velarán porque a ningún niño, niña o adolescente, inscrito en alguna modalidad educativa, sea en la educación pública o la impartida por particulares, le sea negado el acceso a la misma por razones económicas.

Artículo 57.Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. ...

II. ...

III. ...

III Bis. Garantizar el acceso a la educación así como a los documentos y constancias probatorios de la misma a todos sus alumnos inscritos, sin que medie para ello discriminación por cuestiones económicas o de cualquier otra índole. Los centros educativos particulares estarán impedidos para suspender a los educandos por falta de pago por parte de sus padres o tutores.

IV. ...

V. ...

VI. Informar en confidencialidad y respeto a los padres de familia sobre la situación financiera de los pagos de sus hijos, absteniéndose de tratar el tema entre los educandos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Queda derogada cualquier disposición de igual o inferior rango cuyo contenido resulte contrario a lo establecido por el presente decreto.

Notas:

1 Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

2 Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

3 Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

4 http://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/23/nota/5142410/esta-prohibido-dejar -tomar-examenes-falta-pago, revisado el 05 de abril de 2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputadas: Norma Edith Martínez Guzmán, Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

Aunque el diputado Ramírez Marín me solicita que hagamos una nueva ronda de presentación de iniciativas, lamento no poder obsequiar su petición porque no estábamos programados para eso.

Continúe la Secretaría, por favor.

MINUTA

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETOCS-LXIII-I-2P-58

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

ÚNICO.Se reforman y se adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 39. El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que determine el Consejo de Administración del Instituto.

...

Para obtener la cantidad básica se aplicarán, al saldo de las subcuentas de vivienda, las tasas aplicables a cada una de las denominaciones que integren los activos financieros del Instituto, con base en la proporción que cada una de estas denominaciones guarde sobre la suma del total de los activos financieros. Dichas tasas aplicables serán las siguientes:

I.Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Salarios Mínimos, será la tasa de incremento al Salario Mínimo, sin que ésta pueda exceder la tasa de incremento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el mismo periodo.

II.Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Pesos, será la tasa de interés nominal anual que resulte de promediar de manera aritmética, los incrementos anuales que hubiese observado el Índice Nacional de Precios al Consumidor durante los últimos cinco años calendario.

III. Para la proporción asociada a los activos financieros no considerados en los párrafos anteriores, se le aplicará el retorno del portafolio de referencia que haya aprobado para tal fin el Consejo de Administración a través de su Comité de Inversiones o cualquier otro Órgano Colegiado designado para la gestión de las inversiones del Instituto.

..

...

Artículo 44.El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador, créditos en pesos o Unidades de Medida y Actualización conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Los créditos se otorgarán’ a un plazo no mayor de 30 años.

Artículo 55. Independientemente de las sanciones específicas que establece esta Ley, las infracciones a la misma que en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto cometan los patrones, se castigarán con multas por el equivalente de tres a trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiempo en el que se cometa la violación.

..

...

TRANSITORIOS

Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto podrá seguir otorgando créditos para la adquisición de vivienda que se referencien o actualicen con base en el salario mínimo, en términos de los dispuesto por el sexto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, a partir del cual y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo se podrán otorgar dichos créditos.

Tercero. Los contratos que tenga celebrado el Instituto, vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida o Actualización.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 12 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y EXPIDE EL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Y ahí que lo estaban aconsejando el diputado Bañales, el diputado Ramírez Marín, por eso estaba haciendo esa propuesta provocadora.

CONTINUACIÓN DEL VOLUMEN II Y VOLUMEN III

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones con punto de acuerdo que no se presentaron en tribuna para turnarlas a las comisiones que correspondan.(*)

EFEMÉRIDES

DÍA INTERNACIONAL DE LOS VUELOS NO TRIPULADOS

«Efeméride con motivo del 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos no Tripulados, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En 1970, una monja radicada en Zambia y llamada hermana Mary Jucunda le preguntó a través de una carta, al doctor Ernst Stuhlinger, entonces director asociado de ciencia en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA, cómo podía sugerir que se gastasen miles de millones de dólares en un proyecto de exploración espacial en un tiempo en el que tantos niños morían de hambre en la Tierra.

Después de una larga explicación sobre el ejercicio del presupuesto asignado para investigaciones espaciales el Dr. Stuhlinger concluyó:

“Al trabajar para el programa espacial, puedo hacer alguna contribución al alivio y eventual solución de problemas tan graves como la pobreza y el hambre en la Tierra.

