Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 302 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:47 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 19 de abril de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con modificación de turno de iniciativa.

De los diputados Carmen Victoria Campa Almaral, Soralla Bañuelos de la Torre, Wenceslao Martínez Santos, Claudia Sofía Corichi García, Armando Luna Canales, Ángel García Yáñez y María Antonia Cárdenas Mariscal

Por los que solicitan el retiro de iniciativas y proposición.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de marzo de 2016, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2015.

Del Instituto Nacional de Migración

Con el que remite el primer informe trimestral 2016 de los avances financieros, correspondientes de los programas de protección a migrantes.

De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Con el que remite el informe de la auditoría interna de su matrícula, correspondiente al primer trimestre de 2016.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que Establece bases para su ejecución en México.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se Expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se Expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Iniciativas

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Juan de Dios Bátiz Paredes”, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII al Título VII y el artículo 196 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o., 13 y 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Daniel Ordoñez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 3o. y 3-Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona la fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto, por el que se declara el 19 de abril, como el Día Nacional del Tequio, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 88 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 6o. y 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 21 y 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, suscrita por los diputados María Concepción Valdés Ramírez y Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto, por el que se crea el reconocimiento “Hermila Galindo Acosta” y, reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, por el que declara el 10 de agosto como el Día Nacional de las y los Jóvenes Indígenas de México, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Civil Federal; del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial y de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Vitalicio Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o. y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7 Bis de la Ley de Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Araceli Damián González y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 323 Ter y 423 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández y suscrita por los diputados María del Rosario Rodríguez Rubio y Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 122 y 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 60 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Aeronaves Pilotadas a Distancia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 y 180 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a cargo del diputado Cesar Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 1o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 11 y primero transitorio de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o., 30 y 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 86, 87, 293 y 390 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos segundo y quinto transitorios del decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, publicado el 27 de mayo de 2015, en el DOF, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 1o., 3o. y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Daniel Adrian Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 159 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 20 Bis y reforma el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada María Hadad Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, suscrita por los diputados Ulises Ramírez Núñez y Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incorpore en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de insuficiencia renal y fortalezcan las medidas necesarias para diagnosticar e identificar a la población enferma o vulnerable, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del Centésimo Aniversario de la Batalla de Celaya, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía, condena y reprueba las expresiones proferidas por el candidato a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Donald Trump, respecto de México, y se exhorta a la SRE, a emitir una postura firme y contundente en torno a las mismas, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, a fin de reforzar las acciones para garantizar el derecho a la vivienda digna para los mexicanos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, al SAE, a la PGR y a la CNBV, a fin de difundir las medidas que han llevado a cabo para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía SA de CV, suscrito por los diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de la república de Ecuador, por el terremoto sufrido el 16 de abril, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conacyt, a fin de incentivar la contratación de investigadores y ex becarios por parte de la iniciativa privada, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit, a fin de garantizar a las trabajadoras del hogar el acceso a créditos para la adquisición, construcción o remodelación de una vivienda digna, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas, a firmar los convenios necesarios con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a fin de realizar una campaña permanente de difusión de los contenidos constitucionales en las lenguas indígenas, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional..

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Sedesol, para que tomen las previsiones necesarias a fin de garantizar y salvaguardar las acciones de combate a la pobreza, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de ampliar las campañas de difusión de los programas que opera, suscrita por el diputado Jorge Álvarez López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a intervenir en la solución del conflicto que mantienen la comunidad agraria denominada “Nuestra Señora de Guadalupe” y el grupo de gambusinos y propietarios particulares del municipio de Bacoachi, Sonora, por el acceso a las ladeas del Río Sonora y otros afluentes de agua, suscrito por las diputadas Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de reforzar la vigilancia en todos los caminos del estado de Tamaulipas, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales, a promover, planear, implementar o ejecutar, con la participación ciudadana, programas de azoteas verdes en sus viviendas, a cargo del diputado Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a la celebración de una sesión solemne en conmemoración del Centenario del Natalicio de la escritora Elena Garro, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a promover en su interior la creación de comisiones de atención a víctimas de trata de personas, suscrito por la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a llevar a cabo una auditoría al Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, a mejorar, evaluar y regularizar el Programa Cruzada Contra el Hambre, e incrementar el número de sitios de atención, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la autoridades sanitarias de las entidades federativas, para que en coordinación con la Secretaría de Salud, realicen campañas de vacunación en los centros de reclusión, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, de los estados de México e Hidalgo, para que en el marco de sus facultades hagan efectivos aquellos programas, proyectos, acciones, así como obras de infraestructura y su equipamiento; destinados al transporte público metropolitano no contaminante, movilidad no motorizada, y acciones para el mejoramiento y cuidado del medio ambiente, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas, a fin de garantizar la seguridad de la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach y de los integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía expresa su reconocimiento por la publicación de la NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio de la persona recién nacida, y exhorta a las autoridades involucradas a su estricta implementación y a su cabal cumplimiento, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Junta Directiva de la Conade, para que convoque a los miembros de dicho órgano a efecto de designar al Consejero Presidente, dos Consejeros titulares y sus respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva y resuelva la solicitud de renuncia del Presidente de la Federación Mexicana de Natación A. C., a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fepade, para que atraiga el caso del presunto lavado de dinero del candidato de la Coalición PAN-PRD al Gobierno del estado de Veracruz, asimismo, se exhorta al organismo electoral de la entidad, para que le retire su registro, ante el incumplimiento de las disposiciones legales en la materia, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a investigar el desvío de recursos, durante la administración del gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo para que diversas comisiones ordinarias y especiales, en una reunión de trabajo en el recinto de plenos de esta Soberanía, reciban y escuchen a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, suscrito por las diputadas Araceli Damián González y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de elaborar un Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, Víctimas de Violencia Sexual, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a fin de crear un registro público vehicular, así como mecanismos de regulación y promoción de las unidades ingresadas de forma irregular en el territorio nacional, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero y a la Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, a fin de regular el transporte público en ese municipio, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, de la SHCP y de los directores del IMSS e ISSSTE, instalen una mesa de trabajo en coordinación con el Poder Legislativo, con el fin de establecer metas, objetivos y políticas para alcanzar la Universalización de los Servicios de Salud, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de implementar acciones en favor de las personas que padecen hemofilia, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

Efeméride

Con motivo del 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves catorce de abril de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuatro diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cinco minutos del jueves catorce de abril de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Omar Noé Bernardino Vargas, del Partido Verde Ecologista de México; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y uno de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada el catorce de octubre de dos mil quince.

• Daniela De Los Santos Torres, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Derechos de la Niñez, de Justicia, y de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Adopción, y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, presentada el quince de septiembre dos mil quince.

• Matías Nazario Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación, presentada el doce de noviembre de dos mil quince.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo catorce de la Ley General de Educación, presentada el quince de diciembre de dos mil quince.

• José Adrián González Navarro, del Partido de Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Gobernación, y de Deporte; y de las Comisiones para opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, y Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, presentada el quince de diciembre de dos mil quince.

• J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Economía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, presentada el tres de diciembre de dos mil quince.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación, presentada el once de febrero de dos mil dieciséis.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, por la que solicita que se retiren de los registros de la Comisión de Desarrollo Social, las proposiciones con puntos de acuerdo relativos a las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, presentadas el quince, y diecinueve de marzo del año en curso.

• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley del Trabajo, presentada el siete de abril del año en curso.

Se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

b) Del despacho Ernst & Young, con la que remite el dictamen a los estados financieros del Banco de México, correspondientes al ejercicio terminado el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) De la Comisión Nacional del Agua, con la que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del Primer Trimestre del dos mil dieciséis, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento participantes en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.

d) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria dos mil quince. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de conflictos de interés y fiscales de los titulares de los tres poderes de la Unión. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

f) De la Consejería Jurídica del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para la sensibilización y capacitación de los servidores públicos, sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones los ciudadanos Teodardo Muñoz Torres; y Paulino Alberto Vázquez, electos en el Tercer Distrito Electoral de los estados de Tlaxcala y Veracruz. El Presidente designa una comisión que los acompaña en su ingreso al Salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Alejandro Armenta Mier, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

• Miguel Ángel Salim Alle, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos segundo, y sesenta y tres de la Ley de Aeropuertos, y cincuenta y dos de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Daniela De Los Santos Torres, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el cuarto de la Ley de Asistencia Social, y Quince Octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Derechos Humanos, para dictamen.

• Alfredo Basurto Román, y suscrita por diversos diputados integrantes de Morena, que expide la Ley que establece el derecho de recibir un apoyo económico a las madres solas, jefas de familia, de escasos recursos y residentes en México. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos primero, segundo, y diecinueve de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

A las doce horas con treinta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y un diputadas y diputados.

• María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, que reforma los artículos ciento veintinueve de la Ley de Hidrocarburos, y veinticinco de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento sesenta y ocho, y ciento ochenta y cuatro del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jorge Ramos Hernández, y José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos dieciséis, y veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Segundo del artículo ciento dos, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Adriana Sarur Torre, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Rural y Patrimonial Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El Presidente informa que se encuentra en el Salón de Sesiones, y le da la bienvenida, al señor Antonio Ramón Villaraigosa, quien fuera alcalde de la ciudad de Los Ángeles durante el periodo de dos mil cinco al dos mil trece, así como su esposa, invitados por la diputada Claudia Sofía Corichi García, y por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos de Movimiento Ciudadano.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, que reforma los artículos segundo, cuarenta y dos, y ciento siete, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo segundo, y adiciona un artículo segundo-B a la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, que reforma el artículo veintitrés de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Trabajo y Previsión Social, por el que se adiciona una fracción vigésima novena al artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo.

b) De Defensa Nacional, por el que se reforma el artículo séptimo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

c) De Atención a Grupos Vulnerables, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Deporte, por el que se reforman los artículos ciento veintiuno, y ciento treinta y cinco de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se concede el uso de la palabra al diputado Pablo Gamboa Miner, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaDaniela De Los Santos Torres

Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza; José Bernardo Quezada Salas, de Nueva Alianza; Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano; Renato Josafat Molina Arias, de Morena;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Partido Verde Ecologista de México; Karen Orney Ramírez Peralta, del Partido de la Revolución Democrática; Jacqueline Nava Mouett, del Partido de Acción Nacional; y Monserrat Alicia Arcos Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos ciento veintiuno, y ciento treinta y cinco de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de tres dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

a) Por el que se reforman y adicionan los artículos cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, ciento veintidós, y ciento veintisiete de la Ley General de Vida Silvestre.

b) Por el que se reforma el primer párrafo del artículo treinta y nueve de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

c) Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo sesenta Bis Uno a la Ley General de Vida Silvestre.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, para fundamentar los tres dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Noma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

María Chávez García, de Morena; Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Partido Verde Ecologista de México; Elio Bocanegra Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática; René Mandujano Tinajero, del Partido de Acción Nacional; y Andrés Aguirre Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular los tres dictámenes.

a) En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, ciento veintidós, y ciento veintisiete de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo treinta y nueve de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

c) En votación nominal por trescientos ochenta y seis votos a favor; y nueve abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo sesenta Bis Uno a la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas en comisiones ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se crean los Comités de los Centros de Estudios de la Sexagésima Tercera Legislatura. Desde su curul realiza comentarios sobre el acuerdo el diputado Juan Romero Tenorio, de Morena. El Presidente hace aclaraciones. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Por el que se insta a las Comisiones de Gobernación, y de Justicia de la Cámara de Diputados para que, a la brevedad, integren la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Exaltación González Ceceña, del Partido de Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas, y de las proposiciones, registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Beatriz Veléz Núñez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diecinueve de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero, cuarto, y décimo de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Eloísa Chavarrias Barajas y Patricia García García, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Beatriz Vélez Núñez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento sesenta y dos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

• Gina Andrea Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cincuenta y tres de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Verónica Agundis Estrada, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos doscientos tres, doscientos nueve, y doscientos doce de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Mariana Arámbula Meléndez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Emma Margarita Alemán Olvera, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarto y quinto de la Ley General de Víctimas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo.

• Integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a fin de exentar a los servicios de transporte Federal de las medidas de restricción vehicular del programa temporal Hoy no Circula. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen, y a la Comisión del Distrito Federal, para opinión.

• Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos de la megalópolis a tomar diversas acciones, derivado de la contaminación del ambiente en el centro del país. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen, y a la Comisión del Distrito Federal, para opinión.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de suspender la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, elabore un proyecto de NOM que regule la contaminación atmosférica y establezca los requisitos, especificaciones y parámetros para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y de autoconsumo de combustible. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, que exhorta a los congresos de los estados y a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a fin de legislar y aplicar las normas relativas a motociclistas. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Integrantes de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a las autoridades municipales y estatales de las zonas metropolitanas del territorio nacional y a las autoridades de la zona metropolitana del valle de México, para que en coordinación con las organizaciones patronales, implementen diversas acciones para la mejora de la calidad del aire. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen y a la Comisión del Distrito Federal, para opinión.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que promueva el trabajo de oficina en casa, con el propósito de reducir desplazamientos de sus trabajadores y así contribuir a la disminución de emisiones contaminantes. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Guadalupe Oyervides Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de realizar las gestiones que permitan cumplir con el personal competente, tanto en número de personas, como perfil de especialización adecuado de la plantilla básica en el hospital de cardiología No. treinta y cuatro. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Elva Lidia Valles Olvera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y al gobierno del estado de Tamaulipas, a fin de garantizar las condiciones ecológicas y de salubridad en la presa General Vicente Guerrero en el municipio de Padilla, Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que difunda el estado que guarda la atención de la muerte materno infantil, y refuerce la elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a combatir estas muertes en el país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas, en donde existe el programa de verificación vehicular; para que contemplen la inclusión en su catálogo de delitos la solicitud, promesa, ofrecimiento y entrega de dinero a propietarios y trabajadores en centros de verificación vehicular. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta al titular de la Delegación de la PGR en el estado de Chiapas, a que cese la obstrucción de la apertura de las investigaciones derivadas de la denuncia por ejercicio ilegal de las funciones públicas interpuesta por ciento ochenta y tres trabajadores adscritos a la Secretaría de Salud y al Instituto de Salud de la entidad. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, al Poder Judicial de la Federación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a utilizar sus facultades para eliminar y reparar las violaciones a los derechos humanos de que es víctima la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, implementen una campaña de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Energía, y de la Comisión Reguladora de Energía, se incorpore dentro de la metodología para la determinación de los precios máximos de venta de primera mano de gas natural, las repercusiones económicas y los criterios que motivaron las recientes modificaciones. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Leonardo Amador Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realicen las gestiones necesarias para hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, utilizando el modelo aprobado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Asuntos Frontera Norte, para dictamen.

• Claudia Villanueva Huerta y por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades ambientales del gobierno de la Ciudad de México, a implementar acciones para evitar la sequía y desaparición de la flora y fauna endémicas de los canales de Xochimilco. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a fin de cancelar la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan y se respeten las resoluciones emitidas por el Poder Judicial del estado a favor de los pobladores de San Francisco Xochicuautla. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Petróleos Mexicanos, al gobierno de Veracruz, al ayuntamiento de Coatzacoalcos y a la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos vinculada al parque Jaguaroundi, a redoblar esfuerzos para salvaguardar la zona de amortiguamiento ambiental del parque, sus terrenos, flora y fauna. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Alex Le Baron González, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la regularización del uso del agua en las zonas rurales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Gabriela Ramírez Ramos, Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de Secretaría de Desarrollo Social, y Secretaría de la Función Pública, ejecuten las medidas necesarias para vigilar la distribución de apoyos a los beneficiarios de Prospera en el estado de Veracruz, y en todas aquellas entidades federativas con procesos electorales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del estado de México y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de subsanar el contenido de la ley que regula el uso de la fuerza pública en esa entidad, respecto de disposiciones que puedan violentar los derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a proponer ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas dos mil dieciséis, la revisión de los tratados internacionales sobre fiscalización de las drogas. Se turna a la Comisión Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que implemente acciones y mecanismos necesarios para difundir las tarifas y prestadores de servicios de arrastre, arrastre y salvamento, y depósitos de vehículos en las carreteras de jurisdicción Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que difunda la información del programa piloto para eliminar alimentos procesados con azúcares añadidos en guarderías. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Edith Yolanda López Velasco, del Partido Revolucionario Institucional., por el que se exhorta a las instituciones educativas de nivel superior, a los rectores de las universidades y directores de los institutos tecnológicos, a incorporar en sus planes de estudio y oferta educativa las ingenierías en energía eólica, energía solar y en ecología Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a fin de modificar los lineamientos de los horarios de clasificación en televisión. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Alex Le Barón González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de realizar las adecuaciones necesarias a la normatividad, con el objeto de facilitar el tránsito y transporte de combustible por parte de los productores agrícolas. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes diecinueve de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y ocho minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos con las Comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

Iniciativa proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, presentada por la diputada Adriana Sarur Torre, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 14 de abril de 2016.

“Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen, y a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.”

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía el 4 de noviembre de 2015 y que fue turnada el mismo día a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputada Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo, y a su vez me permito solicitar de la manera más atenta su amable atención para el retiro de la presente iniciativa, turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a efecto de poder inscribir dicha iniciativa en el próximo primer periodo de sesiones del segundo año legislativo de la LXIII Legislatura; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Proponente: Soralla Bañuelos de la Torre (Nueva Alianza).

Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2015.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos.

Sinopsis: Adicionar en la ley la figura de los “sistemas de captación de agua pluvial”, entendidos como la infraestructura destinada a la captación de aguas pluviales. Considerar de utilidad pública la instalación de sistemas de captación de agua pluvial. Establecer que la Conagua deberá informar a la población y a las autoridades sobre los beneficios de la utilización de sistemas de captación de agua pluvial.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 4 de noviembre de 2015.

Adjunto la iniciativa correspondiente, a efecto de que se actualicen los registros parlamentarios.

Agradezco de antemano su amable atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputada Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente conducto me permito dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle respetuosamente el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, para hacer efectivo el reúso de las aguas residuales en el territorio mexicano, turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Recursos Hidráulicos el 15 de diciembre de 2015, la cual tuvo una prórroga otorgada el jueves 25 de febrero de 2016.

Sin otro particular, le agradezco infinitamente y quedo atento a la respuesta que tan amablemente me comunique.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputado Wenceslao Martínez Santos (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente vengo a ejercer mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Federal de Protección al Consumidor presentada por la suscrita, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria, el 9 de diciembre de 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Palacio Legislativo, a 15 de abril de 2016.— Diputado Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de saludarle, me dirijo para solicitarle amablemente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, segundo párrafo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Partidos Políticos, presentada por el suscrito y actualmente turnada las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Gobernación.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2016.— Diputado Armando Luna Canales (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el 3 de febrero del presente año y que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente el 4 de febrero del año en curso.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2016.— Diputado Ángel García Yáñez (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente que tenga a bien dictar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro de la proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar la inclusión de Chapala, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, presentado por la suscrita y turnado a la Comisión de Turismo el 10 de marzo de los presentes para el dictamen correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted reiterándole mi respeto y consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2016.— Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de marzo de 2016, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 15 de abril de 2016.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de Migración.

Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio me permito remitir amablemente a usted el informe trimestral de avances financieros correspondientes a los programas de protección de migrantes referentes a

a) Grupos Beta de Protección al Migrante;

b) Programa de Repatriación Humana;

c) Programa Paisano; y

d) Oficiales de Protección a la Infancia.

Al respecto, me permito enviarle los avances financieros con cifras preliminares del primer trimestre del ejercicio fiscal de 2016.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de abril de 2016.— Licenciado Rogelio Valles Rosas (rúbrica), director general de Administración.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo.— Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Estimado señor presidente:

Con fundamento en el Capítulo VI, artículo 50, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que reconoce a la Contraloría General como el órgano oficial de fiscalización interna de la institución, encargado de diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, me permito hacer de su conocimiento que:

En cumplimiento a lo establecido en la fracción V del artículo 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el que dispone la obligación de las Universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior de entregar tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública la información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, a más tardar el día 15 de los meses de abril, julio y octubre de 2016 y 15 de enero de 2017, entrego a usted informe de la auditoría interna a la matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, correspondientes al primer trimestre del año 2016.

Agradeciendo su decidido apoyo para el desarrollo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la vida universitaria, esperamos las indicaciones y observaciones que considere pertinentes y, sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi consideración.

Atentamente

“Amor, Orden y Progreso”

Pachuca de Soto, Hidalgo, abril 14 de 2016.— Maestra Laura Elena Islas Márquez (rúbrica), contralora general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

MINUTA

EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CD-LXIII-I-1P-016

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

CAPÍTULO PRIMERODisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Dichas Zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales.

Las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como Administradores Integrales o Inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales, en los términos de la presente Ley. Los beneficios e incentivos que se otorguen deberán fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad del trabajo, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la Zona y su Área de Influencia.

Los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de su competencia y en el marco del mecanismo de coordinación previsto en esta Ley, con la participación que corresponda a los sectores privado y social, deberán implementar un Programa de Desarrollo con el objeto de establecer políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el establecimiento y la adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales, así como promuevan el desarrollo sustentable de sus Áreas de Influencia.

Artículo 2. La construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de Zonas Económicas Especiales se realizará por el sector privado o, en su caso, por el sector público, en bienes inmuebles de propiedad privada o en inmuebles del dominio público de la Federación.

En virtud de su objeto público como área prioritaria del desarrollo nacional, los inmuebles de la Federación en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales, se consideran comprendidos en el supuesto a que se refiere el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales y, conforme a lo previsto en el artículo 9 de dicha Ley, se sujetarán exclusivamente a las leyes federales y a la jurisdicción de los poderes federales.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Administrador Integral: La persona moral o entidad paraestatal que, con base en un Permiso o Asignación, funge como desarrollador-operador de la Zona y en tal carácter tiene a su cargo la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la misma, incluyendo los Servicios Asociados o, en su caso, la tramitación de éstos ante las instancias correspondientes;

II. Área de Influencia: Las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la Zona, susceptibles de percibir beneficios económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, derivados de las actividades realizadas en la misma, y de las políticas y acciones complementarias previstas en el Programa de Desarrollo, donde además se apoyará el desarrollo de servicios logísticos, financieros, turísticos, de desarrollo de software, entre otros, que sean complementarios a las actividades económicas de la Zona;

III. Asignación: El acto jurídico administrativo mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga exclusivamente a una entidad paraestatal el derecho a construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona, en calidad de asignatario, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Autorización: El acto jurídico administrativo mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga a un Inversionista el derecho a realizar actividades económicas productivas en la Zona respectiva, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales;

VI. Consejo Técnico de la Zona: El órgano colegiado integrado por representantes de los sectores privado y social, cuyo objeto es dar seguimiento permanente a la operación de la Zona y sus efectos en el Área de Influencia;

VII. Convenio de Coordinación: El instrumento suscrito entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en donde se ubique la Zona y su Área de Influencia, en el que se establecerán las obligaciones de los tres órdenes de gobierno para el establecimiento y desarrollo de las mismas;

VIII. Dictamen: La resolución técnica previa con base en la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina la viabilidad del establecimiento y desarrollo de una Zona;

IX. Evaluación Estratégica: El proceso sistemático de análisis sobre la situación e impacto sociales y ambientales respecto de la Zona y su Área de Influencia;

X. Inversionista: La empresa de la Zona, nacional o extranjera, autorizada para realizar actividades económicas productivas en la Zona;

XI. Permiso: El acto jurídico administrativo mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga a una sociedad mercantil constituida conforme a la legislación mexicana, el derecho a construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona, en calidad de permisionario, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables;

XII. Plan Maestro de la Zona: El instrumento que prevé los elementos y características generales de infraestructura y de los Servicios Asociados, para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona; el cual será revisado por lo menos cada 5 años;

XIII. Programa de Desarrollo: El Instrumento de planeación que prevé los elementos en materia de ordenamiento territorial y las características de las obras de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica y otras que se requieren ejecutar en el exterior de la Zona para la operación de la misma y, en su caso, otras obras que sean complemento a la infraestructura exterior; así como las políticas públicas y acciones complementarias a que se refiere el artículo 12 de esta Ley;

XIV. Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XV. Servicios Asociados: Los sistemas de urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, telecomunicaciones y seguridad, así como los demás que se presten a los Inversionistas en la Zona;

XVI. Ventanilla Única: La oficina administrativa o plataforma electrónica establecida para cada Zona, encargada de coordinar la recepción, atención y resolución de todos los trámites que deban realizar el Administrador Integral, los Inversionistas y, en su caso, las personas interesadas en instalar u operar empresas en el Área de Influencia, y

XVII. Zona: La Zona Económica Especial, área geográfica del territorio nacional, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley, en la cual se podrán realizar, de manera enunciativa y no limitativa, actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico; la prestación de servicios de soporte a dichas actividades como servicios logísticos, financieros, informáticos, profesionales, técnicos y de otra índole que se consideren necesarias conforme a los propósitos de este ordenamiento, así como la introducción de mercancías para tales efectos.

Artículo 4. La interpretación de esta Ley para efectos administrativos corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que competa ejercer a otras autoridades en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 5. En los aspectos no previstos en la presente Ley y su Reglamento, se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código de Comercio y el V Código Civil Federal, según la materia que corresponda.

Respecto a las disposiciones de carácter fiscal y aduanero previstas en esta Ley, se aplicarán las leyes correspondientes a dichas materias, así como el Código Fiscal de la Federación.

CAPÍTULO SEGUNDODe la determinación de las Zonas

Sección IDel procedimiento para establecer Zonas

Artículo 6. Las Zonas se establecerán con el objeto de impulsar, a través de la inversión productiva, el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, siempre y cuando reúnan todos los siguientes requisitos:

I. Deberán ubicarse en las entidades federativas que, a la fecha de la emisión del Dictamen, se encuentren entre las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la información oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

II.Deberán establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos y potencial de conectividad hacia otros mercados nacionales o internacionales;

III. Deberán prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y vocación productiva presente o potencial de la Zona, y

IV. Deberán establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta, a la fecha de la emisión del Dictamen, sea entre 50 mil y 500 mil habitantes.

Artículo 7. Las Zonas podrán establecerse en alguna de las formas siguientes:

I. Unitaria: un solo conjunto industrial delimitado geográficamente, el cual es desarrollado por un único Administrador Integral, y

II. Secciones: varios conjuntos industriales ubicados en cualquier punto dentro de un polígono más amplio, y cada conjunto es desarrollado por un Administrador Integral.

Salvo que se disponga de otra forma en la presente Ley, la referencia a Zonas incluirá tanto a la modalidad unitaria como a cada sección.

Artículo 8. El Titular del Ejecutivo Federal, a través del decreto correspondiente, emitirá la declaratoria de la Zona. Dicho decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación y contendrá:

I. La delimitación geográfica precisa de la Zona en su modalidad unitaria, o bien, el polígono territorial donde podrán establecerse secciones, señalando las entidades federativas y los municipios en los que se ubicará la Zona. En su caso, deberá señalar los inmuebles del dominio público de la Federación que serán destinados para establecer la Zona, para los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales;

II. La delimitación geográfica del Área de Influencia, señalando las entidades federativas y los municipios en los que se ubicará la misma;

III. Los motivos que justifican la declaratoria;

IV. Las facilidades administrativas y los incentivos fiscales, aduaneros y económicos, entre otros, que se otorgarán exclusivamente en la Zona;

V. El plazo dentro del cual deberá celebrarse el Convenio de Coordinación;

VI.La fecha a partir de la cual iniciará operaciones la Zona, y

VII. Los demás requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 9. Previamente a la emisión del decreto a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría deberá elaborar un Dictamen, el cual deberá contener lo siguiente:

I.El análisis relativo al cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 6 de esta Ley;

II.La especificación de la Zona y su Área de Influencia, señalando su modalidad unitaria o por secciones y la delimitación geográfica de las mismas;

III. Carta de intención suscrita por los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en donde se pretenda establecer la Zona, en la que manifiesten que, en términos de esta Ley, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas que, en su caso, emita la Secretaría:

a) Otorgan su consentimiento para el establecimiento de la Zona. Los gobiernos de las entidades federativas deberán acompañar la autorización del Poder Legislativo local si ello se requiere en términos de la legislación estatal, y en el caso de los municipios deberán acompañar el acuerdo del Ayuntamiento correspondiente;

b) Se obligan a suscribir el Convenio de Coordinación correspondiente en caso de que se emita la declaratoria de la Zona, así como a participar en la elaboración del Programa de Desarrollo, al cual deberán sujetarse para el desarrollo del Área de Influencia;

c) Se obligan a establecer un mecanismo de coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno en los términos del Convenio de Coordinación;

d) Señalarán las facilidades y los incentivos que, en el ámbito de sus respectivas competencias, otorgarán para el establecimiento y desarrollo de la Zona, para lo cual previamente obtendrán las autorizaciones del Poder Legislativo estatal y del Ayuntamiento que se requieran en términos de las leyes y demás disposiciones jurídicas locales y municipales aplicables;

e)Se obligan a llevar a cabo todas las medidas administrativas necesarias para el establecimiento y desarrollo de la Zona, así como para la instalación y operación de los Inversionistas dentro de la misma, y

f) Se obligan a participar, conforme a su capacidad financiera, en el financiamiento de las inversiones públicas requeridas para establecer y desarrollar la Zona y su Área de Influencia, incluyendo el acceso a los servicios públicos necesarios;

IV.Estudio de prefactibilidad que incluya, entre otra información, los sectores industriales que potencialmente puedan instalarse en la Zona; relación de posibles Inversionistas con interés de ubicarse dentro de la Zona; la Evaluación Estratégica sobre la situación e impacto sociales y ambientales; de uso de suelo y requerimientos de apoyos públicos complementarios;

V.La información sobre las necesidades de infraestructura y las acciones de política pública que se requieran para el desarrollo de la Zona y su Área de Influencia, incluyendo una estimación de los recursos públicos y plazos requeridos para tal efecto, la cual servirá de base para la elaboración del Programa de Desarrollo, y

VI.La demás información que establezca el Reglamento de esta Ley.

Una vez que el Dictamen cuente con la aprobación de la Comisión Intersecretarial, la Secretaría someterá a consideración del Titular del Ejecutivo Federal, el proyecto de decreto a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 10. Una vez emitido el decreto de declaratoria de la Zona, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y con la participación que corresponda a las dependencias y entidades paraestatales competentes, deberá suscribir el Convenio de Coordinación con los titulares de las entidades federativas y de los municipios donde se ubicará.

El Convenio de Coordinación será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el medio de difusión oficial de la entidad federativa. Deberá prever, cuando menos, la obligación de las entidades federativas y los municipios de sujetarse, conforme a esta Ley, su Reglamento y, en su caso, las demás disposiciones jurídicas que emita la Secretaría, a lo siguiente:

I.Mantener una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, con el objeto de:

a) Establecer y llevar a cabo las acciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley para facilitar los trámites que deben efectuar los Administradores Integrales, Inversionistas y las personas interesadas en instalar y operar empresas en el Área de Influencia;

b) Implementar acciones de mejora regulatoria compatibles con las mejores prácticas internacionales en relación con los trámites locales y municipales que, en su caso, deban cumplir el Administrador Integral y los Inversionistas;

c) Realizar acciones de ordenamiento territorial en el Área de Influencia, de conformidad con las facultades concurrentes que corresponden a los tres órdenes de gobierno;

d) Promover el desarrollo integral de las personas y comunidades ubicadas en el Área de Influencia según lo previsto en el Programa de Desarrollo;

e) Procurar que los programas sociales que fomenten actividades productivas sean consistentes con las actividades económicas de la Zona y su Área de Influencia;

f)Fomentar la inclusión de los habitantes de las comunidades ubicadas en el Área de Influencia, en las actividades económicas productivas que se realicen en la Zona o que sean complementarías a éstas, según lo previsto en el Programa de Desarrollo;

g) Proveer toda la información necesaria para la evaluación del desempeño de la Zona y los resultados económicos y sociales en el Área de Influencia;

h)Planear y ejecutar las acciones de seguridad pública necesarias para el establecimiento y desarrollo de la Zona, así como establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para tal efecto, observando lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

i) Las demás acciones que resulten necesarias para el buen funcionamiento de la Zona, incluyendo la operación de las empresas instaladas;

II. Otorgar, en el ámbito local, las facilidades y los incentivos a que se refiere el artículo 9, fracción III, inciso d) de esta Ley y, en su caso, otros que se detallen en el Convenio de Coordinación, señalando el plazo mínimo durante el cual los beneficios de carácter fiscal estarán vigentes;

III.Sujetarse a lo previsto en el Programa de Desarrollo;

IV.Sujetarse a lo previsto en las reglas para la determinación y acreditación de contenido nacional conforme a la legislación aplicable, tratándose de procedimientos de contratación pública de carácter nacional;

V.Llevar a cabo las medidas administrativas necesarias para el establecimiento y desarrollo de la Zona, incluyendo aquéllas para la instalación y operación de los Inversionistas dentro de la misma, y

VI. Establecer los montos que comprometen para financiar las inversiones públicas que se detallen en el Convenio de Coordinación, para desarrollar la Zona y su Área de Influencia, así como el plazo para realizarlas.

La operación de la Zona no podrá iniciar hasta que los gobiernos de las entidades federativas y los municipios suscriban el Convenio de Coordinación, para lo cual los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y municipios deberán contar previamente con la autorización del Poder Legislativo local y los Ayuntamientos, respectivamente, para suscribir el mismo o, en caso de que no se requieran dichas autorizaciones conforme a la legislación local, notifiquen por escrito tal situación a la Secretaría.

Artículo 11. La Secretaría elaborará el Programa de Desarrollo, en coordinación con las dependencias y entidades paraestatales competentes, así como con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios involucrados, y lo someterá a aprobación de la Comisión Intersecretarial.

En la elaboración del Programa de Desarrollo se tomará en cuenta la opinión de los sectores social y privado.

El Programa de Desarrollo se revisará cada 5 años y, en su caso, se realizarán los ajustes que correspondan en términos de este artículo.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social evaluará periódicamente, con base en indicadores, las acciones del Programa de Desarrollo que estén relacionadas con las materias de su competencia, y formulará las recomendaciones que considere pertinentes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Dicha evaluación se tomará en consideración por el Consejo Técnico de la Zona para el ejercicio de sus funciones previstas en el artículo 16 de esta Ley.

Artículo 12. El Programa de Desarrollo incluirá:

I.Las acciones de ordenamiento territorial y las características de las obras de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica, ambiental y otras que se requieren ejecutar en el exterior de la Zona para la operación de la misma y, en su caso, otras que sean complemento a la infraestructura exterior, y

II.Las políticas públicas y acciones complementarias que se ejecutarán para:

a)El fortalecimiento del capital humano, a través de la educación, capacitación y adiestramiento a nivel local, para la incorporación de trabajadores en los sectores industriales y de innovación en la Zona y su Área de Influencia, así como para promover el talento y la provisión de servicios de soporte para empresas e industrias con el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación.

Para tal efecto, se fomentará el establecimiento de instituciones de educación media superior, superior y tecnológica, públicas y privadas, así como de centros de investigación y capacitación para el trabajo de acuerdo con la vocación productiva de la Zona, que promuevan la incorporación de trabajo de mayor calificación en las actividades económicas que se desempeñen en la Zona y su Área de Influencia;

b)El fortalecimiento de la seguridad pública en la Zona y su Área de Influencia;

c)La innovación y desarrollo científico y tecnológico, transferencia tecnológica y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, así como el acceso a Internet;

d)El apoyo al financiamiento;

e)La provisión de servicios de soporte para Inversionistas;

f)La promoción del encadenamiento productivo de pequeñas y medianas empresas, entre otras, así como la incorporación de insumos nacionales a los procesos productivos;

g)Fomentar la creación y el fortalecimiento de incubadoras de empresas que se relacionen con las actividades de la Zona, sean complementarias a éstas o, que por su naturaleza, promuevan la innovación en el uso de software y el desarrollo tecnológico;

h)El fomento al desarrollo económico, social y urbano del Área de Influencia, incluyendo programas de vivienda digna y cercana a los centros de trabajo; de salud; construcción de escuelas, espacios recreativos y culturales, así como mejoramiento del transporte público y otros servicios públicos;

i)En caso de que una administración portuaria integral a que se refiere la Ley de Puertos, se ubique en el Área de Influencia o de manera contigua a ésta, los mecanismos de coordinación con aquélla para la debida operación de la Zona. En todo caso, se velará porque las políticas y los programas para el desarrollo del sistema portuario nacional guarden congruencia con el Programa de Desarrollo y, en su caso, conforme al procedimiento previsto en el artículo 41 de la Ley de Puertos se promoverán los ajustes que correspondan al programa maestro de desarrollo portuario a que se refiere dicho artículo;

j) La sustentabilidad, protección y preservación del medio ambiente, y

k) Las demás que coadyuven a la adecuada operación de las Zonas.

Las características, los alcances y duración del Programa de Desarrollo deberán ser consistentes con la sustentabilidad a largo plazo de la Zona y su Área de Influencia.

Los proyectos que correspondan a la Federación incluidos en el Programa de Desarrollo tendrán preferencia para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los proyectos de inversión en infraestructura que formen parte del Programa de Desarrollo que sean aprobados por la Cámara de Diputados con carácter plurianual, deberán preverse en el apartado específico correspondiente de dicho Presupuesto. Las asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones plurianuales deberán incluirse en los respectivos presupuestos de egresos de la Federación.

Sección IIDe los incentivos y facilidades

Artículo 13.El Ejecutivo Federal, mediante el decreto a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, deberá establecer los beneficios fiscales en materia de contribuciones que se consideren necesarios para impulsar el establecimiento y desarrollo de la Zona. Los beneficios serán temporales y, en su caso, el monto de la desgravación o descuentos de las contribuciones se otorgarán de manera decreciente en el tiempo. El decreto del Ejecutivo Federal además deberá establecer las medidas relacionadas con su forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales. Los beneficios que se otorguen deberán incentivar la generación de empleos permanentes, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la Zona y la creación de infraestructura.

En materia del impuesto al valor agregado los beneficios fiscales tendrán como propósito desgravar los bienes que se introduzcan a dichas Zonas, así como los servicios que se aprovechen en las mismas, cuando esas actividades se lleven a cabo por empresas residentes en México, actividades que estarán afectas a la tasa de 0%. Cuando los bienes que se introduzcan a las Zonas provengan del extranjero no deberán estar afectos al impuesto mencionado. Tratándose de extracción de bienes de las Zonas para introducirse al resto del país, dicha introducción estará afecta a la tasa general de pago. Si se extraen los bienes y se destinan al extranjero, tal operación no tendrá efecto alguno en el impuesto al valor agregado. Tratándose de las actividades que se realicen al interior de las Zonas no se considerarán afectas al pago del impuesto al valor agregado y las empresas que las realicen no se considerarán contribuyentes de dicho impuesto, por lo que hace a dichas actividades.

En materia del impuesto sobre la renta, los beneficios fiscales deberán promover la inversión productiva, la formación de capital humano y la capacitación de los trabajadores, de forma que se impulse la generación de empleo de alto valor agregado y la elevación de las remuneraciones de los trabajadores empleados en las Zonas.

El Ejecutivo Federal creará un régimen aduanero de las Zonas, que regule la introducción y extracción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, y establezca facilidades, requisitos y controles para la introducción y extracción de mercancías y realización de las actividades al interior de las Zonas. El régimen estará sujeto a lo previsto en la Ley Aduanera y buscará impulsar el desarrollo, operación y funcionamiento de las Zonas. Para tal efecto se considerarán las mejores prácticas internacionales y la realidad nacional, tales como procedimientos expeditos para destinar mercancías al régimen aduanero, que los impuestos al comercio exterior se paguen al extraer las mercancías de la Zona, y se pueda optar por la menor incidencia arancelaria en función de la cuota aplicable a los insumos o a las mercancías después de haberse sometido a procesos de elaboración, transformación o reparación al interior de la Zona, según corresponda.

