Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 297 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:48 horas): Se abre la sesión.

La diputada Blandina Ramos Ramírez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Ramos, permítame un momentito para que desahoguemos las partes de necesaria instalación de los trabajos, ¿sí? Por favor. Ahorita le concedemos ahí, no sabemos con qué motivo, pero usted lo expondrá.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 20 de abril de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Jesús Sesma Suárez y Alejandro González Murillo.

Por los que solicita el retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al primer bimestre del ejercicio fiscal 2016.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 213 Bis y reforma el artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se Expide el Código Militar de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Proyecto Decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación, en materia de calendario escolar.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 12 y 59 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que Establece bases para su ejecución en México.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, así como a sus homólogas encargadas del área de agricultura de los gobiernos estatales, para que realicen programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, y garantizar la subsistencia de esta especie, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, inicie ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un proceso de denuncia por las expresiones del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades sanitarias y ambientales, atiendan e implementen las acciones necesarias para resolver la ausencia de fuentes de agua potable de calidad en el noroeste del litoral del lago de Chapala, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a través de la Conapesca, fortalezca el Programa de Inspección y Vigilancia, por la grave afectación que la pesca ilegal ocasiona a la biodiversidad y a la actividad pesquera nacional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Iniciativas

Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 23 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Juan de Dios Bátiz Paredes”, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII al Título VII y el artículo 196 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o., 13 y 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Daniel Ordoñez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. y 3-Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona la fracción IX al artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto, por el que se declara el 19 de abril, como el Día Nacional del Tequio, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 88 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Rosa Elena Millán Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 6o. y 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 21 y 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 215-A del Código Penal Federal, suscrita por los diputados María Concepción Valdés Ramírez y Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Padilla Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto, por el que se crea el reconocimiento “Hermila Galindo Acosta” y, reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y por diversas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, por el que declara el 10 de agosto como el Día Nacional de las y los Jóvenes Indígenas de México, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Civil Federal; del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial y de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Vitalicio Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o. y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7 Bis de la Ley de Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Araceli Damián González y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 323 Ter y 423 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández y suscrita por los diputados María del Rosario Rodríguez Rubio y Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 122 y 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 60 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Aeronaves Pilotadas a Distancia, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 y 180 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a cargo del diputado Cesar Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 1o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 11 y segundo transitorio de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o., 30 y 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 86, 87, 293 y 390 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos Segundo y Quinto Transitorios del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, publicado el 27 de mayo de 2015, en el DOF, a cargo del diputado Eukid Castañón Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 1o., 3o. y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Daniel Adrian Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 159 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 20 Bis y reforma el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada María Hadad Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, suscrita por los diputados Ulises Ramírez Núñez y Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecinueve de abril de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos dos diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y siete minutos del martes diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, en relación con modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ecológico y Patrimonial Sustentable, presentada por la diputada Adriana Sarur Torre, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen; y a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios

b) De los diputados:

• Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuatrocientos setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo, cuarenta y dos de la Ley del Seguro Social, y cincuenta y seis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada el cuatro de noviembre de dos mil quince.

• Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada el diez de noviembre de dos mil quince.

• Wenceslao Martínez Santos, del Partido de Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada el quince de diciembre de dos mil quince.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Economía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cincuenta y tres de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el quince de diciembre dos mil quince.

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Gobernación, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley General de Partidos Políticos, presentada el quince de diciembre de dos mil quince.

• Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo once de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el tres de febrero de dos mil dieciséis.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Turismo, la proposición con punto de acuerdo para que se considere la inclusión de Chapala, Jalisco, dentro del Programa Nacional de Pueblos Mágicos, presentada el diez de marzo de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de marzo de dos mil dieciséis, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite el primer informe trimestral dos mil dieciséis de los avances financieros, correspondientes de los programas de protección a migrantes. Se remite a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) De la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, oficio con el que remite el informe de la auditoría interna de su matrícula, correspondiente al primer trimestre de dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores, con la que remite minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto párrafo al artículo noveno de la Ley General de Bienes Nacionales, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Vivienda, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos treinta y nueve, cuarenta y cuatro, y cincuenta y cinco de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

b) De Hacienda y Crédito Público:

• Por el que se reforma el artículo noveno del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México.

• Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

c) De Igualdad de Género:

• Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

d) De Transparencia y Anticorrupción, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

e) De Defensa Nacional, por el que se adiciona el artículo ciento ocho de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se concede el uso de la palabra al diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar y presentar propuestas de modificación al dictamen, en nombre de la Comisión, que en votación económica se aceptan y forman parte del proyecto de decreto.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas Mirza Flores Gómez, y Claudia Sofía Corichi García, ambas de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Ernestina Godoy Ramos, de Morena; Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México; Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Partido de Acción Nacional; y Edgar Romo García, del Partido Revolucionario Institucional.

A las doce horas con cincuenta y nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y nueve diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general el proyecto de decreto e intervienen las diputadas y los diputados: Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena; Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido de Acción Nacional;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre el dictamen la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: primero, segundo, cuarto, octavo, once, catorce, veinte, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, veintiocho, cuarenta y uno, cuarenta y tres, cuarenta y seis, cincuenta y dos, cincuenta y cinco, sesenta y siete sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y tres, setenta y cuatro, noventa y uno, noventa y nueve, ciento diez, ciento cincuenta y tres, ciento cincuenta y cuatro, ciento sesenta y tres, ciento setenta y cuatro, ciento ochenta y siete, doscientos dos, y Tercero Transitorio, del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos ochenta y tres votos a favor; uno en contra; y treinta y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

El Presidente informa a la Asamblea que diversos Grupos Parlamentarios han solicitado a la Mesa Directiva la posibilidad de que se decrete un receso con objeto de lograr los consensos necesarios para que el debate en lo particular se realice de manera más ordenada. En consecuencia a las trece horas con cincuenta y ocho minutos se declara un receso.

A las dieciséis horas con cuatro minutos, se reanuda la sesión.

El Presidente informa a la Asamblea que durante el receso, los diversos Grupos Parlamentarios lograron los consensos necesarios para organizar el debate de los artículos reservados.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados, a las diputadas y a los diputados:

• Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente, al artículo ciento setenta y cuatro, fracción primera, y suprimir fracción segunda, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, al artículo veinte, fracciones quinta y sexta, y adición de una fracción, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, al artículo veintitrés, suprimir el segundo párrafo.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo veintitrés, suprimir el segundo párrafo.

En votación económica se admiten a discusión las propuestas anteriormente presentadas y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aceptan y se reservan para su votación nominal en conjunto con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, a los artículos: sesenta y siete, fracción primera, adición de un inciso; sesenta y ocho, párrafo primero, y adición de un párrafo; y setenta y cuatro, párrafo tercero, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• René Cervera García, de Movimiento Ciudadano, al artículo sesenta y nueve, fracción tercera, adición de un inciso, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, a los artículos ciento setenta y cuatro, fracción segunda; y doscientos dos, párrafo primero.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, a los artículos ciento setenta y cuatro, fracción segunda; y doscientos dos, párrafo primero.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En votación económica se admiten a discusión las propuestas anteriormente presentadas y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aceptan y se reservan para su votación nominal en conjunto con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, al artículo Tercero Transitorio, que en votación económica se admite a discusión.

En su oportunidad y desde su curul la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido de Acción Nacional, solicita a la Presidencia informar a la Asamblea las modificaciones propuestas por la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones e instruye a la Secretaría a dar lectura de las mismas.

Sin más oradores registrados, en votación económica se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, a los artículos primero, y setenta y tres, fracción sexta, adición de dos incisos. En votación económica no se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo setenta y tres, se desecha y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen. Acto seguido, en votación económica se acepta a discusión la propuesta de modificación al artículo primero, se concede el uso de la palabra a las diputadas: Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, en pro; y Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México, en contra. No habiendo más oradores registrados, en votación económica no se acepta, se desecha y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, a los artículos: octavo, párrafo primero; ciento diez, fracción tercera; y ciento cincuenta y cuatro, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, a los artículos: primero; catorce, párrafo primero; veinticuatro; sesenta y nueve, fracción décima segunda, adición de un inciso; y ciento ochenta y siete, párrafo segundo. En votación económica no se admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos primero, catorce, sesenta y nueve, y ciento ochenta y siete, se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. En votación económica se admite a discusión el artículo veinticuatro, no habiendo oradores registrados, en votación económica se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos: primero; segundo, adición de un párrafo; sesenta y ocho, párrafo primero; y setenta, fracción décima segunda, y adición de una fracción, ciento diez, y Tercero Transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, al artículo cuarto, adición de una fracción, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Jorge Tello López, de Morena, al artículo cuarto, adición de una fracción, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, a los artículos: cuarto, adición de una fracción; y setenta y tres, adición de un párrafo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, al artículo cuarenta y tres, fracciones sexta, octava, y novena, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Ernestina Godoy Ramos, de Morena, a los artículos: once, fracción sexta; veintiuno, fracción séptima; ciento cincuenta y tres; ciento cincuenta y cuatro, párrafo primero y adición de un segundo párrafo; y ciento sesenta y tres, párrafo tercero y adición de un párrafo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, al artículo veintitrés, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de ilustración y procedimiento los diputados Federico Döring Casar, del Partido de Acción Nacional; Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Martínez Neri, y Maricela Contreras Julián, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, a los artículos: veintiocho, fracción quinta; cincuenta y dos, fracción cuarta; y cincuenta y cinco, fracción quinta, que en votación económica se admiten a discusión, y no habiendo oradores registrados en votación económica se aceptan y se reservan para su votación nominal en conjunto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

• Guadalupe Hernández Correa, de Morena, al artículo setenta, fracción décima tercera, y adición de una fracción, que en votación económica se admite a discusión e intervienen las diputadas: Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, en pro; y Lorena del Carmen Alfaro García, del Partido de Acción Nacional, en contra. Sin más oradores registrados en votación económica se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de ilustración y de procedimiento los diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática; y Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones.

• Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, al artículo noventa y uno, párrafo primero, que en votación económica se admite a discusión, y no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo cuarenta y seis, suprimir párrafo segundo, que en votación económica se admite a discusión, y no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo noventa y nueve, adición de una fracción, que en votación económica se admite a discusión, y no habiendo oradores registrados en votación económica se acepta, y se reserva para su votación nominal en conjunto, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

El Presidente refiere que en su momento la Asamblea decidió aceptar una modificación al segundo párrafo del artículo veintitrés del proyecto de decreto, sin embargo, por acuerdo de diversos Grupos Parlamentarios se presenta a consideración de la Asamblea una nueva propuesta de redacción del mismo párrafo y artículo, e instruye a la Secretaría a darle lectura. Acto seguido, en votación económica se admite a discusión e intervienen la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, en pro; y el diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, en contra. Desde sus respectivas curules, realizan comentarios sobre el tema los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; y Norma Rocío Nahle García, de Morena. El Presidente fundamenta el trámite en la decisión soberana del Pleno al tratarse de un asunto aún no concluido. Sin más oradores registrados, en votación económica se acepta la propuesta de modificación, y se reserva para su votación nominal en conjunto, con las modificaciones aceptas por la Asamblea.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos noventa y seis votos a favor; y treinta y cuatro abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos reservados: primero, segundo, cuarto, octavo, once, catorce, veinte, veintiuno, cuarenta y tres, sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y tres, setenta y cuatro, ciento diez, ciento cincuenta y tres, ciento cincuenta y cuatro, ciento sesenta y tres, y ciento ochenta y siete, en términos del dictamen modificado por la Asamblea; y los artículos: veintitrés, veinticuatro, veintiocho, cuarenta y seis, cincuenta y dos, cincuenta y cinco, noventa y uno, noventa y nueve, ciento setenta y cuatro, doscientos dos, y Tercero Transitorio, con las modificaciones aceptadas por el Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidencia informa a la Asamblea que con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita la minuta al Senado, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad de la Ley, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos trece, cincuenta y uno, cincuenta y tres, y sesenta y nueve de la Ley General de Educación en Materia de Calendario Escolar. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra la Delegación Permanente de la Cámara de Diputados ante el Parlamento Latinoamericano, Parlatino. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones con puntos de acuerdo, registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incorpore en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de insuficiencia renal y fortalezcan las medidas necesarias para diagnosticar e identificar a la población enferma o vulnerable. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Adriana Elizarraraz Sandoval, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del Centésimo Aniversario de la Batalla de Celaya. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, por el que esta Soberanía, condena y reprueba las expresiones proferidas por el candidato a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Donald Trump, respecto de México, y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a emitir una postura firme y contundente en torno a las mismas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de reforzar las acciones para garantizar el derecho a la vivienda digna para los mexicanos. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, de Morena, por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria, al Servicio y Administración y Enajenación de Bienes, a la Procuraduría General de la República, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de difundir las medidas que han llevado a cabo para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía SA de CV. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que esta Soberanía expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de la república de Ecuador, por el terremoto sufrido el dieciséis de abril. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, a fin de incentivar la contratación de investigadores y ex becarios por parte de la iniciativa privada. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

• Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de garantizar a las trabajadoras del hogar el acceso a créditos para la adquisición, construcción o remodelación de una vivienda digna. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas, a firmar los convenios necesarios con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a fin de realizar una campaña permanente de difusión de los contenidos constitucionales en las lenguas indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que tomen las previsiones necesarias a fin de garantizar y salvaguardar las acciones de combate a la pobreza. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Jorge Álvarez López y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de ampliar las campañas de difusión de los programas que opera. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, de Morena, por el que se exhorta a diversas autoridades, a intervenir en la solución del conflicto que mantienen la comunidad agraria denominada “Nuestra Señora de Guadalupe” y el grupo de gambusinos y propietarios particulares del municipio de Bacoachi, Sonora, por el acceso a las ladeas del Río Sonora y otros afluentes de agua. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de reforzar la vigilancia en todos los caminos del estado de Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Ángel Rojas Ángeles, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobiernos locales, a promover, planear, implementar o ejecutar, con la participación ciudadana, programas de azoteas verdes en sus viviendas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional, relativo a la celebración de una sesión solemne en conmemoración del Centenario del Natalicio de la escritora Elena Garro. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Sara Paola Galico Félix Díaz y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a promover en su interior la creación de comisiones de atención a víctimas de trata de personas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a llevar a cabo una auditoría al Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Distrito Federal, para dictamen.

• Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres, Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a mejorar, evaluar y regularizar el Programa Cruzada Contra el Hambre, e incrementar el número de sitios de atención. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las autoridades sanitarias de las entidades federativas, para que en coordinación con la Secretaría de Salud, realicen campañas de vacunación en los centros de reclusión. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, de los estados de México e Hidalgo, para que en el marco de sus facultades hagan efectivos aquellos programas, proyectos, acciones, así como obras de infraestructura y su equipamiento; destinados al transporte público metropolitano no contaminante, movilidad no motorizada, y acciones para el mejoramiento y cuidado del medio ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con opinión del Distrito Federal, para dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas, a fin de garantizar la seguridad de la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach y de los integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que esta Soberanía expresa su reconocimiento por la publicación de la NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio de la persona recién nacida, y exhorta a las autoridades involucradas a su estricta implementación y a su cabal cumplimiento. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Adrián González Navarro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Titular de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que convoque a los miembros de dicho órgano a efecto de designar al Consejero Presidente, dos Consejeros titulares y sus respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva y resuelva la solicitud de renuncia del Presidente de la Federación Mexicana de Natación A. C. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Integrantes de Morena, por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que atraiga el caso del presunto lavado de dinero del candidato de la Coalición Partido de Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática, al Gobierno del estado de Veracruz, asimismo, se exhorta al organismo electoral de la entidad, para que le retire su registro, ante el incumplimiento de las disposiciones legales en la materia. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Karla Karina Osuna Carranco, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a investigar el desvío de recursos, durante la administración del gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdez. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Araceli Damián González y Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, para que diversas comisiones ordinarias y especiales, en una reunión de trabajo en el recinto de plenos de esta Soberanía, reciban y escuchen a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en los hechos del veintiséis, y veintisiete de septiembre de dos mil catorce. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Mariana Arámbula Meléndez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de elaborar un Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, Víctimas de Violencia Sexual. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de crear un registro público vehicular, así como mecanismos de regulación y promoción de las unidades ingresadas de forma irregular en el territorio nacional. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero y a la Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, a fin de regular el transporte público en ese municipio. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, instalen una mesa de trabajo en coordinación con el Poder Legislativo, con el fin de establecer metas, objetivos y políticas para alcanzar la Universalización de los Servicios de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Elías Octavio Íñiguez Mejía, Partido Acción Nacional, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de implementar acciones en favor de las personas que padecen hemofilia. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar mañana miércoles veinte de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las diecinueve horas con ocho minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Evidente y contundente mayoría. Aprobada el acta.

A ver, sonido en la curul de la diputada Blandina Ramos, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Blandina Ramos Ramírez(desde la curul): Buenos días. Buenos días, señor presidente. El motivo de mi intervención es para denunciar que el día de ayer fue asesinado a balazos Ramón Chávez Ávila, primo hermano de mi colaborador más cercano, familiar de él, en el municipio de Tepecoacuilco, estado de Guerrero, por lo que exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos y la garantía de seguridad por parte del gobierno del estado de Guerrero y el gobierno federal para nuestros compañeros en la entidad, por lo que solicito al pleno guardar respetuosamente un minuto de silencio. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Le sugeriría que, en relación con el tema que señala, del crimen del asesinato en el municipio referido de Guerrero, Tepecoacuilco, supongo que es, ¿Verdad?, podamos generar por ahí algún pronunciamiento a través de los medios correspondientes y, en unos momentos más, atenderemos la solicitud que ustedes nos plantea. ¿Sí? Gracias.

Continuamos con las comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente Iniciativa presentada el pasado 8 de septiembre de 2015 y turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer un vale por el primer empleo formal.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), coordinador.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente iniciativa presentada el pasado 16 de marzo de 2016 y turnada a la Comisión de Reforma Agraria.

• Que reforma los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, para que en materia de sucesiones se adopten las reglas del Código Civil Federal y puedan así heredar todas las personas con derecho a ello, o bien la voluntad del autor de la sucesión.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), coordinador.»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Ley General de Salud, presentada el 24 de noviembre de 2015, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, turnada a la Comisión de Economía para dictamen; y a la de Transparencia y Anticorrupción para opinión.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva brindarle a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.— Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número SNM/040/2016, el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios de esta Secretaría, envía los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al primer bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de abril de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral.

Sobre el particular, me permito enviarle el informe de utilización de tiempos oficiales así como el informe de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, ejercidos al primer bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Lo anterior con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto por la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.— Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 213 Bis y se reforma el 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

Primero. Con fecha quince de diciembre de dos mil quince, la diputada Araceli Guerrero Esquivel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 213 Bis y reforma el 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Segundo. Con fecha 15 de enero de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio DGPL 63-II-2-260, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio No. CCC/LXIII/0320 de fecha 20 de enero de 2016 la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la iniciativa turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 17 de marzo de dos mil dieciséis, para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Segundo. Que la Iniciativa busca dotar de herramientas judiciales eficaces y eficientes que permitan a las Sociedades de Gestión Colectiva cumplir con su objeto y garanticen el respeto de los Derechos de Autor y en su caso, una retribución justa y digna para los creadores y titulares de derechos.

Tercero.Como antecedentes, la Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina, expone que la regulación vigente en materia de protección a los derechos de autor se encuentra carente de medidas suficientes para inhibir de manera fehaciente la violación a éstos, dando como resultado la generación de un daño irreparable o la destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas que permitan acreditar la existencia de la violación del derecho, motivo por el cual se necesita dotar de mayores y mejores recursos judiciales especializados en materia de derechos de autor, a efecto de que la explotación de las obras sea debidamente protegida y vigilada.

Que por lo anterior, es necesario dotar a los Titulares de derechos patrimoniales, así como a las Sociedades de Gestión Colectiva que los representan, con mejores y mayores herramientas judiciales que les permitan un ejercicio más eficiente de sus derechos ante las autoridades competentes y que concedan una impartición pronta y expedita de la justicia, evitando con esto la violación de los derechos de autor y como consecuencia la generación de un daño irreparable a los creadores.

La Diputada Guerrero Esquivel, refiere que actualmente ante la carencia de medidas particulares en la materia, los procesos se atienden conforme a las reglas judiciales generales, mediante procedimientos sumamente tardíos y aun cuando a través del desahogo de los mismos se obtienen sentencias favorables a los creadores o titulares de derechos, dichos mecanismos no pretenden evitar la violación de los derechos de autor, sino el resarcimiento de los daños causados, pero estos una vez obtenida una primera resolución requieren de un procedimiento de liquidación para hacer efectivos sus legítimos derechos, lo que genera la inversión prolongada de tiempo así como una erogación excesiva de recursos económicos, en perjuicio directo del bien jurídico tutelado; es decir, los derechos de los creadores y los titulares de derechos patrimoniales.

La Diputada resalta que tanto los Titulares de Derechos, como las Sociedades de Gestión Colectiva necesitan proteger sus derechos como autores titulares, ya sean nacionales o extranjeros, así como recaudar las cantidades que por concepto de derechos de autor o derechos conexos se generen a favor, por ser éstas el sustento de los creadores o titulares se debe prever que es necesario dotar las herramientas judiciales eficaces y eficientes que permitan cumplir con su objeto a las Sociedades de Gestión Colectiva y garanticen el respeto de los derechos de autor y en su caso una retribución justa y digna para los creadores y titulares de derechos.

De acuerdo con la autora de la Iniciativa que se dictamina, las medidas propuestas en ésta, pretenden evitar la violación de los derechos de autor y podrán ser aplicadas una vez que se haya acreditado la titularidad de un derecho ante la inminente violación del mismo, evitando la discrecionalidad en la aplicación de criterios o normas jurisdiccionales locales o federales, lo que dará como resultado, una interpretación homogénea de la Ley Federal de Derecho de Autor en los procedimientos judiciales en que invoque la aplicación de tales medidas, velando por los intereses de los autores o creadores.

Que las reformas que se plantean, son complementarias además de los derechos exclusivos que ostentan los autores y titulares de derechos para autorizar o prohibir la representación, transmisión, radiodifusión y ejecución pública de sus obras por cualquier medio o procedimiento, establecidos actualmente en la Ley Federal del Derecho de Autor.

Que hoy en día muchos pretenden realizar eventos masivos para la ejecución y/o comunicación pública de obras protegidas por la Ley y sin haber obtenido la autorización correspondiente, todo ello en menoscabo de los titulares de los derechos patrimoniales, la falta de herramientas o medidas judiciales adecuadas y especializadas en materia de derechos de autor, generan la imposibilidad práctica para evitar la violación de los derechos o para garantizar el resarcimiento de los daños causados por dichos eventos.

Que permitir la violación de tales derechos con la realización de los mismos, los coloca fuera del margen de la Ley, evadiendo con ello la responsabilidad de sus actos, por eso las medidas que se plantean son de orden preventivo, ante la violación a la Ley de los evasores, se desconoce todo, nombre, ubicación, estatus, situación jurídica, etc.

En esta Iniciativa, su autora hace referencia a diversas normas y tratados internaciones a fin de sustentar su propuesta.

En ellos se establecen preceptos para la salvaguarda y protección de los derechos humanos considerando a los derechos de autor parte de los mismos, por lo que nuestro país está obligado a adoptar las medidas necesarias que permitan evitar se cometa alguna infracción a los derechos patrimoniales y morales de los creadores.

Invoca la Diputada Guerrero, lo establecido por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...”

Invoca también lo expresado en la exposición de motivos de la Cámara de Diputados de 1996 (EMCD) en la que se señala que “la participación de las personas en la vida cultural es un “Derecho Humano”, y el Estado está obligado a protegerlo y garantizarlo adecuadamente a través de los llamados derechos morales y patrimoniales”, que en otras palabras, el Derecho de Autor es elevado a la categoría de “derecho humano”.

Asimismo, refiere lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México es parte, entre los que destacan:

A. El Acta de París (artículos 11 y 11 Bis):

Artículo 11

1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar: 1o., la representación y ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos; 2o., la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras.

2) Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere a la traducción de sus obras.

Artículo 11 Bis.

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar; 1o., la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes; 2o., toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen; 3o., la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonido o de imágenes de la obra radiodifundida.

T. VII. Propiedad Intelectual

2) Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1 anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.

3) Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida.

Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones.

Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación.

B. Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 8, 10 y 27 numeral segundo).

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 27

1. ...

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

C. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (artículo 1716).

Medidas precautorias

1. Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces:

a) para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal; y

b) para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presente ante ellas cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

a) el solicitante es el titular del derecho;

b) el derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente; y

c) cualquier demora en la expedición de esas medidas probablemente podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.

3....

Manifiesta la promovente en la motivación de la Iniciativa que se dictamina, que las normas internacionales especializadas en materia de derechos de autor, establecen preceptos para la salvaguarda y protección de los derechos humanos considerando a los derechos de autor parte de los mismos, en consecuencia México, señala, está obligado a adoptar las medidas necesarias que permitan evitar se cometa alguna violación a los derechos patrimoniales y morales de todos los creadores, por lo que se hace necesario emitir una legislación especial en esta materia que evite la violación constante e inminente de los derechos tutelados en la Ley Federal del Derecho de Autor que impida ejecutar, transmitir, comunicar públicamente obras, sin autorización de los titulares de los derechos.

La Diputada señala que la imposición de medidas precautorias en materia de derechos de autor no es un tema nuevo, las medidas planteadas fueron consideradas en su momento en el Artículo 146 de la Ley Federal de derechos de autor de 1956, así como de la reformada y adicionada por decreto el 04 de noviembre de 1963, de la manera siguiente:

Artículo 146. Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletoria la Legislación común, cuando la Federación no sea parte. Los titulares del derecho de autor, sus representantes o las sociedades de autores, intérpretes o ejecutantes en su caso, legalmente constituidas, podrán solicitar de las autoridades judiciales federales o locales, en su caso, cuando no se hayan cubierto los derechos a que se refiere el artículo 79, las siguientes precautorias:

I. Embargo de las entradas o ingresos obtenidos de la representación, antes de celebrarse, durante ella o después.

II. Embargo de aparatos electromecánicos, y

III. Intervenciónde negociaciones mercantiles.

Estas providencias serán acordadas por la autoridad judicial, sin que sea menester acreditar la necesidad de la medida; pero deberá otorgarse, en todo caso, la suficiente garantía correspondiente.

Lo anterior refiriéndose a los derechos por el uso o explotación de obras protegidas cuando se realicen con fines de lucro.

La promovente señala que, aun cuando en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente se contempla que podrá ser aplicada de manera supletoria a la misma la legislación Mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia común y para toda la República en materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles cuando las acciones se ejerzan ante tribunales federales o la legislación común cuando las mismas se tramiten ante Tribunales del orden Local, tales preceptos dejan en desventaja a los particulares que deseen iniciar controversias ante el fuero local, en virtud de que en algunas legislaciones locales no se prevén medidas precautorias que permitan evitar la generación de la violación de sus derechos, como es el caso del Distrito Federal, dando como resultado que exista un trato desigual, dependiendo de la jurisdicción por la que se desee iniciar el procedimiento.

Esta ambigüedad respecto de la supletoriedad de la Ley de la materia según se desprende de lo señalado anteriormente, se deriva la necesidad de materializar una medida particular y especial en materia de derechos de autor que permita dar el mismo trato a todos los creadores, sin importar el tribunal o jurisdicción ante la que se acuda, dando la fuerza vinculatoria que tiene la Ley Federal del Derecho de Autor y a través de la cual se plantea que las medidas descritas en esta Iniciativa, podrán ser adoptadas de igual manera por los tribunales federales o del fuero común, garantizando así que el juzgador deberá adoptar las medidas planteadas en ella de manera expedita en virtud de la inminente necesidad de los creadores para evitar la violación a sus derechos.

Es por ello que propone agregar un artículo 213 Bis, que tiene por objeto brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permitan la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos, para evitar la generación de la violación de los mismos y que podrán aplicarse a solicitud de los creadores, autores, compositores y titulares de derechos patrimoniales o de las Sociedades de Gestión Colectiva que los representen.

Así como la adición de un párrafo al artículo 215, para facultar a los órganos jurisdiccionales, que serán responsables de establecer las medidas precautorias y bajo qué supuestos deberán aplicarse a fin de evitar la violación a los derechos de autor.

La autora de la Iniciativa que se dictamina, señala que a través de estas características se justifica plenamente la adición de las medidas precautorias antes descritas, necesarias para actualizar dicho ordenamiento a la realidad que vive hoy nuestro país, lo anterior bajo el principio de garantizar y agilizar tanto el respeto de los derechos de autor, como el pago oportuno de regalías que se generan en favor de los Titulares por el uso o explotación por cualquier medio de obras o derechos protegidos en la misma legislación.

Asimismo, refiere que a mayor abundamiento y considerando que las regalías son la única remuneración económica que perciben los creadores por la explotación lucrativa de sus obras que realizan terceras personas, similares al salario que reciben los trabajadores por sus servicios, deben ser protegidos sus derechos por la Ley de la materia, al igual que por la Ley Federal del Trabajo cuyas disposiciones también son de orden público y de interés social. Considerando el interés público se proponen nuevas reglas procesales para que en todos los juicios en que se reclamen el pago de regalías, éstas sean debidamente garantizadas por quienes deban pagarlas, ya que se debe tomar en cuenta que éstas servirán para la satisfacción inaplazable de las necesidades más elementales de los creadores y titulares de derechos.

Cuarto.Esta dictaminadora comparte los argumentos y fundamentos contenidos en la Iniciativa que se dictamina, ya que se trata de dotar de mayor certeza jurídica a los titulares de derechos y a las Sociedades de Gestión Colectiva, con la finalidad de ejercer acciones que eviten su violación o garanticen el pago de los mismos de manera más eficiente.

Se trata de incorporar las herramientas idóneas que contribuyan a una justicia pronta y expedita, así como a inhibir la violación de los derechos de autor. En la actualidad, los procesos relacionados se atienden mediante procedimientos lentos y aunque los creadores o titulares obtengan sentencias favorables, para lograr el resarcimiento de los daños ocasionados, implican un procedimiento posterior de liquidación para hacer efectivos sus derechos, que implica invertir tiempo y erogación de recursos económicos.

Por ello, se estima procedente y viable a la luz de la normatividad aplicable, la propuesta de adición de un Artículo 213 Bis a la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que se garantizaría con medidas precautorias determinadas por la autoridad competente, el respeto de los derechos de autor, así como el pago oportuno de regalías que se generan en favor de los Titulares por el uso o explotación por cualquier medio, de obras o derechos que se encuentran protegidos en la propia legislación.

Quinto.Del mismo modo, esta dictaminadora considera pertinente realizar las siguientes modificaciones al texto propuesto por la legisladora:

a) La adición de un artículo 213 bis y la denominación “Distrito Federal”

Esta modificación atiende a lo previsto en el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, el cuál fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, por lo que se considera pertinente homologar la denominación de la Entidad Federativa y cambiar las palabras Distrito Federal por Ciudad de México.

b) La adición de un artículo 213 bis y la palabra “públicas”

A efecto de homologar los conceptos a los que se refieren las fracciones del presente artículo y con el objeto de evitar un abuso de este contra particulares en eventos sin fines de lucro, se considera necesario respetar lo especificado por el artículo 16, fracción IV, de la misma ley:

“IV. Ejecución o representación pública: Presentación de una obra, por cualquier medio, a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. No se considera pública la ejecución o representación que se hace de la obra dentro del círculo de una escuela o una institución de asistencia pública o privada, siempre y cuando no se realice con fines de lucro”

Por lo anteriormente expuesto se agrega la palabra ‘públicas’.

c) La adición de un último párrafo al artículo 213 bis.

Nuevamente, con el objetivo de evitar un uso desmedido y/o inadecuado de este artículo, se prioriza el uso de medidas conciliatorias entre particulares previas a la acción del sistema judicial y se considera necesario que primeramente el titular del derecho de aviso al infractor de la posible violación a sus derechos. Del mismo modo se considera pertinente un tiempo de 72 horas para que en caso de no llegar a un acuerdo, el afectado cuente con el tiempo suficiente para solicitar la intervención judicial.

Sexto.Asimismo, esta Comisión Dictaminadora, comparte con la autora de la Iniciativa, que el derecho de autor es un derecho humano reconocido en la legislación mexicana y en instrumentos internacionales suscritos por México, como el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

Precisamente, en el ámbito de la legislación nacional, el 24 de diciembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal del Derecho de Autor, reglamentaria del artículo 28 constitucional, en cuyo artículo 1 establece como objeto de la Ley la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

La misma Ley en su artículo 11 establece que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en su artículo 13, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.

Asimismo, señala en sus artículos 18, 19 y 20, que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Que el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable; y que corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la obra y a sus herederos.

Así también, que en ausencia del creador de la obra o sus herederos, o bien en caso de obras del dominio público, anónimas o de las protegidas por el Título VII de la multicitada Ley, el Estado los ejercerá conforme al artículo 21, siempre y cuando se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional.

En este contexto, el artículo 21 establece que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:

I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;

II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;

III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;

IV. Modificar su obra;

V. Retirar su obra del comercio, y

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación.

Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo.

En relación con los derechos patrimoniales, se establece en los artículos 24, 25, 26 y 26 Bis, que en virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.

Que el derecho de autor es irrenunciable y que el autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados.

Y gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio.

La Dictaminadora considera que es consistente con este marco regulatorio del derecho de autor, la adición que propone en su Iniciativa la Diputada Araceli Guerrero Esquivel de un párrafo al Artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para que los titulares del derecho, sus representantes o las Sociedades de Gestión Colectiva a las que hayan confiado la administración de sus derechos, puedan solicitar a la autoridad judicial competente, el otorgamiento de medidas precautorias que prevea la referida Ley.

Que con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 213 BIS Y REFORMA EL ARTÍCULO 215 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Artículo 213 Bis y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 213 Bis. Los titulares de los derechos reconocidos por esta Ley, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva que los representen podrán solicitar a los Tribunales Federales o Tribunales de los Estados o de la Ciudad de México, el otorgamiento y ejecución de las siguientes medidas precautorias para prevenir, impedir o evitar la violación a sus derechos patrimoniales a los que se refiere el artículo 27 de esta Ley, tales como:

I. La suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas.

II. El embargo de las entradas o ingresos que se obtengan ya sea antes o durante la representación, comunicación o ejecución públicas;

III. El aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución públicas.

IV. Embargo de la negociación mercantil.

En los supuestos previstos en las fracciones anteriores, se deberá exhibir garantía suficiente para responder por los posibles daños y perjuicios de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la ley. Estas medidas perderán vigencia con el cumplimiento de la obligación.

Al menos setenta y dos horas antes de presentar la solicitud judicial, el titular deberá dar aviso por escrito al posible infractor de la violación a sus derechos.

Artículo 215. ...

Los titulares del derecho, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva a las que hayan confiado la administración de sus derechos, podrán solicitar a la autoridad judicial competente, el otorgamiento de las medidas precautorias previstas en esta Ley.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2016.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Santiago Taboada Cortina (rúbrica), presidente; Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Araceli Guerrero Esquivel, María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez (rúbrica), Carlos Gutiérrez García, secretarios; María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina, María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), José Luis Sáenz Soto, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Lluvia Flores Sonduk, Karen Hurtado Arana (rubrica), José Santiago López (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes antecedentes de trámite, descripción de la Minuta y consideraciones para la resolución del Proyecto de Decreto.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de abril de 2016, los senadores María Elena Barrera Tapia, Joel Ayala Almeida, Angélica Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos De La Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Silvia Garza Galván, Javier Lozano Alarcón, Erika Ayala Ríos, César Octavio Pedroza Gaitán, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Lucero Saldaña Pérez, Manuel Cárdenas Fonseca, Carmen Dorantes Martínez y Rosa Adriana Díaz Lizama integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 Y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondientes.

3. Con fecha 7 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, emitieron el dictamen correspondiente, el que sometieron a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, en el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

4. En sesión de la H. Cámara de Senadores, con fecha 12 de abril de 2016, fue presentado el texto del proyecto de dictamen, y éste fue aprobado en lo general y en lo particular con 83 votos, en la misma sesión se acordó hacer el trámite de enviarlo a la H. Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

5. En la misma fecha señalada en el antecedente anterior, la Minuta del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se remitió a la H. Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, dispuso turnar el documento a la Comisión de Vivienda.

A partir de los antecedentes enunciados, los miembros de la Comisiones de Vivienda de la LXIII Legislatura, que suscribimos el presente Dictamen, exponemos las siguientes:

CONTENIDO

La minuta del Senado propone modificar aquellos artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que hacen referencia al salario mínimo como medida para evitar algún impacto financiero en el Instituto asegurando que los rendimientos mínimos de las subcuenta de vivienda de los trabajadores sean un reflejo de rendimiento de sus activos y se generen sanos niveles de rentabilidad.

Las modificaciones están motivadas por la publicación de fecha 27 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

Mediante esta reforma constitucional, se desvinculó al salario mínimo la función que adquirió como “Unidad de Cuenta” para multitud de efectos legales y económicos, contribuyendo a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

Dentro de los transitorios del decreto destacan que en el Artículo Cuarto Transitorio se consideró establecer la obligación de que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. Cimentando así las bases de una nueva estructura para el establecimiento y mantenimiento de los salarios mínimos.

Derivado de lo anterior, los Senadores coincidieron en dar cumplimiento a la reforma constitucional mencionada y aprobaron las modificaciones a los artículos 39, 44 Y 55 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En este sentido los Senadores estimaron inviable conservar la referencia expresa a créditos vinculados a salarios mínimos en el artículo 44 de la Ley, por lo que sólo se debe mantener en la Ley el otorgamiento de créditos en pesos y en Unidades de Medida y Actualización.

Asimismo, consideraron de vital relevancia poder modificar el segundo transitorio de la iniciativa, el cual señala que el Instituto podrá seguir otorgando créditos que estén referenciados o actualizados con base en el salario mínimo hasta por 720 días, dicha disposición proviene de lo estipulado en el sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, arriba referido.

En consecuencia, los Senadores establecieron que el mandato constitucional para permitir que el Instituto siga otorgando créditos referenciados o actualizados con base en el salario mínimo durante 720 días, se expidió en referencia al Decreto de reforma constitucional, por lo que no es posible conceder un plazo mayor al constitucional en una Ley, dicho plazo se deberá entender que corre a partir de la publicación del Decreto de reforma constitucional de 27 de enero de 2016 y no de la presente reforma legal, por lo que estas comisiones estiman necesaria dicha modificación.

Por otra parte, acordaron que en relación a las subcuentas actuales ya vinculadas a salarios mínimos es necesario mantener la referencia a estos en materia de tasas aplicables a los rendimientos de las subcuentas de vivienda, en los términos señalados por los proponentes, para generar certidumbre y seguridad jurídica en los mismos, cuestión no subsanable en transitorios dado que requiere regular actos jurídicos contractuales ya estipulados y además su permanencia no hace referencia al otorgamiento de créditos que en términos del sexto transitorio del Decreto de reforma constitucional sólo podrá extenderse hasta 720 días.

CONSIDERACIONES

Esta Comisión de Vivienda coincide con el Senado de la República en el sentido de que existe la obligación de realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos secundarios a causa de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.

Asimismo, coincidimos en que es necesario que en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se modifiquen los artículos 39, 44 y 55 para dar cumplimiento al mandato constitucional y brindar seguridad jurídica a los sujetos jurídicos destinatarios de la misma, con el propósito de eliminar las referencias al salario mínimo.

De igual manera, la modificación propiciará la estabilidad financiera del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al establecer las medidas que deberán aplicarse derivado de los intereses que causan los Saldos de la Subcuentas de Vivienda.

También se establece la medida consistente en que los créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año, con el propósito de no afectar a los derechohabientes y aún así propiciando que el Instituto no sufra una pérdida en su balance financiero.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Vivienda acordó que es de aprobar totalmente y en sus mismos términos la Minuta de Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores enviado por la Cámara de Senadores, por lo que se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 39, primer y tercer párrafo; 44; y 55, primer párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 39. El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que determine el Consejo de Administración del Instituto.

...

Para obtener la cantidad básica se aplicarán, al saldo de las subcuentas de vivienda, las tasas aplicables a cada una de las denominaciones que integren los activos financieros del Instituto, con base en la proporción que cada una de estas denominaciones guarde sobre la suma del total de los activos financieros. Dichas tasas aplicables serán las siguientes:

I. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Salarios Mínimos, será la tasa de incremento al Salario Mínimo, sin que ésta pueda exceder la tasa de incremento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el mismo periodo.

II. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Pesos, será la tasa de interés nominal anual que resulte de promediar de manera aritmética, los incrementos anuales que hubiese observado el Índice Nacional de Precios al Consumidor durante los últimos cinco años calendario.

III. Para la proporción asociada a los activos financieros no considerados en los párrafos anteriores, se le aplicará el retorno del portafolio de referencia que haya aprobado para tal fin el Consejo de Administración a través de su Comité de Inversiones o cualquier otro Órgano Colegiado designado para la gestión de las inversiones del Instituto.

...

...

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

El Instituto también· otorgará, a solicitud del trabajador, créditos, en pesos o Unidades de Medida y Actualización conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

Artículo 55. Independientemente de las sanciones específicas que establece esta Ley, las infracciones a la misma que en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto cometan los patrones, se castigarán con multas por el equivalente de tres a trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y, Actualización vigente en el tiempo en el que se cometa la violación.

...

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto podrá seguir otorgando créditos para la adquisición de vivienda que se referencien o actualicen con base en el salario mínimo, en términos de los dispuesto por el sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, a partir del cual y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo se podrán otorgar dichos créditos.

Tercero. Los contratos que tenga celebrado el Instituto, vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida o Actualización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 14 de abril de 2016.

La Comisión de Vivienda, diputados:Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), presidenta; José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Francisco Alberto Torres Rivas, Ricardo Quintanilla Leal (rúbrica), Ricardo del Rivero Martínez, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica), Érik Juárez Blanquet (rúbrica), Norberto Antonio Martínez Soto (rúbrica), secretarios; Fidel Kuri Grajales, Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa, Maricela Serrano Hernández (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Juan Corral Mier, Eloísa Chavarrias Barajas (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte, Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica en abstención), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica en abstención), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Muchas gracias, estimado presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el pasado 7 de abril senadores de diversos grupos parlamentarios presentaron la iniciativa de reforma a los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Cinco días después, el 12 de abril, fue presentado y aprobado el dictamen en el pleno del Senado.

Ha sido enviada a la Comisión de Vivienda, que es la responsable de discutir este dictamen y hemos aprobado el mismo la semana pasada, y hoy vengo con ustedes a pedirles la votación para este dictamen por los siguientes motivos.

Como ustedes recordarán, esta reforma constitucional desvinculó el salario mínimo de la función que adquirió como unidad de cuenta para multitud de efectos legales y económicos. Me refiero a las modificaciones motivadas por el decreto del 27 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación, donde se declaró reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, cuyo objetivo primordial es contribuir a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

Derivado de esta reforma se ha iniciado un proceso de armonización legal. Es por esto que la minuta propone modificar aquellos artículos de la Ley del Infonavit que hacen referencia al salario mínimo como medida de referencia, para usar en lugar la unidad de medida y actualización.

Esta reforma también adopta las medidas financieras adecuadas para evitar algún impacto financiero en el instituto a causa de este cambio. Esto significa asegurar que los trabajadores que no tengan un crédito cuenten con rendimientos garantizados en sus subcuentas de vivienda y para los que ya lo tienen, que el ajuste de su saldo sea el menor posible.

Es importante resaltar que la reforma también prevé que cuando el salario mínimo se incremente por encima de la unidad de medida y actualización, el instituto no podrá actualizar el saldo de los créditos otorgados en salarios mínimos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la UMA durante el mismo año, con el propósito de no afectar a los derechohabientes.

Así se propicia que los trabajadores continúen teniendo rendimientos y que el Infonavit no sufra pérdidas a causa de la diferencia y posible disparidad en el incremento anual de los créditos hipotecarios otorgados con base en salarios mínimos, en UMAS y aquellos que se otorguen en pesos, mismos que constituyen el activo de ese organismo público y que se actualizan conforme a los niveles de la inflación.

Por lo anterior, los diputados que integramos la Comisión de Vivienda, consideramos que esta reforma es pertinente, es responsable y es adecuada a la realidad de nuestro país.

Nos sumamos a la postura del Senado de la República, en el sentido de modificar el Segundo transitorio de la iniciativa presentada y precisar un periodo de transición a partir de la publicación de la reforma constitucional.

El Infonavit podrá seguir otorgando créditos que estén referenciados o actualizados con base en el salario mínimo por 720 días, a partir del 27 de enero del presente año.

Por lo que he expuesto, la Comisión de Vivienda acordó que es de aprobar totalmente y en todos sus términos la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, enviado por la Cámara de Senadores.

Por lo que se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, el proyecto de decreto que les he comentado. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Viggiano.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, ya tenemos integrada una lista de diputadas y de diputados. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Buen día a todos. Muchas gracias. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social hoy venimos a dar un posicionamiento, por supuesto, a favor, porque entendemos que esta reforma al 39, 44, 55 de la Ley de Infonavit es vital, por muchas razones.

En primer lugar, por una obligatoriedad, derivado de la reforma constitucional desindexar el salario mínimo hoy tenemos que adecuarlos, las leyes secundarias, es a lo que hoy obedece esta reforma, en primer lugar. Adecuar el marco jurídico nacional es un mandato de ley, incluso, en los ámbitos locales y en los tres niveles de gobierno, si en su caso así aplica.

Por otro lado, también beneficia esta reforma, por supuesto, a los trabajadores. Desindexar el salario mínimo y tomar el UMA como medida, creo que es una oportunidad de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores. Va a favor de ellos y, por tanto, no habría una objeción, considero en lo personal, por ningún grupo parlamentario.

En ese contexto nosotros estamos a favor, porque además esta reforma fortalece y le da viabilidad financiera, le da fortaleza a los balances financieros del Instituto del Infonavit. Esto es importante por muchas razones, pero la que yo considero en términos del tiempo mencionar hoy es, que fortalece a la industria de la construcción.

Si el Infonavit se robustece de manera financiera, si le damos la oportunidad de seguir otorgando créditos, si le damos el orden derivado de que aun los que están firmados con salarios mínimos y si las partes estipulan hacer lo contrario y sumarse al UMA, creo que esto debe a fortalecer y darle mayor posibilidad de inversión, en este caso a la industria de la construcción, que ustedes saben esta en detrimento ahorita.

Hoy un indicador económico fundamental para medir la fortaleza de una economía, sin duda, está en la construcción, y con esta reforma por supuesto que de una manera directa vamos a darle fortalecimiento al Infonavit y, por tanto, viabilidad para que sigan invirtiendo y el sector construcción se siga abasteciendo de obra. En ese contexto, el Partido Encuentro Social está a favor.

Además, otra razón fundamental con la cual termino, amigas diputadas y diputados, es que los documentos básicos de nuestro Partido Encuentro Social, en su parte programática destacan y dan prioridad al fortalecimiento de los mexicanos al tener derecho a una vivienda digna, y por supuesto, en menor costo y con mayor bienestar.

Ahí está la fortaleza y por eso hoy nos da mucho gusto participar en esta iniciativa que se deriva del Senado, estamos de acuerdo y vamos a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guizar. Tiene ahora la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Mariano Lara Salazar:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, durante años el salario mínimo estuvo ligado a múltiples efectos legales económicos como unidad de cuenta. Se ha utilizado en 149 ordenamientos legales federales para efecto de calcular multas, sanciones a créditos del Infonavit, prerrogativas a partidos políticos, gastos de campaña de los candidatos en procesos electorales, cuotas para el pago de derechos y obligaciones e indemnizaciones administrativas.