Cada año, alrededor de mil innovaciones técnicas generadas en el programa espacial se abren camino a las tecnología terrestres, donde producen mejores electrodomésticos y equipos agrícolas, mejores máquinas de coser y radios, mejores barcos y aviones, mejores pronósticos del tiempo y avisos de tormentas, mejores comunicaciones, mejores instrumentos, mejores utensilios y herramientas para la vida diaria.

Aunque nuestro programa especial parece llevarnos lejos de la Tierra hacia la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas, creo que ninguno de esos objetos celestes recibirá tanta atención y estudio por parte de los científicos espaciales como nuestra Tierra. Se convertirá en una Tierra mejor, no sólo por todo el nuevo conocimiento técnico y científico que usaremos para la mejora de la vida, sino también porque estamos desarrollando un aprecio más profundo hacia nuestro planeta, hacia la vida y hacia el hombre”

La Organización de las Naciones Unidas conmemora hoy el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. La fecha coincide con el día en que el astronauta ruso Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial tripulado, el 12 de abril de 1961.

La jornada fue proclamada en 2011 por la Asamblea General de la ONU como una oportunidad de recordar y reconocer lo que fue un verdadero evento histórico que abrió el camino a la exploración del espacio.

“Tuve el privilegio y el honor de realizar el primer vuelo alrededor de la órbita terrestre durante 1 hora y 48 minutos”, dijo entusiasmado a su vuelta a la Tierra el astronauta ruso. Hoy hacen más de 50 años de aquella hazaña.

En México, tenemos el ejemplo de dos grandes hombres que con su perseverancia lograron alcanzar las estrellas: los astronautas Rodolfo Neri Vela y José Hernández Moreno.

Neri Vela nació en Chilpancingo, Guerrero, el 19 de febrero de 1952. En 1975 recibió su título como Ingeniero Mecánico Electricista, con especialidad en Comunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Él realizó una maestría y doctorado en el Reino Unido, en las Universidades de Essex y Birmingham, especializándose en Telecomunicaciones y Radiación Electromagnética. Su trayectoria profesional incluye tiempo en la SCT y 19 años de docencia en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

No fue hasta el 26 de noviembre de 1985 que hizo historia: fue parte de la tripulación de la Misión 61-B, en el Transbordador Espacial Atlantis. Su rol fue el de especialista de carga en una misión de siete días, con el objetivo de poner en órbita tres satélites: el Morelos II (México), AUSSAT-2 (Australia) y SATCOM (Estados Unidos). Cabe mencionar que el pasado 15 de diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados lo congratuló con la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

Por otra parte, muchos han descrito la historia de José Hernández Moreno como un perfecto ejemplo del sueño americano. Nació en California el 7 de agosto de 1962. Sus padres, originarios de Michoacán, viajaban a los Estados Unidos cada año para trabajar en las cosechas de fresas y pepinos.

José Hernández Moreno se tituló en Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Pacífico en 1984 y obtuvo una Maestría en el mismo campo y en Informática por la Universidad de Santa Bárbara en 1986.

Tras 11 intentos fallidos, Hernández al fin cumplió su sueño el 28 de agosto del 2009, en la misión STS-128. Por medio del Transbordador Discovery transportaron equipo, comida y agua a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Su cargo fue de especialista de misión.

También es importante reconocer el esfuerzo realizado por Ellen Ochoa, quien hizo historia en los anales de la exploración espacial, al ser la primera mujer latinoamericana en viajar al espacio en 1993. Fue seleccionada por la NASA como astronauta en 1990, dando comienzo a una carrera que traería como fruto casi 1,000 horas en el espacio y múltiples premios.

Nacida el 10 de mayo de 1958 en Los Ángeles, California, Ochoa cuenta con un título en Física por la Universidad Estatal de San Diego. Ya en la Universidad de Stanford, completó una maestría en ciencias y un doctorado en Ingeniería Eléctrica.

El 8 de abril de 1993 formó parte de la tripulación del transbordador Discovery en la misión STS-56 de la NASA. Ésta fue la primera de cuatro misiones en su trayectoria. Continuó en STS-66 en 1994, STS-96 en 1999, y STS-1 10 en el 2002. Entre sus responsabilidades se encontraban controlar el software para vuelo, desarrollo de hardware, desarrollo en robótica y entrenamiento.

