Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 303 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Trecientos cuatro, porque no había yo registrado mi huella.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Trecientos cuatro.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:35 horas): Bien. Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 14 de abril de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Javier Octavio Herrera Borunda, Daniela De Los Santos Torres, Matías Nazario Morales, Víctor Sánchez Orozco, José Adrián González Navarro, José Guadalupe Hernández Alcalá, Germán Ernesto Ralis Cumplido y Norma Xóchitl Hernández Colín

Con los que solicitan el retiro de iniciativas y proposición.

Del Despacho Ernst & Young

Con el que remite el dictamen a los estados financieros del Banco de México, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.

De la Comisión Nacional del Agua

Con el que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre del 2016, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento participantes en el Programa de Devolución de Derechos (Prodder).

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de conflictos de interés y fiscales de los titulares de los tres poderes de la Unión.

De la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para la sensibilización y capacitación de los servidores públicos, sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Toma de protesta

Del diputado Teodardo Muñoz Torres y del diputado Paulino Alberto Vázquez Villalobos.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por las diputadas Eloísa Chavarrías Barajas y Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 162 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Juan de Dios Bátiz Paredes”, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII al Título VII y el artículo 196 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o., 13 y 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Daniel Ordoñez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 3o. y 3-Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 203, 209 y 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona la fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto, por el que se declara el 19 de abril, como el Día Nacional del Tequio, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 88 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado J.Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 42 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley que establece el derecho de recibir un apoyo económico a las madres solas, jefas de familia, de escasos recursos y residentes en México, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o. y 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 19 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 21 y 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, suscrita por los diputados María Concepción Valdés Ramírez y Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto, por el que se crea el reconocimiento “Hermila Galindo Acosta” y, reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, por el que declara el 10 de agosto como el Día Nacional de las y los Jóvenes Indígenas de México, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Civil Federal; del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del Artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial y de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Vitalicio Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 63 de la Ley de Aeropuertos, y 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o. y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7 Bis de la Ley de Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Rural y Patrimonial Sustentable, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el 4o. de la Ley de Asistencia Social y 15 Octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Araceli Damián González y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 129 de la Ley de Hidrocarburos y 25 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 18 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 323 Ter y 423 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández y suscrita por los diputados María del Rosario Rodríguez Rubio y Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 122 y 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jorge Ramos Hernández y José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 60 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Aeronaves Pilotadas a Distancia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis1 a la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Efeméride relativa al 165 Aniversario Luctuoso de Andrés Quintana Roo, con intervenciones de los grupos parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, así como a sus homólogas encargadas del área de agricultura de los gobiernos estatales, para que realicen programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, y garantizar la subsistencia de esta especie, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, inicie ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un proceso de denuncia por las expresiones del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a fin de exentar a los servicios de transporte federal de las medidas de restricción vehicular del Programa Temporal Hoy No Circula, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de la megalópolis a tomar diversas acciones, derivado de la contaminación del ambiente en el centro del país, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de suspender la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, elabore un proyecto de NOM que regule la contaminación atmosférica y establezca los requisitos, especificaciones y parámetros para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y de autoconsumo de combustible, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo que exhorta a los Congresos de los estados y a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a fin de legislar y aplicar las normas relativas a motociclistas, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a las autoridades municipales y estatales de las Zonas Metropolitanas del territorio nacional y a las autoridades de la Zona Metropolitana del Valle de México, para que en coordinación con las organizaciones patronales, implementen diversas acciones para la mejora de la calidad del aire, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que promueva el trabajo de oficina en casa, con el propósito de reducir desplazamientos de sus trabajadores y así contribuir a la disminución de emisiones contaminantes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, a fin de realizar las gestiones que permitan cumplir con el personal competente, tanto en número de personas, como perfil de especialización adecuado de la plantilla básica en el Hospital de Cardiología No. 34, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua, a la Profepa y al Gobierno del estado de Tamaulipas, a fin de garantizar las condiciones ecológicas y de salubridad en la presa General Vicente Guerrero en el municipio de Padilla, Tamaulipas, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que difunda el estado que guarda la atención de la muerte materno infantil, y refuerce la elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a combatir estas muertes en el país, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas, en donde existe el Programa de Verificación Vehicular; para que contemplen la inclusión en su catálogo de delitos la solicitud, promesa, ofrecimiento y entrega de dinero a propietarios y trabajadores en centros de verificación vehicular, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Delegación de la PGR en el estado de Chiapas, a que cese la obstrucción de la apertura de las investigaciones derivadas de la denuncia por ejercicio ilegal de las funciones públicas interpuesta por 183 trabajadores adscritos a la Secretaría de Salud y al Instituto de Salud de la entidad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de México, al Poder Judicial de la Federación, a la CNDH, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al INAI, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a utilizar sus facultades para eliminar y reparar las violaciones a los derechos humanos de que es víctima la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, implementen una campaña de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Sener y de la Comisión Reguladora de Energía, se incorpore dentro de la metodología para la determinación de los precios máximos de venta de primera mano de gas natural, las repercusiones económicas y los criterios que motivaron las recientes modificaciones, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se realicen las gestiones necesarias para hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, utilizando el modelo aprobado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ambientales del Gobierno de la Ciudad de México, a implementar acciones para evitar la sequía y desaparición de la flora y fauna endémicas de los canales de Xochimilco, suscrito por la diputada Claudia Villanueva Huerta y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de México, a fin de cancelar la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan y se respeten las resoluciones emitidas por el Poder Judicial del Estado a favor de los pobladores de San Francisco Xochicuautla, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a Pemex, al Gobierno de Veracruz, al H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos y a la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos vinculada al Parque Jaguaroundi, a redoblar esfuerzos para salvaguardar la zona de amortiguamiento ambiental del parque, sus terrenos, flora y fauna, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la regularización del uso del agua en las zonas rurales, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de Sedesol y SFP, ejecuten las medidas necesarias para vigilar la distribución de apoyos a los beneficiarios de Prospera en el estado de Veracruz, y en todas aquellas entidades federativas con procesos electorales, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de México y a la CNDH, a fin de subsanar el contenido de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en esa entidad, respecto de disposiciones que puedan violentar los derechos humanos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a proponer ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016, la revisión de los Tratados Internacionales sobre fiscalización de las drogas, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que implemente acciones y mecanismos necesarios para difundir las tarifas y prestadores de servicios de arrastre, arrastre y salvamento, y depósitos de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, a que difunda la información del Programa piloto para eliminar alimentos procesados con azúcares añadidos en guarderías, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones educativas de nivel superior, a los rectores de las universidades y directores de los institutos tecnológicos, a incorporar en sus planes de estudio y oferta educativa las ingenierías en energía eólica, energía solar y en ecología, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a fin de modificar los lineamientos de los horarios de clasificación en televisión, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a fin de realizar las adecuaciones necesarias a la normatividad, con el objeto de facilitar el tránsito y transporte de combustible por parte de los productores agrícolas, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del 155 Aniversario Luctuoso de Francisco González Bocanegra, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 17 de abril, Aniversario Luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, la mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes doce de abril de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa diputadas y diputados, a las once horas con treinta y ocho minutos del martes doce de abril de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados Vidal Llerenas Morales, Mario Ariel Juárez Rodríguez, ambos de Morena; Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, en dos ocasiones; Erik Juárez Blanquet, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Partido Verde Ecologista de México; Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional; y María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados Emma Margarita Alemán Olvera, del Partido de Acción Nacional; Norma Xochitl Hernández Colín, del Morena; y Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva en relación con modificaciones de turno de las minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, remitida el veintisiete de octubre de dos mil quince. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Que reforma el artículo quinto, y adiciona los artículos cuarenta y tres Bis, y cuarenta y cinco Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, remitida el primero de febrero de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

Se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De las diputadas:

• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, por la que solicita el retiro de los registros de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de:

• La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada el primero de diciembre de dos mil quince.

• La proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que considere el Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción desarrollado por la Universidad Autónoma de Querétaro, y reconocido por el Banco Mundial, presentada el tres de febrero del año en curso.

• Kathia María Bolio Pinedo, del Partido de Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley General de Educación, presentada el primero de marzo del año en curso.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, y la Comisión Permanente:

• Por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar las revisiones en las autorizaciones para la importación de salmón destinados a la alimentación y proceder en consecuencia, a fin de evitar la entrada del salmón transgénico. Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

• Por el que se solicita destinar mayores recursos humanos, técnicos, científicos y tecnológicos para la detección, prevención y erradicación de las plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

• Por el que se solicita realizar las gestiones necesarias para brindar la asistencia consular al connacional Gustavo Castro Soto, garantizando el pleno respeto a sus derechos humanos. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que informe puntualmente sobre las medidas de rescate y protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la autorización que le fue otorgada para las construcciones en el Malecón de Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quinta Roo. Se remite al promovente.

• Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social llevar a cabo las acciones para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los centros educativos del país, tomando en cuenta el mobiliario escolar, la infraestructura de protección civil, el uso en igualdad de condiciones de todas las áreas escolares y el entorno perimetral, incluyendo el diseño de mecanismos de evaluación, supervisión y participación social. Se remite al promovente.

d) De la Secretaría de Gobierno del estado de Puebla, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los gobernadores de las treinta y un entidades federativas, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, y a los Consejos para la Prevención de Accidentes en las Entidades Federativas, para que respectivamente en el ámbito de sus competencias, implementen, si es que no lo han hecho o, en su caso, refuercen las que si cuentan con campañas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol o por el uso de aparatos de comunicación móvil, sin estimarse que los mismos representen un impacto presupuestario. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

e) Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente:

• Por el que se solicita al Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentar informe a esta Soberanía sobre la conveniencia y alcances para establecer una base de datos sobre viudos para crear indicadores que permitan la construcción de políticas públicas especificas e integrales a favor de este sector vulnerable de la población. Se remite al promovente.

• Por el que solicita respetuosamente al Grupo Interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de Población, a realizar el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar y evaluar bajo los criterios del propio grupo, si el municipio de Cabo Corrientes es susceptible de incorporarse a la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Se remite al promovente.

f) De la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite el Informe del Estudio General sobre la Situación que Guarda la Gobernanza en el Sector Público Federal. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

g) De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite el Informe Anual que contiene el listado e información de las concesiones emitidas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

h) De la Cámara de Senadores, por la que comunica que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción séptima del artículo ciento quince de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada. De enterado. Se da por concluido el proceso legislativo.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió oficio del diputado Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Tercer Distrito del estado de Tlaxcala, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

i) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma el primer párrafo del artículo treinta y cinco de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos trece, cincuenta y uno, cincuenta y tres, y sesenta y nueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

j) Iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos veintisiete y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es el posicionamiento de los Grupos Parlamentarios con motivo del Octogésimo Aniversario del Instituto Politécnico Nacional. En este marco, el Presidente da la bienvenida al doctor Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Instituto Politécnico Nacional, así como a los invitados especiales que le acompañan. El Presidente dirige un mensaje a la Asamblea y concede el uso de la palabra al diputado José Bernardo Quezada Salas, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, así como a las diputadas y a los diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano; Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena; Francisco Alberto Torres Rivas, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido de Acción Nacional; y Bernardino Antelo Esper, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul realiza comentarios el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace entrega al doctor Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Instituto Politécnico Nacional, de un reconocimiento alusivo a la ocasión.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de Agenda Política a propósito de la elección presidencial en los Estados Unidos de América, Intervienen al respecto las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social;

A las trece horas con diecisiete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y dos diputadas y diputados.

María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena; Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México; Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática; María Verónica Agundis Estrada, del Partido de Acción Nacional; y Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul realiza comentarios en relación con el tema el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Deporte, por el que se reforman los artículos ciento veintiuno, y ciento treinta y cinco de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Senado.

b) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

• Por el que se reforman los artículos quince, veintidós, y veintitrés de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Por el que se reforman los artículos nueve, doce, y cincuenta y nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adiciona un numeral tres al artículo doscientos ochenta y tres del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Rogerio Castro Vázquez, de Morena;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Diego Valente Valera Fuentes, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática; Santiago Torreblanca Engell, del Partido de Acción Nacional; y Braulio Mario Guerra Urbiola, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular, en votación nominal por cuatrocientos diecinueve votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral tres al artículo doscientos ochenta y tres del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Economía:

a) Por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

b) Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social; Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza; Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México; Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo de Rivero Martínez, del Partido de Acción Nacional; y Fernando Uriarte Zazueta, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

a) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintitrés votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• José Hernán Cortés Berumen, del Partido de Acción Nacional, que expide la Ley General de Justicia Integral para Adolescentes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Antonio Tarek Abdala Saad, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento veintisiete, y ciento veintiocho Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Wendolin Toledo Aceves, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General que establece el Derecho a Recibir un Apoyo Económico a los Enfermos en Situación Terminal. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, que reforma el artículo sesenta y seis de Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Verónica Delgadillo García, y suscrita por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ochenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza, que reforma los artículos tercero, y dieciocho de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Beatriz Vélez Núñez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero y dieciocho de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Cambio Climático, para opinión.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ochenta y cuatro de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos doscientos nueve Bis y cuatrocientos del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Mario Machuca Sánchez, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Sergio René Cancino Barffuson, y suscrita por diversos diputados integrantes de Morena, que reforma el artículo doce de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, que reforma el artículo treinta y siete de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos treinta y dos, y cincuenta y siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Se da cuenta con oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos treinta y nueve, noventa y cuatro, y cincuenta y cinco de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Defensa Nacional, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones con puntos de acuerdo registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Flor Estela Rentería Medina, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de realizar programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la subsistencia de las mismas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se excluya al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y al Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Educación Pública, del “ajuste preventivo al gasto para mantener la estabilidad macroeconómica” para el año dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a elaborar un diagnóstico respecto al uso actual de la medicina tradicional en nuestro país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Edgar Spinoso Carrera, y por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de reforzar las medidas para el combate de la plaga de la mosca de la fruta, que afecta los cultivos de naranja en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Integrantes de Morena, relativo a la inclusión de diversas enfermedades crónicas degenerativas al Seguro de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Instituto Electoral de Tamaulipas, a solicitar la colaboración y asistencia de las fuerzas federales de seguridad, para garantizar el orden y el desarrollo pacífico de la contienda electoral que se llevará a cabo el día cinco de junio en esa entidad. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Taja Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Cultura, para que en coordinación con el Gobierno y el Congreso del estado de Guerrero, realicen las acciones necesarias ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural, a fin de solicitar la inclusión en el inventario del patrimonio cultural e inmueble a los clavadistas y la Quebrada. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Eloisa Chavarrias Barajas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados de la federación y a los presidentes municipales, para que blinden la entrega de los programas sociales y suspendan la entrega de los mismos en actos masivos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, y a la Comisión de Mejora Regulatoria, a retirar el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez y por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los tres niveles de gobierno, a fin de realizar en las escuelas de educación secundaria, campañas de concientización sobre los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de concientizar sobre el consumo y la venta de bebidas energizantes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachís, Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a las entidades federativas, a los municipios y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de establecer normas y reglamentos que permitan otorgar el servicio de estacionamientos públicos de manera gratuita. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Matías Nazario Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que incluya y refuerce los contenidos en materia de educación ambiental, en los nuevos planes y programas de estudio de educación básica e inicial. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Exaltación González Ceceña, del Partido Acción Nacional, en materia de especificaciones sobre leche, fórmulas lácteas, publicidad y consumo informado. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen; y a la Comisión de Ganadería, para opinión.

• Francisco Martínez Nerí, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de realizar una Sesión Ordinaria con los padres de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades de la zona metropolitana del Valle de México, para que resuelvan la problemática del transporte público. Se turna a la Comisión de Transportes con opinión del Distrito Federal, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que exhorta a las autoridades federales y del estado de Morelos, a fin de restaurar los recursos naturales afectados por el incendio en el Bosque de Tepoztlán, perteneciente al corredor Ajusco - Chichinautzin, así como realizar una investigación exhaustiva de las causas que dieron origen al mismo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Matías Nazario Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Coordinación para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, a la Instancia Coordinadora Nacional y a las Mesas de Coordinación Estatal, a fin de instalar más puntos de acceso a internet de banda ancha gratuito en espacios públicos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Luis de León Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública, y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que difundan las razones del conflicto magisterial vinculadas a la presunta retención de la nómina de profesores en el estado de Oaxaca, asimismo, para establecer una mesa de diálogo y conciliación que dé solución a dicha problemática. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Francisco Martínez Nerí, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, difunda el desglose al recorte en materia de programas y proyectos de inversión dos mil dieciséis en dicha dependencia. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Sergio René Cancino Barffuson, de Morena, por el que se exhortaa las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a fin de realizar las reformas pertinentes en sus legislaciones en materia civil o familiar que permitan el acceso al reconocimiento de la identidad de género a las personas. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que difunda los avances de la integración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Ricardo Del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que difunda las causas que provocaron que se implemente un recorte al gasto público. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, realice las acciones necesarias para prorrogar la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, Miguel Alva y Alva y Jesús Serrano Lora, de Morena, por el que se exhortaa los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Desarrollo Social, y de la Secretaría de Economía, para que garanticen el cumplimiento de los acuerdos con los productores agropecuarios, y se establezca un programa de compras de productos del campo que permita aprovechar el esfuerzo de los mismos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Congresos de los estados, a efecto de armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de multas electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de revocar la negativa de recibir la visita del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, en nuestro país, a extender el plazo del acuerdo para la Incorporación de Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de Derechos Humanos en la investigación de la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y para que cese el hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que expida la Convocatoria para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana, y le dote de los recursos presupuestales que le correspondan en términos legales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, y Sergio René Cancino Barffuson, de Morena, por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz, para que consigne la indagatoria 5492/15/1ESO/VER/05, a fin de que los imputados puedan ser sometidos ante la justicia mexicana. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Santiago Taboada Cortina, del Partido Acción Nacional, relativo a la solicitud de recursos federales hecha por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con el objeto de mejorar el transporte público. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Elva Lidia Valles Olvera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a fin de aclarar la controversia generada por las acusaciones hacia un servidor público de esa casa de estudios por transportar grandes cantidades de dólares en una avioneta propiedad de la Universidad. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves catorce de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, antes. Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino, ¿Con qué objeto, señor diputado? Que tenga que ver con el orden del día que hemos aprobado. Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino, por favor. Adelante, diputado.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Estoy ejerciendo mi derecho. Gracias, presidente, pues reconocer el respaldo decidido del gobierno de la República a mi estado, Michoacán. Y no solamente en estos momentos, sino de siempre.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, permítame. Permítame un momentito, diputado Omar Bernardino, permítame. Sí, me están haciendo un llamado de atención, entiendo, de allá. Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias, presidente. Con absoluto respeto y consideración al diputado Bernardino, no está en el orden del día y por lo tanto no procede la intervención. Le suplicaría que pudiera usted preguntarles con qué objeto solicitan el uso de la palabra y, en caso de que no se justifique en el espacio del orden del día, no puede concederse el uso de la palabra.

Sé que mi compañero, don Omar Bernardino, que tiene además una estupenda intención, será comprensivo a este deseo de poner orden al inicio de las sesiones. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Hago mía esa expresión del diputado Ramírez Marín. Por eso pregunté con qué objeto, que tenga que ver con el orden del día que ya hemos aprobado. Entonces, no está en el orden del día.

Respetuosamente le sugiero, como les reitero la sugerencia, a quienes tengan asuntos que tratar que no ven contemplados en el orden del día los turnen por las vías correspondientes a través de las coordinaciones respectivas a la Junta de Coordinación Política, y, con el Reglamento que nos hemos dado como asamblea soberana, que lo respetemos, porque cada quien tiene por supuesto derecho de hacer uso de la palabra con libertad, pero dentro de cierto orden.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, a ver, otra vez. Sonido en la curul del diputado Bernardino.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Coincido con el diputado Marín, solo comentarles que en estos momentos mi distrito está pasando una situación muy terrible y, como diputado del distrito doce, con cabecera en Apatzingán, tengo que hacer valer este derecho. Lo voy a hacer con las vías conducentes, pero sí quiero recalcar el apoyo del gobierno de la república a mi estado y a mi distrito. Pero también pedirle al gobierno del Estado que...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Señor diputado, pues si lo va a hacer por la vía correspondiente, hágalo, por favor.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Lo voy a hacer, pero también si me permite, nada más si termino. Que, de las participaciones federales que se le depositan mensualmente con puntualidad y que es de libre programación, que el gobierno del Estado valore la posibilidad de que de ahí pueda resarcir los daños a las personas o a los comerciantes que les robaron sus vehículos y se los quemaron en los bloqueos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le reitero, por favor, que se maneje y se conduzca por las vías correspondientes.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría, por favor.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados solicito retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por el suscrito el 14 de octubre de 2015, misma que fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

A efecto de que se actualicen los registros parlamentarios.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputado Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La que suscribe, Daniela De Los Santos Torres, integrante de la LXIII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el numeral segundo del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite solicitar el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Adopción; y se derogan los capítulos IV, “De las actas de adopción”, y V, “De la adopción”, secciones primera, tercera y cuarta, del Código Civil Federal, presentada el 15 de septiembre de 2015, turnada a las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Por ello agradeceré actualizar los registros parlamentarios.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención brindada al presente, aprovechando el conducto para reiterarle mi distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputada Daniela De Los Santos Torres (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle de manera respetuosa que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, que presenté el 12 de noviembre del año próximo pasado, y fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para la elaboración del dictamen correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto solicito su amable intervención a fin de que se retire el proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, que presenté el 15 de diciembre de 2015 ante el pleno de la Cámara de Diputados y fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y a fin de dotar de mayores elementos la mencionada iniciativa, me permito solicitarle que sea retirada.

Agradezco de antemano su apoyo, y me es grato hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, atentamente solicito sea retirada la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; General de Cultura Física y Deporte; General de Educación; General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear la Secretaría de Deporte, presentada el 15 de diciembre de 2015 y turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Deporte con opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Cámara de Diputados, a 12 de abril de 2016.— Diputado José Adrián González Navarro (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar se retire la iniciativa presentada por el suscrito, mediante la cual se reforman los artículos 1, 7, 37 y 43 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, que fue turnada a la Comisión de Economía el 3 de diciembre de 2015.

Agradezco de antemano la atención que al particular obsequie, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente vengo a ejercer mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones XVI y XVII y adiciona las fracciones XVIII, XIX y XX al artículo 33 de la Ley General de Educación, presentada y por el que suscribe, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4458-IV, el lunes 1 de febrero de 2016.

Sobre el particular, solicito a usted dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de la Cámara.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2016.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta a bien girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean retirados del registro de las Iniciativas de la Comisión de Desarrollo Social los proyectos de dictamen con punto de acuerdo, mediante el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para efecto de que vigile el adecuado cumplimiento de las Reglas de Operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, y que dichas Reglas de Operación no se contrapongan, con lo establecido en el convenio de concertación, en aras del interés superior del niño.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, se informa que el día 7 de abril del 2016 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo en materia de licencias de maternidad y paternidad, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con finalidad de dotar de mayores elementos a la mencionada iniciativa, solicitamos de la manera más atenta sea retirada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputadas: Claudia Sofía Corichi García, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Despacho Ernst & Young.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Banco de México, nos complace enviar a usted copia del dictamen a los estados financieros del Banco de México correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, mismo que ya fue presentado ante la Junta de Gobierno de ese banco central.(1)

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de abril de 2016.— Contador Público Certificado Gabriel Alejandro Baroccio Pompa (rúbrica), socio de Auditoría.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a usted que de los ingresos excedentes recaudados por esta comisión al término del primer trimestre de este ejercicio fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento participantes en este programa, debido a que está en proceso el trámite de autorización de recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de abril de 2016.— Ingeniero Francisco José Muñiz Pereyra (rúbrica), subdirector general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

Distinguido diputado federal:

Por este medio informo a usted que el miércoles 6 de abril de 2016, esta Comisión Nacional emitió el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, correspondiente a 2015.

Derivado de lo anterior, me permito enviarle anexo al presente el mencionado diagnóstico, esperando que éste sea de utilidad y colabore para optimizar el respeto por los derechos humanos en los centros penitenciarios.(2)

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de abril de 2016.— Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo.— Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número SECITI/DEAJN/SNC/0280/ 2016, de fecha 31 de marzo de 2016, signado por el maestro Luis Carlos Viramontes Huerta, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo federal, y comunicado mediante el similar DGPL-63-II-8-0917, por el que se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los poderes y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la federación como de las entidades federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que como muestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de abril de 2016.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

«Escudo.— Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

Por instrucciones del doctor René Raúl Drucker Colín, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 119 Quindecies, fracciones I, V, XIV, XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en atención a su oficio número SG/CEUPA/55212016 de fecha 11 de marzo de 2016; a través del cual remite el oficio número DGPL 63-II-8­0917 de fecha 03 de marzo de 2016; mediante el cual hace del conocimiento la propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que fue aprobado en esa misma fecha por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Honorable Congreso de la Unión, por el cual se exhorta a los titulares y funcionarios de primer nivel de los Poderes y de los organismos constitucionales autónomos, tanto de la federación como de las entidades federativas, así como a los servidores públicos de mandos superiores, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que como nuestra de su compromiso con el combate a la corrupción, hagan públicas a la brevedad sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal; solicitando al titular de esta dependencia lo siguiente:

...por tratarse de un asunto de su competencia, atentamente le solicito se sirva girar sus apreciables instrucciones, a efecto de hacer llegar a la Secretaria de Gobierno, la respuesta validada por Usted, que se ha de remitir al órgano legislativo correspondiente, de la información que considere necesaria para atender dicho planteamiento en los términos solicitados.

En mérito de lo anterior, se informa que el titular de esta Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a efecto de colaborar con las acciones descritas en el exhorto planteado por dicho órgano legislativo, se adhiere al reconocimiento validado por el gobierno de la Ciudad de México, a través de la iniciativa denominada “3 de 3” que legitima el grado de exigencia para que las personas servidoras públicas informen de frente a la sociedad el contenido en versión pública de sus declaraciones tanto patrimonial y fiscal, como la de intereses, mediante la exacta observancia del acuerdo por el que se fijan las políticas de actuación para una transparente rendición de cuentas que implique evitar el conflicto de intereses y el incremento del patrimonio no justificado, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 22 de marzo de 2016, que entrará en vigor a partir del primero de mayo de 2016, de conformidad con su transitorio Primero.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Maestro Luis Carlos Viramontes Huerta (rúbrica), director ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Normatividad.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:«Escudo.— Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.

Con fundamento en los artículos 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en estrecha relación con los numerales 49, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, doy respuesta a su oficio D.G.P.L. 63-II-2-245, mediante el cual comunicó al titular de Poder Ejecutivo del Estado, el contenido del dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, sobre el particular adjunto el ocurso SAI/UJ/02212016, signado por el jefe de la Unidad de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, por el que informa sobre lo exhortado; consecuentemente, pido a usted de manera atenta se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con el comunicado.

Sin otro asunto en particular le envío un cordial saludo, reiterándole mi distinguida consideración.

Atentamente

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 14 de marzo de 2016.— Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica), consejero jurídico del Gobierno del Estado.»

«Escudo.— Secretaría de Asuntos Indígenas.

Ciudadana Licenciada Elvira Morales Pérez, directora general de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.— Presente.

Por instrucciones del titular de esta dependencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 2, 5 numeral 1, 8, 9 y 13 fracciones I, II y XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y en atención a su Oficio número CJGEO/DGNPL/DCNB/101-02/2016, relativo al punto de acuerdo por el que se exhorta a. la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación con las entidades federativas, a intensificar las acciones de difusión, sensibilización y capacitación de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal y Judicial, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la Constitución; por este conducto me permito exponer a usted lo siguiente:

Con la finalidad de atender su solicitud, adjunto al presente me permito enviar a usted, en copias certificadas anexas, los instrumentos y documentación relativos a las manifestaciones realizadas en el oficio número SAI/001/2016, signado por el secretario de Asuntos Indígenas, mismos que relaciono a continuación:

• Estructura orgánica vigente de la Secretaría de Asuntos Indígenas;

• Reglamento Interno de la Secretaría de Asuntos Indígenas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha nueve de febrero de 2015;

• Manual de Organización de la Secretaría de Asuntos Indígenas, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha tres de octubre de 2015;

• Relación de informes solicitados en materia electoral;

• Documentación relativa al Seminario permanente sobre la implementación judicial de los derechos humanos en Oaxaca.

Lo que me permito hacer de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 12 de marzo de 2016.— Licenciado Krhistian M. Hernández García (rúbrica), jefe de la Unidad Jurídica.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentran a las puertas de este recinto, los ciudadanos Teodardo Muñoz Torres y Paulino Alberto Vázquez Villalobos, diputados federales electos en el tercer distrito electoral de los estados de Tlaxcala y de Veracruz.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: diputado Erick Alejandro Lagos Hernández, diputada Edith Anabel Alvarado Varela, diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, diputada Gabriela Ramírez Ramos, diputada María Elida Castelán Mondragón, diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones y diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De pie, de pie, andarán muy cansados.

Ciudadanos Teodardo Muñoz Torres y Paulino Alberto Vázquez Villalobos, ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Teodardo Muñoz Torres y Paulino Alberto Vázquez Villalobos: Sí, protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.Felicidades y bienvenidos.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente capítulo es de la presentación de iniciativas de diputadas y diputados. En consecuencia tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Alejandro Armenta Mier: Honorable asamblea, señoras y señores diputados, los jóvenes son sin duda motor de cambio y de transformación, por eso me comprometí durante mi campaña impulsar la presente iniciativa, en coordinación con un grupo de profesionistas del distrito de Tepeaca, Puebla, encabezados por Miguel Ángel Aguilar Sarao, joven entusiasta y trabajador, a quien agradezco su apoyo y talento para haber concretado esta iniciativa.

De manera consistente con la tendencia mundial, la desocupación en México se concentra en los jóvenes. De acuerdo al Inegi, en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuatro trimestre del 2013, el 53 por ciento de los desempleados en México son menores de 29 años. La reducción de la población joven para el 2030, donde la pirámide poblacional habrá de revertirse, tendrá distintos efectos, siendo uno de los principales el cierre de la ventana de oportunidad demográfica.

La problemática general del país se traduce, indudablemente, en bajo índice de empleos y pocas oportunidades de crecimiento de los mismos. Todo esto afecta de manera directa al sector más grande de la población mexicana que son los jóvenes. Este grupo, sin duda, es el más vulnerado y excluido de las actividades laborales, ya sea por motivo de apariencia, de inexperiencia o de formas de pensar y de actuar.

A desatender al sector juvenil, impulsándolos hacia la pobreza y el desempleo estamos fortaleciendo a la economía informal y a la delincuencia, ya que se convierten en población susceptible de dedicarse a una actividad ilícita con el fin de generar un ingreso para poder satisfacer sus necesidades básicas, elevando de esta forma los índices de violencia en nuestro país e impidiendo el desarrollo económico de los mexicanos.

Por las anteriores consideraciones resulta fundamental la inversión en educación y capacitación laboral, es decir, la unión completa de empresas y educación para lograr una verdadera inclusión de los jóvenes en la economía. Primordial es el acceso al mercado laboral, como lo es también la calidad del mismo.

La presente iniciativa tiene por objeto otorgar un incentivo fiscal a aquellos patrones que contraten que contraten a personas jóvenes, procurando que cuenten con prestaciones un trabajo estable, además de incentivar a que dichos trabajadores procuren su formación profesional, de tal forma que se cuente con una fuerza laboral mejor calificada y esto se refleje en un mejor desempeño en la productividad de las respectivas empresas, abonando así a la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía mexicana.

Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo tercero de los patrones que contraten a personas jóvenes y estimulen la formación profesional. Y el título séptimo de los estímulos fiscales de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue.

Capítulo tercero. De los patrones que contraten personas jóvenes y estimulen la formación profesional.

Al artículo 187. El patrón que contrate personas jóvenes cuya edad se encuentra contemplada en el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que hayan adquirido la mayoría de edad, podrán deducir de sus ingresos un monto equivalente al 50 por ciento del Impuesto sobre la Renta retenido y enterado conforme al capítulo primero de Seguro Social, y tengan bajo contrato vigente dichas personas durante su ejercicio correspondiente.

Adicional a esto, si el patrón demuestra que las personas jóvenes contratas se encuentran cursando estudios universitarios, estudios de carrera técnica o posgrados profesionales, se les dará un estímulo fiscal adicional del 15 por ciento del salario efectivamente pagado a dichas personas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular este precepto.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De esta manera se cumple con los jóvenes de Tepeaca, de Puebla y de México. En esta asamblea se encuentra el joven Miguel Ángel Aguilar Sarot, quien presentó esta iniciativa, y así les estamos cumpliendo a los jóvenes.

Exhorto a mis compañeras y compañeros diputados y a muchos que representan intereses de muchas empresas aquí en la Cámara, a que en el pasado, así como hemos salvado empresas hoy rescatemos a los jóvenes y respaldemos esta iniciativa.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI

Síntesis

Otorgar un incentivo fiscal a aquellos patrones que contraten personas jóvenes, procurando que cuenten con prestaciones y un trabajo estable, además de incentivar a que dichos trabajadores procuren su formación profesional, de tal forma que se cuente con una fuerza laboral mejor calificada y esto se refleje en un mejor desempeño en la productividad de las respectivas empresas, abonando así a la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía.

Abatir el bajo índice de empleos y pocas oportunidades de crecimiento en los mismos, que afecta de manera directa al sector más grande de la población mexicana en la actualidad, los jóvenes.

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo III, “De los patrones que contraten personas jóvenes y estimulen la formación académica”, al Título VII, “De los estímulos fiscales”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

I. Planteamiento del Problema

De manera consistente con la tendencia mundial, la desocupación en México se concentra en los jóvenes, ya que el 53% de los desocupados tiene entre 14 y 29 años, siendo su tasa de desocupación de 7.9%, aunque la situación de empleo para nuestros jóvenes es significativamente mejor a la de otros países, es necesario incluirlos de manera más efectiva en el mercado laboral, por los motivos que se describen en el texto.

En la actualidad, la tasa de desempleo juvenil duplica la correspondiente a la población adulta: mientras la de los adultos de 30 años o más es de 3.5%, en la población joven es de 8.7% (Acevedo y Bensusán, 2012); De acuerdo al Inegi en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del cuarto trimestre de 2013, establece que el 53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años.

Conapo establece que la población juvenil en México alcanzó durante 2013 los 37,990448 millones de personas, lo cual representó un aumento del 4.9% respecto al Censo General de Población y Vivienda que el Inegi realizó en 2010. Para 2013 la población juvenil en México alcanzo el 32.1%. Esperando para el 2020 un crecimiento de 30.5%, momento en el que la pirámide poblacional se invertirá, hasta alcanzar solo un 24.4% para el año 2050.

La reducción de la población joven tendrá distintos efectos, siendo uno de los principales el cierre de la ventana de oportunidad demográfica.

La problemática general del país, se traduce en bajo índice de empleos y pocas oportunidades de crecimiento en los mismos; todo esto afecta de manera directa al sector más grande de la población Mexicana en la actualidad, los jóvenes. Este grupo sin duda, es el más vulnerado y excluido de las actividades laborales, ya sea por motivos de apariencia, inexperiencia, o formas de pensar y/o actuar.

Al desatender al sector juvenil empujándolos hacia la pobreza y el desempleo, estamos fortaleciendo a la economía informal y la delincuencia, ya que se convierten en población susceptible de dedicarse a alguna actividad ilícita con el fin de generar un ingreso para poder satisfacer sus necesidades básicas, elevando de esta forma los índices de violencia en nuestro país, cayendo así en un círculo vicioso que impide el desarrollo económico de los mexicanos.

Por las anteriores consideraciones, resulta fundamental la inversión en educación, la capacitación laboral, es decir la unión completa de empresas y educación para lograr una verdadera inclusión de los jóvenes en la economía.

Primordial es el acceso al mercado laboral, como lo es también la calidad del mismo.

II. Argumentación

Son las empresas quienes brindan y niegan a la vez el acceso a la experiencia. Existen las prácticas profesionales y los servicios sociales, pero como se llevan a cabo actualmente, suelen ser insuficientes para los reclutadores. Exigen algo que sólo el tiempo puede dar. Un dato interesante del Inegi, fue que sólo el 25.7% del total de las empresas tiene una alianza con alguna institución de educación superior, para crear programas de estudio alineados con sus necesidades, por lo que el 74% no cuenta con esta estrategia; que constituye, dicho sea de paso, el modelo educativo alemán. (Apaéz, 2013).

Datos de la SEP indican que cada año 450 mil jóvenes terminan su carrera, buscando aplicar lo que aprendió en la escuela en un trabajo por el cual reciba un salario sustancial que le permita cubrir de manera digna sus necesidades.

Dicho escenario proyecta un reto importante para la vida del país, por lo tanto, es fundamental fortalecer la implementación de los jóvenes al aparato productivo nacional.

La presente iniciativa, tiene por objetivo otorgar un incentivo fiscal a aquellos patrones que contraten a personas jóvenes, procurando que cuenten con prestaciones y un trabajo estable, además de incentivar a que dichos trabajadores procuren su formación profesional, de tal forma que se cuente con una fuerza laboral mejor calificada y esto se refleje en un mejor desempeño en la productividad de las respectivas empresas, abonando así a la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía mexicana.

III. Fundamento Legal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 establece que: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

...

Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo 1o....

...

La discriminación y desigualdad en las oportunidades laborales están estrechamente relacionadas con la cultura, considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, o económico, condiciones de salud, embarazo, lenguaje o religioso, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otro, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos, y la igualdad de oportunidades personales. Motivo por el cual la mayoría de estos jóvenes como ya se explicó, encuentran difícil incorporarse al mercado laboral.

IV. Nombre del proyecto de decreto

Con base en las anteriores motivaciones, se presenta a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo III “De los patrones que contraten personas jóvenes y estimulen la formación profesional” al Título VII “De los estímulos fiscales”, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Capítulo III

“De los patrones que contraten personas jóvenes y estimulen la formación profesional”

Artículo 187.El patrón que contrate personas jóvenes, cuya edad se encuentra contemplada en el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que hayan adquirido la mayoría de edad, podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente al 50% del impuesto sobre la renta retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y tengan bajo contrato vigente a dichas personas durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Adicional a esto, si el patrón demuestra que las personas jóvenes contratadas se encuentran cursando estudios universitarios, estudios en carrera técnica o posgrados profesionales, se le dará un estímulo fiscal adicional del 15% del salario efectivamente pagado a dichas personas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

a. Artículo 25, página 45-46

b. Artículo 26, página 47

2. OCDE “Mejores Políticas México 2015”

a. Página 21

3. OCDE “Estudios económicos dela OCDE México 2015”

a. Página 8

b. Ídem. 23

4. Reporte sobre discriminación México 2012

a. Página 54-55

5. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

a. Artículo 1o.

b. Artículo 5

6. http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Alejandro Armenta Mier,Alfredo Bejos Nicolás, Erick Alejandro Lagos Hernández, Flor Estela Rentería Medina, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Jacqueline Nava Mouett, María Bárbara Botello Santibáñez, Paulino Alberto Vázquez Villalobos, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Ramón Bañales Arámbula, Silvia Rivera Carbajal, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE AEROPUERTOS Y LEY DE AVIACIÓN CIVIL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene ahora la palabra también por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 63 de la Ley de Aeropuertos y 52 de la Ley de Aviación Civil. Adelante, por favor.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle:Con su permiso, señora presidenta. Durante la legislativa pasada, a partir de la aprobación de la Ley de Competencia Económica, se avanzó en la regulación de sectores de la economía que funcionaban con estructuras monopólicas como la telefonía y la radiodifusión.

Los servicios de transporte aéreo de pasajeros, sin embargo han logrado esta nueva regulación a pesar de que esta industria en México de acuerdo al Imco, ocupa el 44 lugar en competitividad y viajes de turistas. Esto se debe, según diversos estudios a la falta de infraestructura y saturación del aeropuerto de la Ciudad de México.

Pero también a los abusos y demoras de los vuelos de la mayoría de las aerolíneas, que además de acusar molestias para millones de usuarios afectan la productividad y competitividad. Esto lo ha confirmado la Comisión Federal de Competencia, la Cofece, en un amplio estudio sobre la operatividad del aeropuerto.

Tenemos 37 millones de pasajeros transitando por este aeropuerto, al año su capacidad es de 32 millones. En 2014, más de 115 mil vuelos no operaron conforme a sus horarios de despegue y aterrizaje, esto representa 300 vuelos diarios retrasados o cancelados. Esta situación ha ocasionado que todas las aerolíneas violen el tope del 15 por ciento de retrasos permitidos por la ley.

Hoy el promedio de retraso de todas las aerolíneas es del 38 por ciento. Y lo peor, a pesar de que las aerolíneas no cumplen con los porcentajes de puntualidad establecidos en la ley, tampoco han sido acreedoras a sanciones por parte de la autoridad.

Por otro lado con la ley actual las aerolíneas sí tienen derecho a ponerse horarios estrictos e inflexibles a sus servicios cuando estos no cumplen o se retrasan, pero ¿Qué pasa cuando se retrasan dos o tres horas y cuando el pasajero llega cinco minutos tarde? No es recíproco en la igualdad como nos tratan. Este derecho sin embargo no está calificado.

El otro aspecto que limita la competitividad del sector transporte aéreo, de acuerdo a la OCDE y a la Cofece, es el procedimiento como se asignan los slots. Mi propuesta, amigas y amigos diputados, es en los slots transparentar la operación y procedimiento de asignaciones, aumentar el uso mínimo de 85 a 90 por ciento, retirar la asignación de los slots que no se utilicen y crear un fondo de reserva de slots que promueva mayor entrada. Estos slots son la autorización que dan las aerolíneas en sus transcursos de un punto a otro.

En el aspecto de puntualidad es muy sencillo. Propongo obligar a las aerolíneas a hacer púbicas a los usuarios –a través de medios electrónicos y en tiempo real– las razones de demora o cancelación del vuelo. Ya no nos vamos a enfrentar a un mostrador donde la señorita nos diga que está demorado porque no sabe por qué, pero está demorado. Se canceló el vuelo, tampoco sabe, pero está cancelado. Ya no lo vamos a permitir los 37 millones de usuarios.

Activar una plataforma electrónica de las aerolíneas en la cual el usuario pueda levantar una queja en tiempo real, indemnizar hasta el 20 por ciento a los pasajeros cuando el vuelo esté demorado, reducción del porcentaje de las demoras.

Todas estas sanciones que planteamos, compañeras y compañeros, no repercute una sola en el costo del boleto del avión para los usuarios, así que espero que muchos de ustedes apoyen esta propuesta y otras que están promoviendo de otros partidos políticos, porque aquí afecta no nada más a nosotros, sino a 37 millones de usuarios. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Estoy sobre el tiempo, y en este momento no quiero estar de morado. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 63 de la Ley de Aeropuertos, y 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Salim Alle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las reformas Constitucionales en materia de competencia económica fueron un gran paso para transformar de fondo las estructuras monopólicas que han detenido el crecimiento y desarrollo nacional en los últimos años, la aprobación de la nueva Ley de Competencia Económica sentó las bases para un nuevo rumbo en materia de competitividad. No obstante, es fundamental que la legislación secundaria y las políticas públicas materialicen de manera efectiva lo que las reformas plantean, por lo que es de suma importancia dar seguimiento a las políticas públicas del gobierno, así como seguir actualizando el marco jurídico en pro de una mayor competitividad y un mejor desarrollo económico.

En materia de la industria aeronáutica, según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ésta industria se ha convertido en un impulsor del comercio y del turismo, pues aporta el 3.4% del PIB mundial y genera más 58 millones de empleos. Sin embargo, México es el número 44 en competitividad de viajes de turismo pues el país no ha respondido con suficiente rapidez al nuevo contexto global, pues se sigue operando con el mismo aeropuerto internacional que fue inaugurado en 1952 y a pesar del inicio de operaciones de la Terminal 2 en 2007 la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es limitada en términos de conectividad y calidad del servicio, menciona el Instituto.

En una época donde las grandes ciudades están conectadas con todo el mundo, nuestro aeropuerto principal presenta problemas de conectividad frente a otros aeropuertos internacionales lo que aísla a México de los demás países en materia de competitividad, pero en cuanto a los servicios que sí logra proveer el aeropuerto, estos son de calidad deficiente como lo demuestra un ranking internacional de calidad del servicio; mientras aeropuertos comparables cuentan con una calificación de 3.3 y los mejores aeropuertos de 4.6 (en una escala del 1 al 5, donde 5 es excelente) nuestro aeropuerto obtuvo una calificación de tan sólo 2.6.

No obstante, el problema más grave que presenta el AICM es la saturación. La capacidad máxima actual es de 32 millones de pasajeros, pero en 2013 año se movieron 31 millones y medio. De hecho, desde el 2012 el aeropuerto alcanzó su capacidad máxima en horas pico de mañana y noche y el 29 de septiembre de 2014 fue declarado en saturación de las 7:00 horas a las 23:00 horas. El aeropuerto ha llegado al tope de su capacidad y dada la densa mancha urbana que lo rodea no hay manera de ampliarlo.

Esta situación tiene efectos negativos directamente en la competitividad del aeropuerto ya que la saturación se traduce en una restricción de las relaciones comerciales, del turismo y del desarrollo económico de la ciudad. Pero también se traduce en una mala calidad del servicio prestado, pues las demoras en los vuelos no solo del AICM sino de todo el país son cada vez más frecuentes y prologadas y éstas no son solo molestas para los consumidores sino que generan una pérdida en la productividad de las ciudades y de los ciudadanos.

En este sentido, el marco jurídico que regula por un lado la asignación de slots (horarios de aterrizaje y despegue) y por el otro la calidad de los servicios prestados y las relaciones contractuales entre aerolíneas y consumidores ha quedado rebasado por la realidad actual.

De conformidad con la Ley de Aeropuertos y su Reglamento la asignación de los slots procede de la siguiente manera:

1. En horarios no saturados, el slot se asigna a la aerolínea que lo haya ocupado en el periodo anterior y cuando dos o más aerolíneas soliciten el mismos slot, tendrá prioridad las aerolíneas con mayor antigüedad en el AICM, en segundo lugar la más puntual y en tercero la que más tiempo cubrió un itinerario.

Las aerolíneas pueden transferir slots sólo si lo utilizaron más de un año, si no se usan los slots en un 85% o si se tienen retrasos en los vuelos con porcentaje mayor a 15%, pierden los slots.

2. En horarios saturados, durante los primeros 4 años, se retirará a las aerolíneas los horarios subutilizados (85%) o utilizados impuntualmente (15%) esos horarios, más los que las aerolíneas dejaran o los que les fueran retirados por falta de pagos serán subastados al mejor postor.

Si a los 3 años, las condiciones de saturación se mantienen, el aeropuerto retirará 10% de los slots por año en horarios saturados a cada aerolínea, estos horarios serán retirados a los 365 días de la notificación y serán subastados entre los 120 y 180 días después de ser retirados. Si los subutilizaren o los usasen impuntualmente los horarios solo podrán ser retirados a los 4 años de ser asignados.

Este esquema, mediante el cual se asignan los slots en la actualidad ha quedado rebasado por la realidad y presenta varios problemas, en primer lugar es el bloqueo a la entrada de nuevos competidores o la expansión de las líneas de bajo costo, al establecerse en el reglamento la prioridad sobre los slots de las aerolíneas con mayor antigüedad sin importar como los hayan usado o si tienen adeudos vencidos, impidiendo la entrada de nuevos competidores.

Por lo que respecta a los horarios declarados como saturados, los plazos para retirar los slots y subastarlos son excesivamente largos además de que la subasta en sí, es totalmente inequitativa pues solo las empresas con mayor poder económico podrán acceder a los horarios saturados, sin contemplar otros indicadores de calidad como el índice de puntualidad lo cual es contrario a lo establecido por la propia ley en cuanto a que la asignación de horarios deberá de hacerse bajo criterios equitativos y no discriminatorios.

Ahora bien, como se ha mencionado una de las consecuencias en la deficiente asignación de los slots en los aeropuertos es precisamente la demoras en los vuelos. De conformidad con el Índice de Puntualidad realizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el año 2015 el promedio de las aerolíneas mexicanas que presentaron aterrizajes o despegues fuera del horario (es decir más o menos 15 minutos dentro del horario programado) fue de 38% destacando Viva aerobús con 46%, Interjet con 40% y Aeroméxico con 37%.

Igualmente el porcentaje de los vuelos fuera de horario o que aterrizaron o despegaron antes o después de 15 minutos, pasaron de 33% en mayo de 2014, a 43% en igual mes de 2015, este porcentaje se disparó 10 puntos. De la misma forma el índice de puntualidad para el año 2015, muestra que las aerolíneas Magnicharters, Vivaaerobus y Volaris presentaron demoras imputables promedio del 20%, 28% y 21% respectivamente y no les fue retirado ningún horario.

En este tenor, diferentes instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha emitido diversas opiniones con el objetivo de promover mayor competencia en el sector de la aviación civil de pasajeros en México. Por ejemplo, en 2007 la Cofece emitió una opinión para promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en la proveeduría de servicios aeroportuarios, en la cual se realizaron diversas recomendaciones de política pública para alentar una mayor competencia y proponer medidas para mejorar la regulación en la materia.

Asimismo, ante la suspensión indefinida de operaciones de Mexicana de Aviación en 2010, la Comisión emitió una opinión sobre la forma en que podrían garantizarse mejores condiciones de disponibilidad, precio y calidad para los usuarios, mediante el proceso de asignación de horarios de despegue y aterrizaje (slots) que habían quedado sin utilizarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La Comisión declaró que los horarios de despegue y aterrizaje (slots) son un recurso esencial para prestar el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y el régimen de asignación determina la competencia que existe en el mercado, por lo que consideró que es importante reestructurar el sector aeronáutico para alcanzar el bienestar del consumidor, para lograrlo propuso mejorar las condiciones de asignación, transparencia y garantizar la rendición de cuentas en la asignación de los horarios.

Los esfuerzos, mencionó la dependencia, deberían enfocarse en regular la provisión eficiente de servicios aeroportuarios a través de tarifas competitivas, una regulación sencilla, transparente y sin exclusividades. Además, la competencia en y entre aeropuertos deberá tomar en cuenta la asignación de slots vía subasta e indicadores de eficiencia, así como la regulación en licitaciones de concesiones de aeropuertos.

Por último, el 29 de febrero de este año la Autoridad Investigadora de la Cofece publicó en el Diario Oficial de la Federación el Dictamen Preliminar Provisión de Servicios de Transporte Aéreo que utilizan el Aeropuerto para sus procedimiento de aterrizaje y/o despegue, en dicho Dictamen la Cofece puntualiza diferentes problemática que presentan los aeropuertos como el AICM, entre los que se encuentran que a pesar de la escasez de los horarios, la Autoridad Investigadora encontró que en promedio el 37% de los horarios asignados previo al inicio de la temporada, no fueron operados por la aerolíneas que originalmente los solicitaron, lo que ha provocado una baja calidad del servicio prestado pues en 2014, menciona la Autoridad Investigadora, más de 115 mil vuelos no operaron conforme a sus tiempos asignados, es decir más de 300 vuelos diarios en promedio operaron fuera del horario.

Una de la situaciones que más preocupa es que, aun cuando el administrador aeroportuario tiene la facultad de retirar horarios de aterrizaje y despegue, la Autoridad Investigadora no tiene registro alguno sobre retiro de horarios y subastas efectuadas para este tipo de slots, por lo que ninguno de los métodos de reasignación de horarios de aterrizaje y despegue previstos en el marco jurídico en la materia ha surtido efecto alguno.

Por otra parte, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha mencionado que “en cuanto a la transportación aérea, el acceso equitativo a los slots de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de la Ciudad de México, que opera a su máxima capacidad, será fundamental para garantizar una competencia abierta. Actualmente, la asignación de dichos slots no es transparente y se basa en gran medida en el mantenimiento de derechos adquiridos; además, es controlada por un comité en el cual sólo están representados los grandes actores”.

Por último es importante mencionar que también la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha mostrado su preocupación sobre la saturación del aeropuerto y la necesidad de una gestión eficaz de slots para maximizar la capacidad limitada y aumentar los beneficios económicos y sociales, derivado de que el AICM es considerado como un aeropuerto de nivel 3. En virtud de ello, la Asociación firmo un Memorando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para asesorar a la Dependencia a fin de garantizar la optimización de la asignación de franjas horarias en el aeropuerto y la aplicación de mejores prácticas globales de conformidad con las Directrices Mundiales de Slots (WSG, Worldwide Slot Guidelines).

De conformidad con la Worldwide Solot Guidelines de IATA, un aeropuerto de nivel 3 presenta las siguientes condiciones:

a) La demanda de infraestructura aeroportuaria supera considerablemente la capacidad del aeropuerto durante el periodo en cuestión.

b) La expansión de la infraestructura aeroportuaria para satisfacer la demanda no es viable a corto plazo.

c) Los intentos por resolver el problema a través de ajustes voluntarios en la programación han fallado o no son efectivos y

d) Como resultado, se requiere un procedimiento de asignación, por lo que todas las compañías aéreas y los operadores de aeronaves deben de tener un slot asignado por un coordinador para poder aterrizar despegar del aeropuerto durante los periodos en que tiene lugar la asignación de slots.

Sin embargo, aunque estas medidas de política pública ayudarán a mejorar las problemática en la saturación del aeropuerto, una tarea pendiente e impostergable es la revisión del esquema mediante el cual se asignan los horarios de aterrizaje, es necesario reducir los porcentajes de demoras permitidos para la aerolíneas que actualmente es de 15% o el aumento en el uso de los slots que es de 85%, también se hace necesario que se reduzcan los plazos para realización de subastas, pues los tiempos son excesivamente largos; entre la notificación al concesionario y los tiempos para la subasta se contempla un periodo de más de 18 meses.

De igual manera es necesario establecer mecanismos que den mayor transparencia y mayor competitividad en la asignación de slots, como por ejemplo, establecer un análisis de calidad y eficiencia que acompañe a la propuesta económica de las aerolíneas a fin de evitar un círculo vicioso en el que las compañías con mayor poder económico sean las únicas que puedan acceder a más slots sin importar su desempeño, calidad y eficiencia en la prestación del servicio, pues son los consumidores quienes sufren las consecuencias de una mala prestación del servicio.

En este sentido, también es importante analizar y actualizar la legislación lo relativo a la prestación de los servicios de aviación y los derechos con lo que cuentan los consumidores en caso de cancelación o retraso de los vuelos. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece de manera general los derechos de todo tipo de consumidor, así como el fomento al consumo inteligente y la procuración de la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores en general.

Por su parte la Ley de Aviación Civil establece los derechos del consumidor en forma específica contemplando aspectos tales como los contratos entre aerolíneas y usuarios, responsabilidad de las aerolíneas por daños a pasajeros, equipaje o carga; sin embargo la legislación no contempla la responsabilidad y las indemnizaciones correspondientes a los daños ocasionados por los vuelos con demoras imputables a la aerolíneas, lo que se traduce en una incertidumbre jurídica y pérdida de productividad para los consumidores.

Las afectaciones a un consumidor de un servicio retrasado y las indemnizaciones no han sido contempladas en su justa dimensión, los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos generan un pérdida de rendimiento que debe ser resarcido a través de las normas en materia administrativa y establecerlas en la ley particular con la finalidad de evadir el supuesto de que las normas particulares desplazan a las generales y al no existir las primeras el resarcimiento es improcedente.

A nivel de Derecho comparado, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en materia de compensación al pasajero por demoras imputables al transportador, estipulan que el pasajero tendrá los siguientes Derechos:

a) Cuando la demora sea mayor de una hora e inferior a tres se suministrará al pasajero un refrigerio y una comunicación telefónica que no exceda de tres minutos o por el medio más ágil disponible al lugar destino, o al de origen en caso de conexiones, a requerimiento del pasajero. No obstante, cuando la causa de la demora haya sido superada y sea previsible la pronta salida del vuelo (dentro de los 15 minutos siguientes) el transportador podrá abstenerse de suministrar esta compensación, si al hacerlo se fueran a ocasionar más demoras.

b) Cuando la demora sea superior a tres horas e inferior a cinco, además de lo anterior, se deberá de proporcionar al pasajero alimentos (desayuno, almuerzo o cena, según la hora).

c) Cuando la demora sea superior a cinco horas, además de lo anterior, el transportador deberá compensar al pasajero con el equivalente al 30% mínimo del valor del trayecto pagadera en efectivo, tiquetes en ruta o reconocimiento de millas, según elija el pasajero. Sin embargo, cuando la demora sobrepase de las 10:00 pm (hora local), la aerolínea deberá de proporcionarle, además, hospedaje y gastos de traslado entre el aeropuerto y el lugar de hospedaje y viceversa, a menos que el pasajero acepte voluntariamente prolongar la espera cuando sea previsible que el vuelo se va a efectuar dentro de un plazo razonable.

En el caso de Argentina, la Ley establece que si debido a circunstancias operativas, técnicas, meteorológicas o de índole comercial, el transportador cancela o demora un vuelo o la entrega de equipaje por más de cuatro horas, o deniega el embarque porque no puede proporcionar espacio previamente confirmado o no puede hacer escala en el punto de parada, estancia o de destino del pasajero, o causa a un pasajero la pérdida de un vuelo de conexión para el que tenía una reserva confirmada, el pasajero, tendrá el derecho a:

1. Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior del mismo transportador para su destino, o

2. Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero, o

3. A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato, por los servicios del transportador o en los servicios de otro transportador, o por otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio.

Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por la nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del billete o de la porción aplicable del mismo, el pasajero no abonará ninguna tarifa o cargo adicional y el transportador reintegrará la diferencia si la tarifa y cargos para la ruta reprogramada son menores:

4. A la compensación por embarque denegado de acuerdo a las regulaciones del transportador.

5. A la inmediata devolución, si le correspondiere, del precio del contrato de transporte no utilizado y conforme a las modalidades de pago efectuadas.

Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo los siguientes servicios:

1. Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y comunicaciones locales.

2. Comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo.

3. Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las cuatro horas

4. Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Por ello, la presente Iniciativa tiene dos propósitos fundamentales, el primero de ellos es la de establecer las reglas claras y precisas en la asignación de los horarios de aterrizaje y despegue con la finalidad de dar mayor transparencia y eficacia en la asignación de los mismos, ello a través de la reforma de los artículos 2, 62 y 63 de la Ley de Aeropuertos, mediante los cuales se establece las disposiciones para la asignación de slots no saturados, el aumento del porcentaje de subutilización para retirar los slots, así como la reducción en el porcentaje de las demoras permitidas y el establecimiento de un análisis de calidad y eficiencia que acompañen las subastas realizadas. También se propone el establecimiento de un Fondo de Reserva constituido por horarios nuevos, los retirados por adeudos vencidos en el pago, los que no hubieren sido utilizados eficientemente por las aerolíneas y los renunciados por los transportistas aéreos, con la finalidad de que con este Fondo se permita tener un mayor acceso a este insumo esencial y consecuentemente se traduzca en una mayor competitividad, además de establecer que las recomendaciones del Comité de Operación y Horarios, órgano encargado de determinar a los responsables y las causas que originen las demoras o cancelaciones de aterrizajes o despegues de aeronaves, se publiquen de manera electrónica atendiendo al principio de máxima publicidad.

El segundo objetivo de esta iniciativa es la de dar mayor certidumbre jurídica a los consumidores en cuanto a las indemnizaciones que deban recibir por las demoras de los vuelos imputables a la aerolíneas, pues en la actualidad solo aplica para la cancelación de vuelos. Por ello se propone reformar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, con la finalidad de establecer que en caso de una demora imputable a la aerolínea ésta tendrá que reintegrar al consumidor el precio del boleto que resulte proporcional al tiempo demorado del vuelo; de la misma forma el concesionario o permisionario tendrá que otorgar una indemnización al pasajero que no podrá ser inferior al veinte por ciento del boleto o billete, ello en armonía con lo que establecen los artículos 92 Bis y 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se Adiciona una fracción XII al artículo 2; y se reforma el párrafo primero y la adición de los párrafos, segundo, tercero y cuarto al artículo 63, todos ellos de la Ley de Aeropuertos para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XI. ...

XII. Fondo de Reserva: Fondo que incluye cualquier nuevo horario de aterrizaje y despegue así como los retirados por adeudos vencidos en el pago, los que no hubieren sido utilizados de manera efectiva y los renunciados por los transportistas aéreos.

Artículo 63. En los aeropuertos el administrador aeroportuario determinará los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, considerando las recomendaciones del comité de operación y atendiendo a criterios equitativos, no discriminatorios, de eficiencia y calidad.

En la asignación de los horarios de aterrizaje y despegue tendrá prioridad sobre un horario el transportista aéreo que lo ocupó en el periodo anterior; siempre y cuando no se presenten demoras superiores al 10% de conformidad con lo establecido por el Reglamento.

Cuando la Secretaría resuelva que un aeródromo se encuentra en condiciones de saturación, el administrador aeroportuario, deberá retirar a los transportistas aéreos los horarios de aterrizaje o despegue que durante el año anterior, por causas imputables a ellos, no hubieran utilizado en una proporción igualo mayor al 90% o hubieren tenido demoras en un 10% o más.

Los horarios nuevos, los retirados por adeudos vencidos en el pago, los que no hubieren sido utilizados en términos del párrafo anterior y los renunciados por los transportistas aéreos se integrarán al fondo de reserva y deberán subastarse dentro de los treinta a los sesenta días hábiles siguientes por el administrador aeroportuario y asignarse con base en el análisis de indicadores de calidad y eficiencia así como una propuesta económica.

Artículo Segundo.Se reforma el párrafo primero, la fracción I y el párrafo último del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave, se demore o cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia el retraso o la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte demorada o no realizada del viaje;

II. ...

III. ...

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje y del veinte por ciento del boleto o billete de pasaje o de la parte demorada del viaje.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 La Ciudad de México necesita un aeropuerto de clase Mundial. Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). Disponible en http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/08/Documento-de-soporte-La-Ciudad-de -México-necesita-un-aeropuerto-de-clase-mundial.pdf

2 Estadísticas de Puntualidad. Dirección de Aeronáutica Civil. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Disponible en http://www.sct. gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadist icas-de-calidad/

3 J. Ros Agustín. A competition Policy Assessment of the Domesctic Airline Sector in Mexico and Recomendations to Improve Competition. OCDE y Cofece. 2010. Disponible en

http://www.oecd.org/daf/competition/45049588.pdf

4 Getting it Rigth, una Agenda Estratégica para las Reformas en México. OCDE 2012. Disponible en http://www.oecd.org/centrodemexico/Getting%20It%20Right%20EBOOK.pdf

5 Resolución número 02591 por la cual se modifican y adicionan unos numerales a la Parte Tercera de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en materia de derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores del servicio de transporte aéreo. 6 de Junio de 2013

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Miguel Ángel Salim Alle, Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alejandro Gutiérrez Campos, Alejandro Juraidini Villaseñor, Angélica Maya Marín, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto De La Fuente Flores, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguirre, Eloísa Chavarrías Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emilio Enrique Salazar Farías, Enelyng Soraya Flores Carranza, Enrique Cambranis Torres, Erik Juárez Blanquet, Exaltación González Ceceña, Fernando Arturo Antero Valle, Gabriela Ramírez Ramos, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gonzalo Guízar Valladares, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Héctor Barrera Marmolejo, Herminio Corral Estrada, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Jacqueline Mouett Nava, Javier Antonio Neblija Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jonadab Martínez García, Jorge Triana Tena, José Antonio Salas Valencia, José Hernán Cortés Berumen, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Juan Pablo Peña Kurczyn, Julio Saldaña Moran, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Katia Berenice Burguete Zúñiga, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Gilberto Marrón Agustín, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Bárbara Botello Santibáñez, María del Rosario Rodríguez Rubio, María García Pérez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Beltrán Reyes, María Luisa Sánchez Meza, María Soledad Sandoval Martínez, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Mario Machuca Sánchez, Martha Cristina Jiménez Márquez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Miguel Ángel Huepa Pérez, Minerva Hernández Ramos, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Natalia Karina Barón Ortiz, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Omar Noé Bernardino Vargas, Patricia García García, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, Refugio Trinidad Garzón Cachola, René Mandujano Tinajero, Ricardo Del Rivero Martínez, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Santiago Taboada Cortina, Santiago Torreblanca Engell, Susana Corella Platt, Sylvana Beltronez Sánchez, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Timoteo Villa Ramírez, Tomas Octaviano Félix, Ulises Cristopulos Ríos, Ulises Ramírez Núñez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Importante iniciativa la cual me permitiré suscribir si el proponente de la misma está de acuerdo. Diputado Salim, le comento qué importante iniciativa la cual me permitiré suscribir si usted como proponente está de acuerdo.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle (desde la curul): Sí, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias. Túrnese a la Comisión de Transportes, para su dictamen.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Adelante, diputado Gonzalo Guízar. ¿Con qué objeto?

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Diputada presidenta, con el propósito de, si nos permite el ponente solidarizarnos con esta interesante iniciativa. Estamos totalmente de acuerdo, es una vergüenza que 300 vuelos aproximadamente se cancelen o lleguen tarde para los usuarios.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Si el proponente está de acuerdo.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle (desde la curul): Sí, presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Queda, ha dado su anuencia, queda a disposición de quien desee suscribirla, aquí en la Secretaría.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra por cinco minutos el diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si me permite, antes de que haga uso de la palabra, vamos a saludar a nuestros amigos de la Escuela Primaria Antonio Audirac y Alfonsín, de la Colonia Presidentes de México, quienes han sido invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Adelante, por favor, diputado.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá:Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados; con su venia, diputada presidenta. Presento a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley del Seguro Social, respecto a las licencias de maternidad y los derechos del menor a la alimentación y a la adecuada nutrición a través de la lactancia materna.

Una de las etapas en la que las mujeres trabajadores y sus familias enfrentan circunstancias de vulnerabilidad, es el periodo de licencia de la maternidad. Esto se debe a que nuestra legislación no ofrece aún alternativas viables para posibilitar una administración correcta de la alimentación materna que requiere el recién nacido.

Si bien es cierto, la tutela de los derechos en materia de salud y en el ámbito laboral son aspectos que han sido reformados de manera constitucional permanentemente, también es cierto que hacen falta adecuaciones que garanticen los parámetros adecuados y las particularidades que permitan lograr la garantía y la efectividad práctica de estos derechos.

La presente iniciativa plantea, por un lado, el otorgamiento de períodos más prolongados de licencia para la maternidad a los establecidos actualmente, ya que está sustentado científicamente que son más recomendables y están relacionados con la mejor salud de la mujer y del pequeñito, de sus niños.

Por otra parte, esta iniciativa establecerá una política de alimentación a través de la lactancia y la respectiva construcción de infraestructura apropiada para tal efecto. En este último punto se plantea, de manera específica la obligación de la administración pública y de los sectores privados para la conformación y la construcción de espacios denominados lactarios, ya que es el lugar ideal, privado, cómodo, íntimo, para que una madre amamante a su hijo.

No podemos soslayar que la Organización Mundial de la Salud ha señalado la necesidad de que exista un período mínimo de seis meses de lactancia natural exclusiva desde el nacimiento hasta mínimo los dos años de vida, evidentemente en complemento a esta última parte, con otros alimentos.

La importancia de la lactancia materna radica en que es un extraordinario alimento vivo, único que provee a las madres y a los hijos, y que contiene no solamente una cantidad adecuada de nutrientes, sino que contiene elementos celulares como los citoblastos que sirven como factor inmunitario y que protege al niño de enfermedades próximas recientes y a la madre de enfermedades futuras.

Los componentes únicos de la leche materno, especialmente las grasas, son fundamentales para el desarrollo óptimo del cerebro del recién nacido, que prácticamente duplica su masa cerebral en los primeros seis meses de vida, obviamente si se alimenta con lactancia materna pues será mucho mejor ese volumen de esa masa encefálica.

Literalmente existen muchos elementos distintos en la leche materna y la mayoría de ellos, ojo, la mayoría de ellos no se pueden replicar con los sucedáneos, no se pueden sustituir, son elementos naturales de la madre que protegen al bebé.

El calostro en la leche materna tiene elementos anti-infecciosos, por lo que la leche materna no solo es el mejor alimento para el bebé en términos de nutrición, sino –como ya lo dije– previene muchas enfermedades no solamente los primeros años de vida, para toda la vida.

Debemos recordar que en México y en el mundo la tasa de mortalidad más alta obedece al cáncer de mama y al cáncer Cervicouterino en las mujeres, pues la lactancia materna favorece –y está establecido científicamente– para que disminuya el cáncer de ovario, el cáncer de mama en la mujer y, por supuesto, el cáncer Cervicouterino.

Si nos referimos a su importancia en el plano social, la lactancia puede crear precisamente una sociedad más saludable y emocionalmente más segura, porque crea un vínculo muy fuerte y fortalece la autoestima de la madre y el hijo, porque al momento de cortar el cordón umbilical se le debe colocar en el vientre a la madre y a partir de ahí se genera una relación de afecto que nunca, nunca se va a cortar.

Los índices de lactancia materna en México siguen siendo bajos, por lo que necesario garantizar el derecho para que las madres que amamantan a sus hijos lo hagan de forma exclusiva y continúen con la lactancia –ya lo dije– hasta mínimo los dos años.

Visto desde una perspectiva científica, la leche materna es una vacuna disponible para prevenir millones de decesos, evidentemente si esta se administra de manera oral, pero además no requiere ningún tipo de conservación como los sucedáneos que se generan en redes de enfrío.

En base al Convenio sobre la protección a la maternidad se recomiendan 14 semanas de licencia para las mujeres, pero en nuestro país a las madres solamente se les otorgan 12. Esto no asegura la alimentación y la nutrición que requiere la población infantil.