El 27 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, desvinculándolo de la función como unidad de cuenta.

Derivado de esta reforma resulta necesario realizar las adecuaciones que correspondan, así como modificar las leyes y ordenamientos, a fin de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia.

En este sentido, el dictamen que hoy nos propone modificar los artículos 39, 44 y 45 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores que hacen referencia al salario mínimo como unidad de medida.

En Nueva Alianza entendemos la importancia de estas modificaciones y votaremos a favor de este dictamen para evitar algún impacto financiero negativo en el Instituto, y por consecuencia, en las familias mexicanas.

La desindexación del salario mínimo tiene una gran relevancia en el ámbito de competencia del Infonavit. No olvidemos que los créditos otorgados por el Instituto han sido con base en los salarios mínimos, de tal suerte que se hace necesario brindar seguridad jurídica a los trabajadores que cuenten con un crédito firmado en determinados salarios mínimos, para que no pierda las condiciones de ventaja y de protección. Por ello, estos créditos se actualizan anualmente con el incremento que resulte menor entre el salario mínimo y la unidad de medida actualizada.

Compañeras y compañeros, sin duda la inversión más importante que una persona puede hacer a favor de su patrimonio es la adquisición o mejora de una vivienda. El acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho social y universal consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La labor que el Infonavit ha hecho durante años para desarrollar y promover la vivienda digna a miles de trabajadores mexicanos ha sido trascendental. Brindarles certeza jurídica y estabilidad financiera es asegurar su viabilidad para que continúe brindando a los trabajadores la garantía de su derecho humano a una vivienda digna. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Tiene ahora la palabra la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La razón por la que la preocupación mata más que el trabajo es porque hay más gente que se preocupa que la que trabaja.

México es un país que lo tiene todo: recursos materiales, minerales, ecosistemas, personas preparadas con un amplio conocimiento a explotar. Durante muchos años los mexicanos, a pesar de que han dado lo mejor de sí por sus familias y el país, han estado condenados a no lograr la estabilidad financiera para el mantenimiento propio y de los integrantes del hogar. Esto debido al déficit en el salario mínimo.

Como país ocupamos el segundo lugar, después de Haití, con el salario más bajo a nivel América Latina. Y tenemos al mismo tiempo, después de Chile, el segundo lugar en productividad. Algo totalmente incongruente.

En este sentido, la actual legislatura está dando un paso fundamental, prueba de la voluntad que tenemos los aquí presentes de mejorar la calidad de vida del sector trabajador de México, al aprobar la desindexación del salario mínimo.

El día de hoy nos encontramos frente a una gran oportunidad para dar herramientas a los trabajadores, un grupo que por mucho tiempo ha estado vulnerable, por contar con salarios muy bajos o con sueldos informales y por esta misma razón hoy se atienden estas demandas.

El decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, establece que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entienden referidas a la unidad de medida y actualización.

El presente dictamen que reforma los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, pretende dar cumplimiento con el decreto antes mencionado, así como de fortalecer la estabilidad financiera del instituto y proteger al trabajador de convertir su crédito de vivienda, otorgada ya sea por Fovissste, Infonavit u otras dependencias del Estado, en una deuda impagable.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos señaló con la desindexación: se da un gran paso para que el salario mínimo pueda avanzar a un mayor ritmo en su recuperación gradual y sostenida.

En Movimiento Ciudadano votaremos a favor en lo general, pues consideramos que representa la mejora en las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, es de vital importancia mencionar que no garantiza el salario digno con que una familia mexicana pueda vivir o con que pueda satisfacer sus necesidades básicas, como lo establece la Ley Federal de Trabajo en su artículo 90. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, económico y de cultura para sus hijos.

Sigamos trabajando para fortalecer el bienestar de nuestro pueblo, por un salario digno y por mejores condiciones laborales. Y hoy, más que preocuparnos, enfoquémonos por trabajar por un México mejor. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Garzón. Tiene ahora la palabra, el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo:Buenos días. Con el permiso, señor presidente. Compañeros, compañeras diputadas. El día de hoy hago uso de la tribuna para posicionar a mi Grupo Parlamentario de Morena en relación a este dictamen de la minuta del Senado que reforma los artículos 39, 44, 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Viviendas para los Trabajadores, nuestro Infonavit.

Es una minuta que sus promotores pretenden justificar como un gran logro a favor de los trabajadores derivado de la reforma en que se desvincula el salario mínimo en relación a las diferentes variables que requieren la actualización anual.

En realidad esa desvinculación solo evita que eventuales alzas en otras variables sean utilizadas como pretexto para no incrementar los salarios mínimos. Ahora esas variables se actualizarán en los términos de la unidad de medidas y actualizaciones.

No obstante, en el caso del Infonavit los créditos a los trabajadores persisten un gran injusticia resultante de las condiciones contractuales que se aplican a los créditos hipotecarios en ese instituto que los resuelve muy caros, pero quienes requieren más bien un trato preferencial.

Los trabajadores mexicanos que adquirieron casa del Infonavit enfrentan las consecuencias de la corrupción de desarrolladoras y funcionarios corruptos que permiten entregar viviendas sin servicios que lejos de ser una solución a las necesidades de techo de las familias, les resta bienestar porque deben pagar intereses y una actualización anual de sus sueldos, lo que impacta gravemente en los pagos que deben hacer cada mes, y a eso se suma el costo de los servicios que deben pagar.

Desafortunadamente el dictamen que ahora se debate solo busca aprovechar de la reforma que desvincula los cobros, las multas y otras variables para disimular un beneficio para las cientos de miles de familias que compraron casa del Infonavit.

Con esta reforma sus promotores evitan buscar una solución real. La finalidad de esta reforma reside en cambiar el factor de actualización de salarios mínimos. Bajo la propuesta de éstas crecerá más lamentablemente.

Por cierto, es posible que ese cambio implique un impacto presupuestario que no vemos en el dictamen. El problema está en las propuestas que consideran en el saldo que debe seguir ajustando.

De acuerdo con la UMA, es decir de acuerdo con la inflación, esta propuesta, sumada a las tasas, deben de pagar a la incertidumbre que enfrenta el mundo laboral, se vuelven imposible de pagar créditos del Infonavit. Por esa razón hay cientos de miles de viviendas abandonadas en el Infonavit.

Nosotros en Morena consideramos que la solución al grave problema que enfrentan los trabajadores mexicanos consiste en el Infonavit ofrezca créditos en pesos, con tasas accesibles, sin actualización de saldos ni salarios mínimos ni en UMA.

Lo otro es apenas un ligero alivio que no resuelve la pérdida del bienestar que implica el pago de créditos del Infonavit a los trabajadores mexicanos. Por eso Morena votará en abstención. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guzmán. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Alberto Torres Rivas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Francisco Alberto Torres Rivas:Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, ante las condiciones de la economía familiar que ha sido golpeada por diversos factores tanto nacionales como internacionales, se han tomado medidas enfocadas a recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Sabemos que para lograr que las y los mexicanos tengan acceso a servicios y productos que les permita mejorar sus condiciones de vida, tendremos que transitar por un largo camino, y hablando en términos legislativos, tenemos que realizar un arduo trabajo para modificar marcos normativos que por ser obsoletos, no permiten a la sociedad e instituciones gubernamentales, enfrentar los retos de una sociedad cada vez más compleja.

En ese sentido la modificación hecha para dejar de utilizar el salario mínimo como base para los pagos de derechos y multas, la llamada desindexación, ayuda a que las percepciones de los trabajadores pueda aumentar sin que esto repercuta en aumentos o modificaciones en los pagos de derechos y sanciones.

Así en la misma propuesta se creó la Unidad de Medida y Actualización, UMA, para sustituir al salario mínimo como escala para el pago de algunas obligaciones, tales como los créditos del Infonavit.

En congruencia con el decreto que dio origen a esta unidad, se estableció la obligación del Congreso de la Unión para realizar las las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos afectados para eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, y a su vez, sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Esta nueva disposición impide que los trabajadores, quienes desean formar un patrimonio inmobiliario por medio de los préstamos otorgados por el Infonavit, se vean acorralados por posibles incrementos al salario mínimo que provocarán el consecuente aumento de su deuda crediticia.

El origen del Infonavit responde a la obligación del gobierno para apoyar a los trabajadores en aras de que logren hacerse con una vivienda digna, lo cual, en cierta medida se vería obstaculizado si no se realizan las modificaciones que hoy se proponen.

Los casos de viviendas que han sido abandonadas por causas de deudas impagables, han sido un tema recurrente en la agenda del gobierno de la República, en los medios de comunicación y también en el ámbito legislativo, lo mismo que la constante incertidumbre del aumento de las deudas al inicio de cada año, a causa de la adecuación que se hacía conforme al salario mínimo.

Con la aprobación de la presente iniciativa, compañeros diputados, podremos ayudar para aliviar una de las preocupaciones de los trabajadores, y aunque esto parezca un esfuerzo mínimo, lo cierto es que para aquellos que enfrentan esta carga económica, significará contar con una herramienta actualizada que permita un cálculo favorable en los créditos solicitados al Infonavit.

Con esta propuesta los legisladores daremos cumplimiento al mandato constitucional que nos exige proporcionar certeza jurídica al eliminar las referencias de salario mínimo en las diversas leyes y que causen confusión al momento de su interpretación.

Como representantes populares, sabemos de la situación tan complicada que viven las familias mexicanas que contribuyen al desarrollo de nuestro país con su trabajo y con adquisición de bienes, por lo que merecen las condiciones oportunas de crecimiento que sirvan para impulsar su propio desarrollo, por lo cual, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torres. Tiene ahora la palabra el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del PRD. Está terminando de ponerse guapo, pretende pues, pretendes.

El diputado Norberto Antonio Martínez Soto:Presidente, con su venia. Compañeras, compañeros, el presente dictamen sobre la minuta del Senado que propone modificar los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Infonavit en gran medida atiende las adecuaciones normativas que eliminan las referencias del salario mínimo como una unidad de cuenta, como índice, como base o como medida de referencia, haciendo la situación por el concepto de unidad de medida y actualización.

Estas modificaciones son armónicas con la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, reforma que por cierto arropamos y empujamos el Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados, buscando desencadenar el concepto de salario mínimo y la distorsión al contemplarle como un referente de valor de mercado y no como un derecho constitucional a favor de las y los trabajadores.

Eliminar entonces la denominación de salario mínimo en la Ley del Infonavit tiene como finalidad evitar un impacto financiero negativo en el instituto y asegurar un rendimiento mínimo garantizado en la subcuenta de vivienda de los trabajadores.

Coincidimos en que se debe fortalecer el marco normativo del instituto, asegurando su permanencia y sanos niveles de rentabilidad para que pueda cumplir con su doble función: por un lado, ser el garante hipotecario con la finalidad de que las y los trabajadores tengan acceso a un financiamiento para una vivienda digna; por el otro, ser pensionado velando e irlo integrando a sus derechohabientes los ahorros de toda una vida, de todo un esfuerzo, de todo un empeño, incluyendo los intereses justos y competitivos.

Por ello se debe establecer una normatividad clara que regule los créditos otorgados en veces salario mínimo, en la hipótesis de que el salario mínimo se incremente por encima de la unidad de medida y actualización.

Para este caso el instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha unidad de medida y actualización durante el mismo año, lo anterior con el propósito de no afectar a los derechohabientes y blindar al Infonavit para que no sufra una pérdida en su balance financiero.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, tenemos un deber histórico con el pueblo de México, un compromiso histórico con la base trabajadora. Debemos dejar bien claro que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es una institución bancaria o de fines bursátiles, es un instituto de las y los trabajadores de este país y es de carácter social.

Por esta razón, la fracción parlamentaria del PRD votará a favor del presente dictamen, convencido de que las y los trabajadores se verán beneficiados con un instituto sólido, con manejos financieros transparentes y sin discrecionalidad. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Nadia Haydee Vega Olivas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo tiene diversos propósitos, pues a pesar de que sólo se modifican tres artículos de la Ley del Infonavit estamos hablando de una reforma de la mayor importancia, que busca cumplir con los plazos establecidos en la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada el 27 de enero de 2016 para eliminar que el salario mínimo sea considerado como una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y que de esta forma contribuyamos a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo gradualmente la pérdida acumulada por más de tres décadas.

En segundo lugar, el dictamen pretende mantener la naturaleza social del Infonavit, la cual se sustenta en el principio de solidaridad para otorgar créditos accesibles para la vivienda, por lo que se cuida la liquidez y estabilidad financiera del Instituto para todos los derechohabientes presentes y futuros.

Un tercer objetivo del presente dictamen que elaboramos en la Comisión de Vivienda, es evitar una afectación a los trabajadores que están pagando su crédito hipotecario, protegiendo la actualización del monto otorgado como la tasa de interés correspondiente con base en la unidad de medida y actualización, pesos, o incluso aquellos que se otorgaron y otorguen con base en veces de salario mínimo.

En todos los casos, compañeras y compañeros, buscamos apoyar las condiciones económicas de los derechohabientes y el balance financiero de mediano y largo plazo del Instituto.

De igual forma, estamos respondiendo a una preocupación de muchos trabajadores y derechohabientes del Infonavit, quienes ante las versiones de posibles aumentos sustanciales al salario mínimo pensaron que los montos de sus créditos hipotecarios también aumentarían y representarían una nueva carga para ellos y sus familias.

Recordemos que prácticamente uno de cada cuatro mexicanos habita una vivienda financiada por el Infonavit y que poco más del 50 por ciento de los créditos están destinados a trabajadores con un ingreso menor a cuatro salarios mínimos. Es así que con esta reforma los y las diputados de la LXIII Legislatura contribuiremos a que el Infonavit siga cumpliendo la misión que viene realizando por más de 40 años: generar valor para las y los trabajadores, sus familias, comunidades, a través de soluciones que les permitan incrementar su patrimonio y su calidad de vida de una forma sustentable y digna, tanto a lo largo de su vida laboral como durante su retiro.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en congruencia con su responsabilidad histórica en beneficio de los mexicanos, votará a favor de este dictamen, convencidos de que estamos avanzando en uno de los derechos humanos básicos para el ejercicio de otros derechos, como es la vivienda, elemento generador del desarrollo social.

Antes de concluir aprovecho también para reconocer y felicitar al Infonavit y a todos sus servidores públicos que han colaborado en esta institución, ya que el día de mañana, 21 de abril, cumple 44 años de ofrecer vivienda digna a los trabajadores mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Vega. Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Luis Sáenz Soto:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, velar por el bienestar de los trabajadores y de su patrimonio es nuestra tarea como legisladores.

En términos del decreto del 27 de enero de 2006, mediante el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se estableció la creación de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas, el Distrito Federal, así como de las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Por eso se hacía necesaria la armonización de la Ley del Infonavit con el anterior decreto, por lo que en fecha 13 de abril se presentó a la Comisión de Vivienda la propuesta de reforma a los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El día de ayer, como todos sabemos, durante la sesión se dio el trámite de publicidad haciendo la declaratoria y hoy la fracción parlamentaria del PRI manifiesta a este pleno y a la nación, que esta reforma implica eliminar la referencia de salarios mínimos como referencia o medida de cuenta, adoptar la Unidad de Medida y Actualización como referencia o medida de cuenta, y precisar que los intereses que se causan a favor del saldo de la subcuenta de vivienda se determine también en los créditos hipotecarios en veces al salario mínimo, conforme al incremento al salario mínimo.

Este caso solamente aplicaría a los créditos aplicados con anterioridad a la reforma constitucional y a los créditos que se otorguen en el periodo de los 720 días después de la publicación de la reforma en los términos de sus artículos transitorios.

A los créditos en pesos conforme a la tasa de interés promedio que resulte de promediar los incrementos en el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones de los últimos cinco años y a la proporción asociada a los activos financieros no considerados en los créditos anteriores, se les aplicará el retorno de referencia que haya aprobado el Consejo de Administración.

El saldo de los créditos que se otorguen después de la reforma se actualizarán anualmente conforme al incremento de la Unidad de Medida y Actualización, con esto se garantiza que no habrá para ellos ni gastos adicionales ni mayores trámites, pues sus créditos continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados, pero estableciendo una disposición de protección, pues siempre se actualizarán a la tasa mejor entre Unidad de Medida y Actualización y veces de salarios mínimo, protegiendo así su ingreso familiar y su patrimonio.

Esta armonización beneficia la estabilidad financiera que permite a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición de vivienda, brinda certeza jurídica a todos los trabajadores derechohabientes durante cada etapa de la vida del crédito, y da la certeza en el largo plazo al otorgamiento de mejores condiciones financieras a la hora de su retiro, con intereses competitivos.

Señoras y señores diputados, esta reforma garantizará la estabilidad financiera del Infonavit, resaltando que los recursos que integran el Fondo Nacional de la Vivienda son patrimonio de los trabajadores. Enhorabuena a todos y gracias por su apoyo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sáenz.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que están por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Compañeros, ¿Hace falta alguno de emitir su voto? El sistema de votación sigue abierto para que puedan emitir su voto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de maestros sindicalizados de la Universidad de Guadalajara, invitados por el diputado Ramón Bañales Arambula. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Alguno de nuestros compañeros hace falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 373 votos a favor, 33 abstenciones, 0 votos en contra de un total de 406 diputados presentes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 373 votos, el proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único, y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un título séptimo, con un capítulo único y los artículos 145 a 147, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de una Comisión Bicameral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 40, numerales 1 y 2; y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1, 85, 87, 95, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I; y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta dictaminadora somete a la consideración de esta asamblea, el presente dictamen, de conformidad con la siguiente

Metodología

Esta dictaminadora, encargada del análisis de la minuta en estudio, acordó concretar su trabajo mediante el procedimiento que a continuación se expone:

I. En el capítulo “Antecedentes”, se da cuenta con los trámites de inicio del proceso legislativo de la presente minuta, así como del dictamen emitido por la colegisladora; y, del recibo y turno acordado al interior de esta Cámara.

II. Por lo que respecta al capítulo denominado “Contenido de la minuta con proyecto de decreto”, se destacan los aspectos más relevantes en los cuales, los legisladores promoventes y dictaminadores, fundamentan sus argumentos para realizar su propuesta de reforma a la ley vigente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y las valoraciones que expresaron para aprobar la inclusión de un nuevo título, que creará la Comisión Bicameral referida.

III. En lo que respecta a las “Consideraciones” de este dictamen, quienes integramos esta Codictaminadora de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y en aras de coadyuvar a un sano proceso de transformación en la implementación de las políticas públicas de nuestro país, hemos vertido las valoraciones y los motivos por los cuales sustentamos la viabilidad de este proyecto de decreto que nos ocupa.

Antecedentes

1. El pleno de la Cámara de Senadores, en sesión de fecha miércoles 10 de diciembre de 2014, aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, que contenía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

2. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Colegisladora, remite a esta Cámara, la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

3. Mediante oficio D.G.P.L. 62-II-6-1943. de fecha martes 3 de febrero de 2015, la Mesa Directiva de esta Cámara, remitió el expediente con la minuta en estudio a esta Codictaminadora,

4. El martes 13 de octubre de 2015, a través de oficio, con folio 0813, la Mesa Directiva de esta soberanía, hace mención del trámite y al estado que guarda el asunto que nos ocupa, realizando un exhorto para impulsar la dictaminación de la minuta referida.

Contenido de la minuta con proyecto de decreto

A. Se señala que la propuesta de decreto, tiene como finalidad una transformación sustancial de la actividad de gobierno del Estado mexicano, en cuanto a su productividad, divulgación y adecuación del marco legal que rigen las atribuciones de sus organismos, al pretender fortalecer el derecho de acceso a la información y la consolidación de las instituciones garantes en el ejercicio de la transparencia.

Mencionan también, que el fortalecimiento de este derecho, se vio reflejado en la publicación de la reciente reforma constitucional, que amplió el catálogo de los organismos de gobierno que ahora son sujetos obligados a la trasparencia y la rendición de cuentas, señalando además, que con estas nuevas disposiciones se fija la obligación en materia de transparencia al Congreso de la Unión, que deberá armonizar con el precepto constitucional reformando su normatividad en esta materia.

B. Ambos legisladores, promoventes y dictaminadores, hacen hincapié en la dinámica de cambio cultural internacional, que ha promovido la apertura gubernamental como medio de fomento a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas; haciendo referencia a la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa internacional suscrita por ocho países, y la cual está basada en los ejes fundamentales de:

a. Transparencia a la información pública gubernamental;

b. Participación ciudadana; y

c. Rendición de cuentas.

C. Cabe destacar, que tanto en la Exposición de Motivos de la iniciativa de origen, como en las consideraciones del dictamen de la Colegisladora, se menciona la adición de un Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; adición a través de la cual se busca plasmar las principales modificaciones de la reforma constitucional al artículo 6o.

Estas obligaciones, se menciona, serán observadas por una Comisión Bicameral que garantizará a nuestra ciudadanía un eficiente acceso a la información del Congreso de la Unión, que a través de la emisión de opiniones no vinculantes, referirá la actividad legislativa, así como la divulgación de documentos, archivos e información correspondiente.

Consideraciones

Primera. Las legisladoras y legisladores que integramos esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, entendemos la importancia que implica la inclusión en los ordenamientos, de elementos que contribuyen a incrementar la eficacia en la actividad de la función pública y de representatividad, de ahí que consideremos a la transparencia y la rendición de cuentas, como mecanismos de impulso para una democracia encaminada hacia una gestión pública más abierta a la ciudadanía.

Ciudadanía que a través de este instrumento, ha encontrado un medio para obtener información, y enterarse de los actos y el uso de los recursos que administra el Estado, situación que aporta confiabilidad en sus derechos.

Segunda. Ahora bien, en nuestro país, la transparencia y el acceso a la información, están garantizados como un principio contenido en los artículos 6o. apartado A y 8o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que otorga en una primera instancia, un carácter de obligatoriedad para los órganos de gobierno del Estado mexicano, además de contemplar los principios de Gobierno Digital y Datos Abiertos.

De igual manera, es la fracción XXIX-S del artículo 73 de la nombrada Carta Magna, que otorga como atribución al Congreso de la Unión, la expedición de leyes en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de autoridades, y organismos de todos los niveles de gobierno.

Mecanismos con los que se pretende asegurar una funcional apertura gubernamental, en un Congreso Mexicano de Gobierno Abierto, tal y como se ha plasmado en la plataforma internacional de rendición de cuentas gubernamental llamada: Alianza para el Gobierno Abierto, y que ha sido suscrita por el Ejecutivo de nuestro país, el 20 de septiembre de 2011 en la ciudad de Nueva York.

Tercera. Sin embargo, es con la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, que se contempla como sujeto obligado en materia de transparencia y rendición de cuentas al Congreso de la Unión, quien tiene la obligatoriedad constitucional de armonizar su normatividad conforme lo señala el transitorio segundo de éste.

De igual manera, los transitorios segundo y quinto del decreto de fecha 20 de julio de 2007, establecen la obligación de la federación, de las entidades federativas, y del Distrito Federal de adecuar sus leyes en materia de acceso a la información pública y de transparencia; además de contemplar a las legislaturas de los estados, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Cuarta. Finalmente, se ratifica que con esta modificación, y al adicionar un Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pretende incluir los principales puntos de esta reforma constitucional, y definir las obligaciones en materia de acceso a la información que estarán reguladas por una Comisión Bicameral que incluirá todos aquellos aspectos relacionados con la materia, además de que será garante de la protección de los derechos personales y de las directrices en la misma.

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados federales que integramos esta Codictaminadora, coincidimos en emitir el sentido positivo del presente dictamen, razón por la cual sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara, el siguiente:

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título SéptimoDe la trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivo y apertura gubernamental

Capítulo Único

Artículo 145.

1. Toda la información del Congreso de la Unión y de cada una de sus Cámaras es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

2. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso a la información pública del Congreso de la Unión y de cada una de sus Cámaras, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

3. Las entidades responsables del Congreso General y de cada una de sus Cámaras deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

4. El Congreso de la Unión contemplará la inclusión de principios, políticas y mecanismos de apertura gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, impulsando preferentemente la utilización de tecnologías de la información al interior de cada una de sus Cámaras y mediante su función legislativa.

Artículo 146.

1. Para la conducción de las actividades y políticas en materia del derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, archivo, transparencia y apertura gubernamental del Congreso de la Unión y cada una de sus Cámaras, se constituye la Comisión Bicamaral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto.

2. La Comisión estará integrada por un número igual de diputados y senadores que representen la pluralidad partidista en cada una de las Cámaras.

3. Sus integrantes serán electos por el pleno de cada Cámara a propuesta de la Junta de Coordinación política correspondiente. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

4. La presidencia de la Comisión será rotativa y recaerá alternativamente en un senador y un diputado durante un año de ejercicio legislativo. La designación será realizada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de correspondiente.

5. Al concluir su encargo el presidente de la Comisión presentará a las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras, un informe público de actividades.

Artículo 147.

1. La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer a las respectivas Mesas Directivas de las Cámaras, mediante acuerdos de sus miembros, los lineamientos, políticas, mecanismos y/o propuestas de modificaciones a la normatividad interna en las siguientes materias:

a. Derecho de acceso a la información pública;

b. Transparencia proactiva de la información;

c. Protección de datos personales;

d. Conservación y disposición archivística; y

e. Apertura gubernamental.

II. Coadyuvar con las entidades responsables del Congreso General, y al interior de cada una de las Cámaras, en la aplicación, instrumentación y cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de las materias citadas en la fracción anterior.

III. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las entidades del Congreso de la Unión y de cada una de las Cámaras, para que se dé cumplimiento a las obligaciones y atribuciones legales de las materias citadas en la fracción primera de este numeral;

IV. Representar por medio de su presidente, en coordinación con las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras, al Poder Legislativo federal ante el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;

V. Celebrar, con aprobación de las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras, convenios de colaboración con entidades del Poder Ejecutivo federal, del Poder Judicial de la Federación, organismos constitucionalmente autónomos, entidades federativas, congresos locales y municipios, en tanto su objeto verse sobre las materias objeto de la Comisión;

VI. Celebrar, con aprobación de las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras, convenios de colaboración con organizaciones y/o personas físicas o morales de la sociedad civil para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;

VII. Analizar y presentar, a solicitud de alguno de sus miembros y previa autorización de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente, opinión a las comisiones dictaminadoras de iniciativas presentadas y turnadas que, total o parcialmente, incluyan disposiciones relacionadas con las materias objeto de la Comisión; la cual deberá ser remitida oportunamente a los presidentes de dichas comisiones para que sean sometidas a consideración de sus integrantes durante el proceso de dictaminación, y

VIII. Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.

Transitorios

Artículo Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Salvo lo previsto en el siguiente artículo transitorio, sus preceptos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Por única ocasión, la Comisión Bicamaral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto, deberá quedar constituida a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Será presidida por el o la senadora que designe la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Así fue resuelto por los integrantes de esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en su reunión de fecha 1 de diciembre de 2015.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio Guerra Urbiola, Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica en contra), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (rúbrica en abstención), Marko Antonio Cortés Mendoza, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen de conformidad con el Reglamento de la Cámara de diputados.

El diputado Jorge Triana Tena:Con el permiso de la Presidencia. Antes de iniciar esta fundamentación de dictamen, quiero mencionar que estaremos entregando en su oportunidad, una adenda al proyecto referido, para sustituir el concepto de gobierno por el de parlamento abierto.

El día de ayer esta Cámara de Diputados fue testigo de la discusión de la actualización de normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública, que incorpora al orden jurídico nacional y con ello a las prácticas que deben convertir al actuar del gobierno en una verdadera caja de cristal con todos y cada uno de sus órdenes.

Por ello, el dictamen que nos ocupa es de gran oportunidad para este Poder Legislativo, pues se contempla la creación de una comisión bicameral en materia de transparencia, cuyas atribuciones serán las de proponer a las Mesas Directivas de las Cámaras mediante acuerdos de sus miembros, los lineamientos, políticas, mecanismos y propuestas de modificación a la normatividad interna en lo referente al derecho a la información pública, la transparencia proactiva de la información, la protección de datos personales, mecanismos eficaces de conservación y disposición archivística y de apertura gubernamental.

No hay duda, que la transparencia en la vida pública produce efectos positivos en la vida política y social del país. Los medios de comunicación líderes de opinión y sociedad civil, alimentan en buena medida la información pública, así es que el ciudadano puede enterarse directamente de la decisión gubernamental a través de los medios masivos de comunicación.

Se ha afirmado con sobrada razón que al escrutinio público inhibe la irrupción e impulsa la rendición de cuentas de aquellos que detentamos un cargo. Fue precisamente esta la razón por la que este Congreso de la Unión amplió de manera importante el catálogo de sujetos obligados a fin de que se abran al escrutinio público áreas que no era posible explorar, entre ellas el Congreso y sus Cámaras, los grupos parlamentarios y los fideicomisos que estos lleguen a establecer en su oportunidad.

Por ello coincidimos en la propuesta de la Colegisladora en el sentido de que debe existir una comisión de carácter bilateral que represente al Congreso ante el órgano garante y emita recomendaciones con lineamientos para que el ciudadano reciba un trato similar en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

La transparencia es pilar de la democracia y su ejercicio constante, sin adjetivos, representa apertura gubernamental y un cambio cultural que fomenta la participación ciudadana.

Estamos ciertos que a mayores mecanismos de transparencia y facilitándole el camino de la información al ciudadano, consolidamos y fortalecemos las instituciones al hacer que prevalezca por sobre toda práctica oscura el principio de máxima publicidad.

Es así que esta comisión considera positiva la adición a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la adición de un título séptimo denominado De la transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivo y apertura gubernamental, agregando que resulta por demás oportuno y congruente con el mandato constitucional y legal recientemente discutido.

Impulsar la transparencia en el seno del Poder Legislativo es contribuir en la edificación de un México democrático donde prevalezca la honestidad e integridad en el servicio público, se prevenga y combata la corrupción, promueva la responsabilidad y eficacia en la gestión pública y empodere de manera significativa a los ciudadanos.

En este título séptimo, donde se incluirán las obligaciones de la nueva comisión bicameral encargada de actualizar la hipótesis que establece el artículo 6o. constitucional, contempla atribuciones que garantizan a los ciudadanos para el acceso a la información del Congreso de la Unión como sujeto obligado siempre.

Precisamente porque es la Constitución, la que de manera clara establece que el sujeto obligado no es una Cámara en particular, sino el Congreso de la Unión, es que se coincide que el órgano encargado de estas funciones debe ser una comisión bicameral con funciones debidamente establecidas.

En suma, el escrutinio público sustentado en información confiable, veraz y oportuno, permite evaluar a los gobernantes, inhibir conductas ilegales, contribuye a la rendición de cuentas, controla y delimita el poder público, el fortalecimiento de la autoridad política y realiza acciones de mejora de todo ello el Congreso de la Unión, que debe ser actor principal.

Esta comisión dictaminadora considera procedente y apegado al marco constitucional, legal y convencional que rige la materia, la aprobación de la minuta que adiciona diversas disposiciones en materia de transparencia enviada de la Cámara de Senadores, ya que la misma permitirá que el Poder Legislativo cuente con un órgano que fomente el desarrollo de políticas conforme a los estándares nacionales e internacionales de las mejores prácticas en la materia para asegurar que en el Congreso de la Unión se respete este derecho humano. Así el buen juez por su casa empieza. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Triana. Usted anunció la presentación de una adenda, la hará en próximos minutos, no la trae ahorita ¿verdad? para que, bien, gracias.

Está a discusión en lo general y en lo particular, y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios ya tenemos integrada una lista de diputadas y diputados, y por lo tanto tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, distinguido auditorio, distinguidos ciudadanos que nos ven en el Canal del Congreso, a nombre de los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, manifiesto nuestra posición respecto al proyecto de decreto por el cual se adiciona un título séptimo con un capítulo único y los artículos 145 al 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En Encuentro Social sabemos de la importancia que implica la inclusión de la transparencia y la rendición de cuentas que en los ordenamientos que legislan la actividad de la función pública. Por lo tanto consideramos ambos elementos son mecanismos que deberán impulsar a la democracia para enfocarla a una gestión pública más abierta, un Congreso abierto.

Como se establece en los artículos 6o., y 8o., constitucionales, además del artículo 73, que da la facultad de los congresos para expedir leyes generales, reglamentarias, que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de autoridades y entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

Votaremos a favor del presente proyecto porque manifiesta la disposición de una transformación importante en cuanto a la productividad, divulgación, adecuación del marco legal que rigen las atribuciones de los organismos al pretender fortalecer el derecho del acceso a la información y la consolidación de las instituciones garantes en el ejercicio de la transparencia.

Lo anterior será posible porque la información del Congreso de la Unión será pública, y sólo para ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijan las leyes.

El trabajo para transparentar no ha sido fácil, sin embargo celebramos que exista la alianza para que el gobierno abierto, en la que desde 2011 nuestro país se encuentra suscrito. Alianza en que nos comprometimos aumentar la integridad pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la rendición de cuentas corporativas y mejorar los servicios públicos.

Además de que se establecen ejes fundamentales en esta alianza internacional donde se habla de la transparencia a la información pública gubernamental, de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas.

También vemos la integración de una comisión bicamaral de acceso a la información, protección de datos personales y de un gobierno abierto, de un congreso abierto, dándose un paso muy importante para ejemplificar todos los trabajos que se han realizado en el combate a la corrupción y el acceso a la información para el Congreso.

Es importante decirlo, todo lo que hagamos, todas las reuniones que tengamos, todas las acciones que realicemos, todos los recursos que ejecutemos y acciones que llevemos a cabo a partir de que se publique esta ley, deberán ser transparentes.

Nadie podrá negar, nadie podrá decir que no podrá darse información, todos tenemos la obligación de transparentar todas nuestras acciones, y es importante que este Congreso, esta Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pongamos el ejemplo y que nuestros conciudadanos vean que la Cámara de Diputados pone el ejemplo, para que todas las acciones sean transparentes. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Ferreiro. Tiene ahora la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:Estamos decididos a hacer un parlamento abierto. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen de la minuta que se somete a consideración de esta soberanía relativo a la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, el archivo y la apertura gubernamental representa un enorme avance en la construcción de un verdadero Congreso abierto.

Acorde con la reforma constitucional al artículo 6o, así como a la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recientemente aprobadas, se deriva la obligación del Poder Legislativo para hacer pública toda la información que esté en su posesión. Además, dicho precepto señala que en la interpretación del derecho de la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

La aprobación de este dictamen implica no solo el cumplimiento de un mandato constitucional, sino es una forma de recobrar la confianza ciudadana, fortalecer el Estado de derecho y procurar una mayor participación de la población en la labor legislativa.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza legislar con transparencia es un compromiso, la rendición de cuentas forma parte de nuestros principios y significa un pilar importante en nuestra ideología.

Según el Índice del Foro Económico Mundial 2015, México ocupa el lugar 57 de 140 economías. Chile, Panamá y Costa Rica ocupan posiciones más elevadas. Dicho reporte menciona como una de las principales debilidades de nuestro país la calidad de las instituciones.

En el mismo sentido, el International Institute of Management coloca a México en el 40 de 60 países evaluados en una de las áreas de peor calificación, que se refiere a eficiencia de gobierno y marco institucional. Nuestro país lamentablemente ocupa el espacio 41.

La corrupción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la competitividad del país, como lo mencionan estos y otros estudios. Si bien nuestro país ha implementado una serie de reformas destinadas a eliminar esas barreras y combatir la corrupción, como la referida al inicio de mi participación, es imperativo robustecer el Estado de derecho por medio de normas que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas.

En Nueva Alianza consideramos que es posible encontrar soluciones y recobrar la confianza en las instituciones, por ello consideramos que la aprobación de este dictamen es fundamental. Somos capaces de transformar al país. Por eso, y porque nuestra labor cotidiana le pertenece enteramente al pueblo de México, es que buscamos ser un congreso de puertas abiertas.

Que la información esté a la disposición de la ciudadanía es el primer paso para recobrar la relación de confianza entre los representantes del país y el pueblo. Acompañaremos esta reforma, coincide plenamente con nuestra esencia de apertura y transparencia. Compañeras y compañeros, seamos audaces, actuemos por México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeros, compañeras, el siglo de las luces sigue iluminando al mundo. El siglo de las luces, el siglo XVIII, sigue iluminándonos con esa siembra y abono de libertades que en su tiempo hizo con esa ruptura de las cadenas de la opresión, de los prejuicios y de los dogmas que empezó a inducir desde el pensamiento primero y después desde la acción a través de revoluciones, como la norteamericana primero, la francesa después, las hispanoamericanas más tarde.

Hemos hablado estos días de transparencia, qué bueno, pero nos hemos quedado en las ramas. Es preciso para afinar, para sembrar, para sustentar bien nuestra convicción y nuestro compromiso con la transparencia, saber de dónde viene, y eso viene de un concepto acuñado en el siglo XVIII, que es el concepto de la soberanía que reside en el pueblo.

Hasta entonces se pensaba equivocadamente y en forma primitiva, que la soberanía residía en las cabezas coronadas. Imagínense, el pueblo quedaba como un niño pequeño, incapaz, sometido, sujeto a todo tipo de obediencias. Fue entonces cuando los hombres y mujeres de ese siglo empezaron a pensar y empezaron a romper las cadenas del atavismo y a sembrar libertades, entre ellas la libertad fundamental de que los gobernantes no hacen otra cosa que representarnos y obedecer a nosotros.

En última instancia, amigos y amigas, la transparencia de que tanto hemos hablado, la transparencia que está detrás de esta Comisión que estamos ahora aprobando, esta Comisión de Acceso a la Información de orden bicameral, tiene su origen en que la soberanía, los poderes públicos no son de nosotros, son del pueblo al que representamos.

De tal manera que las facultades que tenemos, la información a la que tenemos acceso, los archivos que están en nuestras manos, los documentos que pasan por nuestras oficinas no son de nosotros; son del pueblo al que representamos y por lo tanto debe estar siempre en sus manos.

Es por eso que tanto en lo personal como a nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano, una fracción comprometida con las libertades individuales y una fracción cercana a la ciudadanía, celebro esta iniciativa y anuncio nuestro total apoyo como un paso más de esa siembra de libertades que se hizo en el siglo XVIII y que no ha tenido fin, porque todavía falta mucho por realizar. Pero, por lo pronto, estamos ya votando una comisión bicamaral, que estoy seguro será de utilidad y ayudará a que los mexicanos participen más en nuestro gobierno y estén más cerca de nosotros a las decisiones que hemos hecho y siempre debemos hacer en su nombre. Es cuanto tengo que decir, muchas gracias y buenas tardes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez.

Saludamos la presencia de un grupo de amigas y amigos de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la UNAM. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario. Tiene ahora la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Buenas tardes, diputadas, diputados, presidente. Decía un filósofo muy famoso, y les dejo de tarea quién es: la información es poder. Y en la medida en que los ciudadanos tengan acceso a ello, será más efectivo para la sociedad elementos o principios y valores, como la libertad, la independencia, la justicia, el bienestar, la democracia.

En este dictamen que hoy estamos discutiendo, se deriva de la Alianza por el Gobierno Abierto. Tiene un contexto, la cual fue formalmente lanzada en septiembre de 2011, con ocho países fundadores, entre ellos nuestro país.

La idea de un gobierno abierto se sustenta en tres pilares básicos; uno, la transparencia de la información pública gubernamental; dos, la participación ciudadana, y tres, la rendición de cuentas.

Dentro de la Alianza del Gobierno Abierto México ha participado en un importante plan de acción que se hizo entre 2013 y 2015. Pero, en septiembre de 2014, la Cámara de Senadores y de Diputados firmaron junto a representantes de la sociedad civil una declaración por el parlamento abierto.

En ella hablaron de 10 principios para el parlamento abierto, de los cuales en algunos se está avanzando y en otros no. En el derecho a la información, según estudios de la sociedad civil, hay un 100 por ciento de avance. En la accesibilidad y difusión un 67 por ciento. En información parlamentaria un 62 por ciento. En información histórica un 100 por ciento. En participación ciudadana y rendición de cuentas un 58 por ciento. En información sobre legisladores y servidores públicos un 56 por ciento. En información presupuestal y administrativa un 34 por ciento. En conflicto de intereses un 14 por ciento. Y en legislan a favor del gobierno abierto todavía no hay ningún avance en datos abiertos. Y formatos no propietarios también no hay avance.

Es importante este paso que se está dando en materia de parlamento abierto, y en Morena expresamos de manera positiva que este dictamen se esté discutiendo el día de hoy, por eso pedimos que se haga efectivo el derecho a la información. Hagamos justicia, el pueblo ya no quiere más opacidad ni más corrupción. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. Tiene ahora la palabra el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes:Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores, es cierto, “la información es poder”, Francis Bacon lo dijo. El acceso a la información ha constituido una de las luchas más significativas de las últimas décadas. La desconfianza social para con las instituciones ha crecido de una manera abismal y, sin duda alguna, hoy el pueblo de México exige cuentas claras.

Y rendir cuentas claras es responsabilidad, compromiso y obligación de este Poder Legislativo, porque es la única manera, la única vía, el único camino para construir confianza y participación sociedad y gobierno.

Por eso en este proceso de construcción de un gobierno más transparente, de un gobierno más honesto, hoy celebro la creación de esta Comisión Bicameral de Acceso a la Información, protección de datos personales y gobierno abierto.

Que a raíz de la reciente reforma en materia de transparencia viene a fortalecer el acceso a la información de los ciudadanos.

Porque queremos un órgano legislativo fuerte que proyecte certeza y seguridad a las personas que depositaron su confianza en nosotros, porque nuestro mayor compromiso es con nuestra gente, y nuestro mejor juez son nuestros resultados. Por eso, empoderar el escrutinio público siempre será un acierto.

Como jóvenes legisladores no debemos tener miedo a lo público de nuestra vida ni de nuestro andar, porque el que nada debe nada debe de temer.

Ser funcionario público o representante social es un orgullo que portaremos toda la vida. Y es nuestra oportunidad, y me dirijo sobre todo a los jóvenes para que sin malas costumbres, sin prácticas desleales y con la mejor de las intenciones subsanemos los errores del pasado, de este sistema sedimentado que le ha hecho daño a México y le demos un giro de 180 grados a la vida parlamentaria y política de este país. El futuro está en nuestras manos, vamos a favor y vamos para adelante. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valera. Nada más que cuando usted dijo que la frase de: la información es poder, dijo... –oiga, diputado Valera– cuando usted dijo que efectivamente la información es poder, y que lo había dicho Francis Bacon, el diputado Rogerio Castro hizo una seña allá, diciendo que no era cierto. Pero el doctor Google dice que sí. Tiene ahora la palabra el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras, el día de hoy en esta Cámara dimos un avance importante al aprobar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con algunas modificaciones y cumplimos con la etapa y la obligación que nos daba este Congreso. Ahora será tarea de los senadores y senadoras seguir en esta ruta y aprobar en lo más breve esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Hoy venimos a esta tribuna a señalar el voto a favor del dictamen que presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para la conformación de una Comisión Bicamaral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto.

Honrando el compromiso con nuestros electores, que claramente nos mandataron para combatir frontalmente la corrupción y la opacidad en todos los ámbitos estamos aquí para discutir y aprobar.

A través de esta Comisión Bicamaral los diputados y senadores trabajaran de manera coordinada en la idea de promover beneficios armónicos que garanticen el derecho a la información, así como la instrumentación eficaz de plataformas que permitan que toda la información que se genere en el Congreso sea preservada, sistematizada y actualizada para facilitar su consulta a quienes lo requieran.

A través de esta comisión las Cámaras del Congreso trabajarán de manera coordinada para lograr aterrizar todas las disposiciones que ya se establecen tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica y en la Ley General de Transparencia.

Con esta reforma la LXIII Legislatura hoy está dando un paso muy positivo que debe entenderse como la voluntad que tenemos los legisladores de impulsar mecanismos de rendición de cuentas, de apertura y de transparencia en aras de la construcción de una mejor relación con los ciudadanos que demandan de nosotros el compromiso de promover leyes que incorporen estos principios.

Apenas estamos dando los primeros pasos. Pronto habremos de aprobar la Ley General de Archivos y la Ley de Protección de Datos Personales en Poder de los Sujetos Obligados. Desde luego toda la legislación secundaria que hará posible la concreción del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por último, quiero manifestar que nuestro grupo parlamentario irá a favor de este dictamen con la firme convicción de apoyar al pueblo de México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega. Tiene ahora la palabra la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:Con su venia, señor presidente. Pues mister Google está un poco complicando aquí las cosas, porque Thomas Hobbes, en el Leviatán, decía: Quien tiene la información tiene el poder. Y parece que de ahí viene el otro dicho muy conocido de, La Información es poder. Creo que es importante que revisemos estas cosas y me da gusto que aquí se esté haciendo aquí.

Gracias, presidente. Gracias, diputado y diputados que hemos trabajado para traer finalmente este dictamen sobre la Comisión Bicameral de Acceso a la Información.

Hay que recordar como ya lo han dicho en esta tribuna, que el Pacto de San José, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, derechos que conllevan la libertad de recibir información y que además los Estados parte deben adoptar las medidas legislativas y de otro carácter que fuera necesario paras hacer efectivos tales derechos y libertades.

En el pacto por el Gobierno abierto que para nosotros se convierte en Parlamento abierto y que nuestro país firmó con otros siete países, se plantean tres ejes fundamentales: el eje de la transparencia, de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas.

Qué bueno que ya el año pasado, con la aprobación de la Ley General de Transparencia, con los avances que se han tenido en información pública, y finalmente con lo que ayer aprobamos aquí, que esperemos que pronto el Senado ratifique para que pueda hacerse ley, definitivamente la Ley Federal de Transparencia, pues tenemos ya lineamientos específicos para seguir en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sobre un tema tan importante para todos los mexicanos como es la transparencia, pero que se debe convertir ya no en esta expresión que todos decimos y a la cual acudimos en nuestros discursos, sino en una realidad de transparencia.

Todos hemos oído en las calles que la gente nos dice: bueno, y de qué le va a servir al ciudadano concreto el hecho de que ustedes hayan aprobado esta ley. Esto es el reto que debemos plantearnos hoy, convertir este reto en una oportunidad para que busquemos la forma de responder favorablemente a aquellos ciudadanos que nos preguntan ¿y a mí de qué me sirve que tú hayas aprobado esta iniciativa?

Haciendo votos porque esto suceda, porque esta Comisión Bicameral no se constituya simplemente en una plataforma de reuniones y de foros y de expresiones y de discusión entre nosotros, sino la vitrina a través de la cual los ciudadanos puedan ver lo que se hace en el Congreso de la Unión.

Con esta intención es con la cual el Partido Acción Nacional hoy votará a favor de esta iniciativa que se nos ha presentado. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Romero. Tiene ahora la palabra el diputado Samuel Alexis Chacón Morales, del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Dónde anda? Ahí viene ya.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales:Diputado presidente de la Cámara de Diputados, con su venia. Diputadas y diputados. Público en general. Mesa Directiva, medios de comunicación.

México necesita aprender a hacer un uso productivo de las herramientas digitales para atender los grandes retos nacionales en rubros tan importantes como los diversos como la educación, la cultura, la política, la seguridad, la transparencia y la economía, al tiempo que se asuma a la sociedad digital como un nuevo modelo de gobernanza.