Los beneficios que otorgue el Ejecutivo Federal en los términos del presente artículo, deberán tener como mínimo una duración de ocho años. Durante su vigencia no podrán modificarse dichos beneficios en perjuicio de los contribuyentes respectivos, sin perjuicio de su condición decreciente a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 14. En términos de los artículos 8, fracción IV; 10, fracción II, y 12, fracción II de esta Ley, para el desarrollo de las Zonas se establecerán incentivos y apoyos adicionales a los previstos en el artículo anterior, que propicien la generación de capital y empleos, el desarrollo de la infraestructura económica y social, y la productividad y competitividad de las Zonas.

Artículo 15. Cada Zona contará con una Ventanilla Única para simplificar y agilizar los trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar la Zona; realizar actividades económicas productivas en la misma, o instalar y operar empresas en el Área de Influencia.

El Administrador Integral y los Inversionistas presentarán todos los trámites relativos a la Zona ante la Ventanilla Única, de manera presencial o electrónica y, a través de ésta, la autoridad competente atenderá y resolverá el trámite correspondiente. La Ventanilla Única no deberá requerir documentos emitidos previamente por las autoridades competentes que participan en dicha ventanilla, privilegiando el menor número de procedimientos y tiempo posible en la resolución de los trámites adscritos a la ventanilla.

La Ventanilla Única se establecerá mediante acuerdo conjunto emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, las dependencias y entidades paraestatales competentes, así como las entidades federativas y municipios que hayan suscrito el Convenio de Coordinación. Dicho acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y el medio local de difusión oficial, así como prever, por lo menos, lo siguiente:

I.La emisión de una guía única de trámites y requisitos que los Administradores Integrales, Inversionistas y empresarios en el Área de Influencia deben cumplir.

La guía se difundirá en Internet y se procurará que dichos trámites puedan realizarse a través de sistemas electrónicos, en los términos de las disposiciones aplicables;

II.Las funciones de la Ventanilla Única, que serán como mínimo las siguientes:

a)Servir como único punto de contacto para la recepción y atención de trámites, entre los Administradores Integrales e Inversionistas, y las autoridades competentes de la Zona;

b)Orientar y apoyar a los Administradores Integrales e Inversionistas sobre los trámites y requisitos que deben cumplir;

c)Recibir las solicitudes y promociones de los Administradores Integrales e Inversionistas relacionadas con las Zonas;

d)Dar seguimiento al trámite correspondiente y, a solicitud de los Administradores Integrales e Inversionistas, informar sobre el estado que guarda el mismo en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

e)Promover que la autoridad competente participante en la Ventanilla Única resuelva de manera oportuna el trámite promovido por los Administradores Integrales e Inversionistas;

f)Ejercer, en los términos del acuerdo a que se refiere este artículo, las funciones anteriores respecto a las personas interesadas en instalar u operar empresas en las Áreas de Influencia;

III.La adscripción o comisión en la Ventanilla Única, de servidores públicos de las autoridades competentes, con las atribuciones necesarias para resolver los trámites a que se refiere este artículo;

IV.La prioridad en la resolución de trámites solicitados por Administradores Integrales, Inversionistas y empresarios en el Área de Influencia.

Esta preferencia de gestión no resultará en detrimento de los plazos de resolución de trámites de aquellos particulares distintos a los señalados en esta fracción, y

V. La revisión y evaluación periódica de los trámites y regulaciones aplicables en la Zona y su Área de Influencia, con el objeto de identificar y elaborar medidas de mejora regulatoria y simplificación administrativa.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria velará por que las Ventanillas Únicas de las diferentes Zonas se rijan por los mismos estándares para su operación.

Lo dispuesto en este artículo no limita a los Administradores Integrales, Inversionistas y, en general, cualquier persona interesada en realizar actividades económicas en las Zonas y sus Áreas de Influencia, a acudir directamente ante la Secretaría para que ésta resuelva los trámites que le competen y brinde orientación sobre lo previsto en esta Ley. En caso de que el trámite solicitado sea competencia de una autoridad distinta a la Secretaría, ésta turnará el mismo a la autoridad competente para su atención y dará seguimiento al mismo.

Sección IIIDe los Consejos Técnicos de las Zonas

Artículo 16. Cada Zona contará con un consejo técnico multidisciplinario y con autonomía en sus funciones, que fungirá como una instancia intermedia entre la Secretaría y el Administrador Integral para efectos del seguimiento permanente a la operación de la misma, la evaluación de su desempeño y coadyuvancia para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley en los términos del presente artículo, conforme a lo siguiente:

I. El Consejo Técnico de la Zona estará integrado por los siguientes representantes que residan en el Área de Influencia o, en su caso, en la entidad federativa o entidades federativas en que se ubique la misma:

a) Tres representantes con experiencia y conocimiento en las materias previstas en esta Ley, provenientes de instituciones de educación superior e investigación, o de instituciones de capacitación técnica;

b)Tres representantes del sector empresarial, con experiencia y conocimiento en las materias previstas en esta Ley, y

c)Tres representantes de los trabajadores, que se encuentren laborando en empresas establecidas en la Zona.

El Consejo Técnico tendrá como invitados en las sesiones a un representante del Gobierno Federal; un representante del Poder Ejecutivo de cada Entidad Federativa y otro de cada Municipio donde se encuentre la Zona y el Área de Influencia; al Administrador Integral y a un representante de los Inversionistas, así como a representantes de la sociedad civil.

El Reglamento establecerá el procedimiento para la integración del Consejo Técnico de la Zona, con la sustitución escalonada de sus miembros y la participación de todas las organizaciones que correspondan de manera rotativa.

La participación de los integrantes del Consejo Técnico de la Zona será a título honorífico, y

II. El Consejo Técnico de la Zona tendrá las funciones siguientes:

a)Opinar el Plan Maestro de la Zona y sus modificaciones, así como formular las recomendaciones que estime pertinentes;

b)Dar seguimiento al funcionamiento de la Zona y a las acciones que se lleven a cabo en el marco del Programa de Desarrollo, así como formular las recomendaciones que estime pertinentes.

En un plazo no mayor a 60 días naturales, la Secretaría deberá informar al Consejo Técnico de la Zona sobre la atención que se haya dado a las recomendaciones, precisando las mejoras realizadas y las acciones emprendidas o, en su caso, justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por los cuales no resulta factible su implementación;

c)Evaluar el desempeño de la Zona y los resultados económicos y sociales en el Área de Influencia;

d)Elaborar un informe anual sobre el resultado de la evaluación a que se refiere el inciso anterior, que deberá remitir a la Secretaría, a más tardar durante el primer trimestre de cada año, el cual podrá incluir las recomendaciones que estime pertinentes.

La Secretaría, a más tardar a los 30 días siguientes a que reciba el informe a que se refiere el párrafo anterior, deberá enviar al Congreso de la Unión dicho informe, junto con un análisis que realice sobre el mismo, y difundirlos en su página de Internet;

e)Emitir recomendaciones al Administrador Integral, con base en los hallazgos del informe anual, con el objeto de impulsar el óptimo funcionamiento de la Zona;

f)Opinar sobre las acciones previstas en el artículo 15 de esta Ley, y formular las recomendaciones que estime pertinentes;

g) Opinar los programas de vinculación con empresas y trabajadores locales, y responsabilidad social, que se hubieren establecido conforme al artículo 18, párrafo segundo, de esta Ley;

h) Hacer del conocimiento de las autoridades competentes sobre las irregularidades que, en su caso, detecte en relación con la operación de las Zonas, para los efectos legales que procedan, y

i) Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley.

Sección IVDel impacto social y ambiental

Artículo 17. Las Zonas atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos de las Áreas de Influencia.

Para efectos del Dictamen, la Secretaría, con la participación que corresponda a las secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las demás dependencias y entidades paraestatales competentes, las entidades federativas y los municipios correspondientes, y expertos independientes, realizará una Evaluación Estratégica sobre la situación e impacto sociales y ambientales respecto de la Zona y su Área de Influencia. Lo anterior, sin perjuicio de los trámites que se requieran en términos de la legislación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Los resultados de la Evaluación Estratégica se deberán tomar en consideración para la elaboración del Programa de Desarrollo y del Plan Maestro de la Zona, sin perjuicio de las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

La Secretaria deberá informar al Administrador Integral sobre la presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en la Zona, con el fin de que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos.

Artículo 18. Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en las Zonas y su Área de Influencia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría, en forma coordinada, realizarán los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, con la participación que corresponda a las entidades federativas y municipios involucrados.

En términos del Programa de Desarrollo se fomentarán programas de vinculación con empresas y trabajadores locales, y de responsabilidad social, con el objeto de promover el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que se ubique la Zona y su Área de Influencia.

CAPÍTULO TERCERODel establecimiento y operación de las Zonas

Sección IDe los Permisos y Asignaciones

Artículo 19. Para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de una Zona, se requerirá Permiso o Asignación, según sea el caso, que otorgue la Secretaría.

Los Permisos podrán otorgarse a sociedades mercantiles constituidas conforme a la legislación mexicana, en tanto que las Asignaciones se otorgarán a entidades paraestatales a que hace referencia la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuando así se determine en el decreto del Ejecutivo Federal por el que se establezca una Zona.

Artículo 20. La Secretaría podrá otorgar los Permisos hasta por un plazo de 40 años, tomando en cuenta, cuando menos, la infraestructura existente; los montos de inversión que se requieran por parte del Administrador Integral para el cumplimiento de los objetivos de la Zona; la existencia de mano de obra calificada en el Área de Influencia; la conectividad de la Zona; la práctica internacional en zonas económicas que sean comparables, y su viabilidad financiera a largo plazo.

Los Permisos podrán ser prorrogados hasta por otro período igual al señalado originalmente, siempre y cuando el Administrador Integral haya cumplido con sus obligaciones establecidas en el Permiso, incluyendo el cumplimiento de los estándares de los Servicios Asociados, así como se consideren los criterios señalados en el párrafo anterior.

Artículo 21. Los Permisos se otorgarán a los interesados que cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y en los lineamientos que, en su caso, emita la Secretaría, los cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, conforme a las reglas siguientes:

I. Los interesados en obtener un Permiso deberán demostrar su solvencia económica y moral; su capacidad jurídica, técnica y financiera, así como, en su caso, que cuentan con la titularidad de los bienes o derechos para desarrollar la Zona;

II. Los criterios para otorgar un Permiso podrán considerar la calidad de la infraestructura y los Servicios Asociados; el programa, calendario y monto de las inversiones comprometidas; los estándares de operación; los precios y tarifas para los Inversionistas, y las demás condiciones que se establezcan en los lineamientos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

III.Cuando se pretenda establecer la Zona en inmuebles de la Federación, los Permisos se otorgarán mediante concurso público, en los términos siguientes:

a)La convocatoria del concurso público se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet de la Secretaría;

b)Las propuestas se presentarán en sobre cerrado, que será abierto en día prefijado y en presencia de los interesados;

c)La Secretaría emitirá el fallo con base en el análisis comparativo de las propuestas recibidas, el cual será dado a conocer a todos los participantes, y

d)Tratándose de las concesiones o derechos sobre inmuebles de la Federación cuyo otorgamiento debe realizarse por medio de licitación pública o un procedimiento similar en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, éstos se realizarán en forma coordinada con el procedimiento de otorgamiento del Permiso.

En caso contrario, la dependencia o entidad competente otorgará las concesiones o derechos que correspondan sobre tales bienes a quienes se adjudique el Permiso, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables, y

IV. No se otorgará el Permiso cuando los interesados no acrediten su solvencia o capacidades, no cuenten con la titularidad de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos que sean necesarios para establecer y operar la Zona, no cumplan con los criterios aplicables, o no se cumplan con los requisitos señalados en los lineamientos a que refiere el primer párrafo de este artículo o, en su caso, en la convocatoria respectiva. En su caso, se declarará desierto el concurso público y podrá expedirse una nueva convocatoria.

Artículo 22. El Permiso deberá contener, entre otros:

I.Nombre y domicilio del permisionario;

II.El fundamento legal y los motivos de su otorgamiento;

III.La delimitación geográfica de la Zona;

IV.Los programas de construcción y desarrollo de la infraestructura de la Zona;

V.Los compromisos y estándares de los Servicios Asociados;

VI.Las bases de regulación tarifaria;

VII.Los derechos y obligaciones de los permisionarios;

VIII.El periodo de vigencia;

IX. La forma y términos en que el Administrador Integral deberá constituir las garantías que, en su caso, sean necesarias para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones;

X. Las pólizas de seguros y coberturas que deberá contratar el Administrador Integral para hacer frente a posibles riesgos o daños; en particular, aquellas relacionadas con el aseguramiento de obras e instalaciones, y las pólizas de responsabilidad civil respectivas, y

XI.Las causas de terminación e intervención.

Artículo 23. A solicitud del Administrador Integral, la Secretaría podrá aprobar la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones establecidos en el Permiso, siempre que se satisfagan las condiciones siguientes:

I. El Permiso hubiese estado vigente por un período no menor de dos años;

II. El cedente haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, y

III. El cesionario cuente con solvencia moral y económica, así como capacidad jurídica, técnica y financiera para cumplir sus obligaciones; se comprometa a cumplir con las obligaciones que se encuentren pendientes, y asuma las demás condiciones que al efecto establezca la Secretaría.

Las cesiones parciales de derechos derivados de los Permisos se podrán realizar en cualquier tiempo, en los términos y condiciones previstos en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 24. El permisionario deberá avisar a la Secretaría sobre cualquier modificación a los estatutos sociales o a la composición del capital social de la persona moral titular del Permiso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que éstas se realicen.

Los actos que impliquen la transferencia o cambio de control de la persona moral titular del Permiso estarán sujetos a la autorización previa de la Secretaría. Para tales efectos, resultará aplicable la definición de control prevista en la Ley del Mercado de Valores.

Los actos realizados en contravención al párrafo anterior no producirán efectos jurídicos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

La Secretaría podrá negar la autorización cuando derivado de la transferencia o cambio del control de la persona moral titular del Permiso pueda afectarse la capacidad jurídica, administrativa, financiera y técnica del permisionario.

Artículo 25. En ningún caso se podrán ceder, hipotecar o en alguna manera gravar o transferir los Permisos o Autorizaciones, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a ningún gobierno o estado extranjero, ni admitir a éstos como socios de la persona moral titular del Permiso o Autorización.

Los Administradores Integrales e Inversionistas podrán constituir gravámenes a favor de terceros distintos a los sujetos mencionados en el párrafo anterior, siempre que no se trate de bienes del dominio público de la Federación.

En el caso de los Permisos, los titulares de las garantías o gravámenes que, en su caso, se hubieren constituido, únicamente tendrán derecho a los flujos de recursos generados por la operación y administración de la Zona, después de deducir los gastos y obligaciones fiscales de los mismos.

Artículo 26. Cuando de forma reiterada el Administrador Integral haya incumplido sus obligaciones o no cuente con las capacidades para desempeñar sus funciones, de tal manera que ponga en riesgo la seguridad, la eficiencia o la continuidad de las operaciones de la Zona, la Secretaría podrá intervenir la operación o administración de la misma en forma provisional.

La intervención se sujetará a lo siguiente:

I.La Secretaría notificará al Administrador Integral el inicio del procedimiento, señalando las razones que motivan la intervención en términos del primer párrafo de este artículo;

II.El Administrador Integral podrá manifestar lo que a su derecho convenga y, en su caso, rendir pruebas, en un plazo que no exceda de diez días hábiles, a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación señalada en la fracción anterior;

III.Una vez oído al Administrador Integral y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, la Secretaría procederá, dentro de los quince días hábiles siguientes, a dictar por escrito la resolución que corresponda;

IV.Con base en los elementos anteriores, la Secretaría podrá determinar la intervención de la Zona y establecer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto de la misma, incluyendo la de relevar al Administrador Integral en sus funciones y designar un administrador provisional, el cual tendrá las facultades de aquél relacionadas con la Zona;

V.En ningún caso la intervención podrá tener una duración mayor a tres años, sin perjuicio de que, en su caso, la Secretaría resuelva sobre la terminación correspondiente;

VI.La intervención no afectará los derechos adquiridos por Inversionistas u otros terceros de buena fe relacionados con la construcción, desarrollo, administración, mantenimiento y operación de la Zona;

VII. De oficio o a solicitud del Administrador Integral, la Secretaría podrá resolver la terminación de la intervención, siempre que los incumplimientos que la motivaron hayan quedado solventados y que el Administrador Integral cuente, en adelante, con las capacidades necesarias para desempeñar sus funciones, y

VIII.Al concluir la intervención, se devolverá al Administrador Integral la operación y administración de la Zona, y los ingresos que se hubieren percibido, una vez deducidos todos los gastos y honorarios de la intervención.

El procedimiento previsto en el párrafo anterior, se sujetara en lo no señalado en el mismo, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Para garantizar el funcionamiento de las Zonas, la Secretaría también podrá intervenir la operación o administración de las Zonas en el supuesto de que los Permisos o Asignaciones hayan terminado por cualquier causa.

Artículo 27. El otorgamiento de las Asignaciones a entidades paraestatales, así como su terminación se sujetará a lo dispuesto en los artículos 22 y 28 de esta Ley, con la salvedad de que no tendrán término de vigencia, ni podrán renunciarse por parte de sus titulares. Sin embargo, podrán terminar cuando así lo estime la Secretaría, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

En caso de que con posterioridad a la terminación de la Asignación se pretenda construir, desarrollar, administrar o mantener la Zona a través de un Permiso, se deberá establecer como requisito para su otorgamiento el pago de la contraprestación que corresponda al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El Administrador Integral que tenga el carácter de asignatario podrá realizar la construcción de la infraestructura y la prestación de los Servicios Asociados directamente, por medio de contratos celebrados con terceros, o a través de esquemas de asociación público privada en los términos de la ley de la materia.

Artículo 28. Los Permisos terminarán por:

I.Vencimiento del plazo establecido en el Permiso o de la prórroga que se hubiere otorgado;

II.Renuncia del permisionario;

III.Revocación;

IV.Desaparición del objeto o de la finalidad del Permiso, y

V.Liquidación, extinción o quiebra del permisionario.

La terminación del Permiso no exime al Administrador Integral del cumplimiento de las obligaciones contraídas durante la vigencia del mismo.

Artículo 29. Los Permisos y Asignaciones podrán ser revocados al Administrador Integral por cualquiera de las causas siguientes:

I. Incumplir las disposiciones de carácter fiscal y aduanero que el Ejecutivo Federal establezca conforme al artículo 13 de esta Ley;

II.No iniciar las actividades de construcción y desarrollo de la Zona en un período mayor a 180 días naturales, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, sin causa justificada;

III.Interrumpir por más de 3 días consecutivos, total o parcialmente, la operación de la Zona sin causa justificada;

IV.Incumplir con los términos y condiciones de construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona, según lo previsto en el Permiso o Asignación, así como en el Plan Maestro de la Zona;

V.Incumplir con las bases de regulación tarifaria establecidas en el Permiso o Asignación;

VI.No mantener vigentes los seguros y coberturas, así como las pólizas de seguros de daños a terceros a que se refiere esta Ley y el Permiso o Asignación correspondiente;

VII.Ceder, hipotecar, gravar o transmitir los Permisos, los derechos y obligaciones en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, en contravención a lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII.Permitir la realización de actividades económicas productivas en la Zona a personas que no cuenten con Autorización en términos del artículo 34 de esta Ley;

IX. Omitir la presentación del Plan Maestro de la Zona para aprobación de la Secretaría;

X.Realizar actos que impliquen la transferencia o cesión del control de la sociedad titular del Permiso, en contravención a lo dispuesto en la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables;

XI.Incumplir la suspensión u omitir las acciones para subsanar las circunstancias que motivaron dicha medida, que hubiere ordenado la Secretaría en términos del artículo 49 de esta Ley;

XII. Realizar actos y omisiones injustificadas que impidan o intenten impedir a los Inversionistas la realización de actividades económicas productivas en la Zona, y

XIII. Incumplir las obligaciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables o en el Permiso o Asignación correspondiente.

La Secretaría podrá revocar los Permisos y Asignaciones de manera inmediata únicamente en los supuestos previstos en las fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, IX y X de este artículo. En los demás supuestos, la Secretaría sólo podrá revocar el Permiso cuando previamente hubiese sancionado en términos de esta Ley, al respectivo permisionario, por lo menos en una ocasión previa dentro de un período de tres años.

La revocación no afectará los derechos adquiridos por Inversionistas u otros terceros de buena fe relacionados con la construcción, desarrollo, administración, mantenimiento y operación de la Zona. Para tal efecto, la Secretaría podrá llevar a cabo la intervención de la operación o administración de la Zona a que se refiere el artículo 26 de esta Ley.

Para resolver sobre la revocación del Permiso o Asignación, la Secretaría notificará al Administrador Integral el inicio del procedimiento, señalando las causas de revocación que se hayan actualizado en términos de este artículo. El Administrador Integral podrá manifestar lo que a su derecho convenga y, en su caso, rendir pruebas. Una vez oído al Administrador Integral y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, la Secretaría procederá a dictar por escrito la resolución que corresponda. Dicho procedimiento se sujetará a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Sección IIDe los bienes y derechos necesarios para el establecimiento de las Zonas

Artículo 30. Se consideran causas de utilidad pública la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de las Zonas, así como la provisión de Servicios Asociados que sean necesarios para su operación.

Cuando para la realización de las actividades señaladas en el párrafo anterior se requiera ejecutar las medidas previstas en la Ley de Expropiación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano integrará y tramitará el expediente respectivo, incluyendo la emisión de la declaratoria de utilidad pública, cuando corresponda. La Secretaría proporcionará la información que posea y resulte necesaria para la sustanciación de dichos procedimientos.

Artículo 31. En términos de las leyes federales específicas, el Administrador Integral podrá obtener las concesiones y otros derechos sobre los bienes del dominio público de la Federación, así como de servicios públicos, que sean necesarios para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona.

Al término de la vigencia del Permiso, las obras e instalaciones que hubieren sido permanentemente adheridas a un terreno sujeto al régimen de dominio público de la Federación, revertirán a favor de la Nación sin costo alguno y libres de todo gravamen.

En los casos en que la Zona hubiere sido desarrollada en un inmueble de propiedad privada y se pretenda enajenar el mismo, la Nación gozará del derecho del tanto en igualdad de condiciones para efectos de su adquisición.

Para tal efecto, el propietario deberá dar aviso por escrito a la Secretaría sobre la enajenación, y ésta podrá ejercitar el derecho del tanto dentro de los 30 días siguientes a la recepción del aviso.

La terminación de los Permisos tendrá como consecuencia la terminación de las concesiones o derechos que se hubieren otorgado al Administrador Integral en términos del primer párrafo de este artículo.

Artículo 32. Cuando el establecimiento de una Zona requiera la adquisición de los bienes inmuebles o la titularidad de derechos sobre los mismos por parte de la Secretaría o de una entidad paraestatal, sea por la vía convencional o por la vía de derecho público, se solicitará avalúo de los mismos al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a las instituciones de crédito del país que se encuentren autorizadas, corredores públicos o especialistas en materia de valuación con cédula profesional expedida por autoridad competente, según corresponda.

Los avalúos se realizarán conforme a los lineamientos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y podrán considerar, entre otros factores:

I.La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro del Área de Influencia, una plusvalía futura de los inmuebles y derechos de que se trate;

II.La existencia de características en los inmuebles y derechos por adquirir que, sin reflejarse en su valor comercial, los hace técnicamente idóneos para el desarrollo del proyecto de que se trate;

III.La afectación en la porción remanente de los inmuebles o derechos del cual forme parte la fracción por adquirir, y

IV. Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para que los afectados sustituyan los inmuebles o derechos por adquirir, cuando sea necesaria la emigración de los afectados.

Sección IIIDe los derechos y obligaciones del Administrador Integral

Artículo 33. Además de los derechos y obligaciones establecidos en las secciones I y II anteriores, corresponde al Administrador Integral:

I. Elaborar el Plan Maestro de la Zona y someterlo a la aprobación de la Secretaría, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrega del Permiso o Asignación correspondiente.

El Plan Maestro de la Zona deberá ser revisado por el Administrador Integral cuando menos con una periodicidad de 5 años y, en caso de ser necesario, podrá ser modificado, previa aprobación de la Secretaría;

II.Construir, desarrollar, administrar y mantener las obras de infraestructura de la Zona, así como prestar los Servicios Asociados o, en su caso, tramitar éstos ante las instancias correspondientes, de conformidad con lo previsto en el Plan Maestro de la Zona;

III.Prestar a terceros Servicios Asociados en el Área de Influencia si así lo considera conveniente, siempre y cuando no se afecte la operación de la Zona, y se obtenga previamente la autorización de la Secretaría, así como los demás permisos o autorizaciones correspondientes conforme a las disposiciones aplicables. Dichos servicios podrán ser exclusivamente los relativos a sistemas de urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento y telecomunicaciones;

IV.Adquirir los bienes inmuebles necesarios para operar la Zona, o bien, la titularidad de los derechos respecto a los mismos, así como obtener los permisos y autorizaciones que, en su caso, conforme a las leyes se requieran para construir las obras de infraestructura de la Zona o prestar los Servicios Asociados;

V. Programar y ejecutar las acciones de promoción y desarrollo de la Zona;

VI.Recibir los beneficios fiscales y sujetarse al régimen aduanero de la Zona, así como los demás incentivos y facilidades administrativas que se otorguen en la misma;

VII.Determinar los espacios o lotes industriales que corresponden a cada Inversionista, de conformidad con el Plan Maestro de la Zona;

VIII.Acordar con los Inversionistas los términos y condiciones para el otorgamiento de uso o arrendamiento de los lotes industriales y la prestación de Servicios Asociados en la Zona;

IX.Recibir las contraprestaciones por los conceptos previstos en la fracción anterior;

X.Contratar y mantener vigentes las pólizas de seguros y coberturas para hacer frente a posibles riesgos o daños;

XI.Formular para aprobación de la Secretaría, las reglas de operación de la Zona, las cuales deberán incluir, entre otros aspectos, los horarios de la Zona; regulación de las áreas de uso común; control y acceso de tránsito de personas y bienes; intercambio de información entre los Inversionistas y el Administrador Integral; programación de instalación de Inversionistas; manejo de cargas y medidas para la prevención de accidentes;

XII.Operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.

En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes podrán prestar en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de la Zona;

XIII. Contratar al personal necesario que requiera para sus funciones, incluyendo al personal directivo, conforme a la legislación laboral, privilegiando a los nacionales;

XIV. Contratar con terceros los servicios necesarios para el desarrollo y operación de la Zona, cuando le resulte conveniente;

XV.Obtener fondos, créditos, garantías y otros recursos financieros en el país o en el extranjero, para el desarrollo y operación de la Zona;

XVI.Informar, en los términos que establezca la Secretaría, sobre el estado general de la Zona, su desempeño y cualquier incidente que ponga en riesgo la seguridad, eficiencia y continuidad de operaciones en la misma;

XVII. Proporcionar la información y documentación que les sea requerida por la Secretaría para verificar el cumplimiento de los Permisos o Asignaciones, el Plan Maestro de la Zona y las disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII. Convenir con los Inversionistas que para la resolución de controversias, preferentemente, podrán someterse al arbitraje y a otros medios alternativos, en términos de las disposiciones aplicables, y

XIX.Observar lo dispuesto en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Sección IVDe los derechos y obligaciones de los Inversionistas

Artículo 34. Para realizar actividades económicas productivas en la Zona, los Inversionistas requerirán de una Autorización de la Secretaría conforme a lo dispuesto en los lineamientos que para tal efecto emita ésta, los cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

En dichos lineamientos se podrán tomar en consideración, entre otros elementos, los niveles óptimos de inversión y de empleo en la Zona respectiva.

Las autorizaciones podrán ser canceladas a los Inversionistas por cualquiera de las causas siguientes:

I. Incumplir las disposiciones de carácter fiscal y aduanero que el Ejecutivo Federal establezca conforme al artículo 13 de esta Ley;

II.Incumplir con las reglas de operación de la Zona, y que como consecuencia de ello se ponga en riesgo inminente o se afecte la salud de la población, la seguridad o el funcionamiento de la Zona;

III. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las autorizaciones, los derechos en ellas conferidos o los bienes afectos a las mismas, en contravención a lo dispuesto en esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Ceder o transferir los derechos de uso o arrendamiento de los inmuebles dentro de la Zona, a personas que no cuenten con Autorización;

V.Incumplir la suspensión u omitir las acciones para subsanar las circunstancias que motivaron dicha medida, que hubiere ordenado la Secretaría en términos del artículo 49 de esta Ley, y

VI.Incumplir las obligaciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables o en la Autorización correspondiente.

La Secretaría podrá cancelar la Autorización de manera inmediata únicamente en los supuestos previstos en las fracciones I, III y IV de este artículo. En los demás supuestos, la Secretaría sólo podrá cancelar la Autorización cuando previamente hubiese sancionado en términos de esta Ley, al respectivo autorizado, por lo menos en una ocasión previa dentro de un período de tres años.

La cancelación de la Autorización no exime al Inversionista del cumplimiento de las obligaciones contraídas durante la vigencia de la misma.

Para resolver sobre la cancelación de la Autorización, la Secretaría notificará al Inversionista el inicio del procedimiento, señalando las causas de cancelación que se hayan actualizado en términos de este artículo. El Inversionista podrá manifestar lo que a su derecho convenga y, en su caso, rendir pruebas. Una vez oído al Inversionista y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, la Secretaría procederá a dictar por escrito la resolución que corresponda. Dicho procedimiento se sujetará a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 35.Corresponde al Inversionista:

I.Construir edificaciones e instalar maquinaria y equipo para realizar actividades económicas productivas en los espacios o lotes industriales que le correspondan en la Zona;

II.Recibir los beneficios fiscales y sujetarse al régimen aduanero de la Zona, así como los demás incentivos y facilidades administrativas que otorguen los órdenes de gobierno involucrados;

III.Obtener las autorizaciones, licencias y permisos que, en su caso, sean necesarios para la realización de las actividades económicas productivas de la Zona;

IV.Acordar con el Administrador Integral los términos y condiciones para el uso o arrendamiento de los espacios o lotes industriales y recibir los Servicios Asociados en la Zona;

V.Pagar las contraprestaciones al Administrador Integral por los conceptos previstos en la fracción anterior;

VI.Cumplir las disposiciones previstas en las reglas de operación de la Zona;

VII. Contratar al personal nacional o extranjero que requiera para el desarrollo de sus funciones, incluyendo al personal directivo, conforme a la legislación laboral;

VIII.Obtener fondos, créditos, garantías y otros recursos financieros en el país o en el extranjero, para la realización de sus actividades;

IX.Informar a la Secretaría y al Administrador Integral sobre la fecha de inicio, suspensión y terminación de las actividades económicas productivas, así como de cualquier incidente que ponga en riesgo la seguridad, eficiencia y continuidad en sus operaciones;

X.Proporcionar la información y documentación que le sea solicitada por la Secretaría, para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo;

XI.Convenir con el Administrador Integral o con otros Inversionistas, preferentemente, que para la resolución de controversias, podrán someterse al arbitraje o a otros medios alternativos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y

XII.Observar lo dispuesto en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPITULO CUARTO De las Autoridades

Artículo 36. La Secretaría tendrá las atribuciones siguientes para efectos de esta Ley:

I.Implementar la política para el establecimiento y desarrollo de Zonas;

II.Coordinar, promover y realizar estudios, consultas, análisis y proyectos para el establecimiento de Zonas;

III. Dictaminar las propuestas para el establecimiento, ampliación o modificación de las Zonas;

IV.Someter a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal el proyecto de Declaratoria de la Zona;

V.Elaborar, en coordinación con las dependencias y entidades paraestatales competentes, así como con la participación de las entidades federativas y los municipios involucrados y tomando en consideración las recomendaciones que, en su caso, haya realizado el Consejo Técnico, el proyecto de Programa de Desarrollo y sus modificaciones, así como someterlos a aprobación de la Comisión Intersecretarial;

VI.Otorgar los Permisos y Asignaciones, así como resolver, según corresponda, su modificación, cesión, terminación o prórroga;

VII.Otorgar las Autorizaciones, así como resolver su modificación o terminación;

VIII.Vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones de los Permisos, Asignaciones y Autorizaciones;

IX.Aprobar, a propuesta del Administrador Integral, el Plan Maestro de la Zona y sus modificaciones, así como verificar su cumplimiento;

X.Aprobar, a propuesta del Administrador Integral, las reglas de operación de cada Zona y, en su caso, las modificaciones que resulten necesarias;

XI.Autorizar al Administrador Integral la prestación de Servicios Asociados a terceros en el Área de Influencia, en los términos del artículo 33, fracción III, de esta Ley;

XII. Requerir información y documentación al Administrador Integral y a los Inversionistas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones;

XIII.Coordinar acciones de promoción de las Zonas, sin perjuicio de las que correspondan al Administrador Integral;

XIV. Suspender las actividades o la ejecución de obras en la Zona, en el caso previsto en el artículo 49 de esta Ley;

XV.Coadyuvar en la coordinación entre los gobiernos federal, locales y municipales en donde se ubique la Zona y el Área de Influencia, y el Administrador Integral y los Inversionistas;

XVI. Autorizar los actos que impliquen el cambio del control de la persona moral titular del Permiso, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XVII. Aplicar las sanciones derivadas de las infracciones a la presente Ley y disposiciones que derivan de la misma;

XVIII.Solicitar el auxilio de las autoridades que resulten competentes, para hacer efectivo el cumplimiento de las medidas que determine de conformidad con la presente Ley, y

XIX. Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento de la misma.

Artículo 37. Se establece la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, cuyo objeto es coordinar a las dependencias y entidades paraestatales competentes en la planeación, establecimiento y operación de las Zonas.

La Comisión Intersecretarial estará integrada por:

I.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá;

II.La Secretaría de Gobernación;

III.La Secretaría de Desarrollo Social;

IV.La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

V.La Secretaría de Energía;

VI.La Secretaría de Economía;

VII.La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

VIII.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

IX.La Secretaría de la Función Pública;

X.La Secretaría de Educación Pública;

XI.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

XII.La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

XIII. El Instituto Mexicano del Seguro Social;

XIV. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y

XV. Las demás dependencias o entidades paraestatales que, en su caso, determine el Titular del Ejecutivo Federal.

Las dependencias y entidades paraestatales estarán representadas por su titular, quien podrá designar a su suplente, el cual deberá tener un nivel jerárquico de Director General como mínimo o su equivalente en las entidades paraestatales.

La Comisión Intersecretarial deberá invitar a sus sesiones a un representante de cada Cámara del Congreso de la Unión, quien tendrá derecho de voz pero no de voto en la sesión respectiva.

Artículo 38. La Comisión Intersecretarial sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, siempre que se encuentre su Presidente o su suplente, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo su Presidente o su suplente voto de calidad en caso de empate.

La Comisión Intersecretarial podrá tener como invitados en las sesiones, con voz pero sin voto, a representantes de los sectores privado o social, expertos en las materias relacionadas con la presente Ley. En las sesiones en que se discutan asuntos correspondientes a una Zona en particular, se deberá tomar en cuenta la opinión de los representantes del Consejo Técnico de la misma o, en caso de que no se haya constituido el mismo, con representantes de dichos sectores.

Las bases de organización y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial se determinarán en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 39. La Comisión Intersecretarial tendrá carácter permanente y tendrá las atribuciones siguientes:

I.Establecer la política para el establecimiento y desarrollo de Zonas;

II.Aprobar el Dictamen, a solicitud de la Secretaría;

III.Emitir los lineamientos a los cuales se sujetará la elaboración de Dictámenes;

IV.Aprobar el Programa de Desarrollo de cada Zona;

V. Determinar las acciones concretas que deben ejecutar las dependencias y entidades paraestatales en congruencia con el Programa de Desarrollo, con el objeto de asegurar el establecimiento, desarrollo y sustentabilidad de las Zonas y Áreas de Influencia;

VI.Dar seguimiento a la ejecución de las acciones señaladas en la fracción anterior, y formular las recomendaciones que correspondan;

VII. Establecer mecanismos de coordinación para agilizar la ejecución de políticas, proyectos y acciones, así como el otorgamiento de las concesiones y demás autorizaciones por parte de las dependencias o entidades paraestatales, que sean necesarias para el establecimiento y desarrollo de Zonas;

VIII.Proponer al Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Presidencia de la Comisión Intersecretarial, los mecanismos para la coordinación de acciones y esfuerzos de los sectores público, privado y social en materia de información, inversiones, producción y demás factores que promuevan el desarrollo de las Zonas;

IX.Solicitar, cuando lo considere pertinente, la opinión de académicos, especialistas o representantes de organismos de los sectores privado y social;

X.Solicitar a las dependencias y entidades paraestatales la información que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, y

XI.Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 40. Las dependencias y entidades paraestatales integrantes de la Comisión Intersecretarial deberán implementar, en el ámbito de su competencia, las acciones previstas en el Programa de Desarrollo, así como los acuerdos adoptados por ésta para asegurar la puesta en marcha y operación de las Zonas y el desarrollo de sus Áreas de Influencia.

Artículo 41. Sin perjuicio de las atribuciones que la presente Ley otorga a la Secretaría y a la Comisión Intersecretarial, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, el Ejecutivo Federal podrá establecer mecanismos específicos para apoyar, promover, facilitar la gestión, fomentar y financiar la planeación, establecimiento y operación de Zonas.

CAPITULO QUINTO De la Transparencia y de la Rendición de Cuentas

Artículo 42. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, enviará a más tardar el 15 de mayo de cada año, un informe al Congreso de la Unión sobre la operación de cada Zona y los resultados obtenidos en el desarrollo económico y social del Área de Influencia. Dicho informe incluirá:

I.El presupuesto ejercido relativo al Programa de Desarrollo;

II.El avance físico de las obras de infraestructura que se realicen en el Área de Influencia;

III.Las acciones realizadas y los resultados obtenidos de las políticas públicas y acciones que conforman el Programa de Desarrollo;

IV.Las estadísticas generales sobre la operación de cada Zona, y

V.El informe anual sobre el resultado de la evaluación de la Zona elaborado por el Consejo Técnico y el análisis sobre el mismo que realice la Secretaría, en los términos del artículo 16 de esta Ley.

El Congreso de la Unión, a través de las comisiones legislativas competentes, con base en el análisis que realicen sobre el informe a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán realizar recomendaciones para mejorar la operación de la Zona y de los resultados en el desarrollo económico y social del Área de Influencia.

El Ejecutivo Federal incluirá anualmente en el Presupuesto de Gastos Fiscales, en los términos de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, un apartado específico relativo a los beneficios fiscales establecidos en cada Zona, señalando, en su caso, los beneficios sociales y económicos asociados a dichos beneficios fiscales.

El informe a que se refiere el presente artículo es público y será difundido en la página de Internet de la Secretaría.