Por ello existen países firmantes del convenio, que otorgan licencias con duración de 14 semanas o más en países como: Chile, que genera 18 semanas; en España, que generan 16; en Venezuela, que genera 18 semanas; o en Italia, que son 17 semanas.

No existe homologación en los plazos establecidos para las trabajadoras de la iniciativa privada y del servicio público en nuestro país, por lo cual al tratarse de lo mismo se debe de otorgar un periodo de licencia idéntico. Al mismo tiempo es claro que no se atiende al menos la sugerencia de 14 semanas como estándar internacional.

Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación a la Mujer, señalan que se debe conceder especial protección a las mujeres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto. Dicho periodo a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración y con prestaciones adecuadas de seguridad social.

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres establece que el derecho de la mujer al trabajo es el derecho inalienable de todo ser humano, a fin de impedir la discriminación de la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad del derecho a trabajar, con la presente iniciativa propongo la ampliación del periodo de licencia con ocho semanas anteriores a la fecha del parto y ocho semanas posteriores a la fecha del mismo, hasta el término máximo de 24 meses, donde se disfruten de asistencia médica, obstétrica, medicinas, ayudas para lactancia, servicio de guarderías y además de lactarios.

Siendo la lactancia materna una medida preventiva de enfermedades y una incuestionable fuente de alimentación que proporciona los nutrientes que necesita el ser humano, los exhorto compañeras y compañeros diputados, a que nuestro marco jurídico se adecué para esta situación sea posible. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

Una de las etapas en la que las mujeres trabajadoras y sus familias enfrentan circunstancias de vulnerabilidad es el periodo de licencia por maternidad; esto se debe en parte a que nuestra legislación no ofrece las alternativas para posibilitar una administración correcta de la alimentación materna que requiere el recién nacido.

Si bien es cierto la tutela de los derechos en materia de salud y en al ámbito laboral, son aspectos que han sido objeto de reformas constitucionales, así como parte de la obligación que representa el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por México.

También lo es que aun hacen falta adecuaciones que garanticen parámetros adecuados y particularidades que permitan lograr la garantía y efectividad práctica de estos derechos.

La presente iniciativa plantea por un lado el otorgamiento de periodos más prolongados de licencia por maternidad a los establecidos actualmente, los cuales científicamente son más recomendables y están relacionados con la salud de la madre y su hijo.

Por otra parte, el establecimiento de una política de alimentación a través de la lactancia y respectiva constricción de infraestructura apropiada para tal efecto.

En este último punto se plantea de manera específica la obligación de la administración pública y privada para la conformación de espacios denominados “lactarios” que contribuyan a alcanzar el propósito de conseguir esta política de alimentación.

No podemos soslayar que la Organización Mundial de la Salud ha señalado la necesidad de que exista un periodo mínimo de 6 meses de lactancia natural exclusiva desde el día de nacimiento y de 2 años en complemento con otros alimentos.

Argumentación

La importancia de la lactancia materna radica en que el extraordinario alimento vivo y único provisto por las madres a sus hijos, contiene no sólo la cantidad adecuada de nutrientes, sino los citoblastos que a su vez sirven como un factor inmunitario y preventivo de enfermedades.

Los componentes únicos de la leche materna, especialmente las grasas, son fundamentales para su desarrollo óptimo del cerebro del recién nacido que prácticamente duplica su masa en los seis primeros meses de vida.

Literalmente existen miles de ingredientes distintos en la leche materna, y la gran mayoría de ellos no se puede replicar artificialmente. El calostro y la leche materna tienen elementos anti infecciosos, por lo que la leche materna no sólo es el mejor alimento para el bebé en términos de nutrición; también tiene un valor efectivo para prevenir enfermedades.

En ese orden de ideas es obligatorio que existía una red familiar, social y legislativa que se convierta en la fuente de confianza y apoyo a la mujer para procurar cada vez más la lactancia materna en nuestro país.

La lactancia no es solo el mejor alimento para el bebé; debemos tener presente que para la madre implica una reducción en las posibilidades de tener cáncer de ovario y mama.

Si nos referimos a su importancia en el plano social, la lactancia puede crear precisamente, una sociedad más saludable y emocionalmente más segura, al crear un fuerte vínculo y fortalecer la autoestima de la madre y sus hijos.

Por ello para la Organización Mundial de la Salud, OMS, es recomendable que los niños sean amamantados de forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.

A pesar de estas recomendaciones los índices de lactancia materna siguen siendo bajos y es necesario garantizar el derecho para que las madres amamanten a sus hijos; lo hagan de forma exclusiva y continúen con la lactancia hasta los dos años del menor.

En contraste la tendencia a no amamantar se hizo más notoria en las décadas de 1950 y 1960, cuando menos del 15 por ciento de los bebés de dos meses de edad eran amamantados.

Durante aquellos años se informó una marcada declinación en la lactancia en algunos países de Asia y América Latina. En aquel momento existieron diversas razones para disminuir la lactancia, entre ellas el uso por cierto innecesario de sustitutos de la leche materna y la promoción activa por parte de los fabricantes de estos sustitutos.

Las prácticas promocionales se han regulado ahora en muchos países, pero los fabricantes evitan los códigos de conducta aceptados y promueven sus productos, aunque tales prácticas puedan contribuir a la morbilidad infantil.

Las sociedades modernas obligan a las mujeres a estar ausentes de sus hogares y de sus niños durante períodos prolongados, por lo general para trabajar, por ello se ha inhibido su lactancia materna.

Aunque la legislación laboral ha establecido descansos para la lactancia por parte de sus trabajadoras, la distancia del hogar y los problemas de transporte hacen poco práctico que las madres aprovechen estos descansos.

Aunque puede ser posible que una madre lacte a su bebé cuando se encuentran juntos (generalmente en casa), cuando están separados, el bebé recibe su alimentación con fórmulas.

La madre puede extraer su propia leche y dejarla para que alguien alimente en su ausencia al bebé con un biberón pero en la práctica pocas lo hacen.

Suministrar a los bebés sustitutos de leche materna en una edad temprana es peligroso incluso cuando la lactancia continúa. El reemplazo innecesario parcial y temprano de la leche materna con sustitutos de fórmulas o de biberones, introduce riesgos y algunas veces problemas serios para el niño, la madre y la familia.

En 1981 se aprobó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, que son el conjunto de reglas destinadas a proteger la lactancia materna de las prácticas comerciales poco éticas y en 1990, la Asamblea Mundial de salud de la OMS recomienda a todos los gobiernos adoptar el Código.

La aprobación del Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de algunas otras resoluciones que apoyan la lactancia natural, ha llevado a cierta complacencia y a la falsa creencia de que el problema se ha solucionado.

Antes de referirnos al marco normativo podemos decir que hace unos cien años, todos los niños eran amamantados. Toda una serie de creencias populares y erróneas teorías, además de una serie de factores socioeconómicos y religiosos, modas y estilos de vida, contribuyeron al rechazo de la lactancia materna entre las clases media y alta de muchos países de la Europa de los siglos XV al siglo XIX.

Se consideraba al amamantamiento como algo indigno, vergonzoso, propio de las clases inferiores o de los animales. De esta manera, se pone de moda la lactancia mercenaria por medio de nodrizas o madres de leche del pueblo llano.

Sin embargo durante el siglo XIX todos los tratados médicos afirmaron la superioridad de la leche de mujer, aunque químicos y comerciantes ya habían entrado al campo de la alimentación infantil.

Los avances obtenidos en las últimas décadas en la composición de leches para lactantes a partir de modificaciones de leche de vaca, han conseguido productos químicamente similares a la leche materna, aunque desprovistos de las propiedades inmunitarias.

Esta leche administrada en dosis adecuadas al lactante consigue resultados nutricionales satisfactorios pero las consecuencias a largo plazo, siguen siendo desconocidas.

Ahora bien, la leche materna es una vacuna disponible para prevenir millones de decesos de niños es más accesible, segura, se administra oralmente, y no necesitara de una cadena de conservación en frío.

Es por tanto, un imperativo público de salud establecer los parámetros que se deben incorporar a nuestra legislación; cabe destacar que México fue signatario en la Declaración del Milenio, para resolver problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario, en lo que concierne al tema, algunos de sus objetivos son el reducir la mortalidad infantil, erradicar la pobreza, el hambre, igualdad entre géneros y mejorar la salud materna.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, señalan que México ocupa el segundo nivel más bajo en Latinoamérica en materia de lactancia materna y actualmente el seguimiento (2008-2013) de la Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna nos coloca en el lugar 79 de 82 países.

En consecuencia en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, misma que se celebra en más de 120 países del 1 al 7 de agosto, se deben retomar los ideales de la Declaración de Inocentti (Firmada por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna.

El Convenio sobre la Protección a la Maternidad, prevé una licencia mínima de doce semanas, y se recomiendan acordar catorce, por lo que México sigue la recomendación mínima por dicha organización internacional, lo cual no asegura la alimentación y nutrición que requiere la población infantil de nuestro país, de acuerdo a nuestras propias características y deficiencias alimentarias.

Existen países firmantes del convenio que otorgan licencias con duración de catorce semanas o más, países como Chile, otorgan dieciocho semanas, España dieciséis, Venezuela dieciocho y algunos países europeos como Italia otorgan diecisiete o más.

No existe homogeneidad en los plazos establecidos para trabajadoras de la iniciativa privada y del servicio público en México, por lo que al tratarse de lo mismo se debe otorgar un periodo de licencia idéntico.

Al mismo tiempo es claro que no se atiende al menos la sugerencia de catorce semanas como estándar internacional, de ahí la importancia de homologar nuestros propios criterios, y establecer un parámetro mucho más amplio.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la fuente principal de ingresos familiares en todo el mundo en un treinta por ciento es resultado del trabajo de la mujer, y en ese mismo porcentaje es que las mujeres en nuestro país se dedican al trabajo fuera del hogar.

A lo largo de los años, el periodo de lactancia materna ha estado disminuyendo, actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, el promedio de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé es de 14.4 por ciento, colocando a México en el penúltimo lugar.

Con políticas públicas (tales como la Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna de seguimiento mundial, o la del Hospital Amigo del Niño y de la Madre, preventivas, multidisciplinarias, calificables y cuantificables, de participación ciudadana, así como leyes más justas con las madres, los padres y los recién nacidos se podrán obtener los logros esperados.

Sentar las bases para la existencia de un impacto real y positivo en materia de salud, economía, educación y equidad de género, para nuestras presentes y futuras generaciones, permitirá a nuestro país construir los pilares para alcanzar las metas propias del Estado, así como las acciones estratégicas para acercarnos al cumplimiento de los compromisos internacionales y a los imperativos éticos que favorezcan a la población.

Las ventajas para la salud del hijo y la madre entre otras se encuentran; evitar alergias; se provee azúcar, grasas y proteínas necesarias para la buena salud del bebé; ayuda a la madre a recuperarse después del nacimiento y a mejorar su salud en el futuro; cada alimentación es un verdadero trasplante del sistema inmunológico maduro de la madre a su hijo; se reducen las probabilidades de padecer infecciones en los oídos, diarrea y enfermedades respiratorias; se reducen las probabilidades de desarrollar obesidad infantil.

Cualquier obstáculo en la alternativa de recibir leche materna es una violación a los derechos de la madre y recién nacido, pues existe evidencia científica decisiva sobre las ventajas de la lactancia natural para la salud.

Una menor morbilidad y mortalidad infantil, favorece en especial a las dos terceras partes de la población mundial que vive en la pobreza, puesto que representa menos gastos familiares, además de menores tasas de infecciones y menos hospitalizaciones en niños alimentados con esta leche.

Un niño que no se amamanta y que no recibe lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida, pierde todas las ventajas que proporciona la lactancia por sus nutrientes, así como sus propiedades inmunológicas, ya que la alimentación artificial puede contribuir a la malnutrición proteico-energética, y puede incluir el marasmo nutricional.

Las propiedades de la leche materna son insustituibles ya que inmediatamente después de dar a luz al bebé, la madre produce calostro y en pocos días, la leche llega y aumenta en gran cantidad para suplir las necesidades del niño.

La producción de leche de una madre está influenciada sobre todo por las exigencias de su bebé, cuya succión estimula la secreción de la leche, la cantidad con frecuencia aumenta de alrededor de 100 a 200 ml al tercer día del nacimiento y de 400-500 ml en el momento en que el bebé tiene diez días de edad y esta producción puede continuar aumentando hasta mil o mil 200 mililitros por día.

Un niño sano de cuatro meses de edad, de peso promedio y que crece normalmente, si se alimenta al pecho exclusivamente, recibirá de 700 a 850 ml de leche materna en un período de 24 horas.

Al considerar que los bebés pueden comer tanto cuanto deseen, siempre tendrán suficiente leche. Esta es probablemente la única oportunidad en la vida en que una persona puede comer tanto cuanto desee y siempre que lo desee.

Por esto todos los estudios indican con claridad que los nutrientes que hay en la leche de una madre sana y bien nutrida, satisfacen todas las necesidades nutricionales del niño si consume suficiente leche.

Como he mencionado es de particular importancia la presencia del calostro en la leche materna que genera factores antiinfecciosos (que no se encuentran presentes en las fórmulas para bebés).

Algunos anticuerpos e inmunoglobulinas actúan en el intestino del niño y atacan a los organismos que causan enfermedades, y evitan así infecciones. Células vivas, sobre todo glóbulos blancos, pueden producir sustancias importantes como interferón (que pueden combatir los virus), inmunoglobulina A, lactoferrina y lisosomas; otros factores, como el factor bífido que ayuda a ciertas bacterias amigas, como los lactobacilos, a crecer y proliferar en el intestino del niño, ayudan a garantizar un entorno ácido (por el ácido láctico) que resulta desfavorable para el crecimiento de organismos patógenos.

En términos simples, la leche materna contribuye a que el intestino del bebé sea un medio adverso y hostil para los organismos causantes de enfermedades.

No obstante la ciencia y la industria se han unido para producir sustitutos de la leche humana con la intención de imitarla en términos de la cantidad de nutrientes que hay en la leche materna.

Las fórmulas infantiles, son la alternativa de la leche materna para los bebés que no pueden ser amamantados, sin embargo todas se basan en leche de mamíferos, por lo general leche de vaca y aunque pueden ser una opción no son lo mismo.

Incluyen los nutrientes conocidos que el niño necesita, aunque en algunos aspectos las fórmulas infantiles son tan distintas de la leche humana, que pueden ser no aptas y peor aún, peligrosas.

Las leches manufacturadas no tienen las propiedades anti infecciosas y las células vivas que se encuentran en la leche humana. Los productos manufacturados pueden ocasionarle al niño problemas de salud que nunca serían causados por la leche humana.

La consecuencia más grave en niños alimentados con fórmula es una mayor tasa de eczema, otras alergias, cólicos y el síndrome de muerte infantil repentina, con respecto a niños que reciben leche materna, además los productos manufacturados son muy costosos.

Debemos asegurarnos de legislar para que se garantice el derecho a la lactancia materna y a que esta no debe ser un procedimiento complicado y difícil. Debe ser algo agradable para madre e hijo, si se dan circunstancias correctas de seguridad, apoyo, información e incentivo.

Es importante que las madres tengan un fácil acceso a una buena asesoría y apoyo, que las leyes laborales y condiciones de trabajo reconozcan las necesidades especiales de las madres lactantes en la fuerza laboral.

Si la lactancia se acepta por los y empleadores como una práctica usual y necesaria, se harán arreglos para que la madre pueda tener a su bebé cerca de ella durante los primeros seis meses de vida.

La protección, apoyo y promoción de la lactancia natural requiere de una estrategia integral que facilite a las madres y a sus hijos el ejercicio práctico de su derecho.

La alimentación con leche materna y la buena nutrición en la infancia son aspectos cruciales para la supervivencia infantil, para reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad entre los menores de cinco años, y erradicar la pobreza extrema y el hambre.

La actuación de los profesionales de la salud respecto a la lactancia ha mejorado en las últimas dos décadas, pero existe todavía la necesidad de educar a los futuros trabajadores de la salud sobre la lactancia y reeducar a los profesionales actuales. Se requiere mejorar la capacitación de los médicos, enfermeras, parteras y otros profesionales de la salud.

El Poder Legislativo, los gobiernos y la sociedad somos responsables de poder garantizar la alimentación y nutrición adecuada mediante la lactancia materna con periodos de licencia mucho más amplios y proteger los derechos de las mujeres trabajadoras.

Al mismo tiempo se requiere aumentar la conciencia colectiva sobre los grandes beneficios no solamente para los niños, sino para la sociedad en su conjunto.

Tomar medidas concretas para establecer sitios agradables de trabajo tanto como sea posible, para la madre y el niño, abogar e insistir en una política pública basada en los derechos relacionados con la maternidad y la lactancia para considerarla como “la primer vacuna” que recibe el niño, significa protegerlo de infecciones frecuentes y desnutrición que amenazan su vida. Tenemos que abordar por tanto, a la lactancia materna desde el punto de vista social, nutricional e inmunológico, dotando a nuestro marco jurídico de elementos que faciliten su acceso.

En cuanto a la prevención, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es posible evitar el síndrome de muerte súbita del lactante, o bien en adultos que recibieron lactancia materna en la infancia, suelen tener menor tensión arterial y menores concentraciones de colesterol, así como menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes.

45 por ciento de la carga de morbilidad de los menores de 5 años, se asocia con la mala nutrición. Por esto los primeros dos años de la vida del niño son especialmente importantes.

Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala:

...Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social...

Por su parte la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer:

...El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados parte tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales...

El Convenio sobre la protección de la maternidad; de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo

...Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad con una duración mínima de doce semanas y se recomienda acordar una duración de catorce...

Consecuentemente la lactancia materna es sin duda una medida preventiva para evitar enfermedades y una incuestionable fuente de alimentación sana que proporciona los nutrientes que necesita el ser humano, por estas razones tenemos que abordarla desde el punto de vista social, nutricional e inmunológico, dotando a nuestro marco jurídico de elementos que faciliten su acceso.

Fundamento legal

Por lo expuesto, el suscrito diputado José Guadalupe Hernández Alcalá , integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las licencias de maternidad y los derechos de del menor a la alimentación y adecuada nutrición a través de la lactancia materna

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 123, fracción V, del Apartado A y la fracción XI del Apartado B, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue

Artículo 123. ...

...

A.

I. a IV. ...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de ocho semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y ocho semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de cuarenta y cinco minutos cada uno para alimentar a sus hijos, hasta el término máximo de veinticuatro meses; disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles y lactarios.

VI. al XXXI. ...

B. ...

I. a X. ...

XI. ...

a)...

b)...

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de ocho semanas de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otras ocho semanas después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de cuarenta y cinco minutos cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles y lactarios.

d) a f)...

XII. a XIV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: J. Guadalupe Hernández Alcalá,Erik Juárez Blanquet, María Concepción Valdés Ramírez, María Luisa Beltrán Reyes, Natalia Karina Barón Ortiz, Norma Edith Martínez Guzmán, Tómas Octavio Félix (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Le cambié la pichada. Bien.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Daniela De Los Santos Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o de la Ley de Asistencia Social, y 15 Octavus, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Daniela De Los Santos Torres:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, alumnos de las escuelas que nos acompañan, personas que nos ven a través del Canal del Congreso.

A nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la Ley de Asistencia Social y se reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a través de la cual se pretende que sean incluidos como sujetos de asistencia por parte del Estado a los padres solos y a sus hijos.

Compañeras y compañeros legisladores, en México los padres solos son una realidad que se incrementa año con año, para nadie es un secreto que nuestra sociedad se conforma cada vez más por diversas circunstancias de familias monoparentales.

Desde el año 2005, el Consejo Nacional de Población publicó que la paternidad sin la figura materna se ha convertido en un segmento poblacional en crecimiento. Prueba de ello es que en el año 2009 este Consejo informó que existían casi 21 millones de familias en nuestro país de las cuales 907 mil estaban a cargo de hombres solteros. Esto fue en el año 2009.

Quiere decir que hoy en día seguramente hay más de casi un millón de familias que están a cargo de hombres solteros.

No obstante lo anterior, a diferencia de las madres solteras, los hombres solos a cargo de sus hijos no cuentan con el reconocimiento como grupo de atención especial que establece distintos ordenamientos legales a nivel nacional.

En este sentido, la iniciativa que presentamos pretende incluir a los padres solos como personas en estado de necesidad, para que así le conceda el pleno reconocimiento legal a un fenómeno social vigente en nuestro país, que es el aumento en el número de familias monoparentales, a cargo de hombres solos.

Este reconocimiento representará una verdadera igualdad sustantiva entre los géneros y coloca a México como un país que vigila los derechos humanos, tanto de las niñas, niños y adolescentes, como de los padres y madres de familia.

Además, como evidenció la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para una mujer o un hombre a cargo de una familia, las responsabilidades son idénticas, así como sus preocupaciones y sus tareas.

Tanto las madres como los padres deben igualmente velar por la educación, salud de los niños, vigilar su alimentación y estar al pendiente de sus necesidades.

En este sentido, como legisladores, debemos de ajustar nuestro marco legal, el cual supone de manera errónea que solamente una mujer tiene la sensibilidad para la crianza.

En cuanto a casos de padres solos se debe decir que existen valiosos ejemplos de hombres, que con esfuerzo, trabajo y responsabilidad tienen estupenda relación con sus hijos, así como una familia unida y fuerte, logrando criar de modo exitoso hombres y mujeres de bien.

Para el Partido Verde es importante reconocer a todos los hombres que llevan con orgullo y compromiso las riendas de su hogar, que están ocupados de organizar la vida laboral, las tareas en casa y que ven en cada uno de sus hijos el importante reto de hacerlos sentir amados, y que además se enfrentan a los mismos problemas de crianza que las 4.5 millones de madres solteras que existen en México.

Por último, debemos, como legisladores, asumir el reto de armonizar la legislación nacional con convenios y tratados internacionales que nuestro país ha firmado en materia de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres e interés superior de la niñez, pues de no reconocer a las familias a cargo de hombres solos estamos violentando el derecho de casi un millón de padres solteros que existen en nuestro país.

Atinadamente las mujeres decimos que no somos ni más ni menos que los hombres, demostremos que en esta Cámara legislamos también por la equidad y porque se les haga justicia a todos aquellos padres solteros. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. de la Ley de Asistencia Social y 15 Octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la Ley de Asistencia Social y se reforma la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Louise Smart Dodd, una mujer que deseaba reconocer el rol de los padres en la sociedad, especialmente de los como el suyo que cumplían la función de padre y madre al mismo tiempo, instauró en 1910 la celebración en Estados Unidos de América el Día del Padre, que hoy se conmemora en todo el mundo.

En la actualidad se conocen estudios como el realizado por el Centro de Apoyo de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) que indican las presiones que afrontan las familias monoparentales cuando los jefes de familia son hombres, entre éstas podemos señalar

1. Problemas para determinar la custodia;

2. Repercusiones en el desempeño escolar del niño, ocasionadas por la separación o pérdida de alguno de los padres;

3. Problemas causados por las citas de los padres con sus nuevas relaciones;

4. Los hombres enfrentan la presión de la sociedad, que los considera poco aptos para cuidar a un niño.

La APA establece que el hombre que acepta llevar la responsabilidad total de los hijos no tiene una tarea fácil, pues implica conjugar muchas obligaciones y evitar las presiones sociales externas. Para lograrlo sugiere

1. Establecer las horas de las comidas, actividades por la tardes, el tiempo que sus hijos deben dedicar al estudio;

2. Mantener amplia comunicación con los hijos, explicarles los cambios que se han producido en la familia, compartir los sentimientos y opiniones al respecto, pero sin transmitirles frustraciones;

3. El padre debe buscar tiempo para sí mismo, para estar con sus amigos y llevar a cabo las actividades que le gustan. No por esta nueva situación debe abandonar el deporte, la lectura o cualquier otra afición que tuviese antes;

4. Procurar mantener una actitud optimista, así el ambiente familiar será más positivo;

5. Tener una buena relación con los hijos, eso sí, sin caer en un compañerismo excesivo. Los roles deben estar claros, el padre es ante todo la autoridad;

6. Pedir ayuda a su familia o amigos.

Además, la asociación citada refiere: “Igual que las madres solteras, los hombres que por alguna situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos se enfrentan a una fuerte carga de trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, preparar la comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras”.

La aparición de familias a cargo de hombres solos, incluso ha sido analizada por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, cuando en 1972 en el caso Stanley versus el estado de Illinois, sostuvo que el padre soltero tiene derecho a su hijo, y el Estado no puede asumir la custodia sobre los menores cuando es el hombre el que queda a cargo de su hijo.

Los hombres que se quedan al cuidado de su familia forman parte de las transformaciones de la sociedad; en consecuencia, podemos observar con mayor frecuencia hombres viudos, divorciados, separados, abandonados o solteros, como cabeza de familia monoparental.

Sin embargo, a diferencia de las madres solteras, los padres solos no cuentan para sí ni para sus hijos con asistencia social y protección especial del Estado, situación que a escala internacional es la constante por la existencia de tratados y convenios internacionales que reconocen la necesidad de crear acciones afirmativas a las mujeres solas a cargo de sus familias por el ensanchamiento de las brechas de desigualdad a que se enfrentan.

La evolución de la sociedad ha derivado en la transformación de los marcos legales de distintos países, hoy es una realidad el acceso a los servicios de salud, asistencia del gobierno a padres solos y sus hijos en países como Argentina, España, Italia y Chile.

En México, los padres solos son una realidad que se incrementa todos los años. Desde 2005, el Consejo Nacional de Población publicó que la paternidad sin la figura materna se ha convertido en un sector en crecimiento; prueba de ello es que en 2009 este consejo informó que existían 20.8 millones de familias, de las que 907 mil están a cargo de hombres solteros.

Para 2010, el Censo de Población y Vivienda arrojó los siguientes datos: 59.7 por ciento de los jóvenes vive con alguno de sus padres o con ambos y sólo 36.2 vive en un hogar distinto al paterno. Una diferencia importante es el porcentaje de jóvenes que vive sólo con el padre con 2 por ciento, mientras que los que viven sólo con la madre representan 13.7.

Estimaciones de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del primer trimestre de 2013, establecieron que de los jefes y jefas de hogar en México, 55.7 por ciento corresponde a padres que viven con alguno de sus hijos; de ellos, la mayor proporción (48.4) es adulta, en el rango de 49 a 59 años; 36.6 corresponde a jóvenes de entre 20 y 39 años, a los que siguen los adultos mayores de 60 y más años, que representan 14.7, y únicamente 0.3 por ciento corresponde a padres adolescentes.

Por lo que tiene que ver con su situación conyugal, de los jefes de hogar 75.5 por ciento es casado, 20.8 vive en unión libre; 2 es viudo y 1 es separado. Además, los solteros representan 0.4 por ciento y los divorciados 0.3.

Histórica, sociológica y jurídicamente, la paternidad es asociada con el rol de proveedor principal en las familias, aunque esto ya no es del todo verdadero por la creciente integración de las madres en el ámbito laboral.

Lo anterior se refuerza con el estudio realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México donde se establece que para una mujer o un hombre a cargo de una familia, las responsabilidades son idénticas. Así como sus preocupaciones y tareas, tales como “velar por la educación y salud de los niños; vigilar su alimentación; y estar al pendiente de sus necesidades”.

En la exposición del estudio citado se establece que como sociedad, “se supone de manera errónea, que solamente una mujer tiene la sensibilidad para la crianza; sin embargo, existen valiosos ejemplos de padres que con esfuerzo, trabajo y responsabilidad, tienen estupendas relaciones con sus hijos, así como una familia unida y fuerte”.

En consecuencia, los padres solos deben enfrentarse a una especie de prueba que les plantea la sociedad que no espera o no cree en la capacidad del varón de realizar la tarea de proteger de manera satisfactoria a sus hijos sin el apoyo de una pareja.

Por este motivo se debe entender el fenómeno de los padres solos como una clara transformación de la sociedad en el mundo; y nuestro país no está al margen de estos cambios. Como botón de muestra, algunas legislaturas estatales como el caso de San Luis Potosí han impulsado iniciativas de ley para que el Estado les otorgue un apoyo a quienes tengan hijos menores de 18 años, siendo estos de tipo económico, de capacitación, o bien, para enseñarles un oficio a los hombres a cargo de sus hijos.

Para el Partido Verde, es preciso reconocer a todos los hombres que llevan con orgullo y compromiso las riendas de su hogar y que están ocupados en organizar la vida laboral, así como las tareas en casa y que ven en cada uno de sus hijos el importante reto de hacerlos sentir amados, ya que se enfrentan a los mismos problemas que las poco más de 4.5 millones de madres solteras que existen en México.

Con esta lógica, debemos apoyar a los padres solos a través de herramientas legales que les permitan salir adelante a ellos y a sus hijos, pues no debemos olvidar que ante todo debe prevalecer el interés superior de la infancia.

Sobre esto último, cabe señalar que los menores de edad que viven en familias encabezadas por padres solteros no obtienen los mismos apoyos sociales que los hijos de madres solteras; para mayor referencia, en la Ciudad de México existe una ley de atención a madres solteras, a nivel federal los programas sociales se encaminan a la protección de las mujeres jefas de familia, no así a los hombres por lo que se violenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres que se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de la violación de la Constitución federal en materia de desigualdad entre mujeres y hombres, debemos sumar la violación a los derechos de los menores de edad que viven con su padre, y que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece la obligación de crear acciones afirmativas de carácter temporal; así como las políticas y prácticas de índole legislativa, administrativas y jurisdiccional correctivas, compensatorias y de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes para no ser discriminados.

Finalmente, el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social establece: “Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación”.

En ese sentido, el Partido Verde Ecologista de México, a través de la presente iniciativa de ley, propone adicionar la Ley de Asistencia Social y reformar la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a fin de incluir a los padres solos como personas en estado de necesidad.

De esa manera, se concede el pleno reconocimiento de los hombres solos a cargo de menores de contar con una verdadera igualdad sustantiva entre los géneros y coloca a México como un país que vigila los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes en el marco de la Convención de los Derechos de la Niñez.

Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social y se reforma el artículo 15 Octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Primero. Se adiciona la fracción XIII al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

I. a XII. (...)

XIII. Los hombres solos, viudos o abandonados que sean padres y tengan a su cargo a niñas, niños o adolescentes.

Segundo.Se reforma el artículo 15 Octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a fin de quedar como sigue:

Artículo 15 Octavus. (...)

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y padres solos.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las dependencias a cargo de programas sociales deberán incluir en sus reglas de operación a los padres solos a que se refiere el presente decreto.

Notas:

1 http://www.apa.org/centrodeapoyo/familia/index.aspx

2 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/bolet in20.asp?s=inegi&c=1047

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Daniela De Los Santos Torres,Andrés Aguirre Romero, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelyng Soraya Flores Carranza, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Herminio Corral Estrada, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Sesma Suárez, José Máximo García López, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Juan Manuel Celis Aguirre, Kathia María Bolio Pinelo, Marco Polo Aguirre Chávez, María Bárbara Botello Santibáñez, María Concepción Valdés Ramírez, María Soledad Sandoval Martínez, Norma Edith Martínez Guzmán, Pedro Garza Treviño, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Susana Corella Platt, Sylvana Beltrones Sánchez, Víctor Manuel Silva Tejeda, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada De Los Santos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Derechos Humanos, para dictamen.

Saludamos la presencia del señor Óscar Gabilondo Vizcaíno, nieto de don Francisco Gabilondo Soler, conocido mundialmente como Cri Cri, invitado por la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, bienvenido mí estimado Gabilondo Vizcaíno.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Antonio Ixtlahuac.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar a la diputada Daniela De los Santos y, por supuesto, si me permite adherirme a esta propuesta tan importante en beneficio de los padres que están solteros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido también ahí en la curul del diputado Ramírez Nieto.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): De igual manera, para felicitar a la diputada Daniela De Los Santos y pedirle, de favor, si me permite suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada manifiesta su aceptación, acá ya, la andaba buscando por abajo, pero ya está de nuevo acompañándonos en la vicepresidencia, y aquí está a disposición de quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Víctor Silva, por favor, ahí.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para pedirle a la diputada De Los Santos si me permite adherirme a esta iniciativa. Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Manifiesta, desde luego, igualmente el diputado Javier Bolaños, vicepresidente, manifiesta su pretensión de suscribirla, y desde luego reitero que aquí está a disposición de quienes quieran firmarla.

EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO DE RECIBIR UN APOYO ECONÓMICO A LAS MADRES SOLAS, JEFAS DE FAMILIA, DE ESCASOS RECURSOS Y RESIDENTES EN MÉXICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Alfredo Basurto Román, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley que establece el derecho a recibir un apoyo económico a las madres solas, jefas de familia de escasos recursos y residentes en México. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Perdón, diputado. Nada más, por aquí tuvimos una omisión. En términos de que la iniciativa de la diputada Daniela De Los Santos sea turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Derechos Humanos para dictamen. Gracias. Perdón. Adelante, diputado Basurto.

El diputado Alfredo Basurto Román:Sí. No hay problema, presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas y diputados de esta Legislatura. Con su permiso, señor presidente.

En los últimos días hemos recibido iniciativas, puntos de acuerdo, modificaciones y he visto con atención que las mismas van tendientes a mejorar la situación económica, social, emocional y psicológica de las mujeres.

Refiero ese argumento en base a que la iniciativa que hoy presento ante este pleno, y desde luego la misma viene respaldada por todo el Grupo Parlamentario de Morena, es en el sentido de crear una iniciativa en la cual se establezca el derecho a recibir un apoyo económico a las madres solas, de escasos recursos económicos que residan en todo el país de México.

Se relaciona la iniciativa con lo que me antecedió en el uso de la voz la diputada. Creo que coadyuva y complementa lo que la misma hizo en su planteamiento. Mi iniciativa tiene su fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En las últimas tres décadas el mundo ha sufrido bastantes transformaciones económicas, sociales y laborales. Y desde luego, dentro de las mismas México no es la excepción, México también ha tenido bastantes modificaciones en el ámbito laboral. Y que desde luego, esto viene a repercutir en la relación laboral que existe entre patrón y trabajador, llámese esta trabajadora o ciudadana mexicana.

Lo que implica es que cada día en México el incremento de las madres solteras va en aumento, compañeros; pero al mismo tiempo, el incremento que ellas tienen, el ingreso económico disminuye.

Por diversas razones las mujeres son vejadas, son desplazadas. Ya sea porque estén embarazadas, ya sean porque son de edad avanzada, son motivos y causas por las que no se les da empleo. Y en el supuesto que se les llegara a dar un empleo, la remuneración económica que perciben por el empleo es muy bajo, por lo cual no les alcanza para las necesidades más elementales que tienen que sufragar en favor de los menores que están a su cargo.

Hay que argumentar que hay varias causas por las cuales en nuestro país la madre pasa al estatus de ser madre soltera. Algunas porque –hay que decirlo y se relaciona a muchas causas, a veces sociales o económicas– el marido o la pareja sentimental tienen que emigrar a buscar, entre comillas, un mejor sustento familiar para la misma. Pero a veces por otras causas la abandona y jamás la vuelve a recordar ni a apoyarla económicamente, y ella tiene que sufragar sola las necesidades más elementales de sus hijos.

Es por ello que el artículo 4o. constitucional establece una garantía y un derecho fundamental: que el varón y la mujer somos iguales ante la ley. Y establece los derechos que las mujeres tienen en este país, como son: una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación y desde luego tener oportunidades de desarrollarse en el ámbito laboral. Cosas que nos preocupan porque no suceden así como lo establece el mandato constitucional.

Sin embargo, en Morena, preocupados en general por todas las madres solteras, presentamos el día de hoy una iniciativa donde las madres solteras o jefas de familia o madres solas y que sean de bajos recursos económicos tengan una percepción económica mensual equivalente a cinco veces la unidad media y actualización vigente, desde luego del salario mínimo, que rige según el estado donde se les vaya a dar el apoyo.

¿A quién se mandata con esta iniciativa, compañeros? Se mandata a la Secretaría de Desarrollo Social para que lleve a cabo los programas y el establecimiento de mecanismos para ver y determinar los sujetos o las madres que sean beneficiadas en este programa y que reciban su apoyo mensual.

Apoyo mensual que debe llevar incluido, compañeros, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la salud pública, que sea universal para todas y sin exclusión alguna.

Y deberán, semestralmente, informar a esta Cámara –la secretaría–, sobre el padrón de las madres a quien se les esté dando el apoyo y nosotros ser vigilantes y fiscalizar que efectivamente el recurso que en el próximo año ejercicio fiscal que aprobemos donde se destine la partida presupuestal, sea efectivamente destinado a lo que hoy se está presentando y que en su momento espero el respaldo de todos ustedes para que sea aprobado, compañeros. Es una ley universal. Es cuanto, señor presidente. Les agradezco su atención compañeros diputados y diputadas.

«Iniciativa que expide la Ley que establece el Derecho de recibir un Apoyo Económico a las Madres Solas, Jefas de Familia, de Escasos Recursos y Residentes en México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Alfredo Basurto Román, proponente, y diputados que suscriben integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el Derecho de recibir un Apoyo Económico a las Madres Solas de Escasos Recursos y Residentes en México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las últimas tres décadas han sido el escenario de una serie de profundas transformaciones en la esfera productiva y laboral que a nivel mundial afectaron la relación existente entre trabajo y capital.

El mundo del trabajo sufrió severas afectaciones que a la fecha no han podido ser superadas, ya que el objetivo del capital mundial se centra en la intensificación de la explotación del trabajo y en la precarización de las condiciones laborales.

Los países contribuyen facilitando la flexibilización de las condiciones de trabajo, la disminución del salario, debilitamiento de los derechos laborales y el abandono de su papel como árbitro en el conflicto entre trabajo-capital. Dentro de este panorama, las y los trabajadores son quienes más han resentido el peso de los procesos de reestructuración mundial y los efectos de la crisis.

A lo largo de este periodo, las mujeres han vivido una creciente precariedad laboral, desempleo, debilitamiento de las organizaciones sindicales, disminución en la calidad de vida y exclusión en la distribución de la riqueza. Todo ello se ha traducido en una profundización del empobrecimiento y de la desigualdad en la sociedad, enfáticamente en la población femenina.

La participación de las mujeres en la vida económica y laboral del país se incrementó considerablemente. Mientras que en 2000 representaban 29.9 por ciento de la población económicamente activa (PEA), para 2015 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la representación de las mujeres en la PEA ascendió a 33.5 por ciento.

Pese al incremento y la permanencia de la participación de las mujeres en la actividad laboral, se encuentra lejos de mejorar sus condiciones de trabajo o de representar un aumento en la calidad de vida. La persistencia de prejuicios culturales tendientes a desvalorizar las capacidades y competencias de las mujeres ha fortalecido prácticas de segregación ocupacional, que las ubica en puestos de trabajo identificados como típicamente femeninos y por tanto poco calificados y mal remunerados.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por cada 100 personas en pobreza, 52.3 son mujeres, o sea, más de la mitad. La cifra total es de 30.6 millones de mujeres con un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir son pobres.

El ingreso de éstas más de 30 millones de mujeres está por debajo del valor de la canasta básica alimentaria, en estas condiciones no es de extrañar que como jefas de hogar la inseguridad alimentaria severa también sea superior a la que se experimenta en la jefatura masculina, 22.1 y 16.1 por ciento, respectivamente, evidencia una desigualdad femenina en la pobreza.

Es terrible, pero de las mujeres ocupadas pobres (trabajadoras) 94.4 de cada 100 no cuentan con seguridad social y la mitad trabaja sin contrato, situación que se repite en las trabajadoras no pobres, ahí la proporción es de 60.2 mujeres por cada 100 personas.

Esta situación se agrava al considerar que más de la mitad de las trabajadoras tienen ingresos de entre uno y tres salarios mínimos; toda esta precariedad laboral explica en gran medida su condición de mayor pobreza, obviamente superior a la masculina.

Aunado a todo lo anterior, las mujeres por diversas razones han tenido que asumir las funciones de jefa de familia como proveedoras únicas y responsables de los ingresos y las labores del hogar, y cubrir aspectos como los afectivos, de salud y educación de las y los hijos.

Los datos de la encuesta intercensal del Inegi, en 2015, nos dicen que los hogares ascienden a 31.95 millones; 22.68 son encabezados por un hombre y 9.27 millones por una mujer; es decir, de cada diez hogares que hay en el país, tres son dirigidos por una mujer. En 2010, la proporción de estos hogares fue de 24.6 y para 2015 se incrementó en todas las entidades federativas. Los valores más altos corresponden al Distrito Federal, 35.7; Guerrero, 32.7 y Morelos, 32.2 por ciento. En el extremo contrario están los estados de Nuevo León, 23.6; Zacatecas, 23.9 y Coahuila, 24 por ciento. Cabe señalar que 20 estados de la república registran porcentajes por debajo del valor nacional, que es de 29 por ciento.

En virtud del predominio de los hogares familiares en el país, la mayoría de la población infantil (menor de 18 años) forma parte de una familia con sus padres. De esta población, 70.7 por ciento vive en hogares donde la madre y el padre están presentes. Sin embargo, algunos niños no viven con el padre o la madre o viven sin el padre ni la madre. En algunos casos esto muestra condiciones de vulnerabilidad y en otros apunta al abandono de los niños. De la población infantil que forma parte de un hogar, 16.5 vive sólo con la madre, los que viven sólo con el padre representan 1.5 y los que viven sin padre ni madre son 3.7.

Las madres solas sufren por la desigualdad en las oportunidades laborales, las bajas posibilidades de desarrollo social y económico, la falta de seguridad social, las casi nulas opciones de superación en la educación y un presupuesto reducido que no alcanza para sostener una familia.

En México hay una creciente cantidad de madres solteras y de jefaturas de familias y que en este rol, se ven presionadas a buscar el ingreso para cubrir sus necesidades y las de sus hijos e hijas, a quienes dejan al cuidado de terceros mientras cubren su jornada, sin lograr llevar a casa el dinero suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Podemos pues afirmar que “las mujeres que son jefas de familia enfrentan la doble necesidad de obtener ingresos suficientes para sus familias y atender las responsabilidades del cuidado y crianza de sus hijos, e incluso de otros familiares mayores”.

El derecho humano al desarrollo de la familia es uno fundamental y se encuentra previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

El artículo 16, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala:

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

La igualdad ante la ley y la protección a la familia por el Estado constituyen también compromisos del Estado mexicano, al haber suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Varias entidades cuentan con programas de apoyo a madres solas de bajos recursos para que puedan solventar la alimentación y educación de los hijos menores, entre ellos, está el de la Ciudad de México, que da un apoyo mensual de 300 pesos, y el de Nuevo León, que les proporciona 500 mensuales. Ambos apoyos se complementan con servicios médicos, asesoría jurídica, capacitación y talleres y actividades deportivas y culturales.

Resulta pues indispensable ampliar estos programas a todos los estados para favorecer a las mujeres, que en el país representan aproximadamente 51 por ciento de la población y que 30 por ciento de los hogares mexicanos son encabezados por mujeres, por lo que el bienestar o marginación de las mujeres repercute no sólo en ellas, sino en todos los que conforman el hogar, en especial los hijos menores de edad, quienes por falta de recursos económicos abandonan la escuela para ayudar a la economía familiar, representando también una grave dificultad para que los niños y niñas tengan acceso a vivienda, una alimentación adecuada y a la seguridad social.

Lo anterior demanda que se reconozca la necesidad de establecer políticas públicas que tengan por objeto el mejoramiento de la situación social de las mujeres jefas de familia solas y de sus hijas e hijos, porque a pesar de la mayor participación de las mujeres en la vida económica, siguen viviendo situaciones de pobreza, desigualdad y discriminación en ámbitos como el laboral, político, y de salud. En Morena proponemos políticas públicas incluyentes e igualitarias, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas. Un objetivo como éste necesariamente conlleva la posibilidad de acceso a la igualdad real de oportunidades a las mujeres solas, jefas de familia, persistentemente escatimada por un modelo económico y por una realidad lacerante que se agrava cada día.

Este proyecto de iniciativa de ley busca proteger e impulsar el desarrollo económico, personal y productivo de las jefas de familia que asumen la responsabilidad total y única de los hijos menores de edad y tiene por objeto sentar las bases para que el Estado otorgue un apoyo económico a las madres solas, jefas de familia, que tengan a su cargo hijas e hijos menores de 15 años, a efecto de que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus hijos e hijas y puedan alcanzar una plena integración a la sociedad.

Por esto proponemos la creación de una ley de apoyo a las madres solas, jefas de familia, mediante la cual las mujeres que se encuentran en condiciones de desventaja socioeconómica, por el hecho de ser el único sostén económico de sus hijas e hijos menores de 15 años de edad, que se encargan en forma única y total del sustento económico de sus descendientes en línea recta, tendrán el derecho de recibir por parte del gobierno federal un apoyo económico mensual equivalente a cinco veces la unidad de medida y actualización vigente. A este apoyo se agrega el derecho de la seguridad social, consistente en servicios médicos y los medicamentos necesarios para ellas y las y los hijos menores de 15 años que proveerá el sector de salud público federal gratuitamente.

En la propuesta de ley que estamos presentando, se otorga a la Secretaría de Desarrollo Social la facultad de llevar a cabo la elaboración, supervisión y control de un padrón de beneficiarias, el cual deberá ser publicado y entregado al congreso del estado semestralmente. Asimismo se mandata al mismo Congreso a aprobar en el Presupuesto de Egresos del Ejecutivo estatal, destinar los recursos suficientes para hacer efectivo el monto correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Proyecto de Ley que establece el Derecho a recibir un Apoyo Económico a las Madres Solas, Jefas de Familia, de Escasos Recursos Residentes en México

Único. Se expide la Ley que establece el Derecho de recibir un Apoyo Económico a las Madres Solas, Jefas de Familia, de Escasos Recursos y Residentes en México, para quedar como sigue:

Ley que establece el Derecho a recibir un Apoyo Económico a las Madres Solas, Jefas de Familia, de Escasos Recursos Residentes en México

Artículo 1.La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en México, y tiene por objeto establecer y normar el derecho a recibir un apoyo alimentario mensual a las madres solas de escasos recursos residentes en el país, sin menoscabo del derecho de alimentos que de conformidad con el Código Civil Federal les corresponda y sin que revista causal de cesación o reducción de pensión alimenticia.

Artículo 2.Para efectos de esta ley se consideran madres solas de escasos recursos

I. Las madres solteras, casadas, viudas, en concubinato, en sociedad en convivencia que acrediten documentalmente la solicitud de disolución del vínculo jurídico o demanda de alimentos para ella y sus hijas e hijos, o en caso excepcional mediante acta circunstanciada ante juez cívico; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia podrá realizar los estudios socioeconómicos pertinentes para su verificación;

II. Que tengan hijas o hijos menores de 15 años; y

III. Que tengan un ingreso diario no superior a dos veces la unidad de medida y actualización vigente, incluyendo cualquier pago por derecho alimentarios.

Artículo 3.Las madres solas de escasos recursos residentes en México tienen el derecho a recibir un apoyo económico mensual equivalente a cinco veces la unidad de medida y actualización vigente.

Artículo 4.Tienen derecho a recibir el apoyo económico a que se refiere la presente ley las madres solas, jefas de familia y de escasos recursos residentes en México que cumplan los siguientes requisitos:

I. Estén inscritas en el programa de apoyo económico a las madres solas, jefas de familia y de escasos recursos residentes en México;

II. Acrediten ser madres solas de escasos recursos;

III. Acrediten la residencia en el país; y

IV. No cuenten con apoyo económico o alimentario de la administración pública local, federal o de instituciones privadas.

Artículo 5.Las madres solas de escasos recursos residentes en México y que sean beneficiarias del programa previsto en la presente ley tienen derecho a

I. Recibir ellas y sus hijas e hijos los servicios de salud, incluyendo tratamiento y urgencias, en términos de lo dispuesto de la Ley General de Salud, artículo 77 Bis 1, que establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas que carecen de seguridad social laboral;

II. Recibir asesoría legal por cualquier acto de discriminación, vejación y vulneración de sus derechos;

III. Recibir los servicios de defensoría de oficio para interponer los recursos, juicios o medios legales de defensa necesarios para proteger o reivindicar sus derechos;

IV. Conocer y tener acceso a los diversos centros de atención a la mujer, gubernamentales o privados, mediante una línea de atención telefónica o los sistemas de información con que cuenta el gobierno federal;

V. A obtener incentivos o descuentos fiscales por parte del gobierno federal; y

VI. A tener preferencia al acceso a los programas sociales que implante el gobierno federal.

Artículo 6.El Ejecutivo federal debe incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos la asignación presupuestal que garantice el ejercicio del derecho a un apoyo alimentario mensual establecido en la presente ley.

Artículo 7.El Congreso de la Unión debe aprobar en el decreto de Presupuesto de Egresos anual el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a un apoyo económico mensual establecido en la presente ley.

Artículo 8.La forma como se hará efectiva la entrega del apoyo económico mensual a las madres solas de escasos de recursos residentes en México, será mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento de la presente ley.

La operación e implementación del programa de apoyo económico a las madres solas de escasos de recursos residentes en México, estará a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 9.Los servidores públicos responsables del cumplimiento de la presente ley que se abstengan u omitan cumplir la obligación de actuar bajo los principios de igualdad e imparcialidad serán sancionados de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 10.Los servidores públicos encargados del cumplimiento de la presente ley deberán abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento del apoyo económico mensual a las madres solas de escasos recursos residentes en México, ni emplearlo para hacer proselitismo partidista o personal, en caso contrario, serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 11.Cuando se proporcione información falsa con el objeto de simular o evadir el cumplimiento o satisfacción de los requisitos establecidos en la presente ley, se hará del conocimiento de las autoridades correspondientes.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2017.

Segundo.El Ejecutivo federal contará con 120 días naturales para publicar el reglamento de la presente ley y realizar las adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para la implantación del programa que establece la presente norma.

Notas:

1 Inegi. XII Censo General de Población y Vivienda de 2010, encuesta intercensal de 2015.

2 http://www.cimacnoticias.com.mx/2015/node/62497

3 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/e i2015/doc/eic2015_resultados.pdf

4 http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=206

5 http://www.nl.gob.mx/servicios/apoyo-directo-las-jefas-de-familia

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Alfredo Basurto Román, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Blandina Ramos Ramírez, Concepción Villa González, Delfina Gómez Álvarez, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Jorge Tello López, Juan Romero Tenorio, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Chávez García, María Concepción Valdés Ramírez, Mariana Trejo Flores, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Miguel Alva y Alva, Modesta Fuentes Alonso, Roberto Guzmán Jacobo, Rodrigo Abdala Dartigues, Rogerio Castro Vázquez, Sandra Luz Falcón Venegas, Sergio René Cancino Barffuson, Vidal Llerenas Morales, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Saludamos la presencia de un grupo de invitadas y familiares del diputado Javier Bolaños, vicepresidente, provenientes del municipio de Cuernavaca, Morelos.

Igualmente, de alumnos, padres de familia y docentes de la Escuela Secundaria Francisco I. Madero, turno matutino, de Chicoloapan, estado de México. Invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero.

Así como también, de un grupo de profesionistas del estado de Puebla. Invitados por el diputado Alejandro Armenta Mier. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Virgilio Caballero, por favor. Sí, diputado.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente, para confirmar el respaldo de todo el Grupo Parlamentario de Morena, a esta iniciativa presentada por el compañero Basurto.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Basurto manifiesta desde luego su aceptación y está acá a disposición de quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 2o. y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Muchas gracias, presidente, con su venia. Hoy en día podemos comprar música, películas, libros, videojuegos, servicios de traslado particular en automóvil, tiempo aire al hablar, recargar saldo en sistemas de peaje, realizar transferencias, consultar saldos bancarios, entre otras muchas actividades a través de aplicaciones digitales desde nuestro teléfono o desde diferentes dispositivos.

Sin embargo existen aplicaciones que proveen a través de terceros productos o servicios que se comercializan única y exclusivamente de manera electrónica y que a la fecha no pagan impuestos.

Estas aplicaciones a través de su plataforma ofrecen productos o servicios que se cobran de manera inmediata y que dicho cobro se genera en nuestro país, pero la cuenta bancaria destinataria se encuentra en otra parte del mundo. Dicha plataforma genera un pago al proveedor directo del producto o servicio en nuestro país, y es este proveedor quien debe facturar y pagar los impuestos correspondientes, sin embargo la aplicación propietaria de la plataforma cobra una comisión sobre la cual la Hacienda pública no percibe impuesto alguno.

Hoy estas aplicaciones no pagan ni un peso de impuestos por sus ventas y transacciones en México. Cualquier persona que opere en territorio nacional debe contribuir al gasto público aun cuando la operación financiera concluya en una o en varias cuentas nacionales o extranjeras.

Este principio fundamental de equidad y de sentido común, como lo demuestra el escándalo de los Panamá papers, hoy los proveedores que utilizan estas aplicaciones para brindar servicios como pueden ser choferes o desarrolladores, sí pagan impuestos en nuestro país pero las aplicaciones que podríamos llamar intermediarias no contribuyen con un solo peso a la Hacienda pública mexicana.

Objetivo de la presente iniciativa es que los propietarios de estas aplicaciones electrónicas cumplan con el deber fiscal de pagar impuestos por realizar transacciones en nuestro país. Es importante recalcar que Holanda es el único país en el mundo que ha logrado cobrar impuestos a estas grandes aplicaciones.

Quiero dejar claro que con esta reforma no trasladaremos un nuevo impuesto al usuario final directo, sino a aquellos que no están pagando contribución alguna, por ello se está reformando la Ley Especial Sobre Producción y Servicios.

En Movimiento Ciudadano respaldamos el uso, desde luego, de nuevas tecnologías, porque contribuyen al desarrollo nacional, a la protección del medio ambiente y al ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo es necesario que prevalezca, en primer lugar, el principio de equidad y justicia recaudatoria para que todos paguemos impuestos y contribuyamos a la hacienda pública.

Es necesario que acabemos con cualquier coto de evasión fiscal, y ese es justamente el espíritu de la presente iniciativa. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o. y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Salvador Zamora Zamora, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 1o., 2o. y 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Hay una actividad económica creciente en el mundo que tiene que ver con el avance tecnológico, y es el comercio electrónico de productos y servicios vía aplicaciones, sin embargo esto ha propiciado que al ser trasferencias electrónicas, se haya perdido el control de los recursos que se están moviendo a través de dichos sistemas, así mismo deja de cumplirse con el principio constitucional consagrado en el artículo 31, el cual establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, equidad que en el caso específico se están incumpliendo, toda vez que son los prestadores directos del servicio quienes está pagando impuestos, y no así los editores, propietarios o vendedores de y en aplicaciones informáticas, tipo programa informático diseñados como herramientas conocidas como APP.

Estas aplicaciones informáticas tienen ganancias impresionantes por mencionar los ejemplos más representativos, nos encontramos con aplicaciones como Google play con ganancias por 3.5 millones de dólares diarios en sus 20 principales mercados, App Store con 15 millones de dólares al día en los mismos 20 mercados y Uber con 120 millones de ganancias al mes solo en México, sin que a la fecha se haya contemplado el mecanismo mediante el cual dichos editores, propietarios o vendedores, realicen algún pago de impuestos, ya que al ser transacciones electrónicas, en muchos casos el dinero no se mantiene en el país, lo cual pone a todos en clara ventaja sobre aquellos que se encuentran establecidos conforme a las normas locales o que han cumplido con sus requisitos para operar.

Hay casos en los que han llegado al descaro de obligar al prestador directo del servicio a emitir facturas, cuando es a través de una plataforma electrónica que se solicitó un producto o servicio y es a través de la misma plataforma que se realiza el cobro, así mismo los propietarios de estas aplicaciones son quienes disponen del monto del pago recibido de manera inmediata, y en algunos casos retienen el cobro hasta por 30 días antes de pagar el servicio efectuado al prestador directo, no sin antes descontar una comisión, es decir el dueño de la aplicación está cobrando por utilizar su plataforma sin pagar un solo peso de impuestos.

Está claro que hay una competencia con los establecimientos y servicios que se encuentran licenciados y/o permisionados o concesionados, por un lado tenemos a las empresas que pagan sus impuestos, que generan verdadero empleo y que son una referencia para el establecimiento de los estándares económicos del país y por otro lado tenemos a las empresas que operan en la clandestinidad determinando ellos mismos sus tarifas, generando cobros excesivos creando la propia saturación de la oferta y la demanda, generando un autoempleo que no cumple con las leyes laborales de nuestro país; es cierto que le corresponde a cada estado de la republica generar los candados necesarios para permitir o no la operación de las empresas de servicios, pero como Federación no podemos quedarnos con las manos cruzadas cuando hay gobiernos que más allá de regular estas prácticas las están fomentando, esta iniciativa no busca que los frenar la innovación ni que la oferta de productos o servicios por medio de aplicaciones desaparezcan; lo que se busca es que estas, tengan un control claro, puesto que hay aplicaciones que ni siquiera están respaldadas por empresas legalmente constituidas en México, lo cual evidentemente es un acto de ilegalidad, ya que la prestación de un servicio debe ser responsabilidad de aquel que está poniendo la plataforma y de aquel que la está usando para dar el servicio, ya que ante un problema ambos deben responder por igual.

Debe existir entre las prácticas mercantiles mecanismos de equidad, que eviten las competencias desleales, situación por la cual presente esta reforma, que tiene como finalidad establecer una tasa de impuestos a aquellos editores, propietarios o vendedores de y en aplicaciones informáticas, para que al igual que cualquier empresa que opera en este país tenga la obligación de contribuir al gasto público de forma equitativa.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 1o., 2o. y 19 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta ley. Para efectos de la presente ley se considera importación la introducción al país de bienes.

II. La prestación de los servicios señalados en esta ley.

III. Editores, propietarios o vendedores de y en aplicaciones informáticas, tipo programa informático diseñados como herramientas conocidas como APP.

...

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I....

I Bis. Los que a través de aplicaciones informáticas, tipo programa informático diseñados como herramientas para permitir a un usuario acceder, comprar o alquilar contenido digital se enterara el 8 por ciento por cada transacción realizada, debiendo entregar al usuario la factura correspondiente únicamente por su compra.

II.En la prestación de los siguientes servicios:

...

D) Los que se presten a través de aplicaciones informáticas, tipo programa informático diseñados como herramientas para permitir a un usuario de la aplicación obtener algún tipo de servicio, se enterará el 8 por ciento por el costo de cada servicio, únicamente por la comisión que cobra el editor, propietario o vendedor de dichas aplicaciones. Asimismo se entregará factura por dicho servicio a los usuarios debiendo ser emitida por el editor, propietario o vendedor de dichas aplicaciones.

Artículo 19. Los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

...

XXIV. Los editores, propietarios o vendedores de y en aplicaciones informáticas, tipo programa informático diseñados como herramientas conocidas como APP, deberán presentar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, un informe que contenga el número de servicios, o archivos digitales con sus respectivos costos, conforme a las obligaciones descritas en el artículo 2 fracción I Bis y fracción II inciso D.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Ssecretaría de Hacienda y Crédito Público contara con un término de 90 días para establecer las reglas que deberán seguir las personas físicas o morales que operen bajo este esquema.

Tercero.Las personas físicas o morales a las que les aplique la presente reforma, tendrán un plazo de 60 días para dar cumplimiento a los trámites que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público establezca, de lo contrario deberán dejar de operar.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 7 de abril de 2016.— Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE HIDROCARBUROS Y LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 129 de la Ley de Hidrocarburos; y 25 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Buenos días, compañeras y compañeros. La protección a nuestros recursos naturales no renovables es urgente; es momento de que actuemos todos.

Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros diputados, uno de los principios rectores de Nueva Alianza es el cuidado y protección del medio ambiente. Desde nuestra conformación es un tema central de nuestra agenda legislativa.

Con esa iniciativa que adiciona un párrafo tercero al artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos, y un párrafo séptimo al artículo 25 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, a fin de que dicha agencia trabaje coordinadamente con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa.

Refrendamos nuestro compromiso de fortalecer el marco institucional de protección y justicia ambiental. Nos preocupan los impactos negativos que en materia ambiental puedan ocasionarse en todo el proceso de los proyectos de extracción de hidrocarburos. La preocupación no es gratuita; la actividad productiva de generación de energía y extracción de hidrocarburos conlleva a altos riesgos de deterioro ambiental.

De acuerdo con la organización Greenpeace, se estima que 3 mil 800 millones de litros de hidrocarburos entran cada año a los océanos, como resultado de las actividades humanas. De estos sólo el 8 por ciento se debe a fuentes naturales, el 22 por ciento se deriva de descargas operacionales intencionales de los barcos, el 12 por ciento por derrames de buques y otro 36 por ciento por descargas de aguas residuales.

Estos accidentes provocan graves daños a los ecosistemas y a la salud humana con las consecuentes afectaciones socioeconómicas. La reforma energética implica no sólo el cambio del modelo productivo, sino también un punto de inflexión en el tema de protección hacia el medio ambiente que debe marcar un antes y un después en el sector.

Con dichas reformas se crearon métodos para garantizar la justicia ambiental en materia de hidrocarburos y en todas las actividades energéticas a la que será sometido el territorio nacional derivado de la abertura al sector privado.

Al conformarse la agencia nacional de seguridad industrial y protección al medio ambiente del sector de hidrocarburos, dotamos al sector de un esquema legal, administrativo y regulatorio que privilegie la protección de los recursos naturales y al medio ambiente.

Pero como toda ley es perfectible, pues tal como se encuentra ahora, la agencia se define como un órgano técnico que emitirá lineamientos y mecanismos en materia de seguridad industrial y operativa, así como de protección ambiental, el problema es que no se reconocen las atribuciones de la Procuraduría de Justicia Ambiental.

Si bien la Profepa goza de facultades para ejercer acción, demandar judicial la responsabilidad ambiental establecidas en el artículo 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

En Nueva Alianza consideramos conveniente que ambas instancias deben trabajar de manera coordinada para lograr mejores resultados evitando la impunidad y previendo daños irreparables. Debemos reconocer que la exploración y explotación de los recursos energéticos contribuyen a una de las grandes fuentes de contaminación en todo el planeta.

De 1960 al 2010 se han producido más de 130 derrames de crudo graves en mares y ríos alrededor del mundo, y al menos una docena que han superado cifras de 100 mil toneladas vertidas sobre los ecosistemas marítimos.

No obstante en México se trabaja en la búsqueda de una justicia ambiental equitativa. Debemos reconocer que en materia ambiental nuestro país se encuentra ampliamente rezagado legislativamente y administrativamente.

Lo que proponemos es otorgar facultades coordinadas a la Profepa y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos para fortalecer la autoridad de ambas instancias con competencias sancionadoras y técnicas, a fin de alcanzar una justicia ambiental digna y estable.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que estas reformas permitirán un sector energético más seguro y respetuoso del medio ambiente. Sabemos que explotar de manera eficiente todos los recursos en el subsuelo, aprovecharlos de manera integral, protegiendo en todo momento la conservación del medio ambiente, es un reto. Es un reto que México tiene por delante.

Y, para Nueva Alianza, los retos de México son nuestro impulso, son nuestra alerta para seguir construyendo y mejorar el medio ambiente. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 129 de la Ley de Hidrocarburos y 25 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos y de la misma manera un párrafo séptimo al artículo 25 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La justicia ambiental es un concepto que obliga y vincula directamente a la protección de los ecosistemas, englobando flora, fauna, tierras, entre otros aspectos más. Es menester señalar que en México se trabaja en la búsqueda de una justicia ambiental equitativa y con sanciones ejemplares para lograr preservar la amplia biodiversidad que existe dentro del territorio nacional.

El derecho ambiental ha generado a lo largo de su existencia diferentes y cada vez más complementarias definiciones del concepto de “justicia ambiental”. Según una publicación electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se define como “la posibilidad que el orden jurídico y los diseños institucionales otorgan a las personas de un determinado estado para acudir ante los órganos jurisdiccionales, y hacer valer por esta vía sus derechos en materia de protección al medio ambiente, previstos en su marco normativo”.

Por otra parte, la procuración de justicia es otro concepto del cual debería tenerse claridad, que hace referencia al accionar u obligatoriedad del estado o autoridad para garantizar a los ciudadanos un medio ambiente sano tal y como se desprende en el caso de México desde el texto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece el medio ambiente sano como un derecho humano.

Estos dos conceptos supracitados se convierten en el principal eje de la propuesta que nos ocupa, misma que buscamos enfocar en el tema de los hidrocarburos, desprendiéndose de la Reforma Energética recientemente aprobada y que se encuentra en el inicio de su marcha en nuestro país.

Si bien es cierto que se buscó garantizar la protección al medio ambiente en la extracción, exploración y procesamiento de los hidrocarburos, es necesario señalar que en materia ambiental nuestro país se encuentra ampliamente rezagado, legislativa y administrativamente hablando, lo que nos compromete a redoblar esfuerzos para garantizar este concepto plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Derivado del desarrollo tecnológico y la industrialización en la época actual alrededor del mundo, la explotación y búsqueda de los recursos energéticos se ha convertido en una de las grandes fuentes de contaminación en nuestro planeta.

A lo largo de la historia mundial han existido desastres naturales ocasionados por la extracción de hidrocarburos que generalmente han provocado daños incuantificables a los ecosistemas marítimos y en materia económica de alto costo para los involucrados.

El desastre ocurrido el 20 de abril del 2010 en el Golfo de México provocado por una explosión en una plataforma petrolera de la empresa British Petroleum, no sólo fue considerada la peor catástrofe ocurrida en Estados Unidos de América (EEUU), sino que también ha sido uno de los que más daños ha provocado en la historia.

Desde 1960 al 2010 se han producido más de 130 derrames de crudo graves en mares y ríos alrededor del mundo: en al menos una docena se han superado cifras como 100 mil toneladas vertidas sobre los ecosistemas marítimos.

Según la organización Greenpeace “se estima que 3 mil 800 millones de litros entran cada año a los océanos como resultado de las actividades humanas, de éstos, sólo ocho por ciento se debe a fuentes naturales; por lo menos 22 por ciento a descargas operacionales intencionales de los barcos, 12 por ciento por derrames de buques y otro 36 por ciento las descargas de aguas residuales”

Los daños que generan estos accidentes o derrames de hidrocarburos a los ecosistemas son de alto impacto, con consecuencias como la muerte en grandes cantidades de especies que se ven expuestas o en contacto con las sustancias tóxicas vertidas y destrucción de la flora dentro de estos ecosistemas. Incluso si ocurren cerca de zonas de hábitat humano, provoca serias enfermedades para las personas que puedan llegar a estar en contacto con los vertidos.

En México, con la reciente Reforma Energética se crearon métodos para garantizar la justicia ambiental en materia de hidrocarburos y en todas las actividades energéticas a las que será sometido el territorio nacional derivado de la apertura al sector privado.

Por ello, se creó un órgano técnico denominado Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Esta agencia tiene por objeto el descrito en el artículo 1o. de la ley que lleva su nombre, que a la letra dice:

“ Artículo 1o.La presente ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el territorio nacional y zonas en las que la nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión.

La agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de:

I.La seguridad industrial y seguridad operativa;

II.Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y

III.El control integral de los residuos y emisiones contaminantes.”

Esta agencia entre sus atribuciones descritas en la mencionada ley en el artículo 5o. establece que podrá:

“XI. Imponer medidas de seguridad, de apremio o sanciones que resulten aplicables conforme a la legislación correspondiente;”

La creación de la señalada agencia sin lugar a dudas ahonda en la elaboración de lineamientos técnicos para buscar evitar el daño ambiental o de gestión en el manejo de los hidrocarburos en el país; sin embargo, no debemos desvincular u olvidar que contamos con una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que tiene y goza de facultades sancionadoras a todo aquel que dañe los ecosistemas.

En Nueva Alianza, estamos en favor de la Reforma Energética, por ello jamás dejaremos de buscar el fortalecimiento institucional o las acciones necesarias para proteger el medio ambiente sano del cual somos garantes las y los mexicanos.

Es sabido que, y como se ha señalado en la presente propuesta, la actividad de extracción y exploración de estos compuestos representan una constante peligrosidad en materia de accidentes que pueden dañar los ecosistemas nacionales.

Derivado de lo anterior, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que busca fortalecer la justicia ambiental garantizando la procuración de la misma, mediante el otorgamiento de facultades coordinadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la agencia materia de nuestra propuesta para fortalecer a la autoridad con competencia sancionadora y al mismo tiempo técnica, y así lograr una justicia ambiental digna y estable, misma que hará la actividad energética en el país rentable y atractiva para el sector privado internacional, así como brindar un desarrollo sustentable en el sector energético nacional.

Argumentación

La ya mencionada Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, se prevé en la Ley de Hidrocarburos en el artículo 129 que señala:

“ Artículo 129.Corresponde a la agencia emitir la regulación y la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y operativa, así como de protección al medio ambiente en la industria de hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar y desarrollar de manera sustentable las actividades de la industria de hidrocarburos.

La agencia deberá aportar los elementos técnicos para el diseño y la definición de la política pública en materia energética, de protección al medio ambiente y recursos naturales, así como para la formulación de los programas sectoriales en la materia, que se relacionen con su objeto.

La agencia se regirá por lo dispuesto en su propia ley.”

Lo anterior, lo define como un órgano técnico que emitirá lineamientos y mecanismos en materia de seguridad industrial y operativa, así como de protección ambiental, atribuciones que dejan de lado la procuración de justicia ambiental, misma que es vital para sancionar aquellas personas físicas o morales que a través de la actividad relacionada con los hidrocarburos dañe o provoque un menoscabo en la biodiversidad de nuestro país.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que no es suficiente la competencia de la agencia como órgano técnico, sino que debemos promover una coordinación de la misma con la Profepa, para brindar certeza jurídica a la cuestión de la justicia ambiental, evitando impunidad al momento de actuar en contra de alguna negligencia que dañe o ponga en riesgo los ecosistemas nacionales.