Las nuevas tecnologías de la información han facilitado la comunicación y la coordinación de esfuerzos y nos muestran un camino irreversible hacia la renovada relación entre la ciudadanía y el gobierno, que deberá caracterizarse por la eficacia, por la eficiencia y la transparencia.

La consolidación de una democracia eficaz fomenta la participación ciudadana, libre, activa, decidida y responsable de los diversos actores que integran nuestra sociedad en las decisiones gubernamentales, contribuyendo a la modernización de nuestras instituciones en un marco de transparencia y legalidad.

La transparencia y el acceso a la información, deben de constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.

La transparencia y rendición de cuentas son principios básicos del Estado de derecho y el régimen democrático. El Congreso de la Unión tiene el deber de socializar la información pública, mejorar su calidad y propiciar las bases de veracidad para la evaluación, fiscalización y rendición de cuentas de los asuntos públicos.

Con la aprobación de este dictamen, las entidades responsables del Congreso General y de cada uno o una de sus cámaras, deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades competentes o funciones.

Para la conducción de las actividades y políticas en materia de derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, archivo, transparencia y apertura gubernamental del Congreso de la Unión y de cada una de sus cámaras, con lo que se constituirá la: comisión bicamaral de acceso a la información, protección de datos personales y parlamento abierto, que tendrá, entre otras, la atribución de proponer los lineamientos, políticas, mecanismos que nos den esa facilidad a los ciudadanos para que también propongamos los lineamientos que vayan a normar internamente en las siguientes materias: derecho al acceso a la información pública, transparencia proactiva de la información, protección de datos personales, conservación y disposición archivística y apertura gubernamental.

En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos la certeza de que los servidores públicos estamos obligados por ley, pero sobre todo por convicción ética, a velar por los principios de transparencia, máxima publicidad, legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en nuestras responsabilidades; por tanto cerraremos lo que la ley indique y legislaremos en materia como el interés superior de los mexicanos que nos impongan.

Muchas gracias amigas diputadas y amigos diputados; muchas gracias presidente de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Chacón. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Y como se anunció en la fundamentación del dictamen por el diputado que pasó a hacer esa función, la comisión remitió propuesta de modificación al dictamen a discusión. Dé cuenta la secretaría y consulte en votación económica si se acepta esta propuesta de modificación.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Propuesta de modificación: artículo 146.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Nada más para que quede claro, hay un agregado en los dos artículos en lo referente a Parlamento Abierto, que es un concepto muy importante. Esa es la modificación que ha sido consensuada y aprobada por la propia comisión y que se hace a nombre de la misma. Entonces, ahora sí, haga la consulta correspondiente a la asamblea.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se acepta. Incorpórese al dictamen.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación ya aceptada por la asamblea.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de un grupo de alumnos de diferentes escuelas de Acapulco, Guerrero. Sean bienvenidos a este recinto parlamentario.

Asimismo, la presencia de estudiantes de la licenciatura en arte y patrimonio cultural, de la Universidad de la Ciudad de México. Igualmente, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro. Éstos últimos invitados por el diputado, perdón, por el doctor José de Jesús Vázquez Hernández.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya, no se ve movimiento. ¿Alguien está llegando barrido? A ver, ya.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 418 votos a favor, ninguna abstención, 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 418 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se adiciona un título séptimo, con un capítulo único y los artículos 145, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

REALICEN PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS EN LA AGRICULTURA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a las proposiciones con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a sus homólogas encargadas del área de agricultura de los gobiernos estatales, para que realicen programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la subsistencia de esta especie.

La diputada Flor Estela Rentería Medina:Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, es un alto honor hacer uso de la máxima tribuna de la nación para presentar este punto de acuerdo, que firman el diputado coordinador doctor César Camacho Quiroz, diputado vicecoordinador Jorge Carlos Marín, diputado Armando Luna Canales, diputada Ana María Boone Godoy y diputada Rocío Rebollo y además un gran número de diputadas y diputados que han suscrito este punto de acuerdo.

Compañeras y compañeros, desde hace algunos años el fenómeno de la desaparición de las abejas se ha hecho presente a lo largo de nuestro planeta, en donde colmenas enteras desaparecen prácticamente sin dejar ningún rastro, generando así un impacto sensible en la producción de alimentos y la actividad económica mundial.

Las abejas, además de producir miel, forman parte vital de uno de los procesos de la naturaleza más importantes, conocidos como la polinización, a través de este los insectos trasladan las partículas de polen de una flor a otra, depositándolas y permitiéndoles así a las especies vegetales generar sus propias semillas y así reproducirse.

Este proceso denominado polinización natural, y realizado también por otras especies, es de vital importancia para la supervivencia de cualquier ecosistema, ya que sin este las probabilidades de reproducción de las plantas disminuyen drásticamente, toda vez que las abejas son consideradas como el vector más importante para la polinización de plantas con flor.

En efecto, compañeras y compañeros diputados, existen otras vías para la polinización, ya sea otras especies, como los colibrís o, inclusive, el viento mismo. Sin embargo, las abejas constituyen la vía más efectiva y reconocida para este proceso natural.

Por desgracia al paso de los años a este proceso se le consideró como un servicio ecológico gratuito. Y se tenía la creencia que pasara lo que pasara siempre se podría contar con el proceso de polinización efectuado por las abejas, que dicho sea de paso, sostiene aproximadamente al 30 por ciento de los cultivos mundiales de frutos y hortalizas.

La estrepitosa desaparición de las abejas se ha dado debido a la ignorancia de su trabajo, de su labor y del proceso de polinización, así como de las condiciones naturales y ecológicas que éstas necesitan para subsistir.

Si bien existen en la actualidad problemas graves como el abuso de pesticidas, plagas como la abeja zombi africana, el desinterés general hacia los insectos polinizadores y el dar por sentada su labor ha causado un mantenimiento deficiente a las colmenas.

Para nuestro país, que es el quinto lugar mundial en producción de miel de abeja, con un aproximado de 57 mil toneladas anuales del vital endulzante, el declive de este insecto representa un peligro para la subsistencia de casi 45 mil apicultores en todo México, así como la pérdida importante de ingresos por más de 130 millones de dólares producto de la exportación de miel mexicana.

Compañeras y compañeros diputados, yo soy orgullosamente lagunera, una región que siempre se ha destacado por su riqueza agrícola. En la laguna cultivamos el melón, la sandía, algodón, sorgo, maíz, tomate, chile, frijol y una infinidad de especies que con tristeza les digo, ya están resintiendo la ausencia de las abejas.

El proceso de polinización natural por sus condiciones climáticas debe de realizarse en mayo, o de lo contrario podríamos sufrir una crisis que impacte no solo nuestra capacidad de exportación sino nuestra misma soberanía alimentaria.

Es por todo lo anterior que a fin de impedir que las colonias de abejas continúen desapareciendo es necesario que la Sagarpa y las autoridades estatales homólogas realicen programas de estrategias urgentes para detener su extinción. Así como de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, el proceso de la polinización y las sustancias y condiciones que le son adversas a tan importante insecto para garantizar así la subsistencia de esta vital especie a largo plazo.

Amigas y amigos legisladores, este no es un tema partidista, es un asunto que si permitimos que avance, si no le ponemos un alto, puede causar una crisis alimentaria como nunca en nuestra historia. No es tampoco un tema regional, sino uno de importancia nacional.

Les pido que hoy mostremos que, más allá de nuestras diferencias, como mexicanos sabemos unirnos cuando la nación nos lo demanda. Les pido su respaldo, les pido su apoyo. Este no es un tema menor ni es un tema trivial, es un tema como dijo hace muchos años Albert Einstein: Si las abejas mueren, la humanidad solo sobrevivirá cuatro años.

De ese nivel es la importancia de que hoy respaldemos este punto de urgente u obvia resolución. Hagámoslo por México, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y sus homólogas estatales a ejecutar programas de toma de conciencia sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la subsistencia de esa especie, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, la que suscribe, diputada Flor Estela Rentería Medina, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace algunos años, el fenómeno de la desaparición de las abejas se ha hecho presente a lo largo de nuestro planeta, en donde colmenas enteras desaparecen prácticamente sin dejar ningún rastro, generando así un impacto sensible en la producción de alimentos y la actividad económica mundial.

Las abejas, además de producir miel, forman parte vital de uno de los procesos de la naturaleza más importantes, conocido como la polinización: a través de este, los insectos trasladan las partículas de polen de una flor a otra, depositándolas y permitiéndoles así a las especies vegetales generar sus propias semillas y reproducirse.

Este proceso, conocido como polinización natural y realizado también por otras especies, es de vital importancia para la supervivencia de cualquier ecosistema, ya que sin este las probabilidades de reproducción de las plantas disminuyen drásticamente, toda vez que las abejas son consideradas como el vector más importante para la polinización de plantas con flor.

En efecto compañeros y compañeras diputadas, existen otras vías para la polinización, ya sea otras especies como los colibríes o inclusive el viento mismo, sin embargo, las abejas constituyen la vía más efectiva y reconocida para este proceso natural.

Por desgracia, al paso de los años a este proceso se le considero como un “servicio ecológico gratuito”, y se tenía la creencia que pasara lo que pasara, siempre se podía contar con el proceso de polinización efectuado por las abejas que, dicho sea de paso, sostiene aproximadamente al 30% de los cultivos mundiales de frutos y hortalizas.

La estrepitosa desaparición de las abejas se ha dado debido a la ignorancia de su trabajo, de su labor y del proceso de la polinización, así como de las condiciones naturales y ecológicas que estas necesitan para poder subsistir: si bien existen en la actualidad problemas graves como el abuso del pesticida y plagas como la abeja zombie africana, el desinterés general hacia los insectos polinizadores y el dar por sentada su labor ha causado un mantenimiento deficiente de las colmenas.

Para nuestro país, el 5to lugar mundial en producción de miel de abeja, con un aproximado de 57 mil toneladas anuales del vital endulzante, el declive de este insecto representa un peligro para la subsistencia de casi 45 mil apicultores en todo México, así como la pérdida importante de ingresos por más de 130 millones de dólares producto de la exportación de miel mexicana.

Es por todo lo anterior, que a fin de impedir que las colonias de abejas continúen desapareciendo, es necesario que la Sagarpa y las autoridades estatales homólogas realicen programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, el proceso de la polinización y las sustancias y condiciones que les son adversas a este tan importante insecto, y garantizar así la subsistencia de esta vital especie.

Es por lo expuesto, y debido a la importancia de la materia, que acudo ante esta honorable soberanía de la que soy parte, para solicitar, con carácter de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Que esta honorable soberanía exhorte respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de la República, así como a sus homólogas encargadas del área de agricultura de los gobiernos estatales, realicen programas de concientización sobre la importancia de las abejas en la agricultura, el proceso de la polinización y las sustancias y condiciones que les son adversas a este tan importante insecto, y garantizar así la subsistencia de esta vital especie.

Ciudad de México, a 20 de abril de 2016.— Diputada Flor Estela Rentería Medina (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rentería. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría en la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución. Y no habiendo quien solicite hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

INICIE ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, UN PROCESO DE DENUNCIA POR LAS EXPRESIONES DEL PRECANDIDATO REPUBLICANO A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un proceso de denuncia por las expresiones del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Hace unos días en esta tribuna distintos grupos parlamentarios nos manifestamos en un acto de responsabilidad, de congruencia, en contra de las expresiones discriminatorias del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, porque como aquí se dijo, promueve la violencia, la discriminación y la intolerancia.

Hoy queremos aprovechar para hacer un llamado puntual, para que se atienda esta situación, para que las instituciones mexicanas cumplan su papel de proteger los derechos de los ciudadanos.

Es momento de tomar acciones responsables contra este tipo de discursos de odio que generan efectos negativos en las relaciones entre las sociedades y las naciones, y que vulnera sobre todo la dignidad de las personas.

Somos conscientes, y esto lo quiero subrayar, que la libertad de expresión es un pilar central de la vida democrática. También entendemos y respetamos que en Estados Unidos, la protección a la libertad de expresión es un valor absoluto que está resguardado por múltiples disposiciones legales, culturales e institucionales.

Sin embargo existen tres argumentos para sostener la propuesta que el día de hoy está planteando el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

En primer lugar el argumento ético, un discurso basado en el racismo, la exclusión y la violencia, no puede equipararse a cualquier opinión o expresión legítima, porque no es una simple o inofensiva opinión, sino que tiene efectos concretos y directos que alientan la violencia y vulneran los derechos de los demás.

En segundo lugar, el argumento del derecho internacional. La Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU, señalan en disposiciones específicas, la obligación de los estados miembros de limitar y contener todo tipo de discurso de odio, pudiendo ser sometidas a sanciones de orden civil o incluso a recursos como el derecho de rectificación o de réplica.

En tercer lugar, un argumento sobre la misma legislación estadounidense, que si bien protege ampliamente la libertad de expresión, y ciertamente se ha reservado algunos puntos de estos tratados internacionales, en su Enmienda XIV a la Constitución, contiene una cláusula que prohíbe negar a sus ciudadanos, cito textual: La igual protección de las leyes. Es decir, se prohíbe la discriminación por cualquier medio. Por todo lo anterior es posible emitir el siguiente punto de acuerdo.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que esta Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores acudir ante el citado Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar el discurso de odio y discriminación del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que atenta contra la dignidad, la reputación y los derechos de los mexicanos.

Esto, vale aclararlo, no es una cacería de brujas. No busca recurrir a la censura. Por el contrario, esta medida busca fundamentalmente poner en el lugar que se merece el respeto a los derechos humanos, a la reputación y a la dignidad de los mexicanos.

En segundo lugar, sentar un precedente positivo en la arena del derecho internacional para reconocer y visibilizar un problema de discriminación que se refleja en estas expresiones de desprecio, de exclusión, y que derivan en situaciones de violaciones a los derechos humanos.

Compañeras y compañeros diputados, hoy es tiempo de encontrar soluciones para procesar el conflicto entre una supuesta libertad de proferir expresiones de odio y discriminación frente al derecho a la reputación y a la dignidad de las personas.

Por eso creemos que a través de los instrumentos internacionales se puede encontrar una solución basada en figuras como el derecho de réplica, de rectificación que no caigan en el simplismo o en la censura, pero tampoco en la insensibilidad de permitir las apologías de odio.

Hoy esta Cámara de Diputados tiene la oportunidad de ser partícipe en la defensa de los derechos y la dignidad de los mexicanos, pero sobre todo tiene la oportunidad de llevar al debate público un tema fundamental en la protección de la dignidad y el valor de las personas frente a las expresiones de discriminación e intolerancia.

Yo espero, esperamos que todas las fuerzas políticas y el gobierno federal estemos a la altura para entrarle de lleno a la discusión del tema de la discriminación y sus consecuencias negativas. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a iniciar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un proceso de denuncia por las expresiones del precandidato republicano a la Presidencia estadounidense, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. Fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u resolución mediante el cual se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un proceso de denuncia por las expresiones de odio del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I.A inicios del mes de febrero del presente año arrancaron formalmente las elecciones primarias en Estados Unidos, en las que se determina quiénes serán los candidatos a contender por la Presidencia de dicho país. Durante los últimos meses, han sido notorias distintas manifestaciones por parte del precandidato del Partido Republicano, Donald Trump, en contra de México y de los mexicanos.

Como claros ejemplos de lo anterior se cuentan los planteamientos de construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, pagado por nuestro país bajo la amenaza de recortar las remesas que envían los mexicanos residentes en Estados Unidos, e incluso bajo la amenaza de ir a la guerra en caso de que no se pague el muro. En otra ocasión, el precandidato republicano ha demando que “no hagan negocios con México” y que los mexicanos “estafan a los Estados Unidos más que cualquier otra nación”. Vale la pena destacar también sus declaraciones de junio de 2015, cuando anunció su participación en la contiende presidencial, señalando que Cuando México envía a su gente, no envían a los mejores. No te envían a ti. Mandan gente que tiene muchos problemas y ellos nos traen esos problemas. Ellos traen drogas, traen delincuencia, son violadores. Y asumo que algunos son buenas personas”, dijo Trump en junio de 2015, cuando anunció que participaría de la carrera a la Casa Blanca.

A estas declaraciones se suman diversas más que son de dominio público y que han sido ampliamente documentadas. Es importante recalcar que sus acusaciones y ataques contra México también se extienden a otros países, a los migrantes en general y a diversos grupos sociales, incluyendo propuestas para realizar deportaciones masivas, prohibir la entrada a Estados Unidos de musulmanes, ejecutar a las familias de terroristas y no participar en misiones de paz. Es decir, se trata de un discurso de odio que se está sembrando en la contienda presidencia de los Estados Unidos.

En México comienza a verse con preocupación esta deriva demagógica impulsada por el precandidato republicano, como lo ha señalado la misma Secretaria de Relaciones Exteriores, quien afirma que las manifestaciones del precandidato Trump reflejan ignorancia y desconocimiento de la relación entre México y Estados Unidos.

II. Los discursos de odio son el caldo de cultivo para la intolerancia y la violencia, además de que este tipo de expresiones basadas en la discriminación y el racismo, debilitan las relaciones entre los países, y la larga tradición liberal de los mismos Estados Unidos. Los discursos de odio, adicionalmente, generan desconfianza y miedo al señalar como una amenaza a todo aquel que es diferente por su color de piel, su religión o su lugar de origen.

Este tipo de expresiones demagógicas que incitan al odio tiene el peligroso potencial de justificar la exclusión social, la discriminación y las violaciones a los derechos fundamentales, al identificar como “enemigos” a quienes son diferentes.

Estamos convencidos que la libertad de expresión es un pilar central de la vida democrática, sin embargo un discurso de odio que alienta el racismo, la exclusión y la violencia no es equiparable a cualquier otra opinión o expresión legítima. El discurso de odio no es una simple opinión que se pueda sostener con amparo en la libertad de expresión, sino que es el caldo de cultivo de la violencia, y por ello debe ser señalado y contenido.

En este sentido, se cuenta con distintos instrumentos de orden internacional que combaten los discursos de odio, como la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial y la Convención American de Derechos Humanos. La misma Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU señala en su que los estados miembros deberán combatir el discurso de odio, entendido como las expresiones que promuevan el odio racional, nacionalista o religioso, y que inciten a la discriminación, la hostilidad y la violencia.

III. Estamos convencidos que todo tipo de discurso de odio debe ser combatido y que es responsabilidad de todos proteger la dignidad de México y de los mexicanos. Creemos que no es necesario esperar a que el precandidato republicano, Donald Trump sea candidato o sea el Presidente de Estados Unidos, porque el discurso de odio ya está generando efectos, ya está teniendo impacto y ya está generando consecuencias, como son agresiones de sus simpatizantes a quienes piensan diferente, la radicalización de algunos grupos sociales, entre otros. Ese es justamente el peligro de los discursos de odio, que generan efectos aunque sean vertidos desde tribunas no institucionales.

Por ello, los días 8 y 9 de abril, en la sesión del Parlamento Latinoamericano, la delegación de legisladores mexicanos propuso que se condenara el discurso de odio del candidato republicano, como una manifestación de congruencia y responsabilidad de este órgano supranacional que agrupa a las naciones de América Latina. Dicha propuesta será analizada y sometida a consideración en la próxima sesión del Parlamento Latinoamericano.

Desde la máxima representación política de México, creemos que debe impulsarse también un pronunciamiento enérgico en defensa de los intereses de nuestro país y nuestros connacionales en Estados Unidos, así como una alerta frente a los peligros que representa este tipo de discurso de odio.

IV. Como ya se ha mencionado, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial establece restricciones al discurso de odio y mandata a los Estados a sancionar la difusión de los mismos. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya ha aplicado restricciones al discurso basado en el odio, señalando que las expresiones discriminatorias pueden ser restringidas cuando sea necesario proteger un fin legítimo, como el respeto a los derechos y la reputación de los demás.

En este sentido, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que a través de este punto de acuerdo, la Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores acudir ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para señalar los peligros del discurso de odio y discriminación del candidato republicano de los Estados Unidos, Donald Trump. Este Comité está facultado para examinar las denuncias presentadas por los Estados parte y por los particulares.

La solicitud que haga el Estado mexicano para restringir el discurso ofensivo y discriminatorio del candidato republicano, se fundamenta en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Por otro lado, la petición que haga nuestro país también tiene sustento en la Enmienda Catorce de la Constitución de los Estados Unidos de América, que contiene una cláusula de igual protección que prohíbe a los estados negar a sus ciudadanos “la igual protección de las leyes”. Por medio de la cláusula de debido proceso de la Enmienda Quinta, esta prohibición se aplica también al Gobierno Federal y ha sido interpretada en el sentido de que todas las personas situadas de manera similar han de ser tratadas del mismo modo.

Con esta solicitud de restricción a las expresiones de odio de Donald Trump, se busca garantizar el respeto de derechos y de la reputación, así como el derecho a la no discriminación por cuestiones de raza, origen étnico o condición social, debido a que las expresiones de desprecio atentan contra la dignidad y la reputación de los mexicanos.

Consideramos necesaria esta restricción porque dichas expresiones promueven el desprecio, la hostilidad, el odio y la discriminación por cuestiones de raza, origen nacional, étnico o condición social, exponiendo a los mexicanos y a otros grupos sociales a situaciones de vulnerabilidad y violencia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones de Exteriores que inicie, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un proceso de denuncia por las expresiones de odio del precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos de América, Donald Trump, con fundamento en el numeral 3 del artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en virtud de que este discurso de odio promueve el desprecio, la hostilidad, el odio y la discriminación contra los mexicanos, exponiéndolos a situaciones de violencia, e impidiendo que se garantice el pleno respeto de sus derechos, de su reputación y a la no discriminación.

Notas:

1 “Trump amaga a México con guerra; SRE descarta responder”, Excélsior, 10 de marzo de 2016, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/10/1079996

2 “’No hagan negocios con México’, dice Donald Trump”, Forbes México, 24 de febrero de 2016, http://www.forbes.com.mx/no-hagan-negocios-con-mexico-dice-donald-trump/

3 “Las peores frases de Donald Trump contra México”, Excélsior, 2 de marzo de 2016, http://www.excelsior.com.mx/de-la-red/2016/03/ 02/1078418

4 “México está preocupado por la campaña de Donald Trump: SRE”, UnoTV, 12 de marzo de 2016, http://www.unotv.com/noticias/portal/ nacional/detalle/mexico-esta-preocupado-por-la-campana-de-donald-trump-sre-6085 18/

5 International Covenant on Civil and Political Rights, Organización de las Naciones Unidas. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.— Diputados: José Clemente Castañeda Hoeflich,Jorge Álvarez Maynez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castañeda. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución. Para hablar sobre el tema ya se han registrado varios compañeros diputados y diputadas. Tiene la palabra entonces el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Con su permiso, diputada presidenta. Efectivamente todo lo que genera discriminación y todo lo que se deriva en odio debe de ser rechazado, no solamente por las cortes internacionales, convenciones, tratados, ONU, sino por la humanidad en general.

Los odios, la discriminación, genera violencia, pero más allá en una relación binacional México-Estados Unidos, donde un candidato en extrema ha abusado del discurso en contra de los migrantes del mundo, fundamentalmente en contra de los connacionales para sacar raja política y para robustecer su campaña, se me hace un método totalmente irracional.

El odio nunca se puede considerar racional. Decía Erasmo de Róterdam, un pensador humanista en siglos pasados “La pasión nubla la razón”. Y por tanto la irracionalidad siempre genera de proporción en la conducta humana y descomposición social derivado de sus acciones.

Hoy venimos aquí como Partido Encuentro Social, pero más allá, como ciudadano, como mexicano, como connacional, a defender a nuestros compatriotas, a decirle a Donald Trump, a ese candidato a punto de consolidar su proyecto republicano, que los mexicanos estamos listos y unidos para enfrentarlo; que México, los mexicanos radicados en Estados Unidos generan más del 8 por ciento del producto interno bruto, que a lo largo y ancho, de este a oeste, de más de 3 mil kilómetros de frontera, ahí se genera comercio y se genera más de 6 millones de empleos directos, derivado de esta relación binacional México-Estados Unidos.

Pero más allá, en términos políticos, tenemos una excelente relación de respeto y de consolidación porque entendemos que una relación binacional debe de ser siempre, en un sentido de reciprocidad.

Por supuesto que habrá reciprocidad de México con un país respetuoso de los mexicanos, pero que en el momento en que ese país no respete a lo nuestros, el que se mete con unos, se mete con todos, y por supuesto que estamos de acuerdo en este punto, para decirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga un pronunciamiento firme, determinado, fuerte, contundente para que se escuche no solamente aquí, sino lejos, allá en la frontera y que sepan los connacionales, y que sepan los migrantes que no están solos, que estamos con ellos, solidarios y firmes. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias diputado. Tiene la palabra, también, hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano. Perdón, por tres minutos, también. ¿No está?

No está la oradora, vamos a dar el uso de la palabra al diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, por favor.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues:Buenas tardes, compañeros, compañeras, ciudadanos y ciudadanas que nos ven desde el Canal del Congreso. Quiero reconocer el esfuerzo por hacer valer el respeto y el derecho de los mexicanos en el mundo, y particularmente ante personajes tan inefables como es Donald Trump.

Nosotros en Morena, obviamente compartimos este punto de acuerdo ya que nuestra coordinadora hace aproximadamente un mes, la diputada Rocío Nahle presentó un punto de acuerdo casi idéntico al mismo, por lo cual estamos obviamente en la misma sintonía. Pero esta defensa, y hay que decirlo así, le corresponde en primera instancia al titular del Ejecutivo Federal, a Peña Nieto; y, en segunda, al cuerpo diplomático.

A pesar del genuino esfuerzo de esta soberanía, tengo mis reservas de que a fin de cuentas le están haciendo el caldo gordo a Donald Trump. ¿Qué es lo que quiere este señor? Lo que quiere este señor es publicidad, publicidad gratuita. No olvidemos que están ellos en sus elecciones primarias.

Pero tenemos que ampliar el horizonte de análisis porque lo que se decida en las elecciones definitivas de Estados Unidos impactará sin duda alguna en México. ¿Cuál es la oferta electoral en Estados Unidos? este protofascismo de Donald Trump, más de lo mismo con Hillary Clinton y su impulso a las reformas estructurales en este país para beneficiar los intereses económicos estadounidenses y globales o, por otro lado, la esperanza de un cambio efectivo y profundo como Bernie Sanders.

Esta disyuntiva es exactamente la que vivimos hoy aquí en México: los corruptos de siempre por un lado y la esperanza del cambio verdadero por el otro, los que pactan y se coluden con el poder económico y financiero o los que pactamos con el pueblo. Son muchos los ciudadanos en Estados Unidos que tienen clara esa disyuntiva, lo mismo que aquí en México.

Los desposeídos, los migrantes, los propios empresarios y, particularmente, los jóvenes son quienes han manifestado su preferencia por Bernie Sanders y ese mismo cambio en México por Andrés Manuel López Obrador. No nos cansaremos, señores y señoras, y diputados, qué bueno que pongan atención, de decir que Morena es la esperanza de México y que igual como nosotros estamos luchando a favor de los intereses de los ciudadanos.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: No pasa nada, son 45 segundos. No, no pasa nada. Pero, bueno, sé que les duele saber...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Concluya su participación por favor, diputado

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: ... que esto sucede y que se encuentran desgraciadamente en la misma canasta que los que pretenden pactar y seguir pactando con los intereses económicos, cuando nosotros somos los realmente genuinos representantes de pueblo. Muchas gracias, y gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputado. Saludamos a los alumnos de la carrera de derecho, de la Universidad San Carlos, del municipio de Ecatepec de Morelos, invitados por el diputado José Alfredo Torres Huitrón. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.

Se encuentra también con nosotros el grupo de jóvenes provenientes de la Facultad de Administración Pública y Ciencias Políticas, la de UAP, invitados por el diputado Alejandro Armenta Mier, de Puebla. Bienvenidas y bienvenidos.

Ahora tiene la palabra también hasta por tres minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tampoco se encuentra. Vamos a dar el uso de la palabra también hasta por tres minutos, a la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Con su venia, presidenta. Estimados colegas diputados y diputadas, el PRD por supuesto que apoya este punto de acuerdo por dos razones.

Primero, porque es importante levantar la voz para denunciar el carácter fascista del precandidato Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, por parte del Partido Republicano, pero lo más importante es porque usa instrumentos del derecho internacional para hacer valer la voz de México.

En este sentido, es importante recordar el Caso Avena y cómo utilizando este instrumento ante la Corte Internacional, en la Haya, logramos que se respetara la Convención de Viena, que obliga a los Estados Unidos o a cualquier país, a presentar las denuncias o el hecho de que haya un ciudadano mexicano o de otro país preso, informar de esto a su consulado para que tenga derecho de defenderse.

En el caso que nos ocupa, el caso de Donald Trump, la razón fundamental no es para incidir directamente en la elección de los Estados Unidos, se equivoca quien plantea que esto simplemente le va a dar más publicidad, él ya tiene mucha publicidad. El tema fundamental es qué va a pasar después de las elecciones.

Donald Trump no va a ganar la Presidencia de los Estados Unidos, va a ganar la candidatura republicana, la candidatura del Partido Demócrata la va a ganar Hillary Clinton y la campaña presidencial la va a ganar Hillary Clinton. Pero el problema fundamental es que hay un electorado norteamericano que ha permitido el encumbramiento de Donald Trump al Partido Republicano, el problema no se va a resolver con las elecciones, el problema es que el mensaje proteccionista, aislacionista que plantea Donald Trump va a quedar impreso en el electorado norteamericano y va a obligar a la próxima presidente de los Estados Unidos a hacer su discurso más hacia el centro.

Entonces, es fundamental, primero, que utilicemos todos los instrumentos del derecho internacional en contra de Donald Trump; segundo, que utilicemos también campañas fundamentales, como la de I’m proud to be mexican, una campaña que plantea que todos aquellos mexicanos que han tenido éxito en los Estados Unidos, que representan empleo, fama y buena presencia en los Estados Unidos hagan una campaña abierta para esto.

Tercero. Que nosotros desde México hagamos también una campaña para que Donald Trump tenga el menor número de votos posible.

Abiertamente planteo que todo mexicano que tenga amigos, parientes, jóvenes en Estados Unidos, mandemos un mensaje para que estos compañeros organicen en contra de un voto por el partido republicano.

Que también quienes nosotros podamos ir a Estados Unidos a plantear qué significa para México, qué significa para una política de buena vecindad el discurso de odio, también lo podamos hacer.

Es hora de romper las reglas, de plantear que estamos seriamente en un peligro, insisto, no porque va a ganar, porque su discurso va a hacer mella en la política exterior de los Estados Unidos y es muy importante, muy importante que su derrota electoral sea masiva y sea una demostración de que el partido de Abraham Lincoln merece algo mejor que esa basura de Donald Trump. Gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, no, perdón, ah, perdón, ya pasó, sí. De Movimiento Ciudadano, ¿Quién iba a participar? ¿Ya está ahí? El diputado Álvarez Maynez, Jorge Álvarez Maynez, por favor.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Muy buenos días a todas y a todos. Evidentemente Movimiento Ciudadano aspira a que este sea un punto de interés común. Yo creo que aquí se han expresado argumentos que resumen la importancia del fenómeno, pero yo sí quisiera referirme a esta tendencia a subestimar los fenómenos políticos de odio cuando suceden.

La destrucción de la democracia parece siempre un hecho improbable hasta que sucede. Ayer Donald Trump les ganó por el doble de los votos a John Kasich y a Ted Cruz en el estado de Nueva York.

Muchos pensaban que cuando las primarias de Estados Unidos dejaran atrás los estados sureños, los estados tradicionalmente conservadores, lo que Trump iba a tener era un escenario difícil.

Va adelante en las encuestas en California, que es un estado progresista, que es un estado de los que más votos representa. Va adelante en los que se van a suceder esta semana, como Pensilvania, que también es un estado progresista. Va adelante en Maryland, lo que está sucediendo es un fenómeno del que sí nos tenemos que hacer cargo.

Y yo suscribo lo que ha dicho aquí el Partido de la Revolución Democrática en dos vías. Una, la posibilidad de que un candidato del Partido Republicano gane la presidencia en Estados Unidos es altísima, pero también lo que se está gestando, lo que se está construyendo es una comunidad epistémica en la definición de Habermas alrededor de un discurso de odio que va contra, no solamente contra los migrantes.

Por eso es importante que el tema lo tome la Secretaría de Relaciones Exteriores y por eso es importante que acudamos a los organismos multilaterales. Por ejemplo, lo que están planteando contra el islam Trump y también Ted Cruz, y por eso el punto de acuerdo es incluso general al discurso de odio en Estados Unidos, lo que están planteando pone en riesgo la seguridad del hemisferio completo. Lo que están planteando pone en riesgo las relaciones comerciales que más han generado empleos en Estados Unidos y de las que depende buena parte del país.

Y lo que está planteando se va a quedar en Estados Unidos, pero también, y yo quiero reconocer a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos, ha sido una extraordinaria oportunidad para que el discurso a favor de los derechos humanos tenga mayor impacto y mayor eco.

Si no existiera la circunstancia de esta discurso de odio no habría el pretexto para hablar nosotros de la materia y para que millones de personas, de periodistas nunca como en esta elección en Estados Unidos, por ejemplo, periodistas, habían tenido la relevancia que ha tenido en esta elección Jorge Ramos o que ha tenido el debate en Univisión o el debate en Telemundo. Nunca había estado tan presente el tema migrante en Estados Unidos, nunca había habido compromisos tan concretos como los que han hecho, por ejemplo Bernie Sanders o Hillary Clinton en materia migratoria.

Y yo creo que en este sentido no podemos irnos con el argumento de que se le hace el juego a Trump por tomárnoslo en serio. Nos lo debemos tomar en serio y debemos actuar como un poder constituido que tiene facultades para hacerlo, para detener un discurso que pone en riesgo la seguridad del hemisferio, que lesiona a los derechos humanos y que además está siendo altamente rentable en Estados Unidos y en todo el mundo.

El fenómeno del discurso de odio no puede pasar inadvertido en esta soberanía. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez.

Saludamos la presencia del síndico de Santiago del Pinar, del estado de Chiapas, Miguel Gómez Gómez y autoridades del mismo municipio, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Han sido invitados a esta Cámara de Diputados por el diputado Hernán de Jesús Orantes López.

Y tiene ahora la palabra la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Con su permiso, presidente. El tema que hoy nos tiene expresando, manifestando la posición de cada uno de los grupos parlamentarios, si bien lo habíamos abordado ya en agenda política, estamos de acuerdo con el punto que se presenta para utilizar las herramientas del derecho internacional en torno a las ofensas que hace hacia nuestros mexicanos, este personaje, Donald Trump.

Y desde aquí queremos decirles primero, a esos más de 20 millones de mexicanos que no están solos, que sí tienen representantes. Pero una reflexión con ustedes, compañeros y compañeras, no es suficiente con mandar el mensaje si no los visitamos, si no los escuchamos, si no dialogamos, si no estamos con la comunidad mexicana.

Hoy queremos insistir en la falta de diplomacia del gobierno mexicano y queremos decirles también a quienes son responsables, no solamente con la relación de Estados Unidos sino de todos los países, que le pregunten al Servicio Exterior Mexicano cómo se hace la diplomacia mexicana, cómo debe ser esa diplomacia. Que no se tiene que guardar silencio ante la ofensa, que dejar que nos ofendan ahora es permitir que nos ofendan una, dos, tres veces más. Y que en cada lugar que se encuentre un mexicano, ahí está la nación. Es lo que no han entendido y ese silencio es lo que reclamamos también nosotros.

Me parece muy oportuno que se utilicen las herramientas del derecho internacional. Y no se trata de hablar de la elección de un partido político de otro país, se trata de que hablemos, de que seamos las voces de los mexicanos. Se trata de que hablemos y seamos las voces de millones de latinos que también están siendo ofendidos, como nuestros amigos, compañeros y hermanos mexicanos. De eso se trata.

No sentemos precedente de silencio más. No sentemos precedente de que cada vez que se les ocurra nos puedan faltar al respeto. Por eso estamos de acuerdo en Acción Nacional en que hay que utilizar esos instrumentos del derecho internacional, en que hay notas diplomáticas que no es la primera vez que se utilizarían. Que ya en los gobiernos del PAN se utilizaron cuando se le faltó el respeto a México. Que las utilicen, que consulten, si no saben cómo se hace, a quienes han estado años y años en el Servicio Exterior Mexicano y que saben cómo hacer diplomacia mexicana.

Por eso el exhorto hoy para todas las fuerzas políticas. Apoyemos, por supuesto, este punto de urgente u obvia resolución para que seamos la voz no solamente de los 110 millones de mexicanos que residen en nuestro país, sino aquellos que han dejado su familia, que han dejado su tierra, que han dejado su casa para ir en búsqueda de una mejor oportunidad.

Si no les dimos las oportunidades y si no se les dieron en su momento en México, entonces démosles ahora con nuestra voz y con la representación lo que no se les ha dado en la historia.

Los invitamos entonces a votar a favor de este punto de urgente u obvia resolución y no solamente hoy, jamás permitamos que le falten al respeto a México a través de sus ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reynoso. Y por último tiene la palabra, la diputada Marcela González Salas y Petricioli, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ma. Marcela González Salas y Petricioli:Con el permiso de la Presidencia. EL mundo de hoy no lo podemos concebir sin una auténtica democracia. El mundo de hoy no lo podemos concebir sin una auténtica libertad. Y ¿Qué es lo que está pasando hoy en Estados Unidos? Sí hay libertad. Hay libertad de expresión. Pero también nosotros tenemos que alzar la voz contra quien quiere dañarnos, contra quien quiere lastimar nuestra dignidad. Los mexicanos no sabemos negociar la dignidad, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer ahora.

Quiero decirles, que lo que vamos a hacer, pero también aparte de darle voz a los mexicanos y a los migrantes que están en Estados Unidos, aparte de eso, nosotros tenemos que reconocer desde esta tribuna, como siempre lo hemos hecho, la autodeterminación de los pueblos.

¿Qué es lo queremos que nosotros? A nosotros no nos gusta que nadie nos venga a decir cómo nos vamos a gobernar y qué vamos a hacer. No nos gusta que nos vengan a decir cómo vamos a conducir nuestra nación, para eso estamos aquí. Aunque algunos de los compañeros se quieran arrogar que son los únicos representantes. No, señores. Todas las que estamos y todos los que estamos aquí, somos representantes populares.

Y por eso nosotros queremos defender a todos los mexicanos. Nadie puede tener ese privilegio o ese patrimonio de solo defensa. Los que estamos aquí, todos fuimos electos para ser diputados y para ser la voz del pueblo, y por ello queremos levantarla en contra de alguien que se está burlando de nosotros, que nos denosta, que se burla, que nos dice cosas que no somos. No lo vamos a permitir, como nunca lo hemos permitido. Pero tampoco vamos a caer en algo que nunca hemos hecho, que es meternos en los asuntos internos de otro país, porque a nosotros no nos gusta que se metan.

Lo que ha hecho el gobierno de la República y lo que está haciendo hoy la señora secretaria de Relaciones Exteriores es levantar la voz, pero siempre en un respeto absoluto a la autodeterminación que puedan tener en Estados Unidos. Lo que podemos hacer es abrirles los ojos a todos esos migrantes –porque Estados Unidos es un país de migrantes–, a todos ellos.

Las invito a todas y a todos a levantar la voz a favor de nuestros migrantes mexicanos, pero a favor de los migrantes del mundo que construyeron Estados Unidos, porque hoy si eligieran a una gente como Trump, puede haber una guerra y eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque tiene la misma lógica que tenía en un momento Hitler.

Por todas estas razones los compañeros y las compañeras del PRI apoyamos este punto de acuerdo y haremos todo lo que esté en nuestro alcance por que haya una conciencia clara en Estados Unidos del error de poder elegir a un hombre como Trump. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González Salas.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Abdala, en tratándose de puntos de urgente u obvia resolución, que ya decidimos que así se le trataría a este, sobre el que estamos discutiendo, lo que está establecido en el Reglamento es el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios. Su grupo a través de su persona ya hizo lo propio.

No sé con qué propósito, son posicionamientos. Pero a ver, sonido en la curul del diputado Abdala, por favor. ¿Con qué propósito? No sé con qué propósito lo está queriendo hacer.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Quisiera hacerle una pregunta a la diputada que acaba de subir a la tribuna.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya concluyó su tiempo aquí, diputado, y además en este tipo de asuntos no está contemplado en el Reglamento que esto pueda suceder. Con todo respeto se lo digo. Gracias.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido –si seguimos discutiendo podría usted hablar–. Adelante, secretaria, por favor.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputaos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.

Y tiene ahora la palabra por cinco minutos...

La diputada Evelyn Parra Álvarez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Evelyn Parra, por favor. Ahí está, diputada.

La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Sí, presidente, quiero solicitar aquí a la Mesa que se guarde un minuto de silencio por el terremoto que aconteció en Ecuador el día sábado y que tiene más de 500 muertos, y la verdad es una tragedia que no se ha visto en los últimos 67 años en ese país; por favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No lo han –pregunto por ahí– procesado. Se iba a trabajar desde ayer un punto de acuerdo. Ya se había hecho este planteamiento el día de ayer. Desde el día de ayer, en relación con un minuto de silencio por las víctimas a causa del terremoto del hermano país del Ecuador, junto con un pronunciamiento que se pensaba se iba a hacer.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul de la diputada Ramírez Nachis, por favor; sí, diputada.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Muy amable, presidente, gracias. Precisamente en ese sentido comentarles que presenté un punto de acuerdo donde solicito a esta Cámara de Diputados la aportación voluntaria para apoyar al Ecuador, que puede ser de uno a tres días de dieta. Esa es la intención del punto de acuerdo, y en ese sentido lo presenté. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, ese tipo de propuestas tienen que procesarse pero por lo pronto esta Presidencia obsequia la petición que hace la diputada Evelyn Parra, y les pido que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio por las pérdidas humanas en el hermano país del Ecuador, a causa del sismo que sacudió a esa región en días pasados.

(Minuto de silencio)

Gracias.

IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESOLVER LA AUSENCIA DE FUENTES DE AGUA POTABLE DE CALIDAD EN LA REGIÓN NORESTE DEL LITORAL DEL LAGO DE CHAPALA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades sanitarias y ambientales atiendan e implementen las acciones necesarias para resolver la ausencia de fuentes de agua potable, de calidad en el noroeste del litoral del lago de Chapala, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Adelante, diputada.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes a todos. Para el Partido Encuentro Social, la cuestión social, entendida como el conjunto de relaciones de justicia, subsidiariedad, solidaridad y bien común, es esencial. Cada legislador de esta Cámara que comprenda su trascendencia, comprenderá de la misma manera que la miseria de algunas regiones de nuestro país es un constante grito que clama, no ya misericordia, sino justicia, básicamente.

Sabemos de antemano que no son pocas las regiones que, por distintas causas, carecen de lo más básico, de lo más esencial para apenas sobrevivir; sabemos que son muchas las poblaciones en pobreza extrema. También sabemos que no somos los primeros en denunciarlo; sin embargo, hay casos muy específicos de emergencias de salud, cuyo resultado suele ser la muerte como tónica diaria y el rompimiento inclusive, de récords internacionales. Es el caso del punto de acuerdo que hoy sometemos a su consideración.

Jalisco, el estado, ocupa el segundo lugar a nivel mundial, sólo después de Hong Kong como país, en casos de morbilidad y mortalidad a causa de insuficiencia renal. Y es de lo que vengo a hablarles: de una región en específico, al noreste del Lago de Chapala, en donde en una escuela –y fíjense bien, el dato es escalofriante– en una escuela primaria que tiene 400 niños, 190 de ellos, prácticamente la mitad, tienen daños en su riñón sin haber cumplido siquiera los 12 años de edad. En efecto, este punto de acuerdo es urgente y apelo a su humanidad en el sentido más profundo, dejando a un lado cualquier cuestión política o económica.

Las rancherías de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote, la Zapotera y Santamaría de la Joya, a la orilla del gran lago jalisciense, ese que surte a toda la zona metropolitana, irónicamente carecen totalmente de agua potable.

Lo cotidiano de esta región es vivir a orillas de la laguna Estigia sin poder pagarle a Caronte por despertar de esa pesadilla, sin posibilidades de aspirar a agua potable ni para uso doméstico ni para beber.

No hay una sola fuente de agua potable, la única disponible es hirviente y humeante con altísimos índices de minerales, los pobladores la reciben en la mañana de una fuente de piedra que intenta enfriarla para almacenarla y esperarla un rato después de orearla y poder bañarse y en muchos casos sin exagerar, que es la mayoría debido a la pobreza, poder beber.

El daño renal es un altísimo porcentaje que ha provocado la muerte de jóvenes, de niños, de niñas, con nombres y apellidos, que se han convertido ya en una costumbre en esta población. Transcurrir el día entre la orilla del lago de donde obtienen agua hirviendo y de ahí a labores cotidianas de cultivo de chayotes, por los que por cierto les pagan 10 pesos la caja de 90 piezas, y luego llevar al niño de 6 años, de 14, de 15 años al hospital civil de Guadalajara, que es el principal destino foráneo de los habitantes de esta región, para recibir atención, para recibir una diálisis siempre y cuando tengan los 50 pesos necesarios para el transporte de la persona enferma y su acompañante, y los mil 200 pesos necesarios para la diálisis, y eso tres veces por semana.

Con toda certeza podemos concluir que los pobladores prefieren resignarse o ir muriendo muchos de ellos a los 18 años de edad, hasta que aguanten sus riñones, tomando inclusive cerveza o refresco porque esas bebidas son menos dañinas que el agua de la región.

Los padres al morir dejan niños, dejan huérfanos. La principal raíz del problema es claramente identificada, el agua, el derecho humano fundamental al agua. La situación ha superado tanto al municipio como al estado.

Al comprobar que esta infausta situación se ha prolongado por varias décadas, es momento en el que nos damos cuenta que es inaplazable y tremendamente necesaria la intervención de la Federación en esta región, que pareciera un sub-país, una sociedad en el fondo, en el centro de la tierra, que viviendo al lado del lago que surte de agua a toda la región, es despreciado y negado en su derecho a la infraestructura necesaria para recibir este líquido, que hoy más que nunca le queda muy bien el adjetivo líquido vital.

Es por todo lo expuesto con anterioridad que someto a la consideración de esta honorable Cámara, a su consideración para urgente y obvia resolución el presente acuerdo.

Único. Se solicita a las autoridades sanitarias y ambientales atiendan de manera urgente y tomen medidas y acciones, tanto con las autoridades locales como de ejecución, en el marco de sus atribuciones, en la región noreste del litoral del lado de Chapala, para resolver cuanto antes la ausencia total de fuentes de agua potable de calidad en dicha región, así como dar seguimiento a los casos en los que se ha visto afectada la salud de los pobladores de la región, derivada de esta problemática. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a las autoridades sanitarias y las ambientales que atiendan e implanten acciones para resolver la ausencia de fuentes de agua potable de calidad en la región noreste del litoral del lago de Chapala, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, Fracción I y 79, numeral 1, Fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita crear la Comisión Especial de Empoderamiento de la Familia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para el Partido Encuentro Social, la cuestión social, entendida como el conjunto de relaciones de justicia, subsidiariedad, solidaridad y bien común, es esencial. Un legislador de esta Cámara que comprenda su trascendencia más allá de su propia corta o larga existencia, comprenderá de la misma manera que la miseria de algunas regiones de nuestro país es un constante grito que clama, no ya misericordia, sino básicamente, justicia. Sabemos de antemano que no son pocas las regiones que, por distintas causas, carecen de lo más básico, de lo más esencial para apenas sobrevivir; sabemos que son demasiadas las poblaciones en pobreza extrema; sabemos que no somos los primeros en denunciarlo; sin embargo, sabemos también, que hay casos muy específicos, de emergencias de salud, cuyo resultado suele ser la muerte como tónica diaria, y el rompimiento de récords internacionales.