Artículo 43. Además de la información que señala la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, la Secretaría deberá poner a disposición de la sociedad, a través de su página de Internet y en apartados específicos, cuando menos lo siguiente:

I. Las disposiciones administrativas aplicables en materia de Zonas:

a) Los lineamientos que emita la Secretaría para establecer los requisitos, procedimientos y criterios de evaluación conforme a los cuales se otorgarán los Permisos o, en su caso, las Asignaciones a los Administradores Integrales de las Zonas correspondientes, y

b)Los lineamientos que emita el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para regular el otorgamiento de las Autorizaciones que permitan a los Inversionistas desarrollar actividades económicas productivas en la Zona respectiva;

II. Los dictámenes a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley;

III. Los Convenios de Coordinación que suscriba el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con los titulares de las entidades federativas y los municipios para el establecimiento y desarrollo de la Zona;

IV.Los Programas de Desarrollo, los Planes Maestros de las Zonas y las reglas de operación de cada Zona, con excepción de la información reservada o confidencial en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

V.El listado de Permisos, Asignaciones y Autorizaciones que se encuentren vigentes, así como sus términos y condiciones, y

VI.Las estadísticas generales sobre la operación de cada Zona.

Artículo 44. Los asignatarios, permisionarios y autorizados estarán obligados a entregar oportunamente a la Secretaría la información que se requiera para la publicación a que se refiere este Capítulo, en los términos previstos en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 45. Todos los procedimientos de otorgamiento, ejecución y cumplimiento de los Permisos, Asignaciones o Autorizaciones, se sujetarán a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de combate a la corrupción y de responsabilidades administrativas.

La actuación de los servidores públicos competentes en materia del otorgamiento, regulación y supervisión de los Permisos, Asignaciones o Autorizaciones o de cualquier acto o procedimiento a que se refiere esta Ley, se sujetará a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, llevará a cabo la fiscalización de los recursos públicos que se ejerzan en términos de esta Ley.

CAPÍTULO SEXTODe las Infracciones y Sanciones

Artículo 46. Los Administradores Integrales e Inversionistas que incumplan lo previsto en los Permisos, Asignaciones o Autorizaciones respectivas, además de la revocación o cancelación de los mismos, responderán por los daños y perjuicios que hayan ocasionado y podrán ser sancionados en los términos que prevean las leyes aplicables, por el incumplimiento en que hayan incurrido respecto a las concesiones o demás autorizaciones que, en su caso, les hayan sido otorgadas.

Artículo 47. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, las infracciones a esta Ley serán sancionadas por la Secretaría, de conformidad con lo siguiente:

I. Construir, operar y explotar terrenos y demás bienes en una Zona, así como prestar Servicios Asociados, sin contar con Permiso o Asignación, con multa de entre 45,000 a 75,000 unidades de medida y actualización;

II.Realizar actividades económicas productivas en una Zona sin contar con Autorización de la Secretaría, con multa de entre 45,000 a 75,000 unidades de medida y actualización;

III.Interrumpir por parte del Administrador Integral, total o parcialmente, la operación de la Zona sin causa justificada, con multa de entre 45,000 a 75,000 unidades de medida y actualización;

IV.Incumplir por parte del Administrador Integral con los términos y condiciones de construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona, según lo previsto en el Permiso o Asignación y en el Plan Maestro de la Zona, con multa de entre 15,000 a 30,000 unidades de medida y actualización;

V.Incumplir por parte del Administrador Integral, los compromisos y estándares en la prestación de Servicios Asociados según lo previsto en el Permiso o Asignación, con multa de entre 7,000 a 15,000 unidades de medida y actualización;

VI.Obstaculizar deliberadamente las funciones que en materia de verificación corresponden a la Secretaría en términos de la presente Ley, con multa de entre 4,000 a 7,000 unidades de medida y actualización;

VII. Realizar, por parte del Administrador Integral o del Inversionista, actos u omisiones injustificadas que impidan o intenten impedir a otros Inversionistas la realización de actividades económicas productivas en la Zona, con multa de entre 7,000 a 15,000 unidades de medida y actualización;

VIII.No proporcionar la documentación e información que requiera la Secretaría con motivo del ejercicio de sus atribuciones, con multa de entre 200 a 500 unidades de medida y actualización;

IX.Incumplir la suspensión u omitir las acciones para subsanar las circunstancias que motivaron dicha medida, que hubiere ordenado la Secretaría en términos del artículo 49 de esta Ley, con multa de entre 15,000 a 30,000 unidades de medida y actualización;

X.Omitir el aviso sobre las modificaciones a los estatutos sociales o a la composición del capital social de la persona moral titular del Permiso, o realizarlo fuera del plazo previsto en esta Ley, con multa de entre 200 a 500 unidades de medida y actualización, y

XI.Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley, los ordenamientos que de ella se derivan o a los Permisos, Asignaciones o Autorizaciones, con multa de entre 4,000 a 30,000 unidades de medida y actualización.

Artículo 48. Para la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley, la autoridad administrativa deberá fundar y motivar su resolución considerando:

I.Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;

II.El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

III.La gravedad de la infracción, y

IV. La reincidencia del infractor.

En caso de reincidencia, se impondrá una multa hasta por el doble de la anteriormente impuesta, caso en el cual dicha multa podrá rebasar los montos máximos previstos en el artículo 47 de la presente Ley. Se considerará reincidente al que, habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza, dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la imposición de la sanción.

Artículo 49. La Secretaría podrá suspender las actividades o la ejecución de obras que se realicen en contravención a lo dispuesto en el Permiso, Asignación, Autorización, Plan Maestro de la Zona o las reglas de operación de la misma, según corresponda, cuando el Administrador Integral o el Inversionista pongan en riesgo inminente la salud de la población, la seguridad o el funcionamiento de la Zona. En su caso, dicha dependencia determinará las acciones que el Administrador Integral o el Inversionista deberán realizar para subsanar las irregularidades que motivaron la suspensión.

Artículo 50. El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley por parte de los servidores públicos, será sancionado conforme a la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y demás disposiciones que resulten aplicables.

Las responsabilidades administrativas a que se refiere el presente Capítulo serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9....

...

...

...

Los inmuebles federales en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales en los términos de la ley en la materia, se considerarán comprendidos en el supuesto a que se refiere el artículo 6, fracción VI, de esta Ley y se sujetarán a lo previsto en el presente artículo.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, emitirá el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Tercero. Las erogaciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deberán cubrirse con cargo a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda.

Cuarto. En tanto entra en vigor la legislación secundaria a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, las referencias contenidas en el presente Decreto a la Unidad de Medida y Actualización se entenderán hechas al salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de México.

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016.— Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores Rosa Adriana Díaz Lizama, vcepresidenta; Hilda Esthela Flores Escalera, secretraria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

Continuamos con la Declaratoria de Publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes antecedentes de trámite, descripción de la Minuta y consideraciones para la resolución del Proyecto de Decreto.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de abril de 2016, los Senadores María Elena Barrera Tapia, Joel Ayala Almeida, Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos De La Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Silvia Garza Galván, Javier Lozano Alarcón, Erika Ayala Ríos, César Octavio Pedroza Gaitán, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Lucero Saldaña Pérez, Manuel Cárdenas Fonseca, Carmen Dorantes Martínez y Rosa Adriana Díaz Lizama integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 Y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondientes.

3. Con fecha 7 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, emitieron el dictamen correspondiente, el que sometieron a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, en el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

4. En sesión de la H. Cámara de Senadores, con fecha 12 de abril de 2016, fue presentado el texto del proyecto de dictamen, y éste fue aprobado en lo general y en lo particular con 83 votos, en la misma sesión se acordó hacer el trámite de enviarlo a la H. Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

5. En la misma fecha señalada en el antecedente anterior, la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se remitió a la H. Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, dispuso turnar el documento a la Comisión de Vivienda.

A partir de los antecedentes enunciados, los miembros de la Comisiones de Vivienda de la LXIII Legislatura, que suscribimos el presente Dictamen, exponemos las siguientes:

CONTENIDO

La minuta del Senado propone modificar aquellos artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que hacen referencia al salario mínimo como medida para evitar algún impacto financiero en el Instituto asegurando que los rendimientos mínimos de las subcuenta de vivienda de los trabajadores sean un reflejo de rendimiento de sus activos y se generen sanos niveles de rentabilidad.

Las modificaciones están motivadas por la publicación de fecha 27 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Mediante esta reforma constitucional, se desvinculó al salario mínimo la función que adquirió como “Unidad de Cuenta” para multitud de efectos legales y económicos, contribuyendo a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

Dentro de los transitorios del decreto destacan que en el Artículo Cuarto Transitorio se consideró establecer la obligación de que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. Cimentando así las bases de una nueva estructura para el establecimiento y mantenimiento de los salarios mínimos.

Derivado de lo anterior, los Senadores coincidieron en dar cumplimiento a la reforma constitucional mencionada y aprobaron las modificaciones a los artículos 39, 44 Y 55 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En este sentido los Senadores estimaron inviable conservar la referencia expresa a créditos vinculados a salarios mínimos en el artículo 44 de la Ley, por lo que sólo se debe mantener en la Ley el otorgamiento de créditos en pesos y en Unidades de Medida y Actualización.

Asimismo, consideraron de vital relevancia poder modificar el segundo transitorio de la iniciativa, el cual señala que el Instituto podrá seguir otorgando créditos que estén referenciados o actualizados con base en el salario mínimo hasta por 720 días, dicha disposición proviene de lo estipulado en el sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, arriba referido.

En consecuencia, los Senadores establecieron que el mandato constitucional para permitir que el Instituto siga otorgando créditos referenciados o actualizados con base en el salario mínimo durante 720 días, se expidió en referencia al Decreto de reforma constitucional, por lo que no es posible conceder un plazo mayor al constitucional en una Ley, dicho plazo se deberá entender que corre a partir de la publicación del Decreto de reforma constitucional de 27 de enero de 2016 y no de la presente reforma legal, por lo que estas comisiones estiman necesaria dicha modificación.

Por otra parte, acordaron que en relación a las subcuentas actuales ya vinculadas a salarios mínimos es necesario mantener la referencia a estos en materia de tasas aplicables a los rendimientos de las subcuentas de vivienda, en los términos señalados por los proponentes, para generar certidumbre y seguridad jurídica en los mismos, cuestión no subsanable en transitorios dado que requiere regular actos jurídicos contractuales ya estipulados y además su permanencia no hace referencia al otorgamiento de créditos que en términos del sexto transitorio del Decreto de reforma constitucional sólo podrá extenderse hasta 720 días.

CONSIDERACIONES

Esta Comisión de Vivienda coincide con el Senado de la República en el sentido de que existe la obligación de realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos secundarios a causa de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.

Asimismo, coincidimos en que es necesario que en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se modifiquen los artículos 39, 44 y 55 para dar cumplimiento al mandato constitucional y brindar seguridad jurídica a los sujetos jurídicos destinatarios de la misma, con el propósito de eliminar las referencias al salario mínimo.

De igual manera, la modificación propiciará la estabilidad financiera del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al establecer las medidas que deberán aplicarse derivado de los intereses que causan los Saldos de la Subcuentas de Vivienda.

También se establece la medida consistente en que los créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año, con el propósito de no afectar a los derechohabientes y aún así propiciando que el Instituto no sufra una pérdida en su balance financiero.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Vivienda acordó que es de aprobar totalmente y en sus mismos términos la Minuta de Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores enviado por la Cámara de Senadores, por lo que se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 39, primer y tercer párrafo; 44; y 55, primer párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 39. El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que determine el Consejo de Administración del Instituto.

...

Para obtener la cantidad básica se aplicarán, al saldo de las subcuentas de vivienda, las tasas aplicables a cada una de las denominaciones que integren los activos financieros del Instituto, con base en la proporción que cada una de estas denominaciones guarde sobre la suma del total de los activos financieros. Dichas tasas aplicables serán las siguientes:

I. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Salarios Mínimos, será la tasa de incremento al Salario Mínimo, sin que ésta pueda exceder la tasa de incremento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el mismo periodo.

II. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Pesos, será la tasa de interés nominal anual que resulte de promediar de manera aritmética, los incrementos anuales que hubiese observado el Índice Nacional de Precios al Consumidor durante los últimos cinco años calendario.

III. Para la proporción asociada a los activos financieros no considerados en los párrafos anteriores, se le aplicará el retorno del portafolio de referencia que haya aprobado para tal fin el Consejo de Administración a través de su Comité de Inversiones o cualquier otro Órgano Colegiado designado para la gestión de las inversiones del Instituto.

..

...

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

El Instituto también· otorgará, a solicitud del trabajador, créditos, en pesos o Unidades de Medida y Actualización conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

Artículo 55. Independientemente de las sanciones específicas que establece esta Ley, las infracciones a la misma que en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto cometan los patrones, se castigarán con multas por el equivalente de tres a trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y, Actualización vigente en el tiempo en el que se cometa la violación.

..

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto podrá seguir otorgando créditos para la adquisición de vivienda que se referencien o actualicen con base en el salario mínimo, en términos de los dispuesto por el sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, a partir del cual y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo se podrán otorgar dichos créditos.

Tercero. Los contratos que tenga celebrado el Instituto, vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida o Actualización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 14 de abril de 2016.

La Comisión de Vivienda, diputados:Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), presidenta; José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Francisco Alberto Torres Rivas, Ricardo Quintanilla Leal (rúbrica), Ricardo del Rivero Martínez, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica), Érik Juárez Blanquet (rúbrica), Norberto Antonio Martínez Soto (rúbrica), secretarios; Fidel Kuri Grajales, Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa, Maricela Serrano Hernández (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Juan Corral Mier, Eloisa Chavarrias Barajas (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte, Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica en abstención), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica en abstención), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE BASES PARA SU EJECUCIÓN EN MÉXICO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 del decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México, misma que fue remitida por la Honorable Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

Esta comisión legislativa que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del proyecto de decreto que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación sobre el sentido del proyecto de decreto de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 19 de febrero de 2015, el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México.

2. En su sesión del 10 de marzo de 2016, la Colegisladora aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa de referencia por 81 votos en pro, remitiendo la minuta relativa a esta Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

3. En sesión ordinaria del 17 de marzo de 2016, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la minuta antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen mediante oficio DGPL 63-II-3-669.

4. Los Diputados integrantes de esta Comisión Legislativa, realizaron diversos trabajos, a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada minuta, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La minuta tiene como primer objetivo armonizar con la Constitución, el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), para lo cual se propone reformar el artículo 9o. del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México, para que el Gobierno Federal requiera la autorización del Senado de la República para aceptar enmiendas al Convenio, en concordancia con los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales.

Por su parte, el segundo objetivo que se plantea en la minuta en análisis, es la autorización al Gobierno Federal, a través del Banco de México, para suscribir 207 acciones con un valor total de 2 millones 70 mil dólares de los Estados Unidos de América, con el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales como los es el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.La Comisión de Hacienda y Crédito Público considera oportuno recordar que la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) es una parte importante del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), constituida el 19 de noviembre de 1984, con el objeto de promover el desarrollo económico de los países miembros en proceso de desarrollo, mediante estímulos al establecimiento, ampliación y modernización de empresas privadas, prioritariamente de pequeña y mediana escala, de tal manera que complemente las actividades del Baco Interamericano de Desarrollo.

En México, el H. Congreso de la Unión aprobó la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y estableció las bases para su ejecución, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1986.

Posteriormente, en junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que autorizó al Gobierno Federal a realizar la suscripción de 3 mil 502 acciones o partes sociales de organismo, por un monto de 35 millones 20 mil dólares de los Estados Unidos de América.

SEGUNDA.La Comisión que suscribe reconoce que históricamente, México ha tenido una participación activa en la CII, tanto como país inversionista, como receptor de asistencia técnica y beneficiario de financiamiento.

Específicamente, para México en 2013 la CII comprometió financiamientos por un monto de 68 millones 900 mil dólares de los Estados Unidos de América para apoyar empresas en los ramos de servicios financieros, vivienda, minería y procesos productivos. Adicionalmente, la CII aprobó un préstamos de hasta 400 millones de pesos a un banco de nicho especializado en microfinanzas, el cual otorgará alrededor de 400 mil créditos a microempresarios en zonas rurales del país.

Cabe señalar que la CII persigue el cumplimiento de su mandato a través del apoyo a intermediarios financieros privados, mismos que a su vez canalizan recursos a las pequeñas y medianas empresas, con lo que se han apoyado más de 100 subproyectos en México.

TERCERA. La Comisión que dictamina tiene en consideración que en el año 1999 la Asamblea de Gobernadores de la CII aprobó la Resolución por la que se incrementa el capital accionario autorizado de la CII en 500 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos suscribió el 25 por ciento (12 mil 500 acciones) que, sin embargo, hasta principios de 2012 no había pagado en su totalidad y que posteriormente, debido a presiones presupuestales y medidas de austeridad no estuvo en posibilidades de pagar mil 581 acciones.

Por lo anterior, en octubre de 2012 la Asamblea de Gobernadores informó el monto de acciones disponibles, a fin de realizar una oferta para suscribir dichas acciones. Para el caso de México se le ofrecieron 207 acciones con valor total de 2 millones 70 mil dólares de los Estados Unidos de América.

CUARTA.La que dictamina coincide con la Minuta en análisis, en el sentido de que en el marco mundial los organismos financieros internacionales son un referente clave como una fuente de asistencia técnica de alta calidad y financiamiento de proyecto s de alto impacto en el desarrollo. Por ello, el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en la CII es una oportunidad para fortalecer la participación y liderazgo de México en la región de América Latina y el Caribe.

Con la suscripción de las acciones que quedaron disponibles y que fueron ofrecidas, el poder de voto de los países que suscriban dichas acciones se incrementará, y en el caso de México, pasará de 7.22 por ciento a 7.38 por ciento, por lo que la Comisión que suscribe coincide con los términos de la Minuta al respecto.

Además, esta Comisión que dictamina considera adecuado aprobar la Minuta de la Colegisladora al observar que la propuesta es congruente con el Quinto Eje de Gobierno del Ejecutivo Federal, que busca “ lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo, dispuesto a fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora. México debe contribuir a la estabilidad en un mundo convulso, una voz que se escuche, una voz que defienda la libertad y promueva un orden más justo y un mundo sustentable en el Siglo XXI.” De igual manera, la participación de México en la CII es acorde a las acciones propuestas por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

QUINTA. Por lo que respecta a la armonización de los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales como el que nos ocupa, la que dictamina considera importante mencionar que en el momento en que inició su vigencia el decreto de la materia, la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponía como facultades y obligaciones del Presidente de la República, entre otras, “ Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal”.

En este sentido, hasta antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, la participación de nuestro país en un organismo financiero internacional, como es el caso del BID, se realizó mediante la expedición de diversos decretos que autorizaron la suscripción de los convenios constitutivos de distintos organismos financieros internacionales.

Consecuentemente, resultó conveniente introducir modificaciones al texto de la fracción X del artículo 89, ajustando la expresión correspondiente a la ratificación de los tratados por “El Congreso Federal”, para hacerla congruente con los artículos 76, fracción I y 133 de la propia Constitución, que precisan que tal acto aprobatorio corresponde exclusivamente al Senado.

Por tal motivo y después de las posteriores reformas a dicha fracción X de artículo 89 constitucional, aprobadas por el Constituyente Permanente en los años 2007 y 2011, el texto actual de la fracción que nos ocupa, a la letra señala:

“ Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a IX....

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. a XX....”

De conformidad con lo anterior, esta Comisión que suscribe coincide con la Colegisladora en la necesidad de armonizar el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, en atención a la naturaleza del instrumento jurídico internacional de que se trata, por lo que se coincide y considera oportuno reformar el Artículo 9 del Decreto en comento como lo propone la minuta, para señalar que el Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Senado para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9o. DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES Y QUE ESTABLECE BASES PARA SU EJECUCIÓN EN MÉXICO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 9o. del decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9o.- El Gobierno Federal requerirá la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Gobierno Federal, para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 207 acciones de la Corporación Interamericana de Inversiones, hasta por el equivalente a 2,070,000 (dos millones setenta mil) dólares de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO TERCERO.Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar la suscripción adicional de acciones de la Corporación Interamericana de Inversiones que a México corresponde hasta por los montos máximos autorizados, de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO anterior.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de omisiones de la Honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a los trece días del mes de abril de dos mil dieciséis.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), presidenta; Mariana Benítez Tiburcio, Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Ricardo David García Portilla, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca, Waldo Fernández González, Carlos Hernández Mirón, Lucia Virginia Meza Guzmán, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Juan Romero Tenorio (rúbrica en abstención), María Elena Orantes López, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes (rúbrica), secretarios; Yerico Abramo Masso (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Alejandro Armenta Mier (rúbrica), Pablo Basáñez García (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), Federico Döring Casar, Óscar Ferrer Ábalos (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Rosa Elena Millán Bueno, Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Matías Nazario Morales, Javier Antonio Neblina Vega, Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Rendón García (rúbrica), José Antonio Salas Valencia (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada la iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se mencionan.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. El 1 de diciembre de 2015, el Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

2. En sesión ordinaria de la misma fecha, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen mediante oficio DGPL 63-II-1-0211.

3. Los integrantes de esta comisión legislativa realizaron diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico sobre ella e integrar el presente dictamen.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, plantea en su iniciativa que para el funcionamiento de un aparato democrático y de cualquier gobierno en general es necesario que existan los recursos necesarios para sufragar los gastos del andamiaje administrativo que proporcione las funciones y servicios públicos que demanda la sociedad, lo cual a su vez implica que el estado debe instruir a sus ciudadanos en temas fiscales.

Al respecto, el Diputado Valles Mendoza expone que trabajar la educación fiscal requiere forjar un mayor conocimiento de la realidad fiscal de cada país, conocer la cultura fiscal de los ciudadanos, la legitimidad social de las administraciones fiscales y valoración ciudadana del funcionamiento de la democracia y de sus instituciones.

Agrega la iniciativa que en la actualidad no existe un ente de gobierno que tenga a su cargo el establecer programas educativos en materia de cultura fiscal que efectivamente logre generar una conciencia de pago en los contribuyentes y sobre todo que permita llegar a temprana edad a influir en la concepción que se tiene sobre el pago de los impuestos.

Por lo anterior, el Diputado Alfredo Valles propone que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (PRODECON) tenga facultades para proponer los programas educativos en materia de cultura fiscal y contributiva, y presentarlos ante las autoridades competentes con la intención de armonizar y coordinar el trabajo.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. Las contribuciones constituyen la principal fuente de ingresos de todo el Estado moderno. El término contribución es un concepto genérico que engloba a todo lo que auxilia a sufragar los gastos del Estado; significa en esencia, las aportaciones económicas que hacen los particulares al Estado, para que éste pueda realizar sus atribuciones, que a su vez, se traducen en servicios públicos para beneficio de la comunidad que los recibe.

En materia tributaria las reglas básicas que deben observar las autoridades, tanto legislativas como administrativas, en el ejercicio de sus funciones, están consignadas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se conocen como Principios Constitucionales de la Tributación. Dicho artículo establece:

“ Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. a III. ...

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

Por lo tanto, en la actividad financiera que el Estado realiza, la recaudación de las contribuciones constituye un elemento indispensable y de gran relevancia para el desarrollo de la actividad administrativa y la función pública.

En tal sentido, la Comisión que suscribe considera que un gobierno, para cumplir sus atribuciones, requiere de recursos para sus fines: impartir y procurar justicia, proporcionar seguridad pública, salud o educación, y fundamentalmente las relativas a la promoción del crecimiento y desarrollo económico, social e integral, entre otras; lo cual, actualmente deriva de la recaudación de impuestos a cargo de los contribuyentes.

Es con el pago de los tributos por el que el individuo ratifica su adhesión al contrato social, ya que al desprenderse de ingresos propios para contribuir a la hacienda pública abonan a la vida en colectividad. Sin embargo, la acción fiscal del Estado debe ejecutarse en estricto apego a los derechos humanos, a la legalidad y la seguridad jurídica.

SEGUNDA. La Comisión que dictamina considera adecuado exponer que, del texto Constitucional antes citado, se desprenden los principios constitucionales en materia fiscal: principio de legalidad, principio de obligatoriedad, principio de proporcionalidad y equidad.

El principio de legalidad en materia tributaria, implica que para su validez y eficacia, todo tributo debe estar previsto en una norma jurídica expedida con anterioridad a los hechos o situaciones a los que va a ser aplicado. De otra forma el mismo carecerá de toda validez y su posible aplicación implicara? automáticamente un abuso y una arbitrariedad por parte del Estado.

Gracias al principio de legalidad, el contribuyente conoce con la debida anticipación cual es la naturaleza y cuales son los alcances de sus obligaciones frente al Fisco, así como la esfera de derechos ejercitables en contra del mismo y cuando éste pretende traspasar o exceder los límites de la esfera jurídica del particular, de tal modo que no deja margen para la arbitrariedad de las autoridades ejecutoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer plenamente la forma de contribuir para los gastos públicos del Estado.

Por su parte, el principio de obligatoriedad debe entenderse como una auténtica obligación pública, de cuyo cumplimiento pueden derivarse severas consecuencias para los particulares, con el objeto de que puedan contar con una serie de servicios públicos y obras de beneficio colectivo, sin las cuales la vida en sociedad resultaría prácticamente imposible. Por eso nuestra Constitución le impone el carácter de obligación pública y por eso faculta expresamente al Estado para llevar a cabo, en las situaciones que así lo ameriten, el procedimiento económico coactivo.

Respecto del principio de proporcionalidad tributaria, éste consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.

TERCERA. Esta Comisión que suscribe, reconoce también que el sistema tributario en México tiene una administración compleja, debido en parte a la multiplicidad de impuestos, exenciones, tasas diferenciadas e impuestos especiales. A esto debe sumársele la constante evolución en la materia fiscal, misma que se actualiza anualmente, lo que propicia que los contribuyentes, no cumplan a cabalidad con sus obligaciones y ejerzan sus derechos.

En tal sentido, a la par de la evolución y consolidación de un sistema que garantice la protección a los derechos humanos a nivel constitucional, es necesario seguir impulsando reformas legales que atiendan las mejores prácticas y los estándares internacionales también en materia fiscal.

Ciertamente, desde hace casi una década se expidieron las primeras normas para garantizar los derechos de los contribuyentes. Sin embargo, estas disposiciones eran esencialmente sustantivas. Por ello, en el contexto del nuevo paradigma de los derechos humanos, es relevante impulsar garantías institucionales que posibiliten el ejercicio de los derechos de los contribuyentes, particularmente de las personas o grupos con más vulnerabilidad.

CUARTA.Con la reforma al Código Fiscal de la Federación en 2004 se dispuso la protección y defensa de los derechos de los contribuyentes a través de una defensoría del contribuyente. Sin embargo, esta institución no se concretó, porque para ese tiempo se discutían dos iniciativas en las comisiones de Cámara de Diputados: una, que impulsaba la creación del Instituto de Protección del Contribuyente; y otra, que proponía la Ley de los Derechos del Contribuyente y por una Nueva Cultura Tributaria.

Posteriormente, en junio de 2005, se publicó la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la cual sentó a las bases para el desarrollo de un régimen que garantice a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, una simplificación en los trámites fiscales y la limitación de la discrecionalidad de las autoridades fiscales federales en detrimento de sus derechos.

Asimismo, con la publicación del decreto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente el 4 de septiembre de 2006, se creó una institución, basada en la figura del ombudsman, para proteger los derechos y garantías de los contribuyentes, mediante la asesoría, representación y defensa, así como la recepción de quejas y emisión de recomendaciones en materia fiscal. Sin embargo, su verdadera entrada en vigor se postergó hasta el 2008 por la interposición de una acción de inconstitucional.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) surgió de la necesidad de fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, creando un espacio neutral de encuentro, acuerdos y confianza mutua.

Es así que la PRODECON se constituyó como organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, cuya principal función es la de observar las acciones de las autoridades, a efecto de velar en todo momento por la protección, defensa y salvaguarda de los derechos de los pagadores de impuestos, además de investigar, incluso de manera oficiosa, las violaciones que puedan llegar a cometerse en perjuicio de los mismos.

La PRODECON tiene por objetivo proteger los derechos y garantías de los contribuyentes mediante asesoría, representación y defensa; así como la recepción de quejas y emisión de recomendaciones en materia fiscal; además de otras importantes facultades como son la identificación de los problemas endémicos del sistema, celebrar reuniones periódicas con las asociaciones empresariales y profesionales, con síndicos y contribuyentes organizados, a las que deberán acudir las autoridades fiscales de alto nivel; proponer medidas correctivas; interpretar normas tributarias y fomentar la cultura contributiva.

QUINTA. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir al gasto público, atendiendo al sentido social de aportar para que el Estado pueda procurar protección, seguridad, servicios, entre otros; sin embargo, la Comisión que suscribe considera que esta relación generalmente se limita al pago de las contribuciones sin conocer su esencia o sus procedimientos, por ello es importante conocer los derechos como contribuyente, las facultades de la autoridad Fiscal y los medios de defensa a los que se puede recurrir.

Al respecto, el artículo 2o.- de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente señala:

“ Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

II. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables.

III. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados.

V. Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente, previo el pago de los derechos que en su caso, establezca la Ley.

VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante.

VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria.

IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa.

X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa.

XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas.

XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.

Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.

La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectara? la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.

XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.

XIV. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.”

Sin embargo, al ser el sistema tributario en México tan complejo en su administración, resulta más difícil que los contribuyentes cumplan a cabalidad con sus obligaciones y conozcan y ejerzan sus derechos.

SEXTA.Asimismo, la Comisión que suscribe es consciente de que el sistema fiscal no sólo debe replantearse esquemas eficientes y eficaces para la recaudación, sino también debe incorporar nuevos esquemas de defensa y protección de los contribuyentes, sobre todo para las personas o los grupos vulnerables.

Lo anterior implica que el Estado cuente con ciudadanos instruidos en temas fiscales, no como una mera transmisión de conceptos técnicos, sino como una visión de construir una ciudadanía activa, solidaria y responsable, consciente de sus derechos y de sus obligaciones, que propicie los elementos para que la sociedad conviva en armonía, paz e igualdad.

La Comisión que dictamina coincide en que la falta de una cultura contributiva y fiscal es, sin duda, un indicador de las carencias legales que puede llegar a tener una nación, al considerar a las contribuciones como una imposición sin conocer los beneficios y alcances de la responsabilidad que como ciudadano se tiene de concurrir al gasto público, por lo que trabajar la educación fiscal requiere forjar un mayor conocimiento de la realidad fiscal de cada país, conocer la cultura fiscal de los ciudadanos, la legitimidad social de las administraciones fiscales y la valoración ciudadana del funcionamiento de la democracia y de sus instituciones.

Al respecto, la Comisión que dictamina considera necesario mencionar que la fracción XV del artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, establece que se tendrá la atribución de fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando campañas de comunicación y difusión social respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en estricto apego a la legalidad.

No obstante, dichos esfuerzos no han sido suficientes para las condiciones demográficas de México; por lo anterior la Comisión que suscribe está de acuerdo en que es necesario reforzar la medida dotando a la PRODECON de la atribución de establecer programas educativos, y de otra índole en materia de cultura fiscal y contributiva con la intención de poder llegar a los diferentes sectores y niveles de la población, principalmente a los jóvenes y niños para efecto de ir generando una cultura fiscal y contributiva a temprana edad en la cual conozcan perfectamente sus derechos y obligaciones tributarias.

SÉPTIMA. La Comisión de Hacienda y Crédito Público reconoce que actualmente no hay una instancia del Estado que garantice y fomente al ciudadano una cultura contributiva que efectivamente logre generar una conciencia de pago en los contribuyentes y sobre todo que permita llegar a temprana edad a influir en la concepción que se tiene sobre el pago de los impuestos y genere conciencia sobre los beneficios intrínsecos en su provecho que esa actividad trae aparejada, lo que inclusive lo empodera para la exigencia de respeto irrestricto en sus derechos fundamentales, así como de la participación equitativa que le corresponda a su persona y familia dentro de toda política pública y beneficio social derivado de la procuración del Estado Mexicano.

Sobre el particular, la propia Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece:

“ Artículo 6o.- Las autoridades fiscales realizarán campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación, para fomentar y generar en la población mexicana la cultura contributiva y divulgar los derechos del contribuyente.”

No obstante lo anterior, los esfuerzos llevados a cabo por el Servicio de Administración Tributaria no ha cumplido con la encomienda de conjuntar los esfuerzos de todos los entes en materia fiscal, tanto públicos como privados, a fin de generar una población más activa respecto de sus obligaciones y derechos en materia tributaria.

Para ilustrar lo anterior, el estudio Doing Business 2014 elaborado por el Banco Mundial, ubica a México en el lugar 105 de 183 países en cuanto a la facilidad para cumplir con las obligaciones hacendarias; en México se deben pagar 6 tributos en promedio al año, y el tiempo que se requiere para presentar, preparar y pagar o retener el impuesto, en horas al año es un promedio mínimo de 334; casi el doble de las 175 horas que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta Comisión que suscribe coincide plenamente en que la falta de programas educativos en materia fiscal desincentiva el pago voluntario y la defensa de los derechos de todos los pagadores de impuestos, por lo que considera necesario dotar de dicha facultada la Procuraduría de Defensa del Contribuyente a efecto de que sea dicha institución la encargada de proponer los programas educativos en materia de cultura fiscal y contributiva, y presentarlo a las autoridades competentes, tanto fiscal como educativa, con la intención de armonizar y coordinar dicha actividad.

Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con la necesidad de facultar a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para que sea la encargada de proponer los programas educativos en materia de cultura fiscal y contributiva, y presentarlo a las autoridades competentes con la intención de armonizar y coordinar el trabajo con las autoridades fiscales, toda vez que de la cultura contributiva de la sociedad depende en gran medida la eficacia del sistema fiscal de un país; razón por la cual se adiciona el segundo párrafo a la fracción XV del artículo 5 de la Ley Orgánica.

Además, la atribución que se pretende dar a la PRODECON propiciaría la armonización en el actuar de los órganos especializados en la defensa de los derechos de los mexicanos, como es el caso de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la cual está facultada legalmente para elaborar y proponer a las autoridades competentes en materia financiera programas educativos y de otra índole en materia de cultura financiera, contribuyendo a eliminar irregularidades que se cometen en la prestación de los servicios de este tipo al brindar la información suficiente y necesaria respecto de sus derechos y obligaciones a los usuarios de estos servicios.

Sin embargo, la Comisión que suscribe considera necesario llevar acabo algunas modificaciones a la redacción planteada en la iniciativa para darle claridad al texto legal y evitar duplicidad de esfuerzos por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas en dicha tarea, por lo que el texto de la fracción XV del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quedaría de la siguiente manera:

“ Artículo 5.- ...

I.- a XIV.- ...

XV.- ...

XVI.- a XVII.- ...

...

...

...”

Asimismo, con el fin de dotar de certeza al proyecto de decreto que se propone, se incluye una disposición transitoria que se apega a los principios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que se establece que toda propuesta de aumento o creación de gasto, deberá acompañarse de la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Dicha disposición transitoria pretende evitar que con la entrada en vigor del decreto correspondiente, las dependencias encargadas de su aplicación soliciten mayores recursos a los que les fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, obligándolas con ello a ejercer los recursos públicos con mayor eficiencia.

OCTAVA. Respecto de la iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión considera necesario precisar que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Soberanía, mediante oficio CEFP/DG/0048/16 de fecha 2 de febrero de 2016, dio cuenta de la valoración de impacto presupuestario en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, concluyendo que no se genera un impacto presupuestario para la dependencia ni para el resto de la Administración Pública Federal.

Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera adecuado aprobar la propuesta de mérito en el sentido que se ha descrito, por lo que somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción XV del artículo 5, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como sigue:

Artículo 5.- ...

I.- a XIV.- ...

XV.- ...

La Procuraduría propondrá a las autoridades competentes, programas para difundir la cultura tributaria, a partir de las bases que para tales efectos expida su órgano de gobierno.

XVI.- a XVII.- ...

...

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de las autoridades competentes.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a los catorce días del mes de abril de dos mil dieciséis.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), presidenta; Mariana Benítez Tiburcio, Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Ricardo David García Portilla, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca, Waldo Fernández González, Carlos Hernández Mirón, Lucia Virginia Meza Guzmán, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Juan Romero Tenorio (rúbrica), María Elena Orantes López, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes (rúbrica), secretarios; Yerico Abramo Masso (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Alejandro Armenta Mier (rúbrica), Pablo Basáñez García (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), Federico Döring Casar, Óscar Ferrer Ábalos (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Rosa Elena Millán Bueno, Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Matías Nazario Morales, Javier Antonio Neblina Vega, Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Rendón García (rúbrica), José Antonio Salas Valencia (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2; 81, 84, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos de los referidos ordenamientos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento:

• En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

• En el apartado “Contenido de las iniciativas”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de las iniciativas en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

• En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las reformas y adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 30 de marzo de 2016 la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 y adiciona un artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, misma que fue suscrita por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del mismo grupo parlamentario.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa propone reformar el artículo 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para quedar como sigue:

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I-IV...

V. Propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso y aprovechamiento de sus propiedades para su beneficio.

Así como adicionar un artículo 34 Bis del referido ordenamiento, que quedaría como se transcribe:

IV. Consideraciones

PRIMERA: Por técnica legislativa y para mejor comprensión de la iniciativa de reforma, la Comisión elaboró un cuadro comparativo del texto que se pretende reformar de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

SEGUNDA: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la iniciativa materia del presente dictamen, y coincide con el objeto de la misma en virtud de que representa un avance importante en la reivindicación del derecho de las mujeres a la propiedad y tenencia de la tierra y en la participación igualitaria en las actividades económicas del medio rural. Asimismo contribuye al reconocimiento de su dignidad en el entorno cultural que históricamente le ha sido adverso, contribuyendo en la adecuación del marco normativo para impulsar el goce de los derechos agrarios y el pleno desarrollo de su persona.

TERCERA: Esta Comisión comparte la preocupación de los diputados proponentes acerca de promover la igualdad en los derechos de las mujeres en la incorporación de la vida económica nacional, en la que consideran debe añadirse expresamente la situación de las mujeres rurales que laboran en actividades agropecuarias como la agricultura y la actividad ganadera, entre otras actividades, y que además realizan labores domésticas que en gran medida no son remuneradas. Los diputados proponentes buscan mencionar explícitamente la sustantividad de los derechos de las mujeres sobre sus propiedades, entendiéndose no solamente los bienes inmuebles, sino en bienes muebles, pues es relevante considerar que en la vida económica no solamente figura la industria de bienes, sino también los servicios como es la renta de bienes muebles e inmuebles, situación con la que esta Comisión coincide.

CUARTA: Esta Comisión considera que la propuesta viene a complementar las acciones en materia legislativa en favor de la protección de los derechos de las mujeres, y en el caso que nos ocupa sobre las mujeres rurales, ya que como lo mencionan los proponentes en su “exposición de motivos”, en la legislatura pasada se llevó a cabo una reforma a la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para incluir acciones tendientes a la promoción y respeto de los derechos de las mujeres rurales e indígenas. Por tal razón, esta Comisión estima pertinente continuar con la realización de las medidas legislativas para proteger a las mujeres rurales, se mantiene la lucha por la defensa de sus derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 4, 5 y 27, en materia de igualdad, libertad de trabajo y acceso al dominio y posesión de tierras.

QUINTA: Esta Comisión dictaminadora considera que la adición del artículo 34 Bis, viene a prescribir con precisión la garantía de cumplir con el principio de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras, de la misma forma proscribe la discriminación de las mujeres en materia agraria, pues compartimos el interés de la propuesta para que en los procesos productivos de índole agropecuario, así como en lo referente a la disposición de las tierras, las mujeres rurales, incluyendo a las indígenas, deben ejercer el dominio pleno, así como obtener las mismas oportunidades que los hombres para recibir apoyos y para trabajar sus tierras.