Tal como se señala en el portal de internet de la procuraduría, esta nace por: “la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, no tan sólo en sus ciudades, sino también en sus bosques, selvas, costas y desiertos, lo cual, sumado a una serie de eventos desafortunados como explosivos en el subsuelo, originó que el Ejecutivo federal implementara sus políticas públicas afines al medio ambiente y tomara la decisión de crear un organismo que tuviera entre sus atribuciones, la de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación al suelo y al aire, y el cuidado de los recursos naturales.”

Lo anterior, y la base de nuestra propuesta de realizar actividades coordinadas de la Profepa con la agencia en materia de justicia ambiental, se desprende de las facultades para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental establecidas en el artículo 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que a la letra dice:

“ Artículo 27. Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente ley, podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este título, en términos de lo dispuesto por la presente ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimientos judiciales a los que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 28. Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

III. La federación a través de la procuraduría, y

IV. Las procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.”

De esta forma, se convierte en una responsabilidad ineludible que la Profepa participe en todas las actividades donde se vea vulnerado el medio ambiente sin exclusión alguna. De la misma forma, esto se establece en el Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018, donde se señala que:

“La procuración de justicia ambiental constituye uno de los rubros más importantes de la gestión ambiental en nuestro país. Responde a la principal petición de la sociedad de contar con un ambiente sano y con garantías para el acceso a instrumentos y procedimientos jurídicos que permitan la defensa de sus derechos ambientales, así como la resolución oportuna y expedita de las controversias suscitadas por las irregularidades cometidas y los daños ocasionados al entorno.

En México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la institución del gobierno federal responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables para la prevención y protección del ambiente y los recursos naturales.”

La procuración de justicia ambiental no es un tema exclusivo de nuestro país: es un tema de los países desarrollados, donde se ha buscado implementar estos criterios como los rectores de las economías mundiales más avanzadas.

Existen diversos documentos internacionales donde se manifiesta la lucha constante contra la contaminación del medio ambiente proveniente de los hidrocarburos, mismos en los cuales México ha manifestado su interés de participación como en el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos.

En su artículo primero establece que las partes se comprometen, conjunta o individualmente, a tomar todas las medidas adecuadas, de conformidad con las disposiciones del convenio, para prepararse y luchar contra sucesos de contaminación por hidrocarburos.

Derivado de lo anterior, las y los diputados de Nueva Alianza, mismos que siempre nos hemos manifestado en favor de la protección al medio ambiente, presentamos esta propuesta buscando ser congruentes con nuestros principios, que fortalecen el marco institucional de protección y justicia ambiental en los temas energéticos que atañen a nuestro país.

Fundamento Legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos y un párrafo séptimo al artículo 25 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Artículo Primero.Se adiciona un párrafo tercero al artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos para quedar como sigue:

Artículo 129. ...

...

La agencia deberá actuar en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en materia de justicia ambiental según lo dispuesto en su propia ley y en la Ley de Responsabilidad Ambiental.

...

Artículo Segundo.Se adiciona un párrafo séptimo al artículo 25 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a la IV. ...

...

...

...

...

La agencia deberá dar parte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los casos en que deba darse inicio a una demanda de responsabilidad ambiental.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diana Lucero Ponce Nava, Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental y Territorial en México. Publicación electrónica consultada en (http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3053/11.pdf)

2 Impactos Ambientales del petróleo (http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/1/impactos_ambienta les_petroleo.pdf)

3 Consultado en http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1161/1/ mx/acerca_de_profepa.html

4 Programa de Procuración de Justicia Ambiental http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/5796/1/ppja_2014-2018.pdf

5 Consultado en https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvenio/PAG0403.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Saludo a mis compañeros de la Mesa Directiva, al presidente de la Mesa, a mis compañeros legisladores, particularmente a los compañeros de la Universidad Autónoma de Metropolitana, Unidad Iztapalapa, que hoy nos acompañan, agradezco su visita, y a todos los que tienen a bien acompañarnos en este recinto.

Ninguno de nosotros puede mirar a los ojos a los niños si continúa aprobando o consintiendo cualquier forma de violencia hacia ellos. El día de hoy presento ante esta tribuna una iniciativa que busca proteger a nuestros niños de un delito silencioso, se trata del abuso sexual.

La violación y el abuso sexual infantil son una de las formas más graves de violencia contra la infancia, que conlleva afectos devastadores en la vida de los niños que la sufren. Los datos demuestran lamentablemente que estos delitos han ido creciendo, particularmente dentro de las escuelas.

Por ello, y con el objetivo de contribuir a la protección de los menores de edad a su prevención, propongo la creación del Registro Nacional de Violadores y Agresores Sexuales, con la finalidad de prevenir que personas que han sido sentenciadas por estos delitos pretendan trabajar o desempeñar cualquier actividad pública o privada que implique el contacto directo o habitual con los infantes.

Con datos del Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, las otras víctimas invisibles del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas destacan resultados recopilados por expertos en donde se cuenta que el 90 por ciento de las víctimas de violencia sexual son mujeres y 4 de cada 10 son menores de 15 años de edad.

La impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones. Señalan, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2014, que existe una estimación de que la cifra negra de los delitos ocurridos en México es aún más grave. La cifra negra de estos delitos en estudios realizados de 2012 2015 nos lleva a estimar en casi 3 millones los delitos realizados. Esto es más de 700 mil delitos sexuales anualmente.

Los datos arrojan que además casi cuatro de cada 10 de las personas que figuran como víctimas de violencia sexual, además de ser menores de edad, encuentra que los daños, los abusos ocurrieron dentro de los centros escolares.

Bajo la investigación realizada se encontró que desde hace varias décadas ya existen en diferentes países del mundo registros nacionales de abusadores sexuales, con el objetivo de prevenir la posible comisión de este delito manteniendo localizados a los delincuentes sexuales.

Se tiene conocimiento que esta acción tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica, siendo la legislación más representativa la llamada Ley Megan, nombrada en recuerdo de Megan Kanka, una niña de 7 años de Nueva Jersey que fue violada y asesinada por un conocido delincuente sexual.

Reino Unido cuenta con el Registro de Ofensores Violentos y Sexuales, que sólo puede ser consultado por la policía. Canadá cuenta con Ley de Registro de la Información de Ofensores Sexuales. España establece el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que tiene como uno de sus objetivos un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores tienen condenas por este delito.

En América Latina lo encontramos en Chile, que cuenta con un Catastro Nacional de Pedófilos, Argentina, un Registro Nacional de Datos Genéticos sobre Delitos contra la Integridad Sexual.

Sobre estadística en nuestro país no se cuenta con datos fidedignos sobre la magnitud de este aberrante delito, tampoco sobre la reincidencia que tienen los agresores y mucho menos un seguimiento sobre su actuar dentro de nuestra sociedad. Hoy un violador o un agresor sexual puede estar trabajando como maestro o puede estar cuidando a nuestros hijos sin que nadie pueda prevenir nuevamente el delito.

Compañeros, por décadas nuestra sociedad nos ha exigido quitarnos la venda y ver esta dura realidad, por eso hoy tenemos que actuar por todos esos niños que no tienen voz, por ellos y para ellos.

El objetivo es claro, se trata de prevenir. Por eso proponemos que estas personas queden inhabilitadas para ejercer profesión, cargo, comisión, empleo o toda actividad pública o privada, que implique la atención directa o indirecta en el contacto con menores.

Toda institución pública o privada que tenga a su cargo a menores de edad y que requiera contratar los servicios de una persona que directa o habitualmente se relacione con niños, deberá estar obligada a consultar el registro, con la finalidad de prevenir cualquier acto en contra de la integridad de los niños y de los adolescentes. Eso quedará en el expediente del trabajador.

Diputados, hoy les invito a apoyar esta propuesta. No podemos ser indolentes ni podemos estar absortos del sufrimiento de miles de niños que han vivido estos deleznables hechos y aun los que están en la mira de los delincuentes sexuales.

Protegerlos es nuestro compromiso, esa es nuestra terea y con esto pretendo que podamos hacerlo de mejor manera. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por el que se crear el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violación y el abuso sexual infantil son unas de las formas más graves de violencia contra la infancia, que conlleva efectos devastadores en la vida de los niños que lo sufren, constituyendo graves violaciones a sus derechos. Los datos demuestran lamentablemente que estos delitos han ido creciendo, particularmente dentro de las escuelas. Por ello, con el objetivo de contribuir a la protección de los menores de edad, se propone la creación del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, con la finalidad de prevenir que personas que han sido sentenciadas por estos delitos pretendan trabajar o desempeñar cualquier actividad pública o privada que implique el contacto directo o habitual con los infantes.

Se establece, además, la actualización del registro y se lleven a cabo acciones coordinadas desde los tres órdenes de gobierno para detectar y prevenir oportunamente que estos delitos sexuales no se vuelvan a repetir.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

Asimismo, el Comité de Derechos del Niño, en su Recomendación Nº 13, señala que: “Constituye abuso sexual toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que este tiene derecho a la protección del derecho penal. También se consideran abuso las actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas y otros medios de presión.”

La protección de los niños frente a todas las formas de violencia, como lo es el abuso sexual, es un derecho estipulado en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, instituye que:

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”

De igual manera el artículo 34, establece que:

Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias.

En lo que respecta a nuestra legislación, el Código Penal Federal establece un capítulo específico denominado Título Décimo Quinto, Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, capítulo I, Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. En él se establecen los tipos penales en materia de delitos sexuales, actos que van en contra de la voluntad de las personas, afectando para siempre su desarrollo en todos los aspectos de su vida.

El mismo ordenamiento establece además los delitos por corrupción de personas menores de dieciocho años de edad previsto en el artículo 201; pornografía previsto en el artículo 202; turismo sexual previsto en el artículo 203 y 203 Bis; lenocinio previsto en el artículo 204; pederastia, previsto en el artículo 209 Bis.

El Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) presentó el Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual “Las Otras víctimas invisibles”, que fue realizado con el apoyo de 16 de las 32 entidades federativas, con el objetivo de visibilizar las diferentes formas de violencia sexual que ocurren en el país. Dentro de resultados recopilados por los expertos se dio cuenta de que el 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, 4 de cada 10 víctimas son menores de 15 años y que 9 de cada 10 agresiones son cometidas por hombres.

En el citado documento expone que en el “quinquenio en estudio (2012-2015) se integraron en total 83 mil 463 averiguaciones previas por delitos de violencia sexual en estos 16 organismos de procuración de justicia.” Es decir, en los estados en donde se pudo realizar el estudio, se encuentro de manera preocupante que la baja cantidad de averiguaciones previas en delitos sexuales es un hallazgo de suma relevancia y señalan que se están integrando menos de 20 mil averiguaciones previas por delitos sexuales por año, por lo que indican que la impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones.

Asimismo, señalan que de acuerdo a la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014” realiza una estimación de la cifra negra de los delitos ocurridos en México, en donde, de acuerdo a esta estimación, 93.8 por ciento de los delitos no se denuncia, ahí se incluyen los delitos sexuales. Además, la cifra negra de delitos sexuales en los años estudiados se puede estimar en 1 millón 414 mil 627 en la mitad de las entidades federativas, es decir, en todo el país 2 millones 996 mil 180, o que representa casi 600 mil delitos sexuales anualmente.

También informan que los delitos de abuso sexual y violación son los que concentran el mayor número de las averiguaciones previas, con un total de 56 mil 227, lo que representa el 67.4 del total de averiguaciones por delitos sexuales y más de 81 por ciento de las averiguaciones previas son mujeres, de estos, el abuso sexual como los delitos más frecuentes con (46 mil 977) y violaciones con (35 mil 898).

Los datos arrojan, además, que casi cuatro de cada diez (37.38 por ciento) de las personas que figuran como víctimas de violencia sexual en las averiguaciones previas son menores de 15 años, siendo relevante que la mitad de los presuntos delitos sexuales ocurrieron en la casa habitación de la víctima y más de la quinta parte en lugares públicos. Además, se encontró que 38.1 por ciento de los asuntos de violencia sexual atendidos ocurrieron en centros escolares.

Sobre impartición de justicia para las víctimas de violencia sexual tenemos que en el quinquenio antes señalado, se integraron 81 mil 550 averiguaciones previas por delitos sexuales en los 15 organismos de procuración de justicia estatales que brindaron información para el estudio, y se infiere que más de 50 mil casos de violencia sexual que son investigados no alcanzan a llegar a instancias de impartición de justicia.

De acuerdo a la información brindada para el Diagnostico por instituciones de salud en 22 entidades federativas, que entre los rangos de edad que fueron víctimas de violencia sexual el 31 por ciento del total se encuentra entre 0 a 15 años, y del total de personas atendidas (2 millones 549 mil 849) el 54.3 por ciento son hombres y 45.7 mujeres víctimas de violencia sexual.

Como parte de la investigación se encontró que del total de personas agresoras (27 mil 274) 2.6 por ciento son mujeres y 97.4 por ciento son hombres, en donde el 73.8 por ciento de los agresores tiene entre 16 y 45 años de edad.

Por último, es importante señalar que los casos reportados por la Secretaria de Salud con respeto a antecedentes de violencia sexual en la víctimas, informan que 94.2 por ciento son mujeres y 5.8 por ciento son hombres, de esos datos se desprende que 39 por ciento fue víctima de este delito por primera vez y el 60 por ciento son casos subsecuentes.

Con datos del documento Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso y explotación sexual infantil, elaborado por Save The Children y el gobierno de España se plantea que “Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.”

Bajo la investigación realizada, se encontró que desde hace varias décadas ya existen en diversos países del mundo Registros Nacionales de Abusadores Sexuales, con el objetivo de prevenir la posible comisión de este delito manteniendo localizados a los delincuentes sexuales. Se tiene conocimiento que esta acción tiene su origen en los Estados Unidos de América.

Estados Unidos de América

De acuerdo a legislación comparada “Desde 1947, California cuenta con una ley de registro para ofensores sexuales condenados, para ser aplicada en todo el estado. Sin embargo, entre ese año y 1989, sólo doce estados habían adoptado leyes de registro. A partir de 1990 la política pública cambia radicalmente, así el estado de Washington promulgó la primera ley de registro y notificación a la comunidad (Community Protection Act of 1990), permitiendo la difusión de la información identificatoria de los registrados a las comunidades en las que estos viven.”

“La ley de Megan fue nombrada en recuerdo de Megan Kanka, una niña de siete años de Nueva Jersey, quien fue violada y asesinada por un conocido delincuente sexual registrado que se había mudado al otro lado de la calle de la casa de la familia sin el conocimiento de ellos. A raíz de la tragedia, los Kanka buscaron que las comunidades locales estuvieran advertidas acerca de los delincuentes sexuales en el área. Todos los estados tienen ahora una forma de la Ley de Megan.”

Esta ley es conocida en casi todo el mundo, derivado a que en la mayoría de los estados de la Unión Americana se establece que la información del Registro es pública, basado en que los ofensores sexuales tienen una alta probabilidad de reincidencia. El procedimiento que se utiliza en la mayoría de los casos, es mediante la notificación, con la finalidad de mantener alerta tanto a autoridades judiciales, escuelas y sociedad en general sobre la presencia en sus comunidades de delincuentes sexuales y, de esta manera prevenir este delito.

La ley también establece la notificación constante por parte de los órdenes de gobierno, a fin de mantener el registro actualizado.

Reino Unido

De acuerdo al documento “Registro y Publicidad de condenas por delitos sexuales en la legislación comparada de la Biblioteca del Congreso de Chile”, en este país se tiene que “La obligación de registro fue impuesta originalmente por la Ley de Ofensores Sexuales (Sex Offenders Act - SOFA) de 1997. En el año 2000, la SOFA fue modificada por la Ley de Justicia Criminal y del Servicio de Tribunales (Criminal Justice and Court Services Act), estableciendo la obligación de los condenados por delitos sexuales de notificar a la policía respecto de cualquier intento de viajar fuera del Reino Unido. Posteriormente, en el año 2003, la Ley de Delitos Sexuales (Sexual Offenses Act) derogó la SOFA y reemplazó todas sus disposiciones, endureciendo los requerimientos registrales recaídos sobre los ofensores sexuales.”

Señalan, que en 2000 fue modificada la Ley de Ofensores Sexuales por la Ley de Justicia Criminal y el Servicio de Tribunales, en la cual se obligaba a los condenados por delitos sexuales a notificar a la policía cuando pretendían viajar fuera de su país. El Registro de Ofensores Violentos y Sexuales, sólo puede ser consultado por la policía.

Canadá

Este país tiene una Ley de Registro de la Información de los Ofensores Sexuales (Sex Offender Information Registration Act-SOIRA), la cual crea un sistema nacional de registro destinado a mejorar la seguridad pública al ayudar a la policía a identificar a los posibles sospechosos que pudieren encontrarse cerca del lugar del delito.

El mismo documento de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile realiza el siguiente análisis:

De la regulación de los registros de condena por delitos sexuales y su publicidad, en Estados Unidos de América, EUA, Canadá y Reino Unido, se puede concluir:

1. Acceso al público y objetivo del registro: mientras en EUA los registros de condenas de delincuentes sexuales son de acceso abierto al público, en Canadá y Reino Unido sólo tienen acceso a él las autoridades.

En consecuencia, los fines que persiguen pueden diferir: la publicidad o notificación de la comunidad permitiría fomentar su autoprotección, versus la identificación de sospechosos permitiría la resolución de investigaciones policiales o colaborar en su prevención.

2. Rango de la norma reguladora: En todos los países analizados los aspectos esenciales del sistema son regulados legalmente, y no administrativamente.

3. Contenido del registro: Todos los registros extranjeros analizados exigen datos tales como: nombre, apellido, domicilio, lugar de trabajo o estudio, teléfonos, fotografías (EUA y Reino Unido) o descripción física (Canadá), entre otros.

4. Plazo de vigencia del registro: Los plazos de duración de los registros por delitos sexuales dependen de la gravedad del delito cometido o peligrosidad del ofensor, pudiendo ser vitalicio, y generalmente es un plazo mayor que la duración de la condena.

España

Mediante el denominado Real Decreto 1110/2015, del 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, se tiene dos objetivos el primero de ellos es que “se pretende la prevención y protección de los menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de conformidad con las normas nacionales y supranacionales, y acorde con los sistemas registrales de otros países de nuestro entorno. En segundo término, se desarrolla un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en España como en otros países, por los delitos a los que se refiere este real decreto”

Y en último lugar, se busca facilitar la investigación e identificación de los autores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima.

En este caso, su sistema de información no es pública e incluye delitos como el delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de personas.

Chile

De acuerdo a una nota periodística la Ley que crea el Catastro Nacional de Pedófilos, y hasta el 12 de febrero de 2015, son 2.771 las personas que se encuentran inhabilitadas para trabajar con menores de edad, por estar condenados por delitos sexuales contra ellos.

En total señalan que se han realizado 889 mil 360 consultas al Registro de Inhabilidades y de éstas se han detectado a mil 325 hombres con imposibilidad de trabajar con menores y a 16 mujeres en la misma situación.

Argentina

El 23 junio de 2013, este país promulgó la Ley 26.879 que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos, sobre delitos contra la integridad sexual, con el “fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual previstos en el Libro Segundo, Título III, Capítulo II del Código Penal, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables.”

Mandata que este Registro: “almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos.”.

Asimismo, en diversos países se han publicado iniciativas para crear el registro como Puerto Rico y Perú entre otras, para crear Registros nacionales sobre violadores y abusadores sexuales, así como registros sobre perfiles genéticos para investigaciones.

Pero que datos se tienen con respecto a la reincidencia de las personas sentenciadas particularmente por delitos sexuales. Si bien, nuestro artículo 18 Constitucional, señala en el párrafo segundo que: El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley; esto no sucede en la práctica.

De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014 reincidentes son aquella “Personas condenadas por sentencia ejecutoriada dictada por cualquier tribunal de la república o del extranjero, que cometen un nuevo delito sin que hubiera transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la prescripción de la sanción”

El documento “Tasa de reincidencia penitenciaria 2014 Área de Investigación y Formación Social y Criminológica” expone en el estudio datos de diversos países sobre la reincidencia en diversos delitos incluyendo el de violación.

Señala que en el caso de los Países Bajos, de acuerdo a los datos del Ministerio de Justicia publicadas en 2011, muestran que la reincidencia penitenciaria se registra en un intervalo de tiempo en riesgo de dos años, estos son clasificados en tres: comunes, graves y muy graves, estos últimos que incluye el delito de violación cuenta con 8 por ciento de reincidencia.

Los datos sobre Estados Unidos indican que se presentan, entre otros detalles interesantes, informaciones sobre la reincidencia a 3 años de los presos por homicidio que cometen un nuevo homicidio (1.2 por ciento) o los condenados por violación que cometen un nuevo delito de esta misma naturaleza (2.5 por ciento).

Para el caso de Corea del Sur se encontró que, de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Nacional de Policía, la tasa media de reincidencia policial en 2005, agrupando cinco categorías delictivas (asesinato, robo, incendio, violación y otros delitos violentos), con 58.3 por ciento.

China es el país con las tasas de reincidencia más bajas en el mundo con 8 por ciento, pero ello tiene un sustento, ya que aplican una política en la que se “cree en la posible reforma de las personas –siguiendo los procedimientos educativos, el trabajo y la resocialización–, y esta idea guía la actividad punitiva del país, en el marco del respeto a los derechos de los internos”

Para el caso de México, solo se tienen datos sobre delitos de hurto común en el estudio. Para América Latina tenemos a Chile con 13.3 por ciento para el caso de delitos sexuales y para Argentina con datos del mismo documento, tomados de los “Resultados de la encuesta de presos condenados, y publicado en junio de 2014, se informa que la tasa de reincidencia es de 46.5 por ciento. 50 por ciento de los reincidentes vuelven a prisión un año después de haber salido”

Concluye el documento que en aquellos países en donde no se aplican programas o políticas públicas las tasas de reincidencia son más elevadas, aunque hay que considerar también otros factores como situación económica, justicia, etcétera.

Por último, hacemos visible la siguiente nota que señala que “en un estudio reciente, Laura Rodríguez (2014, inédito) ha revisado dieciséis artículos publicados en revistas internacionales científicas de criminología en los últimos trece años (desde 2000 hasta 2013) y que aportan datos comparables de reincidencia de cinco países occidentales (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania y España).”

Es por ello, que bajo la legislación comparada hemos tomado como ejemplo las legislaciones antes mencionadas como sustento para generar las herramientas que coadyuven e erradicar estos delitos tan graves hacia nuestros niños.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República, PGR, consideramos es la instancia competente para ser responsable del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, en coordinación con las Procuradurías Generales de Justicia de cada estado (PGJ estatales),quienes tienen direcciones o unidades, así como programas de atención encargada de brindar atención a víctimas de delitos sexuales.

De igual manera, la PGR de acuerdo al artículo 5o. como participante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual es el encargado de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública; promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial; promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito; establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública, entre otras acciones.

Como lo establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, correspondiente al Ministerio Público de la Federación en su inciso c), fracción k) la de “Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección”, asimismo corresponde velar por su integridad.

En 2002, la OMS estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico.

Coincidimos en la que señala la Unicef en que “La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen que no se denuncien muchos de los casos.”

Como podemos darnos cuenta los delitos sexuales menoscaban la dignidad humana, impacta y lacera a la sociedad. Si bien, son desconocidos los datos reales de este delito, sabemos que las estadísticas son altas, por ser un delito que se oculta y si no se les proporciona el tratamiento correcto es probable que vuelvan a reincidir, y es ahí donde los debemos proteger.

Mejorar la coordinación entre instituciones debe ser una meta a corto plazo, para prevenir y detectar oportunamente los riesgos. Si queremos una sociedad debemos actuar, tenemos hay la oportunidad de erradicar este delito.

Por último, citaré lo que menciona el Informe Mundial sobre violencia contra las Niñas y Niños: “Toda sociedad, sin importar sus antecedentes culturales, económicos o sociales, puede y debe detener la violencia contra los niños y niñas ahora. Esto requiere la transformación de la “mentalidad” de las sociedades y de las condiciones económicas y sociales subyacentes asociadas a la violencia”. Una sociedad que no protege a sus niños, será una sociedad sin futuro.

Y compartimos contundentemente la siguiente afirmación, “Ninguno de nosotros puede mirar a los ojos a los niños si continúa aprobando o consintiendo cualquier forma de violencia contra ellos.”

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Artículo Único. Por el que se adicionan las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. a XVIII. ...

XIX. Crear el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, el cual constituirá un sistema de información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, penas y medidas de seguridad;

XX. Incluir en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales a las personas con sentencia ejecutoria condenatoria por los delitos previstos en los artículos 259 bis, 260, 261, 262, 265, 265 bis, 266, 272 del Título Décimo Quinto, Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, capítulo I, Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación.

Asimismo, por corrupción de personas menores de dieciocho años de edad previsto en el artículo 200, 201 fracción f); pornografía infantil previsto en el artículo 202; turismo sexual infantil previsto en el artículo 203 y 203 Bis; lenocinio previsto en el artículo 204; lenocinio en adultos previsto en artículo 206 y 206 Bis; pederastia, previsto en el artículo 209 Bis, todos del Código Penal Federal;

XXI. Solicitar a las Procuradurías Generales de Justicia de cada Estado, que de manera inmediata remitan los datos de las personas con sentencia ejecutoria condenatoria por los delitos establecidos en el artículo anterior para ser integrados al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales;

XXII. Que en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, se almacene y sistematice la información de toda persona con sentencia ejecutoría condenatoria por los delitos enunciados en la fracción XX;

Contará con la siguiente información: a) Nombre(s), apellido(s) y, en caso de poseerlos se señalarán los correspondientes apodos, seudónimos o sobrenombres; b) Fotografía actualizada; c) Fecha y lugar del nacimiento; d) Nacionalidad; e) Identificación oficial; f) CURP; g) Número de Seguridad Social; h) Delito por el cual fue sentenciado;

XXIII. La responsabilidad del control organización y gestión del Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales;

XXIV. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la veracidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad de los datos contenidos en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales y demás normas aplicables.

Deberá mantener la información contenida en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales debidamente actualizada;

XXV. Notificar en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales que toda persona con sentenciada ejecutoria condenatoria por los delitos antes mencionados, queda inhabilitada para ejercer profesión, cargo, comisión, empleo o toda actividad pública o privada vinculada a la atención que directa o indirectamente implique contacto con menores de edad;

XXVI. Proporcionar información sobre los individuos incluidos en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, a toda persona que lo solicite en las condiciones que establezca el reglamento correspondiente.

Toda institución pública o privada que tenga a su cargo a menores de edad y que requiera contratar los servicios de una persona que directa o habitualmente se relacione ellos, deberá consultar el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, con la finalidad de cumplir lo previsto en la fracción XXV del presente artículo.

XXVII. Extender un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales;

XXVIII. Elaborar políticas públicas sobre prevención y actuación en materia de delitos sexuales;

XXIX. Vigilar y sancionar el uso indebido de la información contenida en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, sobre datos personales de acuerdo a las leyes en la materia;

XXX. Realizar las funciones que deriven de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables respecto de la constitución y administración de fondos que le competan, y

XXXI. Las demás que prevean otras disposiciones legales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones reglamentarias deberán ser expedidas por el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 180 días naturales, contadas a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. La Procuraduría General de la República y las Procuradurias Generales de Justicia de cada estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios de las presentes modificaciones con los recursos aprobados en su presupuesto, por lo que no requerirán recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán su presupuesto para el presente ejercicio fiscal para dar cabal cumplimiento en lo dispuesto en el presente decreto en un plazo de ciento ochenta días, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. Las legislaturas de las entidades federativas armonizarán la legislación de la materia, en el sentido de especificar qué delitos de su Código Penal deberán ser notificados a la federación e incluidos en el Registro Nacional, a fin conjuntar la información en el Registro Nacional de la presente reforma, y evitar la duplicidad de información.

Notas:

1 http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html

2 https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf

3 Ibídem

4 http://www.ceav.gob.mx/2016/03/ceav-presenta-diagnostico-nacional-de-atencion-a -victimas-de-violencia-sexual/

5 file:///F:/Iniciativa%20Registro%20Abuso%20sexual/ResumenEjecutivoDiagnósticoVi olenciaSexualCEAVmzo2016.pdf

6 Ibídem.

7 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_sexual_c ontra_losninosylasninas.pdf

8 file:///E:/Iniciativa%20Abuso%20sexual/ Historia%20de%20la%20Ley%20Registro%20Chile.pdf

9 http://www.meganslaw.ca.gov/homepage.aspx?lang=SPANISH

10 https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14264. pdf

11 http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/02/706072/registro-de-pedofilos-2 771-personas-estan-inhabilitadas-de-trabajar-con-menores.html

12 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/ 217689/norma.htm

13 Ibídem

14 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/ productos/nueva_estruc/702825064594.pdf

15 http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6/publicac_pdf /publicac_antonio_pdf/tasa_reincidencia_2014_cast.pdf

16 Ibídem.

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

20 http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html

21 http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_ 1(1).pdfcontra

22 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Norma Edith Martínez Guzmán,Daniela De Los Santos Torres, Mariana Arámbula Meléndez, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez:Con la venia de la Presidencia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, la perspectiva de género es un esfuerzo que busca transformar conciencias, a fin de desaparecer las barreras de la desigualdad entre ambos sexos y poder establecer funciones, responsabilidades, expectativas y oportunidades en igualdad de circunstancias para mujeres y hombres.

En nuestro país hablamos de enfoque diferencial y especializado cuando se reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de edad, sexo, género, preferencia, orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros.

Los cuales, lamentablemente, en muchos de los casos aún a pesar de los esfuerzos que se han realizado siguen siendo segregados. A lo largo de la historia en México hemos hecho un extraordinario esfuerzo para reconocer la presencia de la mujer y su contribución en la vida productiva de nuestra nación.

Resalto que hemos sido las propias mujeres, a través de diversas generaciones, las que hemos provocado y construido las condiciones para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, así como en la plenitud de su cumplimiento.

El fortalecimiento de esta causa es responsabilidad en su seguimiento de quienes hoy tenemos la gran responsabilidad pública, como la de ser diputados federales. En este sentido, para México es necesario continuar avanzando en la aplicación eficaz de una estrategia transversal de perspectiva de género que permita reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, cuyas bases se encuentran en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobadas en el año 2011.

Es preciso también garantizar que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, a partir de la detección y eliminación de todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de género e impidan la igualdad.

Las cifras que nos proporciona el Inegi nos aportan importantes elementos para seguir pugnando por garantizar una vida libre de violencia y la desaparición de actos discriminatorios hacia las mujeres, ya que de acuerdo al sector de actividad económica continúan siendo superior el número de hombres que realizan actividades laborales con respecto a las mujeres, cuando conforme al número total de población en México somos más mujeres que hombres.

En el caso de los divorcios, al consultar las estadísticas salta a la vista que aún existe un gran número de casos de divorcio por violencia familiar, que si bien se resuelven a favor de las mujeres, no significa por ese hecho que se garantice el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Al respecto CEDAW recomendó al Estado mexicano, en el apartado relativo a la familia y a las relaciones matrimoniales, adoptar las medidas legislativas necesarias para reconocer los bienes tangibles e intangibles, pensión y prestaciones de seguro como parte de los bienes a dividirse en caso de divorcio, y también establecer mecanismos de reparación que permitan tener en cuenta las disparidades por segregación de género en el mercado de trabajo y al mayor volumen de trabajo sin remuneración que realizan las mujeres.

En este sentido, resulta necesario reformar el Código Civil Federal haciendo adiciones al artículo 168 y 184, con el propósito de ampliar el catálogo de bienes que constituyen la sociedad conyugal, en el que se consideran los bienes intangibles así como las prestaciones relacionadas con el empleo, la atención y las prestaciones de seguros.

Además, que en caso de divorcio el juez de lo familiar deberá tomar en cuenta siempre un enfoque transversal de género y diferencial.

Compañeras y compañeros diputados, 211 diputadas conformamos esta Legislatura, representando el 42.4 por ciento del total de este parlamento. Por tanto, estamos llamadas a seguir impulsando propuestas legislativas que garanticen los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

La invitación sigue siendo cordial a los varones. No se trata de una disputa de género ni mucho menos que los privilegios se carguen hacia un solo lado. Se trata de impulsar una perspectiva que garantice igualdad plena y responsabilidades compartidas. Una convivencia armónica, y desde luego, con el esfuerzo de ambos garantizar el bienestar de cada familia mexicana.

Estamos en el lugar donde se gestan las grandes transformaciones y donde las mujeres mexicanas seguiremos alzando la voz. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Liliana Ivette Madrigal Méndez, diputada del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En atención a las observaciones finales emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México, en julio de 2012, así como al informe de seguimiento a las recomendaciones finales del Comité, emitido por el Estado Mexicano en el mes de enero de 2015, me permito formular la siguiente propuesta.

Es una realidad, que el Estado Mexicano ha instrumentado una serie de políticas y estrategias a efectos de estar acorde con los principios que se marcan a nivel internacional para erradicar cualquier tipo de discriminación contra la mujer y el respeto de sus derechos humanos. Tales políticas se han visto reforzadas a partir de la reforma constitucional de 2011 en la materia.

Prueba de ello, se puede observar a partir de la suscripción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), 1la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará), así como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de México 2013-2018, documentos que coinciden en que debe incorporarse de forma expresa en el ordenamiento jurídico mexicano, una perspectiva de género que permita lograr la igualdad formal y sustantiva de la mujer.

El Programa Nacional para la Igualdad, obedece a la obligación señalada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno; es decir, que en los programas que tengan a su cargo las dependencias de la Administración Pública Federal deben estar explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de las desigualdades) que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones dictadas en materia de igualdad y no discriminación a los derechos de las mujeres, ha hecho lo propio exigiendo a los operadores jurídicos una actuación con perspectiva de género, tal como encontramos en algunos criterios aislados, los siguientes argumentos:

“El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación (...) a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.”

“La violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. Las actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a las que se considera que tiene funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, como la violencia y abuso familiares.

En la actualidad, las cifras que nos proporciona el INEGI, nos llevan a buscar aquellos elementos que se deben implementar para garantizar una vida libre de violencia y la desaparición de actos discriminatorios hacia las mujeres. En los indicadores de ocupación y empleo al tercer semestre del 2015, encontramos que de acuerdo al sector de actividad económica, continúa siendo superior el número de hombres que realizan actividades laborales en los sectores primario, secundario y terciario, con respecto a las mujeres, cuando conforme al número total de población encontramos más mujeres que hombres en el territorio mexicano.

Tratándose de la distribución porcentual de divorcios judiciales según persona a favor de quien se resuelve para cada causa de divorcio, en los años 2011, 2012 y 2013, tenemos que el mayor número de juicios se resuelve a favor de las mujeres.

Las cifras antes presentadas, son evidencia de que aún existe un gran número de casos de divorcio como resultado de actos que constituyen violencia intrafamiliar, que si bien se resuelven en su mayoría a favor de las mujeres, no significa que por ese hecho se encuentre garantizado el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque como se advierte en las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el apartado relativo a la familia y las relaciones matrimoniales, se recomienda al Estado:

...Adopte las medidas legislativas necesarias para reconocer los bienes tangibles e intangibles, como la pensión y las prestaciones del seguro, como parte de los bienes gananciales que han de dividirse en caso de divorcio...

...Establezca mecanismos de reparación que permitan tener adecuadamente en cuenta las disparidades económicas de los cónyuges debidas a la segregación de los sexos existentes en el mercado de trabajo y al mayor volumen de trabajo sin remuneración que realizan las mujeres...

En ese sentido, resulta necesario reformar el Código Civil Federal, con el propósito de ampliar el catálogo de bienes que constituyen la sociedad conyugal, en el que se consideren los bienes intangibles, así como las prestaciones relacionadas con el empleo (pensión y prestaciones de seguro), además en caso de divorcio, el juez de lo Familiar deberá tomar en cuenta siempre un enfoque transversal de género y diferencial.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 168.El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

En la resolución el Juez de lo Familiar deberá garantizar siempre un enfoque transversal de género y diferencial.

Artículo 184.La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes.

Los bienes pueden ser tangibles o intangibles, incluye además las prestaciones relacionadas con el empleo, como la pensión o prestaciones de seguro.

No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso, de la recompensa debida a la comunidad por las primas pagadas con dinero de ésta.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Notas:

1 Firmada por México el 17 de julio de 1980, vinculante para el Estado Mexicano a partir del día 3 de septiembre de 1981.

2 Ratificada por México el 19 de junio de 1998.

3 Tesis: P. XX/2015, Décima Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, p. 235.

4 Tesis: 1a. CLXIII/2015, Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página: 422

5 Comprende: Separación por 2 años o más independientemente del motivo y Separación del hogar conyugal por más de 1 año, por causa justificada.

6 Comprende: Acusación calumniosa; Alumbramiento ilegítimo; Bigamia; Cometer acto delictivo contra el cónyuge; Corrupción y/o maltrato a los hijos; Declaración de ausencia o presunción de muerte; Enajenación mental incurable o el estado de interdicción declarado por sentencia; Enfermedad crónica o incurable y la impotencia incurable; Haber cometido delito doloso o infamante; Hábitos de juego, embriaguez o drogas; Incitación a la violencia; Incompatibilidad de caracteres; Propuesta de prostitución; Si un cónyuge solicitó el divorcio por causa injustificada, el demandado puede divorciarse 3 meses después de la última sentencia; y No especificada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Liliana Ivette Madrigal Méndez,Alejandro Juraidini Villaseñor, Alfredo Bejos Nicolás, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Delia Guerrero Coronado, Edith Anabel Alvarado Varela, Edith Yolanda López Velasco, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Marco Polo Aguirre Chávez, María Bárbara Botello Santibáñez, María Gloria Hernández Madrid, María Hadad Castillo, María Soledad Sandoval Martínez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Nora Liliana Oropeza Olguin, Olga María Esquivel Hernández, Paloma Canales Suárez, Paulino Alberto Vázquez Villalobos, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ramón Bañales Arambula, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Silvia Rivera Carbajal, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Madrigal. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

Saludamos la presencia de invitados del estado de Querétaro, se encuentran aquí presentes. Igualmente de un grupo de amigos y alumnos del quinto grado de la escuela primera rural federal Lázaro Cárdenas, de la comunidad de Tanaquillo, municipio de Chilchota, Michoacán, invitados por la diputa María Concepción Valdés Ramírez. Así como de amigos provenientes del estado de Jalisco, invitados desde luego por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Lorena Arroyo, por favor.

La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Gracias, señor presidente, para preguntarle a mi compañera, la diputada Liliana Madrigal, si me permite suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Madrigal, le preguntan si acepta la suscripción.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia. Sonido aquí en la curul de la diputada Gloria Hernández, por favor.

La diputada María Gloria Hernández Madrid (desde la curul): Gracias, señor presidente. Felicitar a la proponente, a la diputada Liliana Madrigal, y solicitarle permita a la fracción hidalguense suscribir su propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Madrigal. Anda siendo muy abrazada allá atrás. La fracción del PRI hidalguense pide adherirse a su iniciativa.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia también. Gracias. Acá también, sonido en la curul del diputado Ramírez Nieto, por favor.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Gracias, presidente. De igual manera, para felicitar a la diputada Liliana Madrigal y pedirle su aceptación para suscribir su iniciativa. Es cuanto.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ha reiterado su aceptación y lo manifiesta de nueva cuenta ahora. Ya lo dijimos, no se preocupe por eso. Gracias.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Ramos Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por el diputado José Hernán Cortés Berumen, ambos del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Jorge Ramos Hernández:Con su venia, señor presidente. Amigas y amigos diputados, el tema que hoy me trae a esta tribuna es presentar una iniciativa de reforma al artículo 16 y 21 constitucional, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Hemos venido a plantear aquí con mucha claridad que el tema de la seguridad pública en este país está en una situación de crisis, que refleja en la población el 73 por ciento de la expresión ciudadana, como uno de los temas prioritarios y más sentidos de la agenda nacional.

Y al respecto, el Partido Acción Nacional ha puntualizado muy claramente a través de la iniciativa que hicimos para una reingeniería del sistema integral de seguridad pública del país, que la presentamos en esta Cámara y en el Senado de la República, y de igual forma establecimos que era fundamental regular la intervención de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y de la Marina en tareas de seguridad interior.

Ahora que estamos sosteniendo que el tema de seguridad pública y esta reforma, esta reingeniería que se está diseñando en el Senado de la República, consideramos nosotros que tiene dos graves riesgos que esta iniciativa puede superar.

Uno, debemos de salir de una dialéctica de hipocresía frente al sistema, en el cual todos los mexicanos sabemos de la infiltración del crimen organizado adentro de las instituciones públicas, lo ha reconocido la propia Procuraduría, la Secretaría de Gobernación ha hecho declaraciones públicas en las que acepta que hay infiltración del crimen. Pero al mismo tiempo, no hay averiguaciones previas, ni hay detenciones hacia los responsables del poder público de los tres órdenes de gobierno.

Y por otra parte, los órganos de control interno en las policías municipales, en las policías estatales y federales son órganos de control interno que están subordinados y supeditados al superior jerárquico al cual supervisa.

Nos debe quedar muy claro, que el diseño de este modelo de seguridad sin contrapesos verdaderos, sin un verdadero control interno de las policías, que denuncie a quien traicione la función que tiene de brindar seguridad, porque es un hecho no es una falacia, estoy hablando de realidades que en todos sus distritos y en todas sus comunidades, a lo largo y ancho del país, la sociedad lo ve, lo denuncia y está en un espacio de frustración al ver la inactividad del estado.

En ese sentido estoy planteando a nombre del Partido Acción Nacional que los órganos de control interno de las policías municipales, de las policías estatales y federales, también los órganos internos del sistema penitenciario mexicano, gocen de autonomía administrativa, de autonomía presupuestal y autonomía operacional, para realmente fungir como un contrapeso y no en el estado actual en el que la mayoría de estos órganos internos están subordinados al poder público y a quien funge como superior jerárquico.

Por otra parte, que no nos quepa duda. Por más perfecta e ideal que esté la reforma del mando único, del mando mixto, si no ponemos una unidad especializada en la Procuraduría General de la República que le rinda cuentas al Estado mexicano para desvincular el crimen organizado que se infiltre adentro de las corporaciones, de origen está saboteada la reforma.

En Baja California logramos bajar los índices delictivos hasta que encarcelamos a quienes traicionaron, en el ámbito municipal y estatal, la tarea de brindarles seguridad pública a los habitantes.

La invitación que hace el Partido Acción Nacional a todos los partidos políticos es de que aprobemos esta reforma para que en la parte administrativa haya órganos autónomos y libres que rindan cuentas, que vigilen y sancionen administrativamente a quien está incumpliendo; y, en la parte penal, señores, ya es hora de encarcelar a los traidores que desde el servicio público les dan la espalda a los ciudadanos.

Gracias a esa gente que traiciona al pueblo mexicano se puede envenenar impunemente a nuestros niños y a nuestros jóvenes y también se corroen las instituciones públicas cuando el crimen organizado llega y corrompe a las autoridades y a las instituciones públicas.

Por ello, señor presidente, estamos solicitando que se integre en el acta en sus exactos términos esta iniciativa y también llamando la atención y a la colaboración de todas las diputadas y diputados de esta Cámara para que más allá de los partidos políticos, volteemos a ver el reclamo de una sociedad que en un 93 por ciento reprueba el sistema de seguridad pública de este país.

Somos nosotros los que tenemos que garantizar que se encarcele no solo al delincuente, también al funcionario público que traiciona la confianza de la ciudadanía. Este es el momento histórico de hacerlo; no hay otro.

Por eso es importante que incorporemos estos dos principios en la Constitución, y nos demos tiempo para hacer la ley reglamentaria que de una vez por todas les pare a los criminales la ley y la cultura de plomo o plata. A esa ley de plomo o plata le respondemos con una acción de Estado directa para enfrentar al crimen y encarcelar a esos sinvergüenzas que nos han quitado la tranquilidad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jorge Ramos Hernández y José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Jorge Ramos Hernández y José Hernán Cortés Berumen, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás resolutivos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el noveno párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un décimo párrafo y recorriendo el vigente décimo al undécimo párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de control interno de las instituciones de seguridad pública.

Exposición de Motivos

Entre las reformas más importantes que el país ha emprendido en los últimos años se encuentran la de seguridad pública y la anticorrupción, ambas con rango constitucional. En la conjunción de ambas materias debería encontrarse un conjunto de principios e instituciones que, siendo específicas de la prevención y el combate a la corrupción en instancias policiales, no fueron considerados en el proceso legislativo de las dos reformas constitucionales ya mencionadas.

Esta iniciativa busca precisamente sentar las bases para el funcionamiento de instituciones y mecanismos de control interno en las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no son propiamente aspectos relativos a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, sino que tienen que ver con el control policial en la democracia y con el debido funcionamiento del servicio de seguridad pública.

En 2013, el país fue sede del primer Congreso internacional de asuntos internos, que reunió a expertos, académicos y servidores públicos policiales de más de cuarenta países de todos los continentes, y que sirvió para discutir públicamente las mejores prácticas y las recomendaciones internacionales para el control policial en las democracias; en nuestro caso el control interno policial existe en virtud de disposiciones legales o reglamentarias por las que se crean Unidades desvinculadas de la sociedad, con pocas facultades para investigar y dictaminar sobre la actuación de los policías y en algunos casos subordinadas al titular de la corporación policial cuya actuación debe controlar.

Desde luego, las reformas que se discuten hoy en el Congreso de la Unión en materia de seguridad pública y de prevención y combate a la corrupción resultarían ineficaces e inconexas si no se regulara con el mismo sentido de urgencia las bases para el funcionamiento de los órganos de control interno de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para lograr el propósito de establecer en la Carta Magna los principios conforme a los cuales debe organizarse y funcionar el control interno de las instituciones policiales, mediante esta iniciativa se propone adicionar el artículo 21 constitucional, contenedor de los mandatos constitucionales en materia de seguridad pública, con un nuevo párrafo.

Se propone adicionar al último párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el que establece las bases mínimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un inciso f) mediante el cual se perfila la naturaleza de los órganos de control interno de las instituciones que integran el sistema.

Con eso se garantiza que las policías como las Procuradurías contarán con mecanismos de control interno como es la práctica recomendada en las democracias, y que dichos órganos sean certificados en el contexto del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La fracción que se propone adicionar establece que los órganos de control interno deberán contar con a) instancias de participación social, mecanismo último de la rendición de cuentas policial; b) autonomía presupuestal, administrativa, técnica y operativa, a fin de asegurar su debido funcionamiento sin subordinarse en ningún sentido a la institución policial que debe ser objeto de su control; y c) atribuciones en materia de prevención, investigación de quejas internas y denuncias de los particulares, inspección y supervisión de la actuación de las instituciones y sus integrantes, y la dictamen de los procedimientos disciplinarios, con el objeto de asegurar que cuenten con atribuciones suficientemente sólidas para prevenir, iniciar, sustanciar y poner en estado de resolución los expedientes a su cargo.

Además, se propone que la resolución de los expedientes esté a cargo de cuerpos colegiados mixtos, con el objeto de que en su integración participen elementos de las corporaciones policiales, servidores públicos no policiales y ciudadanos; finalmente, se propone el principio de paridad que debe servir para aclarar el papel de los titulares de los órganos de control interno, respecto de los titulares de las corporaciones cuyo control interno tengan a su cargo. Esto, con objeto de evitar la subordinación de unos respecto de otros con la consecuente obstaculización al debido desempeño de las funciones y responsabilidades de cada una de estas instancias.

Uno de los temas que más ha lastimado a la sociedad ha sido el involucramiento y la complicidad de miembros de instituciones de seguridad e inclusive algunos presidentes municipales con grupos pertenecientes al crimen organizado; episodios como el de la desaparición de los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, o el de los jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, son muestra de la enorme amenaza para la seguridad pública que significa la alta traición que han cometido algunos elementos que nunca debieron haber sido reclutados como policías.

Toda vez que la delincuencia organizada implica un régimen especial de investigación del orden federal, esta iniciativa busca adicionar un párrafo al artículo 16 Constitucional para elevar, como elemento que pueda gozar del más alto consenso político y social, que la Fiscalía General de la República tenga una unidad cuya única misión sea precisamente el poder investigar a todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que eventualmente formen parte de la delincuencia organizada o sirvan a las actividades criminales de ésta.

Lo anterior se justifica a efecto de que el fiscal del caso pueda desarrollar una tarea de la mayor trascendencia y doble dificultad. Esta doble dificultad se significa tanto en los aspectos técnicos que tiene que dominar el fiscal que tenga el mandato correspondiente, como la dificultad política que desde luego tendrá que enfrentar.

La persecución de los delitos cometidos por los integrantes de las instituciones de seguridad pública es, al final de cuentas, el último eslabón del control interno de dichas instituciones en las democracias modernas.

En razón de lo anterior se propone a esta soberanía la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de control interno de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Único. Se reforma el párrafo noveno del artículo 16 y se adiciona el inciso f) al párrafo décimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

...

...

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...

...

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. En dicha ley se incluirán todas las conductas cometidas por servidores públicos de cualquier orden de gobierno que participen como integrantes de organizaciones criminales o que presten auxilio a éstas, estableciendo para su persecución a la unidad especializada que corresponda en la Fiscalía General de la República.

...

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Artículo 21. ...

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a) a e) ...

f) El control de las instituciones de seguridad pública estará a cargo de órganos certificados que contarán, en los términos que establezca la ley general en la materia, con instancias de participación social; autonomía presupuestal, administrativa, técnica y operativa; atribuciones en materia de prevención e investigación de quejas y denuncias, inspección y supervisión de la actuación de las instituciones y dictamen de los procedimientos disciplinarios de sus integrantes. Los titulares de dichos órganos tendrán el mismo rango y jerarquía que los del titular de la institución de seguridad pública cuyo control interno tengan a cargo.

Transitorios

Primero. Estas reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación secundaria conforme a estas reformas en un plazo no mayor de un año.

Tercero. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de su presidente, integrará un grupo de trabajo que tendrá a su cargo proponer los modelos conforme a los cuales serán certificados los órganos de control interno, dentro de un plazo no mayor a seis meses contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto. El grupo de trabajo a que se refiere este artículo estará integrado por integrantes de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, por servidores públicos no policiales y por ciudadanos expertos en la materia. Las propuestas del grupo de trabajo serán conocidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para su aprobación y aplicación en tanto se actualiza la legislación secundaria correspondiente.

Cuarto. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los mecanismos de financiamiento adecuados para asegurar que las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenten con los órganos de control interno a que se refieren estas reformas, en un plazo no mayor de un año para las instancias federales y estatales, y de tres años para los gobiernos municipales, ambos contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Quinto. El Secretariado Ejecutivo propondrá al Consejo Nacional de Seguridad Pública los programas para la incorporación gradual de Estados y Municipios al régimen de control interno que se introduce mediante estas reformas, así como la emisión de recomendaciones a los titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Poderes Legislativos de las entidades federativas, para ajustar normativa, administrativa y operativamente el funcionamiento de las instancias de control interno con que cuenten actualmente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Jorge Ramos Hernández,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, Eloísa Chavarrías Barajas, Enrique Pérez Rodríguez, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gretel Culin Jaime, Héctor Barrera Marmolejo, Jesús Antonio López Rodríguez, José Hernán Cortés Berumen, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García escobar, Luis Gilberto Marrón Agustín, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Guadalupe Murguia Gutiérrez, María Luisa Sánchez Meza, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Patricia García García, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, René Mandujano Tinajero, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Timoteo Villa Ramírez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramos. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado el diputado proponente, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos de primaria del municipio de Villa del Carbón, del estado de México, invitados por el diputado Raúl Domínguez Rex. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 102, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del párrafo segundo del artículo 102, apartado b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alberto Martínez Urincho:Con el permiso de la Presidencia, apreciables diputadas y diputados, la historia reciente de los derechos humanos, al menos desde la perspectiva estrictamente jurídica, ha mostrado diversos avances importantes que se han concretado en modificaciones a criterios jurisdiccionales y, por supuesto, a textos normativos incluyendo a las constituciones.

En lo que respecta a nuestra Constitución de 1917, que fue elogiada en su momento por la previsión de los llamados derechos sociales, ha ido incorporando paulatinamente nuevas visiones relativas a la teoría de los derechos humanos, así como novedosos criterios de interpretación y contenidos en sintonía con los avances y la evolución de los derechos humanos en el plano internacional.

Lo anterior tuvo efectos en nuestro sistema jurídico. Primero. Que los derechos humanos se internacionalizaran mediante la firma y ratificación de tratados internacionales, así como el surgimiento de sistemas específicos de protección.

Segundo. La incorporación de nuevos y mejores estándares a los sistemas jurídicos nacionales que implican de manera sobresaliente nuevas maneras de entender la especificidad de la interpretación constitucional.

Sin duda, la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, inauguró una nueva época para el sistema jurídico mexicano, esta reforma tiene un profundo impacto en la concepción en lo que los derechos humanos se refiere, pues afecta el núcleo central de comprensión de lo que son estos derechos.

El desarrollo de los derechos humanos ha sido un arduo proceso lento y paulatino en el que afortunadamente la esfera de protección y los medios para protegerlo, se han convertido más eficientes y efectivos. Lo anterior conlleva a que los derechos humanos y sus organismos protectores cuenten con mayor fuerza axiológica en virtud de que normas actuales reflejan el estadio de civilización y humanismo desarrollado en los últimos tres siglos.

Así, el desarrollo de constitucionalismo mexicano con la reforma del 28 de enero de 1992, con el que se adicionó un Apartado B al artículo 102 de la Constitución federal, se elevó a rango constitucional la protección y defensa de los derechos humanos en México.

Con esta reforma a la Constitución, se facultó a las legislaturas a crear a la Comisión Nacional y Estatales Protectoras de Derechos Humanos y con facultades de formular recomendaciones públicas no vinculatorias.

En ese sentido, la creación de organismos constituyó un gran acontecimiento al permitir constituir entidades públicas especializadas en la defensa de los derechos humanos y no obstante la naturaleza jurídica de sus resoluciones tienen más un peso moral y no de un mandato con posibilidades de cumplimiento obligatorio.

Al respecto es importante resaltar que las recomendaciones como medios de protección a los derechos humanos tienen como base de su eficacia a la dimensión axiológica de esos derechos, y como es sabido, al no contar esas comisiones con un medio coactivo que obligue a las autoridades a actuar a acatar sus sugerencias, el basamento moral de éstas y su impacto ante la opinión pública constituyen la principal fuente de poder en las recomendaciones, y no obstante el peso de ese trasfondo aún en muchas ocasiones, no es suficiente para su cumplimiento sobre la misma base de su fundamento axiológico, las recomendaciones funcionan en el sistema universal y las regiones en derechos humanos, frente a ello hay que dotarle a las recomendaciones factores adicionales que las potencialicen e incentiven.

En cumplimiento de las recomendaciones para hacer más eficaces y eficientes como mecanismos de protección. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos vierte en su informe anual que el número de sus recomendaciones cumplidas y una frecuencia menor frente a esto el organismo protector se ha propuesto:

1. Reducir los tiempos del cumplimiento de las recomendaciones, partiendo desde su emisión hasta la conclusión de su seguimiento;

2. Hacer eficiente el análisis de la calificación de las propuestas de las pruebas de cumplimiento, y

3. Realizar las gestiones necesarias para agilizar el tiempo de respuesta de las autoridades responsables.

Es por ello que resulta procedente y necesario desarrollar una Ley Reglamentaria, derivado del citado precepto constitucional, con el objeto de determinar un procedimiento que permita el desahogo de las comparecencias de los servidores públicos en el Senado de la República o en la Comisión Permanente, si es el caso, por el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hoy por hoy resulta difícil pensar en una verdadera democracia con la simple previsión de un catálogo de derechos humanos y garantías señaladas en sus leyes, y cuando en la realidad su sociedad sufre miseria, cuando tiene que soportar la ausencia de voluntad política de sus autoridades para que respeten los postulados de libertad señalados en las normas de derecho, cuando no habita la justicia ni siquiera como ideal o como búsqueda, como la dignidad de la persona, que es una mera palabrería.

A fin de cuentas la justicia intenta hacer realidad esa hipotética igualdad de todos los humanos y no la menos dudosa libertad en tanto derechos fundamentales del individuo.

Por ello, para... protección de los derechos humanos resulta necesaria la conjugación de esos elementos, entre los que destacan: autoridades cuyos actos sean regidos por el derecho, una sociedad que esté educada en los derechos humanos, voluntad política para aplicar la ley y defender esos derechos, organismos protectores de derechos humanos con mayores facultades, y una sociedad activa y participativa también en defensa, buenos instrumentos jurídicos para protección y un Poder Judicial independiente que aplique correcta, justa, suficiente, oportuna y debidamente la ley.

Es cuanto, diputado presidente. Solicitándole respetuosamente a la Presidencia que ordene la inserción del texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

«Iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del Artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

1. Planteamiento del problema

La reforma constitucional de 2011 consideró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y basado en los resultados en el cumplimiento de sus recomendaciones, se propuso otorgar mayor eficiencia al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al adicionar al apartado “B” del artículo 102 lo siguiente:

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.

Con ello, se ratifica el peso jurídico y la obligación moral para cumplir con las recomendaciones, ya que los servidores públicos deben hacer pública su negativa, lo cual representa un acto que principalmente puede poner en tela de duda su legitimidad social, pero además ahora, los servidores públicos se verán obligados a responder sobre las recomendaciones ya no sólo ante la Comisión, sino también ante la Cámara de Senadores, o en su caso, en la Comisión Permanente, ante su negativa de cumplimiento.

Lo anterior, por supuesto, sigue constituyendo una sanción de tipo moral, pero en cierta forma fortalece el proceso para seguimiento a las recomendaciones. Sin embargo, la reforma es aún reciente para determinar si permitirá ampliar la eficacia de las recomendaciones, situación que se deberá estudiar el impacto en los subsecuentes informes. Es por ello, que resulta procedente y necesario desarrollar una ley reglamentaria derivado del citado precepto constitucional, con el objeto de determinar un procedimiento que permita el desahogo de las comparecencias de los servidores públicos en el Senado de la República, o en la Comisión Permanente si es el caso, por el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2. Argumentos

Primero. La historia reciente de los derechos humanos, al menos desde la perspectiva estrictamente jurídica, ha mostrado diversos avances importantes que se han concretado en modificaciones a criterios jurisdiccionales, y por supuesto, a textos normativos, incluyendo a las Constituciones.

En lo que respecta a nuestra Constitución de 1917 – que fue elogiada en su momento, por la previsión de los llamados “derechos sociales”- ha ido incorporando paulatinamente, nuevas visones relativos a la teoría de los derechos humanos, así como novedosos criterios de interpretación y contenidos, en sintonía con los avances y la evolución de los derechos humanos en el plano internacional.

Lo anterior tuvo efectos en nuestro sistema jurídico: primero, que los derechos humanos se internacionalizaran mediante la firma y ratificación de tratados internacionales, así como con el surgimiento de sistemas específicos de protección; segundo, la incorporación de nuevos y mejores estándares a los sistemas jurídicos nacionales, que implican de manera sobresaliente, nuevas maneras de entender la especificidad de la interpretación constitucional.

Ahora bien, antes de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, las voces “derechos humanos y sus garantías”, eran términos que solían confundirse, ambigüedad que posiblemente derivaba de la anterior denominación del capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulado “De las garantías individuales”. Sin embargo, el Constituyente Permanente elevó a rango constitucional su distinción, como deriva de las siguientes menciones:

a) El capítulo I cambió su denominación a “De los derechos humanos y sus garantías”;

b) En el artículo 1o. se especificó que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales “así como de las garantías para su protección”, y

c) En el numeral 103, fracción I, se especificó que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por infracción a los derechos humanos y las “garantías otorgadas para su protección”.

Fue entonces para el Constituyente Permanente que los derechos y sus garantías no son lo mismo, ya que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos; constituyen, según Luigi Ferrajoli, los “ deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión, según que los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos”, es decir, son los requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones previstas en la Constitución y en los tratados, destinadas e impuestas principalmente a las autoridades, que tienen por objeto proteger los derechos humanos; de ahí que exista una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen; de tal suerte que pueden existir derechos sin garantías pero no garantías sin derechos. Así, a manera de ejemplo, puede decirse que el derecho humano a la propiedad tiene, entre otras garantías, las de audiencia y legalidad, pues prohíbe a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento escrito en el que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que los gobernados sean privados de la propiedad sin previa audiencia.

Segundo. Sin duda, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos inauguró una nueva época para el sistema jurídico mexicano. Esta reforma tiene un profundo impacto en la concepción en lo que a derechos humanos se refiere, pues afecta el núcleo central de comprensión de lo que son estos derechos. Entre las reformas, se encuentra el artículo 1° constitucional, que señala:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Convine observar con detenimiento el párrafo tercero de este artículo ya que pueden identificarse tres niveles de problemas que tiene que resolver el Estado:

a) El primer nivel de problemas corresponde al señalamiento de las obligaciones, a cargo de todas las autoridades del Estado mexicano, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos;

b) El segundo nivel tiene que ver con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los cuales deben ser interpretados y, en su caso, aplicados a luz de las obligaciones previstas en el inciso anterior;

c) El tercer nivel de problemas se refiere a lo que debe hacer el Estado mexicano, cuando se presente una violación de derechos (o aún antes): prevenir, investigar, sancionar y reparar.

Con relación al primer problema queda claro que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos corren a cargo de todos los poderes. Asimismo, las autoridades de todos los niveles de gobierno también tienen la obligación positiva de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho. Es decir, los derechos fundamentales generan obligaciones para las autoridades de todos los niveles de gobierno, que bajo cualquier circunstancia deben observar lo que en cada caso señalan la Constitución y los tratados internacionales. Las obligaciones generales de las autoridades, señaladas a partir de ahora por el párrafo tercero del artículo 1º, estarán además reforzadas si un precepto constitucional distinto les asigna una competencia concreta.

Más aún, la propia Suprema Corte de Justicia de Nación, mediante una tesis jurisprudencial, ha ratificado lo anterior. De este modo, se ha señalado que:

“Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos.”

Tercero. El desarrollo de los derechos humanos ha sido un arduo proceso, lento y paulatino, en el que afortunadamente la esfera de protección y los medios para protegerlos se han convertido más eficientes y efectivos.

Lo anterior conlleva a que los derechos humanos, y sus organismos protectores, cuenten con mayor fuerza axiológica en virtud de que normas actuales reflejan el estadio de civilización y humanismo desarrollado en los últimos tres siglos.

Así, en el desarrollo del constitucionalismo mexicano con la reforma del 28 de enero de 1992, por el que se adicionó un apartado B al artículo 102 de la Constitución Federal, se elevó a rango constitucional la protección y defensa de los derechos humanos en México. Este referido apartado B, precisaba que:

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Con esta adición a la Constitución, se facultó a las legislaturas a crear la Comisión Nacional y Estatales protectoras de derechos humanos y con facultades de formular “ recomendaciones públicas, no vinculatorias”.

En este sentido, la creación de organismos constituyó un gran acontecimiento al permitir constituir entidades públicas especializadas en la defensa de los derechos humanos. No obstante, la naturaleza jurídica de sus resoluciones, tienen más un peso moral y no de un mandato con posibilidades de cumplimiento obligatorio.

Por ejemplo, sobre las recomendaciones que realizan los organismos protectores de derechos humanos, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que: “ el juicio de garantías no es la vía procedente para impugnar el posible incumplimiento de una recomendación de alguna comisión de derechos humanos, sea ésta de índole nacional o internacional, con independencia, claro está, de que se dé el supuesto en el que los actos considerados en la recomendación o algunos de ellos sean, por sí mismos, susceptibles de impugnarse en el amparo, no por ser objeto de recomendaciones, sino por relacionarse con una posible violación a las garantías consagradas en la Constitución.”

Ahora bien, sumado a lo anterior, hay que resaltar que en tesis jurisprudencial se precisa que: “si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con la ley que la regula es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el de conocer, e investigar aun de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones; éstas no pueden ser exigidas por la fuerza o a través de otra autoridad en los términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que establece: “La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia ...” Por tanto la resolución final que dicte la citada comisión en las quejas y denuncias correspondientes no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que de acuerdo con la normatividad que la rige carece de los atributos esenciales que caracterizan a todo acto de esa naturaleza; puesto que además de que dichas recomendaciones no pueden ser exigidas por la fuerza no anulan o modifican los actos contra los que se haya formulado la queja o denuncia; pues las autoridades a las que se dirigen pueden abstenerse de realizar lo que se les recomienda; careciendo por tanto la recomendación de fuerza compulsora.”

Al respecto, es importante resaltar que las recomendaciones, como medios de protección a los derechos humanos, tienen como base de su eficacia a la dimensión axiológica de estos derechos. Como es sabido al no contar estas comisiones con un medio coactivo que obligue a las autoridades a acatar sus sugerencias, el basamento moral de éstas y su impacto ante la opinión pública constituyen la principal fuente de poder en las recomendaciones, no obstante, el peso de este trasfondo aún, en muchas ocasiones, no es suficiente para su cumplimiento. Sobre la misma base de su fundamento axiológico, las recomendaciones funcionan en el sistema universal y los regionales en derechos humanos. Frente a ello, hay que dotarle a las recomendaciones factores adicionales que las potencialicen e incentiven el cumplimiento las recomendaciones para hacerlas más eficaces y eficientes como mecanismo de protección.

Cuarto.- En el Informe de Actividades de la CNDH, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció lo siguiente:

“ La situación de los Derechos Humanos en México atraviesa un periodo de crisis que se presenta como el entorno más difícil en los 24 años que tiene de existencia este Organismo constitucional autónomo. Los recientes casos, que han lastimado sensiblemente el tejido social, se encuentran relacionados con graves violaciones a los derechos fundamentales, entre ellos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Todo ello ha resurgido en medio de una espiral de violencia generada por graves agresiones a la sociedad, perpetradas por grupos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Aunado a lo anterior, la corrupción y la impunidad imperante han restado credibilidad a los responsables de ejercer el poder público, y ante ello nuestra sociedad exige acciones inmediatas y efectivas que den cauce y respuesta a sus reclamos de justicia, legalidad y respeto pleno a la dignidad humana, a la exigencia básica de vivir con seguridad y tranquilidad, contando con instituciones democráticas que atiendan sus demandas”.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando a finales de 2015 realizó una visita a nuestro país, observó un estado grave de la situación que guardan los derechos humanos, sobre todo en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

La CIDH precisó que la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionada sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, entre otros. La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, la CIDH en su documento “Observaciones Preliminares sobre lavisitade la CIDH a México”, Anexo al Comunicado de Prensa, del 2 de octubre de 2015, se señaló lo siguiente:

“La Comisión valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a esta situación. En particular reconoce las importantes reformas en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir del 2011. La CIDH reconoce la modificación de diversos artículos de la Constitución que establecen que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.

De este modo, la CIDH concluyó que en México hay una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país.

Por otra parte, de acuerdo con el más reciente Informe Anual de la CNDH, en el 2015 fueron emitidas 59 recomendaciones y una por violaciones graves a los derechos humanos, dirigidas a 42 autoridades diferentes en 76 distintas ocasiones; 52 originadas por expediente de queja y ocho por expediente de inconformidad.

A final del ejercicio 2014, la situación del cumplimiento de las recomendaciones era la siguiente:

Como puede observarse, el número de recomendaciones cumplidas por parte de la CNDH tiene una frecuencia menor. Frente a esto, el organismo protector se ha propuesto 1) reducir los tiempos del cumplimiento de las recomendaciones, partiendo desde su emisión hasta la conclusión de su seguimiento; 2) hacer más eficiente el análisis en la calificación de las pruebas de cumplimiento; y 3) realizar las gestiones necesarias para agilizar el tiempo de respuesta de las autoridades responsables.

De este modo, resulta imprescindible crear incentivos que permitan abonar en el cumplimiento de las recomendaciones. La ley reglamentaria se lo propone.

Quinto. Hoy por hoy, resulta difícil pensar en una verdadera democracia con la simple previsión de un catálogo de derechos humanos y garantías señaladas en sus leyes, y cuando en la realidad su sociedad sufre miseria; cuando tiene que soportar la ausencia de voluntad política de sus autoridades para que se respeten los postulados de libertad señalados en las normas de derecho; cuando no habita la justicia, ni siquiera como ideal o como búsqueda, la dignidad de la persona es mera palabrería. A fin de cuentas, la justicia intenta hacer realidad esa hipotética igualdad de todos los humanos y la no menos dudosa libertad en tanto derechos fundamentales del individuo.

Por ello, que para la cabal protección de los derechos humanos resulta necesaria la conjugación de muy diversos factores, entre los que destacan: autoridades cuyos actos sean regidos por el derecho, una sociedad que esté educada en los derechos humanos; voluntad política para aplicar la ley y defender esos derechos, organismos protectores de derechos humanos con mayores facultades, una sociedad activa y participativa también en esa defensa, buenos instrumentos jurídicos para esa protección y un Poder Judicial independiente que aplique correcta, justa, suficiente, oportuna y debidamente la ley.