Tal es el caso del segundo lugar del estado de Jalisco, a nivel mundial, sólo después de Hong Kong –que es país a diferencia de Jalisco-, en morbilidad y mortalidad a causa de insuficiencia renal. Y es de lo que vengo a hablarles: de una región, al Noreste del Lago de Chapala, en donde en una escuela primaria, de 400 niños, 190 de ellos, ¡190!, la mitad, tienen daños en su riñón, sin haber cumplido aún siquiera los 11 años.

En efecto, este punto de acuerdo es muy urgente y apelo a su humanidad en su sentido más profundo, dejando en la superficie cualquier cuestión política o económica.

Las rancherías de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote, La Zapotera y Santa María de la Joya, en la orilla del Gran Lago Jalisciense, irónicamente carecen totalmente de agua potable. Lo cotidiano de esta región es vivir a orillas de la laguna Estigia, sin poder pagarle a Caronte por despertar de esa pesadilla.

Sin posibilidades de aspirar a agua potable, ni para uso doméstico, ni para beber; no hay una sola fuente de agua potable; la única disponible es hirviente y humeante, y con altísimo índice de minerales. Los pobladores la reciben en la mañana de fuentes de piedra que intentan enfriarla, para después almacenarla y orearla esperando se enfríe, para bañarse y –no exagero– beber. El daño renal en un altísimo porcentaje, ha provocado la muerte de muchísimos jóvenes, niños, niñas, con nombres y apellidos, reales, que se han convertido en una costumbre: transcurrir el día entre la orilla del lago, de donde obtienen el agua hirviendo –donde por cierto han muerto o sufrido quemaduras muchos niños-, y de allí a las labores cotidianas de cultivo de chayotes, que venden a 10 pesos la caja de 90 piezas, y en seguida a llevar al niño de 6 años, de 14 años o 18 años, a diálisis al hospital civil de Guadalajara, principal destino foráneo de los habitantes de la región, siempre y cuando se tengan los 50 pesos del pasaje para el enfermo y el acompañante, más mil 200 para la diálisis –que por la venta de chayotes, sabemos no se obtienen. Y lo anterior, 3 veces por semana. Podemos concluir con toda certeza –y además por reportajes hechos por el periódico El Semanario de Guadajalara, lo sabemos- los pobladores prefieren resignarse a ir muriendo, muchos de ellos entre los 15 y los 18 años, hasta que aguanten los riñones, tomando preferentemente cerveza y refresco, pues tales bebidas son menos dañinas que el agua de esa región. Los padres, al morir, dejan huérfanos a niños de 5 a 8 años, cuyas mamás en su mayoría trabajan de ayudantes en casas de Guadalajara, viviendo de forma casi permanente fuera de su comunidad y lejos de su familia. Las anemias y amibiasis abundan, las malformaciones congénitas no se hacen esperar.

Una de las raíces principales del problema es claramente identificado: el agua, el derecho humano fundamental al agua. Si bien la actual administración de Poncitlán ha buscado atender la situación, y el gobierno del estado han aportado para un pozo actual, que no ha sido activado y que está detenido por trámites municipales, la situación requerida ahí tiene que ver con infraestructura de tubería, perforación, bombeo e instalación, del servicio del agua potable, en forma. Lo anterior corresponde al SIAPA (Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado), quien advirtió en su momento al estado, la epidemia y la situación insufrible de esta región. Sin embargo, la situación ha superado tanto al municipio como al estado. Al comprobar que esta infausta situación se ha prolongado por varias décadas, cambio tras cambio de administración de las autoridades de la materia, nos damos cuenta de que es urgente, de que es inaplazable y tremendamente necesaria, la intervención de la federación, en esta región que pareciera un subpaís, una sociedad en el fondo, en el centro de la tierra, que viviendo al lado del lago que surte de agua a toda la región, es despreciado y negado en su derecho a la infraestructura necesaria para recibir ese líquido que, en esta ocasión el adjetivo le queda mejor que nunca: líquido vital.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, para su urgente y obvia resolución, el presente

Acuerdo

Único.Se solicita a las autoridades sanitarias y ambientales que atiendan de manera urgente y tome medidas y acciones, tanto con las autoridades locales como de ejecución, en el marco de sus atribuciones, en la región noreste del litoral del Lago de Chapala, para resolver cuanto antes la ausencia total de fuentes de agua potable de calidad en dicha región, así como de seguimiento a los casos en los que se ha visto afectada la salud de los pobladores de la región, derivado de ésta problemática.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.— Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracia, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobado. Comuníquese.

FORTALEZCA EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, POR LA GRAVE AFECTACIÓN QUE LA PESCA ILEGAL OCASIONA A LA BIODIVERSIDAD Y A LA ACTIVIDAD PESQUERA NACIONAL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Continuando con el orden del día y con el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fortalezca el Programa de Inspección y Vigilancia por la grave afectación que la pesca ilegal ocasiona a la biodiversidad y a la actividad pesquera nacional. Adelante, por favor.

La diputada Jisela Paes Martínez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta máxima tribuna del país para referirme al principal problema que enfrentan hoy día nuestros pescadores de todo el país, me refiero a la pesca ilegal.

Entre otros efectos, la pesca ilegal genera sobreexplotación, captura de ejemplares juveniles, utilización de artes de pesca prohibidas, lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas para el pescador y una amenaza para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos.

Las acciones para prevenirla y combatirla son la inspección y vigilancia que de acuerdo a la ley corresponden a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), cuyo objeto es garantizar la preservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Las quejas de los pescadores nos indican que la inspección y vigilancia enfrentan severas deficiencias, lo cual es causa de que la pesca ilegal constituya hoy el principal problema que aqueja la actividad pesquera. El nivel que ha alcanzado atenta ya contra la sustentabilidad a largo plazo de la pesca mexicana.

Son muchas las causas de este problema, dentro de ellas se encuentra la falta de recursos para cumplir eficazmente esa función. Actualmente existen poco más de 200 inspectores para más de 11 mil kilómetros de litoral, centros de venta de productos pesqueros y para todas las demás tareas inherentes a esta función.

Basta citar que en Baja California Sur, con más de 2 mil 200 kilómetros de litoral y una gran biodiversidad sólo hay 5 inspectores de pesca. Es evidente esta falta de personal, así como del equipo necesario, pero sobre todo de una adecuada coordinación entre las diversas instancias públicas que llevan a cabo tareas de vigilancia, como Profepa, Secretaría de Marina, PGR, etcétera.

Según un estudio realizado por un grupo de organizaciones civiles, denominado La Pesca Ilegal e Irregular en México: Una Barrera a la Competitividad, las principales causas de la pesca ilegal en México son, además de la carencia de personal, las bajas sanciones, la falta de participación pública, el gasto público inadecuado, la falta de efectividad en las estrategias principalmente.

A pesar de la falta de información sobre los efectos adversos de la pesca ilegal, el estudio citado concluye que la pesca ilegal representa en promedio el 56 por ciento de la producción pesquera nacional.

La Conapesca ha realizado en los últimos años algunos esfuerzos para combatir la pesca ilegal, como el sistema de monitoreo satelital para las embarcaciones, pero estos avances son insuficientes para resolver un problema de tal magnitud.

También, el sector pesquero social como el privado realizan esfuerzos para combatir esta práctica ilegal, como en el caso de las cooperativas de la Península de Baja California, que en apoyo a la vigilancia aporta recurso personal para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros.

En tal circunstancia, se necesitan acciones inmediatas y definitivas que enfrenten el problema en todas sus vertientes, no sólo se deben incrementar el número de inspectores, para este objeto se requiere de un programa mucho más ambicioso.

Si se continúan desarrollando las mismas acciones, se seguirán obteniendo idénticos resultados. Urgen nuevas medidas para enfrentar este flagelo que lacera a la pesca nacional, por eso deben incorporar otras acciones para conseguir mejores resultados, como en el mejor uso de las tecnologías, mayor coordinación institucional, crear una policía única en el mar, fomentar la participación pública en la toma de decisiones, generar espacios para la vigilancia comunitaria, reorganizar el presupuesto de la Conapesca, lograr una mayor eficiencia con los limitados recursos que están destinados a la inspección y vigilancia, entre otras.

Asimismo, la Conapesca debe tener claro que para mejorar los resultados debe aplicar la ley de manera irrestricta, en cualquier acto de pesca ilegal sin permitir impunidad, como ha sucedido en muchos casos en que se han detenido embarcaciones realizando pesca ilegal y que son liberadas de forma inmediata.

Además de exigirle a la Conapesca, cada uno de quienes estamos relacionados con el sector debemos contribuir a la solución del problema. Las y los diputados debemos destinar mayores recursos a la inspección y vigilancia pesquera porque lo hemos disminuido en los últimos años. Etiquetarlos, asimismo como darle seguimiento a su aplicación.

Señoras y señores diputados, ante este panorama es necesario que la autoridad aplique medidas efectivas contra la pesca ilegal. Necesitamos la voluntad de la Conapesca para modificar el esquema actual de la inspección y vigilancia. De otra manera, la pesca ilegal seguirá afectando a nuestros pescadores y nos impedirá contar con una actividad pesquera más sólida y competitiva.

Por eso pedimos en el presente punto de acuerdo que se atienda este problema mediante estrategias efectivas de prevención y combate con la coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales, la participación del sector pesquero y cero tolerancia a los infractores de la ley.

Los pescadores mexicanos merecen y exigen eso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a fortalecer por la Conapesca el programa de inspección y vigilancia por la grave afectación que la pesca ilegal ocasiona a la biodiversidad y la actividad pesquera nacional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Jisela Paes Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, fortalezca el Programa de Inspección y Vigilancia, por la grave afectación que la pesca ilegal ocasiona a la biodiversidad y a la actividad pesquera nacional.

Consideraciones

Uno de los problemas que afectan con mayor severidad a la biodiversidad marina y a la actividad pesquera en particular es la pesca ilegal, porque genera sobreexplotación, captura de ejemplares juveniles, utilización de artes de pesca prohibidas, todo lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una amenazapara la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y es uno de los principales obstáculos para la ordenación de los recursos pesqueros.

La acción fundamental para prevenirla y combatirla es la inspección y vigilancia, que de acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es atribución de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, (Conapesca), que tiene como objeto garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros.

La realidad y las quejas y de los pescadores en todo el país nos indican que la función de vigilar la aplicación de la legislación pesquera enfrenta graves deficiencias, lo cual ha llevado a que la pesca ilegal constituya hoy el principal problema que aqueja a la actividad pesquera. Además, en los niveles que ha alcanzado, constituye un excesivo esfuerzo pesquero adicional que atenta contra la sustentabilidad a largo plazo de la pesca mexicana.

Son muchas las causas de este problema. Uno de ellos es que la Sagarpa-Conapesca no cuenta con recursos financieros y personal suficientes para cumplir eficazmente esa función, lo cual se acentuó con la desaparición en 1994 de la Secretaría de Pesca del gobierno federal, que entre muchos efectos negativos trajo la desaparición las delegaciones estatales de pesca y con ello se suprimieron la mayoría de las oficinas de pesca, que eran la base de la inspección y vigilancia.

Actualmente existen sólo 210 inspectores para más de 11 mil kilómetros de litoral, centros de venta de productos pesqueros y para todas las demás tareas inherentes a esa función. Es evidente la falta de personal para realizar la inspección y vigilancia, así como la carencia del equipo necesario y sobre todo una adecuada coordinación entre las diversas instancias públicas que llevan a cabo tareas de vigilancia.

Cito el caso de Baja California Sur, que con más de 2 mil 200 kilómetros de litoral y una gran diversidad biológica de recursos marinos, muchos de alto valor comercial como langosta, abulón, camarón, pepino de mar, o las especies destinadas a la pesca deportiva, cuenta con sólo cinco inspectores federales de pesca. En todos los sitios pesqueros que visitamos se escucha la misma denuncia contra la práctica de la pesca ilegal y la falta de atención al problema.

Según el estudio realizado por el Centro de Colaboración Cívica AC; la Comunidad y Biodiversidad, AC; Environmenral Defense Fund de México AC; Fundación Idea AC; IMCO y la Sociedad de Historia Natural Niparajá, AC; denominado La pesca ilegal e irregular en México: una barrera a la competitividad, las principales causas de la pesca ilegal en México son, además de la carencia de personal, la bajas sanciones comparados con los beneficios que se pueden obtener por esas prácticas, la falta de participación pública, el gasto público inadecuado, la falta de efectividad en las estrategias, principalmente.

A pesar de la falta de información sobre los efectos adversos de la pesca ilegal, hasta hace algunos lustros la FAO planteaba que ésta significaba en México 30 por ciento de las capturas totales, aunque las organizaciones del sector pesquero mencionan que puede constituir más de 40 por ciento. Incluso, en el estudio citado anteriormente, y bajo una estricta metodología, se concluye que la pesca ilegal representa en promedio 56 por ciento de la producción nacional.

De acuerdo a un estudio de la FAO de 2010 denominado Estudio social de la pesca en México: diagnóstico sobre la problemática social de los pescadores, su entorno y su visión sobre las posibles soluciones a los problemas que afectan la pesca, se registró que de las cinco regiones pesqueras que establece la Conapesca para el país, 26 por ciento de los pescadores considera las actividades de vigilancia e inspección como buena o muy buena mientras que 69 por ciento califica la responsabilidad de esta comisión como regular o mala.

De esta magnitud es el problema de la pesca ilegal, sus repercusiones negativas en la sustentabilidad pesquera y en la competitividad de la pesca nacional. La disminución de algunas especies pesqueras encuentra su explicación más clara, además de en los fenómenos climáticos, en la elevación de los índices de la pesca ilícita. Mientras que en el año 2000 69 por ciento de las pesquerías a nivel nacional se encontraban a su máxima capacidad o sobreexplotadas, hoy 84 por ciento se encuentran en esa condición.

No debe dejarse de mencionar que la Conapesca ha realizado en los últimos años algunos esfuerzos para combatir la pesca ilegal, como el sistema de monitoreo satelital para embarcaciones mayores, pero estos avances son insuficientes para resolver un problema de tal envergadura.

Es importante destacar también que tanto el sector pesquero social como privado han realizado importantes esfuerzos para combatir esta práctica ilegal, mediante la aportación de recursos y personal para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros, lo cual no es suficiente. Siguen sufriendo el asedio constante de los pescadores furtivos en época de captura y sobre todo en épocas de veda.

En tal circunstancia, se requieren acciones inmediatas y definitivas que enfrenten el problema en todas sus vertientes. No sólo se deben incrementar el número de inspectores; para este objeto se requiere de un programa más ambicioso. Hasta hoy no se conocen acciones específicas en materia de prevención de la pesca ilegal. Si continúan desarrollándose las mismas acciones, se seguirán obteniendo los mismos resultados. Son urgentes nuevas medidas para enfrentar este flagelo que lacera a la pesca nacional.

El sector pesquero y las propias organizaciones de la sociedad civil, interesadas en contribuir a este propósito, han planteado propuestas muy interesantes en esta materia. Una valiosa aportación en tal sentido se encuentra en el estudio antes referido, en el cual se proponen acciones concretas que pueden ejecutarse para conseguir mejores resultados, tales como hacer mejor uso de las tecnologías, mejorar la coordinación de quienes hacen cumplir la ley, crear una policía única en el mar, fomentar la participación pública en la toma de decisiones, generar espacios para la vigilancia comunitaria, reorganizar el presupuesto de la Conapesca, entre otras.

El sector social de la pesca aporta ejemplos exitosos en materia de combate a la pesca ilegal, como en el caso de las cooperativas pesqueras asentadas en el litoral del océano Pacífico de la península de Baja California, que a través de los propios cooperativistas, en apoyo a la vigilancia, coadyuvan en los operativos que han solucionado parcialmente el problema.

Pero además de exigirle más atención al problema a la Conapesca, cada una de las instancias que tienen relación con la pesca debemos contribuir a solucionar el problema. La Cámara de Diputados debe destinar mayores recursos a la inspección y vigilancia pesquera y lograr que éstos queden debidamente etiquetados, así como darle seguimiento a su aplicación efectiva.

Del análisis sobre los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados en los últimos diez años a la inspección y vigilancia, se advierte que éstos han disminuido. En el año 2007 se presupuestaron 249 millones de pesos, no se etiquetaron en el siguiente año y de 2009 a 2015 los montos aprobados fluctuaron entre 60 y 100 millones de pesos por año. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2016, bajo el esquema de un presupuesto base cero, no se etiquetaron recursos para inspección y vigilancia, bajo el supuesto de que se incluyeron en el programa de sustentabilidad de los recursos naturales.

Los diputados tenemos el ineludible deber de lograr los consensos para exigir que se apliquen mayores recursos a esta función y si éstos resultan insuficientes trabajar desde ahora con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lograr el rediseño en el siguiente presupuesto de egresos en lo relativo a la inspección y vigilancia pesquera y lograr que en general se aumenten los recursos para el ordenamiento pesquero y la inspección y vigilancia.

Pero ante la gravedad del problema que se vive en la actualidad es urgente demandar a la Conapesca acciones inmediatas para que se logre una mayor eficiencia con los limitados recursos que están destinados a la inspección y vigilancia. Para ello, es fundamental que esa dependencia involucre a todas las instancias que cuenten con capacidades y facultades, a fin de que coadyuven en esta tarea, como es el caso de la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entre otras.

Pero también la Conapesca debe tener claro que para mejorar los resultados en inspección y vigilancia debe aplicar la ley de manera irrestricta en todos los casos en que se cometa un acto de pesca ilegal. El 10 de marzo de 2014, elementos de la Secretaría de Marina, Profepa y Conapesca, detuvieron en la región de Guerrero Negro, Baja California Sur, a siete personas que a bordo de un barco camaronero se encontraban en posesión de mil 9 colas de langosta, recurso en veda, extraídas de manera ilegal en las costas cercanas a la Bahía de Vizcaíno, lo cual, de acuerdo con el Código Penal Federal, requería el ejercicio de la acción penal y en materia administrativa el decomiso de la embarcación, dada la gravedad de las conductas. Sin embargo, los presuntos responsables fueron liberados de inmediato y la embarcación y las artes de pesca utilizadas en dicho ilícito fueron devueltas a su propietario.

Nuevamente, el pasado lunes 23 de noviembre de 2015, en un operativo de inspección y vigilancia en la misma bahía, se encontró en otro barco camaronero langosta extraída en esa zona, capturadas ilegalmente, los cuales son hechos constitutivos del delito ambiental en contra de la biodiversidad, previsto y sancionado por el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal. No obstante dicha embarcación fue liberada nuevamente.

En este último caso, la agente del Ministerio Público federal, respondió a los cooperativistas concesionarios del recurso pesquero afectado y a su vez propietarios de las artes de pesca utilizadas en la comisión de este ilícito, que el único afectado es la biodiversidad, cuya representación legal corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por ello deseamos solicitar a esta dependencia continúe con las acciones legales conducentes.

La Conapesca está obligada a combatir la impunidad. Quienes cometan infracciones a la ley los debe sancionar con rigor, sobre todo cuando se trate de este tipo de conductas tan graves. En la calificación y sanción de las conductas ilícitas por pesca ilegal no debe permitirse impunidad o aplicar sanciones administrativas tan reducidas para este tipo de acciones, porque además de que es ilegal, se envía un mensaje negativo al sector pesquero, genera fuertes reacciones de protesta y rompe la tranquilidad social en las comunidades pesqueras.

Según la página electrónica de la Conapesca, el Programa Nacional de Inspección y Vigilancia tiene los siguientes objetivos:

• Establecer una acción contundente del gobierno federal para combatir frontalmente la pesca, tránsito y comercio ilegal de productos de la pesca y la acuacultura.

• Privilegiar la prevención con la participación de los tres ámbitos de gobierno y corresponsabilidad de la sociedad a través de los productores.

• Prevenir, combatir y sancionar la pesca y acuacultura ilegal de tal manera que esta actividad ilícita se vuelva totalmente incosteable.

• Incentivar y verificar el cumplimiento de la normatividad.

• Combatir la comercialización clandestina de especies.

• Promover la creación de comités estatales de inspección y vigilancia así como difundir el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros.

Ante el problema que significa el crecimiento de la pesca ilegal, debe fortalecerse el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, previsto en el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el cual señala que:

“La Secretaría, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la colaboración de los productores pesqueros y acuícolas, comunidades indígenas, los gobiernos municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal,especialmente en las zonas sobreexplotadas y de repoblación, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos sancionados por la presente ley y otras disposiciones aplicables”.

La autoridad pesquera tiene otras asignaturas pendientes en esta materia, como es la falta de información en diversos rubros. Una nota publicada en el diario La Jornada, el pasado 9 de diciembre, da cuenta de una denuncia de diversas organizaciones civiles porque la calidad de la información que ofrece en su portal la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es insuficiente para que los ciudadanos evalúen la actuación del organismo a cargo de la vigilancia y explotación sustentable de los recursos marítimos, ya que tras evaluar los índices de transparencia del organismo se concluyó que los datos sobre subsidios energéticos, derechos de pesca e inspección y vigilancia son insuficientes y, en una escala de cero a uno, la comisión obtuvo 0.29”.

Ante este panorama general es necesario que la autoridad aplique medidas inmediatas contra la pesca ilegal y plantee una eficiente coordinación con las demás dependencias federales, con la colaboración de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los pescadores, de tal manera que se integre un frente común que atienda esta compleja problemática, para el combate decidido y frontal contra quienes cometen estos ilícitos, pero también que aplique la cero tolerancia para los infractores.

Asimismo, la Conapesca debe fortalecer el Programa Integral de Combate a la Pesca Ilegal, mediante nuevos mecanismos de coordinación y colaboración de todos los niveles de gobierno, con la participación del sector pesquero. En esta materia deben tomarse en cuenta las propuestas de todos los involucrados en la materia. De otra manera la pesca ilegal seguirá afectando nuestros recursos pesqueros y la sustentabilidad de la pesca nacional y nos impedirá contar con una actividad pesquera más sólida y competitiva.

Para enfrentar este problema es necesaria la voluntad de la Conapesca de modificar el esquema actual de la inspección y vigilancia, porque si continúa realizándose como hasta hoy, se seguirá afectando nuestra biodiversidad y por ende el sector pesquero nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, fortalezca el Programa Integral de Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal , previsto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, mediante estrategias efectivas de prevención y combate a la pesca ilegal que consideren la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales, con la participación del sector pesquero social y privado, así como con medidas de transparencia y publicidad de sus acciones, para enfrentar el creciente problema de la pesca ilegal en el país, el cual afecta de manera severa a la biodiversidad y a la actividad pesquera nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a que dentro del proceso de calificación y sanción de las acciones de pesca ilegal, se aplique la cero tolerancia para los infractores de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y a que en las actuaciones derivadas del acta de inspección en contra de la embarcación Indio Azteca, por actos de pesca ilegal en el litoral del océano Pacífico de la península de Baja California, detenida el pasado 23 de noviembre, se apliquen con todo rigor las sanciones previstas en la ley, considerando la gravedad de tales conductas y a efecto de inhibir nuevos casos de embarcaciones detenidas por realizar pesca ilegal que son liberadas de inmediato.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que conforme lo dispone la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su calidad de coadyuvante, lleve a cabo las acciones que en derecho corresponden, a efecto de que se instaure procedimiento penal para que se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes a bordo de la embarcación Indio Azteca participaron en el ilícito de la captura y traslado de langosta, delito tipificado en el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.— Diputada Jisela Paes Martínez(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se considera de urgente resolución. Ahora consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal de la LXIII legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo contenido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es uno de los derechos humanos fundamentales; se trata de un excelente nivelador social, que permite de manera real y concreta disminuir la brecha entre los estratos económico y por lo mismo, ayuda a atenuar la desigualdad.

El caso de la educación de las personas con algún tipo de discapacidad, destacando la que es permanente, requiere una atención especial y particular. Muchas veces no pueden trabajar a la par que el resto de sus compañeros, sobre todo cuando se trata de una discapacidad neurológica; y necesitan de toda la comunidad educativa y a veces de un apoyo extraordinario que pueda brindarle una persona capacitada para ser una acompañante de la persona en cuestión.

Citando a Odet Moliner, “no es posible avanzar hacia la inclusión sin el apoyo de una conciencia social “inclusiva” que requiere, por tanto, del compromiso de la administración (entiéndase el gobierno), en tanto que garante de una determinada visión educativa y social. En este sentido la legislación debe ser, de forma inequívoca, el primer apoyo en el proceso hacia la inclusión educativa” fin de la cita. (Moliner Garcia, Odet. 2008 en su artículo “Condiciones, procesos y circunstancias que permiten avanzar hacia la inclusión educativa: retomando las aportaciones de la experiencia canadiense.”)

Semánticamente, incluir e integrar tienen significados muy parecidos, lo que hace que muchas personas utilicen estos verbos indistintamente. Sin embargo, en los movimientos sociales, inclusión e integración representan filosofías totalmente diferentes, aun cuando tengan objetivos aparentemente iguales: la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad.

La diferencia entre incluir e integrar puede resultar sutil para algunos, pero es esencial para las personas que han adquirido una discapacidad. Existen dos maneras de comprender el desempeño de una persona con discapacidad en su comunidad escolar: como integración o como inclusión. Además, organismos internacionales como la UNESCO y el Comité de los Derechos del niño, ambos pertenecientes a la ONU, están más a favor del término educación inclusiva. Yo creo firmemente que ésta es la visión adecuada para nuestra realidad y nuestro tiempo; pues implica voltear la óptica de la situación y trabajar para cambiar la cultura de las personas sin discapacidad y a las instituciones.

Defiendo lo anterior porque en la integración: los niños “se preparan” en escuelas especiales para poder ingresar a escuelas regulares; las instituciones hacen cambios con el foco en las personas con discapacidad, las personas con discapacidad deben adaptarse a los sistemas que ya existen, las transformaciones son superficiales y muchas veces momentáneas, solo se inserta al sistema las personas que se consideran “aptas”, se piensa que el grupo de personas con determinada discapacidad son iguales y no se respeta su individualidad y finalmente, se disfrazan las limitaciones para aumentar las posibilidades de inserción.

En cambio, cuando hablamos de inclusión: los niños no necesitan prepararse para la escuela regular, simplemente asisten a ella, los cambios benefician a todos, la sociedad se adapta para atender las necesidades de las personas con discapacidad, la sociedad se vuelve más atenta a las necesidades de todos, se defienden los derechos de todas las personas, se permite y promueve la participación de grupos excluidos, se transforman los sistemas para que sean de calidad para todos, no disfraza las limitaciones porque son reales, se reconoce que todos somos diferentes, todos somos personas y no hay necesidad que separar personas sin discapacidad, de personas especiales o excepcionales.

México es miembro de la ONU y por lo tanto está obligado a cumplir con la Convención de los derechos del niño. Esto implica respetar a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Para finalizar, consciente de que la propuesta no es una tarea sencilla, sugiero trabajar con ajustes razonables, es decir, la aplicación de modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos humanos. De la misma manera, utilizar ayudas técnicas que podrán ser dispositivos tecnológicos y materiales que permitan rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad.

Creo vehementemente que dar el paso de integración a inclusión de una persona con alguna discapacidad, significa precisamente velar por el bien superior de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Se modifica el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración e inclusión a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Los criterios generales para realizar los ajustes razonables y la utilización de ayudas técnicas que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad.

Notas:

1 http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content &view=article&id=147&Itemid=144

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016.— Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen.

LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Edith Villa Trujillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo comunicación Bis de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Edith Villa Trujillo:Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Saludo a mis compañeros diputados de bancada y a mis compañeros Maricela Serrano Hernández, Hersilia Córdoba Morán, Héctor Javier Álvarez, Telésforo García Carreón y Juan Manuel Sales Aguirre.

Asimismo, saludo a un compañero exdiputado de la LXII Legislatura y luchador social, el doctor Brasil Acosta Peña, quien preocupado por la problemática del líquido vital, ha venido realizando foros por la problemática del agua en el municipio de Texcoco, con la participación de especialistas de talla nacional e internacional.

La escasez del agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando numerosas sociedades de todo el mundo. México no es la excepción. A lo largo del último siglo el uso y consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población.

Y aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo sexto, menciona que: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Por ello, debemos procurar la creación de un sistema financiero fuerte y vigoroso, en el cuerpo normativo actual en el que esta honorable asamblea apruebe por mandato constitucional que garantice la armonía normativa, con conceptos claros, codificado que evite remisiones a otros ordenamientos jurídicos y cuando resulte necesario hacerlo, que dicha remisión sea clara, práctica, sin hacer nugatorio el ejercicio de los derechos al agua, así como su protección, que se privilegie sin lugar a dudas el interés público sobre el interés particular.

Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio y el respeto del derecho humano al agua, pero todos, como la vida misma debemos cuidarla.

La prestación del servicio de agua potable y alcantarillado por medio de los comités viene a corroborar el gran desfase existente entre los lineamientos establecidos en el marco legal y la capacidad con la que se cuenta para atender el reto de la gestión del agua.

La solución demanda incremento de presupuesto, voluntad política, construcción de capacidades locales, apertura de canales de participación social, transparencia y compromiso ciudadano.

Desde la perspectiva económica, se debe contar con un recurso suficiente para el financiamiento de un programa que lleve el agua a las zonas más pobres y de alta marginación y que se renueven los sistemas más deteriorados de la red para control de fugas y de más desperfectos.

Desde la otra perspectiva se debe invertir en el mejoramiento de la capacidad institucional para hacer efectivos los compromisos en materia de obligaciones de dotación del servicio con relación a la legitimidad y rendición de cuentas, que debe darse además un diálogo sistemático y continuo con los usuarios del agua a fin de generar consensos y compromisos sobre las responsabilidades, derechos y obligaciones en materia de dotación del servicio.

La sostenibilidad financiera representa uno de los mayores retos de la federación, estados, entidades federativas y municipios, dado sus elevados costos operativos y baja eficiencia, por lo que se necesita poner en marcha, entre otras estrategias, programas integrales para reducir las fugas y mejorar la facturación.

Un buen suministro de agua puede pagarse mediante las cuotas de los usuarios con subsidios cruzados, de modo que los mayores consumidores paguen proporcionalmente más y posibiliten de esa manera un pago accesible a los pobladores más pobres.

Nuestra principal preocupación es robustecer el sistema de financiamiento del sistema de agua con el fin de garantizar el derecho humano al agua recargando los mantos acuíferos, acción que para tal fin es indispensable la presente iniciativa que propone que la federación destine anualmente el uno por ciento del producto interno bruto del país, tomando en consideración que para 2016, de acuerdo a los precriterios de la política económica, éste será de 19 billones 203 mil 900 millones de pesos, de manera que el uno por ciento del producto interno bruto equivale a 192 mil 39 millones de pesos, recursos necesarios aunque no suficientes para realizar la recarga de los mantos acuíferos y así estar en condiciones de respetar de manera plena y al más alto nivel por parte del Estado el derecho humano al agua.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de los diputados de esta LXIII Legislatura el siguiente proyecto de decreto...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Concluya por favor, diputada.

La diputada Edith Villa Trujillo: ... por el que se reforma el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

Único. Artículo 111 Bis. El Ejecutivo federal, el gobierno de cada entidad federativa y los municipios, con sujeción a las disposiciones de ingreso y gasto público correspondiente que resulte aplicable, deberán concurrir al financiamiento del sistema de aguas del subsuelo el monto anual que la federación deberá, al gasto del sistema de aguas del subsuelo, y no podrá ser menor del uno por ciento del producto interno bruto. Muchas gracias. Solamente pido que mi intervención quede íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Edith Villa Trujillo, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Moran, Maricela Serrano Hernández, Telesforo García Carreón, Héctor Javier Álvarez Ortiz; y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Juan Manuel Celis Aguirre, todos integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de ley con base en las siguientes:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., párrafo sexto menciona que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios; así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines...”

Al hablar del derecho al agua que todos los mexicanos tenemos, no podemos hablar de acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, sin tomar en consideración lo relativo a la existencia de dicho recurso natural en cantidad y en calidad suficientes, además de considerar factores externos que impactan y determinan su existencia como recurso, tales como el cambio climático, contaminación y la situación geo hidrológica de nuestro país.

Para garantizar el derecho humano al agua, los factores antes enunciados deben ser tomados en cuenta, y establecer lineamientos específicos en la ley, que condicionen tanto del actuar de la autoridad como de los particulares para garantizar la existencia del vital líquido, pues al no hacerlo ¿Cómo el Estado cumplirá su obligación de proporcionar agua para consumo personal y doméstico en forma, suficiente, salubre, aceptable y asequible?

El tema hídrico en nuestro país, si bien está regulado por la ley, reglamentos y disposiciones de carácter general; dicha normatividad es susceptible de mejoras para regular en forma clara las obligaciones que de manera coordinada o concurrente tienen los tres niveles de gobierno en esta materia. Al mismo tiempo, deberán considerarse con precisión las facultades de vigilancia y control que deberán ejercer las autoridades, para con ello preservar la cantidad y calidad del agua; así como los procedimientos para la realización de visitas de inspección; imposición de sanciones y, en su caso, la aplicación de medidas de seguridad necesarias, debiéndose establecer procedimientos adecuados para esta materia, expeditos y eficaces.

Por lo señalado antes, debemos procurar la creación de un sistema financiero fuerte y vigoroso en el cuerpo normativo actual, que garantice la armonía normativa, con conceptos claros, codificado, que evite remisiones a otros ordenamientos jurídicos y, cuando resulte necesario hacerlo; que dicha remisión sea clara, práctica, sin hacer nugatorio el ejercicio de los derecho al agua así como su protección, que se privilegie, sin lugar a dudas, el interés público sobre el interés particular.

En Ginebra, el 27 de noviembre de 2002; en la reunión del Comité de Derechos Económicos y Culturales y Sociales, de la Organización de Naciones Unidas se estableció que: “...el agua es fundamental para la vida y la salud. La realización del derecho humano a disponer de agua es imprescindible, para llevar una vida saludable, que respete la dignidad humana. Es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos...”.

Con esas palabras el Comité a que me refiero en el párrafo anterior, adoptó la medida sin precedentes de aprobar una observación general sobre el agua como derecho humano. Esta constituye una interpretación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los países que han ratificado el Pacto tendrán que velar por que la población entera tenga progresivamente acceso a agua de bebida potable y segura y a instalaciones de saneamiento, de forma equitativa y sin discriminación.

En la observación general se declara que en virtud del derecho humano a disponer de agua, todas las personas deben tener agua suficiente, asequible, accesible, segura y aceptable para usos personales y domésticos. Se exige que los países adopten estrategias y planes de acción nacionales que les permitan acercarse de forma rápida y eficaz a la realización total del derecho a tener agua.

Esas estrategias deben basarse en la legislación y los principios relativos a los derechos humanos, tienen que abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las correspondientes obligaciones de los países, definir objetivos claros, fijar objetivos o metas que habrá que alcanzar y el plazo para su consecución y formular políticas adecuadas y los indicadores correspondientes.

La importancia de la observación general radica asimismo en que proporciona a la sociedad civil un instrumento que responsabiliza a los gobiernos de la garantía del acceso equitativo al agua.

La observación general estipula que el agua, como la salud, es un elemento esencial para lograr la realización de otros derechos humanos, especialmente los derechos de recibir alimentos y nutrición, vivienda y educación adecuados.

Para entrar en materia me permitiré citar unas palabras de Don José Trinidad Lanz Cárdenas:... “El planeta tierra se distingue de todos los demás, de todas las demás estrellas, precisamente por el agua. No se ha encontrado agua hasta la fecha en ninguna otra parte del universo, y correlativamente no se ha encontrado vida en ninguna parte, porque el agua es eso, esencialmente vida.

El agua obedece a un ciclo hidrológico perfecto y la naturaleza no proporcionará más que la que existe. Sin embargo la estamos destruyendo, la estamos contaminando seriamente. Como quien dice, vamos al suicidio en ese sentido...”

Esta es la importancia del agua, pero lo cierto es que, existen factores que afectan la cantidad y calidad del agua. En efecto, la escasez de agua afecta a todos los continentes. 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1.600 millones, alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos.

La escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando numerosas sociedades de todo el mundo, México no es la excepción. A lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población y, aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua.

La escasez de agua es un fenómeno no solo natural sino también causado por la acción del ser humano. Hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a 6.000 millones de personas, pero ésta está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma insostenible.

Aunado a lo anterior, la calidad del agua; es afectada por factores naturales y por factores humanoso de la acción humana y es en éste último donde, tanto la ley, como las políticas deEstado, deben señalar de forma clara que, para garantizar el derecho humano a ella; todos, absolutamente todos; Gobierno, sociedad, individuos y empresas, instituciones educativas, debemos protegerla.

Sí es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio y el respeto del derecho humano al agua, pero todos, como la vida misma, debemos cuidarla.

Otro dato curioso pero alarmante: en las zonas en donde existe agua en forma “abundante” es en donde se consume más y se cuida menos; cuando éstas deben ser las zonas más protegidas, precisamente por su cantidad.

Las autoridades competentes en materia hídrica tienen dentro de sus funciones preservar la cantidad y calidad del agua, como ya se ha dicho; ahora, con la reforma propuesta, también tendrán la obligación de proporcionar agua suficiente, salubre, y distribuirla en forma equitativa, además de propiciar y materializar la correcta y eficaz coordinación de los tres niveles de gobierno y la participación de la población.

El sector del agua potable en México ha sufrido profundas transformaciones a partir de la segunda mitad del siglo pasado, resultantes, los cambios en el modelo de organización del Estado y de la economía y, por el otro, con la necesidad de responder a la creciente conflictividad social en torno a la gestión del agua.

La creación de organismos operadores de agua potable, en el marco legal estipula condiciones ideales para la prestación del servicio, los aspectos prácticos que implica la gestión del agua pero no presagia grandes avances en términos de la eficiencia o responsabilidad en el suministro del servicio, en gran porcentaje, presentan instituciones débiles y administraciones improvisadas, cuyo personal se designa en puestos de dirección más por compadrazgo político que por reconocida capacidad y experiencia.

La prestación del servicio de agua potable y alcantarillado por medio de los comités, viene a corroborar el gran desfase existente entre los lineamientos establecidos en el marco legal y la capacidad con la que se cuenta, para atender el reto de la gestión del agua. La solución demanda incremento de presupuesto, voluntad política, construcción de capacidades locales, apertura de canales de participación social, transparencia y compromiso ciudadano, pero el más pronto es la falta de regulación de los comités gestores del agua potable en las diferentes entidades federativas, como fortalecer vigorosamente el sistema de financiamiento con el objeto primordial de que todos en la sociedad tengan acceso al derecho humano al agua.

En ese tenor, los organismos operadores deben cumplir con una serie de condiciones para pasar del actual servicio que prestan, lleno de carencias, debilidades y su falta de regulación, hacia el ideal planteado en la legislación; entre ellas, tener:

a) Viabilidad operativa

b) Legitimidad y rendición de cuentas

c) Transparencia en los procesos técnicos y financieros

d) Sostenibilidad financiera

e) Sistema regulador independiente

La viabilidad operativa debe ser entendida desde dos perspectivas: económica y de capacidad institucional.

Desde la perspectiva económica se debe contar con recursos suficientes para el financiamiento de un programa que lleve el agua a las zonas más pobres y que se renueven los sistemas más deteriorados de la red para control de fugas y demás desperfectos. Desde la otra perspectiva, se debe invertir en el mejoramiento de la capacidad institucional para hacer efectivos los compromisos en materia de obligaciones de dotación del servicio. Con relación a la legitimidad y rendición de cuentas, debe darse un diálogo sistemático y continuo con los usuarios del agua, a fin de generar consensos y compromisos sobre las responsabilidades, derechos y obligaciones en materia de dotación del servicio.

La participación comunitaria en la gestión de los recursos hídricos puede fomentarse mediante el contacto directo entre usuarios y funcionarios de los sistemas, a fin de intercambiar información sobre temas de interés en materia de prestación del servicio.

La transparencia en los procesos técnicos y financieros del organismo operador del agua se vincula estrechamente con la legitimidad y rendición de cuentas y tiene que ver con la necesidad de generar un proceso de debate público sobre temas de interés con relación al servicio, ya sea reajustes tarifarios, alternativas para el tratamiento de aguas residuales, tendido de redes y características de tandeos, entre otros.

La transparencia contribuye a generar mayor participación de los distintos involucrados e interesados en la materia, comenzando por la existencia de sistemas de representación y mecanismos institucionales que garanticen que la participación conlleve a la incidencia en la toma de decisiones a la hora de definir las políticas. Por ello, es imprescindible una revisión de la estructura de los organismos operadores y la creación, en caso de que no haya, de estos espacios y mecanismos.

La sostenibilidad financiera representa uno de los mayores retos de los organismos operadores, dado sus elevados costos operativos y baja eficiencia, por lo que se necesita poner en marcha, entre otras estrategias, programas integrales para reducir las fugas y mejorar la facturación. Con un buen suministro, el agua puede pagarse mediante las cuotas de los usuarios, con subsidios cruzados, de modo que los mayores consumidores paguen proporcionalmente más y posibiliten, de esa manera, un pago accesible a los pobladores más pobres.

La existencia de un sistema regulador independiente es primordial para garantizar que se cumplan las obligaciones del servicio, determinar tarifas adecuadas, exigir profesionalismo de los funcionarios del organismo operador, evitar corrupción, asegurar viabilidad económica y para que el organismo asuma su responsabilidad social y ecológica. Se deben crear mecanismos independientes y una norma reguladora eficaz que supervise si se respetan las normas ambientales, administrativas, técnicas y financieras.

Expongo a ustedes que en las últimas tres legislaturas se han presentado ante esta soberanía un total de 100 iniciativas sobre temas relacionados con el agua, dictaminándose 12 en sentido positivo y 10 en sentido negativamente y 78 han sido desechadas. En esta LXIII Legislatura se han presentado 6 iniciativas, de acuerdo con los registros respectivos de la presente legislatura.

Nuestra principal preocupación es robustecer el Sistema de Financiamiento del Sistema de Aguas, con el fin de garantizar el derecho humano al agua recargando los mantos acuíferos, acción que para tal fin es indispensable. La presente iniciativa propone que la Federación destine anualmente el 1% del Producto Interno Bruto del país, tomando en consideración que para 2016, de acuerdo a los pre-criterios de política económica éste será de 19 billones 203 mil 900 millones de pesos, de manera que el 1% del PIB equivale a 192 mil 039 millones de pesos, recursos necesarios aunque no suficientes, para realizar la recarga de los mantos acuíferos, y así, estar en condiciones de respectar de manera plena y al más alto nivel por parte del estado, el derecho humano al agua.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de las diputadas y los diputados de esta LXIII Legislatura el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales en materia de sistema de aguas del subsuelo

Único.Se reforma el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 111 Bis . El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa, y los municipios, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, deberán concurrir al financiamiento del Sistema de Aguas del Subsuelo. El monto anual que la Federación deberá al gasto del Sistema de Aguas del Subsuelo, no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto del año correspondiente.

Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa o por los municipios, no podrán ser transferibles a ningún otro fondo, ni usados con fines distintos a los señalados en el párrafo anterior, y deberán aplicarse exclusivamente en el Sistema de Aguas del Subsuelo.

El Sistema Financiero del Agua tendrá como propósito servir como base para soportar las acciones en materia de gestión integrada de los recursos hídricos en el territorio nacional, sin perjuicio de la continuidad y fortalecimiento de otros mecanismos financieros con similares propósitos.

El Sistema Financiero del Agua determinara con claridad las distintas fuentes financieras, formas de consecución de recursos financieros, criterios de aplicación del gasto y recuperación, en su caso, de tales recursos financieros, rendición de cuentas e indicadores de gestión, así como metas resultantes de la aplicación de tales recursos e instrumentos financieros.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 12 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Edith Villa Trujillo,Héctor Javier Álvarez Ortiz, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Juan Manuel Celis Aguirre, Maricela Serrano Hernández, Telesforo García Carreón (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su dictamen. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra también por cinco minutos, el diputado José Maximino García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de prevención, investigación, procuración de justicia y sanción de delitos cometidos de usurpación, robo, fraude y suplantación de datos e identidad de datos personales.

El diputado José Máximo García López:Gracias, diputada presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, personas que nos ven a través del Canal del Congreso, me presento el día de hoy preocupado por una de las acciones delictivas que se han ido incrementando en este país, y que desafortunadamente en México el robo de identidad es un delito que no se castiga. Estamos en octavo lugar en el mundo, en robo de identidad.

Según el IFAI, el 53 por ciento de los encuestados contestaron que les interesa muy poco o les preocupa nada el manejo de los datos personales. Esto se ha venido incrementando ya que en el 2011, según datos de la Condusef, solamente había 4 mil quejas, y en el 2015 se incrementó a más de 10 mil. Esto sin sumar lo que el sistema bancario ha manifestado, donde se han presentado cerca de 59 mil 250 quejas que van relacionadas con el robo de identidad.

Hasta el día de hoy las medidas han sido insuficientes y el sistema financiero, por atacar esta forma integral de este delito. El presidente de la Condusef hace algunas semanas informó que tan sólo en tres semanas se detectaron 150 casos de robo de identidad. Del mismo titular también informó que el año pasado se llega ya a acercas de las 100 mil personas afectadas por el robo de identidad.

Es importante, señores y señoras legisladores, en virtud de la expansión de la tecnología que ha propiciado que tan sólo en los últimos 10 años resulte casi imposible concebir el desarrollo de una sociedad ajeno al uso del correo electrónico, las redes sociales y la firma y la creación de documentos electrónicos, entre otras herramientas, generando un gran fenómeno de divulgación de toda clase de contenidos.

Ante esta realidad, las herramientas electrónicas representan vías que mejoran la calidad de vida de la sociedad, pero también abren una amplia y compleja gama de ilícitos en donde día con día los delincuentes cibernautas suplantan, roban y falsifican datos personales.

Actos como duplicar bandas magnéticas de tarjetas bancarias para su clonación, el reemplazo de los dispositivos lectores de las mismas en los cajeros, y hasta la alteración de los lectores plásticos al instante mismo que le son exhibidos por los portadores al momento de realizar pagos, entre otros.

Acciones delictivas que representan una gran cantidad de recursos financieros y afectaciones económicas públicas y privadas a partir del robo o de la suplantación de identidad. Hechos reprobables que vulneran totalmente la existencia de certeza jurídica en detrimento de la dignidad del ser humano.

La discusión legislativa en el tema ha buscado frenar el fenómeno delictivo en el Código Penal cuando en realidad lo que se requiere es el armonizar y brindar disposiciones normativas para obtener una mayor cultura del uso y manipulación de los datos personales desde la legislación substantiva y conexa a la del orden penal.

Por tanto, el objeto de la presente iniciativa consiste en dotar de herramientas legales a los datos personales en diversas disposiciones a efecto de detectar, capturar y desalentar a los delincuentes a cometer este tipo de conductas ilícitas.