SEXTA:Esta comisión añade que la situación de las mujeres rurales constituye parte fundamental de la Agenda de las Naciones Unidas en las áreas de integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, lo que conmina a los países a plantear reformas legislativas que permitan el acceso a recursos y la propiedad; al reconocimiento de la jornada de trabajo que realizan las mujeres rurales; a la capacitación y garantizar la participación en los niveles de decisión; a la promoción de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas; a la promoción de programas que reconcilien el trabajo y las responsabilidades familiares de las mujeres y los varones; y a la creación de un ambiente contra la violación de los derechos de las mujeres y las niñas.

SÉPTIMA: Esta Comisión añade los siguientes ordenamientos que fundan la petición de reforma y adición motivo del presente dictamen:

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José, donde se establece el derecho de toda persona al uso y goce de sus bienes así como el hecho de que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas en la ley.

• La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) propone, entre las medidas a adoptar por los Estados: a) asegurar en todos los niveles, que la mujer pueda adquirir, poseer y vender bienes y tierras en las mismas condiciones que los hombres, b) mejorar el acceso a la tierra, el crédito, la información, la infraestructura y otros recursos productivos.

• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda: a) que los gobiernos cumplan plenamente sus obligaciones internacionales y regionales relacionados con la tenencia de la tierra y la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda adecuada, b) que los Estados armonicen sus legislaciones para asegurar que las mujeres disfruten de plena igualdad de derechos en materia de propiedad de la tierra y otros bienes, incluso a través de la herencia, c) que los gobiernos transformen sus costumbres y tradiciones que discriminan a la mujer y que le niegan la seguridad de tenencia y la igualdad en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada y d) que los gobiernos alienten a sus instituciones de crédito para que aseguren que sus políticas y prácticas no sean discriminatorias contra la mujer.

OCTAVA: Esta Comisión destaca la referencia que realizan los diputados proponentes al señalar que el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha hecho observaciones y recomendaciones para empoderar a las mujeres rurales e indígenas, toda vez que frecuentemente son las herederas legítimas para tener el control y dominio de tierras y propiedades, las cuales deben ser empleadas para su beneficio. Por ello el referido Comité en el informe del año 2012 destaca la recomendación número 35 que indica lo siguiente:

El Comité de expertas reitera sus recomendaciones anteriores y exhorta al Estado parte que: a) velar por que todas las políticas y programas encaminados a la erradicación de la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural con miras a eliminar la discriminación contra las mujeres indígenas rurales; b) adoptar medidas especiales temporales para abordar las disparidades que enfrentan las mujeres rurales indígenas con respecto al acceso a la tierra y a la propiedad, así como los servicios sociales básicos, incluyendo educación y salud y su participación en procesos de toma de decisiones(...)

Por lo que esta iniciativa responde a una recomendación de la CEDAW.

Por las razones expuestas, esta Comisión resuelve que es procedente la iniciativa que se dictamina, en virtud de que coadyuvará en la inclusión de las mujeres rurales e indígenas en la vida económica nacional, reconociendo su potencial productivo tanto en el trabajo agropecuario como en la administración de sus tierras para la producción, además de que no contraviene ni duplica ninguna disposición del orden jurídico vigente.

Por las consideraciones anteriormente expuestas la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Artículo Único. Se adicionan una fracción V al artículo 33 y un artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de: ...

I. y II...

III. Impulsar liderazgos igualitarios;

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, y

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 A/58/167 Improvement of the situation of women in rural areas, Report of the Secretary General , 58th session, Item 112 of the provisional agenda, UN General Assembly 18, July 2003

2 CEAMEG, Diagnóstico del trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres en la LXII Legislatura. Retos Y pendientes. Cámara de Diputados, 2015.

3 OEA, San Joseé, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969. Vinculación de México 24 de marzo de 1981.

4 ONU, El Cairo, Egipto del 5 al 13 de septiembre de 1194.

5 ONU, Consejo Económico y Social, disponible en

http://www.acnur.org/Pdf/0653.pdf?view=1.

6 Observaciones finales del Comité de expertas para la eliminación de la discriminación contra la mujer CEDAW/C/MEX/CO/7-8 Distr. General 27 July 2012, Original: Inglés. Traducción de cortesía al Español Quincuagésimo segundo período de sesiones, consultado en

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ docs/observacionescedaw.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Katia Berenice Burguete Zúñiga (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, secretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Gretel Culin Jaime (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos, así como el artículo 80, 82 numeral 1; 85, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; y 176 del Reglamento de Cámara de Diputados y demás relativos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

I. Metodología.

La Comisión de Igualdad de Género encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las reformas planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de 2016 la diputada Angélica Reyes Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó la Iniciativa a esta Comisión de Igualdad de Género, para la elaboración su estudio y dictámen correspondiente.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa pretende reforzar los mecanismos y obligaciones de las diferentes entidades para proporcionar los datos necesarios para el funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, así como modificar la instancia de la cual depende.

III. Consideraciones

Primera. La iniciativa expresa que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, es uno de los principales instrumentos de nuestro marco jurídico nacional que da respuesta a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, específicamente para prevención, atención sanción y erradicación de la violencia contra las niñas y mujeres de nuestro país.

Subraya que el principal objetivo de este instrumento jurídico es guiar y coordinar las acciones entre la federación, las entidades y los municipios, para garantizar el acceso de las mujeres mexicanas a vivir libres de violencia. Además, establece y define los tipos y modalidades de la violencia, instrumenta diversas figuras jurídicas como la alerta de violencia de género y las órdenes de protección, mandata la integración del programa integral y un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los cuales buscan la unificación de esfuerzos, programas y políticas interinstitucionales para el cumplimiento de la ley. Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia enuncia la integración de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Menciona que a nueve años de que fue promulgada la Ley General de Acceso, se muestran visibles inconsistencias que han obstaculizado la implementación y operación adecuada de algunas de las figuras que ahí se mandatan. La presente propuesta se refiere específicamente al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, comúnmente denominado por su acrónimo BANAVIM.

Segunda. En la propuesta se incluye que la figura del banco es enunciada desde 2007, con la promulgación de la ley; sin embargo, la operación del mismo no ha dado cumplimiento al objetivo de su creación. En este sentido, es necesario reconocer que, desde su creación, erróneamente se faculta a la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo la integración del mismo (artículo 44 fracción III). De igual manera, establece a la Secretaría de Gobernación como la instancia de gobierno coordinadora de las acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Menciona que aunado a la atribución que se le otorgó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de manera aislada también se integró en las acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el mandato de publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres. (Artículo 38 fracción X). En este sentido es importante mencionar que la ley mandata a la Secretaría de Gobernación a elaborar el programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema (artículo 42 fracción III).

Subraya que la articulación del banco en el texto de la ley no es precisa. A pesar de ello, de manera institucional muchos han sido los avances para el arranque y funcionamiento de esta importante herramienta gubernamental, como son:

• A partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se han etiquetado recursos para su operación.

• El 16 de abril de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para el funcionamiento y operación del banco.

• En el año 2010, la plataforma nacional del banco entró en operación.

• Con la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2013, se mandata a los integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, proporcionar la información necesaria para mantener actualizado el banco nacional de conformidad con los lineamientos que debe emitir la SSP (artículo 47); y se mandata a la Secretaría de Gobernación la atribución de administrar y operarlo, así como emitir los lineamientos necesarios para determinar e integrar la información que contendrá, (artículo 54 fracciones XI y XII) y la de proporcionar la información del banco a los particulares en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental (fracción XIII del mismo artículo).

La iniciativa subraya la evidente desarmonización que prevalece entre el reglamento y la ley, e incluso afirma que el reglamento ha rebasado a la ley.

Señala que los esfuerzos antes mencionados no han sido suficientes para tener diagnósticos actualizados y periódicos que favorezcan direccionar de manera adecuada las acciones que se requieren para erradicar y atender la violencia en los estados y en cada una de las instituciones que integra el sistema nacional.

Tercera. Dentro de la argumentación, establece la necesidad de actualizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de sistematizar y articular el objetivo del Banco que es, entre otros, el de contar con una herramienta para la generación de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos, con el fin de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de mujeres.

En esta sistematización propone de manera primordial incluir al banco en las disposiciones generales de la Ley General de Acceso, para definirlo de acuerdo a su funcionamiento y objetivos. Plantea también, que tal y como ya sucede en el intento de su funcionamiento, se debe establecer de manera clara que la instancia rectora en materia de violencia en nuestro país será también la encargada de coordinar, integrar y actualizar el banco la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tal y como lo establece el reglamento. En esta iniciativa también se enuncia que son todos los integrantes del sistema quienes deben proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al banco. Asimismo, menciona que la Procuraduría General de la República, por ser parte integrante del Sistema, debe publicar claramente la inclusión de los delitos cometidos en contra las mujeres.

Señala que debido a que en el año 2013, mediante decreto presidencial, la Secretaría de Seguridad Pública se convirtió en la Comisión Nacional de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación, por lo que el BANAVIM pasó a depender de dicha Comisión; no obstante, la presente propuesta hace énfasis en establecer de manera clara la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación de operar el BANAVIM para la articulación de mecanismos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres y no de los mecanismos de sanción que son propios de la seguridad pública.

La iniciativa reitera que el 22 de febrero del presente año, la Secretaría de Gobernación anunció diversas acciones para acelerar la igualdad de género, entre ellas incluye el fortalecimiento del BANAVIM, con la finalidad de conocer a profundidad las causas de la violencia e identificar acciones para prevenirla. En este sentido, menciona que las y los legisladores tenemos la responsabilidad de actuar al respecto y en cumplimiento a nuestras obligaciones contribuir a la adecuación del marco jurídico para el armónico funcionamiento del banco.

Cuarta. Esta Comisión de Igualdad de Género analizó y discutió el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto objeto del presente dictamen y tomaron en consideración lo siguiente.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero:

“ En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

...”

Por lo que esta materia es de derechos humanos, regulada en nuestra Ley Suprema y como tal debe dársele el análisis requerido, en virtud de poder salvaguardar los derechos de las y los mexicanos a la vida, la libertad, integridad y seguridad. Se hace hincapié en la obligatoriedad de los tratados internaciones de los cuales México es parte y dentro de los cuales se encuentra la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)” en vigor desde el 3 de septiembre de 1981 como se menciona en la iniciativa.

Quinta. De igual manera el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su primer párrafo el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres:

“ Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley...”

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, considerado como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad.

Es así que la igualdad como derecho social y universal, es elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases tendientes a eliminar la situación de desigualdad que existe de facto entre hombres y mujeres, como se consagra en los cuerpos normativos con que cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salvaguardar los derechos de la mujer no solo en el ámbito social, laboral, económico y de salud.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

• Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Sexta. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), órgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación en su Informe de Labores del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra Las Mujeres 2013, incluye, dentro de los resultados presentados que dan cuenta de lo realizado en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres: Garantizar los Sistemas de Información y Estadísticas sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres.

En dicho informe, se documenta que recaban información de la situación que guarda cada entidad federativa en el tema de violencia contra las mujeres y las niñas, informando:

“En el caso de los registros, 20 entidades federativas reportaron contar con un banco de datos o un sistema de información sobre los casos de violencia”

Dicho informe precisa que “la Secretaría de Gobernación con el objeto de administrar y operar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), brindó soporte técnico a 23 dependencias integrantes de los sistemas estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y llevó a cabo una reunión de trabajo para revisar y actualizar los lineamientos del BANAVIM”.

Séptima. Recientemente en la Comisión de Igualdad de Género, se aprobo un dictamen que adhiere dentro de la modalidad de violencia en la Comunidad la obligatoriedad de las entidades federativas para proporcionar los datos necesarios para la alimentación del BANAVIM.

Octava. Por técnica legislativa y para fácil comprensión de la iniciativa, las Comisiones elaboraron un cuadro comparativo del texto que se pretende reformar.

Novena. Respecto a las observaciones que el órgano auditor realizó en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 estableció que:

“ El cumplimiento del objetivo del programa en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres La CONAVIM no acreditó que hubiese llevado a cabo acciones con perspectiva de género para publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), por lo que en 2014 no se evidenció que impulsó el fortalecimiento de la integración y administración del BANAVIM, que permita instrumentar la política de prevención y atención de la violencia de género, a fin de apoyar la toma de decisiones para disminuir los casos de violencia contra las mujeres, por lo que en el país aún no se dispone de estadísticas oficiales y confiables sobre los casos de violencia contra las mujeres”.

Ante la inconsistencia de la Ley y las observaciones de la integración y administración del BANAVIM, esta Comisión dictaminadora considera que las y los legisladoras tienen la obligación de armonizar la Ley de acuerdo a la realidad social y solicitar la información correspondiente para que este mecanismo funcione adecuadamente permitiendo con ello instrumentar una política de prevención y atención de la violencia de género.

Actualmente no se ha cumplido con la publicación semestral de la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, por tanto, tampoco se dispone de datos oficiales sobre los casos de violencia contra las mujeres, en este sentido esta Comisión comparte la preocupación de la iniciativa relativa a la falta de armonización que favorezca el adecuado funcionamiento de los sistemas que se han mandatado.

Décima. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una ley que establece y coordina acciones entre los tres ámbitos de gobierno, esta Comisión considera prioritario que la ley regule de manera adecuada la operación del BANAVIM para que se obligue de manera expresa a las instancias que integran el Sistema Nacional, así como a las entidades federativas para que integren, coordinen y actualicen el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres. En este sentido, consideramos que la propuesta de crear el Banco Estatal, se debe de ampliar a coordinar y actualizarlo.

Décima Primera. Esta Comisión coincide con la viabilidad y procedencia de la propuesta legislativa, toda vez que armoniza con lo que ya se opera actualmente y se mandata en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

Artículo Único. Se adiciona la fracción XII al artículo 5; se reforma la fracción X del artículo 38; se adiciona la fracción XII Bis al artículo 42; adiciona la fracción VII Bis al artículo 43; se reforma el título de la Sección Cuarta; se reforma el primer párrafo y la fracción III del artículo 44; se adiciona la fracción XII Bis del artículo 46; se adiciona la fracción VII Bis del artículo 46 Bis; se adiciona la fracción V Bis al artículo 46 Ter; se adiciona la fracción X Bis al artículo 47; y se reforma el primer párrafo y adicionan las fracciones VI Bis y VI Ter al artículo 49, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres: Al sistema digital en el que se concentra el registro con los datos generales y sociodemográficos de las víctimas de violencia de género, las personas agresoras y las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres. Concentra la información proporcionada por las dependencias del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que son las encargadas de crear, procesar y actualizar los expedientes electrónicos únicos para cada caso de violencia contra la mujer y las órdenes de protección.

Artículo 38. El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I. a IX. ...

X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitosde Violencia contra las Mujeres;

XI. a XIII. ...

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. a la XII. ...

XII Bis. Coordinar, integrar y actualizar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las mujeres;

XIII. a XV. ...

Artículo 43. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. a VII. ...

VII Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VIII. a IX. ...

Sección Cuarta. De la Comisión Nacional de Seguridad

Artículo 44. Corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad:

I. a II. ...

III. Proporcionar de manera periódica la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

IV. a XII. ...

Artículo 46.Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a XII. ...

XII Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

XIII. y XIV. ...

Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

I. a VII. ...

VII Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VIII. y IX. ...

Artículo 46 Ter. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:

I. a V....

V Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VI. a VIII. ...

Artículo 47.Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. a X. ...

X Bis. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

XI. y XII. ...

Artículo 49.Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a VI. ...

VI Bis. Crear, coordinar y actualizar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VI Ter. Proporcionar de manera periódica y dentro de su ámbito de competencia la información completa y oportuna al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres;

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género, diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Katia Berenice Burguete Zúñiga (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, secretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Gretel Culin Jaime (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente las Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, procedió al análisis de las iniciativas, presentando a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

Al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión para su análisis y dictaminación.

II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS” se resumen los objetivos de las mismas y los argumentos que presenta su autor.

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente predictamen.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 1 de diciembre de 2015, el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

II. Con fecha 2 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII legislatura de la H. Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

III. Con fecha 5 de febrero de 2016, se presentó ante Mesa Directiva solicitud de prórroga para resolver este asunto, misma que fue otorgada de acuerdo a lo establecido por el artículo 183 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

IV. Con fecha 23 de febrero de 2016, el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

V. Con fecha 24 de febrero de 2016, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII legislatura de la H. Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

VI. Por tratarse de dos iniciativas que presentan el mismo contenido con respecto a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión procedió a elaborar un solo dictamen.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

I.La idea central de las Iniciativas radica en:

Dotar de certeza jurídica el marco que regula el procedimiento de juicio político, al establecer cuáles son las comisiones de la Cámara de Diputados responsables de la integración de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político. Así como cambiar, la figura de la Gran Comisión por la Junta de Coordinación Política, ya que quedó extinta cuando se promulgó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en 1999. Lo anterior, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

II. El Diputado proponente basa su propuesta en la siguiente línea argumentativa:

“ El Título Segundo de este ordenamiento regula los procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia. De forma particular, el procedimiento de juicio político tiene un procedimiento específico activado por la denuncia de cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, ante las instancias competentes de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a la ley materia de la presente iniciativa, compete a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia la integración de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político, a fin de analizar y estudiar la procedencia de aquellas presentadas por los ciudadanos, y la valoración de las pruebas correspondientes que vayan fundando la denuncia respectiva, de conformidad con el artículo 7º, cuando un servidor público actúe en perjuicio de los intereses fundamentales.

Así, la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político será conformada al momento de la instalación de las comisiones ordinarias de Gobernación y de Justicia y designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que, en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren este órgano jurisdiccional para el análisis y resolución de la procedencia o no de las denuncias presentadas.

No obstante, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no se ha actualizado el nombre de las comisiones que intervienen en el proceso. El artículo 10 de este ordenamiento dispone que serán las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia las que integrarán la Subcomisión; sin embargo, la normatividad vigente enumera a la Comisión de Gobernación de manera independiente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El 25 de mayo de 1979 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual ordenó la creación de las Comisiones ordinarias, entre las que se encontraba la Comisión de Gobernación, y Puntos Constitucionales.

No obstante, el 3 de septiembre de 1999, el decreto de creación de la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abrogó a la del 25 de mayo de 1979, creando nuevas comisiones ordinarias. Con esto, desapareció la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y se creó la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.

En las reformas del 9 de octubre de 2000, se creó la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de manera que la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública cambió su nombre a Gobernación y Seguridad Pública. Posteriormente, las reformas del 29 de septiembre de 2003 crearon la Comisión de Seguridad Pública, originando la actual Comisión de Gobernación.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos todavía contempla a la figura de la Gran Comisión, misma que fue extinta al promulgarse la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del 3 de septiembre de 1999. Entonces se creó la Junta de Coordinación Política, órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Es por esto que, al proponer las reformas a los artículos de referencia, se estará dotando de certeza jurídica al establecer claramente cuáles son las comisiones de la Cámara de Diputados responsables de la integración de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político.”

III. El texto legal que propone se contrasta a continuación con el texto legal vigente, en el siguiente comparativo:

Decreto por el que se reforman los artículos 10, segundo párrafo; 11, primer y tercer párrafos y 12, inciso e) de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Cámara de Diputados es competente para conocer las iniciativas, de acuerdo con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación con los artículos 109, párrafo 1, 110, 111 y 113 párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando el trámite correspondiente con base en el artículo 158 numeral IV del Reglamento para la Cámara de Diputados con relación al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. El juicio político es un procedimiento jurisdiccional constitucional per sé, regulado en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 109, párrafo 1, 110, 111 y 113 párrafo 1 y cuya reglamentación principal se encuentra en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde se precisa el papel del Congreso de la Unión en dicho procedimiento. Y cuya facultad de procedencia la tiene la Cámara de Diputados según la fracción V del artículo 74; y de Jurado de Sentencia, la Cámara de Senadores de acuerdo a la fracción VIII del artículo 76 de la Constitución.

TERCERA. En lo que respecta a la propuesta, interesa por un lado; establecer claramente cuáles son las comisiones de la Cámara de Diputados responsables de la integración de la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político. Y por el otro; sustituir la figura de la Gran Comisión por la Junta de Coordinación Política.

CUARTA. En este orden de ideas, la Comisión que dictamina, da cuenta que las Iniciativas en su conjunto, no pretenden una modificación de fondo sino armonizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Según el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el procedimiento de juicio político comienza con la denuncia presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Posteriormente, por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, se integrará la Subcomisión de Examen Previo que procederá las denuncias de juicios políticos.

Esta Comisión Dictaminadora, constata que el 25 de mayo de 1979 se creó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Es de recordar que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos data de 1982, y que la circunstancia de que empleara dicha terminología, responde a que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente establecía como una Comisión a Gobernación y Puntos Constitucionales, sin embargo, ésta fue modificada por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en 1999, lo cual dio origen a un nuevo ordenamiento para el Congreso de la Unión, mismo que se ha perfeccionado según las necesidades imperantes de la nación.

En el siguiente cuadro se aprecian las modificaciones que han sufrido las citadas Comisiones:

Según lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, se precisan tres Comisiones en las fracciones XXVIII, XXXII y XL en su artículo 39. Sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sigue haciendo alusión a dos comisiones, en discordancia con la Ley Orgánica del Congreso.

Es interés del diputado proponente que se precisen las dos Comisiones que participan en el procedimiento de Juicio Político: la de Gobernación y la de Justicia, modificando el artículo 10 y 12 de la Ley en comento.

QUINTA. La reforma a los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2006, en su artículo tercero transitorio, indica que las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados son los órganos competentes para sustanciar los asuntos a los que refiere la presente iniciativa.

“ Artículo 3. Las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados serán los órganos competentes para sustanciar los asuntos en términos de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”

Al respecto, está Comisión, coincide en dar certeza jurídica al marco que regula dicho procedimiento y actualizarlo de acuerdo a las reformas que se han hecho, dotando de claridad ambos textos normativos.

SEXTA. En este orden de ideas, el artículo 11 de la Ley que se pretende reformar, sigue hablando de la figura “La Gran Comisión”, órgano extinto con la expedición de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, asumiendo las tareas de dirección política de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política.

En suma, se considera que las Iniciativas aportan elementos de congruencia, certeza y precisión entre la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SÉPTIMA. Para precisar y garantizar lo anterior, esta Comisión propone adicionar la adecuación correspondiente al principio de Soberanía plenaria que tiene el Congreso de la Unión en cada una de sus Cámaras, reconocido en procedimientos de integración: Mesa Directiva, Comisiones, etc., de conformidad con los artículos 17, 34 numeral 1, inciso c), 39 y 68 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual se propone lo siguiente:

“Artículo 11. Al proponer la Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas a propuesta de la Junta de Coordinación Política, de entre los miembros de las Comisiones respectivas, y aprobadas por el Pleno.”

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ÚNICO. Se reforman los artículos 10, segundo párrafo; 11, primer y tercer párrafos y 12, inciso e, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.

Artículo 11. Al proponer la Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas a propuesta de la Junta de Coordinación Política, de entre los miembros de las Comisiones respectivas, y aprobadas por el Pleno.

Artículo 12. ...

a) a d)...

e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

N otas:

1. Dra. Licona Vite, Cecilia, Juicio Político, México, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, LX Legislatura de la Cámara de Diputados, marzo 2007, pp. 130-132.

2. Es de recordar que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1979 (actualmente abrogada) reglaba, que la integración de las comisiones fuera propuesta del órgano denominado Gran Comisión. Sin embargo, ésta no se constituyó por falta de mayoría absoluta en 1997. Y con la expedición de una nueva Ley, la Junta de Coordinación Política asumió un papel similar a aquella. Veáse. Opinión emitida por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados el día 25 de enero de 2016 con oficio CEDIP/LXIII/DG/035/16.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 13 de abril de 2016.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Emma Margarita Alemán Olvera, Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, José Hernán Cortés Berumen, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Hernández Correa, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Susana Osorno Belmont (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Francisco Javier Nava Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 82, 85, 157 numeral 1 Fracción I; 176; 177; 180 numeral 1 y numeral 2 fracción II; 182 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

I. ANTECEDENTES:

a) En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 1 de marzo de 2016, la diputada Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa objeto del presente dictamen.

b) Con oficio D.G.P.L. 63-II-2-575, del 1 de marzo de 2016 y con número de expediente 1877, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional, para su estudio y dictaminación.

c) Con oficio D.G.P.L. 63-II-2-663, del 31 de marzo de 2016 y con número de expediente 1877, la Mesa Directiva, modifica el trámite dictado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, turnando para opinión a la Comisión de Marina. El Oficio se recibió en la Comisión el 1 de abril de 2016.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

La proponente hace un recuento histórico de las instituciones que antecedieron al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, destacando los siguientes momentos:

• El establecimiento de la Gran Casa Nacional de Inválidos en 1829.

• La consagración de las garantías individuales en la Constitución de 1917.

• La creación de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro en 1925.

• El establecimiento del Sistema de Seguros Obligatorio en 1929.

• La creación de la Dirección de Pensiones Militares en 1955.

• La publicación de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en 1976.

A continuación señala que instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25.1, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11.1 establecen diversos derechos y entre ellos a la vivienda. También refiere que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f) prevé lo siguiente:

Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos

En referencia a este precepto cita el quinto párrafo de la fracción XIII del referido artículo 123 en su apartado B, que a la letra dice:

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

En consecuencia concluye que:

[...] tanto por mandato internacional, como constitucional se establecen instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar el objetivo consistente en que toda familia goce de una vivienda digna y adecuada, ubicada en espacios equipados, en localidades dotadas de servicios urbanos, accesibles, con espacios intermedios de relación que permita la comunicación vecinal, donde sea posible el desarrollo familiar y personal a todos los niveles que la sociedad demanda.

Señala que en el ámbito castrense, el precepto constitucional se cumple con el Fondo de Vivienda Militar del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

A continuación presenta los montos de los créditos hipotecarios, que van de un rango de $331,500.00 para soldado o marinero, hasta $1,287,000.00 para General de División o Almirante, los cuales considera que no son “muy sustanciosos para adquirir vivienda digna y adecuada”.

La proponente señala que la fracción IV del artículo 108 de la Ley del ISSFAM sólo prevé que se otorguen créditos de forma mancomunada cuando ambos cónyuges sean militares, lo que no permite utilizar créditos del cónyuge que no pertenece a la milicia otorgados por el FOVISSSTE, el FONACOT, la CONAVI o alguna otra institución que otorgue esta prestación para sus trabajadores.

También señala que en la actual administración se ha previsto como objetivo de la política nacional de vivienda generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para vivienda, por lo que en congruencia con este ideal propone que se adicione un párrafo a la fracción IV del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas “a efecto de que se permita la acumulación de créditos hipotecarios, que cada uno de los cónyuges en el desempeño de sus actividades laborales ha alcanzado como prestación y de esa forma adquirir un solo crédito que merme en ambas partes la economía del hogar”. Considera por último que “desde esta perspectiva estarían los cónyuges contribuyendo para la adquisición de una vivienda digna y decorosa”.

III. METODOLOGÍA:

La Comisión de Defensa Nacional realizó el análisis y valoración de la Iniciativa en comento, mediante un análisis sistemático de legislación vigente, así como el análisis de técnica legislativa.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:

Para mejor comprensión de la iniciativa, se elaboró un cuadro comparativo con la propuesta citada y el texto vigente.

Del análisis de las propuestas del Diputado iniciante, esta Comisión de Defensa Nacional extrae las siguientes consideraciones:

Primera. La Comisión valora la propuesta de la Diputada y se adhiere al espíritu de su iniciativa, ya que el objetivo de esta es que los militares puedan tener acceso a una vivienda digna y decorosa.

Segunda.La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de febrero de 1983 adicionó un párrafo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose que:

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Esta reforma fue reglamentada con la expedición, el 27 de junio de 2006, de la Ley de Vivienda. Con la nueva Ley se estableció que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional y se definió la vivienda digna y decorosa en los siguientes términos:

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

También es importante señalar, como ya lo hizo la proponente, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, en su artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo quinto que el Estado proporcionará a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Tercera. Como señala la proponente, el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 prevé, como uno de sus objetivos: “Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda”.

De ahí la importancia de consolidar los créditos adquiridos por los cónyuges, con lo que no sólo se apoya la economía familiar, sino que también se posibilita la obtención de viviendas que garanticen que la familia cuente con los espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos que constituyen una vivienda digna.

Cuarta. La mancomunación es una figura jurídica prevista en nuestro orden positivo. El Capítulo IV, del Título segundo, de la Primera Parte, del Libro Cuarto del Código Civil Federal se titula “De las Obligaciones Mancomunadas”.

En este Capítulo se prevé en el artículo 1984 que la mancomunidad existe cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación. Entre los aspectos más importantes de la relación de mancomunidad están los siguientes:

• Hay solidaridad pasiva “cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida” (artículo 1987).

• La solidaridad resulta de la ley o de la voluntad de las partes (artículo 1988).

• “ Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda” (artículo 1989).

• “ El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda” (artículo 1990).

• “ El deudor solidario es responsable para con sus coobligados si no hace valer las excepciones que son comunes a todos” (artículo 1996).

• “ Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de éstos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible” (artículo 1998).

• “ Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás” (artículo 2001).

Quinta.La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas prevé la mancomunidad en la fracción IV que se pretende adicionar, por lo que el segundo párrafo que se agrega armoniza con el espíritu de la disposición, que es la posibilidad de que se otorguen y fijen créditos a militares en activo de forma mancomunada.

Sexta.En el ámbito administrativo ya se prevé la figura de préstamos mancomunados. Así por ejemplo, el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) establece los requisitos y los procedimientos para el acceso a este tipo de crédito. También el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) prevé los créditos conyugales en el caso de derechohabientes casados cuyo cónyuge cotiza al INFONAVIT.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ha desarrollado la modalidad de créditos con subsidio para derechohabientes del FOVISSSTE, con un ingreso individual de hasta 5 Veces el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, con el cual, se puede otorgar un crédito tradicional del FOVISSSTE, que se complementa con el Subsidio que otorga el Gobierno Federal a través de la CONAVI.

Séptima.La Comisión sugiere realizar adecuaciones al proyecto de decreto a efecto de realizar las correcciones que son necesarias para dar mayor claridad a la reforma. Estas adecuaciones son:

a) Se sustituye la expresión “ejército o las fuerzas armadas” por “Fuerzas Armadas”, esto con base en la fracción IV del artículo 4o. de la Ley que se pretende reformar, en el que se define “Fuerzas Armadas” por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

b) Se considera que la expresión “beneficiarios de créditos” es la que se debe utilizar.

c) Se desglosan las siglas de los organismos mencionados.

d) Se propone reemplazar la expresión “al cónyuge del o la militar” por: “a cónyuges de militares”.

Octava. Se propone modificar el artículo segundo transitorio para establecer qué disposición deberá ser reformada por el Ejecutivo, esto es, el Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, así como para clarificar el plazo máximo contabilizado en días naturales.

Novena. Durante la discusión del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto de fecha 12 de abril de 2016, la Comisión de Defensa Nacional, aprueba las siguientes adiciones al texto propuesto:

a). “... o concubinos”.

b) “...para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones o al pago de los pasivos que tengan por los conceptos anteriores.”

Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo segundo, a la fracción IV, del artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 108. ...

I a III. ...

IV. ...

También podrán mancomunarse los créditos de cónyuges que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas y que por su actividad laboral sean beneficiarios de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Comisión Nacional de Vivienda o de cualquier otra institución de seguridad social que otorgue esta prestación a cónyuges o concubinos de militares para adquirir vivienda; así como para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones o al pago de los pasivos que tengan por los conceptos anteriores.

V. y VI. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.Dentro del término de 45 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal y la Secretaría del ramo competente, deberán realizar las adecuaciones normativas al Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2016.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica), Alfredo Basurto Román (rúbrica), Manuel de Jesús Espino (rúbrica), secretarios; Fidel Almanza Monroy (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Otniel García Navarro (rúbrica), Jesús Enrique Jackson Ramírez (rúbrica), Carlos Federico Quinto Guillén (rúbrica), Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Enrique Pérez Rodríguez (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

VOLUMEN II

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se Expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN III Y IV

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Voto particular al dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se Expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentado por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

VOLUMEN V

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Muy buenos días, diputadas, diputados y todo el pueblo de México que nos ve por el Canal del Congreso. Como presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, vengo a presentar ante esta honorable asamblea el dictamen con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta propuesta de ley es un paso adelante, por lo menos a nivel federal, del reciente proceso de reformas legislativas y por supuesto es un paso adelante al largo camino que nos va a llevar a una serie de leyes secundarias que estamos por aprobar que en este caso, en materia de transparencia y derecho al acceso a la información, inició la pasada Legislatura del Congreso de la Unión con la discusión y aprobación de la reforma constitucional de febrero de 2014.

Esta reforma abrió la puerta para la realización de cambios que han permitido consolidar un marco normativo e institucional que garantice el derecho a la información pública. Entre sus más importantes logros destacan que se amplía el catálogo de sujetos obligados, se otorga autonomía constitucional al ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información de Datos Personales y se fortalecieron sus atribuciones.

Se estableció la creación de organismos garantes locales autónomos en materia de transparencia, y en general se sentaron las bases mínimas para el fortalecimiento de la transparencia y el derecho de acceso a la información.

Al terminar de fortalecerse la Constitución, lo que continuó fue la elaboración de una Ley General de Transparencia y Acceso, en la cual se establecieron los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, los cuales se constituyeron en la guía para la elaboración de la legislación que en dicha materia debería expedir la federación y las entidades federativas.

El día de hoy con la expedición de la Nueva Ley Federal de Transparencia cerraremos una etapa para continuar con otras para completar este Sistema Nacional de Transparencia. Con este compromiso vamos a brindar a la ciudadanía un marco jurídico que permita fortalecer el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información en todo el país, no olvidando que para completar este nuevo marco jurídico en materia de transparencia, deberemos legislar también en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y en materia de archivos.

En todo este proceso las legisladoras y legisladores nos acompañamos con el órgano garante, el INAI, las organizaciones civiles, la sociedad civil, académicos, algunos sujetos obligados que participaron en el proceso de elaboración, tanto en el Senado como en esta Cámara de Diputados. A todos ellos queremos agradecerles sus opiniones, que en un primer momento ayudaron a consolidar las iniciativas que fungieron como materia prima para la elaboración de esta minuta, y que luego permitieron abrir la discusión de los puntos más polémicos, aclarar dudas, visibilizar los obstáculos que en materia de acceso a la información enfrenta la ciudadanía con la ley vigente y vencer algunas resistencias.

Todo este proceso de debate y de constante revisión y análisis, es lo que nos ha permitido entregar hoy una ley que acorde a los principios generales que pautaron la reforma constitucional y la Ley General de Transparencia, va a ser una ley que va a fortalecer, sin duda alguna, este importante tema, y sobre todo, lo más importante, que los ciudadanos tendrán nuevas herramientas para el acceso a la información, sobre todo garantizar este derecho constitucional que es muy importante, vamos por un camino, vamos empezando este camino que será muy largo y que vendrán una serie de reformas y de importantes temas que discutir, pero hoy vamos a dar un paso adelante. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Diputado Rogerio Castro iba a dejar una propuesta de modificación, ¿no? Que la entregó ya formalmente. Por favor haga mención de ella, ahí en tribuna, si es tan amable.

El diputado Rogerio Castro Vázquez: Concluyendo el posicionamiento, nada más quiero presentar ante todos ustedes, a nombre de toda la comisión y de los coordinadores de los grupos parlamentarios, una propuesta de adenda a esta minuta para que se incluya un transitorio, para que en el transitorio cuarto se incluya una modificación quedando de la siguiente forma:

Cuarto. Para el cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas en los capítulos uno y dos, del título tercero en esta ley, el INAI deberá de aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en el que los sujetos obligados del ámbito federal deberán de cumplirlas, los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas respectivamente en los capítulos tercero y cuarto del título tercero de la presente ley.

Podrán ser realizados y presentados hasta que transcurra el plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Las obligaciones de transparencias específicas prescritas en la presente ley se incorporarán en la plataforma nacional de transparencia en el ámbito de los sujetos obligados federales en el mismo plazo referido en el párrafo anterior.

Las nuevas obligaciones establecidas en los capítulos uno y dos del título tercero de esta ley serán aplicables para los sujetos obligados, sólo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Reconocer la voluntad de poder transitar esta petición que hizo el INAI, que se habló en el grupo de trabajo y que hoy se pone como un adenda al dictamen que hoy se presenta. Buenas tardes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Castro. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Rogerio Castro a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada la modificación propuesta.

Y, en consecuencia, está a discusión en lo general con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.

La diputada Mirza Flores Gómez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Mirza Flores. ¿Con qué propósito, diputada? A ver, ahí está. A ver, súbale ahí el volumen, porque –No nada más le prendan el foquito. Me refiero al micrófono. Adelante.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente, muy buenos días. Saludo a mis compañeras diputadas y a mis compañeros diputados. Precisamente en apoyo a este adendum lo votamos a favor, porque nosotros habíamos presentado una reserva en el tiempo oportuno y este adendum ya se corrigió. Esta modificación la solicitamos con muchas semanas de anticipación a través de la diputada Candelaria Ochoa, quien participa en esta comisión, y después de arduos trabajos agradecemos al pleno que hayan aportado y se hayan sumado a nuestra propuesta. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan desde luego recogidas sus consideraciones, diputada Mirza Flores. Y, desde luego, como usted misma lo reitera y lo ha refrendado la propia asamblea, ha sido aceptada por la misma previo consenso trabajado en el seno de los grupos parlamentarios.

Antes de entrar a la discusión queremos saludar la presencia de investigadores nacionales de distintas instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país, que han acudido al evento Contaminación Lumínica: Derecho a los Cielos Oscuros, aquí en la Cámara de Diputados, invitados por la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera. Bienvenidos, bienvenidas, amigas y amigos a este recinto parlamentario.

E igualmente saludamos la presencia de alumnos y maestros de la primaria Woodland School, de la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Sean también igualmente bienvenidos a este recito parlamentario. En un día que va a ser intenso, porque vamos a discutir temas der la más alta importancia y prioridad para la vida del país.

La diputada Claudia Sofía Corichi García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Claudia Corichi, por favor.

La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedir antes de que continuemos con esta importantísima discusión, para solicitarle a usted como presidente y a la asamblea, que podamos tener un minuto de silencio por las víctimas de los acontecimientos en Ecuador, y también para solicitar a la Junta de Coordinación Política por su conducto, que tomen como posibilidad que podamos los diputados de esta asamblea donar un día de nuestro salario para los damnificados de Ecuador, un país latinoamericano hermano.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le informo a la asamblea y en respuesta a la petición directa que hace la diputada Claudia Corichi, que en el seno de la Junta de Coordinación Política se está trabajando un pronunciamiento en relación con estos lamentables acontecimientos naturales en el país hermano del Ecuador y que, entonces, en el momento que nos llegue podríamos entrar a ver de conjunto para darle la relevancia que el asunto merece, diputada, si nos lo permite.

En relación con la última propuesta, le sugeriría que igualmente lo pudiera procesar a través de la Junta de Coordinación Política mediante la coordinación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Bien. Entonces ya tenemos integrada una lista de diputadas y diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, y en consecuencia tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con la venia, señor presidente. Distinguidos diputados y diputadas, distinguidos televidentes del Canal del Congreso.

A nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social manifiesto nuestra posición respecto a la minuta con proyecto de decreto con el cual se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Como menciona el académico Luis Ugalde, la transparencia no debe implicar sólo un acto de rendir cuentas a un destinatario en específico, sino la práctica de colocar la información en una vitrina pública para que todos podamos revisarla, analizarla y en su caso usarla como mecanismo para sancionar y, en su caso, deliberar para que se corrijan y se mejore la función pública.