3. Fundamento legal

Por todo lo anteriormente expuesto, quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del Artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comparecencia de los servidores públicos por el incumplimiento o no aceptación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comparecencia de los servidores públicos por el incumplimiento o no aceptación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para que los servidores públicos comparezcan, ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el incumplimiento o no aceptación, total o parcial, de la recomendaciones que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con lo previsto en el Párrafo Segundo del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Las recomendaciones públicas no vinculatorias que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se realizarán en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 3. Todo servidor público o autoridad está obligada a responder y a cumplir con las recomendaciones que les presente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad a lo previsto en el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 4. Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en caso de que el servidor público o autoridad, persistieren en el incumplimiento o no aceptación, total o parcial, de la recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá presentar una solicitud fundada y motivada a la Cámara de Senadores, o en los recesos, a la Comisión Permanente, para que se cite a comparecer a dicho servidor público o autoridad a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

La comparecencia de servidores públicos o de autoridades de las entidades federativas se realizarán ante las legislaturas locales y de conformidad a lo que determinen las leyes aplicables.

Artículo 5.- La solicitud que haga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Cámara de Senadores, o la Comisión Permanente en su caso, deberá referirse de manera suscita, a lo siguiente:

I. El análisis de los hechos;

II. Los argumentos y pruebas;

III. Los elementos de convicción y las diligencias practicadas que determinen la responsabilidad de la o las autoridades o servidores públicos que violaron los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas o erróneas;

IV. Las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales;

V. La reparación del daño, así como el pago por perjuicios a favor de los afectados, si procedieren, y

VI. La recomendación, así como los servidores públicos o autoridades relacionadas, y

VII. La fecha en que el servidor público o la autoridad de incumplimiento o no acepta la recomendación.

Artículo 6.-El servidor público que no acuda a la citación de comparecencia realizada por la Cámara de Senadores, o por la Comisión Permanente, según corresponda, será amonestado públicamente, y en su caso, los servidores públicos o autoridades serán suspendido del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año, de conformidad a lo que determine la ley aplicable y atendiendo la gravedad de la violación de los derechos humanos.

Artículo 7. Una vez recibida la solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cámara de Senadores, o en los recesos, la Comisión Permanente, a la brevedad posible, deberá citar a comparecer al servidor público o la autoridad para los fines previstos en el párrafo segundo, del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Todos los servidores públicos o autoridad del orden federal están obligados a comparecer.

El Presidente de la República podrá optar por enviar al Secretario de Gobernación para que comparezca en su representación en caso de que sea citado por la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente, según corresponda.

Con la citación para la comparecencia, se solicitará al servidor público o autoridad, remita previamente, a la Cámara de Senadores, o la Comisión Permanente según corresponda, un informe donde funde y motive el incumplimiento o no aceptación, total o parcial, de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 8. Las comparecencias que se refieren en el artículo 1 de esta Ley, se harán en el Pleno o en comisiones de la Cámara de Senadores según determine la Junta de Coordinación Política y con base en la materia que la motive. En el caso de la Comisión Permanente, las comparecencias se harán en el Pleno.

El deshago de las comparecencias, y sus resultados, se difundirán lo mayor posible.

Artículo 9. Al momento de iniciar la comparecencia, los servidores públicos o autoridades rendirán protesta de decir verdad, de conformidad a lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 10. En el desahogo de la comparecencia, la participación de los grupos parlamentarios, y legisladores independientes y legisladores sin partido, si los hubiere, será proporcional y ponderada.

Artículo 11. El acuerdo legislativo que establezca el desahogo de la comparecencia de los servidores públicos o autoridades, deberá observar al menos lo siguiente:

I. Presentación del informe sobre el incumplimiento o no aceptación, total o parcial, de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por parte del servidor público a autoridad responsable, y si fueran varios o varias, la parte que les correspondiere;

II. Ronda de posicionamientos de grupos parlamentarios, y legisladores independientes o sin partido, si los hubiere;

III. Preguntas y comentarios por parte grupos parlamentarios, y legisladores independientes o sin partido, si los hubiere;

IV. Respuesta del servidor público o autoridad compareciente, y

V. Conclusiones o comentarios finales a cargo de los grupos parlamentarios, legisladores independientes y legisladores sin partido.

Artículo 12. La versión estenográfica de la comparecencia de los servidores públicos o autoridades será remitida al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las mesas directivas de la Cámaras del Congreso de la Unión, así como los poderes Ejecutivo y Judicial federales para su conocimiento.

Artículo. 13.En lo no previsto en las disposiciones anteriores, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Transitorio

Único. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ver: Derechos humanos y sus garantías. Su distinción. Época: Décima Época, Registro: 2008815, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: XXVII.3o. J/14 (10a.) Página: 1451

2 Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, “La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma”, UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, primera edición, México, 2011, pág. 64.

3 Derechos humanos. Obligaciones constitucionales de las autoridades en la materia, Época: Décima Época, Registro: 160073, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Tesis: 1a. XVIII/2012 (9a.), Página: 257,

4 Ver: Derechos humanos, organismos defensores de los, y procedencia del amparo. Época: Novena Época, Registro: 183848, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia(s): Penal, Común, Tesis: II.2o.P.78 P, Página: 1093

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sus recomendaciones no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, Época: Novena Época, Registro: 194175, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, Materia(s): Común Tesis: VI.3o.16 K, Página: 507

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, p. 7, ver: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/anuales/2014.pdf, 12 de marzo de 2016.

7 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México, Anexo al Comunicado de Prensa, 2 de octubre de 2015, ver: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/ 112A.asp, 12 de marzo de 2015.

8 Ibídem.

9 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Informe de Actividades, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015”, Informe Ejecutivo, pág. 20

10 Ibídem, pág. 22

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.— Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal cual lo solicito el diputado proponente. Y túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Saludamos la presencia de amigos integrantes del Instituto Municipal de la Juventud, de Guanajuato, invitados por la diputada Lorena del Carmen Alfaro García. Bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Igualmente saludamos la presencia de alumnos y profesores de la licenciatura en derecho, de la Universidad del Valle de Puebla, invitados por el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez. Bienvenidos igualmente, amigas y amigos.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, RURAL Y PATRIMONIAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada Adriana Sarur Torre, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, en este momento el planeta tierra está en una encrucijada sobre su capacidad de seguir permitiendo la generación de vida o el inicio de la extinción de ella.

Lo anterior no es una exageración. El próximo año se cumplirán cuatro décadas del Informe Carter, documento elaborado por varios organismos de Estados Unidos en donde se vislumbra la capacidad de la Tierra para sostener la generación de cualquier tipo de vida en su interior

En este informe llama la atención lo siguiente. Hay muchas áreas donde ya no puede darse por supuesta la capacidad del medio ambiente para proporcionar bienes y servicios, por dos razones:

En primer lugar. A medida que aumenta la población y el consumo per cápita, la demanda de bienes y servicios ambientales está superando la capacidad del medio ambiente para proporcionar los mismos.

Segundo. En muchos ámbitos los ecosistemas que proporcionan los bienes y servicios están siendo socavados, suprimidos o envenenados.

Señores legisladores, lo que fue previsto hace casi 40 años hoy es un realidad. En todo el mundo el incremento de la desertificación, la desaparición de la biósfera, el crecimiento de las ciudades y la sustitución de ríos, lagos, lagunas, valles y montañas por construcciones de concreto es una realidad.

Si bien todos los países deben participar y hacerse responsables del cuidado del planeta, existen otros como México que tienen una mayor responsabilidad, pues debemos cuidar la extraordinaria riqueza que la naturaleza nos otorgó, así como los múltiples sitios históricos y arqueológicos que representan un patrimonio para la cultura universal.

Hoy la sostenibilidad ha modificado la forma de crecimiento y desarrollo económico de los países que imperó desde la segunda mitad del siglo XX, con las nefastas consecuencias sociales y ambientales que trajo aparejada, las cuales hasta hace poco tiempo eran consideradas como inevitables e incluso aceptables.

Ahora comprendemos que el crecimiento y desarrollo económico, urbano y social de los países no debe implicar el deterioro ambiental, así como la disminución de los recursos naturales del planeta, pues eso compromete y empobrece a las futuras generaciones.

Por eso, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, conscientes de nuestra responsabilidad social entre los que habitamos este planeta y las futuras generaciones presentamos ante este pleno una iniciativa de ley que busca crear nuevas formas, estructuras y criterios para el desarrollo urbano, ordenamiento territorial, rural y patrimonial de nuestro país.

Estas directrices estratégicas se convertirán en las acciones públicas y políticas de ejecución en el territorio de lo mandatado en la Constitución federal y la Ley General de Asentamientos Humanos. Es decir, serán las pautas de orientación, diseño y elaboración de los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial de este país, para que este se realice con base a lineamientos internacionales de sustentabilidad e integralidad socioambiental bajo las siguientes vertientes:

1. Directrices generales para la programación, coordinación y participación, la cual se refiere a la participación de las autoridades y la sociedad en la creación del programa de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable;

2. Directrices generales para las actuaciones o directrices relativas a las actividades económicas y al empleo. En ellas se establecen los criterios para el desarrollo de una nueva forma de generar economía y riqueza para el desarrollo sustentable del país;

Directrices relativas a la infraestructura y equipamientos básicos. Estos criterios se refieren al crecimiento y desarrollo de las ciudades, así como las comunidades que existen para que estas se realicen con el plan y respeto al medio ambiente;

Directrices relativas a los servicios y bienestar social, y directrices relativas al medio ambiente. En ellas se señalan todas aquellas acciones que se requieren ejecutar desde el gobierno y la sociedad, para alcanzar un desarrollo sustentable. Es decir, con criterios económicos, sociales y ambientales sustentables.

Directrices particulares, atendiendo a la calificación de la zona. Esta se refiere al tema de ubicación de zonas urbanas, periurbanas, de comunidades indígenas, patrimoniales, para con ellas poder establecer el tipo de acciones para el Desarrollo Sustentable del país.

Estamos seguros que con esta iniciativa de ley damos cumplimiento a uno de los objetivos de la agenda de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, a la vez que daríamos una muestra de que nuestro país comprende la importancia de reordenar el desarrollo a nivel local, a fin de contribuir con la armonía entre los seres humanos y el entorno a nivel mundial.

Es cuanto, diputado presidente. Y quería solicitar la ampliación a turno a la Comisión de Medio Ambiente, si es posible, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Rural y Patrimonial Sustentable, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federalesde la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presenteiniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Rural y Patrimonial Sustentable, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El desarrollo sostenible es entendido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la satisfacción de “las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

A nivel mundial desde mediados de la década de los años setenta del siglo pasado, diversos organismos internacionales señalaron la necesidad de replantear la forma de crecimiento y desarrollo de las ciudades, principalmente de los que entonces eran conocidos como países del Tercer Mundo.

Desde esa década se anunciaban los problemas que el crecimiento descontrolado y migración a grandes ciudades generarían; por citar algunos ejemplos: la construcción de vivienda de baja calidad en lugares no aptos para ello; falta de infraestructura básica como drenaje, luz y agua; y el uso de cauces de ríos y lagos para convertirse en vertederos de desechos humanos y residuos sólidos.

Además, debemos incluir que la capacidad de sustentación o capacidad de carga de un territorio concreto, para una especie dada, significa el máximo de población que puede ser mantenido de manera indefinida, sin que se produzca una degradación en la base de recursos que pueda significar una reducción de la población en el futuro. En pocas palabras, es la capacidad de sustentación o de sostenimiento en el planeta Tierra de la especie humana.

Un primer informe sobre la capacidad de sostenimiento de la Tierra sobre la vida humana y sus actividades es el informe oficial estadounidense encargado por el presidente Carter en 1977 denominado “El mundo en el año 2000”, en el cual se afirmaba que: “las tendencias que el presente estudio refleja sugieren reiteradamente un proceso de degradación y empobrecimiento de los recursos naturales de la Tierra”. Hay muchas áreas donde ya no puede darse por supuesta la capacidad del medio ambiente para proporcionar bienes y servicios, por dos razones: en primer lugar, a medida que aumenta la población y el consumo per cápita, la demanda de bienes y servicios ambientales está superando la capacidad del medio ambiente para proporcionar los mismos; y segundo, en muchos ámbitos los ecosistemas que proporcionan los bienes y servicios están siendo socavados, suprimidos o envenenados.

Es posible que sólo cuando ya esté bien entrado el Siglo XXI alcancen a percibirse cabalmente los efectos de las crecientes concentraciones de dióxido de carbono, del agotamiento del ozono estratosférico, del deterioro de los suelos, del incremento de la introducción de sustancias químicas tóxicas complejas y persistentes en el ambiente, y de la extinción masiva de especies.

Sin embargo, una vez que esos problemas ambientales del mundo se hagan palpables, será muy difícil revertirlos. En realidad, pocos o acaso ninguno de los problemas abordados en el estudio pueden remediarse con soluciones inmediatas de tecnología o de directrices; lejos de ello, están inextricablemente unidos a los problemas sociales y económicos más desconcertantes del mundo.

Quizá los problemas más inquietantes son los que se refieren a que el incremento demográfico y la pobreza conducirán a graves reducciones a largo plazo en la productividad de los sistemas de recursos naturales renovables. En algunas regiones, la capacidad de los sistemas de recursos naturales para el sostenimiento de poblaciones humanas está ya seriamente menoscabada por los empeños de las poblaciones actuales que luchan por satisfacer sus necesidades inmediatas más desesperadas, y esos daños amenazan con empeorar”.

En consecuencia, la noción de capacidad de sostenimiento sólo tiene sentido en relación a todo el planeta, y depende además del nivel tecnológico y la organización social en un estadio histórico dado.

Un claro ejemplo de esta capacidad de sostenimiento del planeta, se observa en la parte de producción fotosintética de la Tierra, de acuerdo al biólogo Peter Vitousek de la Universidad de Stanford: la producción primaria neta de fotosíntesis de la tierra es la cantidad de energía solar fijada por las plantas en la fotosíntesis, menos la energía utilizada por las mismas plantas, lo que constituye la energía bioquímica que sustenta todas las formas de vida animal, el total de los recursos alimentarios del planeta.

Pues bien, en su estudio se calculó que el 40 por ciento de la producción primaria neta anual mundial de la fotosíntesis terrestre se emplea directamente en satisfacer necesidades humanas, o es indirectamente utilizada o destruida por la actividad humana. La proporción podría duplicarse, alcanzando el 80 por ciento en el año 2030, si prosiguen los ritmos actuales de crecimiento de la población y el consumo. Mientras acaparamos una parte cada vez mayor de la energía de la Tierra, los ecosistemas naturales son degradados o destruidos cada vez con mayor rapidez.

La sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos –la sociedad, el medio ambiente y la economía– están entrelazados. Por ejemplo, una sociedad próspera depende de un medio ambiente sano que provea de alimentos y recursos, agua potable y aire limpio a sus ciudadanos.

También, la sostenibilidad ha sustituido la forma de crecimiento y desarrollo económico de los países que imperó desde la segunda mitad del Siglo XX con sus nefastas consecuencias sociales y ambientales y que hasta hace poco tiempo, eran consideradas como inevitables y aceptables. Sin embargo, ahora comprendemos que el crecimiento y desarrollo de los países no deben significar el deterioro ambiental y la disminución de nuestros recursos naturales.

Hoy, la cosmogonía de los pueblos originarios de Oceanía, Asia y Latinoamérica, nos obliga a crear programas de desarrollo sostenible en donde la persona es parte de la tierra, no su propietaria. Tal y como se reconoce en la Declaración de la Tierra, la cual contiene 27 principios entre el que podemos señalar: “Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.

Así, los ideales y principios que constituyen la sostenibilidad, incluyen conceptos amplios tales como: equidad entre las generaciones, igualdad de género, paz, tolerancia, reducción de la pobreza, preservación y restauración del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y justicia social, conceptos todos estos que la Declaración de Río, que surge de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra “Cumbre de Río” forma parte del Programa “Agenda 21”; y actualmente, de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, entre los que podemos señalar:

• Entender los temas locales en un contexto global y reconocer que las soluciones a los problemas locales pueden tener consecuencias mundiales.

• Comprender que las decisiones individuales de los consumidores afectan y dan origen a la extracción de recursos y a procesos de manufactura en lugares distantes.

• Poner énfasis en el papel que juega la participación pública en la comunidad y en las decisiones de los gobiernos. Las personas cuyas vidas se verán afectadas por las decisiones que se tomen deben participar en el proceso que llevará a las decisiones finales.

• Exigir mayor transparencia y responsabilidad en las decisiones gubernamentales.

Por eso, la Organización de las Naciones Unidas utiliza la sostenibilidad como un modelo general para tratar distintos desafíos interrelacionados en el mundo, creando así lo que hoy conocemos como el Programa Objetivos del Milenio o Agenda 21, que busca un desarrollo con reducción de la pobreza, protección del medio ambiente, justicia social y educación para todos.

Estas tareas, derivaron del análisis que este organismo internacional realizó durante los últimos 25 años del Siglo XX, y cuyo diagnóstico estableció que:

“El mundo se está urbanizando rápidamente. Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, que recibirá tres billones de personas más. La mayor parte de este crecimiento tendrá lugar en países en vías de desarrollo.”

“Las ciudades son motores del crecimiento y de creación de empleo. Son responsables por 80 por ciento del Producto Interno Bruto mundial. Y cuando están bien planificadas, gobernadas y financiadas, las ciudades pueden y deben conducir el crecimiento económico nacional. Ningún país jamás ha alcanzado un estado de ingresos medios sin urbanización adecuada.”

“... es fundamental comprender que la buena urbanización no es un resultado pasivo de crecimiento, sino un motor de crecimiento. Cuando se desbloquean los recursos endógenos, un ciclo positivo de inversión en infraestructura y servicios se desata, la urbanización siempre genera valor económico, aunque este y los costos no siempre son igualmente compartidos.”

“Sin embargo, las ventajas de la urbanización no están garantizadas. Sin una legislación adecuada, una buena planificación y un financiamiento adecuado, las ciudades pueden fallarle a sus poblaciones. El problema al que nos enfrentamos actualmente es que la mayor parte de la nueva urbanización es espontánea y no planificada. Por lo tanto, en lugar de resultados positivos, a menudo se producen externalidades negativas como la congestión, la expansión y la segregación”

Finalmente, en el 2015, los objetivos de desarrollo del milenio fueron revisados, y los datos que se presentaron son los siguientes:

• El número mundial de muertes de menores de 5 años se ha reducido de 12.7 millones en 1990 a 6.3 millones en 2013.

• En los países en desarrollo, el porcentaje de menores de 5 años con bajo peso se ha reducido del 28% en 1990 al 17% en 2013.

• Las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en el mundo un 38% entre 2001 y 2013.

• Los casos existentes de tuberculosis están disminuyendo, igual que las muertes entre los casos de tuberculosis sin VIH.

• En 2010 el mundo cumplió la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con respecto al acceso al agua potable, medido por un indicador indirecto: el acceso a fuentes de agua mejoradas. Sin embargo, todavía queda por alcanzar la meta relativa al saneamiento.

Ante los resultados, se establecieron metas y trabajos sobre el desarrollo sostenible de 2015-2030, mejor conocida como Agenda de Río+15, la cual fue dada a conocer en septiembre de 2015 y que es un instrumento internacional audaz y más ambicioso que el planteado en las metas del milenio para el desarrollo urbano sustentable.

En primer lugar destaca porque descansa su efectividad en lograr la sostenibilidad, lo que implica; por una parte, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, frenar la deforestación y la desertización de los suelos; revertir la contaminación y el desperdicio del agua para consumo humanos; así como promover la generación de nuevas tecnologías para producir energías limpias.

Por otra parte, pretende modificar los patrones de consumo que tenemos en el modelo de capitalismo salvaje que hoy nos agobia; es decir, realizar un cambio cultural profundo sobre aquello que como países y humanidad en general necesitamos.

Solamente, por citar un ejemplo de los impactos en el medio ambiente que se están generando en el desarrollo de los países de manera tradicional, se observa en los bosques, los cuales cumplen un papel fundamental para acabar con el hambre en el mundo, según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DESA) que hace un amplio análisis sobre la relación entre esos recursos y la seguridad alimentaria.

Según datos divulgados por DESA el 25 por ciento de la población global depende de los bosques para su subsistencia. Actualmente unos tres mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y de las costas para subsistir y hay otros 1,600 millones que dependen de los bosques. La degradación de la Tierra y la pérdida de biodiversidad están amenazando el sustento de más de mil millones de personas que viven en zonas secas.

Ante ello, países como Ecuador y Venezuela cuentan con leyes generales de zonas de desarrollo sostenible. Lo mismo se observa en las comunidades autónomas españolas como la de Coruña, que han establecido como marco rector para la construcción, crecimiento y desarrollo ya sea en poblaciones urbanas, rurales y patrimoniales criterios de desarrollo sostenible.

Estos criterios operativos son los siguientes Principios:

“1.Principio de irreversibilidad cero: reducir a cero las intervenciones acumulativas y los daños irreversibles.

2. Principio de la recolección sostenible: las tasas de recolección de los recursos renovables deben ser iguales a las tasas de regeneración de estos recursos.

3. Principio del vaciado sostenible: es cuasi-sostenible la explotación de recursos naturales no renovables cuando su tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación de sustitutos renovables.

4. Principio de la emisión sostenible: las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a las capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos (lo cual implica emisión cero de residuos no biodegradables).

5. Principio de selección sostenible de tecnologías: han de favorecerse las tecnologías que aumenten la productividad de los recursos (el volumen de valor extraído por unidad de recurso) frente a las tecnologías que incrementen la cantidad extraída de recursos (eficiencia frente a crecimiento).

6. Principio de precaución: ante la magnitud de los riesgos a que nos enfrentamos, se impone una actitud de vigilante anticipación que identifique y descarte de entrada las vías que podrían llevar a desenlaces catastróficos, aun cuando la probabilidad de estos parezca pequeña y las vías alternativas más difíciles u onerosas.”

México, no debe quedar al margen de estos movimientos internacionales por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y nuestro entorno ambiental a partir de la planeación del crecimiento del país.

Al respecto, ONU-Hábitat ha señalado que los desastres naturales sufridos en diversas partes de nuestro territorio nacional como: inundaciones, huracanes, nevadas y sequías a lo largo y ancho del país se incrementan por la falta de una planeación nacional uniforme y con estándares internacionales.

A mayor abundamiento, los acontecimientos de índole natural derivados del cambio climático que afectan a todo el planeta y los desastres humanos como el derrame petrolero en el Golfo de México de hace algunos años, obligaron a nuestro país, a establecer mecanismos de preservación de las zonas naturales y patrimoniales de los estados afectados; por citar un ejemplo, en Veracruz, estado que cuenta con zonas arqueológicas como la Venta y Tajín, mismas que están protegidas por la federación, a través de la Ley General de Monumentos y Zonas Arqueológicas; o Tlacotalpan, ciudad que forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por declaración de la UNESCO, y que en la actualidad mantiene una gran presión en su territorio para la fundación y crecimiento de la zona urbana.

A lo anterior, debemos sumar, la desecación de los humedales, ríos, lagunas, así como el incremento de la desertificación de grandes extensiones del norte, centro y algunas partes del sur del país. Como botón de muestra, los bosques y selvas de nuestro país se encuentran en grave peligro de desaparición, pues de acuerdo con la FAO, la tasa de deforestación anual en México, es de uno por ciento anual, lo que equivale a perder casi cuatro veces el territorio del estado de Tlaxcala, en consecuencia, nos colocamos en el segundo lugar a nivel mundial con la tasa de deforestación más alta.

El cambio en la vocación el uso de suelo, de conservación, rural y forestal a ganadero y agrícola, ha derivado que en la actualidad la superficie dedicada a la producción bovina en México, corresponda al 57 por ciento del territorio nacional y sigue en aumento; mientras que la superficie forestal de 2000 a 2004 disminuyó de ocho punto seis millones de hectáreas a seis punto uno, según indica la FAO.

A ello debemos adicionar que el incremento y aparición de nuevas zonas metropolitanas en México y que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el 2015 eran 59, en donde habita alrededor del 60 por ciento de la población nacional ha generado la desaparición o degradación del suelo de conservación, rural.

Lo anterior da cuenta de que no podemos seguir las políticas de crecimiento y desarrollo urbano de hace 30 o 40 años. Los gobernados y principalmente el medio ambiente nos obligan a buscar estrategias de crecimiento sustentable, en donde el desarrollo urbano y rural, el comercio, la economía y la producción del país nos plantea un nuevo reto, crear figuras que en un largo plazo nos permitan cohabitar a todos los seres vivos con respeto de unos a otros.

Este es el reto que como país tenemos en la actualidad, hoy debemos cambiar la visión de crecimiento y desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y de nuestras zonas patrimoniales que hasta hoy hemos creado. Hoy debemos crear políticas públicas sustentables para dejar de apropiarnos del suelo y el medio ambiente, para nuevamente coexistir como parte de este territorio.

En consecuencia, debemos crear marcos legales en lo federal que nos permitan cumplir los objetivos del milenio que México, pues a nivel estatal y municipal ya existen ordenamientos normativos en materia de desarrollo urbano sustentable.

Claros ejemplos de lo anterior, son la creación de la primera ciudad sustentable “Nuevo Juan de Grijalva en Chiapas” y las eco-etnias en el Estado de México, que fueron creadas y se desarrollaron durante la administración del Presidente Enrique Pena Nieto, mismas que muestran que en la generación de desarrollo urbano debemos forjar nuevos paradigmas de espacio de ciudades y hacia donde debemos dirigir los esfuerzos para la fundación y crecimiento de ellas.

Ahora bien, el artículo 27 constitucional establece en su tercer párrafo: “...La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;...”

En lo que tiene que ver con la Ley General de Asentamientos Humanos, que es la disposición legal reglamentaria del párrafo citado con anterioridad se establece:

Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante: I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población; II. El desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización; III. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el territorio nacional; IV. La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población; V. El desarrollo sustentable de las regiones del país; VI. El fomento de centros de población de dimensiones medias; VII. La descongestión de las zonas metropolitanas; VIII. La protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas; IX. La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de población; X. La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación; XI. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población; XIII. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos; XIV. La preservación del patrimonio cultural de los centros de población; XV. El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población; XVI. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y popular; XVII. La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo regional y urbano, y XVIII. La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos. XIX. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad.

En virtud de lo anterior, y en el marco de lo que establece en los artículos 4 y 26 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales derivado de la modificación constitucional realizada en 2011 establecen como derecho humano el contar un medio ambiente sano y limpio, el derecho de participar en la planeación nacional, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la Iniciativa de Ley que tiene como fin establecer las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Urbana, Rural y Patrimonial para el desarrollo urbano del país, lo anterior en términos de lo que establece el artículo 73, fracciones XXIX-C y XXIX-G, respectivamente, en materia de asentamientos humanos y protección al medio ambiente.

Estas cinco directrices estratégicas, se convertirán en las acciones públicas y políticas de ejecución en territorio de lo mandatado en la Ley General de Asentamientos Humanos, es decir, serán las pautas de orientación, diseño y elaboración de los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico al que se le adiciona el componente patrimonial de crecimiento del país, para que éste se realice con lineamientos internacionales de sustentabilidad e integralidad socio-ambiental, bajo las siguientes vertientes:

1. Directrices generales para la programación, coordinación y participación, la cual se refiere a la participación de las autoridades y la sociedad en la creación del programa de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentable.

2. Directrices generales para las actuaciones o Directrices relativas a las actividades económicas y al empleo. En ella se establece los criterios para el desarrollo de una nueva forma generar económica y riqueza para el desarrollo sustentable del país.

3. Directrices relativas a las infraestructuras y equipamientos básicos. Estos criterios se refieren al crecimiento y desarrollo de las ciudades, así como las comunidades que existen para que estas se realicen con pleno respeto al medio ambiente.

4. Directrices relativas a los servicios y bienestar social y Directrices relativas al medio ambiente. En ellas se señalan todas aquellas acciones que se requieren ejecutar desde el gobierno y la sociedad para alcanzar un desarrollo sustentable, es decir, con criterios económicos, sociales y ambientales sustentables.

5. Directrices particulares atendiendo a la calificación de las zonas. Estas se refieren al tema de ubicación de zonas urbanas, periurbanas, de comunidades indígenas, patrimoniales para con ellas establecer el tipo de acciones para el desarrollo sustentable del país.

En consecuencia, estas directrices, se convertirán los instrumentos de ordenación del territorio nacional que pueden extenderse indistintamente sobre territorios rurales y urbanos, resultando el instrumento de planificación más apropiado para organizar y materializar un marco de relaciones urbano – rurales y de zonas patrimoniales adecuado al principio de complementariedad entre los espacios.

La iniciativa que se presenta consta de cuatro títulos, 77 artículos y cuatro transitorios. El Título primero es el relativo a los preliminares, en donde se incluyen las disposiciones generales y atribuciones de las autoridades.

El Título Segundo es el relativo a la planeación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentable del país a través de las directrices generales para establecer de manera puntual y clara cómo se elaborarán los instrumentos de planeación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial a nivel nacional.

En el Título Tercero se propone aquello que tiene que ver con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, consta de tres capítulos, en donde se presenta el seguimiento y evaluación de este instrumento.

Por último, el Título Cuarto, tiene que ver con la ejecución y vigilancia del programa, consta de dos capítulos y ocho artículos.

Sin duda alguna, el cambiar el paradigma de planeación, diseño y ejecución del desarrollo urbano, ordenamiento del territorial, ecológico y patrimonial de manera sustentable, son un reto que debemos asumir hoy en beneficio de esta generación y de las futuras, para alcanzar una sociedad igualitaria, con una economía sólida fundada en el pleno respeto del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable

Único. Se expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, para quedar como sigue:

Título Primero
Preliminar Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1.Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 27 Constitucional, y tienen por objeto establecer:

I.Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentable nacional.

II. Encauzar las actividades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo al desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentable del país.

III.Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional del Programa de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable;

IV.Las bases para que el Ejecutivo federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas y de la Ciudad de México, conforme a la legislación aplicable;

V.Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del plan y los programas a que se refiere esta Ley, y

VI.Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan para alcanzar los objetivos y prioridades del Programa, así como de los programas que de éste deriven para el desarrollo sustentable del país.

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que regula esta ley.

Artículo 2.Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad económica, social y de sustentabilidad.

Artículo 3.La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, medio ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas.

Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I.El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacional en lo social, económico y ambiental de los habitantes del país;

II.La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social, ambiental y cultural del pueblo; impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno para alcanzar el desarrollo sustentable;

III.La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de la vida para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un medio ambiente adecuado para el desarrollo sustentable de la población;

IV.El respeto irrestricto de los derechos humanos, de las libertades y derechos sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales con criterios de sustentabilidad;

V.El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado del país promoviendo la descentralización de la vida nacional, a través del desarrollo sustentable.

VI.El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica, social y de sustentabilidad;

VII.La perspectiva cultural de las políticas públicas nacionales de modo sustentable.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Convenio:El acuerdo de dos o más entidades federativas; de estas con los municipios o de la Ciudad de México, así como entre municipios y demarcaciones territoriales para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones en materia de planeación del desarrollo sustentable.

Desarrollo sustentable: Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Desarrollo urbano sustentable:El proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea.

Directrices generales: Son aquellos instrumentos de ordenación territorial derivados de las características del suelo rural y urbano que aplican fundamentalmente en una zonificación de territorio y concretan una normativa para los diferentes usos y actividades de la población y que evidentemente tendrán que tomarse en cuenta en la elaboración y ejecución del plan nacional y programas que resulten aplicables.

Directrices generales para la programación, coordinación y participación: Son aquellas líneas de acción que comprenden la planeación, el diagnóstico y la recopilación de la información para diseñar zonas territoriales de acuerdo a sus características, en donde han de incluirse medidas apropiadas para la conservación y mejora pre-activa del suelo, los recursos hídricos, la diversidad biológica y del paisaje tradicional, el desarrollo sustentable e identificar las mejores oportunidades de orientación de las actividades sociales, económicas, medio ambientales y culturales.

Directrices generales para las actividades económicas y el empleo: Son aquellas líneas de acción que comprenden la planeación, el diagnóstico y la recopilación de la información de los principales rasgos económicos, infraestructurales, sociales, económicos, culturales y ambientales de las zonas, para ser utilizadas en la toma de decisiones; la adopción de estrategias de desarrollo sustentable y la ejecución de acciones por parte de las autoridades involucradas.

Directrices relativas a las infraestructuras y equipamientos básicos: Son aquellas líneas de acción que comprenden la planeación, el diagnóstico y la recopilación de la información de la zona para dotar de infraestructura y equipamiento de acuerdo a sus características y apegadas al Programa de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable Federal y Local vigentes.

Directrices relativas a los servicios y bienestar social, igualdad de género o Directrices relativas al medio ambiente: Son aquellas líneas de acción que comprenden la planeación, el diagnóstico y la recopilación de la información de la zona para implementar diseños generales que incluyan las actuaciones precisas para que la prestación de los servicios públicos básicos (sanidad, educación, cultura, servicios sociales, seguridad ciudadana) y se realicen en todas las zonas aplicando un criterio de igualdad entre su población y en relación con los núcleos urbanos.

Directrices particulares atendiendo a la calificación de las zonas: Son aquellas líneas de acción que comprenden la planeación, el diagnóstico y la recopilación de la información de la zona para realizar criterios elementales sobre el cómo puede enfocarse la adopción de estrategias de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentables que tengan por objeto el revitalizar aquellas zonas que carezcan de elementos de desarrollo económico, social, cultural y de medio ambiente.

Ejes estratégicos:Son aquellas decisiones fundamentales tomadas por las autoridades competentes que tiene por objeto asegurar una mayor eficacia y eficacia del Plan Nacional y los Programas en materia de desarrollo sustentable.

Mancomunidad:Es la asociación libre de municipios y de estos con las demarcaciones territoriales dentro del marco jurídico nacional, con el objeto de que se preste un servicio se dote de infraestructura conjuntamente para beneficio de sus habitantes.

Núcleo de población: Es el fenómeno urbano de personas con todas las consecuencias que su régimen jurídico implica, y que se caracterizan por su proximidad entre sí por consolidar un área urbana, que necesita ser dotada de servicios urbanísticos comunes que lo identifican.

Núcleos rurales:Son los asentamientos de población necesitados de dotaciones y servicios que no se ubican en suelo urbano.

Núcleos urbanos:Es el área habitada o urbanizada contigua y edificada, con usos de suelo de naturaleza no agrícola, y que partiendo de un núcleo central presenta continuidad física en todas direcciones hasta el ser interrumpida en forma notoria, por terreno de uso no urbano como bosques, sembradíos o cuerpos de agua.

Ordenamiento territorial:Es la técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio, e incluye normalmente una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-administrativa del mismo.

Ordenamiento ecológico:El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

Plan de zona: Consiste en la información relevante aportada por la caracterización de la zona, y debe reflejar con fidelidad y carácter sintético su particular diagnóstico sobre aspectos económicos, culturales, sociales y ambientales.

Planeación:La ordenación racional y sistemática de acciones en base al ejercicio de las atribuciones del ejecutivo federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural y de protección al ambiente para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y tiene como propósito la transformación de la realidad del país para conseguir el desarrollo sustentable.

Planeación nacional del desarrollo sustentable: al aprovechamiento racional de los recursos naturales y tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y que esta ley establecen.

Programa de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentable:El instrumento de planeación que establece la ordenación económica, social y ambiental del país con el propósito de conseguir el desarrollo sustentable.

Zonas ambientales frágiles:Son aquellas en que están propensas a la intervención de carácter antrópico que desencadenan una serie de alteraciones del ecosistema que pueden ser irreversibles en donde las poblaciones humanas normalmente son pequeñas y, a menudo no han aumentado de tamaño ni densidad, en consecuencia, sus habitantes no constituyen amenaza a la zona.

Zonas intermedias:Son aquellas que cuentan con un sistema económico relativamente importante, basado en determinadas actividades agrarias, industriales y servicios de transformación y comercialización; y que poseen densidades poblacionales medias o incluso altas que se mantienen o crecen con pirámides poblacionales más o menos equilibradas. Además cuentan con dotaciones en infraestructuras, equipamientos y servicios razonablemente buenos, y un medio ambiente sensiblemente afectado por los efectos de la ocupación humana y por la extensión e intensificación agraria y la industrialización agroalimentaria.

Zona metropolitana:Es el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales, donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación territorial que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

Zona patrimonial: Son aquellas que comprenden obras construidas y espacios urbanos que en forma individual o en conjunto revelan características culturales, ambientales, sociales, históricas, artísticas o antropológicas que expresan y fomentan la cultura. Pueden representar formas o tipos tradicionales derivados de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos o corresponder a obras singulares y expresiones originales; en ambos casos son ejemplos relevantes porque contribuyen al conocimiento de la arquitectura y el urbanismo.

Al formar parte de la riqueza cultural colectiva, sirven para fortalecen la identidad local y nacional, así como potenciar el conocimiento de nuestra propia realidad, por lo que se encuentran regulados en la ley respectiva.

Zonas a revitalizar:Son aquellas queposeen reducidas densidades de población, habitualmente envejecida, feminizada y en regresión con ausencia de relevo generacional y que generalmente son de poca extensión territorial.

Zona rural:Es la agrupación de construcciones no bien identificables e individualizados en el medio rural que se caracterizan por su dispersión entre sí, y por necesitar el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas y de servicios comunes.

Zonas periurbanas:Son los núcleos que gravitan en torno a una ciudad y presentan un crecimiento urbanístico intenso, desproporcionado a la dinámica endógena e influida por fenómenos especulativos y por la dinámica de la proximidad a una urbe. El sector económico está muy diversificado, manifestando una importante dependencia de la urbe.

Zona urbana:Es la agrupación de construcciones bien identificable e individualizada en el territorio urbanizado, que se caracterizan por su proximidad entre sí, por la consolidación de una malla urbana y por necesitar el mantenimiento adecuado de dotaciones urbanísticas comunes.

Capítulo Segundo
De las Autoridades

Artículo 5.Es responsabilidad del ejecutivo federal, conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales; las comunidades indígenas; la academia; y las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 6.El Presidente de la República, en materia de planeación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial, rural y patrimonial sustentable, tendrá además de las facultades que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que regula esta ley, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, rural y patrimonial del país, conforme al Plan Nacional de Desarrollo;

II. Promover la participación ciudadana en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, rural y patrimonial sustentable, de manera individual, colectiva o a través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, así como de las organizaciones sociales, civiles y empresariales e instituciones académicas;

III. Proponer que en las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, la creación de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos que establece esta ley;

IV. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales, con el objeto de asumir el ejercicio de las funciones que señala esta ley; y,

V. Las demás relativas y aplicables en otras disposiciones contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que regula esta ley.

El Presidente de la República, durante los primeros seis meses de su administración deberá formular el Programa de manera coordinada con los titulares del ejecutivo estatal y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a las metas que establece el Plan Nacional de Desarrollo.

El Programa deberá ser remitido a la Cámara de Diputados para su opinión, la cual deberá presentar a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al inicio de la administración pública federal.

Artículo 7.El Presidente de la República al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Programa, el cual forma parte del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 8.El Presidente de la República al enviar a la Cámara de Diputados el paquete fiscal informará del contenido general de dichas iniciativas, y su relación con el Programa y los programas anuales que conforme a lo previsto en el artículo 70 de esta ley deberán elaborarse para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 9.Los Secretarios de estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en el programa.

Además, deberán informar también sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental, igualdad y cultural en función de dichos objetivos y prioridades precisando el impacto específico y diferencial que generen en mujeres y hombres.

En su caso, explicarán las desviaciones ocurridas y las medidas que se adopten para corregirlas.

Artículo 10.La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, además de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Asentamientos Humanos y demás normatividad aplicable en materia ambiental, económica y social, contará con las siguientes facultades:

I.Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial. En el caso del ordenamiento ecológico este deberá ser coordinado con la Secretaría del ramo.;

II.Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales; así como consultar a los grupos sociales y los pueblos indígenas; y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen;

III.Cuidar que el Programa y los programas que se generen en el sistema mantengan congruencia en su elaboración y contenido;

IV.Coordinar las actividades que en materia de investigación y capacitación para la planeación realicen las dependencias de la administración pública federal;

V.Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del programa y los programas regionales y especiales tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, los respectivos gobiernos estatales y el Congreso de la Unión;

VI.Verificar, semestralmente la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del Programa y los programas regionales y especiales a que se refiere esta ley, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, el Programa y los programas respectivos, y

VII.Promover la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico del impacto del programa y los programas que se derivan para lograr la igualdad de género.

VIII.Crear y mantener actualizado el Ssistema de Planeación del Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológica y Patrimonial Sustentable, para la elaboración del Programa.

Artículo 11.A las dependencias de la administración pública federal, en materia de planeación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial, rural y patrimonial sustentable, tendrá además de las facultades que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias que regula esta ley, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I.Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades;

II.Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las entidades paraestatales que se agrupen en el sector que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determine el Presidente de la República.

III.Elaborar programas sectoriales tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector, los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, así como las opiniones de los grupos sociales; de los pueblos y comunidades indígenas interesados;

IV.Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Programa y los programas regionales y especiales que determine el Presidente de la República.

V.Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes;

VI.Considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México;

VII.Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al programa.

VIII.Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las entidades paraestatales del sector que coordinen, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas respectivos.

IX.Informar semestralmente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sobre las acciones realizadas respecto de la ejecución de lo establecido en la presente Ley.

Artículo 13.Las entidades paraestatales deberán:

I.Participar en la elaboración de los programas sectoriales, mediante la presentación de las propuestas que procedan con relación a sus funciones y objeto observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de éstos;

II.Elaborar su respectivo programa institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial correspondiente observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales respectivas;

III.Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales y, en su caso, institucionales;

IV.Considerar en el ámbito territorial sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

V.Asegurar la congruencia del programa con el programa sectorial respectivo; y

VI.Verificar la relación que guarden sus actividades, así como los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del programa.

Artículo 14.La Auditoria Superior de la Federación deberá aportar elementos de juicio para el control y seguimiento de los objetivos y prioridades del Programa y los programas.

Artículo 15.El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la atención de actividades del Programa que deban desarrollar conjuntamente varias secretarías de estado.

Estas comisiones podrán, a su vez, contar con subcomisiones para la elaboración de programas especiales que el mismo Presidente determine.

Las Entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a dichas comisiones y subcomisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.

Artículo 16.Las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable y se cumpla con lo establecido en el Programa.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A este efecto, los titulares de las secretarías de estado proveerán lo conducente en el ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley.

El ejecutivo federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para medir los avances de las dependencias de la administración pública federal centralizada en el logro de los objetivos y metas del Programa y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente y para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores públicos.

Artículo 17.Los proyectos de Iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que formule el ejecutivo federal señalarán las relaciones que existan entre el proyecto de que se trate y el Programa y los Programas respectivos.

Artículo 18.En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta ley, se estará a lo que resuelva para efectos administrativos el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Capítulo Tercero
Del Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable

Artículo 19.Los aspectos de la planeación nacional del desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentable que correspondan a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en coordinación con los titulares del ejecutivo estatal y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; y se llevarán a cabo en los términos de esta ley.

Artículo 20.Las disposiciones reglamentarias de esta ley establecerán las normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial; así como el proceso al que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control y evaluación del Programa y los programas a que se refiere este ordenamiento.

En el Sistema se deberá contener información relativa a:

I. Distribución del suelo nacional, urbano y rural;

II. Zonas patrimoniales y arqueológicas;

III. Zonas con declaratorias medio ambientales o que cuenten con protección internacional como humedales, manglares, arrecifes;

IV. Infraestructura básica como hospitales, centros de salud, educación, plazas públicas, juzgados, centros de justicia;

V. Medios de comunicación y transporte público, su calidad y cantidad;

VI. Carreteras federales, estatales, locales y caminos de alimentación;

VII. Zonas urbanas, rurales, agrícolas;

VIII. Zonas de comunidades indígenas;

IX. Zonas económicas identificadas por actividad;

X. Zonas metropolitanas;

XI. Zonas conurbadas;

XII. Área de cuencas, ríos, lagunas y todos aquellos cuerpos de agua que tenga el país y su calidad;

XIII. Áreas de producción y crianza de animales para alimentación;

XIV. Áreas de montañas, valles, praderas, y todos aquellos cuerpos de relieve que tiene el país;

XV. Zonas metropolitanas, su calidad de aire, agua, infraestructura básica;

Esta información será utilizada para la realización del Programa y será proporcionada por los estados y la Ciudad de México.

Título Segundo
De la Planeación del Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable Capítulo Primero
De las Directrices Estratégicas de Desarrollo

Artículo 21.El Programa Nacional de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable contendrá las siguientes Directrices:

I. Directrices generales para la programación, coordinación y participación.

II. Directrices generales relativas a las actividades económicas y al empleo.

III. Directrices relativas a las infraestructuras y equipamientos básicos.

IV. Directrices relativas a los servicios y bienestar social, equidad de género o Directrices relativas al medio ambiente.

V. Directrices particulares atendiendo a la calificación de las zonas.

Para términos de esta ley, se referirá como el Programa, al Programa Nacional de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable.

Artículo 22.En la elaboración del Programa deben tener intervención desde la fase de diagnóstico y establecimiento de la estrategia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentable, las entidades federativas, los municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, las comunidades indígenas y la sociedad civil.

Capítulo Segundo
De las Directrices Generales para la Programación, Coordinación y Participación

Artículo 23. La ejecución de la Directriz General para la programación, coordinación y participación se realizará a través del Sistema Nacional de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, creado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así como con el gobernador del estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

A escala operativa, deberán tener intervención activa de la unidad de coordinación designada por el secretario del ramo, así como los presidentes municipales, jefes delegacionales, autoridades de las comunidades indígenas y la sociedad civil, quienes serán los encargados de organizar la participación y de realizar contactos bilaterales o multilaterales con las diferentes secretarias y dependencias federales, locales, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

En todo caso, las Directrices Generales deberán incorporar e integrar el principio de perspectiva de género en las políticas y actuaciones con influencia en todos los ámbitos del medio, a través de pautas favorecedoras de la igualdad en políticas como la económica y empleo, la educativa y formación, la sanitaria, la artística, cultural, participación ciudadana, así como los principios sociales, económicos y medio ambientales del desarrollo sustentable.

Artículo 24. En la elaboración de las Directrices Generales para la Programación, Coordinación y Participación, participarán:

I. Las administraciones locales con actuación sobre el territorio, tales como:

a) Ayuntamientos, jefaturas delegacionales de la Ciudad de México; y en su caso, las autoridades de las comunidades indígenas.

b) Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

II. Las asociaciones y colectivos con actuación sobre el territorio, tales como:

a) Grupos de acción local;

b) Organizaciones sindicales, patronales, agrarias y demás asociaciones o colectivos relacionados con el empleo y las actividades económicas implantadas en el territorio;

c) Organizaciones sin ánimo de lucro centradas en aspectos sociales (incluida la perspectiva de género, el medio ambiente, economía y cultura), con actuación en el territorio.

d) Organizaciones sin ánimo de lucro centradas en aspectos medioambientales, con actuación en el territorio.

El proceso de participación se debe organizar de manera previa y adicional a los trámites establecidos en las leyes vigentes y las que se decreten por el Congreso del estado y Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el proceso de creación del Programa respectivo.

Artículo 25. Para la elaboración se dará prioridad a la participación de las autoridades locales en la ejecución del Programa mediante la figura del convenio de colaboración, enfocados a la resolución de los principales retos y actuaciones de naturaleza o competencia de zona, localidad, municipio o demarcación territorial de la entidad federativa y finalmente a nivel nacional, a través de los siguientes criterios:

a. Se dará prioridad a las actuaciones que resuelvan problemas a escala de la zona urbana, rural y patrimonial o que repercutan sobre el conjunto de la misma, frente a las que resuelvan sólo las necesidades o aspiraciones de un único municipio o demarcación territorial. Salvo cuando existan necesidades básicas no satisfechas que se correspondan con objetivos de acción identificados en el Programa en el resto de los casos se dará prioridad al enfoque de zona o de ámbitos supramunicipales sobre el enfoque exclusivamente municipal.

b. Se apoyarán preferentemente las actuaciones de las mancomunidades de municipios, demarcaciones territoriales y entre ambos, las actuaciones que se deriven de alianzas de municipios o demarcaciones territoriales basadas en la complementariedad de los servicios prestados al conjunto por cada uno de ellos con la consiguiente especialización y economía de escala.

c. La interacción con la planificación de obras y actuaciones del congreso local, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de las autoridades estatales, de los ayuntamientos, jefaturas delegacionales puede seguirse el criterio de complementariedad, planteando la solución de necesidades exclusivamente municipales mediante los planes de actuación, y las actuaciones de alcance nacional, estatal, supramunicipal o zonal mediante el Programa.

d. Las actuaciones del Programa deben contener un enfoque de sustentabilidad, y repercutir favorablemente sobre los aspectos económicos, sociales y ambientales de la zona urbana, rural y patrimonial.

e. Deberán crear un ambiente de cooperación y de participación adecuado para que colectivos con intereses frecuentemente contrapuestos puedan colaborar en la búsqueda de soluciones sostenibles para la zona.

f. El Programa es el instrumento que permite aplicar una política multisectorial al servicio de la nación, entidades federativas y de la Ciudad de México; en consecuencia, no debe ser utilizado como un instrumento de apoyo a determinado sector de actividad.

g. El Programa deberá contar con lineamientos que establezcan la participación en términos de igualdad de mujeres y hombres en la toma de decisiones, con particular esmero en las zonas rurales e indígenas en que existe una masculinización poblacional o laboral importante.

Artículo 26. Respecto al contenido del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa deberá tener:

a) Caracterización de la Zona. Que se entiende como la reunión información sintética de los principales rasgos económicos, infraestructurales, económicos, sociales y ambientales para ser utilizados en decisiones de la programación, diagnóstico, y la adopción de estrategias de desarrollo sustentable para la toma de decisiones sobre las actuaciones.

b) Diagnostico de Sustentabilidad. Que contendrá la información relevante aportada por la caracterización de la zona, y debe reflejar con fidelidad y carácter sintético su particular diagnosis para los aspectos económicos, sociales y ambientales.

c) Estrategia de desarrollo sustentable atendiendo al tipo de zona. Se dividirá en Zona Urbana, Rural y Patrimonial, la cual ha de ser coherente y consecuente con el diagnóstico de sustentabilidad previamente efectuado y que servirán para aprovechar las ventajas y oportunidades diferenciales de cada territorio, procurar solventar sus particulares debilidades y amenazas específicas; e incorporar la resultante del proceso de participación de las corporaciones y los agentes locales que han de ver reflejados sus principales puntos de vista en la estrategia.

Capítulo Tercero
De las Directrices Generales para las Actividades Económicas y el Empleo

Artículo 27. Las Directrices Generales para las Actividades Económicas y el Empleo deberán:

I. Procurar que los incentivos contribuyan a la multifuncionalidad económica y productiva del país con criterios de sustentabilidad.

II. Incentivar el aprovechamiento del potencial endógeno de los territorios y de las diferencias y exclusividades que presenta cada zona, entidad federativa y la Ciudad de México para promover modelos de economías apoyados en la diversidad territorial y en los activos locales con capacidad para aprovechar las oportunidades del mercado global, sin afectar el medio ambiente.

III. Aprovechar las posibilidades concretas de complementariedad que se den o puedan darse entre la zona rural y sus núcleos urbanos de referencia.

IV. Priorizar el apoyo a las actividades económicas que generen riqueza, que contribuyan al incremento del Producto Interno Bruto; generen reinversión, y que creen o mejoren el empleo en el interior de la propia zona sin poner en riesgo el desarrollo sustentable del país.

V. Centrar el apoyo en las actividades económicas que se hayan considerado estratégicas para el territorio reforzando los aspectos que permitan superar debilidades del sistema económico, o aprovechar nuevas oportunidades.

VI. Considerar el apoyo a las actividades económicas consideradas estratégicas para el territorio, a través de acciones como las de promoción, asesoramiento, formación y mejora de la calidad integral.

VII. Diseñar fórmulas de apoyo a la integración dentro de la zona urbana, rural y patrimonial de las actividades económicas a lo largo de toda la cadena de producción procurando incidir en las debilidades del sistema.

IX. Procurar que las acciones de apoyo no afecten negativamente a lugares catalogados como Patrimonial o Natural Protegida debiendo en todo momento aplicar programas de evaluación ambiental.

X. Excluir la posibilidad de otorgar ayudas a iniciativas económicas que con independencia de que a corto plazo puedan producir grandes beneficios en materia económica y de empleo, a largo plazo puedan poner en peligro o comprometer en el futuro la sustentabilidad.

XI. En el Programa se contemplara en el caso de zonas rurales, el que se incluyan medidas apropiadas para la conservación y mejora pre-activa del suelo, los recursos hídricos, la diversidad biológica y del paisaje rural tradicional.

Los programas de zona deben identificar las mejores oportunidades de orientación de las actividades.

En zonas rurales con lugares que cuenten con Declaratoria de Zona Patrimonial o de Patrimonio Cultural, y Zonas Naturales Protegidas, especies o hábitat protegidos, los compromisos adoptados deberán corresponder a los objetivos de conservación de la zona.

XII. Incluir en su caso, actuaciones de apoyo a la agricultura o ganadería ecológica, mismas que incidirán tanto en los aspectos clave de la producción como en las imprescindibles fases de transformación y de comercialización, apoyando que dichas fases se realicen en la mayor medida posible en o desde la zona rural.

En lo que se refiere a la producción, se procurará apoyar las técnicas encaminadas al ahorro de agua, recursos y energía, a la eliminación de la contaminación de suelos y aguas, y a la protección de la diversidad biológica y del paisaje rural tradicionales.

En cada caso se procurará la mejor integración posible de las actividades agrarias propias de una explotación territorial tradicional: agricultura, ganadería extensiva, granja, apicultura, el cultivo de especies medicinales, aromáticas o forestales, y el cuidado y aprovechamiento multifuncional.

Artículo 28.Para la conservación de algunas actividades agrarias tradicionales, sedeberá prestar especial atención a su conservación, principalmente cuando se encuentren amenazadas como consecuencia de la globalización o de circunstancias del mercado, y que tengan un apreciable valor cultural o ambiental, incluido el valor paisajístico.

En el caso de las actividades basadas en variedades y razas autóctonas, y de las actividades tradicionales integradas basadas en sistemas extensivos de aprovechamiento de los recursos naturales, estas se realizaran contribuyendo con ello al mantenimiento de agrario y de preservación de los ecosistemas con una alta diversidad biológica de acuerdo a las características de producción de la zona.

Artículo 29.En zonas rurales a revitalizar y zonas rurales intermedias con elevada proporción de municipios rurales de pequeño tamaño, se debe incluir en los planes de zona las actuaciones precisas de apoyo a:

a) Los establecimientos comerciales destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población rural.

b) El fortalecimiento y mejora de la venta ambulante a través de mercados públicos de productos básicos.

c) La creación de nuevos servicios comerciales integrales a domicilio basados en plataformas de comercio, entre los que se encuentran productos de alimentación, farmacia, vestido, cultura, servicios bancarios elementales.

d) La instalación de centros multiservicios albergando un pequeño comercio, centro social, hostelería, servicios bancarios, internet, entre otros.

e) Si entre los sectores económicos estratégicos para el territorio se incluye el turismo rural o alternativo, se deberá incluir en el Programa un subprograma de dinamización turística que permita avanzar en la puesta en valor de los recursos turísticos locales con enfoque de zona, con particular atención al patrimonio natural, cultural y gastronómico para fomentar un tipo de turismo de calidad, estable y sustentable. Además de apoyarse en las diferencias y exclusividades que ofrece cada territorio.

En caso de existir en la zona determinados productos turísticos consolidados, los esfuerzos se centrarán en mejorar la calidad del servicio, prestando una especial atención a la profesionalización y formación del personal encargado de prestar el servicio, así como su grado de sustentabilidad, y en términos de la ley de la materia.

En el caso de que la actividad se apoye en determinados elementos del patrimonio natural, cultural u otros recursos endógenos entre los mecanismos de incentivo se incluirán condiciones para que las empresas turísticas sean incluidas de forma efectiva en la conservación o restauración de dichos elementos.

Artículo 30.En aquellas zonas ambientalmente más frágiles, entre las que se encuentran las zonas naturales protegidas, zonas de montaña, zonas con biodiversidad amenazada establecidas en el Programa, las autoridades de los estados y de la Ciudad de México, deberán observar la implementación de actividades, que no supongan masificación de usuarios ni requieran equipamientos que pongan en riesgo el equilibrio ecológico de la misma, y deberán diseñarse de forma cuidadosa e integrada en el paisaje.

En estos casos se adoptarán disposiciones especiales para garantizar la sustentabilidad de las actividades de turismo activo y de aventura.

Artículo 31. La Programa deberá considerar para las zonas rurales los siguientes criterios:

I. En las zonas rurales en que existe una masculinización poblacional o laboral importante, diseñar la estrategia de desarrollo sustentable y las acciones de apoyo a las iniciativas empresariales introduciendo una acción afirmativa hacia las mujeres, jóvenes, personas discapacitadas y de la tercera edad.

II. Donde existan posibilidades, fomentar las actuaciones de la recuperación y de formación en materia de oficios tradicionales y de actividades artesanas características o exclusivas del territorio y constituyentes del patrimonio rural, que sean susceptibles para el desarrollo del medio de manera sustentable. .

III. Procurar y mejorar mediante incentivos diferenciales la estabilidad y permanencia de los distintos profesionales de los servicios públicos básicos en las zonas rurales, en particular en las zonas más aisladas y remotas para mejorar la calidad de prestación de sus servicios.

IV. Fomentar la adaptación de las empresas a la implantación del teletrabajo, particularmente en las zonas con dificultades de comunicación –zonas rurales aisladas- y en aquellas zonas periurbanas con elevado número de desplazamientos asociados a la localización del trabajo.

Capítulo Cuarto
De las Directrices Relativas a Infraestructura y Equipamiento Básico

Artículo 32.Las Directrices Generales relativas a Infraestructura y Equipamiento Básico deben contener y establecer cuando menos:

I. Carácter general para que las actuaciones que se programen puedan considerarse sustentables, es decir, no deberán causar efectos negativos significativos sobre ningún lugar declarado por organismos internacionales y por autoridades federales y locales como áreas naturales protegidas.

II. En todo momento se deber asegurar que las actuaciones a desarrollar cumplan con lo establecido en la normativa de aguas y en la planificación hidrológica, garantizando la conservación del dominio público hidráulico y el respeto a las zonas inundables.

III. La localización de las infraestructuras y equipamientos deberán procurar su asiento sobre las áreas comparativamente de menor valor ecológico y paisajístico.

En consecuencia, su diseño seguirá criterios de adaptación al paisaje circundante, entendido según sus elementos básicos de: color, forma, textura, línea, escala y carácter espacial.

Artículo 33.Las Directrices Generales relativas a Infraestructura y Equipamiento Básico, tendrán como ejes rectores los temas relativos a:

I. Vías de Transporte.

II. Transporte Público.

III. Tecnologías de la Información y Comunicación.

IV. Agua.

V. Residuos.

Artículo 34.Las Directrices Generales relativas a Infraestructura y Equipamiento Básico en materia de vías de transporte deberán:

a) Tomar en cuenta, con independencia de la categoría y tipo de la vía de que se trate para la localización y diseño de las acciones las particulares de las necesidades de transporte de la zona urbana, rural y patrimonial afectada, y la articulación del espacio rural y patrimonial de accesibilidad universal.

b) Disponer de un acceso por carretera asfaltada permeables, y en caso negativo deberán preverse la construcción de dicho tipo de acceso, de acuerdo con los objetivos del Programa y los programas de desarrollo respectivos en suelo Urbano y Ecológico, tomando en cuenta los criterios del desarrollo sustentable, en todos los núcleos tradicionales y habitualmente habitados con más de 100 habitantes.

c) Procurar su aprovechamiento para el desarrollo rural sustentable y su óptima utilización.

d) Diseñar infraestructuras de transporte bajo el principio de minimización de su impacto ambiental, en función de la calidad ambiental y la capacidad o fragilidad del medio receptor.

Artículo 35. Las Directrices Generales relativas a Infraestructura y Equipamiento Básico en materia de transporte público deberán:

I. Realizar un análisis del binomio rentabilidad/servicio que defina los límites del alcance de los sistemas convencionales de transporte público, y permita adoptar soluciones especiales de transporte público a la medida de cada zona urbana, rural o patrimonial teniendo en cuenta la economía, la sociedad y medio ambiente, así como la equidad, funcionalidad y eficiencia del servicio.

II. Impulsar la implantación de soluciones tendentes a la reducción del transporte privado y la optimización del transporte público a la vista de las necesidades de movilidad de la población del territorio, y en la medida que ello sea compatible con los principios del desarrollo sustentable.

III. Adoptar soluciones que permitan concesionar el servicio de transporte público, o bien organizar un sistema versátil de aprovechamiento del transporte, tomando en cuenta las circunstancias excepcionales de densidad poblacional muy baja o de existencia de otras dificultades para la implantación de un sistema rentable de transporte público.

Artículo 36. Las Directrices Generales relativas a Infraestructura y Equipamiento Básico en materia de tecnologías de la información y comunicación deberán:

I. Incrementar la extensión de la cobertura de internet a todos los núcleos habitados por tratarse de un servicio básico para un número creciente de actividades productivas y para la prestación de los servicios con el fin de comunicar a las zonas rurales y comunidades indígenas.

II. Generar inversiones o incentivos que establezcan la construcción de infraestructuras adecuadas para minimizar su impacto ambiental, con especial atención a la preservación de los paisajes valiosos y las áreas naturales protegidas con declaratoria internacional o federal tomando en cuenta el impacto que producen los elementos auxiliares, tales como las pistas de acceso o los servicios eléctricos de abastecimiento.

III. Incluir, en zonas rurales y comunidades indígenas, la dotación de las infraestructuras necesarias para extender la cobertura con estas nuevas tecnologías a la mayor parte posible de la población de la zona rural, estableciendo acciones para mejorar su implantación en los servicios públicos, atendiendo a las necesidades específicas de las instituciones y de los organismos públicos de la zona; así como para favorecer su penetración en las empresas locales de información, promoción y comercialización.

IV. Incluir en el Programa y los programas de zona, acciones de formación de la población local para el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, tanto básicas como en relación con su aplicación a los servicios esenciales, así como a su potencial aplicación para la formación laboral, educación de adultos y teletrabajo, con particular atención a las mujeres y jóvenes, a efecto de tener acceso a la información a las zonas rurales y comunidades indígenas.

Artículo 37. Las Directrices Generales relativas a Infraestructura y Equipamiento Básico en materia de agua deberán:

I. Tomar en cuenta la necesidad de garantizar en todo el territorio un abastecimiento de agua apta para el consumo humano, así como el saneamiento y la depuración de las aguas residuales hasta un nivel adecuado a las previsiones y objetivos de la normativa y planificación ambiental e hidrológica.

En los núcleos donde no se cumplan los mínimos exigidos por la normativa, tanto para el abastecimiento como para el vertido, se priorizará la programación en términos de la ley de la materia.

II. Diseñar acciones relacionadas con los abastecimientos, en donde se tomará en cuenta los principios de eficacia y eficiencia, así como procurar evitar, o en su caso minimizar, los efectos ambientales desfavorables de la toma sobre hábitat naturales dependientes de las aguas superficiales o subterráneas, como pueden ser ríos, arroyos, presas para captación, turberas, formaciones, entre otros.

III. Condicionar el otorgamiento de cualquier ayuda o la realización de cualquier inversión en beneficio de la entidad local responsable a la previa adopción por la misma de las medidas precisas para subsanar dicha disfunción, para las zonas rurales y comunidades indígenas donde se constate una habitual falta de mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales construidas.

IV. Garantizar la calidad de las aguas fluviales, se considera necesario mejorar los sistemas de depuración de las aguas residuales, prestándose atención especial al control de la contaminación por actividades ganaderas así como de otras actividades en auge en materia de turismo y deportes de aventura que se realicen fuera de los lugares debidamente acondicionados con depuradoras.

Se evitará la instalación de infraestructuras y de sectores industriales en las proximidades y área de influencias de los cursos de agua, cumpliendo los requerimientos de la legislación ambiental y de aguas vigente.

El Programa y los programas estatales y de la Ciudad de México, además de cumplir con la legislación vigente en materia de aguas, deberán atender la restauración de riberas, mares, ríos lagunas, y establecer políticas de conservación de la naturaleza y los posibles usos recreativos autorizados. Además, las actuaciones de restauración hidrológico-forestal para combatir la erosión, en las zonas que se requiera las cuales tendrán carácter prioritario, manteniendo la estructura y funcionalidad de las intervenciones, así como sus valores ecológicos y naturales.

V. Deberán establecer políticas públicas para la captación de agua de lluvia a través de su cosecha.

Artículo 38. Las Directrices Generales relativas a Infraestructura y Equipamiento Básico en materia de residuos sólidos deberán:

I. Implementar mecanismos para la implantación de la selección de residuos sólidos urbanos no peligrosos en todos los municipios de más de 5.000 habitantes, y que todos los municipios de más de 2.000 habitantes dispongan de espacios públicos limpios.

II. Clausurar y restaurar todos los vertederos de residuos urbanos, agrarios o industriales, escombreras y vertederos de residuos de la construcción y demolición, explotaciones a cielo abierto que carezcan de utilidad con fines de conservación o interpretación de la naturaleza o uso turístico y demás espacios que han sido afectados por estas actividades de forma no autorizada o estén en desuso y no se haya definido ninguna obligación legal de restauración para su titular.

III. Incluir el término legal para que la secretaría del ramo publique en el Diario Oficial de la Federación el programa de gestión de residuos de cualquier tipo, y en particular, de aquéllas situadas en los espacios propensos a mayor contaminación ambiental, con el fin de disminuir y evitar riesgos para la población o el medio ambiente.

III. Priorizar las políticas y acciones en materia de gestión de residuos en donde se deben plantear junto con las instalaciones y obras necesarias, los correspondientes programas o campañas complementarios de formación, sensibilización y educación ambiental, destinados tanto a la especialización del personal involucrado en la gestión de los residuos.

IV. En las zonas rurales donde el turismo rural o alternativo sea una actividad con importancia estratégica para el desarrollo sustentable, y su despegue esté dificultado por la existencia de un problema de gestión de residuos de cualquier índole producidos en el presente se deben incluir las actuaciones especiales y las medidas correctoras precisas.

El Programa deberá en todo momento incluir actuaciones especiales para la gestión de residuos que estén afectando de manera negativa la calidad de vida de la población, de las aguas, del paisaje o la diversidad biológica del territorio independientemente del suelo y actividad que se realice.

Capítulo Quinto
De las Directrices Generales Relativas a los Servicios y Bienestar Social, Igualdad de Género y Relativas al Medio Ambiente

Artículo 39.Las Directrices Generales relativas a los Servicios y Bienestar Social, Igualdad de Género y relativas al Medio Ambiente, tendrán como ejes los temas relativos a:

I. Salud.

II. Educación.

III. Programas y Políticas Sociales.

IV. Cultura.

V. Urbanismo y Vivienda.

VI. Medio Ambiente.

Artículo 40.Las Directrices Generales relativas a los Servicios y Bienestar Social Igualdad de Género y relativas al Medio Ambiente, en materia de salud deberán:

I. Procurar que queden asegurados los servicios sanitarios básicos de atención primaria en la zona rural y comunidades indígenas, en particular de medicina de familia y enfermería, incluyendo la atención pediátrica, geriátrica y de urgencias.

II. Dar una especial atención a la prestación de este servicio en las zonas rurales a revitalizar, y en segundo y tercer lugar, respectivamente, en las zonas urbanas rurales intermedias y periurbanas en las que la mayoría de la población reside en pequeños municipios, especialmente si se trata de zonas insulares en las que se carece de núcleos urbanos de más de 30.000 habitantes.

III. Contar con un consultorio local en cada municipio o demarcación territorial, cuya capacidad y características deben ser adecuadas a la población a la que debe servir, tomando en cuenta su tendencia.

La dotación en equipamiento de estos consultorios deber ser la necesaria para poder ofrecer las prestaciones sanitarias de atención primaria de acuerdo con la cartera de servicios de atención básica y con la organización de la asistencia sanitaria.

IV. Ofrecer en cada centro de salud de la zona con carácter general atención de medicina de familia, enfermería, pediatría y atención de urgencias.

El equipamiento de estos centros debe permitirles prestar un servicio comparable con el prestado en los centros de salud de las ciudades. El Programa de zona incluirá las adquisiciones y renovaciones de equipamiento necesario para prestar dicha atención sanitaria, así como para introducir en la asistencia sanitaria de las zonas rurales las más modernas tecnologías y medios específicamente concebidos para el ámbito rural, incluida la telemedicina.

V. Adquirir los equipamientos y realizar las asistencias necesarias para acabar de implantar la historia clínica digital en el medio rural y en las comunidades indígenas.

VI. Incluir el financiamiento de acciones destinadas a mejorar continuamente la formación y al intercambio de experiencias de los profesionales de la sanidad rural, que habitualmente ejercen en condiciones de aislamiento y dispersión en relación con el grueso de sus respectivos colectivos.

VII. Promover la aplicación de incentivos profesionales para favorecer la permanencia y estabilidad laboral de los especialistas del ramo de salud, especialmente en las zonas rurales a revitalizar, y en el resto de zonas rurales con algún nivel de prioridad o en las comunidades indígenas identificadas en el Programa.

VIII. Desarrollar bases de datos y sistemas geográficos de información sanitaria que sirvan para monitorizar la localización y cobertura geográfica de los diferentes dispositivos asistenciales existentes en el Sistema Nacional de Salud.

IX. Evaluar los tiempos de acceso a los servicios desde los diferentes núcleos poblados, y mejorar la planificación, gestión y evaluación de los servicios, facilitando información que permita coordinar eficazmente la política de sanidad con las políticas de infraestructuras de transporte, transporte público y movilidad, así como acceso al agua y recolección de los residuos sólidos.