Es de agregar que, con el reforzamiento de las leyes que se tocan en la presente iniciativa, que son alrededor de 14 leyes, de las cuales quisiera compartirles que no sólo se trata de modificar el Código Penal Federal para incluir esta figura del robo de identidad, sino también la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, Ley de la Policía Federal, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Ley de Protección y Defensa al Usuario en Servicios Financieros y el Código Fiscal de la Federación, entre algunas otras.

Por ello, para los legisladores del Partido Acción Nacional, nos mantenemos a la vanguardia en el cúmulo de soluciones que la población requiere.

También por lo anterior sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones legales vigentes en materia de prevención, investigación, justicia y sanción de delitos cometidos, de usurpación, robo, fraude y suplantación de datos e identidad personales.

Lo anterior con el objetivo de ampliar la generalidad de los casos normativos en los que se dan las hipótesis de desalentar a los delincuentes a seguir cometiendo este tipo de delitos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; y de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la Policía Federal, Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como del Código Fiscal de la Federación, y de las Leyes del Servicio de Administración Tributaria, de Firma Electrónica Avanzada, General en materia de Delitos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Máximo García López, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos poner a la consideración de esta tribuna, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones legales vigentes en materia de prevención, investigación, procuración de justicia y sanción de delitos cometidos de usurpación, robo, fraude y suplantación de datos e identidad personales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el presente siglo XX los actos jurídicos realizados a través del uso de la red son una actividad que ya no es concebible sin el desarrollo de una sociedad ajena al uso de herramientas cibernéticas como las computadoras y los dispositivos móviles, de tal modo que son parte integral de la vida humana.

La expansión globalizadora en el uso de la tecnología ha propiciado en los últimos diez años que en forma paralela crezca la industria de la mercadotecnia de toda clase de bienes o servicios, el uso correo, las redes sociales, la firma y la creación de documentos electrónicos, por citar los principales, generando un gran fenómeno de divulgación de toda clase de datos de contenido personal.

Las herramientas electrónicas como vías facilitadoras de calidad de vida crean una cantidad enorme de manera mediática de redes sociales, portales de comercio electrónico, apuestas, páginas personales, y un sinnúmero de opciones de entretenimiento o alternativas de opciones de consumo que por sus contenidos atractivos abren una gama de ilícitos basados en el empleo inadecuado de los datos personales, por ello día a día los delincuentes cibernautas suplantan, roban y falsifican personas, dejando a un lado el presupuesto de certeza jurídica necesaria sobre la persona física o moral proveedor frente al interlocutor, los alcances de la relación bilateral, o la creación de artilugios para duplicar bandas magnéticas de tarjetas bancarias para su clonación, el reemplazo de los dispositivos lectores de las mismas en los cajeros automáticos y hasta la alteración de los lectores de plásticos al instante mismo de que les son exhibidos por los portadores al momento de realizar pagos.

Es compleja la comisión de los ilícitos y delitos, laceran a nuestra sociedad, logrando quedar en la impunidad hasta estos días, gracias a las nulas disposiciones vigentes que impiden en todos los sectores del poder público a hacer frente al terrible mal, evolucionando nuevas formas para perpetrar más y graves crímenes.

El objeto de la presente iniciativa es dotar de herramientas legal los datos personales al Estado para alcanzar un eficiente castigo, capaz de detectar, capturar y desalentar a los delincuentes a cometer las conductas que como presupuesto mínimo para su indagación exige contar con una base de quienes detentan datos de identidad personal, siendo precisamente ese el objeto a resguardar.

Debemos valorar que los esfuerzos gubernamentales por ejercer el control ante los fenómenos de usurpación de identidad y eliminar el creciente juicio de reproche con acciones en el marco de la justicia restitutiva, ante las consecuencias del delito que hasta fecha ha costado una gran cantidad de recursos financieros y afectaciones económicas públicas y privadas, le motiva necesidad de actuar en el marco de la previsión, no con estrategias mediáticas, como sucedió en fechas recientes con la suscripción de acuerdos de voluntades de los órganos gubernamentales involucrados y que juegan un papel estratégico en la persecución de los clonadores de la personalidad, encausada al contexto actual del crimen organizado, sin que en esa dinámica se hagan extensivos los deberes de involucrar a las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia, quienes están legitimados y obligados a cumplir los deberes de actuar.

Ya no es el simple acto de la duplicidad de las tarjetas de crédito, la firma electrónica, el uso de internet, las bandas telemáticas las prácticas en las que comúnmente sabemos son los caminos para generar las afectaciones, porque no existen los delitos cometidos a partir de la suplantación de identidad.

La discusión legislativa en el tema ha buscado frenar el fenómeno delictivo en el Código Penal, cuando en realidad se requiere armonizar y blindar normas para obtener una mayor cultura del uso y manipulación de los datos personales, desde la legislación substantiva y conexa a la del orden penal.

Por tales motivos, es que los legisladores del Partido Acción Nacional nos mantenemos a la vanguardia en el cúmulo de necesidades y soluciones que la población demanda en todos los frentes, en el marco de toda la universalidad de acciones que emprende la sociedad dentro de su vida cotidiana y, es mediante la generación de soluciones integrales como las que se proponen en la presente iniciativa, como pondremos un alto a la delincuencia de manera comprometida con la sociedad para cerrar los surcos de incertidumbre jurídica, financiera, económica y encontrar soluciones integrales a través de las reformas de diversos dispositivos, a saber:

• Código Penal Federal, que sistematiza el catálogo de actos y omisiones típicos mediante la comisión de los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, Delitos de los Abogados, Falsificación de Documentos, y patrimoniales, en los que se deben regular las hipótesis necesarias con base a las experiencias.

• Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las cuales organizan los mecanismos de fuerza de planeación, previsión y desmantelamiento de redes de crimen organizado y que en el tema que nos ocupa, sin duda los agentes de los ilícitos actúan en apego a estas dinámicas grupales.

• Ley de la Policía Federal, que regulan las acciones de persecución y detección de los ilícitos que en los hechos se realiza en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, mediante la división científica para la detección de ilícitos con el uso de dispositivos electrónicos, cibernéticos, tecnológicos, telemáticos, medios más típicos en la comisión de los delitos de alto impacto.

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la cual tiene un carácter protagónico en la dinámica del acopio, uso, destino, conservación, manipulación y transmisión de la información parcial o total de la identidad personal, por ello deben los entes que les es aplicable, establecer un umbral expreso sobre el ejercicio de sus conductas en tratándose de los datos personales.

• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es imperante tenga herramientas legales para que los órganos prestadores de los servicios no solo respondan en el plano de la restitución de derechos de la población las consecuencias de los embates de la delincuencia, sino que a su interior participen de manera coordinada la detección de los ilícitos en el tema para una eficiente procuración de justicia y castigo de los criminales cibernéticos.

• Código Fiscal de la Federación, Ley del Servicio de Administración Tributaria, y, Ley de Firma Electrónica Avanzada, son las que de manera coordinada deben poner un orden al interior del desarrollo de las facultades que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevan a cabo dentro del plano de la información de identidad personal en su poder y que, no es ajena a ser infiltrada por delincuentes.

• Ley General en Materia de Delitos Electorales y Ley General de Partidos Políticos, normatividades que adolecen de un orden de tratamiento, conservación y manipulación de los diversos instrumentos que albergan en su poder con datos de identidad personal.

• Ley Federal de Protección al Consumidor, esta legislación sin duda es un dispositivo trascendental en la atención que debe centrarse en las acciones de detección, previsión de hipótesis de actos del ejercicio de las funciones del comercio electrónico se produzcan los ilícitos patrimoniales que nos ocupan.

Es irrefutable para todos los legisladores que obra a cuestas de nosotros la exigencia de solucionar los grandes temas de los que la sociedad se duele, y es impostergable centrar función en emitir leyes eficientes con un importante consenso de dictaminación conjunta entre los órganos de esta Cámara de comisiones, por ser el problema un cáncer social que ha roto todo parámetro, tomando en cuenta las bondades de las iniciativas que anteceden al presente y obran en turno, a fin de bridar criterios legales de justicia a las autoridades competentes, y no así pretender resolver los casos mediante la restitución de derechos de las víctimas lo cual ha cobrado grandes pérdidas económicas sin éxito en el camino de capturar a los responsables.

Es de agregar que con el reforzamiento de las leyes que se tocan en la presente iniciativa haremos un México con menores riesgos de usurpación de identidad, contribuiremos y a reducir la incidencia de los delitos de tráfico y trata de personas u órganos, la privación ilegal de la libertad, la extorsión o los actos jurídicos nulos por el uso de internet, incluyendo los graves detrimentos que al igual vulneran intereses públicos como es el caso del cumplimiento de las obligaciones fiscales o ejercicio de derechos electorales entre otros, que además legal a las víctimas un daño moral en su ámbito de vida, y que a través de la creación de medidas educativas y correctivas del uso de internet lograremos con esta reforma una sociedad trasparente sin que su identidad sea vulnerada.

Es innegable que en sentido y justificación de la presente al empatar estas leyes en congruencia al espíritu de los textos normativos en la matera ya vigentes, además de sumarnos al flanco de soluciones que el Estado debe dar a la sociedad con las herramientas legales que sean eficaces para prever, procesar y castigar a los delincuentes, es ampliar la generalidad de los casos normativos en los que se dan las hipótesis, ya sea que se perpetran diversas conductas de acción u omisión, dando diversos resultados materiales para el juzgador y que al momento de emitir los fallos puedan afrontar la una gama de casos en que se encuadren tanto la suplantación de personalidad, el robo de identidad o el fraude de identidad en sus diversos ámbitos de perpetración, y mediante esta iniciativa se dotaremos a las autoridades de normas más eficaces para combatir los ilícitos en favor de todas la personas.

Se reforman y adicionan diversas disposiciones legales, para quedar como siguen

Resolutivos

Primero.Se reforman y adicionan diversas disposiciones legales, para quedar como siguen:

Código Penal Federal

Segundo.

Artículo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

I. El servidor público que indebidamente:

A)-D)...

E). Otorgue información bajo cualquier medio de datos personales sin causa justificada o arreglo a lo previsto en las leyes.

II-III...

Artículo 232. Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años de prisión.

I-III...

IV. Haga uso de los datos personales e identidad de sus clientes con fines ajenos al estricto patrocinio de sus negocios.

Artículo 244. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

I. Poniendo una firma o rúbrica falsa, apócrifa, inexistente, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera;

II. Aprovechando indebidamente una firma, firma electrónica, rúbrica en blanco ajena, claves electrónicas personales, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer el patrimonio, la honra, la persona, la identidad, la reputación de otro, o pueda causar daño o perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;

III. Alterando el contexto de un documento público o privado físico o electrónicoverdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación;

IV. Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento físico o electrónico;

V. Atribuyéndose por cualquier medio físico o electrónicoel que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto, así mismo empleando datos personales para la creación de una identidad inexistente y/o apócrifa;

VI. Redactando un documento por cualquier medio físico o electrónicoen términos que cambien la convención celebrada en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del otorgante, o bien empleando datos personales para la creación de una identidad inexistente y/o apócrifa las obligaciones que se propuso contraer, o los derechos que debió adquirir;

VII. Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones por cualquier medio físico o electrónico, o asentando como ciertos hechos falsos, datos personales inexistentes y/o apócrifos, o como confesados los que no lo están, si el documento en que se asientan, se extendiere para hacerlos constar y como prueba de ellos;

VIII. Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen o empleando datos personales inexistentes y/o apócrifos; dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación substancia, y

IX. Alterando por cualquier medio físico o electrónico un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento, al traducirlo o descifrarlo.

X. Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, o empleando datos personales inexistentes y/o apócrifos.

Artículo 246. También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243:

I-VI...

VII. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado, empleando datos personales y de identidad personal inexistentes y/o apócrifos.

Artículo 368. Se equiparan al robo y se castigarán como tal:

I-II...

Artículo 381. Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 368 fracción III, 370, y 371 , se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:

I-XVII.

...

...

Artículo 383. Se considera como abuso de confianza para los efectos de la pena:

I-III...

IV. Proporcione los datos personales e identidad por cualquier medio de un tercero ajeno al interesado sin su consentimiento.

Artículo 387. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

I-XXI...

XXII. Al que obtenga dinero, valores, derechos, cualquier aumento patrimonial, contraiga obligaciones por si o un tercero, mediante el uso parcial o total, por cualquier medio físico o electrónico de datos personales ajenos, de identidad falsa y alterada de manera parcial o total e, identidad usurpada para obtener beneficios.

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Tercero

Artículo 5. Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando:

I-II...

III. Se utilicen datos personales de identidad robada y cometan cualquiera de los delitos a que se refiere esta Ley.

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Cuarto

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades siguientes:

I-III...

IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en coordinación con la Secretaría de Gobernación parael desarrollo de herramientas de inteligencia , científicos, tecnológicos, cibernéticos y electrónicos con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y medir su riesgo regional y sectorial, prevenir y perseguir los ilícitos;

Ley de la Policía Federal

Quinto

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I-II...

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:

a) -e)...

I-III...

IV. Realizar investigación para la prevención de los delitos;

I-XXIV...

XXV. Incorporar a las bases de datos criminalísticas y de personal de la Secretaría y del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, la información que pueda ser útil en la investigación de los delitos, y utilizar su contenido para el desempeño de sus atribuciones, sin afectar el derecho de las personas sobre sus datos de identidad personales,

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Sexto

Artículo 2. Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de:

I-II...

III. Las personas a que refieren las fracciones anteriores que tengan en su poder datos de identidad personal, serán responsables de la difusión, distribución y entrega por si o terceros;

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Séptimo

Artículo 5. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos, intereses, datos de identidad personalde los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios.

Código Fiscal de la Federación

Octavo

Artículo 17-D.

...

El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación la denominación de los prestadores de los servicios mencionados que autorice y, en su caso, la revocación correspondiente. En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento, la identidad del titular y sus datos personales,y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio

Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que contenga datos personales y de identidad. Los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitados por los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria o cualquier prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México.

...

...

...

Ley del Servicio de Administración Tributaria

Noveno

Artículo 7. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

I-VI...

VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones, incluyendo las disposiciones aplicables sobre la conservación, tratamiento y resguardo de datos de identidad personal;

...

Ley de Firma Electrónica Avanzada

Décimo

Artículo 14. La información contenida en los mensajes de datos y en los documentos electrónicos será pública, salvo que la misma esté clasificada como reservada o confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, permaneciendo en resguardo los datos de identidad personal, salvo disposición en contrario. Los mensajes de datos y los documentos electrónicos que contengan datos personales estarán sujetos a las disposiciones aplicables al manejo, seguridad y protección de los mismos.

Ley General en Materia de Delitos Electorales

Décimo Primero

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, disponga, divulgue, publique, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores, así como cualquier instrumento que contenga datos de identidad personal del electorado;

Ley General de Partidos Políticos

Décimo Segundo

Artículo 28.

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos, manteniendo a salvo la información que tengan de identidad personal de sus militantes, afiliados y simpatizantes;

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Décimo Tercero

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I-XIV...

XV. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la identidad, integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal;

Ley Federal de Protección al Consumidor

Décimo Cuarto

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I-IX...

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad, cumplimiento, seguridad y preservación de derechos de las partes.

Artículo 10. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro, averiguación, comercialización que en general signifique cualquier acto de la posesión y transmisión de datos personales e identidad de los consumidores...

Artículo 16. Los proveedores y empresas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios podráninformar gratuitamente a cualquier persona que lo solicite si mantienen información acerca de ella , previo consentimiento del titular...

Artículo 17. En la publicidad que se envíe a los consumidores se deberá indicar el nombre, domicilio, teléfono y, en su defecto, la dirección electrónica del proveedor; de la empresa que, en su caso, envíe la publicidad a nombre del proveedor, y de la Procuraduría.

El consumidor podrá exigir directamente a proveedores específicos y a empresas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios, no ser usados sus datos de identidad personal,molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio, para ofrecerle bienes, productos o servicios, y que no le envíen publicidad...

Artículo 18 Bis. Queda prohibido a los proveedores y a las empresas que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios y a sus clientes, utilizar la información datos de identidad personales, relativos a los consumidores con fines diferentes a los mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los consumidores que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el artículo anterior.

...

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La presente reforma entrará en vigor a los trescientos sesenta y cinco días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Dentro del término previsto en el transitorio segundo el Congreso de la Unión expedirá las leyes previstas en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.—Diputados y diputadas: José Máximo García López, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Jesús Antonio López Rodríguez, Kathia María Bolio Pinelo, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Rene Mandujano Tinajero, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, para su dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad de Monterrey, invitados por el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz. Sean ustedes bienvenidos.

VOLUMEN II

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra también por cinco minutos el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:Con su permiso, compañera presidenta. Con una disculpa a los legisladores por la voz. Siempre la tengo fea, pero ahora está de remate. Entonces, les solicito una disculpa por adelantado.

Vengo a presentar una propuesta de reforma constitucional que modifica 11 artículos de la Constitución. Tiene varios objetivos esta propuesta de reforma:

El primero es reducir la Cámara de Diputados, de 500 a 300 integrantes. Reducir la Cámara de Senadores, de 128 a 96 senadores. Reducir la edad para ser legislador, tanto diputado como senador, a 18 años.

Reducir los requisitos para ser inscrito como candidato independiente. Incorporar acciones de género para que lleguemos efectivamente al 50-50 una vez integrada la Cámara entre hombres y mujeres, y para que todos los partidos incluyan en sus listas en cada cinco integrantes a un joven menor de 30 años, y a un indígena por cada 10 lugares, y permitir la construcción de partidos políticos nuevos en todo momento, no cada seis años como dice hoy la actual legislación.

Me explico. Nosotros creemos que hay que acabar con las cláusulas de gobernabilidad y de sobrerrepresentación que tiene la actual estructura constitucional. Hoy, por ejemplo, una coalición de partidos, PRI-Verde, que tuvo entre los dos el 36 por ciento de los votos tiene el 50 por ciento de las curules.

Creemos que es el momento de que traslademos nuestro orden constitucional a la representación proporcional completa, para que si alguien tiene el 10 por ciento de los votos, tenga el 10 por ciento de los asientos y los escaños en el Congreso. Para eso serían listas nacionales registradas por los partidos políticos de hasta 300 lugares. Con eso tendríamos una disminución del Congreso de un 40 por ciento, 200 legisladores ya no lo serían y tendríamos también una respuesta a un reclamo ciudadano de que el Congreso no sea tan costoso, pero sobre todo tendríamos la representación exacta de la voluntad popular en este Congreso, como sucede en muchos países del mundo y como por cierto se van a elegir, para quien diga que no se pueda, hoy a 60 constituyentes en la Ciudad de México con listas únicas de partidos y a representación proporcional pura.

Bajaríamos el Senado de 128 a 96, para quitar los 32 de lista nacional que distorsionan el pacto constitucional y federal, para que se elijan igualitariamente tres senadores por entidad, cada entidad sería una circunscripción y los tres senadores se distribuirían a representación proporcional pura y no con la fórmula de hoy, de dos de mayoría y uno de primera minoría.

Bajaríamos los requisitos para los candidatos independientes, pudieran ser inscritos, obligaríamos con las listas que tienen que ser paritarias a que este Congreso tuviera 250 hombres, perdón, son 300, 150 hombres, 150 mujeres, y que cada partido dé una acción informativa para los jóvenes y estos estén inscritos uno en cada cinco, compañeros, y la edad para ser votado sea 18.

¿Cuál es la razón para que tengan que tener más edad los senadores que los diputados? Como si fuera que ellos tuvieran facultades extraordinarias que no tendrían los diputados.

Básicamente se trata –y con eso concluyo, presidenta– de que vayamos dando los primeros pasos para avanzar hacia un sistema parlamentario o semiparlamentario, que concluya por fin este largo camino de un sistema presidencialista o de Tlatoanis o de virreyes y que sea la representación popular exactamente la que el pueblo decida, la que el pueblo resuelva con su voto.

Ojalá podamos comenzar a analizar y a trabajar en una reforma que haga una transición, de verdad un cambio de régimen y no estemos bordando sobre temas que no han ayudado a desarrollar plenamente la democracia. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El modelo electoral diseñado por el órgano revisor de la Constitución con que contamos actualmente, se encuentra ya rebasado, por los principios establecidos en el derecho internacional.

La anterior aseveración se sostiene en el hecho incontrovertible de que sobre la base del principio de progresión de los derechos humanos, no sólo la Carta Magna, sino la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” han reconocido el derecho de los ciudadanos a ser electos “en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”, según dispone el numeral 1, incisos b) y c) del artículo 23 de esta última:

Artículo 23

Derechos políticos:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

...

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Pero por otro lado, la jurisprudencia de la (i) Suprema Corte de Justicia de la Nación, el (ii) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la (iii) Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado de manera más puntual respecto a la configuración legal secundaria que pudiera realizarse al respecto en los siguientes términos:

Gobernador de un estado. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fija las condiciones para que una persona pueda postularse para ese cargo, debe analizarse sistemáticamente con el diverso 35, fracción II, del mismo ordenamiento fundamental, en tanto este último establece el derecho de los ciudadanos a ser votados para todos los cargos de elección popular. La posibilidad de ser gobernador de un estado forma parte del derecho contenido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la prerrogativa de ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, siempre que se cuente con las calidades que al efecto establezca la ley, lo que implica que estas últimas están sujetas a configuración legal estatal. No obstante lo anterior, si bien es cierto que el derecho a ser elegido para ser gobernador debe encontrarse armonizado con las calidades que, con base en sus necesidades, establezca cada entidad federativa, también lo es que no debe entenderse que el legislador local posea total libertad al respecto, toda vez que no pueden dejar de atenderse las condiciones o requisitos determinados en la Constitución General de la República. De esta manera, el artículo 35, fracción II, debe interpretarse sistemáticamente con el 116, fracción I, ambos constitucionales -que fija como condiciones para ocupar el cargo de Gobernador de un Estado: a) Ser ciudadano mexicano; b) Ser nativo de la entidad o con residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección; y, c) Tener treinta años cumplidos al día de la elección, o menos, si así lo establecen las Constituciones Locales-, con el objeto de hacer efectivo el establecimiento de calidades razonables y proporcionales que permitan una participación más amplia y un mayor acceso al derecho político a ser votado, lo cual armoniza con diversas normas internacionales, tales como los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indican que las restricciones a los derechos fundamentales, entre ellos, los derechos políticos, no deben ser discriminatorias y deben atender a cuestiones de necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática, para lo cual se optará por elegir las que restrinjan en menor medida el derecho protegido y guarden proporcionalidad con el propósito perseguido.

El derecho humano de participación política en su vertiente pasiva –derecho a ser votado– es un derecho humano de base constitucional y de configuración legal. La libertad de configuración legal del legislador federal y local está reconocida y garantizada por la Constitución, sin embargo al momento de emitir tales calidades, requisitos, condiciones y términos deben establecerse en favor del bien común o del interés general; ya que, de proceder de otra manera, por ejemplo, estableciendo requisitos, condiciones y términos irrazonables o desproporcionados o que afecten el núcleo esencial de ese derecho humano, se haría nugatorio o inoperante el derecho humano de los ciudadanos a solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos para ser postulados a un cargo de elección popular.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. (Fondo, reparaciones y costas).

...

108. La Corte estima pertinente reiterar que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. En el presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros derechos políticos (supra párrafo 94), está plenamente probado que se le ha privado del sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido.

Así, toda vez que como sostiene la jurisprudencia electoral mexicana:

La libertad de configuración legal de los requisitos para la validez del registro de una candidatura independiente no se puede traducir en una carta abierta a los órganos legislativos secundarios para que exijan cualesquiera requisitos, sin importar lo complejo de su cumplimiento.

Esto se traduce en que la libertad de configuración legislativa no se puede entender como omnímoda, por lo que es posible someterla a un escrutinio constitucional en aras de determinar su proporcionalidad y racionalidad.

Con ello, debe tenerse en consideración que dicho diseño constitucional y legal secundario que no privilegian la inclusión de las candidaturas independientes, se encuentra desfasada con el reconocimiento nacional y regional del sistema interamericano de derechos humanos, de ahí que resulte sumamente necesario modernizar el texto constitucional para salvaguardar de mejor manera ese derecho humano al que se ha hecho referencia.

Pero, por otro lado, existe también un punto neurálgico hacia el que se debe transitar para alcanzar un modelo democrático de representatividad que será un modelo de transición hacia un esquema parlamentario al que aspiramos.

Tal modelo de representatividad lo constituye el sistema de representación proporcional puro.

La presente iniciativa pretende fortalecer las candidaturas independientes como una opción de representación política y sentar las bases constitucionales para que transitemos de un modelo de representación política mixta, que combina el principio de representación proporcional y de mayoría, a un sistema de representación proporcional pura.

Argumentos

Se le denomina sistema de representación proporcional puro al sistema electoral que se caracteriza por asignar votos logrados por un partido de manera proporcional de una forma “pura”, es decir, no existen barreras legales –como umbrales mínimos, ni tampoco tamaño de circunscripciones electorales– que afecten la proporcionalidad, ya que mientras más marcadas estén las divisiones territoriales mediante distritos electorales, se empaña la asignación proporcional inmediata.

Existen diferentes autores que han estudiado los sistemas electorales y han definido al sistema de representación proporcional puro, así Nohlen sostiene que “Este sistema aspira a una proporcionalidad muy alta y lo más exacta posible, excluyendo el uso de barreras naturales o legales de una altura que pueda impedir alcanzar tal grado de proporcionalidad”.

Por su parte, Espinosa Silis señala que:

El sistema de representación proporcional pura parte de una correspondencia exacta entre votos y escaños o curules, es decir, no deben existir barreras legales o elementos que produzcan sobrerrepresentación o subrepresentación de una o varias fuerzas políticas.

Modalidad que no contempla ninguna barrera o umbral electoral, es el de la representación proporcional pura, método en el que todos ganan, ya que no hay barrera legal. Entre más escaños (puestos) se asignen a una división electoral (distrito, circunscripción, unidad territorial, etc.) más proporcional será la representación obtenida.

Existen diversos países que han adoptado esta forma de sistema electoral alrededor del mundo. El caso francés en particular resulta de mayor importancia dado que es ahí donde se localizan los orígenes de este tipo de representación, aunado a esto, Nohlen realiza una comparación de los sistemas electorales en América Latina y explica que:

Tres países (Nicaragua, Perú y Uruguay) aplican un sistema de representación proporcional pura, dos de ellos (Nicaragua y Uruguay) por medio de asignar los escaños restantes originados a nivel de circunscripción en procedimientos continuos a nivel nacional, el Perú por aplicar el distrito nacional único.

Así, en el caso de Francia, la Asamblea Nacional se encuentra conformada por 482 diputados electos por voto directo, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución francesa, debiendo elegirse representantes de la entidades territoriales mediante un escrutinio uninominal, mayoritario y a dos vueltas, en la primera se elige al candidato que tenga la mayoría absoluta –mitad más uno de los sufragios emitidos–, y en la segunda mediante mayoría relativa.

En el caso de Nicaragua, la Asamblea Nacional se conforma por 90 diputados electos por voto directo, de acuerdo al artículo 132 de su Constitución, debiendo elegir 20 diputados a nivel nacional y 70 en las circunscripciones departamentales y regiones autónomas, es decir, a nivel distrito.

En Uruguay la Asamblea General se conforma por 99 diputados electos mediante voto directo. El artículo 88 de su Constitución especifica que a cada departamento se le asignarán por lo menos dos representantes.

El Estado de Israel cuenta con la figura de la Knéset (el parlamento unicameral), como cuerpo legislativo del país, el cual se encuentra conformado por 120 miembros.

En las elecciones a la Knéset se vota por una lista de partido y no por un individuo en particular.

Sus elecciones “son generales, nacionales, directas, iguales, secretas y proporcionales. El país entero constituye una única circunscripción electoral” y al momento de las elecciones, “cada elector emite un voto para un partido político, que lo representará en la Knéset”.

En el caso de México, desde 1988 el sistema electoral que hemos adoptado ha sido el mixto –representación proporcional y mayoría relativa– con tendencia a mayoritario.

Actualmente la Cámara de Diputados se compone de 500 Diputados, 300 que son electos a través de la vía mayoría relativa mediante distritos uninominales y 200 que se eligen a través de la representación proporcional (RP) mediante cinco circunscripciones plurinominales, en tanto que el Senado de la República se conforma de 128 Senadores, de los cuales, en cada entidad federativa, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría y, los 32 senadores restantes serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional.

Actualmente la distribución de los diputados en la composición actual de la Cámara de Diputados respecto a ambos principios es la siguiente:

Un tema a resaltar derivado de la reestructura constitucional a la que se aspira, es el de la generación de «economías” en el gasto de las elecciones que, si bien no se trata de un objetivo directo, sí es un resultado paralelo digno de tomarse en consideración como una de las grandes ventajas de esta iniciativa.

De acuerdo a datos de El Economista:

...grosso modo, 6 mil millones de pesos se invirtieron en la elección para diputados federales en 2015; ello sin considerar los gastos de operación del INE y las elecciones locales; lo cual se traduce más o menos en que, en ese año, se gastaron 42 millones en elegir a cada uno de los 500 diputados.

Por su parte, Forbes indica que:

Antes de 1988 no existía un gobernador o senador de un partido distinto al PRI. No fue sino hasta 1997 que el partido en el poder perdió el Congreso definitivamente (al menos, hasta el 2018), porque la reforma política de 1996 permitió una competencia menos injusta. A partir de 1997, los partidos políticos en México reciben financiamiento público de forma transparente, aunque ha habido casos en los que se acusa a gobiernos (federal o locales) de hacerlo de forma ilegal. El caso más famoso fue el “Pemexgate”, como lo bautizaron los medios, en 2000.

Aunque el financiamiento es continuo, en los años de elección hay un incremento para las campañas. No sólo se financian, a través de impuestos, los anuncios en medios electrónicos y los pendones en las calles, sino la operación misma de los partidos en los años en que no hay elección. La cantidad de dinero que se les entrega a los partidos parece grande cuando se ve en pesos y centavos, pero el límite de gasto, que también fija el INE, es de poco más de 220 mil pesos, o de 70 mil por mes.

Según estimaciones con base en los movimientos del producto interno bruto (PIB) en los semestres de elecciones hechas por Forbes, más allá de los 70 mil por mes que reciben del erario público las campañas, se estaría hablando de un costo social del “orden de 0.3 por ciento del PIB” (en datos de 2012), que está “cercano a 50 mil mdp, mientras que el financiamiento público es sólo de 5 mil, esto significa que por cada peso que se cuida hay nueve de los que no se sabe su origen. Una campaña de diputado federal costaría, siguiendo esta lógica, 600 mil pesos, y no 200 mil como el INE reglamenta”.

Más allá de estas estimaciones, es claro que existe un costo mínimo, y ese es el que se establece en las reglas del artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala en su numeral 4, inciso b) lo siguiente:

Artículo 243. ...

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

...

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte.

En ese orden de ideas, el 29/05/2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2014-2015; que señaló:

Tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2014-2015, fue de 1 millón 209 mil 528.96 (un millón doscientos nueve mil quinientos veintiocho pesos 96/100 MN).

Conforme la legislación vigente, particularmente el artículo 51, fracción II, párrafo primero, inciso b, de la Ley General de Partidos Políticos:

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta ley, conforme a las disposiciones siguientes:

...

b) Para gastos de Campaña:

...

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y

III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados.

Es claro entonces que, el tope para efectos de la elección se asigna por partido, razón por la que, siendo entonces congruentes con ésta lógica, se tendría que buscar el equilibrio en la representatividad de cada partido político, con respecto del gasto de campaña recibido.

De ahí que, independientemente de los resultados, conforme las reglas actuales para designar la cantidad de diputados por legislatura, se tiene que, conforme un análisis de la publicación Animal Político:

El Congreso mexicano es el quinto con mayor presupuesto en el mundo con un costo, en 2010, de más de 8 mil 800 millones de pesos. Así lo dio a conocer la empresa de consultoría Integralia durante la presentación de la plataforma web de su cuarto Reporte Legislativo, en el que se destaca que tan sólo Estados Unidos, Brasil, Nigeria y Japón tienen un rubro destinado a sus respectivos Congresos mayor que la nación mexicana.

...

En América Latina, el presupuesto del Congreso mexicano es el segundo más grande de toda la región, superado únicamente por Brasil con 35 mil 105 millones de pesos.

Asimismo, el cuarto reporte legislativo presentado por Integralia detalla que, si se suma el monto aprobado por ambas cámaras (Cámara Diputados y Senado) y el de la Auditoría Superior de la Federación desde 2001 hasta 2013, “el Poder Legislativo ha costado alrededor de 121 mil 526 millones de pesos” a los mexicanos, siendo el promedio de gasto 9 mil 348 millones de pesos al año.

A partir de 2001, se puede ver que el presupuesto ha crecido en poco más de 60 por ciento para ambas cámaras, de tal manera que el financiamiento contemplado para el Poder Legislativo en 2013 asciende a 11 mil 948 millones de pesos, de los cuales 6 mil 510 millones se asignará a la Cámara de Diputados, tres mil 706 millones al Senado de la República, y 1 mil 661 millones a la Auditoría superior de la Federación”, concluye el reporte.

Considerando que la cantidad de diputados es actualmente de 500, esto nos daría –en números gruesos– un total de gasto operativo de 13 millones 20 mil pesos, de forma que, al reducirse en 200 diputados, el monto total sería, bajo éstas proporciones, de 3 mil 906 millones de pesos, significando un ahorro presupuestal de 2 mil 604 millones de pesos, a precios de 2001, más los gastos se reducirán derivado del decremento en el número de Senadores.

La iniciativa que hoy se presenta, parte de la convicción de que las y los ciudadanos en México deben contar con las mayores facilidades para ejercer sus derechos político electorales, tanto para ser votados y participar en las contiendas electorales, como para elegir a sus representantes de la forma en que mejor les representen.

Pero también es intención de la reforma regular las reglas en las que habrá de adoptarse el modelo de los candidatos independientes, así como la adopción del modelo transicional de la representación proporcional pura.

Un aspecto importantísimo a destacar, lo constituye la regulación del acceso a dos sectores de la población: (i) los jóvenes y (ii) los indígenas, quedando en manos del legislador ordinario el poner en marcha esa libertad de configuración legislativa a la que se refiere esta iniciativa ab initio, con las consecuentes obligaciones de que no se podrá entender como omnímoda y deberá ser sometida a un escrutinio constitucional en aras de determinar su proporcionalidad y racionalidad.

Finalmente, la reducción en las edades de los legisladores federales y su homologación –entre los senadores y los diputados– se considera un tema de congruencia, ya que si la vida política inicia con la mayoría de edad, debe ser ese el mismo rango etario el que determine la posibilidad de ser votado. En este rubro no se desconoce que los orígenes del Senado recogía la figura de los ancianos –seniles– como grupo de sabios que aportaba conocimientos basados en los conocimientos empíricos, situación ahora que no debe ser la diferencia en el tratamiento entre diputados y senadores.

Esto se sostiene tomando en consideración que las tareas constitucionales encomendadas a ambas Cámaras del Congreso General son, para efectos pragmáticos, casi idénticas, lo que no justifica un trato diferenciado, puesto que para que el legislador establezca una distinción que se traduzca en la existencia de dos regímenes jurídicos, ésta debe ser razonable, so pena de que exista discriminación normativa.

Sustenta lo anterior el criterio judicial contenido en la Tesis 1a. CCCLXVIII/2015 (10a.), de la Décima Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 974 del Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2010493, cuyo rubro y contenido son los siguientes:

Discriminación normativa. El legislador puede vulnerar el derecho fundamental de igualdad ante la ley por exclusión tácita de un beneficio o por diferenciación expresa. El derecho fundamental a la igualdad en su vertiente de igualdad formal o igualdad ante la ley comporta un mandato dirigido al legislador que ordena el igual tratamiento a todas las personas en la distribución de los derechos y obligaciones. Así, cuando el legislador establece una distinción que se traduce en la existencia de dos regímenes jurídicos, ésta debe ser razonable para considerarse constitucional. En este sentido, para mostrar que la distinción no es razonable debe señalarse por qué resultan equivalentes o semejantes los supuestos de hecho regulados por ambos regímenes jurídicos, de tal manera que esa equivalencia mostraría la falta de justificación de la distinción. De esta manera, existe discriminación normativa cuando dos supuestos de hecho equivalentes son regulados de forma desigual sin que exista una justificación razonable para otorgar ese trato diferenciado. Al respecto, debe señalarse que la discriminación normativa constituye un concepto relacional, en el sentido de que a la luz del derecho a la igualdad en principio ningún régimen es discriminatorio en sí mismo, sino en comparación con otro régimen jurídico. Dicho de otra manera, la inconstitucionalidad no radica propiamente en el régimen jurídico impugnado, sino en la relación que existe entre éste y el régimen jurídico con el que se le compara. En este sentido, la justificación de las distinciones legislativas que distribuyen cargas y beneficios se determina a partir de un análisis de la razonabilidad de la medida.

Fundamento legal

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., numeral 1, fracción II, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral

Ordenamiento a modificar

El suscrito legislador propone cambios a los artículos 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63 y 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes finalidades:

• Reducción de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 96 senadores, tres por entidad.

• Adopción del sistema de representación proporcional pura, tanto para diputados, como para senadores.

• Cambio del sistema de distritos electorales uninominales y listas regionales, votadas en circunscripciones y adopción de la figura de la Lista Nacional.

• Adopción de la figura de las candidaturas independientes.

• Desaparece la figura de las fórmulas bipersonales con suplente y sólo se mantiene para los candidatos independientes.

• La lista nacional se ordenará libremente pero deberá tener candidatos de las 32 entidades federativas, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

• La constitución de las cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país se cambian por la creación de una Lista Nacional ordenada libremente que garantice contar con candidatos de las 32 entidades federativas.

• La designación de los diputados se hará en estricto orden conforme a la lista nacional.

• Independientemente del porcentaje de votación, los partidos políticos que alcancen el cociente natural tienen derecho a que le sean asignados diputados.

• Se introduce una prescripción para que todas las entidades federativas cuenten con Diputados.

• Disminución del requisito de la edad para ser elegible diputado federal o senador a los 18 años.

• Sustitución de las vacantes de los legisladores federales ya no por la figura del suplente que integre la fórmula bipersonal, sino por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional estatal respectiva.

• Creación de reglas similares a las de la federación para ser observadas en la integración de las legislaturas de los estados.

• La facultad de que los ciudadanos puedan formar partidos políticos en todo tiempo, a excepción del plazo que dura el proceso electoral.

• Inclusión de la obligación de establecer reglas para garantizar una proporción de jóvenes y de indígenas en las listas de candidaturas a legisladores federales y locales.

• El reconocimiento del derecho de los partidos a formar coaliciones independientemente de la elección de que se trate.

• La introducción de una nueva regla para el registro de cada fórmula de candidatos independientes por la que se requerirá la manifestación de voluntad de ser candidato y contar cuando menos con la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 50 por ciento del cociente natural de la última elección, lo que deberá ser verificado y validado por las autoridades electorales correspondientes.

• La asignación de senadores a partidos y candidatos independientes.

Texto normativo propuesto

Decreto por el que se reforman los artículos 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral

Para quedar como sigue:

Artículo 41...

...

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; los ciudadanos podrán formar partidos políticos en todo tiempo salvo durante el proceso electoral; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, una proporción de jóvenes y de indígenas en las listas de candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Los partidos tienen derecho a formar coaliciones en cualquier elección. La Ley General establecerá las modalidades y términos de las coaliciones, pero para las elecciones de diputados federales o congresos de los estados solo estarán permitidas coaliciones respecto la totalidad de la lista; para las elecciones a senadores o ayuntamientos, la coalición deberá ser uniforme y podrá realizarse en cualquiera de los ámbitos de elección, respecto de la totalidad de la lista estatal o planilla correspondiente. En ningún caso, las coaliciones anteriores obligarán a los partidos a coaligarse respecto de la elección del titular del Poder Ejecutivo federal o local.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. Independientemente de si postulan candidatos individual o conjuntamente, los partidos políticos aparecerán en la boleta electoral con su propio emblema. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

II....

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

...

...

a)...

b)...

c)...

En caso de que un candidato de lista de diputados federal o local incurra en cualquiera de estas violaciones, dará lugar a la cancelación de su triunfo, y el partido político o coalición que lo postuló perderá el derecho a la asignación de esa diputación en el reparto del cociente natural y los remanentes, en términos de lo señalado en la Ley General.

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos por el principio de representación proporcional pura. Los partidos políticos participarán en la elección mediante el sistema de una lista nacional; los ciudadanos mediante candidaturas independientes, integradas por fórmula de propietarios y suplentes.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población.

La lista nacional se ordenará libremente pero deberá tener candidatos de las 32 entidades federativas.

Artículo 54. La elección de los 300 diputados y el sistema de asignación por una lista nacional y de candidatos independientes se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. A cada partido político, le serán asignados de acuerdo con la votación válida emitida, el número de diputados de su lista nacional que le correspondan. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

II. A las fórmulas de candidatos independientes que hubieren alcanzado una votación igual o mayor al cociente natural, que será el que resulte de dividir la votación válida emitida entre 300.

III. Todos los partidos políticos que alcancen el cociente natural tienen derecho a que le sean atribuidos diputados, independientemente de su porcentaje de votación.

IV. La asignación para partidos y candidatos se hará en proporción estricta con las respectivas votaciones. Si derivado de la asignación existiese una o varias entidades sin al menos un diputado, estos se asignarán sustituyendo a los últimos asignados de la lista más votada hasta que todas las entidades cuenten con diputados. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

V. El registro de cada fórmula de candidatos independientes requerirá la manifestación de voluntad de ser candidato y contar con la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 50 por ciento del cociente natural de la última elección. Esto deberá ser verificado y validado por las autoridades electorales correspondientes.

En el caso de las candidaturas independientes, por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

VI. Le serán asignados diputados a partidos y candidatos independientes que hubieren alcanzado una votación igual o mayor al cociente natural que resulte de dividir la votación válida emitida entre trescientos. Si después de este procedimiento existiesen diputaciones por distribuir, éstas serán asignadas al partido o candidato que tenga el remanente más alto de votos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

...

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;

III. Para poder ser integrante de lista nacional o ser candidato a diputado se deberá registrar la entidad de origen o acreditar que es vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que se celebre la elección.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, tres por cada una de las entidades federativas electos por el principio de representación proporcional pura.

Los partidos políticos participarán en la elección mediante el sistema de una lista estatal, los ciudadanos mediante candidaturas independientes, integradas por fórmula de propietarios y suplentes. La ley General establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

Le serán asignados Senadores a partidos y candidatos independientes que hubieren alcanzado una votación igual o mayor al cociente natural que resulte de dividir la votación estatal válida emitida entre tres. Si después de este procedimiento existiesen Senadurías por distribuir, éstas serán asignadas al partido o candidato que tenga el remanente más alto de votos.

Artículo 57. El registro de cada fórmula de candidatos independientes requerirá la manifestación de voluntad de ser candidato y contar con la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 50 por ciento del cociente natural de la última elección a senadores en la entidad. Esto deberá ser verificado y validado por las autoridades electorales correspondientes.

Para el caso de candidaturas independientes por cada senador propietario se elegirá un suplente.

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado.

...

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, realizará el cómputo de los votos y declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales, en cada una de las entidades federativas y a nivel nacional; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas que resulten de la proporción de votos de partidos y candidatos y hará las asignaciones correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículos 54 y 56 de esta Constitución y en la ley.

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de miembros de la Cámara de Diputados o Senadores será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional o estatal respectiva, después de habérsele asignado los diputados o senadores que le hubieren correspondido; en el caso de los candidatos independientes, se designará al suplente y de no haberlo, se estará a lo dispuesto en la ley.

...

...

...

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

...

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según el principio de representación proporcional pura a través de un sistema de lista estatal de partido político, o de la participación de candidatos independientes, conforme los criterios establecidos en el segundo párrafo del artículo 53 y las bases previstas en el artículo 54 de esta Constitución y en los términos que señalen sus leyes.

En todo caso, el registro de cada fórmula de candidatos independientes requerirá la manifestación de voluntad de ser candidato y contar con la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 50 por ciento del cociente natural de la última elección del cargo por el que participa. Esto deberá ser verificado y validado por las autoridades electorales correspondientes.

Corresponde a las legislaturas...

...

...

...

...

III. a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto para realizar los ajustes normativos a que haya lugar, a fin de alinear la legislación ordinaria a la reforma constitucional.

Notas:

1 Tesis de Jurisprudencia P./J. 3/2011, de la Novena Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1630 del Tomo XXXIII, febrero de 2011, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 162824, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 74/2008, promovida por el Partido de la Revolución Democrática. Disponible en

http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcj WbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TCcDn wLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-Asi

RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000 &Apendice=1000000000000 &Expresion=35%2520constitucion%2520116%2520convencion%2520 &Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL &NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0 &InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=162824&Hit=1 &IDs=162824&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia= &Tema=], consultado en 2016-04-11.

2 SUP-JDC-072/2013, Guillermina Arias León vs. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Sentencia de 03 de abril de 2013, Magistrado Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar, p. 33, disponible en http://portales.te.gob.mx/candidaturas-independientes/sites/default/files/SUP-J DC-0033-2016.pdf, consultado en 2016-04-11.

3 Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_ esp.pdf, consultado en 2016-04-11.

4 Loc. cit., disponible en http://portales.te.gob.mx/candidaturas-independientes/sites/default/files/SUP-J DC-0033-2016.pdf, consultado en 2016-04-11.

5 Nohe Dieter, América Latina: Una comparación de sus sistemas electorales. Disponible en: [http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_publinea/Tratado/Siste mas%20Electorales%20Parlamentarios%20y%20Presidenciales.htm], consultado en 2016-03-30.

6 Espinosa Silis, Arturo, Las bondades del sistema de representación proporcional”, en Revista IUS,vol. 6, número 30, julio/diciembre. 2012, Puebla, México, pp.149-171. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1870-21472012000200009&lng=es &nrm=iso, visitado en 2016-03-30.

7 Emmerich, Gustavo, Tratado de Ciencia Política, UAM, Iztapalapa, México 2007, página 212.

8 Ibídem.

9 Véase la página oficial de la Embajada de Israel en México, disponible en [http://embassies.gov.il/mexico-city/Pages/default.aspx], visitada en 2016-04-11.

10 Véase http://embassies.gov.il/mexico-city/AboutIsrael/State/Pages/ESTADO-Poder-legisl ativo.aspx, disponible en 2016-04-11.

11 Véase http://embassies.gov.il/mexico-city/AboutIsrael/State/Pages/ESTADO-Elecciones.a spx, disponible en 2016-04-11.

12 Ídem.

13 Rosales Avalos, Eliseo, “El costo de las elecciones”, El Economista, abril 5 de 2015, disponible en http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2015/04/05/costo-las-elecciones, consultado en 2016-04-11.

14 Schettino, Macario, “El valor de la democracia”, Forbes Staff. Economía y Finanzas, 8 de febrero de 2015, disponible en [http://www.forbes.com.mx/cuanto-cuesta-la-democracia/], consultado en 2016-04-11.

15 Ídem.