Por lo tanto, para Encuentro Social el Estado está obligado a diseñar una política pública de cambios culturales, con nuevas prácticas, porque puedan convertirse en el nuevo código de conducta de la sociedad; sociedad y gobierno tienen que trabajar ampliamente en el tema de la transparencia. La nueva cultura política se integra por muchos componentes, entre los más importantes será y es la transparencia y la rendición de cuentas.

Estamos conscientes que para avanzar debemos transparentar y rendir cuentas de parte de los gobernantes, es decir, necesitamos un gobierno abierto. Transparencia es también explicar públicamente la razón de una propuesta, de una decisión que afecta la vida de todos. Es, sin duda, el cambio cultural más importante que debe tener el liderazgo político de nuestra nación.

Por lo tanto, hoy votaremos a favor de la minuta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues es importante para la sociedad que legislemos garantizando el acceso a los instrumentos de información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órganos, organismos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral, o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Aplaudimos que no se pueda clasificar como reservada información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, como establece el artículo 112 de la minuta.

Sabemos que no basta con la apertura de la información, sino también debemos vigilar que los datos que se generen tengan un lenguaje sencillo y procuren su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas y braille, como establece en el artículo Octavo de la fracción XIII de la minuta.

Además, votaremos a favor de este dictamen porque se está incrementando la cantidad de sujetos obligados, de 245 a casi 900 sujetos, aspecto que será posible gracias a la Unidad de Transparencia o Comité de Transparencia, que se servirá principalmente para coordinar y supervisar los procedimientos, y asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información por los sujetos obligados.

Y para quienes no cumplan con lo establecido en la ley, el INAI podrá imponer sanciones a los sujetos obligados y dar amonestaciones públicas o a una multa entre 150 a mil 500 salarios mínimos. La obligación del instituto no solo se suscribe a la emisión de políticas en materia, sino también el fomento de actividades e iniciativas que incentiven a la sociedad a reutilizar la información que publiquen los sujetos obligados.

Con la participación del INAI se busca la adopción de una visión respecto a las políticas de transparencia, pero además parece oportuno que en la minuta se aborde al personal que presta servicios para el instituto, quienes se regirán por lo dispuesto en el artículo 6o. y 123 del Apartado B de la Constitución, dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Asimismo, en la minuta se contempla que en materia de gobierno abierto, los tres Poderes de la Unión, los organismos constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal, establezcan políticas internas para conducirse de forma transparente y generar las condiciones que permitan la participación de los ciudadanos, además de crear mecanismos para rendir cuentas de las acciones, como lo establece el artículo 66 de la minuta.

Votaremos a favor porque en la minuta se establecen una serie de obligaciones generales aplicables a los sujetos integrantes del sector energético, quienes deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedad y demás actos que el Estado suscriba u otorga a particulares mencionados en el artículo 83.

Encuentro Social es una organización política que cree en una legalidad y en el orden, por lo tanto, se compromete a la obligación de observar la Constitución y respetar las leyes y las instituciones que de ella emanen.

Derivado de lo anterior, también nos comprometemos a conducir las actividades en forma democrática, impulsando un nuevo diálogo de transparencia y de rendición de cuentas.

Por lo tanto, hoy decidimos por qué sí votar a favor de la minuta, con el único objetivo de aceptar la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer nuestros compromisos, con miras a promover la transparencia y luchar contra la corrupción, empoderando al ciudadano y aprovechando el poder de las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz.

Hoy nos pronunciamos porque este panorama, en el cual se encuentra la iniciativa de Ley de la Transparencia y Acceso a la Información Pública, es factible, pero además es inaplazable. En Encuentro Social decimos sí a la honestidad, sí al gobierno abierto, sí a la transparencia. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro.

Saludamos la presencia de alumnos de secundaria del Colegio Simón Bolívar, de La Salle, campus Manzano, de la Ciudad de México, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

Igualmente saludamos la presencia del diputado José Rodrigo Valladares Guillén, vicepresidente, y acá está adelante, vicepresidente de la Comisión de Cambio Climático del Congreso de la República de Guatemala, invitado por la diputada María de los Ángeles Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cambio Climático de esta Cámara de Diputados. Bienvenido, diputado Valladares, a este su país hermano.

Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:El día de hoy podemos decirle a las distintas instituciones gubernamentales y a la sociedad en general que no hay vuelta atrás, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información establecemos la ruta que habrá de llevarnos hacia el pleno ejercicio de la transparencia y de una plena apertura gubernamental. Con su venia, presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, en su momento el comienzo de la verdadera instauración de un régimen democrático en nuestro país representó un gran reto y desafío, no solo para las instituciones del Estado mexicano sino para los diferentes actores que conforman la sociedad mexicana.

Romper con inercias y viejas prácticas ha requerido de voluntad y responsabilidad, pero sobre todo, de una gran madurez, paciencia y conciencia política por parte de todos al replantearnos nuestra función a desempeñar en esta forma de gobierno.

Si bien la democracia nos ha permitido encauzarnos en el camino del desarrollo, no ha estado exenta de retos. De manera similar ocurre con la adopción de la transparencia como vía para la construcción de un gobierno abierto, en donde no deben existir verdades de Estado ni secretos, que deben ser preservados del escrutinio público.

No obstante, su implementación conlleva un ejercicio consciente y responsable del derecho al acceso a la información, pues éste no solo consiste en disponer de datos y documentos de carácter público a discreción, sino también del compromiso que se adquiere para realizar una correcta interpretación y uso de los mismos, dando siempre un cauce institucional y en el marco de la ley para no tergiversar el espíritu de la transparencia.

De esa manera, tanto sujetos obligados de la ley responsables de brindar la información, así como todos los actores sociales que harán uso de la misma, tenemos un gran reto: el de capitalizar esta ventaja en favor del fortalecimiento de un nuevo pacto social entre ciudadanía y gobierno. La promulgación de la Ley Federal de Transparencia y la instauración del Sistema Nacional de Transparencia deben constituir un parteaguas en la evolución democrática del país.

En Nueva Alianza desde hace tiempo nos hemos pronunciado por una total apertura a la información de carácter público, adoptando la transparencia como uno de nuestros ejes estratégicos. Muestra de ello es la plataforma de transparencia, a través de la cual damos a conocer toda la información derivada de nuestra actividad parlamentaria y a la cual puede acceder cualquier ciudadano para verificar el uso que hacemos de los recursos públicos y el quehacer legislativo que tenemos de manera cotidiana.

De igual forma, presenté en el anterior periodo ordinario de sesiones una iniciativa para establecer como sujetos obligados en materia de transparencia a los órganos internos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y demás entidades legislativas y administrativas del Congreso de la Unión; señalando, además, las obligaciones específicas de información que los grupos parlamentarios deberán hacer públicos en sus respectivas páginas web.

Somos el partido político que cuenta con el mayor nivel de cumplimiento ante la autoridad electoral. Como coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza afirmo: no somos ni seremos una bancada complaciente. Antes bien, buscaremos que siempre se utilice la vía institucional y el pleno apego a derecho para juzgar cualquier posible acto de corrupción y evitar caer en prácticas que pudiera desvirtuar el ejercicio del derecho a la información.

Es por esto que votamos en favor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un principio de congruencia política y porque estamos seguros que con esta nueva ley estaremos cumpliendo con un mandato popular.

No nos detendremos en el camino hacia la transparencia. Todos ustedes verán en Nueva Alianza a un aliado de la rendición de cuentas cuando se discuta en este recinto lo relativo al Sistema Nacional de Anticorrupción y a la Declaración Tres de Tres, que implica hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

La transparencia y la rendición de cuentas se encuentran por encima de los intereses particulares. Defendamos el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública y promovamos el uso responsable de ésta. Sigamos haciendo historia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Tiene ahora la palabra, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, hasta por cinco minutos, por Movimiento Ciudadano.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. En Movimiento Ciudadano entendemos la transparencia como un pilar de la vida democrática y de los procesos de construcción de ciudadanía.

A través de la transparencia y el acceso a la información pública se empodera a los ciudadanos con herramientas para que sean actores vigilantes de la vida política y a su vez sean contrapeso de los abusos del poder. La transparencia permite incidir hacer escuchar su voz y exigir rendición de cuentas.

El acceso a la información debe ser un instrumento para combatir la corrupción, el derroche de los recursos y los abusos del poder. A partir de este principio implica reconocer el lugar central de los ciudadanos en la vida democrática y la primacía del interés público por encima de los intereses particulares.

El derecho de acceso a la información no es una concesión del Estado, sino un mecanismo ciudadano para equilibrar el ejercicio del poder y reconocer que la política se debe ejercer en público y de frente a los ciudadanos.

Por eso la discusión de esta ley federal debe concebirse en estrecha vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Este debate implique un momento de transformación crucial para la vida pública de México, en donde los pilares de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas deben ponerse en el centro de la agenda, no solo para contener la corrupción sino para reconocerle a los ciudadanos el lugar que ocupan o deben ocupar en la vida pública.

Hace unas semanas, Movimiento Ciudadano cuestionó que esta Cámara no haya querido, al inicio, entrar a la discusión de la minuta de esta Ley de Transparencia, con el argumento de que realizar modificaciones retrasaría su aprobación.

Nosotros lamentamos esta postura, porque la Cámara de Diputados no es una ventanilla de trámites del Senado de la República. Si la Colegisladora se toma su tiempo para discutir y dictaminar, es nuestra responsabilidad hacer exactamente lo mismo.

Reconocemos el esfuerzo hecho por mis compañeros de la Junta de Coordinación Política para crear un grupo de trabajo, buscar acuerdos, pero desafortunadamente son muy pocos los temas que han alcanzado un consenso para que puedan presentarse como modificaciones. Por ello es que el día de hoy Movimiento Ciudadano presentará varias reservas en esta tribuna.

Votaremos a favor en lo general de esta nueva Ley Federal de Transparencia por los avances que contiene, por su armonización con la ley general y porque finalmente se abrió un proceso de debate y presentación de propuestas en esta Cámara. Pero Movimiento Ciudadano presentará algunas de las siguientes reservas.

Que sean obligatorias y públicas las declaraciones 3 de 3, que aunque serán discutidas en la legislación en materia de responsabilidades, no podemos dejarla fuera de una ley como esta. Que se evalúe por instancias académicas a los aspirantes a comisionados del INAI. Que se corrijan errores evidentes de la ley como los relativos al salario mínimo y los derechos laborales de los trabajadores del INAI.

Nos parece inadmisible que estos y otros temas no hayan sido corregidos aun, pero esperamos que en este proceso de debate parlamentario haya sensibilidad para poderlos corregir.

No puedo concluir esta intervención sin dejar de hacer un llamado serio, respetuoso pero contundente, para que en las próximas minutas sobre estos temas tan importantes como serán los relativos al sistema nacional anticorrupción, esta Cámara de Diputados cumpla con su deber desde el principio abriendo paso a la discusión, a la exposición de puntos de vista, a la deliberación y al debate. Es nuestra responsabilidad agotar esta vía antes de caer en imposiciones o en mera tramitología basada en mayoriteos.

Tampoco puedo dejar de concluir esta intervención sin hacer un llamado para que esta Cámara de Diputados también asuma su responsabilidad con la transparencia. No se trata nada más de aprobar una ley. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de esta casa.

Por ello celebramos el convenio firmado el día de ayer con el INAI para que esta Cámara avance en la ruta de cumplir todas sus obligaciones de transparencia. Pero esperamos, eso sí, que esto venga acompañado del compromiso de asumir los principios del parlamento abierto fundamentalmente para que los grupos parlamentarios no queden excluidos de una serie de obligaciones en la materia.

Esta, compañeras y compañeros diputados, es una exigencia ciudadana que esta Cámara no pude y no debe ignorar. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castañeda.

Saludamos la presencia de alumnos del Colegio de Bachilleres del municipio de Uruapan, Michoacán, invitados por el diputado Ángel Alanís Pedraza. Igualmente la presencia de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la diputada Olga María Esquivel Hernández; así como también a alumnos y maestros de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, turno matutino, de Tlalnepantla, estado de México, invitados por la diputada María Angélica Mondragón Orozco. Sean todas y todos ustedes bienvenidos, amigas y amigos, a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Con su venia, presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, acudo a esta tribuna a fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, con relación al dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Morena acude a este debate con el firme propósito de ofrecer a la sociedad un instrumento legal para su empoderamiento, porque la información es propiedad de la sociedad y no de las burocracias.

Morena propone aprovechar esta oportunidad para acabar de una vez con la opacidad de la gestión pública en la que hemos vivido, y dar un paso firme en el ejercicio de un derecho humano fundamental, equiparable al ejercicio del voto popular, derecho que de ejercerse plenamente nos permitirá combatir la impunidad y la corrupción que nos heredó el régimen autoritario dominado por un solo partido político.

Llame en consecuencia a las diputadas y los diputados, a no renunciar a nuestra función de cámara revisora. Los exhortamos a introducir los cambios necesarios para ofrecer un texto normativo que impulse nuestro desarrollo democrático.

No desconocemos los avances plasmados por el Senado en el proyecto, pero no renunciamos a corregirlo y mejorarlo. El derecho a la información y la transparencia son una premisa para cualquier democracia auténtica; empero para Morena la democracia no sólo implica el ejercicio del voto libre, la posibilidad de elegir gobernantes y representantes populares, sino que presupone la obligación de que estos rindan cuentas de sus actos. La rendición de cuentas exige la participación activa de la sociedad en los asuntos públicos. Una vía privilegiada para estimular la participación ciudadana es el acceso a la información.

Para Morena cuando hablamos de transparencia y de acceso a la información, hablamos de democracia participativa, en donde la sociedad toma decisiones informadas y a través de su acción política ejerce un control social del poder, la rendición de cuentas es en última instancia control social.

La primera Ley de Transparencia fue una buena noticia para nuestra incipiente transición a la democracia, el hecho legislativo se produjo gracias a una sociedad más activa que obligó al gobierno y a las fuerzas políticas a adoptarlas hace 14 años.

Un ejemplo significativo de los aspectos más destacables de la ley, es que establece que no podrá reservarse información por ninguno de los sujetos obligados cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción.

Estas disposiciones reducen las excepciones que han sido consideradas por diversos investigadores como limitaciones al derecho a la información, pero Morena propone ir más allá, plantea el reto de aprobar disposiciones que eleven la calidad de nuestra legislación y plasmen en la ley un tipo de transparencia expansiva que no dé lugar a la opacidad ni a la discrecionalidad al momento de ejercer un derecho central por los ciudadanos.

Para nosotros, el ejercicio del derecho a la información y la transparencia significa también combatir y erradicar la impunidad y la corrupción que amenazan con destruir cualquier avance democrático, impunidad y corrupción que para el caso mexicano han inundado las altas esferas del gobierno federal como la más pura expresión del abuso de poder en beneficio privado.

Durante el período de análisis y discusión de la minuta enviada por nuestra colegisladora, Morena insistió en la necesidad de introducir modificaciones que robustecen el poder de los ciudadanos para ejercer su derecho a la información y fortalecen las atribuciones del INAI como órgano garante con fuerza suficiente para hacerlo efectivo.

Nuestro grupo parlamentario votará en abstención. Tenemos argumentos para proponer cambios que mejoren nuestra legislación y permitan la máxima publicidad de los actos en los que se ejercen recursos públicos.

Queremos una ley sin zonas oscuras, sin omisiones y sin errores, que no deje fuera de la transparencia y del escrutinio público los cientos de miles de millones de pesos que se transfieren al ámbito privado a través de las asociaciones público privadas, que incluya como sujetos obligados directos a las empresas subsidiarias y filiales del estado del sector energético, ahora fuente de negocios privados de grupos político-empresariales cercanos a Peña Nieto.

Queremos un instituto fuerte, que no tenga que pedirle permiso a los sujetos obligados para ejercer sus atribuciones. Queremos que transparencia y combate a la corrupción sean un binomio indisoluble en esta nueva etapa de la vida nacional.

Queremos acabar con la opacidad del Poder Legislativo, que esconde cientos de millones de pesos de los contribuyentes, pero también del Poder Judicial y de los órganos autónomos, que hacen de la opacidad un baluarte de su independencia.

El derecho a la información es una condición democrática y una exigencia de la sociedad frente a gobiernos sumidos en la oscuridad y el desprestigio. La sociedad exige más información y más transparencia. La Cámara de Diputados, nosotros, compañeras y compañeros, estamos obligados a escuchar y responder a este clamor social. Vamos a presentar una serie de reservas como Grupo Parlamentario de Morena, y espero que la sensibilidad de todas las fracciones parlamentarias haga de esta ley una ley ejemplo de avanzada y útil para la sociedad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Godoy.

Se les recuerda que durante el tiempo de posicionamiento de los grupos parlamentarios se está presentado o también se está recibiendo la presentación de reservas que se estén haciendo o que se tengan consideradas por los grupos parlamentarios. Al término de la misma se les informará que allí se cierra el plazo.

Saludamos la presencia de jóvenes destacados con promedio de 10 del estado de Guerrero, José Iván García Baenas, Sergio Morales Valente y Grecia Fidencio Torres, invitados por la coordinación de diputados del PRI, del estado de Guerrero. Sean ustedes bienvenidos, amigos, y síganle echando muchas ganas.

Tiene ahora la palabra la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Muchas gracias, con su venia, señor presidente. La transparencia es irrefutable en todo estado democrático y nuestro país no puede ser la excepción.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, y es precisamente una de las demandas más fuertes que nos ha hecho la sociedad; y esa demanda es lo que nos tiene el día de hoy aquí discutiendo, analizando esta minuta; que será un instrumento más para combatir la corrupción que tanto aquejado a este país.

Es un paso más porque el trabajo aún continúa, como ya se ha expresado aquí. Falta mucho todavía por hacer, mucho trabajo legislativo, y estamos esperando para hacerlo, para concluir el trabajo para el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción. Esa es nuestra función y aquí estamos haciéndola, señores.

Más allá de que sea un hecho histórico y un hecho importante, es un hecho necesario e indispensable porque son las herramientas que necesitamos para cerrarle paso a la corrupción.

Es una reforma muy amplia, es una reforma muy ambiciosa es la Ley Federal. Como ya sabemos, tenemos la Ley General, que es la que nos da los principios y las bases y en la Ley Federal vamos a desarrollar estos principios y estabas bases. Es una ley que deroga la ley vigente, porque es una ley muy amplia.

Es una ley que nos da una definición muy clara complementando la de la Ley General, de lo que son los sujetos obligados; cualquier autoridad o entidad, órgano, organismo, los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o federales o realice actos de autoridad, y en esta ley de manera precisa se dan obligaciones a sujetos obligados.

Cito por ejemplo el sector energético. En este sector se responde a lo dispuesto en el artículo Noveno Transitorio de la reforma energética constitucional, que de manera específica se va a regular a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, de Protección al Medio Ambiente el sector de hidrocarburos. Se regula también en esta minuta a los órganos reguladores del sector, que son la CRE y la CNH.

Se regula a las empresas productivas del Estado por supuesto, a la CFE, a Pemex, a las subsidiarias y a sus filiales, al Fondo Mexicano del Petróleo y por supuesto a la cabeza del sector, a la Secretaría de Energía.

Asimismo, con esta ley damos un nuevo paso, pasamos de 246 sujetos obligados, a más de 850 con esta definición que acabo de dar. Los sujetos obligados ahora tendrán la obligación de tener unidades de transparencia, ya no es opcional. Asimismo, los comités que serán instrumentos para dar la información que soliciten los ciudadanos.

También hago referencia a la figura de gobierno abierto, de manera específica en este Congreso será el parlamento abierto, que si bien es cierto hacemos ya pública mucha información, esta figura nos va a obligar a ser muchísimo más transparentes y dar toda la información que nos requiera la sociedad.

En el Grupo Parlamentario votaremos a favor de esta minuta, porque es un paso importante para pasar a una nueva cultura de la legalidad, porque es un paso importante para cerrarle el paso a la corrupción, porque ha sido un trabajo arduo de mucho tiempo, porque nos da las herramientas de transparencia, de acceso a la información, rendición de cuentas para abatir la corrupción.

En el Partido Verde es un tema que traemos desde hace tiempo, no es un tema que hayamos puesto en la agenda en esta legislatura o de manera reciente; es un tema que desde hace 10 años aquí, en esta Cámara, siendo Cámara de origen de la segunda reforma constitucional al artículo 6o. que estableció como derecho fundamental el derecho de acceso a la información, se dictaminaron dos iniciativas, una de ellas fue del Partido Verde, y desde entonces hemos estado, estamos y seguiremos luchando porque la transparencia sea lo más importante en este Congreso.

Concluyo, señor presidente, haciendo un reconocimiento al trabajo y al apoyo del equipo de asesores y al equipo técnico, que ha sido fundamental para el trabajo que hemos realizado en la comisión y al interior del grupo parlamentario. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca.

Saludamos la presencia de estudiantes de la Escuela Técnica número 23, General Antonio Barona, del estado de Morelos, invitados por el diputado Matias Nazario Morales. Bienvenidos, amigas y amigos a este recinto parlamentario.

Tiene ahora la palabra el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la gente que votó por nosotros, la gente que representamos mantenía entonces, como ahora, tres grandes expectativas de nuestro quehacer legislativo, tenían la esperanza que hiciéramos algo para combatir la inseguridad, la desigualdad y la pobreza, la corrupción y la opacidad, y es evidente que todos esos flagelos siguen lastimando hoy al conjunto de la sociedad y a nuestros representados. Urge ya que demos respuesta.

Con la aprobación de este dictamen damos un paso en la dirección correcta para atemperar la opacidad y, en consecuencia, la corrupción del sistema nacional; para asentar las bases jurídicas que nos den herramientas para erradicar estos vicios de la entraña del Estado mexicano.

La reforma constitucional en esta materia fortaleció los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales y delineó como ejes principales el fortalecimiento al derecho de acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas, consolidó un sistema nacional y estableció nuevas facultades para el INAI.

Pero, ¿Cuáles son los avances que logramos en esta ley federal? A propuesta del Partido de la Revolución Democrática garantizamos la transparencia en materia energética e incluimos a las empresas productivas del Estado, filiales y subsidiarias, para saber qué características y alcances tendrán los contratos, a efecto de inhibir potenciales actos de corrupción y transparentando todo este proceso, obligando a que se cumpla con las disposiciones específicas en materia de transparencia energética.

Establecimos la preeminencia del principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales, para evitar que se clasifique información antes que esta se solicite o sea generada.

Logramos establecer que ninguna autoridad como sujeto obligado pueda reservar información, tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, a delitos de lesa humanidad o actos de corrupción.

Con esta ley y sus instituciones, como la PGR, la Secretaría de Gobernación o los gobiernos de los estados, no podrán justificar actos de corrupción escudándose en la omisión de la ley o en la opacidad de la misma.

Ejemplo de lo anterior, es que garantizando el acceso a los expedientes, como los de Iguala o de San Fernando, se podrá identificar la responsabilidad del Estado y establecer consecuentemente la reparación del daño.

Incorporamos como prioridad la noción de gobiernos abiertos, que implica el establecimiento de obligaciones para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que deberán instrumentar políticas y promover prácticas que permitan la participación ciudadana y el adecuado desarrollo del ciclo de información pública para rendición de cuentas.

Establecimos obligaciones específicas de transparencia para todos los sujetos obligados, federales y órganos autónomos, a efecto de que pongan a disposición del público la información y la mantengan actualizada en los respectivos medios electrónicos, así como la obligación de adoptar criterios de interpretación pro persona en su protección más amplia, en situaciones de vulneración de derechos, a efecto que se garantice la mayor efectividad del derecho de acceso a la información.

Lo anterior, permitirá que el INAI acote aquellas resoluciones que avalen los órganos garantes de carácter local cuando los sujetos obligados pretexten, por ejemplo, la inexistencia de la información.

Puntualizamos que para que un sujeto obligado clasifique como reserva de información, tendrá que presentar una prueba de daño que justifique que al divulgar tal información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

Este ordenamiento también define la estructura orgánica, las facultades y atribuciones del Inai, evitando con ello espacios de discrecionalidad que podrían afectar la toma de decisiones de este organismo.

Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario considera que si bien es cierto que toda ley es perfectible, esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública representa un avance significativo en la construcción de un sólido edificio institucional en materia de transparencia, información y rendición de cuentas, lo cual se vendrá a completar con el Sistema Nacional de Anticorrupción.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reivindica su compromiso con la sociedad, atendiendo una de sus más sentidas preocupaciones que es el combate a la corrupción y la opacidad, y por ello votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega. Tiene ahora la palabra la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam:Buenos días, con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeras legisladoras, ciudadanos, ciudadanas, el derecho a la información es un derecho que el Estado mexicano está obligado a respetar, proteger, garantizar y promover.

En ese sentido, en los últimos años en nuestro país se han logrado grandes avances. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional sabemos que la transparencia es mucho más que solo acceso a la información.

En este dictamen, que justamente tiene que dictamina la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se incorporan nuevos elementos para seguir transitando de lo que antes solamente significaba la obtención de información y de documentos, a un modelo distinto de relación entre gobernados y gobernantes. Un modelo que todos hemos dado por denominar gobierno abierto.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional sabe que para construir este nuevo modelo y esta nueva relación, la ciudadanía requiere tener accesible la información que nos indique cómo se toman las decisiones en el ámbito público. Que los poseedores de la información la tengan disponible para que sea accesible y sea útil, para poder evaluar y hacer escrutinio sobre el actuar gubernamental.

Este dictamen creo que, además, recoge un esfuerzo que se ha venido haciendo a través de los años de participación ciudadana. Hay que reconocer que en el Senado se comenzó con un ejercicio de parlamento abierto, que si bien no se encuentra regulado, en la práctica se llevó a cabo. Así que se contienen las aportaciones de diferentes organizaciones de la sociedad civil y además de otros grupos interesados en que la democracia en nuestro país siga avanzando.

Lo anterior representa, como he dicho, importantes avances en materia de acceso a la información; pero además, al establecerse nuevos mecanismos, nuevos sujetos obligados, nuevas obligaciones de acceso a la información, estamos transitando realmente hacia la transparencia.

Debemos entender que la transparencia es un valor, un valor de nuestra democracia, un valor que implica que el ciudadano tiene el derecho a saber que sus gobernantes están tomando las decisiones adecuadas; a revisar cómo lo están haciendo y obtener la información necesaria para hacer la evaluación, el diagnóstico e incluso saber si votan o no votan nuevamente por aquellos que los han representado.

Es además una acción, porque implica que los entes obligados tendrán que realizar diferentes acciones para tener esta información disponible, accesible y que de cualquier forma siempre esté a la vista y esté, como lo han dicho aquí anteriormente, en una caja transparente para ser evaluada.

Es, por supuesto, un instrumento y aquí es donde me gustaría detenerme. Este es el instrumento real para combatir la corrupción y la impunidad. Si no contamos con las herramientas del Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción queda sin los elementos suficientes para poder seguir avanzando.

Quisiera resumirlo en algo así de sencillo: podemos ser todo lo transparentes que queramos ser, sin embargo, si ello no se traduce en sanciones, si no se traduce en castigo, si no se traduce en combate a la impunidad, simple y sencillamente estamos generando un cinismo gubernamental y un cinismo en el actuar de aquellos que representan a la ciudadanía.

Creo, por tanto, que es importante apoyar este dictamen que nos permite concluir las tareas de acceso a la información y transparencia. Habrá que trabajar, por supuesto, en la protección de los datos personales y en la Ley de Archivo; pero a continuación tenemos que tomar las riendas en forma inmediata para continuar con los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción.

Creo que la ciudadanía está esperando este trabajo. Creo que lo hemos venido nosotros señalando y esforzándonos en las comisiones, trabajando y haciendo los consensos suficientes como para ser respaldado por todos y cada uno de los diputados y diputadas integrantes de esta Legislatura.

Pero así como estamos el día de hoy, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, comprometidos con el tema de transparencia, queremos desde este momento destacar también nuestro compromiso para continuar en forma inmediata con los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Enríquez. Tiene ahora la palabra, el diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Edgar Romo García:Con la anuencia de la Mesa Directiva y del presidente. El día de hoy, nuestro compromiso es a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Este compromiso no tiene condición, ni requisito, ni contraprestación. Vamos porque creemos en la transparencia.

Estamos determinados a solidificar la cultura de la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia para robustecer la confianza entre instituciones y ciudadanos. Tenía razón Norberto Bobbio: La democracia es un régimen que hace públicos los asuntos públicos.

Durante la Legislatura pasada, ha impulso del presidente Enrique Peña Nieto, fue promulgada la Reforma constitucional en materia de transparencia y puso en ejercicio el derecho de acceso a la información pública y precisó a los sujetos obligados a poner a disposición toda la información relativa al ejercicio de recursos públicos. El entonces Ifai, se transformó en un organismo constitucional, responsable, autónomo, para garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

También, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, con el que se constituyó una Fiscalía Anticorrupción, instancia pública revisora de los tres Poderes, en todos los ámbitos de gobierno. Se le otorgaron mayores facultades y dientes a la Auditoría Superior de la Federación. Se podrá sancionar por primera vez a los particulares que incurran en prácticas de corrupción, entre otros beneficios. Pero, compañeros legisladores, nuestra tarea no ha concluido.

Estamos a favor de que los servidores públicos, incluidos los representantes populares y diría yo los diputados, rindamos las declaraciones que transparenten el uso y destino de los recursos públicos.

Pero incluso queremos ir más allá. Pugnamos por un sistema integral que incluya, pero vaya más lejos de la presentación de declaraciones: Que sea preventivo, que sea fiscalizador, que regule, revise y eventualmente sancione a toda persona física o moral, que permita incluso que incentive la participación social. Que no se limite a descubrir cuánto tienen los gobernantes, sino que abata la corrupción y evite la impunidad de parte de quien sea.

Un sistema integral de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción que evite la impunidad y principalmente que consolide como engranes de una sola maquinaria la iniciativa que hoy presentamos.

Por eso proponemos establecer que toda información en posesión de los sujetos obligados sea pública, sin obstáculos ni impedimentos. Que se aumente el número de sujetos obligados de 245 a más de 850 que con esta iniciativa que se pone a su consideración se lograría.

Señalar que el derecho humano de acceso a la información comprenderá solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Robustecer la transparencia de los sujetos obligados frente a la ciudadanía, dando acceso a información que hasta ahora no necesariamente era de conocimiento público.

Reforzar las sanciones de los sujetos obligados frente al incumplimiento, proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procesos sencillos y expeditos. Fortalecer al INAI para que cumpla su encomienda como garante del derecho humano de acceso a la información.

En suma, compañeros, perfeccionar la transparencia para consolidar nuestra democracia, que no será efectiva –por cierto– mientras los ciudadanos no vean en los hechos que la política es para servir a los ciudadanos y no para servirse de ellos. Que no será efectiva mientras no haya consecuencias para quien viola este principio.

Hoy nos comprometemos en los hechos en la erradicación de la impunidad. Los servidores públicos estamos obligados, por ley, pero sobre todo por convicción ética, a velar por los principios de transparencia, máxima publicidad, legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia, en nuestras responsabilidades; por tanto observaremos lo que la ley indique y legislaremos en la materia como el interés superior de los mexicanos lo impongan. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romo. Con esta intervención ha concluido también el plazo para la presentación de reservas a este dictamen que está a discusión, para que la propia comisión también tenga ya claridad de cuáles fueron y también proceda a examinarlas.

Saludamos la presencia de alumnos y maestros de la Escuela Primaria Año Internacional del Niño, de la Colonia Cuarta Sección Ermita Zaragoza, Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, invitados por el diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora, en la fase ya de la discusión propiamente dicha, tiene ahora la palabra el diputado Manuel Clouthier Carrillo, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo:Gracias, presidente. Compañeros diputados, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, es parte integral y fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción.

En una ocasión le escuché a Transparencia Mexicana, al güerito Reyes Heroles, la anécdota de que habían presentado ellos, habían realizado una encuesta; en esta encuesta le preguntaban, cuestionaban al ciudadanos que si encontraba al ir saliendo de su trabajo una cartera con todas las credenciales de identificación y 2 mil dólares en efectivo, le preguntaban al ciudadano ¿La regresabas o no? Ochenta por ciento de los encuestados mexicanos dijeron que no.

Y luego la siguiente pregunta era: si te levantas y te das cuenta que hay una cámara que te está grabando ¿La regresabas o no? Noventa por ciento de los encuestados dijo que sí la regresaba.

Compañeros, el acceso a la información es la cámara de esta encuesta, y el acceso a la información es el garante, precisamente, del compromiso en el artículo sexto constitucional, donde se dice que el Estado garantizará el derecho a la información.

Pero permítanme decirles, compañeros, no cambiaremos una cultura de secrecía y caja negra en la administración pública sin sanciones, no va a pasar nada sin sanciones. Aquellos que nos dicen que esta ley representa grandes avances, no representa ningún avance si no hay las sanciones adecuadas para cambiar la cultura de secrecía y de caja negra que hoy priva en la administración pública.

El artículo 174 de esta iniciativa que hoy discutimos señala que el Instituto, es decir, el INAI, tiene las facultades para presentar o aplicar las medidas de apremio al funcionario público que niegue, que destruya, que obstruya la información. Aquél que no informe será pues –teoría– amonestado.

Y dice el punto uno, será sujeto de amonestación pública –están oyendo bien, compañeros– la sanción es que lo van a regañar públicamente. Ustedes creen, compañeros, que vamos a cambiar la cultura de caja negra, secrecía y opacidad en la administración pública de nuestro país regañando públicamente a los funcionarios públicos. Discúlpenme, pero esto es una payasada.

Es decir, si queremos realmente cambiar la cultura, tiene que haber reales sanciones, si no, no va a pasar nada. Nada más pensemos, esta Cámara de Diputados va a transparentar el uso de los recursos públicos por parte de los grupos parlamentarios, y si no lo hacen, los van a regañar públicamente, ¿será suficiente motivo para cambiar la actitud? Definitivamente que no, compañeros.

Los invito pues, a que reflexionemos seriamente. Este tema de la Ley de Acceso a la Información, es un tema serio e integral en el Sistema Nacional Anticorrupción. Hagámoslo bien, cuesta lo mismo hacer las cosas bien que mal, hagámoslo bien. Démonos el tiempo adecuado para corregir esta situación y cambiemos pues, este tema de la cultura de opacidad en el país a través de aplicar las sanciones correspondientes y dejemos de lado la simulación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier.

Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia y docentes de la Escuela Secundaria Francisco I. Madero, turno vespertino, del municipio de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidos, amigos y amigas.

Tiene ahora la palabra el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en pro hasta por cinco minutos.

El diputado Alejandro González Murillo:Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, los grandes avances democráticos en cualquier país del mundo se caracterizan, entre otras cosas, por los niveles de transparencia y rendición de cuentas de sus gobernantes, servidores públicos y legisladores.

El Partido Encuentro Social entiende estas materias como las de más alta responsabilidad política frente a los ciudadanos, es un compromiso y una necesidad porque solo una sociedad informada puede involucrarse y tener confianza en la conducción de los asuntos públicos del país.

En ese contexto respaldamos hoy la abrogación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para expedir la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, convencidos de que se trata de uno de los avances democráticos y más significativos para este país.

La nueva legislación establece principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información de las personas ante cualquier autoridad federal, entidad de los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.

El Partido Encuentro Social tiene total identificación con estos preceptos, porque desde su origen se concibió como una fuerza política en favor de la rendición de cuentas. Lo hemos dicho desde esta tribuna y forma parte de nuestros principios básicos, no toleramos ni toleraremos los actos de corrupción ni los privilegios para unos cuantos.

Es un hecho que con la creación de esta ley México continúa destacando a nivel internacional en materia de derecho, acceso a la información pública, tanto en términos normativos como en instituciones. Ya somos ejemplo de la construcción del andamiaje constitucional y en leyes secundarias, que inclusive han sido consideradas por organizaciones internacionales.

Pero no estamos satisfechos, señoras y señores legisladores. Todo este avance en materia de transparencia, tan importante y destacado, no lo echemos por la borda con maquillaje legislativo. Encuentro Social presentó en esta legislatura una iniciativa para eliminar el fuero, una figura arcaica y un parapeto que resulta innecesario, y que en el contexto de una aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública resulta obsoleto y contribuye a que los ciudadanos no tengan confianza en sus representantes populares, y justo la iniciativa contra el fuero busca desechar la idea de privilegio o protección especial para los funcionarios públicos de mayor rango.

Pregonemos con el ejemplo y empecemos por quitar los privilegios a nosotros mismos como legisladores. Agarremos el toro por los cuernos y eliminemos de nuestra legislación el llamado fuero constitucional, porque de otra forma le cumplimos a medias a los ciudadanos y construimos ordenamientos que resultan simbólicos ante las prebendas.

Requerimos asegurarlos que estamos construyendo el piso parejo para todos, que acabaremos dispensas con protecciones para unos cuantos y con diversos rangos de opacidad que aún siguen prevaleciendo.

Terminemos con una situación jurídica específica que ha permitido casos descarados de inmoralidad política, corrupción, opacidad y voracidad patrimonial de personas públicas que han preferido servirse del poder en lugar de servir a los ciudadanos.

En Encuentro Social estamos de acuerdo en que la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un parte-aguas para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción que en breve discutiremos, pero no podemos dejar de lado que es necesario eliminar de una vez por todas, mecanismos para delinquir. Por ello convocamos a las fuerzas políticas, para que a la brevedad podamos quitar esta figura.

Honorable asamblea, para nadie es un secreto que los legisladores precisamos recuperar la confianza de los ciudadanos, necesitamos estar a la altura de ellos, debemos tener los mismos privilegios o no tenerlos, pero siempre recordar que somos lo mismo, o sigamos aceptando el repudio hacia nuestra labor y por ende la total descalificación. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en pro.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Instituciones más transparentes, efectivas, que rindan cuentas, son una exigencia social y en Nueva Alianza asumimos este compromiso para mejorar la calidad de nuestra democracia.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy damos un paso más a la consecución de un mejor país, con instituciones al servicio de la sociedad y garantizando el derecho a la información de las y los mexicanos.

La transparencia es un eje estratégico de nuestra agenda legislativa y un faro que guía nuestra acción política. Estamos convencidos que el principio de la máxima publicidad es el vértice de la legitimidad institucional.

En Nueva Alianza sabemos que la sociedad mexicana nos exige robustecer nuestro sistema jurídico para tener una acción de gobierno más transparente. Precisamente en ello radica la importancia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se incrementa el número de sujetos obligados al incorporar a cualquier persona, física o moral, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Dignificar la política es un propósito fundamental en el trabajo legislativo que realizamos en Nueva Alianza, solo así podemos recuperar la confianza de la ciudadanía, esa confianza que muchos de nosotros hemos estado hablando y haciendo referencia en esta tribuna. Una forma de conseguir dicho objetivo es crear las herramientas que permitan tener un control de cómo y en qué se gastan los recursos públicos.

La ley establece que no podrán calificarse como reservadas aquellas informaciones que estén relacionadas con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción. Además, a ninguna persona se le podrá restringir el derecho de acceso a la información por vías o medios directos o indirectos. Asimismo precisa los criterios para la clasificación de la información reservada conforme a un análisis casuístico, mediante la aplicación de la prueba de daño y también la hipótesis para descalificar los documentos reservados.

El nuevo ordenamiento jurídico incorpora un catálogo de obligaciones a partir de criterios de transparencia proactiva y gobierno abierto, vinculantes para los tres órdenes de gobierno.