X. Desarrollar las bases de control de plagas a través de programas de fumigación en centros de abasto y distribución de alimentos, a efecto de tener una mayor calidad en los productos alimenticios y una exacta protección sanitaria.

Artículo 41.Las Directrices Generales relativas a los Servicios y Bienestar Social Igualdad de Género y relativas al Medio Ambiente, en materia de educación deberán:

I. Introducir, en el sistema educativo y en los planes de estudio, módulos y contenidos para jóvenes y mayores de la zona relacionados con el conocimiento y la puesta de valor de su propio patrimonio que contemplen la revalorización de la cultura tradicional y autóctonos, de forma que faciliten el desarrollo.

II. La autoafirmación de la comunidad, a través de la concientización e innovación, como fuente de riqueza, dinamismo y proyección de la comunidad, permitiendo identificar e integrando el territorio como su medio de vida y el espacio de desarrollo social, económico y ambiental.

Todo ello sin perjuicio de introducir cuantos matices sean precisos para adaptar la tradición local al actual marco de relaciones entre los seres humanos, en particular en materia de igualdad, de los derechos, valores y obligaciones consagrados por la Constitución, y de respeto por el entorno natural y el medio ambiente.

III. Introducir contenidos en materias que pueden resultar particularmente útiles para desarrollar capacidades personales de innovación y de competitividad que mejoren en el futuro las posibilidades del individuo y le permitan superar las desventajas inherentes al medio. Tales como, la formación para el conocimiento y empleo de las nuevas tecnologías, cuyo impulso se considera estratégicamente prioritario.

En el plan de zona incluiría las inversiones necesarias para el desarrollo de estos contenidos especiales y complementarios.

IV. A fin de predisponer favorablemente a las generaciones futuras en pro de la sustentabilidad ambiental, las autoridades deben determinar y programar inversiones sobre materias en que se diagnostique más necesario realizar actividades y campañas de educación ambiental, identificando el estrato social que debe ser su receptor, sin olvidar atender de manera continuada la educación ambiental para los niños y los jóvenes de la zona, de manera centrada en los particulares problemas y características ambientales del territorio.

Artículo 42.Las Directrices Generales relativas a los Servicios y Bienestar Social Igualdad de Género y relativas al Medio Ambiente, en materia de programas y políticas Sociales, deberán:

I. Revisar las necesidades en función de la distribución y características de la población objetivo y las dotaciones asistenciales de la zona para detectar si existen deficiencias importantes que requieran ser corregidas mediante la programación de las oportunas inversiones.

II Priorizar programas de atención social de zonas principalmente rural y de asentamiento de comunidades indígenas con el fin de garantizar su efectividad y asegurar el derecho a que los servicios en el medio sean accesibles a todos los habitantes, prestando especial atención a las personas mayores, especialmente en las zonas rurales con elevada proporción de este segmento poblacional, y a las personas con discapacidad, sin olvidar que en determinadas zonas rurales pueden requerir una atención especial otros colectivos o materias, como pueden ser las relacionadas con la integración de la población inmigrante, o la igualdad y lucha contra la violencia de género.

III. Priorizar la dotación de equipamientos de políticas y programas sociales públicos, como residencias para la tercera edad permanentes, de día y de noche, locales de reunión, centros para personas con discapacidad, centros de juventud, refugios para casos de violencia de género, sobre las partes del territorio con ausencia, escasa dotación o inferior accesibilidad a los mismos, especialmente en los sectores de la zona rural o comunidades indígenas con poblaciones más aisladas o dispersas.

IV. Programar acciones dando énfasis en las zonas donde se presente un mayor número de violencia de género, ya sea con la dotación de un refugio de acogida de mujeres maltratadas, o con la previsión de prestación de este servicio en un centro adecuado al exterior de la zona.

V. Atender cuestiones de carácter social, a través de políticas y programas sociales aplicables en zonas rurales y urbanas, mediante las cuales se brinde certeza y seguridad social a los habitantes del país, principalmente a jóvenes en situación de calle, personas de la tercera edad, madres solteras, y en general a grupos vulnerables, en apoyos educativos a través de becas económicas y alimentarías.

Artículo 43.Las Directrices Generales relativas a los Servicios y Bienestar Social Igualdad de Género y relativas al Medio Ambiente, en materia de cultura, deberán:

I. Incluir un adecuado análisis del nivel y de la intensidad cultural de la población, y de la oferta en equipamientos y actividades culturales del territorio, e identificar las principales carencias, necesidades y oportunidades en esta materia, como base para la programación de las actuaciones.

II. Incluir por su papel esencial como base de reconocimiento y afirmación de la identidad de cada zona, un apartado relativo a la conservación, recuperación y promoción de la cultura nacional, local y preservación patrimonial

III. Generar políticas de impulso activo a la salvaguarda de tradiciones, lenguas y hablas autóctonas, fiestas locales, romerías, festivales, bienes artísticos y arquitectónicos, paisajes rurales tradicionales, así como la creación de museos etnográficos y monográficos sobre elementos de identificación de las zonas y áreas patrimoniales, y demás instrumentos de promoción, identidad e imagen de las zonas rurales y urbanas.

IV. Reconocer la necesidad de incluir componentes discordantes con el actual marco normativo, de convivencia ciudadana o de conocimiento se actualicen y adapten al mismo.

V. Incluir actuaciones de recuperación y conservación del patrimonio cultural, en atención a su propio valor intrínseco, así como actuaciones paralelas a las anteriores que además permitan su puesta en valor, como apoyo logístico clave al turismo rural o alternativo.

VI. Incluir la difusión y el fomento de los valores culturales y simbólicos de la arquitectura tradicional a través de la educación formal e informal que contribuyan a una mayor revalorización, preservación y respeto de este tipo de construcciones para su preservación.

VII. Incluir el deporte como una verdadera necesidad en el ámbito personal para mantener una forma de vida saludable, así como que resulta una sana forma de relación social, de dinamización del estado en general, e incluso de generación de recursos y de actividad económicos.

VIII. Establecer acciones que faciliten la realización de actividades deportivas sobre cavidades naturales, escarpes, ríos, glaciares, montañas, cañones y otro hábitat o elementos geomorfológicos espaciales deberán previamente conformarse por el órgano competente en conservación del patrimonio natural o geológico.

El Programa y los programas estatales y de la Ciudad de México, deberán estar orientados al fomento de actividades artísticas y culturales que tenga por objeto el desarrollo turístico y de inversión en espectáculos internacionales, en donde la inversión extranjera vea un atractivo en el país, con criterios de sustentabilidad.

Artículo 44.Las Directrices Generales relativas a los Servicios y Bienestar Social Igualdad de Género y relativas al Medio Ambiente, en materia de urbanismo y vivienda, deberán:

I. Promover la consolidación en la zona urbana, rural y patrimonial de la optimización de la prestación de los servicios básicos públicos y privados para el conjunto de la zona, y teniendo en cuenta la accesibilidad a los núcleos de cabecera desde cada uno de los demás núcleos. La ordenación del territorio, y en consecuencia la ordenación urbanística de cada entidad federativa, municipio o demarcación territorial, deben estar diseñados bajo criterios de funcionalidad a escala de la zona, con criterios de sustentabilidad.

II. Apoyarla elaboración de normas de ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial, así como de urbanismo, que respondan a una iniciativa e interés esencialmente públicos, y que los parámetros de crecimiento urbanístico, estén adecuadamente justificados de acuerdo con una prospectiva sustentable de las necesidades de ocupación de uso suelo, tanto para la edificación como para las industrias, servicios, zonas y áreas verdes, espacios públicos y demás usos urbanísticos.

III. Procurar incentivar un modelo territorial y urbano que permita mantener una estructura de asentamientos de pequeña escala, potenciando la consolidación de los núcleos que puedan actuar como cabeceras municipal a efectos de prestación de servicios, y evitando desarrollos urbanísticos focalizados y exclusivos en determinados puntos del territorio aislados o desconectados de la trama y dinámicas de los cascos urbanos preexistentes.

IV. Consolidar el sistema de centros rurales tradicionales, permitiendo crecimientos en cualquier caso continuos, compactos, seguros, resilentes, accesibles y sustentables plenamente justificados para garantizar la eficiencia en el empleo del suelo, así como la futura calidad de los servicios públicos, y la vertebración y estructuración del territorio en su conjunto.

V. En las zonas rurales periurbanas y comunidades indígenas, se debe otorgar prioridad a la elaboración de normas de ordenación territorial y urbanística, elaboradas bajo un enfoque de zona y de sustentabilidad en primera instancia que sean capaces de moderar y de contrarrestar eficazmente la habitual tendencia a favorecer una explosión y proliferación de desarrollos urbanísticos completamente ajenos a la dinámica y necesidades.

VI. Procurar fomentar la localización de áreas en relativa proximidad o colindancia con los núcleos urbanos para no aumentar la dispersión de los espacios ocupados, en condiciones que eviten molestias o riesgos para la población.

VII. Impulsar la construcción de vivienda de interés social o popular, así como en su caso la rehabilitación o mantenimiento de las viviendas existentes.

Asimismo, se impulsará la creación y construcción de ciudades sustentables promoviendo en estas la inversión de capital privado, fideicomisos o similares en donde se de en mayor proporción la participación federal y estatal con el apoyo de la mano de obra de los habitantes de la comunidad.

Artículo 45.Las Directrices Generales relativas a los Servicios y Bienestar Social Igualdad de Género y relativas al Medio Ambiente, que tienen que ver con conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales, deberán:

I. Integrar de forma real y efectiva las actividades de conservación y restauración del medio natural en las actuaciones del Programa.

II. Adoptar estrategias de desarrollo sustentable en el Programa y adaptarlas a la particular situación, fragilidad y potencialidad ambiental de cada zona, lo que permitirá compatibilizar una actividad económica continuada y diversificada en la zona urbana, rural, comunidad indígena o patrimonial con la conservación de la naturaleza, la diversidad biológica y la calidad ambiental del territorio.

Se deberán identificar fórmulas de participación, llegando a acuerdos operativos, tanto los municipios, cabildos y las autoridades de los estados, de la Ciudad de México y la federación de acuerdo a sus competencias.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sus distintos ámbitos de competencia deberán fortalecer los Programa para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable del país.

El modelo y la estrategia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y patrimonial sustentable que establece el Programa deben tener una clara orientación de sustentabilidad, y estar apoyado en pactos y compromisos firmes de las respectivas administraciones y agentes sociales afectados.

La adopción de este tipo de compromisos es especialmente relevante en las zonas a revitalizar, donde el nivel de exigencia y de protección ambiental es comparativamente más elevado, y las posibilidades de diversificación de los sectores económicos escasas.

También aplicaran estos criterios en las zonas intermedias y periurbanas, donde las actividades económicas y el desarrollo urbanístico presentan una gran pujanza, mientras que los valores ambientales se encuentran frecuentemente depauperados y muestran una elevada vulnerabilidad.

III. Programar acciones encaminadas al cumplimiento de sus objetivos de conservación, en zonas urbanas, rurales y patrimoniales que posean áreas naturales protegidas y declaratorias internacionales, nacionales o estatales patrimoniales. Además de una evaluación de los recursos naturales existentes en dichos espacios que pueden aprovecharse con fines de desarrollo sustentable, siempre buscando mantenerlos en buen estado de conservación.

En este sentido, las áreas naturales protegidas se configuran como un importante activo para el desarrollo turístico rural o alternativo de calidad, para que su población y entorno pueden beneficiarse.

Además de las oportunidades que brindan sus propios instrumentos de fomento otorgando incentivos especiales vinculados a la existencia del área natural protegida para iniciativas y actuaciones que puedan contribuir a un desarrollo sustentable de la zona.

IV. Incluir actuaciones de sensibilización, educación y formación de los agricultores, ganaderos, forestales, titulares de terrenos cinegéticos acerca de su papel en el mantenimiento del medio rural en general y del paisaje rural en particular, e informar y formar sobre las buenas prácticas vinculadas al buen estado de conservación de este tipo de agro - sistemas y sus procesos clave.

V. Realizar estudios prospectivos de los efectos locales previsibles sobre los ecosistemas y los principales recursos naturales que permitan proponer actuaciones concretas para mejorar el grado de adaptación del territorio a dichas previsiones. Esta actuación debería incluirse en los Programas de los estados, la Ciudad de México, municipios y comunidades indígenas que se encuentren en alguna de estas situaciones:

a) Poseer actualmente una climatología desfavorable en términos de reducida precipitación, aridez o acusada irregularidad en el régimen de lluvias.

b) Reducidas disponibilidades hídricas, o situaciones próximas a la sobreexplotación de recursos hídricos o a la saturación en el grado de utilización de los mismos.

c) Poseer ecosistemas naturales u otro tipo de sistemas productivos actualmente situados en el límite inferior de su rango pluviométrico, o en el límite superior de su rango térmico.

d) Poseer áreas naturales protegidas destinadas a la conservación de especies o comunidades indígenas.

Capítulo SextoDe las Directrices Particulares Atendiendo la Calificación de las Zonas

Artículo 46.Las Directrices Particulares atendiendo a la Calificación de las Zonas, tendrán como ejes los temas relativos a:

I. Zonas a revitalizar.

II. Zonas Intermedias.

III. Zonas Periurbanas y Urbanizadas.

Artículo 47.Las Directrices Particulares atendiendo a la Calificación de las Zonas, en lo relativo a zonas a revitalizar deberán:

I. En el ámbito económico:

a) Fomentar el turismo rural o alternativo que pueda aprovechar mejor las singularidades y posibilidades de cada territorio, o las asociadas a la segunda residencia que puedan servir para consolidar una mínima base económica en el territorio.

b) Implementar en aquellos municipios rurales donde la viabilidad de los establecimientos comercios es reducida, estrategias para potenciar formas alternativas de prestación de los servicios comerciales, incluida la venta ambulante y los servicios apoyados en las nuevas tecnologías.

II. En materia de infraestructuras:

a) Crear estrategias que puedan incidir en mejorar la red de transporte por carretera, evitando causar daños sobre los recursos naturales y el paisaje; así como fórmulas de transporte público flexibles a la demanda de la zona, y en implantar Internet por banda ancha en todos los núcleos habitados.

b) Mejorar la red de transporte público de estas zonas, para ello es conveniente valorar que en las zonas rurales que presenten un mayor grado de aislamiento, generalmente combinado con un excelente estado de conservación de sus recursos naturales, y con una clara orientación hacia el turismo rural y de naturaleza.

Para lo cual, el aislamiento donde se ubica debe aprovecharse como activo turístico del territorio para abrir la zona a un público exigente en estos parámetros, que ha de prolongar la estancia y pernoctar en la propia zona, promoviendo con ello los servicios hosteleros derivados.

III. En materia de servicios y bienestar social:

a) Incidir en reforzar estratégicamente por lo menos los servicios sociales, sanitarios y educativos.

IV. En materia de servicios municipales:

a) Concretar fórmulas previstas de cooperación entre los diferentes municipios de la zona rural, pues su pequeño tamaño impide su correcta prestación de manera individual.

b) Evitar el despoblamiento y fomentar la permanencia de la población, se deberán poner en marcha medidas proactivas y de perspectiva de género en materia de empleo y formación, conciliación laboral y personal, que les permita quedarse a vivir y trabajar en situación de igualdad.

V. En materia ambiental:

a) Mantener altos estándares de naturalidad, de biodiversidad y de calidad ambiental coherentes con los requerimientos de las figuras de protección existentes para mejorar la capacidad del territorio para el uso turístico.

b) Potenciar los servicios ambientales para contribuir a la base económica del el territorio, trabajos estos deberán ser coordinados desde el gobierno del estado y en su caso por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 48.Las Directrices Particulares atendiendo a la Calificación de las Zonas, en lo relativo a zonas intermedias, deberán:

I. En materia de las actividades económicas y generación de empleo, deberá establecer políticas y acciones encaminadas a la mejora de la eficiencia del sistema productivo agroalimentario local; la mejora del sistema de gestión; de la calidad de los productos, y la penetración en nuevos mercados.

II. En materia de infraestructuras y equipamientos, establecer políticas y acciones que incidan en materia de ahorro y eficiencia en el consumo de agua por la agricultura, en gestión de los residuos urbanos, agrícolas y agroindustriales generados, y en la posible implantación de energías renovables como forma de diversificación económica, ahorro y mejora de la eficiencia energética.

III. En materia de servicios, controlar la alta densidad de población para alcanzar el equilibrio de la pirámide poblacional en el país para utilizarlas en el favorecimiento de economías de escala en la prestación de los servicios básicos en materia de sanidad, educación y asistencia social para su prestación a niveles de calidad adecuados.

IV. Establecer acciones y políticas públicas para la integración de la población migrante e inmigrante, que por su dedicación a las labores agrarias puede ser cuantitativamente importante para mejorar las posibilidades culturales de la población.

V. Mejorar la accesibilidad de la vivienda a las jóvenes parejas, facilitar la escolarización infantil a tempranas edades, y dotar a la zona de nuevas especialidades sanitarias y educativas. Se deberán poner en marcha medidas de acción afirmativa así como incorporar la perspectiva de género en todas las acciones que se impulsen.

V. En materia de medio ambiente, establecer criterios y estrategias orientadas a la reducción del impacto derivado de las actividades agrarias y agroalimentarias dominantes en la zona, y en la conservación de los generalmente reducidos espacios naturales

VI. Implementar acciones y políticas para la preservación y conservación de prácticas agrarias tradicionales a través de la potenciación de dichas actividades tradicionales.

Artículo 49.Se entiende como zona periurbanas y urbanizadas, aquella cuya densidad de población es alta y está en crecimiento con buenas tasas de relevo generacional.

Las Directrices Particulares atendiendo a la Calificación de las Zonas, en lo relativo a zonas periurbanas y urbanizadas, deberán:

I. Crear estrategias de desarrollo sustentable que deberán elaborarse de forma coherente con la homóloga de la ciudad en torno a la que gravitan, pues es el tipo de zona que manifiesta un nivel de interacciones urbano-rural más elevadas.

Se debe atender las necesidades permanentes de movilidad de la población entre ambos ámbitos, y en materia económica debe potenciar las actividades que en mayor medida permitan beneficiarse de la complementariedad urbano-rural, en función de las posibilidades que ofrezca la ciudad en torno a la que gravitan, para fijar empleo en la propia zona y así disminuir la dependencia laboral del área.

II. Establecer estrategias que promuevan operaciones urbanísticas generen recursos claramente suficientes para hacer frente a todos estos sobre-costos, ya que de lo contrario habrán de satisfacerse posteriormente con cargo a recursos de las administraciones públicas.

III. Priorizar los esfuerzos sobre el eje ambiental, destinados a corregir los numerosos impactos derivados de las diferentes actividades humanas, y a conservar los fragmentos de ecosistemas naturales que aún existan ríos, riberas, humedales, bosques, mares, límites territoriales.

Título Tercero
Del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable Capítulo Primero
Del Programa y los Programas de Desarrollo

Artículo 50 -El Programa precisará los objetivos nacionales, directrices, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, que establezca el Plan Nacional de Desarrollo.

En consecuencia, el Programa contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación del desarrollo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El Programa deberá elaborarse, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su publicación deberá realizarse a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente; su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda.

La categoría de Programa queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 51.El Programa indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo.

Estos programas observarán congruencia con el Programa, y su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor.

Artículo 52.Los programas se sujetarán a las previsiones contenidas en el Programa y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución.

Artículo 53.Los programas institucionales que deban elaborar las entidades paraestatales, se sujetarán a las previsiones contenidas en el Programa y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule su organización y funcionamiento.

Artículo 54.Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Programa y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa.

Artículos 55.Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijado en el Programa, y a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.

Artículo 56.Los programas metropolitanos se referirán a las prioridades de desarrollo de las zonas metropolitanas atendiendo a las necesidades, planes y actividades relacionadas con dos o más entidades federativas y de estas con la Ciudad de México, para alcanzar el desarrollo sustentable.

Artículo 57.Para la ejecución del Programa y los programas sectoriales, institucionales, regionales, metropolitanos y especiales, las dependencias, entidades federativas y de la Ciudad de México elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social y ambiental correspondientes.

Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí y regirán durante el año de que se trate las actividades de la administración pública federal y estatal en su conjunto, los cuales servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades que deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Artículo 58.El Programa y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, para la inducción o concertación con los grupos sociales interesados.

Artículo 59.El Programa y los programas regionales especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los impactos presupuestales.

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno y administración de la entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector. Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el párrafo anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 60.El Programa y los programas que de él se deriven, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 61.El Programa y los programas serán revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias. Los resultados de las revisiones y, en su caso, las adecuaciones consecuentes al mismo, previa su aprobación por parte del titular del Ejecutivo, se publicarán igualmente en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 62.Una vez aprobados el Programa y los programas serán obligatorios para las dependencias de la administración pública federal, estatal y de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias.

Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del Programa y los programas que se deriven de este será extensiva a las entidades paraestatales.

Para estos efectos, los titulares de las dependencias en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que les confiere la ley, proveerán lo conducente ante los órganos de gobierno y administración de las propias entidades.

La ejecución del Programa y los programas podrán concertarse conforme a esta ley, con las representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares.

Capítulo Segundo
De la Coordinación

Artículo 63.El Ejecutivo Federal deberá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, y en consecuencia, coadyuven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de este instrumento para que las acciones a realizarse por la federación, los estados y la Ciudad de México se planeen de manera conjunta.

En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.

Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, el Ejecutivo Federal inducirá las acciones de los particulares y, en general, del conjunto de la población, a fin de propiciar la consecución de los objetivos y prioridades del Programa y los programas.

La coordinación en la ejecución del Programa y los programas deberá proponerse a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, en los términos de su legislación, a través de los convenios respectivos.

Artículo 64.Para los efectos del artículo 63 el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas:

I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que estimen pertinentes para la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable.

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico, patrimonial sustentable integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad.

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación del Programa en el ámbito de su jurisdicción.

IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere el artículo 50 de este ordenamiento; y

V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios interesados, demarcaciones territoriales y a los sectores de la sociedad.

Para este efecto la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano propondrá los procedimientos conforme a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones tomando en consideración los criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atribuciones.

Artículo 65.En la celebración de los convenios a que se refiere este capítulo, el Ejecutivo Federal definirá la participación de los órganos de la administración pública centralizada que actúen en las entidades federativas, en las actividades de planeación que realicen los respectivos gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 66.El Ejecutivo Federal ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los convenios que se suscriba con los gobiernos de las entidades federativas.

Capítulo Tercero
De la Participación Social en la Planeación del Desarrollo

Artículo 67.En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, que estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, así como de la sociedad civil con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Programa y los programas a que se refiere esta ley.

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, técnicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán.

Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

En lo relativo a la participación de la sociedad civil, el Ejecutivo Federal pondrá a disposición todos los medios de comunicación e informáticos, el Programa para permitir que los ciudadanos viertan sus comentarios al respecto.

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas en la elaboración del Programa y participar en la definición de los programas que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.

Conforme a la legislación aplicable, en el Sistema deberán preverse la organización, funcionamiento, formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta para las observaciones al Programa.

Artículo 68.En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará en forma previa a las comunidades para que éstas emitan la opinión correspondiente.

Título Cuarto
De la Ejecución y Vigilancia del Programa Capítulo Primero
De la Coordinación en la Ejecución del Programa

Artículo 69.El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deberá concertar la realización de las acciones previstas en el Programa con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.

El Ejecutivo federal podrá signar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas, en todos aquellos asuntos que se consideren procedentes y de conformidad con lo establecido en las leyes que rijan en la materia de que se trate.

Artículo 70.La concertación a que se refiere el artículo anterior será objeto de contratos o convenios de cumplimiento obligatorio para las partes que lo celebren, en los cuales se establecerán las consecuencias y sanciones que se deriven de su incumplimiento, a fin de asegurar el interés general y garantizar su ejecución en tiempo y forma.

Artículo 71.Los contratos y convenios que se celebren conforme a este capítulo se consideran de derecho público, interés general y observancia general.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de estos contratos y convenios, serán resueltos por los tribunales federales.

Artículo 72.Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y el techo de endeudamiento de la Ciudad de México; así como los programas y presupuestos de las entidades paraestatales deberán inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental y cultural congruentes con los objetivos y prioridades del Programa a que se refiere esta ley.

Artículo 73.El presupuesto y la financiación asignados a las diferentes acciones deben ser igualmente coherentes con las Directrices General y Particulares para las comunidades indígenas.

Artículo 74.Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, inducir acciones de los particulares en materia económica, social y ambiental se ajustarán a los objetivos y prioridades del Programa.

Capítulo Segundo
De las Responsabilidades

Artículo 75.Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta ley y las que de ella se deriven, se les impondrán las sanciones a que se refieren la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos así como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 76.Las responsabilidades a que se refiere la presente ley son independientes de las de orden civil, penal u administrativas, fiscales que se puedan derivar de los mismos hechos.

Artículo 77.El Ejecutivo Federal, en los convenios de coordinación que suscriba con los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México propondrá la inclusión de una cláusula en la que se prevean medidas que sancionen el incumplimiento del propio convenio y de los acuerdos que del mismo se deriven.

De igual forma, serán motivo de responsabilidad a cargo de los servidores públicos, cuando no cumplan con lo establecido en los convenios que tengan que ver con Zonas Metropolitanas.

Para ello, se dará vista a la autoridad jurisdiccional correspondiente para instrumentar el procedimiento establecido por la ley en la materia, así como de su posible sanción.

De las controversias que surjan con motivo de los mencionados convenios, conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día 1 de diciembre del 2018.

Segundo.Los congresos de los estados y de la Ciudad de México deberán, en un término de dos años a la entrada en vigor del presente decreto, realizar las adecuaciones al marco legal de la materia.

Tercero. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá a partir de la entrada en vigor del presente decreto desarrollar el Sistema de Planeación del Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológica y Patrimonial Sustentable, para la elaboración del Programa.

Cuarto. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados, contará con un término de 180 días para realizar las modificaciones a las leyes federales y generales correspondientes en esta materia.

Notas:

1 Véase discursos de reunión plenaria de Naciones Unidas. 4ta. Reunión enero de 2015. Objetivos de desarrollo sostenible.

2 Véase, Desarrollo Sostenible: Lucha por la Interpretación de Jorge Reichamn. Madrid 1995.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Adriana Sarur Torre,Daniela De Los Santos Torres, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sarur. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Y tomamos en cuenta la solicitud, para darle una respuesta en los próximos momentos, de ampliación a la Comisión de Medio Ambiente.

Saludamos la presencia de nuestro amigo Antonio Ramón Villaraigosa, quien fuera alcalde de la ciudad de Los Ángeles durante el periodo de 2005 al 2013, y entiendo que viene con su esposa, si no me estoy equivocando. Villaraigosa muy amigo de México y de la comunidad mexicana en esa región de los Estados Unidos, invitados por la diputada Claudia Sofía Corichi García y por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich. Sea usted bienvenido amigo Villaraigosa y mucha suerte en sus futuras, y sé que no muy lejanas, tareas políticas. Ojalá y le vaya bien por el bien de su país y de nuestros residentes mexicanos en esa parte de los Estados Unidos, en todo el estado de California. Bien.

VOLUMEN II

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 42 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con su venia, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados, en estos días vamos a tener una vorágine legislativa en materia de transparencia y fiscalización, puesto que se están discutiendo, en comisiones y en la Cámara de Senadores, leyes en esas materias, con el afán de dar credibilidad al trabajo legislativo.

El día de hoy presentamos una iniciativa de reforma que abona a ese propósito, que es reciente y público el escándalo de los papeles de Panamá. Información que no podemos desechar o tildar de falsa o de mediática, puesto que el propio jefe del Sistema de Administración Tributaria ha declarado que de 33 casos que se han detectado en estos papeles de Panamá, 14 ya estaban en proceso de auditoría.

Es información de traslado de capitales en el ámbito internacional que afecta la economía de los Estados, que afecta la hacienda de cada nación que se ve afectada por estas prácticas de elusión y de evasión fiscal.

Son prácticas que el mismo Román Fonseca, bufete Mossack Fonseca ha declarado que ellos han procesado más de 2 mil 500 empresas, empresas fantasmas que sirven para lavar dinero y para evadir impuestos en los países origen de estos capitales.

Es enorme la cantidad de recursos financieros que se mueven en este ámbito. La propia, el organismo internacional, la OCDE estima que son cantidades multimillonarias, 83 mil millones de dólares. Otro tanto en errores y omisiones que se acumulan en el proceso de fiscalización, 53 mil millones de dólares. Cantidades millonarias que hacen falta a la hacienda de cada uno de los estados afectados.

El día de hoy presentamos una iniciativa con tres propósitos: el primero de ellos es incorporar a los conceptos de gastos fiscales los impactos que tienen los acuerdos para evitar la doble tributación y las políticas de atracción de empresas trasnacionales. Se pone especial énfasis en las del sector energético por ser un sector primario para la economía de nuestro país.

El segundo objetivo que se propone esta iniciativa es actualizar la información que en materia de ingresos se proporciona al Congreso de la Unión como parte de los mecanismos de comunicación y coordinación entre los poderes. Particularmente en la discusión de la Ley de Ingresos.

Para ello se propone incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación de proporcionar al Congreso de la Unión, en la información que se entrega a más tardar el 30 de junio, el presupuesto de gastos fiscales, incorporando esta información en el paquete económico que se presenta para tener una evaluación y una valuación objetiva del gasto público.

El tercer propósito busca mejorar la cantidad y la calidad de la información que se proporciona al Congreso de la Unión en lo referente al desempeño de las finanzas públicas en materia de ingresos y egresos, estableciendo la obligación de proporcionar un mayor desglose y comparación con lo observado en el año anterior que se discute en el paquete económico.

Se propone que el año siguiente se contemple el proyecto de presupuesto con el desglose de analíticos de claves a nivel de partida, en comparación con el año aprobado y con avances a junio y el estimado al cierre del año. Estas propuestas buscan transparentar el recurso público, buscan transparentar el mecanismo de asignación y de ejercicio del gasto.

En ese caminar a construir un escenario con leyes de fiscalización y transparencia que acaben con la corrupción como el principal mal de nuestro país abonará a crear mejores condiciones de desarrollo económico.

El día de ayer se ven luces en este quehacer de transparentar la administración pública. El día de ayer se presentó a la Junta de Coordinación Política, en esta dinámica de transparencia, una solicitud para crear una comisión especial. Esta comisión especial será encargada de investigar las asignaciones al Grupo Higa por parte de paraestatales y empresas vinculadas al Estado mexicano. Tenemos que abonar con acciones que nos den transparencia en el quehacer político y en la administración pública.

Esta solicitud está en manos de la Junta de Coordinación Política. Esperemos que dé respuesta pronto, puesto que los trabajos legislativos cerrarán en la parte ordinaria el 30 de abril y no queremos que queden pendientes en miras a la construcción de un camino para elaborar un presupuesto con mayor responsabilidad. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 42 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Juan Romero Tenorio, diputado en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I, y 77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXV Bis al artículo 2 y reforma la fracción II, primer párrafo e incisos a), b) y c); la fracción III, párrafo primero, inciso a), b) y c); la fracción VI, párrafo segundo; la fracción VIII, incisos a), b) y f), del artículo 42 y, el párrafo primero; la fracción I, párrafo segundo e incisos a), b) y c); la fracción II y el quinto párrafo del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Propósito de la iniciativa

La presente iniciativa tiene tres grandes propósitos. El primero de ellos busca incorporar a los conceptos de gastos fiscales, los impactos que tienen los acuerdos para evitar la doble tributación y las políticas de atracción de empresas trasnacionales, poniendo especial énfasis en las del sector energético, considerando, sobre todo, que México participa de los acuerdos del G 20 y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para evitar la Erosión de la Base Tributaria y la Transferencia de Beneficios, que es una práctica que permite a las trasnacionales eludir o de plano evadir impuestos, en una masa de recursos que a escala mundial se estima entre 100 mil y 240 mil millones de dólares al año.

Como segundo objetivo, se propone actualizar la información que en materia de ingresos se proporciona al Congreso de la Unión como parte de los mecanismos de comunicación y coordinación entre los Poderes, particularmente en la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación. Para ello se propone incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación de proporcionar al Congreso de la Unión, en la información que debe entregar a más tardar el 30 de junio, el Presupuesto de Gastos Fiscales, incorporando en ese documento el análisis del impacto que tienen esos gastos en el desempeño de la economía.

El tercer propósito de esta iniciativa busca mejorar la cantidad y la calidad de la información que se proporciona al Congreso de la Unión en lo referente al desempeño de las finanzas públicas y en materia de ingresos y gastos, estableciendo la obligación de proporcionar un mayor desglose y comparación con lo observado durante el año en el que se discute el paquete para el siguiente ejercicio. Asimismo se propone que la información presupuestal que se proporciona en septiembre, del paquete para el año siguiente, contenga el Proyecto de Presupuesto con el desglose del analítico de claves a nivel de partida, en comparación con el aprobado, el avance a junio y el estimado para el cierre del año en curso.

Se considera que en conjunto, esa información permitirá un mejor análisis de la propuesta del Ejecutivo, tanto en lo relativo a ingresos como a gasto, lo que permitirá a los legisladores desarrollar mejor sus funciones. Para ello se propone reformar básicamente los artículos 42 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, en MORENA consideramos indispensable que el Congreso y la sociedad en general dispongamos de más y mejor información acerca de las estrategias que llevan a cabo las empresas para evitar el pago de impuestos y las medidas que se adoptan para contar con un régimen tributario basado en la equidad y la justicia.

Finalmente, incluye dos transitorios. El primero, para que, en un plazo de noventa días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHC) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), proporcionen un diagnóstico del gobierno federal de la implementación de las 15 acciones acordadas para evitar la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios, las medidas que se deben poner en marcha y plazos, la respuesta de los agentes económicos obligados y las metas en cuanto a los avances normativos y el estimado que gracias a ello se logrará en lo que se refiere a la recuperación de impuestos.

El segundo, para que Hacienda publique en su página la información de ingresos y gastos con el desglose, el primero, en relación con el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación, y los gastos hasta el nivel de partida, como se propone en esta iniciativa.

Con retraso, México podría fortalecer su política hacendaria

Desde 1994 México se ha caracterizado por ser uno de los países con mayor número de tratados de libre comercio y también de acuerdos para evitar la doble tributación. No obstante, contra lo que se pregona, eso no ha permitido mejorar nuestro desempeño económico, ya que hasta 2014, 46.2% de los mexicanos estaba en condiciones de pobreza y mantiene en la informalidad y precariedad laboral a casi 60% de la Población Económicamente Activa.

Pero, además, México es uno de los países con menor recaudación en comparación con otras economías del continente y también en relación con los países integrantes de la OCDE. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informa que considerando sólo los ingresos tributarios, la recaudación de México alcanzó apenas 9.7% del PIB en 2013, el porcentaje más bajo de la región, donde Argentina, el segundo con menor captación recauda 11.0% del PIB y Chile, el más alto, llega a 16.7% del PIB.

A su vez, la OCDE estima que los ingresos fiscales de México, incluyendo los pagos por seguridad social, apenas representaron 19.5% del PIB en 2014, abajo del promedio de la organización que alcanza un porcentaje de 34.4% y, por supuesto, muy lejos del porcentaje de 50.9% alcanzado por Dinamarca.

Esa es una de las razones por la cual en México se buscan alternativas para aumentar la recaudación. Sin embargo, los últimos gobiernos deliberadamente han puesto especial interés y destinado esfuerzos en aplicar impuestos al consumo o a los pequeños contribuyentes, aunque ello impacte en los estratos de menores ingresos. En contraste, como se observó en la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, la actitud del gobierno fue muy permisiva y flexible para el cobro de impuestos a las trasnacionales.

Esa posición del gobierno mexicano era contraria a la preocupación que creció en los países desarrollados, ya que se estaba generando una situación insostenible, de empresas que ganaban y crecían mucho pero no pagaban impuestos ni en sus países de origen ni en los países receptores, dando lugar a una inaceptable concentración del ingreso. Por eso, adoptan nuevas estrategias y ahora una de las alternativas a las que se ha comenzado a dar cada vez más importancia, es la que impulsan en conjunto los países integrantes de la OCDE/G20, con el propósito de combatir la erosión de las bases tributarias y la transferencia de beneficios, conocida como BEPS (base erosion and profit shifting, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la OCDE, se estima que la pérdida recaudatoria provocada por la erosión de la Base Tributaria y la Transferencia de Utilidades (BEPS) representa entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial por impuestos sobre sociedades, es decir, al menos entre 100 y 240 mil millones de dólares estadounidenses anuales (Acción 11). Teniendo en cuenta que los países en vías de desarrollo tienen mayor dependencia en la recaudación de este impuesto, se estima que el impacto sobre los países en desarrollo representa un mayor porcentaje del PIB.

Como lo señala la OCDE, después de publicar siete informes provisionales en septiembre de 2014, todos ellos avalados por los líderes y los ministros de finanzas del G20, se reunieron los resultados finales en un solo paquete, que recoge los informes para cada una de las 15 acciones identificadas en el Plan de Acción BEPS, reemplazando a los informes de septiembre de 2014. No en todos los casos se tuvieron resultados concluyentes, pero los informes y la decisión de actuar de manera coordinada deben permitir afinar las soluciones y evitar que algunos países resulten afectados por el interés de las trasnacionales de preservar sus utilidades.

El lenguaje de los expertos no deja lugar a dudas de la necesidad de comprometerse con el paquete de acciones. Así, señalan que una vez que entren en vigor estas medidas, los beneficios se comenzarán a declarar en donde se realicen las actividades económicas que los producen y donde se genere el valor. Las estructuras BEPS, conocidas por todos los participantes y sustentadas en normas anticuadas o en la falta de coordinación entre ordenamientos internos, deberán quedar sin efecto. El paquete completo de medidas fue presentado en la reunión de los líderes del G20 en Turquía, los días 15 y 16 de noviembre de 2015, a la que asistió Peña Nieto.

Informes de actividades

1 Abordar los desafíos de la tributación en la economía digital. No es posible delimitar con precisión la economía digital, dado que hoy en día ésta tiende a confundirse con la propia economía en su conjunto. El informe analiza los riesgos BEPS que se ven exacerbados en la economía digital, y presenta el impacto esperado de las medidas desarrolladas a lo largo del proyecto BEPS.

2 Neutralizar impactos de productos híbridos. Se ha desarrollado una metodología que contribuirá a prevenir la doble no imposición mediante la eliminación de los beneficios fiscales derivados de dichos desajustes y pondrá fin a las costosas deducciones múltiples por un único pago, a las deducciones en un país sin el correspondiente gravamen en el otro y a la generación de múltiples créditos fiscales por un único impuesto pagado en el extranjero

3 Fortalecer las normas relacionadas con las normas CFC. El informe formula recomendaciones, bajo la forma de una serie de bloques fundamentales, que contribuirán a diseñar unas normas CFC efectivas, reconociendo al mismo tiempo la posibilidad de que cada jurisdicción, en función de sus prioridades, pueda conferir a estas normas unos objetivos políticos diferentes. Estas recomendaciones no constituyen estándares mínimos, pero están diseñadas para garantizar que las jurisdicciones que opten por implementarlas sean capaces de impedir de manera eficaz que los contribuyentes trasladen beneficios a filiales no residentes.

4 Limitar la erosión de la base tributaria por pago de intereses y otros gastos financieros. La influencia de las normas fiscales en la ubicación de la deuda dentro de los grupos multinacionales se ha puesto de manifiesto en diversos estudios académicos, y es bien conocido que los grupos pueden multiplicar fácilmente el nivel de deuda de unas de las entidades del grupo a través de la financiación intragrupo. En este contexto, la lucha contra las deducciones excesivas de intereses, incluidos aquéllos que financian la producción de rentas exentas o diferidas, debe abordarse de manera coordinada dada la importancia de tener en cuenta los riesgos relacionados con la competencia y al mismo tiempo garantizar que las limitaciones a la deducibilidad de intereses no generen doble imposición..

5 Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. El informe señala un estándar mínimo basado en una metodología que permite evaluar si existe una actividad sustancial en un régimen preferencial. En el contexto de los regímenes de propiedad intelectual como las patent boxes(regímenes especiales de patentes) se ha alcanzado consenso en torno al denominado mecanismo del nexo. Este mecanismo utiliza los gastos en el país como un indicador de actividad sustancial, y garantiza que los contribuyentes que se beneficien de estos regímenes se encuentren de facto involucrados en actividades de investigación y desarrollo e incurran en gastos para financiar dichas actividades.

6 Prevenir el abuso de los convenios para evitar la doble imposición. El informe recoge un estándar mínimo para prevenir el abuso, también a través de treaty shopping(búsqueda del convenio más favorable), así como nuevas normas que proporcionan cláusulas de salvaguarda para prevenir el abuso de los convenios, ofreciendo cierto grado de flexibilidad sobre el modo de hacerlo. Estas nuevas normas anti-abuso convencionales incluidas en el informe hacen frente en primer lugar al treaty shopping, que abarca las estrategias seguidas por una persona no residente de un Estado para tratar de acceder a los beneficios de un convenio fiscal concluido por ese Estado.

7 Prevenir la evasión mediante el status de establecimiento permanente. Los convenios fiscales prevén con carácter general que los beneficios empresariales de una entidad no residente sean gravables en un Estado sólo en la medida en que dicha entidad tenga un establecimiento permanente en dicho Estado al que se le puedan atribuir beneficios. De esta manera, la definición de establecimiento permanente en los convenios resulta crucial a la hora de determinar si la entidad no residente debe tributar en tal Estado.

8, 9 y 10. Asegurar que los resultados en los precios de transferencia están en línea con la creación de valor/riesgos y capital.Las normas de precios de transferencia, establecidas en el artículo 9 de los convenios fiscales basados en los Modelos de Convenio de la OCDE y de la ONU y en las Directrices de Precios de Transferencia, se emplean para determinar, de acuerdo al principio de plena competencia, las condiciones, incluyendo el precio, de las transacciones dentro de un grupo multinacional..

11 Evaluación y seguimiento de BEPSMedir el alcance de BEPS constituye un desafío dada la complejidad del fenómeno y las limitaciones para acceder a los datos, varios estudios recientes sugieren que la pérdida recaudatoria global del impuesto sobre sociedades como consecuencia de BEPS puede ser significativa. La Acción 11 utiliza los datos y metodologías actualmente disponibles y concluye que existen limitaciones significativas que obstaculizan seriamente los análisis económicos sobre la escala y el impacto económico de BEPS, por lo que se requiere una mejora tanto del acceso a los datos como de las metodologías.

12 Exigir a los contribuyentes que informen acerca de sus estrategias de planificación fiscal agresiva.Uno de los desafíos fundamentales a los que se enfrentan hoy las administraciones tributarias de todo el mundo es la falta de información puntual y completa sobre las estrategias de planificación fiscal agresiva. Un acceso precoz a dicha información ofrece la posibilidad de responder rápidamente a los riesgos fiscales a través de evaluaciones de riesgos, procedimientos de inspección o cambios en la legislación.

13 Reexaminar la documentación en el caso de los precios de transferencia.Una mejor y más coordinada documentación sobre precios de transferencia incrementará la calidad de la información proporcionada a las administraciones tributarias y reducirá los costes de cumplimiento para las empresas. El informe de la Acción 13 contiene un enfoque estandarizado en tres niveles de la documentación sobre precios de transferencia, incluyendo un estándar mínimo en relación al informe país por país. Este estándar mínimo refleja el compromiso de implementar el informe país por país de manera consistente.

14 Hacer más eficaces los mecanismos de solución de controversias.Los países reconocen que los cambios introducidos por el proyecto BEPS pueden provocar cierta inseguridad jurídica y que, si no se toman medidas, podrían incrementar en el corto plazo los casos de doble imposición y de conflictos sujetos a procedimiento amistoso. Los países, admitiendo la importancia de eliminar la doble imposición como un obstáculo al comercio transfronterizo y a la inversión, se han comprometido con un estándar mínimo en relación a la resolución de conflictos derivados de los convenios.

15 Desarrollar un instrumento multilateral. Aprovechando la experiencia de expertos en Derecho Internacional Público y Derecho Fiscal, el informe de la Acción 15 explora la viabilidad técnica de un instrumento multilateral conducente a implementar las medidas convencionales de BEPS a través de la enmienda de los actuales convenios fiscales bilaterales. Concluye que el instrumento multilateral no sólo es deseable sino también viable, y que deberían convocarse sin demora las negociaciones de dicho instrumento. Partiendo de este análisis, se ha desarrollado el mandato de crear un grupo ad-hoc, abierto a la participación de todos los países, desarrollar el instrumento multilateral y abrirlo a la firma en 2016. De momento, alrededor de 90 países participan en este trabajo.

La versión del Acuerdo de Antalya, en Turquía, el 15 y 16 de noviembre de 2015 dada a conocer por el gobierno de Argentina señala en su punto 15 la necesidad de alcanzar un sistema internacional moderno y justo, por lo que los líderes del G20 acordaron endosar el paquete de medidas desarrolladas en el marco del proyecto impulsado por el G20/OCDE y consideraron que “la implementación amplia y consistente será crítica en la eficacia del proyecto, en particular en lo que refiere al intercambio de información sobre reglas impositivas tansfronterizas”. Por consiguiente, hicieron un llamado a “la implementación del proyecto y alentamos a todos los países y jurisdicciones, incluyendo a los países en desarrollo, a que participen”.

Aunque parece que el gobierno de México es reacio a fiscalizar a las empresas trasnacionales, como lo demostró en la discusión de la reforma energética, la incorporación de nuestro país a ese proceso se identificó nítidamente en la exposición de motivos de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta que se discutió a finales de 2013 y entró en vigor en 2014. Se argumentaba que “la operación normal de un sistema de ISR, es que un pago efectuado sea deducible para el contribuyente que lo realiza y acumulable para el contribuyente que lo recibe. En general, esta simetría provoca que un contribuyente vea disminuida su base imponible en la misma medida en que el otro la ve incrementada”, sin embargo, explicaba, “existen operaciones entre partes relacionadas en las que un contribuyente deduce un pago, mientras que su contraparte no lo acumula o el mismo está sujeto a una tributación mínima o incluso es deducido también por otra parte relacionada”.

Por esa razón, se puede decir que, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y con el fin de evitar la elusión, se propuso prohibir la deducción de pagos efectuados a partes relacionadas residentes en México o en el extranjero que no se encuentren gravados o lo estén con un impuesto inferior al 75% del ISR causado en México. También propuso prohibir la deducción de pagos que también sean deducibles para partes relacionadas residentes en México o en el extranjero. En el mismo sentido, se propuso acotar el tratamiento fiscal preferencial para las empresas maquiladoras, con el fin, también, de evitar planeaciones fiscales. Lo relativo a estas disposiciones se encuentran en diversos artículos de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, pero en particular se abordan en los artículos del 176 a 184 de la misma Ley. Como se observa, se busca evitar que empresas multinacionales desplacen artificialmente utilidades, para pagar cantidades muy bajas de impuesto o incluso buscan propiciar una doble no imposición, tanto en su país de origen como en el que invierten, lo que impacta en la capacidad de recaudación y en la equidad, progresividad y los principios de imparcialidad e integridad que deben caracterizar a todo sistema fiscal.

Posteriormente, en diciembre de 2015, en el paquete fiscal para 2016, se establecieron requisitos de información básica, que debieron aplicarse desde el principio en el que inició la apertura económica hace 20 años cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio.

Aunque lo hicieron con retraso en relación con lo acordado en las reuniones para evitar la BEPS, para 2016 se estableció, en el Artículo 76-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la obligación de presentar declaraciones informativas de partes relacionadas, en la que define el tipo de información que deben presentar estas empresas, a más tardar a un año después de haber concluido el ejercicio. Entre los requerimientos considerados se estableció, por ejemplo, la obligación de informar país por país del grupo empresarial multinacional: la distribución mundial de ingresos e impuestos pagados, así como indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en las que opera el grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal correspondiente, los cuales deberán incluir la jurisdicción fiscal; el ingreso total, distinguiendo el monto obtenido con partes relacionadas y con partes independientes; utilidades o pérdidas antes de impuestos; impuesto sobre la renta efectivamente pagado; impuesto sobre la renta causado en el ejercicio; cuentas de capital; utilidades o pérdidas acumuladas; número de empleados; activos fijos y de mercancías.

A pesar de que ha sido un proceso mundial, con participación incluso de organismos empresariales, en México las nuevas disposiciones no han sido aceptadas por importantes grupos empresariales. Trascendió que grandes empresas con operaciones trasnacionales, tanto del país como del exterior, han buscado ampararse contra el requerimiento del SAT de presentar declaraciones informativas sobre sus operaciones, es decir, sobre su estructura corporativa, operaciones con filiales localizadas en otros países, así como la distribución de sus ingresos e impuestos pagados derivados de sus operaciones en mercados del extranjero.

Desafortunadamente, los gobiernos de los últimos 20 años primero entregaron el mercado y el patrimonio nacional a las empresas extranjeras y después han debido reconocer que no tienen capacidad para regularlas. Como sucedió en la reforma energética, los funcionarios de Hacienda la promovieron a pesar de que no tienen capacidad de fiscalizar ni regular las operaciones de las trasnacionales que vienen a explotar en su beneficio los recursos que son de todos los mexicanos.

Por lo pronto, entre los corporativos que según las versiones periodísticas habrían interpuesto juicios de amparo se mencionan a las empresa farmacéuticas Bayer y Eli Lilly; a Alsea, la mayor operadora del país de restaurantes de comida rápida; a la cadena comercial Chedraui; a Mexichem, que ha realizado importantes negocios con las últimas administraciones de PEMEX; las empresas de telecomunicaciones AT&T y la española Telefónica-Movistar, dirigida por Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, las dos grandes beneficiarias de la “reforma estructural” en ese ramo; la siderúrgica Arcelor Mittal y Grupo México; también se menciona, faltaba más, a la estadounidense Halliburton, otra beneficiaria de las “reforma estructural energética”, y también se menciona a la minera Peñoles, donde tiene participación el empresario Alberto Bailleres, a quien se le otorgó la medalla Belisario Domínguez, por su compromiso con el país.

Esas presiones y actitudes de los grandes capitales que buscan eludir sus obligaciones, contrastan con sus llamados a promover normas fiscales que afectarían a los grandes sectores sociales que sobreviven en la marginalidad. Eso es inaceptable.

Por eso, consideramos en nuestra propuesta insistir en el tema de cumplir los acuerdos y hacer el seguimiento de las disposiciones para evitar la erosión de la base tributaria y la transferencia de beneficios. No debe ser algo que se trabaje tras bambalinas, sino que debe tener la máxima transparencia posible.

El Presupuesto de Gastos Fiscales, un instrumento de fiscalización

Un segundo propósito de esta iniciativa propone incorporar a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la obligación de la SHCP de presentar el Presupuesto de Gastos Fiscales, incluyendo en su análisis la información fiscal relacionada con las operaciones de las empresas beneficiarias de las “reformas estructurales”. En ese sentido se estima que el Presupuesto de Gastos Fiscales que se establece en la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal, puede ser un instrumento de gran importancia para rediseñar la política fiscal de nuestro país. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2016, “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores a más tardar el 30 de junio de 2016, el Presupuesto de Gastos Fiscales”.

Y agrega: “El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal”.

Asimismo, precisa que el “presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2017 en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales.”

En su presentación, la SHCP define que “el Presupuesto de Gastos Fiscales contiene las estimaciones de las pérdidas recaudatorias causadas por los tratamientos que se desvían de la estructura “normal” de los impuestos federales considerando las disposiciones fiscales vigentes”. En ese sentido, las estimaciones para cada año dependen de las disposiciones establecidas en cada caso, considerando los cambios introducidos cada año.

Los impuestos incluidos en las estimaciones del Presupuesto de Gastos Fiscales 2015 son: el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos especiales, así como los estímulos fiscales y las medidas en materia tributaria establecidas en diversos Decretos Presidenciales.

Por otra parte, hasta ahora el Presupuesto de Gastos Fiscales estimado por Hacienda pone demasiado énfasis en el impacto que supuestamente tienen en los ingresos tributarios algunas disposiciones que tienen un sentido progresivo, como la tasa de cero por ciento al IVA en alimentos y medicinas, así como los apoyos en materia de ISR al ingreso de los asalariados, como si esos sectores y esos renglones fueran determinantes en la recaudación tributaria del país. En cambio, no han estado dispuestos a evaluar el costo beneficio de los términos en los que se han acordado las inversiones de maquiladoras, automotrices y ahora las energéticas.

En el caso de México hay funcionarios y grandes beneficiarios de las reformas estructurales que, por ejemplo, promueven la generalización del IVA a alimentos y medicinas, sin tomar en cuenta que ese gravamen en realidad no es la única alternativa con la que cuentan las economías y que hay algunas economías altamente desarrolladas donde el impuesto al consumo tiene una participación en el PIB menor que en México. Son los casos de Japón (6.2% del PIB), Corea ((7.37% del PIB) y Estados Unidos (4.45% del PIB). En el caso de México la aportación del ingreso al consumo es de 9.8% del PIB. Esto es, contra lo que afirman esos “expertos” los impuestos al consumo no son la única opción para aumentar la recaudación.

En cambio, mientras que México no publica en la página de la OCDE la participación de los impuestos corporativos, el promedio de la OCDE es de una participación de 2.88% en el PIB.

Como lo señala la misma Secretaría, el sistema tributario es el principal instrumento con que cuenta el Estado para obtener recursos que le permitan proporcionar a la sociedad los bienes y servicios que requiere. Hacienda también señala que la política de tributación no sólo debe ser un instrumento de recaudación, sino que debe ayudar a alcanzar otros objetivos, “como disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso, mejorar el bienestar de los individuos de ciertos grupos, fomentar la inversión y la generación de empleos, así como apoyar a sectores específicos, entre otros”.

Desafortunadamente, esa concepción de la importancia del sector público no se refleja en las políticas públicas seguidas por esa Secretaría. Es el caso, por ejemplo, de las reformas estructurales. Hay que recordar que en el caso de México, hasta antes de la reforma de Peña Nieto, el petróleo también representaba una importante fuente de ingresos para el sector público y de divisas para el país. Ahora, por la reducción de derechos e impuestos a la explotación del petróleo y a la incapacidad de fiscalización, la omisión o complicidad de los funcionarios promotores de esas reformas, seguramente será una fuente de ingresos para las empresas beneficiarias, no lo será para los mexicanos.

No obstante, el ejercicio de estimar los gastos fiscales, permite analizar los apoyos indirectos que benefician a algunos sectores de la economía o de contribuyentes. Así, como se ha comprobado con los BEPS, los gastos fiscales no implican una erogación de recursos, sino una disminución de la recaudación en la medida en que permiten a los contribuyentes beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos.

Teóricamente, el Presupuesto de Gastos Fiscales permite identificar los beneficios tributarios que se otorgan por medio del marco impositivo y estimar su impacto sobre los ingresos tributarios, lo que permitiría establecer las normas que podrían incrementar la aportación de los distintos gravámenes.

Considerando su importancia, se requiere que la elaboración de Presupuestos de Gastos Fiscales no sea una disposición anual en la Ley de Ingresos de la Federación, sino que se considere una de las obligaciones de información establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, se requiere que no se limite a la evaluación monetaria de la pérdida recaudatoria generada por los tratamientos fiscales diferenciales. Se requiere una evaluación del costo-beneficio de cada una de las disposiciones fiscales que analiza. De hecho, se requiere un esfuerzo mayor, para utilizar la información disponible, la que se debió analizar año con año desde la firma del TLCAN y la que deberán comenzar a proporcionar las empresas gracias al artículo 76 –A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. No es aceptable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT argumenten que no cuentan con nada de información. Si así fuera, estarían reconociendo que los últimos gobiernos habrían incurrido en graves omisiones que deberían ser motivo de sanción.

Ahora, urge que se analice la información disponible, para diseñar políticas públicas acordes con la obligación de fiscalizar y aprovechar en beneficio de los mexicanos, las disposiciones que favorecen a las empresas y los beneficios que deben aportar a la economía nacional de manera transparente. Es necesario que el Presupuesto de Gastos Fiscales detalle la información sobre la actividad de las trasnacionales, de las maquiladoras o el Gasto Fiscal que representan los esquemas de cada uno de los tratamientos diferenciados, el uso de los precios de transferencia, las operaciones relacionadas y los términos en los que se acordó la instalación de esas empresas en territorio nacional, con especial énfasis en la información relacionada con la operación de las empresas privadas que han llegado al sector energético, a la explotación de hidrocarburos y generación y transmisión de electricidad.

Es cuestionable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT hayan pagado onerosos estudios para justificar la baja recaudación sobre los sectores de menores ingresos, como son los Pequeños Contribuyentes, y no exista ningún informe público de lo que ocurre con los grandes contribuyentes. Esta Secretaría no puede seguir tratando de decidir sobre todo lo que sucede en el país, y al mismo tiempo tratar de justificar la baja recaudación y su incompetencia en la existencia de millones de microempresarios que apenas sobreviven, cuando el problema principal está en las operaciones de las grandes empresas trasnacionales.

La transparencia y la mayor cantidad y calidad de la información es necesaria para vigilar la aplicación del plan de acción propuesto por la OCDE para evitar el BEPS y, en particular, para México esa información es indispensable para evaluar las consecuencias de las “reformas estructurales” sobre los ingresos públicos y, sobre los flujos de divisas hacia la economía nacional y, sobre todo, la contribución fiscal que deben hacer las empresas extranjeras que buscan beneficiarse de la explotación del patrimonio nacional.

Más cantidad y más calidad de la información para decidir

Adicionalmente, se propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que en el paquete que se presenta en septiembre para el año siguiente, se informe sobre la evolución y perspectivas de las finanzas públicas con más detalle, de modo que el desglose de los análisis de la Ley de Ingresos sea, por lo menos, el que se presenta en el artículo 1, y en los casos, por ejemplo, en los aprovechamientos, detalle la fuente de origen de los recursos.

Asimismo, en el caso del presupuesto, se establece que con la información del proyecto de egresos se presente también el analítico de clave a nivel de partida, en comparación con lo aprobado para el año en curso, lo ejercido y lo que se espera para el cierre de ese año.

No es posible que año con año los diputados cuestionen a la Secretaría de Hacienda por no entregar la información con el desglose necesario en archivos que se puedan trabajar. Por eso se considera que las nuevas disposiciones deben obligar a Hacienda a entregar completa la información y en el formato adecuado, para facilitar el análisis que deben realizar los diputados.

Finalmente, en la reforma al artículo 107 se establecen disposiciones relacionadas con la información trimestral que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, con las que se busca dar coherencia con los cambios propuestos para la presentación del paquete, de tal modo que la información que reciban los legisladores sea lo más completa posible y contenga en el caso de los ingresos, lo relativo a los compromisos asumidos por México para combatir la erosión de las bases de tributación y la transferencia de beneficios, el seguimiento de la contribución aportada por las empresas que invierten en el sector energético, así como la evolución de los grandes contribuyentes.

Asimismo, en sus informes debe precisar las causas, desglosadas, de la devolución de impuestos por ISR, por IVA por exportaciones o por la tasa cero o por el concepto que corresponda. En lo que respecta al gasto, se propone que los informes trimestrales incluyan también la presentación del ejercicio trimestral del gasto a nivel de partidas.

Propuesta de reformas

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que adiciona la fracción XXXV Bis al artículo 2 y reforma la fracción II, primer párrafo e incisos a), b) y c); la fracción III, párrafo primero, inciso a), b) y c); la fracción VI párrafo segundo; la fracción VIII, incisos a), b) y f), del artículo 42 y, el párrafo primero; la fracción I, párrafo segundo e incisos a), b), c); la fracción II y el quinto párrafo del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único: adiciona la fracción XXXV Bis al artículo 2 y reforma la fracción II, primer párrafo e incisos a), b) y c); la fracción III, párrafo primero, inciso a), b) y c); la fracción VI párrafo segundo; la fracción VIII, incisos a), b) y f), del artículo 42 y, el párrafo primero; la fracción I, párrafo segundo e incisos a), b), c); la fracción II y el quinto párrafo del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XXXV. ...

XXXV Bis. Presupuesto de Gastos Fiscales: la determinación del efecto en la tributación de aquéllos tratamientos de carácter impositivo que se desvían de la estructura normal de los impuestos, que significan una disminución en la recaudación tributaria debido a la aplicación de regímenes de excepción o regímenes especiales y comprende todas aquellas exenciones, reducciones, desgravaciones, disposiciones, tratados, asociaciones y/o acuerdos especiales que constituyan un tratamiento particular para cierto tipo de inversiones, de ingresos, actividades o de sectores de la economía.

XXXVI. a LVII. ...

...

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I...

II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Gastos Fiscales estimado para el año en curso.

a. La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley.

Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos vigente con relación a lo asignado presupuestalmentey los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las correspondientes opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo.

b. El Presupuesto de Gastos Fiscales que entregará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir los montos que deja de recaudar el erario federal por la aplicación de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales en general, así como en los establecidos en las distintas leyes y disposiciones especiales que en materia tributaria aplican a nivel federal, incluyendo los impactos de los diferentes acuerdos para evitar la doble tributación, así como los otorgados a las empresas beneficiadas por el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX). También deberá incluir la explicación del trato diferenciado y el costo-beneficio que cada concepto analizado tiene indirectamente en los ingresos fiscales, como puede ser en materia de captación de inversión y/o generación de empleos y retención de impuestos.

El Presupuesto de Gastos Fiscales deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal del año en curso, comparados con los del año anterior, en los siguientes términos:

1. El monto estimado de los recursos que deja de percibir el Erario Federal en un ejercicio anual debido a la aplicación de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, y los establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

2. En el caso de los acuerdos para evitar la doble tributación, deberá estimar los montos que las empresas extranjeras tributan en el país y lo que declaran en el exterior, por sus operaciones en México; así como lo que las empresas mexicanas tributan en México y lo que pagan en los países en los que operan por sus inversiones en el exterior. Lo mismo en el caso de las empresas que reciben los beneficios del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), detallando en todos los casos el costo- beneficio de lo que dejan de pagar por las facilidades fiscales otorgadas, así como el monto de impuestos que retienen por salarios y utilidades, el porcentaje de impuestos que pagan en México sobre los ingresos obtenidos y la utilidad que las empresas extranjeras generan en el país. Asimismo, deberá contener el gasto fiscal resultado de la diferencia entre el régimen fiscal aplicado a las empresas productivas del Estado en los ramos de hidrocarburos y electricidad y las diversas obligaciones contributivas de las empresas privadas que inviertan en esos sectores.

3. La metodología utilizada para realizar la estimación.

4. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

5. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

6. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales, desde el punto de vista del beneficiario y considerando el objetivo que se persigue en el entorno social al decretar ese trato diferenciado.

Con el criterio de máxima publicidad y en los términos de la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría deberá publicar el Presupuesto de Gastos Fiscales en su página de internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

c. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar, a más tardar el 30 de septiembre de cada año, a las instancias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, en el que se deberá señalar, para cada una, los montos de los donativos obtenidos en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero y las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento. Para la generación de este reporte, la información se obtendrá de la que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración informativa de las personas morales con fines no lucrativos a la que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior.

La información a que se refiere el párrafo anterior no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

III. Con el criterio de máxima publicidad y en los términos de la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión y publicará en la página de la Secretaría, a más tardar el 8 de septiembre de cada año:

a) Los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de esta Ley, así como la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley, detallando además la contribución estimada que por las diferentes obligaciones y contraprestaciones establecidas deberán aportar PEMEX Empresa Productiva del Estado y las empresas que operen contratos de licencia, de utilidad o de producción compartida, para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos;

b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal, con la memoria de cálculo correspondiente a las estimaciones de cada renglón de ingreso; y

c) El proyecto de Presupuesto de Egresos, incluyendo el archivo electrónico de la presentación del Presupuesto Aprobado del año en curso, con el Presupuesto Ejercido al segundo trimestre, con el estimado del Presupuesto ejercido al cierre del cuarto trimestre, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año siguiente, todo ello en términos del analítico de claves a nivel de partida, incluyendo lo correspondiente a las entidades sujetas a control presupuestario directo y las empresas productivas del Estado, especificando las partidas que deben restarse para tener el Gasto Neto Total.

IV. a V. ...

VI. ...

Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de Diputados, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones respectivas, que conformarán el Presupuesto aprobado, incluyendo la comparación con el proyecto de Presupuesto en los términos del analítico de claves por partidas, incluyendo lo correspondiente a las entidades sujetas a control presupuestario directo y las empresas productivas del Estado, especificando las partidas que deben restarse para tener el Gasto Neto Total.En la misma fecha deberá publicarlo en la página de la Secretaría, siempre con el criterio de máxima publicidad, en los términos de la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

VII. ...

VIII. ...

a) Las propuestas de ingresos serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley, así como observando los criterios generales de política económica;

b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán sustentarse en análisis técnicos, considerando que el 30 de junio de cada año la Secretaría entregará el Presupuesto de Gastos Fiscales del año y que el 8 de septiembre, con la propuesta de Ley de Ingresos para el año siguiente, la Secretaría entregará al Congreso de la Unión las memorias de cálculo por tipo de ingreso con el desglose con el que se presenta en el artículo 1 de la Ley de Ingresos.

c) a e) ...

f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen, discusión y aprobación de las propuestas de modificación del Presupuesto por sectores, así como recomendaciones para las reglas de operación. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

IX. ...

...

Artículo 107.-El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión y publicará en la página de la Secretaría en los términos de la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,información mensual y trimestral, en los siguientes términos:

I....

Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos con el desglose del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federacióny la ejecución del Presupuesto de Egresos incluyendo el analítico de claves a nivel de partidas, de lo aprobado y lo ejercido, con lo correspondiente a las entidades sujetas a control presupuestario directo y las empresas productivas del Estado, especificando las partidas que deben restarse para tener el Gasto Neto Total. Así también, se informará sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de esta Ley.

...

...

a) Cifras estadísticas y el análisis sobre la situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios y la evaluación del sector financiero y del sector externo;

b) Cifras estadísticas y el análisis sobre la situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente:

i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales y, en su caso, el déficit presupuestario y su impacto sobre la deuda;

ii)La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de los ingresos petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las estimaciones de recaudación, incluyendo el origen y las causas de los ingresos extraordinarios y una explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las participaciones federales para las entidades federativas.

Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en relación con las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos , con el detalle del artículo 1 de la Ley de Ingresos.

Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria , además de los cuadros que se proporcionen al Congreso de la Unión, se deberán entregar y publicar en la página de la Secretaría, por lo menos, las series históricas actualizadas correspondientes a los indicadores que a continuación se señalan:

1.Avance en el padrón de contribuyentes, régimen en el que operan, número de contribuyentes obligados a presentar declaración y contribuyentes que presentaron declaración, por tipo de contribuyente, por tipo de impuesto, por sector económico al que corresponden y la estratificación de los ingresos declarados y monto de contribuciones identificadas en cada caso. En la estratificación de los contribuyentes, el rango que concentre el mayor monto de aportaciones tributarias, deberá presentarse en términos de centiles.

2.Información de las acciones realizadas y estadísticas de recaudación y de los avances en la aplicación de los acuerdos de los que participa México para evitar la erosión de las bases de tributación y la transferencia de beneficios (BEPS), y las cifras de avances contra la evasión y elusión fiscales.

3. a 5. ....

6.Información sobre las devoluciones fiscales, por impuesto, por causa de la devolución, tipo de contribuyente receptor y estratos de ingresos en los que se clasifican.

7. Los montos recaudados en cada periodo generados por el sector energético, por concepto de las diferentes contraprestaciones establecidas que deberán aportar PEMEX Empresa Productiva del Estado y las empresas que operen contratos de licencia, de utilidad o de producción compartida, conforme a lo dispuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburosy derechos de los hidrocarburos, estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de petróleo crudo y de gas natural, así como los proporcionados por las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad y almacenadoras y distribuidoras de combustibles, incluso por venta directa al público.

8. ...

9. ...

La Secretaría deberá incluir en el informe de recaudación, un reporte de grandes contribuyentes señalando el criterio de selección comparable para construir series históricas, por personas físicas o morales y por monto mínimo de ingresos para formar parte de esta categoría. También proporcionará la suma total de ingresos y de empleos que representan el grupo de grandes contribuyentes, su aportación bruta especificando tipo de impuestos que generan, incluyendo retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios y por utilidades, así como aportaciones a la seguridad social, y la contribución neta que resulta una vez realizadas las compensaciones que correspondan. Se agruparán señalando la participación por número de empresas, ingresos y empleos en los siguientes rubros: empresas con ingresos acumulables en el monto que señalan las leyes, sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el extranjero y otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por sectores primario, industrial y de servicios, desglosando adicionalmente lo relativo a la explotación y transformación de hidrocarburos y generación de electricidad al que pertenezcan, especificando en cada caso las que tengan capital extranjero mayoritario.

Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado representa de los ingresos y el costo operativo que implica para las respectivas instituciones y en particular para el Servicio de Administración Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación de las disposiciones fiscales que causan inseguridad jurídica para el Gobierno Federal. Los tribunales competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones citadas la información que requieran para elaborar dichos reportes; en particular, deberá informar acerca de los avances y los juicios interpuestos y amparos que impidan la aplicación de los acuerdos logrados para combatir la erosión de la base tributaria y la transferencia de beneficios (BEPS).

iii)La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable, especificando lo relativo a las erogaciones para cubrir compromisos derivados de Asociaciones Público Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios y cualquier otro tipo de figura asociativa o administrativa que implique recursos o patrimonio público, la erogación anual, el monto de compromisos o patrimonio expresado en términos monetarios, aportados o recibidos por el sector público, el saldo y la condición legal de la infraestructura que forma parte de los proyectos y los ingresos del desarrollador; su ejecución conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los principales resultados de los programas y proyectos. Asimismo, se incorporará la información relativa a las disponibilidades de los ejecutores de gasto, así como de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica;

iv)...

c)Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, incluyendo los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, considerando el calendario de compromisos derivados de las Asociaciones Público Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios, y el costo total de las emisiones de deuda pública interna y externa.