16 Ureste Manu, “Congreso Mexicano, el quinto más caro del mundo”, Animal Político, abril 14 de 2013, disponible en http://www.animalpolitico.com/2013/04/congreso-mexicano-es-el-quinto-mas-caro-d el-mundo-integralia/, consultado en 2016-04-11.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Guadalupe Acosta Naranjo,Elías Octavio Iñiguez Mejía, Erik Juárez Blanquet, Fernando Galván Martínez, Francisco Xavier Nava Palacios, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Isaura Ivanova Pool Pech, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Jesús Antonio López Rodríguez, Laura Beatriz Esquivel Valdés, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Minerva Hernández Ramos, Pedro Garza Treviño, Rene Mandujano Tinajero, Sergio López Sánchez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

Tiene la palabra, por cinco minutos...

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:A ver, antes. Diputado Nava Palacios, pide la palabra, ¿Con qué objeto? Sonido en la curul del diputado

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Presidenta, con el objeto de solicitarle al diputado Acosta Naranjo, si estaría de acuerdo en que suscribiéramos esta iniciativa tan importante para reducir el costo de nuestro sistema político y avanzar a una representación mucho más democrática.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Se le pregunta al proponente si está de acuerdo en la suscripción por parte del diputado Nava, la iniciativa que ha presentado. Da la anuencia el diputado Acosta Naranjo.

El diputado Jorge Álvarez Maynez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Pide la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, ¿Con qué objeto?

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Felicitar la iniciativa del diputado Acosta Naranjo. Más allá del número de integrantes de los Poderes, que creo que no es un asunto que determine un tema de impacto presupuestal, termina siendo irrelevante el costo de 300, de 500 o de 600, hay países como Alemania con un mucho mayor número de integrantes con menos población o Estados Unidos con menos integrantes y más población, la contribución...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Diputado, lo interrumpo.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Sí, la contribución...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:El asunto no está a discusión, si me permite...

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): No. La contribución del diputado Acosta Naranjo al tema es debatir algo que hace mucho no se debate en este país, si debemos avanzar o no al parlamentarismo...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Le pregunto si desea adherirse a la iniciativa, el momento que estamos ahorita...

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Diputada, es increíble la forma en que interrumpe usted a un legislador...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:El asunto no está a discusión, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): No está a discusión, yo justifico.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:No es el trámite, el Reglamento está en estos momentos permitiendo...

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Yo justifico, yo justifico la manera en que yo quiera mi adhesión a la iniciativa, si usted no tiene respeto por la voz de un parlamentario y sus argumentos, me parece increíble. A nadie se le trata así.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:En el Reglamento es muy claro y preciso como son las intervenciones en este recinto, le pido, por favor, que se ajuste al Reglamento. Le pregunto si su deseo es adherirse a la iniciativa que acaba de presentar el diputado Acosta Naranjo. Sonido en la curul, por favor, del diputado Álvarez Maynez.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Presidenta, este es un parlamento, yo estoy dando elementos para justificar mi adhesión a la iniciativa. Ayer el diputado Ramírez Marín habló desde su curul o el diputado Jesús Sesma habló desde su curul para un tema que tenía que ver con la sesión...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Diputado, la discusión de la iniciativa que propuso el diputado Acosta Naranjo se hará en la comisión correspondiente.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): No, no. Sí, ya el coordinador...

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Está a su disposición en esta Secretaría la iniciativa, por favor.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): ... de la Mesa Directiva lo ha dejado claro.

El diputado Fernando Galván Martínez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Continuamos. Pide la palabra el diputado Fernando Galván, ¿con qué objeto? Por favor.

El diputado Fernando Galván Martínez (desde la curul): Felicitar al diputado Acosta Naranjo, es una propuesta muy buena y preguntarle que si nos adherirnos a su propuesta para que haya ya más democracia en México, y adherirnos y felicitarlo nuevamente, porque son las propuestas que requiere México y sobre todo que la llevemos a cabo. Y preguntarles y pedirles a los grupos parlamentarios que también lo apoyen en esta propuesta, es muy importante para los mexicanos.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Con la autorización del proponente queda a disposición en esta Secretaría para la suscripción correspondiente.

El diputado Erik Juárez Blanquet (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: El diputado Erik Juárez, pide la palabra también, ¿Con qué objeto?

El diputado Erik Juárez Blanquet (desde la curul): Presidenta, con el objeto de sumarme y de pedir también la oportunidad de suscribir, de adherirme a esta iniciativa con la que coincido en todas sus formas, en todas sus partes. Felicito y reconozco al diputado Acosta Naranjo.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Con la autorización del proponente está a su disposición en la Secretaría.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra ahora por cinco minutos la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, para presentar iniciativa con proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias, presidenta. Con su venia, compañeros y compañeras diputados, para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde es preciso reconocer a todos los hombres que llevan con orgullo y compromiso las riendas de su hogar, que están ocupados en organizar su vida laboral y al mismo tiempo deben hacerse cargo de las responsabilidades domésticas y que además ven en cada uno de sus hijos el importante reto de formar hombres y mujeres de bien.

En este sentido trabajamos para apoyar a los padres solteros a través de herramientas legales que les permitan salir adelante a ellos y a sus hijos, a fin de que prevalezca el interés superior de la infancia.

Sin duda alguna, el conjunto de transformaciones que ha experimentado la familia en el mundo occidental constituye una de las manifestaciones más importantes del cambio social contemporáneo.

Los núcleos familiares encabezados por un hombre o una mujer como jefes de familia solteros son cada vez más frecuentes, y aunque en la gran mayoría de los casos son madres solteras y no padres solteros, se estima que en nuestro país existen 789 mil familias que están a cargo de hombres.

En México los padres solos deben enfrentarse a una especie de prueba que les plantea la sociedad que no espera o no cree en la capacidad del varón para realizar la tarea de velar y proteger de manera satisfactoria a sus hijos sin el apoyo de una pareja, hombre o mujer.

Por este motivo se debe entender el fenómeno de los padres solos como una clara transformación de la sociedad que está ocurriendo en México, y no podemos estar al margen de estos cambios, sobre todo nosotros los diputados y diputadas.

En algunas legislaturas estatales, como es el caso de San Luis Potosí, se han impulsado iniciativas con objeto de otorgar un reconocimiento normativo a la figura de los padres solos.

Igualmente, algunas dependencias del gobierno federal han modificado su normatividad interna para permitir que los padres solos accedan a las prestaciones que las madres solteras tienen también.

Por otra parte, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema de los padres solteros y su acceso a apoyos económicos, a servicios de guardería, educación especial y/o cuidados del menor señala lo siguiente: la autoridad responsable no solo debe respetar la igualdad entre el hombre y la mujer consagrada en el artículo 4 de la Constitución sino también el interés superior del menor, buscando lo que menos le perjudique y ponderando sus necesidades en materia de educación y ayuda escolar.

A todo ello debemos sumar que nuestro país tiene firmados diversos tratados, convenciones y protocolos en materia de derechos humanos, laboral y protección a la infancia, los cuales nos obligan a establecer en nuestras leyes el reconocimiento de estos derechos.

Derivado de lo anterior, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta esta iniciativa de ley, que tiene por objeto modificar la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que sean incluidos en el catálogo de acceso a guarderías y centros de bienestar infantil los hijos de padres solos.

Con esta iniciativa estamos convencidos de que estamos dando un paso más para lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional de 2011, hoy aún pendiente, en materia de igualdad, no discriminación y creación de normas pro persona; hecho fundamental para alcanzar un México realmente incluyente e igualitario. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Seguro Social, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y se reforma la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El conjunto de transformaciones que ha experimentado la familia en el mundo occidental constituye una de las manifestaciones más importantes del cambio social contemporáneo.

En pocas décadas durante el siglo XX, el modelo de familia afianzado en la inmediata posguerra, difundido bajo el rótulo de “familia nuclear”, fue cediendo espacio a una creciente diversidad de formas y estilos de vida parentales.

Mientras, en los países industrializados los cambios en la familia han sido extensamente estudiados, en América Latina la investigación sobre este tópico es aún incipiente; en parte porque se trata de un tema relativamente nuevo y escasamente priorizado en relación a otros y, porque las fuentes de información son todavía escasas y poco idóneas.

En realidad, los núcleos familiares monoparentales encabezados tanto por hombres como por mujeres, son cada vez más frecuentes, y en la gran mayoría de los casos son madres con hijos y no padres con hijos, en el caso de Europa, la proporción es de alrededor de 9 a 1.

En México, se estima que 789 mil familias monoparentales están a cargo de hombres en comparación con las casi 4.5 millones que tienen como jefa de familia a mujeres.

En nuestro país los padres solos deben enfrentarse a una especie de prueba que les plantea la sociedad que no espera o no cree en la capacidad del varón de realizar la tarea de velar y proteger de manera satisfactoria a sus hijos sin el apoyo de una pareja.

Por este motivo se debe entender el fenómeno de los padres solos, como una clara transformación de la sociedad en el mundo; y nuestro país no debe estar al margen de estos cambios, sobre todo en el ámbito legislativo.

En algunas legislaturas estatales como en San Luis Potosí se han impulsado iniciativas de ley para que el Estado les otorgue un apoyo económico a padres solos quienes tengan hijos menores de 18 años. Además, tienen derecho a capacitación para aprender un oficio, lo cual representa una muestra del reconocimiento normativo que debe tener la figura de los padres solos.

Incluso, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ante la realidad social que mantiene el país, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, incluyó en el tema de Desarrollo Social a través de la vertiente México Incluyente, la necesidad de crear acciones legales para la verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, cuando estos últimos se encuentran solos o solteros a cargo de la atención de sus hijos.

Siguiendo esta lógica, el lunes 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal de 2015; el cual establece:

...Que los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, “Desarrollo Social”, entre ellos, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.

De igual forma, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 3 de la Ley General de Salud, se considera a la asistencia social como una materia de salubridad general, la cual es una actividad tendiente a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral de los grupos más vulnerables, así como de los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, en la cual se incluye a todas las niñas, niños y adolescentes.

...

Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal de 2015

1. Introducción

...

Aunado al papel relevante de las mujeres como sustento del hogar, también se reconoce la necesidad de apoyar a los hogares uniparentales encabezados por mujeres y hombres, con el objetivo de fortalecer la visión de equidad de género del Programa.

...

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras es un programa que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijas(os) o niñas(os) bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas(os) con alguna discapacidad, a través de subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil.

El ingreso per cápita estimado por hogar no deberá rebasar la Línea de Bienestar (LB), asimismo las personas solicitantes deberán cumplir con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación.

A través del uso de los servicios de cuidado y atención infantil, el Programa busca que las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos cuenten con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar. Adicionalmente contribuye al aumento de espacios para el cuidado y atención infantil.

...

Por su parte, la población objetivo se refiere a las madres, padres solos, tutores y principales cuidadores que no tienen empleo, buscan un empleo o tienen un empleo que no les brinda seguridad social.

Para atender a la población objetivo el programa contempla dos modalidades:

Apoyo a madres trabajadoras y padres solos.

Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil.

2.2. Objetivo específico

...

Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como de los padres solos mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, como un esquema de seguridad social.

...

Incluso, algunas dependencias del gobierno de la República han modificado su normatividad interna para permitir que los padres solos accedan a las prestaciones que las madres solteras tienen.

En el caso del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en julio de 2015, durante la presentación del estado que guarda la administración de ese organismo, su titular resaltó la existencia de 12.8 millones de derechohabientes que reciben 21 prestaciones, lo cual representa el diez por ciento de la población nacional que tiene acceso éstas, entre las que se encuentran las estancias infantiles para mujeres y hombres solos.

En este sentido, para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es preciso reconocer a todos los hombres que llevan con orgullo y compromiso las riendas de su hogar; que están ocupados en organizar la vida laboral y las tareas en casa y que ven en cada uno de sus hijos el importante reto de hacerlos sentir amados, por lo cual se enfrentan a los mismos problemas que las poco más 4.5 millones de madres solteras que existen en México.

Por este motivo debemos apoyar a los padres solos a través de herramientas legales que les permitan salir adelante a ellos y a sus hijos, pues no debemos olvidar que ante todo debe prevalecer el interés superior de los menores.

Sobre esto último, debemos señalar que los menores de edad que viven en familias encabezadas por padres solteros no obtienen los mismos apoyos sociales que los hijos de madres solteras; para mayor referencia, en la Ciudad de México, existe una ley de atención a madres solteras, a nivel federal los programas sociales se encaminan a la protección de las mujeres jefas de familia, no así a los hombres que se encuentran en la misma circunstancia. Lo anterior violenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres que se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de la violación a los preceptos constitucionales en materia de desigualdad entre mujeres y hombres, debemos sumar la violación a los derechos de los menores de edad que viven con su padre.

Cabe igualmente recordar que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece la obligación del Estado de crear acciones afirmativas de carácter temporal; así como las políticas y prácticas de índole legislativa, administrativas y jurisdiccional correctivas, compensatorias y de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes para no ser discriminados.

A lo anterior, debemos sumar la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sentado precedente sobre el acceso a los hijos de hombres solteros a las guarderías, el cual se cita a continuación:

Trabajadores operativos de base de la Cámara de Senadores. Las reglas para el otorgamiento de prestaciones a éstos, así como los lineamientos que regulan el apoyo económico para el servicio de guardería, educación especial y o cuidados del menor, al establecer un trato desigual entre hombres y mujeres, violan el derecho a la igualdad previsto en el artículo 4o. de la Constitución federal.

Las reglas para otorgar prestaciones a los trabajadores operativos de base de la Cámara de Senadores, así como los lineamientos que regulan el apoyo económico para el servicio de guardería, educación especial y o cuidados del menor, violan el derecho a la igualdad previsto en el artículo 4o. de la Constitución General de la República, pues establecen, entre otras cuestiones, que las madres trabajadoras de base de la referida Cámara, tendrán derecho a la prestación del Servicio del Centro Infantil o al otorgamiento de un apoyo económico para guardería externa y, que se aceptará la inscripción de los hijos de padres trabajadores que presten sus servicios en dicha institución, cuando su estado civil sea el de divorciado, soltero o viudo y acrediten haber obtenido la custodia de sus hijos, situación que implica un trato desigual entre el hombre y la mujer, ya que las aludidas reglas generan un derecho a favor de la madre por su sola condición de mujer y, únicamente, por excepción, ese derecho corresponde al padre. En estos casos, la autoridad responsable no sólo debe respetar la igualdad entre el hombre y la mujer consagrada en el citado artículo 4o., sino también el interés superior del menor, buscando lo que menos le perjudique y ponderando sus necesidades en materia de educación y ayuda escolar.”

En este orden de ideas, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentamos esta iniciativa de ley que pretende modificar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la Ley del Seguro Social, para que los padres solos puedan acceder a los beneficios sociales que a la fecha son exclusivos de la madres solteras.

Como legisladores, tenemos la obligación de armonizar nuestro marco legal con los preceptos que rigen en el ámbito internacional, es decir, con el cumplimiento de tratados, convenciones y protocolos que México ha firmado y comprometido en materia de igualdad en materia laboral y derechos humanos.

En el caso del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, texto legal vigente en México, se establece que:

Artículo 3

Obligación de no discriminación

Los Estados parte en el presente protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Por su parte, el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, establece lo siguiente:

Artículo 2

Todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

Artículo 3

Todo miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga, por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:

b) Promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política;

c) Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política;

En conclusión, la presente iniciativa tiene como propósito lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional de 2011, hoy aún pendiente, en materia de igualdad, no discriminación y creación de normas pro-persona, para lo cual es necesario implementar acciones legislativas encaminadas a adecuar el marco normativo y administrativo a los estándares internacionales de derechos humanos.

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y se reforma la Ley del Seguro Social

Primero. Se adiciona una fracción al artículo 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran:

I. a IV. ...

V. Los hijos de trabajadores o derechohabientes madres solteras o padres solos.

Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 201 y el primer párrafo del artículo 205, ambos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo, divorciado, padre solo, o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

...

Artículo 205. Las madres aseguradas, los padres solos, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días hábiles siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las dependencias deberán modificar en un lapso de 120 días naturales a la entrada en vigor de este decreto su normatividad interna, para dar cumplimiento a la presente disposición.

Notas:

1 Véase. Diario Oficial de la Federación 29 de diciembre 2014. Cuarta sección. Matutino.

2 Época: Décima Época. Registro: 2004128. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.1o.(I Región) 5 L (10a.). Página: 1603. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. Amparo directo 1538/2012 (cuaderno auxiliar 270/2013). Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 8 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda Ayala. Secretario: Juan Luis Morales Castro.

3 Visible en el Sistema de Ordenamientos Legales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Última modificación. Primera Sección. 1/09/1998.

4 Convenio Numero 111 Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo Y Ocupación Adoptado con Fecha 25 De Junio De 1958, en La Ciudad de Ginebra, Suiza, por la Conferencia General de la Organización Internacional Del Trabajo. Visible en el Sistema de Ordenamientos Legales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Texto vigente actualizado. Fecha de publicación 11/08/1962. Categoría: Convenio. Número y sección de publicación: 36.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Jorgina Gaxiola Lezama, Daniela De Los Santos Torres, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su dictamen.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alicia Barrientos Pantoja, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su venia, presidenta. Vivir la discapacidad es extremadamente difícil para las personas que la sufren, más aún con las limitantes de movilidad y discriminación que históricamente se han generado en nuestra sociedad.

Los retos a superar en nuestro país y en nuestras ciudades son enormes y los esfuerzos por enfrentar estos retos con leyes, reglamentos, ordenamientos y llamados de atención sobre cómo evitar agredir a quienes la viven son igualmente múltiples. Sin embargo, aún subsiste la discriminación hacia estas personas en los empleos, en las escuelas, en el transporte público, en el andar cotidiano, con el trato mismo.

La enorme ignorancia social sobre la discapacidad es una de las causas de tal discriminación, aún los más informados y sensibilizados carecen muchas veces de un conocimiento bien fundamentado sobre este asunto. Se sabe que más de mil millones de personas en el mundo viven con alguna forma de discapacidad que, según este dato, sería el 15 por ciento de la población mundial.

Estas personas suelen verse marginadas a causa de prejuicios sociales acerca de las diversas modalidades de la discapacidad, sin embargo, lo que no se sabe o se sabe muy poco y se informa menos, son las diferentes discapacidades que existen y cómo afectan cotidianamente a quienes las padecen.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, hay un gran número de formas de discapacidad, pero no se conocen y eso hace más difícil aún el poder generar una conciencia de respeto que se debe de dar a las mismas.

Si bien a las personas con discapacidad les corresponde el pleno ejercicio de derechos por ley, estos son solo letra muerta, ya que la autoridad de los tres niveles de gobierno ha puesto muy poco interés para que sus derechos sean plenamente ejercidos, vigilados y sancionados como lo narra Agustín Marte.

La política asistencia por parte de los gobiernos en sus tres niveles hacia ese grupo vulnerable, va totalmente en sentido contrario, ya que primeramente se debe garantizar el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad para después poder hacer uso de estos con apoyos asistencialistas, cuyas acciones no es necesariamente mala, pero se trata de ayudas a medias, como el regalas sillas de rueda, acción muy común en los programas de gobierno.

Pero la pregunta de fondo que habrá de hacerse es, cómo usar sillas de ruedas en ciudades donde la movilidad es limitada por tantas barreras. Cómo regalar sillas de ruedas en ciudades que son intransitables para las personas con discapacidad. Pues primeramente, el gobierno debería garantizar el pleno derecho a la movilidad en la ciudad.

Para lograr verdaderos resultados, es necesario atender de fondo las discapacidades y sus diferencias, sus características y la necesidad de tener respeto a los derechos de las personas, así como ser sensibles ante quienes viven con ellas. Estamos hablando de que requerimos cambios culturales fuertes, la inclusión es responsabilidad de todos y nace en el entorno social y cultural, en los centros de educación formal y en el hogar familiar.

Es, desde una perspectiva cultural correcta, donde se deben romper los viejos paradigmas sobre las personas con discapacidad. Solo así podemos ir educando a nuevas generaciones, que sean ciudadanos respetuosos y aporten al logro de un México incluyente.

Sin embargo, no será posible mientras no se le dé la importancia ni se ponga la debida atención a este sector de mexicanos con discapacidad, que oscila entre los 7.7 millones y que día a día por desgracia sigue incrementándose. Si realmente queremos resultados debemos de iniciar una intervención cultural, educativa y sensibilización del tema.

La conjugación de estos elementos, son primordiales en la construcción de una sociedad moderna e incluyente. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Alicia Barrientos Pantoja, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Ariadna Reyes Montiel y Mario Ariel Juárez Rodríguez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor la siguiente

Exposición de Motivos

Vivir la discapacidad cada día es terriblemente difícil para las personas que la sufren, y lo es más aun, con las limitantes de movilidad y discriminación que históricamente se generan en esta sociedad, los retos a superar en nuestro país y nuestras ciudades, dada la enorme desigualdad social que han dejado gobiernos neoliberales sumisos al capital que ven en los grupos vulnerables solo clientes y no comunidades a incluir en la actividad social, económica, cultural y recreativa son enormes, y los esfuerzos por enfrentarlos con Iniciativas de leyes, reglamentos, ordenamientos y llamados de atención sobre cómo evitar agredir a quienes la viven, son igualmente múltiples, sin embargo, aún subsiste la discriminación hacia estas personas, en los empleos, en las escuelas, en el transporte público, en el andar cotidiano, en el trato mismo.

La enorme ignorancia social sobre la discapacidad es una de las causas de tal discriminación, aun los más informados y sensibilizados carecen muchas veces de un conocimiento bien fundamentado sobre este asunto, se sabe que más de mil millones de personas en el mundo viven con alguna forma de discapacidad, que según este dato serían 15 por ciento de la población mundial, y que estas personas suelen verse marginadas a causa de prejuicios sociales acerca de las diversas modalidades de discapacidad.

Sin embargo lo que no se sabe, o se sabe muy poco es cuales son las diferentes discapacidades que existen y como afectan en su cotidianeidad a quienes las padecen, se tiene la percepción que una pocas formas de está son las únicas, cuando hay un gran número de ellas, pero no se conocen y eso hace aún más difícil el poder generar una conciencia sobre el respeto que se debe darles y cómo ayudar a resolver nuevamente sus limitaciones en movilidad y evitar contundentemente la discriminación.

Tan sólo en los últimos dos años se han presentado en el Congreso múltiples iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sigue habiendo aun, en lo cotidiano, una gran carencia de acciones efectivas para lograr mínimos avances en el tema.

“Si bien a las personas con discapacidad corresponde el pleno ejercicio de derechos por Ley (como es el tener acceso a todos los servicios gubernamentales y no gubernamentales), estos son sólo letra muerta, ya que muy poco interés ha puesto la autoridad de los tres niveles para que sus derechos sean plenamente ejercidos, vigilados y sancionados. Sería necesario para ello que las autoridades hagan cumplir la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que como miembros de la ONU y al haberla firmado, están obligados a llevar a cabo cada una de las disposiciones y políticas encaminadas a la inclusión de las personas con discapacidad”, como narra Agustín Marte.

“La política asistencialista por parte de los gobiernos en sus tres niveles hacia este grupo vulnerable, va totalmente en sentido contrario ya que, primeramente, se debe garantizar el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad, para después poder hacer uso de todos esos apoyos asistencialistas, cuya acción no es necesariamente mala pero se trata de ayudas a medias, como el regalar sillas de ruedas (acción muy común en los programas de gobierno), pero la pregunta de fondo que habrá de hacerse es ¿cómo usar sillas de ruedas en ciudades donde la movilidad es limitada por tantas barreras? ¿Cómo regalar sillas de ruedas en ciudades que son intransitables para las personas con discapacidad? ¿Pues primeramente el gobierno debería garantizar el pleno derecho a la movilidad en la ciudad antes que regalar sillas de ruedas?

Hay que aclarar –comenta Agustín en su reflexión– que lo primero que debemos tener en claro es que el término correcto es personas con discapacidad, ya que antes que cualquier cosa, somos personas. Asimismo, no pensar en las personas con discapacidad como las que solamente tienen movilidad reducida, pues hay diversos tipos de discapacidad (visual, intelectual, auditiva, motriz, inclusive múltiple)... –incluso dentro de los diversos tipos de discapacidad hay también otros subtipos (motriz de las piernas, de brazos, columna, etcétera).

“... Toda institución pública y privada debería contar con instalaciones accesibles para las personas con algún tipo de discapacidad –desde su llegada hasta su salida–, para poder realizar un trámite u obtener un servicio, un claro ejemplo de que toleramos lo intolerable; es que algunas veces, por ejemplo, los “servidores públicos” se han dado a la tarea de servirse de su función a contentillo, cuando las personas invaden los espacios exclusivos y buscan ejercer los derechos de las personas con discapacidad; es entonces cuando las leyes y reglamentos se vuelven mágicamente flexibles para el infractor, como consecuencia de que la autoridad permite y no sanciona como sus facultades indican, ya que “damos chance” o “cinco minutitos, nomás”.

Otro ejemplo de esto se da cuando son los mismos funcionarios (de rango medio a alto) quienes violentan los derechos de las Personas con Discapacidad ocupando los lugares de estacionamiento exclusivos, y en ocasiones hasta para sus familiares. En estos casos existe toda la disponibilidad de recursos materiales, humanos y financieros para su comodidad y accesibilidad, ya que éstas se convierten en la prioridad, sin embargo, cuando una persona con discapacidad requiere la autoridad para ejercer su derecho de accesibilidad y movilidad (estacionamiento y libre desplazamiento en nuestras ciudades), difícilmente ejercen sus funciones”.

Para lograr verdaderos resultados es necesario entender de fondo las discapacidades y sus diferencias, sus características y la necesidad de tener respeto a los derechos de las personas, así como ser sensibles ante quienes viven con ellas. Estamos hablando de que requerimos cambios culturales fuertes.

La accesibilidad es un derecho que muy poco se da en nuestras ciudades al limitar la movilidad de las PCD. Un claro ejemplo de esto se da cuando el transporte público no está adaptado para las necesidades de una PCD, o cuando los Bancos no adecuan la altura de sus ventanillas para usuarios de sillas de ruedas o personas de talla baja. Qué me dice de cuando los restaurantes de comida rápida están diseñados para hacer filas de pie; o de cuando los edificios públicos que, antes que ser modificados para su accesibilidad, preferimos que sean parte de un “patrimonio cultural”, dando más valor a lo material que a su funcionalidad.

Y qué decir de las personas con discapacidad visual, quienes batallar día tras día en su movilidad e inclusión; al vivir en un país donde el braille o la tecnología apropiada no son utilizadas y mucho menos son materia de enseñanza en las aulas. Es el mismo caso del lenguaje de señas mexicana, indispensable para las personas sordomudas, que lamentablemente tampoco es utilizado por las empresas, ni tienen personal capacitado para atender este sector.

Habrá que crear una nueva visión y cultura social sobre la discapacidad que sea extensa a todos los ciudadanos, que eduque cotidianamente en cada espacio ciudadano sea este urbano o rural, una visión que debe ser construida por todos los sectores que involucran a una sociedad, en un trabajo multidisciplinario con una estrategia integral para que se dé dicha inclusión. Ir construyendo esquemas culturales y educativos para una nueva generación de ciudadanos incluyentes que conozcan del tema de las discapacidades y sean sensibles y respetuosos.

La inclusión es responsabilidad de todos y nace en el hogar y en el entorno social y cultural, en los centros de educación formal y en el hogar familiar, es desde una perspectiva cultural correcta, donde se rompan los viejos paradigmas sobre las personas con discapacidad, que podremos ir educando a nuevas generaciones incluyentes, que sean ciudadanos respetuosos y aporten a lograr un México incluyente.

Sin embargo, ello no será posible mientras no se dé la importancia ni se ponga la debida atención a este sector de mexicanos con discapacidad que oscilan entre los 7.7 millones y que día a día se van incrementando. Por ello, si realmente queremos resultados la intervención cultural y educativa en el tema, así como la sensibilización, juegan un papel muy importante, enfoquémonos en esto para algún día lograrlo.

Otras anotaciones importantes sobre la discapacidad

Las situaciones de vulnerabilidad o discapacidad nos conciernen a todos, cualquiera sea la función social o laboral que desempeñemos.

Las estadísticas internacionales determinan que 10 por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad, se estima que este porcentaje puede aumentar significativamente en poblaciones afectadas por condiciones de pobreza, desnutrición, acceso inadecuado o insuficiente a servicios de educación, salud e higiene, enfermedades endémicas o epidémicas, alcoholismo, drogadicción, conflictos, maltrato, violencia, abandono todo esto junto a la incidencia de los factores de deterioro ambiental.

La estimación del número de personas que presentan una situación de discapacidad no siempre ha reflejado el número real de personas con necesidades especiales, dado que en muchos casos ha sido realizada en base a indicadores o parámetros limitados, a veces utilizados por evaluadores no familiarizados plenamente con la situación de discapacidad.

Cualquier persona puede tener una discapacidad. Afectan a las mujeres igual que a los hombres. Las tienen tanto los niños como los adultos. No siempre es algo con lo cual se nace. Algunos accidentes o problemas de salud pueden provocarlas.

Las discapacidades son distintas para cada uno. Distintas personas con la misma discapacidad pueden experimentarla de manera diferente. Las personas con discapacidades tienen derecho a cualquier recurso al igual que quienes no tienen discapacidades. Tienen derecho a trabajar y a ir a la escuela. Deben tener acceso a los servicios de transporte. Se les debe permitir la oportunidad de mejorar sus vidas. Tienen derecho a involucrarse en sus comunidades. Pueden y tienen familias, diversión, y vidas plenas. Merecen ser tratados como individuos. No son su discapacidad.

Por lo anterior me permito presentar el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Único. Se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 26 Bis. La Secretaría de Cultura promoverá los derechos de las personas con discapacidad a través de programas de información, educación y formación de la conciencia ciudadana sobre la discapacidad en sus diferentes modalidades y sobre su derecho a vivir sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y acciones que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género y gratuidad. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de información ciudadana amplios sobre la discapacidad y sus consecuencias, las diferentes discapacidades que existen y sus repercusiones humanas y sociales;

II. Crear o fortalecer establecimientos de integración social y acciones culturales educativas específicas que permitan ejecutar los programas señalados en la fracción anterior, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas, considerando los derechos humanos, dignidad, autonomía y necesidades de las personas con discapacidad;

III. Elaborar e implantar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que corresponda, programas de información, educación, capacitación, formación y especialización para la acción cultural incluyente en materia de discapacidad, a fin de que se proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado;

IV. Celebrar convenios con instituciones culturales públicas y privadas, para impulsar la información educación ciudadana y conocimiento sobre la materia de discapacidad en sus diferentes modalidades;

V. Implantar programas de sensibilización, capacitación y actualización, dirigidos al personal administrativo, de las diversas instancias de gobierno federal, estatal y local para la atención de la población con discapacidad en sus diferentes modalidades, con un espíritu de servicio y respeto;

VI. Crear programas de orientación, educación, y desarrollo cultural en las diversas artes y habilidades humanas que mejoren la calidad de vida, entre ellas principalmente la promoción de la lectura para las personas con discapacidad y sus familias; y

VII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Agustín Marte. “México, un país inaccesible para las personas con disCAPACIDAD”, www.animalpolitico.com, 2 de diciembre de 2015.

2 Nota del autor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputada Alicia Barrientos Pantoja (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

La diputada Sandra Luz Pide la palabra. ¿Con qué objeto, por favor?

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Perdón, presidenta, buenas tardes. Nada más para adherirnos a la propuesta que está haciendo la diputada Alicia. Aunque ya la firmamos, falta todavía parte del Grupo Parlamentario de Morena que lo hagamos, así que le pedimos por favor que nos puedan sumar.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Manifiesta la proponente su anuencia y queda a la disposición de la solicitante aquí en la Secretaría.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, presidenta. La discusión que ha dominado la vida pública de México en los últimos años es la que tiene que ver con la corrupción y la rendición de cuentas.

Nosotros no nos hemos adherido ni plegado a la visión que dice que la corrupción es un fenómeno cultural; no esencialmente. La mejor prueba está en cómo frente a distintos incentivos la misma sociedad se comporta de manera muy distinta. Nosotros creemos que la corrupción en México es un problema de incentivos, es un problema sistémico y es un problema de diseño institucional.

Y como en el Senado todavía no han legislado en materia del sistema nacional anticorrupción, creemos que estamos a tiempo de que esta iniciativa llegue a tiempo a la discusión.

Esta iniciativa plantea dos cosas. Reformar la Constitución y reformar la Ley de Fiscalización. Los objetivos que tiene, tienen que ver con lo que ha venido planteando un colectivo de organizaciones ciudadanas en materia de transparencia y rendición de cuentas que se denomina red por la rendición de cuentas, que básicamente tiene que ver con fortalecer a las instituciones, particularmente a la Auditoría Superior de la Federación y dotarlas de mayor autonomía para el combate a la corrupción.

Las propuestas que incluyen esta reforma yo las resumiría en lo que tiene que ver con las reformas constitucionales; con que las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación tengan dientes, que sean vinculantes.

Porque hoy la corrupción es un espectáculo en los periódicos. Acabamos de ver lo que vino a decir hace unos meses el auditor superior de la federación, por ejemplo en el caso de Veracruz. Vimos cómo eso se hizo un espectáculo mediático, pero el efecto jurídico, el efecto en términos de restitución de los recursos que fueron desviados para el erario, es prácticamente nulo, y nosotros creemos que las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación a los servidores públicos por el desempeño de sus funciones, deben de ser vinculantes.

Otra cosa que es increíble, y que no puede dejar pasar la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, es que hoy el Ejecutivo federal no sea sujeto se responsabilidad administrativa por el desempeño de sus funciones. Nosotros creemos que el Ejecutivo federal tiene que ser sujeto de responsabilidad administrativa.

También creemos que en la Constitución, ayer se votó en contra por parte de quienes han prolongado este tipo de reformas, de quienes las ha pospuesto y de quienes han hecho todo por evitarlas, incluir el 3de3 en la Ley de Transparencia. Hay quien dice que no importa porque se puede meter en Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Sí importa porque por ejemplo en trasparencia sí podíamos meter a los partidos políticos y en Responsabilidad de los Servidores Públicos no. Y sí importa porque son instrumentos distintos que persiguen cuestiones distintas y que dan vidas institucionales distintas.

En Nuevo León los diputados, incluyendo a los de Movimiento Ciudadano, que fueron impulsores de esta causa junto a otros, ya se aprobó que en la Constitución esté la obligatoriedad del 3 de 3. Nosotros creemos que en la Cámara de Diputados, a nivel federal, también podemos discutir este tema.

También en lo que tiene que ver con la Ley de Fiscalización, hay una cuestión de Check & Balance, de pesos y contrapesos de la relación entre los diputados, entre esta Cámara de Diputados y la Comisión de Vigilancia con la Auditoría Superior de la Federación que es absolutamente inadmisible.

El día de hoy la Comisión de Vigilancia puede imponer sanciones a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación. Eso es una cuestión que viola la autonomía, que viola la capacidad y la independencia de actuación de la Auditoría Superior de la Federación, porque no podemos ser nosotros quienes vigilemos a un órgano técnico que debería de ser autónomo.

Nosotros proponemos que este tipo de procedimiento de sanciones los realice el Tribunal de Justicia Administrativa, un ente separado de este poder, y además que no pueda incurrir ni en conflicto de interés ni en intereses político electorales.

Estas propuestas, Movimiento Ciudadano aspira a que se incorporen a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros estamos convencidos de que si modificamos los incentivos y modificamos las reglas con las que se ejerce la rendición de cuentas en México, este país puede avanzar y puede abandonar los lugares que hoy ocupa como campeón mundial en materia de impunidad y en materia de corrupción. Es cuanto, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputadoJorge Álvarez Maynez, miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 73, numeral XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 93, 108, 109 y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 13, fracción I, y 103, y se adiciona una fracción XV al artículo 15, recorriendo las subsecuentes fracciones, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Exposición de Motivos

La alternancia en el país llegó por primera vez en 2000 con la elección de Vicente Fox Quezada, el primer candidato emanado de un partido diferente al Partido Revolucionario Institucional. El cambio en el régimen político trajo consigo la celebración de elecciones libres en un ambiente de competencia donde la oposición tiene posibilidades reales de ganar los comicios.

La expectativa y los retos de la alternancia eran muchos, entre otros, el inicio de una lucha contra la impunidad, el reconocimiento de la verdad y la justicia para las víctimas de crímenes del pasado; el combate a la pobreza y la marginación rural, indígena y femenina; y la reconciliación nacional con base al reconocimiento de la diversidad y la apertura de espacios de participación política de la ciudadanía. Sin embargo dentro de estos temas fundamentales habia dos que sensibles para el país: el combate a la corrupción y la pobreza.

La llegada de la alternancia en el 2000 sería la culminación de un proceso derivado de diversos hechos que le antecedieron. Uno de los sucesos más significativos fue la derrota del PRI en las elecciones internas de 1997 que se tradujo en perder por primera vez en la historia del país la mayoría en el Congreso, hecho que inauguraría un sistema de pesos y contrapesos plasmado en la Constitución pero que había sido letra muerta por varias décadas.

Una de las facultades fundamentales para hacer valer un verdadero contrapeso de poderes es la que le concede la Constitución al Poder Legislativo de poder fiscalizar el gasto público y exigir cuentas al Ejecutivo, que en la práctica renunció a dicha atribución debido a la hegemonía que ejerció el PRI durante la segunda mitad de ese siglo. Hacer válida dicha facultad le llevaría al Legislativo en la LVI Legislatura (1997-200) trabajar en una reforma constitucional que creó en 1999 la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para diciembre de 2000 se dio la promulgación de Ley de Fiscalización Superior de la Federación en la cual se dotó a la ASF de autonomía técnica y de gestión, y se otorgaron mayores facultades para la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; asimismo, se impulsaron nuevos procedimientos de revisión, entre otros, el de iniciar las prácticas de auditoría al desempeño, y se establecieron facultades en la determinación de daños y perjuicios y el fincamiento de responsabilidades económicas resarcitorias.

La creación de la ASF sería la cúspide de una época en la que se creó todo un andamiaje institucional que vendría a desmantelar el sistema político anacrónico de corrupción, opacidad y de abusos que hubo en el ejercicio de gobierno de un solo partido. Por ejemplo, en 1990 nace el Instituto Federal Electoral (IFE) con la encomienda de organizar elecciones en un entorno de equidad e imparcialidad que pudiera garantizar la certeza y credibilidad sobre los resultados. Ante la opacidad y la discrecionalidad con la que se manejaban los recursos públicos se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, con el objetivo de que las instituciones se convirtieran en una caja de cristal para que el ciudadano pudiera saber en qué y dónde se gastaban sus recursos.

El año en que Vicente Fox llegó a Los Pinos, México había obtenido una calificación de 3.3 en materia de integridad y honestidad, según Transparencia Internacional; para 2006, al finalizar su gobierno, el país obtenía la misma calificación. Es decir, la alternancia que había llegado con grandes promesas esperanzadoras de cambio no fue capaz de cambiar la percepción de corrupción que había en el país.

En abril de 2009, con objeto de fortalecer al Órgano de Fiscalización Superior, se abrogó a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y se expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esta nueva estructura legal introdujo relevantes modificaciones, entre las que destacan la modificación a los plazos de rendición de la Cuenta Pública y del Informe de su Fiscalización, fijando el 30 de abril y el 20 de febrero del año siguiente, respectivamente. Se estableció que la ASF pueda verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas públicos mediante auditorías de desempeño. La ASF ya podría fiscalizar directamente los recursos federales que ejerzan estados, municipios y las demarcaciones del Gobierno del Distrito Federal. De igual manera para fiscalizar los recursos federales que ejerza cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, así como los que se transfieran a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos, de conformidad con las leyes respectivas, entre muchas otras.

Hoy en día, y a pesar de los esfuerzos que se han dado para fortalecer el combate a la corrupción con la creación de la ASF, de la Secretaría del a Función Pública, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la percepción de corrupción no es hoy mejor que hace 10 años. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, herramienta elaborada por Transparencia Internacional (TI), México sigue estancado en el lugar 95 de 168 países al obtener una calificación reprobatoria de 35 sobre 100, casi al mismo nivel que países como Bolivia, Moldavia y Nigeria, que están considerados en una escala de serios niveles de esta malas prácticas, es decir, en la última década no se ha avanzado en uno de los más grandes problemas que tiene el país, la corrupción.

En comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la percepción sobre la corrupción en la República Mexicana lo ubicó en el último lugar, separándolo 86 y 79 lugares de sus principales socios económicos, Canadá y Estados Unidos, respectivamente. México ocupó el lugar 79 entre 102 países y el 14 de 19 en América Latina en materia de sobornos, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project.

Según el Foro Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés, la corrupción es ya el principal obstáculo para hacer negocios en México, por encima de la inseguridad. Existe una gran insatisfacción con el sistema democrático en el país, pues, según el Latinobarómetro, sólo el 27% de los mexicanos se encuentran satisfechos con la democracia y el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente.

Dicha percepción sobre la corrupción no es infundada, escándalos como el de la llamada Casa Blanca, Oceanografía, OHL y acusaciones de desvío y malversación de fondos contra los exgobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tabasco (por decir algunos), ha contribuido en el profundo desencanto de la sociedad mexicana con las instituciones que forman parte del gobierno. La reciente filtración de los llamados “Panamá Papers” ha puesto a la luz otro evidente caso de conflicto de intereses en el entorno más cercano del Presidente Enrique Peña Nieto, y el abuso de empresarios de las principales televisoras del país, entre ellos Televisa y TV Azteca.

Los costos no son sólo en la percepción de la ciudadanía, la corrupción tiene graves costos económicos que representan un obstáculo al crecimiento en México. Según el WEF los actos de corrupción le cuestan al país cerca el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa alrededor de 347 mil millones de pesos. Los costos sociales de la corrupción afectan al bienestar de la ciudadanía; según Transparencia Mexicana, el 14% del ingreso promedio anual de los hogares, está destinado a pagos extraoficiales. Y según el Institute for Economic and Peace, la corrupción y el débil Estado de derecho, están estrechamente vinculados con los niveles de violencia en México.

El trabajo de la Auditoría Superior de la Federación ha podido dar cuenta de los desfalcos de la clase política gobernante, sin embargo, el país requiere que quien haya cometido algún delito por mal manejo de recursos federales pague por ello. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, entre 1998 y 2015, se han presentado 656 denuncias penales por actos de corrupción, de las cuales sólo 19 han terminado en consignaciones; es decir, el 97.10% quedan en la impunidad.

Ante este contexto es de celebrarse que el pasado 27 de mayo de 2015 se haya creado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), este hecho sin lugar a dudas significa un parteaguas en materia de combate a la corrupción. La creación del SNA ha comenzado con augurios de que finalmente quienes estén involucrados en actos de corrupción paguen por los delitos que cometieron.

El Sistema Nacional Anticorrupción recoge el esfuerzo de la Sociedad Civil organizada logrando avances importantes, dentro de los cuales destacan la integración de las instituciones pilares en materia de combate a la corrupción dentro de un Consejo Técnico Coordinador. Se aumenta a siete años la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa que fuesen graves. Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tendrá facultad de sancionar tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves. Se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses a las autoridades competentes y la ratificación por el Senado del titular de la Secretaría de la Función Pública, entre muchas otras.

Por su parte, a la Auditoría Superior de la Federación se lo otorgan más facultades, como la de atracción para que pueda fiscalizar las finanzas estatales y municipales. Se elimina el principio de anualidad y posterioridad en el proceso de revisión de cuenta pública, para que la auditoría pueda llevar a cabo revisiones a gastos en curso y no una vez que fueron efectuados, así como de ejercicios anteriores. Asimismo, se le otorga la facultad para fiscalizar a los órganos autónomos, participaciones federales a las entidades federativas, y recursos federales dentro de fideicomisos.

Sin embargo temas delicados y trascendentes quedaron fuera de esta reforma, como la referente a brindar una mayor autonomía e independencia a la ASF. Tampoco se incorporó la obligatoriedad al cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las auditorías al desempeño, ni la posibilidad de que el Presidente de la República fuera sujeto de responsabilidad administrativa por los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus funciones. Por último, se dejó fuera la obligación de los servidores públicos, de presentar su declaración de impuestos.

Por tanto, resulta importante fortalecer las auditorías al desempeño, pues su importancia radica en conocer si los entes públicos cumplieron con sus objetivos, metas y atribuciones, así como el ejercicio de los recursos de acuerdo con la normativa y con el fin para el cual fueron asignados, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía; así como la calidad de los bienes y servicios, la satisfacción del ciudadano y el comportamiento de los actores.

La relevancia de este tipo de auditorías según Benjamín Fuentes radica en que proporciona un examen independiente de las políticas públicas, comprobando su impacto sobre las poblaciones objetivo a través de indicadores de calidad (ej. grado de satisfacción ciudadana); examina la validez y fiabilidad de los sistemas de medición de desempeño, y permite analizar el comportamiento de los actores políticos involucrados (tanto el de los entes responsables de la implementación de las políticas, como el de sus operadores).

Es decir, las auditorías al desempeño elaboradas por la ASF, permiten evaluar qué tan bien operan los programas públicos, de acuerdo a los principios anteriormente enunciados. Sin embargo, las recomendaciones que hoy se emiten en auditorías al desempeño se limitan a observaciones sin que sean vinculantes, dejando a la voluntad de la entidad fiscalizada encargada del programa de atender o no dicha recomendación. De esta manera, a través de una auditoría al desempeño de la ASF, el ejercicio de un programa con deficiencias detectadas, puede mejorar y seguir funcionando en años posteriores.

Por otra parte, una mayor autonomía de la ASF permitirá evitar políticas nocivas que restrinjan el alcance de sus auditorías. Por tanto, es necesario que la Cámara de Diputados pierda su facultad de fincar responsabilidades, a través de la Comisión de Vigilancia, a servidores públicos de la ASF, en términos de lo establecido en el artículo 103, fracción III de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación:

Artículo 103.- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:

III. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor Superior de la Federación, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, iniciar investigaciones y, en su caso, con la aprobación de la Comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

Es así, que resulta indispensable que se elimine la facultad de la Comisión de Vigilancia de sancionar a servidores públicos de la ASF, y que sea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien, derivado de la investigación que realice la Comisión de Vigilancia, sancione o no a los servidores públicos denunciados. De este modo, la ASF podría realizar sus auditorías más libremente.

Asimismo, se propone que sean la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación quienes hagan la distinción entre faltas administrativas graves y no graves, atribuibles a servidores públicos, y no los órganos de control interno de las dependencias, a fin de evitar manipulación por partes de éstas al determinar responsabilidades de sus servidores públicos.

De igual manera, se establece que el Comité Coordinador del Sistema -integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de la Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana-, pueda realizar recomendaciones vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

Por último, se propone que el Presidente de la República sea sujeto de responsabilidad administrativa por los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus funciones, y se imponga la obligación a servidores públicos de presentar su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 74, 93, 108, 109 y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 13, Fracción I, y 103, y se adiciona una fracción XV al artículo 15, recorriendo las subsecuentes fracciones, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 74, 93, 108, 109 y 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. ... V.

VI. [...].

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad podrá emitir las recomendaciones vinculantes para la mejora en el desempeño de los mismos, y promover las responsabilidades que sean procedentes ante las autoridades competentes, en los términos de la Ley.

[...].

[...].

[...];

VII. ... IX.

Artículo 93.- [...].

[...].

[...].

Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tienen la facultad de integrar comisiones como para investigar cualquier asunto de interés público. Los resultados de las investigaciones serán del conocimiento de las autoridades competentes.