Con este principio se busca incorporar políticas diseñadas que incentiven a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la ley. Queremos que la información sea fácil de consultar y que esté al alcance de todas y todos los mexicanos, atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales del país.

En este sentido, la ley amplía las obligaciones de los sujetos obligados estableciendo que deberán poner a disposición de la ciudadanía toda la información que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y deberá mantener actualizada esta información en sus respectivos medios electrónicos.

Un avance que se debe subrayar, es que exigirá a los sujetos obligados que la información tenga un lenguaje sencillo, que procure su accesibilidad y, en su caso, traducir a las lenguas indígenas.

En Nueva Alianza estamos comprometidos a realizar cambios sustanciales que consoliden el sistema de transparencia del país, facilitar el acceso a la información pública y, sobre todo, vigilar que estas disposiciones sean aplicadas a cabalidad en todos los casos.

Compañeras y compañeros diputados y diputadas, seamos audaces, actuemos por México y hagamos que a México le pinte mejor. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Tiene también la palabra hasta por cinco minutos para hablar en pro, la diputada Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros diputados, en nombre de la fracción ciudadana acudo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario, en relación con el dictamen por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las y los diputados ciudadanos estamos convencidos de la necesidad de que toda la información que se genera en el gobierno debe estar al alcance de quienes con el pago de sus impuestos proveen el funcionamiento del aparato gubernamental de las y los ciudadanos.

El acceso a la información pública gubernamental es una media de control ciudadano respecto del quehacer gubernamental, pero es solo una modalidad de la rendición de cuentas.

Un sistema verdaderamente democrático es aquel en donde el gobierno tiene la convicción de que la ciudadanía es el eje de toda la política pública y es a quien se debe informar de su quehacer.

En este orden de ideas, en el dictamen a través del cual se regula lo referente al procedimiento a través del cual se puede solicitar a las autoridades la información pública que está en su poder y que cualquier persona puede requerir.

Se establece la forma de integración del órgano garante, el INAI, y las obligaciones de los sujetos obligados.

Se dispone el mecanismo mediante el cual los particulares pueden interponer los recursos de revisión ante el instituto, cuando el sujeto obligado no proporcione la información que se requiere, y el recurso de inconformidad que procede cuando los órganos garantes de los estados no responden favorablemente la petición del particular.

Hay que destacar que en materia de violación de los derechos humanos y actos de corrupción no procede la reserva. Es decir, esta conducta atenta contra la estabilidad y funcionamiento adecuado del gobierno y de la sociedad. Se establecen medidas de gobierno abierto para transparentar al máximo la acción gubernamental.

Compañeras y compañeros, si bien es cierto, en la minuta se contienen avances, también hay que destacar que pudimos ir más lejos en el perfeccionamiento de una disposición legal.

En el proceso de dictamen presentamos propuestas de mejoramiento de esta norma que no fueron atendidas ni en la Comisión de Transparencia ni en el grupo de trabajo. Es por ello que si bien votaremos en lo general a favor, presentaremos reformas en lo particular a este dictamen.

Como es del conocimiento de todas y de todos, en el proceso legislativo una cámara funge como cámara de origen y la otra como cámara revisora. En esta soberanía no actuamos más que como oficialía de partes.

Y quisiera rescatar de la intervención del PRI que hoy ha manifestado aquí, que ojalá lo pueda comentar con sus compañeros senadores. Tuvimos tiempo de procesar cambios que la colegisladora podía conocer, sin embargo, no lo hicimos. Este dictamen forma parte de un paquete de leyes en materia de anticorrupción que tendremos que aprobar en los próximos días.

Tenemos la obligación de entregar a las mexicanas y a los mexicanos los mejores instrumentos jurídicos para que a partir del ejercicio del derecho a la información se pueda combatir y eliminar la corrupción. Y esa es una demanda ciudadana.

La votación de esta Ley de Transparencia nos presenta un gran reto, porque los entes obligados pueden ser transparentes pero altamente corruptos. Sabemos que la opacidad favorece a la corrupción. Por ello, lo que ayuda a combatir la corrupción es, además de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez:Buenas tardes, diputadas, diputados, presidenta. El Grupo Parlamentario de Morena se abstendrá de votar el dictamen en discusión, porque la nueva ley que se crea encierra disposiciones que parecieran apuntar hacia una transparencia expansiva, sin embargo, no podemos ser omisos ante los errores que contiene y que pudieron haberse subsanado en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción o en el mismo Grupo de Trabajo.

Ahora tenemos la oportunidad de enmendar esas desatenciones, votar a favor de este dictamen en sus términos nos convertirá en cómplices. Tenemos en nuestras manos el momento justo e idóneo para ofrecer a la ciudadanía una verdadera democracia. No obstante, el documento, tal y como se pretende votar, trunca el camino de consolidar el acceso a la información como derecho humano, irrenunciable y de principio de máxima publicidad.

Esta ley tenía como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal que recibiera recursos públicos. Lamentablemente, no se concluye como tal.

Este dictamen no es una herramienta que dé certeza para garantizar el acceso a la información. El paso que hoy se registra no es resultado de los grandes esfuerzos de los Poderes de la Unión. Esto solo es posible porque contamos con una sociedad más activa y porque nuestro país ha sido receptivo a partir de esa presión de la sociedad a las definiciones y compromisos adoptados por organismos internacionales en materia de derecho a la información de transparencia y de rendición de cuentas.

Por cierto, le aclaro a mis compañeros de Movimiento Ciudadano, que la adenda que mencionaron no fue propuesta por ellos, sino fue propuesta del INAI, presentada en el grupo de trabajo que coordinó Morena.

Ejercer el derecho a la información y la transparencia es un mecanismo privilegiado para que la sociedad participe y controle a los gobernantes corruptos y representantes populares por igual y mejore la calidad de nuestra incipiente democracia.

Además, al hacerlo la sociedad puede inhibir la impunidad y la corrupción, fenómenos que minan la legitimidad de cualquier gobierno, en nuestro caso vale recordarlo, servidores públicos del más alto nivel han protagonizado escándalos lamentables, pero no han recibido castigo gracias a la debilidad de nuestro marco normativo.

La nueva Ley Federal de Transparencia debe buscar fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo si se aceptan las propuestas para mejorar la que Morena presentará en este debate y que buscan acabar con la opacidad en actividades sustantivas en las que se manejan cuantiosos recursos públicos.

Precisamente por ello, la Cámara de Diputados debe aprovechar la oportunidad que nos brinda esta discusión para corregir y mejorar el contenido de la nueva ley, lo debemos hacer con plena convicción. No hay duda que las leyes de transparencia son benéficas para el desarrollo democrático de un país y las evidencias internacionales así lo confirman.

Si desde nuestra óptica la transparencia debe ser expansiva, la nueva ley no debe dar cabida a retrocesos como el contenido en su artículo 23, incluso los artículos décimo transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014, el 9 de la Ley Federal del Trabajo y 5 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, e importantes tesis de jurisprudencia en materia de trabajadores de confianza, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, si la ley queda como lo propone el dictamen, será impugnable porque vulnera el principio de certeza jurídica al contener antinomias, como señalan plazos distintos en su artículo 91, para un mismo procedimiento regulado en el artículo 95, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información relativa a la rendición del informe con justificación por el sujeto obligado.

Este asunto no es menor, porque a la fecha se ventilan en el INAI litigios por la negativa de filiales a proporcionar la información que solicitan los ciudadanos, al argumentar que al dejar de ser entidades paraestatales, dejaron de ser sujetos obligados para informar sobre los recursos públicos que reciben, por lo que rendir cuentas no está en la lista de sus prioridades.

Morena se abstendrá de votar este dictamen, porque considera que es incongruente a la hora de ejercer el derecho de acceso a la información. Un ejemplo de la opacidad y la simulación es el caso de la solicitud de Morena de visitar y conocer el avión presidencial y que fue negada por el Estado Mayor presidencial.

Sé también –porque no soy ingenuo– que aprobarán, porque así se los ha indicado la mafia del poder que muchos de ustedes representan desde que firmaron el Pacto por México, junto con los partidos satélites y cómplices de este régimen.

Vale la pena recordar los casos más emblemáticos de actos de corrupción. El conflicto de interés de las empresas que fueron apoyadas durante la administración de Peña Nieto cuando fue gobernador del estado de México. Ahora como presidente es peor su cinismo, ejemplo de esto es OHL e Higa, que hasta hace unos días se ha visto involucrada en los Panamá Papers y en donde su presidente guardaba un silencio que lo convierte en cómplice del mayor escándalo de corrupción.

Solo por citar un ejemplo está Constructora Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Publicidad y Artículos Creativos, Concretos y Obra Civil del Pacífico, Eolo Plus, Autopistas de Vanguardia, en la que fue reprimida la comunidad de San Francisco Xochicuautla en el estado de México. Solo por mencionar algunos de los negocios del constructor favorito de su presidente corrupto de empresas de Hinojosa Cantú. Es cuanto, gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene la palabra también hasta por cinco minutos la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama:Gracias. Con su venia, señora presidenta. La corrupción corroe y debilita lo que toca. Cito: Toma de lo colectivo para beneficiar a lo particular. Genera efectos perjudiciales sobre la equidad y la eficiencia en la asignación de recursos. Afecta a quienes más lo necesitan, afecta a los que menos tienen y desperdicia energías y esfuerzos.

El efecto más grave es que prospera clandestinamente al margen de las formas y del respeto a la moral pública, lo que acaba con la confianza en las instituciones y con la búsqueda del bien común, y para eso está esta ley. Para Inhibir y para combatir la corrupción, para aumentar los reflectores hacia el quehacer de los servidores públicos.

Dar acceso a la información sobre los asuntos públicos a efecto de someter la actuación estatal al escrutinio de la sociedad es una materia básica para la consolidación de los regímenes democráticos. Ir en contra de un proceso de apertura en este sentido sería contravenir el avance de la democracia y el ensanchamiento del catálogo de derechos al que los ciudadanos tienen acceso.

La transparencia y acceso a la información en su evolución histórica han sido consideradas primero como garantía electoral, después como un derecho social y finalmente como un derecho humano.

La transparencia debe de ser priorizada por el Estado, estableciendo el mejor marco regulatorio, así como la maquinización del derecho y la garantía más amplia para su cumplimiento. Este fue el objetivo y finalidad que se tuvo en todo el proceso de trabajo legislativo para la aprobación de esta iniciativa que por fin nos permitirá una más amplia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En términos generales amplía a los sujetos obligados para rendir cuentas, hasta incluir a sindicatos y partidos políticos; incrementa las obligaciones de los funcionarios así como las facultades de la institución que tutela el derecho, aun por encima de algunos modelos establecidos por la Organización de los Estados Americanos.

Esto genera bases sólidas y confiables para que la ciudadanía mexicana pueda conocer la forma en la cual todos los sujetos públicos o bien, aquellos quienes manejen recursos públicos ejercen el cargo que les fue conferido en su caso, o en su caso los recursos que les fueron confiados, lo cual consolida definitivamente la interacción entre población y autoridades.

De igual forma esta reforma genera un combate frontal contra la corrupción, porque en virtud de lo que mandata la ley, estos, todos los sujetos en la vida pública se encuentran obligados a poner a disposición de los ciudadanos una mayor cantidad de información, no sólo de las dependencias u órganos en los cuales se desarrollan como servidores públicos, sino datos respecto de su desempeño, de las decisiones tomadas, de los elementos que sustentaron estas decisiones y de los resultados obtenidos.

Todo lo antes referido consolida la vida democrática del país, maximiza el acceso a un derecho humano que en cualquier Estado que se ostenta como representativo y donde los servidores públicos de manera directa o indirecta son elegidos bajo mandato ciudadano, es fundamental para garantizar su desempeño, así como para responsabilizarlo9s de su toma de decisiones y vincularlos con el conocimiento colectivo.

Compañeros legisladores, la transparencia es el medio a través del cual la ciudadanía se convierte en la conciencia crítica del Estado, y está vinculado con el deber ser del poder público. En este sentido debemos asumir nuestra responsabilidad. Por este motivo el Partido Verde está a favor de la aprobación de la Nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; estamos convencidos que para fortalecer el sistema de rendición de cuentas de manera tal que este se convierta en una herramienta para propiciar el diálogo, la confianza y la corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados, es imperativo actualizar la ley de acuerdo a las exigencias de los tiempos presentes, y seguir avanzando en la procuración de la cultura de la legalidad. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputada Candelaria Ochoa, pide la palabra, ¿Con qué objeto? Diputada Ochoa, adelante, por favor, ¿Con qué objeto?

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, diputada, en un momento más.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Continuamos con el siguiente orador. Tiene la palabra también, hasta por cinco minutos para hablar en pro, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios:Diputada presidenta. Diputadas y diputados, la aprobación del presente dictamen por el que se expide la nueva ley federal de transparencia y acceso a la información pública complementa junto con la Ley General de Transparencia el marco jurídico del sistema nacional de transparencia que estableció la reforma constitucional de 2014, y el cual sienta las bases de coordinación y vinculación necesarias para la configuración de nuevo paradigma de gobernabilidad basado en la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

Cabe señalar que este entramado institucional fortaleció los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales que existe en nuestro país a través del reconocimiento pleno del derecho de acceso a la información pública, un anhelo de los ciudadanos de este país.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen porque se fortalece la preeminencia del principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales, porque garantiza condiciones de accesibilidad a los grupos vulnerables, porque fomenta la participación ciudadana y la accesibilidad y la innovación tecnológica en la materia, porque abre las puertas a los ciudadanos para conocer y saber como derecho.

Otro elemento importante que se contempla en el dictamen es la incorporación del gobierno abierto como una prioridad, con lo que se busca consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano orientándolas a la transparencia y difusión de la información que garantice la participación democrática de la ciudadanía y asegure la eficacia y la eficiencia de su actuar.

Se establece la obligación de adoptar criterios de interpretación pro persona en su protección más amplia, en situaciones de vulneración de derechos, a efecto de que se garantice la mayor efectividad del derecho a la información.

Sin embargo, nos preocupa la correcta articulación de la estructura del Sistema Nacional de Transparencia y, en este sentido, observamos con inquietud que la armonización en los estados de sus instrumentos jurídicos en la materia con lo dispuesto por la Ley General de Transparencia no se está cumpliendo en los plazos previstos, y eso es un gran pendiente que debemos atender. Conminamos a los Congresos locales parta que se cumpla con este mandato constitucional, tienen que estar a la altura de este mandato histórico.

Con esta ley las instituciones, como la PGR o la Secretaría de Gobernación o los gobiernos estatales y municipales, no podrán justificar su ineficacia o corrupción, escudándose en la omisión de la ley o en la opacidad de la misma. Sin embargo, creemos necesario construir una propuesta más de avanzada y que estamos en el momento justo para hacerla, para eliminar cualquier espacio de opacidad.

En este tema, y en el de la recusación que inhibe el conflicto de intereses y que son tan sensibles para nuestro país, propondremos las modificaciones correspondientes a la minuta.

Por estas razones nuestro grupo parlamentario considera que, si bien es cierto que toda ley es susceptible a mejorar, esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública representa un avance significativo en la construcción de un sólido andamiaje institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Insisto finalmente que todos estos esfuerzos por fortalecer la transparencia deben acompañarse de un combate frontal y decidido contra la corrupción. Se ha dicho mucho, pero transparencia sin mecanismos claros y eficientes de combate a la corrupción, y esfuerzos verdaderos que de verdad vayan en contra de este flagelo y este cáncer, es igual a impunidad.

Trabajaremos en congruencia para darle a este país tan dolido un marco de dignidad y una posibilidad de transformar su realidad. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Tiene la palabra, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos la diputada Cecilia Romero Castillo.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:Muchas gracias, señora presidenta. Pues sí, el camino de la transición en este país ha sido muy largo y ha sido muy complejo.

Ansiamos llegar a la alternancia y después de muchos esfuerzos protagonizados por muchos de los aquí presentes y algunos otros que no están hoy, tuvo una respuesta encabezada por la población, por la sociedad y por los electores en el año 2000. Conquistamos la alternancia, pero eso no quiere decir que hayamos logrado la transición completamente, y la transición, amigos y amigas, hacia esa normalidad democrática, la transición hacia el ejercicio del bien común es difícil.

¿Por qué es difícil?, porque debemos romper con paradigmas anacrónicos y también con vicios y corruptelas. La solución exige un gran esfuerzo, transparencia, perseverancia, corresponsabilidad social y buen gobierno. No es fácil, pero una vez que hemos llegado a la alternancia en el camino hacia la normalidad democrática, ahora necesitamos esgrimir fuerte y alto la bandera de la transparencia, porque no es suficiente el haber llegado a la alternancia a nivel federal y tener ahora la posibilidad de un acercamiento cada vez mayor hacia ese trabajo democrático, porque el sistema político corrupto y opaco sigue presente y sigue vigente.

Requerimos urgentemente que haya mayor lubricación a ese sistema y eso se tiene que dar a través del ejercicio, primero de la transparencia y luego de la lucha contra la corrupción. Ciertamente esta Ley Federal de Transparencia que hoy estamos aprobando es lo que cierra un ciclo precisamente, como lo han dicho, del Sistema Nacional de Transparencia, pero es al mismo tiempo el primer eslabón hacia la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.

La lubricación de este sistema político que durante tantos años ha hecho el cartabón de todos los funcionarios y que solamente se ha podido ir rompiendo a partir de ejercicios que han presionado a este sistema, debe convertirse en la normalidad del trabajo de cada uno de nosotros.

Amigos y amigas, en esta Ley Federal de Transparencia, que hoy estamos aprobando, necesitamos tomar en cuenta una cosa, es un eslabón más de la cadena. Pero, además, el buen juez por su casa empieza, aquí hay obligaciones concretas para cada uno de nosotros, para nuestros grupos parlamentarios, para la Cámara de Diputados, en general.

Estamos en espera del Reglamento de Transparencia de la Cámara de Diputados y debemos buscar la forma de llegar a la honradez como camino, a la honradez como posibilidad a la honradez en el ejercicio del servicio público.

Porque, amigos, no hay términos medios. La honradez no es un valor subjetivo, no hay límites mínimos ni máximos, la honradez es plenitud del compromiso con la transparencia contra cualquier forma de corrupción, de tráfico de influencias, no se diga, evidentemente, de corrupción económica.

Debemos poner el ejemplo. No basta con esto que estamos haciendo hoy, pero si hoy no avanzamos en este eslabón, ciertamente perfectible de esta ley, no podremos seguir caminando en la construcción de este régimen de ese sistema lubricado, ciudadano, visible, transparente y, por supuesto, honrado, al que desde Acción Nacional le estamos dando todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo, razón por la cual votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Romero. Tiene ahora la palabra el diputado Pedro Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI.

Aprovechamos para saludar la presencia de integrantes del Grupo Génesis, AC, de Michoacán y amigos de la Ciudad de Yakima, estado de Washington, Estados Unidos, invitados todos por la diputada Daniela de los Santos Torres. Bienvenidos a este recinto parlamentario, amigas y amigos. Adelante, diputado, por favor.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio:Gracias, presidente, con su permiso. El día de hoy debemos considerarlo como histórico para el país y para esta Cámara, tenemos a debate una legislación de avanzada, garantista, la más moderna de los países democráticos que coadyuvará en la eliminación de cualquier espacio de opacidad.

Hoy estamos consolidando nuestra caja de cristal, en donde todo se vea, todo sea consultable, la transparencia.

Coincido con el diputado César Camacho, que apenas ayer, en este Palacio, sostuvo que el protagonista de esta historia es el ciudadano. Este Poder Legislativo ha venido diseñando el sistema nacional de transparencia y el sistema nacional anticorrupción. Debe entenderse que estos sistemas son complementarios, que el sistema jurídico mexicano nos exige plantearnos y construirlos en la integralidad de conceptos y de políticas públicas. Esto es, en la integralidad de normas jurídicas que ambos sistemas buscan robustecer la integridad en el servicio público.

En el Grupo Parlamentario del PRI entendemos que la corrupción y la opacidad no pueden ser la regla en ninguna democracia, sino una excepción que tienda a desaparecer, y aquí hoy, en esta mañana-tarde, estamos construyendo ese escenario, con vocación y compromiso ético.

El dictamen contiene una propuesta de ley que es una pieza de la integralidad de ambos sistemas, la comunicación y la congruencia con otras leyes será el sello distintivo. El Grupo Parlamentario del PRI votará en favor del dictamen, porque el documento que se discute contiene el sentir de la sociedad, el compromiso ético y político de nosotros, los priistas, y además, porque se ha construido con base en las mejores prácticas de un parlamento abierto.

Ya lo hicimos, sociedad, especialistas y órganos garantes fueron actores fundamentales que al final de cuentas vamos a favor de los intereses del ciudadano. Este es apenas el primer paso en la ruta de la nueva cultura de la transparencia, este es el primer paso de la ruta de la nueva cultura de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción.

El dictamen es compatible a los alcances del principio de máxima publicidad, en donde la información sólo podrá ser clasificada como reservada, por razones de seguridad nacional.

En la nueva ley, amigas y amigos legisladores, nadie escapa del régimen de transparencia, todos los sujetos obligados, todos, públicos o privados, que reciban o ejerzan recursos públicos federales deberán cumplir con las obligaciones que establece la ley, ante su incumplimiento habrá sanciones.

Debo resaltar que el dictamen atiende íntegramente las observaciones que las comisionadas y los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública hicieron llegar a esta Cámara. Es más, encontramos razonable la adenda presentada esta mañana ante este pleno a instancias del propio INAI, para modificar el artículo cuarto transitorio para darle operatividad y estricta aplicación a la nueva ley.

En el PRI somos sensibles ante las demandas ciudadanas, por eso coincidimos con el dictamen que mantiene la prohibición de clasificar cualquier información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos. Los delitos de lesa humanidad y los actos de corrupción.

Soy testigo de los esfuerzos de la Comisión, de asesores, de legisladoras, de legisladores, de su disposición a escuchar las voces del instituto y de la academia y de la sociedad civil. Queremos un Estado abierto y así lo estamos construyendo. Éste es el primer paso, le estamos cumpliendo a México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Noble. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Sí, presidente, solamente para decir que es muy importante el adendum aprobado el día de hoy. Nosotros propusimos una reforma al artículo tercero, al tercero transitorio y el que se está aprobando es el cuarto. Yo creo que aquí es muy importante los logros, y que independientemente de que alguien se reserve su derecho a votar a favor o en contra de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Quedan asentadas sus consideraciones y pido a la Secretaría dé lectura a los artículos que han sido reservados para su discusión en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Artículos reservados, 1, 2, 4, 8, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 28, 43, 46, 52, 55, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 91, 99, 110, 153, 154, 163, 174, 187, 202 y tercero transitorio.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia en este recinto parlamentario, de alumnos de la Escuela Normal de Maestros de Iguala, Guerrero. Invitados por la diputada Lluvia Flores.

E igualmente, saludamos a don Miguel Celis y vecinos del Ejido de Chapultepec, de Cuernavaca, Morelos. Invitados por el diputado Javier Bolaños. Bienvenidos, todas y todos ustedes a este recinto parlamentario.

También saludamos la presencia de estudiantes del Centro Universitario Hidalguense. Invitados por el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio. Sean también igualmente bienvenidos, amigos del estado de Hidalgo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 383 votos en pro, 32 abstenciones y 1 voto en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En consecuencia, aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 383 votos, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

Damos la bienvenida a la Asociación de Pastores de los municipios de Chicoloapan y La Paz del estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidos, amigos pastores.

Debo informar que a solicitud de los grupos parlamentarios y con las facultades que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia decreta un receso por 15 minutos para estar en condiciones de mejor ordenar la discusión en lo particular del presente dictamen. Téngase en cuenta que se reservaron 30 artículos de la parte sustantiva más un transitorio, 31 en su totalidad.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 13:58 horas): Les pido entonces por favor que quienes vayan a participar, de la comisión y de los grupos parlamentarios, nos congreguemos aquí Tras Banderas entrando el receso.

(Receso)

(A las 16:04 horas): Bien, se reanuda la sesión.

Durante el receso que se decretó se estuvo trabajando por parte de integrantes de la comisión, y representantes de los grupos parlamentarios para ordenar en todo lo que nos fue posible el debate en lo particular, para buscar acercamientos; en algunos de los temas se lograron, en otros no, pero por lo menos consideramos que va a agilizar el procedimiento, el desahogo de los artículos reservados, y también, desde luego, clarificará o clarificó el camino y el procedimiento a llevar adelante.

Entonces vamos a proceder a otorgar el uso de la palabra a quienes hicieron las reservas de artículos en lo particular. Y entonces le vamos a dar la palabra al diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para presentar propuesta de modificación al artículo 174, fracción I, y suprimir la fracción II, para que fundamente su planteamiento.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo:Ya lo argumentábamos, compañeros diputados, no vamos a cambiar las cosas sin sanciones. El artículo 174 nos dice que “el instituto en el ámbito de su competencia podrá imponer al servidor público encargado de cumplir, al menos las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones”. Y dice

1. Amonestación pública o

2. Multa.

Estas son pues, las sanciones que se pueden imponer. La propuesta que estamos haciendo considera que solamente dejemos una sanción, sea amonestación pública y multa. No amonestación pública o multa. En otras palabras, tienen ganas de regañarlos, regáñenlos, pero múltenlos a los fregados. Así de simple.

El que no informa debe ser sancionado, no me interesan las causales, es sujeto de ser sancionado y después veremos que las agravantes para ver el grado de multa que la misma ley establece, que va de 150 a mil 500 veces el salario mínimo general vigente.

Y lo comento porque ya regulamos nosotros el tema de que no se indexe al salario mínimo y aquí lo estamos indexando también al salario mínimo, por lo que entonces la propuesta mía señala que sea amonestación pública y multa de 10 mil 956 pesos hasta 109 mil 560 pesos.

En otras palabras, que se ponga cantidad y no que quede indexado al salario mínimo como lo establece la iniciativa que hoy estamos discutiendo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Clouthier. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar propuesta de modificaciones al artículo 20, fracción V y VI y la adición de una fracción.

La diputada Verónica Delgadillo García:Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, señoras y señores, el día de hoy estamos en una discusión trascendental para la vida pública y democrática de nuestro país. Es la transparencia y el acceso a la información los principales medios para poder combatir uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país, la corrupción.

En este pleno estamos desarrollando una discusión un tanto acelerada. Hay que reconocer que para la aprobación de leyes como esta, que son tan importantes para todos los mexicanos, tiene que darse el tiempo para ser analizadas y también para incorporar todas las observaciones que se han hecho llegar en torno a ellas.

Es por esto que aprovecho este espacio para invitarlos a que replanteemos y nos cuestionemos la forma en la que seleccionamos a las personas que van a representar a todos los mexicanos en la titularidad del máximo órgano de transparencia de nuestro país.

Es por esto que esta reserva que nosotros presentamos busca que el proceso de selección de los comisionados y las comisionadas del INAI estén puestos, de manera que demostremos que son las personas más capaces y más competentes para ocupar ese cargo.

Con esto buscamos fortalecer la autonomía del INAI y también cerrar la puerta a las cuotas partidistas que por tradición se han entregado para estos espacios tan importantes para la vida democrática.

Es por eso que nosotros proponemos que se involucre en este proceso a las instituciones académicas más importantes de nuestro país, y también a nivel internacional, para que sean ellas las que diseñen, las que evalúen, las que apliquen estos exámenes para que revisemos las competencias y las capacidades de las personas que aspiran a ocupar este espacio.

También con ello proponemos que estas evaluaciones sean vinculatorias en el Senado, para que a partir de esas evaluaciones que garantizaron que son las personas, los hombres y las mujeres, más competentes sean los que lleguen a estar a cargo del INAI.

Quiero mencionar que esta reserva tiene un precedente en Jalisco, ya lo hicimos. En el pasado proceso para la elección del consejero presidente del ITEI, convocamos a las mejores universidades del país para que fueran ellos los que evaluaran a los aspirantes. Con ello dimos certeza a los jaliscienses para que el que ocupara, que hoy es una consejera presidenta, ese lugar demostrara que era competente y capaz para representar los intereses de, los ciudadanos.

Con este ejercicio quiero invitarlos a que nos sumemos y demostremos que queremos ponerle fin a las cuotas partidistas, y que queremos abrir la caja negra de la elección de ciudadanas y de ciudadanos para ocupar un cargo tan importante como es la titularidad del INAI.

Con esto, compañeros, dando muestras claras de una voluntad para dignificar la política podemos hacer lo correcto y regresarle a los ciudadanos lo que es suyo, el centro de la discusión de la vida democrática de nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Delgadillo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar propuesta de modificación al artículo 23, párrafo segundo.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Tanto en la Comisión de Transparencia como en el grupo de trabajo presentamos esta reserva al artículo 23 del dictamen con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se expide la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La reserva que propusimos tiene el propósito de eliminar el segundo párrafo del artículo 23 del dictamen, ello en virtud de que se excede el mandato del artículo Décimo Transitorio del decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, del viernes 7 de febrero de 2014.

En dicho transitorio se establece: Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el Apartado B de artículo 123 de esta Constitución y en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Como se advierte, el transitorio antes citado remite a los trabajadores para la regulación de su relación laboral, al Apartado B del artículo 123, y de manera implícita a su Ley Reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo burocrático, pero en el párrafo segundo del artículo 23 del dictamen se establece: Todos los servidores públicos que integran la planta del Instituto son trabajadores de confianza y quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución.

El que el Legislativo, por mandato de ley establezca que todos los trabajadores del Instituto serán de confianza constituye un exceso, ya que da el mismo tratamiento a funciones laborales, que de suyo son desiguales.

Además, en los manuales de organización y en la reglamentación interna del instituto se deben determinar los cargos que son de confianza y aquellos que no lo son, incluso estaríamos contraviniendo la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo.

Es por ello que les proponemos la eliminación de este segundo párrafo del artículo 123 y que quede a la potestad del instituto la emisión de las reglas que corresponden para determinar cuáles cargos son de confianza y cuáles no. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. En virtud de que también presentó reserva sobre el mismo artículo 23, supresión del párrafo segundo, el diputado Rafael Hernández Soriano, tiene el uso de la palabra.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Con la venia de la Mesa. Compañeras y compañeros, personas que nos están observando, la ley general que acabamos de aprobar hace algunos minutos en lo general, constituye sin duda un avance democrático, histórico, para la ciudadanía.

Armoniza en materia de transparencia a la ley general que fue aprobada allá, en la legislatura pasada. Tiene otra virtud, que empodera a la ciudadanía frente a los órganos de gobierno, a los órganos de Estado y a los sujetos obligados, que van más allá de los del ámbito público.

Sin embargo se detectan, como en todo proceso de discusión de una pieza legislativa de este calado, algunos ajustes que hay que atender y el que nos trae a la tribuna tiene que ver con el respeto a los derechos laborales, que están desde luego protegidos por nuestra Constitución, por varios instrumentos internacionales que ha signado el Estado mexicano, y me refiero al de la libertad sindical.

En la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Sociales, Civiles y Políticos, el Convenio 87 de la OIT, entre otros instrumentos, nos obliga a que defendamos y protejamos la libertad sindical.

Sin embargo, más allá incluso de la propia reforma constitucional en materia de transparencia, el proyecto que nos presentan respecto al párrafo segundo del artículo 23, está circunscribiendo al instituto, al INAI, a que todos sus trabajadores se rijan conforme a la fracción XIV, del Apartado B, del artículo 120 constitucional que, desde luego, atenta contra estos instrumentos, que decía, que protegen la libertad sindical.

Por ello, es que estamos proponiendo que este segundo párrafo del artículo 23 sea suprimido y que se preserve solamente el primero del artículo, que retoma desde luego lo que dice la Constitución y retoma en favor de la defensa de los derechos de los trabajadores, lo que consigna nuestra Constitución en el Apartado B, artículo 123.

Es en favor de los trabajadores nuestra propuesta y esperemos que pueda ser respaldada. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. En virtud de que, tanto la diputada Ochoa como el diputado Hernández se han referido a un mismo tema y en un mismo sentido, esencialmente, con sus propias argumentaciones...

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Nahle, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente, con una pregunta para la organización de este debate. ¿Cómo es que iniciamos discutiendo el artículo 173, en lugar de iniciar con el artículo 1, seguir con el 2 y así como siempre se hace? ¿Por qué este acomodo de iniciar con artículos del 170 al 80, del 5? Creo que debemos de meter ahí una moción de orden, por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputada Nahle, fue el orden, hay que decirlo en primer lugar, en el que se fueron registrando las reservas, que fueron siendo recibidas aquí en la Mesa Directiva por nuestros propios compañeros de Servicios Parlamentarios.

Y luego también, fue el orden en el que se abordaron en la reunión de trabajo que se tuvo en el receso y acordamos, justamente, para posibilitar un desahogo en el que participamos para su elaboración allá atrás, que nos iríamos de esta manera.

A lo mejor no quedó suficientemente claro para todos los participantes, pero están absolutamente contempladas todas las reservas, no obviaremos ninguna de las que se hicieron. Y en su momento, conforme lo tenemos ordenado aquí, vamos a dar el uso de la palabra a quienes las hicieron. Ésta es la razón.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido de nueva cuenta ahí.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí entiendo, pero solicito que llevemos un orden, un orden como siempre se ha hecho. Si bien se discutió por grupo, entonces nada más solicito que se haga por orden. Tranquilos, compañeros, para eso estamos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Estamos llevando un orden, nada más que es el orden que entiendo que acordamos allá con la propia Comisión y que todos los coordinadores y los integrantes de la Comisión tiene tal la lista, en el orden mismo en el que lo abordamos y que es como lo decidimos. Insisto y subrayo, a nadie se le va a negar el derecho a que habiendo, en su momento procesal oportuno presentado sus reservas, que haga uso de la palabra. Y ya lo tenemos además organizado así. Entonces, yo espero comprensión para que continuemos.

Entonces, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por quienes hicieron uso de la palabra al respecto, referidas al artículo 23.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión, y en virtud de que no tenemos oradores registrados al respecto, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación planteada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta, y por lo tanto, se reserva para su votación nominal al final de la votación con la modificación ya aceptada.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación al artículo 68. Antes, al artículo 67, así como al artículo 74.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidente, con el permiso de las diputadas y los diputados presentes. Un tema que ha estado presente en la discusión pública en los últimos meses es el tema Tres de Tres. Las organizaciones ciudadanas que han encabezado esta causa están proponiendo sobre todo la denominada Ley Tres de Tres, que digamos es una nueva ley o una reforma fundamental al tema de responsabilidades de los servidores públicos. Sin embargo, aquí se ha dicho –y se ha dicho bien– que el principal instrumento en materia de rendición de cuentas, de transparencia y de acceso a la información es esta ley que estamos votando hoy.

Nosotros creemos que un error del Poder Legislativo es siempre ir a destiempo. Armonizamos siempre a destiempo y creo que en la discusión de la Ley Federal de Transparencia deberíamos incorporar ya, de una vez, el tema y la agenda que está caminando con organizaciones ciudadanas en el sentido del Tres de Tres. Por eso proponemos modificar el 67, el 68 y el 74.

El artículo 67 es el que define las obligaciones en materia de transparencia de los integrantes del Congreso de la Unión. Simplemente lo que estamos planteando ahí es que sea una obligación de los legisladores presentar en medios idóneos su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración de intereses.

Al 68, otra homologación importante es agregar o incorporar un tema que está perdido en el texto y que es de fundamental importancia, que es el principio de máxima publicidad, que es el que constitucionalmente ya regula la materia. Incorporar al catálogo de servidores públicos descritos en el 68 las tres obligaciones: la declaración fiscal, la declaración patrimonial y la declaración de intereses.

Y un tema que es muy importante, porque si no lo aprobamos aquí corre el riesgo de no incorporarse al régimen de Tres de Tres, porque no entraría necesariamente en la discusión que va en las otras leyes que se están discutiendo, es el asunto del artículo 74 y que es lo que tiene que ver con partidos políticos.

Creemos que es muy importante que no nada más los miembros del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y de los tres Poderes de la Unión sean sujetos obligados para presentar sus tres declaraciones.

Un problema gravísimo de desconfianza de lo que se ha señalado aquí tiene que ver con los partidos políticos. En el artículo 74 estamos planteando también que se incorpore la necesidad de que se presenten por parte de los dirigentes de partidos políticos la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de intereses. Este es el tipo de agenda que se puede votar a favor o en contra, pero lo único que está haciendo quien vote en contra es no luchar contra la causa, sino luchar contra el tiempo.

Tarde o temprano este tipo de causas van a ser mayoritarias en este país. Tarde o temprano vamos a afrontar en serio el problema de la corrupción, el problema de la opacidad y el problema del enriquecimiento de una clase política que ha estado abanderando la opacidad como instrumento para esconder lo que tiene, para esconder la forma en que se comporta ante las autoridades en materia fiscal y para esconder los intereses que cubren o que dan sentido a su participación en la vida pública.

Básicamente es de transformar esos tres artículos, incorporando la obligación de presentar las tres declaraciones que componen el Tres de Tres. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se admiten a discusión las modificaciones planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra, el diputado René Cervera García, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 69, fracción III, con la adición de un inciso.

El diputado René Cervera García:Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública mexicana aumentó de 39 por ciento del PIB en 2005 a 54 por ciento en 2015. Es decir, creció el equivalente a 280 mil millones de dólares siendo el segundo crecimiento más grande en América Latina.

Los indicadores señalan que todavía la deuda del sector público es sostenible, sin embargo esta sostenibilidad no es el único problema que eventualmente enfrenta el gobierno actual en sus finanzas.

El nivel de deuda pública y la caída de los ingresos petroleros llevó a la calificadora Moody´s a bajar de estable a negativa la perspectiva de la calificación de México en os mercados de deuda.

La preocupación de la deuda pública no es precisamente sobre su nivel, sino su tendencia creciente desde la crisis de 2008-2009 y que podría eventualmente llevarnos a tener un nivel de deuda del 60 por ciento del producto interno bruto.

Los mexicanos hoy no conocemos las condiciones y términos de los contratos de esa deuda. Asimismo, nuestra bancada ciudadana se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de transparencia y acceso de la información como políticas públicas que deben estar más allá del simple acceso ciudadano a los datos que genera el gobierno. También esta bancada ha manifestado de manera respetuosa pero también claramente, que el problema es la carencia de mecanismos de transparencia de nueva generación.

En este contexto resulta fundamental colocar en una caja de cristal las características, condiciones y alcances de los contratos de deuda pública que tiene el Estado mexicano. La transparencia en este rubro no solo consiste en conocer sus montos o con qué instituciones ha sido contratada, sino los términos y compromisos de los contratos, conocidos normalmente en inglés como covenant.

Es trascendente conocer las condiciones y términos de los contratos de deuda pública para entender en el contexto de esta difícil situación financiera y macroeconómica los alcances y consecuencias en el manejo de la deuda pública nacional. Por ello el primer paso es acabar con cualquier coto que permita la opacidad en la materia.

Hoy proponemos esta reserva al artículo 69 de la Ley Federal de Transparencia para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere en su información pública fundamental los contratos de deuda pública y toda la información relativa a sus condiciones, compromisos y términos.

Esto ayudará no solo a fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información, sino que ayudará a generar certidumbre y confianza en el manejo de las finanzas públicas mexicanas, lo que hoy representa una necesidad y una exigencia ciudadana.