Cada 12 de abril se busca conmemorar el principio de la era espacial y reafirmar que la ciencia y la tecnología cósmica contribuyen de manera crucial a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y aumentar el bienestar de los Estados y los pueblos. Este Día también quiere sensibilizar al mundo para asegurar que se cumpla la aspiración de reservar el espacio ultraterrestre a fines pacíficos.

La Asamblea General está profundamente convencida de la conveniencia de fomentar y ampliar la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, perseverar en los esfuerzos para que todos los Estados puedan gozar de los beneficios derivados de esas actividades y mantener el espacio como patrimonio de toda la humanidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de abril de 2015.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA

«Efeméride con motivo del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 10 de abril del presente año se conmemoró el XCVII aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, y nos damos cuenta cómo se mantiene viva la lucha que a principios del siglo XX se consolidó mediante una declaración de reivindicación agraria.

En tiempos en que el campesino era ignorado, máxime de verlo como un vulgar peón y destinatario de la más cruel explotación, era necesario que se escuchara en México la realidad de millones de personas que vivían en la pobreza, la desigualdad social estaba terriblemente marcada y que uno de los más grandes patrimonios de los mexicanos –la tierra– quedaba en manos de unos cuantos.

El movimiento que encabezó el General Zapata no surgió de una simple coincidencia, surgió de las mismas causas que se han manifestado a lo largo del mundo y que han construido la historia, de las clases oprimidas que buscan ser escuchadas para tener una vida digna, es por ello que Emiliano Zapata lanza un manifiesto que condena toda clase de explotación y de esclavitud, y que se reproduce en un eco para las generaciones presentes y futuras.

La obra de tan importante personaje, reflejada en el Plan de Ayala, refiere la congruencia con un tiempo que exigía que las haciendas o propiedades comunales, montes o aguas que se encontraran en manos de hacendados y caiques, se restituyeran a aquéllos que día con día ponían el sudor de sus frentes para labrar la tierra de México. “La Tierra es de quien la trabaja” exclamaba.

El Plan de Ayala surge ante al incumplimiento de Francisco I. Madero de las promesas que hizo a la nación en el Plan de San Luis, del principio del sufragio efectivo, de la imposición de gobernantes en los estados, particularmente en Morelos, y en general por haber desconocido a sus antiguos aliados, quienes lo llevaron al poder.

Ante tales consideraciones, los zapatistas declararon a Madero inepto para realizar las promesas de la Revolución de que fue autor, en el Plan de Ayala dicen: “Por haber traicionado los principios con los cuales burló la fe del pueblo, y pudo haber escalado el poder; incapaz para gobernar, por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a la patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades, por complacer a los científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan, desde hoy comenzamos a continuar la Revolución principiada por él, hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen”.

En el Plan de Ayala, los zapatistas demandan la restitución de tierras a sus dueños originales, que fueron usurpadas por hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal, asimismo, señalan en el séptimo punto del Plan de Ayala: “7o. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos, o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos”.

Hacia la parte final del décimo quinto punto del Plan de Ayala, al justificar el enfrentamiento armado contra Madero, por sus traiciones a los principios de la Revolución, los que enarboló para llegar al poder, definieron un principio esencial de su lucha: “No somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres” 3.

Esta última frase fue fielmente cumplida por el Caudillo del Sur, lo que provocó que se enfrentara sucesivamente a Madero, Huerta y a Carranza, quienes desde el Poder Ejecutivo de la República lo asediaron militarmente. No obstante, no fue la fuerza militar la que acabó con su vida, solamente la traición fue capaz de ultimarlo.

El 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, Morelos, Zapata fue cobardemente asesinado.

El General Zapata nunca transigió, porque fue fiel a la defensa de los intereses de los campesinos de Morelos y de toda la República, lo hacemos porque fue congruente con los principios de la Revolución Mexicana, lo hacemos porque trataron de disuadirlo para que abandonara sus principios y nunca transigió.

En estos días, México necesita recordar la gesta de este importantísimo personaje y mantenerlo vigente. No se debe permitir el atropello de los derechos agrarios de las y los campesinos, las privatizaciones de la tierra para satisfacer intereses personales y políticos, ni la explotación de los recursos que tanto nos hacen falta.

Notas:

1 Plan de Ayala, Punto 1.

2 Plan de Ayala, Punto 7.

3 Plan de Ayala, Punto 15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: (a las 17:35 horas): Bien, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 14 de abril de 2016 a las 11 horas. Buena tarde.

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