[...].

[...].

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos al presidente de la República, a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Se deroga.

[...]

[...]

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación patrimonial, de intereses y de impuestosante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. ... II.

III. [...].

La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación estarán facultadas para hacer la distinción entre faltas administrativas graves y no graves.

[...].

[...].

[...].

[...].

[...], y

IV. [...].

[...].

[...].

[...].

[...].

[...].

Artículo 113.El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I.[...];

II.[...], y

III.[...]:

a) [...];

b) [...];

c) [...];

d) [...];

e) [...].

Derivado de este informe, emitirá recomendaciones vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones deberán atender las recomendaciones que emita el Comité.

[...].

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 13, fracción I, y 103, y se adiciona una fracción XV al artículo 15, recorriendo las subsecuentes fracciones, todos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Artículo 13.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en:

I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, incluyendo las referentes al desempeño, denuncias de hechos y denuncias de juicio político, y

II. Recomendaciones vinculantes, incluyendo las referentes al desempeño.

Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I ... XIII

XIV. Formular recomendaciones vinculantes al desempeño para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno, a fin de elevar la calidad del desempeño gubernamental;

XV. Promover las responsabilidades al desempeño en los términos de la Ley;

XVI ... XXIX.

Artículo 103.- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:

I. ... II.

III. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor Superior de la Federación, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, iniciar investigaciones y, en su caso, con la aprobación de la Comisión, promover las responsabilidades que sean procedentes ante la autoridad competente, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

VI ... XIII.

[...]

Notas:

1 Transparencia Internacional (2015) Índice de percepción de la corrupción. http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/ comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf

2 World Justice Project (2015) Rule of Law Index. Consultado en: http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/MEX

3 Casar, María Amparo (2015) Anatomía de la Corrupción. IMCO. Consultado en: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/

4 Pulido, Miguel. Panama Papers en México: impunidad sistemática. Aristegui Noticias. Consultado en: http://aristeguinoticias.com/0704/ mexico/panama-papers-en-mexico-impunidad-sistematica-articulo-de-miguel-pulido- video/

5 Ídem.

6 Institute for Economics & Peace (2016). Índice de Paz en México. Consultado en: http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/ 2016/ 04/%C3%8Dndice-de-Paz-M%C3%A9xico-2016_ES.pdf

7 Impunes, 97% de denuncias por corrupción de la ASF. Consultado en: http://www.newsdelivermexico.com.mx/index.php/categoria-nacional/9151-impunes-9 7-de-denuncias-por-corrupcion-de-la-asf

8 Artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9 Artículo 122, BASE QUINTA de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10 Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11 Artículo 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

12 Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13 Ibid.

14 Ibid.

15 ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Auditoría Superior de la Federación.

16 Maestro en Economía Internacional por la Universidad de Essex. Fue director del programa Cooperación Económica Asia-Pacífico. También fue director de Investigación de Dumping y Subvenciones. Actualmente es el coordinador de relaciones institucionales en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

17 Relevancia y Práctica de Auditorías de Desempeño en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Benjamín Robles. Red por la Rendición de Cuentas. http://rendiciondecuentas.org.mx/relevancia-y-practica-de-auditorias-de-desempe no-en-la-auditoria-superior-de-la-federacion-asf/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.— Diputado Jorge Álvarez Maynez(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Adelante, por favor.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el paso de la humanidad ha dejado en el planeta una huella de explotación y degradación ecológica.

Aproximadamente entre un tercio y la mitad de la superficie de la tierra ha sido transformada por la acción humana. La mala calidad del aire que está asociada directamente al cambio del uso del suelo es un claro ejemplo de la degradación ambiental que las acciones humanas han propiciado.

En México, la carta de uso de suelo y vegetación serie cuatro del Inegi, indica que alrededor del 10.3 por ciento de las emisiones totales de bióxido de carbono, fueron causadas por cambios en el uso del suelo.

Por otra parte, la Semarnat, que en el 2005 se emitieron alrededor de 71.2 millones de toneladas de contaminantes, de los cuales el 22 por ciento fueron por fuentes naturales, y el 78 por ciento por fuentes antropogénicas, es decir, resultado de la actividad humana.

El medio ambiente es el patrimonio natural más importante con que cuenta una nación, su cuidado y la utilización de sus componentes tienen implicaciones de carácter económico, político social, pero además ético y moral.

Desafortunadamente todos los días nos enfrentamos a daños al ambiente resultantes de actividades humanas que no se sancionan de manera oportuna y eficaz. Si bien la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental tiene como objetivo regular la responsabilidad ambiental, las acciones emprendidas no han sido suficientes para contener y reparar el daño ocasionado al ambiente, principalmente por la laxitud y ambigüedad de la legislación.

La realidad es que la ley no responde a las expectativas que la sociedad demanda en las aplicaciones de sanciones ejemplares que garanticen que las empresas que han ocasionado algún daño, paguen montos económicos acordes con la afectación generada.

Las multas actuales son irrisorias, lo que permite a las empresas violar normas legales de cuidado y desempeñe adecuado en instalaciones o actividades industriales que pueden perjudicar al medio ambiente, ya que resulta más fácil y económico pagar por contaminar que acatar medidas de seguridad ambientales.

El derecho a un medio ambiente sano es una garantía constitucional y este vacío legal provoca corrupción e impunidad, lo que obstruye la obligación de garantizar ese derecho.

En Nueva Alianza tenemos la convicción de que las políticas ambientales deben ser lo suficientemente fuertes para castigar conductas que dañen el medio ambiente, pero también preventivas para atender el reto de protegerlo y salvaguardarlo a fin de alcanzar mejores niveles de bienestar.

En este sentido pongo a consideración de esta soberanía la iniciativa que reforma los artículos 6, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 22 y 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con el objetivo de fortalecer la legislación a fin de que nos resulte más benéfico el hecho de tener un medio ambiente más sustentable y no, como las empresas actualmente, que resulte más benéfico contaminar que prevenir y evita los daños ambientales.

Tal como se encuentra redactada actualmente la ley no castiga como corresponde a los responsables de los daños ambientales, pues incluso los solapa al permitir atenuantes que permitan reducir el monto de la sanción económica y regularizar conductas irregulares en su origen.

No es posible hablar hoy de la situación y deterioro del medio ambiente sin hablar de los daños ocasionados por la contaminación derivada de los desastres industriales, situación que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de personas y poblaciones.

Si tomamos en cuenta que casi todos estos desastres ecológicos no solamente destruyen la flora y fauna de los ecosistemas, sino que también afectan la vida y salud de sus pobladores, de nuestros connacionales, y causan pérdidas millonarias por la afectación de sus actividades económicas, como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo, entonces qué estamos haciendo, compañeras y compañeros.

La industria genera el 42 por ciento de la contaminación en el aire y las descargas de agua industriales generan 340 por ciento más contaminación que las aguas municipales. Por desgracia estas conductas no son sancionadas adecuadamente debido a la laxitud de la ley, de ahí la imperiosidad y la imperiosa necesidad de fortalecerla para que las empresas cumplan con la obligación de reparar el daño y se ocupen del cuidado de sus procesos a fin de evitar ocasionar nuevos daños ambientales.

Me despido, ya me llegó la tarjeta. Me despido diciéndoles nada más, compañeras y compañeros, si estamos dispuestos a crear las condiciones para proteger ese patrimonio de nuestros mexicanos, que ésa es nuestra responsabilidad y creo que no es nada mas de Nueva Alianza, sino los grupos parlamentarios también coincidimos en todo esto, ¿nos ayudan a cambiar las cosas? Por su atención y apoyo, muchas gracias, y hagamos que a este mundo le pinte mejor. Gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Francisco Javier Pinto Torres, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 22 Y 23de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

De acuerdo con los datos obtenidos del “Informe de la Situación del Medio Ambiente en México –Edición 2012” (Semarnat 2012)–, la protección del medio ambiente y los recursos ambientales en México deja aún mucho que desear.

Así por ejemplo, según este informe, la Carta de Uso de Suelo y Vegetación Serie IV (Inegi 2011) indica que hoy en día en México tan sólo el 36 por ciento de las selvas y el 62 por ciento de los bosques son primarios.

Según este mismo informe, se estima que anualmente en el país, durante el periodo de 2003-2006, las emisiones promedio nacionales de bióxido de carbono asociadas al cambio de uso del suelo forestal ascendieron a 7 189 gigagramos (Gg) de bióxido de carbono; lo cual significa, según este informe, que alrededor del 10.3 por ciento de las emisiones totales de CO2 en México, fueron causadas por cambio de uso del suelo. Así pues, podemos observar que la pérdida de ecosistemas primarios por cambio de uso de suelo y la alteración de la calidad del aire asociada al cambio de uso de suelo, es un claro ejemplo de la degradación ambiental en México debido a acciones humanas.

Con base en este informe, otros datos relevantes sobre la degradación ambiental debido a causas antropogénicas indican que durante el periodo 2005-2010 (lo cual corresponde a la estimación más reciente de la Conafor reportada a la FAO) alrededor de 155 mil hectáreas fueron deforestadas anualmente.

Asimismo, según el informe de la Semarnat, con base en datos reportados por el Inventario Nacional de Emisiones de México, en 2005 se emitió alrededor de 71.2 millones de toneladas de contaminantes, de los cuales el 22 por ciento fueron emitidos por fuentes naturales y 78 por ciento por fuentes antropogénicas. Según conclusiones de este informe, la mayor parte de las emisiones antropogénicas fueron generadas por los vehículos automotores (fuentes móviles carreteras; 78.3 por ciento del total).

En cuanto al tema del agua, según el informe de la Semarnat, la disponibilidad hídrica en México se ha reducido de manera importante, ya que mientras en 1950 ésta era de 17 mil 742 metros cúbicos por año, en 2010 se reportó que la disponibilidad por habitante fue de 4 mil 90 metros cúbicos anuales, un volumen que de acuerdo al World Resources Institute (WRI) es considerado como una disponibilidad hídrica baja; teniendo en cuenta que según el Indicador de Falkenmark, una disponibilidad inferior a mil 700 metros cúbicos por habitante por año se considera como una situación de estrés hídrico.

Del mismo modo, este informe de la Semarnat, revela que los esfuerzos de reciclaje en México es aún muy bajo, ya que de acuerdo con las cifras obtenidas en los sitios de disposición final, en 2011 se recicló tan sólo 4.8 por ciento del volumen de los Residuos Sólidos Urbanos generados. La disposición final de los residuos en el país se realiza básicamente en rellenos sanitarios y otros sitios de disposición. En 2012, se estimó que 67 por ciento del volumen generado de RSU en el país se dispuso en rellenos sanitarios.

Con base en datos del Inegi, en 2013 el agotamiento de los recursos naturales tales como el agua subterránea, los bosques maderables y el petróleo, alcanzó un monto equivalente al 1.1 por ciento del PIB. En el mismo año, los hábitos de consumo de los recursos naturales citados, más la degradación del medio ambiente generaron costos ambientales cercanos al 5.7 por ciento del PIB nacional.

En contrapartida, según los mismos datos del Inegi, el monto de los gastos del sector público para la protección del medio ambiente fue de casi 149 mil millones de pesos en 2013, lo cual representó cerca del 1.0 por ciento del PIB nacional; sin embargo, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental se acercaron a los 910 mil millones de pesos, lo cual dio un déficit ambiental de 761 mil millones de pesos.

Todos los datos citados anteriormente sobre la situación ambiental en México revelan que en nuestro país no hay una sólida protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

A fin de cambiar este paradigma, el 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), la cual tiene como objeto regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Así esta ley establece las condiciones en las que se genera responsabilidad ambiental; a quien se le imputará la misma; las condiciones y plazos en que se desarrollará el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental; el derecho a resolver las controversias de carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños al ambiente mediante mecanismos alternativos de solución de controversias; las condiciones en las que procede la reparación, la compensación y la sanción económica, entre otras.

Sin embargo, a pesar del establecimiento de esta ley, que permite imputar responsabilidad ambiental a quien con su acto u omisión genere culposa o dolosamente un daño al medio ambiente, los resultados en protección, recuperación o compensación ambiental no han sido los esperados.

Algunos casos de desastres ambientales que se han dado bajo el imperio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental son los del derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre de la Mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi; descargas urbanas sin tratar de Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) en el estero El Infiernillo; descargas de aguas sin tratar en la Laguna de Cajititlán (Jalisco); vertido de agua con cianuro en el municipio El Oro en Durango; derrames petroleros en Cadereyta (Nuevo León), Huimanguillo (Tabasco), entre otros; la destrucción del manglar Tajamar para la construcción del proyecto urbanístico Malecón Tajamar que derivó en protestas y rechazo por parte de la sociedad mexicana; entre muchos otros.

Casi todos estos desastres ecológicos no solamente destruyeron la flora y fauna de estos ecosistemas, sino que también afectaron la vida y salud de los pobladores y causaron pérdidas millonarias por las afectaciones a sus actividades económicas, como la agricultura, ganadería, pesca y turismo.

Según cifras de Greenpeace, en 2013 en México ocurrieron 1.3 derrames petroleros por día. Por otro lado, las industrias generan el 42 por ciento de la contaminación en el aire de fuentes atropogénicas, en el que el 34 por ciento es a causa de la combustión industrial de comestibles, seguido por los vehículos automotores con el 17 por ciento y las plantas que generan electricidad con 12 por ciento. El 8 por ciento corresponde a las fuentes de amoniaco y el 6 por ciento a la manufactura y otros procesos industriales. Por otro lado, las descargas de aguas industriales generan 340 por ciento más contaminación que las aguas municipales.

Asimismo, la ONG ambiental más importante a nivel internacional, denuncia que tan sólo en los dos primeros años del presente sexenio se vivieron en México catástrofes ambientales que sumaron mil 124 casos de daño ambiental.

Según los expertos, los daños ambientales causados por la negligencia de las industrias se deben a la laxitud de la legislación ambiental en México. De hecho, el mismo ex secretario de medio ambiente y recursos naturales, rindió declaraciones en ese sentido cuando aún estaba en funciones y enfrentaba las protestas sociales respecto del caso de la contaminación del Río Sonora por la minera perteneciente al Grupo México, la cual afectó a siete municipios sonorenses que a la base cuentan con una baja disponibilidad de agua, dejando durante dos meses sin agua potable a 22 mil personas.

Argumentación

El 30 septiembre de 2014, es decir, durante la legislatura pasada, el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, compareció ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Honorable Cámara de Diputados y respecto al caso de la contaminación del Río Sonora pidió a los legisladores fortalecer la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, darle dientes, pues dijo que la multa de 40 millones de pesos que se aplicó a Grupo México por ese incidente es pequeña, pero es la máxima que se prevé en la legislación vigente.

En efecto, Grupo México, una de las principales productoras de cobre a nivel mundial, obtuvo ganancias por 22 mil 711 millones de pesos durante el ejercicio 2013, por lo que la multa de 40 millones de pesos representa apenas 0.1 por ciento de sus utilidades consolidadas en un año. Los expertos advierten que incluso elevar la multa a mil millones de pesos equivaldría sólo 0.8 por ciento de los ingresos de la empresa y 3.4 por ciento de sus utilidades.

Esto nos muestra que el monto máximo de la sanción económica prevista en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para las personas morales responsables por daños ambientales es insignificante en proporción de las ganancias que las empresas obtienen del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, que son del dominio directo de la nación.

Si aplicar sanciones económicas más altas no representaría tampoco una gran pérdida para la empresa, retirarles la concesión o licencia en muchos casos significa la pérdida de miles de empleos directos e indirectos.

Pero también es cierto que al tener en México un marco legal con sanciones irrisorias para las industrias propicia en éstas el preferir “pagar por contaminar” que acatar las medidas de seguridad ambiental. Por ende, es importante identificar las deficiencias de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental con el fin de proponer reformas que subsanes dichas deficiencias y fortalecer la ley en cuestión, con el fin de que no resulte un costo más benéfico contaminar que prevenir y evitar los daños ambientales.

Con base en un análisis de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) podemos constatar que esta ley es muy laxa con los agentes económicos que contaminan. En efecto, la ley vigente se encuentra redactada de tal forma que castiga blandamente a los responsables de daños ambientales e incluso los solapa al permitir atenuantes que permitan reducir el monto de la sanción económica y regularizar conductas irregulares en su origen.

La LFRA vigente permite en su artículo 8 y 20 reducir el monto de la sanción económica en caso de acreditarse los supuestos que estos artículos establecen. Al respecto resulta importante destacar que la sanción económica es definida como “el pago impuesto por la autoridad judicial para penalizar una conducta ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro comportamientos prohibidos”.

Si la ley vigente establece supuestos que permiten reducir el monto de la sanción económica, cuyo fin es prevenir e inhibir conductas intencionales que dañan el medio ambiente, entonces se pierde el fin de dicha sanción.

Esta paradoja es aún más insólita en el caso de aquellas atenuante previstas por LFRA, que a la base son obligaciones previas que el agente económico tuvo que cumplir para obtener la autorización de realizar sus actividades u obras, como es el caso de la garantía financiera requerida por el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por ende, dado que es contradictorio establecer supuestos que permitan reducir el monto de la sanción económica prevista para castigar las conductas dolosas dañosas del medio ambiente, el GPNA propone derogar estas atenuantes comprendidas en el artículo 20 de la LFRA y reformar el artículo 8 de la misma, de tal modo que el hecho de contar con la garantía financiera requerida por la LGEEPA a los agentes económicos que realicen una actividad altamente riesgosa, tampoco sea considerada como un supuesto que permita reducir el monto de la sanción económica.

Todo esto con el fin de que la sanción económica cumpla con su función de prevenir e inhibir futuras conductas intencionales dañosas del medio ambiente; de tal modo que esta sanción no se traduzca en un monto irrisorio que establezca una lógica en la que resulta más económico contaminar que prevenir el daño al ambiente.

Asimismo, en aras de mayor claridad proponemos reformar la redacción vigente de la LFRA, la cual utiliza la palabra “ilícita” indiferentemente en sus diversas disposiciones legales, lo cual se presta a confusión al momento de analizar e interpretar las diferentes obligaciones, condiciones y mecanismos legales contenidos en dicha ley. Por lo que nuestra propuesta de reforma pretende especificar en cada artículo de la LFRA si la disposición legal se refiere a una conducta dolosa, por ende acreedora de una sanción económica, dando así más certidumbre en el cumplimiento de la ley.

De igual manera, con el fin de combatir la laxitud de las leyes ambientales que hacen de México un paraíso para contaminar, proponemos se reforme el artículo 6 de la LFRA de tal modo que se incrementen y refuercen las condiciones que permiten acreditar legalmente que no existe daño y, por ende, responsabilidad ambiental para el imputado.

En ese sentido, consideramos necesario que para que ante la ley, un determinado menoscabo ambiental no sea considerado como daño ambiental generador de responsabilidad, se agregue la actualización del supuesto consistente en demostrar que la actividad u obra asociada a los daños ambientales constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable, tal y como se establece en la fracción I de éste artículo 6, y que en su desarrollo el agente económico se haya ajustado estrictamente a los términos y condiciones de dicha autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la conducta dañosa, la cual en tal caso se acreditará libre de dolo, culpa o negligencia.

Establecer estos candados es de fundamental importancia, ya que dicho artículo 6, permite determinar aquellas conductas que quedan fuera del espectro de la responsabilidad ambiental.

Otra de las lagunas identificadas en esta LFRA es que esta norma legal carece de un enfoque precautorio. En México se gasta más en reparación de daños ambientales que en su prevención.

Por ende, en esta iniciativa el GPNA propone reformar la LFRA de tal modo que se incluyan la obligación para los agentes económicos susceptibles de responsabilidad ambiental por la realización de obras o actividades que pudieran causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el medio ambiente, la obligación de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la amenaza inminente de daños al ambiente o la existencia de los mismos, que puedan ocasionar o que hayan ocasionado; así como la obligación de realizar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo, las acciones necesarias para prevenir daños ambientales y evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente o nuevos daños ambientales.

El supuesto previsto en la actual fracción I del artículo 6 de la LFRA hace referencia a las condiciones formales previas que debe cumplir el agente económico para poder desarrollar su actividad u obra; mientras que la fracción III que proponemos agregar se refiere a las condiciones materiales que debe cumplir el agente económico al realizar su actividad y, por ende, son condiciones que se deben cumplir posteriormente a la obtención de la autorización correspondiente.

Por último, a partir de una simple lectura del artículo 14 de la LFRA podemos constatar que dicha disposición legal, tal cual se encuentra redactada, constituye un mecanismo regulatorio de las actividades realizadas fuera de la ley.

En efecto, el artículo 14 de la LFRA establece que:

“Artículo 14. La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño, o

II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:

a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarseplenamente que tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales y los instrumentos de política ambiental.

En los casos referidos en la fracción II del presente artículo, se impondrá obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciarán de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas responsables.

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil Federal.”

Este tipo de dispositivos legales que permiten regularizar actos ilegales es común en el derecho administrativo; sin embargo, al tratarse de actividades dañosas del medio ambiente, el cual se encuentra consagrado en el artículo 4 constitucional como un derecho humano, no debería instaurarse en la ley este tipo de práctica “regularizadora” que al final de cuentas fomenta, protege y, de cierto modo, premia actividades realizadas al margen de la ley y que generaron un daño al medio ambiente.

Esta perspectiva que se encuentra garantizada en la legislación mexicana no se contempla del todo en países que cuentan con mayor y mejor experiencia en derecho ambiental como es el caso de los países europeos.

Una simple lectura de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre Responsabilidad Medioambiental en relación con la Prevención y Reparación de Daños Medioambientales o de la legislación española, es decir de la Ley 26/2007 de 23 octubre de Responsabilidad Medioambiental, permite apreciar que jamás se hace mención de aquellas actividades dañosas del medio ambiente, realizadas fuera de la ley y mucho menos es cuestión de permitir legalmente su regularización continua, es decir, sin interrupción de dicha actividad.

En consecuencia, con esta iniciativa proponemos reformar el artículo 14 de la LFRA de tal modo que se excluya la práctica de legalizar la regularización de una actividad realizada al margen de la ley y esto sin interrupción alguna de dicha actividad, con base en una evaluación a posteriori y, por ende, basada en una situación en la cual ya hubo daño generado por una conducta ilícita.

Consideramos lógica fundamental que una norma legal ambiental no permita, ni facilite explícitamente la continuación de una actividad que ya generó daño ambiental en la zona. Esto sería cobijar, bajo el imperio de la ley, una conducta ilícita, lo cual favorecería las ilegalidades en perjuicio de aquellos agentes económicos que sí respetan la ley.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, promotor del desarrollo sustentable en México, consideramos urgente y necesario fortalecer la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de tal modo que se inhiban las conductas culposas o dolosas, dañosas del medio ambiente y que, por ende, repercuten directa e indirectamente en la salud, economía y calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 6, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 22 y 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Artículo Primero.Se reforma el artículo 6 y se le adiciona una nueva fracción III; se reforma el artículo 8; se reforma el artículo 10 y se le adiciona un nuevo párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes; se reforma la fracción III del artículo 12; se reforma el primer párrafo del artículo 14 y se derogan sus párrafos segundo y tercero; se deroga el artículo 20; se reforman los artículos 21, 22 y 23, todos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 6. No se considerará que exista daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de que se actualicen los siguientes supuestos:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría;

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas ;

III. Se demuestre que la actividad u obra asociada a los daños ambientales constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable, tal y como se establece en la fracción I del presente artículo, y que en su desarrollo el agente económico se haya ajustado estrictamente a los términos y condiciones de dicha autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la conducta dañosa, la cual en tal caso se acreditará libre de dolo, culpa o negligencia.

Artículo 8o. Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, en ningún casoserán consideras como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

...

...

Artículo 10. Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente ley.

Los agentes económicos susceptibles de responsabilidad ambiental por la realización de obras o actividades que pudieran causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el medio ambiente, están obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la amenaza inminente de daños al ambiente o la existencia de los mismos, que puedan ocasionar o que hayan ocasionado.

De la misma forma estará obligada a realizar , sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo, las acciones necesarias para prevenir daños ambientales yevitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente o nuevos daños ambientales.

Artículo 12. Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;

II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;

III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su correspondiente Reglamento en la materia; y

IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil Federal.

Artículo 14. La compensación ambiental procederá por excepción cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño.

(... se deroga)

(...se deroga)

Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil Federal.

Artículo 20. (Se deroga).

Artículo 21.- Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia a la realización de la misma conducta ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental , en caso que ésta haya sido realizada con carácter doloso, el Juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder el límite previsto para el caso en la presente Ley.

No podrá imponerse la sanción económica a la persona física que previamente haya sido multada por un juez penal, en razón de haber realizado la misma conducta que da origen a su responsabilidad ambiental.

Artículo 22. Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente Título, se entenderá por demandada la imposición de la sanción económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al responsable a este pago salvo, en los casos previstos en el artículo anterior, cuando los daños ocasionados al ambiente provengan de una conducta lícita, de una conducta culposa mas no dolosa, o biencuando exista el reconocimiento judicial de algún acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de resolución de controversias previstos por esta ley.

Artículo 23. La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional de la violación, asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano jurisdiccional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta ley.

...

...

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Semarnat (2012). “Informe de la Situación del Medio Ambiente en México - Edición 2012”, Disponible en http://app1.semarnat.gob. mx/dgeia/informe_12/00_intros/pdf.html

2 Semarnat (2015). “El Medio Ambiente en México- 2013-2014”. Disponible en: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/07_residuos/7_1_2.html

3 Inegi (2015). “Estadísticas a propósito del día mundial del Medio ambiente (05 de junio)”. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/ambiente0.pdf

4 Ibídem.

5 Artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

6 Sin Embargo (2014). “México es el paraíso de la contaminación y desastres ambientales: activistas; hay 1.3 derrames petroleros diarios”. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/24-08-2014/1096135

7 Ibídem.

8 Greenpeace (2012). “Ríos mexicanos, ríos tóxicos”. Disponible en: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2012/Marzo/Rios-mexicanos-rios-tox icos/

9 Greenpeace (2014). “Ríos contaminados, ineficiencia y negligencia en México”. Disponible en: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2014/Septiembre/Rios-contaminados- ineficiencia-y-negligencia-en-Mexico/

10 Radiofórmula (2014). “Pide Semarnat a diputados fortalecer Ley de Responsabilidad Ambiental”. Disponible en: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=444856 &idFC=2014&sURL=

11 Expansión. (2014). “Multa a Grupo México: un ‘pellizco’ de 0.1 por ciento a sus utilidades”. Disponible en: http://expansion.mx/negocios/2014/08/28/multa-a-gmexico-un-pellizco-de-01-en-su s-utilidades

12 El Universal (2014). “Multa no impactará a Grupo México, advierten expertos”. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/no-afecta-a-gmexic o-multa-expertos-46657.html

13 Sin Embargo (2014). “México es el paraíso de la contaminación y desastres ambientales: activistas; hay 1.3 derrames petroleros diarios”. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/24-08-2014/1096135

14 Artículo 2, fracción XIV de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.— Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Por cinco minutos también, tiene la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Compañeras y compañeros diputados, habíamos anunciado el año pasado, cuando se debatía el tema de la desindexación de los salarios mínimos, que presentaríamos una iniciativa para desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Ha creado ya esta soberanía un grupo ex profeso que está analizando este tema tan importante para los mexicanos, y nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, quiere hoy poner a la disposición de esta Cámara una iniciativa para definitivamente ya desaparecer a esta comisión.

Esta comisión, que es un organismo público descentralizado, creado en una reforma al artículo 123 constitucional en noviembre de 1962, cuando el mundo era otro, cuando las ideologías eran completamente distintas y cuando se pensaba que los salarios mínimos debían y podían aumentarse por decreto.

Nos ha enseñado el desempeño de la economía mundial y, desde luego, de la mexicana, que esto es absolutamente imposible, máxime cuando es controlado por un organismo ex profeso para esto.

No tenemos la menor duda de que además va a haber algunos beneficios burocráticos. Por ejemplo, la actual Conasami tiene un presupuesto de cerca de 40 millones de pesos; 11 millones de esto los canaliza para pagar a su actual presidente, que por cierto tiene varios sexenios en el cargo. Se destina un salario a una persona que equivale al salario de 115 personas que ganan el salario mínimo al mes.

Ya hay que empezar a quitar estas incongruencias de nuestra vida política. Nosotros estamos haciendo aquí una propuesta muy seria: que todas las facultades que tiene la Conasami las adquiera algunas de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al ser hoy absolutamente inservible esta comisión, lo que nosotros queremos es que sea en el próximo paquete económico donde se vena a proponer un salario digno en el mismo paquete que sea aprobado por los diputados.

Es decir, no va a ser una comisión quien fijaría el salario mínimo, sino sería esta soberanía a través de la propuesta que haga la Secretaría de Hacienda en su paquete económico.

Ha llegado el momento de empezarnos a quitar tantos organismos burocráticos que lo único que han hecho es entorpecer la recuperación del salario de los mexicanos. Vale la pena, señores diputados, que se pueda aprobar, que contemos con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para de una vez por todas empezar la recuperación del salario mínimo, ¿a través de qué? De la decisión de los que justamente lo representamos.

Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal del Trabajo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Los suscritos, diputados pertenecientes a la LXIII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se deroga el artículo 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde su establecimiento en 1917, el salario mínimo, su alcance y los elementos para determinarlo han sido temas de debate; a lo largo de la historia se han hecho al menos cuatro reformas constitucionales en la materia, por lo que hoy que vuelve a ser tema de discusión, es necesario repensar y analizar los mecanismos, procedimientos y sobre todo el funcionamiento de las instituciones encargadas de fijarlo.

La figura del salario mínimo fue establecida por primera vez en la Constitución de 1917. En el artículo 123, fracción VI, de la Carta Magna se estableció que el salario mínimo debería ser suficiente “para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia”.

En 1917, el artículo 123 implantaba que los salarios mínimos debían ser fijados por comisiones especiales en cada municipio, subordinadas a la junta central de conciliación que debería instalarse en cada estado.

Este mecanismo funcionó poco más de una década pero de manera precaria y anárquica, pues la expedición de leyes reglamentarias en la materia a nivel estatal fue limitada.

La Ley Federal del Trabajo, que reglamentaba el artículo 123 constitucional, fue expedida en 1931 y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1933, reforzaron la idea de un sistema de fijación de los salarios constituido por comisiones especiales integradas en cada municipio.

A principios de la década de los sesenta, se modificó nuevamente el proceso para fijar los salarios mínimos; se decidió fijarlo por zonas económicas en vez de municipios y se encargó ese procedimiento a dos instancias. Para ello, en 1962 se modificó el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, y se crearon la comisión nacional y 111 comisiones regionales de los salarios mínimos. Básicamente, las comisiones regionales fijaban los salarios, pero sus decisiones debían ser autorizadas por la comisión nacional.

Esta dinámica se mantuvo vigente por 23 años con algunos cambios, como la reducción del número de comisiones regionales que pasó de 111 a 67, y la homologación de los salarios mínimos de los campesinos con los de los trabajadores de zonas urbanas en 1981.

En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una iniciativa del Poder Ejecutivo que reformó nuevamente el sistema. A partir del 1 de enero de 1987, los salarios mínimos fueron fijados por una sola Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Entre otras cosas, dicha reforma señalaba que los salarios serían fijados por áreas geográficas que podían estar integradas por uno o más municipios, de una o más entidades federativas, sin limitación alguna.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado, su máximo órgano de decisión es el consejo de representantes y está integrado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno.

La representación del gobierno es compuesta por el presidente de la comisión y dos asesores designados por el secretario del Trabajo y Previsión Social; asimismo, por un número igual, no menor de cinco, ni mayor de quince, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones.

Tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

Ley Federal del Trabajo

“Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.”

Aunque con algunos cambios, esta estructura es la que sigue funcionando en la actualidad. Por ejemplo, en 2012 se redujo de tres a dos el número de zonas para el nivel de salarios y en 2015, se dio el cierre definitivo de las áreas geográficas de dicho salario, con lo que por primera vez desde 1917, en México se cuenta con un solo salario mínimo para todo el país. La última modificación que se hizo relacionada con el salario mínimo fue a finales del año pasado, en la que se decretó la “desindexación del salario mínimo”, en la cual ya no será utilizado como unidad de medida o referencia para el pago de obligaciones, multas y sanciones, previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

Con la desvinculación del salario mínimo, las percepciones de los trabajadores podrán aumentar sin que esto repercuta en aumentos o modificaciones en los pagos de derechos y sanciones.

Con esta reforma constitucional, el artículo 123 quedó de la siguiente manera:

“Artículo 123.

VI.Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. (Párrafo reformado DOF 27-01-2016).

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.”

El debate actual sobre el salario mínimo se debe a que éste ha perdido significativamente su poder adquisitivo, y la mayoría de los promotores e involucrados en la discusión, aceptan que los trabajadores pueden comprar cada vez menos cosas para satisfacer sus necesidades básicas. En este mismo sentido, la Conasami perdió desde hace mucho tiempo razón de ser y el objeto para la que fue creada, constituyéndose en un gran “Elefante Blanco” con carga burocrática y gastos al erario, que de ninguna manera justifican su actuación y mucho menos sus resultados.

Muestra de ello es que sindicatos de diversas corrientes e instancias de investigadores –como el Observatorio del Salario Mínimo de la Universidad Iberoamericana de Puebla– se han pronunciado por la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por inoperante, a la que se le otorgó para 2016, un presupuesto de 37 millones 741 mil pesos.

De este monto, 8 millones 186 mil pesos son para el pago de salarios al personal permanente; y 528 mil a trabajadores eventuales. Además están presupuestados 12 millones 468 mil pesos para el pago de otras prestaciones sociales y económicas para trabajadores y funcionarios de la dependencia.

El documento oficial del Presupuesto de Egresos para 2016 da cuenta de dichas cifras y detalla que, además, se destinará un monto de un millón 809 mil pesos para el pago de estímulos a servidores públicos de la Conasami.

Un rubro más es el referente a pagos de remuneraciones adicionales y especiales para el personal de esta dependencia, el cual asciende a un millón 453 mil pesos, entre otros renglones.

Del total de la partida destinada a esta comisión, 28 millones 970 mil pesos serán para el pago de servicios personales, es decir, 76.8 por ciento de los recursos que recibirá.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos destina más de 20 millones de pesos de su presupuesto federal anual a pagar la elaboración de estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo.

Aun cuando cada año se define en esta instancia que el porcentaje del aumento sea igual a la inflación estimada; incluso, en los dos sexenios pasados el ajuste para los salarios obreros ha sido de 2 pesos en promedio, es decir, 730 pesos de aumento en un año.

Esta instancia, calificada de inoperante y obsoleta por gremios como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano y la Nueva Central de Trabajadores, paga al presidente de la Conasami, Basilio González, una cantidad similar al sueldo de 115 personas que ganan el mínimo; quien desde 1991 ha estado al frente de la comisión y se ha relegido cinco veces (25 años).

Copias del presupuesto de la Conasami en 2014 1, indicaron que Basilio González tiene un sueldo de 2 millones 81 mil 600 pesos anuales, más 39 mil 600 de un bono de protección al salario, 75 mil 800 pesos de pago de seguros, 275 mil 211 pesos por concepto de fondos y seguros de ahorro para el retiro.

270 mil pesos por condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras remuneraciones, que dan un total 2 millones 798 mil 600 pesos.

En tanto, en esta dependencia un coordinador general gana un millón 856 mil 125 pesos anuales; un director de unidad, 809 mil; director de área, 801 mil 600 pesos al año. En contrapartida, los analistas, profesionales especializados y dictaminadores ganan 191 mil 900 pesos anuales, menos de lo que gana el presidente de la Conasami en un mes, según los documentos referidos.

La comisión no tiene ingresos, únicamente utiliza presupuesto federal. Gasta un millón 877 mil pesos en actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, otros 28 millones 282 mil pesos en la elaboración de estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo, de los cuales 20 millones son el pago de servicios profesionales de estos análisis, y 7 millones 600 mil por gasto de operación de los mismos informes.

Anualmente, cuando se instala la sesión de la comisión para la revisión de los salarios mínimos, los representantes gubernamentales, obreros y de los patrones revisan los informes económicos que se presentan. No obstante, en los pasados 13 años, más allá de dichos análisis, el incremento a los salarios mínimos se fija de acuerdo con la inflación prevista para el año siguiente.

Cabe referir que la Conasami depende de la partida global de la Secretaría del Trabajo, la cual según el Presupuesto de Egresos, en 2016 manejará recursos por 4 mil 674 millones de pesos, 11.4 por ciento menos que en 2015.

Opiniones desfavorables a la existencia de la Conasami

Respecto de las funciones de esta comisión, los dirigentes de la Nueva Central Sindical, Benito Bahena, de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Agustín Rodríguez y Francisco Hernández Juárez, aseveraron que no se justifica la existencia de esta instancia. Pidieron su desaparición y se manifestaron por la creación de un instituto del salario, que cambie la tarea de la Conasami como fijadora de los techos de revisión salarial, por la de fomento al mejoramiento del poder de compra de los trabajadores.

Al respecto, el Observatorio de Salarios Mínimos de la Universidad Iberoamericana de Puebla, asienta en su informe más reciente que la Conasami, además de que incumple con su cometido central que es tutelar el derecho a un salario digno de los trabajadores, tampoco desempeña funciones que tiene encomendadas por la Ley Federal del Trabajo y no lleva a cabo tareas como la elaboración de estudios sobre salarios, condiciones laborales y situación económica; ya que la mayor parte de éstos los desarrollan especialistas a los que les paga por honorarios.

Cuestiona ese observatorio la tarea de la comisión, y añade que lejos de velar por los intereses de los trabajadores, ha servido de “dique” contra la recuperación de los salarios en el país.

Por su parte, la UNT, cuyos sindicatos firmaron un posicionamiento sobre la urgente recuperación de los ingresos de los trabajadores, en el que señalan que la Conasami no tiene razón de ser.

Dado que los salarios llevan cuatro décadas de perder su poder de compra, y el aumento a los mínimos es más un techo para todas las revisiones contractuales; por lo que demandaron su desaparición.

Efectivamente, el salario mínimo en México no sólo ha perdido su valor adquisitivo a través de los años y es el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que de acuerdo con la más reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 3, este indicador se fija sin metodología, sin análisis macroeconómico e, incluso, sin información sobre las condiciones de vida de los trabajadores y del presupuesto que requieren para satisfacer las necesidades de sus familias.

Tampoco se identificó la realización de estudios para analizar el presupuesto indispensable para la satisfacción de las necesidades de cada familia y las condiciones de vida de los trabajadores del salario mínimo, lo que limita conocer con precisión si el salario mínimo se fijó en forma razonable a las necesidades básicas de la población.

La investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llega a esta conclusión luego de revisar catorce años de información sobre el cumplimiento de la Conasami a las obligaciones que le impone la Ley Federal del Trabajo para determinar el pago base a los trabajadores.

Así, luego de auditar los informes mensuales y anuales generados entre 2001 y 2014, encontró que, en ese periodo, la Conasami realizó sólo 40 por ciento de los estudios necesarios para el establecimiento del salario y dejó fuera, por ejemplo, incluso análisis “macroeconómicos” que sustenten el monto de los cambios al precio del trabajo.

La ASF indica que revisó también las resoluciones que cada año publica la Conasami para establecer los “factores considerados para el incremento de los salarios”, detectando, de la misma forma, que el establecimiento de metas para variables como inflación, poder adquisitivo, inversión y productividad, dice la investigación, carecen en realidad de criterios metodológicos.

Luego analiza la evolución del salario mínimo entre 2001 y 2014, cuando pasó de 40.4 pesos diarios a 67.3, para advertir que el incremento anual, de cuatro por ciento en promedio, es “nominal”. Pero si se compara con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, agrega, y se encuentra el salario “real”, el resultado es que, entre 2001 y 2014, el salario perdió 2.4 pesos; es decir, un promedio de tres décimas de punto porcentual menos cada año.

El promedio de un salario mínimo entre los países de la OCDE es de 696.9 pesos diarios y 20 mil 905.6 pesos al mes, cifra superior en 10.3 veces el salario mínimo vigente de México en 2014, lo que ubica a nuestro país en el último lugar de la lista. En México, durante 2014, un salario mínimo mensual fue de 2 mil 19 pesos, significativamente menor en comparación con el de Luxemburgo o el de Francia, donde su valor fue superior en 18.2 y 17.8 veces, respectivamente.

La auditoría a la “Fijación Anual del Salario Mínimo” forma parte de una amplia revisión de la ASF a la política laboral del gobierno federal, la cual, cita la ASF, se propone “regular y modernizar las relaciones laborales a fin de que los mexicanos cuenten con un trabajo digno y socialmente útil”. Para lograr lo anterior, agrega, los trabajos deben ser formales, productivos, seguros, con un salario justo y que se desarrollen en un ambiente de paz y justicia laboral.

Pero el resultado, encontrado por la ASF, es que “Las medidas de seguridad insuficientes, el detrimento de la paz y justicia laboral, la reducción del poder adquisitivo de los salarios, la baja productividad laboral, la inflexibilidad del mercado laboral, el insuficiente acceso al empleo formal y las altas tasas de ocupación en el sector informal tienen un efecto negativo en las relaciones laborales y el trabajo digno”.

Las causas de dichos problemas, añade, fueron la deficiente supervisión que verifique el cumplimiento de la Ley Laboral, la inobservancia de los derechos laborales, el bajo crecimiento de los salarios respecto de la inflación, la escasa capacitación a los trabajadores, así como insuficientes promoción y apoyo al empleo que vinculen la oferta y la demanda, entre otras.

Otra opinión que abona a una mayor contundencia, es la opinión del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, quien integra la parte de los trabajadores en la representación tripartita dentro de la Conasami, ya que tras reconocer que hay inconformidad con la Conasami, Aceves del Olmo expuso que la comisión ha quedado rebasada y destacó que “estamos en contra de 3 o 4 por ciento de incremento a los mínimos (...) y aunque no hay ese tipo de salarios en los contratos de la CTM, ha habido un freno para no encarecer las nóminas de los empresarios y a nosotros nos prohibían que se lograran salarios más altos y ponían topes”.

Luego entonces, no existe una razón coherente para seguir manteniendo un organismo, que no sólo no da los resultados para los cuales fue creado, sino que además malgasta recursos pagando estudios que no cumplen con un análisis integral del contexto económico para fijar el salario mínimo, menos aún en tiempos que se vislumbran difíciles en materia económica, y en los cuales se requiere de hacer recortes presupuestales en las áreas que así lo ameriten.

En contrario sensu, se considera que esta función podría ser realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por contar con las áreas especializadas en la materia, además de que esta encomienda, podría realizarla con un presupuesto menor al que actualmente se destina para la Conasami.

Para ello, se pretende reformar la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Y derogar los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo; este último incluso, derivado de la determinación de que ya no existirán zonas geográficas, por tanto tampoco tiene razón de ser.

Para pasar las atribuciones y funciones, que actualmente posee la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le otorgará parte del presupuesto asignado originalmente a la Conasami. Deberá considerar también la actual conformación del consejo de representantes integrado por 11 representantes de los trabajadores, 11 representantes de los patrones y un representante gubernamental. Debiendo, en su caso, aplicar un proceso de elección abierta en el que concurran directamente y de manera transparente los trabajadores y los patrones del país, que desean participar en dicho proceso de selección y representación.

Asimismo, por tratarse de un organismo público descentralizado, creado mediante decreto del Congreso de la Unión de fecha del 21 de noviembre de 1962, deberá extinguirse de forma similar. Y como consecuencia de modificar nuestro máximo ordenamiento y leyes secundarias; implicará a su vez, la extinción y por ende, liquidación de dicho organismo.

De tal forma, se establece en el derecho transitorio un proceso de liquidación del organismo en cita, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; quien por sí o por conducto de terceros –en términos de las disposiciones aplicables– intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

No pretendemos que con la eliminación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se dé en automático la recuperación del poder adquisitivo, que más nos gustaría. Lo que se busca, es no seguir destinando presupuesto a una comisión que no ha presentado variaciones en sus determinaciones para fijar los aumentos al salario mínimo, y que esta función consideramos, bien la podría realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se derogan los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo

Primero. Se reforma la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a V. ...

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Segundo. Se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar de la siguiente manera:

I. a III. ...

IV. Establecer los salarios mínimos en el país. Podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

V. a XXXIV. ...

Tercero: Se derogan los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 94. Se deroga.

Artículo 95. Se deroga.

Artículo 96. Se deroga.

Transitorios

Primero. Se abroga el decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se extingue el organismo público descentralizado, creado por decreto del Congreso de la Unión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

Cuarto. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos podrá ejercer los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, y cumplir compromisos financieros, hasta 30 días posteriores de la entrada en vigor del presente decreto.

Parte del remanente a su proceso de liquidación, será transferido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda cumplir de mejor manera su nueva responsabilidad.

Quinto. En la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017 y posteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar en su propio presupuesto, los montos requeridos para ejercer la nueva encomienda asignada, que en ningún caso podrá ser más allá de un tercio de los montos que se le designaba a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con su correspondiente ajuste inflacionario.

Sexto. La liquidación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Séptimo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su carácter de coordinadora de sector, señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la extinción Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, las cuales deberán considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación, así como la adecuada protección del interés público.

Dicha secretaría, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de acuerdo con lo previsto en el presente decreto y demás disposiciones aplicables; asimismo, resolverá cualquier situación inherente a dicho proceso.

Octavo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador, reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para hacer frente a la liquidación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Noveno. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables; pudiendo tomar parte del remanente presupuestal autorizado para el ejercicio fiscal de 2016, y patrimonio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para ello.

Décimo. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y del Trabajo y Previsión Social se coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que las indemnizaciones señaladas en el párrafo anterior sean pagadas en el menor tiempo posible, conforme a las disposiciones aplicables.

Undécimo. El gobierno federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que, en su caso, hubiere. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Duodécimo. Los remanentes que resulten a la conclusión del proceso de desincorporación tendrán el tratamiento que corresponda en términos de las disposiciones aplicables.

Notas:

1 Tomado de http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/ CP/2014/tomo/VII/PBJ/PBJ.03.AEPE.pdf

2 Informe 2015 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, tomado de

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ InformeSalariosMinimos2015%20(1).pdf.

3 Evaluación Número 1643 “Política Laboral” de la Auditoria Superior de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: Hugo Éric Flores Cervantes,Alejandro González Murillo, Ana Guadalupe Perea Santos, Gonzalo Guízar Valladares, Melissa Torres Sandoval, Norma Edith Martínez Guzmán, Ricardo Quintanilla Leal (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Continúe la Secretaría con el acuerdo, por favor.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Norberto Antonio Martínez Soto cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Norberto Antonio Martínez Soto cause alta como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Aprobada. Comuníquese.

INICIATIVAS

El presidente José de Jesús Zambrano Grijalva remite oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas que no se presentaron en tribuna.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto registradas en el orden del día del miércoles 20 de abril de 2016, de conformidad con el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto, registradas en el orden del día del 20 de abril de 2016 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, para dictamen.»

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que adiciona el artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

En 2016 México continúa encabezando la lista de las naciones con el mayor número de personas con problemas de sobrepeso y obesidad, esta problemática de salud pública se agudiza cuando al catálogo de población adulta y de niñas, niños y adolescentes se le adiciona la población entre cero y 12 meses de edad que actualmente es alimentada con fórmulas lácteas.