La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, del pago a efectuar por intereses, así como de las Asociaciones Público Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios y cualquier otro tipo de figura asociativa o administrativa que implique recursos o patrimonio público. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada emisión, de las comisiones, el plazo, y el monto de la emisión, presentando un perfil de vencimientos para la deuda pública interna y externa, así como la evolución de las garantías otorgadas por el Gobierno Federal.

...

...

...

...

...

d). a g). ...

II. Informes mensuales y actualización de las series de los diferentes ingresos y conceptos de gasto que permiten conocer la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, del pago a efectuar por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, 30 días después del mes de que se trate.

...

...

...

La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna, en los términos de la fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La información contenida en la Cuenta Pública deberá continuar siendo comparable con la información histórica, pero deberá enriquecerse con el desglose y el detalle establecido en este artículo.En caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, en un plazo de noventa días, proporcionará al Congreso de la Unión un diagnóstico del gobierno federal acerca de la implementación de las 15 acciones acordadas para evitar la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios (BEPS), las medidas que se deben poner en marcha y los plazos para concretarlas, la respuesta de los agentes económicos obligados y las metas en cuanto a los avances normativos y el estimado que gracias a ello se logrará en lo que se refiere a la recuperación de impuestos.

Tercero. En un plazo de 90 día, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en su página, adicionalmente a la información que ya presenta, la información de ingresos y gastos con el desglose señalado en la reforma al artículo 107, el primero, en relación con el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación, y los gastos hasta el nivel de analítico de claves a nivel de partida.

Notas:

1 Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010 - 2014 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

2 Cepalstat, Estadísticas e Indicadores Económicos, Estadísticas de Finanzas Públicas, Ingresos Tributarios, 2015.

3 Los ingresos fiscales se definen como los ingresos obtenidos de los impuestos sobre la renta y las utilidades, las contribuciones a la seguridad social, los impuestos sobre bienes y servicios, los impuestos sobre la nómina, impuestos sobre la propiedad y la transferencia de la propiedad, y otros impuestos. Total de ingresos tributarios como porcentaje del PIB indica el porcentaje de la producción de un país, que se recaba por el gobierno a través de impuestos. Puede ser considerada como una medida del grado en que el gobierno controla los recursos de la economía. La presión fiscal se mide tomando los ingresos fiscales totales recibidos como porcentaje del PIB. Este indicador se refiere al gobierno en su conjunto (todos los niveles de gobierno). OCDE. Total Tax Revenue.

4 La OCDE está formada por: Alemania, Australia Austria Bélgica, Canadá. Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda. Islandia. Israel, Italia, Japón. Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

5 El G20 está conformado por el G-8 (del que forman parte Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia), al que se agregaron doce países con cierta representatividad regional: Arabia Saudita. Argentina (Mercosur), Australia (OCDE), Brasil (G-5 y Mercosur), China (G-5), Corea del Sur (OCDE), India (G-5), Indonesia, México (G-5 y OCDE), Sudáfrica (G-5), Turquía (OCDE) y la Unión Europea. España es invitado permanente en el G20 y ha participado en todas y cada una de sus reuniones desde su creación en 2008.

6 Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Informes Finales 2015, Resumen informativo. www.oecd.org/fr/fiscalite/beps.htm

7 No se localizó la versión del gobierno mexicano. www.casarosada.gob.ar Comunicado de líderes del G20, cumbre de Antalya, Turquía, 15-16 de noviembre de 2015. Traducción no oficial.

8 http://www.jornada.unam.mx/2016/03/12/economia/019n2eco

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Juan Romero Tenorio,Alfredo Basurto Román, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Blandina Ramos Ramírez, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Irma Rebeca López López, Jesús Emiliano Álvarez López, Jorge Tello López, María Chávez García, Modesta Fuentes Alonso, Renato Josafat Molina Arias, Roberto Guzmán Jacobo, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Virgilio Caballero, por favor.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Gracias, presidente. Para apoyar la propuesta de nuestro compañero Juan, para que el grupo entero de la fracción parlamentaria de Morena firme junto con él.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Romero.

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aceptación y por lo tanto está aquí a disposición de quienes quieran suscribirla.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Basurto, por favor.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Gracias, presidente. De la misma manera, primeramente para felicitar al ponente, al diputado Juan, que por cierto es abogado. Y a ver si con su venia nos permite adherirnos a esta importantísima iniciativa.

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Reitera su aceptación y entonces aquí está como ya lo habíamos dicho y hemos estilado, en la Secretaría de la Mesa Directiva para quienes quieran suscribirla.

Saludamos la presencia de alumnos del Bachillerato José María Cajica Camacho, del municipio de Tepexi de Rodríguez, del estado de Puebla. Invitados por la diputada Edith Villa Trujillo. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, amigos.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Hoy tenemos la oportunidad de regresarle a los estados y municipios esa dignidad de recibir los ingresos necesarios suficientes para realizar cada una de las actividades que redunden en beneficio de sus gobernados.

Esta pretensión que presento ante ustedes el día de hoy, está encaminada fervientemente a incrementar la participación que se les otorga a los estados y los municipios. Ésta es una corresponsabilidad que a nosotros nos heredaron las anteriores Legislaturas y que hoy debemos hacer justicia a esa condición, retribuyéndoles a estados y municipios las participaciones que deben de recibir para el correcto funcionamiento de sus gobiernos.

En esto ustedes saben, que la centralización en materia de ingresos es producto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que data más de 30 y tantos años, 36, fue en el 80. En aquél entonces nace la distribución a través de un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y éste otorga las participaciones en un fondo del Ramo 28, denominado El fondo general de participaciones para estados y municipios.

En aquél entonces no significaba la suma exorbitante que al día de hoy ha imperado, iniciaron con 65.8 millones de pesos. Para el 2006 esta suma se había pasado ya a más de un billón de pesos y para ustedes, a través de su memoria se darán cuenta que en este ejercicio fiscal proyectado subió a más de dos billones de pesos.

Yo les pregunto, queridos compañeros y compañeras diputadas, ¿Qué sucede? Por qué si en 10 años las entidades federativas y los municipios lograron avanzar en el reparto de la riqueza, por qué cada día los estados que todos nosotros representamos se encuentran con más rezagos y menos ingresos.

Es evidente que las condiciones vienen aun peor para el futuro, pues con la caída en los precios del petróleo, la menor producción en la extracción y las bajas en las recaudaciones de impuestos en los futuros años, hace que nos replanteemos con responsabilidad, diputados y diputadas, para que hagamos un mecanismo de distribución más ad hoc a las condiciones del país.

¿Qué le ha sucedido al sistema nacional de distribución fiscal que no logra la oportunidad de las igualdades y que hace que las brechas sean cada días más desiguales?

Alicia Bárcena, titular de la CEPAL Naciones Unidas, en su libro La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, cita que debemos plantear modelos de innovación para mejorar. Por eso propongo a las Comisiones afines: Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda, Gobernación, entre otras, que analicen esta propuesta de iniciativa sólida que lo único que pretende, aparte de ser muy seria, es que logremos nosotros que cambie la condición en que se está haciendo la distribución de ese beneficio para estados y municipios.

Al día de hoy ya existen estados que reciben más de 20 por ciento de participación. Entre ellos destaca Oaxaca con el 21, Baja California Sur, Colima, Morelos, Sinaloa y Tabasco con el 22; Nayarit con el 22.5, Aguascalientes y Zacatecas con el 23 y Campeche, únicamente Campeche con el 24.

Esta iniciativa pretende que el fondo general de participaciones se entregue en dos vertientes. La primera conforme a las fórmulas actuales y, la adición del artículo 2-B, que se entregue un cinco por ciento adicional de la recaudación federal participable para que el fondo general de participaciones se distribuya hasta el 25 por ciento.

Esa adición permitirá que los estados y municipios se vean beneficiados con más de 122 mil millones de pesos, pero sobre todo logrará evidenciar las buenas prácticas de los estados y los municipios atendiendo a cada uno de los criterios que se proponen en este anexo del artículo 2-B.

Comprende la primera, que se basa en remesas enviadas a los estados y los municipios y que sean validadas por el Banco de México.

La segunda es conforme a la distribución de vehículos convencionales y eléctricos que publique el Inegi validada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La tercera pretende que se distribuya conforme al número de solicitudes emitidas y contestadas de los institutos de transparencia de las entidades federativas, validadas por el INAI.

La cuarta, conforme a la Cuenta Pública, presupuesto observado con el total de presupuesto observado nacional a la inversa proporcional por la estructura porcentual que emita la Auditoría Superior de la Federación, esto para que los estados con mayor presupuesto observado, reciban menos oportunidad de recursos en razón de que si no cumples, pues por qué exiges ¿no?

Quinta, conforme al financiamiento a la inversión pública de la entidad federativa por estructura porcentual que valide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a estados y municipios.

Al demostrar que el planteamiento de la recaudación federal participable para el 2016 es el referente con base al análisis de distribución, cada criterio tendrá más de 24 mil millones de pesos, lo que redundará en el beneficio sustancial para estados y municipios y todos sus habitantes. Así, pues, las entidades federativas y los municipios, ahora sí se esforzarán y vigilarán sus indicadores, porque esta iniciativa tiene como fin realizar tareas de transparencia y buen manejo de los recursos públicos.

Dejo a su consideración la presente iniciativa para su análisis y aprobación, con la seguridad de que cada uno de nosotros tiene bien puesta la camiseta de favorecer y respaldar a sus estados. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. y adiciona el 2o.-B a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, la diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 y se adiciona el artículo 2-B de la de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de hacer más eficientes y trasparentes el uso de los recursos asignados al ramo 28, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Coordinación fiscal puede definirse como la concertación en el ejercicio de las facultades tributarias entre los distintos niveles de gobierno que componen un Estado. En relación con el federalismo mexicano, la coordinación es el conjunto de acciones cuya finalidad es ordenar de manera armónica las facultades tributarias y las relaciones fiscales entre la federación y las entidades federativas.

La coordinación fiscal, es en tanto un elemento del federalismo mexicano, y se encuentra regulada por la Ley de Coordinación Fiscal, este instrumento normativo persigue los siguientes objetivos:

• Coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios así como de la Ciudad de México;

• Establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales;

• Distribuir entre ellos dichas participaciones;

• Fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; • Constituir los organismos en materia de coordinación fiscal; y

• Sentar las bases para su organización y funcionamiento.

Un claro ejemplo de la coordinación fiscal lo encontramos en la ministración de la de las participaciones federales conocidas bajo la denominación de Ramo 28, las cuales tienen su origen con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a inicios de la década de 1980. Hasta antes de la mencionada fecha, no existía propiamente un mecanismo integral de coordinación en materia impositiva entre los órdenes de gobierno.

Se trataba más bien de un esquema “mixto”, ya que además de los impuestos que específicamente le estaban conferidos constitucionalmente a cada orden de gobierno, permitía espacios tributarios coordinados en donde los estados firmaban convenios específicos de coordinación con la federación por cada impuesto, a cambio de recibir cierta compensación por ello. En este último caso se encontraban el impuesto sobre ingresos mercantiles –antecesor del impuesto al valor agregado– y los llamados impuestos especiales (bebidas alcohólicas, cervezas, refrescos, electricidad, minerales, etcétera).

Este esquema propiciaba una recaudación ineficiente, ya que entre las entidades existían diferentes capacidades recaudatorias (los estados más ricos y con mayores capacidades técnicas, recaudaban más) lo que indudablemente ampliaba aún más la brecha de desigualdad regional. Por otro lado, en aquellos impuestos en donde no existía coordinación era muy probable la doble tributación y la aplicación de tasas diferenciadas que permitían al contribuyente eludir fácilmente obligaciones fiscales.

Por esta razón, se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980, bajo los supuestos de evitar la doble o triple tributación al delimitar las competencias para cada ámbito de gobierno, y de hacer más eficiente y simplificada la recaudación al eliminar los convenios particulares de coordinación entre el gobierno federal y los estados por cada impuesto federal; y al establecer un sistema nacional que se encargaría de recaudar los impuestos coordinados, que se convirtieron a partir de entonces en los de mayor importancia por su potencial recaudatorio. Al adherirse a este sistema, los estados y, teóricamente también los municipios que los conforman, previa firma de convenio, cedieron a la Federación algunas de sus fuentes impositivas a cambio de que ésta los resarciera por los ingresos que dejaron de recaudar o, lo que es lo mismo, que les entregara una “parte” –de ahí el nombre de “participaciones”– más o menos similar a lo que ellos recaudarían sin estar adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En ese entonces, los fondos que conformaban las participaciones federales eran sólo tres: el Fondo General de Participaciones –que por el monto se constituía en el más importante de los tres–, el Fondo Complementario y el Fondo de Fomento Municipal.

En 1990, además del criterio que premiaba la mejora de la recaudación de los impuestos asignables, se incluye un criterio distributivo que considera el tamaño poblacional, y otro compensatorio, inverso a los anteriores. Los dos primeros criterios tenían una ponderación de 45.17 por ciento cada uno, mientras que el compensatorio del restante 9.66 por ciento. Con esta fórmula en la que se mezclaban criterios resarcitorios, distributivos y compensatorios, se presentaba el problema de la falta de claridad de incentivos para realizar acciones que les permitiesen a las entidades federativas obtener mayores participaciones.

Este esquema prevaleció hasta 2007, cuando la reforma fiscal de dicho año modificó nuevamente la fórmula de distribución con el objeto de recobrar el espíritu original de fomento a la actividad económica y estímulo a la recaudación local que deben tener las participaciones federales. En otras palabras, y al igual que otros fondos del ramo, al Fondo General de Participaciones se le dotó de una lógica resarcitoria que busca premiar a aquellas entidades federativas con un mayor crecimiento en su actividad económica y en la recaudación de contribuciones locales. Dicho esquema está vigente actualmente.

Las participaciones federales son aquellas transferencias que reciben las entidades federativas y los municipios del país por el hecho de formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en donde éstos aceptaron suspender o derogar varios de sus gravámenes en favor de la Federación. En términos políticos, es el dinero que les participa el gobierno federal por formar parte del Pacto Federal en su vertiente hacendaria.

El objetivo de las participaciones es resarcir a los gobiernos estatales y municipales de la parte que aportan a la riqueza nacional expresada en los ingresos fiscales federales. A diferencia de las aportaciones federales, las participaciones son recursos soberanos de las entidades federativas y municipios; por lo tanto, la federación no puede establecer cómo deben gastarse. Es decir, se trata de ingresos que se incorporan directamente a la libre hacienda de los estados y de los municipios, y son ellos los que deciden su destino de manera autónoma.

En cuanto al modo de calcular el monto total de las participaciones que se distribuirán a entidades y municipios a lo largo del año, la Ley de Coordinación Fiscal indica que la federación debe hacer un cálculo provisional mensual considerando la Recaudación Federal Participable neta obtenida en el mes inmediato anterior, y las entidades federativas recibirán dicha cantidad como un anticipo a cuenta de participaciones.

Cada cuatro meses la federación realiza un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo sobre la recaudación efectiva obtenida en ese período, y las diferencias resultantes se liquidarán dentro de los dos meses siguientes.

Anteriormente, el Fondo General de Participaciones representó la principal fuente de ingresos de los gobiernos locales cuando se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En su comienzo comprendió 13 por ciento de la recaudación federal participable, incrementándose paulatinamente dicho porcentaje hasta alcanzar una quinta parte del total, monto que lo hace el rubro más importante del Ramo 28.

El Fondo General de Participaciones está regulado en los artículos 2o., 3o.y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal federal. Allí se establece la conformación del monto del fondo, así como los esquemas de distribución de los recursos a las entidades federativas y a los municipios. Respecto a su monto, la Ley de Coordinación Fiscal establece que el Fondo General de Participaciones se constituirá con 20 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio fiscal; y con relación a su distribución, que ésta se da en dos momentos: el primero es de la federación a las entidades federativas y el segundo es de éstas a sus respectivos municipios.

Asimismo, al hablar del federalismo hacendario se hace referencia a una adecuada distribución de atribuciones fiscales entre las partes integrantes de la federación, de forma tal que la recaudación y la dotación de bienes y servicios públicos que provee el Estado sea lo más eficiente posible. Es preciso mencionar que para lograr un esquema óptimo de distribución de recursos y funciones fiscales entre los órdenes de gobierno, es necesario alcanzar un punto de equilibrio entre dos fuerzas opuestas entre sí: por un lado el principio de la correspondencia fiscal, que establece que cada orden de gobierno debe contar con atribuciones suficientes en materia de ingresos como para solventar adecuadamente sus necesidades de gasto; y por el otro, el principio de eficiencia recaudatoria, que establece que los impuestos más potentes (a la renta y al consumo, por ejemplo) deben estar ubicados en el orden de gobierno federal que, debido a su óptica y alcance nacional, garantiza una mejor y mayor recaudación de este tipo de contribuciones.

Para conjugar ambos principios se requiere establecer un sistema de transferencias federales que tenga la capacidad de resarcir –en la misma medida a su contribución– a los órdenes de gobierno estatales que han renunciado al cobro de los impuestos cedidos a la federación.

La federación tiene potestades sobre las bases tributarias principales y más amplias, como son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, los impuestos al comercio exterior, los derechos de hidrocarburos y los impuestos especiales sobre producción y servicios. También tiene facultades sobre algunos impuestos y derechos adicionales que se transfieren en su totalidad a los estados, como es el impuesto sobre automóviles nuevos.

En cambio, las facultades tributarias de los municipios, y en especial de los estados son limitadas y las bases gravables a las que tienen acceso son relativamente pobres y en algunos casos de difícil explotación debido a cuestiones administrativas, económicas o políticas. La principal potestad para los municipios en la materia es el impuesto predial y algunos derechos. Para las entidades destacan el impuesto sobre nómina, los impuestos sobre espectáculos públicos, sobre algunas actividades de compraventa y el impuesto sobre ventas de bebidas alcohólicas.

En otras palabras, un sistema de transferencias federales eficiente y solidario es aquel que “a la vez de resarcir, compensa a las regiones atrasadas, sin desincentivar el esfuerzo fiscal de los gobiernos estatales y municipales, de tal manera que el propio sistema contribuya a incrementar la recaudación y a cerrar las brechas de desigualdad regional”. Para que esto sea posible, es menester que las fórmulas por medio de las cuales se distribuyen las transferencias estén diseñadas en función de tales incentivos.

En México, existen dos grandes rubros de transferencias federales destinados a cumplir con aquellos propósitos: las Participaciones o Ramo 28, con una finalidad resarcitoria, y las Aportaciones o Ramo 33, con objetivos compensatorios. Sin embargo, hasta antes de 2007 las fórmulas a partir de las cuales se distribuía a las entidades federativas, y consecuentemente a los municipios, consideraban criterios ambiguos para su asignación, lo que introdujo distorsiones en el sistema de transferencias que, por un lado, desincentivó el esfuerzo fiscal de las entidades federativas y municipios, situación que provocó una baja recaudación de ingresos propios por parte de dichos órdenes de gobierno, posicionando a México como uno de los países con menor recaudación local incluso frente a países unitarios y por otro lado, limitó la capacidad de impulsar el desarrollo regional desde los ámbitos locales de gobierno.

Como resultado de esta división de potestades, la recaudación de los ingresos públicos está altamente concentrada en la federación. Alrededor de 80 por ciento de los ingresos públicos los recauda la federación, mientras que 14 por ciento lo recaudan los estados, 6 por ciento los municipios en comparación, en otros sistemas federales los gobiernos locales recaudan una mayor proporción de los ingresos públicos.

El alto grado de centralización en materia de ingresos es producto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que data de 1980. Mediante este instrumento, los estados fueron cediendo potestades tributarias, incluyendo la capacidad de modificar las tasas de algunos impuestos que aún controlan, a cambio de mayores transferencias federales, especialmente participaciones de la recaudación federal de ciertos impuestos.

Para los municipios, las principales fuentes de ingreso son las participaciones federales que les asignan las legislaturas estatales y el impuesto predial. A pesar de que el impuesto predial tiene un alto potencial como fuente de recursos, en la actualidad no es óptima su explotación, ya que muchos municipios no cuentan con un sistema catastral adecuado y actualizado o carecen de capacidad técnica suficiente. La recaudación del predial. En México actualmente representa alrededor del 0.2 por ciento del producto interno bruto. Aun en años de alta recaudación, ésta no ha logrado alcanzar 0.3 por ciento del producto interno bruto y en algunos años ha sido cercana o menor a 0.1 por ciento. Estas cifras se comparan de manera desfavorable con las observadas en otros países. La recaudación del predial para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocida por sus siglas como OCDE, representa en promedio 1 por ciento del producto interno bruto. En Argentina se observa una relación similar, mientras que en Chile es de casi 0.7 por ciento del producto interno bruto.

Por gravar bienes con alto grado de inamovilidad, el que se asigne este impuesto a los municipios es congruente con la eficiencia económica. El que sea un impuesto altamente perceptible para los contribuyentes –en tanto que es muy claro cuánto y cuándo pagan, es a la vez una virtud de dicho impuesto y un obstáculo para su recaudación. La perceptibilidad del impuesto facilita el que los contribuyentes exijan que las autoridades rindan cuentas adecuadamente. Sin embargo, también hace el pago más “doloroso” cada bimestre. Por otra parte, el impuesto predial es inelástico, en tanto que la base fiscal por lo general no aumenta significativamente en el tiempo una vez que se actualizó el sistema catastral, y los ingresos reales no necesariamente aumentan con las necesidades de gasto.

Los municipios también obtienen ingresos de derechos, licencias y otros conceptos. Estas fuentes tampoco son explotadas de manera óptima. Los precios de los servicios muchas veces no reflejan los costos reales de proveerlos, o la cobranza es irregular. A su vez, son pocos los municipios que hacen uso del sector privado en la prestación de servicios públicos, lo que podría mejorar la eficiencia de los mismos y liberar recursos para otros fines. Entre los obstáculos para alentar una mayor recaudación a nivel municipal se encuentran la corta duración de las administraciones municipales y la regla de no reelección. Estos factores institucionales desalientan la introducción de reformas fiscales, que pueden tener altos costos políticos inmediatos, pero cuyos beneficios en términos de mayor recaudación no se obtienen sino hasta algunos años más adelante. Las restricciones que limitan la capacidad del municipio para legislar directamente sobre materias fiscales son también un obstáculo para mejorar la recaudación municipal y estatal.

Consideraciones:

Primera. Las participaciones federales para las entidades federativas y municipios es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno.

Segunda. Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben atender las necesidades de su población; buscando además, fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que conforman.

Tercera. Otorgar a los estados y municipios 5 por ciento adicional del Fondo General de las Participaciones Federales, denominado Ramo 28, para que exista la posibilidad de atender en su mayoría las necesidades que estos enfrentan y mejorar los esquemas de productividad en sus regiones.

Cuarta. Las entidades federativas que participan por arriba del esquema de distribución actual del Ramo 28, del Fondo General de Participaciones son: Oaxaca 21 por ciento, Baja California Sur 22 por ciento, Colima 22 por ciento, Jalisco 22 por ciento, Morelos 22 por ciento, Sinaloa 22 por ciento, Tabasco 22 por ciento, Nayarit 22.5 por ciento, Aguascalientes 23 por ciento, Zacatecas 23 por ciento y Campeche 24 por ciento.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 y se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de hacer más eficientes y trasparentes el uso de los recursos asignados al Ramo 28

Decreto por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona un articulo 2-B a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de hacer más eficientes y trasparentes el uso de los recursos asignados al ramo 28, Fondo General de Participaciones

Artículo Único. Se reforma el artículo 02, y se adiciona el 2-B, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 2

El Fondo General de Participaciones se constituirá en dos partes, la primera con el 20por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio y el segundo con el 5 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

...

...

...

...

...

...

Artículo 2-B

Con respecto a la segunda parte del Fondo General de Participaciones, que será del 5 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan:

El 5 por ciento del FGP, será repartido de acuerdo a los cinco criterios siguientes:

1. Remesas enviadas a estados y municipios, conforme al 20 por ciento del 5 por ciento del Fondo General de Participaciones.

Conforme a la distribución que emita el Banco de México, tomando como parámetro el primer trimestre del Año Inmediato Anterior.

El Banco de México, deberá emitir la publicación tanto de los estados, como de los municipios. De acuerdo a la siguiente formula:

Por estructura porcentual

Del 100 por ciento de las remesas entregadas a nivel nacional, el porcentaje que le corresponda a cada entidad federativa.

E/N=%

Donde:

X por ciento: Es el porcentaje de las remesas emitidas a cada entidad federativa.

E: Cantidad que le corresponde a la entidad federativa conforme al reparto total de las remesas nacionales.

N: cantidad total de las remesas enviadas en el año.

2. Conforme a la distribución del número de vehículos convencionales y eléctricos del padrón nacional y de cada entidad federativa Conforme al 20 por ciento del 5 por ciento del Fondo General de Participaciones, mismo que deberá ser validado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Para el reparto, de ese criterio, la cantidad que resulte se tomara 50 por ciento para vehículos convenciones y el 50 por ciento para vehículos eléctricos.

Para efectos de la distribución se tomara en cuenta las siguientes formulas:

Para Vehículos Convencionales

Del 100 por ciento del padrón nacional vehicular, lo que responda a cada entidad federativa.

VC/PN=%

Donde:

X por ciento: Es el porcentaje que corresponde de vehículos convencionales a cada entidad federativa.

VC: Cantidad que le corresponde a la entidad federativa conforme a vehículos convencionales

PN: Cantidad total de Vehículos Convencionales

Para Vehículos Eléctricos

Del 100 por ciento del padrón nacional vehicular, lo que responda a cada entidad federativa.

VE / PN = %

Donde:

X por ciento: Es el porcentaje que corresponde de vehículos eléctricos a cada entidad federativa.

VE: Cantidad que le corresponde a la entidad federativa conforme a vehículos eléctricos

PN: Cantidad total de Vehículos eléctricos

3. Se distribuirá conforme al número de solicitudes emitidas y contestadas de los Institutos de Transparencia de las Entidades Federativas, acorde al 20 por ciento del 5 por ciento del Fondo General de Participaciones, mismos que deberán ser validados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Para el reparto, de ese criterio, la cantidad que resulte se tomara el 50 por ciento para solicitudes en trámite y el 50 por ciento para solicitudes contestadas.

De acuerdo a las siguientes formulas

Por estructura porcentual

Del 100 por ciento de las solicitudes emitidas y hayan concluido su trámite y validados por los Institutos de Transparencia y Acceso de Información Pública de las Entidades federativas y que haya dado el visto bueno el Instituto Nacional de Accesos a la Información (INAI).

TE / PNTE = %

Donde:

X por ciento: Es el porcentaje de tramites emitidos de cada entidad federativa.

TE: Trámites Emitidos por Entidad Federativa

PNTE: Padrón Nacional de Tramites Emitidos de las Entidades Federativas.

Del 100 por ciento de las solicitudes contestadas y hayan concluido su trámite y validados por los Institutos de Transparencia y Acceso de Información Pública de las Entidades federativas y que haya dado el visto bueno el Instituto Nacional de Accesos a la Información (INAI).

TC / PNTC =%

Donde:

X por ciento: Es el porcentaje de tramites contestados de cada entidad federativa.

TC: Trámites contestados por entidad federativa

PNTC: Padrón Nacional de Tramites Contestados de las entidades federativas.

4. Cuentas Públicas, Conforme a la estructura porcentual que emita la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a estados y municipios. Conforme al 20 por ciento del 5 por ciento del Fondo General de Participaciones, dicho criterio de distribución será sobre el total del presupuesto observado del año inmediato anterior / contra el presupuesto total de la entidad federativa del año inmediato anterior, con el criterio inverso proporcional.

Conforme a la siguiente formula:

PO= Presupuesto Observado

PTE_ Presupuesto Total Entidad Federativa

Formula:= Entidad federativa 1: (PO / PTE) +...+ Entidad federativa 32: (PO / PTE) = Presupuesto Total Nacional Observado / Presupuesto Total Nacional de las entidades federativas, conforme al reparto proporciona inverso.

PO Observado:= Emite la Auditoria Superior de la Federación

Presupuesto Total por Entidad Federativa:= Emite el Congreso del Estado de cada entidad federativa.

5. Financiamiento de deuda para Inversión Pública de la Entidad, que emita la SHCP, a estados y municipios. Conforme a 20 por ciento de 5 por ciento del Fondo General de Participaciones, dicho criterio de distribución será sobre el total de la deuda de Inversión Pública de la Entidad / con el total Nacional de la deuda de inversión pública nacional de las entidades federativas del año inmediato anterior.

Las entidades federativas deberán de fortalecer los niveles de competitividad, mismo que deberán de mejorar los mismos criterios de distribución para los municipios.

Transitorio

Único. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Manual de Transferencias Federales para Municipios. Segob/ Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. México 2011.

2 www. sncf.gob. mx.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Saludamos la presencia de amigos y amigas del Sindicato de Telefonistas de Michoacán, invitados por la diputada Daniela De Los Santos Torres. Bienvenidos aquí a San Lázaro, amigas michoacanas y amigos michoacanos.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Los principales afectados por los trabajos de mantenimiento en los caminos federales, son los usuarios. Es momento de que se les tome en cuenta. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que pongo a consideración de esta honorable asamblea, tiene por objeto adicionar un párrafo cuarto al artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de que se ajusten las tarifas para el cobro en las carreteras y puentes concesionados cuando estos se encuentran en mantenimiento.

Lo anterior, como una forma de subsanar las molestias que las obras ocasionan a los usuarios. La mayoría de las y los mexicanos hemos padecido las molestias de utilizar carreteras o caminos en mal estado o en continua reparación, aunque no por estos motivos dejan de cobrarnos tarifas que resultan excesivas para el servicio que prestan.

Esto es lo que queremos remediar mediante es iniciativa. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece en su artículo 6o la obligación de contar con una concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.

Existe en nuestro país un sector que se ha visto enormemente beneficiado en dichas concesiones y el cobro de estas tarifas, que no siempre van de acuerdo a la calidad del servicio que prestan.

En Nueva Alianza estamos convencidos de los beneficios de contar con una economía de mercado, sin embargo, estos beneficios descansan necesariamente en la transparencia, la competitividad y el respeto de los derechos de los usuarios de productos y servicios.

Nuestros caminos distan mucho de ser los más adecuados o de ofrecer las mejores condiciones de seguridad para quienes los utilizan. Aunado a lo anterior, está el hecho de que las tarifas en comparación con otros países del mundo, son sumamente elevadas.

Como muestra de lo anterior basta mencionar los costos de algunas de las autopistas a lo largo del territorio nacional, como por ejemplo, el libramiento de Tecpan, que cuenta 6.4 pesos por kilómetro o la autopista de Perote Banderilla y el libramiento de Jalapa que cuesta 4 pesos por kilómetro, o la de Tecate-Tijuana y el libramiento de Tecate-Baja California que se ubica en los 3.5 pesos por kilómetro.

Según la propia ley, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgar las concesiones y permisos a que se refiere la misma, así como vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación, según sea el caso.

A dicha dependencia le compete vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

De acuerdo con las cifras del informe global de competitividad 2015-2016, realizado por el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupa el lugar número 59 en el ramo de infraestructura, debajo de países como: Panamá, Uruguay o Chile, en América Latina. Lo anterior tiene repercusiones no solo para la población en lo individual, sino para la competitividad de nuestra economía a nivel global.

En Nueva Alianza estamos decididos a coadyuvar de manera decisiva a incrementar la competitividad de nuestro país, más aún cuando nos estamos enfrentando a un entorno económico adverso. Por este motivo es preciso poner a los usuarios de la infraestructura carretera del país como prioridad, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca condiciones justas para ellos.

Esto quiere decir que, en caso de que las carreteras y autopistas concesionadas se encuentren en obras de mantenimiento, reparación o ampliación, se deberán reducir los costos. Esto como una forma de compensar el daño, molestia y retardo que se ocasiona por dicha circunstancias.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza las políticas públicas deben estar centradas en las ciudadanas y en los ciudadanos, es imperativo conducir nuestros esfuerzos para que las empresas concesionarias garanticen los mejores servicios a la población. Es un acto de justicia elemental que, si los servicios que prestan no son óptimos, las tarifas que se exigen a los usuarios también que reduzcan.

Estamos decididos a terminar con las malas prácticas que a todos nos afectan. La transparencia y la rendición de cuentas nos comprometen a todos y a todas de su cumplimiento, y de esto depende en gran medida el desarrollo económico del país. Con esta convicción es que los invitamos a sumarse a nuestra propuesta y, en su oportunidad, que la misma sea dictaminada en positivo, porque sabemos que es lo justo. Cambiemos las cosas, la comunidad es primero. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Karina Sánchez Ruiz, diputada federal miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de tarifas, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En México, de la misma forma que en otros países alrededor del mundo, la red carretera significa la infraestructura de transporte más utilizada. Dicha red comunica a la mayor parte de las regiones y comunidades del país.

La red carretera significa un medio de comunicación de vital importancia, para fomentar y estimular varios sectores productivos del país, desde el turismo hasta la agricultura y ganadería nacional.

México cuenta con aproximadamente 378,923 kilómetros de carreteras, que se integran por autopistas, carreteras, caminos rurales y brechas que permiten la conectividad entre prácticamente todas las poblaciones del país, con independencia del número de habitantes con que cuenten y su relevancia económica.

Las carreteras en nuestro país poseen una numeración impar de norte a sur y una numeración par de este a oeste. La numeración inicia en el noroeste del país en Tijuana, y aumenta a medida que se avanza hacia al sur y al este.

Dentro de la red carretera nacional existen los tramos concesionados, mismos que el gobierno federal licita, para que la iniciativa privada participe de las mismas.

La concesión de una carretera consiste en un acto mediante el cual el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del dominio público, durante un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden preservar el interés público.

Las principales características de las concesiones carreteras, según el estudio “111 preguntas sobre concesiones de autopistas en México” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son:

Las concesiones son otorgadas mediante licitación pública.

Se adjudican al participante cuya propuesta técnica y financiera cumple con los requisitos establecidos en las bases del concurso y solicita el menor monto total de recursos públicos.

El plazo de concesión es fijo, de 25 a 30 años, conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Los proyectos ejecutivos y los estudios de impacto ambiental de las obras son entregados por la SCT a todos los licitantes.

Los derechos de vía liberados son entregados por el gobierno al licitante ganador.

El gobierno realiza una aportación inicial de recursos públicos a cada proyecto.

El gobierno se compromete a efectuar una aportación subordinada, en caso necesario, para asegurar el pago de los créditos usados para la construcción de las obras.

El gobierno establece las tarifas medias máximas a cobrar en la vía y establece las reglas para su actualización periódica según el comportamiento de la inflación, de manera que resulten acordes con la capacidad de pago de los usuarios.

En caso de que la inversión privada se recupere antes de lo esperado, el excedente se compartirá, conforme a reglas previamente acordadas, entre el concesionario y Banobras, en su calidad de aportante de recursos públicos al proyecto.

De las carreteras federales, uno de los mayores problemas que las rige son las constantes obras de mantenimiento, ampliación o construcción de las mismas. Estas obras afectan directamente al usuario, en tiempo, e incluso llegan a poner en peligro la vida de estos, ya que algunas tienen baches, zanjas o deslaves, que podrían provocar accidentes fatales.

Existen tramos carreteros que están en constante mantenimiento, por ejemplo la carretera México - Querétaro, de la cual los usuarios manifiestan su desagrado, ya que continuamente se encuentra en reparación afectando constantemente el tránsito. Asimismo, los costos siguen siendo los mismos y con el paso del tiempo han aumentado.

Otro ejemplo, es la autopista México-San Luis Potosí, la cual es conocida no gratamente por los usuarios como una vía altamente peligrosa, debido a la gran cantidad de desperfectos con los que cuenta.

En nuestro país, el promedio de las tarifas por transitar las vías federales de cuota oscila entre el 1.46 pesos por kilómetro, de acuerdo con la SCT.

Sin embargo, existen algunas autopistas que rebasan este promedio de tarifa. A continuación se enumeran las diez más costosas del país:

Fuente: PINFRA

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza pugnamos por condiciones más justas para los usuarios de las autopistas federales concesionadas, mismas que deberán tener tarifas racionalizadas de acuerdo al mantenimiento u obras con las que cuenten en el momento, mismas que generan un deterioro a los usuarios.

Argumentación

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad de tránsito como un derecho humano, el cual posee toda persona dentro del territorio nacional y que a la letra dice:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorioy mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Los diputados de Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de garantizar el derecho al libre tránsito, para lo cual el Estado tiene la obligación de brindar servicios carreteros seguros, en buen estado a precios accesibles para las y los mexicanos.

El Estado es garante del otorgamiento de las concesiones y permisos a que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tal como lo señala la fracción tercera del artículo 5 de la mencionada legislación:

Artículo 5o.Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Corresponde a la Secretaría [de Comunicaciones y Transportes], sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal, las siguientes atribuciones:

III.Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso;

De la misma forma, el citado artículo pero en la fracción cuarta menciona que es competencia de la Secretaría vigilar que los caminos cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes:

IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes;

Dicho lo anterior, consideramos de vital importancia legislar para que el Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establezca las condiciones justas para los usuarios en casos de que las carreteras y autopistas concesionadas se encuentren en obras de mantenimiento, reparación o ampliación, brindando costos menores a los establecidos, esto en razón del daño y retardo que le ocasiona al mismo estas actividades.

Según el estudio de la CEPAL, “Concesiones viales en América Latina: situación actual y perspectivas”, la concesión carretera se ha convertido en un importante mecanismo para atraer financiamiento y gestión privados a dicho sector en América Latina.

El mismo documento señala que: “las carreteras representan una de las áreas de infraestructura de transporte en que ha habido una extensa aplicación de dicho concepto de inversión, conservación y manejo de carácter gerencial durante un largo plazo, en que los costos incurridos por el concesionario se recuperan mediante el cobro de peaje, en algunos casos complementado con otros ingresos, particularmente aportes fiscales”.

La empresa española OHL ha señalado en diversas ocasiones que construir carreteras por concesión en América Latina ya dejó de ser una simple tendencia; ahora es la norma, desde México hasta el cono sur.

De acuerdo con autoridades e inversionistas privados, las inversiones que realizaron en concesiones viales a partir de 2010 en América Latina superan los US$38.000 millones de dólares en ocho de los principales países de la región (Brasil, México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina).

Los diputados de Nueva Alianza entendemos la importancia de las actividades de mantenimiento en las autopistas federal, por ello consideramos importante legislar en esta materia para que los menos afectados de estas maniobras sean los usuarios, garantizando así la utilización de las mismas sin menoscabo de los derechos de los consumidores, que en todo momento buscan seguridad, rapidez en ellas.

Derivado de lo anterior, los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentamos la iniciativa que busca garantizar tarifas justas para los usuarios en las autopistas federales concesionadas, mediante el establecimiento, por parte de la SCT, de lineamientos que ajusten los costos, debido a obras de mantenimiento, reparación o ampliación de las mismas.

Al ser las autopistas y carreteras federales un instrumento necesario y de vital importancia para los diversos sectores productivos del país, es necesario brindar tarifas justas para poder utilizarlas de mayor forma.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en nuestra calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único.Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 23. ...

...

...

Durante la construcción o reconstrucción, así como durante la realización de los trabajos de urgencia y de mantenimiento y de los trabajos definitivos a que se refiere el presente artículo, se deberán ajustar las tarifas para el cobro de las carreteras y puentes concesionados, en beneficio de los usuarios por las molestias que la obra ocasiona, de conformidad con los lineamientos que para tales efectos emita la Secretaría.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos a que se refiere el artículo 23, dentro de los 90 días hábiles siguientes al de la publicación del presente decreto.

Nota:

1 Consultado en: http://dictyg.fi-c.unam.mx/~disyp/lecturas/111preguntas.pdf

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 8 de marzo de 2016.— Diputada Karina Sánchez Ruiz(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez García, del turno matutino, del municipio de Chalco, estado de México, invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández. Bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y Dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX al Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el C. Diputado José del Pilar Córdova Hernández, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80; 82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.

En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. En fecha 19 de noviembre del año 2015, el diputado José del Pilar Córdova Hernández, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa de mérito, objeto del presente dictamen.

2. En fecha 20 de noviembre del presente año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con fecha 03 de febrero 2016, esta dictaminadora solicitó prórroga para emitir el dictamen correspondiente.

4. En fecha XX de enero del mismo año, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados notificó a esta dictaminadora la autorización de la prórroga referida en el numeral inmediato anterior.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se plasman a continuación en las partes que interesan:

El Diputado proponente asevera que “Estudios demuestran que superar la muerte de un familiar cercano lleva por lo menos un año y medio, ya que el dolor emocional que esto causa es profundo y lacerante. Son varias las etapas de duelo que se deben atravesar para superar esta pérdida. La primera y más sofocante es el estado de shock, el cual es un mecanismo de defensa que el cuerpo activa” y abunda afirmando que ésta puede durar hasta meses.

En el mismo sentido, asegura que además de lidiar con la pena de la pérdida de un ser cercano, en los primeros días es imprescindible atender las necesidades propias del fatal acontecimiento, como el funeral, el sepelio y los eventos religiosos. Al respecto manifiesta que se debe tomar en cuenta que además se requiere tiempo para reorganizar la rutina de aquellos que le sobreviven; y que a pesar de que pudieran parecer aspectos frívolos, es una realidad que, los trabajadores que atraviesan por este doloroso proceso, necesitan de tiempo para atender lo que conlleva la muerte de un familiar.

Así mismo, el legislador proponente asevera que la muerte de cualquier familiar resulta dolorosa, pero la de un hijo, la del cónyuge o la de los padres, es devastadora para el ser humano. Por lo que quien sufre esta amarga experiencia necesita de un lapso de tiempo para recuperarse, al menos, del dolor que conlleva la pérdida.

En materia del marco jurídico vigente, el Diputado argumenta que la legislación laboral vigente no contempla la circunstancia de muerte de un familiar cercano, sin embargo, sí considera un permiso especial por el nacimiento de un hijo, lo cual es una situación de índole familiar que también impacta la vida del trabajador. Tomando este permiso especial como antecedente de la consideración de un evento de vida como trascendental e impactante, se debería considerar también la muerte de un hijo, del cónyuge, de los padres y de los hermanos como motivo de ausencia laboral justificada, ya que inciden de manera delicada en la vida del sujeto. De la misma forma es de considerarse la muerte de los abuelos y de los padres del cónyuge ya que estos decesos afectan a la pareja y, por lo tanto, la rutina y el desempeño diario del trabajador.

Por lo que hace a la cotidianeidad laboral, el promovente asegura que, “en la práctica, hay patrones o entidades públicas que otorgan, fuera del margen de la ley, días de permiso con goce de sueldo, dada la empatía que pueden llegar a sentir por el empleado; esto no quiere decir que el trabajador deba estar atenido al juicio del patrón para disponer de los días que necesite para vivir su duelo, porque también se dan los casos en los que los trabajadores no son del agrado de sus mandos inmediatos y solo reciben permisos sin goce sueldo y muchas veces ni siquiera eso. En cambio, debe ser la ley misma la que le ampare y garantice este derecho que debe ser un justo precepto que no dependa de la empatía o de la ausencia de ella”.

De lo vertido se desprende la similitud con la legislación española, la cual contempla la licencia por fallecimiento de un familiar en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.

En términos concretos, la iniciativa en estudio propone que se adicione una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para que se otorgue un periodo legal de cinco días hábiles con goce de sueldo al trabajador en el caso de muerte de padres, hijos, cónyuge o hermanos; y de dos días con goce de sueldo en el caso de la muerte de sus abuelos o de los padres del cónyuge.

Derivado de los argumentos esgrimidos por el Diputado José del Pilar Córdova Hernández, es de advertirse la propuesta de adición de la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con la siguiente redacción:

“Decreto

Artículo Único. Se agrega la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Son obligaciones de los patrones:

De la I a la XXVIII...

Transitorio

El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Una vez analizados los argumentos y el texto normativo propuesto por el C. Diputado proponente, las y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora analizaron a fondo su viabilidad, producto de lo cual emiten los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.Que, en efecto, la problemática relacionada con los permisos que en ocasiones deben solicitar las y los trabajadores por cuestiones de índole familiar, como es el caso del deceso de alguno de sus familiares, no se encuentra contemplada en el marco jurídico vigente. Lo cual sujeta en la práctica a discreción del patrón este tipo de permisos y los convierte en una prestación extra laboral.

SEGUNDO. Que para poder comprender en su justa dimensión la iniciativa en estudio, en virtud de que una de sus implicaciones es de carácter psicológica, es necesario comprender lo mejor posible los efectos del duelo o periodo de luto en la mente del individuo, lo cual permitirá allegarse de mejores elementos cualitativos a los integrantes de esta dictaminadora. Al respecto, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Trabajo y previsión Social encontraron lo siguiente:

1. Según la Dra. Mtra. Jimena Gómez Gutiérrez, la palabra duelo proviene de dos vocablos latinos: Dolus, del latín tardío, que significa dolor, pena o aflicción y Duellum, variante fonética arcaica de bellum, que significa batalla, desafío, combate. Para ella, aunque este concepto se ha transformado y enriquecido con el tiempo, encuentra en el autor Jorge Bucay, una mejor definición de duelo, la cual indica que éste es: “ ... el doloroso proceso de elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Para dicha autora,el perder o dejar algo genera en nosotros una transformación, la cual se traduce en una etapa de dolor, menciona que el tiempo que una persona puede demorar en la superación de su duelo depende de sí mismo y es variable en la medida que lo son las mismas situaciones y las personalidades de los que atraviesan por este proceso, además de que las creencias y las prácticas sociales que se hayan adquirido también influyen en la forma en que se va a responder.

2. Por otra parte, según la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, cada persona experimenta de manera distinta la pérdida de un ser querido. Posterior a su muerte, pasamos por una etapa que se conoce como duelo, durante la cual se experimenta una serie de sensaciones físicas, emocionales y espirituales. Incluso menciona que las personas pueden requerir ayuda de un psicólogo o tanatólogo para transitar por las distintas etapas.

3. La Maestra Guadalupe Medina Hernández, de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirma que, ante la muerte de un ser querido, la primera reacción es de conmoción o incredulidad. Después de un tiempo el individuo al fin comprende su pérdida y los sentimientos que se experimentan conllevan a la tristeza, la furia, la soledad, la culpa y la desesperación, hasta llegar a la aceptación. La Maestra Medina menciona que una de las recomendaciones luego de la pérdida de un ser querido es “... disponer de espacio y tiempo para llorar, pensar y recordar, darle sentido a lo ocurrido, permitirse trascender la pérdida abriendo espacios de reflexión, encontrando un por qué y para qué de ésta; asimismo es importante comer bien y descansar. Por lo tanto, se recomienda vivir el duelo y dejar de pelear con la realidad porque ésta no es como quisiéramos... el duelo puede volverse patológico si la persona no acepta la pérdida, se niega el evento traumático o no se deja ir al ser querido, a pesar de que ha muerto y ha transcurrido mucho tiempo.”

TERCERO.Que, de lo expuesto en el considerando inmediato anterior, se desprende que el lapso de tiempo adyacente a la pérdida de una familiar resulta fundamental para que el individuo mantenga un equilibrio emocional, lo cual, en última instancia, actuará en favor del desarrollo habitual de sus actividades laborales.

CUARTO. Que, si bien hasta ahora se ha analizado la implicación psicológica inherente a la propuesta en estudio, esta dictaminadora es consciente de que debe analizarse el aspecto jurídico de ésta, en virtud de poder estar en condiciones de pronunciarse respecto a la viabilidad de incluirla en el marco jurídico nacional.

QUINTO. Que, en virtud de lo anterior, esta dictaminadora encontró elementos de derecho comparado que pueden orientar respecto a su pronunciamiento, ante lo cual es menester hacer una precisión antes de continuar con su estudio.

El diputado proponente, manifiesta en su exposición de motivos que la legislación internacional reconoce el tipo de licencia por luto, encontrando disposiciones por permisos por el fallecimiento de familiares, con diferencias respecto al alcance en términos de temporalidad y de parentesco:

SEXTO. Que una vez analizados los casos internacionales que coinciden con la inquietud manifestada por el Diputado proponente, las y los legisladores integrantes de esta dictaminadora, consideramos hacer lo propio en el marco jurídico nacional, a efecto de allegarse de más criterios orientadores que den certeza y robustezcan los argumentos del presente dictamen, ante lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Por lo que hace a la propia Ley Federal del Trabajo, en el Título Cuarto, denominado “Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones”, Capítulo II, Artículo 134, fracción V, se establece la obligación el trabajador de avisar inmediatamente, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan acudir a su trabajo.

El mismo ordenamiento, dentro del Título Séptimo, denominado “Relaciones Colectivas de Trabajo”, Capítulo V, concretamente en el artículo 423, fracción IX, se establece que los permisos y licencias estarán contenidos en el Reglamento Interior de Trabajo, mismos que de conformidad con el artículo 424 del mismo ordenamiento, será formulado por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón.

Lo anterior pone de manifiesto que actualmente se encuentra sujeto al acuerdo entre los representantes de ambos sectores (obrero-patronal) que se incluya o no, la figura de licencia por luto y cuyos reglamentos se encuentran en poder de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, según dispone la fracción II del citado artículo 424.

2. Respecto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, el Título Segundo denominado “Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares”, Capítulo IV, contempla dentro del Artículo 43, fracción VIII, inciso e), la obligación de los titulares de otorgar licencias en términos de las Condiciones Generales de Trabajo “por razones de carácter personal de los trabajadores”. Por lo que, a pesar de que no se especifica en dicha Ley la licencia bajo la modalidad de “luto”, éstas si se consideran en algunos casos dentro de las Condiciones Generales de Trabajo de los entes obligados. Tal es el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en cuyas Condiciones Generales de Trabajo, en el artículo 55, fracción III, se prevé la licencia con goce de sueldo por cinco días hábiles, para el trabajador de dicha institución, por fallecimiento de un familiar en primer grado, con parentesco por consanguinidad, afinidad o su cónyuge, debiendo presentar a su representación sindical, dentro de un plazo de quince días posteriores a la conclusión del periodo de licencia, copia del acta de defunción respectiva.

3. El tercer criterio orientador que ha encontrado esta dictaminadora dentro del marco jurídico nacional, se halla en los “ LINEAMIENTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DOCE, POR LOS QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO POR PATERNIDAD, ADOPCIÓN Y MATRIMONIO, ASÍ COMO CRITERIOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE CUIDADOS MATERNOS Y PATERNOS, FALLECIMIENTO DE FAMILIARES Y DÍAS ECONÓMICOS, A FAVOR DE LAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”. En dicho instrumento, cuyo ámbito de aplicación alcanza a las y los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dentro de la Sección VI, denominada “Licencias por días económicos”, los lineamientos décimo octavo, décimo noveno y vigésimo prevén una licencia con goce de sueldo hasta por cinco días hábiles, por el fallecimiento del cónyuge, concubina o concubinario, o de algún ascendiente o descendente en primer grado, para lo cual dispone de treinta días hábiles posteriores al deceso motivo de la licencia para presentar el acta de defunción correspondiente a la persona titular del órgano de su adscripción.

SÉPTIMO.Del estudio del marco jurídico laboral vigente en nuestro país, es dable concluir que actualmente no todos los trabajadores mexicanos cuentan con lo que hasta ahora se ha denominado como “licencia por luto”, ya que este tipo de licencias remuneradas sólo son asequibles, según los casos expuestos, para los trabajadores al servicio del Estado, únicamente en los casos y en la medida en que sus respectivos sindicatos hayan negociado dicha prestación dentro de las Condiciones Generales de Trabajo.

OCTAVO. Que, en base a la información hasta ahora expuesta, las y los legisladores de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, consideramos que resulta importante, en primer término, asegurar a los trabajadores condiciones que procuren su salud integral y su estabilidad laboral.

NOVENO.Que, en términos de salud pública, es importante asentar en el presente instrumento, que la Ley General de Salud reconoce en su artículo 3, fracción VI a la Salud Mental como materia de salubridad general. Así mismo, dicho ordenamiento, dentro de su Título Tercero, dedica el Capítulo VII a la Salud Mental, en donde el artículo 72 a la letra prescribe:

“Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

...”

DÉCIMO. Que, en virtud de lo anterior y en concatenación con lo expuesto en el considerando segundo del presente instrumento, la salud mental de las y los trabajadores debe ser salvaguardada concediendo, en este caso, el tiempo necesario para que puedan asimilar las consecuencias psicológicas inherentes a la pérdida de algún ser o familiar cercano.

DÉCIMO PRIMERO. Que, si bien hasta ahora se ha abundado en relación al factor psicológico del individuo, así como en los criterios aportados por el derecho comparado y la propia legislación nacional, en términos de la falta de regulación respecto a la denominada “licencia por luto”, existen dos vertientes que obligadamente deben ser abordadas, en virtud de perfeccionar el criterio de esta dictaminadora.

Dichas vertientes versan sobre:

1. La temporalidad necesaria para que este tipo de licencia no se traduzca en un obstáculo para el correcto funcionamiento de los centros de trabajo que potencialmente se encuentran sujetos a prescindir de los trabajadores que, en la cotidianeidad, de hecho, solicitan este tipo de licencias.

2. La certeza de que la solicitud de este tipo de licencia, verdaderamente obedezca al hecho aludido, es decir, que en efecto se configure el fallecimiento de un familiar, para que tanto el trabajador tenga la garantía de que se le otorgará el permiso; y por su parte el patrón cuente con la certeza de que este tipo de hechos, no se está empleando como evasión o pretexto para faltar a laborar.

DÉCIMO SEGUNDO. Que, de conformidad con lo expuesto en el considerando inmediato anterior, esta dictaminadora es consciente de que el regular este tipo de permisos debe operar no únicamente en favor del trabajador, sino que, en los hechos, debe traducirse en dotar de certeza a los patrones a efecto de no transgredir el ámbito productivo económico.

Para ello, las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social consideran pertinente realizar modificaciones a la propuesta original del C. Diputado José del Pilar Córdova Hernández, por las razones que a continuación se exponen:

1. Respecto a la temporalidad de cinco días laborales propuesta por el iniciador, esta dictaminadora considera pertinente analizar si ésta es la idónea y resulta estrictamente necesaria. Para ello, es preciso tener en consideración dos cuestiones:

a) Trámites administrativos.La praxis cultural común, no sólo en México, sino en gran parte del mundo occidental, conlleva a los individuos cercanos al finado a realizar los trámites relativos a la inhumación o de la cremación. Lo cual, sin lugar a dudas conlleva cierto tiempo, ya que, para ello, se debe atender a un procedimiento contemplado por el derecho positivo mexicano.

Muestra de lo anterior, radica en el Código Civil Federal, cuyo Título Cuarto, denominado “Del Registro Civil”, contempla en su Capítulo IX las Actas de Defunción, estableciendo literalmente en el artículo 117, lo siguiente:

“ Artículo 117.- Ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita dada por el Juez del Registro Civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento, con certificado expedido por médico legalmente autorizado. No se procederá a la inhumación o cremación sino hasta después de que transcurran veinticuatro horas del fallecimiento, excepto en los casos en que se ordene otra cosa por la autoridad que corresponda.”

De la lectura de la disposición anterior, se desprende el reconocimiento de la inhumación y la cremación cómo métodos legales, así como el requerimiento de un certificado de defunción para poder proceder con dichos métodos y la existencia de una temporalidad mínima de veinticuatro horas de la que dispondrán para hacerlo,

2. Otro aspecto importante es dotar de certeza la propuesta de reforma en estudio, para que ésta brinde una herramienta de comprobación que permita tanto al trabajador, como al patrón, estar en condiciones de solicitar y brindar respectivamente una licencia por concepto de luto.

En efecto, esta dictaminadora es consciente de que no basta únicamente asentar en el texto legal la obligación del patrón de brindar una licencia en caso de fallecimiento de algún familiar del trabajador, sino que se debe brindar certidumbre de que tal hecho en efecto se ha configurado.

Ello como se establece en las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en los Lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que se requiere la comprobación posterior al hecho que da origen a la licencia por fallecimiento de algún familiar, para lo cual, la constante es la presentación del documento que acredite el fallecimiento dentro de un periodo que oscila entre los quince y hasta los treinta días posteriores al deceso. Siendo, para el caso mexicano, el periodo de quince días el idóneo en virtud de que dicho trámite se puede realizar, una vez obtenido el certificado de defunción, el cual a su vez es entregado horas después de fallecida una persona, salvo algún hecho extraordinario.

Por lo que hace al documento que posee la validez legal para hacer fehaciente el deceso de algún familiar, se ha expuesto ampliamente que es el Código Civil Federal y la Ley General de Salud, los ordenamientos que instituyen al Acta de Defunción como el único medio válido para acreditar ante cualquier instancia la muerte de una persona.

Una vez expuestos los razonamientos anteriores, es dable concluir, que conforme a lo establecido en los ordenamientos anteriormente descritos, para este órgano colegiado la propuesta original requiere de modificación en su redacción a efecto de señalar el mínimo de temporalidad del permiso en los casos de fallecimiento de un familiar para que sea de por lo menos setenta y dos horas laborables , es decir, tres días hábiles e inmediatamente posteriores al fallecimiento, en el entendido de que queda a discrecionalidad del empleador otorgar más días conforme a los criterios que para el efecto se establezca en el centro de trabajo.

Por cuanto hace al grado de parentesco, esta Comisión dictaminadora, considera pertinente, tomar como base lo que se establece en favor de los servidores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que se otorgará el permiso por el fallecimiento del cónyuge, concubina, concubinario o ascendente o descendente en primer grado, lo anterior con la finalidad de no transgredir el ámbito productivo.

Así mismo, se concluye que para efectos de otorgar certeza y legalidad a la reforma objeto del presente dictamen, es necesario complementar la redacción propuesta a efecto de que el texto legal estipule el requisito de presentar, por parte del trabajador, el Acta de Defunción del familiar fallecido a efecto de comprobar fehacientemente el hecho que da origen a la falta del trabajador o trabajadora, al centro de trabajo. En tal virtud, se considera idóneo un plazo máximo de quince días hábiles para que se pueda realizar dicha comprobación.

DÉCIMO TERCERO. Que, como resultado de lo expuesto en los considerandos precedentes, este cuerpo colegiado dictaminador plantea hacer una adición a la redacción original propuesta por el Diputado iniciador, atendiendo los criterios, motivaciones y fundamentación expuesta a lo largo del presente dictamen.

Para efectos de claridad respecto a dicha adición, a continuación, se plasma un cuadro comparativo entre el texto vigente del artículo a modificar, la propuesta original del Diputado promovente y la propuesta de redacción de este órgano colegiado.

DÉCIMO CUARTO.Que las y los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, consideran que, con las adecuaciones formuladas, se satisface la inquietud del legislador, al tiempo que se resuelve la problemática que éste plantea garantizando certeza y efectividad. Así mismo, con la eventual aprobación del presente dictamen, se considera que se continúa fortaleciendo la conciliación entre el ámbito familiar y el laboral, lo que a su vez se busca impacte positivamente en la productividad del individuo en beneficio de las empresas.

DÉCIMO QUINTO.Que esta dictaminadora considera que se ha atendido el principio de exhaustividad en aras de contar con los mejores elementos que, en última instancia, han contribuido a formar un mejor juicio para pronunciarse respecto a la iniciativa en estudio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXVII. ...

XXVII Bis.- Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante ;

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley , y

XXIX.- Otorgar permiso por luto, de cuando menos tres días hábiles con goce de sueldo, a las y los trabajadores por muerte de padres, hijos, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario. Estos días serán aquellos inmediatos al deceso.

El trabajador deberá justificar el evento y dispondrá de quince días hábiles para presentar al patrón, o a quien este designe, el Acta de Defunción correspondiente.

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Gómez Gutiérrez, Jimena, La Reacción ante la Muerte en la Cultura del Mexicano Actual en “Investigación y Saberes Septiembre/diciembre 2011”, Universidad de Londres, pp.39-48. Disponible en: www.udlondres.com/investigacion_saber_es/pdf/reaccion.pdf

2 http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/aceptarmuerte/

3 www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/aceptarmuerte/

4 Los entes obligados, se establecen en el Artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

5 http://normateca.issste.gob.mx/webdocs/X13/200506211107280584. pdf

6 https://www.scjn.gob.mx/documents/lineamientos_licencias.pdf

7 http://www.Diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_121115.pdf

Así lo acordaron las y los diputados secretarios e integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en su tercera reunión ordinaria, celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de marzo del año 2016.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), presidenta; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Enrique Cambranis Torres (rúbrica), Juan Corral Mier, Enrique Pérez Rodríguez (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Miguel Ángel Sedas Castro (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, César Flores Sosa, Sandra Méndez Hernández, Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Marbella Toledo Ibarra (rúbrica), David Aguilar Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Segundad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 82, 85, 157 numeral 1, fracción I; 176; 177; 180, numeral 1 y numeral 2, fracción II; 182, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

I. ANTECEDENTES:

a) En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 16 de marzo de 2016, la diputada Edith Anabel Alvarado Várela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa materia del presente dictamen.

b) Con oficio D.G.P.L. 63-II-6-0653, del 16 de marzo de 2016 y con número de expediente 2230, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Defensa Nacional, para su estudio y dictaminación la iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

La iniciativa contiene una exposición de motivos que se desarrolla en dos apartados: las consideraciones históricas y las consideraciones orgánicas.

El apartado de consideraciones históricas destaca los siguientes momentos fundamentales para la creación de un sistema de seguridad social para nuestras Fuerzas Armadas:

• La aprobación por Guadalupe Victoria en 1829 del Reglamento General de la Gran Casa Nacional de Inválidos.

• La publicación, el 15 de marzo de 1926, de la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército Nacional

• La publicación, el 21 de enero de 1936, del Decreto que crea el Fondo de Ahorro del Ejército.

• La publicación, el 31 de diciembre de 1955, del Decreto que crea con el carácter de organismo descentralizado federal, la Dirección de Pensiones Militares y de la Ley de Retiros y Pensiones Militares.

• La publicación, el 30 de diciembre de 1961, de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.

• La publicación, el 9 de julio de 2003, de la nueva Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de 2003 es el texto vigente. En él se establece la integración de los órganos directivos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

En lo relativo a la parte orgánica, la proponente señala que el ISSFAM es un organismo público descentralizado, tal como se establece en el artículo 5o. de la Ley vigente. De ahí que tenga una Junta Directiva conformada por tres civiles y seis militares.

Señala que varios cargos de subdirección son ocupados por civiles quienes no tienen posibilidades de ascender en la estructura orgánica para ocupar puestos directivos, ya que la interpretación literal del artículo 7o. hace que este ascenso no sea posible.

Para la proponente, este criterio tiene dos consecuencias:

• Muchas actividades administrativas sólo pueden ser desarrolladas por civiles a los cuales se les niega la posibilidad de aspirar a un mejor cargo dentro de la estructura del ISSFAM.

• Se atenta contra la equidad de género, ya que se niegan posibilidades de ascenso a mujeres civiles.

De ahí que el objetivo de la iniciativa sea: “reformar los párrafos primero y tercero del artículo 7o., de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a efecto de que tanto los civiles como los militares puedan ocupar cargos directivos en el ISSFAM”.

III. METODOLOGÍA:

La Comisión de Defensa Nacional realizó el análisis y valoración de la iniciativa en comento, mediante el análisis armónico de la legislación vigente para determinar la conveniencia de realizar las reformas.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Para efecto de realizar una valoración detallada de la iniciativa se desarrolló el siguiente cuadro comparativo:

Primera. Esta Comisión comparte las inquietudes que animan la presentación de la iniciativa, ya que como señala la proponente, el espíritu de la primera ley que reguló las actividades del ISSFAM era el de no limitar las posibilidades de ascenso de los civiles al interior de la estructura del organismo, tal como se colige del artículo 7o, el cual se transcribe a continuación:

ARTICULO 7o.- El Ejecutivo Federal designará al Director General, al Subdirector General y a los Subdirectores que estime necesarios para el eficaz funcionamiento del Instituto, debiendo tener el primero de preferencia, la jerarquía de General de División.

Los demás funcionarios y empleados serán designados por la Junta Directiva, a propuesta del Director del Instituto.

Serán considerados trabajadores de confianza los que desempeñen funciones similares a las señaladas por las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mencionadas en la fracción V, Inciso a) del artículo 5° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Como se desprende del análisis literal de la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de junio de 1976, se dejaba abierta la posibilidad de que civiles ocuparan cargos directivos, salvo en lo relativo a la Dirección General, para la cual se debería tener el rango de General de División.

La nueva Ley del ISSFAM, publicada en el DOF el 9 de junio de 2003, cambió esta situación al preverse en el primer párrafo del artículo 7o. lo siguiente “El Subdirector General y los directores de área podrán ser tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la de Marina”.

La interpretación literal del texto lleva a concluir que los directores de área deberán ser miembros de las Fuerzas Armadas. Esto también se colige del párrafo tercero del artículo antes citado, que dice a la letra: “Los demás funcionarios y empleados serán designados por la Junta Directiva, a propuesta del Director General del Instituto, procurando la proporcionalidad de acuerdo a los efectivos de cada Fuerza Armada”.

Segunda. Como señala la proponente es contrario al espíritu de la profesionalización de la administración pública federal, el que las leyes establezcan limitaciones para que las personas aptas para ocupar un cargo puedan ascender en la jerarquía organizacional.

De la exposición de motivos de la iniciativa de Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, presentada el 10 de abril de 2003, se desprende con claridad que uno de los criterios que la animaban era la profesionalización del servicio público:

El largo y difícil tránsito en la protección efectiva de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, y los mecanismos para mejorar su capacidad técnica y profesional, así como la ética en su comportamiento y actitud, para bien de la nación y sus instituciones, podrá culminar con esta ley, que contiene el espíritu del Constituyente, en el sentido de tutelar las relaciones de trabajo y las nuevas percepciones de una actividad productiva que requiere de seguridad, profesionalización y apego a la ley, para consolidar la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos federales.

De ahí que desde la iniciativa se propusiera como principios rectores del Sistema de Servicio Profesional de Carrera la imparcialidad, la equidad, la competencia por mérito y la lealtad a las instituciones. Estos principios se plasman en el tercer párrafo del artículo 2 de la Ley, que a la letra dice:

Serán principios rectores de este Sistema: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

Si bien es comprensible que los cargos de Dirección y Subdirección General sean ocupados por integrantes de las Fuerzas Armadas, en los restantes cargos se debe garantizar que se cumplan con principios como la imparcialidad, la competencia por mérito y la equidad de género.

Tercera. La proponente señala que en diversos cargos del ISSFAM hay personal civil y que las instituciones que conforman el sistema educativo militar no prevén determinadas carreras. Con respecto al primer señalamiento, la Comisión realizó una búsqueda de los perfiles del personal con base en el organigrama disponible en la página de transparencia y los confrontó contra sus cédulas profesionales, pudiéndose constatar que en varios cargos de mando hay profesionistas egresados de las siguientes carreras:

• Licenciatura en Administración de Empresas

• Licenciatura en Ciencias de la Informática

• Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas

• Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

• Licenciatura en Relaciones Industriales

• Maestría en Administración

Del análisis del plan de estudios del sistema educativo militar, se colige que estas carreras no forman parte de la oferte académica para las Fuerzas de Tierra, Aire y Mar y que este tipo de perfiles es requerido en áreas técnicas de instituciones como el ISSFAM.

Cuarta.La iniciativa abre la posibilidad de que todos los cargos, salvo el de Director General y Subdirector General sean ocupados por civiles en función de perfiles de puestos. Con respecto a esta propuesta, cabe señalar que el diseño y descripción de perfiles de puestos es una metodología de la administración que garantiza que el cargo sea una unidad impersonal, esto es, que sea ocupado por quien tiene la formación y los méritos suficientes para estar en él, lo que es un importante respaldo a la profesionalización.

Cabe señalar que tanto el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional como el de la Secretaría de Marina consideran la elaboración de perfiles de puestos.

Quinta. En lo que se refiere a la técnica legislativa, debe considerarse que la propuesta de reformas al primer párrafo es ambigua, ya que al preverse que tanto el Subdirector General como los directores podrán ser civiles, se produce una antinomia, ya que el párrafo segundo de la Ley prevé expresamente que “Cuando el Director General sea de los propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Subdirector General será de los propuestos por la Secretaría de Marina, o viceversa”.

De lo anterior se concluye que el Subdirector General también pertenece a las Fuerzas Armadas y no puede ser civil, en consecuencia, se propone ajustar la oración final del primer párrafo para quedar en los siguientes términos:

Los directores de área podrán ser civiles o militares en activo de las tres Fuerzas Armadas; en ambos casos deberán cumplir con los perfiles establecidos.

De esta forma, se garantiza el control que tienen las fuerzas armadas de la Dirección y Subdirección del ISSFAM, a la vez que se abre la posibilidad que los restantes cargos puedan ser ocupados por civiles.

V. CONCLUSIONES

En función de lo antes analizado, la Comisión de Defensa Nacional considera que la iniciativa presentada representa un paso importante para que el ISSFAM transite, con las modificaciones propuestas por la Comisión, hacia un esquema administrativo inspirado en el espíritu del servicio profesional de carrera, haciéndose valer entre otros los principios de imparcialidad, ascenso con base en el mérito y equidad de género.

Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

ÚNICO. Se REFORMANlos párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, para quedar como sigue:

Artículo 7o. El Ejecutivo Federal designará al Director General y al Subdirector General, así como a los directores de área que estime necesario para el eficaz funcionamiento del Instituto, debiendo tener el primero, de preferencia, la jerarquía de General de División o Almirante. Los directores de área podrán ser civiles o militares en activo de cualquiera de las tres Fuerzas Armadas; en ambos casos deberán cumplir con los perfiles establecidos.

...

Los demás funcionarios y empleados serán designados por la Junta Directiva, a propuesta del Director General del Instituto, y podrán ser civiles o militares en activo de cualquiera de las tres Fuerzas Armadas; en ambos casos deberán cumplir con los perfiles establecidos.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de abril de 2016.

Comisión de Defensa Nacional, diputados:Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Carlos Sarabia Camacho, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez, Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica en contra), Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica), Alfredo Basurto Román (rúbrica), Manuel de Jesús Espino Barrientos (rúbrica), secretarios; Fidel Almanza Monroy (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Otniel García Navarro, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Enrique Pérez Rodríguez (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 167 numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones al tenor de los siguientes:

Antecedentes:

I.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en fecha 1o. de marzo de 2016, el Diputado Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 5°; se adicionan una fracción XII del artículo 3°; la literal h de la fracción I del artículo 5°; y una fracción XXI del artículo 10, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

II.- En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en uso de sus facultades, y mediante oficio No. , instruyó el turno de la Iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.

III.- Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXIII Legislatura, procedió a la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la Iniciativa:

El diputado Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone dar oportunidad a las personas adultas mayores y a sus familias de que cuenten con un espacio en que reciban asistencia integral, mientras sus familiares tengan que ausentarse del domicilio para realizar sus actividades laborales. Un espacio en el que reciban atención médica, alimentación, que puedan desarrollar actividades recreativas y culturales.

Por lo que resulta necesario hacer reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para que se brinde este servicio a las personas adultas mayores y sus familias.

Señala que dar este tipo de apoyo a la población mexicana, sin duda representará un detonador de bienestar social y crecimiento económico, en virtud de que las familias no tendrán que dejar de realizar sus actividades laborales para dedicarse al cuidado de las personas de la tercera edad.

Refiere que actualmente, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), presta diversos servicios para las personas adultas mayores, como son los albergues, las residencias de día, los centros de atención integral, los centros culturales y clubes.

La población de 60 años y más, irá en aumento paulatino, que entre los factores de este proceso de envejecimiento de la sociedad mexicana, se encuentran el aumento de la esperanza de vida; el descenso de la fecundidad; mejores condiciones de vida; el avance en la medicina, entre otros. Por lo que se debe tomar seriamente en cuenta lo anterior, para el diseño de políticas públicas, de salud, seguridad social y asistencial.

Cuidar a las personas adultas mayores no resulta sencillo para las familias, en ocasiones tienen que dejar sus actividades cotidianas para enfocarse al cuidado de ellos; o también tiene que dejar su empleo, lo que se refleja en una disminución de los ingresos. Lo peor de las consecuencias de esta problemática, es el abandono de las personas de la tercera edad, quienes sufren descuido y falta de interés de sus familiares, lo que tiene efectos devastadores en ellos, como la depresión, el detrimento de su calidad de vida y de su salud.

Por ello, contar con el apoyo del Estado para aligerar el trabajo que representa el cuidado de las personas mayores, resulta de primera necesidad, ya que contar con un espacio al que se pueda llevar a los adultos mayores, no solamente permitirá poder continuar con las actividades laborales e incluso sociales o de cualquier otra índole, sino que ellos podrán tener también un espacio digno en el que podrán socializar, realizar actividades culturales, contar con servicios geriátricos, entre otros.

En virtud de lo anterior, el diputado iniciante propone la siguiente reforma y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores:

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 3o.; se adiciona la literal h a la fracción I del artículo 5o., se reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 5o.; y se adiciona una fracción XXI al artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Residencias de día. Lugares operados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno según corresponda; en los que se brinda a las personas adultas mayores, atención integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. a g. ...

h. A tener acceso a las residencias de día en las que se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación.

II. ...

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. a c. ...

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores; así como brindarles el apoyo necesario para que las personas adultas mayores integrantes de sus familias puedan acudir a las residencias de día;

IV. a IX. ...

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XX. ...

XXI. Impulsar la creación y operación de residencias de día a fin de que las personas adultas mayores cuenten con espacios óptimos para su atención integral.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones:

1.- Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa sujeta a dictamen y determinó que es procedente su dictaminación en sentido positivo.

2.- En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración que lo que ha planteado el Diputado Waldo Fernández González, es viable y procedente, toda vez que efectivamente, es fundamental que las personas adultas mayores cuenten con un espacio digno en el cual reciban asistencia integral, permitiendo a la vez que sus familiares puedan ausentarse para cumplir y realizar sus labores cotidianas, ya que de lo contrario, éstos serían susceptibles de perder sus empleos, complicando la ya situación precaria y difícil, trayendo como consecuencia, en muchos de los casos, el no poder atender con dignidad a las personas adultas mayores, sufriendo el abandono e indiferencia de sus propios familiares y de la misma sociedad.

3.- Esta Comisión Legislativa considera apropiado y procedente establecer la definición de las Residencias de Día, como aquellos lugares operados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, según su competencia y en los cuales, se les brindará atención integral de conformidad con lo establecido en la propia Ley. En este sentido es importante saber la naturaleza y el objetivo de la Residencia de Día.

4.- De igual manera, esta Comisión considera viable la propuesta en el sentido de que la Ley garantice a las personas adultas mayores el derecho de tener acceso a las residencias de día, en las cuales se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación; derecho humano que resulta fundamental para la subsistencia digna de las personas adultas mayores.

5.- Asimismo, se considera procedente la propuesta para que las familias reciban el apoyo necesario para que las personas adultas mayores puedan acudir a las residencias de día; lo cual constituye un derecho básico, tanto para las familias, permitiéndoles acudir a sus centros laborales; y para las mismas personas adultas mayores, para que sean atendidas con dignidad y decoro.

6.- En relación a la propuesta que establece que uno de los objetivos de la Política Nacional sobre las personas adultas mayores es la de impulsar la creación y operación de residencias de día a fin de que las personas adultas mayores cuenten con espacios óptimos para su atención integral, esta Comisión considera que para que sea viable, es preciso suprimir los términos relativos a impulsar la creación y operación de las residencias de día, toda vez que dichos términos implican y sugieren que exista un impacto presupuestario para el establecimiento de residencias de día, es decir, se requieren recursos financieros para la creación y operación de las mismas.

En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera necesario que la redacción de la propuesta, solamente establezca que el objetivo de la Política Nacional sobre personas adultas mayores estribe en “difundir residencias de día...”, para el efecto de que no tenga el citado impacto presupuestario.

7.- Es importante mencionar que esta propuesta tiene como antecedentes la atención que algunos Gobiernos estatales en coordinación con Autoridades Municipales han creado y puesto al servicio de los adultos mayores, algunas estancias temporales a las que les han asignado denominaciones diversas, pero que en el fondo se ocupan de prestar servicios de salud, alimentación, estancia e incluso recreación, de manera temporal es decir; algunas horas del día, estableciendo diversos requisitos para tener derecho y acceso a los beneficios que se aportan; algunos de esos ejemplos, se suceden en los estados de Puebla, Veracruz, Campeche.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura, someten al Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Artículo Único.Se reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 5o.; se adicionan una fracción XII al artículo 3o., un inciso h a la fracción I al artículo 5o. y una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IX. ...

X.Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales;

XI.Instituto. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y

XII. Residencias de día. Lugares operados por las autoridades de los tres órdenes de gobierno según corresponda; en los que se brinda a las personas adultas mayores, atención integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. a g. ...

h. A tener acceso a las residencias de día en las que se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación.

II. ...

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. a c. ...

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores; así como brindarles el apoyo necesario para que las personas adultas mayores integrantes de sus familias puedan acudir a las residencias de día.

IV. a IX. ...

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XVIII. ...

XIX.Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos;

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores, y

XXI. Difundir residencias de día a fin de que las personas adultas mayores cuenten con espacios óptimos para su atención integral.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 30 de marzo de 2016.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola, Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco, María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se forman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Deporte, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta ante el Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN:

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 5 de abril de 2016, El Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Honorable Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. El documento fue turnado por la Mesa Directiva para análisis y dictamen, a la Comisión de Deporte, el 5 de abril de 2016, a través del oficio No. D.G.P.L.63-II-7-737, mediante el número de expediente 2435.

3. La Comisión de Deporte aprobó el dictamen en su reunión ordinaria de fecha 7 de abril de 2016.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La reforma que se somete a consideración de esa Soberanía, tiene por objeto establecer que el Comité Nacional Antidopaje sea la única autoridad facultada para la recolección de muestras biológicas y para iniciar la gestión de investigación de resultados analíticos adversos y/o atípicos e infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje, así como para llevar a cabo el procedimiento disciplinario hasta su terminación, el cual concluirá con el pronunciamiento de la resolución respectiva.

A. ANTECEDENTES.

En 1999 se creó la Agencia Mundial Antidopaje, como una organización internacional independiente, con la finalidad de promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje.

El 5 de marzo de 2003, en la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, celebrada en la ciudad de Copenhague, Dinamarca; se adoptó como resolución final, entre otros asuntos, la aceptación por parte de dicha conferencia y de la Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje, del Código Mundial Antidopaje como fundamento de la lucha contra el dopaje en el deporte a nivel mundial.

El 19 de octubre de 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aprobó la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, con la finalidad de promover la prevención del dopaje en el deporte y la lucha contra éste, con miras a su eliminación; la cual fue ratificada por el Senado de la República en sesión del 10 de diciembre de 2006 y promulgada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2007.

El artículo 3 inciso a) de la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, establece como una de las medidas encaminadas para la realización de los objetivos de dicho instrumento internacional, la obligación de los Estados a adoptar medidas apropiadas, en el plano nacional e internacional, acordes con los principios del Código Mundial Antidopaje.

En noviembre de 2013, en el seno de la Cuarta Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, se reformó el Código Mundial Antidopaje, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 2015, y estableció diversas obligaciones para los Signatarios, dentro de las que destacan:

a) Como roles y responsabilidades de las Federaciones Internacionales, el exigir a las Federaciones Nacionales que comuniquen cualquier infracción de sus normas antidopaje a su Organización Nacional Antidopaje y que cooperen con las investigaciones realizadas por cualquier Organización Antidopaje con potestad para realizar la investigación.

b) Como roles y responsabilidades de las Organizaciones Nacionales Antidopaje, el ser independientes en sus decisiones y actividades, y perseguir con firmeza cualquier posible infracción de las normas antidopaje de su jurisdicción y garantizar la adecuada ejecución de las consecuencias.

c) Poner en práctica las disposiciones aplicables del Código Mundial Antidopaje, a través de políticas, leyes, normas y reglamentos, en función de su capacidad, dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

Como se desprende de las obligaciones anteriormente señaladas, es necesario que México cuente con una Organización Nacional Antidopaje, independiente, imparcial en la toma de decisiones, que cuente con facultades claras y precisas para la emisión y ejecución de sus decisiones.

En este sentido, con las reformas al Código Mundial Antidopaje se generó la obligación vinculante de homologar todos los códigos y leyes que regulan el control del dopaje en el deporte de las naciones signatarias, con los nuevos criterios jurídicos; adicionalmente, se establecieron fechas concluyentes para el cumplimiento de tales compromisos de acuerdo a las regiones geográficas de los países miembro.

Para México, el plazo concluyente para ingresar sus reformas y cumplir puntualmente con las recomendaciones de la Agencia Mundial Antidopaje de preparar, aprobar, expedir, promulgar y publicar sus reformas, es antes del 18 de marzo de 2016.

Por su parte, El Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, en su meta nacional denominada “México con Educación de Calidad”, establece como objetivo, entre otros, el promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, a través de la práctica deportiva sin fines selectivos, con un enfoque que promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.

En ese sentido, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, tiene como objetivo, entre otros, implementar un sistema más eficaz de gestión de alto rendimiento para mejorar el desempeño del país en competencias internacionales, mediante el combate al dopaje en el deporte, a través de ajustar o emitir la legislación específica en la materia; y diseñar un sistema de educación, prevención y control contra el uso de sustancias dopantes, así como mejorar la infraestructura y equipamiento del laboratorio antidopaje de acuerdo con las especificaciones de la Agencia Mundial Antidopaje.

Por lo anterior, cumplir con tales compromisos internacionales, permitirá a nuestro país estar a la vanguardia de las normas antidopaje, así como fortalecer y mejorar el desempeño de los deportistas mexicanos.

B. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

Comité Nacional Antidopaje

La Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) tiene por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia y tiene, entre otras, la finalidad de promover las medidas necesarias para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje.

De conformidad con la citada ley general, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), es un órgano descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, que tiene como una de sus atribuciones, proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y del deporte en todas sus manifestaciones, así como definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje y la prevención de la violencia en el deporte.

La CONADE, en términos de dicho ordenamiento, promoverá la creación de un Comité Nacional Antidopaje que involucre a todas aquellas instancias públicas o privadas que a través de sus respectivas competencias puedan formar parte del Comité.

Por su parte, el artículo 121 de la referida ley, dispone que el Comité Nacional Antidopaje será, junto con las asociaciones deportivas nacionales, la instancia responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas en el territorio nacional.

Dicha disposición, al establecer que el Comité se integra por asociaciones deportivas nacionales, puede comprometer la imparcialidad de sus resoluciones por las infraccionas a las normas antidopaje, ya que puede llevar procedimientos contra deportistas, agremiados o asociados de dichas asociaciones, lo cual puede contravenir lo dispuesto por el Código Mundial Antidopaje reformado en 2015, que establece que las Organizaciones Nacionales Antidopaje deberán ser independientes de sus decisiones y actividades.

Por ello, se propone reformar el artículo 121 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para establecer que el Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación para los resultados analíticos adversos y/o atípicos, y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje, así como para ser la única autoridad que dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva en dicha materia.

Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje

El artículo 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece que el laboratorio central antidopaje tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país, obligándose las asociaciones deportivas nacionales a enviar a dicho laboratorio para su análisis, todas las muestras biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter nacional o internacional que se realicen en el país.

Como se desprende del artículo referido, las asociaciones deportivas nacionales, actualmente instancias responsables de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas en el territorio nacional, en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pueden enviar muestras biológicas al laboratorio central para su análisis y conocer los resultados de las mismas; lo cual no es compatible con la propuesta de reforma al artículo 121 que se propone, ya que de aprobarse esta última, quedará establecido el Comité Nacional Antidopaje como la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación, para los resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para fortalecer al laboratorio central nacional y denominarlo como Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, así como señalar como única autoridad facultada para recolectar y enviar muestras biológicas a dicho laboratorio nacional al Comité Nacional Antidopaje.

Con la reforma a dicho artículo, además de cumplir con los compromisos asumidos por México ante la Agencia Mundial Antidopaje, permitirá que el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, que actualmente es considerado como uno de los 7 mejores en América, conserve su acreditación y certificación, evitando con ello, que deportistas mexicanos realicen sus exámenes de dopaje en el extranjero.

Por todo lo anteriormente expuesto, la propuesta de reformas a los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte obedecen a que la Agencia Mundial Antidopaje consideró que las Organizaciones Nacionales Antidopaje deben ser instancias independientes de otras organizaciones deportivas, considerando como un conflicto de interés el caso de que las federaciones nacionales sean las que realizan la gestión de resultados antidopaje, la toma de decisión y las resoluciones de los asuntos, tal y como se encuentra previsto en nuestra legislación actual.

Que a efecto de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se encuentre en posibilidad de actualizar la normatividad relativa a la lucha contra el dopaje, armonizándola con las disposiciones de carácter internacional que se encuentran vigentes, es necesario modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En virtud de los motivos ya expuestos, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

“Artículo 121.El Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación, paralos resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje. Asimismo, dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva, en los términos establecidos en el Código referido en el presente párrafo.

Artículo 135.El laboratorio central antidopaje denominado Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje,tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país. El Comité Nacional Antidopaje deberáenviar a dicho laboratorio o en su caso al laboratorio homologado,para su análisis, todas las muestras biológicas que recolecte en los eventos deportivosy competiciones de carácter nacional e internacional que se realicen en el país.

Cuando se trate de eventos internacionales y la autoridad de gestión de los resultados tenga el carácter internacional, se deberá observar el mandato del Código Mundial Antidopaje.”

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente de esa Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la seguridad de mi distinguida consideración.

Dado en la Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PEÑA NIETO

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte, establecen que la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Federal, presenta congruencia y armonía con el marco normativo vigente.

Hablar de dopaje en el campo del deporte, entendido éste como la administración o el uso por parte de un individuo sano, de cualquier agente o sustancia fisiológica que no está presente de forma normal en el cuerpo, introducida en cantidades adicionales a las normales, por una ruta anormal y/o de manera anormal, con el propósito y el efecto de un aumento artificial y una manera injusta del funcionamiento de ese individuo durante el periodo de competición; es referirse a uno de los temas que más afectan la imagen de los atletas y los valores del deporte.

El dopaje es un asunto que atenta contra una visión que implica la trascendencia del cumplimiento de las reglas deportivas de cualquier disciplina deportiva y que coloca al atleta en una actitud de respeto, consideración y transparencia de su actuar hacia el otro competidor, mediante un compromiso de competir de forma ética.

Este compromiso que dentro del entorno deportivo se conoce como “fair play” o juego limpio, es la causa genera diversas acciones alrededor del mundo contra prácticas negativas en el deporte, como la lucha contra el dopaje, las medidas para la prevención de la violencia física y verbal dentro de los eventos deportivos así como las prácticas para erradicar el engaño, la discriminación y la corrupción.

En los últimos años, las prácticas de dopaje son una constante que los medios de comunicación sacan a relucir, lo que trae como consecuencia la visión de la población, sobre la falta de un modelo eficaz que permita tener la seguridad dentro del ámbito deportivo, en torno a la honestidad de los resultados obtenidos producto del esfuerzo, la preparación y la experiencia de las y los atletas.

No obstante lo anterior, la práctica del dopaje no se generó en tiempos modernos, la literatura mitológica noruega, señala el uso de algunas sustancias que incrementaban la fuerza entre la tribu de los Berserker Asimismo, la tribu Kaffir Africana llamó con el término “dop”, a una bebida alcohólica primitiva que era usada en ceremonias religiosas como estimulante.

Existen investigaciones sobre las tribus Zulú, en Sudáfrica y el uso frecuente de una bebida alcohólica hecha de la piel de la uva y bebida de cola, llamada también “dop”, asimismo en África Occidental algunas tribus usaban la accuminata de cola y nitida de cola durante la competición de paseos o carreras.

En Grecia también se conoce del consumo de ingredientes nutricionales que aumentaban la resistencia física de los atletas, algunos manuscritos antiguos describen estas prácticas como legales y consistían en una dieta a base de diferentes clases de carnes o testículos antes de comenzar las competencias. Existen también testimonios referentes a los Juegos Olímpicos del siglo III A. C., que describen el uso de setas para aumentar la resistencia de los atletas, así como el consumo de un tipo de pan con características analgésicas y una bebida herbaria para aumentar su fuerza y ser capaces de resistir acontecimientos de larga duración.

En Roma también fueron encontrados testimonios registrados, los corredores de cuadrigas alimentaron a sus caballos con varias mezclas para hacer que corrieran más rápido y los gladiadores también son descritos utilizando agentes dopantes fortalecedores.

El término “dop” fue difundido por todo el mundo gracias al columnista holandés Boers quien describió con esa palabra, cualquier bebida estimulante; con este hecho la palabra fue adoptada a nivel mundial, para referirse de forma general al uso de sustancias y deportes, el uso de esas sustancias fue descrito como “dopping” y fue en 1889 el año en el que por primera vez apareció la definición en un diccionario inglés.

El uso de sustancias para incrementar la efectividad de los deportistas en competencias, ha sido una práctica que ha prevalecido a lo largo de la historia hasta la actualidad, los casos comenzaron a ser documentados durante el siglo XX, cuando el deporte comenzó a ser valorado en función de las medallas de oro y la necesidad de éxito que los deportistas experimentaron debido a la comercialización del deporte. Fue en el año de 1910, en Austria, la primera vez que se probó científicamente el uso de sustancias dopantes por el químico ruso Bukowski, que aisló los alcaloides en la saliva de caballos, después de varios resultados inesperados en las carreras de caballos.

En 1928 la Federación Atlética Aficionada Internacional (IAAF) se convirtió en la primera Federación Internacional Deportiva en prohibir el dopaje en acontecimientos de atletismo. Muchas otras Federaciones Internacionales la siguieron, a la par que crecía el número de casos de dopaje, lo cual llevó a pensar que el uso de sustancias entre los atletas era una práctica aceptada.

Esta razón, aunada al gran número de acontecimientos en los que el uso de sustancias ha estado presente, obligó a las autoridades internacionales a hacer público el daño que causan las drogas no sólo al individuo, también al espíritu deportivo. En 1960, tras saber de las primeras muertes de atletas por estas causas, el Consejo Europeo presentó una resolución contra el uso de sustancias dopantes en el deporte. La primera legislación antidopaje surgió en Francia en 1963, mientras que Bélgica la siguió en 1965. En 1967, el Comité Olímpico Internacional (COI) estableció la Comisión Médica del COI.

Los controles de drogas fueron primero introducidos en los Juegos Olímpicos de 1968 en México y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble. Por primera vez el COI estableció una Lista de Sustancias y de Métodos Prohibidos, no obstante no se contaba con el equipo técnico de detección y los procedimientos eran todavía inadecuados.

Durante la década de los años setenta, la mayoría de Federaciones Internacionales introdujeron métodos de control. Al mismo tiempo que los esteroides precedían al uso de anfetaminas extendido en los años cincuenta y sesenta, por lo que éstos también fueron incluidos en la Lista de Sustancias Prohibidas del COI. No fue hasta 1974 cuando fueron introducidos métodos confiables para la detección del uso de anabólicos en las competencias.

Como resultado de este incremento, se extendió el número de descalificaciones debidas al uso de sustancias ilícitas a finales de los años setenta, especialmente aumentó en deportes relacionados con la fuerza. Sin embargo, los récords mundiales continuaron mejorando mientras que las suspicacias sobre el dopaje patrocinado por el Estado en algunos países no fueron verificadas hasta hace poco tiempo.

El año de 1983 fue importante para el control antidopaje, con la introducción de elementos como la cromatografía de gases y de espectrometría de masa se lograron pruebas antidrogas más eficaces y al mismo tiempo el dopping fue motivo de escándalo durante los Juegos Panamericanos de Caracas, ya que numerosos atletas dieron positivo en el uso de drogas prohibidas y muchos otros dejaron los Juegos sin competir, los nuevos métodos fueron una prueba de la eficacia de los nuevos métodos de control.

Los años setentas, también presentaron casos de dopaje sanguíneo, especialmente en deportes de resistencia, el COI declaró el dopaje sanguíneo como método prohibido en 1986, ya que era una práctica utilizada para aumentar el hematocrito y la concentración de hemoglobina. Sin embargo, también se alcanzaron los mismos efectos con drogas como eritropoyetina, misma que también fue declarada como prohibida por el COI en 1990. Sin embargo, esta sustancia fue imperceptible durante un largo período de tiempo puesto que no había métodos de control fiables, hasta el año 2000 en los Juegos Olímpicos de Sydney, cuando por primera vez existió una prueba sólida para su detección.

En febrero de 1999, a raíz de los acontecimientos del Tour de Francia en 1998, el COI convocó la Conferencia Mundial sobre el Dopaje Deportivo llevada a cabo en Lausanne. El resultado principal de esa Conferencia fue que en el mes de noviembre de ese mismo año, se estableció la Agencia Mundial Antidopaje conocida por sus siglas WADA (World Anti-Doping Agency), este organismo se crea con base en la representación de igualdad en el movimiento olímpico y con autoridades públicas.

Con la creación de esta agencia, se implementaron sistemas que unificaron los estándares para la lucha contra el doping y coordinaron los esfuerzos de las organizaciones deportivas y de las autoridades públicas.

En el año 2003, en la Segunda Conferencia Mundial sobre el “Doping” en el Deporte, alrededor de mil 200 delegados que representaban a ochenta países, el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Internacional Paraolímpico (CIP), las federaciones deportivas, los Comités Olímpicos y Paraolímpicos nacionales, atletas, organizaciones nacionales antidopaje, y agencias internacionales, acordaron unánimemente adoptar el Código Mundial Antidopaje, como la base para la lucha contra el “doping” en el deporte. La resolución de Copenhague expresa la aceptación del Código Antidopaje Mundial y fue publicada en la Segunda Conferencia Mundial. El Código y los Estándares Internacionales entraron en vigor el 1 de enero de 2004.

El contexto histórico ampliamente abordado en los párrafos anteriores, hace patente la existencia de un consenso unánime a nivel mundial a favor de la lucha contra el dopaje en el ámbito del deporte.

Este consenso tiene sus bases, por un lado en la protección de los derechos de todo deportista, particularmente enfocados en su derecho a la cultura física y al cuidado de su salud y por otro lado; al considerar como un interés colectivo el hecho de proporcionar una ventaja injusta a un competidor en razón con el contrincante que participa dentro de la justa. En otras palabras, el dopaje rompe con las reglas del juego limpio y constituye una merma en la confianza del espectador, en torno a la transparencia y a la integridad de las competencias.

El prestigio internacional de México resiente también las consecuencias negativas de este fenómeno, hemos saltado a la escena mundial como un lugar en donde se consume carne contaminada con clembuterol, que es una sustancia anabólica utilizada en medicamentos para personas con asma o con graves problemas de respiración, ya que permite la apertura de los bronquios y con ello la entrada del oxígeno al cuerpo de formas mucho más directa.

Por esta razón, el clembuterol es considerado como una sustancia prohibida para los deportistas por la Agencia Mundial Antidopaje, dadas sus características estimulantes y anabolizantes que actúa sobre el metabolismo de lípidos y proteínas aumentando la masa muscular y disminuyendo la acumulación de grasa.

Sin embargo, esta misma sustancia es utilizada en México de forma ilegal para la engorda de ganado, cuyo uso se ha generalizado de manera alarmante durante los últimos años, a pesar de que está prohibido en la industria cárnica por sus efectos negativos en la salud humana.

En el ámbito deportivo, existe el riesgo además de que la carne contaminada lleve a los atletas mexicanos a dar positivo en los exámenes antidoping que se practican en las diversas competencias, tanto nacionales como internacionales. Esto repercutiría en suspensiones, borrado de récords e incluso, en el retiro de medallas.

Adicionalmente a estos hechos, el 17 de octubre de 2011, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) señaló que durante el Mundial de Futbol Sub-17, celebrado en México entre junio y julio, 109 de 208 jugadores examinados presentaron concentraciones del anabólico. Según el jefe médico de la FIFA, Jiri Dvorak, sólo cinco equipos participantes no tuvieron integrantes que dieran positivo en las pruebas.

Apenas unos días antes, la WADA acordó no imponer sanciones en contra de cinco futbolistas mexicanos que dieron positivo por clembuterol en los exámenes previos al inicio de la Copa Oro 2011 de la CONCACAF en Estados Unidos, al establecer que el resultado derivó de la situación sanitaria que existe en nuestro país.

Estos hechos resultan contradictorios con el gran esfuerzo que se ha hecho en nuestro país por cuidar a sus atletas del doping, ya que México cuenta con estrategias para combatir este fenómeno que afecta la imagen y la calidad de las y los deportistas mexicanos, desde el año 2006; como parte de la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte. En este mismo contexto, se han implementado varios esfuerzos que han sido reconocidos a nivel internacional, prueba de ello; fue la inversión en millones de dólares para la creación de un Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje de alta especialidad y calidad internacional, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, el cual, con un costo de 24 millones 786 mil pesos invertidos en aparatos de alta tecnología y otros 11 millones 984 mil pesos en personal especializado para su operación, reactivos, gases y validación de procesos en los análisis contra el dopaje, forma parte de los 35 laboratorios existentes en el mundo certificados por la WADA.

Este importante ejercicio que muestra la voluntad del Gobierno Mexicano para poner fin a este tipo de prácticas que afectan la integridad de las y los competidores y atentan contra los principios éticos del deporte, podría perder la certificación internacional de no cumplirse con los preceptos recientemente aprobados y que ya son norma vigente en el Código Mundial Antidopaje.

Para revertir esta situación, nuestro país como estado parte de dicha Convención, debe modificar la legislación en materia deportiva, a efecto de lograr que el Comité Nacional Antidopaje, sea la única instancia facultada para conocer de los casos de doping que se den en los eventos deportivos y que sus decisiones y se basen en los resultados que para el efecto expida el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje el cuál será considerado como el único facultado para recoger y analizar todo tipo de muestras biológicas derivadas de cualquier evento deportivo, de conformidad con lo dispuesto con el Código Mundial Antidopaje.

De esta forma, nuestro país estará en condiciones de cumplir a cabalidad con los preceptos establecidos en el documento signado, incluidas las reformas de las que fue objeto en el año 2013 y que son derecho vigente a partir de enero de 2015, las cuales consisten en la obligación de los estados parte, en relación a contar con una Organización Nacional Antidopaje independiente en sus actividades y en las decisiones que tome con respecto a esta materia.

México es un país caracterizado por su compromiso con el deporte, los programas y estrategias implementados en las últimas décadas; han tenido la constante de mejorar la capacidad y el rendimiento de las y los atletas, de otorgar los apoyos necesarios e implementar las acciones que se requieran para distinguirnos como nación en el contexto global.

En este orden de ideas, los esfuerzos de nuestro país no deben solamente enfocarse en tratar la persecución de quienes insisten en el dopaje como alternativa en las competencias de alto nivel, la prevención de estas prácticas y muy en especial, la protección de la salud de las y los deportistas, debe ser el primer propósito de los métodos que se implementen para erradicar esta práctica que tanto daña el prestigio de la juventud y de nuestro país. Por lo tanto, la información y la educación del deporte mundial son las armas más eficaces en la lucha en contra el doping.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte coinciden en la necesidad de modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de cumplir con los compromisos internacionales que nuestro país ha adquirido en razón de las estrategias para combatir el dopaje alrededor del mundo, por lo que sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 121.El Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación, paralos resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje. Asimismo, dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva, en los términos establecidos en el Código referido en el presente párrafo.

Artículo 135.El laboratorio central antidopaje denominado Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje,tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país. El Comité Nacional Antidopaje deberáenviar a dicho laboratorio o en su caso al laboratorio homologado,para su análisis, todas las muestras biológicas que recolecte en los eventos deportivosy competiciones de carácter nacional e internacional que se realicen en el país.

Cuando se trate de eventos internacionales y la autoridad de gestión de los resultados tenga el carácter internacional, se deberá observar el mandato del Código Mundial Antidopaje.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Notas:

1 info.doping@sp.tum.de

2 Los berserker (también ulfhednar) eran guerreros vikingos que combatían semidesnudos, cubiertos de pieles. Entraban en combate bajo cierto trance de perfil psicótico, casi insensibles al dolor. Existe la teoría de que su resistencia e indiferencia al dolor provenían del consumo de hongos alucinógenos como la amanita muscaria o por la ingesta de pan o cerveza contaminados por cornezuelo del centeno, con alto contenido en compuestos del ácido lisérgico, precursor del LSD.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de abril de 2016.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secretarios; Rosa Alicia Álvarez Piñones, María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ximena Tamariz García, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez, Claudia Villanueva Huerta, Erika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Ramírez Peralta Karen Orney.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Pablo Gamboa Miner para fundamentar el dictamen, de conformidad con nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Pablo Gamboa Miner:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna a nombre de las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte, que siempre han sido solidarios, no solamente en este tema y les agradezco siempre su apoyo.

Hoy tenemos en discusión un dictamen que responde a una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y que tiene importantes implicaciones para el deporte mexicano, ya que posiciona a nuestro país como una nación comprometida con la protección de sus atletas y promotora del desarrollo de un deporte con equidad y transparencia.

Hoy vengo a hablarles de una de las prácticas que más dañan el prestigio de las y los deportistas, el dopaje. El dopaje desafortunadamente es una amenaza que además de estar presente a lo largo de la historia se ha vuelto un hecho cada vez más publicitado dentro del ámbito deportivo. Esta práctica se presenta ya como una constante, en razón al gran impacto económico que genera la competencia deportiva en cualquier disciplina.

El deporte en la actualidad se ha convertido en una industria millonaria. Bajo esta circunstancia se realizan elevadas inversiones, que tienen posibilidad de recuperación solo si se cumplen determinados escenarios en una competencia. Esto coloca en una situación de presión a las y los deportistas y hace que el dopaje se considere como una opción dentro de cualquier competencia.

Sin embargo, el ganar a toda costa se convierte en una solución rápida, a corto plazo, que suele tener consecuencias indeseables a largo plazo. Recurrir al uso de sustancias dopantes implica la violación de los principios éticos del deporte y, sobre todo, genera desconfianza en el juego limpio, crea una sensación de injusticia en los participantes e influye en los valores educativos del deporte, porque aceptar el dopaje es aceptar un triunfo de la trampa y el engaño.

Nuestro país no ha sido ajeno a este fenómeno. En años anteriores nuestros deportistas mexicanos se vieron involuntariamente envueltos en escándalos de doping, en virtud del consumo de carne tratada con clembuterol, que además de ser una sustancia prohibida por el Comité Olímpico Internacional es al mismo tiempo utilizada de forma ilegal para engordar el ganado.

Sin embargo, nuestra nación se ha comprometido con acciones reales para la eliminación de estas prácticas, y por ende, la protección del prestigio internacional de nuestros atletas, esto nos coloca en la necesidad de establecer los mecanismos necesarios para que en las competencias de carácter nacional se pondere la honestidad, la dignidad, el juego limpio, el respeto, el trabajo en equipo y el compromiso de respetar las reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y el colectivo.

Lo anterior nos coloca en la obligación de modificar el artículo 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para armonizar este importante instrumento internacional.

En este orden de ideas, de aprobarse esta iniciativa nuestro país convertirá al Comité Nacional Antidopaje en la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas, iniciar la gestión e investigación para los resultados analíticos adversos y atípicos. Asimismo, dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su determinación.

Con estas reformas, además de cumplir con los compromisos asumidos por México ante la Agencia Mundial Antidopaje, nuestro Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, que actualmente es considerado uno de los mejores en América, conserve su acreditación y certificación, evitando con ello que deportistas mexicanos realicen sus exámenes de dopaje en el extranjero.

Quiero agradecer nuevamente a los integrantes de la Comisión de Deporte por su sensibilidad y compromiso ante este importante tema que implica la protección de la integridad física y el prestigio internacional del que gozan nuestros atletas mexicanos.

Y al mismo tiempo quisiera solicitar al pleno hoy su voto, un voto aprobatorio en pro de México, comprometido con la transparencia y la ética deportiva. Asimismo, quiero felicitar a los más de 70 ya clasificados deportistas a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y estoy seguro que no solamente van a ser un ejemplo para nuestra juventud, sino para nosotros. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gamboa. Está a discusión en lo general y en lo particular, y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios ya tenemos integrada una lista de compañeras y de compañeros candidatos.

Saludamos, por lo pronto, la presencia de jóvenes provenientes del estado de Querétaro, invitados por el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, sean ustedes bienvenidos.

Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Las y los diputados de Encuentro Social estamos convencidos de los múltiples beneficios que el deporte trae al desarrollo físico y personal de quienes lo practican cotidianamente.

En este sentido, la práctica deportiva abona de manera efectiva con la formación cívica, a través del cumplimiento de las reglas que cualquier disciplina deportiva exige, como lo son el respeto, consideración y transparencia para con los demás competidores, y en general con su comunidad.

En el deporte de alto rendimiento este compromiso ético es lo que comúnmente se conoce como juego limpio, el también llamado fair play se ha encargado de promover acciones internacionales contra la violencia, discriminación, la corrupción, el engaño, el dopaje y demás prácticas negativas que afectan la transparencia y la legalidad del deporte asociado.

Al respecto, con la pretendida reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, el Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para la recolección de muestras biológicas y para iniciar la investigación de resultados analíticos adversos y/o atípicos e infracciones no analíticas, conforme a lo establecido en el Código Mundial Antidopaje.

Asimismo, el Comité Nacional Antidopaje estará autorizado para llevar el procedimiento disciplinario correspondiente, que concluirá con el pronunciamiento de la resolución respectiva.

Con la finalidad de atender nuestras obligaciones internacionales, nuestro país contará con una autoridad nacional en materia de dopaje, dando pleno cumplimiento a lo mandatado por el Código Mundial de Dopaje en el sentido de homologar todos los ordenamientos que regulen el control del dopaje deportivo en todas las naciones signatarias del Convenio Internacional contra el Dopaje en el Deporte, como es el caso de México.

Las y los diputados federales de Encuentro Social habremos de votar a favor de la presente reforma, pues consideramos oportuno que nuestro deporte asociado cuente con una autoridad independiente e imparcial, con facultades claras y precisas para la elaboración de sus resoluciones y la ejecución de las mismas. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Torres. Tiene ahora el uso de la palabra por tres minutos el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado José Bernardo Quezada Salas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, tengo la oportunidad de dirigirme a esta honorable asamblea para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en torno al dictamen de la Comisión de Deporte, mediante el cual se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de otorgar mayores facultades al Comité Nacional Antidopaje.

El artículo 119 de la propia ley define dopaje como la administración a los deportistas y/o animales que estos utilicen en su disciplina, así como su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un método no reglamentario enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial de Antidopaje. Dicha agencia fue creada en 1999 y es una organización internacional independiente, cuya finalidad es promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el último párrafo de su artículo 4o. que toda persona que tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en materia.

En este sentido, la Ley General de Cultura Física y Deporte señala que una de sus finalidades es prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, adoptó en el 2005 la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, para promover la prevención del dopaje en el deporte y la lucha contra éste, con miras a su eliminación.

En tal instrumento, nuestro país se comprometió a adoptar medidas apropiadas en el pleno nacional e internacional acorde con los principios del Código Mundial Antidopaje, mismo que fue reformado en el 2013 entrando en vigor sus disposiciones a partir de enero de 2015.

Dentro de las nuevas disposiciones el Código señala que las federaciones internacionales deberán exigir a las federaciones nacionales, comuniquen cualquier infracción de sus normas antidopaje a sus organizaciones nacionales antidopaje, así como su cooperación con las investigaciones.

Se menciona también que las organizaciones nacionales antidopaje deberán ser independientes en sus decisiones y actividades. Perseguir con firmeza cualquier posible infracción de las normas antidopajes de su jurisdicción y garantizar la adecuada ejecución de las consecuencias.

Es por esta razón, que debemos adecuar el texto vigente de la Ley de Cultura Física y Deporte, a fin de otorgar al Comité Nacional Antidopaje mayores facultades para cumplir a cabalidad con los compromisos internacionales que hemos referido.

El artículo 121 de la ley señaló que es el comité con las asociaciones deportivas nacionales la instancia responsable de conocer los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competencias a que sean sometidos los deportistas en territorio nacional.

Como lo refiere el dictamen, lo anterior representa un riesgo al comprometer la imparcialidad de las resoluciones que tome el comité, es decir, que carece de la independencia exigida en el Código Mundial de Antidopaje.

Entre las ventajas de la reforma está precisamente que el Comité será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación para los resultados analíticos adversos y/o atípicos, así como para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje. Es momento de tomar acciones más firmes en contra del dopaje. De acuerdo con cifras mundiales por la propia Conade, en el 2013...

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Concluya por favor, diputado.

El diputado José Bernardo Quezada Salas: ... en el 2013, de las 21 mil 537 muestras de orina analizadas, 508.3 dieron positivo a sustancias totalmente prohibidas. Cambiemos las cosas, está entre nosotros.

El Partido Nueva Alianza está totalmente a favor de esta reforma y creo que sería un gran avance en esta materia, sobre todo que los deportistas así lo requieren. Los deportistas que en verdad luchan y luchan día con día por no utilizar este tipo de sustancias. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Quezada. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Luis Ernesto Munguía González:Compañeras y compañeros diputados. La presente iniciativa tiene por objeto homologar la legislación nacional con las disposiciones internacionales que son vinculantes para México en materia de lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo.

El Código Mundial Antidopaje establece que los Estados que han ratificado el Convenio Internacional contra el Dopaje en el Deporte, como lo es el caso de México, deben contar con organizaciones nacionales antidopaje que cumplan con la característica de ser independientes en sus resoluciones y actividades, y perseguir con firmeza cualquier posible infracción a la norma.

El problema es que nuestra Ley General de Cultura Física y Deporte actualmente establece que el Comité Nacional Antidopaje será, junto con las asociaciones deportivas nacionales, la instancia responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de la competición a que se sean sometidos los deportistas en el territorio nacional.

Si queremos cumplir con el criterio de independencia de la Organización Nacional Antidopaje, las asociaciones deportivas nacionales no pueden seguir siendo juez y parte en los procedimientos.

Al establecer que el comité se integra por asociaciones deportivas nacionales puede comprometer la imparcialidad de sus resoluciones por las infracciones a las normas antidopaje, ya que pueden llevar procedimientos contra deportistas, agremiados o asociados de dichas asociaciones deportivas. En este sentido la reforma propuesta es muy sencilla: establecer que el Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la investigación para los resultados analíticos, así como para dar inicio y seguimiento a los procedimientos disciplinarios hasta su terminación, pronunciando las resoluciones respectivas en dicha materia.

En consonancia con lo anterior también se propone dar el rango de laboratorio nacional de prevención y control de dopaje al hasta ahora Laboratorio Central Antidopaje. Creo que no hay duda en que existe un consenso en la importancia de combatir el dopaje en las actividades deportivas, por un lado para la protección de la salud de todo deportista, y por otro lado, al considerar como un interés colectivo el hecho de no proporcionar una ventaja injusta a un competidor en razón con el contrincante que participa dentro de la justa deportiva.

Los diputados ciudadanos consideramos que el dopaje rompe con las reglas del juego limpio, y constituye una merma en la confianza del espectador en torno a la transparencia y a la integridad de las competencias. Por eso vamos juntos en favor del deporte justo, limpio y saludable. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Munguía. Damos la bienvenida a estudiantes de la Escuela Telesecundaria Oficial Joaquín Arcadio Pagaza, de la comunidad Ganza del municipio de Acambay, estado de México, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Sean ustedes bienvenidos.

Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Renato Josafat Molina Arias:Gracias, diputada presidenta. Compañeras legisladoras y legisladores, en el mundo moderno el deporte se ha convertido en un gran negocio, un espectáculo, una industria; muy lejos estamos de los ideales de las olimpiadas griegas y el lema “mente sana en cuerpo sano”.

Los valores originales del deporte como el esfuerzo o el juego limpio, han dado paso al deporte espectáculo en donde lo que importa es lograr un mayor beneficio económico. El deporte y el dinero cada día van más unidos de la mano. Muchos deportes se han convertido en un negocio muy rentable.

Atletas, entrenadores y dueños de equipos buscan el patrocinio de marcas que nada tiene que ver con el deporte. Cada vez es más común ver a las estrellas deportivas anunciando autos, relojes o seguros, porque obtienen más dinero por su imagen que por su desempeño en el campo de juego.

Sueldos astronómicos, fichajes millonarios, patrocinio por los derechos de emisión y publicidad, derechos de imagen, venta de licencia, camisetas y artículos vinculados con las competencias, son el verdadero motor de la industria del deporte, al contrario de los juegos olímpicos originales, donde el resultado era lo más importante.

Hoy lo que cuenta es el premio, porque el premio es dinero. Ganar es todo, los segundos lugares no cuentan. Estos son los verdaderos valores que guían a la industria del espectáculo deportivo.

En el espectáculo deportivo los atletas son sometidos al límite de sus capacidades, y en muchos casos el rendimiento que se les exige sólo es posible alcanzarlo gracias a la ayuda de sustancias estimulantes.

El dopaje cuenta con una inmensa influencia en el mundo del deporte, porque lograr la victoria a cualquier precio, es un acto de supervivencia para los deportistas, y consumir sustancias prohibidas, es un camino para lograrlo. De eso dependen los triunfos y los ingresos que obtienen.

Si bien, las sustancias prohibidas han estado presentes a lo largo de la historia del deporte, fue en el siglo XX cuando se convirtieron en una actividad constante. En un principio sólo eran los estimulantes narcóticos, en los años cincuenta las anfetaminas, en los sesentas, el uso de asteroides anabólicos y una década después la testosterona y el dopaje sanguíneo. A partir de los años ochenta, se agregaron las hormonas, los diuréticos y los betabloqueantes. En la década de los noventa los beta-2 agonistas.

Actualmente el diseño de sustancias que estimulen al sistema nervioso incremental la competitividad, la agresividad y disminuyen el dolor, con el objetivo de incrementar el rendimiento, no se detiene.

La agencia mundial antidopaje ha reconocido que se encuentra rezagada en la pelea. El negocio del dopaje es más grande que el dinero que se tiene para combatirlo. Estamos en un año olímpico, las olimpiadas son el evento más visto en todo el mundo y el más relevante en términos económicos. Dar certeza en el resultado de las competencias, es una necesidad mundial.

En el mundo actual donde el deporte es cada día más complejo y cambiante, se necesita jugar con reglas que aseguren una competencia limpia. Lograr que la pasión deportiva tenga resultados libres de toda sospecha y aceptados por todos es una necesidad para el deporte mexicano.

Por las razones anteriores, los diputados del Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, mediante el cual se faculta al Comité Nacional Antidopaje como única autoridad deportiva para recolectar muestras biológicas y, en su caso, iniciar la investigación para los resultados adversos o atípicos. Gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Molina. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Y le enviamos un abrazo en su cumpleaños a la diputada Lía Limón, quien anda ahí festejando trabajando, como debe ser.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, distinguidas diputadas y distinguidos diputados. Representa una gran oportunidad encontrarme hoy entre ustedes para hablar sobre la importancia de nuestros esfuerzos contra el dopaje para examinar los éxitos obtenidos como país en este terreno y para reafirmar como grupo parlamentario nuestro compromiso conjunto de erradicar todo tipo de prácticas nocivas en el deporte.

El dopaje constituye una de las amenazas más serias que, para la práctica deportiva y los principios que esta representa, pues socava gravemente las bases de nuestros valores más estimados, atenta contra la salud de los atletas y quita credibilidad a los resultados.

Cabe señalar que el dopaje afecta mucho más que el deporte de élite, no es solo una cuestión que se limita a analizar y sancionar a atletas famosos, sino que implica riesgos para la salud y el futuro de nuestra población. Se trata, por tanto, de un asunto de salud pública al cual debemos poner mucha atención y limitar de manera tajante antes de que se convierta en un problema de mayor magnitud.

Una serie de estudios recientes, elaborados por el Comité Olímpico Internacional, muestran que la misma dinámica que se produce en el deporte profesional está surgiendo también en el deporte a nivel escolar y universitario en todo el mundo. Estos estudios indican que cientos de miles de jóvenes, e incluso de preadolescentes, se encuentran en peligro.

Para las diputadas y para los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México son muy importantes los derechos de los mexicanos que quieren incorporar el deporte y la actividad física en su vida cotidiana, con el propósito de conservar y mejorar su salud, fortalecer sus músculos y rejuvenecer su cuerpo. Por ello debemos garantizar que lo haga de modo seguro.

De acuerdo con este enfoque, es fundamental apoyar los esfuerzos de nuestro país no sólo en materia de persecución de quienes insisten en el dopaje como alternativa en las competencias de alto nivel, sino también en la prevención de estas conductas para salvaguardar la salud de las y los deportistas. Lo anterior debe ser el primer propósito de los métodos que se implementen para erradicar esta práctica nociva que tanto daña el prestigio de nuestra juventud y de nuestro país.

En este sentido, coincidimos con la Comisión dictaminadora en que la información y la educación en el ámbito deportivo a nivel mundial son las armas más eficaces en la lucha contra el dopaje. En este tenor, el Partido Verde Ecologista de México ratifica su compromiso para modificar la legislación en materia deportiva a efecto de lograr que el Comité Nacional Antidopaje sea la única instancia facultada para conocer de los casos de doping que se den en los eventos deportivos y que sus decisiones se basen en los resultados que para el efecto expida el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, el cual será considerado como el único facultado para recoger y analizar todo tipo de muestras biológicas derivadas de cualquier evento deportivo, de conformidad con lo dispuesto por el Código Mundial Antidopaje.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con su voto a favor de la aprobación del presente dictamen que reforma los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se pronuncia a favor de contar con una Organización Nacional Antidopaje independiente en sus actividades y en las decisiones que tome con respecto a esta materia. Es cuanto, Presidencia.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Álvarez. Tiene ahora la palabra la diputada Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Karen Orney Ramírez Peralta:Con su permiso, diputado presidente. Acudo a esta tribuna a dar posición del Grupo Parlamentario del PRD respecto al dictamen de la Comisión del Deporte, el cual constituye el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano.

En este caso, el correspondiente a los contenidos del Código Mundial del Dopaje, reformado en el año de 2013, durante la IV Conferencia Mundial Antidopaje, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica.

Como sabemos, el Código Mundial del Dopaje es el documento fundamental y universal en el que se basa el Programa Mundial Antidopaje en el Deporte. El proceso del código es promover la lucha contra el dopaje mediante la armonización universal de los principales elementos relacionados con la lucha antidopaje.

Sus objetivos son: proteger el derecho fundamental de los deportistas a participar en actividades deportivas libres de dopaje, promover la salud y garantizar de esa forma la equidad y la igualdad en el deporte para todos los deportistas del mundo, y asegurar la armonización, la coordinación y la eficacia de los programas contra el dopaje a nivel internacional y nacional, con respecto a la detección, disuasión y prevención del dopaje.

Como señala el dictamen, entre los compromisos contraídos por el Estado mexicano en la cumbre señalada, se encuentra incorporar en la legislación nacional las disposiciones aplicables del Código Mundial Antidopaje, dar autonomía en sus decisiones y actividades a la Organización Nacional Antidopaje, así como sancionar las infracciones a las normas antidopaje.

En cumplimiento de estos compromisos, la reforma propuesta en los artículos 121 y 135 de la Ley General de la Cultura Física y Deporte determinan que el Comité Nacional Antidopaje es la única instancia facultada para conocer los casos de doping que se den en los eventos deportivos, basando sus resultados en los que expida el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje. Este comité dará inicio a los procedimientos disciplinarios hasta la emisión de una resolución.

Con la aprobación de este dictamen estaremos colocando al país a la vanguardia, a la lucha contra el dopaje. Es además un claro mensaje de nuestro compromiso nacional e internacional por la promoción de la salud a través y en los deportes.

Sirva el contexto de análisis de este dictamen para reiterar la importancia de la promoción de los deportes y las actividades físicas para mantener una vida sana y, sobre todo, alejar a nuestra juventud de los tentáculos de la delincuencia.

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez. Tiene ahora la palabra la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Jacqueline Nava Mouett:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda el deporte ha venido cobrando gran importancia en nuestro país. Practicar el deporte es elevar el nivel de vida social y cultural de las personas, la preservación de la salud física y mental. Es un medio efectivo para prevenir enfermedades o para rehabilitación. También es prevenir el delito y combatir la violencia. Es aprovechar, proteger y conservar nuestro medio ambiente. Es reforzar la convivencia y la cohesión social. Es fomentar una vida saludable. Y también es promover la erradicación del uso de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo.

Hoy en día en México contamos con importantes deportistas considerados de alto rendimiento y de reconocimiento mundial, los cuales han tenido una gran preparación que les ha permitido obtener buenos resultados en las competencias, tanto nacionales como internacionales.

Pero contar con deportistas de alto rendimiento implica, no sólo poner especial interés en el desarrollo de programas que contribuyen a llevar a los atletas al nivel más alto del perfeccionamiento de sus capacidades para la obtención de niveles competitivos, también resulta importante atender la salud de nuestros deportistas, lo que implica controles del dopaje. Es decir, observar que no haya uso de sustancias o métodos peligrosos para la salud de los deportistas, susceptibles de alterar su rendimiento.

Para Acción Nacional es de gran importancia aprobar las reformas de la Ley General de Cultura Física y Deporte de este dictamen, reformas que tienen como finalidad promover las medidas necesarias para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje.

Así entonces, al establecer que el Comité Nacional Antidopaje sea la única autoridad facultada para la recolección de muestras biológicas y para iniciar la gestión de investigación de resultados analísticos adversos y/o atípicos e infracciones no analíticas, señaladas en el Código Mundial Antidopaje, así como llevar a cabo el procedimiento disciplinario hasta su terminación, el cual concluirá con el pronunciamiento de la resolución pertinente.

Esta reforma también nos permite dar cumplimiento estricto a los compromisos internacionales signados por nuestro país en esta materia. En Acción Nacional votaremos a favor porque apoyamos la práctica de un deporte sano que beneficia la salud y la calidad de la vida de las personas.

Y sobre todo, para colocar a nuestros atletas en una posición de respeto, consideración, admiración ante la sociedad siendo ejemplo de ética y transparencia frente a otros competidores. Y además, porque estamos en contra de las prácticas negativas en el deporte como el dopaje y las acciones de violencia física y verbal dentro de los eventos deportivos. Y también estamos en contra de toda práctica de engaño, discriminación y corrupción.

El dopaje en el deporte debe ser erradicado con el objetivo de ofrecer un entorno sano y equitativo de todos los atletas. Debemos proteger la salud de nuestros deportistas y erradicar esta práctica que tanto daña al prestigio de nuestra juventud deportista y de nuestro país.

La reforma que aprobaremos, sin duda, contribuirá en la promoción de una cultura de responsabilidad entre los deportistas nacionales y los encargados de su formación hacia el alto rendimiento. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nava. Tiene ahora la palabra la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Saludamos la presencia de alumnos y maestros del Centro Universitario La Ciénega, de Atotonilco, Jalisco, invitados por el diputado Ramón Bañales Arámbula. Bienvenidos a este recinto parlamentario. Adelante, diputada, por favor.

La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados, la importancia del deporte es también una cuestión de educación. Una sociedad con ciudadanos sanos es garantía de un país de mayor rendimiento y con altas capacidades para el futuro.

Desde el inicio de la actual administración federal el deporte ha sido un factor de suma importancia, así ha quedado plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde queda manifiesto que un México con educación de calidad no se puede concebir sin la cultura y sin el deporte.

El deporte, además de ser esencial para contar con una sociedad saludable es un vehículo de cohesión social. El impulso al deporte constituye en sí mismo un fin con implicaciones altamente positivas a todos los sectores de nuestra sociedad.

En años recientes se han presentado algunos problemas que han dañado el rostro sensible del deporte, me refiero a problemas de dopaje, catalogados como prácticas antideportivas.

El dopaje ha afectado a deportistas en diversas disciplinas, sobre todo en el alto rendimiento. Basta mencionar recientemente a la tenista rusa María Sharapova, quien reconoció haber resultado positivo en una prueba antidopaje. O el tan mencionado ciclista Lance Armstrong, quien después de dar positivo fue despojado de sus siete títulos mundiales y suspendido de por vida de la práctica del ciclismo.

El dopaje también ha alcanzado a deportistas mexicanos. Por mencionar algunos casos, recordemos el tema de los cinco futbolistas mexicanos que participaron en la selección nacional mayor y que dieron positivo en clembuterol.

Frente a esta problemática, en noviembre de 2013, en el seno de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Dopaje en el Deporte, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, se reformó el Código Mundial Antidopaje, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y estableció diversas obligaciones para los países signatarios, en razón de homologar todos los códigos y leyes que regulan el control del dopaje.

Es necesario que México cuente con una organización nacional antidopaje independiente e imparcial en la toma de sus decisiones, con facultades claras y también precisas. Con la aprobación de este dictamen el Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para la recolección de muestras biológicas, así como para llevar a cabo el procedimiento disciplinario hasta su conclusión.

El Grupo Parlamentario del PRI votará en pro porque estamos en favor del deporte y lo entendemos como parte integral del proceso que impulsa la formación de ciudadanos sanos, con habilidades de limpia competencia y también de trabajo en equipo.

Nuestra preocupación por erradicar el consumo de sustancias prohibidas en el deporte no quedará solo en la ley, le daremos a las instituciones correspondientes los elementos necesarios para hacer del deporte nacional motivo de orgullo de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arcos. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? De viva voz, diputadas y diputados.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Aun se encuentra abierto el sistema electrónico. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 409 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, que incluye el voto del diputado Marín.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Es 410 entonces.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Son 409, señor presidente, ya incluyendo el voto del diputado Ramírez Marín.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 409 votos, es decir unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Primero. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre. El segundo, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Y el tercero, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis 1a la Ley General de Vida Silvestre.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53 a 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con expediente número 1001, le fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, enviada por el Senado de la República.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esa Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

Primero.-En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 9 de diciembre de 2014, el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Segundo.-En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

Tercero.-En sesión de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, celebrada el 27 de octubre de 2015, se aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Cuarto.-En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 27 de octubre de 2015, se presentó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, quedando de primera lectura.

Quinto.-En sesión plenaria del Senado de la República, celebrada el 18 de noviembre de 2015, se dio la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, el cual se discutió y aprobó en votación nominal, y se remitió a la Cámara de Diputados mediante la minuta correspondiente, para los efectos de la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto.-En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, efectuada el 24 de noviembre de 2015, se dio cuenta con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Séptimo.-En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dictó trámite al asunto en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Octavo.-Con fecha 11 de enero de 2016, por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria de la misma, comunicó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la autorización de prórroga para dictaminar la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, una vez analizada la Minuta objeto del presente dictamen, exponen el siguiente

II. CONTENIDO DE LA MINUTA:

El Senado de la República estima necesario reconocer los antecedentes que motivan la prohibición del comercio del marfil y explicar la forma en que dicha prohibición, ampliada a la no importación, exportación y reexportación así como la preocupación por el uso de ejemplares de vida silvestre exóticos, sus partes y derivados en la industria del vestido y el calzado, actividades que atentan contra la conservación de la diversidad biológica.

Señalan que en el mundo existen dos especies de elefantes: el elefante africano y el elefante asiático; asimismo, que la especie de elefante africano existen dos subespecies, el elefante de sabana y el elefante de selva; por su parte, de la especie del elefante asiático existen tres subespecies: el elefante de Sirilanka (Sri Lanka), el de Sumatra y el del continente asiático.

Refieren que estos animales con trompa, particularmente el elefante africano y el asiático tienen, entre otras características, las siguientes: su longevidad es de hasta 70 años de vida; son los mamíferos terrestres más grandes del mundo y de su continente, respectivamente, y sus colmillos, en el caso del elefante africano, son de forma curveada, están compuestos por múltiples capas de marfil y alcanzan hasta 3.5 metros de longitud y un peso máximo de 142.7 Kgs. En cuanto al elefante asiático, sólo los machos tienen colmillos, aunque a la mayoría les son extraídos en razón de su relación cultural-religiosa con el ser humano.

Reconocen los estatus de vulnerabilidad y de peligro de extinción que tienen, respectivamente, cada una de estas especies, conforme a información de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) recabada por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos naturales, y de estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República.

Con apoyo en datos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), Documentan su aseveración de que en los años 70’s del siglo XX, ambas especies fueron diezmadas en su población, debido a la pérdida de su hábitat y/o porque su población fue devastada para, entre otros, obtener el marfil de sus colmillos, en especial, del elefante africano. Hacia 1975, se calcula que la población de elefante asiático fluctuaba entre 25 mil y 36 mil ejemplares, mientras que a principios del siglo XX, rondaba los 200 mil ejemplares.

En el caso de la especie elefante africano cuya población a principios del siglo pasado, se calcula era de entre cinco y diez millones de especímenes, población que para mediados de la década de los 70´s, se estima era de 1 millón 340 mil ejemplares.

La subsistencia de las condiciones prevalecientes de pérdida del hábitat y el peligro de extinción, y no obstante los esfuerzos realizados para la protección de ambas especies de elefantes, el Senado de la República estima lamentable la caída del número de ejemplares de las poblaciones de ambas especies.

Afirman que la alarmante pérdida de ejemplares de elefantes, representaba una tendencia hacia la posible extinción de ambas especies; decremento en las poblaciones causado principalmente por la caza comercial inmoderada para obtener marfil de manera legal o ilegal, así como la carne y la piel de los especímenes sacrificados.

Señalan que antes de 1989, la demanda de marfil alcanzó más de mil toneladas al año; en consecuencia, en ese año el comercio legal de marfil en África alcanzó las 59 toneladas, provenientes de 4 mil 166 elefantes. En ese año, el precio más alto pagado por Kilogramo de marfil fue de 300 dólares americanos.

En 1989, a propuesta de Austria, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, aprobó una enmienda a su Apéndice 1, para incorporar en él al elefante africano. A partir de dicha enmienda, el comercio de las especies, subespecies, sus partes y sus derivados se sujetó a una regulación más estricta que prohibió el comercio de marfil.

Refieren que con las diversas enmiendas a los Apéndices I y II de la referida Convención, hacia el período comprendido de 1997 a 1999, se regularon las cuotas de exportación de los inventarios de colmillos sin esculpir; del comercio internacional de trofeos de caza, y del comercio internacional de animales vivos a destinos apropiados, entre otros cuyo país de destino era Japón, para tres naciones africanas: Botswana, Nambia y Zimbadwe.

A dichas enmiendas se sumó la propuesta por Sudáfrica en el año 2000, con cuya aprobación se permitió la comercialización de una cuota de 30 toneladas de colmillos; el comercio de animales vivos para su reintroducción en áreas protegidas; el comercio de productos de cuero y pieles, y el comercio de trofeos de caza para fines no comerciales.

Señalan que en reuniones posteriores de la Conferencia, se presentaron enmiendas en las que es notorio el grado de especificidad de productos cuya comercialización internacional se permite. El Senado de la República reconoce que el comercio ilegal de marfil está reduciendo los esfuerzos por la conservación de las especies de elefantes. En el comercio ilegal de marfil participan, además de los artesanos y joyeros, el crimen organizado y grupos guerrilleros que venden el marfil para financiar sus actividades. La corrupción y la pobreza persisten en naciones donde los elefantes perviven de manera natural.

Según cifras reportadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 2014, Sudáfrica tenía una población aproximada de 350 mil ejemplares de elefante africano; el Este de África, más de 100 mil 500 ejemplares; África Central, más de 100 mil especímenes, África Occidental con menos de 10 mil elefantes.

Asumen que en 2011, el comercio ilegal de marfil se triplicó en relación con el registro de 1998, y representó el doble de lo asentado en 2010.

Con información de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, el Senado señala que durante el período comprendido de 2000 a 2008, las principales rutas del comercio ilegal de marfil se originaron en puertos de África Central y Oriental, particularmente, en Camerún, Nigeria, Ghana y la República Democrática del Congo; asimismo, se detectó tráfico ilegal entre Sudán y Egipto, así como en Tanzania, Kenia y Mozambique. El destino final del marfil objeto del comercio ilegal era China y Japón.

En el lapso de 2009 a 2011, el destino final de los cargamentos ilegales de marfil procedentes de Tanzania, fue china. El marfil ilegal de Kenia estaba destinado a Tailandia y China, y el de Sudáfrica se envió a Malasia.

Entre 2012 y 2013, la ruta del comercio ilegal de marfil se modifica de tal manera, que los embarques se originan principalmente en Kenia; con Malasia como el principal país de tránsito, y China como destino final, aunque surgen también España y Turquía, entre otros.

El Senado reconoce que en México no se tiene conocimiento de tráfico ilegal de marfil, y que la importancia de la reforma planteada se basa en los estudios sobre el comercio ilegal de marfil, cuyas previsiones indican que las medidas aplicadas al amparo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, no inciden en las disposiciones internas contra el criminal tráfico con las especies de la vida silvestre, sus partes y derivados; asimismo, proponen que cada país adopte las medidas para coadyuvar en los esfuerzos internacionales, incluso las de carácter jurídico.

Mencionan que en México no se reexporta marfil; sin embargo, entre 2010 y 2014 se importó 1 tonelada 590 kilogramos del producto bajo el rubro de polvo y desperdicios, con valor de 65 mil 412 US dólares, procedente de nueve países, entre los cuales se encuentran Tanzania, Zambia, Camerún y Sudáfrica, naciones involucradas en el tráfico ilegal de marfil.

Observan que nuestro país no es importador o exportador de cantidades significativas de marfil; además, no se comprobó que las importaciones de México se hayan realizado con apego a las especificaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, pues no hay constancia del aviso al Secretariado de la propia Convención, sobre la cantidad de marfil que ingresó a nuestro país en el período señalado en el párrafo anterior.

Por ello, consideran importante establecer la previsión legal de la prohibición de la importación, exportación y reexportación, así como la de la comercialización ilegal de marfil.

Con las disposiciones legales respectivas, se dará impulso a la recuperación de las poblaciones de las dos especies de elefante y, adicionalmente, estiman pertinente especificar que dicha prohibición operará cuando no se observen las disposiciones convencionales de los instrumentos en que México sea parte.

Consideran conveniente adicionar sendas fracciones a los artículos 122 y 127 de la propia Ley general de Vida Silvestre, pera establecer sanciones por incumplimiento de la hipótesis normativa planteada en la iniciativa de reformas a los artículos 53, 54 y 55 del mismo ordenamiento jurídico.

El Senado de la república estima que la importación legal de ejemplares exóticos de vida silvestre, así como sus partes y derivados para su aprovechamiento en las industrias textil, del vestido y el calzado, no es la causal de su incorporación en alguna categoría de riesgo, ni para limitar su uso o aprovechamiento en las ramas industriales aludidas; por ello, la importancia de dicha industria en la economía nacional y la legalidad con que se importan las especies señaladas, así como sus partes y derivados, hacen innecesaria la adopción de medidas legislativas más estrictas. Adicionalmente, la Cámara de Senadores considera que el comercio legal de especies exóticas no es causal significativa de la pérdida de la biodiversidad.

Coincidentes con lo anterior, refieren que las restricciones a las actividades económicas específicas no concuerdan con los principios rectores de la Ley General de Vida Silvestre, cuyo Artículo 1°. , prevé que “el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo”.

Con apoyo en las apreciaciones referidas, la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 53, 54 y 55, y la fracción II del Artículo 127 y se adiciona una fracción XXII Bis al Artículo 122, todos de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículos 1o. a 52. ...

Artículo 53. La exportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, requerirá de autorización expedida por la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

No será necesario contar con la autorización a la que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de:

a)Trofeos de caza debidamente marcados y acompañados de la documentación que demuestre su legal procedencia.

b)Material biológico de vida silvestre de colecciones científicas o museográficas debidamente registradas, con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o como donativo, acompañado de la constancia correspondiente expedida por la institución a la que pertenece la colección, de conformidad con lo establecido en el reglamento; siempre y cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología.

c)Los artículos de uso personal, siempre y cuando no excedan de dos piezas del mismo producto.

Queda prohibida la exportación de marfil, en cualquiera sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

Artículo 54.La importación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, requerirá de autorización expedida por la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

No será necesario contar con la autorización a la que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de:

a)Material biológico de vida silvestre de colecciones científicas o museográficas debidamente registradas, con destino a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o como donativo, acompañado de la constancia correspondiente expedida por la institución a la que pertenece la colección, de conformidad con lo establecido en el reglamento; siempre y cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología.

b)Los artículos de uso personal, siempre y cuando no excedan de dos piezas del mismo producto.

Queda prohibida la exportación de marfil, en cualquiera sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

Artículo 55.La importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se llevarán a cabo de acuerdo con esa Convención, lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones que de ellas se deriven; quedando prohibida la importación, exportación, reexportación y comercialización del marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

Artículos 56.a 121. ...

Artículo 122.Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

I. a XXII. ...

XXII Bis. Importar, exportar, reexportar y comercializar marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

XXIII.Realizar actos que contravengan las disposiciones de trato digno y respetuoso a la fauna silvestre, establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que de ella se deriven.

XXIV. Realizar actos que contravengan las disposiciones de conservación de vida silvestre fuera de su hábitat natural, establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que de ella se deriven.

Se considerarán infractores no sólo las personas que hayan participado en su comisión, sino también quienes hayan participado en su preparación o en su encubrimiento.

Artículos 123.a 126. ...

Artículo 127.La imposición de las multas a que se refiere el artículo 123 de la presente Ley, se determinará conforme a los siguientes criterios:

I.Con el equivalente de 20 a 5000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente Ley, y

II.Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII , XXII Bis y XXIV del artículo 122 de la presente Ley.

La imposición de las multas se realizará con base en el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto.

La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción a que se refiere el párrafo final del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, si éste se obliga a reparar el daño cometido mediante el restablecimiento de las condiciones anteriores a su comisión o a realizar una inversión equivalente en los términos que se establezcan, en cuyo caso se observará lo previsto en esa disposición.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado contenido de la Minuta Proyecto de Decreto objeto del presente dictamen, expresamos las siguientes

III.- CONSIDERACIONES

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidimos con el Senado de la República, en su preocupación por reconocer los antecedentes que han motivado la prohibición de la comercialización del marfil, ampliada a su importación, exportación y reexportación, entre otras actividades que atentan contra la conservación de la diversidad biológica.

Reconocemos también, el estado de vulnerabilidad y peligro de extinción que padecen tanto el elefante africano como el elefante asiático, especies de mamíferos terrestres distinguidos como los mamíferos terrestres más grandes del mundo y del continente asiático, respectivamente, según información de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, ha demostrado que la población de ambas especies de elefantes fueron diezmadas en la década de los 70’s del siglo pasado, ambas especies fueron diezmadas en su población, habida cuenta de la pérdida de su hábitat o por el sacrificio de que han sido objeto, sin más interés que obtener el marfil de sus colmillos, en particular, del elefante africano.