Movimiento Ciudadano está en favor de generar certidumbre, credibilidad y confianza de la gente sobre la acción gubernamental. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Ahora tiene la palabra, también para presentar propuesta de modificación al artículo 174, fracción II; y 202, párrafo primero, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, abrogar una ley federal como la que se está tratando, siempre es un asunto de mayor relevancia. Cada modificación debe cuidar que sus efectos sean coherentes. En este caso no es posible que está Cámara no cuide las formas y el deber ser, y no se tome el tiempo necesario para realizar las correcciones obligadas por la ley.

La reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, previó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, que permite la desvinculación del salario mínimo a diversas leyes.

La corrección que se propone en esta reserva, busca corregir el texto que aún maneja el concepto de salario mínimo, por el concepto de Unidades de Medida y Actualización, por sus siglas UMA.

Fue apenas el pasado 28 de enero del presente año que desapareció el salario mínimo como referencia, para desvincularlo como unidad de cuenta, base, medida o referencia económica en leyes federales y estatales, y entró en vigor la antes mencionada Unidad de Medida de Actualización.

Hay que ser coherentes y darnos tiempo para revisar y corregir los efectos de las modificaciones constitucionales. Cabe simplemente agregar que también se determinó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, tiene la facultad de establecer el valor de la UMA, aplicando el procedimiento previsto en el régimen transitorio, el cual toma como base la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Tal como se reconoció en su momento, esta Unidad de Medida y Actualización se consideró la primera para establecer políticas de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, tan importantes hoy en día. Se reconoció también también que la UMA impactaría positivamente resarciendo gradualmente la pérdida acumulada de más del 70 por ciento por más de 30 años de ese poder adquisitivo.

Compañeros, no es posible que sólo por no querer abrir la discusión y buscar la rápida aprobación de la Ley de Transparencia, se deje este error tan obvio en los artículos 174 y 202 de la ley que estamos por aprobar.

Compañeros legisladores, ahora que estamos por aprobar una nueva ley, recordemos que nuestro trabajo no se trata de después subsanar los errores en ella, sino aprobarla de manera correcta. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias. En razón de ser la misma propuesta, tiene la palabra la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario del Morena.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputada presidenta. Derivado de la revisión y análisis del dictamen por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se desprenden cuando menos dos errores de armonización legislativa.

Se trata de lo descrito en los artículos 174 y 202 de la propuesta, mismos que hacen referencia al salario mínimo vigente como base para tasar los montos aplicables por incumplimiento a las disposiciones enmarcadas por la propia ley.

Lo anterior, obvia de manera flagrante lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, mismas que hablan de la desindexación del salario mínimo para el cobro de tarifas.

Observando la reforma en comento, la referencia económica que debe ser tomada como base para el pago de las obligaciones y supuestos previstos en la leyes federales, es la denominada Unidad de Medida y Actualización, UMA, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, en atención a lo dispuesto por el artículo 23, fracción XX Bis de su reglamento interior, de permanecer, como hasta el momento se encuentra, el dictamen crearía una contradicción de normas que obligaría a aplicar la interpretación conforme a que hace referencia el artículo 1o. de la Constitución, es decir, tendría que optarse por la norma que provea una esfera mayor de derechos a la población, por lo cual la norma que pretende crearse no sería aplicada.

Es importante tener en cuenta que la reforma constitucional tiene el objeto de proveer una mejor redistribución del ingreso en el país con la intención de no atar al salario mínimo para la imposición de multas o para cualquier otro aspecto donde se le relacionaba, puesto que deriva en la creación de pobres por decreto, ya que no podría aumentarse el salario sin aumentar las tarifas.

Hay que recordar que el salario mínimo aún sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y, por supuesto, su familia. Por la importancia de la reforma constitucional referida y por la importancia de la ley que se discute, se requiere una adición integral de la normativa a efecto de evitar falta de armonización o errores de técnica legislativa, que vayan en detrimento de los derechos que se pretenden reivindicar.

Es nuestra obligación crear normatividad reglamentaria y/o federal con base en los principios elementales consagrados en la Constitución. No podemos arrogarnos atribuciones de crear legislación con particularidades específicas, que a fin de cuentas son inaplicables por ir en detrimento de la ampliación de las esferas de libertades y de todos los mexicanos. Es cuanto.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas. A ver, perdón, si se admite a discusión, por supuesto.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión. En virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta las modificaciones presentadas.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se aceptan y se reservan para su votación nominal al final de la discusión en lo particular, con las modificaciones ya aceptadas por la asamblea.

Tiene ahora la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo Tercero Transitorio.

La diputada Mirza Flores Gómez:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta tarde queremos hacer un especial énfasis en esta reforma al artículo transitorio, por lo que apelo a su atención y a la sensibilidad que requiero de ustedes y que México también está necesitando.

Para todos los mexicanos nos es claro que para fortalecer el Estado de derecho, tanto autoridades como empresas y ciudadanos debemos día a día forjar un ecosistema de certidumbre que es fundamental para invertir y crear prosperidad en nuestro país. En ese orden de ideas, la transparencia aplicada al poder público debe de ser la detonante de transformación, porque sin duda obliga al gobernante a la honestidad, a las cuentas claras y por otro lado, al gobernado, a la responsabilidad de la participación ciudadana y sobre todo del respeto a las reglas.

Un paso que debemos fortalecer es el derecho al acceso a la información pública, mismo que tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones gubernamentales.

Accesar a información pública exige a los generadores de la misma a fortalecer sus procedimientos encaminados a fomentar con mayor eficiencia e integridad el uso, manejo y destino de los recursos públicos. El acceso a la información será el cambio del ciudadano para exigir rendición de cuentas a sus gobernados y convertirla en una herramienta en la lucha contra la corrupción, una de las amenazas más poderosas contra el desarrollo económico de nuestro país.

La demanda de información evitará así continuar con la cultura del secreto. Y, para tal efecto, soy una convencida que la administración pública necesita reordenarse, de tal forma que la respuesta de su actividad sea eficaz y rápida. Esto es conveniente, porque se siguen principios rectores de observancia obligatoria.

Nosotros, los diputados ciudadanos estamos a favor del diseño, implementación y aplicación de todas las medidas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. Prueba de ello es que fuimos la primera fracción parlamentaria a nivel federal en presentar en tiempo y forma nuestras tres declaraciones: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal. No solamente a nivel federal, también lo hicimos la bancada de los ciudadanos en el estado de Jalisco.

En consecuencia, con esta preocupación y en la forma en la que nos ocupamos de este tema, la diputada Candelaria Ochoa, que es integrante de la Comisión de Transparencia, nuestra compañera de fracción, es integrante también de las mesas de trabajo y ella de manera argumentada señaló que no era necesario establecer 18 meses para regular esta observancia, que con seis meses era suficiente, puesto que estábamos preparados ya para hacerlo.

En un ámbito de consenso y de acuerdos proponemos que quede como sigue: que el artículo transitorio Tercero dice que los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, el tiempo de respuesta en este esfuerzo de transparentar las operaciones y acciones para respetar y promover derechos individuales y atender de mejor manera las necesidades y demandas públicas, no debe ser excesivo. No necesitamos dilatar y armar a los mexicanos de paciencia para que esto sea transparentado a la brevedad. Para fomentar una cultura de rendición de cuentas y lograr la transparencia debemos elaborar estrategias a corto y mediano plazo. México necesita de nuestras acciones inmediatas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si se admite a discusión, si se admite a discusión, se le cuatrapeó ahí el script.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Cecilia Romero, por favor, es que ya estábamos votando cuando vi que usted estaba.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo(desde la curul): Tiene razón, diputado presidente, simplemente hay que precisar la propuesta de la diputada que hace una modificación a su propuesta original, a su reserva original para que, por favor, se lea tal como quedaría el tercero transitorio en función de la intervención de la diputada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputada Romero. En realidad la diputada proponente manifestó que no era la propuesta que originalmente había reservado en los mismos términos, sino que en aras de buscar un consenso ella la leyó tal cual ya la había modificado a los 12 meses. Pero yo le pido de cualquier manera a la Secretaría, que para evitar confusiones y que para que quede debidamente registrado en el Diario de los Debates y con las resoluciones que vamos a sumir, le dé lectura a la propuesta tal cual la hizo al final la diputada Mirza Flores.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Texto propuesto: Tercero. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna a más tardar dentro de los primeros 12 meses siguientes en entrada en vigor esta ley.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Ya disipada la duda y la preocupación, entonces consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada por la diputada Flores.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta y se reserva para su votación nominal al final de la discusión en lo particular.

Queremos saludar la presencia del presidente municipal de Pitiquito, Gumercindo Ruiz Lizárraga, así como del presidente municipal de Benjamín Gil, Alejandro Fierro, municipios de Sonora. Y también de la presidenta del DIF municipal de Benjamín Gil, de Sonora, invitados por la diputada Susana Corella Platt. Bienvenida, bienvenidos amigos a este recinto parlamentario, aquí en San Lázaro. Viniendo de tierras tan lejanas y de allá del desierto sonorense.

Ahora tiene la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, para presentar propuesta de modificación al artículo 1, así como al artículo 73, fracción VI.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Buenas tardes. La presente reserva, la voy a leer para que luego no haya interrupciones. Es incluir en el artículo 1 a las empresas productivas del Estado, a sus empresas subsidiarias y filiales como sujetos obligados.

Asimismo se propone agregar dos obligaciones a la Secretaría de Energía y un párrafo al artículo 73, para remitir a las empresas filiales y subsidiarias a cumplir las obligaciones de transparencia pautadas en los artículos 70 y 83 de la Ley General de Transparencia.

Un poco para fundamentar esta reserva, para que los ciudadanos que nos ven por el Canal del Congreso comprendan por qué, cuál es la importancia de incluir a las empresas productivas, subsidiarias filiales de Pemex y CFE, pues estas empresas son, a partir de la reforma energética, privatizadas y manejan tanto dinero público como dinero privado.

En esta ley no están como sujetos obligados, se establecen algunas cuantas obligaciones pero no son sujetos obligados, porque el artículo 1 es muy claro quiénes son los sujetos obligados pero no están incluidas las empresas productivas. Eso es para que quede claro que no está en la ley.

Pero el otro asunto es que tanto en Pemex como CFE hemos visto casos muy claros y muy evidentes de falta de transparencia. Contratos que tienen que ver con casos como HL, contratos que tienen que ver también con Pemex Internacional.

Entonces, allá ya tenemos dos ejemplos por los cuales es necesario que se incluyan como sujetos obligados. Seguramente aquí dirán que ya están, pero les quiero decir a los ciudadanos: hay que incluirlos y ser muy claros en la ley. Porque lo vamos a ver en el futuro, cuando se soliciten contratos a estas empresas, a ver qué van a hacer cuando haya solicitud de información en estos temas. Vamos a verlo en el futuro.

Yo les digo a los ciudadanos: hay que ser responsables. La Ley de Transparencia tiene que ir a fondo, porque la transparencia es muy importante y va a ser un pilar para el combate a la corrupción.

En este caso Morena va a ir al fondo en el tema de la transparencia. No estamos dispuestos a aceptar que no se incluya este tema tan importante cuando sabemos que hay actos en esos temas y que no se han aclarado en ningún sentido. Entonces, la propuesta en la reserva es que se incluyan estas como sujetos obligados y que no están dentro de esta ley. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Aquí, en virtud de que son dos artículos que aunque tienen un tema con un vaso comunicante, se refieren al final de cuentas también a asuntos diferentes.

Entonces, vamos a votar primero el referido a si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 73, propuesta por el diputado Rogerio Castro, y luego en una votación diferente veremos si se admite a discusión la propuesta referida al artículo número 1.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la reforma al artículo 73. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Ahora, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 1.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la modificación al artículo 1. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión. Y entonces, en pro de la propuesta tiene la palabra, la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su permiso, presidente. Resulta increíble que los legisladores aún se sigan preguntando si es pertinente ampliar las obligaciones de transparencia para las empresas productivas del Estado en el sector energético y que este cuestionamiento aún se siga sometiendo a debate, cuando la opacidad y la corrupción han hecho tanta mella en las finanzas públicas de las grandes empresas paraestatales.

Hoy tenemos a Pemex en quiebra, pero no es algo nuevo, es ruta definida a extinguir, para que otras empresas símbolo de México y dar entrada a empresas petroleras como Golden Shield, Chevron y así una larga lista de capitales extranjeros, urgentes de seguir explotando los vastos recursos petrolíficos de México.

¿Quién se atrevería a negar que la reforma energética sí tiene tintes privatizadores? Obligar a que las empresas de participación estatal, a que tengan que rendir cuentas y transparentar sus actividades es un asunto urgente y necesario en aras de fortalecer el sector energético, pues en esas empresas se ejercen millones de pesos provenientes de las arcas gubernamentales y que tales manejos y desvíos de recursos quedan lejos del conocimiento público.

Es una desgracia que sean los medios de comunicación los que hagan a las empresas rendir cuentas y transparentar sus actividades y que los verdaderos impulsores de la transparencia y el combate a la corrupción sean periodistas destacados, ejerciendo un poder que ni el gobierno ni los legisladores quieren ejercer para no evidenciarse ellos mismos.

Permitir que Pemex pueda salir del padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y rendición de cuentas del INAI, sería entregarle un cheque en blanco. Es algo completamente absurdo y que solo apunta a la misma dirección de siempre. Enriquecer a unos cuantos a costa del patrimonio de todos los mexicanos.

Para la campaña presidencial del año 2000, millones de pesos provenientes de recursos públicos fueron puenteados al sindicato petrolero en lo que hoy se desconoce o se conoce como Pemexgate. Dada la magnitud del desfalco, aun sin una ley de transparencia, se pudieron conocer estos enormes desvíos de recursos.

¿Cuál es entonces el curso que debemos tomar para solucionar esta grave situación? Tenemos que terminar de tajo estas prácticas que fomentan y promueven actos de corrupción mediante la opacidad.

Hoy más que nunca es menester que quede asentado en esta nueva ley la obligación de transparencia de las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales de cumplir lo establecido en los artículo 70 y 83 de la ley general.

Los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales a que se celebren entre ellos.

Morena considera de suma importancia que esta reserva sea votada a favor, pues México necesita urgentemente una transformación política. No olviden, señoras y señores, y sería importante recordar las palabras de Reyes Heroles. Todos los demagogos invocan una Constitución, pero tiene por símbolo el sable y el despotismo. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Barrientos. Tiene el uso de la tribuna la diputada Sharon Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México hasta por tres minutos, para hablar en contra de la propuesta.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes. Me congratula que se abra el debate y que podamos aceptar a discusión este tipo de reservas. Que se permita aclarar de manera detallada lo que aquí se ha dicho.

Y no nos preguntamos por qué no está en la ley, porque sigue estando en la ley. Las empresas productivas del Estado están de manera muy detallada, y no solamente las empresas productivas del Estado, también las subsidiarias y sus filiales.

Y hay que ver simplemente el artículo 83 que de manera muy específica refiere a cada uno de los integrantes del sector energético: a la Agencia Nacional, a los órganos reguladores como son la CRE, la CNDH, la misma Secretaría de Energía, como cabeza de sector, etcétera. El Fondo de Petróleos también está considerado.

Es muy importante aclararles, como se dijo en un momento en mi cuestionamiento, el artículo 1o., nos dice quiénes son sujetos obligados “todo aquel que recibe y ejerce recursos públicos federales”. En esta definición, de manera clara, sabemos que las empresas productivas del Estado lo hacen. Por supuesto que tienen que ser sujetos obligados, no estamos a favor de que no lo sean, y ya lo son, ya están contemplados en la ley, en la Constitución, en la Ley General, y en esta minuta.

Al aprobar esta minuta estarán muchísimo más obligados; evidentemente la ley de hoy vigente no nos da para muchas cosas, pero al aprobar esto, en concordancia con lo que ya tenemos, tendremos unos sujetos obligados con total transparencia en el sector energético, dándole también congruencia a la reforma constitucional en materia energética.

Por supuesto que las subsidiarias y filiales están contempladas; sí tienen sus obligaciones, son sujetos obligados. Tienen una naturaleza jurídica y se organizan conforme al derecho privado, y tienen un lugar de constitución y creación específico que está regulado en la ley.

Basta ver, reitero, el artículo 83, que es muy amplio, y sería innecesario darle lectura y por respeto al tiempo de ustedes no lo voy a hacer. Y no solamente en estas leyes; cabe señalar que las leyes secundarias del sector energético, a Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y de los órganos reguladores del sector energético, tienen amplios capítulos sobre el tema de transparencia.

Es importante aclarar que sí están contemplados. No es que no queramos que estén, ya están contemplados. No se trata de hacer leyes casuísticas y reiterativas, Ya está de manera específica. Ejercen y reciben recursos del Estado.

Entonces quiero aclarar de manera muy precisa que ya están. No digamos que estamos dándole la vuelta, que CFE y que Pemex. Por supuesto que manejan grandes cantidades, sí, y queremos que sea transparente todo lo que hacen, todos sus contratos. Y la Ronda Uno, en sus licitaciones, ha sido un ejemplo de eso. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación referida al artículo 1.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar propuestas de modificación a los artículos 8, párrafo primero; 110, fracción III y 154.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:Con su venia, diputado presidente. Sólo le pido un poco de tolerancia al tiempo, pues hablamos de tres artículos.

Pongo a consideración de este pleno la reserva a los artículos 8, 110 y 154, para homologar lo establecido en el artículo 112 de esta ley, con la finalidad de no dejar espacio alguno para que la información relacionada con actos de corrupción no sea reservada o confidencial.

En México, los cambios en la legislación para defender el derecho de acceso a la información no han sido suficientes para ofrecerle a la población mecanismos efectivos de vigilancia. El principal problema que hoy enfrenta nuestro país es la corrupción, lo acaba de declarar hace unos días Ricardo Anaya, como si fuese algo nuevo.

Instituciones de carácter internacional y nacional como el Banco Mundial y estudios realizados por Transparencia Internacional reprueban a México en materia de corrupción, colocándolo en el puesto 127 de 175 países, es decir, uno con los mayores índices de corrupción.

México es percibido como el país con mayores índices de corrupción miembro de la OCDE y de acuerdo con el Barómetro de las Américas 2014, México es el cuarto país de América Latina donde proliferan los sobornos, los moches y demás prácticas condenables.

En la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental realizada por el Inegi, arrojó que el 48.5 de los mexicanos consideran un grave problema los actos de corrupción y no es para alarmar. El Banco de México señaló que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por ciento del producto interno bruto.

El Banco Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional. La corrupción no sólo revela un mal desempeño institucional y la falta de ética por parte de los funcionarios públicos, sino que resulta demasiado caro para la sociedad, así como un obstáculo para la productividad, competitividad y la inversión tanto nacional como extranjera.

Para sustentar por qué la minuta no puede quedar en sus términos cuando hablamos de actos de corrupción valdría la pena traer a cuenta algunos hechos que por su magnitud ha conocido la sociedad mexicana.

Los sobornos que ha ofrecido la empresa OHL para ser beneficiada con múltiples contratos millonarios en los que se han involucrado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; en su momento Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex; y Enrique Ochoa Reza, director general de la CFE.

Morena tiene evidencias de que a través de diversos contratos OHL ha obtenido del erario público más de 80 mil millones de pesos. Otro caso de corrupción, que sabemos, incomoda, pero que marcó la historia de nuestro país, la Casa Blanca de la pareja presidencial con un valor de 7 millones de dólares, adquirida por el Grupo Higa, el empresario favorito de Peña Nieto. No solo este obtuvo beneficios del Grupo Higa, también el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; y adquirió una casa de descanso en Malinalco con valor de 7.5 millones de pesos.

Estos hechos llevaron a revivir a la Secretaría de la Función Pública con el entrañable amigo de nuestro primer mandatario, Virgilio Andrade, que hasta le fecha lo único que ofrecieron a eta sociedad fue una exoneración por no haber encontrado evidencia de algún acto de corrupción, pero que costó la salida del aire de la periodista Carmen Aristegui. Y no solo ella perdió, se perdió el único espacio que dotaba a la población de información veraz.

Por si esto no fuera suficiente, una investigación periodística profesional saca a relucir los papeles de Panamá, donde nuevamente sobresalen el ocultamiento, la corrupción, el tráfico de influencia por los 100 millones de dólares que fueron invertidos en paraísos fiscales por el tan nombrado empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa.

Estoy por terminar, diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Recuerden...

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: El caso de Huberto Moreira, acusado de malversación de fondos, blanqueo y organización criminal en el extranjero. Enlistar los casos de corrupción y revisar su regulación nos llevaría no solo a solicitar la homologación de esta ley, este tema nos llevaría a una reforma estructural del Estado, el sistema democrático al que México debe aspirar tiene que observarse asimismo como un sistema permanentemente abierto a la rendición de cuentas. Estoy por terminar...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Señor diputado, perdón...

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Solamente así se podría erradicar la impunidad...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado. A ver, diputado...

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Y a su vez fortalecer un control ciudadano más informado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, diputado...

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Por todo lo expuesto pongo de manifiesto la necesidad de reservar los artículos 8, 110 y 154, con el fin de agregar como supuesto de excepción para clasificar la información como reservada o confidencial a los actos de corrupción, y así, junto con las violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad se pueda tener acceso a la información fundamental para vigilar las acciones de gobierno. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Fuimos tolerantes con el tiempo porque desde el inicio se señaló que iban a ser tres artículos sobre los que se argumentaría, y el diputado pidió desde el principio una comprensión en ese sentido. Pero bueno.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): A nadie se le había dado esa concesión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Algunos se han pasado, diputado, y no se les ha reclamado. Ahora ya habiendo concluido, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas a cinco, más bien propuestas de modificación a cinco artículos; al artículo primero: 14. Párrafo primero; 24; 69, y 187. En una misma participación.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Por favor tengan paciencia, escuchen. No se...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, diputada, por favor.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, compañeras y compañeros diputados, es una obligación del Estado mexicano, no es una dádiva para el pueblo. Es nuestra obligación el otorgar certeza jurídica para todos los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos primordiales, para que tengan acceso a la información pública, pero la ley que hoy estamos discutiendo no es otra cosa más que un traje hecho a la medida, al cual no quieren que se le mueva ni una coma para no desajustarlo.

Para muestra un botón. Según datos documentados en los resultados de la cuenta pública 2013, que presentó la Auditoría Superior de la Federación, al menos siete universidades públicas de diferentes estados fueron favorecidas por dependencias del gobierno federal, como Sedesol, Pemex, la SEP, Banobras y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de contratos directos, pese a que no tenían la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometieron, favoritismos que resultaron en contratos y subcontratos con terceros o empresas que no cumplieron con los objetivos marcados y la documentación contractual, configurándose así un quebranto para el erario.

Lo anterior, es una clara muestra de los niveles de corrupción y opacidad que está viviendo el país, por lo que esta es una oportunidad de hacer leyes dirigidas a desincentivar la posible oferta por parte de funcionarios públicos y la colusión por parte del sector privado, a través de una ley que no tenga sesgos políticos o personales. Razonemos nuestro voto, no olvidemos que el cargo dura tres años, pero las consecuencias de lo que hoy se apruebe pueden perjudicar a la ciudadanía por largo tiempo.

Bajo este orden de ideas, es menester considerar la introducción obligatoria de mecanismos que garanticen el acceso a la información respecto de instituciones de educación superior públicas, que como ya lo vimos ejercen recursos públicos a discreción, a través de contratos de prestación de servicios con recursos del erario.

Mi segunda reserva. Es por demás atroz que todo lo que sea un peligro para el gobierno federal, no será transparente, y no lo será porque efectivamente pone en peligro los intereses personales de los servidores públicos que nos gobiernan y que gozan de cabal impunidad.

No voy a desestimar algunas de las mejorías a la iniciativa, mucho menos voy a hacer menos la extraordinaria participación de diversas organizaciones de la sociedad civil que aportaron lo más rescatable de su contenido. Pero tampoco vamos a desbordar en felicidad por los términos de la minuta sujeta a discusión.

Por lo que la propuesta que someto a la consideración del pleno, es que no nada más sea el Senado de la República quien conozca del informe a que se refiere el artículo 24 de la minuta en discusión sobre la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, sino también la Cámara de Diputados conozca de él, ya que tenemos la obligación de aprobar el Presupuesto, pero no la reciprocidad, el derecho de conocer el informe de la evaluación que hace en materia de acceso a la información pública en el país.

Mi tercer reserva. La transparencia y rendición de cuentas son una mancuerna indispensable con valor mayúsculo para el ejercicio de la función pública, por lo que exigimos que toda la información que tenga que ser pública así se precise en el dictamen que hoy nos ocupa.

En México se reconoce el valor de la medicina tradicional en el artículo 2o., Apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer, entre otras cosas, la obligación a la federación, entidades federativas y municipios, de promover de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como el asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, y que uno de los objetivos que marca la Ley General de Salud, en su artículo 6o., fracción VI-Bis, es el promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas.

En lo referente a las plantas medicinales no se cuenta con los documentos públicos de toxicología ni estadísticas de los efectos aparentemente nocivos de las plantas, de las cuales la Secretaría de Salud y la Cofepris impiden su comercialización sin fundamentar las razones.

Esa información no es pública, por lo tanto, se desconoce contra quién o qué se está protegiendo a la población y afectando a cadenas productivas activas. En ese sentido, la propuesta se traduce en hacer públicos los documentos relacionados. Gracias. Es cuanto. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata.

En virtud de que en el acercamiento que se tuvo en el receso para identificar posibles coincidencias, se planteó que de las reservas que la diputada Cuata, que ya presentó aquí, se consideraba que la referida al artículo 24, que tiene que ver con que el informe anual del INAI sea remitido no solamente al Senado, sino también –y esa sería la propuesta de agregado– a la Cámara de Diputados, vamos, para facilitar el trabajo en la discriminación, a separar el artículo 24 de las otras cuatro propuestas que presentó de modificación la diputada Cuata.

Entonces, en ese entendido, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas referidas a los artículos 1, 14, 69 y 187.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas planteadas de los artículos mencionados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 24 presentado por la diputada Cuata.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la modificación planteada en el artículo 24. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión. Y en virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada al artículo 24.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación planteada al artículo 24. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presiente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta y se reserva para su votación nominal al final de la discusión en lo particular.

Tiene ahora la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 1, 2, 68, 70, 110 y tercero transitorio.

El diputado Juan Romero Tenorio:Antes de iniciar, presidente, le solicitaría que la Mesa me determine el tiempo, son seis reservas, para evitar que el diputado Marín azuce la rechifla o el griterío por el tiempo que se ve en el reloj.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, para evitar que haya malos entendidos de ida y vuelta, pónganle el reloj en cinco minutos, por favor, al diputado Romero Tenorio, y le pedimos que nos ajustemos a ese tiempo, en virtud de la petición hecha. Adelante, diputado.

El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente. Pues cinco minutos también violan mi derecho a expresarme, porque son seis reservas. En el reglamento usualmente se aplican tres minutos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se le va a ir el tiempo discutiendo eso.

El diputado Juan Romero Tenorio: Pero a pesar de eso, mi exposición va más hacia al público que ve el Canal del Congreso o a los medios de comunicación.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Inicie, diputado, por favor.

El diputado Juan Romero Tenorio: Para efectos de señalar que se pierde una oportunidad de presentar una buena Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que cubriera la vaguedad, que cubriera las omisiones de la ley anterior, la Ley Federal. La Ley General tiene buenos principios, pero estos no se rescatan en esta Ley Federal.

Aquí varios de ustedes han exhortado a los estados a que cumplan con estos principios, sin embargo, esta Cámara es omisa. Es omisa porque se acredita con las reservas que se presentan, las cuales enuncio para evitar que se señale que no se atiende a lo que uno presenta.

La reserva al artículo 1o. tiene por objeto incrementar la calidad, la cantidad, la precisión, el detalle y la frecuencia de la información en relación a la ya existente. Tenemos que ir en forma progresiva.

Artículo 2. La reserva tiene por objeto que bajo ninguna circunstancia la aplicación de esta ley será causa para reducir, limitar, retener, no proporcionar u objetar la información que ya se proporciona por los entes obligados.

Artículo 68. Este artículo establece que no se publicará la información señalada en los términos de los artículos 110 y 113. Esto es, la excepciones de publicidad; excepciones que van más allá del artículo 6o. constitucional, puesto que establecen condiciones que de su mera lectura se desprende su inconstitucionalidad.

Artículo 70. Los sujetos obligados, como el Poder Legislativo. Falta agregar que los resultados de las auditorías que se realicen a cualquier ente de la Cámara deben ser publicadas. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores son sujetos a revisiones por los órganos internos de control. Los resultados de estas auditorías deben ser públicas para conocer, para que el ciudadano sepa dónde está omitiendo la Cámara de Diputados o la de Senadores su transparencia.

Artículo 110, que se refiere a la clasificación de la información, señala en qué caso se podrá clasificar y, por lo tanto, impedir su publicación.

Y artículo 3o., que establece que la normatividad de los sujetos obligados tendrá que emitirse dentro de los 18 meses siguientes a su publicación.

Empezando por el último artículo, 18 meses para publicar las leyes que deberán modificar o reglamentos que deberán modificar los sujetos responsables es demasiado tiempo. Esto estará hasta octubre de 2017. Aquí hay premura por aprobar la ley el día de hoy, pero si nos ponemos como meta un plazo de 18 meses para emitir las normas por parte de los sujetos obligados.

Esta ley es una reforma gatopardista, deja las cosas como están y los artículos reservados nos dan cuenta de ello. En derecho civil, mercantil, en derecho comercial o concursal hay una teoría que se llama La teoría del levantamiento del velo, el tribunal o el juez con su plena jurisdicción puede correr el velo para descifrar intereses ocultos detrás de una sociedad o una asociación.

Hay personas que utilizan las asociaciones o sociedades para cometer actos ilícitos, al final la persona moral saldrá librada de su responsabilidad y el sujeto que busca beneficiarse con estos actos ilícitos queda fuera de cualquier sanción, de cualquier multa o amonestación quedando totalmente en la impunidad.

Esta ley tendría que haber atendido estos principios del levantamiento del velo para evitar la ilusión, la evasión, el fraude de ley, la intención o mala fe, la simulación de negocios y el abuso del derecho.

La Corte Interamericana ha establecido que hay límites para limitar el acceso a la información, los cuales deben ser escasos y estrictos, debe demostrarse un perjuicio para negar esa información y debe generarse un interés político que lo justifique. En este caso la ley no atiende a estos principios básicos. Si con esta ley tasaramos la responsabilidad de los papeles de Panamá encontraríamos plena impunidad.

El artículo 113 de esta ley señala, que se consideran confidencial los secretos bancarios, fiduciarios, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, entre otros.

Esto es, no va a haber transparencia en la información que atañe a las entidades responsables. El Sistema de Administración Tributaria nunca va a transparentar las investigaciones de los nombres de papeles de Panamá, porque no existen las reglas.

Esta ley echa a la basura una oportunidad de presentar una buena propuesta de transparencia, la historia nos juzgará y nos determinará nuestra responsabilidad. Agradezco las rechiflas y los gritos del bronx del PRI. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuetas planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputada y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 4, con la adición de una fracción.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:Con su venia, diputado. Pretendo ya no abusar de su tiempo. La opacidad, la corrupción y los conflictos de intereses son elementos antidemocráticos, ya hemos tocado el tema, que desvirtúan a las instituciones en beneficio de unos cuantos, así que abundaremos en algo más de información.

Un claro ejemplo de las condiciones de corrupción en las que México se encuentra es el caso del Museo Internacional del Barroco, proyecto para el cual se destinaron ocho mil millones de pesos a una empresa perteneciente al Grupo Higa.

En el informe general de la Cuenta Pública de 2014, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que en este proyecto se realizaron pagos indebidos. No hubo un programa de ejecución para la obra, no se realizó el trámite de la licencia de construcción ni se obtuvo autorización de la misma y en general no se cumplieron las disposiciones legales aplicables.

Este proyecto se realizó bajo un esquema de asociación público-privada. En la información referente al contrato está clasificada como reservada. La fiscalización efectiva por parte de la sociedad a todos los actos de gobierno depende de la transparencia y de ella se desprende la opinión pública por medio de la cual los ciudadanos habrán de castigar o premiar a los funcionarios.

De este modo la transparencia funciona como una herramienta de control al gobierno por parte de la ciudadanía. El arma más eficaz para combatir la corrupción es la fiscalización ciudadana y ésta se logra por medio del máximo acceso a la información de las acciones del gobierno. Solo así se asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de cada ciudadano.

Por casos como el Museo Internacional del Barroco, es que en Morena apoyamos las reservas a los artículos 4 y 73 del dictamen, para incluir como sujetos obligados a los proyectos de asociación público privada y que toda la información referente a estos proyectos sea calificada como pública, y no dar espacio a vergonzosos y condenables actos de corrupción. Está en sus manos, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Y tiene ahora la palabra el diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 4, con la adición de una fracción.

El diputado Jorge Tello López:Con su venia, diputado presidente. Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hoy vengo a presentar la reserva al artículo 4o., del dictamen, del proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia.

Propuesta de modificación. Artículo 4o. “Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para efectos de esta ley, se entenderá por...

Fracción X: “Seguridad nacional. Para efectos de esta ley se entenderá como seguridad nacional establecido en el artículo 3 de esta Ley de Seguridad Nacional”.

Yo quiero preguntar de qué seguridad nacional habla el gobierno federal cuando como Grupo Parlamentario de Morena solicitamos ver, conocer, el avión presidencial, argumentando que era un tema de seguridad nacional. ¿A qué le tiene miedo este gobierno federal? ¿Qué oculta en ese avión? Lo desconocemos. ¿Cuándo un ciudadano mexicano va a tener derecho a conocer lo que con sus propios recursos está adquiriendo el gobierno federal?

Ley de Seguridad Nacional, artículo 3. Para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad de estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a:

1. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país.

2. La preservación de la soberanía e independencias nacionales y la defensa del territorio.

3. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

4. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional.

6. La preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.

No entiendo de qué transparencia podemos hablar en este país cuando este gobierno lo único que oculta es la total corrupción donde estamos sumergidos. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Tello. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar propuestas de modificación al artículo 4 con la adición de una fracción y al artículo 73 con la adición de un párrafo.

En virtud de que va a presentar propuesta de modificación por dos reservas que se hizo, pido que se ajuste el reloj electrónico a cinco minutos, por favor. Adelante, diputada.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, señor presidente. La reserva al artículo 4 y al artículo 73 va a en el sentido de las asociaciones público-privadas que no se contemplan como entes para que puedan ser fiscalizados.

En ese sentido estoy proponiendo que en el artículo 4o. se describa qué son las asociaciones público-privadas. Y en el artículo 73 estoy agregando una lista de 11 fracciones para que el INAI pueda pedir a las asociaciones la convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados pata llevar a cabo la licitación, los nombres de los participantes, el nombre del ganador y las razones que lo justifican, el área solicitante y la responsable de su ejecución, las convocatorias e invitaciones emitidas, dictámenes y fallo de adjudicación, y todo lo que lleva de fondo un adjudicación o una licitación

¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que, por ejemplo, con esta ley el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, que costó 7 mil millones de pesos de la Constructora Teya, que es del Grupo Higa; o la modernización del Circuito Jorge Jiménez Cantú, de Atlacomulco, que costó 96 millones, que también es de Higa; o el servicio de transportación aérea de Eolo Plus, que también es de Higa; o el Hospital del ISSSTE de Tlatelolco, que también es de Higa, no vayan a ser auditados cuando hay recursos financieros o que se reserven.

Hoy los proyectos para la prestación de servicios incluyen: hospitales regionales, carreteras libres, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, por ejemplo, concesiones del tren suburbano de Buenavista, autopista Morelia-Salamanca, proyectos de Pemex y de la Comisión Federal, las filiales y subsidiarias de Pemex, como PMI, donde verdaderamente se mueven en una opacidad en paraísos fiscales, donde nadie tiene acceso. No le estamos dando alas a esta ley para que vayamos por esos recursos.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena se abstiene. Nosotros estamos a favor de la transparencia, a favor del combate de la corrupción, pero queremos una ley seria, a fondo, una ley perfecta en este sentido.

En muchas situaciones las leyes salen imperfectas, pero aquí la situación del país nos obliga a sacar una ley perfecta, no de parches, no a modos. Quisiéramos votar a favor, pero con tantas omisiones, con tantas simulaciones no podemos ir a hacer comparsa. Nos preocupa mucho, pero muchísimo cómo las filiales que ahora van a ser asociaciones público-privadas, por el hecho de que ya esté un particular atrás de ello, pueda limitarse a que el INAI nos pueda dar la información completa.

Ya lo hemos vivido. El caso del Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, es una prueba de ello. Los brasileños se han amparado porque son brasileños, aunque Pemex les está vendiendo el gas y ha desprotegido a los complejos Cangrejera, Pajaritos y Morelos, que son de Pemex. Esto ya lo vivimos, no es una necedad. Es por ello que nos preocupa y ojalá, los exhorto de manera respetuosa a que reconsideren.

Vayamos a la discusión, vayamos al análisis, a la profundidad, no a una simulación o a que salga lo que se pueda para después a ver qué hacemos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 43, fracciones VI, VIII y IX.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su permiso, presidente. Quisiera comenzar con dos frases. La transparencia es el mejor antídoto para realmente desterrar prácticas de corrupción.

La segunda. Cuando eventualmente llegan a asumirse errores o equivocaciones, si hay transparencia y apertura para reconocer, enmendar y corregir creo que, al final de cuentas, estaremos logrando una gran sinergia, esta gran convergencia de ánimos y de esfuerzos colectivos de sociedad y de gobierno.

Son palabras del señor Enrique Peña Nieto, dichas ante representantes de 33 países y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la Cumbre Global del Gobierno Abierto 2015, celebrado en el Palacio de Bellas Artes.

Las reservas aquí presentadas son el reflejo de un cambio en la cultura política de los mexicanos. La participación ciudadana sigue aumentando, sigue cuestionando cada día más el quehacer gubernamental. Todos estamos bajo la lupa de la sociedad, tenemos ciudadanos que exigen resultados y transparencia en el uso de los recursos públicos.

No por nada los legisladores mexicanos tenemos el peor nivel de credibilidad y confianza de nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad política, social y ética de construir un mejor país. Es por ello que buscamos que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información sean los pilares fundamentales en la educación del México del siglo XXI.

Hace un siglo, José Vasconcelos, guiado por una profunda visión de Estado, desarrolló el modelo educativo del siglo XX; que estuvo acorde a las necesidades postrevolucionarias.

Hoy su legado vuelve a cobrar vida, con un pensamiento premonitorio de lo que podría ocurrir en nuestro país: la corrupción no vive del ambiente, la difunde como peste el mal gobernante.

Pensando en el país que quisiéramos dejarle a nuestros hijos debemos instruir a los mexicanos más jóvenes y dotarlos con profunda conciencia y conocimiento del daño que la corrupción nos ha traído como nación.

Tenemos que convertirnos en la generación de legisladores que colocaron los sentimientos del México moderno, un país libre de corrupción, transparente y con libre acceso a la información. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha. Se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra la diputada Ariadna Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena, perdón. Bien, tiene razón aquí, por ahí hubo un cambio de señal que no se nos comunicó a último momento, a tiempo. Entonces, tiene la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, quien originalmente había hecho las reservas, para presentar propuesta de modificación a los artículos 11, 21, 154 y 163. Adelante, diputada Godoy.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, personas que nos ven en el Canal del Congreso. Acudo a presentar de manera conjunta las reservas a los artículos 11, 21, 153, 154 y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales tienen como objeto fortalecer la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, para cumplir cabalmente su función como órgano garante del derecho ciudadano al acceso a la información pública.