La obesidad y el sobrepeso han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Por ello, se afirma que una persona tiene sobrepeso cuando el índice de masa corporal (IMC) es igual o superior a 25 y que presenta obesidad cuando el IMC es igual o superior a 30.

En nuestro país 7 de cada 10 personas tienen obesidad o sobrepeso; uno de cada tres niñas o niños padecen alguno de estos padecimientos y desde 2014, 3 mil 311 bebés presentan desequilibrios entre la ingesta y el gasto energético y la ausencia de leche materna. Al respecto, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad de 2010,revela que en México la lactancia materna exclusiva es practicada por un porcentaje sumamente bajo de madres. Muchas mujeres inician la alimentación complementaria a edades tempranas y sin la orientación alimentaria correcta para iniciar la ablactación en el momento adecuado ni con los alimentos y bebidas no alcohólicas adecuadas, incluyendo aquellas que favorecen la habituación a los sabores dulces, con su potencial contribución a la obesidad infantil.

Adicionalmente, se tienen identificadas como causas asociadas a esta problemática de salud pública, el consumo indiscriminado de alimentos con alto contenido de grasas, sal y azúcares, el estilo de vida sedentario así como los factores genéticos predisponentes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) –referencia obligada para diseñar y evaluar políticas públicas en materia de salud–, una de las principales complicaciones de la obesidad es la Diabetes Mellitus tipo 2 (DT2), como primera causa de muerte esta enfermedad le cuesta al Estado mexicano aproximadamente 80 mil millones de pesos al año, independientemente del impacto económico y emocional para las familias de una persona que recibe tratamiento. A la DT2 se suman tres tipos de enfermedades no transmisibles (ENT) que de acuerdo con la OMS, son los ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares; el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) teniendo como factores de riesgo común, las dietas malsanas, el tabaquismo, alcoholismo y el inactividad física.

Resulta oportuno retomar el tema relacionado con los costos individuales para personas con obesidad en nuestro país, contenido en el estudio Kilos de más, pesos de menos, los costos de la obesidad en México 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO). Que retoma la hipótesis a partir de la población económicamente activa sin acceso a las instituciones de salud mediante el cuestionamiento siguiente: ¿Qué pasa con los pacientes que tienen que pagar su tratamiento derivado de presentar algún problema relacionado con la obesidad, o con aquéllos que debido a los largos tiempos de espera o al desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud, deben pagar parte de su tratamiento y medicamentos de sus propios bolsillos? En la página 10 del estudio del IMCO, se contestan las citadas mencionadas con dos casos reales que contrasta los resultados de dos personas prediabéticas y que a continuación se transcriben por resultar reveladoras para la presente expresión legislativa:

1) La primera logra revertir su condición a través de una mejor alimentación, más ejercicio y un seguimiento médico, y

2) La otra persona que, al continuar con hábitos poco saludables y no seguir un tratamiento adecuado, termina en diabetes y diversas complicaciones asociadas.

Caso 1. Un prediabético que revierte su condición

Descripción del caso: Un paciente obeso de 45 años que acude al médico y le detecta prediabetes con un examen de glucosa (donde el nivel de azúcar está entre 100 y 125 mg/dl). Se asume que este paciente no está asegurado y por lo tanto requiere atención privada.

Tratamiento: El médico internista le recomendó a este paciente cambiar su régimen alimenticio y hacer 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana. Debido a que el paciente fue constante con los nuevos hábitos, el tratamiento médico sólo consistió en consultas con el médico internista y exámenes de laboratorio (la periodicidad y el tipo de exámenes cambia en función de la etapa del tratamiento).

• Costos totales durante todo el tratamiento: 92 mil 860 pesos.

Caso 2. Un diabético que se complica

Descripción del caso: Un paciente con obesidad de 45 años que acude al médico y le detecta prediabetes con un examen de glucosa (donde el nivel de azúcar está entre 100 y 125 mg/dl). El doctor le recomienda dieta y ejercicio. No obstante, el paciente no cumple con el cambio de hábitos necesario y regresa dos años después con diabetes declarada (nivel de glucosa en ayunas por encima de 125 mg/dl) e hipertensión. Al cabo de los años, su condición física se va complicando con osteoartritis, síntomas urinarios, cataratas, neuropatía y falla renal. Se asume que este paciente no está asegurado y por lo tanto requiere atención privada.

Tratamiento: Debido a que el paciente no cumple con la dieta y el ejercicio durante los primeros meses, el doctor le recomienda metformina para controlar los niveles de azúcar. A partir del momento en que se declara al paciente como diabético hipertenso, el tratamiento se basa en consultas médicas con diferentes especialistas, exámenes de laboratorio y medicinas. Conforme la salud del paciente se deteriora, el número de consultas, exámenes y medicinas aumenta. Fuera de la falla renal, el resto de las complicaciones se toman como eventos particulares, los cuales se tratan y sólo generan un ajuste en las dosis de los medicamentos para controlar el azúcar en sangre.

• Costos totales durante todo el tratamiento 1 millón 976 mil 54 pesos.

La atención médica que requieren las enfermedades crónicas, como la diabetes, son muy altos.

Un mexicano promedio no podría cubrir estos costos. Incluso si el enfermo siguiera trabajando después de los 65 años, acumularía un ingreso de 1 millón 856 mil 880 pesos (considerando el salario promedio anual de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo). Esta cifra apenas alcanza para cubrir 88 por ciento del costo total que requeriría el tratamiento necesario.

La radiografía en materia de salud pública es por demás alarmante y por ello, quienes integramos la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados, estamos obligados a impulsar acciones legislativas que permitan no sólo contrarrestar las consecuencias devastadoras la salud y la economía de los pacientes con este tipo de padecimientos sino prevenir este flagelo en el presente de México: las niñas, niños y adolescentes.

En este tenor, es fundamental no pasar inadvertida la proyección que para el año 2018 llevó a cabo el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), en el Boletín Médico volumen 65 número 6 de diciembre de 2008, La escuela primaria como ámbito de oportunidad para prevenir el sobrepeso y la obesidad en niños del maestro en ciencias Samuel Flores Huerta et al, para el año 2018 las niñas y niños en edad escolar que viven en México, tendrán los índices más altos de obesidad en todo el mundo y en los mismos términos, ocurrirá con las personas en edad adulta; problemática que indudablemente se ha convertido en el enemigo público número uno del sistema de salud por la enorme cantidad de recursos destinados a su atención.

Como puede observarse, México tiene un enorme desafío con las niñas, niños y adolescentes en edad escolar que padecen sobrepeso y obesidad y, en este ánimo coincidimos con el maestro Samuel Flores Huerta en el sentido que el espacio escolar es una gran oportunidad de prevención y de atención de los citados problemas de salud.

Por ello, en el marco de las diversas estrategias orientadas a la prevención del sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes en la segunda década del siglo XXI, propongo adicionar un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, para que la Secretaría de Salud en coordinación con la de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, otorguen anualmente un reconocimiento denominado: Escuela Libre de Sobrepeso y Obesidad, a los centros escolares de educación básica públicas o privadas que se distingan por sus acciones a favor de la salud de sus educandos. Dicho reconocimiento se entregará antes de concluir cada ciclo escolar lectivo, de conformidad con los siguientes:

Argumentos

En octubre de 2010, a propósito de la reunión de ministros de salud convocada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se dio a conocer el informe La obesidad y la economía de la prevención, septiembre, 2010 en el que por primera vez se analizaron y compararon detalladamente datos sobre la obesidad en 11 países que integran dicho organismo, se examinaron también las características de la obesidad, los respectivos papeles e influencias de las fuerzas de mercado y gobiernos así como un análisis único de la salud e impacto económico de un rango de intervenciones contra la obesidad en 5 países a cago de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Derivado de dicho estudio el organismo encargado de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, confirmó que México a partir de 2010, ocupa el primer lugar a nivel mundial en índices de sobrepeso y obesidad en adultos y advirtió sobre la necesidad de frenar la problemática de salud pública ya que 70 por ciento de la población mexicana tiene sobrepeso y 30 por ciento obesidad. Aunado a estas cifras, se reveló que por lo menos 4 millones 249 mil 217 niñas y niños entre los cinco y 11 años de edad son obesos.

Desde 2010, la OCDE ha sostenido que la obesidad es el enemigo público número uno en materia de salud en los 34 países miembros de la organización por las razones siguientes:

1. Una persona que presenta obesidad y obesidad mórbida es propensa a morir 8 o 10 años antes que una persona con peso normal;

2. Las niñas y niños que tienen al menos un padre o madre obesa, tienen de 3 a 4 veces más probabilidades de ser obesos cuando lleguen a la adultez;

3. La obesidad es costosa y representa una carga significativa para los sistemas de salud pública; y

4. Las empresas optan por contratar exclusivamente a personal con peso normal debido a la exigencia de productividad.

Por su parte la OMS ha emprendido iniciativas regionales como la Convocatoria de Aruba para la acción contra la obesidad de junio de 2011 y el Comunicado de Honiara sobre los desafíos de las enfermedades no transmisibles en la región del Pacífico aprobado en junio de 2011, entre otras para combatir y prevenir no sólo el sobrepeso y la obesidad sino aquéllas enfermedades no transmisibles (ENT) o crónicas derivadas de la obesidad, que de acuerdo con la OMS se agrupan de acuerdo a la clasificación siguiente:

Es oportuno reconocer la serie de acciones que el gobierno federal ha llevado a cabo para combatir el sobrepeso y la obesidad como el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), estrategia diseñada para combatir el sobrepeso y la obesidad con la participación activa de los sectores social, académico y privado. En este acuerdo se reconoció como una de las causas del sobrepeso y la obesidad el sedentarismo y la escasa actividad física, que acompañada de otros factores, han generado un desequilibrio en la ingesta y el gasto energético desencadenando obesidad y por ende, el incremento en la mortalidad y de las ENT.

El ANSA, estableció 10 objetivos prioritarios:

1. Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y social.

2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable.

3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas.

4. Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo.

5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y salud.

6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, y favorecer una alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad.

7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los alimentos, entre otros aumentando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos reducidos o sin edulcorantes calóricos añadidos.

8. Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas trans de origen industrial.

9. Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en la preparación casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos procesados que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos, tamaños de porciones reducidas.

10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin sodio.

En el marco de la presentación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 resultados nacionales, se afirmó que la velocidad de crecimiento de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad tuvo un punto de inflexión y disminuyó. Además, siete veces más mexicanos que se saben diabéticos se encuentran en un control metabólico óptimo: en 2006 únicamente 200 mil pacientes tenían cifras adecuadas de hemoglobina glucosilada, para 2012 ya eran 1.6 millones.

Ahora bien, desde la perspectiva de una emergencia sanitaria y debido a la magnitud, frecuencia, ritmo de crecimiento y las presiones que ejercen sobre el Sistema Nacional de Salud, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no Transmisibles (ENT), y de manera particular la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), en septiembre de 2013, se implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que a través de sus ejes rectores, la investigación y la evidencia científica, la corresponsabilidad, la transversalidad, la intersectorialidad, la rendición de cuentas y la evaluación de las acciones, promueven la construcción de una política pública nacional que genere hábitos de consumo alimenticio saludables y la realización de actividad física en la población, que además involucra a los sectores público y privado, así como a la sociedad civil.

Para apoyar la toma de decisiones y medir el impacto de dichas acciones se estableció el Observatorio Epidemiológico de la Salud relacionado con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Y, en materia de atención médica, se implementó un modelo de atención integral con base en la prevención temprana y la adherencia terapéutica para mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar complicaciones. La citada estrategia, plantea la integración de tres pilares:

1. Salud Pública,

2. Atención Médica y

3. Regulación Sanitaria y Política Fiscal.

Con independencia de la importancia de cada uno de los pilares mencionados, de manera particular nos interesa resaltar para efectos de la presente iniciativa, el apartado relativo a la promoción de la salud, en el que se plantean por los menos diez acciones para promover la actividad física individual y colectiva (familia, escuela, sitios de trabajo y comunidad), destacándose:

• Realizar una evaluación basal del estado físico de los alumnos de educación básica, considerando factores como el Índice de Masa Corporal (IMC) y condiciones general del estado físico con el fin de suministrarles rutinas de ejercicio adecuadas a sus condiciones de salud.

• Implementar el programa 11 jugadas para la salud, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Federación Internacional de Fútbol, Asociación (FIFA), la F-MARC (FIFA Medical Assessment and Research Center), la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut). Cuyo objetivo pretende contribuir a la salud y bienestar de la población estudiantil, con énfasis en población vulnerable, como adolescentes con discapacidad (visual, auditiva, motora y mental), trastornos de déficit de atención e hiperactividad, con trastornos de la alimentación y población indígena, a través de la cultura de cuidado y promoción de la salud escolar y de la actividad física (futbol), en los jóvenes de las secundarias públicas.

Pese a lo anterior, si bien el Estado mexicano ha emprendido acciones firmes para combatir los efectos del sobrepeso y la obesidad, también debe reconocerse que han sido endebles las que tienen que ver con la prevención corresponsable entre autoridades de salud, de educación y de padres y madres de familia. Por ello, se puede afirmar categóricamente, que tanto los centros escolares como los padres de familia no han asumido un compromiso y responsabilidad formal ante la evidencia de una niña, niño y adolescente que presenta sobrepeso u obesidad.

Actualmente, uno de los requisitos que la autoridad escolar solicita para considerar como alumno o alumna a una niña, niño y adolescente, es el certificado médico, documento que entre los padres, madres de familia o tutores se percibe como un obstáculo o un invento por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para complicar la inscripción formal o simplemente es entregado por apercibimiento de los directivos de los centros escolares de negar a los alumnos o alumnos la clase de educación física sino lo entregan.

En esta problemática de salud pública calificada como emergencia nacional resulta fundamental redefinir el papel de los actores responsables en su prevención y en ese contexto, el trinomio indisoluble conformado por el estado (autoridades en materia de salud y de educación) madres, padres y tutores de familia y educandos es medular en el proceso de concientización sobre los riesgos de padecer sobrepeso u obesidad para revertir las proyecciones anunciadas, tal y como se ilustra a continuación:

Por lo anterior, considero oportuno adicionar un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, con el objeto de impulsar la creación de escuelas libres de sobrepeso y obesidad. Este estímulo consistirá en premiar aquellas acciones por parte de las escuelas de educación básica sean públicas o privadas que se distingan por su acciones a favor de la salud de sus educandos. El citado reconocimiento deberá entregarse antes de concluir cada ciclo escolar lectivo e iniciará su vigencia a partir del ciclo escolar 2016-2017 de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en el marco de sus atribuciones.

Con acciones preventivas en un país con una economía emergente como la de México, la presente expresión legislativa pretende abonar al abanico de soluciones para frenar y contrarrestar la pandemia del siglo XXI en aras de impedir no sólo el quebranto del sistema nacional salud y las fianzas públicas sino comprometer nuestro presente: las niñas, niños y adolescentes.

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud

Único.Se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 113 Bis.La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, otorgarán anualmente el reconocimiento denominado Escuela Libre de Sobrepeso y Obesidad, a las escuelas de educación básica públicas o privadas que se distingan por sus acciones a favor de la salud de sus educandos. Dicho reconocimiento se entregará antes de concluir cada ciclo escolar lectivo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2016.— Diputado José Adrián González Navarro (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Competencia Económica, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40, el primer párrafo del artículo 41, el primer párrafo del artículo 42, el primer párrafo del artículo 44, el primer párrafo y la fracción V del artículo 45, se adiciona un tercer párrafo al artículo 42 y las fracciones VI a X al artículo 45 y se derogan las fracciones I a IV y el último párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Competencia Económica; se adiciona un capítulo VI al Título II “De la Contraloría General”, comprendido por los artículos 22 Bis y 22 Ter de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se reforma el tercer párrafo y la fracción XIX del artículo 35, los dos párrafos del artículo 37, así como el primer párrafo y las fracciones VI y IX del artículo 38 y se deroga la fracción VIII del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforman los párrafos primero, segundo y cuarto de la fracción I del artículo 91, se deroga el tercer párrafo de la fracción I del artículo 91 y se adiciona un artículo 91 Bis de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; se reforma el numeral 7 del artículo 39, el numeral 3 del artículo 487, el numeral 1 del artículo 488, numerales 1 y 2 del artículo 489, se derogan los incisos a) al e) del numeral 1 del artículo 489 y se adicionan los incisos a) al j) al numeral 2 y un numeral 3 al artículo 489 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforma la fracción XVI del artículo 38, la fracción VII del artículo 44 y el primer párrafo del artículo 62 y se adicionan las fracciones I a VI al artículo 62 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y se reforma el inciso j) del numeral 2 del artículo 20, el inciso i) del numeral 1 del artículo 34, el primer párrafo y el inciso c) del numeral 1 del artículo 34 Bis; se adiciona un Capítulo Octavo “De los Contralores Generales de los Órganos Constitucionales Autónomos” al Título Segundo, comprendido por los artículos 57 Bis, 57 Ter y 57 Quáter; y se deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Síntesis

Esta propuesta busca complementar y reglamentar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción en nuestra legislación secundaria.

Especialmente a la adición de la fracción VIII al artículo 74, que establece que los Contralores Generales de los Órganos Constitucionales Autónomos y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación sean designados por la Cámara de Diputados.

En este sentido, la presente iniciativa viene a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de ordenamientos legales relacionada con el nombramiento, ratificación y remoción de los contralores generales de la Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional Electoral, así como del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa se presenta en los siguientes términos:

I. planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que la sustentan.

— Reforma Constitucional.

Con fecha 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, mismo que adicionó una fracción VIII al artículo 74, estableciendo que los Contralores Generales de los Órganos Constitucionales Autónomos y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación sean designados por la Cámara de Diputados.

— De los Órganos Constitucionalmente Autónomos.

Los Órganos Constitucionales Autónomos son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver la Controversia Constitucional 31/2006, señalando que los Órganos Constitucionales Autónomos tienen las siguientes características esenciales:

• Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal;

• Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación;

• Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y

• Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad

Lo anterior, conforme a la siguiente jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647, que en su literalidad reza:

“ Órganos constitucionales autónomos. Notas distintivas y características. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los Órganos Constitucionales Autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.”

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

Los Órganos Constitucionales Autónomos, además, pueden determinarse con base en los criterios económicos sustentados por los tres principales órganos federales en materia presupuestaria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, respectivamente; conforme se expone en el siguiente cuadro:

De esa forma, podemos concluir que se identifican los siguientes Órganos Autónomos:

1. Banco de México.

La Constitución Federal otorga su autonomía al Banco de México en el artículo 28, párrafo sexto. Por lo que respecta a la designación del Contralor, el artículo 61, fracción I de la Ley del Banco de México señala que el Contralor formará parte de una Comisión de Responsabilidades. Por su parte, el artículo 4 del Reglamento Interior del Banco de México establece que el Gobernador, para el desempeño de sus funciones, contará con unidades dentro de las cuales se encuentra la Dirección General de Contraloría y Administración de Riesgos. No obstante ello, ni la Ley del Banco de México ni el Reglamento Interior prevén un procedimiento para la designación del Contralor General.

2. Comisión Federal de Competencia Económica.

El artículo 28, párrafo catorce, fracción XII de la Constitución Federal, establece su autonomía y la designación del Titular de la Contraloría, la cual se llevará a cabo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La autonomía de este órgano se encuentra prevista en el artículo 102, apartado B, cuarto párrafo de la Norma Suprema. Asimismo, por lo que se refiere a la designación del Contralor General, el artículo 37 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece que será designado por el Presidente de la Comisión.

4. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El artículo 26, apartado C, de la Constitución, le concede autonomía al Consejo.

Actualmente, por lo que respecta a su regulación, la minuta que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que se encuentra en el Senado de la República, establece en el artículo 28, que el Contralor Interno será nombrado por el Consejo General a propuesta del Presidente del Consejo.

5. Fiscalía General de la República.

Por lo que respecta a la Fiscalía General de la República, su autonomía es otorgada en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Federal. Por otra parte, en virtud de que actualmente está pendiente de expedirse la Ley de la Fiscalía de la República, no se cuenta con un procedimiento para la designación del Contralor Interno. Sin embargo, en la minuta que expide la Ley de la Fiscalía General de la República y que se encuentra en el Senado de la República, se establece que el Fiscal será quien designe al Contralor Interno.

6. Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El fundamento constitucional de su autonomía se encuentra en el artículo 28, párrafo quince. En lo relativo a la designación del Contralor General, en la fracción XII del citado artículo, se establece que éste será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

7. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Instituto es dotado de autonomía de conformidad con lo establecido en el artículo 26, apartado B, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo que respecta a la designación del Contralor Interno, se encuentra previsto en el artículo 91 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que estará a cargo de la Junta de Gobierno del Instituto.

8. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La autonomía del Instituto se la otorga el artículo 6, apartado A, fracción VIII de la Constitución Federal. La Minuta que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se encuentra en la Cámara de Diputados, prevé que la designación del Contralor General será por la propia Cámara de Diputados.

9. Instituto Nacional Electoral.

La autonomía de este órgano deriva de lo establecido en el artículo 41, fracción V, apartado A, de la Constitución Federal. Asimismo, el artículo 39, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Contralor General será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

10. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

El artículo 3, fracción IX Constitucional, concede la autonomía del Instituto y por lo que respecta a la designación del Contralor General, corresponderá a la Junta de Gobierno del Instituto, a propuesta de su Presidente, con fundamento en los artículos 38, fracción XVI y 44, fracción VII de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

11. Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución, otorga autonomía al Tribunal. En cuanto a la designación del Contralor General, no se cuenta con un procedimiento para su designación hasta en tanto no se expida la Ley prevista en el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal.

— Propuesta que se realiza.

Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional, es necesario la modificación de aquellos ordenamientos de jurídicos que contienen la designación de los Contralores Generales de los Órganos a los que la Constitución Federal les otorga autonomía.

Por ello, se proponen adiciones, reformas y derogaciones de diversas disposiciones normativas de la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, enfocadas a una actualización, homologación y armonización en lo referente a la designación de los Contralores Generales de cada uno de los Órganos Constitucionales Autónomos regulados en dicha legislación.

Aunado a lo anterior, se proponen reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de establecer el proceso de designación, ratificación y remoción de los Contralores Generales de los Órganos Constitucionales Autónomos. Esto, con la finalidad de que estos procedimientos se encuentren regulados en una misma norma.

De la misma forma, se propone que se estandarice la denominación de los titulares de los Órganos Internos de Control en los Órganos Constitucionales Autónomos, que actualmente emplean, “Contralor”, “Contralor Interno” y “Contralor General”, a esta última denominación, que es la que, en nuestra consideración, es más precisa para la designación del área encargada del control interno.

Por lo que respecta a las leyes que regulan al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y a la Fiscalía General de la República, no se proponen reformas, en virtud de que se encuentran pendientes de dictaminar por parte de las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Asimismo, en lo concerniente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no se proponen reformas, toda vez que no se ha presentado iniciativa de ley orgánica conforme al artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte no se proponen reformas a la Ley del Banco de México, en razón de que en la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción se establece que la Cámara de Diputados designará a los Contralores de los Órganos Constitucionales Autónomos que no reciban recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no es aplicable al Banco Central.

Por lo anterior, la reforma que se propone se esquematiza de la siguiente forma:

II. Fundamento legal de la iniciativa

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a los suscritos, en su calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, les confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de ley

La presente se denomina Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40, el primer párrafo del artículo 41, el primer párrafo del artículo 42, el primer párrafo del artículo 44, el primer párrafo y la fracción V del artículo 45, se adiciona un tercer párrafo al artículo 42 y las fracciones VI a X al artículo 45 y se derogan las fracciones I a IV y el último párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Competencia Económica; se adiciona un capítulo VI al Título II “De la Contraloría Interna”, comprendido por los artículos 22 Bis y 22 Ter de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se reforma el tercer párrafo y la fracción XIX del artículo 35, los dos párrafos del artículo 37, así como el primer párrafo y las fracciones VI y IX del artículo 38 y se deroga la fracción VIII del artículo 38de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforman los párrafos primero, segundo y cuarto de la fracción I del artículo 91, se deroga el tercer párrafo de la fracción I del artículo 91 y se adiciona un artículo 91 Bis de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; se reforma el numeral 7 del artículo 39, el numeral 3 del artículo 487, el numeral 1 del artículo 488, numerales 1 y 2 del artículo 489, se derogan los incisos a) al e) del numeral 1 del artículo 489 y se adicionan los incisos a) al j) al numeral 2 y un numeral 3 al artículo 489 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforma la fracción XVI del artículo 38, la fracción VII del artículo 44 y el primer párrafo del artículo 62 y se adicionan las fracciones I a VI al artículo 62 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se reforma el inciso j) del numeral 2 del artículo 20, el inciso i) del numeral 1 del artículo 34, el primer párrafo y el inciso c) del numeral 1 del artículo 34 Bis; se adiciona un Capítulo Octavo “De los Contralores Generales de los Órganos Constitucionales Autónomos” al Título Segundo, comprendido por los artículos 57 Bis, 57 Ter y 57 Quáter; y se deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Ordenamientos a modificar

IV.1.De la Ley Federal de Competencia Económica:

• Artículo 40: Se reforma;

• Artículo 41: Se reforma el primer párrafo;

• Artículo 42: Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo;

• Artículo 44: Se reforma el primer párrafo y se derogan las fracciones I a IV y el último párrafo; y

• Artículo 45: Se reforma el primer párrafo y la fracción V y se adicionan las fracciones VI a X.

IV.2.De la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

• Se adiciona un capítulo VI al Título II “De la Contraloría General”, comprendido por los artículos 22 Bis y 22 Ter.

IV.3.De la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

• Artículo 35: Se reforma el tercer párrafo y la fracción XIX;

• Artículo 37: Se reforman sus dos párrafos; y

• Artículo 38: Se reforma el primer párrafo y las fracciones VI y IX y se deroga su fracción VIII.

IV.4.De la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica:

• Artículo 91: Se reforman los párrafos primero, segundo y cuarto y se deroga el tercer párrafo, todos de la fracción I; y

• Artículo 91 Bis: Se adiciona.

IV.5.De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:

• Artículo 39: Se reforma el numeral 7;

• Artículo 487: Se reforma el numeral 3;

• Artículo 488: Se reforma el numeral 1;

• Artículo 489: Se reforman los numerales 1 y 2; se derogan los incisos a) al e) del numeral 1 y se adicionan los incisos a) al j) al numeral 2 y un numeral 3.

IV.6.De la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación:

• Artículo 38: Se reforma la fracción XVI;

• Artículo 44: Se reforma la fracción VII; y

• Artículo 62: Se reforma el primer párrafo y se adicionan las fracciones I a VI.

IV.7.De la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

• Artículo 20: Se reforma el inciso j) del numeral 2;

• Artículo 34: Se reforma el inciso i) del numeral 1;

• Artículo 34 Bis: Se reforma el primer párrafo y el inciso c) del numeral 1 y se deroga el inciso d) del numeral 1; y

• Se adiciona un Capítulo Octavo “De los Contralores Generales de los Órganos Constitucionales Autónomos” al Título Segundo, comprendido por los artículos 57 Bis, 57 Ter y 57 Quáter.

V. Texto normativo propuesto

Artículo Primero.Se reforma el artículo 40, el primer párrafo del artículo 41, el primer párrafo del artículo 42, el primer párrafo del artículo 44, el primer párrafo y la fracción V del artículo 45, se adiciona un tercer párrafo al artículo 42 y las fracciones VI a X al artículo 45 y se derogan las fracciones I a IV y el último párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 40.El Contralor Generalserá designado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes , conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 41.El Contralor Generaldeberá reunir los siguientes requisitos , además de los establecidos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

I.a VII....

Artículo 42.El Contralor Generaldurará en su encargo cuatro años ; la Cámara de Diputados podrá renovar su designación hasta por el mismo plazo señalado, por una sola vez; tendrá un nivel jerárquico equivalente al del titular de la Autoridad Investigadora y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

El Contralor General deberá rendir informe semestral y anual de actividades a la Comisión, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

Artículo 44. El procedimiento de remoción se iniciará y ventilará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso se respetará el derecho de audiencia del Contralor General.

I.Se deroga.

II.Se deroga.

III.Se deroga.

IV.Se deroga.

Se deroga.

Artículo 45. El Contralor Generalpodrá ser destituido por las siguientes causas graves de responsabilidad administrativa:

I. a IV....

V.Notificar a sabiendas, al Senado de la República, información falsa o alterada respecto de una causa de remoción de los Comisionados o bien a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los informes que se le requieran en el ámbito de sus respectivas competencias;

VI. Desempeñar otro empleo o encargo en los sectores público o privado, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia;

VII. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Contraloría General del Instituto para el ejercicio de sus atribuciones;

VIII. Ausentarse de sus labores por más de una semana, excepción hecha de vacaciones y permisos programados, sin mediar autorización de la Comisión; y

IX. Abstenerse de presentar, en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, los informes de sus funciones.

Artículo Segundo. se adiciona un capítulo VI al Título II, comprendido por los artículos 22 Bis y 22 Ter de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Capítulo VIDe la Contraloría General

Artículo 22 Bis. La Contraloría General de la Comisión Nacional tendrá las facultades y obligaciones que le otorga la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normatividad interna.

Artículo 22 Ter. El nombramiento, remoción, y rendición de Cuentas del Contralor General se regirá conforme a lo siguiente:

I. El Contralor General será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

II. El Contralor General durará en el encargo cuatro años. La Cámara de Diputados podrá renovar la designación del Contralor General hasta por el mismo plazo señalado, por una sola vez;

III. El Contralor General podrá ser removido por la Cámara de Diputados con la misma votación requerida para su designación, por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución, así como por las siguientes faltas graves:

a) Desempeñar otro empleo o encargo en los sectores público o privado, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia;

b) Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Contraloría General de la Comisión Nacional para el ejercicio de sus atribuciones;

c) Utilizar en beneficio propio o de terceros, la documentación e información confidencial o reservada a la que tenga acceso en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

d) Ausentarse de sus labores por más de una semana, excepción hecha de vacaciones y permisos programados, sin mediar autorización del Presidente de la Comisión Nacional;

e) Abstenerse de presentar, en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, los informes de sus funciones;

f) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente, la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su custodia o que exista en la Contraloría General con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

g) Conducirse con parcialidad en los procesos que le encomienda el marco normativo, incluyendo los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones;

h) Notificar a sabiendas, información falsa o alterada a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o a la Comisión Nacional, cuando investigue la violación de derechos fundamentales; y

i) Dejar, sin causa justificada, de fincar responsabilidades o aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio de sus atribuciones.

V. El procedimiento de remoción se iniciará y ventilará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso se respetará el derecho de audiencia del Contralor General; y

VI. El Contralor General deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Presidente de la Comisión Nacional, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

Artículo Tercero.- Se reforma el tercer párrafo y la fracción XIX del artículo 35, los dos párrafos del artículo 37, así como el primer párrafo y las fracciones VI y IX del artículo 38 y se deroga la fracción VIII del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 35. ...

...

La Contraloría General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I.a XVIII....

XIX.Presentar al Pleno del Instituto y a la Cámara de Diputados, los informes semestral y anual de resultados de su gestión;

XX.a XXII....

Artículo 37. El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El titular de la Contraloría General del Instituto durará en el encargo cuatro años. La Cámara de Diputados podrá renovar la designación Contralor General del Instituto hasta por el mismo plazo señalado por una sola vez.

Artículo 38. El titular de la Contraloría General del Instituto podrá ser removido por la Cámara de Diputados con la misma votación requerida para su designación, por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución, así como por las siguientes faltas graves:

I.a V....

VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente, la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su custodia o que exista en la Contraloría Generaldel Instituto con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

VII. a VII. ...

VIII. Se deroga.

IX.Notificar a sabiendas, al Senado de la República, información falsa o alterada respecto de una causa de remoción de los comisionados o bien a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los informes que se le requieran en el ámbito de sus respectivas competencias.

...

Artículo Cuarto.-Se reforman los párrafos primero, segundo y cuarto de la fracción I del artículo 91, se deroga el tercer párrafo de la fracción I del artículo 91 y se adiciona un artículo 91 Bis de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:

Artículo 91.- La vigilancia del Instituto estará encomendada:

I. A una Contraloría General, la que tendrá a su cargo recibir quejas, realizar investigaciones, llevar a cabo auditorías internas, y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Asimismo, la Contraloría General deberá establecer y llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de todoslos servidores públicos del Instituto.

Se deroga.

La Junta de Gobierno aprobará el anteproyecto de presupuesto necesario para cubrir los recursos humanos, materiales y financieros para el adecuado funcionamiento de la Contraloría General, y

II....

Artículo 91 Bis. El nombramiento, remoción, y rendición de Cuentas del Contralor General se regirá conforme a lo siguiente:

I. El Contralor General será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

II. El Contralor General durará en el encargo cuatro años. La Cámara de Diputados podrá renovar su designación hasta por el mismo plazo señalado, por una sola vez;

III. El Contralor General podrá ser removido por la Cámara de Diputados con la misma votación requerida para su designación, por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución, así como por las siguientes faltas graves:

a) Desempeñar otro empleo o encargo en los sectores público o privado, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia;

b) Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Contraloría General del Instituto para el ejercicio de sus atribuciones;

c) Utilizar en beneficio propio o de terceros, la documentación e información confidencial o reservada a la que tenga acceso en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

d) Ausentarse de sus labores por más de una semana, excepción hecha de vacaciones y permisos programados, sin mediar autorización del Presidente del Instituto;

e) Abstenerse de presentar, en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, los informes de sus funciones;

f) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente, la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su custodia o que exista en la Contraloría General con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

g) Conducirse con parcialidad en los procesos que le encomienda el marco normativo, incluyendo los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones;

h) Notificar a sabiendas, información falsa o alterada a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

i) Dejar, sin causa justificada, de fincar responsabilidades o aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio de sus atribuciones.

V. El procedimiento de remoción se iniciará y ventilará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso se respetará el derecho de audiencia del Contralor General; y

VI. El Contralor General deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Presidente del Instituto, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

Artículo Quinto.Se reforman el numeral 7 del artículo 39, el numeral 3 del artículo 487, el numeral 1 del artículo 488, numerales 1 y 2 del artículo 489, se derogan los incisos a) al e) del numeral 1 del artículo 489 y se adicionan los incisos a) al j) al numeral 2 y un numeral 3 al artículo 489 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1.a 6....

7.Para la elección del Contralor General, además de lo dispuesto por la Constitución, se observará el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 487.

1.a 2....

3.El titular de la Contraloría General será designado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, mediante los procedimientos y en los plazos que fije la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4.a 6....

Artículo 488.

1. Además de los establecidos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el contralor general deberá reunir los mismos requisitos que esta Ley establece para los directores ejecutivos del Instituto, y los siguientes:

a) a e) ...

Artículo 489.

1.el contralor general podrá ser sancionado por causas de responsabilidad administrativa s de acuerdo con lo previsto en esta Ley, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

a) Se deroga.

b) Se deroga.

c) Se deroga.

d) Se deroga.

e) Se deroga.

2. Las faltas administrativas graves cometidas por el Contralor General serán investigadas y substanciadas por la Autoría Superior de la Federación y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por la Auditoría Superior de la Federación.

A solicitud del Consejo General, la Cámara de Diputados resolverá sobre la remoción del Contralor General del Instituto, el cual podrá ser removido por la Cámara de Diputados con la misma votación requerida para su designación, por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución, así como por las siguientes faltas graves:

a) Desempeñar otro empleo o encargo en los sectores público o privado, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia;

b) Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Contraloría General del Instituto para el ejercicio de sus atribuciones;

c) Utilizar en beneficio propio o de terceros, la documentación e información confidencial o reservada a la que tenga acceso en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

d) Ausentarse de sus labores por más de una semana, excepción hecha de vacaciones y permisos programados, sin mediar autorización del Consejo General;

e) Abstenerse de presentar, en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, los informes de sus funciones;

f) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente, la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su custodia o que exista en la Contraloría General con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

g) Conducirse con parcialidad en los procesos que le encomienda el marco normativo, incluyendo los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones;

h) Notificar a sabiendas, información falsa o alterada a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

i) Dejar, sin causa justificada, de fincar responsabilidades o aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio de sus atribuciones.

El Contralor General deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Presidente del Instituto, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

3. El procedimiento de remoción se iniciará y ventilará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso se respetará el derecho de audiencia del Contralor General.

Artículo Sexto.Se reforma la fracción XVI del artículo 38, la fracción VII del artículo 44 y el primer párrafo del artículo 62 y se adicionan las fracciones I a VI al artículo 62 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para quedar como sigue:

Artículo 38.Son facultades de la Junta:

I.a XV....

XVI.Designar, a propuesta del Presidente, a los titulares de las unidades administrativas previstas en el Estatuto;

XVII.a XXII....

Artículo 44. Corresponden al Presidente las facultades siguientes:

I.a VI....

VII. Proponer a la Junta, para su designación, a los titulares de las unidades administrativas previstas en el Estatuto;

VIII.a XV....

Artículo 62. El nombramiento, remoción, y rendición de Cuentas del Contralor General se regirá conforme a lo siguiente:

I. El Contralor General será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

II. El Contralor General durará en el encargo cuatro años. La Cámara de Diputados podrá renovar su designación hasta por el mismo plazo señalado, por una sola vez;

III. El Contralor General podrá ser removido por la Cámara de Diputados con la misma votación requerida para su designación, por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución, así como por las siguientes faltas graves:

a) Desempeñar otro empleo o encargo en los sectores público o privado, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia;

b) Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Contraloría General del Instituto para el ejercicio de sus atribuciones;

c) Utilizar en beneficio propio o de terceros, la documentación e información confidencial o reservada a la que tenga acceso en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

d) Ausentarse de sus labores por más de una semana, excepción hecha de vacaciones y permisos programados, sin mediar autorización de la Junta;

e) Abstenerse de presentar, en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, los informes de sus funciones;

f) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente, la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su custodia o que exista en la Contraloría General con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

g) Conducirse con parcialidad en los procesos que le encomienda el marco normativo, incluyendo los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones;

h) Notificar a sabiendas, información falsa o alterada a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

i) Dejar, sin causa justificada, de fincar responsabilidades o aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio de sus atribuciones;

V. El procedimiento de remoción se iniciará y ventilará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso se respetará el derecho de audiencia del Contralor General; y

VI. El Contralor General deberá rendir informe semestral y anual de actividades a la Junta, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.

Artículo Séptimo.Se reforma el inciso j) del numeral 2 del artículo 20, el inciso i) del numeral 1 del artículo 34, el primer párrafo y el inciso c) del numeral 1 del artículo 34 Bis; se adiciona un Capítulo Octavo “De la Designación de los Contralores Generales de los Órganos Constitucionales Autónomos” al Título Segundo, comprendido por los artículos 57 Bis, 57 Ter y 57 Quáter; y se deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20.

1. ...

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a) a i)...

j) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la designación del Consejero Presidente y de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral , así como de los Titulares de las Contralorías Generales de los Órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les reconoce autonomía y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; y

k)...

Artículo 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

a) a h)...

i) Proponer al Pleno la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y de los Contralores Generales de los Órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les reconoce autonomía y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos establecidos en las leyes que regulan dichos órganos, la presente ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los procedimientos que de ellas se deriven, con el consenso de los respectivos grupos parlamentarios; y

j)...

Artículo 34 Bis.

1. La convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y de los Contralores Generales de los Órganos a los cuales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorgue autonomía y que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo menos, deberá contener:

a) a b)...

c) Las fechas y los plazos de cada una de las etapas del procedimiento de designación, en los términos del artículo 41 Constitucional cuando proceda;

d) Se deroga.

e) a f)...

2. ...

Capítulo OctavoDe los Contralores Generales de losÓrganos Constitucionales Autónomos

Artículo 57 Bis.

1. Conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción VIII de la Constitución Federal, corresponde a la Cámara de Diputados designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los Contralores Generales de los Órganos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 57 Ter.

1. La designación de los Contralores Generales se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento siguiente:

I. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propondrá al Pleno la convocatoria para la designación del Contralor General correspondiente. Esta convocatoria será abierta para todas las personas, contendrá las etapas completas para el procedimiento las fechas límite y los plazos improrrogables.

Para ser Contralor General, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo;

d) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia de alguna de las entidades federativas, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector o alto ejecutivo de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación;

e) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;

f) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere el inciso anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

g) Contar con reconocida solvencia moral;

h) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al Órgano Constitucional Autónomo o haber fungido como consultor o auditor externo del Órgano Constitucional Autónomo al que pretenda aspirar, en lo individual durante ese periodo o haber prestado los servicios referidos a un agente regulado por la legislación correspondiente al Órgano Constitucional Autónomo al que pretenda aspirar;

i) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y

j) No haber ocupado ningún cargo directivo o haber representado de cualquier forma los intereses regulados por la legislación correspondiente al Órgano Constitucional Autónomo al que pretenda aspirar, durante los cuatro años previos a su nombramiento;

II. La Mesa Directiva expedirá la convocatoria pública aprobada por el Pleno para la elección del Contralor General, misma que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en la página web de dicha Cámara y, preferentemente, en periódicos de circulación nacional;

III. Recibidas las solicitudes de los aspirantes, por duplicado, y la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por la fracción I del numeral 1 del presente artículo, el Presidente de la Mesa Directiva turnará los expedientes a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mismas que se encargarán de realizar la revisión correspondiente.

En caso de que las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación determinen que alguno de los aspirantes no cumple con alguno de los requisitos, procederá a desechar la solicitud;

IV. Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación elaborarán un acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y en la página web de dicha Cámara, y contendrá lo siguiente:

a) El listado con los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos por la fracción I, del numeral 1 del presente artículo;

b) El plazo con que cuentan los aspirantes, cuya solicitud haya sido desechada, para recoger su documentación y fecha límite para ello; y

c) El día y hora en donde tendrán verificativo las comparecencias ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos;

V. Una vez que se hayan desahogado las comparecencias, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sesionarán a puerta cerrada con la finalidad de discutir la terna de aspirantes y emitir el dictamen correspondiente, mismo que será discutido por el Pleno de la Cámara de Diputados en los términos que establezca la presente Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados

VI. Discutido y aprobado el dictamen, el Presidente de la Mesa Directiva comunicará al órgano de gobierno del Órgano Constitucional Autónomo la designación del Contralor General para que, dentro de cinco días hábiles el servidor público designado rinda la respectiva protesta constitucional.

2. El proceso para la renovación de la designación de los Contralores Generales a que se refiere este capítulo se desahogará en los siguientes términos:

I. Se recibirá la solicitud del Contralor General de que se trate por lo menos tres meses con antelación a la fecha en que concluya el periodo por el cual hubiera sido nombrado;

II. Dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud a que se refiere la fracción anterior, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación notificarán el día y hora en que tendrá verificativo la audiencia pública en la cual el Contralor General respectivo expondrá:

a) Los resultados de su gestión;

b) El estado que guarda el control interno, la gestión pública y la contabilidad gubernamental del órgano en el cual es Contralor General así como las medidas tomadas para mejorar las áreas y prácticas irregulares o de opacidad así como el resultado obtenido y futuras acciones para prevenir y sancionar actos de esa naturaleza; y

c) Un plan estratégico para el siguiente periodo que le corresponda;

III. Las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción emitirán dictamen dentro del plazo de diez días naturales, con la determinación positiva o negativa de renovar la designación del Contralor General solicitante, misma que deberá ser aprobada por el Pleno, conforme a los lineamientos previstos en esta Ley y en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 57 Quáter.

1. La Cámara de Diputados resolverá sobre la remoción de Contralores Generales de los Órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les reconoce autonomía, mediante el siguiente procedimiento:

I. Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación fungirán como instructoras del procedimiento;

II. Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación citarán al Contralor General a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen.

La notificación se practicará de manera personal y se expresará el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia, los actos u omisiones que se le imputen, y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. Entre la fecha de la citación y de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor a quince días hábiles;

III. Concluida la audiencia, se concederá al Contralor General un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen; y

IV. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes, someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la Cámara de Diputados, mismo que deberá ser votado por las dos terceras partes de los miembros presentes.

2. Para el procedimiento establecido en el presente artículo se empleará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VI. Artículos transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en términos del segundo párrafo del artículo Octavo Transitorio del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, y en el primer semestre del año 2017, iniciará el proceso de renovación de la designación de los Contralores de los Órganos Constitucionales Autónomos, previstos en este decreto, con excepción del Contralor General del Instituto Nacional Electoral, que dura en su encargo seis años.

Tercero.Los órganos de gobierno de los Órganos Constitucionales Autónomos tendrán un plazo de 180 días para armonizar su normatividad interna con este decreto.

Cuarto.Los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se encuentran asignados a las Contralorías, pasarán íntegramente a las Contralorías Generales a que se refiere el presente decreto.

Quinto. El Congreso de la Unión deberá ajustarse a los términos y disposiciones establecidas en el presente decreto cuando emita las Leyes que regulen a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, respecto al Contralor General.

Notas:

1 Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional. Cárdenas Gracia, Jaime. UNAM, México, 1996. p. 244

2 Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

3 Cámara de Diputados, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Auditoría Superior de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril de 2016.— Diputados: César Octavio Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín, Martha Sofía Tamayo Morales, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, María Bárbara Botello Santibáñez, Ana Laura Rodela Soto, Fidel Almanza Monroy, María Soledad Sandoval Martínez, Carmen Salinas Lozano, Ana Georgina Zapata Lucero, Brenda Borunda Espinoza, Alfredo del Mazo Maza, Alfredo Bejos Nicolás, Teodardo Muñoz Torres, Pedro Luis Noble Monterrubio, Javier Guerrero García, David Epifanio López Gutiérrez, María Hadad Castillo, César Alejandro Domínguez, Flor Estela Rentería Medina, Tristán Manuel Canales Najjar, José Luis Toledo Medina, Juana Aurora Cavazos, Álvaro Ibarra Hinojosa, Daniel Torres Cantú, Ramón Villagómez Guerrero, José Hugo Cabrera Ruiz, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Miguel Ángel Sulub Caamal, Susana Osorno Belmont, Cirilo Vázquez Parissi, Pablo Bedolla López, María Isabel Maya Pineda, Andrés Aguirre Romero, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Braulio Mario Guerra Urbiola, Ángel Rojas Ángeles, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Francisco Javier Santillán Oceguera, Ramón Bañales Arámbula, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Fernando Uriarte Zazueta Laura Mitzi Barrientos Cano, Salomón Majul González, Xitlalic Ceja García, Silvia Rivera Carbajal, Óscar García Barrón, Beatriz Vélez Núñez, María Verónica Muñoz Parra, Julieta Fernández Márquez, María del Rocío Rebollo Mendoza, José del Pilar Córdova Hernández, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Flor Ángel Jiménez, Alejandro Juraidini Villaseñor, Timoteo Villa Ramírez, David Mercado Ruiz, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, Virgilio Daniel Méndez Bazán, Carlos Federico Quinto Guillén, Adolfo Mota Hernández, Érick Alejandro Lagos Hernández, Paulino Alberto Vázquez Villalobos, Edith Anabel Alvarado Varela, Antonio Tarek Abdala Saad, Edgardo Melhem Salinas, Esdras Romero Vega, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Vitalico Cándido Coheto Martínez, María Gloria Hernández Madrid (rúbricas).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, para dictamen.

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez(a las 15:33 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 21 de abril de 2016, a las 11 horas. Provecho. Buena tarde.

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