Consideramos aberrante el hecho de que la población del elefante asiático, a mediados de la década referida, oscilaba entre los 25 y los 36 mil ejemplares, población drásticamente reducida frente a los 200 mil especímenes que la integraban a principios del siglo XX.

Estimamos que la suerte de la población de elefante africano no ha corrido con mejor suerte; en su caso, al inicio del siglo anterior, se presume la existencia de entre cinco y diez millones de ejemplares, población reducida a alrededor de un millón 340 mil especímenes existentes a mediados de la década de los años 70’s.

Ante el alto riesgo de extinción de ambas especies, a pesar del denuedo con que se ha procurado su protección, estimamos deplorable la subsistencia de las condiciones de pérdida del hábitat y el peligro de extinción de estos admirables mamíferos terrestres.

Apreciamos insaciable la demanda de marfil que para 1989 alcanzó una cantidad superior a las mil toneladas anuales, comprensiva de un comercio legal en África por una cantidad de 59 toneladas, a un precio que alcanzó los 300 dólares americanos por kilogramo.

Reconocemos los esfuerzos por sujetar a una regulación estricta el comercio del marfil, mediante las enmiendas a los apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres; con ellas, el comercio de dichas especies se reguló con mayor rigor, prohibiendo en principio el comercio del marfil, y luego regularon las cuotas de exportación de los inventarios de colmillos sin esculpir, entre otros.

Apreciamos la aprobación, a propuesta de Sudáfrica, de la autorización o permisión de la comercialización de una cuota de 30 toneladas de colmillos, entre otros, como el comercio de cuero y pieles, y el de trofeos de caza con fines no comerciales.

Coincidimos con la Colegisladora, en el sentido de reconocer que el comercio ilegal de marfil está reduciendo los esfuerzos por la conservación de las especies de elefantes, así como el grado de especificidad de los productos permitidos en el comercio internacional.

Reconocemos válida la preocupación de la Cámara de Senadores, por ilustrar de manera exhaustiva la situación prevaleciente en entorno global, en relación con las actividades regulares e irregulares del comercio internacional del marfil, señalando los países involucrados en dichas actividades, participando como países de origen, de tránsito o de destino, en las rutas utilizadas para el comercio internacional del marfil.

Compartimos el reconocimiento del Senado de la República, en torno a que en nuestro país no se tiene conocimiento de tráfico ilegal de marfil, y que la reforma que nos ocupa se sustenta en previsiones que no inciden en las disposiciones internas contra el criminal tráfico con las especies de la vida silvestre, sus partes y derivados; además, proponen que cada país adopte las medidas que estime pertinentes, incluso las jurídicas, para favorecer los esfuerzos internacionales en el tema.

Sabemos que México no reexporta marfil; sin embargo, admitimos que entre 2010 y 2014, importó 1 tonelada 590 kilogramos del producto bajo el rubro de polvo y desperdicios, con valor de 65 mil 412 dólares americanos, procedente naciones involucradas en el tráfico ilegal de marfil.

Coincidimos en que México no es importador ni exportador de marfil; además, no hay constancia del aviso al Secretariado de la propia Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, en cuanto a la cantidad de marfil que ingresó a nuestro país en el período señalado en el párrafo anterior.

Por ello, coincidimos en el reconocimiento de la importancia de establecer, mediante la reforma que se plantea, la prohibición de la importación, la exportación y la reexportación de marfil, así como su comercialización ilegal.

Consideramos que con el proyecto legislativo que nos proponemos, se impulsará la recuperación de las poblaciones de las dos especies de elefante y, adicionalmente, estimamos que las disposiciones constitucionales y legales de nuestro país, al lado de las previstas en instrumentos internacionales, son Ley Suprema de toda la Unión; de tal manera, la prohibición planteada en el Proyecto de Decreto que nos ocupa, operará con independencia de la observancia o inobservancia de las disposiciones de los instrumentos internacionales en que México sea parte.

Coincidimos en la consideración del Senado sobre la conveniencia de adicionar sendas fracciones a los artículos 122 y 127 de la propia Ley General de Vida Silvestre, con el propósito de establecer las sanciones por el incumplimiento de las hipótesis normativas planteadas en las propuestas de reforma a los artículos 53, 54 y 55 del mismo ordenamiento legal.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 53, 54, 55, 122 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículo Único.-Se reforma el artículo 55 y la fracción II del artículo 127 y se adicionan un último párrafo al artículo 53; un último párrafo al artículo 54 y una fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 53. ...

...

a)a c) ...

Queda prohibida la exportación de marfil, en cualquiera de sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

ARTÍCULO 54. ...

...

a)y b) ...

Queda prohibida la importación de marfil, en cualquiera de sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

ARTÍCULO 55.La importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se llevarán a cabo de acuerdo con esa Convención, lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones que de ellas se deriven; quedando prohibida la importación, exportación, reexportación y comercialización del marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

ARTÍCULO 122. ...

I.a XXII. ...

XXII Bis. Importar, exportar, reexportar y comercializar marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

XXIII.y XXIV. ...

...

ARTÍCULO 127. ...

I. ...

II.Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXII Bisy XXIV del artículo 122 de la presente Ley.

...

...

...

Transitorio

Único.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se informa a la asamblea que la fundamentación de los tres dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento respectivo de los grupos parlamentarios. Y tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, para fundamentar los dictámenes, de conformidad con lo estipulado en nuestro Reglamento.

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidimos en la preocupación por reconocer los antecedentes que han motivado la prohibición de la comercialización del marfil, ampliada su importación, exportación y reexportación, entre otras actividades que atentan contra la conservación de la diversidad biológica.

Reconocemos también el estado de vulnerabilidad y peligro de extinción que padecen tanto el elefante africano como el elefante asiático, especies de mamíferos terrestres distinguidos como los mamíferos terrestres más grandes del mundo y del continente asiático respectivamente, según información de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Reconocemos los esfuerzos por sujetar a una regulación estricta el comercio del marfil mediante las enmiendas a los apéndices uno y dos de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Con ellas el comercio de dichas especies se reguló con mayor rigor, prohibiendo en principio el comercio del marfil y luego regularon las cuotas de exportación de los inventarios de colmillos sin esculpir, entre otros.

Por estos antecedentes tenemos la preocupación en el sentido de reconocer que el comercio ilegal del marfil está reduciendo los esfuerzos por la conservación de las especies de elefantes, así como el grado de especificidad en los productos permitidos en el comercio internacional.

México no exporta marfil, sin embargo admitimos que entre 2010 y 2014 importó una tonelada 590 kilogramos del producto bajo el rubro del polvo y desperdiciados con valor de 65 mil 412 dólares americanos, procedente de naciones involucradas en el tráfico ilegal de marfil.

Por ello coincidimos en el reconocimiento de la importancia de establecer mediante la reforma que se plantea la prohibición de la importación, la exportación y la reexportación de marfil, así como su comercialización ilegal.

En relación al dictamen de la Comisión de Medio ambiente y Recursos Naturales a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales coincidimos con el loable propósito de las complejas interacciones que realiza la sociedad y el ambiente que orientan a la mejora de las acciones individuales para evitar pasivos ambientales, en virtud de que en ellas se exponen preocupaciones relacionadas con la problemática ambiental.

La propuesta legislativa que hoy se pone a su consideración tiene por objeto fortalecer un tema de interés público que debe atenderse para evitar poner en riesgo, además de la integridad y la vida de los seres vivos, el orden social y la estabilidad política y económica que deba basarse en el desarrollo sustentable del país, así como de la protección al ambiente.

Es pertinente observar que con base en una recomendación de la Cumbre de Estocolmo sobre el medio humano celebrada en 1972, se estableció que los organismos de las naciones unidas, en particular la UNESCO y las otras instituciones internacionales interesadas, adoptaron de común acuerdo, las disposiciones necesarias para establecer un programa educativo internacional de enseñanza relativo al medio ambiente.

Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis, uno de la Ley General de la Vida Silvestre para la Protección del Tiburón.

La minuta que hoy se discute en sustancia, propone adicionar un segundo párrafo al artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre para la protección del tiburón. Esto, a efecto de considerar en la protección de esta especie como lo contempla la NOM-059-Semarnat-2010, la cual otorgar protección ambiental a especies nativas de México de flora y fauna silvestres, señalando las categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.

Las rayas, peces cierre y tiburones, son generalmente depredadores y carroñeros ubicándose en lo más alto de la cadena alimenticia. Los tiburones son indispensables para la vida en el océano, ya que se alimentan de animales enfermos, viejos o débiles.

De acuerdo con la conservación sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, existen 400 especies de tiburones en el mundo. En la Convención los tiburones fueron incluidos por primera vez en sus listados de comercio en febrero de 2013.

Datos de la Comisión Nacional de la Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca señalan que la captura de tiburones y rayas ocupan el décimo lugar en producción pesquera nacional.

La problemática de la conservación de los tiburones en México surge porque en nuestro país no existen programas de manejo pesquero ni reglamentos que controlen o evalúen las capturas comerciales, en la actualidad esta práctica ha sido reemplazada por la conocida pesquería del aleteo, en la que se colectan tiburones sin importar la especie para conseguir las aletas que se exportan a países principalmente orientales, donde su consumo es una tradición.

Para la protección de tiburones la NOM 059 de Semarnat otorga protección ambiental, a especies nativas de México de flora y fauna silvestres, señalando sus categorías de riesgo y especificaciones para inclusión, exclusión o cambio.

Con los argumentos presentados podemos señalar que la inclusión de la protección del tiburón a la Ley General de Vida Silvestre fortalece y abona en sentido positivo a tener una protección más eficaz, y se le da un largo rango de ley sin contravenir lo señalado ya en las Normas Oficiales Mexicanas, y va en concordancia con los esfuerzos que a nivel mundial se están llevando a cabo para proteger a dicha especie, la cual día con día se ve amenazada por la acción del ser humano.

Por lo anterior, consideramos que se sumen a este esfuerzo tan importante que desde el Congreso habremos de generar para la protección de nuestros recursos naturales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Arzaluz.

Están a discusión en lo general y en lo particular los dictámenes, y ya tenemos integrada una lista de diputadas y de diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Y, en consecuencia, tiene ahora la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muy buenas tardes, de nuevo. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social comprendemos que la relación del hombre con la naturaleza debe partir del deber ético de cuidar el entorno natural para asegurar el futuro de la misma sociedad.

Para nosotros la educación ambiental es el medio de concientización de la humanidad que nos permite dar protección, preservación y conservación de la vida en el planeta. Compartimos la visión del desarrollo fundada en la idea de que el ser humano es el centro y eje del universo; y que, por lo tanto, toda flora y toda fauna están disponibles para satisfacer sus necesidades bajo un uso racional y ético.

Es por ello que para nosotros toda iniciativa cuyo objetivo sea lograr un desarrollo sustentable, así como preservar la biodiversidad, tendrá nuestro respaldo y votaremos a favor de los dictámenes que hoy se discuten para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección de Ambiente, y la Ley General de Vida Silvestre.

Coincidimos en que nuestros niños y jóvenes tengan formación en temas de desarrollo sustentable, protección del ambiente, entre otros, temas que están incluidos en estos dictámenes, ya que es vergonzoso que la ignorancia y corrupción pongan en riesgo la vida de seres vivos, llevándolos al borde de la extinción tal como sucede en estos ejemplos que hoy tocamos de los elefantes y tiburones.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 2014 en el continente africano había cerca de 561 mil elefantes, sin embargo a principios del siglo XX el número de elefantes estaba entre 5 y 10 millones de especímenes. La lógica detrás del crimen es la caza comercial inmoderada para obtener el marfil de manera legal o ilegal.

Si bien es cierto que ha habido un esfuerzo internacional para moderar el comercio, también lo es que la pobreza y la corrupción de la región han impulsado su degradación. En nuestro país no se tiene conocimiento de la existencia de tráfico ilegal, sin embargo entre 2010 y 2014 se importó una tonelada y media procedente de naciones que sí se encuentran involucradas con el tráfico ilegal.

En cuanto al tiburón, que es esta otra especie amenazada por ser cazados para cortarles las aletas y venderlas en el mercado asiático, en la última década se ha capturado cerca de mil millones de tiburones en diferentes países. En América Latina desgraciadamente destacamos junto con Argentina y Brasil. En los últimos 50 años su caza se ha incrementado un 400 por ciento.

Aun cuando en México la protección del tiburón está regulada por normas oficiales mexicanas, con la reforma que hoy se propone a votación se va a reforzar la normatividad elevando a ley los esfuerzos de protección, toda vez que se autorizará su captura solamente con fines de restauración, repoblamiento o reintroducción a su hábitat, prohibiéndose el aprovechamiento con fines de subsistencia o fines comerciales.

De tal manera que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social reitera su compromiso con el desarrollo sustentable y la preservación de la flora y fauna del planeta. Es por ello que el día de hoy votaremos a favor. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez.

Saludamos la presencia de estudiantes del segundo semestre de la carrera de derecho, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Tehuacán, invitados por la diputada Edith Yolanda López Velasco. Y también saludamos la presencia de alumnos del cuarto semestre de bachillerato, del Instituto La Paz de Puebla, A. C., invitados por el diputado Eukid Castañón Herrera. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta oportunidad presento la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en relación a los tres dictámenes que presenta la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que solicito a la Mesa Directiva flexibilidad en el tiempo, para exponer los argumentos del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de los mismos.

En primer lugar, me referiré al dictamen que reforma y adiciona los artículos 53, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre, cuyo objetivo es establecer las prohibiciones explícitas para la importación y exportación del marfil en cualquiera de sus formas, ya sea en trofeos, polvo o residuos.

Con esta medida, la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara de Diputados establece la protección jurídica de la especie, que si bien no es endémica de nuestro país, sí es un ejemplar asombroso de nuestro planeta.

Asimismo, con esta medida, México da cumplimiento a los tratados internacionales sobre la protección y conservación de la vida silvestre.

Si bien es cierto que nuestro país no es exportador de marfil y la importación no implica un número significativo dentro del comercio mundial, entre 2010 y 2014 México importó 1.59 toneladas del producto bajo el rubro de Polvo y desperdicios, con valor de 65 mil 400 dólares, procedente de naciones involucradas en el tráfico ilegal de marfil. Esta cantidad, sea relevante o no, debe ser eliminada para ampliar el combate al tráfico de marfil a nivel mundial.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, ya que tenemos un compromiso indeclinable con el medio ambiente y con el desarrollo sustentable, lo que implica proteger a las especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

En cuanto al dictamen que reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, coincidimos con los razonamientos expuestos por la comisión para incorporar el desarrollo sostenible, la prevención del cambio climático y la protección al medio ambiente, como contenido que las autoridades educativas competentes deberán establecer en los diferentes ciclos educativos, especialmente en el nivel básico para la formación de la niñez y la juventud.

Estas modificaciones las consideramos convenientes, debido a que los conceptos que se han adoptado por el sector científico para referirse a los fenómenos y procesos que la especie humana debe afrontar para reducir su impacto negativo en el equilibrio ecológico global.

Además cabe señalar, que en la Ley General de Cambio Climático y la Ley General del Equilibrio Ecológico están expresados bajo dicho término.

Finalmente, abordaré el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por lo que se adiciona el segundo párrafo al artículo 60 Bis-1 de la Ley General de Vida Silvestre, que busca incorporar en esta ley a las especies de tiburón blanco, tiburón ballena, tiburón peregrino, pez sierra y pez sierra de estero, con el objetivo de evitar su extracción con fines comerciales.

Desde esta tribuna queremos dejar muy en claro que Nueva Alianza estamos comprometidos con el medio ambiente y con el desarrollo sustentable, por lo que a lo largo de nuestra vida, como institución política, hemos presentado diversas propuestas para el manejo responsable de nuestro medio ambiente.

Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía para la defensa de los recursos naturales de nuestro país. No obstante, como legisladores tenemos el deber primordial de asegurarnos que las leyes que aprobemos sean congruentes con nuestro sistema jurídico y estén correctamente fundamentados.

La propuesta de reforma que nos presenta resulta infundada, dado que el carácter general y permanente de toda ley implica que no puede ni debe legislarse para casos en concreto, en este caso especies animales, para ello se cuenta con otro instrumento normativo perteneciente a la ejecución de la ley, que es el reglamento, en este caso la Norma Oficial Mexicana.

Nuestro país, como todos sabemos, es de los pocos que cuentan con numerosos ecosistemas y climas, lo que nos convierte en megadiverso, esto implica que contemos con numerosas especies y subespecies animales y vegetales, muchas de ellas en peligro de extinción, amenazadas o bajo la protección especial.

Por ello, resultaría contrario a la técnica legislativa establecer en la ley todas las especies que se encuentran amenazadas o en el peligro de extinción, por lo que consideramos se debe atender a los métodos de la ciencia, los cuales utilizan censos con base a la estadística para determinar el riesgo que corre una especie y su hábitat de quedar extintos en nuestro planeta.

Resulta evidente que nadie estará en contra de la protección de cualquier especie, pero por qué entonces no agregar a la rana monroe, el jaguar, la salamandra negra, el pato real, el tlaconete o la colibrí verde, entre muchas otras especies de extinción, esto refleja una parcialidad sin fundamento técnico y metodológico para brindar una protección a una especie y a otras no.

La respuesta de este punto de vista normativo, es que ya existe la norma 059 de la Semarnat, en la cual se establece qué animales están en peligro de extinción, bajo protección especial o amenaza.

Por lo tanto, cualquier persona, de conformidad con lo establecido en el reglamento, en las normas oficiales mexicanas, tendrá que presentar a la Secretaría propuesta de inclusión, exclusión o cambio de categoría.

Por este motivo, si el legislador propone considerar que la categoría de tiburón blanco debe de pasar amenazada o en peligro de extinción se debe atender a lo señalado en el artículo 57 de dicha ley.

Compañeras y compañeros, en este caso, en mérito de lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario votará en contra del presente dictamen esperando que esta soberanía rectifique y cumpla el deber de trabajar con la correcta creación de las leyes en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias compañeros, por su atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pinto.

Saludamos la presencia de profesores y alumnos de la escuela secundaria general Alfonso Reyes, de Salvatierra, Guanajuato, invitados por el diputado David Mercado Ruiz. Sean todas y todos ustedes bienvenidos, amigos y amigas. Tiene ahora la palabra la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres:Muy buenas tardes a todos. Nuestro país es uno de los más ricos en su diversidad y abundancia en ecosistemas, así como por su extensión de litorales ha sido considerado como un verdadero paraíso para vacacionistas, exploradores, investigadores y también por los oscuros personajes llamados piratas.

La falta de atención y protección a las distintas especies ha ido en detrimento, ya que nuestro territorio ha permitido que personas, en su mayoría extranjeros, exploten, comercialicen y pongan en riesgo de extinción a especies fundamentales para el equilibrio vital de nuestro planeta.

Por lo que hoy aprobaremos la prohibición de la explotación, exportación, importación, la reexportación y la comercialización del marfil en cualquiera de sus tipos y derivados cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte, y con la legislación aplicable.

Del mismo modo aprobaremos las infracciones y las multas correspondientes por la inobservancia de las disposiciones propuestas para los artículos cuya reforma se propone.

De esta forma ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia y/o comercial, incluyendo sus partes y derivados.

También quedará prohibido el aprovechamiento con fines de subsistencia de las especies de tiburón blanco, tiburón ballena, tiburón peregrino, pez sierra peine y pez sierra de estero.

Solo se podrá autorizar la captura para actividades de restauración, repoblamiento y de reintroducción de dichas especies en su hábitat natural. No basta con endurecer y aplicar estrictamente las leyes y los reglamentos. Consideramos fundamental formar generaciones de mexicanos encaminados y encauzados en la preservación del planeta y de todos los que en él habitamos, reiterando que es la casa común y único bien material que tenemos al alcance para garantizar la supervivencia de la especie.

Es momento de que las autoridades competentes promuevan la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático. Protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como la formación cultural de la niñez y la juventud.

Hoy los diputados de la bancada ciudadana, en cumplimiento del estado de alerta que exigen las circunstancias actuales, damos la cara y nos congratulamos de otorgar garantías necesarias y suficientes para que la autoridad competente cuente con las herramientas legales y evite el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestra nación.

Con agrado nos adherimos y votamos a favor de las modificaciones a los artículos 53, 54 y 55, así como de la fracción II del artículo 127. Y se adiciona en la fracción 22 Bis el artículo 122. La adición de un segundo párrafo del artículo 60 Bis, todos de la Ley General de Vida Silvestre. También la reforma del párrafo primero del artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Es turno del Ejecutivo aplicar y programar los recursos a su alcance para que las generaciones erradiquen la cultura de la corrupción y se someta y erradique tan despreciable y suicida actividad, lo cual no se concreta simplemente en los litorales, los bosques, las selvas, el desierto y todo ecosistema existente; ya que todos estos ecosistemas requieren de nuestra atención.

En breve las diputadas y los diputados ciudadanos propondremos el caso particular de la mariposa monarca, que habita en gran parte del estado de México, así como la protección del bosque Los Colomos, que se encuentra en el estado de Jalisco.

Los verdaderos soberanos de este país estaremos pendientes y vigilantes de tan importante decisión. Es cuanto.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada Hauffen. Ahora tiene la palabra, también por cinco minutos, la diputada María Chávez García, del Partido Morena.

La diputada María Chávez García:Buenas tardes, señorita presidenta. Diputadas y diputados. Nuestro Grupo Parlamentario Morena, votará a favor de los dictámenes que en estos momentos discutimos por las siguientes razones.

En el caso del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, con respecto a la comercialización ilegal del marfil, tenemos en cuenta que después de la destrucción de los hábitats el contrabando de especies, incluyendo sus partes derivadas, es la mayor amenaza que afrenta la vida silvestre, en varios casos ha sido el principal motivo de su extinción.

Si bien México no es gran consumidor de marfil, parte del que entra por nuestras fronteras procede de países involucrados en el tráfico ilegal, lo cual nos debe de poner en alerta. Recordemos, nuestro país es firmante de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, por lo cual no debemos de permitir que un solo gramo de marfil que haya puesto en peligro a especies protegidas por CITES entre por nuestras fronteras.

Para el dictamen que incorpora también la Ley General de Vida Silvestre, mayor protección a especies de tiburones y rayas que están sobreexplotadas y con algún estatus de protección especial.

No debemos de olvidar que nuestro país tiene una historia de compromiso con la pesca sustentable, la conservación de las especies acuáticas. Nuestro Instituto Nacional de Pesca, Inapesca, contribuyó de forma importante para la elaboración del Código de Conducta para la Pesca Responsable y el reconocimiento que hace la FAO en esta materia lleva el nombre de una mexicana que fue directora de Inapesca, la doctora Margarita Lizárraga.

Para el caso del dictamen por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que tiene por finalidad el que por ley se incorpore dentro de los diversos ciclos educativos temas ambientales de gran importancia, como son el desarrollo sustentable, la mitigación, adaptación, reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático y la protección del ambiente.

Nuestro Grupo Parlamentario, Morena, está convencido de que la educación es elemento indispensable para superar los retos que enfrentamos como país y como sociedad. Esto lo demostramos cuando con gusto donamos la mitad de nuestra dieta como diputados para sostener una universidad pública.

Veamos a la educación ambiental como estratégica para el desarrollo sustentable y a los temas relativos al cambio climático. Su mitigación y adaptación como temas de mayor relevancia por los efectos que este fenómeno global conlleva para la vida, incluyendo la humana.

En ese tema hay mucho por hacer. El presente dictamen nos encamina un paso más en la dirección correcta. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado:Con su venia, diputada presidenta. El día de hoy abordaremos la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el primero de ellos en materia de tráfico de marfil.

El aprovechamiento no sustentable de las especies, así como de sus derivados han colocado a diversos grupos de animales en situaciones en peligro de extinción por lo cual hoy en día resulta indispensable enfocar los trabajos legislativos y operativos destinados a su protección.

Cada vez son más las especies amenazadas, no obstante el elefante es el símbolo máximo de dicha circunstancia. Tan solo en 2013 fueron cazados ilegalmente 20 mil ejemplares para extraerles sus colmillos y comercializar su marfil. Dichas cifras resultan alarmantes, pues cada vez más personas están dispuestas a pagar elevadas cantidades de dinero por pequeñas porciones de marfil obtenido de los colmillos del elefante o polvo de cuerno del rinoceronte, todo ello bajo la creencia de supuestas propiedades medicinales o simplemente por mostrar su poder y riqueza a través de la exhibición de animales protegidos.

Nos preocupa la escala que está alcanzando la matanza de elefantes, por sus colmillos, y de rinocerontes, por sus cuernos, siendo China el mayor mercado para estos, sin que dejemos de observar que se trata de un problema de alcance mundial.

Según datos del CITES el tráfico del marfil representa ganancias por más de 10 mil millones de dólares al año, debido a que la demanda va creciendo y es considerado un material de máximo lujo por su escasez.

Para su erradicación a nivel internacional se ha presentado una nueva estrategia para tratar de frenar el tráfico de marfil, a través de un programa realizado en cooperación con Interpol y con la Oficina de Naciones Unidas para Drogas y el Crimen, cuyo objetivo es facilitar el análisis forense de los colmillos incautados, y así poder determinar rápidamente su origen con precisión.

Sin duda dichas acciones establecen bases sólidas para su erradicación, pero no obstante nuestro país tiene el deber de armonizar su legislación a efecto de que se prohíba la exportación de marfil en cualquiera de sus tipos y derivados cuando no cumplan con los tratados internacional de los cuales México es parte, representando con ello un paso enorme a la protección de la vida silvestre a nivel mundial.

Ahora bien, por lo que hace al segundo dictamen relativo a la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del medio ambiente, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como la formación cultural de la niñez y la juventud.

Es importante señalar que para el Partido Verde la promoción de la educación ambiental es una prioridad, pues es conocido que logramos que el derecho a un medio ambiente sano fuera reconocido como garantía individual en nuestra Carta Magna, así como las reformas a la Ley de la Educación, con el objetivo de que la educación que imparta el Estado contemple en sus contenidos la educación ambiental y el combate al cambio climático.

Estamos convencidos de la importancia de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en nuestro país, así como para la generación de un mayor sentido de responsabilidad y aumento de conciencia en las personas sobre las consecuencias de nuestras acciones en detrimento de la naturaleza.

Finalmente, hemos insistido en la importancia de las especies de vida silvestre, y no es porque consideremos que son los únicos que debieran de ser protegidos, sino por la alarmante situación por la cual atraviesan.

La creciente urbanización, así como la falta de conciencia de la sociedad para atender la fragilidad de las especies, nos llevan a que el día a día sean blanco de acciones que atentan contra su integridad física e incluso contra su vida.

Poco se habla de las especie marinas. Es urgente hacer un llamado para observar y detener las acciones dolosas del ser humano que atentan en contra de las mismas, poniéndolas en graves riesgos de extinción.

La falta de conciencia, pero sobre todo la falta de información y compromiso han llevado al aprovechamiento no sustentable de especies por tradiciones falsas o falsas creencias respecto a las propiedades curativas, así como el consumo alimenticio.

Son, sin duda, las principales causas de su afectación y disminución de sus poblaciones. Los casos concretos que hoy analizamos son: el tiburón blanco, el tiburón ballena y el tiburón peregrino, el pez sierra peine y el pez sierra de estero, las especies más explotadas por las razones antes mencionadas.

La gravedad de su aprovechamiento desmedido pone en riesgo el equilibrio del ecosistema marino, pues los tiburones son indispensables para la vida del océano, ya que desempeñan un papel ecológico muy importante al ser los principales depredadores que mantienen en equilibrio las poblaciones que se encuentran debajo de la cadena alimenticia.

Por ello y para lograr su efectiva protección, sólo queda establecer la prohibición del aprovechamiento de estas especies referidas con fines de subsistencia o comerciales para autorizar solamente su captura cuando se trate de actividades de restauración, repoblamiento de reintroducción de dichas especies a su hábitat natural.

En virtud de todo lo manifestado, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, votaremos a favor de los presentes dictámenes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado Márquez. Ahora tiene la palabra el diputado Elio Bocanegra Ruiz, del PRD.

El diputado Elio Bocanegra Ruiz:Con su venia, señora presidenta. Compañeros legisladores, en la actualidad el mundo está perdiendo especies de plantas y animales a una tasa estimada que va de cien a mil veces la tasa de extinción natural, de acuerdo a diversas valoraciones.

La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyó el pasado 2015 a 77 mil 340 especies evaluadas, de las cuales, 22 mil 784 especies de plantas y animales están amenazadas de extinción. Así, de esa evaluación resulta que la proporción de especies en riesgo es del 29 por ciento.

La pérdida de la diversidad de especies debe preocupar a toda la sociedad en conjunto. Por ellos, son importantes las reformas adicionales a los artículos 53 a 55, el 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre, relacionados a la protección de los elefantes y las restricciones al comercio del marfil.

Los niveles alarmantes de matanza de elefantes en África y Asia, para obtener marfil, han puesto a dichas especies al borde de la extinción a nivel local. Es conocido que en los últimos años se ha disparado la demanda de marfil de elefantes, en especial debido al crecimiento económico de países asiáticos que lo consume.

Respecto al proyecto de decreto por el que se adiciona segundo párrafo al artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, debe señalarse que los tiburones son recursos biológicos importantes desde el punto de vista ecológico, pesquero, alimentario, turístico y económico, con más de 200 empieces en aguas mexicanas.

En México y el mundo el rápido crecimiento de las pesquerías no reguladas o parcialmente regulados, un comercio de escasas restricciones, altos niveles de mortalidad por captura incidental y la degradación de ecosistemas marinos tienen en riesgo a diversas especies de tiburones.

Por ello, desde el año 2002 la ahora Norma Oficial Mexicana número 59, Semarnat, 2010, que enlista a las especies en riesgo, considera como especies amenazadas a las cinco especies de tiburones, hoy sujetas a ser incluidas mediante el dictamen de discusión en el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de la Vida Silvestre, como son: el tiburón blanco, tiburón ballena, tiburón peregrino, pez sierra peine y pez sierra de estero. En el mismo caso en la Norma Oficial Mexicana número 29, PES, 2006, relacionada a la pesca responsable de tiburones, que prohíben la pesca de estas cinco especies.

No obstante, las Normas Oficiales Mexicanas antes citadas, aunque contribuyen a restringir o reducir la pesca con los tiburones amenazados, sujetos a una nueva regulación, al incluirlos a la Ley General de Vida Silvestre es una posibilidad adicional para mayor certidumbre jurídica a los esfuerzos de su ordenación y conservación, haciendo más visible la problemática de especies marinas tan carismáticas.

Finalmente, manifestamos nuestra posición en relación a la reforma del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En México se requiere de manera urgente fortalecer los procesos de educación ambiental, la presente reforma en discusión aborda el tema de ampliar más allá de los conceptos ecológicos a otros conceptos que a juicios del dictamen son pertinentes incluirlos en los procesos de educación ambientan en el país.

Esto se refiere de manera incluyente entonces al desarrollo sustentable, la mitigación, la adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático y la protección del ambiente, que son conceptos claves que se adicionan ahora al artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con esta reforma la consecuencia será que de manera precisa estos conceptos deberán de ser incluidos por las autoridades competentes, que se entienden son la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo anterior presentamos nuestro voto a favor de los tres dictámenes a discusión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra también por cinco minutos, el diputado Rene Mandujano Tinajero, del Partido Acción Nacional.

El diputado Rene Mandujano Tinajero:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la conservación de las especies, en particular las que están en riesgo de desaparecer, es fundamental para mantener y recuperar la biodiversidad de la flora y fauna que conforman la compleja y variada cadena biológica en el planeta.

La desaparición de una especie animal impacta de manera irreversible el equilibrio natural del cual nosotros, los seres humanos, formamos parte del que dependemos para sobrevivir. Este primer dictamen que hoy nos ocupa trata sobre el comercio de marfil, una actividad ilegal que se sustenta en redes criminales de tráfico, diezmando la población de elefantes africanos y asiáticos.

El elefante es una especie protegida y en vías de extinción en África, principal proveedor de marfil. Naciones Unidas estima que actualmente se matan diariamente 100 elefantes en el continente africano a causa de su marfil para el mercado negro internacional.

El comercio de especies salvajes es castigado en muchos países; sin embargo, el tráfico de especies ocupa el quinto lugar mundial entre el comercio ilícito después del comercio de drogas, de armas, de lavado de dinero y trata de personas, generando beneficios por aproximadamente 20 mil millones de dólares cada año a nivel mundial.

Como apunta el dictamen de referencia que se discute, el tráfico de marfil reduce los esfuerzos con la conservación de especies de elefantes, y si bien en cuanto a nuestro país no es una especie endémica ni hay registros de importación o exportación a gran escala, es necesario que nuestra legislación establezca la prohibición expresa de la exportación, importación y reexportación de marfil, en concordancia con los tratados y acuerdos internacionales que buscan la protección de especies en peligro.

De igual manera, con esta modificación y su plena aplicación, se combatirá el tráfico ilegal de productos. Por otra parte, los océanos ocupan un enorme espacio favorable para el desarrollo de la vida, a la vez determinan los climas y el tiempo, y son el motor que trasporta el calor y el agua dulce de la atmósfera.

Los depredadores marinos, como las rayas y los tiburones juegan un rol fundamental en los ecosistemas, con relación a la dinámica y a su población. Ellos contribuyen a regular, limitar y estabilizar las poblaciones de sus presas.

En nuestro país contamos con grandes depredadores marinos, como son el tiburón blanco, el tiburón ballena, el tiburón peregrino y el pez sierra, que se encuentran amenazados.

Es por esta razón porque este segundo dictamen de iniciativa se discute, tiene singular importancia, ya que tiene como objetivo incluir explícitamente en la Ley General de Vida Silvestre la prohibición y la captura y aprovechamiento de las especies antes mencionadas y solo se podrá autorizar su captura para actividades de repoblamiento en su hábitat natural.

En nuestro país, la mayor parte de la captura y producción de tiburones destinada para el consumo humano directo, destacando la comercialización de su carne y aletas. Anualmente se registra la captura aproximadamente entre 15 mil y 7 mil toneladas de tiburón y de 2 mil y 3 mil toneladas de mantas y mantarrayas. El tiburón es una especie amenazada que debe protegerse.

Finalmente, la incorporación de temas vinculados al cuidado del medio ambiente, el cambio climático y la responsabilidad social en el cuidado de nuestro hábitat y los contenidos educativos de todos los niveles educativos son una necesidad para hacer realidad un desarrollo sustentable.

Los temas medioambientales no son una moda y debemos asumirlos a través de las nuevas generaciones como asuntos de urgencia y necesidades, ya que los efectos de la contaminación del agua, aire y suelos, la deforestación, las crecientes faltas de una cultura de reciclaje y reuso de residuos están generando que nuestros recursos naturales se degraden y se agoten de forma definitiva.

Este tercer dictamen que hoy se presenta tiene como objetivo promover la incorporación de temas sobre el cambio climático, así como las acciones de adaptación y mitigación de sus efectos, el cuidado del medio ambiente, los programas de todos los niveles educativos del país.

El sistema educativo nacional deberá integrar el conocimiento y ventajas de desarrollo sustentable, impulsando al crecimiento presente en los ámbitos social, económico y cultural, sin comprometer el desarrollo futuro.

La educación que considera dentro de sus principios el desarrollo sustentable, necesita formar a los alumnos a partir de información pertinente y confiable hacia buenas prácticas de consumo, permitiendo la convivencia de un mundo con recursos limitados, esto con la finalidad de tomar conciencia y acciones de consumo y producción responsable.

En Acción Nacional reconocemos la importancia y la integración de contenidos educativos, de protección al medio ambiente, de protección a especies en peligro de extinción, y sobre el cambio climático y sus consecuencias, y sobre el comercio ilegal de marfil, pieles, animales o cualquier otro producto que se obtenga del exterminio de especies de la vida silvestre.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor de estos tres dictámenes, que son a favor del medio ambiente y de la vida humana. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Finalmente, tiene también la palabra, para hablar sobre este dictamen, los tres dictámenes, el diputado Andrés Aguirre Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Andrés Aguirre Romero:Con su venia, compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la naturaleza es el sustento y la base de la vida en el planeta. Sin embargo, cuando la sobreexplotación de los recursos naturales está por encima de su capacidad misma de reposición, se pone en riesgo el bienestar y la sobrevivencia de las futuras generaciones.

El Grupo Parlamentario del PRI es consciente de que el desarrollo sustentable es el principio sobre el cual las sociedades deben organizar sus actividades para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan atender las suyas y que esto es una condición necesaria para la supervivencia de la nación, y por tal, una función que el Estado y el gobierno deben atender desde ahora con urgencia y talento, para asegurar la preservación del ambiente y recursos naturales.

El cambio climático representa uno de los principales retos globales para lograr el desarrollo sustentable del planeta. De no enfrentarlo se seguirían percibiendo en el corto y largo plazo los severos impactos en los sectores fundamentales para el desarrollo sustentable del planeta.

Los retos ambientales que enfrenta el país son desafiantes y mi fracción parlamentaria se propone superar modelos de desarrollo que no han resuelto el problema y que por el contrario han agravado los problemas ambientales, generando mayor explosión demográfica y la sobreexplotación de recursos.

Por ello, nos honra colaborar con el futuro del país al debatir en este Palacio Legislativo dictámenes como los que hoy abordamos, que han sido aprobados por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Legislatura.

Y continuar con esto, con la actualización y alineamiento del marco normativo en materia ambiental para la protección, conservación y restauración del medio ambiente y recursos naturales.

Establecer penas al comercio ilegal del marfil. Ampliar las facultades de las autoridades en materia ambiental para incorporar en los diversos ciclos educativos programas de concientización ante el cambio climático, así como promover una protección más eficaz de los tiburones, en este caso el tiburón blanco, son pautas necesarias y urgentes en pro de la vida silvestre y del medio ambiente.

El Grupo Parlamentario del PRI queremos un México garante del medio ambiente, manteniendo un estricto control y regulación del impacto ambiental que tienen las actividades productivas del país y con un desarrollo urbano que le permita a las ciudades crecer de forma ordenada y sustentable.

Por ello, hoy nos manifestamos a favor de los presentes dictámenes y refrendamos el impulso que le está brindando en conjunto esta Cámara de Diputados a una causa tan noble como lo es proteger el medio ambiente. Los recursos naturales que éste nos otorga son claves para el futuro de la nación y para las futuras generaciones. Salvaguardar el futuro del México que todos soñamos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Aguirre. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Y, por tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se pregunta si existe alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto, el sistema electrónico se encuentra abierto. Adelante diputada, está abierto el sistema. Se encuentra abierto el sistema electrónico, por si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto. El sistema electrónico está abierto, por favor. Quien falte de emitir su voto lo puede hacer. Adelante, está abierto el sistema todavía. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 397 votos en pro, 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 397 votos, unanimidad, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 53, 54, 55, 122 y 127 de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con expediente número 6585, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que reforma se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esta Comisión Dictaminadora con atribuciones que le confiere los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 80 numeral 1 fracción I, 81 numeral 1, 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Senadores, celebrada el día 25 de noviembre de 2014, la senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, integrante del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. En esa misma fecha, la misma fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.

Tercero. Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, del Senado de la Republica, con fecha 25 de marzo de 2015, aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que reforma se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuarto.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 21 de abril de 2015, la Mesa Directiva, dio cuenta con la Minuta Proyecto de Decreto por el que reforma se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Quinto. En la misma sesión la Presidencia de la Mesa Directiva dicto el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Sexto. La Mesa Directiva en atención a solicitud y con fundamento en el artículo 95, numeral2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, autorizó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, prórroga para que dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Una vez analizado el contenido de la minuta proyecto de decreto objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proceden a exponer el siguiente contenido de la minuta:

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta de referencia, en resumen tiene por objeto fortalecer la legislación marco ambiental, para incorporar temas de desarrollo sostenible, la prevención al cambio climático y la valoración y protección del ambiente en los diversos ciclos educativos en el nivel básico por lo que la iniciativa propone reformar el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

La colegisladora argumenta que en nuestro país se encuentra protegido Constitucionalmente en el artículo cuarto párrafo quinto, que menciona que el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, garantizando el acceso al agua, la preservación de los ecosistemas con que contamos, así como aquellas políticas públicas que logren la disminución de contaminantes en la ciudad y en zonas rurales.

La Senadora iniciadora, confirma que es notable el avance del conocimiento científico y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación que como país hemos tenido, lo que ha permitido conocer las problemáticas ambientales que prevalecen en todo el planeta casi de manera instantánea. Sin embargo, estos avances no han sido utilizados para crear una conciencia ambiental ni han logrado solucionar los problemas que amenazan la sobrevivencia del ser humano.

Comenta la colegisladora que aunque se encuentra contemplado en el marco legal internacional, nacional e incluso en diversas políticas públicas, el derecho humano a un medio ambiente sano, y aún faltan recursos financieros y humanos, a efecto de propiciar que los educadores ambientales, impulsen de manera efectiva la educación ambiental sostenible.

Es por ello que la senadora considera que las mexicanas y los mexicanos deben adquirir, conocimientos, herramientas y valores que incidan en el cuidado del medio ambiente, por lo que se debe fortalecer los elementos necesarios para que se les permita afrontar y solucionar las diversas problemáticas que se generan por las diversas afectaciones al ambiente que son la consecuencia de las actividades humanas, para lograr menores pasivos ambientales. Es por ello que propone la siguiente reforma:

Se reforma el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, como el desarrollo sostenible, prevención al cambio climático, valoración y protección del medio ambiente conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

ARTÍCULO TRANSITORIO

El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

En atención a dicha solicitud la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados procede a la revisión y análisis del presente Dictamen bajo las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coinciden con el loable propósito de las complejas interacciones que realiza la sociedad y el ambiente que orientan a la mejora de las acciones individuales para evitar pasivos ambientales, en virtud de que en ella se exponen preocupaciones relacionadas con la problemática ambiental. Esta Comisión estima que la propuesta legislativa tiene por objeto fortalecer un tema de interés público que debe atenderse para evitar poner en riesgo, además de la integridad y la vida de los seres vivos, el orden social y la estabilidad política y económica en que deba basarse el desarrollo sustentable del país, así como de la protección al ambiente.

La preocupación por el tema del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, mediante la promoción de valores y competencias en la sociedad, no es reciente, tiene ya más de tres décadas de estar presente en las políticas ambientales y educativas de los gobiernos de distintos países, así como de diversos organismos nacionales e internacionales.

Es pertinente observar que con base en una recomendación de la cumbre de Estocolmo, sobre el medio Humano, celebrada en 1972, se estableció que “Los organismos de las Naciones Unidas, en particular la UNESCO y las otras instituciones internacionales interesadas, adoptaran de común acuerdo, las disposiciones necesarias para establecer un Programa educativo internacional de enseñanza interdisciplinaria, escolar y extraescolar, relativo al medio ambiente, cubriendo todos los niveles de enseñanza y dirigido a todos, jóvenes y adultos, con el objetivo de hacerles conocer la acción simple que ellos pueden realizar, dentro de sus limitaciones, para generar y proteger su medio ambiente”.

En este sentido, es preciso reconocer el esfuerzo de diversas Instituciones educativas, entidades, organizaciones de carácter no gubernamental educadores que han contribuido, de forma voluntaria, no sólo a la conceptualización de la educación ambiental sino, sobre todo, a la puesta en marcha de acciones de formación sobre esta temática central para el desarrollo de los seres vivos; por lo tanto, debemos sumar a efecto de crear una mejor visión de armonía y respeto entre los individuos y el ambiente, esto con la finalidad de crear en el presente y futuro un ambiente integro.

Es importante confirmar que la correcta educación ambiental es una estrategia para el desarrollo sustentable, esto a partir de considerar que la educación es una práctica social en donde los ciudadanos pueden tomar conciencia de la necesaria protección, preservación y conservación de los sistemas de soporte vital del planeta, constituyendo así la sustentabilidad de los recursos.

Es por ello, que coincidimos plenamente con el senado de la Republica, en donde... “se reconoce que la Educación Ambiental es una herramienta que tiene un impacto positivo en diversos ámbitos de la educación. En ese sentido, la reorientación de la misma hacia el desarrollo sustentable es fundamental porque incide directamente en el ámbito educativo formal y no formal, además de repercutir en la conducta de los ciudadanos, la cultura, los estilos de vida a favor de la conservación de la riqueza ambiental y la participación en la solución a los grandes problemas ambientales”.

Coincidimos con la Colegisladora en el sentido de que “la reforma propuesta incide en la sección VII Investigación y Educación Ecológicas del capítulo IV sobre los Instrumentos de Política Ambiental y se considera viable ya que permitirá robustecer las disposiciones relativas a la educación ambiental, pero además expandirá su enfoque al incorporar la sustentabilidad y el cambio climático. Ello permitirá dar cumplimiento a los compromisos que nuestro país ha asumido a nivel internacional, en particular a: (1) la implementación del párrafo 233 de la Resolución de la Asamblea General A/RES/66/2885 aprobada en el año 2015, (2) la declaración Ministerial sobre la Educación y la Sensibilización adoptada en el marco de la 20 Conferencia de las Partes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebradas en diciembre de 2014 en la ciudad de Lima Perú, cuyo contenido guarda relación e incluso responde a las recomendaciones emanadas de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebrada en las ciudades de Aichi y Nagoya, Japón en noviembre de 2014 y (3) los compromisos que habrán de adoptarse en el marco de la celebración de la Cumbre de las Naciones Unidas dedicada a la aprobación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015, celebrada en septiembre de este año”.

A efecto de lograr un mejor entendimiento y técnica legislativa, coincidimos con la Colegisladora de modificar la redacción de la reforma propuesta, en el sentido de eliminar la palabra “como” al referirse al desarrollo sostenible, ya que se entiende que este no es un concepto que pertenezca a la rama de la ciencia denominada ecología; también se sustituye las palabras “prevención al cambio climático” por las palabras “mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático”; la palabra “sostenible” por “sustentable” y por último las palabras “medio ambiente” por “ambiente”.

Lo anterior a efecto de que la redacción de la reforma sea congruente con lo dispuesto en las fracciones V del artículo 2o; III del artículo 3o; XXI del artículo 5o; XXI del artículo 7o; XXI del artículo 8o; IV del artículo 15 y los artículos 1º y 41, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y también con lo dispuesto por las fracciones V del artículo 2o; VI y XI del articulo 22; VI del artículo 30 y IV del artículo 82, todos de la Ley General de Cambio Climático.

Por lo anterior, debemos observar oportuno que se podrá dar inicio a proyectos sustanciales en el tema de la competencia ambiental, ya que se encuentra vinculado con los derechos humanos de la tercera generación, que busca fomentar un desarrollo sustentable y que, en resumen, resultara vital para los seres vivos, por lo que se coincide con la Colegisladora en el sentido de señalar las modificaciones que se requieran para dar fortalecimiento a la educación ambiental en nuestro país, para lograr una mejor armonía con el ambiente y así también evitar generar omisiones que pudieran crear pasivos ambientales.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaria abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El sistema electrónico sigue abierto, por si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver si ya está estable. No se ve a nadie que entre corriendo, barriéndose.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:El sistema electrónico sigue abierto, por si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A la una, a las dos. No se ve nadie. ¿Alguien falta todavía? Bien.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Adelante, vicepresidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya se cerró. Cuéntalo de viva voz

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Diputado Bolaños.

El Vicepresidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:A favor. Se emitieron 395 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 395 votos en proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con expediente número 760, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, Y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1 fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Primero.En fecha del 9 de diciembre de 2014, el Senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Segundo párrafo al Artículo 60 bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, para la protección de tiburón, la cual en fecha 11 de diciembre de 2014, fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

Segundo.- El dictamen de las Comisiones Unidas, fue presentado en primera lectura el día 28 de abril de 2015 y con fecha 27 de octubre de 2015, el Pleno del Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto contenido en el dictamen.

Tercero.-En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 04 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva, dio cuenta al Pleno de esta Soberanía con la minuta Proyecto de Decreto, enviada por el Senado, que reforma el artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 1° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La minuta de referencia, en resumen propone adicionar un Segundo Párrafo al Artículo 60 bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, para la protección del tiburón, esto a efecto de que en la ley se contenga la protección del tiburón como una de las especies que se encuentran protegidas dentro de la NOM-059SEMARNAT-2010, la cual otorga Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres, señalando las Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio.

Por lo que el Senador proponente sugiere la siguiente redacción:

ARTÍCULO 60 Bis 1. Ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados.

Queda prohibido, el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comercial, de las especies de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) tiburón ballena (Rhincodon typus), tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), pez sierra peine (Congresox talabonoides) y pez sierra de estero (Pristis pectinata). Sólo se podrá autorizar la captura para actividades de restauración, repoblamiento y de reintroducción de dichas especies en su hábitat natural.

En atención a dicha solicitud la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales proceden a la revisión y análisis del presente Dictamen bajo las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

La propuesta de adición antes mencionada guarda relación y es concordante con lo establecido en la NOM-059-SEMARTNAT-2010 como especies vulnerables y prohibidas a la pesca en la norma NOM-029-PESC-2006. Lo que otorga rango de ley a esa protección y prohibición señaladas en las Normas Oficiales Mexicanas.

Las rayas, peces sierra y tiburones se encuentran dentro de los elasmobranquios que son peces muy antiguos, con esqueleto cartilaginoso, poseen lóbulos olfatorios muy desarrollados, son generalmente depredadores y carroñeros ubicándose en lo más alto de la cadena alimenticia.

Este grupo de peces tienen generalmente cinco pares de branquias. La carencia de opérculos que controle la entrada y salida del agua obliga a estos peces a permanecer en continuo movimiento para obligar al agua a penetrar en las branquias. Poseen un órgano sensitivo a lo largo del cuerpo llamado línea lateral que les permite percibir las vibraciones del agua e incluso el sabor de sus presas.

Los tiburones son indispensables para la vida en el océano, ya que se alimentan de animales enfermos, viejos o débiles. Así mismo desempeñan un papel ecológico muy importante al ser los principales depredadores mantienen en equilibrio las poblaciones que se encuentran debajo en la cadena alimenticia. Si los tiburones desaparecen, otras especies se propagan sin control depredando a las que están debajo en la cadena.

Anualmente muere más gente por ataques de perros, picaduras de mosco o electrocutados con luces navideñas que por ataques de tiburones. Por el contrario, los seres humanos matamos para cortarles las aletas y exportarlas al Mercado asiático, causándoles una muerte lenta, cruel y dolorosa.

El miembro de la organización Pew Charitable Trusts (PEW), Luke Warwick en un informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas señaló que en la última década se han capturado cerca de mil millones de tiburones, principalmente en Indonesia, España y Japón, mientras que en América destacan países de mucha biodiversidad como México, Argentina y Brasil. En los últimos cincuenta años la matanza de tiburones se ha incrementado en 400%.

Debemos considerar que debido a la acción del ser humano, estos animales, que han sobrevivido a las principales extinciones masivas, se enfrentan ahora a los mayores retos de su historia: la sobrepesca, el cercenamiento de aletas y las capturas accidentales.

Las especies de tiburón tienen un crecimiento lento, maduración tardía, extensos ciclos reproductivos, baja fecundidad y vida relativamente larga, características que los hacen vulnerables a prolongados e intensos regímenes de pesca, que pudieran provocar una disminución considerable en sus poblaciones.

Como grandes depredadores, los tiburones desempeñan un papel especial a la hora de mantener la salud de los ecosistemas marinos, ya que sirven como indicador de la salud de los océanos. Los tiburones tienen un crecimiento muy lento, maduran tarde y tienen pocas crías, lo que los hace muy vulnerables a la sobrepesca.

De acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional del Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), existen 400 especies de tiburones en el mundo. En la Convención los tiburones fueron incluidos por primera vez en sus listados de comercio en febrero de 2003, durante la reunión de la conferencia de las partes decidieron incluir a dos especies de tiburón en el Apéndice II, lo cual no indicaba que estas especies estaban en peligro de extinción.

Datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, señalan que la captura de tiburones y rayas ocupa el décimo lugar en la producción pesquera nacional. En estas pesquerías, más del 90% de la producción se destina al consumo nacional, proporcionando carne de bajo costo a amplios sectores de la sociedad, con lo cual adquiere gran importancia alimentaria.

La pesca de tiburón se realiza en lo largo de los dos litorales marinos, por tres unidades de pesquería: ribereña, la de mediana altura y la pesca de altura en aguas costeras como en aguas oceánicas dentro de la Zona Económica Exclusiva del Océano Pacífico.

La problemática de la conservación de los tiburones en México surge porque en el país no existen programas de manejo pesquero ni reglamentos que controlen o evalúen las capturas comerciales, como sucedió con la pesca desmedida de tiburones para la obtención del aceite de su hígado (que contiene grandes cantidades de vitamina A). En la actualidad, esta práctica ha sido remplazada por la conocida pesquería del “aleteo”, en la que se colectan tiburones sin importar la especie para conseguir las aletas que se exportarán a países principalmente orientales donde su consumo es una tradición.

Para la protección de tiburones la NOM-059-SEMARTNAT-2010 otorga Protección ambiental a especies nativas de México de flora y fauna silvestres, señalando sus Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio y la NOM-029-PESC-2006 la cual establece los lineamientos para la realización de pesca responsable de tiburones y rayas.

Con los argumentos presentados podemos señalar que la inclusión de la protección del tiburón a la Ley General de Vida Silvestre fortalece y abona en sentido positivo a tener una protección más eficaz y se le da un rango de ley sin contravenir lo señalado ya en las Normas Oficiales Mexicanas y va en concordancia con los esfuerzos que a nivel mundial se están llevando a cabo para proteger a dicha especie, la cual día con día se ve amenazada por la acción del ser humano.

En consecuencia las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos con el criterio del colegislador, en el sentido de incorporar un segundo párrafo al Artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre.

Por lo anterior expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Artículo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 60 Bis 1. ...

Queda prohibido, el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comercial, de las especies de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) tiburón ballena (Rhincodon typus), tiburón peregrino (Cetorhinus maximus), pez sierra peine (Squalus pristis) y pez sierra de estero (Pristis pectinata). Sólo se podrá autorizar su captura para actividades de restauración, repoblamiento o de reintroducción de dichas especies en su hábitat natural.

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.costasalvaje.com/programs/7-tiburones

2 http://eu.oceana.org/es/tiburones

3 La Convención es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, tiene como finalidad velar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia

4 Tiburón Ballena y Tiburón Peregrino

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Azaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y por último se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del tercer proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis a la Ley General de Vida Silvestre.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sesenta Bis 1, sí.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:...numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de alumnos y docentes de la escuela preparatoria Jean Piaget, de Tultitlán, estado de México, invitados por la diputada Sandra Méndez Hernández. Sean todas y todos ustedes bienvenidos amigas y amigos.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Sigue abierto el sistema electrónico de votación por si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto. Adelante diputado Espino, sigue abierto el sistema. El sistema electrónico sigue abierto...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya lo vamos a cerrar...

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Pueden emitir su voto si falta alguna diputada o diputado. Adelante, diputado Anaya.

Sigue abierto el sistema, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no se mueve el tablero. Ni se ve a nadie que entre corriendo; más bien al revés. Ya la vimos, ya se va corriendo. Ah no, va a su curul a votar. Parece que ahora sí.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Adelante, diputada, sigue abierto el sistema.

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 386 votos en pro, 9 abstenciones y cero en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 386 votos. Unanimidad el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis 1 a la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause baja como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Teodardo Muñoz Torres cause alta como secretario en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Teodardo Muñoz Torres cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

• Que el diputado Ricardo David García Portilla cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Teodardo Muñoz Torres cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Alberto Silva Ramos cause baja como secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Paulino Alberto Vázquez Villalobos cause alta como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Alberto Silva Ramos cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Paulino Alberto Vázquez Villalobos cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Alberto Silva Ramos cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Paulino Alberto Vázquez Villalobos cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Gabriela Ramírez Ramos cause baja como integrante de la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Gabriela Ramírez Ramos cause alta como secretaria en la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Ariadna Montiel Reyes cause baja como secretaria de la Comisión del Distrito Federal.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Morena:

• Que el diputado Alfredo Basurto Román cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffuson cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Sergio René Cancino Barffuson cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Alfredo Basurto Román cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. Antes, nada más. ¿Es en relación con este tema?

El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): No.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ah, otro, entonces, vamos a continuar y ahorita le damos la palabra ahí desde su curul, diputado.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los comités de los centros de estudios de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los, artículos 33, numeral 1; 34, 46, numeral 1; y 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 205, numeral 1; 206, numeral 1; 208, 213 y 214 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, en donde se impulsan entendimientos y convergencias políticas para alcanzar acuerdos que le permitan al Pleno adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que en términos del artículo 46, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los comités son órganos auxiliares constituidos por disposición del Pleno, cuyo propósito es realizar tareas distintas a las de las comisiones, teniendo la duración que señale el acuerdo de su creación;

3. Que de conformidad con el artículo 49, numeral 3, del mismo ordenamiento jurídico, la Cámara de Diputados contará, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria; y de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género;

4. Que el artículo 206, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que, además de los comités señalados por la Ley Orgánica, deberá constituirse un comité por cada uno de los centros de estudios referidos en el considerando anterior; y

5. Que de acuerdo al artículo 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son aplicables a los comités las disposiciones relativas a la constitución de las comisiones ordinarias, por lo que, para integrarlos, la Junta de Coordinación Política deberá observar los principios de proporcionalidad y pluralidad, procurando que todos los grupos parlamentarios estén representados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados aprueba la creación de los siguientes comités:

a) Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas;

b) Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias;

c) Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública;

d) Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y

e) Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Segundo.Cada comité estará integrado por 15 integrantes, distribuidos en la siguiente proporción:

Tercero.Las juntas directivas de los comités de los centros de estudios estarán compuestas por una presidencia y tres secretarías, estas últimas correspondientes a los tres grupos parlamentarios con mayor número de legisladores.

Cuarto. La conformación de los comités de los centros de estudios será la que a continuación se detalla:

Quinto. La vigencia de los comités estará ligada a la LXIII Legislatura.

Sexto.Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor una vez que reciba la aprobación del Pleno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El diputado Juan Romero Tenorio(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, un momentito, antes. El diputado Juan Romero Tenorio. ¿Quiere hablar desde su curul, diputado?

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Adelante, diputado, por favor.

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Sí, con su permiso, presidente. en la Junta de Coordinación Política se presentó esta propuesta, Morena votó en contra porque de nueva cuenta la práctica de asignar en este caso los comités en función de las cuotas partiditas pues no da mucho de dar de esta Cámara de Diputados.

Esos comités se integran y sin lugar a dudas van a afectar el trabajo de los centros de estudios asignados, por qué, porque ha quedado en suspenso la Ley del Servicio de Carrera de esta Cámara, el Estatuto de Carrera Profesional de esta Cámara. Los comités sirven para dos cosas:

1. Para crear nuevas fuentes de empleo para los amigos o los conocidos de los presidentes de esos comités, sin atender a un principio de profesionalismo que debe integrar los centros de estudio de esta Cámara.

Morena votó en contra de esta asignación que prácticamente corresponde al PRI y al PAN, por ser los grupos mayoritarios, pero eso no justifica el garantizar una designación o el respetar los derechos de los responsables de estos centros en función de su profesionalismo.

Creo que, en este proceso de transparencia que se está impulsando tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, debe quedar claro la congruencia entre lo que se dice en la ley y en lo que se hace en la práctica dentro de las instituciones. En la Cámara hay un abismo enorme entre lo que se dice y lo que se practica. Todavía hay mucho nepotismo, hay mucho compañerismo, compadrazgo para designar posiciones administrativas o de investigación en esta Cámara de Diputados.

Por eso nos oponemos, porque si sigue la línea de cuota en función de la preponderancia de grupos parlamentarios y no en función de un profesionalismo, independencia e imparcialidad de estos Centros. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Hay que decir que efectivamente la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena no firmó el acuerdo que se ha dado a conocer y por lo tanto hay que tomar muy en cuenta la posición que tiene este Grupo Parlamentario de Morena. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

Continúe.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se insta a las comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, integren la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, numeral 1, y 34, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y

Considerando

1. Que de conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución, así como conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren;

2. Que la Junta de Coordinación Política, en términos del artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

3. Que de acuerdo con el artículo 34, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano de gobierno está facultado para presentar al Pleno proyectos de puntos de acuerdo;

4. Que el artículo 10, segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos tendrá competencia exclusiva para sustanciar el procedimiento de juicio político, para los propósitos del Capítulo II de dicha ley. Asimismo, señala que esta subcomisión deberá integrarse por 14 miembros, surgidos de las comisiones de Gobernación y de Justicia, de la siguiente manera:

5. Que el 6 de octubre de 2015, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, esta Cámara de Diputados aprobó la integración de las 56 comisiones ordinarias de la LXIII Legislatura, dentro de las cuales se encuentran las comisiones de Gobernación y de Justicia; y

6. Que en virtud de que la Secretaría General de la Cámara de Diputados ha recibido diversas solicitudes de juicio político, y con el propósito de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Junta de Coordinación Política ha considerado necesario instar a las comisiones de Gobernación y de Justicia para que, a la brevedad, integren la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, a efecto de que ésta resuelva lo conducente, en atención al procedimiento establecido en el artículo 12 de la citada ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se instruye a las comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, integren e instalen la Subcomisión de Examen Previo, conforme al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Segundo.La Subcomisión de Examen Previo de la LXIII Legislatura tendrá la siguiente integración:

Tercero.En el desahogo de los asuntos de su competencia, la Subcomisión de Examen Previo analizará los asuntos que le sean turnados en el orden en que hayan sido presentados por los ciudadanos ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Cuarto. En sus acuerdos, decisiones y resoluciones, la subcomisión procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45, numeral 7, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, así es, viene por unanimidad. Es de la Junta de Coordinación Política el acuerdo firmado por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Exaltación González Ceceña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Exaltación González, por favor, acá.

El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Pido la palabra a nombre de las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional, para denunciar que en la madrugada de este día la empresa MVS en Mexicali, Baja California, sufrió un atentado criminal, en el que un sujeto incendió parte del área administrativa de la empresa, integrada por tres estaciones de radio y un canal de televisión local, habiendo trabajadores laborando a esas horas.

Por tal motivo, pedimos que este tipo de situaciones que trasgreden la importante labor periodística de los medios de comunicación, se investiguen a fondo y se llegue hasta las últimas consecuencias.

Aquí las compañeras y compañeros estamos mostrando algunas imágenes de cómo quedó parte del inmueble de la empresa MVS en Mexicali. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Desde luego que nos sumamos a la exigencia de que las autoridades competentes investiguen a fondo este hecho y, en su caso, se deslinden las responsabilidades que correspondan.

El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Gracias, presidente.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente José de Jesús Zambrano Grijalva, remite en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna.(*)

EFEMÉRIDES

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

«Efeméride con motivo del 155 aniversario luctuoso de Francisco González Bocanegra, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD

En la historia de los pueblos ha existido la necesidad de contar con símbolos y ceremonias que permitan generar cohesión y sentido de pertenencia entre sus miembros. De esta forma, las danzas, los cantos y los versos, han sido un instrumento para la reproducción cultural y política de una sociedad.

Estos instrumentos, que después darían lugar a los himnos, permitieron el reconocimiento y narrativa de un pasaje titánico atribuido a ciertos personajes. Quizás uno de los primeros rastros en la historia de la humanidad se encuentre en la literatura griega con los himnos Homéricos a los dioses. Posteriormente, cuando fueron utilizados para alabar o exaltar actividades épicas en favor de la unidad de un territorio o nación, se convirtieron en el lazo de comunicación y esperanza para los pueblos del mundo.

Esta narrativa poética se convirtió en el testimonio de la lucha por la sobrevivencia de los pueblos, haciendo un relato pormenorizado de los episodios más cruentos de su historia y exaltando el coraje y fuerza de su gente.

Coinciden los historiadores en que en el México prehispánico, no hubo, por la propia naturaleza guerrera mesoamericana, este tipo de himnos y que hasta la Conquista no comenzaron a aparecer en el ámbito religioso, a fin de rendir homenaje a los santos de la Iglesia católica.

Hacia la guerra de independencia, en el pensamiento del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón surge la pertinencia de tener lazos de unión que nos dotaran de una nueva identidad, capaz de aglutinar a las distintas culturas que componían el naciente México independiente, ello quedó plasmado en su obra los Sentimientos de la Nación.

La labor continuó a lo largo de varios años, la construcción de la identidad mexicana demandaba de sus propios elementos simbólicos que fueran capaces de recordarnos en el día a día las luchas de hombres prominentes en favor de la libertad y la justicia de la nación.

Varias obras en distintos momentos intentaron realizar esta gran empresa, pero terminaron centrándose en figuras como las de Agustín de Iturbide o Antonio López de Santa Ana, por lo que hasta 1853 no se buscó la creación de una poética capaz de capturar los anhelos de la identidad mexicana. El encargado de tan grande honor fue don Francisco González Bocanegra, poeta, dramaturgo, crítico teatral y orador.

El legado de González Bocanegra nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos con nuestro pasado en cada una de las estrofas del Himno Nacional y de reafirmar el amor a la patria. Nacido en San Luis Potosí, se trasladó en su juventud la Ciudad de México en donde participó en las reuniones de la Academia de Letrán, donde encontró un diálogo con artistas e intelectuales. Asimismo, fue editor del Diario Oficial del Supremo Gobierno, censor de teatro y administrador general de Caminos.

Las letras del poeta potosino dan cuenta de la historia heroica de nuestro México, Por ello, el 11 de abril al celebrarse el 155 aniversario luctuoso del poeta de la patria es necesario recordarlo y rendirle un homenaje, para no olvidar que ante la coyuntura actual, los más importantes intereses siempre nos llamarán, recordando que desde el destino divino a la patria, “un soldado en cada hijo le dio”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputada Karen Hurtado Arana (rúbrica).»

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

«Efeméride con motivo del 17 de abril, aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar (que fuera en mí desmedida soberbia), sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos.

Sor Juana Inés de la Cruz, Respuesta a Sor Filotea.

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel Nepantla, el 12 de noviembre de 1651. Fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa; se destacó por ser una mujer intelectual que durante su época ingresó en el mundo masculino del conocimiento y rompió con varios convencionalismos sociales.

Sor Juana se dio a conocer con prontitud, y desde entonces fue solicitada frecuentemente para escribir obras por encargo (décimas, sonetos, liras, rondillas, obras de teatro, etc.), entre las cuales destacó Neptuno Alegórico en 1689. Sus motivos variaron siempre de lo religioso a lo profano. En 1692 se hizo merecedora de dos premios del concurso universitario “Triunfo Parténico”.

Su amor por la lectura le llevó a armar una colección bibliográfica de cuatro mil volúmenes que archivaba en su celda, que llegó a ser considerada la biblioteca más rica de Latinoamérica de su tiempo.

Al leer la obra de Sor Juana resulta notable un interés muy marcado por el saber y por la descripción de los procesos mediante los cuales un determinado sujeto puede llegar a conocer. Poemas como el Primero Sueño, obras en prosa como la Respuesta a Sor Filotea, y obras dramática, como El Divino Narciso y Los empeños de una casa, apuntan de diversos modos a una preocupación con el conocimiento y el desarrollo de la capacidad intelectual humana en un contexto muy particular: el de una sociedad colonial que intenta acceder a una serie de debates oficiales sobre la educación y modos de saber legítimos en la época.

Una carta escrita por Sor Juana Inés de la Cruz a Sor Filotea de la Cruz, cambiaría el curso de su vida, en dicha carta criticaba un sermón del padre Vieyra, un jesuita portugués de conocida trayectoria como teólogo, cuestionó las distancias entre el amor divino y el amor humano, lo celestial y lo terrenal. Constituye un intenso ensayo autobiográfico y declarativo de principios intelectuales, y que fue el principio de su fin en una sociedad inquisitorial y patriarcal que no podía admitir la genial libertad de espíritu, sobre todo en una mujer.

El revuelo que originó esta carta terminó por volverse en su contra cuando el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún, le instó a dejar las actividades académicas y a dedicarse a las labores del convento. A pesar de que Sor Juana se defendió a través de una carta donde reclamaba los derechos culturales de las mujeres y abogó por su propio derecho a criticar el sermón y formar su propio pensamiento, terminó por obedecer, renunciando a sus instrumentos y a su biblioteca, dedicándose por el resto de sus días a la vida conventual.

Uno de los aspectos que hoy en día más se repite en los estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz, es que ella fue una defensora de los derechos de la mujer en una época donde la mujer se veía relegada a un segundo plano y ni siquiera era admitida en los colegios. Nos cuenta Sor Juana misma, que tomó el velo para poder dedicarse a los estudios respetando naturalmente las rutinas del convento ( Respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz), Octavio Paz comenta que esta era la única forma en la que las mujeres podían entrar en contacto con “la cultura masculina”, término con el cual se refiere al mundo culto de la época. No podemos pasar por alto el valor, la habilidad y sutileza con que desde una postura de humildad y aparente aceptación, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana enfrentó a “la cultura masculina”, al escribir en sus Redondillas: “Hombres necios que acusáis a la mujer, sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis; si con ansia sin igual solicitáis su desdén, por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?”.

Sor Juana Inés de la Cruz murió víctima de una epidemia mientras acudía a las hermanas en el convento el día 17 de abril de 1695. Fue inmortalizada con el nombre de la Décima Musa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 15:58 horas): Bien. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 19 de abril de 2016, a las 11 horas. Buena tarde.

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