Primero. Queremos que se garantice a los comisionados del INAI el acceso, sin restricciones, a toda la información reservada o confidencial que resulte indispensable para resolver algún asunto.

Lo que dice la minuta es que dicho acceso se dará de conformidad con las reglas que ponga el sujeto obligado en sus oficinas y sólo se mostrará la información relacionada por el mismo sujeto obligado, deje en manos de estos sujetos definir cuándo, cómo, dónde y a qué información se accede.

Esto implica un inmenso cuello de botella que dificulta el ejercicio de las atribuciones del instituto y provocará incumplimientos en los tiempos fijados para la resolución de los asuntos planteados, toda vez que los únicos legalmente autorizados para conocer los expedientes clasificados como reservados o confidenciales son sólo los comisionados.

Por ello, proponemos que se establezca que el acceso a esta información se dé de conformidad con los lineamientos que para el efecto emita el instituto donde, según sea el caso, el comisionado podría acudir a las oficinas del sujeto obligado o requerirlo en las oficinas del INAI. Y se establece la obligación expresa de los sujetos obligados, ahora sólo es una atribución de los comisionados, para dar acceso a la información que le requiere el instituto.

Con ello se deja en el ámbito del órgano autónomo establecer las reglas, determinar el sitio donde es más idóneo aproximarse a la información, y definir la información que se requiere conocer.

Segundo. Proponemos que se le otorgue la atribución al INAI para efectos de acceso a la información, para determinar si se actualizan los supuestos de excepción establecidos en la ley.

Es decir, dejar en el ámbito de competencias del Inai determinar si la información en cuestión está relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o se trata de información relacionada con actos de corrupción.

Ello resulta indispensable para que el órgano garante ejerza una de las atribuciones más relevantes de esta nueva arquitectura institucional, toda vez que se deja en el órgano constitucional responsable de garantizar el acceso a la información determinar estos casos.

Tercero. Frente al recurso de revisión, el consejero jurídico de la Presidencia puede interponer ante la Suprema Corte de Justicia cuando considere que divulgar alguna información puede vulnerar la seguridad nacional proponemos que el Inai concurra como autoridad responsable ante la Corte. Que el solicitante pueda concurrir como tercero interesado.

Se trata de establecer un procedimiento similar al que existe para el análisis de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, donde un poder u órgano de gobierno impugna actos de otro poder u órgano de gobierno.

No se trata, como equivocadamente dice el diputado Romo, de un procedimiento dentro del mismo poder. Miente cuando afirma que el Inai aceptó estas opiniones que más bien denotan una profunda ignorancia sobre el tema de la transparencia. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Godoy. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto al término del dictamen.

Tiene ahora la palabra el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 23.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez:La propuesta que estoy haciendo de derogar el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información es porque no hay razón de que se tenga que reiterar lo que está perfectamente claro. Sí es una maniobra de un grupo de pandilleros que se dicen ser representantes populares y no son más que unos pillos que se organizan tras bambalinas para señalar que sí pasa y que no pasa.

Legalmente, no es competencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y lo saben perfectamente. Es por eso que en nuestra reserva estamos suprimiendo el artículo 23 que refiere a este tema.

Se menciona en la misma ley que el instituto es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

Responsable de garantizar el cumplimiento de acceso a la información en materia de transparencia y acceso a la información pública, y cuyo funcionamiento atenderá los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Asimismo, y a mayor abundamiento, salvo que todos ustedes lo saben, en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio, miércoles, de 2015, se establecen las modificaciones al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y en el considerando número cinco establece, es decir que desde el Senado lo sabían.

Cinco. Que en cumplimiento al transitorio citado en el considerando anterior, los trabajadores que pasen a formar parte del organismo autónomo se seguirán rigiendo por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Cosa más mañosa de esos mafiosos que se dicen ser representantes populares. Hay una frase popular que versa y pido que quede de manifiesto lo que voy a decir: Está bien que chinguen, pero a su madre la respetan.

De ninguna manera podemos ser cómplices en Morena de este atentado a los derechos de los trabajadores del INAI. No podemos seguir transgrediendo ni traicionando la estabilidad laboral de los trabajadores, ni su libertad de asociación, transgrediendo la estabilidad laboral de los trabajadores, establecidos en nuestra Constitución, ni en los convenios internacionales.

En Morena defenderemos a los trabajadores de este instituto para que sus derechos individuales y colectivos sean reconocidos.

Por último les digo: ya no más abuso a los trabajadores ni al pueblo de México. No necesito que pongan a consideración mi propuesta para que la puedan aprobar. De entrada les digo: ya acordaron rechazarla porque lo presenta un diputado del pueblo de Morena. Así que ya acordaron qué es lo que van a suprimir.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acabó su tiempo, diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Concluyo, presidente. Ya se pusieron de acuerdo ese grupo de pandilleros, porque estamos como en la época romana, desde su curul nada más levantan el dedito para que todos los demás cómplices...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ...voten a favor o le haga así, para que voten en contra. Qué vergüenza de quienes se dicen ser representantes populares y quienes más reclaman, quienes más reclaman...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, diputado. Concluya.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ... son los principales traidores a los trabajadores y al pueblo de México. Es cuanto, y buenas tardes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y le recuerdo, le recuerdo que son obligaciones de diputadas y diputados el dirigirse con respeto y cortesía a las demás diputadas, diputados e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria.

Aquí podemos tener distintos puntos de vista y nos reunimos a deliberar y a buscar acuerdos, a lograr acercamientos en donde se pueda y en donde no, pues ni modo, y la mayoría termina decidiendo. Y nos reunimos además la pluralidad de esta Cámara aquí atrás. Así para que se cuiden y midan las palabras que se dicen, porque yo no admito que se hayan o nos hayamos reunido pillos, incluidos los del Grupo Parlamentario del que hizo uso de la palabra.

El diputado Federico Döring Casar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado, ¿Con qué propósito, diputado Döring? Sonido en su curul, por favor.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Sí, señor presidente. Con el propósito de solicitarle que se retire de la versión estenográfica del Diario de los Debates, los insultos que profirió el diputado en contra de los diputados de esta Legislatura.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Hay una solicitud, si usted, diputado Juárez, quiere que como me lo advirtió aunque no lo escuchó la asamblea, que se quedarán tal cual las cosas que iba a decir en el Diario de los Debates. Hay una solicitud que se plantea por parte del diputado Döring, con apego al Reglamento también, de que puedan ser retiradas del Diario de los Debates las expresiones que pudieran significar efectivamente injuria u ofensa a personas o instituciones.

Sonido en la curul del diputado Juárez, por favor, para que me diga si acepta retirarlas o no.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): No las retiro.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No las retira. Bien. No las retira, quedan tal cual.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Permítame. Primero pediría que me señalen a quién le falté al respeto. Quienes están reclamando, esos hipócritas...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No las retira, está claro que no las retira. Continuamos.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: No las retiro. Pídale al diputado farsante que no me pida que retire lo que digo, porque lo sostengo en todas y cada una de sus partes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos, continuamos. Sonido a la curul del diputado Sesma, por favor.

El diputado Jesús Sesma Suárez(desde la curul): Gracias, presidente. Quisiera hacer una moción de orden respeto al artículo 115, numeral 1, para efectos de que se haga cumplir el Reglamento toda vez que al minuto que estamos aquí sesionando, comisiones están sesionando.

Quiero hacerlo también por el artículo 167, numeral 6, debido a que tengo conocimiento de que ninguna de las comisiones han pedido permiso a la Mesa Directiva ni a la Junta de Coordinación para que se sesionaran, y déjeme explicarle por qué, presidente.

Acabo de asistir a la Comisión que tiene el diputado Valencia, Jesús Valencia que preside la Niñez, y cosas contradictorias a lo que se está votando aquí, que es transparencia, le exigió a su servidor y a dos diputadas del Partido Verde que nos saliéramos de la comisión para trabajar en lo oscurito, algo que va totalmente en contradictorio de lo que estamos votando y lo que quiere México.

Por tal motivo le pido a usted que pida a todas las comisiones que están sesionando que frenen y que hagan respetar el Reglamento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Efectivamente, con apego al artículo 167 del Reglamento a la letra se dice que las comisiones no podrán reunirse al mismo tiempo que sesiona el pleno de la Cámara, salvo anuencia expresa de la Junta. Entiendo que usted es miembro de la Junta y no sé si los demás integrantes de la Junta dieron su autorización para que esto sucediera.

Me están manifestando por lo menos a la vista tres que identifico, desde acá, cuatro, que no han autorizado nada y por lo tanto comuníquesele al diputado Valencia, presidente de la comisión a la que se ha hecho alusión, que suspendan los trabajos de la comisión, y por lo tanto que se integren las y los diputados a los trabajos de esta Cámara.

El diputado Francisco Martínez Neri(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Martínez Neri.

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): Presidente, con el mismo propósito, también la Comisión de Régimen Parlamentario sesionaría el día de hoy; en el mismo sentido debe también proveerse la recomendación para que no sesione.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces esta Presidencia establece y ordena que todas las comisiones que puedan estar sesionando en este momento, suspendan sus trabajos y se integren la totalidad de sus diputados a los trabajos de esta sesión de Cámara, porque además en unos minutos pasaremos a votar un dictamen de enorme trascendencia, como se ha quedado de manifiesto aquí. Gracias.

La diputada Maricela Contreras Julián(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Maricela Contreras, por favor.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Diputado presidente, quizás valdría la pena que en estos días que nos quedan de sesiones, se pudiera conminar a que no se hicieran reuniones en los horarios de la sesión, toda vez que hay varios temas que nos han informado que se han acordado en la Junta de Coordinación Política que se van a aprobar y que todos son importantes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El Reglamento lo deja muy claro, ya lo leí en la parte correspondiente, y se les recuerda que además habrá sesión mañana miércoles, y la ordinaria que nos hemos dado los jueves, para que también programen sus propias actividades. Entiendo que se ha alargado el tiempo y podrían haber estado citados para una hora determinada pero hay prioridades y las prioridades se respetan.

Bien, continuamos. Tiene ahora la palabra el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, nos habíamos, nos fuimos aquí de bruces en él, en la aplicación del Reglamento, porque no le dimos el curso final a la propuesta. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Juárez.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Ahora sí tiene la palabra diputado Josafat Molina Arias, para presentar propuestas de modificación de los artículos 28, 52 y 55. Adelante, por favor.

El diputado Renato Josafat Molina Arias:Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados. La modificación que se propone con la siguiente reserva es quizá la más sencilla, la que debería ser aprobada sin mayor complicación.

Pido su aprobación para que esta reserva que propone la modificación a los artículos 28, fracción V al 52, fracción IX y 55, fracción V. Con ello, buscamos que esta nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no inicie con el pie izquierdo, llena de anacronismos y de errores que no sólo nos obligarían a hacerle reformas tan pronto como sea promulgada, sino que denotarían un menosprecio a las tareas de estudio y análisis legislativo.

La reserva pide que se corrija la mención al Distrito Federal, y se cambie por Ciudad de México, y quede asentado en esta ley, como ya lo hemos hecho en la expedición de otras reformas, como es el caso de la Miscelánea Fiscal.

Como ya lo hemos dicho, en el Grupo Parlamentario de Morena, la reforma por la que se cambia el estatus a la Ciudad de México no implica cambios verdaderamente sustanciosos y que mejoren la calidad de vida de los capitalinos; sin embargo, no presentar esta nueva ley con los términos correctos y actuales, sólo nos haría caer en errores sobre errores, que harían inoperante esta nueva ley, máxime cuando se habla de transparencia.

Tengamos cuidado de no cometer en lo sucesivo este tipo de errores que se pasan por alto, mientras la discusión en las comisiones se centra en estar buscando cómo proteger los privilegios y los malos manejos, especialmente en lo que refiere a la administración pública.

Que no quede por un mal trabajo de este cuerpo legislativo la posibilidad de que en el futuro la ciudadanía pueda pedir información sobre el trabajo de las autoridades. En este caso de la Ciudad de México, y por una torpeza se les llegase a negar tal o cual información, argumentando que la ley sólo hace mención del Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Molina. Sí, en verdad hay que reconocer que –bueno, ahorita hago el comentario–. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión. Y, no habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se aceptan y se reservan para su votación nominal al final de la discusión en lo particular.

Efectivamente hay anacronismos que nos vienen de las reformas que se han aprobado en los últimos meses y esta ley la traíamos aquí desde hace rato en espera de lo que hoy estamos haciendo.

Tiene ahora la palabra la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 70, fracción XIII, y la adición de una fracción.

La diputada Guadalupe Hernández Correa:Buenas tardes, diputados, diputadas. Con su permiso, señor presidente. La ley en este momento se discute, parte de principio fundamental de máxima publicidad, como premisa para garantizar el derecho humano a la información. Así, nadie que ejerza recursos públicos debe estar exento de informar sobre su uso y destino.

Los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión deben en consecuencia transparentar no solo sus actividades legislativas, sino los recursos que utilizan para desarrollarlas y rendir cuentas sobre ello.

Por eso mismo Morena le parece insuficiente el contenido de la fracción XIII del artículo 70 del proyecto de decreto, que de manera genérica señala que se deberá poner a disposición del público y actualizar el informe semestral del ejercicio presupuestal, del uso y destino de los grupos parlamentarios.

Este nivel de agregación y en general dispuesta para los grupos parlamentarios en la nueva Ley Federal de Transparencia, da pie a la opacidad en el uso, destino y registro de los recursos que ejercen.

Hasta hoy la legislación en materia de fiscalización y de transparencia ha sido muy permisiva y no obliga a los grupos parlamentarios a rendir cuentas puntuales sobre las subvenciones, estas reglas son garantía de opacidad y de impunidad en el caso de que se desvíen los recursos hacia fines ajenos a la actividad legislativa.

Por ello, Morena propone modificar el artículo 70, para obligar a los grupos parlamentarios a conducirse bajo el principio de máxima publicidad, el derecho de acceso a la información y a respetar lo dispuesto en el Transitorio Décimo Tercero de la ley general en materia.

Las obligaciones de las Cámaras, de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de estos se asigna a los legisladores el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos en dinero o especie que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión, el régimen laboral del personal descrito a grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso.

Aceptar esta modificación es manifestar que el vigilante, es decir el Poder Legislativo, sea vigilado y controlado socialmente a través de disposiciones que obliguen a sus grupos parlamentarios a someterse a las obligaciones de transparencia que exige la ley a todos los sujetos obligados sin excepciones. Esa es la transparencia democrática a la que aspiramos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Por lo tanto se admite a discusión. Para hablar en pro de la propuesta, tiene la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Con su permiso, presidente. La Cámara de Diputados debe actuar en congruencia con las leyes que aprueba, desafortunadamente aprobamos leyes que ni nosotros mismos cumplimos, ¿Con qué calidad moral podemos pedir a la ciudadanía las cumpla?

Claro ejemplo es la falta de cumplimiento al artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde teníamos la obligación de aprobar, a más tardar el 30 de agosto de 2015, el programa de organización administración de esta Cámara de Diputados, lo que no ha acontecido a la fecha.

La ley que se está discutiendo debe ser el mensaje de un verdadero cambio en la administración y manejo de los recursos públicos de las y los mexicanos.

O qué, ¿ya se les olvidó a quién representan? ¿Por quién ocupan esa curul? Somos servidores públicos y pareciera que muchos se sienten todopoderosos e intocables. No seamos diputados de oropel o mercaderes con recursos del erario. Ya basta de seguir afectando a los ciudadanos, porque siempre, siempre es el que paga, el último que paga.

Seamos transparentes desde nuestra casa. Demostraremos que si podemos hacer el cambio, que no le tenemos miedo a ser transparentes, que podemos ser congruentes con lo que estamos aprobando.

Es importante informar a los mexicanos que la Auditoría Superior de la Federación señaló en 2013 que el Senado ocultó la forma en que gastó mil 200 millones de pesos que asignó a sus grupos parlamentarios, o que en 2014 cada uno de los 500 diputados federales recibió 250 mil pesos, que nunca aclararon cuál fue su destino en qué se gastaron. Y en el mismo 2014, por concepto de subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas de los diputados, ascendieron a mil 869 millones 250 mil 800 pesos, los cuales tampoco se sabe dónde fueron a parar.

No se nos olvide que el dinero que aquí se gasta proviene de los impuestos de mujeres y hombres que día a día trabajan buscando un mejor futuro para sus familias. Ellos tienen derecho a ser informados.

En razón de que la reserva propuesta es para que el informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos asignados a los grupos parlamentarios se pongan a disposición de la ciudadanía, de acuerdo con lo establecido en la ley general, bajo el principio de máxima publicidad y que se obligue a los grupos parlamentarios a que el informe semestral se realice de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo tercero transitorio de la ley general, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de la reserva en discusión. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Tiene ahora la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra de la propuesta.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aguánteme, porque estamos ahorita... ¿Quiere hablar en relación con el tema que estamos discutiendo?

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): No.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces, me permite un momentito. En cuanto concluya este punto en el que estamos, con gusto le pedimos que den sonido en su curul diputado Valencia.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo(desde la curul): Es Lorena Alfaro.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No. Parece que hubo ahí un cambio de... Ah sí, es que acá nos pasaron mal la señal, no le pasan bien la señal al vicepresidente, no es culpa mía. Va a ser la diputada Lorena Alfaro la que participará para hablar en contra de la propuesta de modificación. Adelante, diputada Alfaro.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García:Con el permiso de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del PAN aceptó esta reserva para hablar en contra de la propuesta de la diputada Guadalupe Hernández Correa, en virtud de que la propuesta que está planteando de reforma al artículo 70, de manera particular en la fracción XIII y un agregado de una fracción XIV, ya está contenida en el proyecto de decreto de la minuta que el día de hoy estamos discutiendo, lo aclaramos una y otra vez en las diversas reuniones de trabajo a las cuales fuimos convocados.

Sin embargo, ellos insisten en dejar esta propuesta para discusión en este pleno, misma que insisto, ya está contenida y es por ello que me voy a permitir dar lectura de manera muy puntual a la parte donde está ya el contenido de la propuesta de la diputada.

Me voy a referir al artículo 70, donde establece: además de lo señalado en el artículo 72 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados del Poder Legislativo Federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.

De igual manera, la fracción XIV establece lo siguiente:

Los resultados de los estudios e investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa.

Es por ello que queremos dejar muy en claro que en esta propuesta toda la información que generen los grupos parlamentarios aquí representados debe ser pública y está apegada a lo que establece el artículo 6 constitucional, el 72 de la Ley General y el 70 de la Ley Federal.

Por eso no podemos admitir que el día de hoy venga a esta tribuna a decir que no se rendirán cuentas puntuales. Esto ya está establecido en esta importante ley que el día de hoy vamos a aprobar y que es un instrumento muy importante para México y es un instrumento que nos enorgullece estar el día de hoy aquí haciendo esta aprobación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alfaro. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación presentada por la diputada Hernández.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se consulta a la asamblea si se acepta la modificación planteada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su nominal en conjunto al término del dictamen.

Tiene ahora la palabra la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 91, párrafo primero. Perdón. Antes, diputada, un momentito porque le había ofrecido al diputado Valencia que se le daría sonido a su curul. Por favor ahí, ¿con qué propósito, diputado? Yo ya sé, pero ahora dígalo usted.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán(desde la curul): Gracias, diputado presidente. La Junta Directiva de la Comisión de Derechos de la Niñez estaba sesionando, fue convocada en tiempo y forma. Junta Directiva, que no fue comisión, y se estaba discutiendo algún punto propuesto por el Partido Verde, pero no se solicitó que algún diputado de ellos fuera a discutir el punto, toda vez que tiene una representación en la Junta Directiva.

De tal manera que yo quisiera pedir respetuosamente a mi amigo, el diputado Jesús Sesma, que retire sus dichos de que estábamos sesionando en lo oscurito, toda vez que no es así y al llamado de usted, presidente, de que se suspendieran todas las comisiones o Juntas Directivas, aquí estamos.

De ninguna manera esa comisión, y menos la que ve por los derechos de las niñas, niños y adolescentes sesiona en lo oscurito. Por lo tanto, solicito al diputado Sesma que retire los dichos de que estábamos sesionando en lo oscurito.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Sesma, ¿Quiere usted decir algo? Sonido en la curul del diputado Sesma.

El diputado Jesús Sesma Suárez(desde la curul): Agradecer a la Presidencia el uso de la palabra y decirle a mi tocayo y amigo que tienen que respetar el Reglamento. Sea comisión o sea Junta Directiva de la comisión, no pueden sesionar cuando hay sesión aquí.

Creo que el tema que estamos ahorita por votar es tan importante o más importante, que nos los exige la ciudadanía y los temas que nosotros fuimos a tocar con usted, compañero, por supuesto que usted nos pidió a dos diputadas y a su servidor salirnos de esa comisión, siendo un derecho de todos los diputados poder estar ahí, aunque sea de oyente, diputado. Pero entiendo que a lo mejor, pueden ser secuelas de los accidentes de hace siete meses.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No vamos a entrar en un debate. Entonces lo importante es que fluyan las informaciones, las comunicaciones y que ahorita estemos aquí concentrándonos los diputados que estaban en otras actividades paralelamente a este pleno de Cámara. Adelante, diputada Aceves. Y disculpa, por favor.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana:Con su permiso, señor presidente. Diputadas, diputados. El motivo de mi intervención es el de presentar una reserva al artículo 91, que tiene que ver con una antinomia entre lo establecido en esta minuta y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el primer párrafo del artículo 95 de la minuta, se establece, –cito–: El sujeto obligado deberá enviar al instituto un informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia, dentro de los cinco días siguientes a la notificación anterior –fin de citación.

Mientras que en la ley general, se establece para el mismo procedimiento, un plazo de solo tres días. Además, lo anterior resulta contrario a lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio de la ley general en donde se establece que –cito–: No se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las entidades federativas, los plazos vigentes en la normatividad de la materia, en perjuicio de los solicitantes de información.

En consecuencia, nuestra propuesta es homologar una ley con la otra, modificando el artículo 91 de la minuta para dejar como plazo tres días. Si bien esto pareciera ser un cambio menor, tiene una implicación de fondo, ya que entorpece el principio de hacer expeditos los procedimientos para el acceso a la información.

Para Morena, como legisladores, como Cámara revisora, estamos obligados a proporcionar a los que intervendrán en el proceso de acceso a la información, no la confusión y la contradicción, sino todas las garantías a la información de acceso que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Aceves. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente, si pudiera ser tan amable de repetir la votación.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Ya se votó.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Desde aquí logramos advertir que estaban por ahí todavía haciendo consultas porque había alguna duda. Eso es lo que voy a hacer, diputado Ramírez Marín, porque estaban todavía haciendo los acercamientos para ver si se lograba un acuerdo y como no estuvo clara la votación o hubo confusión en la misma –aguántenme a la mejor ganan y por adelantado me están reclamando–, de nueva cuenta repita la votación, secretaria, por favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se someten a consideración las modificaciones planteadas. Las diputadas y los diputados... Si se admite a discusión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, tiene razón, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Si se admite a discusión la modificación planteada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión. ¿Ya ven? Les dije. Ahora, en virtud de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta y se reserva para su votación nominal al final de la discusión en lo particular.

Tiene ahora la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, para presentar propuestas de modificación a los artículos 4 con una adición de una fracción y al artículo 46, párrafo primero y último. Perdón, me informa el diputado Hernández Soriano que ha retirado su petición de modificación al artículo 4 y se referirá solamente a una propuesta de modificación al artículo 46. Adelante, diputado Hernández, por favor.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Sí, con la venia de la Presidencia. Seguramente conjuntamente con la corrupción y la impunidad el conflicto de interés es uno de los temas más relevantes que tiene que ver con la reforma que estamos discutiendo, y esto no tiene que eximir a nadie, incluidos los sujetos obligados, incluidos los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Estamos proponiendo por esta razón, una modificación el artículo 46 que incluye un segundo párrafo y modifica el último. En esencia lo que se propone es que la excusa para conocer un acto en particular que pudiera encuadrar en un conflicto de interés directo o indirecto de alguno de los comisionados, no sea solamente un acto de voluntad, una excusa personal como se está proponiendo en el dictamen que discutimos.

Lo que estamos proponiendo es también garantizar derechos de las partes que tienen un interés legítimo en el asunto que esté tratando el instituto. Por ello estamos agregando que además de que exista la posibilidad de que se excusen los comisionados, dice el párrafo dos “las personas con interés jurídico en el procedimiento, podrán solicitar la excusa del comisionado que conozca el asunto”. Es decir, se abona con esta propuesta para que la actuación no solamente de los sujetos obligados que señala la Ley General de Transparencia y la ley que hoy discutimos, sino también los integrantes del INAI, sea imparcial, profesional, independiente y dé voz a las partes. Esa es la propuesta, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No se me duerman, ya casi entramos a la recta final.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión, y no habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta y se reserva para su votación nominal al final de la discusión en lo particular.

Por último, por último, tiene la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, para presentar propuesta de modificación al artículo 99 con la adición de una fracción.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con su permiso, diputado presidente. Para el PRD la defensa, respeto y reconocimiento de los derechos humanos ha formado siempre parte de su agenda fundamental, así lo tenemos en nuestros documentos básicos. En ese sentido seguiremos impulsando todas las acciones encaminadas en este sentido para su protección.

Es un avance tener una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y que en ésta se contemple la provisión de clasificar como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o bien que no pueda invocarse como reservada la información cuando se trata de diversos actos.

Sin embargo, no es suficiente ante la situación crítica y grave que vivimos sobre violaciones reiteradas de los derechos humanos en nuestro país y que afectan a la sociedad. La propuesta que sometemos a consideración hace realidad el principio de máxima publicidad de la información y coadyuva a evitar la impunidad a temas tan sensibles.

En los términos del dictamen, en el artículo 8 y 122 se contemplan hechos supervinientes que pueden constituir violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad con lo cual se corre el riesgo de clasificarse como reservada toda información relacionada con esos actos antes de que estos actos sean denunciados.

Lo anterior constituye un verdadero obstáculo para las investigaciones y sanción de los mismos, lo cual se traduce en impedimentos para la impartición de justicia y alicientes para la impunidad. Eso no lo podemos permitir.

Y es importante entonces que en el artículo 99 agregar una fracción, se propone incluir una fracción para dotar de la facultad al INAI y pueda desclasificar la información y, en el caso, se determine la responsabilidad del Estado en los hechos que laceran o que pudieran lacerar a nuestra sociedad. De esa manera la propuesta quedaría de la siguiente forma:

Artículo 99. Los documentos clasificados como reservas serán:

V. Se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Contreras. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión. Y, no habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la diputada Contreras.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se aceptan y se reserva para su votación nominal al final de la discusión en lo particular.

Sí, es que nos hacen notar, es que estamos aquí. Nos hacen notar de algunos de los asuntos que ya hemos ido resolviendo, que ha habido modificaciones que no vaya a quedar con incongruencias algunos de los, o alguno de los párrafos que tienen que ver con reformas y modificaciones que se han hecho aquí.

Entonces vamos a simplemente esperar a que se afinen asuntos que están ahí consultando para que no vayamos a cometer ningún error de ningún tipo. Además ya, parece que ya se dieron el abrazo de paz. Ojalá y no sea el de Acatempan, ahí los Jesuses, Sesma y Valencia. Entonces ya.

A ver, en relación con el artículo 23, que ha sido reservado en su momento y se presentaron diversas propuestas de modificación, aquí se nos informa que por consenso o por acuerdo, no sé si de todos los grupos parlamentarios, pero sí de una parte importante, una modificación a cómo quedaría se eliminó. Ya acordamos que se eliminara el segundo párrafo del artículo 23, tal como venía originalmente propuesto.

Y se siguió deliberando en los minutos siguientes a esa eliminación del segundo párrafo, en relación con cómo podría quedar o ya quedaba simplemente eliminado en su totalidad. Y me informan que se ha llegado a elaborar una propuesta de modificación o de una nueva redacción –mejor dicho– de lo que podría ser un segundo párrafo del artículo 23.

Le pido, por lo tanto, a la Secretaría, que dé lectura a la propuesta de incorporación de un nuevo párrafo con un nuevo contenido, segundo párrafo del artículo 23.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Propuesta de incorporación de un nuevo párrafo con un nuevo contenido, segundo párrafo del artículo 23

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Si se admite a discusión, pues habrá discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se admite a discusión. Y para hablar en pro de la propuesta tiene la palabra la diputada Candelaria Ochoa.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Quizá sólo conviene decir que es una clarificación de este párrafo, porque ni todos los trabajadores son de confianza ni todos los trabajadores son de base, por eso es muy importante precisar.

Y lo que yo decía en mi intervención, la potestad del instituto de contratar trabajadores de base y trabajadores de confianza. Pero los que son de base no pueden perder sus derechos ni tampoco los que son de confianza.

Entonces, solamente es para precisar eso, que quede muy puntual que ningún trabajador pierde sus derechos y que no todos los trabajadores del instituto son trabajadores de confianza. Sólo para precisar eso.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Tiene la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con su venia, presidente. Son las prisas y la falta de estudio la que nos lleva a estos errores y ésta es una violación legislativa, porque se está presentando una nueva reserva fuera de tiempo. El presidente señaló que las reservas se cerraban una vez que se concluyeran los posicionamientos de los partidos. Ésta es una nueva reserva porque está modificando la que originalmente se presentó.

Nosotros en nuestra reserva que presentamos en este artículo señalábamos que era más correcto conservar el décimo transitorio de la reforma que incluir este segundo párrafo.

Hay una violación en el proceso legislativo para tener el interés de preservar un beneficio que no estaba previsto y afectando el derecho de los trabajadores.

Estamos en contra por el precedente que deja la forma en que se manipula el proceso legislativo, puesto que trasgrede el principio de seguridad, derivado a partir de que se cerraron las reservas y su registro para la discusión en tiempo.

Estas prácticas afectan la legalidad de este proceso, y de nueva cuenta atiende a la falta de discusión y análisis y nos extraña que los pruritos de la legalidad en proceso legislativo acepten esas modificaciones en contra del propio Reglamento de esta Cámara.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor. Adelante.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Usted haciendo uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica en cuanto al orden de los debates ha dictado un trámite correcto, sobre todo por lo siguiente:

No se trata de ninguna nueva reserva, el artículo 23 estaba reservado, y usted, como lo está dictando, está pidiendo que la asamblea vote la aclaración que se acaba de hacer sobre un artículo ya reservado. Así es que no hay ninguna incorreción en el proceso legislativo. Si acaso, debemos reconocer que no es usual, pero como lo ha expuesto la diputada Candelaria Ochoa, eso protege mejor los derechos de todos los trabajadores del Inai.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez, la discusión aún no concluye, el pleno de la Cámara sigue discutiendo, no entramos todavía a lo que sería la parte culminante, que es la votación nominal de la totalidad del dictamen en lo general y en lo particular. El pleno es soberano en sí mismo para tomar decisiones y el presidente en sus resoluciones, de acuerdo con la Ley Orgánica, está subordinado al voto del pleno.

Entonces, aquí yo sometí a la consideración del pleno en un procedimiento que, efectivamente, no es usual pero que está dentro del marco de darle congruencia en lo que estamos discutiendo.

¿Quieres tú hablar o quieres que hable la diputada Nahle? Ah, bueno, entonces sonido en la curul de la diputada Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Sí, presidente. Nada más para señalarle al diputado Ramírez Marín. Efectivamente, había una reserva del artículo 23 pero era suprimir la reserva que presentó el diputado Mario Ariel Juárez, y se votó. Entonces, esta es otra reserva. Esta es otra. Porque la otra ya pasó, era suprimir y se votó en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Otra visión de las cosas habla de que es una modificación o una precisión de la que presentó la diputada Candelaria Ochoa, y ella ha subido a defenderla aquí además, en los términos en que ya se escuchó su intervención.

Por lo tanto, habiendo llegado a la terminación de los oradores que habían solicitado hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación ya presentada aquí en tribuna.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta y se reserva para su votación nominal al final de la votación en lo particular.

Por lo tanto, habiendo ya llegado al final de todo lo que se había reservado, con las vicisitudes que se tuvieron en el debate, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 1, 2, 4, 8, 11, 14, 20, 21, 43, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 110, 153, 154, 163 y 187 en términos del dictamen modificado. Y también de los artículos 23, 24, 28, 46, 52, 55, 91, 99, 174, 202 y tercero transitorio con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

¿Falta algún diputada o diputado de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya no se ve ni movimiento en el tablero ni movimiento en el pleno.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, espérese. Ya está cerrado. De viva voz, diputada Cuata, por favor. Sonido en la curul de la diputada Cuata, por favor. Manifieste el sentido de su voto de viva voz, por favor.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Abstención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Abstención la diputada Cuata.

El diputado Ricardo Taja Ramírez (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Martha Hilda González.

La diputada Martha Hilda González Calderón (desde la curul): A favor, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no tenemos ningún remiso. Sí, todavía tenemos uno más. Sonido en la curul del diputado Jorge Ramos.

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Cerrado ya. Uno, dos, tres, ya no hay más votos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se emitieron 396 votos a favor y 34 abstenciones, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular por 396 votos el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Y esta Presidencia con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta al Senado, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por el pleno.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación en Materia de Calendario Escolar.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Continúe la Secretaría.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la delegación permanente de la Cámara de Diputados ante el Parlamento Latinoamericano o Parlatino.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 269, 270, 272, fracción III; 274, numeral 1 y 276 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con el propósito de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que conforme al artículo 269 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diplomacia parlamentaria es la actividad que realizan los legisladores con sus contrapartes del mundo en el ámbito de las relaciones internacionales, con la finalidad de coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior;

3. Que el artículo 272 del mismo Reglamento menciona entre las expresiones de la diplomacia parlamentaria, la siguiente:

“III. Las que desempeñan las delegaciones permanentes de diputados y diputadas ante organismos parlamentarios multilaterales mundiales, regionales, temáticos y bilaterales;”

4. Que conforme al artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 274, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la designación de delegaciones permanentes para atender la celebración de reuniones con órganos de carácter multilateral, observando los criterios de proporcionalidad y pluralidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La delegación permanente de la Cámara de Diputados ante el Parlamento Latinoamericano estará integrada por 65 legisladores, distribuidos en la siguiente proporción:

Segundo.Las comisiones permanentes del Parlamento Latinoamericano, órganos especializados con funciones de análisis, estudio e investigación, estarán conformadas por los siguientes legisladores:

Tercero. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente José de Jesús Zambrano Grijalva remite oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones que no se presentaron en tribuna.(*)

EFEMÉRIDE

DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA

«Efeméride con motivo del 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 19 de abril se celebra el Día Mundial de la Bicicleta con el objetivo de promocionar este medio de transporte y llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas.

Esta celebración tuvo su curioso origen en 1985, en el estado de Ilinois, cuando Thomas B. Roberts, profesor de la Universidad del Norte de Ilinois creó el “Día de la Bicicleta” para conmemorar la primera experiencia del científico Albert Hofmann con el LSD.

Mientras Hofman realizaba experimentos con el LSD, se vio forzado a interrumpir su trabajo en el laboratorio y dirigirse a casa, afectado por una notoria inquietud acompañada de mareo. La única explicación que encontró fue que hubiera absorbido a través de la punta de los dedos parte de la solución de LSD mientras se cristalizaba. Así, al realizar otra prueba tres días después consumió 250 microgramos de LSD. Esta vez los efectos serían mucho mayores, y Hofmann necesitaba hacer grandes esfuerzos para poder hablar. Pidió a su asistente en el laboratorio, quien estaba al tanto del experimento, que lo acompañara a casa; fueron en bicicleta, dando pie a lo que es el más famoso de los paseos en bicicleta.

De gran importancia me parece celebrar este día y sobre todo hoy. Hoy que estamos padeciendo las consecuencias negativas de no invertir en recursos o hacer política pública en favor de este medio de transporte.

Nuestras ciudades están llenas de automóviles que hemos utilizado indiscriminadamente, llevándonos a ciudades contaminadas, congestionadas, sin espacios públicos de calidad, en general poco competitivas.

La bicicleta se presenta como un vehículo alternativo, económico y no contaminante, que coadyuva a ciudades humanas que ofrecen calidad de vida a las personas. Sus beneficios son muchos, tanto en el ámbito personal como colectivo: salud, medio ambiente, entorno urbano, inversión y ciudades más competitivas, en palabras como como justicia, equidad y crecimiento económico.

Cuando las ciudades invierten en infraestructura ciclista, se reducen los costos ambientales (lo cual se traduce en todo beneficio que conlleva el tener un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y salud, por ejemplo, menos enfermedades respiratorias, cardiacas, etcétera); asimismo, se reducen costos sociales al mover a mayor número de personas, transporte barato y de calidad usando menos espacio, generando menos emisiones y reduciendo la saturación del transporte público; o bien en la generación de empleos bien remunerados porque incluso hay estudios que demuestran que la construcción de infraestructura ciclista o peatonal genera más empleos que la del automóvil al ser más detallada y especializada. Entonces, como consecuencia tendremos que los recursos ahorrados se pueden invertir en otros proyectos de infraestructura, educación, procuración de justicia, alimentación, salud, con beneficios para un muy alto porcentaje de la población.

Ahora más que nunca necesitamos que nuestro país sea receptivo a la inversión, a una inversión que se traduzca a un verdadero crecimiento económico para los mexicanos; los países que busquen invertir aquí lo harán en ciudades que garanticen un mínimo de seguridad, calidad de vida, educación y espacio público y todo esto en parte, en favor de sus trabajadores y sus familias; qué tiene que ver esto con la bicicleta como medio de transporte, me atrevo a decir que por lo menos se relaciona con tres de los puntos mencionados como pueden ser seguridad, calidad de vida y calidad en el espacio público.

No debemos olvidar que México como parte de un mundo global, tiene compromisos internacionales que pueden llegar a formar parte de su marco legal, de no cumplir con dichos compromisos, pasaríamos ante la comunidad internacional a ser un país poco confiable en donde no se aplican sus propios ordenamientos, lo que nuevamente se traduce en poca inversión económica. Basta decir que con el propósito de contribuir a que se alcance un Acuerdo Global en la COP 21, y cumpliendo con los principios y obligaciones de la Ley de Cambio Climático, México adquirió compromisos de Mitigación y Adaptación para el período 2020-2030 y que se traduce entre otras cosas en reducir en 25% la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero (en donde el uso del automóvil adquiere en transporte un lugar protagónico).

¡Los compromisos se cumplen, no sólo se firman!

Recordemos que no hacer lo necesario en la materia, nos ha llevado hoy día a la problemática ambiental que hoy vive la ciudad de México.

Diputados y diputadas, tengamos la confianza de que al proveer de un marco normativo en favor del uso de la bicicleta, contribuimos desde nuestra competencia a un gran número de beneficios en favor de todos; tengamos también la honestidad de pensar en qué hemos fallado como país al apostarle al equivocado lado del automóvil como prioritario; y la humildad de aprender las buenas prácticas y buenos ejemplos de otros países que ya han pasado por esta problemática y que poco a poco han convertido sus ciudades en lugares más competitivos y humanos. Hay que invertirle a la bici, vamos a dar calidad de vida a todos, no permitamos más muertes de ciclistas.

Debo mencionar que ésta no es una efeméride oficial, sin embargo en todos los países lo celebramos. No podemos ignorar este día, si consideramos el beneficio que conlleva la bicicleta como transporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril de 2016.— (Rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 19:08 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 20 de abril de 2016 a las 11 horas. Buenas tardes-noches.

————— O —————